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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 505, de 31/03/2026
cve: BOCG-15-D-505
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
31 de marzo de 2026
Núm. 505
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003215
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al reconocimiento institucional de Antonio Ortega Gutiérrez y a la promoción de actuaciones de memoria democrática en el ámbito del deporte ...
161/003246
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la transferencia del Pazo de Meirás a Galicia ... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003211
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la condena de la dictadura comunista cubana ... (Página10)
161/003241
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para potenciar la difusión del español en la República de Filipinas ... (Página12)
Comisión de Justicia
161/003242
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación penitenciaria de la prisión permanente revisable ... (Página14)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/003214
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las actuaciones necesarias en la N-122, en concreto las variantes de Tarazona y de Borja-Maleján, así como la ejecución de los tramos pendientes
de la A-15 ... (Página15)
161/003219
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, por la parada del tren en la estación Mora-Orgaz (Toledo) ... (Página17)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/003232
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la continuidad del Programa de Auxiliares de Conversación ... (Página19)
161/003235
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso a los talleres de diseño y trabajo del cuero como enclaves culturales y artísticos ... (Página21)
Comisión de Industria y Turismo
161/003227
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa, modernización y fortalecimiento de la industria del calzado en España ... (Página23)
161/003229
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la coordinación estatal ante la situación del Grupo Industrias Losán y Aserpal ... (Página25)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003209
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al refuerzo de la coordinación institucional y de las herramientas disponibles frente al fuego bacteriano en frutales de pepita ...
161/003220
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el control y trazabilidad de los alimentos que contienen trufa ... (Página29)
161/003221
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas para reconocer las poblaciones naturales de la almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) en zonas del litoral español y
singularmente en Galicia ... (Página31)
161/003222
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la autorización excepcional para el uso de materias activas para combatir la proliferación de plagas y enfermedades del tomate ...
161/003223
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en defensa de la proteína animal y la ganadería española ... (Página35)
161/003224
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de las legumbres españolas ... (Página37)
161/003230
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la autorización excepcional de herramientas fitosanitarias para el control del pulgón en los cultivos agrícolas ...
161/003231
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del sector del ovino y del vacuno dentro de las negociaciones del futuro acuerdo comercial entre la Unión Europea y Australia ...
161/003233
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del sector citrícola español, la reciprocidad en las importaciones agrarias y el impulso del consumo de cítricos nacionales ...
161/003236
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la tramitación y contenido de la modificación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas,
y la necesaria transparencia, adecuación legal y seguridad jurídica ... (Página46)
161/003245
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la dieta mediterránea y a la mejora de la información alimentaria al consumidor ... (Página48)
161/003247
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas urgentes para mitigar el encarecimiento de los costes de producción agrarios, especialmente de los fertilizantes ...
161/003248
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la adopción urgente de medidas extraordinarias que garanticen la viabilidad económica de la flota pesquera española frente al incremento de los costes
energéticos ... (Página52)
Comisión de Política Territorial
161/003210
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al refuerzo de los mecanismos de cooperación interadministrativa en materia de vivienda y políticas urbanas ... (Página54)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003234
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en Deltebre (Tarragona) ... (Página56)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/003240
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción de medidas para proteger el acceso de los españoles a la vivienda ante el impacto de la crisis energética, la subida de tipos de interés y la presión de
la demanda extranjera ... (Página57)
Comisión de Cultura
161/003216
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la protección de la torre Alminar de la Iglesia de Villanueva de Jalón (Zaragoza) ... (Página58)
Comisión de Sanidad
161/003207
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España ... (Página60)
161/003217
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los cánceres ginecológicos ... (Página64)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003228
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la efectividad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ... (Página66)
Comisión de Igualdad
161/003237
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación de un Plan para la promoción de las mujeres en el medio rural ... (Página68)
161/003249
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la salvaguarda de los principios de igualdad y no discriminación en las subvenciones públicas destinadas a entidades feministas ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Constitucional
181/001700
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre necesidad de apostar por la gestión compartida del Pazo de Meirás en la que, como mínimo, participen la Xunta de Galicia, el Gobierno y el Ayuntamiento de Sada, y su
gestión mediante un convenio de colaboración en el que deben incluirse compromisos de financiación y las aportaciones de cada institución ... (Página74)
181/001701
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de transferir a Galicia el Pazo de Meirás, bajo la fórmula de cesión modal, en la que se debe garantizar la titularidad y el uso público, centrados en
los contenidos relacionados con la memoria histórica democrática y con la represión franquista, así como la complementariedad de la vinculación con la vida y obra de Emilia Pardo Bazán ... (Página74)
181/001702
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre valoración del Gobierno en relación con la obligación de indemnización fijada en favor de la familia del dictador Franco, que disfrutó del Pazo de Meirás después de ser
expoliado y robado al pueblo gallego, así como de la omisión de la imposición de responsabilidades por décadas de uso indebido ... (Página75)
181/001705
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de incluir como víctimas de la dictadura franquista a las comunidades de los montes vecinales en mano común, otorgándoles esta condición reconocida en el
artículo 3.5 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, por la represión y el saqueo sufridos, así como desplegar todos los efectos previstos en la ley para declarar nulos y sin efecto, de pleno derecho, todos los actos y
transacciones jurídicas realizadas en los montes vecinales hasta 1980 ... (Página75)
Comisión de Interior
181/000033
Pregunta formulada por los Diputados Pedro Luis Huguet Tous (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre razones que llevaron al Ministro del Interior a afirmar que «no hace falta ser jurista para
saber qué es terrorismo o no» el mismo día en que el Fiscal del Supremo se opuso a abrir una investigación contra Puigdemont por posibles delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic.
Retirada ... (Página76)
181/000055
Pregunta formulada por los Diputados Manuel Cobo Vega (GP), García Adanero, Carlos (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP) y Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), sobre dispositivo que diseñó e instrucciones que trasladó la
Delegación del Gobierno con motivo de las movilizaciones agrarias del día 21/02/2024 en la Comunidad de Madrid.
Retirada ... (Página76)
181/001575
Pregunta formulada por los Diputados Antonio Martínez Gómez (GP) y Navarro Lacoba, Carmen (GP), sobre actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio del Interior, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para la prevención
y disuasión del robo del cableado eléctrico en la provincia de Albacete y medidas adoptadas en los casos de consumación.
Retirada ... (Página76)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001703
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre actual estado de las dependencias de la antigua estación de Vilavella en A Mezquita, avances en las actuaciones de reforma y motivos por los que aún no se han destinado al
alquiler gran parte de los inmuebles ni se ha abierto al público el albergue ... (Página76)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/001704
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre consideración que hace el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Lugo y que formaliza la candidatura al 2% Cultural del
Proyecto de rehabilitación del antiguo cuartel de San Fernando para convertirlo en el Museo de la Romanización de Galicia ... (Página77)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/001699
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre estado de tramitación de las obras de mejora o rehabilitación de cada uno de los edificios del IEO de Vigo, tanto la de las dependencias principales como el proyecto de
construcción de la nueva planta de cultivo, que cuenta con autorización municipal para el derrumbamiento de las actuales instalaciones desde octubre de 2025 ... (Página77)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/035554
Autor: Rivera Arias, Engracia Situación en torno a la titularidad y gestión de las 91 viviendas sociales de La Alcarrachela (Écija), así como sobre la existencia de deudas tributarias de la empresa propietaria con la Hacienda pública ...
(Página78)
184/036183
Autor: Rivera Arias, Engracia Alonso Cantorné, Fèlix Mecanismos de control o supervisión que contempla el Gobierno para garantizar que la población rural pueda mantener el acceso a servicios bancarios básicos teniendo en cuenta el cierre de
oficinas y la disminución de atención presencial, así como calendario previsto para la puesta en marcha efectiva de servicios financieros básicos a través de Correos ... (Página79)
184/036310
Autor: Cruset Domènech, Josep Maria Inicio de un nuevo expediente de delimitación del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Deltebre pocos meses después de la caducidad de un procedimiento anterior ...
184/036612
Autor: Cofiño Fernández, Rafael Creación de especialidades docentes en lenguas no cooficiales que cuenten con reconocimiento jurídico e implantación curricular ... (Página84)
Secretaría General
292/000027
Convocatoria interna de 17 de marzo de 2026 para la provisión, entre el personal laboral del Congreso de los Diputados, de dos plazas de Médico/a con destino en el Gabinete Médico de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la
Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Convocatoria ... (Página86)
Designación de los miembros de la Comisión de Selección ... (Página99)
292/000028
Convocatoria interna de 17 de marzo de 2026 para la provisión, entre el personal laboral del Congreso de los Diputados, de dos plazas de Enfermero/a (DUE) con destino en el Gabinete Médico de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno
Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. Convocatoria ... (Página99)
Designación de los miembros de la Comisión de Selección ... (Página113)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/003215
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento institucional de Antonio Ortega Gutiérrez y a
la promoción de actuaciones de memoria democrática en el ámbito del deporte, para su debate en la Comisión de Constitucional.
Exposición de motivos
Antonio Ortega Gutiérrez fue presidente del Madrid Foot Ball Club entre 1937 y 1938, en un momento dramático de la historia de España marcado por la guerra y la defensa de la legalidad republicana. Tras la victoria franquista, fue detenido,
sometido a la represión de la dictadura y fusilado en 1939. Diversas investigaciones y trabajos memorialistas sitúan sus restos en la fosa número 9 del cementerio de Alicante, junto a otras víctimas del terror franquista.
Su figura constituye un ejemplo particularmente elocuente de una doble desmemoria. Por una parte, la que durante décadas ha recaído sobre miles de víctimas de la represión franquista, privadas de verdad, justicia, reparación y
reconocimiento público. Por otra, la que ha afectado al propio ámbito deportivo, donde con demasiada frecuencia se ha pretendido separar la historia de los clubes, entidades y competiciones de la realidad política y represiva que atravesó el país.
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, proclama el deber de las instituciones públicas de impulsar medidas de reconocimiento, reparación moral, localización e identificación de víctimas, así como la dignificación de los
lugares de memoria democrática. Esa obligación no debe detenerse a las puertas del deporte, que forma parte del patrimonio social, cultural y democrático de nuestro país.
La recuperación de la memoria de Antonio Ortega Gutiérrez no responde únicamente a una exigencia historiográfica. Responde también a un deber democrático elemental: reconocer a quienes fueron represaliados por el franquismo y poner fin al
silencio que todavía pesa sobre tantas trayectorias truncadas. Asimismo, resulta procedente promover la colaboración de las instituciones deportivas y, singularmente, del Real Madrid Club de Fútbol, para que asuman con normalidad democrática esta
parte de su propia historia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional de SUMAR presenta la
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en colaboración con las administraciones competentes y las entidades memorialistas, las actuaciones necesarias para favorecer la localización, exhumación, identificación y dignificación de los restos de Antonio Ortega Gutiérrez
en la fosa número 9 del cementerio de Alicante, conforme a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
2. Promover, en colaboración con el Real Madrid Club de Fútbol, un acto de reconocimiento institucional público de Antonio Ortega Gutiérrez como presidente del Madrid Foot Ball Club y como víctima de la represión franquista.
3. Impulsar, a través del Consejo Superior de Deportes, iniciativas de memoria democrática en el ámbito del deporte, en colaboración con federaciones, clubes y otras entidades deportivas, para la recuperación y difusión de la historia de
hombre y mujeres deportistas, ex deportistas, equipos directivos y de trabajo del deporte represaliados por la dictadura.
4. Promover, en colaboración con las distintas federaciones deportivas, proyectos de investigación, divulgación y archivo sobre la represión franquista en el deporte español, la brecha de género y sobre quienes defendieron los valores
democráticos desde la práctica deportiva o la dirección de entidades deportivas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2026.Nahuel González López y Laura Vergara Román, Diputados.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/003246
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la transferencia del Pazo de Meirás a Galicia, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El 11 de marzo de 2026 fue publicada la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la sentencia de la Audiencia de A Coruña en relación con la propiedad pública del Pazo de Meirás y la exigencia de devolución de la posesión por la familia
Franco. Así, la Sala Primera desestimó todos los recursos interpuestos, pero introdujo un nuevo pronunciamiento, pues reconoce a la familia del dictador Franco, que venía utilizando sin coste los bienes expoliados, el derecho a ser indemnizada por
los gastos realizados en el Pazo durante el tiempo de su posesión.
Esta cuestión indemnizatoria merece el firme y rotundo rechazo del BNG, pues implica la compensación económica a quienes robaron, expoliaron y disfrutaron durante más de 40 años de un bien que debería ser público. Este beneficio que obtiene
la familia Franco forma parte de toda la trama de intereses y connivencias que el Estado, empezando por la Casa Real, tuvo con la familia del dictador y deja en muy mal lugar la «Transición española», caracterizada por el olvido y la impunidad.
Sin embargo, esta parte de la resolución no desmerece la importancia histórica que tiene la sentencia, punto culminante de un largo proceso de movilización, investigación y
lucha del pueblo gallego, encabezado por las organizaciones memorialistas que, durante mucho tiempo en silencio y en solitario, iniciaron la reclamación de la devolución del Pazo.
La confirmación definitiva de la propiedad pública del Pazo de Meirás es una conquista colectiva y un gran logro democrático. Después de décadas de abuso y expolio, este inmueble, que fue declarado BIC en el año 2008, dejó de ser un lugar
de impunidad y apología de la dictadura para convertirse en un bien de titularidad y uso público.
Este logro histórico debe ser el punto de partida de una nueva fase, en la que se determine el modelo de gestión y los contenidos y usos del predio. La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el Pazo de Meirás hace necesario avanzar
en las gestiones para la transferencia del conjunto a Galicia y garantizar los usos centrales relacionados con la memoria histórica democrática.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Una vez depurada la situación jurídica registral, incoar y resolver el expediente de cesión del Pazo de Meirás a la Xunta de Galicia bajo la condición de cesión modal.
Esta cesión modal debe garantizar la titularidad y el uso público, asociados a la centralidad de los contenidos relacionados con la memoria histórica democrática y con la represión franquista, así como la complementariedad con la vinculación
a la vida y obra de Emilia Pardo Bazán.
2. En el marco de la citada cesión modal y de su ejecución, garantizar y asegurar la gestión pública compartida interadministrativa, en la que al menos participen la Xunta, la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Sada,
gestión que se instrumentará mediante un convenio de colaboración en el que se incluyan los compromisos de financiación y las aportaciones de cada administración.
3. Garantizar y asegurar la participación de la sociedad gallega en la definición de los usos y en la gestión de este lugar de memoria, contando de manera expresa y principal con la implicación de las entidades memorialistas que fueron
decisivas en el proceso de recuperación del Pazo de Meirás.
4. Dar las instrucciones oportunas a la Abogacía del Estado para que en el incidente de ejecución de sentencia de liquidación del estado posesorio se combatan activamente en dicho proceso las pretensiones de los herederos del dictador a los
efectos de evitar o limitar el importe resultante de la liquidación y su enriquecimiento injusto.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á transferencia do Pazo de Meirás á Galiza para o seu debate na Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
O 11 de marzo de 2026 foi publicada a sentenza do Tribunal Supremo que confirma a sentenza da Audiencia da Coruña en relación coa propiedade pública do Pazo de Meirás e a exixencia de devolución da posesión pola familia Franco. Así, a Sala
Primeira desestimou todos os recursos interpostos, mais introduciu un novo pronunciamento pois
recoñece que a familia do Ditador Franco, que veu utilizando sen custo os bens espoliados, o dereito a ser indemnizados polos gastos realizados no Pazo no tempo da súa posesión.
Esta cuestión indemnizatoria merece o firme e rotundo rexeitamento do BNG, pois implica a compensación económica a quen roubou, espoliou e gozou durante máis de 40 anos dun ben que debera ser público. Este beneficio que obtén a familia
Franco forma parte de toda a trama de intereses e connivencias que o Estado, a comezar pola Casa Real, tivo coa familia do Ditador e deixa quedar en moi mal lugar a «Transición española», caracterizada polo esquecemento e a impunidade.
Porén, esta parte da resolución, non desmerece a importancia histórica que ten a sentenza, punto culminante dun longo proceso de mobilización, investigación e loita do pobo galego, encabezado polas organizacións memorialistas que, durante
moito tempo en silencio e en solitario, iniciaron a reclamación da devolución do Pazo.
A confirmación definitiva da propiedade pública do Pazo de Meirás é unha conquista colectiva e un grande logro democrático. Despois de décadas de abuso e espolio este inmóbel, que foi declarado BIC no ano 2008, deixou de ser un lugar de
impunidade e apoloxía da Ditadura para converterse nun ben de titularidade e uso público.
Este logro histórico debe ser o punto de partida dunha nova fase, na que se determine o modelo de xestión e os contidos e usos do predio. A recente sentenza do Tribunal Supremo sobre o Pazo de Meirás fai necesario avanzar nas xestións para
a transferencia do conxunto á Galiza e garantir os usos centrais relacionados coa memoria histórica democrática.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Unha vez depurada a situación xurídica rexistral, incoar e resolver expediente de cesión do Pazo de Meirás á Xunta da Galiza baixo a condición de cesión modal.
Esta cesión modal debe garantir a titularidade e uso públicos, asociados á centralidade dos contidos relacionados coa memoria histórica democrática e coa represión franquista e a complementariedade da vinculación coa vida e obra de Emilia
Pardo Bazán.
2. No marco da citada cesión modal e da súa execución, garantir e asegurar a xestión pública compartida inter-administrativa, na que cando menos participen a Xunta, a administración xeral do Estado, e o concello de Sada, xestión que se ve
instrumentalizará mediante un convenio de colaboración no que se inclúan os compromisos de financiamento e as achegas de cada administración.
3. Garantir e asegurar a participación da sociedade galega na definición dos usos e na xestión deste lugar de memoria democrática, contando de maneira expresa e principal coa implicación das entidades memorialistas que foron decisivas no
proceso de recuperación do Pazo de Meirás.
4. Dar as instrucións oportunas á avogacía do Estado para que no incidente de execución de sentenza de liquidación de estado posesorio se combata activamente no dito proceso as pretensións dos herdeiros do ditador aos efectos de evitar ou
limitar o importe resultante da liquidación e seu enriquecemento inxusto.»
En Madrid, a 20 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Teófilo Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la condena de la dictadura comunista cubana, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. El colapso del régimen cubano.
La dictadura comunista cubana está en caída libre económica y social, agravada drásticamente tras el cese del suministro de combustible desde Venezuela a inicios de 20261: se han implementado jomadas laborales de cuatro días2, el transporte
público y el suministro de combustible han sido reducidos drásticamente fruto de un plan de contingencia3, y los apagones constantes impiden incluso el bombeo de agua potable. En el ámbito sanitario, la situación es crítica debido a la detención de
cirugías oncológicas y la falta de insumos básicos para enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. La situación es tan devastadora que la desnutrición ha provocado que sean habituales los desmayos y cuadros de fatiga extrema entre
los alumnos que acuden a clase. Según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en 2025 el 89 % de los hogares cubanos vivía en pobreza extrema4.
En este escenario, el régimen cubano ha promulgado el Decreto-Ley 114 del 10 de diciembre de 2025 que regula la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales (Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria N.° 24 de 3
de marzo de 2026), lo que supone un reconocimiento implícito del fracaso absoluto de décadas de planificación centralizada socialista.
Segundo. El régimen cubano como epicentro de la desestabilización regional y la tibieza de la Unión Europea.
El régimen castrista es la cabeza de la serpiente de un entramado criminal que utiliza el terrorismo y el narcotráfico para desestabilizar la Iberosfera. A través de estructuras como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, La Habana
exporta su agenda ideológica para socavar las democracias y el Estado de Derecho, fomentando el terrorismo y el narcotráfico en todo el continente americano y en el mundo, así como el lavado de dinero para organizaciones criminales.
El asalto al Cuartel Moncada en 1953 marcó el inicio del Movimiento 26 de Julio, que utilizó el terrorismo urbano y la guerrilla como medios para alcanzar el poder en Cuba. Tras el triunfo revolucionario de 1959, Fidel Castro impulsó la
exportación del modelo cubano al exterior mediante acciones armadas, apoyo a guerrillas y vínculos con grupos terroristas en América, África y Oriente Medio, incluyendo el Frente de Liberación Nacional argelino, Hamás y Hezbolá. Con el respaldo de
la Unión Soviética, Cuba 1 https://www.eldebate.com/internacional/20260213/cuba-caida-libre-ninos-desmayan-...
2 https://www.trtespanol.com/article/02291a8663ee
3 https://www.infobae.com/america/america-latina/2026/02/21/crisis-en-cuba-el-tran...
4 https://observacuba.org/informe-anual-2025-represion-interna-transnacional-respu...
desarrolló un potente aparato militar y extendió su influencia internacional, colaborando con el narcotráfico tras la caída del bloque soviético, como acredita un informe desclasificado de la CIA. A lo largo de las décadas, el terrorismo
pasó de ser una táctica de guerra a una herramienta política para sostener y proyectar el régimen comunista, que aún hoy mantiene relaciones con organizaciones extremistas y se presenta como bastión del antiimperialismo frente a Occidente5.
Resulta especialmente grave la connivencia de la Comisión Europea. Su tibieza ha permitido que el dinero de los contribuyentes europeos siga fluyendo hacia el régimen sin exigir reformas estructurales, financiando así los aparatos
represivos que intimidan a la población y operan activamente contra la seguridad de Occidente. Se estima que el régimen castrista ha recibido 125 millones de euros en los últimos doce años. Lejos de aliviar la situación del pueblo, estos fondos
han servido para alimentar a grupos que intimidan a la población.
Así, la Comisión Europea continúa movilizando fondos y ofreciendo apoyo financiero sin condicionarlos a reformas estructurales o al respeto de las libertades básicas. Todo ello pese al incumplimiento sistemático del Acuerdo de diálogo
político y de cooperación con Cuba, que prevé en el apartado b) de su artículo 85.3 que una infracción de los elementos esenciales del Acuerdo, tal y como dice el artículo 1.5, se considerará como «infracción importante» del mismo, y, por ende,
constituirá el fundamento de su «suspensión». Ya en la introducción del texto las partes supuestamente reafirman «su respeto a los derechos humanos universales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos
internacionales pertinentes sobre derechos humanos», y recuerdan su «compromiso con los principios reconocidos de la democracia, de la buena gobernanza y del Estado de Derecho»6. Así, la Comisión Europea podría aplicar la conocida como «cláusula
democrática», esto es, ante el incumplimiento del régimen castrista de lo estipulado en el Acuerdo y en aplicación del citado artículo 85, suspender el mismo.
El OCDH contabilizaba en su informe anual más de 3.000 las acciones represivas contra la población civil en Cuba y 800 presos políticos en el año 20257. Solamente en febrero de 2026 han registrado 231 acciones represivas, entre detenciones
arbitrarias y abusos del régimen8. Todo ello sin que la Unión Europea ni el Gobierno de España hagan nada al respecto.
Tercero. Conclusión.
Es imperativo que el Gobierno promueva la condena de la dictadura comunista cubana en el momento en que su colapso parece más próximo que nunca. Asimismo, debe promover las acciones necesarias en defensa del pueblo cubano que lleva cerca de
siete décadas sufriendo los efectos de una revolución basada en el terrorismo y cuyo método el terror como herramienta política ha sido dramáticamente exportado a lo largo y ancho del mundo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a promover las siguientes medidas:
1. Proceder a la suspensión y denuncia del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la 5 Las múltiples caras del terrorismo en Cuba, INFORME | CEU-CEFAS, abril de 2025.
6 Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro.
7 https://observacuba.org/informe-anual-2025-represion-intema-transnacional-respue...
8 https://observacuba.org/informe-febrero-acciones-represivas-cuba/
República de Cuba, con arreglo a las previsiones contenidas en el artículo 85 del mismo Acuerdo.
2. La aprobación por el Consejo de la Unión Europea de decisión y reglamento de medidas restrictivas (sanciones) contra la República de Cuba y
a) las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Cuba,
b) las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos cuyas acciones, políticas o actividades socaven de otra forma la democracia o el Estado de Derecho en Cuba, y así como
c) las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos asociados a las personas y entidades mencionadas anteriormente.
3. Liderar en la Unión Europea y en los foros internacionales una estrategia coordinada de presión política, económica y diplomática destinada a favorecer el fin del régimen socialista cubano.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Alberto Asarta Cuevas, Carlos Flores Juberías y José María Sánchez García, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para potenciar la difusión del español en la República de Filipinas, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Según el informe titulado «El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2025»1, actualmente en Filipinas hablan español alrededor de 6.834 personas con competencia nativa, y unas 547.696 poseen una competencia limitada en el
idioma. Así pues, en 2025 la población de la República de Filipinas era de 113,9 millones de personas2 y a fecha de marzo de 2026,117,4 millones3. Por tanto, los hablantes del español tan solo representarían un exiguo 0,48 % de la población total
filipina, porcentaje minúsculo teniendo en cuenta el gran tamaño de la población de ese país y la importancia y expansión que tuvo el español en el pasado en estos territorios.
Así, la situación y presencia del español como idioma en el archipiélago filipino es cada día más precaria, y aunque los idiomas locales gozan de grandes influencias de nuestra lengua, esta viene perdiéndose cada vez más. El español es una
lengua actualmente en expansión en buena parte del mundo, que viene ganando importancia en prácticamente todas las regiones del globo, al contrario de lo que ha sucedido en Filipinas. Así, se calcula que para 2050 lo hablarán 756 millones de
personas, y será, junto con el hindi, uno de los idiomas que más crezca, en contraste con el inglés y el 1 https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario 25/el_español_en_el_mundo_anuari...
2 https://es.tradingeconomics.com/philippines/population
3 https://www.worldometers.info/es/poblacion-mundial/poblacion-filipinas/
chino que decrecerán demográficamente. En definitiva, existe una gran cantidad de ventajas derivadas del conocimiento y uso del español, por lo que su promoción y desarrollo en Filipinas puede ser muy beneficioso desde distintos puntos de
vista, especialmente el cultural y el económico, tanto para el archipiélago filipino como para España.
Mediante la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto «Cervantes» como parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y dependiente de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. En
particular, los artículos 3 y 4 de esta ley establecen como fines del Instituto Cervantes y los siguientes: a) Promover umversalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y fomentar cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y la
mejora de la calidad de estas actividades; b) Contribuir a la difusión de la cultura en el exterior en coordinación con los demás órganos competentes de la Administración del Estado.
Asimismo, en sus actividades, el Instituto Cervantes («Cervantes») atenderá fundamentalmente al patrimonio lingüístico y cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad hispanohablante. Además, para el cumplimiento de sus
fines, el Cervantes, podrá:
1. Crear centros, promover y organizar cursos para la enseñanza del español. 2. Organizar las pruebas de verificación del conocimiento del español, para la obtención de los diplomas oficiales expedidos por el Ministerio de Educación y
Ciencia, en los términos que este regule. 3. Fomentar y realizar acciones encaminadas a la difusión del español, en particular a través de los medios de comunicación social y medios audiovisuales, a la formación del profesorado y a la edición de
materiales de apoyo a la enseñanza de la lengua. 4. Fomentar la investigación del español y su enseñanza y actuar como órgano de cooperación y asistencia para los hispanistas y centros extranjeros de investigación.
En igual sentido, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, establece como directriz la promoción y difusión del castellano y demás lenguas españolas, y, en general, cuantas medidas puedan contribuir a
facilitar a los españoles el acceso a la educación en el extranjero y a potenciar la proyección de la educación y la cultura españolas en el exterior.
En línea con todo lo anterior, resulta perentorio señalar que el Instituto Cervantes cuenta con un centro en Manila, capital de Filipinas, que debería ser potenciado al objeto de fomentar la enseñanza y difusión del español en este país. En
definitiva, existe dentro del ordenamiento jurídico español el marco legal e institucional necesario para proceder, desde el Instituto Cervantes, a la promoción y defensa del español en Filipinas, tan solo a falta de la necesaria voluntad de llevar
a cabo tal política.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar y desarrollar las capacidades y programas del Instituto Cervantes con el objeto de potenciar, fomentar, enseñar y divulgar el español en la República de Filipinas, dotándolo de todos
los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo tal labor.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Asarta Cuevas, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Justicia
161/003242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación penitenciaria de
la prisión permanente revisable, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La noticia sobre la aplicación al asesino etarra Garikoitz Aspiazu Rubina «Txeroki» del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario ha causado la indignación de la sociedad. Dicho precepto permite, bajo el «principio de flexibilidad», la
ejecución de la pena combinando aspectos de los tres grados: por ejemplo, que un penado clasificado en segundo grado (que corresponde con el régimen ordinario) cumpla su condena con características del tercer grado (que corresponde con el régimen
abierto).
Pero además de la aplicación del régimen el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario ha trascendido que los presos de ETA clasificados en tercer grado se están beneficiando, en el País Vasco, de la interpretación más favorable posible del
artículo 86, que regula las salidas del establecimiento. Dicho precepto establece que el tiempo mínimo de permanencia en la prisión es de ocho horas al día, debiendo, además, dormir en ella. Pero, el propio artículo permite que esa obligación de
pasar parte del día en la cárcel se pueda eludir si el interno acepta que se le coloquen dispositivos de control telemáticos de control, como las pulseras. La prensa ha informado estos días de que cerca de sesenta etarras ni tan siquiera pasan la
noche en prisión y están en sus casas con uno de estos dispositivos. Esta interpretación de la regulación penitenciaria burla por la vía de la ejecución de la condena la regla de cumplimiento efectivo de las penas impuestas por los tribunales por
la comisión de delitos de terrorismo, lo que no resulta admisible.
Aunque estos terroristas no fueron condenados a prisión permanente revisable (pues dicha pena se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico en 2015), esta situación ha alertado también sobre la necesidad de modificar la legislación
penitenciaria en lo que respecta al acceso a beneficios de los condenados a esta pena.
El Grupo Parlamentario Popular ha defendido históricamente una política criminal basada en la firmeza del Estado de Derecho, la protección de las víctimas y la garantía de la seguridad ciudadana. En este marco se inscribe la pena de prisión
permanente revisable, prevista para los delitos de extrema gravedad que causan un daño irreparable a la sociedad y quiebran de forma radical la convivencia.
La introducción de esta pena en el Código Penal respondió a una demanda social legítima y a la necesidad de que los crímenes más graves reciban una respuesta penal proporcionada, eficaz y respetuosa con la Constitución. El Tribunal
Constitucional ha avalado su constitucionalidad, destacando su carácter revisable y su adecuación a los principios de reinserción y humanidad de las penas.
No obstante, la actual regulación penitenciaria presenta importantes carencias en relación con la ejecución de la prisión permanente revisable. La ausencia de una previsión expresa en la Ley Orgánica General Penitenciaria sobre el acceso al
tercer grado, los beneficios penitenciarios y el papel de las autoridades penitenciarias ha generado incertidumbre jurídica y el riesgo de interpretaciones que vacíen de contenido esta pena excepcional.
El legislador fue claro al establecer un período mínimo de cumplimiento efectivo entre 25 y 35 años, según los casos como presupuesto imprescindible para cualquier revisión de la condena. Permitir que, antes de ese plazo, puedan
concederse
beneficios penitenciarios diseñados para el régimen ordinario de cumplimiento supondría una desnaturalización de la pena y una quiebra del principio de proporcionalidad.
