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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 515, de 21/04/2026
cve: BOCG-15-D-515
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de abril de 2026
Núm. 515
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003302
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de los principios constitucionales de paz, legalidad internacional y resolución pacífica de los conflictos ante la escalada bélica en Oriente Medio ...
(Página4)
Comisión de Justicia
161/003290
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento de la violencia terrorista de extrema derecha y la inclusión de sus víctimas en el sistema de protección estatal ...
Comisión de Defensa
161/003303
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de reconocimiento a la labor y trayectoria del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) ... (Página11)
161/003304
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre sanidad militar ... (Página12)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003297
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la eliminación de las limitaciones al gasto vigentes en Galicia y en las entidades locales ante las consecuencias socioeconómicas de la guerra imperialista de
Estados Unidos y de Israel ... (Página14)
Comisión de Industria y Turismo
161/003292
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre el futuro y las oportunidades de la base naval de Rota ... (Página16)
Comisión de Política Territorial
161/003298
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la movilización del suelo y patrimonio público infrautilizado para su destino prioritario a políticas de vivienda asequible ...
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/003299
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el desarrollo de un plan de control y optimización del agua en núcleos poblacionales ... (Página20)
161/003300
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de medidas realmente efectivas para el acceso de los jóvenes a la vivienda ... (Página23)
161/003301
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno cumpla los mandatos del Parlamento en materia de vivienda ... (Página25)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/003291
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adopción de medidas para mejorar la productividad ... (Página26)
161/003293
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de medidas efectivas en el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034 ... (Página28)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003305
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la Compra Pública Innovadora (CPI) como instrumento estratégico que genera innovación, valor social y eficiencia ...
161/003306
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a continuar apoyando a los municipios e incentivando la coordinación interadministrativa para la preparación, organización y coordinación de actuaciones
relacionadas con el denominado Trío de Eclipses ... (Página32)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003294
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, para el fomento de la cooperación delegada a Cataluña ... (Página33)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/001740
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de establecer un fondo de compensación extraordinario para las Administraciones locales y autonómicas con el objetivo de garantizar la prestación de
servicios de su competencia afectados por el incremento de la inflación y la superación de las previsiones económicas con las que se elaboraron los Presupuestos vigentes en el año 2026 ... (Página37)
181/001741
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de revisar las reglas fiscales que limitan la capacidad de los ayuntamientos, las diputaciones y la Xunta para poder gastar el superávit y los remanentes
y facilitar el incremento del gasto social destinado a mantener y reforzar los servicios públicos y financiar medidas anticrisis para los colectivos y sectores más vulnerables ... (Página37)
Comisión de Interior
181/001737
Pregunta formulada por la Diputada Marta González Vázquez (GP), sobre análisis que realiza el Gobierno sobre la evolución de la criminalidad en Galicia desde el año 2013 y, en particular, sobre el incremento registrado en ciudades como
Santiago de Compostela, factores que se identifica como determinantes del citado incremento, así como medidas adoptadas para revertir esta tendencia ... (Página38)
181/001738
Pregunta formulada por la Diputada Marta González Vázquez (GP), sobre medidas previstas para reforzar la seguridad en las zonas rurales de la provincia de A Coruña, con especial atención a municipios rurales que ven como sus efectivos se
reducen continuamente ... (Página38)
181/001739
Pregunta formulada por la Diputada Marta González Vázquez (GP), sobre medidas previstas para hacer frente al déficit de medios materiales y personales en la Guardia Civil en Galicia, especialmente en puestos del medio rural ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/036493
Autor: De los Santos González, Jaime Miguel
Acedo Reyes, Sofía
Franco González, Silvia
Rodríguez Calleja, Patricia
Álvarez Fanjul, Beatriz
Clavell López, Óscar
Consciencia que tiene el Gobierno de que la exigencia documental recogida en el artículo 3 del proyecto de Orden por el que se modifica la Orden IGD/239/2022, de 25 de marzo, relativa a acreditar un plan de igualdad en entidades con más de
50 personas trabajadoras contraviene el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ... (Página39)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/003302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de los principios constitucionales de paz, legalidad internacional
y resolución pacífica de los conflictos ante la escalada bélica en Oriente Medio, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La Constitución Española de 1978 estableció el marco de convivencia democrática de nuestro país y situó a España en el mundo como una nación comprometida con la defensa de la paz, el respeto al derecho internacional y la cooperación entre
los pueblos.
Desde el mismo preámbulo, nuestra norma fundamental expresa de forma inequívoca la voluntad de la Nación española de «colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra».
Este mandato inspira la acción exterior del Estado y orienta la participación de España en la comunidad internacional.
El artículo 10 de la Constitución establece que «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son el fundamento del
orden político y de la paz social». De otra parte, el artículo 96 reconoce así mismo la integración del derecho internacional en nuestro ordenamiento jurídico y el artículo 97 atribuye al Gobierno la dirección de la política exterior conforme a los
principios constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos por España.
Los fundamentos del orden internacional recogidos en la Carta de las Naciones Unidas establecen, en su artículo 2, la obligación de los Estados de resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos y de abstenerse del uso o la
amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
Por otro lado, el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea establece que: «La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos», configurando así la promoción de la paz como uno de los principios
rectores de la acción europea en el ámbito internacional.
España ha desarrollado, desde la recuperación de la democracia, una política exterior coherente con estos principios, basada en el multilateralismo, el fortalecimiento
de las instituciones internacionales y la defensa del derecho internacional como marco imprescindible para la convivencia entre los Estados.
Este compromiso ha sido reiterado en diversas ocasiones por el Congreso de los Diputados, que ha defendido el papel central de las Naciones Unidas y la necesidad de que la acción internacional de España se desarrolle siempre dentro del
respeto a la legalidad internacional y al sistema multilateral de seguridad colectiva.
Hoy, sin embargo, el escenario internacional vuelve a situarnos ante una preocupación de enorme alcance.
La escalada de tensiones militares en Oriente Medio, particularmente en relación con la confrontación que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, abre un escenario de profunda incertidumbre para la estabilidad regional y para la seguridad
internacional. La historia reciente de esta región muestra con claridad que las dinámicas de escalada militar raramente conducen a soluciones duraderas y que, con demasiada frecuencia, las guerras dejan tras de sí un rastro prolongado de
sufrimiento humano, destrucción y desestabilización política.
Una ampliación del conflicto tendría consecuencias imprevisibles para la paz internacional, para la estabilidad económica global y para la seguridad energética mundial. Pero, sobre todo, supondría un enorme coste humano para poblaciones que
ya han sufrido durante décadas los efectos devastadores de la violencia y la inestabilidad.
Ante esta realidad, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de redoblar los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada bélica y para abrir espacios de diálogo que permitan avanzar hacia soluciones políticas y negociadas.
En este contexto, el Gobierno de España ha defendido una posición clara: promover la desescalada, reforzar las vías diplomáticas y situar el respeto al derecho internacional en el centro de cualquier respuesta internacional. Que los
principios que guiaron al mundo al período de paz y prosperidad más profundo y duradero de la historia a de la humanidad de los últimos 70 años sean los que sigan guiando el futuro. Ese es el camino que desea seguir España y que debieran seguir los
países democráticos.
Esta posición no responde únicamente a una coyuntura política concreta. Responde a una convicción profundamente arraigada en la sociedad española y en nuestra tradición democrática: que la paz, el diálogo y el respeto al derecho
internacional son los pilares sobre los que debe construirse un orden internacional más justo y seguro.
España forma parte de la Unión Europea, un proyecto político nacido precisamente para superar la lógica de la guerra en el continente y para construir un espacio de cooperación, prosperidad y estabilidad basado en el derecho y en la
democracia. El Tratado de la Unión Europea establece entre los objetivos de la acción exterior de la Unión la promoción de la paz, la seguridad internacional, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento del multilateralismo.
En un mundo atravesado por tensiones geopolíticas crecientes, reafirmar estos principios no es un ejercicio retórico: es una necesidad política y moral.
El Congreso de los Diputados, como expresión de la soberanía nacional y popular, debe contribuir a que España siga siendo una voz clara en favor de la paz, del multilateralismo y del respeto a la legalidad internacional.
Una voz que defienda el diálogo frente a la confrontación, que sitúe el derecho por encima de la fuerza y que contribuya a construir seguridad a través de la cooperación entre las naciones y los pueblos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar el compromiso de España con los principios constitucionales de paz, legalidad internacional, respeto a los derechos humanos y resolución pacífica de los conflictos, como fundamentos esenciales de la acción exterior del Estado.
2. Promover activamente, en el seno de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de otros foros multilaterales, iniciativas diplomáticas orientadas a la desescalada de las tensiones en Oriente Medio y a la prevención de una ampliación del
conflicto armado en la región.
3. Defender el respeto estricto de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, en particular de los principios relativos a la resolución pacífica de controversias, la prohibición del uso de la fuerza fuera del marco de la
legalidad internacional y la protección de la población civil.
4. Impulsar, en coordinación con los socios europeos e internacionales, esfuerzos diplomáticos dirigidos a favorecer el diálogo, la mediación y las soluciones políticas negociadas como instrumentos prioritarios para la resolución de
conflictos internacionales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2026.Artemi Rallo Lombarte, Raúl Díaz Marín, José Zaragoza Alonso, Ignacio López Cano, María Adrio Taracido, Rafaela Romero Pozo, Francisco Aranda Vargas, Rafaela Crespín Rubio, Isaura
Leal Fernández y David Serrada Pariente, Diputados.Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/003290
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la
violencia terrorista de extrema derecha y la inclusión de sus víctimas en el sistema de protección estatal, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La violencia política de extrema derecha ha sido una realidad persistente en el Estado español desde la transición democrática y, con una especial incidencia, en la Comunidad Valenciana. Aunque el discurso público sobre el terrorismo ha
tendido a centrarse en otras formas de violencia, diversos estudios académicos, informes sobre la memoria democrática y recopilaciones de datos sobre las víctimas dan fe de la existencia de una serie continuada de asesinatos, agresiones graves y
atentados mortales motivados por ideologías de odio, de supremacismo y de intolerancia política.
Este fenómeno ha estado históricamente invisibilizado en el relato institucional dominante sobre el terrorismo, que ha tendido a asociar este concepto casi exclusivamente a determinadas organizaciones, relegando a un segundo plano otras
formas de violencia ideológica que, en cuanto a sus efectos, intenciones e impacto social, son igualmente graves desde el punto de vista democrático y de los derechos humanos.
En este contexto, el caso de Guillem Agulló i Salvador, asesinado en 1993 en Montanejos por un grupo de jóvenes de extrema derecha y neonazis, constituye una referencia fundamental e ineludible para comprender esta realidad. La motivación
ideológica del crimen, vinculada al odio político, identitario y cultural, así como su carácter de violencia ejercida contra una persona por su supuesta adscripción ideológica, sitúa este asesinato dentro de las formas de violencia de extrema
derecha con finalidad intimidatoria sobre un colectivo social más amplio.
Guillem fue asesinado de noche en una plaza de Montanejos cuando un grupo de extrema derecha lo identificó, lo persiguió y lo acorraló en un callejón. Allí sufrió una brutal agresión y recibió una puñalada en el corazón, falleciendo a causa
de las lesiones. Los agresores abandonaron el lugar de los hechos entre manifestaciones de simbolismo fascista.
Posteriormente, la familia de Guillem ha sufrido durante años amenazas, acoso, pintadas y mensajes de odio, entre ellos frases como «Guillem jódete» en espacios públicos y recintos deportivos.
La tramitación judicial del caso se saldó con una condena mínima para el autor confeso, Pedro Cuevas, sin que se aplicara el agravante de odio, y con la absolución de los demás implicados. Años después, el principal condenado participó en
las candidaturas de una formación de ultraderecha en procesos electorales municipales de Xiva (Valencia) y se vio implicado en la Operación Panzer, dirigida contra una célula terrorista de extrema derecha que disponía de un arsenal de armas y
lanzagranadas. Todo ello evidencia la persistencia de entornos de normalización política del ideario extremista vinculado al caso.
Esta realidad no constituye un caso aislado, sino que se enmarca en un patrón sostenido de violencia política de extrema derecha. Así, poco después del asesinato de Guillem Agulló, tres individuos de ideología neonazi quemaron vivo a un
indigente dentro de un vehículo en la ciudad de Valencia. Posteriormente, se han documentado múltiples episodios de violencia extrema con motivación racista, xenófoba, homófoba o ideológica.
En el año 2001, en el barrio de Russafa de Valencia, un joven de origen tunecino fue asesinado por un grupo de individuos de extrema derecha en una agresión con arma blanca y piedras. Poco después, en Alicante, varios jóvenes neonazis
asesinaron a un ciudadano checo mientras se encontraba en una vía pública. En 2003 se encontró el cadáver de una mujer que había fallecido por asfixia; tenía símbolos neonazis pintados en el cuerpo con pasta de dientes.
En 2005, varios menores vinculados a la extrema derecha fueron detenidos por el asesinato de un hombre de origen marroquí en Sagunto, y en ese mismo periodo se produjo en Vinaròs otra agresión violenta contra un joven africano, que resultó
gravemente herido por arma blanca. En octubre de 2006, en una fiesta celebrada en la ciudad de Valencia, un numeroso grupo de individuos de ideología neonazi protagonizó una agresión colectiva con múltiples heridos. Un año después, en Gandía, se
produjeron agresiones contra miembros del Colectivo Lambda durante la celebración del Día del Orgullo LGTBI.
Estos episodios, junto con muchos otros registrados en las últimas décadas, reflejan un patrón de violencia reiterada perpetrada por grupos o individuos vinculados a la extrema derecha, con motivaciones ideológicas claras basadas en el odio,
la intolerancia y la persecución de determinados colectivos sociales.
Este patrón también incluye amenazas, agresiones a espacios feministas y valencianistas, ataques contra organizaciones sociales y culturales, así como episodios de violencia simbólica e intimidación contra referentes políticos y sociales.
En conjunto, se trata de una realidad de violencia política sostenida que tiene un impacto directo sobre la convivencia democrática.
En los últimos años, este conjunto de realidades ha experimentado un proceso progresivo de reconocimiento en el ámbito social y conmemorativo. Tal y como recogen diversas iniciativas periodísticas y de memoria democrática, los colectivos de
víctimas del terrorismo han incorporado este caso entre el conjunto de víctimas de terrorismo de extrema derecha, asumiendo la necesidad de ampliar el marco de reconocimiento institucional para dar la visibilidad adecuada a todas las formas de
violencia política.
Del mismo modo, los proyectos de documentación y cartografía de la violencia terrorista en el Estado español han incluido el caso de Guillem en bases de datos específicas sobre víctimas del terrorismo de extrema derecha, situándolo en un
marco comparativo de violencia política y reforzando su condición de caso paradigmático dentro de este fenómeno. Estas iniciativas contribuyen a reconstruir una memoria más
completa, rigurosa y fiel de la pluralidad de formas de violencia política que han afectado a la convivencia democrática.
Este proceso de reconocimiento contrasta, sin embargo, con la falta de una incorporación plena y homogénea de este tipo de víctimas al sistema estatal de reconocimiento jurídico, regulado por la Ley 29/2011, sobre el reconocimiento y la
protección integral de las víctimas del terrorismo.
Esta norma define el terrorismo en función de la finalidad de generar terror entre la población, alterar gravemente la paz pública o subvertir el orden constitucional, sin condicionar esta definición al origen ideológico de los autores. Por
lo tanto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la violencia ejercida por la extrema derecha, cuando cumple estos elementos materiales, debe estar sujeta al mismo régimen de reconocimiento y protección que cualquier otra forma de
terrorismo.
Sin embargo, la práctica institucional ha generado históricamente un déficit de reconocimiento de estas víctimas, especialmente en los casos en que los hechos se han tipificado como delitos comunes, a pesar de su motivación ideológica y de
su impacto colectivo evidente.
Este déficit tiene consecuencias directas en términos de justicia material, reparación y memoria democrática, ya que implica una jerarquía implícita del sufrimiento de las víctimas basada en el origen de sus agresores, lo cual es
incompatible con el principio de igualdad que debe regir las políticas públicas en materia de memoria y reparación.
Por todas estas razones, se considera necesario avanzar hacia una interpretación coherente, homogénea y exhaustiva del concepto de terrorismo que incluya también la violencia ejercida por la extrema derecha cuando concurran los elementos
previstos en la legislación vigente, así como establecer mecanismos para la revisión y reconocimiento de las víctimas que han quedado fuera del sistema de protección estatal.
El reconocimiento de casos como el de Guillem Agulló no es solo un acto de justicia individual, sino un elemento esencial para la construcción de una memoria democrática integral que incluya las formas de violencia política que han afectado
a la convivencia en el Estado español.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a llevar a cabo las siguientes medidas:
1. Reconocer de manera expresa que la violencia ejercida por la extrema derecha, cuando cumple los elementos definidos en la Ley 29/2011, de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, constituye una forma de
violencia terrorista y, como tal, debe estar sujeta al mismo régimen de reconocimiento, protección y reparación que otras manifestaciones de terrorismo.
2. Impulsar medidas normativas, interpretativas y administrativas necesarias para garantizar una aplicación homogénea del concepto de terrorismo a todas las formas de violencia política con finalidad de intimidación colectiva, incluyendo la
expresamente cometida por grupos o individuos vinculados a la extrema derecha.
3. Establecer directrices claras de actuación para los órganos competentes en materia de reconocimiento de víctimas del terrorismo, garantizando la inclusión de los casos de violencia de extrema derecha cuando concurran una motivación
ideológica, un propósito intimidatorio y un impacto en colectivos sociales específicos.
4. Promover la revisión de casos históricos de violencia de extrema derecha que puedan ser reconocidos como actos de terrorismo, con el objetivo de evitar los déficits de reconocimiento y garantizar la igualdad de trato a todas las
víctimas.
5. Impulsar la incorporación de la violencia terrorista de extrema derecha en las políticas estatales sobre memoria democrática, asegurando su visibilidad como parte del conjunto de formas de violencia política vivida en el Estado español.
6. Garantizar la igualdad plena de todas las víctimas del terrorismo en su acceso a las medidas de reconocimiento, protección y reparación, independientemente del origen ideológico de los autores, de conformidad con los principios de
igualdad, dignidad y no discriminación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei sobre el reconeixement de la
violència terrorista dextrema dreta i la inclusió de les seues víctimes en el sistema de protecció estatal, per al seu debat en la Comissió de Justícia.
Exposició de motius
La violència política dextrema dreta ha sigut una realitat persistent a lEstat espanyol des de la Transició democràtica i, amb una forta incidència, al País Valencià. Tot i que el relat públic del terrorisme ha tendit a concentrar-se en
altres expressions de violència, diverses investigacions acadèmiques, informes de memòria democràtica i recopilacions de víctimes acrediten lexistència dun conjunt sostingut dassassinats, agressions greus i atacs mortals motivats per ideologia
dodi, supremacisme i intolerància política.
Aquest fenomen ha estat històricament invisibilitzat en el relat institucional dominant sobre el terrorisme, que ha tendit a associar el concepte quasi exclusivament a determinades organitzacions, deixant en un segon pla altres formes de
violència ideològica que, pels seus efectes, la seua intencionalitat i el seu impacte social, resulten igualment greus des del punt de vista democràtic i dels drets humans.
En aquest context, el cas de Guillem Agulló i Salvador, assassinat lany 1993 a Montanejos per un grup de joves dextrema dreta i neonazis, constitueix un referent central i ineludible per a la comprensió daquesta realitat. La motivació
ideològica del crim vinculada a lodi polític, identitari i cultural, així com la seua naturalesa de violència exercida contra una persona per la seua adscripció ideològica percebuda, situen aquest assassinat dins de les formes de violència
dextrema dreta amb finalitat intimidatòria sobre un col·lectiu social més ampli.
Guillem va ser assassinat de nit, en una plaça de Montanejos, quan un grup dextrema dreta el va identificar, el va buscar i el va acorralar en un carreró. Allí va ser brutalment agredit i apunyalat al cor, morint a conseqüència de les
lesions. Els agressors abandonaren el lloc dels fets entre manifestacions de simbologia feixista. Posteriorment, la família de Guillem ha patit durant anys amenaces, assetjament, pintades i expressions dodi, incloent missatges com «Guillem
jódete» en espais públics i entorns esportius.
El tractament judicial del cas va derivar en una condemna mínima per a lautor confés, Pedro Cuevas, sense aplicació de lagreujant dodi, i amb labsolució de la resta dimplicats. Anys després, el principal condemnat va participar en
candidatures duna formació ultradretana en processos electorals municipals de Xiva (València) i va estar immers en lOperació Panzer contra una cèl·lula terrorista dextrema dreta que tenia un arsenal darmes i llançagranades. Açò evidència la
persistència dentorns de normalització política de lideari extremista vinculat al cas.
Aquesta realitat no constitueix un fet aïllat, sinó que semmarca en un patró sostingut de violència política dextrema dreta. Així, poc després de lassassinat de Guillem Agulló, tres individus dideologia neonazi van cremar viu un
indigent dins dun vehicle a la ciutat de València. Posteriorment, shan documentat múltiples episodis de violència extrema amb motivació racista, xenòfoba, homòfoba o ideològica.
Lany 2001, al barri de Russafa de València, un jove dorigen tunisià va ser assassinat per un grup dindividus dextrema dreta mitjançant agressions amb arma blanca i pedres. Poc després, a Alacant, un ciutadà txec va ser assassinat per
diversos joves neonazis mentre es trobava a la via pública. Lany 2003 es va localitzar el cos duna dona morta per asfixia amb simbologia neonazi pintada amb dentífric en el seu cos.
En 2005, es van detindre diversos menors vinculats a lextrema dreta per lassassinat dun home dorigen marroquí a Sagunt, i en el mateix període es va produir un altre atac violent a Vinaròs contra un jove africà, que va resultar greument
ferit per arma blanca. En octubre de 2006, en una festa a la ciutat de València, un grup nombrós dindividus dideologia neonazi va protagonitzar una agressió col·lectiva amb múltiples ferits. Un any després, a Gandia, es van produir agressions
contra membres del Col·lectiu Lambda durant la celebració del Dia de lOrgull LGTBI.
Aquests episodis, junt amb molts altres registrats al llarg de les últimes dècades, reflecteixen un patró de violència reiterada exercida per grups o individus vinculats a lextrema dreta, amb motivacions ideològiques clares basades en
lodi, la intolerància i la persecució de determinats col·lectius socials.
Aquest patró inclou també amenaces, agressions a espais feministes i valencianistes, atacs contra entitats socials i culturals, així com episodis de violència simbòlica i intimidació contra referents polítics i socials. En conjunt,
configura una realitat de violència política sostinguda amb impacte directe sobre la convivència democràtica.
En els últims anys, aquest conjunt de realitats ha experimentat un procés progressiu de reconeixement en làmbit social i memorialista. Tal com han recollit iniciatives periodístiques i de memòria democràtica, col·lectius de víctimes del
terrorisme han incorporat este cas dins del conjunt de víctimes del terrorisme dextrema dreta, assumint la necessitat dampliar el marc de reconeixement institucional per a visibilitzar adequadament totes les formes de violència política.
De la mateixa manera, projectes de documentació i cartografia de la violència terrorista a lEstat espanyol han inclós el cas de Guillem en bases de dades específiques sobre víctimes de terrorisme dextrema dreta, situant-lo dins dun marc
comparat de violència política i reforçant la seua consideració com a cas paradigmàtic dins daquest fenomen. Aquest iniciatives contribueixen a reconstruir una memòria més completa, rigorosa i fidel a la pluralitat de formes de violència política
que han afectat la convivència democràtica.
Aquest procés de reconeixement contrasta, no obstant això, amb la manca duna incorporació plena i homogènia daquest tipus de víctimes dins del sistema estatal de reconeixement jurídic, regulat per la Llei 29/2011, de reconeixement i
protecció integral a les víctimes del terrorisme.
Aquesta norma defineix el terrorisme en funció de la finalitat de generar terror en la població, alterar greument la pau pública o subvertir lordre constitucional, sense condicionar aquesta definició a lorigen ideològic dels autors. Per
tant, des dun punt de vista estrictament jurídic, la violència exercida per lextrema dreta quan compleix aquests elements materials ha de ser objecte del mateix règim de reconeixement i protecció que qualsevol altra forma de terrorisme.
No obstant això, la pràctica institucional ha generat històricament un dèficit de reconeixement daquestes víctimes, especialment en casos en què els fets han estat qualificats com a delictes comuns, malgrat la seua motivació ideològica i el
seu impacte col·lectiu evident.
Aquest dèficit té conseqüències directes en termes de justícia material, reparació i memòria democràtica, ja que implica una jerarquització implítica del patiment de les víctimes segons lorigen dels seus agressors, la qual resulta
incompatible amb el principi digualtat que ha de regir les polítiques públiques de memòria i reparació.
Per tot això, es considera necessari avançar cap a una interpretació coherent, homogènia i completa del concepte de terrorisme que incloga també la violència exercida per lextrema dreta quan concórreguen els elements previstos en la
legislació vigent, així
com establir mecanismes de revisió i reconeixement de les víctimes que han quedat fora del sistema de protecció estatal.
El reconeixement de casos com el de Guillem Agulló no constitueix únicament un acte de justícia individual, sinó un element essencial per a la construcció duna memòria democràtica completa, que incorpore les formes de violència política que
han afectat la convivència en lEstat espanyol.