Desde el respeto al principio constitucional de reinserción, el Grupo Parlamentario Popular considera que este no puede interpretarse de forma automática ni desvinculado de la gravedad del delito cometido. La reinserción debe ser una
posibilidad real, pero condicionada siempre al cumplimiento efectivo de la condena y a la existencia de un pronóstico sólido y contrastado de no reincidencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para incorporar una regulación específica y diferenciada de la prisión permanente revisable y, en particular:
a) Introducir en el artículo 72 una referencia expresa a los penados por delitos castigados con prisión permanente revisable.
b) Reformar el artículo 76 para delimitar las competencias de la Sección de Vigilancia Penitenciaria.
c) Regular expresamente la prohibición de conceder beneficios penitenciarios antes del cumplimiento del plazo mínimo legal.
d) Garantizar que la revisión de la condena solo pueda acordarse cuando exista un pronóstico inequívocamente favorable de reinserción.
2. Proceder a la modificación del Capítulo II (Clasificación de penados) del Título IV (De la separación y clasificación de los internos) del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, para
impedir que los condenados por terrorismo puedan beneficiarse de un modelo de ejecución de la pena combinando aspectos característicos del segundo y tercer grado previstos en el artículo 100.2.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Fernando de Rosa Torner, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, María Jesús Moro Almaraz, Macarena Lorente Anaya, Daniel Pérez Osma, Rafael
Benigno Belmonte Gómez, Isabel María Borrego Cortés, María Eugenia Carballedo Berlanga, Agustín Conde Bajén, Javier Noriega Gómez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Álvaro Pérez López y José Manuel Velasco Retamosa, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/003214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las actuaciones necesarias
en la N-122, en concreto las variantes de Tarazona y de Borja-Maleján, así como la ejecución de los tramos pendientes de la A-15, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La adecuada planificación y ejecución de las infraestructuras viarias del Estado constituye una obligación ineludible para garantizar la seguridad vial, la cohesión territorial y el desarrollo económico y social de los territorios. En este
sentido, la carretera N-122 desempeña un papel esencial como eje vertebrador entre Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y el conjunto del Valle del Ebro.
La intensidad del tráfico que soporta, incluyendo un elevado porcentaje de transporte pesado, exige actuaciones inmediatas y decididas que permitan modernizar su trazado, aliviar las cargas que hoy soportan los núcleos urbanos atravesados
por la vía y mejorar la movilidad tanto de los ciudadanos como de las mercancías. Allí donde dicha adecuación no se ha producido, persisten problemas de congestión, riesgos graves para la seguridad de peatones y conductores, deterioro del entorno
urbano y obstáculos evidentes para el desarrollo socioeconómico de la zona.
En este contexto, la construcción de la variante de Borja-Maleján representa una reivindicación histórica, ampliamente avalada y plenamente justificada. La travesía actual de la N-122 atraviesa el casco urbano de Borja soportando un tráfico
muy intenso que genera graves problemas de seguridad, contaminación acústica y atmosférica y una pérdida evidente de calidad de vida para los vecinos. Existen puntos del trazado donde no caben dos vehículos pesados, ni siquiera un vehículo pesado y
uno convencional, lo que incrementa los riesgos y dificulta la circulación. Esta situación limita las posibilidades de desarrollo económico, turístico y comercial del Campo de Borja, un territorio con un elevado potencial que necesita
infraestructuras modernas y adecuadas para crecer.
La ejecución de esta variante no es, por tanto, un proyecto accesorio o postergable: es una actuación urgente, necesaria y de interés general que responde tanto a criterios de seguridad vial como de vertebración territorial y justicia hacia
municipios que llevan años esperando una respuesta efectiva. Se lleva mucho tiempo bajo la misma excusa, se encuentra en fase de redacción del proyecto de trazado. La ciudadanía de la Comarca del Campo de Borja y su entorno no puede seguir
soportando riesgos y molestias que podrían y deberían haberse corregido hace tiempo.
De igual modo, la variante de Tarazona constituye otra actuación indispensable para garantizar la seguridad vial y el desarrollo equilibrado del territorio. El actual trazado de la N-122 obliga al tráfico de paso a atravesar el núcleo
urbano, generando congestión constante, incrementando los riesgos para peatones y conductores, aumentando los niveles de contaminación y creando una barrera física que dificulta la cohesión urbana.
En la práctica, el trazado actual fuerza a que muchos vehículos, especialmente cuando se dirigen hacia la N-121, utilicen calles del casco urbano debido a que la conexión existente entre la N-122 y la N-121 presenta puntos donde no caben dos
vehículos pesados, ni siquiera un vehículo pesado y uno convencional, debiendo hacerlo además por zonas de gran valor arquitectónico y patrimonial. Es urgente acometer la ejecución del proyecto de construcción de la variante de la N-121 a su paso
por Tarazona, cuyo proyecto de trazado fue aprobado el 28 de enero de 2010; sin embargo, su Declaración de Impacto Ambiental (Resolución del 13 de marzo de 2006) caducó.
Tarazona es además un municipio estratégico desde el punto de vista geográfico, administrativo y económico, al actuar como nexo natural entre Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León. Resulta incomprensible que, pese a que el trazado de
la variante fue aprobado en 2010, aún no se haya impulsado la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental, emitida en 2006 y actualmente caducada. Esta falta de avances supone un freno injustificado para un territorio cuyo potencial
económico, comercial y logístico está directamente vinculado a la mejora de sus accesos y conexiones.
La ejecución de la variante de Tarazona no solo mejorará la seguridad y la calidad de vida de sus ciudadanos, sino que reforzará la posición de la ciudad como nodo estratégico para la movilidad interregional y la actividad económica.
Asimismo, su planificación debe coordinarse con la futura plataforma logística proyectada por el
Gobierno de Aragón, en la zona de confluencia de la N121 con la A-15 con el fin de generar sinergias que impulsen el crecimiento y la competitividad de toda la zona.
A estas necesidades se suma la urgencia de culminar la Autovía A-15 en los tramos pendientes, especialmente el tramo que discurre, por la provincia de Zaragoza, por el término municipal de Tarazona y el enlace de Tarazona, parte fundamental
del corredor Medinaceli, Soria, Tarazona, Tudela. La A-15 es una infraestructura estratégica para garantizar una conexión moderna, segura y eficiente entre el corredor del Ebro y el centro peninsular.
El retraso acumulado en los tramos pendientes limita la competitividad de empresas y sectores productivos, perjudica la movilidad de los ciudadanos y debilita la cohesión territorial. La respuesta ofrecida por el Gobierno resulta claramente
insuficiente para un territorio que necesita certidumbre, inversión y compromisos concretos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir la ejecución de la variante de Borja-Maleján entre las actuaciones prioritarias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, acelerando la redacción del proyecto de trazado y dotándola de la financiación necesaria, dada
su relevancia para la seguridad vial y la vertebración territorial.
2. Agilizar la tramitación administrativa, técnica y ambiental de dicha variante, priorizándola dentro de la planificación estatal de infraestructuras.
3. Reactivar de manera urgente el proyecto de construcción de la variante de Tarazona, procediendo a la actualización inmediata de la Declaración de Impacto Ambiental actualmente caducada.
4. Priorizar la ejecución de esta infraestructura, dada su importancia para la seguridad vial, la mejora de la movilidad urbana y el desarrollo económico de Tarazona y su entorno.
5. Coordinar la planificación y ejecución de la variante de Tarazona con la futura plataforma logística proyectada por el Gobierno de Aragón, garantizando su adecuada conexión y favoreciendo la creación de actividad económica y empleo en la
zona.
6. Acelerar la redacción, aprobación y ejecución de los proyectos correspondientes a los tramos pendientes de la Autovía A-15, especialmente el tramo aragonés y el enlace de Tarazona, estableciendo un calendario público, concreto y
verificable para su inicio y finalización.
7. Garantizar la financiación plurianual necesaria para completar la totalidad del corredor de la A-15, dada su importancia estratégica para la vertebración territorial, la movilidad segura y el desarrollo económico del eje
Medinaceli-Soria- Tarazona-Tudela.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2026.Luis María Beamonte Mesa, Raúl Cuevas Larrosa y Pedro Navarro López, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la parada del tren en la Estación Mora-Orgaz (Toledo), para su debate en
la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La antigua estación de Mora-Orgaz, se encuentra en el punto kilométrico 90.074 de la línea Madrid-Ciudad Real-Badajoz. Estuvo en funcionamiento desde el 3 de febrero de 1879 hasta el 10 de enero de 1988, cuando fue clausurada por el inicio
de las obras del nuevo trazado Madrid-Sevilla de Alta Velocidad o Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía (NAFA). La estación de Mora y Orgaz tuvo un importante volumen de tráfico de pasajeros y mercancías dando servicio a todos los pueblos de la
comarca.
La estación Mora-Orgaz está situada a 90 km de Madrid y a 80 km de Ciudad Real, siendo un punto intermedio ideal para una nueva parada. Cabe recordar que, a pesar de atravesar algunas zonas densamente pobladas, el tramo Madrid-Ciudad Real
de la LAV Madrid-Sevilla es el tramo más largo de esta línea sin estaciones comerciales y que la ciudad de Toledo no tiene conexión hacia Andalucía, sin pasar por Madrid.
La posible captación de viajeros y viajeras, en la estación de Mora-Orgaz, es muy importante:
Los municipios más cercanos son Mora, Orgaz, Sonseca, Manzaneque, Mascaraque, Los Yébenes, Villaminaya y Marjaliza con un censo de 32.520 habitantes. Otras localidades para los que sería también una alternativa al transporte por carretera
son Almonacid de Toledo, Villanueva de Bogas, Mazarambroz, Ajofrín y Turleque que sumarían otros 6.333 habitantes.
Teniendo en cuenta la población de otras zonas de la provincia, como Toledo capital y toda la zona sur de la provincia, que usarían la Estación de Mora-Orgaz como estación de referencia para el acceso a Ciudad Real o Andalucía, sin tener que
pasar por Madrid, el número de posibles viajeros se multiplicaría exponencialmente.
La nueva vía de alta velocidad Madrid-Sevilla estableció en Mora un PAET (Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes) en el punto km. 89.5 (Coordenadas 39°41'23' N 3o48'11' W) a unos 300 metros al norte de la antigua estación.
Junto al PAET, también se ubica la Base de Mantenimiento de ADIF.
La nueva vía de alta velocidad Madrid-Sevilla estableció en Mora un PAET (Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes) en el punto km. 89.5 (Coordenadas 39°41'23' N 3o48'11' W) a unos 300 metros al norte de la antigua estación.
Junto al PAET, también se ubica la Base de Mantenimiento de ADIF.
La nueva estación puede situarse en el PAET señalado, (con una habilitación similar a la de la actual estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches), por tener las infraestructuras ya hechas (cuatro vías con andenes). También se dispone
de terrenos de Adif para adecuar este PAET a estación de viajeros, zona de aparcamiento, acceso por carretera ya construido y gran cercanía al núcleo urbano de Mora.
La cercanía a la Autovía de los Viñedos salida 24 y a la carretera CM 410 garantiza un fácil acceso no sólo desde Mora y Orgaz, sino desde toda la comarca y desde y hacia la ciudad de Toledo posibilitando una fácil intermodalidad y
operatividad de la estación.
También la actuación en caso de incidencias, como ya ha sucedido en varias ocasiones en estos casi 34 años de explotación de la línea.
Las frecuencias de trenes que transitan por la vía 010 Madrid-Sevilla, se han incrementado notablemente, tanto por el incremento de servicios operados por RENFE, como por la utilización de esta línea por trenes de otras empresas que se han
acogido a la liberalización de los servicios ferroviarios en España.
Para los servicios a operar en Mora-Orgaz, los trenes con posibles paradas podrían ser todos los que operan en Villanueva de Córdoba en largo recorrido, un porcentaje de entorno al 75-80 % de los servicios Avant que operan entre Puertollano,
Ciudad Real y Madrid y aquellos servicios de AVE, Altaría, Intercity, etc. que deseará operar RENFE. También, todos aquellos de las operadoras privadas IRYO y OUIGO, o cualquier otra que pudiera entrar a operar en esta línea.
Cabe señalar que desde la estación de Mora-Orgaz se podría operar de forma combinada con autobús, con diversos municipios como Orgaz, Los Yébenes, Sonseca, Toledo capital, potenciando su oferta de transportes y posibilitando su conexión en
transporte público con Andalucía, o la comarca de Madridejos y Consuegra, hasta que se les dote de conexión ferroviaria propia dentro del tramo «Mora-Alcázar» de la línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, tal y como estableció el Ministerio de
Fomento en 2008.
La reivindicación de las vecinas y los vecinos de la comarca de Mora y Orgaz para la apertura de esta estación está siendo cada vez más fuerte. Son muchas las personas que tienen que desplazarse diariamente a Madrid para trabajar o estudiar
o directamente; han optado por residir allí.
Al igual, sucede con otras ciudades, como Ciudad Real o Toledo. La movilización popular también está encontrando total apoyo de los ayuntamientos de la Comarca de Mora-Orgaz y se suma a otras reivindicaciones en defensa del ferrocarril en
la región.
En estos 38 años, desde el cierre de la estación de Mora-Orgaz, la comarca ha sufrido un grave retroceso por la despoblación, falta de desarrollo económico y la carencia de infraestructuras públicas ferroviarias que nos conecten con Madrid,
Ciudad Real o Andalucía, para encontrar alternativas laborales para el futuro de los vecinos y vecinas sin tener que abandonar estos pueblos.
Así mismo, con la construcción y puesta en funcionamiento del tramo «Mora-Alcázar» de la línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén y un acceso ferroviario desde la LAV Madrid-Sevilla, por el sur, a Toledo, se lograría prácticamente vertebrar por
ferrocarril por completo a Castilla-La Mancha.
Analizando estos datos, y desde la preocupación por la necesidad de tener acceso al transporte ferroviario desde la Estación Mora-Orgaz, como alternativa al transporte por carretera con saturaciones y colapsos que se producen en las entradas
de las grandes ciudades, principalmente Madrid y alrededores, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Analizar la viabilidad de adecuar el PAET de Mora como estación de viajeros Mora-Orgaz-Montes de Toledo, dando servicio a toda la comarca y a la ciudad de Toledo y zona sur de la provincia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2026.Fèlix Alonso Cantorné y Engracia Rivera Arias, Diputados.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/003232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la continuidad del Programa de Auxiliares
de Conversación, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El Programa de Auxiliares de Conversación es una iniciativa que desarrolla el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través de la Secretaría de Estado de Educación dentro del proyecto de cooperación internacional
educativa, con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza de lenguas extranjeras en España y favorecer la interacción cultural.
Los auxiliares, procedentes de muchos países, colaboran en las clases de lengua extranjera y en los programas bilingües y plurilingües para mejorar el nivel oral del alumnado de España. Y al mismo tiempo los estudiantes españoles van
destinados como auxiliares a centros de 17 países, donde colaboran con el profesorado de español en la adquisición y práctica de las destrezas orales por parte de los estudiantes.
Con este programa se promueve el conocimiento y la difusión de la lengua y cultura españolas en el exterior y, además, se posibilita que los participantes perfeccionen la competencia lingüística en el idioma del país de acogida.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes es quien convoca anualmente las plazas para la selección de auxiliares de conversación para todas las CCAA, quien realiza la selección de los estudiantes y también es el propio
Ministerio quien asigna y determina el número que corresponde a cada Comunidad Autónoma.
Las comunidades autónomas asumen, en su mayor parte, la financiación del programa, que es un pilar fundamental para la internacionalización de la educación no universitaria y la mejora de las competencias lingüística, plurilingüe y
pluricultural.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes es el que determina las condiciones en las que participan los auxiliares de conversación en la Administración autonómica y el encargado de la gestión de este colectivo, de modo que
las Comunidades Autónomas no tienen competencia alguna.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, desde la Inspección de Trabajo ha realizado actuaciones de oficio por la contratación de trabajadores extranjeros, y procedimientos de liquidación de deudas por cuotas de Seguridad
Social correspondientes a las personas Auxiliares de Conversación en Andalucía, Galicia y Aragón, lo que cuestiona la naturaleza de la relación de los auxiliares de conversación tal y como la tienen configurada los Ministerios de Educación,
Formación Profesional y Deportes y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, una configuración no laboral avalada por la Abogacía del Estado.
Galicia y Aragón, y otras Comunidades podrían renunciar al programa para el próximo curso ante la falta de seguridad jurídica. Andalucía abandonó el programa el año pasado, cuando fue sancionado por Trabajo con cinco millones de euros.
Otras autonomías también se plantean llegar a cancelar su colaboración si los obstáculos persisten. El número de participantes varía, según la disponibilidad de las comunidades autónomas y de los países que colaboran.
El año pasado un total de 7.140 auxiliares de conversación nativos ayudaron a los alumnos de toda España a mejorar sus habilidades de expresión oral en inglés, francés, alemán, italiano o portugués, que podría reducirse drásticamente.
La falta de coordinación y lealtad institucional ha reventado la continuidad de estos programas, dejando a los auxiliares en un limbo jurídico y a los alumnos desprovistos de una herramienta muy útil para la mejora de los niveles de
comprensión y expresión oral del alumnado de lenguas extranjeras.
La propuesta de creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Educación, para analizar cada caso y ofrecer garantías y seguridad para el correcto desarrollo del programa, no parece ser la solución
al asunto.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza de lenguas extranjeras en España a:
1. Determinar, con carácter urgente, la necesaria coordinación entre los diferentes Ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes, Asuntos Exteriores Unión Europea, y el Ministerio de Trabajo y Economía Social para velar por la
continuidad del Programa de Auxiliares de Conversación en condiciones de seguridad jurídica.
2. Resolver cada uno de los expedientes de infracción que se iniciaron en las Comunidades Autónomas de auxiliares de conversación, procediendo a su archivo o, en su caso, al reintegro correspondiente de los ingresos reclamados y abonados.
3. Asimismo, y en aras a dotar de seguridad jurídica al Programa de Auxiliares de Conversación, se dictará por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social la correspondiente instrucción a la Inspección de Trabajo de resolución de la
consideración de relación no laboral de los auxiliares de conversación del Programa en los centros educativos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Óscar Clavell López y Jaime Miguel de los Santos González, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso a los talleres de
diseño y trabajo del cuero como enclaves culturales y artísticos, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La artesanía del cuero en España tiene sus orígenes en la Antigüedad, vinculada al aprovechamiento de la ganadería y a las primeras necesidades de abrigo, transporte y uso cotidiano. Ya en época romana existían talleres especializados en
curtido y manufactura de pieles, integrados en la economía urbana y militar del territorio.
Durante la Edad Media, y especialmente a partir de la presencia andalusí, el trabajo del cuero alcanzó un alto grado de desarrollo técnico y artístico. Ciudades como Córdoba, Toledo o Sevilla se convirtieron en centros de referencia por la
calidad de sus curtidos y por técnicas como el cordobán y el guadamecí, que combinaban funcionalidad y ornamentación, y que gozaron de gran prestigio en Europa.
A partir de los siglos XV y XVI, los gremios regularon la producción y transmisión del oficio, garantizando la calidad y el conocimiento técnico. El cuero se aplicó tanto a usos cotidianos como a ámbitos artísticos, religiosos y cortesanos,
consolidándose como una artesanía de alto valor cultural.
Con la industrialización de los siglos XIX y XX, el sector del cuero vivió un proceso de transformación que combinó producción mecanizada y pervivencia de talleres artesanos. En este periodo se afianzaron enclaves productivos como Ubrique,
en la provincia de Cádiz, reconocido a nivel nacional e internacional por su excelente técnica, su capacidad productiva y su vinculación con marcas de alta gama, también otras zonas de Andalucía,
entre ellas Sevilla (siendo Lebrija su referente) y Córdoba son muy representativas al respecto. Fuera de Andalucía, Toledo es el mayor exponente, donde también el saber hacer artesanal se mantuvo como seña de identidad.
En la actualidad, la artesanía del cuero en España representa un equilibrio entre tradición e innovación, integrando diseño contemporáneo, sostenibilidad y producción de calidad. Este legado histórico constituye un patrimonio vivo que
requiere apoyo institucional y formación especializada para asegurar su continuidad y adaptación a los retos del presente.
El trabajo del cuero forma parte esencial del patrimonio cultural, artesanal e industrial de España y constituye un sector de alto valor añadido que combina tradición, diseño, innovación y proyección internacional.
El sector de la marroquinería es un sector con alta ocupación laboral típico de la industria manufacturera, y el porcentaje correspondiente al coste de la mano de obra supone una parte importante del coste de la producción. Esta mano de
obra requiere formación y experiencia.
Tradicionalmente las empresas del sector contaban con amplias plantillas de trabajadores. Actualmente, en la mayoría de los casos las empresas han disminuido estas plantillas y algunas fábricas externalizan su producción a pequeños talleres
que trabajan de forma continua con ellas. Además, existe alguna producción que se realiza en el exterior, incluso fuera de la Unión Europea.
En 2019 se contabilizan 1.636 empresas en total, lo que supone un aumento del 0,74 % respecto al año 2018, cuando se registraron 1.624. Del total de empresas registradas, un 13 % están asociadas a ASEFMA.
Respecto del empleo directo se registra un total de 16.546 puestos de trabajo en el sector que supone un 3,49 % más que en el ejercicio anterior. Estos aumentos se trasladan también a la creación de empleo indirecto, alcanzándose un total
de 8.721 empleos aproximadamente, con un incremento del 3,19 %.
Con respecto a la distribución industrial por Comunidades Autónomas, en 2019 sigue siendo Andalucía la primera comunidad, con 442 empresas que suponen el 27 % de la totalidad.
La Comunidad Valenciana acoge a 295 empresas que supone el 18 % de esta distribución, seguida de Cataluña con 202, que suponen el 12,38 %, y Madrid con 183 empresas que representan el 11,20 %.
En el resto de las Comunidades se sitúan 514 empresas que suponen el 31,42 %.
Pese a esta riqueza productiva y cultural, el sector del cuero se enfrenta a retos estructurales como la falta de relevo generacional, la pérdida progresiva de oficios especializados, la insuficiente oferta formativa en diseño y artes
aplicadas al cuero, y la desconexión entre los talleres tradicionales y los circuitos formativos, artísticos y de innovación.
La ausencia de programas estables de formación artística y técnica vinculados directamente a talleres activos limita la transmisión de conocimientos, dificulta la incorporación de jóvenes y frena la evolución del sector hacia modelos más
sostenibles, creativos y competitivos.
Impulsar la formación artística en diseño y trabajo del cuero, apoyándose en estos talleres y centros de producción, supone una oportunidad para:
Preservar y actualizar oficios tradicionales de alto valor cultural.
Reforzar el tejido productivo local y el empleo cualificado.
Integrar el diseño como elemento estratégico de competitividad.
Fomentar la sostenibilidad y la innovación en los procesos productivos.
Posicionar a España como referente internacional en formación y producción del cuero.
Por todo ello, resultando necesario un compromiso institucional que reconozca y apoye estos enclaves productivos como espacios clave de formación artística y
profesional, integrándolos en las políticas públicas de educación, cultura, empleo e industria creativa, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar programas de formación artística y profesional en diseño y trabajo del cuero, vinculados de manera directa a talleres y centros de producción activos.
2. Promover convenios de colaboración entre los talleres, escuelas de arte, centros de formación profesional, universidades y entidades culturales, con el fin de desarrollar itinerarios formativos que integren artesanía, diseño
contemporáneo e innovación.
3. Apoyar la creación de talleres-escuela, residencias artísticas y programas de aprendizaje práctico, facilitando la transmisión intergeneracional de conocimientos y la especialización técnica y artística.
4. Apoyar mediante diferentes líneas de ayudas a estudiantes, jóvenes creadores y profesionales que deseen formarse en diseño y trabajo del cuero en estos talleres y centros de producción.
5. Reconocer a los talleres como enclaves estratégicos del sector del cuero en España, incorporándolos a las políticas estatales de patrimonio cultural, formación, empleo y economía creativa.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Óscar Clavell López, Javier Celaya Brey, Cristina Teniente Sánchez, Javier Merino Martínez, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Nacho Martín Blanco, Óscar Ramajo Prada,
Jaime Miguel de los Santos González, Beatriz Jiménez Linuesa, Ainhoa Molina León, Ana Martínez Labella, Evaristo Aznar Teruel, María Sandra Moneo Díez, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, María Soledad Cruz-Guzmán García y Borja Sémper Pascual,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/003227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa, modernización y
fortalecimiento de la industria del calzado en España, para su debate en la Comisión de Industria.
Exposición de motivos
La industria del calzado constituye uno de los pilares históricos, económicos, industriales y sociales de España y, de forma especialmente singular, de la Comunitat Valenciana y de la provincia de Alicante, donde se concentra uno de los
principales clústeres industriales del calzado de Europa.
El informe sectorial de la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028 acredita que en el año 2022 existían en la Comunitat Valenciana un total de 2.170 empresas fabricantes de calzado, lo que representa el 52,4 % del total nacional, así
como 984 empresas auxiliares, equivalentes al 82 % del total estatal. Esta elevada concentración confirma el carácter estratégico del sector del calzado tanto a nivel autonómico como nacional, constituyendo un elemento esencial de la base
industrial española.
No obstante, el mismo informe constata una pérdida del 17,3 % de empresas desde el año 2014, con la desaparición de 453 compañías, así como una caída del 28,4 % de la cifra de negocio en 2021 respecto a 2015. A esta situación se suma una
elevada dependencia exportadora, que alcanza el 78,5 %, junto con una contracción del mercado interior del 64 % en el periodo analizado, lo que incrementa la exposición del sector a perturbaciones comerciales, arancelarias y geopolíticas.
El tejido empresarial presenta, además, una estructura especialmente vulnerable, caracterizada por el predominio de microempresas, autónomos y pequeñas empresas, con una media de 8 trabajadores por compañía. Esta realidad limita la
capacidad de inversión en tecnología, digitalización e innovación, factores clave para la competitividad en el contexto internacional actual.
Desde el punto de vista territorial, el empleo del sector se concentra de forma abrumadora en la provincia de Alicante, donde se localiza el 92,9 % de los trabajadores del sector en la Comunidad Valenciana, con polos industriales
especialmente relevantes en municipios como Elche, Elda, Petrer, Crevillent, Villena, Sax, Aspe, Monóvar, Pinoso, Almoradí o Catral, entre otros. Este clúster industrial constituye un ecosistema productivo único, que integra fabricantes, industria
auxiliar, diseñadores, logística, comercialización y centros tecnológicos.
El sector afronta, asimismo, importantes desafíos estructurales, entre los que destacan la creciente competencia internacional, el incremento de los costes energéticos, la necesidad de digitalización y automatización de procesos, la escasez
de mano de obra cualificada, y la proliferación de productos no conformes comercializados a través de plataformas digitales extracomunitarias que no cumplen los estándares europeos en materia de seguridad, fiscalidad, etiquetado o sostenibilidad,
generando una grave distorsión de la competencia.
En este contexto, organizaciones sectoriales como la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL), así como diversos centros tecnológicos y entidades empresariales, han coincidido en señalar la necesidad de impulsar la
innovación tecnológica, la sostenibilidad, la internacionalización, la formación especializada y el refuerzo de los mecanismos de defensa comercial como elementos esenciales para garantizar el futuro del sector.
Por otro lado, el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (INECA) ha advertido del déficit inversor estructural en infraestructuras estratégicas de transporte y logística en la provincia de Alicante, elemento especialmente crítico para
un sector con una marcada vocación exportadora y altamente dependiente de la eficiencia logística.
La industria del calzado representa un sector estratégico para España, no solo por su contribución al empleo, a las exportaciones y al desarrollo económico, sino también por su valor añadido en términos de diseño, calidad, innovación y
posicionamiento internacional de la marca España.
En consecuencia, resulta imprescindible una respuesta estructural de país que permita fortalecer la competitividad, sostenibilidad, modernización e internacionalización de la industria del calzado, garantizando su continuidad como motor de
empleo industrial, cohesión territorial, innovación y desarrollo económico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un Plan Nacional de Modernización Industrial del sector del calzado, orientado a impulsar la digitalización, automatización, implantación de tecnologías avanzadas e innovación productiva, mediante la adaptación y mejora de los
instrumentos existentes, incluidos los PERTE, para garantizar su acceso efectivo mediante la simplificación administrativa y la adecuación de requisitos a la realidad empresarial del sector.
2. Reforzar el posicionamiento internacional y la competitividad exterior del sector del calzado, garantizando una dotación suficiente y estable de los planes sectoriales de promoción exterior del ICEX, fortaleciendo la marca industrial
española vinculada al calzado como sinónimo de calidad, diseño e innovación, y desplegando mecanismos eficaces de defensa comercial frente a riesgos arancelarios, dumping y distorsiones en el comercio internacional.
3. Fortalecer los mecanismos de control de mercado, competencia leal y protección del consumidor, impulsando en el ámbito nacional y defendiendo en el marco de la Unión Europea la aplicación efectiva de sistemas de vigilancia, trazabilidad
y cumplimiento normativo sobre el calzado comercializado a través de plataformas digitales y procedente de terceros países, garantizando condiciones de competencia leal y respeto de la normativa europea vigente.
4. Crear y poner en funcionamiento el Centro Nacional del sector del calzado, como instrumento estratégico para impulsar la formación especializada, la transferencia tecnológica, la innovación aplicada y el fortalecimiento de la
competitividad industrial, facilitando la modernización del tejido productivo y la adaptación a los nuevos retos tecnológicos y productivos.
5. Estudiar, en coordinación con las CCAA y los agentes sociales y empresariales del sector la adaptación del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales para reconocer las especificidades productivas del sector del
calzado dentro de la familia profesional textil, garantizando su actualización periódica en colaboración con los sectores implicados.
6. Impulsar acciones dirigidas a abordar colaboraciones interempresariales dentro del clúster industrial del calzado de la provincia de Alicante, con el objetivo de facilitar procesos de crecimiento empresarial, aprovechar sinergias entre
operadores del sector y reforzar su competitividad en los mercados nacionales e internacionales.
7. Promover, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado y de la política industrial nacional, programas de apoyo dirigidos a incentivar la adecuación de innovaciones tecnológicas en el campo de la robótica aplicadas,
entre otras, a la industria manufacturera del calzado, con el fin de mejorar la eficiencia productiva, la calidad de los procesos industriales y la capacidad de innovación del sector.
8. Potenciar, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), el desarrollo de acciones específicas de formación, divulgación y transferencia de conocimiento orientadas a la adopción de innovaciones tecnológicas y su aplicación
adaptada en la industria del calzado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2026.Julia Parra Aparicio, Macarena Montesinos de Miguel, Francisco José Conde López, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Alberto Fabra Part, Joaquín Melgarejo Moreno, Sandra Pascual
Rocamora, Fernando de Rosa Torner, Alma Alfonso Silvestre, Esperanza Reynal Reillo, Evarist Aznar Teruel, Cristina Moreno Borrás y Óscar Clavell López, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la coordinación estatal
ante la situación del Grupo Industrias Losán y Aserpal, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El Grupo Industrias Losán es una empresa estratégica del sector que atraviesa en la actualidad una grave crisis financiera y productiva que ha derivado en la paralización de actividad en algunas de sus plantas, retrasos e impagos salariales
y una situación de profunda incertidumbre para cientos de trabajadores y sus familias.
Se trata de un grupo industrial con implantación en varias comunidades autónomas Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha que constituye uno de los principales actores del sector de la transformación de la madera en España. Su
actividad se integra en una amplia cadena de valor vinculada al aprovechamiento forestal, la logística, el transporte y la industria de transformación, generando cerca de 2.000 empleos directos y miles de empleos indirectos asociados.
La continuidad de la actividad del grupo tiene, por tanto, una relevancia económica y territorial evidente. Solo en la comarca de Curtís, la actividad industrial vinculada a Losán y a la empresa Aserpal supone preservar cerca de 800 empleos
entre directos e indirectos, desempeñando un papel fundamental en el sostenimiento del tejido productivo y en la fijación de población en un territorio especialmente afectado por el reto demográfico.
La situación actual ha generado una creciente preocupación institucional y social en los territorios afectados. El pasado 12 de enero, los alcaldes y alcaldesas de Curtís, Vilasantar, Mesía, Sobrado, Oza-Cesuras, Boimorto, Melide e Irixoa
pertenecientes a distintas formaciones políticas aprobaron un acuerdo institucional conjunto en el que:
Exigen al Consejo de Administración la presentación de un Plan de Reactivación Industrial sólido y real.
Manifiestan su apoyo unánime a los trabajadores afectados.
Alertan del impacto irreversible que tendría el cierre sobre el reto demográfico del interior gallego.
Reclaman una actuación directa y urgente del Gobierno de España, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía y de la SEPI.
Asimismo, el alcalde de Curtís trasladó formalmente a la Presidencia de la SEPI la necesidad de una intervención pública urgente que permita garantizar la continuidad de la actividad industrial, recordando tanto el carácter estratégico del
grupo como la dimensión supraautonómica del conflicto.
Conviene recordar que el Grupo Losán ha recibido en los últimos años importantes apoyos públicos destinados a reforzar su solvencia y continuidad empresarial. Entre ellos destacan los 35 millones de euros concedidos a través del Fondo de
Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, así como 19 millones de euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). A estas ayudas se suman otros instrumentos de apoyo como la financiación del Instituto Gallego de
Promoción Económica (IGAPE) por valor de 5 millones de euros y el respaldo de Xesgalicia con 2 millones adicionales.
Este esfuerzo institucional conjunto, realizado con el objetivo de preservar una capacidad industrial considerada estratégica, exige ahora responsabilidad institucional, seguimiento y coordinación efectiva por parte de las administraciones
públicas.
El calendario, además, es determinante. El próximo 29 de abril finaliza el plazo del preconcurso de acreedores. De no presentarse antes de esa fecha un plan de viabilidad sólido y validado por los organismos competentes, se incrementará
gravemente la incertidumbre sobre el futuro industrial del grupo y de sus trabajadores.
Dada la consideración del Grupo Industrias Losán como empresa estratégica y teniendo en cuenta que su actividad, dimensión e impacto económico exceden claramente el ámbito municipal y autonómico, corresponde al Ejecutivo central, a través de
los ministerios competentes y de la SEPI, liderar la coordinación necesaria para garantizar una solución industrial viable que preserve la actividad productiva y el empleo en todas sus plantas.
La situación exige, por tanto, una actuación rápida, coordinada y eficaz que permita garantizar la continuidad de la actividad industrial, proteger el empleo y asegurar que los
importantes recursos públicos destinados al sostenimiento de esta empresa estratégica contribuyan efectivamente a la reactivación del grupo empresarial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar de manera urgente, a través de la SEPI, una mesa de trabajo institucional con el Consejo de Administración del Grupo Losán, los representantes de los trabajadores y las administraciones autonómicas afectadas, con el fin de
coordinar una solución integral antes de la finalización del plazo del preconcurso de acreedores.
2. Ejercer plenamente las funciones que corresponden a la SEPI como instrumento del Estado en empresas estratégicas, incluyendo:
La evaluación y validación técnica del Plan de Viabilidad.
El seguimiento del cumplimiento de los compromisos derivados de los apoyos públicos concedidos.
La activación, en su caso y conforme al marco legal vigente, de los instrumentos de apoyo previstos para empresas estratégicas.
3. Impulsar una coordinación efectiva entre los Ministerios competentes, dada la dimensión supraautonómica del grupo, que permita recuperar la actividad productiva, garantizar el pago íntegro de las nóminas pendientes y asegurarla
continuidad del empleo en todas sus plantas.
4. Reconocer y atender formalmente el acuerdo unánime adoptado por los ayuntamientos afectados en la Comunidad Autónoma de Galicia, trasladando respuesta institucional a sus peticiones en el marco del principio de lealtad y cooperación
entre administraciones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2026.Miguel Tellado Filgueira, Francisco José Conde López, Irene Garrido Valenzuela, Marta González Vázquez, Tristana Moraleja Gómez, Álvaro Pérez López, Cristina Abades Martínez, Jaime
Eduardo de Olano Vela, Celso Luis Delgado Arce, Rosa Quintana Carballo, Ana Belén Vázquez Blanco, Juan Andrés Bayón Rolo y Pedro Puy Fraga, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo de la coordinación institucional y de las herramientas
disponibles frente al fuego bacteriano en frutales de pepita, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La fruticultura de pepita constituye un pilar de la economía agraria en numerosas comarcas, sostiene empleo y actividad en el medio rural y contribuye al abastecimiento regular de alimentos de calidad. Su estabilidad depende, en buena
medida, de una
sanidad vegetal sólida y de la capacidad de anticipación y respuesta ante riesgos que comprometen la viabilidad de las explotaciones, a través de protocolos claros, detección precoz y una coordinación eficaz entre administraciones públicas,
con pleno respeto al reparto competencial.
El fuego bacteriano es una enfermedad causada por la bacteria Erwinia amylovora, que afecta fundamentalmente a plantas de la familia de las rosáceas, produciendo daños directos en explotaciones de frutal de pepita en general, y en manzano y
peral en particular, así como en plantas ornamentales y silvestres de dicha familia.
Tiene consideración de plaga cuarentenaria para las Zonas Protegidas así establecidas para la misma, según el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072, de condiciones uniformes, y de plaga regulada no cuarentenaria para todo el territorio de
la Unión.
A nivel nacional, el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, establece el programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas. Según el reparto de competencias, en aplicación de la Constitución y de la Ley
43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, las comunidades autónomas son responsables de la sanidad vegetal en sus respectivos territorios y por consiguiente de adoptar las medidas y recomendaciones necesarias, en su caso, para hacer frente a
las plagas.
En este marco, la experiencia acumulada en la gestión de plagas reguladas pone de relieve la importancia de reforzar la cooperación técnica continuada, el intercambio de información operativa y la armonización de criterios de actuación,
especialmente en escenarios de presión fitosanitaria o tras episodios meteorológicos que incrementan la vulnerabilidad del cultivo.
Con ese objetivo, el Comité Fitosanitario Nacional constituye un cauce adecuado para articular, de común acuerdo, espacios de coordinación técnica entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas,
favoreciendo la puesta en común de protocolos y la difusión de recomendaciones operativas.
Asimismo, el avance del conocimiento aplicado y de la innovación permite disponer, en contextos tasados, de herramientas complementarias, cuya correcta utilización exige formación específica, criterios operativos compartidos y una adecuada
coordinación técnica entre administraciones.
Desde esta perspectiva general, la situación registrada en la Comarca Comunidad de Calatayud ilustra con claridad la trascendencia de disponer de una respuesta coordinada, temprana y técnicamente solvente. En los últimos meses, el sector ha
trasladado su preocupación por la incidencia del fuego bacteriano en plantaciones de peral, intensificada tras episodios meteorológicos adversos, y ha estimado que alrededor de 400 hectáreas podrían verse gravemente comprometidas. Esta realidad
aconseja reforzar la coordinación técnica, la formación operativa y la difusión de criterios comunes para contener la propagación y reducir pérdidas, dentro del marco normativo y competencial aplicable.
Los servicios competentes de las comunidades autónomas, en este caso del Gobierno de Aragón, disponen de información sobre la incidencia de la plaga en su territorio. Cabe aclarar que Aragón no tiene consideración de Zona Protegida para
esta enfermedad.
Por otro lado, de acuerdo con la Ley de sanidad vegetal, los titulares de las explotaciones tienen la obligación de mantener sus cultivos, plantaciones y cosechas, así como las masas forestales y el medio natural, en buen estado
fitosanitario para defensa de las producciones propias y ajenas, y la de aplicar las medidas fitosanitarias obligatorias que se establezcan como consecuencia de la declaración de existencia de una plaga. En este sentido, cabe mencionar que las
comunidades autónomas en sus respectivos territorios están facultadas a establecer ayudas en materia de sanidad vegetal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasladar en el marco del Comité Fitosanitario Nacional a las administraciones competentes la necesidad de actuar con mayor determinación frente al fuego bacteriano en frutales de pepita, reforzando la coordinación técnica, el
intercambio de información operativa y la armonización de criterios, incluyendo la actualización y difusión de protocolos de actuación ante episodios de especial vulnerabilidad del cultivo.
2. Impulsar acciones conjuntas entre las distintas administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, para la información, formación y capacitación de todos los agentes que puedan tener relación con esta enfermedad, con especial
atención a la detección precoz, la gestión de situaciones de riesgo y la correcta aplicación de las medidas fitosanitarias obligatorias, incorporando, cuando proceda, orientaciones técnicas sobre el uso de herramientas complementarias disponibles en
escenarios excepcionales.
3. Favorecer la difusión de recomendaciones operativas y criterios técnicos compartidos, a través de los cauces de cooperación existentes con las comunidades autónomas, con el fin de mejorar la respuesta coordinada frente a la enfermedad y
reforzar la eficacia de las medidas de prevención y control.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2026.Víctor Javier Ruiz de Diego, Patricia Otero Rodríguez, María Luisa Faneca López, Iván Cacho Isla, Jonay Quintero Hernández, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Trinidad Carmen Argota
Castro, José Luis Aceves Galindo, Amador Marqués Atés, Joaquín Martínez Salmerón, Marta Trenzano Rubio, María Carmen Sánchez Díaz y Daniel Senderos Oraá, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/003220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el control y trazabilidad de los alimentos que
contienen trufa, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La trufa es el cuerpo fructífero de un hongo hipogeo micorrícico que se desarrolla bajo tierra en simbiosis con las raíces de determinados árboles. El género Tuber es el más afamado y, aunque existen más de 70 especies de trufas en el
mundo, solo algunas tienen valor culinario. Entre las más conocidas destacan la trufa blanca (Tuber magnatum), propia principalmente del norte de Italia y considerada la más exclusiva por su escasez, y la trufa negra (Tuber melanosporum), presente
en países como Francia, Italia y España, entre otros, siendo nuestro país el principal productor a nivel mundial. Otras variedades relevantes, pero consideradas de menor valor organoléptico, son la trufa de verano (Tuber aestivum), la trufa de
Borgoña (Tuber uncinatum), la trufa machenca o trufa de invierno (Tuber brumale) o la trufa china (Tuber indicum).
Tradicionalmente, la trufa negra (Tuber melanosporum), se recolectaba en estado silvestre, pero la disminución de los rendimientos naturales impulsó el desarrollo de la truficultura mediante plantaciones de árboles micorrizados para la
producción de trufa. España reúne condiciones climáticas y agronómicas especialmente favorables para este
cultivo, lo que ha permitido consolidar un sector productivo reconocido internacionalmente por la calidad en la maduración y el aroma.
Más allá de su reconocido valor gastronómico, la trufa negra constituye un recurso estratégico desde el punto de vista económico, territorial y cultural. La truficultura se ha convertido en un motor de desarrollo rural principalmente en
zonas afectadas por la despoblación, generando empleo, fijando población y contribuyendo a la gestión sostenible del territorio.
Desde el punto de vista nutricional, la trufa presenta un bajo contenido calórico y graso, y aporta fibra, minerales, antioxidantes y compuestos bioactivos, lo que permite su integración en una dieta equilibrada. En el ámbito culinario, es
un ingrediente emblemático de la alta gastronomía internacional, aunque sigue siendo poco conocido por una parte significativa de los consumidores.
Pese a su potencial, el sector productor mantiene una dimensión reducida y afronta retos estructurales comunes en las diferentes regiones productoras españolas y en los principales países truferos. Entre ellos destacan la competencia con
otros hongos, las plagas como el escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus), la variabilidad de las cosechas y el envejecimiento de plantaciones que requieren procesos de renovación.
En el ámbito comercial, existe una importante distorsión del mercado derivada del uso indiscriminado de la denominación «producto trufado» para alimentos que contienen aromas sintéticos en lugar de trufa natural. Diversos estudios indican
que una mayoría de estos productos incorpora compuestos aromáticos artificiales, ajenos a la trufa negra en torno al 75 % de los alimentos «trufados» del supermercado contienen aromatizantes bis(metiltio)metano que no tiene nada que ver con la
trufa negra que suele aparecer en las imágenes, lo que genera confusión sobre la especie utilizada y su origen. Esta práctica perjudica a los productores, devalúa el producto auténtico, distorsiona la percepción sensorial de la trufa y fomenta la
desconfianza del consumidor. Por otra parte, el consumidor debe identificar claramente un producto elaborado realmente con «trufa» que justifica su precio en mercado.
Mientras el consumo de trufa negra fresca crece de forma moderada, la proliferación de productos «trufados» ha aumentado significativamente, con un impacto directo en los precios y en la sostenibilidad económica, identitaria y reputacional
del sector.
Los productores y operadores de la cadena de valor, especialmente de trufa negra, afrontan perjuicios económicos, identitarios y reputacionales derivados de la proliferación de productos elaborados con aromas sintéticos, significativamente
más baratos, que desplazan en el mercado a los elaborados con trufa natural. Esta práctica genera una percepción distorsionada del sabor y aroma auténticos de la trufa, más sutiles y complejos, y fomenta la desconfianza del consumidor hacia los
productos etiquetados como «trufa».
En la actualidad no existe un marco normativo internacional armonizado que regule de forma específica la comercialización de los productos trufados, lo que ha dado lugar a una notable disparidad de regulaciones nacionales. En el caso de
España, persiste un vacío legal en relación con la trufa, que queda subsumida en la normativa general aplicable a las setas comestibles Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la
comercialización de setas para uso alimentario sin atender a sus singularidades productivas, comerciales y económicas. Esta situación contrasta con la de otros Estados miembros, como Francia, que disponen de una regulación más precisa, en la que
el etiquetado de los productos trufados debe identificar expresamente la especie de trufa utilizada y cumplir con un contenido mínimo para poder emplear dicha denominación. Esta falta de homogeneidad normativa pone de manifiesto la necesidad de
avanzar hacia una regulación específica que garantice la transparencia del mercado, la protección del consumidor y la defensa del sector productor. Por otra parte, si bien el Reglamento (CE) n.° 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo regula
el uso de sustancias y preparados aromatizantes, su formulación resulta insuficientemente específica en lo relativo a los aromas denominados «sabor a trufa».
Todo ello pone de manifiesto la necesidad de avanzar en medidas de diferenciación, transparencia y protección del producto, en defensa de la trufa auténtica y de los territorios que la producen. Por eso hay que limitar el uso de la palabra
trufa ya que con el uso de aromas y la poca presencia de trufa en los productos que infravaloran el trabajo del sector que desarrolla el territorio donde se debería de generar la riqueza.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar ante la UE:
Reforzar la claridad y la transparencia en el etiquetado, mediante el impulso de una normativa europea armonizada que diferencie de forma expresa los productos elaborados con trufa natural, exigiendo la identificación obligatoria de la
especie utilizada, la zona y país de origen, con el fin de garantizar una información veraz y no engañosa al consumidor.
Proteger y defender al sector productor y a la cadena de valor de la trufa, asegurando el uso correcto y jurídicamente preciso del término trufa, y estableciendo la obligación de diferenciar claramente la variedad comercializada, de modo
que la denominación trufa negra quede reservada exclusivamente a la especie Tuber melanosporum.
Limitar el uso del término trufa en el etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos alimentarios, prohibiendo su utilización en aquellos que únicamente contengan aromas, naturales o sintéticos, sin presencia efectiva de
trufa, y estableciendo un contenido mínimo de trufa natural para poder emplear la denominación con trufa, con el objetivo de evitar prácticas engañosas y proteger los derechos y la salud del consumidor.
Exigir que el etiquetado haga referencia expresa, de forma clara y visible, cuando un producto esté elaborado con aromas, independientemente de su origen (sintéticos, naturales o de cualquier otra tipología.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2026.Raquel Clemente Muñoz, Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Rosa Quintana Carballo, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez, Juan Diego Requena Ruiz, José
Alberto Herrero Bono, Ana Isabel Alós López, Pedro Navarro López, Luis María Beamonte Mesa y Raúl Cuevas Larrosa, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para
reconocer las poblaciones naturales de la almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) en zonas del litoral español y singularmente en Galicia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El marisqueo constituye una actividad estratégica para España y, de manera singular, para Galicia, donde sostiene miles de empleos directos y vertebra social y económicamente el litoral.
El marisqueo a pie es, además, uno de los pocos sectores primarios en nuestro país donde el trabajo femenino es mayoritario. Miles de mariscadoras desarrollan su actividad bajo un modelo profesionalizado, regulado y sostenible que ha
permitido durante décadas la autonomía económica de generaciones de mujeres en las zonas costeras.
En este contexto, la almeja japonesa (ruditapes philippinarum) se ha consolidado como el principal recurso productivo del marisqueo gallego. Presente en las rías desde hace más de cinco décadas, ha desarrollado poblaciones autosuficientes,
con reproducción natural estable e integración efectiva en el ecosistema marino.
Diversos estudios realizados por el Instituto Español de Oceanografía, actualmente integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han constatado la estabilidad poblacional y la reproducción natural de la especie en las rías
gallegas. Asimismo, los criterios científicos del Consejo Internacional para la exploración del mar (CIEM/ICES) establecen que la naturalización de una especie introducida se acredita mediante la existencia de poblaciones autosostenidas,
reproducción continuada y ausencia de impactos ecológicos adicionales significativos, circunstancias que concurren en el caso de la almeja japonesa en Galicia.
En términos productivos, la almeja japonesa ha llegado a representar en torno al 90 % de la producción total de almejas en Galicia en determinados ejercicios, constituyendo el principal soporte económico de numerosas cofradías y agrupaciones
de mariscadoras.
Sin embargo, el Ministerio mantiene una consideración administrativa que la trata como especie que no se produce naturalmente en España. Esta interpretación genera inseguridad jurídica, introduce cargas administrativas adicionales y limita
el acceso a determinadas líneas del fondo europeo marítimo, de pesca y de acuicultura (FEMPA), especialmente aquellas orientadas a la regeneración de bancos marisqueros y a la resiliencia frente al cambio climático.
Resulta especialmente llamativo que esta posición se mantenga cuando el propio reglamento (CE) n.° 708/2007 del Consejo reconoce que determinadas especies exóticas utilizadas de forma habitual y prolongada en la acuicultura europea deben
recibir un tratamiento diferenciado, evitando cargas administrativas innecesarias cuando exista estabilidad ecológica acreditada.
Tras más de cincuenta años de presencia continuada y reproducción natural, sostener que la almeja japonesa no se produce naturalmente en las rías gallegas supone ignorar la evidencia científica y la realidad productiva del sector.
Esta situación no es neutra: afecta directamente a la viabilidad económica de un sector altamente feminizado, limita la renta de miles de trabajadoras autónomas del mar y reduce la capacidad de recuperación de los bancos marisqueros en un
momento de grave crisis productiva marcada por episodios de elevada mortalidad y caída de rendimientos.
No resulta coherente que el Gobierno invoque la igualdad de género en el medio rural y marítimo y, al mismo tiempo, mantenga barreras administrativas que perjudican al principal recurso productivo de miles de mujeres del mar.
La normativa debe adaptarse a la realidad ecológica y científica, y no al revés.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reconocer formalmente, sobre la base de la evidencia científica disponible, que la almeja japonesa (ruditapes philippinarum) se produce naturalmente en las rías gallegas y en aquellas zonas del litoral español donde existan poblaciones
autosuficientes con reproducción estable acreditada.
2. Revisar de manera inmediata su consideración administrativa en la normativa estatal y en la aplicación del fondo europeo marítimo, de pesca y de acuicultura
(FEMPA), eliminando cualquier limitación que impida el acceso a ayudas destinadas a la regeneración de bancos marisqueros y a la recuperación productiva del sector.
3. Defender ante la Comisión Europea una interpretación coherente del reglamento (CE) n.° 708/2007 que tenga en cuenta la realidad ecológica, productiva y social de las regiones afectadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2026.Rosa Quintana Carballo, Miguel Tellado Filgueira, Marta González Vázquez, Tristana Moraleja Gómez, Álvaro Pérez López, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela,
Cristina Abades Martínez, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Irene Garrido Valenzuela, Pedro Puy Fraga, Juan Andrés Bayón Rolo y Joaquín Melgarejo Moreno, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/003222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la autorización excepcional
para el uso de materias activas para combatir la proliferación de plagas y enfermedades del tomate, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Aproximadamente dos tercios de las 5 millones de toneladas de tomate que se produce en España es tomate para industria o transformación, siendo uno de los pilares estratégicos del sistema agroalimentario español especialmente en determinadas
regiones del suroeste y norte peninsular y, de manera singular, de las comarcas productoras de las Vegas del Guadiana y el Valle del Alagón, en Extremadura, o del Bajo Guadalquivir y otras zonas agrícolas de Andalucía, así como en la zona de la
Ribera de Navarra. España es uno de los principales productores europeos de tomate para industria, concentrando Extremadura el mayor volumen de producción con aproximadamente el 80 % de la producción total nacional, seguida de Andalucía y Navarra
que representaron el 8 % y 7 %, respectivamente.
El otro tercio de la producción, unos 1,5 millones de toneladas anuales, es tomate de mesa o fresco, siendo Andalucía líder en producción, principalmente en Almería y la Costa Tropical de Granada, así como parte de Murcia y Canarias, aunque
también hay pequeños núcleos de producción en invernaderos dispersos por la geografía.
El tomate es un cultivo tractor que no solo genera valor añadido en origen, sino que sostiene una potente industria transformadora, empleo rural estable, actividad logística y exportadora, y un importante efecto multiplicador en la economía
local. La estabilidad de este cultivo no solo es clave desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva territorial y social, pues fija población, favorece el relevo generacional y contribuye al equilibrio rural frente al riesgo
de despoblación.
Sin embargo, la campaña actual se ha visto gravemente condicionada por una sucesión de borrascas y episodios de lluvias intensas, especialmente en el sur, suroeste y sureste peninsular, que han alterado las condiciones agronómicas óptimas
para la implantación y desarrollo del cultivo. Estos fenómenos meteorológicos adversos han provocado, en primer lugar, dificultades en la preparación de suelos y en los calendarios de siembra, el incremento notable de presión de malas hierbas y
plagas, la aparición y propagación de enfermedades favorecidas por la elevada humedad ambiental y/o el incremento de costes por necesidad de replantaciones y tratamientos adicionales.
En este contexto extraordinario que atraviesa el sector, organizaciones representativas y las administraciones autonómicas han solicitado la autorización excepcional de determinadas materias activas fitosanitarias, como los formulados a base
de metribucina y spirotetramat, ante la falta de alternativas realmente eficaces para combatir determinadas plagas, malas hierbas y enfermedades específicas del tomate.
Estas materias activas constituyen herramientas clave para garantizar la viabilidad del cultivo. Por un lado, permiten un adecuado para el control de malas hierbas en las primeras fases del desarrollo del tomate, un momento crítico en el
que la competencia por agua y nutrientes puede dificultar la correcta implantación del cultivo y comprometer seriamente su potencial productivo. Por otro, resultan fundamentales el control de plagas de insectos, especialmente la plaga de Aculop
lycopersici (eriófido del tomate) y otros insectos chupadores, cuya elevada incidencia deteriora el estado fitosanitario de la planta y puede provocar pérdidas de producción muy significativas.
En ausencia de estas herramientas, el sector se enfrenta a un escenario de mayor vulnerabilidad agronómica y económica, con un impacto directo tanto en el rendimiento como en la calidad de la cosecha.
El marco normativo europeo y nacional contempla la posibilidad de autorizaciones excepcionales en circunstancias especiales cuando se acredita un riesgo grave para la producción vegetal que no puede controlarse por otros medios razonables.
El artículo 53 del Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios establece que, en circunstancias especiales, un Estado miembro podría
autorizar, por un periodo no superior a 120 días, la comercialización de productos fitosanitarios para su utilización controlada y limitada, si tal medida fuera necesaria debido a un peligro que no pueda controlarse por otros medios razonables. En
este sentido, el artículo 34 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, establece la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente conceda autorizaciones excepcionales de un producto fitosanitario en
caso de peligro imprevisible que no pueda ser controlado por otros medios. No estamos, por tanto, ante una petición arbitraria ni desproporcionada, sino ante una herramienta legal prevista precisamente para situaciones como la que atraviesa el
sector.
Sin embargo, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, dependiente del Ministerio, ha dictado resoluciones denegando las autorizaciones excepcionales solicitadas, salvo para el Metam sodio 51 %
cuyas condiciones impuestas especialmente la exigencia de sellado bajo plástico limitan severamente su aplicabilidad real y efectiva.
La falta de agilidad y previsión por parte del Gobierno está generando una situación de incertidumbre que compromete decisiones de siembra, contratación y planificación industrial. La inacción administrativa, en momentos críticos, equivale
en la práctica a dejar al agricultor sin herramientas técnicas efectivas para defender su producción.
A esta situación se suma otro elemento profundamente preocupante: la persistencia de precios de contratación, según denuncian algunos productores, no cubren los costes efectivos de producción, haciendo inviable el cultivo. Resulta
paradójico que el mismo Gobierno que impulsó la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, proclamando que ningún agricultor vendería por debajo de costes, permita que en la práctica continúen situaciones que erosionan la rentabilidad del cultivo.
Cuando coinciden tres factores fenómenos climáticos adversos, insuficiencia de herramientas fitosanitarias y precios tensionados el resultado es inequívoco: abandono de superficie, pérdida de competitividad y deslocalización productiva
hacia otras regiones o países con mayor flexibilidad regulatoria.
La consecuencia no es únicamente económica. Cada hectárea que deja de sembrarse implica, menor empleo en el campo y en la industria transformadora, disminución en la actividad logística y exportadora y, en consecuencia, mayor dependencia de
producciones exteriores y pérdida de tejido productivo difícilmente recuperable.
La política agrícola no puede basarse exclusivamente en restricciones y prohibiciones sin ofrecer alternativas viables. La sostenibilidad medioambiental debe ser compatible con la sostenibilidad económica y social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Reconsiderar con carácter urgente, al amparo del artículo 53 del Reglamento (CE) 1107/2009, en línea con lo planteado por otros países europeos, las solicitudes de autorización excepcional de uso de fitosanitarios formuladas para el
cultivo del tomate en aquellas zonas y campañas en las que concurra una situación extraordinaria derivada de fenómenos meteorológicos adversos, pudiendo autorizar, de forma temporal, controlada y limitada, exclusivamente aquellos usos respecto de
los que quede acreditado mediante evaluación técnica: la inexistencia de alternativas eficaces y viables; la necesidad agronómica de la medida para evitar daños graves en la producción; y pleno respeto a la normativa europea y nacional en materia
de seguridad alimentaria, límites máximos de residuos, protección de la salud humana, sanidad animal y medio ambiente.
Coordinar de manera efectiva con las comunidades autónomas afectadas y con las organizaciones representativas del sector la evaluación técnica de necesidades fitosanitarias, garantizando criterios homogéneos y seguridad jurídica para los
productores de tomate.
Abrir un espacio de diálogo constructivo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las comunidades autónomas productoras donde realizar una evaluación inmediata del impacto económico de las borrascas y lluvias
intensas sobre el cultivo del tomateT habilitando, en su caso, medidas extraordinarias de apoyo financiero, fiscal y de liquidez para las explotaciones afectadas.
Reforzar las labores de inspección y control para garantizar que en los contratos se cubre los costes de producción en el sector del tomate y evitar el incumplimiento de la legislación vigente.
Impulsar, en el marco de la política fitosanitaria nacional y europea, la revisión de aquellas limitaciones regulatorias que, sin aportar mejoras proporcionales en términos de seguridad alimentaria o medioambiental, estén comprometiendo la
competitividad del sector productor español frente a terceros países.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2026.Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, María del Socorro Cuesta Rodríguez, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos
Macías Gata, Joaquín Melgarejo Moreno, Ainhoa Molina León, Mirian Guardiola Salmerón, Ana Martínez Labella y Sergio Sayas López, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la proteína animal y la
ganadería española, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En los últimos años se ha intensificado un debate internacional sobre los sistemas de producción alimentaria, que trasciende lo estrictamente nutricional y se sitúa en el terreno ideológico. Por un lado, sectores influyentes a escala global
promueven la sustitución de la producción ganadera tradicional por alternativas basadas en proteínas artificiales o exclusivamente vegetales. Por otro lado, una parte del activismo animalista, ha contribuido a estigmatizar la producción ganadera y
el consumo de productos de origen animal mediante afirmaciones alarmistas y carentes de respaldo científico, como vincular de forma generalizada el consumo de carne con el cáncer.
Estas corrientes animalistas contra la proteína animal, en muchos casos, están más basadas en planteamientos emocionales o morales hacia los animales sin tener en cuenta las evidencias científicas, e ignorando los criterios de una nutrición
equilibrada para la salud humana. El resultado es un discurso simplificador que presenta a la proteína animal como intrínsecamente negativa, sin distinguir entre modelos de producción, contextos territoriales ni hábitos de consumo.
Como ejemplo, la serie «Somos lo que comemos» de Netflix, se enfoca en criticar incesantemente la industria de los productos animales: carne, pescado, huevos, leche...
Campañas de comunicación que ofrecen una visión parcial y sesgada de la ganadería, centrada casi exclusivamente en la crítica, sin atender a su papel en la seguridad alimentaria, la economía rural, la gestión del territorio o la preservación
de determinados ecosistemas.
Especialmente preocupantes son las declaraciones del empresario Bill Gates, en las que propone que los países desarrollados abandonen el consumo de carne procedente de la ganadería tradicional en favor de productos artificiales o sintéticos,
presentándolos como una solución universal. Estas propuestas, formuladas desde entornos de negocio alejados de la realidad productiva, obvian las implicaciones sociales, económicas y culturales.
Una nueva amenaza para la alimentación natural llegará en los próximos años, dónde llegará una nueva alimentación, producida sin agricultura y ganadería. Empresas como Savor y Solar Foods ya están procesando alimentos producidos a base de
carbono e hidrógeno.
Estas propuestas, formuladas desde entornos de negocio alejados de la realidad productiva, muchas veces, desde una posición de enorme influencia económica y mediática, suponen un desprecio injustificado hacia el sector ganadero, ignoran la
realidad social, económica, cultural y medioambiental del medio rural y trasladan a la ciudadanía un mensaje sesgado que cuestiona injustamente la legitimidad de la producción cárnica, y que tendría una transformación radical del sistema
alimentario.
La ganadería española es un sector estratégico para nuestro país. Genera empleo, fija población en el medio rural, contribuye a la cohesión territorial y desempeña un papel fundamental en la conservación de ecosistemas y paisajes,
especialmente a través de modelos sostenibles como la ganadería extensiva. Además, cumple con estrictas normativas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal, situándose entre las más exigentes del mundo.