Per tot lexposat anteriorment, presente la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés acorda instar al Govern de lEstat a realitzar les següents mesures:
1. Reconéixer de manera expressa que la violència exercida per lextrema dreta, quan complisca els elements definits en la Llei 29/2011, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, constitueix una forma de violència
terrorista i, com a tal, ha de ser objecte del mateix règim de reconeixement, protecció i reparació que la resta dexpressions de terrorisme.
2. Impulsar les mesures normatives, interpretatives i administratives necessàries per garantir una aplicació homogènia del concepte de terrorisme a totes les formes de violència política amb finalitat dintimidació col·lectiva, incloent
expressament la comesa per grups o individus vinculats a lextrema dreta.
3. Establir directrius clares dactuació per als òrgans competents en matèria de reconeixement de víctimes del terrorisme que asseguren la inclusió de casos de violència dextrema dreta quan concórreguen motivació ideològica, finalitat
intimidatòria i impacte sobre col·lectius socials concrets.
4. Promoure la revisió dels casos històrics de violència dextrema dreta susceptibles de ser reconeguts com a terrorisme, amb lobjectiu devitar dèficits de reconeixement i garantir la igualtat de tracte de totes les víctimes.
5. Impulsar la incorporació de la violència terrorista dextrema dreta en les polítiques estatals de memòria democràtica, assegurant la seua visibilització com a part del conjunt de formes de violència política patides en lEstat espanyol.
6. Garantir la igualtat plena de totes les víctimes del terrorisme en laccés a mesures de reconeixement, protecció i reparació, amb independència de lorigen ideològic dels agressors, conforme als principis digualtat, dignitat i no
discriminació.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Defensa
161/003303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley de reconocimiento a la labor y trayectoria del Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado (IUGM), para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposicion de motivos
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado fue creado en 1997 fruto de un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Su nacimiento respondió a una necesidad histórica: crear
un espacio
común de reflexión, investigación y docencia donde militares y civiles pudieran abordar juntos los retos de la paz, la seguridad y la defensa.
Nombrado en honor al General Manuel Gutiérrez Mellado figura clave en la modernización de nuestras Fuerzas Armadas y en la consolidación de la democracia el Instituto ha cumplido con creces su misión original. A lo largo de casi tres
décadas, se ha consolidado como un referente internacional en la investigación científica y la formación de posgrado, destacando por:
1. La Cultura de Defensa: Ha sido el principal motor para acercar la realidad militar a la ciudadanía, eliminando barreras y fomentando un conocimiento riguroso de la política de seguridad.
2. La Excelencia Académica: Sus programas de máster y doctorado son hoy un punto de encuentro para profesionales de los cinco continentes, especialmente en el ámbito iberoamericano.
3. El Espíritu de Consenso: El IUGM representa los valores de diálogo y modernidad que definen a la España constitucional.
En un contexto internacional cada vez más complejo y volátil, la labor de pensamiento estratégico y formación que desarrolla el Instituto es más necesaria que nunca para garantizar una España segura y comprometida con el multilateralismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados reconoce la trayectoria de excelencia del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) como pilar fundamental en la promoción de la cultura de defensa y la investigación estratégica en España e insta
al Gobierno a:
Continuar impulsando la labor del IUGM, de forma que siga siendo un referente en la formación de cuadros civiles y militares ante los nuevos desafíos de seguridad global, así como su proyección internacional del IUGM, especialmente en el
marco de la Unión Europea y la comunidad iberoamericana, como centro de pensamiento de vanguardia en materias relacionadas con la seguridad y defensa, la resolución de conflictos y la promoción de la paz.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2026.José Antonio Rodríguez Salas, Diputado.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Sanidad Militar, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Para el ciudadano, por lo general, la sanidad militar es, quizás, una de las grandes desconocidas en nuestras Fuerzas Armadas (FAS). Pueden intuir su existencia, pero, de seguro que no conocen su importante labor, tanto en el seno de las
FAS como para la sociedad en su conjunto.
En una primera y genérica aproximación podríamos afirmar que la sanidad militar es la rama de la medicina especializada en la salud de las Fuerzas Armadas, enfocada en
la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones relacionadas con la profesión militar.
En el caso de España, tal función es llevada a cabo por el Cuerpo Militar de Sanidad, dependiente del Ministerio de Defensa, operando en la red sanitaria militar, en la que se destaca los hospitales militares y otras unidades sanitarias de
apoyo pertenecientes a los Ejércitos y la Armada. La formación especializada del personal sanitario es impartida por la Escuela Militar de Sanidad en el seno de la Academia Central de la Defensa.
Por lo tanto, su función principal sería la de asistencia y gestión sanitaria, proporcionando atención médica, quirúrgica y preventiva a los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto en operaciones como en tiempo de paz.
Es, pues, un Cuerpo tan militar como sanitario, que ofrece un servicio ínter ejércitos que cuenta con diferentes especialidades fundamenta/es de Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología, Psicología y Enfermería.
Y todo ello sin olvidarnos del personal sanitario no facultativo, incluido dentro de los grupos operativos de las Fuerzas Armadas. Este personal no facultativo cuenta con tres niveles de capacitación (básico, medio y avanzado) para así
poder asistir a sus compañeros en escenarios operativos en los que no pueden ser atendidos de inmediato por personal médico, manteniéndoles con vida hasta que puedan llegar los equipos especializados.
En los últimos años la Sanidad Militar ha ido evolucionando, pasando de ser una Sanidad eminentemente asistencial a una Sanidad con una predominante naturaleza logístico-operativa, que ofrece ayuda sanitaria a las Fuerzas Armadas, no solo en
el territorio nacional, sino también en las misiones internacionales.
Es, por lo tanto, básico continuar reforzando las Capacidades de la Sanidad Militar, potenciando su disponibilidad nacional y su empleabilidad en el marco de las iniciativas de Unión Europea y de OTAN sobre el apoyo sanitario militar. Como
también lo son las diferentes actividades de información y captación de talento en apoyo al reclutamiento en el ámbito del Cuerpo Militar de Sanidad, de modo que resulten interesantes y estimulantes a los jóvenes para ingresar en los mismos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados, reconociendo el gran trabajo que están llevando a cabo los profesionales de la Sanidad Militar, insta al Gobierno a:
Continuar dotando a las Fuerzas Armadas de los recursos humanos necesarios para reforzar las capacidades sanitarias militares de acuerdo con las prioridades que se establezcan en el proceso de Planeamiento de la Defensa.
Continuar con la política de ampliación de la oferta pública para aumentar el personal militar de la Sanidad Militar.
Continuar con la colaboración y coordinación entre los centros de la Red de Sanidad Militar con las CC. AA.
Continuar con las acciones de promoción y difusión de las actividades del Cuerpo Militar de Sanidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2026.Víctor Javier Ruiz de Diego y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003297
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la eliminación de las limitaciones al gasto vigentes en Galicia y en las entidades locales ante las consecuencias socioeconómicas de la guerra imperialista de Estados Unidos y de Israel, para su debate en la Comisión
de Hacienda.
Exposición de motivos
Para dar respuesta al contexto socioeconómico consecuencia de la guerra imperialista iniciada por los EE. UU., Israel y sus aliados con el ataque a Irán, es necesario garantizar la capacidad de actuación y respuesta de las administraciones
que más directamente intervienen en la vida de las personas, es decir, las entidades locales y la propia Xunta de Galicia. Sin embargo, la capacidad de desarrollar políticas eficaces en esta situación de creciente incertidumbre socioeconómica y
geopolítica se ve imposibilitada por la limitación presupuestaria y de gasto impuesto en base a criterios neoliberales y centralistas.
Es por tanto necesario que, de la misma manera que se hizo en crisis anteriores, como durante la pandemia de la COVID-19 o la derivada de la situación en Ucrania, se revise el marco estatal y europeo de limitación del gasto público.
Paradójicamente, en la actual situación, la Unión Europea solo contempla que los Estados puedan activar la cláusula de escape para incrementar el déficit para gasto militar, pero no para gasto social. Aunque, por el momento, el Gobierno español no
ha hecho uso de esta posibilidad, si bien en la práctica ya ha ido incrementando el gasto en defensa, tampoco lo descarta. Pero sigue sin reclamar la necesidad de ampliar la capacidad de gasto para el rescate de las mayorías sociales.
En este contexto, levantar las reglas fiscales que limitan la capacidad de los ayuntamientos, diputaciones y la Xunta para poder gastar el superávit y los remanentes vinculándolos a gasto social permitiría actuar en un contexto de incremento
de precios y de incremento de necesidades sociales. Si no se facilita esta flexibilización, las administraciones se verán limitadas para afrontar el gasto social y los servicios públicos esenciales, ya que la prestación de servicios será más
costosa y las necesidades sociales más urgentes.
Esta medida debe ir acompasada por parte del Gobierno del Estado con el establecimiento de un fondo de compensación extraordinario para las Administraciones locales y autonómicas con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios
de su competencia afectados por la inflación, ya que sus respectivos presupuestos para 2026 fueron elaborados con previsiones económicas que se verán enormemente alteradas por el aumento no previsto de la inflación: electricidad que afecta a la
iluminación, servicios de saneamiento y abastecimiento, recogida y tratamiento de residuos y limpieza viaria, prestaciones sociales a la dependencia, educación, sanidad Asimismo, las obras de mantenimiento de infraestructuras también se verán muy
afectadas al depender muchos materiales del precio del petróleo (asfalto ) y del transporte. En consecuencia, debe preverse el incremento de los recursos para atender las obligaciones ordinarias sin afectación a las necesidades esenciales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Revisar las reglas fiscales que limitan la capacidad de los ayuntamientos, las diputaciones y la Xunta de Galicia para poder gastar el superávit y los remanentes y facilitar el incremento del gasto social destinado a mantener y reforzar
los servicios públicos y financiar medidas anticrisis para los colectivos y sectores más vulnerables.
2. Establecer un fondo de compensación extraordinario para las Administraciones locales y autonómicas con el objetivo de garantizar la prestación de servicios de su competencia afectados por el aumento de la inflación y por la superación de
las previsiones económicas con las que se elaboraron los presupuestos vigentes en 2026.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa a eliminación das limitacións ao gasto vixentes na Galiza e nas entidades locais ante as consecuencias socioeconómicas da guerra imperialista dos Estados Unidos e Israel, para o seu debate na Comisión de Facenda.
Exposición de motivos
Para dar resposta ao contexto socioeconómico consecuencia da guerra imperialista iniciada polos EUA, Israel e os seus aliados co ataque a Irán é necesario garantir a capacidade de actuación e resposta das administracións que máis
directamente interveñen na vida das persoas, isto é, as entidades locais e a propia Xunta da Galiza. Porén, a capacidade de desenvolver políticas eficaces nesta situación de acrecentamento da incerteza socioeconómica e xeopolítica vese
imposibilitada pola limitación orzamentaria e de gasto imposto en base a criterios neoliberais e centralistas.
É por tanto necesario que, da mesma maneira que se fixo en anteriores crises, como durante a pandemia da covid-19 ou a derivada da situación en Ucraína, se revise o marco estatal e europeo de limitación do gasto público. Paradoxalmente, na
actual situación, a Unión Europea só contempla que os Estados podan activar a cláusula de escape para incrementar o déficit para gasto militar, máis non para gasto social. Aínda que, polo momento o Goberno español non fixo uso desta posibilidade,
aínda que na práctica xa foi incrementando o gasto en defensa, tampouco o descarta. Mais, segue sen reclamar a necesidade de ampliar a capacidade de gasto para o rescate das maiorías sociais.
Neste contexto, levantar as regras fiscais que limitan a capacidade de concellos, deputacións e Xunta para poder gastar o superávit e os remanentes vinculándoos a gasto social permitiría actuar nun contexto de incremento de prezos e de
incremento de necesidades sociais. De non facilitar esta flexibilización, as administracións veranse limitados para enfrentar o gasto social e os servizos públicos esenciais, pois a prestación de servizos será máis custosa e as necesidades sociais
máis urxentes.
Esta medida debe ir acompasada por parte do Goberno do Estado co estabelecemento dun fondo de compensación extraordinario para as Administracións locais e autonómica co obxectivo garantir a prestación de servizos da súa competencia
afectados pola inflación xa que os seus respectivos orzamentos para 2026 foron elaborados cunhas previsións económicas que se verán enormemente alteradas polo incremento non previsto da inflación: electricidade que afecta a iluminación,
servizos de saneamento e abastecemento, recollida e tratamento de residuos e limpeza viaria, prestacións sociais á dependencia, educación, sanidade así mesmo, as obras de mantemento de infraestruturas tamén se verán moi afectadas ao depender moitos
materiais do prezo do petróleo (asfalto ) e do transporte. En consecuencia, debe preverse o incremento dos recursos para atender as obrigas ordinarias sen afectación ás necesidades esenciais.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Revisar as regras fiscais que limitan a capacidade de concellos, deputacións e Xunta da Galiza para poder gastar o superávit e os remanentes e facilitar o incremento do gasto social destinado a manter e reforzar os servizos públicos e
financiar medidas anticrise para os colectivos e sectores máis vulnerábeis.