La proteína de origen animal forma parte esencial de una dieta equilibrada, reconocida por la ciencia nutricional y por modelos alimentarios saludables como la dieta mediterránea. Criminalizar su consumo o sustituirlo por productos
artificiales altamente procesados no responde a criterios científicos ni a una visión equilibrada de la sostenibilidad, sino a planteamientos ideológicos o intereses económicos ajenos a la realidad de millones de productores y consumidores.
Tomando como referencia el libro «Razones para ser omnívoro. Por tu salud y la del planeta» del veterinario Juan Pascual, está claro que, según los paleontólogos, comer carne con toda su riqueza nutricional nos hizo aumentar el tamaño de
nuestro cerebro y nuestro intestino, y nos hizo desarrollar como homo sapiens.
En este mismo libro se deja claro que el 84 % de todos aquellos que abrazan las dietas veganas, acaban abandonándolas debido a problemas serios de salud. No es de extrañar que Bill Clinton, tras declararse vegano en 2011, decidiera
abandonar esta dieta en 2014, siguiendo el consejo de sus doctores.
España, con su dieta mediterránea, y como segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, no puede aceptar que, desde foros internacionales o desde grandes corporaciones interesadas, se pretenda imponer un modelo alimentario artificial,
desconectado de nuestra tradición, de nuestro sector primario y de la libertad de elección de los ciudadanos.
La apertura de una nueva línea de producción o negocio, que puede tener su mercado y consumidores, en ningún caso debería partir de la criminalización del consumo de otro tipo de alimento, como está sucediendo con la carne.
Por todo lo anterior, resulta necesario que las instituciones españolas defiendan sin ambigüedades a nuestros ganaderos, el valor de la proteína animal y un modelo alimentario basado en la diversidad, la evidencia científica y el respeto al
medio rural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender activamente la ganadería española, en todas sus modalidades, como un sector estratégico desde el punto de vista económico, social, nutricional y medioambiental.
2. Poner en valor el papel de la proteína animal dentro de una alimentación equilibrada y saludable, basada en la evidencia científica y en modelos reconocidos como la dieta mediterránea.
3. Garantizar la libertad de elección de los consumidores, a través de campañas institucionales que no estigmaticen el consumo de carne o favorezcan de manera ideológica productos artificiales o altamente procesados.
4. Reforzar el apoyo al sector ganadero, especialmente a la ganadería extensiva y familiar, como herramienta clave para la sostenibilidad, la lucha contra la despoblación y el mantenimiento del medio rural.
5. Defender en los foros internacionales un modelo alimentario plural, sostenible y respetuoso con las tradiciones productivas de cada país, frente a intentos de imponer modelos únicos promovidos por intereses ideológicos y especulativos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2026.Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Rosa Quintana Carballo, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Joaquín Melgarejo Moreno, Ainhoa Molina León, María de las
Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Milagros Marcos Ortega, Sergio Sayas López, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Manuel García Félix, Óscar Ramajo Prada y Antonio Martínez Gómez, Diputados.Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de las legumbres españolas, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La calidad agroalimentaria española no es una abstracción, se toca en el territorio, en las semillas, en las manos que siembran, en la industria que transforma y en una cultura alimentaria que ha sabido convertir diversidad y tradición en
competitividad. En ese ecosistema, las figuras europeas de calidad diferenciada, Denominación de Origen Protegida e Indicación Geográfica Protegida, han demostrado ser un instrumento eficaz para proteger nombres, fijar valor en origen, ordenar el
mercado y proyectar reputación, dentro y fuera de nuestras fronteras.
España es una potencia agroalimentaria y su fortaleza exportadora convive con un reto igualmente estratégico, garantizar que la alimentación saludable sea accesible y que el valor añadido permanezca en el medio rural. En este marco, el
Gobierno de España ha impulsado la Estrategia Nacional de Alimentación como hoja de ruta para consolidar un sistema alimentario competitivo, sostenible y socialmente accesible, orientado a la autonomía estratégica alimentaria, la reducción de
vulnerabilidades y la mejora de los entornos alimentarios. Ese enfoque conecta con una evidencia cada vez más sólida, los patrones de dieta equilibrada se sostienen mejor cuando se refuerzan cadenas de valor de proximidad, productos frescos y
mínimamente procesados, y una oferta alimentaria de Calidad con trazabilidad verificable.
Las legumbres encajan de forma natural en ese propósito. Son alimentos básicos de la Dieta Mediterránea, aportan proteína vegetal, fibra y micronutrientes, y permiten diversificar la cesta de la compra sin renunciar a identidad culinaria.
Además, desde una perspectiva agronómica, contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas productivos al favorecer rotaciones y a mejorar el balance de nitrógeno del suelo, reduciendo dependencias de insumos. La dimensión de salud pública y la
sostenibilidad agraria convergen, por tanto, en un mismo vector, impulsar el consumo de legumbres y reforzar las cadenas que las producen y las diferencian.
Aun así, la presencia de figuras de calidad diferenciada en el ámbito de las legumbres sigue siendo limitada si se compara con otros sectores ampliamente representados en el registro europeo. En España, las legumbres cuentan hoy con un
número reducido de figuras reconocidas, tres Denominaciones de Origen Protegidas: Alubia de Anguiano, Fesols de Santa Pau y Mongeta del Ganxet, y ocho Indicaciones Geográficas Protegidas: Alubia de La Bañeza-León, Faba Asturiana, Faba de Lourenzá,
Garbanzo de Escacena, Garbanzo de Fuentesaúco, Judías de El Barco de Ávila, Lenteja de La Armuña y Lenteja de Tierra de Campos. Esta realidad evidencia un margen de mejora, tanto para consolidar y defender las figuras existentes como para estimular
nuevos reconocimientos donde exista base productiva, tradición acreditada y organización sectorial suficiente.
El marco europeo se ha actualizado recientemente para reforzar las indicaciones geográficas, su gobernanza, la protección del nombre en el mercado interior, y su defensa frente a usos indebidos, incluida la dimensión digital. Este escenario
ofrece una ventana de oportunidad para que España profundice, de forma coordinada con las comunidades autónomas y los operadores, en una estrategia específica que incremente el número de figuras vinculadas a legumbres, eleve su notoriedad y asegure
un control eficaz del uso del nombre protegido, evitando prácticas que confundan al consumidor o perjudiquen a quienes cumplen los pliegos de condiciones.
Impulsar DOP e IGP de legumbres no es solo una política de etiquetado. Es una palanca de desarrollo rural, de valor añadido y de cohesión territorial, una herramienta para preservar variedades locales, saberes agronómicos y elaboraciones
tradicionales, y un mecanismo concreto para alinear calidad, salud y sostenibilidad con la Estrategia Nacional de Alimentación. Reforzar estas figuras significa, además, proteger a los productores y productoras frente a la competencia desleal,
mejorar la transparencia del mercado y consolidar una oferta alimentaria de proximidad con trazabilidad, reputación y capacidad de competir en calidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el marco de la Estrategia Nacional de Alimentación y de la política de calidad diferenciada, el apoyo a las legumbres españolas amparadas por DOP e IGP y a los territorios con potencial para promover nuevos reconocimientos,
en cooperación con el conjunto de las administraciones públicas competentes, incorporando acompañamiento técnico y jurídico a los operadores, apoyo a su organización y vertebración, asistencia para la elaboración y actualización de pliegos de
condiciones y de los sistemas de control, así como objetivos e indicadores de seguimiento orientados a consolidar estas figuras, reforzar su posicionamiento en el mercado y garantizar la protección efectiva de los nombres.
2. Seguir reforzando, en coordinación con las comunidades autónomas, el control y la defensa de las DOP e IGP de legumbres ya reconocidas, manteniendo el programa específico dentro del PNCOCA denominado programa de control productos
alimenticios con calidad diferenciada, para culminar las más de 1000 actuaciones de control previstas entre 2023-2026 contribuyendo con ello a evitar usos indebidos del nombre protegido y prácticas que puedan inducir a error, e impulsando acciones
de promoción y divulgación que acerquen estos productos a la ciudadanía, incluyendo su valorización en canales de restauración colectiva y compra pública alimentaria cuando proceda, conforme a criterios de calidad nutricional, sostenibilidad,
trazabilidad y proximidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Iván Cacho Isla, María Luisa Faneca López, Patricia Otero Rodríguez, Trinidad Carmen Argota Castro, Jonay Quintero Hernández, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, José Luis Aceves
Galindo, Amador Marqués Atés, Joaquín Martínez Salmerón, María Carmen Sánchez Díaz, Daniel Senderos Oraá y Marta Trenzano Rubio, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la autorización excepcional
de herramientas fitosanitarias para el control del pulgón en los cultivos agrícolas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrícola español constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, del equilibrio territorial y de la cohesión social en el medio rural. Aporta un volumen muy relevante de producción y exportaciones, genera cientos
de miles de empleos directos e indirectos y contribuye de manera decisiva a la seguridad alimentaria y al abastecimiento de los mercados europeos.
En este contexto, la sanidad vegetal y la disponibilidad de herramientas fitosanitarias eficaces resultan esenciales para garantizar la continuidad productiva y la competitividad de los distintos cultivos agrícolas. La presencia de plagas
como los pulgones afecta de manera muy significativa a una amplia variedad de producciones, desde cultivos hortícolas hasta frutales y otros cultivos intensivos, y puede comprometer tanto los
rendimientos como la calidad comercial de las cosechas, con el consiguiente impacto económico y social para los agricultores y para el conjunto del sector agroalimentario.
Sin embargo, este sector estratégico atraviesa actualmente una situación crítica como consecuencia de la retirada del principio activo spirotetramat, tras la expiración de su aprobación a nivel europeo el 30 de abril de 2024 conforme al
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/489. Aunque se estableció un período de gracia para su comercialización y uso, dicho plazo finalizó el 30 de octubre de 2025, quedando desde entonces prohibida su utilización.
El spirotetramat ha sido durante años una herramienta fundamental dentro de las estrategias de manejo integrado de plagas, especialmente para el control del pulgón en un amplio abanico de cultivos agrícolas relevantes de alto valor económico
como la lechuga, tomate, coles, apios, espinacas, pimiento, berenjena, cebollas, coles, melón, sandía, fresa, o diferentes tipos de frutales leñosos, entre otros. Estas plagas no solo reducen el rendimiento del cultivo, sino que provocan pérdidas
comerciales graves debido a la presencia del insecto en el producto final, lo que conlleva rechazos en los mercados y deterioro de la competitividad del sector.
La retirada de esta materia activa se ha producido sin que existan actualmente alternativas fitosanitarias equivalentes, plenamente eficaces y autorizadas para este uso específico. Los productos disponibles presentan limitaciones
importantes, entre ellas el reducido número de aplicaciones permitidas o una menor eficacia frente a determinadas poblaciones de pulgón, lo que está dificultando de manera notable el control de la plaga en campo.
Como consecuencia de esta situación, numerosos productores están experimentando incrementos muy significativos en la presencia del pulgón, con pérdidas económicas crecientes y un riesgo real de abandono de cultivos si no se adoptan medidas
urgentes. La propagación descontrolada de estas plagas puede además extenderse a parcelas colindantes y a distintos tipos de cultivo dentro de las mismas áreas productoras, agravando el problema y generando una situación de crisis fitosanitaria en
amplias zonas agrícolas.
Esta problemática no afecta únicamente a España. Otros Estados miembros de la Unión Europea han reconocido la gravedad de la situación y han recurrido a los mecanismos excepcionales que contempla la normativa comunitaria. En particular, el
artículo 53 del Reglamento (CE) n° 1107/2009 permite autorizar temporalmente, en situaciones de emergencia fitosanitaria, el uso de determinados productos cuando no existan alternativas razonables.
De hecho, varios países europeos ya han activado estas autorizaciones o períodos de gracia adicionales. Portugal ha extendido el uso hasta octubre de 2026; Grecia y Chipre hasta abril de 2026; la República Checa hasta mayo de 2026; y
Estonia hasta marzo de 2026. Asimismo, países como Alemania, Francia y Eslovenia han concedido autorizaciones excepcionales para periodos concretos durante 2026, mientras que Italia se encuentra tramitando medidas similares mediante un
procedimiento de alerta sanitaria.
En esta línea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación si ha autorizado temporalmente la comercialización y el uso de productos fitosanitarios formulados a base de sulfoxaflor 12 % [SC] PN para el tratamiento insecticida para el
control de pulgón (Brevicoryne brassicae y Myzus persicae), pero sólo en brócoli, repollo, coliflor, coles chinas y en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Esta situación genera además un grave problema de competencia desleal dentro del mercado único europeo, ya que los productores españoles se ven obligados a competir con agricultores de otros Estados miembros que sí disponen de herramientas
fitosanitarias eficaces para proteger sus cultivos.
Las organizaciones de productores, cooperativas y asociaciones agrarias han advertido reiteradamente de la gravedad de este escenario. Todas ellas coinciden en señalar que la retirada de materias activas esenciales no puede producirse sin
que previamente existan alternativas técnicas viables, ya que ello pone en riesgo la
continuidad productiva de cultivos estratégicos y la viabilidad de un gran número de explotaciones familiares.
España es líder europeo en producción hortícola y un actor de primer orden en múltiples producciones agrícolas, lo que le confiere una responsabilidad y una vulnerabilidad particulares ante decisiones regulatorias de este tipo. Resulta por
tanto imprescindible que el Gobierno adopte una posición firme en defensa de nuestros agricultores, garantizando que dichas decisiones no generen situaciones de desventaja competitiva ni comprometan la viabilidad económica y social del sector en los
territorios más dependientes de la agricultura.
Es necesario que la transición hacia sistemas de producción más sostenibles debe realizarse con rigor científico, planificación y diálogo con el sector, evitando decisiones precipitadas que dejen a los agricultores sin herramientas eficaces
para proteger sus cultivos.
Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno actúe con urgencia, utilizando los instrumentos que permite la legislación europea para responder a esta emergencia fitosanitaria, al tiempo que impulsa el desarrollo y autorización de nuevas
soluciones eficaces que permitan garantizar la sanidad vegetal y la competitividad del sector.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evaluar con carácter urgente, al amparo del artículo 53 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009, la autorización excepcional temporal del principio activo fitosanitario eficaz para el control del pulgón en todas las provincias y en los
distintos cultivos agrícolas afectados, siempre que no haya alternativa autorizada en España que sea efectiva y la pueda sustituir, prevaleciendo el principio de seguridad alimentaria y la garantía de que no haya ningún impacto en la salud derivado
de su uso y posterior consumo.
2. Impulsar de forma prioritaria y con la máxima celeridad los procedimientos de registro y autorización de nuevas materias activas y productos fitosanitarios alternativos que permitan sustituir eficazmente a aquellas sustancias retiradas
por la normativa comunitaria.
3. Establecer un mecanismo de evaluación del impacto agronómico, económico y social previo a la retirada de materias activas consideradas críticas para determinados cultivos estratégicos, garantizando que existan alternativas técnicas
viables antes de su prohibición efectiva.
4. Defender en el seno de las instituciones europeas la revisión de las limitaciones de uso de sustancias, cuando la mayoría de los países están solicitando excepciones por no haber alternativas, dado que lastran la competitividad de la
producción europea y generan competencia interna entre sus países.
5. Reforzar los programas públicos de investigación, innovación y transferencia tecnológica en sanidad vegetal, con especial atención al desarrollo de soluciones sostenibles y eficaces para el control de pulgones y otras plagas en los
distintos cultivos agrícolas.
6. Establecer un plan específico de seguimiento y apoyo a los sectores productores de los distintos cultivos agrícolas afectados por el pulgón, en colaboración con las comunidades autónomas y las organizaciones representativas del sector,
con el objetivo de prevenir crisis fitosanitarias que comprometan la producción y el empleo en las zonas rurales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Ana Martínez Labella, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata,
Joaquín Melgarejo Moreno, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Ainhoa
Molina León, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Maribel Sánchez Torregrosa, Rafael Antonio Hernando Fraile, Mirian Guardiola Salmerón,
Sandra Pascual Rocamora, Bartolomé Madrid Olmo, Agustín Parra Gallego y Sergio Sayas López, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del sector del
ovino y del vacuno dentro de las negociaciones del futuro acuerdo comercial entre la Unión Europea y Australia, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La ganadería española, dentro del sector agroalimentario español, constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, así como un elemento esencial para la cohesión territorial, la fijación de población y el mantenimiento del
medio rural, la preservación de los ecosistemas medioambientales, y la garantía de nuestra soberanía alimentaria.
En noviembre de 2015, el Gobierno australiano, el Consejo Europeo y la Comisión Europea acordaron iniciar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC/FTA) entre la Unión Europea (UE) y Australia. En 2018 se inició las
negociaciones, pero la última ronda fracasó en 2023, en gran medida por la presión del Gobierno australiano para obtener mayores cuotas de exportación de carne de vacuno y ovino a la UE.
Diversas organizaciones representativas del sector, entre ellas Cooperativas Agroalimentarias de España, están advirtiendo sobre las graves consecuencias que podrían derivarse de aceptar determinadas exigencias planteadas por Australia en
relación con la exportación de carne hacia el mercado europeo.
Australia, como mayor exportador mundial de carne de ovino, es uno de los tres primeros proveedores en el mercado comunitario. Entre las demandas que plantean al TLC destaca el incremento del contingente de exportación de carne de ovino
desde Australia hacia la Unión Europea, que se multiplicaría por doce en volumen, pasando un cupo de importación específico por país de 5.851 toneladas (Tm) de carne de ovino y caprino actuales a más de 60.000 Tm. En la actualidad, las
importaciones fuera de cupo están sujetas a derechos de importación del 12,8 %, más un suplemento de hasta 3,10 /kg.
Por otra parte, los productores de carne australianos amplían este margen a un mínimo de 67.000 Tm de carne de ovino y de cabra, para no perder desventaja en comparación con Nueva Zelanda, que cuenta con una asignación anual de 125.769 Tm
libre de aranceles desde el 1 de julio de 2023.
Según el propio sector, aceptar estas condiciones supondría una presión inasumible para sectores estratégicos, comprometiendo el futuro de miles de ganaderos, cooperativas y explotaciones familiares en España y en el conjunto de la Unión
Europea, lo que abocaría al cierre de explotaciones por falta de viabilidad.
El sector ovino español ya viene atravesando una crisis estructural desde hace más de 25 años, produciéndose un descenso continuado en la cabaña ganadera, pasando de 22 millones de cabezas en 2006 a tan sólo 13 millones en 2024.
España es el primer productor de carne de ovino de la UE, con el 25 % de la producción comunitaria, lo que supone cerca de 7,9 millones de cabezas sacrificadas en 2024; y esta actividad desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de
las
economías rurales, contribuyendo a la fijación de población y a la sostenibilidad medioambiental del territorio.
Además, el sector se enfrenta, desde hace años, a importantes dificultades estructurales, como el aumento de los costes de producción, la falta de relevo generacional y la competencia de importaciones procedentes de terceros países con
estándares productivos distintos a los exigidos en la Unión Europea.
Al mismo tiempo, se está negociando, también, los contingentes de importación de la carne de vacuno. Australia, representa el segundo exportador mundial de este tipo de carne. Tras la conclusión del período de transición del Brexit a
finales de 2020, la cuota de carne de vacuno de alta calidad (vacuno Hilton o HQB) de Australia se dividió entre la UE y el Reino Unido, asignando 3.389 Tm a la UE y manteniéndose el arancel del 20 %. Las demandas para el actual TLC están en torno
a 24.000 Tm, aunque Australia piden que estas suban a 40.000 Tm año, y su industria ejerce presión para que estas alcancen las 50.000 Tm.
Asumir por parte de la UE este volumen de carne, produciría el colapso de nuestra ganadería de vacuno, y la dificultad de supervivencia de multitud de explotaciones ganaderas de este tipo de ganadería, dada la situación que también arrastran
de viabilidad por los elevados costes de producción que llevan soportando desde hace años.
El propio Documento de posición de la Comisión Europea sobre la evaluación del impacto en la sostenibilidad en apoyo de las negociaciones para un TLC con Australia, de 2022, reconoce que «algunos sectores económicos de la UE, como los
sectores de la carne de vacuno y ovino y el azúcar, requieren una atención específica». Los servicios de la Comisión confirmaban que la eliminación total de los aranceles y los contingentes arancelarios en el sector agrícola podría no ser un
resultado realista de las negociaciones y cuestionaban la capacidad del aumento de la producción en origen.
Los ganaderos españoles trabajan cumpliendo estrictas normas en materia de bienestar animal, sanidad, sostenibilidad medioambiental; asumiendo unos costes de producción y laborales muy exigentes, a la vez que desarrollan un modelo en
extensivo que cuida y mantiene nuestros bosques y paisajes.
En aras a preservar estos modelos de ganadería que contribuyen y aseguran nuestra soberanía alimentaria, resulta imprescindible que el Gobierno de España ejerza un liderazgo firme en el seno de las instituciones europeas para defender los
intereses y la viabilidad económica de los productores españoles, garantizando, además, condiciones de competencia justas y equilibradas.
Aunque la negociación de los acuerdos comerciales corresponde a la Comisión Europea, la voz de los estados, y en este caso de España, es determinante para defender a este sector estratégico, y evitar que dichas negociaciones puedan dar lugar
a un acuerdo que ponga en riesgo a multitud de ganaderías en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Defender en el seno de la Unión Europea los intereses del sector agroalimentario español, garantizando unas reglas de juego equivalentes en el futuro Tratado de Libre Comercio (TLC) con Australia, en los sectores de carne de ovino y
vacuno.
2. Actualizar la evaluación de impacto económico del TLC con Australia y realizar una evaluación socioeconómica específica sobre las consecuencias que las concesiones comerciales a Australia podrían tener para los sectores ganaderos
españoles.
3. Promover la incorporación en el Acuerdo entre la Unión Europea y Australia de un mecanismo de salvaguardia agrícola, inspirado y con la misma ambición que el previsto en el Acuerdo UE-Mercosur, de modo que permita suspenderlas
preferencias arancelarias cuando se superen en un 5 % el aumento de importaciones o la altercación de precios y, por tanto, estén generando perturbaciones en el mercado agroganadero
europeo. Esto se hará mediante procedimientos rápidos de activación por parte de la Comisión Europea basados en indicadores objetivos de volumen y precio.
4. Reforzar, tanto por parte de España, como de la Unión Europea, los controles a las importaciones en frontera y redoblar las auditorias en origen.
5. Promover la creación de una nueva Agencia europea de control de las importaciones, frontex agroalimentario con capacidad para coordinar y homologar los controles.
6. Revisar, en el seno de la Comisión Europea, las exigencias normativas, esencialmente las medioambientales, que lastran la productividad y la competitividad de la producción agroalimentaria europea y, en particular, la española, sin
beneficio ambiental, o para la salud probados.
7. Exigir a la Comisión Europea que cualquier acuerdo comercial garantice condiciones de competencia equitativas, asegurando que los productos importados cumplan el Sistema Europeo de Acreditación de Ganado (EUCAS), y los mismos estándares
sanitarios, fitosanitarios, medioambientales y de bienestar animal exigidos a los productores europeos.
8. Eliminar toda la sobrerregulación y limitaciones a la producción agraria y agroalimentaría en España, respecto al resto de Europa.
9. Impulsar medidas de apoyo y protección para los productores españoles, especialmente en las zonas rurales más vulnerables, con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de las explotaciones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Javier José Folch Blanc, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Joaquín Melgarejo
Moreno, Milagros Marcos Ortega, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Ainhoa Molina León, Rosa Quintana Carballo, Manuel García Félix, Óscar Ramajo Prada y Antonio Martínez Gómez, Diputados.Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del sector
citrícola español, la reciprocidad en las importaciones agrarias y el impulso del consumo de cítricos nacionales, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector citrícola español constituye una actividad estratégica para la economía nacional. España lidera la producción citrícola europea gracias al esfuerzo de miles de agricultores que cumplen los estándares fitosanitarios, laborales y
medioambientales más exigentes del mundo, derivados de la normativa de la Unión Europea. Estas obligaciones, necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, suponen también un incremento significativo de los costes de
producción.
Frente a ello, el sector denuncia una creciente entrada de cítricos procedentes de terceros países, particularmente de Egipto y Sudáfrica, producidos bajo condiciones regulatorias diferentes y con el uso de sustancias fitosanitarias no
autorizadas en el ámbito comunitario. Esta situación genera una evidente falta de reciprocidad que perjudica gravemente la competitividad de los productores españoles.
Particularmente, la Red de Alerta Rápida de la Unión Europea para alimentos y piensos (RASFF) ya ha detectado, sólo en el mes de febrero de 2026, cuatro lotes de naranjas de Egipto con presencia de residuos que superan el límite máximo
permitido (LMR) y materias fitosanitarias cuyo uso está prohibido para los cítricos europeos,
En base a los datos proporcionados por el RASFF podemos comprobar que no se trata de un caso aislado, puesto que frutas y hortalizas procedentes de Egipto ya acumulaban, hasta primeros de marzo de 2026, catorce incumplimientos notificados
por la Red de Alerta, afectando a tomates, patatas, hojas de vid, pimientos, aceitunas, o fresas. Durante 2025 se realizaron 126 detecciones de productos egipcios, de los cuales 26 correspondían a naranjas.
Desde enero de 2021, el país Egipto acumula un total de 678 interceptaciones en los puertos de entrada de la Unión Europea. Diversas organizaciones agrarias han avisado de que la entrada de productos incumpliendo la normativa europea supone
una amenaza a nuestra seguridad alimentaria, poniendo en riesgo la salud de nuestros consumidores, además de suponer una competencia desleal manifiesta hacia nuestros productores. Los datos de febrero coinciden con la entrada de las naranjas
egipcias en competencia por los mercados europeos con las producciones nacionales.
En los últimos diez años, la importación de naranjas y mandarinas procedentes de Egipto en la Unión Europea se ha duplicado. Esta tendencia parecía haberse revertido en 2025, cuando las importaciones descendieron en torno a un 30 %,
situándose en 370.378 toneladas. Sin embargo, la decisión de la Comisión Europea de reducir al 10 % la frecuencia de los controles fitosanitarios, junto con el aumento de la producción y los bajos precios en la industria del zumo, podría provocar
un nuevo repunte de las importaciones.
Pero no se trata de un problema exclusivo con el país norte africano. En el mes de febrero también se han interceptado y rechazado partidas de cítricos con materias activas no autorizadas en la Unión Europea o por superar los Límites
Máximos de Residuos (LMR) procedentes de Turquía y Brasil.
España, dado la importancia del sector citrícola, debe defender el principio de igualdad de reglas para competir, evitando que los agricultores europeos soporten exigencias que posteriormente no se aplican a los productos importados. La
apertura comercial debe ir acompañada de garantías sanitarias, ambientales y de competencia justa.
Asimismo, diversos Estados miembros, entre ellos Francia e Italia, han impulsado políticas de compra pública alimentaria que favorecen el producto nacional mediante criterios objetivos de calidad, proximidad, sostenibilidad y reducción de
emisiones, plenamente compatibles con la normativa comunitaria.
La contratación pública representa una herramienta eficaz para apoyar al sector primario, fortalecer la soberanía alimentaria europea y garantizar a los consumidores productos seguros y de máxima calidad, sin vulnerar los principios de libre
competencia.
Por todo ello, resulta necesario reforzar el respaldo institucional al sector citrícola español y avanzar hacia un marco comercial basado en la reciprocidad real.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Defender en el seno de las instituciones europeas la aplicación efectiva del principio de reciprocidad, garantizando que los cítricos importados cumplan los mismos requisitos fitosanitarios y ambientales exigidos a los productores
europeos.
Reforzar los controles fitosanitarios en frontera y en origen, incrementando los recursos de inspección para evitar la entrada de productos que no cumplan la normativa comunitaria.
Impulsar criterios de calidad, proximidad y sostenibilidad en la contratación pública alimentaria, favoreciendo el abastecimiento de cítricos de origen español en comedores escolares, hospitales, centros públicos y demás dependencias de la
Administración General del Estado.
Desarrollar una estrategia nacional de apoyo al sector citrícola, en colaboración con comunidades autónomas y organizaciones agrarias, orientada a mejorar la competitividad, la modernización y la apertura de nuevos mercados.
Promover campañas institucionales de información y consumo responsable, poniendo en valoría calidad, seguridad ytrazabilidad de los cítricos españoles.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Javier José Folch Blanc, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Joaquín Melgarejo
Moreno, Milagros Marcos Ortega, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Ainhoa Molina León, Rosa Quintana Carballo, Manuel García Félix, Óscar Ramajo Prada y Antonio Martínez Gómez, Diputados.Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la tramitación y contenido
de la modificación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, y la necesaria transparencia, adecuación legal y seguridad jurídica, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado una nueva Consulta Pública previa para modificar el Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, alegando la necesidad de atender
el procedimiento de infracción INFR (2022)4121 incoado por la Comisión Europea por presunto incumplimiento de la Directiva 2006/123/CE.
Según la información facilitada por el propio Ministerio, la Comisión Europea habría considerado que determinados aspectos del régimen jurídico de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre no se ajustan a lo dispuesto en el
artículo 12 de la citada Directiva de Servicios, particularmente en lo relativo a la transparencia en los procedimientos de otorgamiento y a la duración de las concesiones.
Sin embargo, la información puesta a disposición en la Consulta Pública previa resulta manifiestamente insuficiente para conocer el contenido exacto de las exigencias formuladas por la Comisión, los preceptos concretos afectados, el alcance
real de las modificaciones que el Gobierno pretende introducir o el impacto económico y jurídico de dichas reformas.
Esta falta de transparencia resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que el procedimiento de infracción se inició en el año 2021, que el dictamen motivado data de diciembre de 2024 y que, pese al tiempo transcurrido, no se ha
trasladado a las Comunidades Autónomas ni al Congreso de los Diputados la documentación completa del expediente.
Además, el Gobierno ha optado por iniciar la modificación del Reglamento General de Costas antes de promover la reforma de la propia Ley de Costas, pese a que el dictamen motivado de la Comisión Europea señala expresamente preceptos con
rango de ley.
Tal decisión plantea serias dudas desde la perspectiva del principio de jerarquía normativa consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española, así como respecto de la reserva de ley que rige el régimen jurídico del dominio público
conforme al artículo 132 de la misma.
El régimen de duración, prórroga y extinción de las concesiones demaniales constituye un elemento estructural del sistema jurídico del dominio público marítimo- terrestre y afecta directamente a derechos e intereses legítimos consolidados,
inversiones productivas realizadas al amparo de la normativa vigente, la estabilidad económica del complejo mar-industria, miles de empleos en zonas costeras y la planificación territorial desarrollada por Comunidades Autónomas con competencias en
ordenación del litoral.
En particular, en comunidades con una especial vinculación económica y social al litoral, cualquier alteración sustantiva del régimen concesional puede comprometer la viabilidad de actividades pesqueras, acuícolas, transformadoras e
industriales cuya implantación se ha producido bajo un marco jurídico estable durante décadas.
Debemos recordar que, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tuvo el rechazo frontal de los partidos que actualmente ocupan el gobierno, que
consideraba excesivo algún precepto, como los 75 años de concesión administrativa. La Ley fue motivo de varios recursos judiciales pero las sucesivas sentencias sólo declaraban inconstitucionales tres cuestiones puntuales, muy concretas y
localizadas, a la vez que establecían los fundamentos jurídicos de interpretación de algunos artículos.
En este sentido, el Reglamento General de Costas, aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, aún vigente, venía a derogar el antiguo Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas, y tenía por objeto actualizar determinados aspectos incluidos en el nuevo marco normativo de 2013.
El Gobierno utilizó la Ley 7/2021, de 20 mayo, de cambio climático y transición energética para realizar cambios que afectaban a la propia ley de costas sin afrontar una modificación directa de las leyes antes referidas.
El Gobierno intentó modificar el reglamento de 2014 aprobando el Real Decreto 668/2022. Sin embargo, este fue declarado nulo por el Tribunal Supremo mediante sentencia de 31 de enero de 2024 por defectos en el procedimiento de elaboración
normativa, concretamente por insuficiencia en el trámite de consulta pública previa.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que el procedimiento de elaboración de disposiciones generales no constituye un mero formalismo, sino una garantía sustantiva de participación, transparencia y calidad normativa. La
omisión o el cumplimiento defectuoso de dichos trámites puede determinar la nulidad de pleno derecho de la disposición aprobada.
Por otra parte, la propia Directiva de Servicios exige transparencia y objetividad en la adjudicación de autorizaciones cuando exista escasez de recursos naturales, pero no impone necesariamente una reducción automática de la duración máxima
de las concesiones ni la revisión retroactiva de situaciones jurídicas consolidadas.
Utilizar una modificación del Reglamento para evitar modificar la ley o modificarla posteriormente invierte el orden lógico del sistema normativo y puede generar inseguridad jurídica, litigiosidad masiva y eventuales responsabilidades
patrimoniales.
Por todo ello, resulta imprescindible que cualquier reforma del régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre se aborde con plena transparencia, con participación real de los sectores afectados, con diálogo institucional con las
Comunidades Autónomas costeras, mediante el instrumento normativo adecuado y garantizando la estabilidad del tejido productivo vinculado al litoral.
Resulta llamativo que, desde la derogación del Real Decreto 668/2022, en 2024, el Gobierno no iniciara una nueva reforma del reglamento de costas, aunque así lo enfatizó la exministra Ribera tras su derogación. La adaptación a las
exigencias europeas no puede convertirse en un pretexto para introducir, por vía reglamentaria y con tramitación acelerada, cambios estructurales que afecten al modelo de ocupación y gestión del litoral español sin el correspondiente debate
parlamentario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar la tramitación de la modificación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, hasta que no se haga público la documentación íntegra relativa al procedimiento de infracción
INFR (2022)4121, incluyendo el dictamen motivado de la Comisión Europea y las comunicaciones mantenidas con la Comisión.
2. Asegurar que cualquier modificación del Real Decreto 876/2014, se realiza siguiendo el procedimiento integro establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
teniendo en consideración las alegaciones realizadas en el periodo de participación pública, con plena transparencia y participación institucional, el alcance exacto de las exigencias derivadas del procedimiento europeo de infracción.
3. Afrontar con carácter prioritario, y en caso de que sea necesario, la elaboración y remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley de reforma integral de la Ley 22/1988, de Costas.
4. Convocar con carácter previo a la elaboración del proyecto de ley, o cualquier modificación legal, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas costeras.
5. Abrir una mesa de diálogo con los sectores afectados; concesionarios particulares, complejo mar-industria o otras empresas, para aclarar previamente el alcance de las modificaciones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Rosa Quintana Carballo, César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno, Ainhoa Molina León, Ana Martínez Labella, Juan Luis Pedreño Molina y Macarena Montesinos de Miguel,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la Dieta Mediterránea y a la mejora de la información
alimentaria al consumidor, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
España ha construido su identidad alimentaria sobre una cultura basada en la salud, el territorio y el equilibrio nutricional. La Dieta Mediterránea, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, constituye
uno de los principales activos culturales, económicos y sociales de nuestro país. No es únicamente un patrón alimentario, sino un modelo de vida vinculado a la agricultura, la pesca, la ganadería y la
transformación alimentaria de calidad, que ha contribuido históricamente a situar a España como referencia internacional en materia gastronómica y agroalimentaria.
En las últimas décadas se ha producido una transformación progresiva en los hábitos de consumo, caracterizada por un mayor peso de productos de conveniencia y de elevada transformación industrial. La reciente serie publicada por The Lancet
sobre alimentos ultraprocesados y salud humana representa uno de los análisis científicos más completos disponibles a nivel internacional. En ella se recogen más de un centenar de estudios que muestran una asociación consistente entre el consumo
elevado de productos de alto grado de transformación y un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas.
En el caso de España, los estudios disponibles apuntan a que la presencia de este tipo de productos en la dieta ha aumentado de manera significativa desde los años noventa. Una investigación doctoral desarrollada en nuestro país muestra que
incrementos relevantes en el consumo de productos altamente transformados se asocian con mayores riesgos de mortalidad por todas las causas. Al mismo tiempo, diversos trabajos advierten de las limitaciones de los sistemas actuales de etiquetado
para reflejar de manera completa el grado de procesamiento de los alimentos.
Los datos más recientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recogidos en el Informe del Consumo Alimentario en España 2024, muestran que los alimentos frescos mantienen un peso importante en la cesta de la compra, aunque se
observa un crecimiento sostenido de productos listos para consumir o de preparación rápida, especialmente en determinados segmentos de población. Este contexto obliga a reflexionar sobre cómo preservar y reforzar el patrón mediterráneo en un
entorno de mercado cada vez más globalizado.
La preocupación ciudadana es evidente. Estudios de opinión recientes señalan que una mayoría significativa de consumidores españoles manifiesta inquietud por el aumento del consumo de productos altamente transformados y demanda una
información más clara y comprensible para poder tomar decisiones alimentarias responsables.
El Gobierno de España ha venido desarrollando en los últimos años una estrategia integral en materia de alimentación y salud pública. La Estrategia de Salud Pública 2022, la Estrategia NAOS, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de
la Obesidad Infantil y las iniciativas orientadas a mejorarlos entornos alimentarios, especialmente en el ámbito escolar, reflejan un compromiso decidido con la prevención y con la promoción de hábitos saludables desde la infancia.
Desde la perspectiva de la política agraria y alimentaria, este debate debe abordarse con equilibrio y rigor. A día de hoy no existe una definición legal armonizada en la Unión Europea del concepto «alimento ultraprocesado». La adopción de
medidas unilaterales basadas en categorías no definidas jurídicamente podría generar inseguridad normativa, afectar a la competitividad del sector agroalimentario español y provocar confusión entre los consumidores. El procesamiento de alimentos y
el uso de determinadas tecnologías y aditivos están regulados en el marco europeo y cumplen una función esencial para garantizar la seguridad alimentaria, la conservación y el abastecimiento.
Por ello, cualquier avance en esta materia debe basarse en criterios científicos sólidos, análisis de impacto rigurosos y, sobre todo, en un enfoque armonizado a escala europea. El Reglamento (UE) 1169/2011 sobre información alimentaria
facilitada al consumidor establece ya un marco común en la Unión Europea. En este contexto, el debate abierto en las instituciones europeas sobre la implantación de un sistema armonizado de etiquetado nutricional frontal constituye el espacio
adecuado para abordar, con garantías jurídicas y técnicas, la cuestión del grado de procesamiento de los alimentos.
España dispone, además, de instrumentos propios que permiten reforzar la transparencia y el apoyo al sector primario. La marca institucional «Alimentos de España» ha consolidado en los últimos años una estrategia de promoción de los
productos frescos, de calidad diferenciada y vinculados al territorio. Asimismo, el Observatorio de la Cadena Alimentaria, creado por la Ley 12/2013 y reforzado por la
Ley 16/2021, permite analizar el funcionamiento de la cadena, los costes y los márgenes, aportando información objetiva para la toma de decisiones.
En este contexto, resulta necesario reforzar la promoción de la Dieta Mediterránea, avanzar en una información alimentaria más clara y armonizada a nivel europeo y garantizar que cualquier medida que se adopte proteja simultáneamente la
salud pública, la seguridad jurídica y la competitividad del sector agroalimentario español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la Dieta Mediterránea como patrón alimentario saludable de acuerdo con las recomendaciones dietéticas de los organismos sanitarios nacionales e internacionales, integrando esta perspectiva en la Estrategia Nacional de
Alimentación y en coordinación con las políticas de salud pública, con especial atención a la educación alimentaria desde la infancia.
2. Defender en el seno de la Unión Europea la implantación de un sistema armonizado de etiquetado nutricional en la parte frontal del envase, voluntario, que facilite a los consumidores elegir alimentos de manera informada y consciente,
garantizando que cualquier referencia al grado de procesamiento se base en criterios científicos sólidos y en una definición común en el marco europeo.
3. Reforzar la promoción de alimentos frescos, de temporada y de proximidad en los entornos públicos, especialmente en centros educativos, en coordinación con las administraciones competentes, favoreciendo menús equilibrados supervisados
por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética y alineados con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación en la materia.
4. Potenciar la marca institucional «Alimentos de España» y el Observatorio de la Cadena Alimentaria como instrumentos para promover productos de calidad, mejorar la transparencia del mercado y analizar la evolución de los patrones de
consumo y su impacto en la cadena agroalimentaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2026.María Luisa Faneca López, Patricia Otero Rodríguez, Iván Cacho Isla, Jonay Quintero Hernández, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Trinidad Carmen Argota Castro, José Luis Aceves
Galindo, Amador Marqués Atés, Joaquín Martínez Salmerón, Marta Trenzano Rubio, María Carmen Sánchez Díaz y Daniel Senderos Oraá, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas
urgentes para mitigar el encarecimiento de los costes de producción agrarios, especialmente de los fertilizantes, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario español atraviesa nuevamente una grave situación de incremento de los costes de producción que amenaza seriamente la viabilidad económica de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas. Entre los factores que más están
presionando la
rentabilidad del sector destaca el fuerte encarecimiento de insumos esenciales, como la energía, el gasóleo agrícola y, especialmente, los fertilizantes.
En las últimas semanas, la escalada bélica en Oriente Medio tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha generado fuertes tensiones en los mercados internacionales de energía y materias primas. El aumento del precio del petróleo y del
gas natural elementos clave para la fabricación de fertilizantes nitrogenados está provocando una nueva espiral inflacionista en los costes de producción agrarios. El precio del crudo ha llegado a superar los 100 dólares por barril tras el inicio
del conflicto, mientras que el gas natural ha registrado incrementos cercanos al 40 % en los mercados internacionales.
Este contexto geopolítico está teniendo un impacto inmediato en el sector agrario europeo y español. Organizaciones agrarias han alertado de que los costes de fertilizantes y gasóleo agrícola están aumentando entre un 20 % y un 40 %, lo que
amenaza con trasladarse directamente al precio de los alimentos y deteriorar aún más la competitividad del campo europeo.
En España, el impacto ya es tangible. Diversos informes sectoriales estiman que el encarecimiento del gasóleo agrícola y de los fertilizantes está generando un sobrecoste de varios millones de euros diarios para el conjunto del sector
agrario. En apenas unos días, se han detectado subidas del 5 % en los fertilizantes y del 4 % en el gasóleo agrícola, con una tendencia claramente alcista si el conflicto se prolonga.
Conviene recordar que los fertilizantes constituyen uno de los pilares fundamentales de la productividad agrícola. Sin un suministro estable y a precios razonables, la producción agraria europea se vería gravemente comprometida, con
consecuencias directas sobre la seguridad alimentaria del continente.
En este sentido, las principales organizaciones representativas del sector agrario europeo, reunidas en Copa-Cogeca, han advertido recientemente de que el actual encarecimiento de los fertilizantes supone una amenaza directa para la
viabilidad de las explotaciones agrícolas europeas. En este sentido reclaman medidas urgentes antes de que la Comisión Europea presente su Plan de Acción de Fertilizantes de la UE, con el objetivo de aliviar la presión de costes y devolver
estabilidad al mercado en un contexto geopolítico más volátil.
Asimismo, el sector agrario europeo reclama que se refuerce el Observatorio del Mercado de Fertilizantes para garantizar mayor transparencia en los precios y evitar posibles comportamientos especulativos, así como la flexibilización de
determinadas normas europeas que limitan el uso de nutrientes orgánicos y digestatos, con el objetivo de reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos.
Mientras tanto, la Comisión Europea ya ha propuesto suspender durante un año los derechos de nación más favorecida (NMF) sobre las importaciones de varios fertilizantes nitrogenados clave e insumos para su producción (amoníaco, urea).
Por otra parte, varios Estados miembros de la Unión Europea ya están estudiando o aplicando medidas de apoyo para amortiguar el impacto de los elevados costes de producción agraria. Durante la crisis de fertilizantes derivada de la guerra
de Ucrania, países como Francia, Alemania o Italia activaron programas de ayudas directas, créditos blandos o reducciones fiscales para aliviar el impacto de los fertilizantes y la energía en las explotaciones agrícolas. La propia Comisión Europea
autorizó marcos temporales de ayudas de Estado para permitir este tipo de intervenciones.
Sin embargo, el Gobierno de España vuelve a llegar tarde y sin una estrategia clara para proteger a uno de los sectores productivos más estratégicos del país. Mientras nuestros agricultores compiten en un mercado global con productores de
terceros países que soportan menores costes regulatorios y energéticos, las explotaciones españolas se enfrentan a un incremento constante de costes sin medidas eficaces de compensación.
Esta falta de reacción no solo pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones agrarias, sino que también puede traducirse en una reducción de la producción agrícola, un aumento de las importaciones y, en última instancia, un
encarecimiento de los alimentos para los consumidores.
Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno de España adopte medidas urgentes para amortiguar el impacto del encarecimiento de los fertilizantes y garantizar la competitividad del sector agrario español en un contexto geopolítico cada
vez más incierto.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer una reducción temporal de la fiscalidad aplicable al gasóleo agrícola y a los fertilizantes, con el objetivo de aliviar los costes de producción de las explotaciones agrarias.
2. Promover en el seno de la Unión Europea la suspensión temporal del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) aplicado a los fertilizantes, así como la revisión de medidas arancelarias que encarecen las importaciones de estos
productos.
3. Impulsar en el seno de la Unión Europea la adopción de medidas de mercado que eviten que las decisiones comerciales y arancelarias sobre fertilizantes repercutan negativamente en la competitividad de los agricultores europeos.
4. Impulsar mecanismos de vigilancia y control del mercado de fertilizantes, en coordinación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y las autoridades europeas, como el Observatorio del Mercado de Fertilizantes de la UE,
para detectar posibles prácticas especulativas en la formación de precios.
5. Elaborar una estrategia nacional para reforzar la autonomía estratégica en fertilizantes y nutrientes agrícolas, fomentando la producción europea, la innovación tecnológica y la economía circular en la gestión de nutrientes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata, Joaquín Melgarejo Moreno,
María del Socorro Cuesta Rodríguez, Ainhoa Molina León, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la adopción urgente de medidas
extraordinarias que garanticen la viabilidad económica de la flota pesquera española frente al incremento de los costes energéticos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector pesquero constituye una actividad estratégica para España desde el punto de vista económico, social y territorial. España es la primera potencia pesquera de la Unión Europea y cuenta con una cadena mar-industria que genera decenas
de miles de empleos directos e indirectos, contribuye al abastecimiento de alimentos de alta calidad y desempeña un papel esencial en la cohesión económica y social de numerosas comunidades costeras.
España cuenta con una de las principales flotas pesqueras de la Unión Europea, integrada por miles de buques que desarrollan su actividad tanto en aguas nacionales como
en caladeros internacionales. El sector pesquero y la cadena mar-industria asociada generan decenas de miles de empleos y se erige como un elemento clave para el abastecimiento alimentario del país, aportando una parte significativa del
pescado que se consume en España y contribuyendo de manera decisiva a la economía de numerosas regiones costeras.
Dentro de este contexto nacional, Galicia es el principal polo pesquero de España. La comunidad concentra una parte muy significativa de la flota pesquera nacional y del empleo vinculado al mar. El conjunto del sector marítimo-pesquero
gallego da trabajo a decenas de miles de personas y representa una parte sustancial del empleo marítimo-pesquero de España. La estabilidad y competitividad de la flota gallega resulta, por tanto, determinante para el equilibrio económico y social
del conjunto del sector pesquero nacional.
Puertos como Vigo, A Coruña, Ribeira, Burela o Celeiro asientan nodos estratégicos de la actividad pesquera española y europea, concentrando una parte muy relevante de las descargas de productos pesqueros y de la actividad vinculada a la
cadena mar-industria.
En las últimas semanas, la escalada del conflicto en Oriente Medio y el incremento de la tensión internacional en torno a Irán han provocado una fuerte volatilidad en los mercados energéticos internacionales. El encarecimiento del petróleo
está teniendo un impacto directo sobre numerosos sectores productivos, pero resulta especialmente crítico en el sector pesquero, donde el combustible representa uno de los principales costes de explotación de la actividad.
La situación resulta particularmente preocupante porque el sector pesquero español aún no ha logrado recuperarse plenamente de las crisis de costes energéticos registradas en 2008 y en 2022. Muchas empresas pesqueras continúan operando con
márgenes de rentabilidad muy reducidos, lo que hace que cualquier incremento adicional del precio del combustible comprometa de forma inmediata la viabilidad económica de numerosas embarcaciones.
Esta situación afecta de manera especial a la pesca artesanal y de pequeña escala, donde pequeñas variaciones en los costes de explotación tienen un impacto directo sobre los ingresos de los profesionales del mar.
Además, el impacto de esta situación no se limita únicamente a la actividad extractiva. En torno a la pesca se articula una amplia cadena de valor que incluye lonjas, industrias transformadoras, empresas de comercialización, logística
portuaria, astilleros, talleres navales y numerosos servicios auxiliares vinculados al sector marítimo-pesquero. La pérdida de rentabilidad de la flota tendría un efecto directo sobre el empleo y la actividad económica en el conjunto de la cadena
mar-industria, especialmente en las comunidades costeras con mayor dependencia de esta actividad.
Sin embargo, pese a las advertencias trasladadas por las organizaciones representativas del sector pesquero y a la creciente preocupación existente en el conjunto de la cadena mar-industria, el Gobierno de España continúa sin presentar un
plan específico de apoyo al sector pesquero que permita mitigar el impacto inmediato de esta nueva crisis energética sobre la flota.
Mientras otros países de nuestro entorno, como Portugal, ya han adoptado medidas extraordinarias para apoyar a su sector pesquero ante la pérdida de rentabilidad derivada del incremento de los costes de explotación, el Gobierno español
permanece sin activar instrumentos eficaces que permitan compensar esta situación y garantizar la continuidad de la actividad.
Esta falta de anticipación no solo compromete la competitividad del sector pesquero español frente a otros Estados miembros, sino que pone en riesgo el empleo, la actividad económica de las comunidades costeras y la estabilidad de toda la
cadena mar-industria.
Además, la pérdida de competitividad de la flota pesquera europea tendría consecuencias que trascienden el propio sector. Si la actividad pesquera se ve progresivamente limitada por el incremento de los costes de explotación sin que existan
mecanismos de compensación adecuados, la Unión Europea corre el riesgo de aumentar su dependencia de las importaciones de productos pesqueros procedentes de terceros países. Esta situación debilitaría la autonomía estratégica alimentaria de Europa
y podría favorecer la entrada en el mercado comunitario de productos procedentes de
países que operan bajo estándares sociales, laborales y medioambientales menos exigentes que los aplicados a la flota europea.
España no puede aspirar a liderar el debate europeo sobre el futuro de la pesca y la reforma de la Política Pesquera Común si no es capaz de actuar con determinación para proteger la viabilidad económica de su propia flota.
Por todo ello, resulta imprescindible que el Gobierno adopte de manera urgente medidas extraordinarias que permitan garantizar la continuidad de la actividad pesquera y proteger a uno de los sectores estratégicos de la economía azul
española. España no puede permitirse que su flota pesquera tenga que amarrar por falta de apoyo mientras otros países europeos ya están protegiendo a sus pescadores.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer con carácter urgente un mecanismo extraordinario de compensación del coste del combustible para la flota pesquera española, especialmente para aquellos segmentos más vulnerables desde el punto de vista económico.
2. Movilizar los instrumentos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para compensar a los operadores pesqueros por el incremento extraordinario de los costes de explotación.
3. Habilitar mecanismos de apoyo para los pescadores que deban cesar temporalmente su actividad debido a la inviabilidad económica derivada del incremento de los costes de explotación.
4. Reactivar el mecanismo de almacenamiento temporal de productos pesqueros a través de las organizaciones de productores pesqueros.
5. Promover ante la Comisión Europea el incremento de los límites de ayudas de Estado aplicables al sector pesquero, con el fin de permitir una mayor capacidad de respuesta ante crisis extraordinarias.
6. Impulsar en el ámbito de la Unión Europea una mayor flexibilidad interanual en la gestión de las cuotas pesqueras, ampliando el margen actualmente permitido por la normativa comunitaria.
7. Estudiar, en coordinación con los Estados miembros de la Unión Europea, medidas adicionales de apoyo al sector pesquero, incluyendo la reducción temporal de cotizaciones sociales o la suspensión temporal de determinados gravámenes
asociados a la actividad pesquera.
8. Impulsar, en el marco de la política fiscal y alimentaria, una revisión estructural del IVA aplicable a los productos pesqueros, con el objetivo de situarlos en un tipo reducido o superreducido, atendiendo a su carácter de alimento
esencial, su elevado valor nutricional y su contribución a una dieta saludable.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Rosa Quintana Carballo, Ainhoa Molina León, Ana Martínez Labella, Joaquín Melgarejo Moreno, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Manuel García Félix, Sergio Sayas López, Irene Garrido
Valenzuela, Jaime Eduardo de Olano Vela y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial
161/003210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo de los mecanismos de cooperación interadministrativa en materia
de vivienda y políticas urbanas, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
El acceso a una vivienda digna y adecuada constituye un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española y uno de los principales retos sociales y territoriales de la España actual. La creciente dificultad de acceso a la
vivienda, especialmente en áreas urbanas y ciudades medias, se vincula estrechamente con dinámicas territoriales complejas como la presión demográfica, la disponibilidad de suelo, la planificación urbana y la cohesión social de los barrios.
La respuesta a estos desafíos exige una actuación coordinada de las distintas administraciones públicas, en el marco del modelo territorial descentralizado del Estado. Las competencias en materia de vivienda y urbanismo se encuentran
distribuidas entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, lo que hace imprescindible reforzar los instrumentos de cooperación ¡nteradministrativa para garantizar la eficacia de las políticas públicas y evitar solapamientos o
ineficiencias.
En los últimos años se han desarrollado experiencias de cooperación entre administraciones para la gestión compartida de vivienda pública y suelos de titularidad estatal, así como instrumentos de coordinación en materia de agenda urbana y
planificación territorial, que han evidenciado el potencial de la colaboración multinivel para ampliar el parque de vivienda asequible y optimizar el uso del patrimonio público.
Asimismo, la regeneración urbana, la movilización de suelo público y la promoción de vivienda asequible requieren marcos de cooperación reforzados que permitan alinear objetivos, compartir herramientas y difundir buenas prácticas entre los
distintos niveles de gobierno.
Por todo ello, resulta oportuno impulsar medidas que refuercen la cooperación interadministrativa en materia de vivienda y políticas urbanas, en coherencia con el modelo territorial constitucional y con los principios de colaboración y
lealtad institucional.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reforzar la gobernanza multinivel en el desarrollo de las agendas urbanas y de las políticas públicas de vivienda, mediante la adopción de medidas de coordinación interadministrativa en el marco de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el
derecho a la vivienda, y del nuevo Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2026-2030.
2. Impulsar modelos de gestión y utilización compartida del patrimonio público residencial y del suelo de titularidad pública, mediante fórmulas de colaboración interadministrativa que permitan su movilización coordinada para políticas de
vivienda asequible y su incorporación al parque estatal de vivienda asequible gestionado por Casa 47, prestando especial atención al impulso de la oferta en las zonas de mercado residencial tensionado.
3. Promover instrumentos comunes de información y planificación del suelo y la vivienda pública, que faciliten la identificación, puesta a disposición y gestión coordinada de activos públicos con destino residencial entre administraciones,
sobre la base de instrumentos legales como el Sistema de Información Urbana, en el marco de la colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas y demás administraciones competentes.
4. Fomentar la difusión de buenas prácticas y experiencias de cooperación multinivel en materia de regeneración urbana, vivienda asequible y movilización de suelo
público entre las distintas administraciones territoriales, así como en materia de agilización de la tramitación de licencias y autorizaciones urbanísticas para favorecer el reequilibrio de la oferta a corto plazo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2026.Andrea Canelo Matito, Diputada.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el deslinde del dominio público
marítimo-terrestre en Deltebre (Tarragona), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 13 de enero de 2026 el Servicio Provincial de Costas en Tarragona, previa autorización de la Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, incoó expediente de deslinde
del dominio público marítimo-terrestre de un tramo de 63.450 metros de longitud en el término municipal de Deltebre (Tarragona).
El Ayuntamiento de Deltebre ha manifestado su oposición frontal a la nueva propuesta de deslinde del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta oposición ha
quedado patente con la presentación de 9.454 alegaciones ciudadanas en un tiempo récord de 20 días.
La decisión del Ministerio de incoar un nuevo expediente (DES01/26/43/0001) tras la caducidad del anterior no solo ignora el consenso territorial alcanzado en el año 2025, sino que reproduce criterios técnicos del año 2021 que ya habían sido
superados y corregidos. Según los informes técnicos del ayuntamiento, la propuesta ministerial incluye terrenos que no tienen la consideración jurídica de dominio público, como por ejemplo dunas relictas o zonas sin conexión funcional con la playa.
Además, la Ley de Costas determina que la incoación de un expediente de deslinde implica la suspensión de concesiones y autorizaciones, hecho que paraliza proyectos vitales para el municipio de Deltebre, como el albergue de animales o las
mejoras en el Paseo Marítimo de Riumar. No se puede permitir que la administración del Estado bloquee el desarrollo de un municipio basándose en una delimitación técnicamente cuestionable y sin haber ejecutado previamente las obras de protección
necesarias para frenar la regresión del Delta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Paralizar cualquier nueva actuación de deslinde en el Delta del Ebro, en tanto no se hayan ejecutado las actuaciones estructurales de defensa de la costa y aportación de sedimentos previstas en el Plan de Protección del Delta.
Apoyar explícitamente el requerimiento del Ayuntamiento de Deltebre para la suspensión inmediata y el desistimiento del expediente de deslinde DESOI/26/43/0001 impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exigir al Ministerio el respeto a los acuerdos e informes técnicos elaborados durante el año 2025, evitando la regresión a criterios del año 2021 que resultan lesivos para los intereses de los vecinos y la seguridad jurídica del municipio.
Exigir al Ministerio que las nuevas delimitaciones del dominio público se ajusten a la realidad física del territorio y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, excluyendo aquellos terrenos antropizados o estabilizados que no forman parte
de la dinámica litoral activa.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Santi Rodríguez Serra, Joaquín Melgarejo Moreno, María Elisa Vedrina Conesa, Nacho Martín Blanco, Cristina Agüera Gago, Llanos de Luna Tobarra y Agustín Parra Gallego,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/003240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de medidas para proteger el acceso de los españoles a la vivienda ante el impacto de la crisis energética, la subida de
tipos de interés y la presión de la demanda extranjera, para su discusión en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El actual contexto geopolítico ha comenzado a trasladar la tensión internacional a los bolsillos de los españoles. El encarecimiento del crudo y del gas repercute de forma inmediata en los combustibles, la electricidad y el transporte de
mercancías. Las consecuencias de la guerra ya se perciben en la vida cotidiana de los españoles: poner una lavadora, hacer la compra o llenar el depósito, cada vez exigen más esfuerzo económico.
La expectativa de encarecimiento de precios y de un nuevo contexto inflacionario también tiene sus efectos directos sobre la vivienda. Si el Banco Central Europeo decide elevar los tipos de interés para contener la inflación, las hipotecas
se encarecerán. Esto afecta tanto a quienes ya tienen préstamos a tipo variable como a quienes aspiran a solicitar uno nuevo1. De hecho, el Euríbor ha alcanzado recientemente su nivel más alto en casi un año2. En este sentido, unos tipos más
altos hacen más difícil acceder al crédito debido al endurecimiento de los requisitos y al aumento de las cuotas por parte de los bancos.
A esta presión financiera se suma otros factores decisivos. La subida del coste energético y las disrupciones en las cadenas de suministro elevan el precio de los materiales y retrasan los plazos de construcción3. Como resultado, se
produce un 1 https://elpais.com/economia/2026-03-10/golpe-al-bolsillo-y-lio-para-los-bancos-c...
2 https://forbes.es/economia/886650/el-euribor-repunta-a-maximos-desde-hace-un-ano...
3 https://cincodias.elpais.com/opinion/2026-03-10/otra-guerra-en-la-obra-publica.h...
encarecimiento de los precios de la vivienda y ésta tarda más en incorporarse al mercado. Además, la situación residencial empeora si se evalúa el nocivo impacto que tiene, y seguirá teniendo, el aumento de la población extranjera en
España, que afecta a la ya saturada red eléctrica y a los cada vez más colapsados servicios e infraestructuras públicas.
En conjunto, inflación, energía cara, tipos al alza y demanda extranjera masiva configuran un escenario en el que la vivienda no se abarata para los españoles, sino que corre el riesgo de volverse todavía más inaccesible.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar medidas urgentes para reducir el impacto del encarecimiento de la energía sobre los hogares y sobre el sector de la construcción, mediante la reducción de la carga fiscal que grava la electricidad, el gas y los combustibles.
2. Promover medidas que faciliten el acceso a la financiación hipotecaria, con especial atención a jóvenes y familias que desean acceder a su primera vivienda.
3. Impulsar cuantas reformas legales sean necesarias, a todos los niveles competenciales incluyendo instancias europeas, para que la adquisición de una primera vivienda habitual sea nueva o de segunda mano quede libre de cargas fiscales
para los españoles.
4. Extender a toda la Nación la deducción por gastos de alquiler en el IRPF para que todos los españoles con contratos de alquiler puedan deducirse parte de su coste y compensar directamente en sus bolsillos la subida del IPC.
5. Incrementar de manera sustancial y sostenida en el tiempo de la producción de vivienda nueva: ampliación de suelo disponible, agilización de los procedimientos, supresión de trabas regulatorias innecesarias que obstaculizan el
desarrollo del sector, simplificación administrativa, eliminación de cargas burocráticas y duplicidades normativas, al tiempo que se articulan instrumentos de financiación adecuados para promotores y constructores nacionales.
6. Impulsar una exhaustiva revisión de todas las tasas e impuestos municipales y autonómicos con el objeto de suprimir y/o bonificar todas aquellas tasas e impuestos involucrados en el proceso edificatorio y que provocan un encarecimiento
del precio final de los inmuebles.
7. Establecer un régimen fiscal específico y disuasorio para la adquisición de viviendas por parte de capital extranjero, con el fin de proteger el acceso a la vivienda por parte de los españoles. Los ingresos generados por esta fiscalidad
especial se destinarán íntegramente a financiar bonificaciones fiscales y ayudas directas para jóvenes españoles, así como a la promoción de vivienda protegida de acceso exclusivo para españoles.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro y Carlos Hernández Quero, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cultura
161/003216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
protección de la Torre Alminar de la Iglesia de Villanueva de Jalón (Zaragoza), para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Villanueva de Jalón es una localidad abandonada de la provincia de Zaragoza (España), actualmente perteneciente al municipio de Chodes, en la comarca de Valdejalón.