2. Estabelecer un fondo de compensación extraordinario para as Administracións locais e autonómica co obxectivo garantir a prestación de servizos da súa competencia afectados polo incremento da inflación e a superación das previsións
económicas coas que foron elaboradas os orzamentos vixentes no 2026.»
En Madrid, 9 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Industria y Turismo
161/003292
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley sobre el futuro y las oportunidades de la base naval de Rota.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 6 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Industria, sobre el futuro y las
oportunidades de la base naval de Rota.
Exposición de motivos
El sistema de seguridad internacional atraviesa un momento de transformación profunda marcado por la creciente inestabilidad geopolítica, el debilitamiento del multilateralismo, el desprecio al derecho internacional por parte de EEUU,
Israel, Rusia y otras potencias internacionales, y la aparición de nuevos riesgos globales que afectan directamente a la estabilidad de las sociedades europeas.
Durante décadas, la seguridad europea se ha estructurado fundamentalmente en torno a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y, en particular, a la presencia militar y nuclear de Estados Unidos en el continente. Este modelo
respondió a un contexto histórico específico, pero la evolución del escenario internacional obliga hoy a abrir un debate estratégico sobre el grado de dependencia europea respecto de decisiones políticas adoptadas fuera de sus instituciones
democráticas.
La política exterior y de seguridad estadounidense ha demostrado en los últimos años una creciente volatilidad, sometida a cambios abruptos derivados de dinámicas internas que escapan al control de los países europeos perjudican a sus
intereses. El hecho de que liderazgos políticos abiertamente contrarios al derecho internacional y al multilateralismo dirijan la política exterior estadounidense pone de manifiesto la vulnerabilidad estratégica que supone para Europa basar su
seguridad en decisiones adoptadas en Washington.
En este contexto, la Unión Europea ha iniciado en los últimos años un proceso de fortalecimiento de su Política Común de Seguridad y Defensa, así como el desarrollo de instrumentos orientados a reforzar la denominada autonomía estratégica
europea. Este proceso responde a la necesidad de que Europa disponga de capacidades propias para garantizar su seguridad, proteger a su ciudadanía y actuar en el escenario internacional de forma coherente con sus valores democráticos, el respeto al
derecho internacional y la promoción de la paz. España debe desempeñar un papel activo en este proceso.
En este marco, la presencia de instalaciones militares estadounidenses en territorio español, y particularmente en las Bases Navales de Rota y Morón, al amparo de los Acuerdos de Defensa bilaterales entre EEUU y España no ofrecen seguridad
sino más bien al contrario, generan inseguridad para las poblaciones, lo que plantea un debate legítimo sobre el modelo de seguridad que nuestro país y la Unión Europea deben construir para las próximas décadas.
La base de Rota constituye una infraestructura militar de relevancia estratégica en el Mediterráneo y en el Atlántico. Su papel como mando operativo del escudo antimisiles de EEUU en Europa y de la guerra naval en el Mediterráneo, así como
en operaciones militares internacionales la convierte también en un potencial objetivo en escenarios de conflicto que no dependen de decisiones adoptadas por la ciudadanía española ni por las instituciones europeas.
Al mismo tiempo, la base forma parte del entramado socioeconómico de la provincia de Cádiz, generando miles de puestos de trabajo directos e indirectos en una de las regiones con mayores tasas de desempleo de España. Cualquier reflexión
sobre su futuro debe, por tanto, tener en cuenta la protección del empleo, del tejido económico local y del futuro de los trabajadores y trabajadoras vinculados a estas instalaciones.
Por ello, el debate sobre el futuro de la base de Rota no puede plantearse en términos simplistas ni alarmistas. No se trata de cerrar infraestructuras ni de poner en riesgo el empleo en un territorio ya de por sí castigado por el paro,
sino de iniciar una transición ordenada que permita integrar estas instalaciones en una arquitectura de
seguridad europea más autónoma y coherente con los intereses de la ciudadanía europea y compatible con otros modelos de desarrollo industrial que generen más empleo y de mayor valor añadido para la comarca.
Avanzar hacia un modelo de defensa europea propio, basado en la paz y el multilateralismo no implica debilitar la seguridad del continente, sino reforzarla. Significa construir una política de defensa que tenga como principio básico la
cooperación entre los Estados miembros, sometida al control democrático parlamentario español y de las instituciones europeas, orientada a la protección efectiva de la ciudadanía y que tenga siempre en cuenta la opinión de la gente que vive en esos
territorios.
España tiene la responsabilidad de impulsar este debate y de contribuir a la construcción de una política europea de seguridad que combine autonomía estratégica, control democrático y respeto al derecho internacional, garantizando al mismo
tiempo el desarrollo económico y social de territorios como la provincia de Cádiz.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar en el seno de la Unión Europea el fortalecimiento de una arquitectura de seguridad y defensa europea autónoma, democrática y coherente con los principios del derecho internacional, desarrollando plenamente las garantías de
defensa mutua recogidas en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea.
2. Abrir un proceso de evaluación estratégica sobre el uso por parte de fuerzas militares extranjeras de instalaciones en territorio español, incluyendo la Base Naval de Rota, en el contexto de la evolución del sistema internacional y de la
necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea. Ese proceso debe conducir a una renegociación de los Acuerdos de Defensa entre EEUU y España.
3. Promover, en coordinación con las instituciones de la Unión Europea y con los Estados miembros, una transición progresiva que permita integrar infraestructuras estratégicas como la base de Rota en un sistema europeo de paz y seguridad,
transformándolo en un centro logístico de referencia para operaciones de cooperación internacional, gestión de emergencias y distribución de ayuda humanitaria en conflictos armados, así como en un polo de desarrollo tecnológico e industrial
vinculado a estas capacidades.
4. Garantizar que cualquier proceso de transformación del papel estratégico de estas instalaciones se realice preservando el empleo y la actividad económica vinculada a la base, mediante planes específicos de inversión, diversificación
industrial y desarrollo tecnológico en la provincia de Cádiz.
5. Establecer mecanismos de diálogo institucional con las administraciones locales, los agentes sociales y los representantes de los trabajadores vinculados a la base de Rota con el fin de garantizar que cualquier proceso de transición se
realice con plena transparencia y con garantías de estabilidad laboral.
6. Informar periódicamente al Congreso de los Diputados sobre las iniciativas impulsadas por el Gobierno de España en el ámbito europeo para el fortalecimiento de la autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa y sobre las
actuaciones relativas al futuro de las instalaciones militares de uso por fuerzas militares extranjeras en territorio español, en especial la renegociación de los Acuerdos de Defensa bilaterales entre EEUU y el Reino de España.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2026.Esther Gil de Reboleño Lastortres, Txema Guijarro García, Enrique Fernando Santiago Romero y Agustín Santos Maraver, Diputados.Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Política Territorial
161/003298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la movilización del suelo y patrimonio público infrautilizado para su
destino prioritario a políticas de vivienda asequible, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
El acceso a la vivienda constituye uno de los principales desafíos sociales y territoriales en la España actual y una prioridad de las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución
Española. La insuficiencia de vivienda asequible, especialmente en áreas urbanas y ciudades medias con mayor presión residencial, se encuentra estrechamente vinculada a la disponibilidad efectiva de suelo destinado a usos residenciales y a la
capacidad de las administraciones públicas para movilizarlo con fines sociales.
Las administraciones públicas españolas Estado, comunidades autónomas y entidades locales disponen de un volumen significativo de suelo y patrimonio inmobiliario susceptible de destinarse a políticas de vivienda asequible. Sin embargo,
una parte relevante de estos activos permanece infrautilizada o sin desarrollo residencial, debido a la fragmentación competencial, la falta de información integrada y las dificultades de coordinación interadministrativa en su puesta a disposición.
La movilización del suelo público constituye uno de los instrumentos más eficaces y estructurales para ampliar el parque público y asequible de vivienda, sin necesidad de procesos complejos de adquisición de suelo y favoreciendo la
utilización eficiente del patrimonio público. En este sentido, la cooperación interadministrativa y la identificación coordinada de activos públicos con potencial residencial se configuran como elementos clave para acelerar la promoción de vivienda
asequible.
Asimismo, la puesta a disposición de suelos públicos mediante fórmulas de colaboración público-pública y la planificación coordinada de su destino residencial permiten optimizar los recursos públicos existentes y reforzar la función social
del patrimonio de las administraciones.
Por todo ello, resulta necesario impulsar de manera decidida la identificación, coordinación y movilización del suelo y patrimonio público infrautilizado de todas las administraciones para su destino prioritario a políticas de vivienda
asequible.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Seguir impulsando la identificación sistemática del suelo y patrimonio público infrautilizado con potencial residencial, perteneciente a la Administración General del Estado y sus entidades, y promover su conocimiento compartido con el
resto de las administraciones públicas, en el marco de lo previsto en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
2. Continuar fortaleciendo los instrumentos de cooperación interadministrativa para la movilización coordinada de suelo y patrimonio público con destino a vivienda asequible, facilitando su puesta a disposición para políticas públicas de
vivienda a través de su incorporación al parque estatal de vivienda asequible gestionado por Casa47.
3. Seguir fomentando las fórmulas de colaboración público-pública entre administraciones que permitan la cesión en usufructo, cogestión o utilización conjunta de
algunos de los suelos y activos públicos para la promoción de vivienda asequible y del parque estatal de vivienda asequible.
4. Priorizar el destino residencial asequible en la planificación y gestión del suelo público de titularidad estatal, en coherencia con las políticas públicas de vivienda y cohesión territorial, y en aplicación de los principios rectores y
disposiciones establecidas en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
5. Continuar reforzando la coordinación entre políticas de vivienda y gestión del patrimonio público estatal, incorporando la movilización de suelo público como eje estratégico en las actuaciones del Estado en materia de vivienda para el
desarrollo del parque estatal de vivienda.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2026.Andrea Canelo Matito, Diputada.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/003299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de un plan de
control y optimización del agua en núcleos poblacionales, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Desde los inicios de la humanidad, las civilizaciones han surgido y prosperado alrededor de lugares donde había agua, como ríos, lagos y mares. Estas «fuentes de vida» no solo proporcionaban los recursos necesarios para la supervivencia
diaria, sino que también eran impulsores del desarrollo y la prosperidad mediante la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio o la innovación. Desde los egipcios o los primeros asentamientos en Mesopotamia hasta nuestros días, pasando, por
supuesto, por la civilización romana. Un ejemplo de ello es que, en España, encontramos muchísimas poblaciones cuyo nombre e historia son inseparables de su vinculación con el agua.
Cuando el agua escasea, el desarrollo se frena. Las sequías siempre han sido motivo de preocupación y hoy en día lo son con especial frecuencia. Sin embargo, aunque el agua sea imprescindible para la vida y el desarrollo humano, la
proximidad a ella de las distintas civilizaciones ha traído desde el pasado, también, elevados riesgos y desastres naturales. La historia de España contempla, sin duda, distintas páginas tristemente protagonizadas por catástrofes como inundaciones
o maremotos. El agua tiene, como vemos, un tremendo poder de generar vida y prosperidad pero, también, cuando perdemos el control sobre ella, de destruirla.
De manera muy reciente la borrasca «Leonardo», a comienzos de febrero de 2026, ha sido un ejemplo claro de este poder destructor e intimidador del exceso de agua, afectando a multitud de zonas, pero con mayor peligro e intensidad en el sur,
dejando situaciones límite, por ejemplo, en municipios como Grazalema en la provincia de Cádiz. O generando, también, momentos de tensión en otros lugares como Jerez de la Frontera y Ubrique. De igual manera, la DANA que distintos puntos de España
sufrieron a finales de octubre de 2024 fue trágica, sobre todo en el Levante español. Muy concretamente, en la provincia de Valencia en las zonas cercanas al cauce del río Turia, la rambla del Poyo o el Pantano de Forata. Poblaciones de ese
entorno que pertenecen a una de las
áreas más densamente pobladas de España y donde las riadas se cobraron, además de destrozos insalvables, cientos de vidas humanas.
El Gobierno de España, en sus propias publicaciones, desde hace años, algunas de ellas impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) como la Guía de Adaptación al Riesgo de Inundación: Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible (SUDS) (Centro de Publicaciones de la AGE, 2019) señala el impacto de las catástrofes vinculadas al agua en nuestro territorio. Por un lado, cita que este fenómeno natural es el que ha generado en nuestro país «más daños personales y
materiales, en cantidad y gravedad». Por otro, afirma que «cada año se registran una media de 10 episodios graves de inundación en España». Igualmente, estima que «alrededor de 3 millones de españoles viven en zonas de alto riesgo de inundación».
En dicho documento propone soluciones genéricas para que el diseño urbano sea un instrumento que contribuya positivamente a paliar el riesgo de catástrofe en caso de inundación, así como a optimizar la recogida y uso eficiente del agua.
Siguiendo con las acciones vinculadas al MITECO relacionadas con esta materia de control y optimización del agua en los núcleos urbanos, el «PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua» consecuencia del Plan de Recuperación financiado con
fondos europeos, tanto en su memoria descriptiva como en su resumen ejecutivo citan que, además de la necesidad de que nos apoyemos en recursos digitales para medir el impacto del agua en los núcleos urbanos, es imprescindible el impulso de esos
sistemas de diseño urbano citados en el párrafo anterior. Sin embargo, esta cuestión, aunque es citada, no tiene un papel protagonista en ninguno de los documentos. Algo que se ve, también, en las convocatorias de líneas de impulso derivadas de
este PERTE, en las que, por lo general, esta necesidad, tremendamente importante, aparece de manera muy discreta.
A pesar de que esa circunstancia afecta, como vemos, a un número importante de municipios españoles, la atención que presta el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) a este hecho es, si cabe, menor que la que se veía en el MITECO.
Es significativo que en la Guía Divulgativa de la Agenda Urbana Española no se haga alusión a la necesidad de poner el diseño urbano al servicio del fin descrito en esta exposición de motivos. Solo se nombra, de pasada, en los documentos que
desarrollan los objetivos de la misma, en concreto el referente al «Objetivo 3».
Además, la información de este documento es también escasa y, en ella, no se concretan soluciones. Ni siquiera se citan los ya mencionados «sistemas de drenaje urbano» (SUDS) Por tanto, aunque se reconoce la gravedad del problema, la
atención que se le otorga de este Gobierno, concretamente el MIVAU, es escasa.
Las consecuencias de las inundaciones suelen ser devastadoras sin importar si afectan a un municipio o a una zona de campo. Sin embargo, en las áreas urbanizadas su potencial peligro sobre las vidas humanas suele incrementarse. Por un
lado, como ya se citaba con el ejemplo del área metropolitana de Valencia, porque, a mayor densidad de población, los daños personales y humanos suelen ser más contundentes. Por otro, porque la complejidad del tema es tal, que cada lugar tiene sus
particularidades. En algunos casos, el problema está en el exceso de impermeabilización del suelo por la urbanización, que incrementa las escorrentías. En otros, el riesgo puede ser por un exceso de infiltración, como ocurre en terrenos kársticos
como en el ya citado caso de Grazalema. También, en ocasiones, la falta de mantenimiento y limpieza de las redes de saneamiento provoca la acumulación de residuos y el colapso de las mismas, aumentando el riesgo. Hechos como el de mezclar aguas
pluviales con residuales en redes unitarias en vez de separativas, provoca, además, que sea más difícil el aprovechamiento del agua de lluvia para periodos de escasez y sequía. Por ello, el Ministerio que impulsa recomendaciones que influyen en el
diseño urbano, debería ser especialmente cuidadoso con la materia, así como impulsar soluciones innovadoras.
Para prevenir que el impacto del exceso de agua sea aún más devastador, es necesario invertir en sistemas que ayuden al control del agua. Además de no olvidar la importancia de las grandes infraestructuras hidráulicas como pantanos y
presas, en los
núcleos de población y áreas urbanas, especialmente en aquellos que se encuentran en zonas de riesgo, hay que apostar por soluciones que favorezcan cada caso particular: pavimento drenante, zonas verdes libres y reforestación de municipios
donde sea útil para reducir las escorrentías, «tanques de tormentas», o incorporando sistemas digitales de monitorización de ciclo urbano del agua, así como el buen mantenimiento, limpieza y diseño de las redes de saneamiento.
Soluciones todas ellas que, además de amortiguar catástrofes vinculadas a lluvias torrenciales o inundaciones por otras causas, sirven para mejorar la tremendamente necesaria optimización del agua pluvial. Una cuestión muy importante para
territorios que sufren escasez de agua y sequías. Estas medidas, además de conseguir drenar el agua para su conducción y acumulación posterior, reduce también los contaminantes que ésta acumula con el objetivo de facilitar su depuración en las EDAR
y que la energía que éstas consuman sea menor.
Son soluciones que, en su gran mayoría, suponen una importante inversión para los municipios que las tienen que acometer, especialmente si estos tienen presupuestos ajustados, por lo que necesitan del apoyo económico de la administración que
más recursos tiene: la administración central.
Esta iniciativa, cuyas medidas se detallarán a continuación, está enfocada, en resumen, a impulsar acciones para que el diseño y mantenimiento urbano de nuestras ciudades incorpore la variable del control y optimización del agua,
independientemente de donde provenga.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas para el desarrollo de un plan de control y optimización del agua en núcleos poblacionales:
1. Creación de una partida específica impulsada por el MIVAU que se apoye en los Fondos Europeos ya existentes o aquellos que puedan venir que se extienda a todos los niveles de la administración (Comunidades Autónomas y entidades locales)
enfocada al impulso de soluciones de control y optimización de aguas pluviales en municipios situados en zonas con riesgo de inundación. También, al estudio de qué soluciones son las más adecuadas para cada caso.
2. Hacer que las convocatorias de líneas de impulso económico vinculadas al «PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua» incluyan de manera más explícita partidas para el desarrollo de proyectos enfocados al diseño urbano relacionado con
los sistemas urbanos de drenaje.
3. Impulso de soluciones innovadoras desde las disciplinas de la ingeniería, el urbanismo o la arquitectura, entre otras posibles, mediante concursos de ideas o proyectos de investigación financiados por los Ministerios competentes, en
colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y distintas universidades españolas.
4. Programas de colaboración público-privada para desarrollar e implementar soluciones que cumplan con este propósito.
5. Actualización de las recomendaciones de la Agenda Urbana Española para que incluyan en sus documentos alusiones a esta materia, así como desarrollo de un plan de divulgación en coordinación con las CCAA y la FEMP, realizado con base en
las recomendaciones de técnicos especialistas en la materia, para que estas zonas de riesgo conozcan la importancia de apostar, tanto en nuevos desarrollos urbanísticos como en la renovación de zonas ya existentes, por soluciones de control y
optimización del agua como: sistemas digitales para la monitorización del ciclo del agua en núcleos urbanos que permitan el análisis de datos en tiempo real; pavimentos drenantes, construcción de «tanques de tormentas» u otras estrategias
derivadas de los SUDS; zonas verdes que soporten grandes acumulaciones de agua en corto periodo de tiempo;
adecuada limpieza y mantenimiento de redes de saneamiento, así como la apuesta por el sistema separativo frente al unitario cuando sea necesario. Dicho plan tiene por objetivo concentrar las soluciones ya existentes en España, pero
dispersas, e incorporar las nuevas que se desarrollen a través de los apartados 3 y 4.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2026.Miguel Ángel Sastre Uyá, Juan Bravo Baena, Sergio Sayas López, Cristina Agüera Gago, Isabel María Borrego Cortés, María Soledad Cruz-Guzmán García, Cristóbal Garre Murcia, Silverio
Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo, Mario Cortés Carballo, Raúl Cuevas Larrosa, Celso Luis Delgado Arce, Joan Mesquida Mayans, Sandra Pascual Rocamora, Daniel Pérez Osma, Alma Alfonso Silvestre, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Laura María Lima
García, Ana Martínez Labella y Javier Noriega Gómez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de medidas realmente
efectivas para el acceso de los jóvenes a la vivienda, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En 2018, la vivienda, según datos oficiales, no estaba ni entre los quince primeros problemas de los españoles y actualmente es el primero. La vivienda se ha convertido en un bien que consume gran parte de los recursos económicos de los que
disponen la mayoría de los jóvenes españoles.
En propiedad, de difícil muy acceso, solo se encuentra al alcance de unos pocos. Esa dificultad para comprar ha provocado que muchos jóvenes, tengan como única salida viable el alquiler, en un mercado asfixiado por la falta de oferta y
precios cada vez más inaccesibles. Una situación límite agravada por medidas erróneas, que les obliga necesariamente a compartir piso. Según datos del Consejo de la Juventud de 2025, un 87 % de los jóvenes que comparte piso lo hace para reducir
gastos.
Los datos más recientes del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España, relativos al año 2026, indican que los jóvenes han de dedicar el 90 % de su salario para poder vivir en solitario en una vivienda en alquiler.
Los datos de emancipación son demoledores. Según Eurostat, la edad media a la que un joven se emancipa del hogar familiar se sitúa en 30,4 años, el peor dato de la serie histórica, y situando a España entre los 5 países con la edad más tardía de
toda la Unión Europea.
Aunque el problema de la vivienda parezca aislado, afecta de forma transversal al proyecto de vida de los jóvenes y, por extensión, influye en otras cuestiones como trabajo y la familia. La pirámide de las necesidades de Maslow es un
concepto habitualmente utilizado en economía para explicar a través de una pirámide jerárquica las necesidades humanas. Los niveles más bajos conforman las necesidades más básicas del ser humano, de forma que hasta que no se satisfazcan esos
niveles no pueden crearse nuevos niveles por encima más avanzados. Según esta teoría, algo tan esencial como el acceso a una vivienda digna, está retrasando el proyecto de vida de toda una generación.
La política de vivienda estatal en España necesita de un cambio de rumbo para que no suponga un tapón de las acciones que llevan a cabo el resto de administraciones con competencia. Y es que, mientras que la oferta de vivienda está en
mínimos históricos, mientras que algunas Comunidades Autónomas sacan medidas efectivas, el Gobierno no solo no ayuda a mejorar la situación, sino que la empeora con sus acciones equivocadas.
Y esas políticas vacías o erróneas no son algo nuevo por parte del sector político que representa este Gobierno. Se han cumplido 20 años de la famosa campaña de las zapatillas «kelifinder» y las políticas que reciben los jóvenes españoles
en materia de vivienda por parte del Gobierno es idéntica: inservible en el mejor de los casos. Como también lo es el teléfono 047 cuya utilidad ha sido prácticamente inexistente.
Sin embargo, el problema no es solo el hecho de estar empleando los recursos en medidas propagandísticas sin utilidad real, sino que el verdadero esfuerzo político estatal se orienta a medidas restrictivas e intervencionistas que ayudan a
reforzar la posición de los jóvenes como el eslabón más débil de la cadena de acceso a la vivienda.
Dos ejemplos de ello son la Ley de Vivienda 12/2023, y los distintos decretos o intentos de decretos de prórrogas de alquileres que generan inseguridad a la hora de que un propietario ponga su vivienda en alquiler al aumentar el riesgo de
impago. Medidas rechazadas por la mayoría de ambas Cámaras Legislativas de España en distintas votaciones y que el Gobierno se empeña en mantener en vigor.
De la misma manera, que ambas Cámaras han aprobado distintas iniciativas orientadas a mejorar la política de vivienda en general y el acceso de los jóvenes en particular, y tampoco se están aplicando. En el caso del Congreso de los
Diputados, la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado hasta tres.
Por si fuese poco, la inestabilidad política y la incapacidad gestora, retrasan el funcionamiento normal de la aprobación de Presupuestos, prorrogados desde 2023, o de otros instrumentos esenciales para la política de vivienda, como el Plan
Estatal hasta 2030. La ministra de Vivienda afirmó que el Plan Estatal de Vivienda se aprobaría en Consejo de Ministros durante el primer trimestre del año. Sin embargo, en el día de hoy aún no se ha aprobado ni se conoce su contenido final. Un
instrumento que, aunque es insuficiente y está hecho con medidas, algunas erróneas, es necesario que se ponga en marcha.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda:
1. Reorientar por completo su política en materia de vivienda, con medidas enfocadas a aumentar la oferta de vivienda, garantizar la seguridad Jurídica y reducir la burocracia asfixiante, procediendo a evitar medidas propagandísticas vacías
que consumen recursos y derogando sus leyes intervencionistas que están provocando un aumento de los precios de la vivienda, tanto en alquiler como en compraventa, impidiendo a los jóvenes acceder al mercado de la vivienda.
2. Cumplir el mandato del Congreso de los Diputados en la Proposición no de Ley a aprobada el 17 de septiembre de 2025 donde se pide la derogación de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda por tener un efecto contraproducente sobre el
mercado y agravar la falta de vivienda en España.