Pese a su rica historia, lamentablemente en la década de los años cincuenta del siglo pasado el pueblo fue completamente abandonado, cayendo desde ese momento sus edificios en un progresivo deterioro que los ha llevado hasta el avanzado
estado de ruina que presentan en la actualidad.
Uno de los elementos de mayor interés de lo que en su día fue su núcleo urbano es la Iglesia de Nuestra Señora de la Huerta, fundamentalmente por su magnífica torre de estilo mudéjar y por las capillas decoradas con yeserías barrocas. La
iglesia se levanta en los más alto del pueblo y se trata de una pequeña y sencilla construcción en sillarejo, a excepción de la torre que es de ladrillo, y que es su elemento más destacado, y que precisa una rápida actuación de consolidación y
restauración.
Para el profesor Agustín Sanmiguel, «se trata de la antigua mezquita reutilizada como iglesia tras la conversión forzosa de 1526 y reconvertida tras la expulsión de los moriscos en iglesia con pequeñas modificaciones».
El estado del edificio es de una considerable degradación, y desde hace años tanto los vecinos de la zona, como expertos en patrimonio mudéjar alzan su voz contra la situación de abandono, que termina por llevarnos a la pérdida total de este
singular monumento. Nos encontramos ante un excepcional ejemplo del mudéjar aragonés, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ya que se trata de una creación genuina del mudéjar, caracterizada por la racionalidad de su estructura
y por sus elementos de forma sólida y sencilla, modelo que se configuró durante el primer tercio del siglo XIV, difundiéndose hasta las primeras décadas del siglo XV.
La torre de la Iglesia es de planta cuadrada y realizada enteramente en ladrillo y hueca al interior, y se levanta adosada al lado de la Epístola de la cabecera, consta de dos cuerpos claramente diferenciados tanto en cuanto a su decoración
como respecto a fechas de construcción.
La parte más antigua corresponde al cuerpo inferior, construido con ladrillos de 15x30 cm aparejados «a soga y tizón» y se puede decir que es contemporánea o incluso posterior a la nave de la iglesia, ya que como puede verse en el lado
noreste el muro de ladrillo se adapta perfectamente a la nave reduciéndose la longitud de las bandas decorativas, lo que descartaría una construcción posterior del templo.
La decoración en ladrillo resaltado que presenta la torre es muy sencilla y se divide en cuatro bandas o franjas. Se inicia en la parte baja con una banda de esquinillas simples en dientes de sierra. Encima una segunda banda de cuatro
hiladas de esquinillas, esta vez dispuestas al tresbolillo, banda que queda rota en el muro sur por el pequeño vano rectangular de iluminación del interior.
Junto al especial interés de la torre, por su especial decoración en ladrillo, merece la pena señalar sus dos capillas laterales, que confieren un particular interés a esta pequeña iglesia.
De planta rectangular de aproximadamente 3 x 2,5 metros, se cubren con bóvedas de lunetos transversales al eje de la nave, abren a la nave central en sendos arcos de medio punto. Tanto el intradós del arco de entrada como la bóveda y los
muros laterales hasta la imposta que corre a la altura del arranque de arco y bóvedas se decoran con yeserías barrocas de tradición mudéjar de sumo interés.
La protección jurídica del monumento se produce como consecuencia de que el 14 de diciembre de 2001, la 25a Sesión Oficial del Comité de Patrimonio Mundial, celebrada en Helsinki (Finlandia), acordó reconocer y declarar la arquitectura
mudéjar de Aragón Patrimonio Mundial.
Por su parte, el día 9 de agosto de 2002 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la Orden de 1 de julio de 2002 del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se declaran Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés la Torre
Alminar de la Iglesia de la Virgen de la Huerta en Villanueva de Jalón (Zaragoza).
Como se ha señalado, en los últimos años, y como consecuencia de diversos procesos, la torre de la Iglesia ha sufrido un considerable proceso de degradación que aconseja el inmediato inicio de actuaciones que permitan impulsar y llevar a
cabo en primer lugar la consolidación de la torre, para evitar su más que probable colapso y, posteriormente, estudiar la definitiva restauración de un ejemplo de monumento religioso mudéjar de tanta importancia.
Así las cosas, se considera urgente iniciar las acciones oportunas que permitan, en primer lugar, intentar evitar el progresivo deterioro de un monumento tan representativo del arte mudéjar en Aragón y, posteriormente, plantear y ejecutar la
necesaria restauración del mismo, en coordinación con las diferentes Administraciones Públicas con competencia en la materia que puedan colaborar económicamente en un proyecto tan interesante
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar que las Administraciones competentes promuevan la conservación y restauración de la Torre Alminar de la iglesia de Villanueva de Jalón (Chodes, Zaragoza), para su garantizar su
conservación como ejemplo singular del arte mudéjar de Aragón, recomendando a sus titulares que inicien las acciones para la declaración como Bien de Interés Cultural del inmueble, para que pueda beneficiarse de un mayor abanico de ayudas públicas,
como podrían ser las del 2 % cultural.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Víctor Javier Ruiz de Diego, Marta Gracia Blanco y Marc Lamuà Estañol, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad
161/003207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El artículo 43 de la Constitución Española establece el derecho a la protección de la salud de los españoles y, por consiguiente, exige a los poderes públicos tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios. No obstante, este derecho está cada vez más deteriorado desde hace años como consecuencia de un lento pero constante declive de nuestro Sistema Nacional de Salud. Una de las causas de este empeoramiento de nuestro sistema
sanitario, antaño buque insignia de nuestro Estado de Bienestar, son las políticas de inmigración masiva. Junto
con una nefasta gestión por parte del bipartidismo y la falta de adecuada financiación de nuestra Sanidad, el Gobierno está provocando el colapso de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Así, en 2018, una de las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura fue reintroducir la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España mediante el
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Con dicha modificación, las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a
la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. En la práctica equipara a los españoles que llevan años y generaciones contribuyendo con su esfuerzo y trabajo a la construcción de nuestro estado del
bienestar a personas que acaban de llegar de forma ilegal.
Desde entonces, el debilitamiento de nuestros servicios de salud se ha acelerado. No es casualidad que la percepción de la peor calidad y funcionamiento de nuestro sistema sanitario coincida con el inicio del Gobierno de Pedro Sánchez:
según la última edición del Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad1, en 2019 sólo el 4 % de los españoles consideraba que funcionaba mal nuestra Sanidad, mientras que en 2025 es el 21 %, 5 veces más. Los españoles han sido testigos en los
últimos 8 años de cómo nuestros servicios públicos se han deteriorado a pesar de pagar más impuestos que nunca.
La inmigración masiva y descontrolada tiene un coste altísimo para el conjunto de los españoles y ha provocado en los últimos años un deterioro sin precedentes de los servicios públicos. Gobiernos de todo signo han tratado durante años de
ocultar el coste real de la inmigración masiva con toda clase de prácticas opacas y evitando responder a las preguntas y solicitudes de información de VOX en todas las instituciones.
A pesar de los esfuerzos del bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista para ocultar esta información, gracias al trabajo del Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes Valencianas se ha logrado conocer que la atención a
inmigrantes ilegales desde el año 2018 hasta el año 2025 ha tenido un coste para las arcas públicas de 555,1 millones de euros. El concepto más costoso es la hospitalización, con 168,8 millones de euros, seguido de las consultas en Atención
Primaria, que suman 212,9 millones de euros.
El gasto total en farmacia para población extranjera no autorizada ni registrada ha experimentado un crecimiento del 529,8 %, pasando de 1,69 millones de euros en 2018 a una previsión de 10,66 millones en 2025.
Esto pone de manifiesto una realidad que durante años gobiernos populares y socialistas han tratado de ocultar, y es que la inmigración masiva pone en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario y tiene un elevadísimo coste que
los españoles no nos podemos permitir. Desde VOX hemos impulsado numerosas iniciativas parlamentarias a nivel local, regional y nacional para desvelar a los españoles el coste de la inmigración masiva y su impacto en nuestro sistema sanitario:
desde el registro de solicitudes en la Cámara Baja para que el Tribunal de Cuentas realice un informe de fiscalización sobre los gastos que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales destinan a la
inmigración ilegal y a los menores inmigrantes no acompañados (menas)2 hasta la petición de informes a cada región para conocer el gasto farmacéutico destinado a inmigrantes ilegales y a inmigrantes que no cotizan a la Seguridad Social y son
perceptores de cualquier clase de ayuda pública, así como el gasto sanitario total destinado a inmigrantes ilegales.
Con una situación límite de nuestro sistema sanitario, el 10 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento «del derecho a la protección de la salud y a la atención
sanitaria con 1 https://elpais.com/sociedad/2025-12-20/la-sanidad-publica-sufre-el-desgaste-soci...
2 https://www.eldebate.com/espana/20251007/sale-adelante-iniciativa-vox-exige-trib...
cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español».
La medida pretende establecer un procedimiento homogéneo en toda España para ello. El principal modo de acceder a este derecho para los extranjeros que residen ilegalmente en España será mediante una declaración responsable para manifestar
«que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia (...) en el momento de presentar la solicitud se entregará un documento
provisional que permitirá el acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos de forma inmediata mientras se resuelve el expediente y que será válido en cualquier comunidad autónoma»3.
De esta manera, mientras los españoles sostienen con sus impuestos nuestro Estado de bienestar y sufren las consecuencias de un Sistema Nacional de Salud fragmentado en 17 subsistemas, con lo que tienen dificultades para ser atendidos en
regiones distintas de aquella en la que residen, los inmigrantes ilegales podrán acceder a nuestros servicios de salud en todo el territorio nacional sin ningún tipo de trabas administrativas.
A mayor abundamiento, este Real Decreto se aprueba en un contexto de saturación severa de nuestro Sistema Nacional de Salud. La situación es realmente preocupante: la falta de relevo generacional entre los médicos para la próxima década4;
el incremento constante de los tiempos de espera para acudir al médico de Atención Primaria o especialista (en 2018, el tiempo medio de espera para ser atendido por el médico de Atención Primaria era de 4 días, mientras que en 2025 se ha
incrementado a 9 días)5; el aumento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas (los últimos datos del Ministerio de Sanidad indican que, a 30 de junio de 2025, 832.728 pacientes esperaban de una intervención quirúrgica, el tiempo medio
de espera se situaba en 118,6 días y el 19,6 % de ellos llevaba incluido en lista de espera más de 6 meses; la diferencia entre regiones es abismal: mientras en Andalucía ocupa la primera posición con 160 días de media, en la Comunidad de Madrid
son 49)6; el envejecimiento demográfico tanto de la población española como de los profesionales sanitarios, especialmente los médicos (se estima que en la próxima década Se jubilarán 70.000 facultativos, el 25 % de los profesionales en activo en
España, poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario)7; el aumento de las bajas laborales del personal médico, especialmente el más joven, como consecuencia de sus pésimas condiciones laborales8...
Dos factores adicionales deteriorarán aún más nuestro sistema sanitario: la regularización masiva de inmigrantes y el nuevo Real Decreto referido al comienzo de esta iniciativa.
España ha recibido desde 2018 más de 3 millones de extranjeros: según el INE, la población residente en España nacida en el extranjero ha pasado de 6,2 millones en 2018 a 10 millones en 20269. Basta con acudir a nuestros hospitales y
centros de salud para ver la realidad que sufren todos los españoles: unos servicios de salud desbordados, situación que lleva denunciando el Grupo Parlamentario VOX desde hace años y más recientemente en su Proposición no de Ley relativa al
colapso sanitario del Sistema Nacional de Salud10.
3 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2026/2026031...
4 https://www.larazon.es/sociedad/uno-cada-4-medicos-espana-jubilara-proximos-10-a...
5 https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2025/12/17/69427717fc6c83f6648b456f...
6 https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/L...
7 Organización Médica Colegial de España (OMC). Estudio sobre demografía médica, 2025.
https://www.cgcom.es/sites/main/files/files/2025-10/OMC_Demograf%C3%ADa_M%C3%A9d...
8 https://www.elconfidencial.com/salud/2025-11-12/burnout-en-medicos-jovenes-espan...
9 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECP4T25.htm/
10 https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/D/BOCG-15-D-467.PDF#page=...
De hecho, profesionales del sector sanitario ya han dado la voz de alarma sobre el efecto llamada que genera esta medida, especialmente el turismo sanitario, un fenómeno que ya sucede en España11: «El verdadero riesgo está en que un sistema
que permite acceder inicialmente mediante una simple declaración responsable podría abrir la puerta a situaciones de turismo sanitario». No necesariamente de los colectivos más vulnerables, sino de personas procedentes de países donde la asistencia
sanitaria no se sufraga íntegramente a cargo del presupuesto público. De hecho, ya en la actualidad están viniendo pacientes de otros países que se empadronan en el nuestro exclusivamente para tratarse gratuitamente12.
En conclusión, España no puede ser el hospital del mundo. La prioridad de los españoles en el acceso a nuestro Sistema Nacional de Salud es una máxima innegociable y de sentido común. Nuestros servicios de salud se encuentran ya saturados
y necesitados de personal y medios: aumentar todavía más la demanda asistencial con este tipo de medidas es otro ejemplo de cómo el Gobierno se preocupa más por los de fuera que por los españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en
España no tengan su residencia legal en el territorio español.
2. Establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general, y atendiendo siempre y en todo caso las situaciones de emergencia vital; y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no
contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles. En todo caso, el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización.
3. Combatir el fenómeno del turismo sanitario en colaboración con las autoridades sanitarias regionales.
4. Revertir el deterioro y el colapso de nuestro Sistema Nacional de Salud como consecuencia de años de abandono, falta de inversión y saturación provocada por la inmigración masiva.
5. Atender de forma urgente y prioritaria las necesidades reales de nuestro Sistema Nacional de Salud en materia de personal, financiación y medios.
6. Acabar con la opacidad informativa y garantizar la máxima transparencia de nuestro sistema sanitario mediante la publicación de todos los datos relacionados con el impacto y el coste que tiene la inmigración masiva y descontrolada para
el Sistema Nacional de Salud.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
11 https://www.elespanol.com/alicante/alicante-ciudad/20251012/policia-nacional-ale...
12 https://prnoticias.com/2026/03/11/juan-abarca-cidon-alerta-sobre-la-llamada-al-t...
161/003217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los cánceres ginecológicos, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Los cánceres de origen ginecológico afectan a los diversos órganos del sistema reproductor femenino, pudiendo manifestarse en distintas áreas de este sistema, como el ovario, útero, endometrio, cérvix, vagina y vulva. El cáncer de ovario
destaca por ser uno de los tumores ginecológicos de mayor incidencia, habiéndose registrado 3.584 nuevos casos de pacientes con cáncer de ovario en el año 2023 en España (Informe: «Las cifras del cáncer en España 2023. SEOM») Más del 70 % de las
pacientes que sufren de cáncer de ovario, son diagnosticadas en estadios avanzados, y aproximadamente el 80 % de ellas experimentan una progresión de la enfermedad en los primeros tres años después del diagnóstico. Por consiguiente, el cáncer de
ovario se posiciona en el octavo lugar entre las principales causas de mortalidad por cáncer en mujeres a nivel mundial, y su tasa de supervivencia a cinco años es significativamente reducida.
En el ámbito de la oncología ginecológica, sobresale como la neoplasia de mayor complejidad. Este reconocimiento se sustenta en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, en sus fases iniciales, la enfermedad con frecuencia se
diagnostica erróneamente con otras patologías de origen digestivo; en segundo lugar, el eje central de su tratamiento reside en la cirugía, caracterizada por su extrema complejidad, pues implica la manipulación de múltiples órganos, con el fin de
extirpar completamente la porción del abdomen afectada por la malignidad.
La tasa de supervivencia asociada al cáncer de ovario se sitúa aproximadamente en un 50 %. No obstante, es importante señalar que únicamente la mitad de las Comunidades Autónomas logran alcanzar este nivel de supervivencia. Esto se
atribuye a la circunstancia de que las pacientes están siendo sometidas a cirugías en centros médicos que no ostentan la categoría de referencia, ya que solamente un 20 % de los centros médicos en España están especializados en el tratamiento del
cáncer de ovario y afecciones ginecológicas, obtenido la acreditación otorgada por la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica (ESGO). La realidad de que las pacientes no estén siendo intervenidas en centros especializados, incide directamente en
la tasa de supervivencia, dado que está estrechamente relacionada con la calidad de la intervención quirúrgica y la cantidad de tejido tumoral que permanece en el abdomen después de la operación.
Paralelamente, se debe tener presente que la Rare Cáncer Agenda 2030, perteneciente al programa «Joint Action on Rare Cancers» que ha recibido financiación del Programa de Salud de la Unión Europea (2014-2020), fomenta que los sistemas de
salud deben aprovechar la creación de redes entorno a centros multidisciplinarios de referencia para mejorar la calidad de atención en casos de cánceres raros.
Recientemente los representantes de las pacientes, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) y la Asociación del Cáncer Mama Ovario Hereditario (AMOH), han reconocido el gravamen de esta situación y han expresado su pesar por
el hecho de que el abordaje adecuado del cáncer de ovario pueda depender del código postal de residencia de la paciente.
Desde el año 2018, constituye una prioridad tanto del Gobierno de España como del Ministerio de Sanidad la efectiva integración de las necesidades de la mujer en la cobertura universal del sistema sanitario, con el propósito de promover la
igualdad de oportunidades sanitarias.
Es por ello que en el año 2019 se realizó una modificación en el Programa de cribado de cáncer de cérvix, incluido en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (mediante la Orden SCB/480/2019), transformándolo en un
programa organizado de carácter poblacional e incorporando la prueba de detección del virus del papiloma humano (VPH), como prueba primaria de cribado en la población objetivo (mujeres con edades comprendidas entre 25 y 65 años), con el propósito de
lograr una cobertura cercana al 100 % de la población.
Además, es importante destacar que el Programa de Vacunación del Ministerio de Sanidad integra la inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), lo cual es crucial para prevenir la infección por este virus, que puede ocasionar
cáncer de cuello uterino, así como otros tipos de cáncer y enfermedades. Esta inclusión no solo protege a los individuos vacunados, sino que también contribuye a la prevención de la transmisión del virus en la población general, lo que a su vez
ayuda a disminuir la carga de enfermedades asociadas al VPH.
Estas representan algunas medidas específicas promovidas por el Gobierno de España para atender la atención sanitaria de la mujer. Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Socialista, sostenemos la importancia actual de enfocarnos en el
abordaje integral de los tumores ginecológicos, para poder hacer frente a las necesidades no satisfechas de las pacientes y conseguir mejorar su supervivencia. Para lograr esto, abogamos por unir fuerzas con las asociaciones de pacientes, a través
de la promoción de la formación y educación en cáncer de ovario para los profesionales de atención primaria. Asimismo, respaldamos la capacitación de los ginecólogos en el campo de la oncología para mejorar el tratamiento de estas enfermedades, así
como garantizar la disponibilidad de cirugía especializada en cáncer de ovario en hospitales de referencia. Por consiguiente, consideramos crucial iniciar esfuerzos en las siguientes áreas: diagnóstico precoz, subespecialización en oncoginecología
y creación de hospitales de referencia especializados en tumores ginecológicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y en el marco de sus competencias a:
1. Reforzar los mecanismos de coordinación para la derivación de pacientes para el conjunto del SNS hacia centros especializados en cirugía para el cáncer de ovario, en el caso que una Comunidad Autónoma carezca de un centro de referencia.
2. Impulsar medidas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que favorezcan el cumplimiento de los estándares de calidad, para la realización de cirugías de cáncer de ovarios en los centros hospitalarios del
SNS.
3. Favorecer el incremento de centros de referencia en España, para llevar a cabo cirugías relacionadas con el cáncer de ovario.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Carmen Andrés Añón, Carmen Martínez Ramírez, Víctor Camino Miñana, María Luisa Faneca López, Margarita Martín Rodríguez, Emilia Almodóvar Sánchez, M.ª Isabel Moreno Fernández,
Modesto Pose Mesura, Caridad Rives Arcayna, Emilio Sáez Cruz, María Sainz Martín y Alba Soldevilla Novials, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la efectividad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), para su debate
en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Exposición de motivos
Tras la salida de la pandemia hemos asistido a una degradación continuada de la realidad internacional con graves sucesos que ponen en jaque la paz mundial. Al secuestro reciente del Presidente de Venezuela sin respaldo jurídico le
precedieron un genocidio en Gaza por parte del estado israelí ó la agresión rusa a Ucrania. Un tiempo que ha puesto en cuestión otras herramientas como como la Ayuda Oficial al Desarrollo con casos extremos como el de Estados Unidos cuyo Presidente
decidió el cierre unilateral de su principal agencia de cooperación, USAID. Según la revista médica The Lancet, los recortes podrían causar más de 14 millones de muertes adicionales para 2030.
Si bien la cooperación internacional es un ejercicio de responsabilidad internacional que debemos preservar, es evidente que la AOD no ha constituido únicamente un instrumento de apoyo a los países con mayores necesidades, sino también un
mecanismo para promover una determinada forma de relación entre Estados. Estados Unidos impulsó una visión hegemónica de la AOD, convirtiéndola en una herramienta clave de su política exterior, motivada tanto por intereses geopolíticos como
humanitarios. Hoy día el Presidente Trump ha decidido obviar cualquier velo de amabilidad en su política exterior abandonando instituciones multilaterales esenciales y cerrando USAID. Sin embargo, la pujanza de nuevas potencias como China o la
cooperación sur-sur ya estaban desplazando al país norteamericano como agente de la cooperación.
Por su parte, la Unión Europea y sus Estados Miembro a través de Team Europe siguen siendo el principal donante en AOD aportando prácticamente la mitad de la AOD si bien el enfoque los últimos años ha cambiado sustancialmente. Junto a la
cooperación clásica orientada al cumplimiento de los ODS en elementos esenciales como la reducción de la pobreza, se ha acentuado la cooperación como acción exterior facilitando asociaciones geopolíticas que aumenten la influencia europea en el
mundo.
Tal y como señalan numerosos académicos y activistas, la AOD se ha configurado como una poderosa industria en la que está en juego enormes recursos económicos. En 2018, representaba más de dos tercios de la financiación exterior para los
países menos desarrollados, si bien una parte significativa de estos recursos son en realidad ayuda humanitaria y gasto en refugiados en los propios países donantes. Gran parte de la ayuda se articula a través de convocatorias públicas que se
reparten agencias estatales como Expertise France, CIVIPOL, GIZ o la FIAP.
En las últimas décadas, la cooperación internacional al desarrollo ha experimentado un proceso de progresiva profesionalización, estructurándose principalmente en torno a grandes ONGs internacionales que, en algunos casos en colaboración con
contrapartes locales, han canalizado los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hacia proyectos que parecen responder más a los intereses nacionales de los países donantes. Además, la propia profesionalización ha hecho que las grandes ONGs
cuenten con equipos técnicos procedentes de los países donantes, caracterizados en muchos casos por una elevada rotación y una limitada vinculación con los contextos locales.
A pesar de todos los desafíos que el sector pueda tener sobre la mesa, existe una hoja de ruta para el desarrollo clara y refrendada por 193 países, la agenda 2030. Para que sea efectiva hay que recuperar algunos de los principios
originales de la AOD más relacionados con la justicia que con el juego geopolítico. Los países de África, el Caribe y
el Pacífico (ACP), prioritarios en la estrategia de cooperación y asociación comercial de la Unión Europea, así como la Unión Africana en su conjunto, llevan años reclamando un cambio sustancial en el marco de las relaciones de cooperación.
Existen numerosas críticas a las distorsiones específicas que genera el actual modelo de AOD: desde mayor preocupación por satisfacer las expectativas del donante que las necesidades reales de la población local, hasta la financiación de proyectos
innecesarios o poco funcionales para los contextos municipales, regionales o nacionales en los que se desarrollan.
En este sentido, se manifiesta una voluntad creciente de avanzar en dos direcciones complementarias: por un lado, hacia modelos de cooperación orientados a inversiones estratégicas en infraestructuras criticas; y por otro, hacia la
garantía de que los recursos lleguen efectivamente a las organizaciones de base de los propios países receptores. La AOD tiene una función global esencial que, debidamente reorientada, nos encaminará al objetivo de la justicia global. Parte de la
nueva perspectiva será sin duda una relación de corresponsabilidad entre los países socios sean receptores de ayuda o no, enmarcado en el debido reconocimiento de las responsabilidades históricas de algunos países de pasado colonial.
Finalmente, las organizaciones de solidaridad internacional de los municipios españoles integradas tanto por personas nacionales como por personas migrantes organizadas en torno a las causas que afectan a sus países de origen han visto
reducida su capacidad de acceso a subvenciones destinadas a proyectos que fortalecen los lazos de solidaridad entre sociedades civiles. Un reto similar afronta las entidades locales de desarrollo en los países de destino, que encuentran grandes
dificultades para acceder a fondos de la AECID u otras agencias de cooperación, debido a requisitos administrativos y normativos que no siempre se corresponden con los marcos legales y sociales de dichos países.
Todo ello contribuye a reducir la efectividad de la Ayuda Oficial al Desarrollo y limita su potencial para la construcción de lazos sólidos de solidaridad, cooperación y amistad entre entidades, movimientos sociales y personas del Norte y
del Sur global.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar reforzando la alineación de los objetivos de las convocatorias de Ayuda Oficial al Desarrollo con las necesidades, prioridades e intereses definidos por las comunidades y actores locales de los países receptores asegurando la
agilidad en la gestión de fondos y evitando el exceso burocrático sin descuidar la debida auditoría de los fondos.
2. Impulsar mayores oportunidades de solidaridad internacional entre municipios y entidades locales españolas con municipios y entidades de terceros países ofreciendo si fuera necesario el apoyo técnico de las agencias de cooperación
exterior del estado.
3. Incrementar las convocatorias específicas orientadas a la solidaridad y la cooperación entre entidades del país donante y del país receptor, prestando especial atención al fortalecimiento de los lazos entre jóvenes, así como a
iniciativas en materia de desarrollo, innovación tecnológica, movimientos sociales, participación política y emprendimiento.
4. Transversalizar una perspectiva decolonial en el diseño, gestión y evaluación de la Ayuda Oficial al Desarrollo, promoviendo relaciones de cooperación basadas en la horizontalidad, el respeto mutuo y la corresponsabilidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2026.Viviane Ogou i Corbi, Alda Recas Martín, Francisco Sierra Caballero y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Igualdad
161/003237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de un Plan
para la promoción de las mujeres en el medio rural, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Según los datos del INE (2023), en la España rural viven unos 3,69 millones de mujeres, y en la Unión Europea representan cerca del 30 % de la población rural activa, una cifra que refleja su relevancia económica, social y cultural. No
obstante, las mujeres rurales se encuentran a diario con grandes dificultades en términos de materialización y acceso a oportunidades laborales, conectividad, acceso a servicios públicos y de cuidados y una enorme crisis de relevo generacional.
Concretamente, los datos de Eurostat (2024) revelan que sólo el 4,9 % de las mujeres rurales son menores de 35 años. Una clara señal de que nuestros municipios no sólo se están enfrentando a un déficit estructural, sino a una masculinización de los
núcleos rurales que, además, se agrava con una brecha de género en empleo cada vez mayor.
Los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) evidencian que una de cada cuatro mujeres trabaja sin contrato o sin cotización; sólo el 27 % de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) llegan a ellas; el empleo
femenino en el sector agrario ha caído más de un 20 %; y apenas el 25 % de las personas ocupadas en el campo son mujeres.
De hecho, pese a que el nivel de formación entre las mujeres rurales es superior al de los hombres, el informe de Closingap sobre la brecha de género en el medio rural (2022) reconoce que somos el quinto país europeo con el porcentaje de
actividad rural femenina más baja; el tercero con la tasa de empleo rural femenino más baja; y, el segundo con mayor paro femenino rural.
El futuro del medio rural pasa por la creación de más oportunidades y facilidades de acceso laboral para las mujeres. Porque, no sólo trabajan como agricultoras o ganaderas, sino que también impulsan la agroindustria, los cuidados, el
turismo sostenible y el emprendimiento. Sin embargo, apenas el 18 % de las nuevas empresas creadas en zonas rurales tienen liderazgo femenino, no por falta de talento ni capacitación, sino por falta de financiación, formación digital y, en
definitiva, por falta de estrategias que revitalicen a la mujer rural. Cerrar la brecha de género es una necesidad para la supervivencia del ecosistema rural de nuestro país. El citado estudio de Closingap pronostica que un aprovechamiento pleno
del talento femenino rural podría aportar más de 170 millones de euros anuales al PIB.
Así mismo, el papel de las mujeres resulta determinante para el mantenimiento de la población y la dinamización social y económica del medio rural. La presencia de mujeres jóvenes en los municipios rurales constituye uno de los factores
clave para garantizar el relevo generacional, favorecer la actividad económica y asegurar la cohesión social de estos territorios.
A pesar de la importancia estratégica de este colectivo, España carece actualmente de un instrumento específico de planificación dirigido a promover la igualdad de oportunidades de las mujeres del medio rural. El último instrumento de estas
características fue el Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural 20152018, aprobado por el Gobierno de España con el objetivo de impulsar el emprendimiento femenino, favorecer la participación de las mujeres en el sector agrario y
mejorar sus oportunidades laborales y sociales.
Desde la finalización de dicho plan no se ha aprobado un instrumento equivalente que permita abordar de forma integral los retos y necesidades de las mujeres rurales. Las estrategias generales aprobadas en los últimos años en materia de
reto demográfico o cohesión territorial incorporan referencias a la igualdad de género, pero no sustituyen a un instrumento específico que permita articular medidas concretas, coordinadas y evaluables dirigidas a este colectivo.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas recientemente ha señalado deficiencias en el diseño y evaluación de las políticas estatales frente al reto demográfico, recomendando reforzar los instrumentos de planificación y los mecanismos de
seguimiento de estas políticas públicas.
Debe recordarse además que el Congreso de los Diputados aprobó en la presente legislatura una Proposición no de Ley instando al Gobierno a aprobar, en el plazo de seis meses, un plan específico en favor de las mujeres rurales. Transcurrido
ampliamente dicho plazo, dicho plan no ha sido aprobado.
Por todo ello, resulta necesario impulsar un instrumento específico que sitúe a las mujeres del medio rural en el centro de las políticas públicas de desarrollo territorial y que permita reforzar su papel como agentes clave para el
desarrollo económico y social de los territorios rurales y para la lucha contra la despoblación.
La conmemoración del Día internacional de la Mujer el 8 de marzo así como el Día Internacional de la Mujer Rural cada 15 de octubre nos recuerda que las mujeres aún tienen un camino largo que recorrer para alcanzar la igualdad real de
oportunidades en el medio rural. Es el momento de que la conciliación, el acceso al empleo y el desarrollo integral de la mujer rural dejen de ser una utopía y se conviertan en una realidad con la que revitalizar nuestros municipios y romper con la
brecha de género.
Nuestros pueblos requieren la puesta en marcha de políticas útiles que permitan revitalizar el papel de la mujer en el desarrollo sostenible del ecosistema rural, garantizando la igualdad real de oportunidades, ofreciendo un marco adecuado
de conciliación y contribuyendo para fijar población y garantizar el relevo generacional. La singularidad de los núcleos rurales exige una atención específica de las necesidades de las mujeres, un refuerzo de sus condiciones culturales, educativas,
de ocio, de acceso a las nuevas tecnologías, servicios e infraestructuras, y una apuesta decidida por su presencia y participación en la toma de decisiones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar y aprobar en el plazo máximo de seis meses y en colaboración con las Comunidades Autónomas y la FEMP, un Plan para la promoción y la igualdad de oportunidades de las mujeres del medio rural, que dé cumplimiento al mandato
aprobado por esta Cámara en la presente legislatura y que incluya medidas específicas dirigidas a:
Fomentar el emprendimiento y el empleo femenino en el medio rural con medidas que favorezcan la financiación de los proyectos impulsados por mujeres, tal y como se prevé en la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo 2022-2027
(ENDITA) o en el programa para el apoyo de las mujeres en el ámbito rural y urbano del PRTR.
Facilitar la conciliación y el acceso a servicios públicos esenciales en los municipios rurales, implantando la gratuidad total de la educación infantil de 0 a 3 años, y creando espacios de conciliación para niños y mayores, donde no haya
escuelas infantiles o centros de día.
Promover la participación de las mujeres en los órganos de gobernanza del sector agrario y del desarrollo rural, apoyando su liderazgo y visibilidad, y fomentando actuaciones que promuevan el relevo generacional, la retención y atracción
de mujeres al medio rural.
Impulsar la digitalización, la formación y el acceso a nuevas oportunidades económicas en el medio rural.
2. Dotar dicho plan de objetivos medibles, indicadores de seguimiento y financiación específica, que permitan evaluar su impacto real en la mejora de las condiciones de vida y oportunidades de las mujeres rurales.
3. Remitir informes anuales de ejecución y progreso de sus medidas a las Comisiones de Igualdad y de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Raquel Clemente Muñoz, Carmen Fúnez de Gregorio, Ana Isabel Alós López, Joaquín Melgarejo Moreno, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, Tomás Cabezón Casas, Patricia
Rodríguez Calleja, Jaime Miguel de los Santos González, Sofía Acedo Reyes, Silvia Franco González, Mirian Guardiola Salmerón y Antonio Martínez Gómez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la diputada Pilar Vallugera i Balañà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
salvaguarda de los principios de igualdad y no discriminación en las subvenciones públicas destinadas a entidades feministas, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El pasado 9 de febrero finalizó el plazo de audiencia pública por el cual el Ministerio de Igualdad había sometido la modificación de las órdenes ministeriales IGD/239/2022 e IGD/183/2024, relativas a las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas destinadas, respectivamente, a programas de sensibilización, prevención e investigación de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, así como a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de tráfico con fines
de explotación sexual.
En este sentido, cabe destacar que ambas órdenes, en su redacción original, ya constituyen instrumentos eficaces para combatir la explotación sexual y la prostitución ajena. Por un lado, la Orden IGD/239/2022 configura un marco amplio que
incluye todas las formas de violencia contra las mujeres, permitiendo financiar proyectos de sensibilización, prevención e investigación que inciden directamente en la detección y abordaje de situaciones de explotación. Este enfoque integral
facilita la participación de entidades con experiencia acreditada y garantiza una actuación basada en la evidencia y adaptada a la complejidad de estas realidades.
Por otro lado, la Orden IGD/183/2024 establece una línea específica de subvenciones destinada a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, abordando de manera directa esta problemática. Su
finalidad es reforzar la atención integral, la protección y la recuperación de las víctimas, así como su inserción social, mediante la financiación de intervenciones especializadas desarrolladas por entidades con trayectoria en este ámbito. Por lo
tanto, ambas normas ya permiten una actuación efectiva y directa contra estas formas de violencia sin necesidad de introducir condicionantes ideológicos.
Estas modificaciones introducen como requisito obligatorio que las entidades solicitantes acrediten el reconocimiento de la prostitución, la explotación sexual y la
explotación reproductiva como formas de violencia contra las mujeres, así como la alineación de sus proyectos con un enfoque explícitamente abolicionista. Esta exigencia supone, en la práctica, la introducción de un criterio de naturaleza
ideológica que condiciona el acceso a recursos públicos.
Es importante recordar que, en el ámbito feminista y en las políticas públicas relativas a la prostitución y la explotación sexual, existe una pluralidad de posicionamientos legítimos. Esta diversidad forma parte del debate democrático y
debe ser respetada, especialmente cuando se trata del acceso a financiación pública destinada a fines de interés general. Condicionar este acceso a la adopción del marco abolicionista comportaría una restricción injustificada de la pluralidad del
movimiento feminista.
A esta problemática se suma una evidente falta de coherencia por parte del Gobierno y del mismo Ministerio de Igualdad, que desde el año 2018 han anunciado reiteradamente la voluntad de impulsar una ley integral contra la trata de personas
sin que, hasta la fecha, se haya materializado ninguna iniciativa legislativa concreta. Esta inacción resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que el Estado español está sujeto a obligaciones internacionales claras, como las derivadas de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por España el 16 de diciembre de 1983, que establece en
su artículo 6 el deber de los Estados de combatir la trata de mujeres y la explotación de la prostitución ajena. En este contexto, resulta contradictorio que, en lugar de impulsar una norma con rango de ley que responda a estas obligaciones, el
Gobierno opte por introducir restricciones ideológicas en el acceso a subvenciones públicas.
Además, resulta especialmente relevante que estos cambios se introduzcan mediante órdenes ministeriales, sin un debate parlamentario previo ni la aprobación de una norma con rango de ley que establezca un marco general y garantista. Esta
vía normativa puede generar dudas sobre su adecuación a los principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materias que afectan a derechos y garantías básicas.
Por otro lado, estas modificaciones pueden tener un impacto directo en la diversidad y el número de entidades que concurran a las convocatorias de subvenciones, limitando la capacidad de innovación y la calidad de las políticas públicas. La
exclusión de organizaciones con experiencia en la atención a mujeres en contextos de prostitución o explotación puede reducir la eficacia de las intervenciones y dificultar el logro de los objetivos de protección y asistencia.
Para todo esto, se debe garantizar la igualdad de oportunidades entre las entidades feministas solicitantes, con el objetivo de reforzar tanto la calidad democrática como la eficacia de las políticas públicas en materia de igualdad.
Por todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Eliminar las modificaciones introducidas en las órdenes ministeriales IGD/239/2022 e IGD/183/2024 que condicionan el acceso a subvenciones públicas a la adhesión al posicionamiento abolicionista.
2. Impulsar, con carácter urgente, una iniciativa legislativa integral contra la trata de personas y la explotación sexual, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado español, en particular las derivadas de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2026.Pilar Vallugera Balañà, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, a lempara del que sestableix en larticle 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la
salvaguarda dels principis digualtat i no-discriminació en les subvencions públiques destinades a entitats feministes, per al seu debat en la Comissió dIgualtat.
Exposició de motius
El passat 9 de febrer va finalitzar el termini daudiència pública pel qual el Ministeri dIgualtat havia sotmès la modificació de les ordres ministerials IGD/239/2022 i IGD/183/2024, relatives a les bases reguladores per a la concessió de
subvencions públiques destinades, respectivament, a programes de sensibilització, prevenció i investigació de les diferents formes de violència contra les dones, així com a projectes de suport a dones i nenes víctimes de tràfic amb finalitats
dexplotació sexual.
En aquest sentit, cal destacar que ambdues ordres, en la seva redacció original, ja constitueixen instruments eficaços per combatre lexplotació sexual i la prostitució aliena. Duna banda, lOrdre IGD/239/2022 configura un marc ampli que
inclou totes les formes de violència contra les dones, permetent finançar projectes de sensibilització, prevenció i investigació que incideixen directament en la detecció i abordatge de situacions dexplotació. Aquest enfocament integral facilita
la participació dentitats amb experiència acreditada i garanteix una actuació basada en levidència i adaptada a la complexitat daquestes realitats.
Daltra banda, lOrdre IGD/183/2024 estableix una línia específica de subvencions destinada a projectes de suport a dones i nenes víctimes de tracta amb finalitats dexplotació sexual, abordant de manera directa aquesta problemàtica. La
seva finalitat és reforçar latenció integral, la protecció i la recuperació de les víctimes, així com la seva inserció social, mitjançant el finançament dintervencions especialitzades desenvolupades per entitats amb trajectòria en aquest àmbit.
Per tant, ambdues normes ja permeten una actuació efectiva i directa contra aquestes formes de violència sense necessitat dintroduir condicionants ideològics.
Aquestes modificacions introdueixen com a requisit obligatori que les entitats sol·licitants acreditin el reconeixement de la prostitució, lexplotació sexual i lexplotació reproductiva com a formes de violència contra les dones, així com
lalineació dels seus projectes amb un enfocament explícitament abolicionista. Aquesta exigència suposa, a la pràctica, la introducció dun criteri de naturalesa ideològica que condiciona laccés a recursos públics.
Cal recordar que, en làmbit feminista i en les polítiques públiques relatives a la prostitució i lexplotació sexual, existeix una pluralitat de posicionaments legítims. Aquesta diversitat forma part del debat democràtic i ha de ser
respectada, especialment quan es tracta de laccés a finançament públic destinat a finalitats dinterès general. Condicionar aquest accés a ladopció del marc abolicionista comportaria una restricció injustificada de la pluralitat del moviment
feminista.
A aquesta problemàtica shi afegeix una manca evident de coherència per part del Govern i del mateix Ministeri dIgualtat, que des de lany 2018 han anunciat reiteradament la voluntat dimpulsar una llei integral contra la tracta de persones
sense que, fins avui, shagi materialitzat cap iniciativa legislativa concreta. Aquesta inacció resulta especialment greu si es té en compte que lEstat espanyol està subjecte a obligacions internacionals clares, com les derivades de la Convenció
sobre leliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada per lAssemblea General de les Nacions Unides el 18 de desembre de 1979 i ratificada per Espanya el 16 de desembre de 1983, que estableix en el seu article 6 el
deure dels Estats de combatre la tracta de dones i lexplotació de la prostitució aliena. En aquest context, resulta contradictori que, en lloc dimpulsar una norma amb rang de llei que doni resposta a
aquestes obligacions, el Govern opti per introduir restriccions ideològiques en laccés a subvencions públiques.
A més, resulta especialment rellevant que aquests canvis sintrodueixin mitjançant ordres ministerials, sense un debat parlamentari previ ni laprovació duna norma amb rang de llei que estableixi un marc general i garantista. Aquesta via
normativa pot generar dubtes sobre la seva adequació als principis de seguretat jurídica i de reserva de llei en matèries que afecten drets i garanties bàsiques.
Daltra banda, aquestes modificacions poden tenir un impacte directe en la diversitat i el nombre dentitats que concorrin a les convocatòries de subvencions, limitant la capacitat dinnovació i la qualitat de les polítiques públiques.
Lexclusió dorganitzacions amb experiència en latenció a dones en contextos de prostitució o explotació pot reduir leficàcia de les intervencions i dificultar lassoliment dels objectius de protecció i assistència.
Per tot això, sha de garantir la igualtat doportunitats entre les entitats feministes sol·licitants, amb lobjectiu de reforçar tant la qualitat democràtica com leficàcia de les polítiques públiques en matèria digualtat.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Eliminar les modificacions introduïdes en les ordres ministerials IGD/239/2022 i IGD/183/2024 que condicionen laccés a subvencions públiques a ladhesió al posicionament abolicionista.
2. Impulsar, amb caràcter urgent, una iniciativa legislativa integral contra la tracta de persones i lexplotació sexual, en compliment de les obligacions internacionals assumides per lEstat espanyol, en particular les derivades de la
Convenció sobre leliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW).»
Congrés dels Diputats, a 20 de març de 2026.Pilar Vallugera Balañà, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
181/001700
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Comparte la necesidad de apostar por la gestión compartida del Pazo de Meirás en la que, como mínimo, participen la Xunta de Galicia, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Sada, gestión que se vehiculizará mediante un convenio de
colaboración en el que deben incluirse compromisos de financiación y las aportaciones de cada institución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Comparte a necesidade de apostar pola xestión compartida do Pazo de Meirás na que, no mínimo, participen a Xunta, o Goberno do Estado e o Concello de Sada, xestión que se vehiculizará mediante un convenio de colaboración en que deben
incluírse compromisos de financiamento e as achegas de cada institución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001701
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Procederá a la transferencia a Galicia del Pazo de Meirás, bajo la fórmula de cesión modal, en la que se debe garantizar la titularidad y el uso público, centrados en los contenidos relacionados con la memoria histórica democrática y con la
represión franquista, así como la complementariedad de la vinculación con la vida y obra de Emilia Pardo Bazán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Procederá á transferencia á Galiza do Pazo de Meirás, baixo a fórmula de cesión modal, en que se debe garantir a titularidade e uso público, centrado ade dos contidos relacionados coa memoria histórica democrática e coa represión franquista
e a complementariedade da vinculación coa vida e obra de Emilia Pardo Bazán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001702
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno en relación con la obligación de indemnización fijada en favor de la familia del dictador Franco, que disfrutó del Pazo de Meirás después de ser expoliado y robado al pueblo gallego, así como de la omisión
de la imposición de responsabilidades por décadas de uso indebido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Cal é a valoración do Goberno en relación coa obriga de indemnización fixada en favor da familia do ditador Franco que gozou do Pazo de Meirás despois de ser espoliado e roubado ao pobo galego así como da omisión de imposición de
responsabilidades por décadas uso indebido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001705
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Incluirá el Gobierno como víctimas de la dictadura franquista a las comunidades de los montes vecinales en mano común, otorgándoles esta condición reconocida en el artículo 3.5 de la Ley 20/2022, de 19 de junio, de Memoria Democrática por
la represión y el saqueo sufridos, y desplegará todos los efectos previstos en la ley para declarar nulos y sin efecto, de pleno derecho, todos los actos y transacciones jurídicas realizadas en los montes vecinales hasta 1980?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Incluirá o Goberno como vítimas da Ditadura Franquista ás comunidades de montes veciñais en man común, outorgándolles esta condición recoñecida no artigo 3.5 da Lei 20/2022, de 19 de xuño, de Memoria Democrática pola represión e espolio
padecido e despregará todos os efectos previstos na norma, para declarar nulos de pleno dereito, todos os actos e negocios xurídicos realizados nos montes veciñais até 1980?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
Comisión de Interior
181/000033
Por escrito de fecha 13 de marzo de 2026, se ha retirado la pregunta formulada por las Diputadas Dña. Ana Belén Vázquez Blanco y Dña. María Eugenia Carballedo Berlanga sobre razones que llevaron al Ministro del Interior a afirmar que «no
hace falta ser jurista para saber qué es terrorismo o no» el mismo día en que el Fiscal del Supremo se opuso a abrir una investigación contra Puigdemont por posibles delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic, publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 94, de 27 de febrero de 2024.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
181/000055
Por escrito de fecha 13 de marzo de 2026, se ha retirado la pregunta formulada por los Diputados D. Manuel Cobo Vega, Dña. María Eugenia Carballedo Berlanga y Dña. Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos sobre dispositivo que diseñó e
instrucciones que trasladó la Delegación del Gobierno con motivo de las movilizaciones agrarias del día 21/02/2024 en la Comunidad de Madrid, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 99, de 05 de marzo de 2024.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
181/001575
Por escrito de fecha 13 de marzo de 2026, se ha retirado la pregunta formulada por los Diputados D. Antonio Martínez Gómez y Dña. Carmen Navarro Lacoba sobre actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio del Interior, a través de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para la prevención y disuasión del robo del cableado eléctrico en la provincia de Albacete y medidas adoptadas en los casos de consumación, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm.
477, de 17 de febrero de 2026.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001703
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Conoce el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ADIF el actual estado de las dependencias de la antigua estación de Vilavella en A Mezquita, los avances en las actuaciones de reforma y cuáles son los motivos por los que aún no
se han destinado al alquiler gran parte de los inmuebles ni se ha abierto al público el albergue?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Coñece o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel e ADIF o actual estado das dependencias da antiga estación de Vilavella na Mezquita, os avances nas actuacións de reforma e cales son os motivos polos que non foron aínda destinadas
ao aluguer grande parte dos inmóbeis nin foi aberto ao público o albergue?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/001704
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Qué consideración hace el Ministerio de Vivienda de la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Lugo y que formaliza la candidatura al 2 % Cultural del Proyecto de rehabilitación del antiguo Cuartel de San Fernando para convertirlo en el
Museo de la Romanización de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Que consideración fai o Ministerio de Vivenda da solicitude presentada polo Concello de Lugo e que formaliza a candidatura ao 2 % Cultural do Proxecto de rehabilitación do antigo Cuartel de San Fernando para convertelo no Museo da
Romanización da Galiza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/001699
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Cuál es el estado de tramitación de las obras de mejora o rehabilitación de cada uno de los edificios del IEO de Vigo, tanto la de las dependencias principales como el
proyecto de construcción de la nueva planta de cultivo, que cuenta con autorización municipal para el derrumbamiento de las actuales instalaciones desde octubre de 2025?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Cal é o estado de tramitación das obras de mellora ou rehabilitación de cada un dos edificios do IEO de Vigo, tanto a das dependencias principais como o proxecto de construción da nova planta de cultivo, que conta con autorización municipal
para a o derrubamento das actuais instalacións desde outubro de 2025?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/035554
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rivera Arias, Engracia (GSUMAR)
Situación en torno a la titularidad y gestión de las 91 viviendas sociales de La Alcarrachela (Écija), así como sobre la existencia de deudas tributarias de la empresa propietaria con la Hacienda pública.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la
Sra. Diputada autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, la miembro de la cámara que suscribe formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
Las 91 viviendas sociales ubicadas en la barriada de La Alcarrachela, en Écija (Sevilla), fueron promovidas inicialmente como viviendas de alquiler social por la empresa municipal SEDESA y destinadas a familias con bajos ingresos desde el
año 2000.
Tras la quiebra de la sociedad pública y la liquidación de sus activos, las viviendas fueron adjudicadas en subasta pública en 2020 a la sociedad privada Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido S.L., que pagó por el conjunto aproximadamente
12.637 euros por vivienda.
Durante los últimos años, los contratos de alquiler social de las 91 familias han ido expirando y la empresa propietaria les ofrece ahora la compra de sus viviendas por un precio muy superior (entre 40.000 y 45.000 ), cantidad inasumible
para la mayoría de los residentes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad económica.
Según diversas informaciones públicas, la citada empresa no habría cumplido con sus obligaciones fiscales ante la Hacienda pública y ante la propia administración local, lo que se ha traducido en impagos tributarios que han repercutido
directamente en la gestión del alquiler y en las relaciones con los vecinos.
Los afectados han promovido procedimientos judiciales contra la venta y han solicitado la intervención de las administraciones, tanto local como autonómica, para recuperar el carácter social de la vivienda protegida que han tenido asignadas
durante más de dos décadas.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de la situación en torno a la titularidad y gestión de las 91 viviendas sociales de La Alcarrachela en Écija, adquiridas por una sociedad privada tras la liquidación de la empresa municipal promotora?
En caso de confirmarse la existencia de deudas tributarias por parte de la empresa propietaria de estas viviendas, ¿qué medidas contempla el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y otras autoridades competentes, para garantizar el mantenimiento del uso social de estas viviendas o facilitar su incorporación a un parque público de vivienda asequible?
¿Qué mecanismos de colaboración está dispuesto a activar el Gobierno con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Écija para abordar la inseguridad jurídica y social que enfrentan las familias afectadas, con el objetivo de proteger el
derecho constitucional a una vivienda digna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2026.Engracia Rivera Arias, Diputada.
184/036183
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rivera Arias, Engracia (GSUMAR)
Alonso Cantorné, Fèlix (GSUMAR)
Mecanismos de control o supervisión que contempla el Gobierno para garantizar que la población rural pueda mantener el acceso a servicios bancarios básicos teniendo en cuenta el cierre de oficinas y la disminución de atención presencial, así
como calendario previsto para la puesta en marcha efectiva de servicios financieros básicos a través de Correos.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
En Puebla de los Infantes (Sevilla), Caja Rural ha reducido drásticamente la atención presencial en sus oficinas. En la actualidad abre solo dos días a la semana y no ofrece atención de caja directa. Esta situación se repite cada vez más
en municipios rurales, generando dificultades significativas para la población local.
El cierre o la reducción de atención presencial en oficinas bancarias en zonas rurales genera problemas significativos, incluyendo la exclusión financiera de personas mayores o con poca experiencia digital, la dificultad para realizar
operaciones básicas como retirar efectivo, pagar recibos o hacer ingresos. Además, afecta a la economía local al dificultar la operativa de comercios, agricultores y autónomos. También obliga a las personas usuarias a hacer desplazamientos largos,
aumentando costes y riesgos para personas con movilidad reducida y refuerza la brecha digital, ya que muchas personas carecen de internet de calidad o de formación en servicios online, dificultando su acceso a servicios bancarios esenciales.
Cabe señalar que, en 2022, el Ministerio de Economía promovió la 'Hoja de Ruta para reforzar la inclusión financiera en zonas rurales', suscrita por la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión
Nacional de Cooperativas de Crédito. Este acuerdo contempla compromisos voluntarios sobre puntos de acceso en municipios sin oficina bancaria, oficinas móviles y colaboración con Correos, pero carece de rango normativo y de mecanismos sancionadores
vinculantes, limitando su eficacia real.
Asimismo, el Parlamento de Cataluña presentó en 2023 una Proposición de Ley para garantizar el servicio de cajero automático y el acceso a servicios bancarios en municipios en riesgo de exclusión financiera, no obstante, su tramitación
permanece pendiente y sin avances efectivos hasta la fecha, debido a que el plazo para la presentación de enmiendas ha sido prorrogado de manera continua durante los últimos dos años.
Por su parte, la Ley 6/2025, de 28 de julio, mediante su disposición final única, modificó la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, introduciendo la Disposición
adicional octava relativa a los servicios de interés económico general prestados por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. Esta disposición establece que Correos, por su implantación territorial y medios disponibles, es el
instrumento idóneo del Estado para prestar determinados servicios de interés económico general, incluyendo la accesibilidad a servicios financieros básicos.
¿Qué mecanismos de control o supervisión contempla el Gobierno en la actualidad para garantizar que la población rural pueda mantener el acceso a servicios bancarios básicos teniendo en cuenta el cierre de oficinas y la disminución de
atención presencial?
En caso de que se produzcan cierres de oficinas o reducción de horarios, ¿qué alternativas se deben ofrecer a la población para cumplir con el acceso universal a servicios financieros básicos y en qué consistirían estos servicios?
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para desarrollar la accesibilidad a servicios financieros básicos prevista en la Disposición adicional octava de la Ley 43/2010, introducida por la Ley 6/2025?
¿Qué medidas específicas está implementando la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos para garantizar el acceso a servicios financieros básicos en municipios rurales?
¿Cómo tiene previsto el Gobierno materializar la prestación de estos servicios a través de la red de oficinas de Correos, especialmente en municipios rurales con reducción o desaparición de oficinas bancarias?
¿Existe un calendario previsto para la puesta en marcha efectiva de estos servicios financieros básicos a través de Correos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2026.Engracia Rivera Arias y Fèlix Alonso Cantorné, Diputados.
184/036310
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Cruset Domènech, Josep Maria (GJxCAT)
Inicio de un nuevo expediente de delimitación del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Deltebre pocos meses después de la caducidad de un procedimiento anterior.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de diversa documentación contenida en los puntos 1, 4 y 7 de la iniciativa de referencia, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 107931, admitir a trámite
como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de
expediente 186/001613).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 976 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep Maria Cruset Domènech, diputado del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno y solicita su respuesta
por escrito.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado un nuevo expediente de delimitación del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Deltebre (referencia DES01/26/43/0001), que afecta a un tramo
de unos 63 450 m de longitud de litoral y que se sometió a información pública del 29 de enero al 2 de marzo de 2026.
Este nuevo expediente se tramita pocos meses después de la caducidad de un procedimiento anterior y, según el Ayuntamiento de Deltebre y varios agentes del territorio, reproduce sustancialmente la propuesta inicial de 2023 sin haber
incorporado el trabajo, alegaciones y esfuerzos institucionales y sociales realizados hasta ahora.
Junts per Catalunya considera que el Delta del Ebro necesita medidas efectivas y urgentes de protección y gestión ante la regresión, pero rechaza que la respuesta del Estado sea, de nuevo, impulsar un deslinde sin haber acordado previamente
con el territorio un paquete de medidas y un marco de consenso que garantice seguridad jurídica, proporcionalidad y coherencia con las políticas de protección del Delta. En este sentido, las alegaciones ciudadanas alertan de indefensión, de la
falta de adecuación del procedimiento a las peticiones del territorio (cultivos, actividades económicas, infraestructuras y núcleos consolidados como Riumar) y piden que se archive el nuevo expediente.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas para aclarar los fundamentos jurídicos y técnicos del nuevo expediente y obtener toda la información necesaria para defender los intereses del territorio.
1. ¿Cuál es la fecha exacta de caducidad del expediente anterior y qué actuaciones del Gobierno del Estado se llevaron a cabo? [...]
2. ¿En qué base fundamenta el Ministerio la decisión de iniciar un nuevo expediente sin partir del punto procedimental en el que se encontraba el anterior en el momento de la caducidad, a pesar de la existencia de alegaciones y trámites ya
realizados?
3. ¿Puede certificar el Ministerio si la documentación técnica sometida a información pública en 2026 es idéntica a la propuesta inicial de julio de 2023? De lo contrario, detallen todos los cambios (criterios, trazados, justificaciones y
afectaciones) y aporten un documento de «control de cambios».
4. ¿Ha elaborado el Ministerio una evaluación de impacto socioeconómico específica (sobre agricultura, turismo, restauración y empleo) derivada de la nueva delimitación? [...]
5. ¿Qué afectación prevista tiene la delimitación propuesta sobre infraestructuras hidráulicas y de movilidad, y qué medidas prevé el Ministerio para garantizar su gestión y continuidad?
6. ¿Qué previsión hay para realizar medidas de recuperación y conservación del camino existente en la punta del Fangar (incluido en el catálogo de caminos municipal), de la misma manera que se han hecho en el camino de Pal y del Trabucador?
7. ¿Qué afectación concreta (trazado, servidumbres, limitaciones de uso, eventuales cambios de titularidad o régimen) prevé el Ministerio sobre el núcleo de Riumar y los usos consolidados existentes? [...]
8. ¿Qué reuniones formales (fecha, asistentes y actas de las mismas) se han celebrado con la Generalitat, el Ayuntamiento de Deltebre o la Mesa de Consenso del Delta antes de incoar el nuevo expediente? ¿Qué acuerdos o desacuerdos se
produjeron?
9. ¿En caso de no haberse celebrado estas reuniones formales con la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Deltebre o la Mesa de Consenso del Delta, por qué no se han celebrado? ¿Qué justifica que el ministerio haya considerado que no
eran necesarias estas reuniones previas?
10. ¿Por qué no se ha hecho efectiva la medida más prioritaria del Plan Delta de la Mesa de Consenso: la aportación de arenas con draga marina, que se ha demostrado como la más efectiva en casos de regresión marina como el de Holanda?
11. El Servicio Provincial de Costas en Tarragona derrocó el voltador, emplazado desde hacía unos 10 años, del final del Paseo Marítimo del núcleo de Riumar en diciembre de 2024, creando un grave perjuicio y peligrosidad en el tramo final
de la Playa y frontal de la zona urbana y urbanizable de Riumar. ¿Bajo qué tramitación, proyecto o autorización se actuó? ¿Quién firmó la orden por parte del Ministerio? ¿Existe
comunicación formal en el Ayuntamiento de Deltebre, teniendo en cuenta que era un camino inventariado?
12. El pasado 14 de febrero hubo un fuerte temporal de mistral que rompió por diferentes ámbitos el malecón de protección de la bahía del Fangar y la laguna del Canal Vell, propiedad del Ministerio. Una situación que provocó la inundación
de muchos terrenos arroceros debido a la falta de protección. ¿Por qué el Ministerio no ha actuado de urgencia como en otras ubicaciones? ¿Por qué el Ministerio no ha conservado adecuadamente los límites de la laguna del Canal Vell provocando un
perjuicio a los terrenos arroceros colindantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2026.Josep Maria Cruset Doménech, Diputado.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
Josep Maria Cruset Domènech, diputat del Grup Parlamentari Junts per Catalunya a lempara del que disposen els articles 185 i s.s. del Reglament de la Cambra, formula les següent preguntes al Gobierno, sol·licitant la resposta per escrit.
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha iniciat un nou expedient de delimitació del domini públic marítim-terrestre al terme municipal de Deltebre (referència DES01/26/43/0001), que afecta un tram duns 63.450 m de
longitud de litoral i que sha sotmès a informació pública del 29 de gener al 2 de març de 2026.
Aquest nou expedient es tramita pocs mesos després de la caducitat dun procediment anterior i, segons lAjuntament de Deltebre i diversos agents del territori, reprodueix substancialment la proposta inicial del 2023 sense haver incorporat
el treball, les al·legacions i els esforços institucionals i socials fets fins ara.
Junts per Catalunya considera que el Delta de lEbre necessita mesures efectives i urgents de protecció i gestió davant la regressió, però rebutja que la resposta de lEstat sigui, de nou, impulsar un atermenament sense haver acordat
prèviament amb el territori un paquet de mesures i un marc de consens que garanteixi seguretat jurídica, proporcionalitat i coherència amb les polítiques de protecció del Delta. En aquest sentit, les al·legacions ciutadanes alerten dindefensió, de
la manca dadequació del procediment a les demandes del territori (cultius, activitats econòmiques, infraestructures i nuclis consolidats com Riumar) i demanen larxivament del nou expedient.
Per tot plegat, es formulen les preguntes següents per aclarir els fonaments jurídics i tècnics del nou expedient i obtenir tota la informació necessària per defensar els interessos del territori.
1. Quina és la data exacta de caducitat de lexpedient anterior i quines actuacions del govern de lestat hi van conduir? [...]
2. En quina base fonamenta el Ministeri la decisió diniciar un nou expedient sense partir del punt procedimental en què es trobava lanterior en el moment de la caducitat, malgrat lexistència dal·legacions i tràmits ja realitzats?
3. Pot certificar el Ministeri si la documentació tècnica sotmesa a informació pública el 2026 és idèntica a la proposta inicial de juliol de 2023? En cas contrari, detallin tots els canvis (criteris, traçats, justificacions i afectacions)
i aportin un document de «control de canvis».
4. Ha elaborat el Ministeri una avaluació dimpacte socioeconòmic específica (sobre agricultura, turisme, restauració i ocupació) derivada de la nova delimitació? [...]
5. Quina afectació prevista té la delimitació proposada sobre infraestructures hidràuliques i de mobilitat, i quines mesures preveu el Ministeri per garantir-ne la gestió i continuïtat?
6. Quina previsió hi ha per a fer mesures de recuperació i conservació del camí existent a la punta del Fangar (inclòs en el catàleg de camins municipal), de la mateixa manera que shan fet en el camí de Pal i del Trabucador?
7. Quina afectació concreta (traçat, servituds, limitacions dús, eventuals canvis de titularitat o règim) preveu el Ministeri sobre el nucli de Riumar i els usos consolidats existents? [...]
8. Quines reunions formals (data, assistents i actes de les mateixes) shan celebrat amb la Generalitat, l'Ajuntament de Deltebre o la Taula de Consens del Delta abans dincoar el nou expedient? Quins acords o desacords shi van produir?
9. En cas de no haver-se celebrat aquestes reunions formals amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Deltebre o la Taula de Consens del Delta, per què no shan celebrat? Què justifica que el ministeri hagi considerat que no eren
necessàries aquestes reunions prèvies?