3. Poner en marcha las acciones aprobadas en las distintas Proposiciones no de Ley debatidas en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana: (161/002450/0000) de octubre de 2025; (161/002130/0000) de mayo de 2025 y la (161/000292/0000) de
marzo de 2024.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2026.Miguel Ángel Sastre Uyá, Juan Bravo Baena, Sergio Sayas López, Cristina Agüera Gago, Isabel María Borrego Cortés, María Soledad Cruz-Guzmán García, Cristóbal Garre Murcia, Silverio
Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo, Mario Cortés Carballo, Raúl Cuevas Larrosa, Celso Luis Delgado Arce, Joan Mesquida Mayans, Sandra Pascual Rocamora, Daniel Pérez Osma, Alma Alfonso Silvestre, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Laura María Lima
García, Ana Martínez Labella y Javier Noriega Gómez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno cumpla los
mandatos del Parlamento en materia de vivienda, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El precio de la vivienda en España ha vuelto a alcanzar un nuevo récord histórico. Según la estadística registral inmobiliaria los precios de compraventa en nuestro país han aumentado un 16,6 % respecto al año anterior.
Son ya once los años en los que los precios de la vivienda suben de manera ininterrumpida, pero es los últimos cinco, donde ese crecimiento es del todo exponencial.
Resulta evidente que un gobierno que se autodenomina «social» está convirtiendo la vivienda en una misión imposible para la inmensa mayoría de españoles. Una contradicción en sí misma con lo que decían defender.
Por su parte, el precio de los alquileres también ha alcanzado máximos históricos en todas las capitales de provincia de España, con aumentos, que en muchas de ellas, superan los dos dígitos anuales, condicionando los proyectos de vida
independiente de generaciones enteras y lastrando también las oportunidades educativas y laborales de muchas personas que no pueden desplazarse por la imposibilidad de asumir esos precios.
Ambas circunstancias están expulsando a las clases medias de las ciudades, condicionando la vida de millones de españoles y condenando el futuro de las generaciones más jóvenes.
Además, la ley de vivienda impulsada por el Gobierno de España y cargada de postulados radicales e intervencionistas han provocado la reducción de la oferta del alquiler y el aumento de la ocupación y de la inquiocupacion.
En las zonas declaradas tensionadas la oferta del alquiler residencial se ha desplomado de forma drástica obligando a los que pretenden alquilar un piso a someterse a un casting de inquilinos.
Además de la inseguridad jurídica que genera, los efectos de la ley se pueden comprobar también en el aumento de los casos de ocupación e inquiocupacion, que superan ya los cien mil casos en nuestro país.
Cada uno de estos fenómenos por sí solos serían suficientes para evidenciar el fracaso de la política sectaria y contraproducente que está llevando a cabo el gobierno de España.
En reiteradas ocasiones, las Cortes Generales han aprobado medidas que podrían mejorar sustancialmente el acceso a la vivienda por parte de los españoles, particularmente de los jóvenes. Pero el gobierno, en un claro ejercicio de falta de
respeto al parlamento, se niega a impulsar y a cumplir.
Nos estamos refiriendo a cuestiones como la rebaja del IVA en la vivienda nueva o en las actuaciones de rehabilitación, la simplificación y la agilización de los procesos administrativos, el establecimiento de mecanismos que sirvan para
poner más suelo en el mercado o las iniciativas aprobadas para poner fin al fenómeno de la Ocupación ilegal.
A este permanente incumpliento se suma el boicot a las leyes que aprueba el Senado o que el grupo parlamentario popular impulsa en esta cámara y que podrían suponen una política eficaz para comenzar a solucionar el problema de la vivienda y
que, además, contarían con mayoría parlamentaria para ser aprobados de no ser por los obstáculos del gobierno y de sus satélites en la Cámara que impiden su tramitación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir con los mandatos de las Cortes generales expresados a través de proposiciones no de ley y mociones en materia de vivienda.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2026.Miguel Ángel Sastre Uyá, Juan Bravo Baena, Sergio Sayas López, Cristina Agüera Gago, Isabel María Borrego Cortés, María Soledad Cruz-Guzmán García, Cristóbal Garre Murcia, Silverio
Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo, Mario Cortés Carballo, Raúl Cuevas Larrosa, Celso Luis Delgado Arce, Joan Mesquida Mayans, Sandra Pascual Rocamora, Daniel Pérez Osma, Alma Alfonso Silvestre, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Laura María Lima
García, Ana Martínez Labella y Javier Noriega Gómez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/003291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para mejorar la productividad, para su debate en
la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El crecimiento de la productividad ha sido un reto tradicional en las economías avanzadas en Europa, y particularmente en España. La propia Comisión Europea ha reconocido que, en las últimas dos décadas, Europa no ha conseguido igualar el
ritmo de otras grandes economías debido precisamente a una diferencia persistente en la evolución de la productividad, y ello pese a contar con gran parte de los factores necesarios para lograrlo: un capital humano bien formado, una elevada tasa de
ahorro y un mercado único.
La crisis financiera que vivió Europa desde 2008 y la respuesta a esa crisis, con medidas de austeridad y procesos de consolidación fiscal en muchas economías europeas, frenó en buena medida una política de inversión en innovación que
hubiera sido necesaria para impulsar la productividad. Tras la crisis del COVID Europa ha optado por una solución completamente diferente a la de la anterior crisis, apostando por la inversión pública y las grandes reformas con el doble objetivo de
abordar la crisis con menor coste social que en la ocasión anterior y, al mismo tiempo, impulsar la productividad.
Pero mejorar la productividad no sólo requiere de más recursos, sino que también implica necesariamente asignarlos de la manera más eficiente. Es por ello que ya en 2016 el Consejo de la Unión Europea publicó una Recomendación para los
Estados miembros de la zona euro de crear consejos nacionales de productividad, con el objetivo de realizar análisis independientes para elaborar un diagnóstico de situación y formular propuestas sobre aquellas políticas que influyen en la dinámica
de la productividad y la competitividad.
Siguiendo esa Recomendación, el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2024 el Real Decreto por el que se crea el Consejo de la Productividad de España, un órgano
autónomo en la elaboración de su plan de trabajo, en la detección de ámbitos de estudio relevantes y en la elaboración de análisis, opiniones y del informe anual. Desde su constitución, el Consejo se ha reunido con una periodicidad mensual,
y ha ido publicando diferentes documentos de trabajo.
Recientemente ha dado a conocer su primer informe anual, relativo al año 2025, en el que se hace un diagnóstico y análisis del comportamiento de este indicador en nuestra economía, además de un conjunto de recomendaciones.
En ese diagnóstico se señala que, si bien se inició un moderado repunte de la productividad a partir de 2014, éste se intensificó a partir de 2022: así en el período 2022-2025 el crecimiento anual de la productividad por hora trabajada fue
del 1 %, el doble que en el periodo 2014-20109. Además, este periodo reciente se ha caracterizado por simultanear el crecimiento de la productividad con un notable incremento de la población ocupada, si bien en etapas anteriores ha ocurrido justo
lo contrario, la productividad ha crecido cuando se ha destruido empleo.
Será necesario que datos posteriores confirmen si este repunte de la productividad es permanente, pero existen algunos indicios para confiaren que pueda ser así. Entre esos indicios se encuentran la aprobación de la reforma laboral, que ha
reducido sustancialmente el elemento de temporalidad que caracterizaba a nuestro mercado laboral, el crecimiento del empleo en sectores cualificados, el incremento de la ratio de inversión en l+D sobre el PIB ha pasado de un 1,2 % en 2019 a un 1,5
% en 2023, el ascenso en la generación de patentes, el aumento de las exportaciones de servicios intensivos en conocimiento o la reducción del abandono escolar.
Otro dato reseñable que señala esta publicación es el «desacople» que en las últimas décadas se ha producido entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios reales en el conjunto de las economías desarrolladas.
España no ha escapado de esta tendencia, y así se constata que entre 1999 y 2017 la productividad por hora creció un 9,5 % acumulado, mientras que la remuneración real por hora sólo lo hizo un 3 %. Sin embargo, desde 2018 esta tendencia se ha
modificado, ya que el crecimiento acumulado de la remuneración real por hora trabajada se ha situado en el 7,7 %, frente al 3,6 % que ha aumentado la productividad por hora, lo que refleja una mejora en la distribución de las ganancias de
productividad.
La mejora en los datos de productividad también ha sido puesta de manifiesto recientemente a través del último informe del Observatorio de Productividad y Competitividad, que elabora conjuntamente la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas. Según este documento, la productividad total de los factores (capital y trabajo) creció de media un 1,4 % en el periodo 2020-2024, algo no visto en las últimas tres décadas. De hecho, la mejora de este indicador
explica el 32 % del crecimiento del VAB español en este último periodo.
Pese a los datos favorables reseñados, existen importantes retos en el horizonte que será necesario abordar para consolidar esta mejora en los niveles de productividad. Aumentar la inversión privada, que ha registrado un menor dinamismo que
la inversión pública en los últimos ejercicios, mantener los niveles de inversión pública en cifras similares a las movilizadas por los diferentes PERTE una vez finalice el periodo de vigencia de los fondos europeos, mejorar la formación del capital
humano, especialmente en lo relativo a tecnologías basada en inteligencia artificial y mejorar la regulación del mercado interior de bienes y servicios pueden considerarse los más determinantes para lograr ese objetivo.
El crecimiento de la productividad es determinante para mantener un nivel de crecimiento de la economía sostenible en el tiempo, y por extensión para mejorar el bienestar de la sociedad. Para la mayoría de los hogares las rentas del trabajo
son la fuente principal de sus ingresos, por lo que es fundamental que el crecimiento de la productividad se traduzca en crecimiento de los salarios para que las familias se beneficien de esta mejora. Por tanto, el crecimiento de la productividad
debe ser un objetivo de la política económica, y atender las recomendaciones que se hagan por parte
de organismos especializados y expertos resulta fundamental para el diseño de las medidas más adecuadas.
Por todo ello, Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de la Productividad de España, insta al Gobierno a elaborar una Estrategia Española para la
productividad, que cuente con la implicación de las diferentes administraciones y los agentes sociales, y que incluya medidas como:
1. Impulsar la inversión privada hacia proyectos de alto componente tecnológico, con especial hincapié en las empresas jóvenes con alto potencial de crecimiento que apuestan por tecnologías basadas en la inteligencia artificial o la
inversión en intangibles.
2. Partiendo de los instrumentos de la Ley Crea y Crece para aumentar el tamaño de las empresas, estudiar nuevos incentivos para lograr este objetivo, ya que el tamaño de la empresa tiene una relación directa con el nivel de productividad.
3. Seguir avanzando en la formación de capital humano cualificado en disciplinas STEM, ampliando el catálogo de oferta educativa con nuevas titulaciones dirigidas a formar especialistas en tecnologías TIC, en consonancia con las demandas
del sector.
4. Mejorar la calidad regulatoria de las normas que inciden en la unidad de mercado y la competencia, y en este sentido, avanzar en la construcción del llamado Régimen 20, para remover barreras burocráticas y lograr una mayor coordinación
normativa entre las diferentes administraciones.
5. Avanzar en el diseño de nuevos instrumentos estadísticos para analizar la productividad, dirigidos a mejorar la medición de los componentes de la producción de bienes y servicios y de los factores de producción utilizados, que tenga en
cuenta realidades como la adopción de las nuevas tecnologías o la introducción de la inteligencia artificial y la robótica.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2026.Patricia Blanquer Alcaraz, Alicia Álvarez González, Ferran Verdejo Vicente, Gonzalo Redondo Cárdenas, Pablo Antuñano Colina, Luisa Sanz Martínez, Alberto Rojo Blas, Trinidad Argota
Castro, Adriana Maldonado López, Valle Mellado Sierra, Guillermo Hita Téllez y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de medidas
efectivas en el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea constituye el principal instrumento de planificación presupuestaria de la Unión, al fijar durante un periodo de siete años los límites de gasto y las prioridades políticas que orientan
su acción. Su diseño determina la capacidad de Europa para responder de forma eficaz a los desafíos económicos, sociales, territoriales y geopolíticos de la próxima década.
El debate sobre el nuevo MFP 2028-2034 se desarrolla en un contexto especialmente exigente: pérdida de competitividad frente a otras economías avanzadas, presión regulatoria sobre el tejido productivo, tensiones geopolíticas persistentes,
transición climática y digital, y necesidad de reforzar la seguridad y la cohesión territorial. En este escenario, el presupuesto europeo debe concentrarse en aquellas políticas que aporten verdadero valor añadido a escala europea y garanticen
cohesión, prosperidad y estabilidad.
Para lograrlo, el nuevo MFP debe asegurar previsibilidad y transparencia en la gestión de los fondos, evitando una concentración excesiva de decisiones en un único instrumento centralizado. Es imprescindible que las autoridades regionales y
locales participen activamente en el diseño, ejecución y seguimiento de los programas. Solo así los recursos se adaptarán a las necesidades específicas de cada territorio, fortaleciendo la gobernanza multinivel y manteniendo la cohesión económica,
social y territorial como eje central del presupuesto. Asimismo, la planificación presupuestaria debe incorporar medidas que respondan a los retos demográficos, con especial atención a las zonas afectadas por la despoblación y el envejecimiento.
Las políticas estratégicas de la Unión requieren presupuestos protegidos y claramente identificadles para garantizar su continuidad y efectividad. La Política Agrícola Común asegura la estabilidad del sector y la seguridad alimentaria,
mientras que la Política Pesquera Común y la acuicultura deben disponer de fondos específicos para modernizar la flota, proteger los ecosistemas y favorecer el relevo generacional. Paralelamente, la política de cohesión financia el FEDER, el Fondo
de Cohesión y el programa Interreg para reducir las desigualdades territoriales, y el Fondo Social Europeo Plus impulsa la convergencia social, el empleo de calidad y la igualdad de oportunidades. Los programas destinados a las regiones
ultraperiféricas (POSEI) también necesitan una dotación propia para apoyar la pesca, la acuicultura y el desarrollo local. La gestión de todos estos recursos debe basarse en principios de estabilidad, previsibilidad y eficacia, evitando la
dispersión de fondos y garantizando un impacto tangible en los territorios.
El MFP desempeña además un papel esencial en la competitividad, la innovación y la transición estratégica de la Unión. La movilización conjunta de inversión pública y privada, junto con instrumentos como InvestEU y la simplificación de los
marcos de inversión, permite canalizar recursos hacia sectores estratégicos, con especial atención a las pymes. La transición verde y digital debe ser inclusiva y justa, acompañando a trabajadores, empresas y regiones, mientras se refuerza la base
industrial y tecnológica vinculada a la defensa, la movilidad militar y la seguridad de las infraestructuras críticas. Programas como LIFE y EU4Health requieren financiación suficiente y estable para alcanzar resultados concretos en materia
ambiental y sanitaria.
En definitiva, el MFP 2028-2034 debe configurarse como un marco que refuerce la cohesión interna, la competitividad global y la proyección internacional de la Unión Europea, equilibrando estabilidad financiera, prioridades estratégicas y la
gobernanza multinivel que caracteriza al proyecto europeo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, con carácter prioritario, y sin perjuicio de otros asuntos, en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034:
1. Un incremento de la partida destinada a los planes nacionales, que engloba agricultura, pesca y cohesión, garantizando una financiación suficiente y estable, actualizada a la inflación.
2. La creación de una partida específica y separada para la Política de Cohesión, con dotación suficiente para los fondos estructurales y de inversión.
3. La creación de una partida específica y separada para la Política Pesquera Común (PPC) y la Acuicultura.
4. La creación de una partida específica y separada para las regiones ultraperiféricas, a través de los Programas de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
5. El reconocimiento de las comunidades autónomas como pilares fundamentales en la gobernanza y ejecución de los instrumentos regionales, pudiendo ejercer como autoridades de gestión, incluyendo planes regionales obligatorios en los planes
nacionales e interactuando directamente con la Comisión.
6. Un modelo de programación más flexible y menos centralizado para los planes nacionales, que refuerce la participación de las comunidades autónomas y evite la uniformidad del enfoque de Next Generation EU, especialmente en lo relativo a
la condicionalidad entre reformas e inversiones, que deben darse en el mismo ámbito sectorial, respetar el nivel competencial adecuado y estar alineadas con las recomendaciones específicas por país.
7. Una dotación financiera suficiente y específica para hacer frente a los desafíos de la despoblación y el reto demográfico, atendiendo a las particularidades territoriales.
8. La posibilidad de refinanciación de la deuda de Next Generation EU, con el fin de evitar recortes en partidas calve.
9. Una clarificación de los instrumentos vinculados a recursos propios de la UE, de tal forma que se preserve e impulse la competitividad europea en su conjunto, se analice con rigor el impacto de cualquier nueva medida o instrumento y se
evite por tanto la creación de nuevas figuras tributarias que incrementen la carga impositiva sobre empresas y ciudadanos europeos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2026.Francisco José Conde López, Pedro Puy Fraga, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Mario Cortés Carballo, Tristana María Moraleja Gómez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Juan Luis Pedreño
Molina, María Pilar Alía Aguado, Laura María Lima García, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Sandra Pascual Rocamora, Eduardo Carazo Hermoso, Irene Garrido Valenzuela y Cristina Teniente Sánchez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la Compra Pública Innovadora (CPI) como instrumento
estratégico que genera innovación, valor social y eficiencia, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La Compra Pública de Innovación (CPI) constituye una de las herramientas más potentes de las que dispone el sector público para impulsar la innovación desde la demanda, mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos, y dinamizar
el ecosistema empresarial y tecnológico de nuestro país. En un contexto global marcado por la necesidad de modernizar las administraciones públicas, afrontar retos ineludibles como el cambio climático, la digitalización, el envejecimiento de la
población o la transformación de la movilidad, la CPI se presenta como un instrumento estratégico de alto valor añadido.
La CPI permite a los poderes adjudicadores anticiparse a las necesidades de la ciudadanía mediante la adquisición de soluciones que aún no existen en el mercado, pero cuya viabilidad tecnológica y comercial puede ser demostrada o
desarrollada en el
corto y medio plazo. Esta orientación no solo incentiva la innovación empresarial, sino que posiciona al sector público como motor del cambio tecnológico, generando impacto directo en la mejora de los servicios esenciales como la sanidad,
la educación, el transporte, las comunidades sostenibles o la atención social.
A escala europea, la Comisión Europea ha identificado la Compra Pública de Innovación como un mecanismo esencial para cumplir los objetivos de la Agenda Digital y el Pacto Verde Europeo, y ha instado a los Estados miembros a destinar un
porcentaje significativo de su gasto público en l+D+i mediante fórmulas como la CPL Se distinguen dos formas fundamentales de CPI:
I. Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI): su objeto es un producto o servicio que no existe en ese momento, pero cuyo desarrollo se encuentra ya en una fase muy cercana al mercado.
II. Compra Pública Pre-comercial (CPP): su objeto es un servicio de l+D que concluiría con el acercamiento al mercado de una o varias soluciones innovadoras aptas para satisfacer las necesidades identificadas por el poder adjudicador.
España ha realizado avances en CPL En el caso particular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se ha desarrollado un marco estratégico orientado a la integración de la innovación en la contratación pública de la
Administración General del Estado, mediante la Comisión Interministerial para la Innovación en la Contratación Pública, regulada mediante Real Decreto y conformada por representantes de todos los ministerios. La Comisión Interministerial para la
Innovación en la Contratación Pública fue creada mediante el Real Decreto 364/2024, de 9 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de abril de 2024, y entró en vigor el 28 de abril de 2024. Esta comisión, presidida por la
Secretaría General de Innovación y con la vicepresidencia de la Dirección General de Patrimonio del Estado, lidera la elaboración y ejecución del Plan para la Innovación en la Contratación Pública.
Esta Comisión Interministerial tiene el objetivo de impulsar una cultura innovadora en la gestión de la contratación pública empezando por la Administración General del Estado y tiene entre sus funciones:
a) Coordinar la acción de todos los ministerios y organismos públicos para garantizar una aplicación coherente de los criterios de innovación en la contratación.
b) Promover la formación del personal público encargado de implementar el plan, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y otros centros especializados.
c) Fomentar la participación de empresas innovadoras, especialmente startups, en los procesos de contratación pública.
Es igualmente destacable que precisamente en el marco de la Red Innpulso, promovida y cofinanciada por el MICIU, la publicación de la «Guía 2.0 para la compra pública de innovación» dirigida a las Administraciones Públicas y demás organismos
y entidades del sector público contratantes para la mejor y más adecuada aplicación de los procedimientos de contratación y adjudicación de la compra pública innovadora tanto en su modalidad de Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) como en
la de Compra Pública Precomercial (CPP), en tanto que instrumentos diferenciados pero ambos orientados con igual relevancia al fomento de la política de innovación.
Con el mismo objetivo, el CDTI, en el marco de su Plan Estratégico 2024-2027, contempla el desarrollo de una red de apoyo a la Compra Pública de Innovación con la participación de diferentes administraciones públicas, además del intercambio
ya existente en la Red IDI, así como en la Red Innpulso, especialmente enfocada en las administraciones locales.
Finalmente, cabe destacar la convocatoria «Línea FID» lanzada por el MICIU para la Compra Pública de Innovación, dotada con un presupuesto de más de 135 millones de euros. La convocatoria, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) e integrada en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027, está destinada a compradores públicos que desarrollen y adquieran productos o servicios innovadores.
Los avances son significativos, sin que por ello sea conveniente seguir mejorando su despliegue con una mayor coordinación nacional, formación técnica y aprovechamiento de los fondos europeos para que los casos de éxito no se concentren en
determinadas administraciones avanzadas.
Por este motivo, es necesario que el Gobierno de España siga reforzando su apuesta por la CPI como palanca transformadora del modelo productivo, motor de la transición ecológica y de la transformación digital, y herramienta para fomentar una
administración pública más inteligente, proactiva y orientada a la ciudadanía. Asimismo, la CPI representa una gran oportunidad para favorecer la internacionalización de nuestras empresas tecnológicas, ya que el sector público actúa como cliente de
lanzamiento, generando referencias exportables a otros mercados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar la estrategia estatal de Compra Pública de Innovación (CPI), dotándola de mayor visibilidad en todos los niveles administrativos y entidades del sector público, especialmente en las entidades locales. Para ello, se insta a
trabajar junto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para articular herramientas de asesoramiento en materia de Compra Pública de Innovación.
2. Seguir fomentando la formación especializada del personal público en procesos de contratación innovadora, especialmente en administraciones autonómicas y locales.
3. Impulsar la creación de una Red Estatal de Entidades CPI, que sirva como plataforma de intercambio de buenas prácticas, identificación de necesidades y acompañamiento técnico.
4. Seguir promoviendo la colaboración con universidades, centros tecnológicos, startups y pymes innovadoras, garantizando que la CPI sirva como palanca de desarrollo económico y territorial equilibrado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2026.Obdulia Taboadela Álvarez, Diputada.Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a continuar apoyando a los municipios e incentivando la coordinación
interadministrativa para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el denominado Trío de Eclipses, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El pasado 10 de octubre de 2025, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, se debatió la Proposición no de Ley sobre la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el denominado Trio de Eclipses. Este
fenómeno astronómico único y extraordinario, que se podrá observar desde España, continúa
acaparando la mirada de la comunidad científica y también la del conjunto de la ciudadanía.
La llegada de cientos de miles de turistas internacionales y la previsión de desplazamientos masivos (se estima entre cinco y diez millones) hacia los lugares de observación plantea retos logísticos y de seguridad para las administraciones
públicas que no pueden obviarse, especialmente para los municipios.
Un ejemplo lo encontramos en el concejo asturiano de Allande. Este concejo suroccidental, que cuenta con alrededor de 1.500 habitantes, es el único del Principado de Asturias que tiene el certificado de la Fundación Starlight por la calidad
de su cielo, lo que funciona como incentivo para la elección de esta ubicación por parte de turistas nacionales e internacionales. La previsión del sector turístico de Allande es de lleno absoluto en la semana del 12 de agosto, fecha del primer
eclipse solar total.
La situación de Allande es compartida por otros municipios del Principado y del resto de las comunidades autónomas afectadas. Son muchos los preparativos que deben tenerse en cuenta para que la jornada transcurra sin incidencias; por
ejemplo, la planificación de la movilidad para evitar atascos, la adquisición de suficientes gafas de protección homologadas o la celebración de jornadas de formación y preparación de comerciantes, hosteleros y propietarios de alojamiento para que
puedan contar con toda la información imprescindible sobre el fenómeno astronómico y sobre las necesidades organizativas y de seguridad.
Siguiendo con el caso de Asturias, el Gobierno autonómico ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar que tiene como objetivo coordinar las acciones en seguridad, educación, salud, turismo y divulgación científica. Además, está
preparando un programa de actividades en colaboración con entre otros organismos la Federación Asturiana de Concejos.
Por su parte, el Gobierno de España, consciente del reto al que se enfrentan los municipios, incorporó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la tercera reunión de la Comisión Interministerial para el seguimiento,
organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses 2026-2027-2028, celebrada el pasado mes de febrero. En el encuentro se constató una vez más que la coordinación entre el conjunto de las administraciones públicas es
imprescindible para lograr una organización eficaz ante este acontecimiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar apoyando a los municipios en la adopción de las actuaciones necesarias para la efectiva preparación, organización y coordinación del Trio de Eclipses, en colaboración con las
comunidades autónomas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2026.Roberto García Morís, Mercedes Otero García y Obdulia Taboadela Álvarez, Diputados.Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de la cooperación delegada a Cataluña, para su debate en la Comisión de Cooperación al Desarrollo.
Exposición de motivos
La cooperación delegada es un modelo en el que la Comisión Europea encarga la ejecución de fondos de cooperación al desarrollo a otras agencias, como la AECID en el Reino de España. A diferencia del Estado, sin embargo, podemos observar
ejemplos en el entorno europeo en los que este tipo de proyectos están gestionados por administraciones distintas de la estatal.
En Países Bajos, por ejemplo, la cooperación europea delegada tiene como uno de los agentes principales a VNG International, la agencia de cooperación de la Asociación de Municipios Neerlandeses (VNG). La VNG gestiona proyectos complejos
relacionados con la descentralización, el desarrollo económico local y la resiliencia urbana, y participa directamente en licitaciones europeas.
Por su parte, en Suecia, la SALAR (Asociación Sueca de Regiones y Autoridades Locales) es un agente clave en la cooperación delegada europea, y lleva a cabo proyectos centrados en el fortalecimiento de los derechos humanos, la resiliencia
climática y la gestión de los servicios públicos locales.
Este sistema se aplica también en otros estados miembros, como Italia, Alemania y Bélgica, donde las federaciones municipales de Valonia y Flandes están acreditadas para gestionar los fondos de cooperación delegada de la UE.
Por el contrario, en el Estado español, la cooperación delegada se concentra en dos entidades de carácter estatal: la AECID y la FIIAAPP, esta última especializada en cooperación técnica. Ninguna agencia de cooperación descentralizada
puede gestionar fondos europeos de cooperación delegada, y su función se limita a la implementación de proyectos como parte de consorcios y a colaborar de la mano de redes como CONFOCOS o Platforma.
Este hecho se produce a pesar de la dilatada experiencia y del creciente volumen de ejecución presupuestaria por parte de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo (FCCD). En
2023, el último presupuesto aprobado por la Generalitat de Cataluña aumentó la partida destinada a la cooperación al desarrollo en un 30 %, asignando a la ACCD un presupuesto de 45 millones de euros y sentando las bases para cumplir el compromiso
del 0,7 % hasta el año 2030. Por otra parte, el FCCD ha conseguido su mayor presupuesto de la última década, con casi 5 millones de euros, mientras que una dieciseisava parte de los municipios catalanes ya cumplen el objetivo del 0,7 % en materia
de Ayuda Oficial al Desarrollo.
En un contexto internacional en el que son crónicas las desigualdades entre los estados y crece el número de conflictos armados y de personas desplazadas, la cooperación descentralizada se ha consolidado como una herramienta clave para el
desarrollo sostenible, la capacitación técnica y la ayuda humanitaria, generando un impacto positivo a nivel económico, de género y climático.
Para poder actuar como entidad gestora de fondos de la Unión Europea, las agencias de cooperación al desarrollo deben obtener una acreditación técnica por parte de la Comisión Europea. La Comisión evalúa nueve aspectos sobre los mecanismos
de control, auditoría o contratación y, si aprueba la certificación, permite firmar acuerdos directos de contribución y liderar consorcios con otras agencias de cooperación. El apoyo del Estado es clave para que entidades como la ACCD o el FCCD
puedan superar este trámite.
La Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, estableció la cooperación delegada como uno de sus pilares estratégicos. Entre otras cosas, se agiliza la gestión de los fondos de la UE y se simplifica la
gestión financiera de los proyectos. El artículo 36 de la misma ley prevé la participación de administraciones
distintas de la estatal en estos proyectos y facilita que el Estado preste apoyo técnico al proceso de acreditación ante la Comisión Europea.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Reforzar el compromiso con la cooperación descentralizada como herramienta clave para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ayuda humanitaria y la justicia global.
2. Permitir que, en este 2026, la Agencia Catalana de Cooperación y otras administraciones que lo deseen puedan gestionar al menos un proyecto de cooperación delegado financiado por la Comisión Europea.
3. Mantener este compromiso de delegación de proyectos de cooperación al desarrollo más allá de 2026, con al menos un proyecto anual a partir de 2027.
4. Apoyar a la Generalitat de Cataluña, y a otras administraciones que lo soliciten, ante las instituciones europeas en 2026 para facilitar la obtención de la acreditación que permita las relaciones directas con la Comisión Europea y la
gestión de fondos europeos de cooperación delegada.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2026.Jordi Salvador i Duch, Diputado.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputat Jordi Salvador i Duch, a lempara del que sestableix en larticle 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per al foment de la
cooperació delegada a Catalunya, per al seu debat en la Comissió de Cooperació al Desenvolupament.
Exposició de motius
La cooperació delegada és un model on la Comissió Europea encarrega lexecució de fons de cooperació al desenvolupament a altres agències, tals com l'AECID a lEstat espanyol. A diferència de lEstat, tanmateix, podem observar exemples en
lentorn europeu on aquesta tipologia de projectes és gestionada per administracions diferents de lestatal.
Als Països Baixos, per exemple, la cooperació delegada europea té com a un dels actors principals a VNG International, l'agència de cooperació de l'Associació de Municipis Neerlandesos (VNG). La VNG gestiona projectes complexos relacionats
amb la descentralització, el desenvolupament econòmic local i la resiliència urbana, i participa directament en licitacions europees.
Mentrestant, a Suècia, SALAR (lAssociació Sueca de Regions i Autoritats Locals) és un actor clau en la cooperació delegada europea, executant projectes enfocats en lenfortiment dels drets humans, la resiliència climàtica o la gestió dels
serveis públics locals.
Aquest esquema es reprodueix en altres estats membres com Itàlia, Alemanya o Bèlgica, on les federacions de municipis de Valònia i Flandes estan acreditades per gestionar fons de cooperació delegada de la UE.
Per contra, a lEstat espanyol la cooperació delegada es concentra en dues entitats de caràcter estatal: lAECID i la FIIAAPP, aquesta segona especialitzada en cooperació tècnica. Cap agència de cooperació descentralitzada pot gestionar
fons europeus de
cooperació delegada, i el seu rol es limita a la implementació de projectes com a part de consorcis i treballant de la mà de xarxes com CONFOCOS o Platforma.
Aquest fet es produeix malgrat la llarga experiència i creixent execució pressupostària per part de lAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD). El 2023, el darrer
pressupost aprovat de la Generalitat de Catalunya va augmentar en un 30 % la partida de cooperació al desenvolupament, assignant a lACCD un pressupost de 45 milions deuros i posant les bases per a assolir el compromís del 0,7 % lany 2030. Per la
seva banda, el FCCD ha assolit el pressupost més alt de la darrera dècada, de gairebé 5 milions deuros, mentre que una setzena de municipis catalans ja compleixen amb el 0,7 % en Ajut Oficial al Desenvolupament.
En un context internacional on es cronifiquen les desigualtats entre estats i creix el nombre de conflictes armats i de persones desplaçades, la cooperació descentralitzada sha consolidat com a una eina clau en matèria de desenvolupament
sostenible, capacitació tècnica i ajuda humanitària, produint un impacte positiu a nivell econòmic, de gènere i climàtic.
Per tal de poder exercir com a entitat gestora de fons de la Unió Europea, les agències de cooperació al desenvolupament han de rebre una acreditació tècnica per part de la Comissió Europea. La Comissió avalua nou aspectes sobre els
mecanismes de control, auditoria o contractació i, daprovar la certificació, permet signar acords directes de contribució i liderar consorcis amb altres agències de cooperació. El suport de lEstat és clau perquè entitats com lACCD o el FCCD
puguin superar aquest tràmit.
La Llei 1/2023 de Cooperació al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Global va situar al cooperació delegada com un dels seus eixos estratègics. Entre daltres, sagilitza la gestió dels fons de la UE i es simplifica la gestió
financera dels projectes. Larticle 36 de la mateixa llei preveu la participació dadministracions diferents a lestatal en aquests projectes, i facilita que lEstat doni suport tècnic al procés dacreditació davant la Comissió Europea.
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Reforçar el compromís amb la cooperació descentralitzada com a eina clau per treballar per als Objectius de Desenvolupament Sostenible, lajuda humanitària i la justícia global.
2. Permetre aquest 2026 que lAgència Catalana de Cooperació i altres administracions que ho desitgin puguin gestionar almenys un projecte de cooperació delegada finançat per la Comissió Europea.
3. Mantenir aquest compromís de delegació de projectes de cooperació al desenvolupament més enllà del 2026, amb un mínim dun projecte anual a partir del 2027.
4. Donar suport a la Generalitat de Catalunya, i a altres administracions que així ho demanin, aquest 2026 davant de les institucions europees per facilitar lobtenció de lacreditació que permeti relacionar-se directament amb la Comissió
Europea i gestionar fons europeus de cooperació delegada.»
Congrés dels Diputats, a 6 dabril de 2026.Jordi Salvador i Duch, Diputat.Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/001740
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Establecerá el Gobierno un fondo de compensación extraordinario para las Administraciones locales y autonómicas con el objetivo de garantizar la prestación de servicios de su competencia afectados por el incremento de la inflación y la
superación de las previsiones económicas con las que se elaboraron los presupuestos vigentes en 2026?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Estabelecerá o Goberno un fondo de compensación extraordinario para as Administracións locais e autonómica co obxectivo garantir a prestación de servizos da súa competencia afectados polo incremento da inflación e a superación das previsións
económicas coas que foron elaboradas os orzamentos vixentes no 2026?
En Madrid, a 9 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
181/001741
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Revisará el Gobierno las reglas fiscales que limitan la capacidad de los ayuntamientos, las diputaciones y la Xunta para poder gastar el superávit y los remanentes y facilitar el incremento del gasto social destinado a mantener y reforzar
los servicios públicos y financiar medidas anticrisis para los colectivos y sectores más vulnerables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Revisará o Goberno as regras fiscais que limitan a capacidade de concellos, deputacións e Xunta para poder gastar o superávit e os remanentes e facilitar o incremento do gasto social destinado a manter e reforzar os servizos públicos e
financiar medidas anticrise para os colectivos e sectores máis vulnerábeis?
En Madrid, a 9 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Interior
181/001737
Marta González Vázquez, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
¿Qué análisis realiza el Gobierno sobre la evolución de la criminalidad en Galicia desde 2013, y, en particular, sobre el incremento registrado en ciudades como Santiago de Compostela, qué factores identifica como determinantes del
incremento registrado, especialmente a partir de 2022 y qué medidas ha adoptado desde entonces para revertir esta tendencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2026.Marta González Vázquez, Diputada.
181/001738
Marta González Vázquez, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno de España para reforzar la seguridad en las zonas rurales de la provincia de A Coruña, con especial atención a municipios rurales que ven como sus efectivos se reducen continuamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2026.Marta González Vázquez, Diputada.
181/001739
Marta González Vázquez, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno de España para hacer frente al déficit de medios materiales y personales en la Guardia Civil en Galicia, especialmente en puestos del medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2026.Marta González Vázquez, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/036493
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: De los Santos González, Jaime Miguel (GP)
Acedo Reyes, Sofía (GP)
Franco González, Silvia (GP)
Rodríguez Calleja, Patricia (GP)
Álvarez Fanjul, Beatriz (GP)
Clavell López, Óscar (GP)
Consciencia que tiene el Gobierno de que la exigencia documental recogida en el artículo 3 del proyecto de Orden por el que se modifica la Orden IGD/239/2022, de 25 de marzo, relativa a acreditar un plan de igualdad en entidades con más de
50 personas trabajadoras contraviene el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jaime de los Santos González, Sofía Acedo Reyes, Silvia Franco González, Patricia Rodríguez Calleja, Beatriz Álvarez Fanjul y Óscar Clavell López, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El proyecto de Orden por el que se modifica la Orden IGD/239/2022, de 25 de marzo, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a programas y proyectos de
concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres, ha sido sometido a trámite de audiencia e información pública, acompañado de la correspondiente Memoria Abreviada de Análisis de Impacto Normativo
(MAIN).
Este proyecto introduce modificaciones relevantes, entre otras, en los requisitos exigidos a las entidades solicitantes/beneficiarias.
Considerando que el texto exige, en su artículo 3, que las entidades con más de 50 personas trabajadoras cuenten con un plan de igualdad y que la acreditación se realice mediante la presentación del justificante de inscripción del plan en
el registro correspondiente, ¿qué mecanismos prevé el Gobierno para asegurar que dicho requisito
se ajusta al principio de no requerir a las entidades documentación que pueda ser verificada de oficio conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
¿Contempla el Ejecutivo habilitar procedimientos de verificación de oficio o interoperables para esa inscripción, a fin de reducir cargas administrativas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2026.Jaime Miguel de los Santos González, Sofía Acedo Reyes, Silvia Franco González, Patricia Rodríguez Calleja, Beatriz Álvarez Fanjul y Óscar Clavell López, Diputados.