10. Perquè no sha fet efectiva la mesura més prioritària del Pla Delta de la Taula de Consens: laportació de sorres amb draga marina, que sha demostrat com la més efectiva en casos de regressió marina com el dHolanda?
11. El Servei Provincial de Costes a Tarragona va enderrocar el voltador, emplaçat des de feia uns 10 anys, del final del Passeig Marítim del nucli de Riumar al desembre de 2024, creant un greu perjudici i perillositat al tram final de la
Platja i frontal de la zona urbana i urbanitzable de Riumar. Sota quina tramitació, projecte o autorització es va actuar? Qui va signar lordre per part del Ministeri? Existeix comunicació formal a lAjuntament de Deltebre, tenint en compte que
era un camí inventariat?
12. El passat 14 de febrer va haver una fort temporal de Mestral que va trencar per diferents àmbits el malecó de protecció de la badia del fangar i la llacuna del Canal Vell, propietat del Ministeri. Una situació que va provocar la
inundació de molts terrenys arrossers degut a la manca de protecció. Per què el Ministeri no ha actuat durgència com en altres ubicacions? Per què el Ministeri no ha conservat adequadament els límits de la llacuna del Canal Vell provocant una
perjudici als terrenys arrossers colindants?
Congrés dels Diputats, 19 de març de 2026.Josep Maria Cruset i Doménech, Diputat.
184/036612
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Cofiño Fernández, Rafael (GSUMAR)
Creación de especialidades docentes en lenguas no cooficiales que cuenten con reconocimiento jurídico e implantación curricular.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente pregunta relativa a la creación de especialidades docentes en lenguas no cooficiales que cuenten con reconocimiento
jurídico e implantación curricular dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
Exposición de motivos
El sistema educativo asturiano cuenta con más de 300 docentes de lengua asturiana y eonaviego/gallego-asturiano. La enseñanza de estas lenguas comenzó hace más de 40 años y actualmente más de 30.000 alumnos y alumnas cursan alguna de estas
opciones en el Principado de Asturias desde Educación Infantil hasta la Escuela Oficial de Idiomas. Su profesorado, a pesar de contar con titulación oficial acreditada por la ANECA y asumir las mismas funciones que el resto del profesorado,
desempeña su labor en situación de interinidad por no contar con una especialidad docente que permita el acceso a plazas estables mediante concurso-oposición. Esta situación genera condiciones laborales precarias y prolongadas, en clara
discrepancia con la normativa europea sobre abuso de temporalidad y medidas de estabilización. Cabe señalar que la enseñanza de estas lenguas está amparada por el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y por la Ley Orgánica 3/2020, de 29
de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).
En este sentido, el profesorado de lengua asturiana y eonaviego está protagonizando diversas acciones para exigir que el gobierno autonómico interceda ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que es, en cualquier
caso, quien podría promover las modificaciones legales necesarias. Así, el reconocimiento de la enseñanza de lenguas propias como especialidad docente requeriría modificaciones normativas en los Reales Decretos 1594/2011, 1834/2008 y 287/2014,
reguladores de los cuerpos de Maestros, Profesorado de Educación Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas, para incorporar la posibilidad de crear especialidades docentes de lenguas propias con implantación curricular y reconocimiento jurídico,
sin necesidad de que sean cooficiales.
De tal modo, el 3 de diciembre de 2025 el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar planteó una pregunta parlamentaria al Gobierno para su respuesta por escrito en la que inquiría por la intención del Ministerio competente de desarrollar los
cambios normativos aludidos para habilitar la creación de especialidades docentes en el caso de lenguas que, sin ser cooficiales, cuenten con reconocimiento jurídico e implantación curricular. La respuesta remitida el 10 de febrero de 2026 por
parte del Gobierno reiteró las opciones de las que disponen las comunidades autónomas para incluir en su sistema educativo los niveles intermedios y avanzados de las lenguas que consideren de «interés especial», abundando en la capacidad de las
administraciones autonómicas para organizar el nivel básico de las lenguas tal y como consideren oportuno.
Sin embargo, tales consideraciones, más allá de su pertinencia, no abordan la cuestión consultada, relativa a la habilitación para crear las especialidades docentes de lenguas no cooficiales, pero con reconocimiento jurídico e implantación
curricular, como es el caso del asturiano, el gallego-asturiano, o el aragonés. Los cambios normativos sugeridos no imponen la creación automática de las especialidades docentes, pero permitirían a las comunidades autónomas solicitarlas cuando
concurran las condiciones educativas y legales necesarias, reforzando así tanto los derechos sociales de la población como la protección laboral de los y las docentes que impartan clase en estos idiomas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar plantea la siguiente pregunta al Gobierno para su respuesta por escrito:
¿Contempla el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes realizar los cambios normativos pertinentes para incorporar la posibilidad de crear especialidades docentes de lenguas propias que, sin ser cooficiales, cuenten con
reconocimiento
jurídico e implantación curricular, estableciendo así las bases para la creación de las especialidades docentes de Lengua Asturiana y Eonaviego/GallegoAsturiano y para garantizar la estabilidad y el reconocimiento profesional del personal
docente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2026.Rafael Cofiño Fernández, Diputado.
SECRETARÍA GENERAL
292/000027
CONVOCATORIA INTERNA DE 17 DE MARZO DE 2026 PARA LA PROVISIÓN, ENTRE EL PERSONAL LABORAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE DOS PLAZAS DE MÉDICO/A CON DESTINO EN EL GABINETE MÉDICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión celebrada el día 10 de marzo de 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.3.º del Convenio colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, ha acordado la
convocatoria interna de dos plazas de Médico/a con destino en el Gabinete Médico de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Al convocarse dos plazas, no procede, en aplicación del artículo 8.2 del Convenio colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, reserva de plaza para su provisión entre personas con discapacidad.
La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como lo establecido en el I Plan de Igualdad de las Cortes Generales aprobado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta celebrada el 6 de marzo de 2020 y Resolución de 15
de marzo de 2024 del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la que se hace público el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados y el Acuerdo de la Mesa del Senado, adoptados en sus reuniones de fecha de 12 de marzo de 2024, en los que se
aprueban medidas de protección de las víctimas de violencia de género que participen en los procesos selectivos en el ámbito de las Cortes Generales, y se ajustará a las siguientes bases:
Primera. Régimen jurídico.
El régimen jurídico de este puesto de trabajo será el laboral. El contrato será por tiempo indefinido una vez superado el periodo de prueba en los términos del artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 8.3 del vigente
Convenio. La remuneración será la establecida en dicho Convenio colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados.
Segunda. Funciones.
Las funciones del puesto serán las propias de Médico/a, especificadas en la plantilla orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. Dependerá, a tales efectos, de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la
Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Tercera. Requisitos para concurrir.
Para tomar parte en el proceso selectivo será imprescindible reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal laboral del Congreso de los Diputados.
b) Estar en posesión del título de Grado o Licenciado en Medicina, así como del título de Médico Especialista, en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria o en Medicina Interna, o el título que habilite para el ejercicio de
cualquiera de estas profesiones reguladas.
Quienes tengan una habilitación obtenida en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
c) Tener una experiencia laboral como Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o en Medicina Interna de, al menos, cinco años en los últimos diez años.
No se tendrá en cuenta el periodo de residencia MIR por consistir en una formación práctica necesaria para adquirir la especialidad.
d) Reunir las condiciones psicofísicas requeridas para el desempeño de las correspondientes funciones.
Todos los requisitos enumerados en la presente base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Si en algún momento del proceso selectivo la Comisión de Selección tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, o de la documentación aportada resultara que su
solicitud adolece de errores o falsedades que imposibiliten su acceso al grupo profesional de Médico/a podrá acordar la exclusión de dicha persona, una vez evacuado el correspondiente trámite de audiencia.
Cuarta. Comisión de Selección.
La resolución del proceso selectivo será realizada por la Comisión de Selección designada por la Mesa del Congreso de los Diputados que estará integrada por los siguientes miembros:
Presidencia:
Un miembro de la Mesa de la Cámara que presidirá la Comisión.
Vocales:
La persona titular de la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados.
La persona titular de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior del Congreso de los Diputados.
Un/a Catedrático/a de Medicina.
Dos Médicos/as del Gabinete Médico del Congreso de los Diputados.
Secretaría:
La persona titular de la Jefatura del Departamento de Gestión de Personal y Gobierno Interior de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior del Congreso de los Diputados.
La representación del personal laboral podrá participar en calidad de observadora en el proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 del Convenio colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados.
La Mesa del Congreso podrá efectuar la designación o, en su caso, delegarla en la Presidencia de la Cámara, de quienes sustituyan a las personas titulares en caso de renuncia justificada o de imposibilidad, cualquiera que sea la causa, para
el desempeño de su función. El nombramiento de nuevos miembros para sustituir a aquellos cuya abstención, recusación o renuncia sea efectiva, solo tendrá lugar si se produce antes de la celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas. A
partir de entonces, el nombramiento de nuevos miembros solo procederá si resultara imposible alcanzar el quorum necesario para el funcionamiento válido de la Comisión de Selección.
La pérdida de la condición de parlamentario/a o cargo en cuya virtud fue designado/a para formar parte de la Comisión de Selección, no será obstáculo para mantenerse como miembro de la misma, una vez constituida.
La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, cuando menos, de cinco de sus integrantes. Las decisiones relativas a la tramitación del proceso se adoptarán por mayoría de votos de los integrantes presentes,
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del/la Presidente/a de la Comisión de Selección.
Si se estimase oportuno, la Comisión de Selección podrá disponer la incorporación de personas especialistas para asesorar y también para colaborar en las pruebas correspondientes a los ejercicios que crea necesarios.
La Comisión de Selección se regirá en sus actuaciones por los principios de publicidad, transparencia e imparcialidad, y de acuerdo con los artículos 14 y 23.2 de la Constitución española, velará por el estricto cumplimiento de los
principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público y, en particular, del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el I Plan de Igualdad de las Cortes Generales aprobado
por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta celebrada el 6 de marzo de 2020.
Corresponden a la Comisión de Selección las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de las personas aspirantes, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
La Comisión de Selección queda facultada para resolver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases, así como para la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las mismas.
Quinta. Solicitudes y plazos de presentación.
Las solicitudes para tomar parte en este proceso de selección se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Sección Congreso de los Diputados.
La solicitud deberá presentarse por vía electrónica a través de la página web del Congreso de los Diputados (www.congreso.es). La presentación por esta vía permitirá cumplimentar en línea el modelo oficial de solicitud, anexar documentos y
el registro electrónico de la solicitud. En caso de que se produzca alguna incidencia técnica en la presentación electrónica de la instancia, se estará a lo que se establece en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En dicha solicitud se consignarán el nombre y dos apellidos, número del documento nacional de identidad (debiendo estar en vigor y aportarse copia del anverso y reverso del mismo), domicilio a efectos de notificaciones, teléfono, correo
electrónico, títulos exigidos en la presente convocatoria con su denominación oficial completa, así como la experiencia laboral a que se refiere el apartado c) de la base tercera de la presente convocatoria.
Asimismo, se hará declaración expresa de reunir todos y cada uno de los requisitos que se señalan en la base tercera de la convocatoria, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo señalado para la presentación de solicitudes, así
como de que, en
caso de resultar seleccionado/a, se presentará la documentación a que se refiere la base duodécima dentro del plazo de quince días hábiles que se establece en la misma y de asumir el compromiso de firmar el correspondiente contrato e
incorporarse al servicio de la Secretaría General del Congreso de los Diputados dentro del plazo de un mes a contar desde la notificación del acuerdo de la Mesa por el que se autoriza su contratación.
De conformidad con las medidas de protección de las víctimas de violencia de género que participen en los procesos selectivos en el ámbito del Congreso de los Diputados, las mujeres que acrediten la condición de víctimas de violencia de
género que participen en la convocatoria podrán solicitar la seudonimización de sus datos rellenando el modelo que aparecerá en el formulario de solicitud y adjuntando la documentación acreditativa de dicha circunstancia que le será requerida.
Dicha seudonimización se podrá solicitar en cualquier momento del proceso selectivo, bien en el de la presentación de la instancia, bien en uno posterior. En este último caso, deberá presentar la correspondiente solicitud según el modelo publicado
como anexo II en la presente convocatoria, así como adjuntar la documentación acreditativa de dicha circunstancia y dirigirlo al Departamento de Igualdad del Congreso de los Diputados, a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
igualdad
congreso.es.
Sexta. Abono de derechos de examen.
1. Para participar en la convocatoria se debe abonar mediante transferencia bancaria la cantidad de 7,50 euros en concepto de derechos de examen.
A estos efectos, se deberá realizar una transferencia bancaria a la cuenta de CaixaBank número ES45 2100 5731 7402 0049 6390, abierta a nombre del Congreso de los Diputados.
En el justificante de realización de la transferencia, cuya copia se ha de adjuntar a la solicitud, deberá figurar en el concepto, necesariamente, la indicación «MEDCDCI», así como el nombre, apellidos y número de documento nacional de
identidad de quien concurra a la oposición.
2. Estarán exentas del pago de los derechos de examen:
a) Las personas con discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de dicha discapacidad.
b) Las personas desempleadas, inscritas en situación de desempleo en el Servicio Público de Empleo Estatal, que acrediten un periodo mínimo ininterrumpido de seis meses, inmediatamente anterior a la fecha de publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
c) Las víctimas de terrorismo, sus cónyuges e hijos. Se deberá adjuntar a la solicitud sentencia judicial firme o resolución administrativa por la que se reconozca la condición de víctimas del terrorismo.
d) Las víctimas de violencia de género, debiendo adjuntar a la solicitud resolución judicial u orden de protección dictada a favor de la víctima, o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de
violencia de género, hasta que se dicte la condición de víctima de violencia de género.
e) Las familias numerosas, en los siguientes términos:
100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial.
50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.
Se deberá adjuntar título de familia numerosa o carnet individual del título de familia numerosa.
3. La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de exención de dicho pago determinará la exclusión del aspirante del proceso selectivo. En ningún caso el pago de los derechos de examen o la justificación de la
concurrencia de alguna de las causas de exención del mismo supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud para participar en el proceso selectivo.
4. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable a cada aspirante, ni en caso de no presentarse a los ejercicios.
Séptima. Adaptación de tiempo y/o medios.
Quienes participen en la convocatoria y presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas podrán solicitar las adaptaciones de tiempo y/o medios oportunos, debiendo reflejar la petición correspondiente en la
solicitud de participación en la convocatoria. Con el fin de que la Comisión de Selección pueda resolver con objetividad la solicitud planteada, se deberá aportar, junto con la misma, justificante de la razón que dificulte la realización de las
pruebas.
Para el caso de las adaptaciones de medios y/o tiempo, se aplicarán las medidas previstas en la Orden PJC/804/2025, de 23 de julio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de medios y tiempos y la realización de otros
ajustes razonables en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
En todo caso, la Comisión de Selección adoptará las medidas precisas para que las personas que presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas gocen de similares condiciones que el resto de las personas
aspirantes.
Octava. Admisión de personas aspirantes.
Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, y a la vista de las presentadas, la Comisión de Selección dictará Resolución por la que se aprueben las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas al
proceso de selección, con expresión de los motivos de exclusión en cada caso, la cual se hará pública en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Congreso de los Diputados y en la página web de la Cámara. A efectos de lo que dispone la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con esta publicación se considerará realizada la oportuna notificación a las personas interesadas.
Quienes hayan sido excluidos expresamente, así como quienes no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha
Resolución, para presentar reclamaciones a la citada relación o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Finalizado dicho plazo, la Comisión de Selección hará pública, mediante el mismo procedimiento, la Resolución declarando aprobada la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas.
Las relaciones de personas aspirantes, tanto admitidas como excluidas, se ordenarán alfabéticamente atendiendo a las reglas ortográficas establecidas por la Real Academia Española, y en las publicaciones en las que deban reflejarse datos
personales, se identificarán mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Los errores de hecho que puedan advertirse en las relaciones provisionales o definitivas de personas aspirantes admitidas o excluidas podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio, o a petición de la persona interesada.
Novena. Embarazo de riesgo o parto.
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización de aquel y a la superación de las fases que hayan
quedado aplazadas, sin que estas puedan demorarse de manera que se menoscabe el derecho de los demás aspirantes
a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por la Comisión de Selección y, en todo caso, la realización de aquellas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado
el proceso selectivo.
Décima. Desarrollo y estructura del proceso selectivo.
El procedimiento de selección no comenzará antes del mes de junio de 2026.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios se harán públicos por la Comisión de Selección en la página web del Congreso de los Diputados.
El orden de actuación de las personas aspirantes viene establecido por el resultado del sorteo público celebrado para determinar el orden de actuación de aspirantes en los procesos de selección que se convoquen durante los años 2026 y 2027
en el ámbito de las Cortes Generales, cuya Resolución de 13 de febrero de 2026 fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 44, de 19 de febrero de 2026. Conforme al resultado de dicho sorteo, el orden de actuación en el presente proceso
selectivo se iniciará por las personas cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ». En el caso de que no existiera ningún aspirante cuyo apellido comenzara por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por las personas cuyo primer apellido
comience por la letra «O», y así sucesivamente.
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica, la Comisión de Selección publicará, con anterioridad a la realización de los ejercicios, las instrucciones que deban conocer los/las
aspirantes y, en su caso, los criterios de corrección, valoración y superación de los mismos que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria.
El proceso selectivo constará de dos fases: oposición y concurso. Ambas fases tendrán carácter eliminatorio.
1. Fase de oposición:
La fase de oposición constará de dos ejercicios:
1.1 Primer ejercicio:
Dicho ejercicio tendrá carácter eliminatorio. Disertación por escrito, durante un tiempo máximo de cuatro horas, de dos temas sacados a la suerte de cada bloque, dos correspondientes al bloque I (Materias Parlamentarias) y dos
correspondientes al bloque II (Materias Médicas) del programa que figura como anexo I. Entre ellos la Comisión de Selección elegirá el que hayan de desarrollar de cada uno de los bloques las personas aspirantes. El tiempo máximo para la realización
del primer tema será de 90 minutos y el del segundo tema de 120 minutos. Entre el primer y el segundo tema habrá un intervalo mínimo de quince minutos, sin que esto suponga la ruptura de la unidad del ejercicio.
No podrá disponerse de documentación ni dispositivos electrónicos.
1.2 Segundo ejercicio:
Dicho ejercicio tendrá carácter eliminatorio. Consistirá en la realización por escrito de un supuesto práctico de carácter médico durante un tiempo máximo de dos horas. La Comisión de Selección tendrá la facultad de autorizar el uso de
documentación o dispositivos electrónicos si del contenido de la prueba se dedujera su necesidad.
Una vez que las personas aspirantes hayan terminado de realizar cada uno de estos ejercicios, lo introducirán en un sobre cuya solapa firmarán junto con la persona que ejerza la función de Secretaría de la Comisión de Selección. Los sobres
quedarán bajo la custodia de dicha Secretaría y, cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la base décima serán abiertos por cada aspirante ante la Comisión para proceder a la lectura de su examen, en sesión pública, momento en el que, en
su presencia, se procederá a realizar una copia de su ejercicio, que quedará en poder de la Comisión durante la lectura del mismo. La Comisión de Selección podrá solicitar a la persona
aspirante las aclaraciones que considere oportunas en relación con su examen. La lectura será grabada en audio.
Serán excluidos del procedimiento quienes no comparezcan al llamamiento.
1.3 Criterios de valoración de la fase de oposición:
El primer ejercicio se calificará de 0 a 100 puntos, con el siguiente desglose:
Bloque I (Materias Parlamentarias): de 0 a 25 puntos, siendo necesario obtener una calificación mínima de 12,5 puntos.
Bloque II (Materias Médicas): de 0 a 75 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 37,5 puntos.
La puntuación de cada persona aspirante en este ejercicio será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los dos bloques.
El segundo ejercicio se calificará de 0 a 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos.
En los ejercicios, tras la necesaria deliberación de los miembros de la Comisión de Selección, la calificación de cada aspirante se hará mediante papeletas, una por cada integrante de la Comisión de Selección, que contendrá su nombre y su
firma, así como la puntuación otorgada. La calificación de la Comisión de Selección será el cociente de dividir la suma de los puntos consignados en las papeletas por el número de papeletas emitidas.
Para la valoración de este ejercicio la Comisión de Selección tendrá en cuenta el rigor y el conocimiento del temario y, en particular, la capacidad de análisis, el orden y claridad de ideas y la capacidad de expresión escrita y oral.
La puntuación de cada persona aspirante en la fase de oposición será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los dos ejercicios, siendo necesario obtener, como mínimo, 100 puntos para superar la fase de oposición.
Finalizada la fase de oposición, se publicará en la página web del Congreso de los Diputados, la relación de las personas aspirantes que la hubieran superado por el orden de puntuación total alcanzada.
2. Fase de concurso:
2.1 La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos alegados y acreditados por cada aspirante.
Las personas aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación de la relación a que se refiere el apartado 1.3 de la base décima, para presentar en el
Departamento de Formación y Selección de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, original y copia para su compulsa de los méritos alegados.
Cuando el idioma original de la documentación constitutiva de mérito sea distinto al castellano, la persona interesada deberá presentar, junto al documento, traducción literal del contenido de esta realizada por persona acreditada como
traductora jurada.
A los efectos del cómputo de cada uno de los méritos alegados, se tomará como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias en la presente convocatoria.
2.2 Se tendrán en cuenta los siguientes méritos:
a) Experiencia laboral, adicional a los cinco años requeridos como requisito de participación en el proceso selectivo, ya sea por cuenta propia o en cualquier centro, entidad o empresa, en las especialidades médicas de Medicina Familiar y
Comunitaria
y/o Medicina Interna: 0,50 puntos cada mes de experiencia, hasta un máximo de 70 puntos.
No se valorará el periodo de residencia MIR por consistir en una formación práctica necesaria para adquirir la especialidad.
Los servicios prestados se valorarán por meses. Los periodos inferiores al mes no se computarán. No obstante, en caso de existir más de uno, podrán sumarse si dicha acumulación da como resultado uno o varios meses completos,
despreciándose, en su caso, una única fracción inferior al mes. A efectos de esta acumulación, se entenderá por mes completo un periodo de treinta días.
Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por el ejercicio simultáneo de más de una actividad profesional, excepto en el caso de servicios prestados a tiempo parcial de forma simultánea, que se computarán hasta completar
la totalidad de la jornada laboral, sin que el exceso de jornada pueda ser valorado.
El cómputo de los servicios prestados a tiempo parcial se realizará de forma proporcional al tiempo completo, a excepción de los periodos de reducción de jornada por guarda legal, que se computarán como de tiempo completo.
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados. En relación con el cómputo de los periodos de servicios prestados, cuando dichos servicios se hayan prestado en centros o instituciones sanitarias públicas, se estará a
lo previsto en los artículos 49 y 89 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Cuando la experiencia laboral se haya prestado en centros, entidades o empresas
sanitarias privadas, se estará a lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
La experiencia laboral se acreditará mediante fotocopia compulsada del contrato de trabajo o certificación original expedida por persona responsable de Recursos Humanos de la institución en la que se hubieran prestado los servicios,
acompañado, en cualquiera de los dos casos de certificación original de cotizaciones a la Seguridad Social en la que consten, expresamente, periodo y grupo de tarifa.
Para acreditar la experiencia por cuenta propia se aportará certificación de cotizaciones al correspondiente régimen de la Seguridad Social en la que figure, expresamente, el periodo de cotización y certificación del alta.
b) Cursos de formación recibidos y acreditados en los últimos diez años a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias de esta convocatoria, directamente relacionados con las especialidades de Medicina Familiar y
Comunitaria y/o Medicina Interna, impartidos por centros oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como los impartidos por organismos e instituciones dependientes de las Administraciones públicas y
cualquier otro financiado con fondos públicos y por Colegios Profesionales: hasta un máximo de 18 puntos, en los siguientes términos:
Cursos de duración superior a 300 horas lectivas: 2,5 puntos por cada uno de ellos.
Cursos de duración entre 151 y 300 horas lectivas: 2 puntos por cada uno de ellos.
Cursos de duración entre 71 y 150 horas lectivas: 1 punto por cada uno de ellos.
Cursos de duración entre 36 y 70 horas lectivas: 0,50 puntos por cada uno de ellos.
Cursos de duración entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos por cada uno de ellos.
Los cursos deberán acreditarse mediante certificación o diploma, en que se detalle de forma expresa su duración. Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la equivalencia de un crédito igual a 25
horas lectivas.
No se valorarán los cursos siguientes:
Certificaciones o diplomas en los que no conste el número de horas ni aquellos de menos de 20 horas lectivas.
Los que formen parte de las enseñanzas del sistema educativo español o sean conducentes a la obtención del título de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
y/o Medicina Interna, así como los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares.
c) Titulaciones académicas acreditadas por las personas aspirantes adicionales a las exigidas para el puesto, hasta un máximo de 12 puntos en los siguientes términos:
Estar en posesión del título, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria, de Médico Especialista en cualquiera de las especialidades médicas previstas en el
Real Decreto 83/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud, diferente del presentado para cumplir con el requisito establecido en la letra d) de la base segunda («Requisitos para
concurrir»), o el título que habilite para el ejercicio de estas profesiones reguladas: 2 puntos.
Estar en posesión del título oficial de Doctor: 3 puntos.
Estar en posesión del título de Máster Oficial: 1,5 puntos.
Quienes tengan una titulación obtenida en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
No se valorarán méritos distintos a los expresamente referidos en esta base.
2.3 La puntuación de cada persona aspirante en la fase de concurso será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los tres apartados susceptibles de puntuación (experiencia laboral; cursos de formación; titulaciones
académicas).
Undécima. Calificación de la oposición-concurso.
La puntuación final de cada persona aspirante vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y la fase de concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
Primero: La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
Segundo: La mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición (supuesto práctico).
Tercero: La mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición (disertación por escrito).
Cuarto: La mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición referido a Materias Médicas.
Se publicarán en la página web del Congreso de los Diputados el nombre y las puntuaciones, tanto parciales como final, de todas las personas aspirantes que hayan aprobado ambas fases del proceso selectivo. Se considerará que han superado el
proceso selectivo las dos personas aspirantes que hayan aprobado ambas fases y hayan obtenido la mayor puntuación final.
Duodécima. Propuesta de la Comisión de Selección.
Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selección hará pública en la página web de la Cámara, la relación de las personas aspirantes cuya contratación se proponga, elevando dicha propuesta a la Mesa del Congreso de los Diputados para
su aprobación, junto con una relación de las restantes personas aspirantes ordenada según la puntuación obtenida.
Decimotercera. Presentación de documentos.
Con carácter previo a la formalización del contrato, y en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación en la página web del Congreso de los Diputados de la relación a que se refiere la base duodécima,
las
personas aspirantes propuestas deberán presentar en la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria, a
saber:
a) Documento nacional de identidad original y fotocopia para su compulsa.
b) Documentos originales de los títulos por los que haya sido admitido a participar en las pruebas selectivas, con arreglo a lo dispuesto en la base tercera de la convocatoria y fotocopias de los mismos para su compulsa.
c) Documento original y copia para su compulsa que acredite el cumplimiento del requisito previsto en el apartado c) de la base tercera.
Asimismo, deberán presentar justificación de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no será necesario aportar la documentación a que se refiere este apartado cuando
la misma ya obre en poder del Congreso de los Diputados.
En el caso de que alguno de los candidatos propuestos, y salvo caso de fuerza mayor, no presentase, dentro del plazo fijado, la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en la base
tercera, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación. En estos casos, la propuesta de contratación se podrá
completar con el siguiente aspirante mejor puntuado de quienes hubieran aprobado la totalidad de los ejercicios.
Decimocuarta. Formalización contractual y periodo de prueba.
Una vez aprobada por la Mesa del Congreso de los Diputados la propuesta de la Comisión de Selección, el órgano competente procederá a la formalización del contrato.
Transcurrido el periodo de prueba de seis meses, y superado éste satisfactoriamente, el/la contratado/a adquirirá la condición de personal laboral fijo. Si alguna de las personas aspirantes no superase el periodo de prueba o renunciara
durante dicho periodo de prueba, se podrá completar la propuesta de contratación con el siguiente aspirante mejor puntuado de quienes hubieran aprobado la totalidad de los ejercicios que, en todo caso, también tendrá que superar el periodo de
prueba.
Decimoquinta. Recursos.
La presente convocatoria podrá ser recurrida ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
Asimismo, las resoluciones de la Comisión de Selección y los actos de trámite de la misma que determinen la imposibilidad de continuar el proceso selectivo o que produzcan indefensión podrán ser impugnados ante la Mesa del Congreso de los
Diputados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación. El resto de reclamaciones se resolverán por la propia Comisión de Selección, que podrá habilitar la apertura de plazos específicos para ello, si así lo
requieren las circunstancias, para asegurar la debida marcha del proceso selectivo y sin que sean susceptibles de ulterior recurso, salvo lo dispuesto en el inciso primero de este párrafo.
La resolución adoptada por la Mesa de la Cámara pondrá fin a la vía administrativa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.La Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Socias.
ANEXO I
Programa
BLOQUE I. MATERIAS PARLAMENTARIAS
1. La Constitución española de 1978. Estructura y principios básicos.
2. La organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas. Las entidades locales.
3. Las Cortes Generales: composición y funciones de las Cámaras.
4. Los órganos rectores del Congreso de los Diputados: la Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces. Los Grupos Parlamentarios.
5. Los órganos funcionales en el Congreso de los Diputados: el Pleno, las Comisiones, las Subcomisiones y Ponencias. La Diputación Permanente.
6. La organización de la Administración parlamentaria: normas de organización de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. La Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior.
7. El principio de igualdad. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley. El Plan de Igualdad de las Cortes Generales y el Protocolo de actuación frente al acoso sexual,
al acoso por razón de sexo y frente a todas las formas de acoso y violencia en las Cortes Generales.
BLOQUE II. MATERIAS MÉDICAS
8. Resucitación cardiopulmonar.
9. Disnea.
10. Shock.
11. Síncope.
12. Dolor torácico.
13. Dolor abdominal agudo.
14. Lumbalgia.
15. Urgencias urológicas.
16. Urgencias oftalmológicas.
17. Urgencias psiquiátricas (ansiedad, depresión, agitación psicomotriz).
18. Insuficiencia cardiaca.
19. Arritmias.
20. Cardiopatía isquémica. Enfermedad coronaria.
21. Pericarditis.
22. Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial. Manejo de crisis y urgencia hipertensiva.
23. Insuficiencia respiratoria.
24. Diabetes mellitus.
25. Hipoglucemia.
26. Trastornos lipídicos.
27. Trastornos del equilibrio ácido base.
28. Enfermedades del tiroides.
29. Alteraciones del metabolismo del calcio, fósforo y magnesio. Osteoporosis.
30. Anemia, leucopenia y trombopenia.
31. Adenopatías y esplenomegalia.
32. Trastornos de la hemostasia. Anticoagulación.
33. Cefaleas.
34. Enfermedad cerebrovascular.
35. Crisis comiciales.
36. Fiebre.
37. Antimicrobianos.
38. Fármacos y embarazo.
39. Urgencias ORL (vértigo, epistaxis, faringoamigdalitis y laringitis).
40. Urticaria y angioedema. Otras urgencias dermatológicas.
41. Infecciones urinarias. ETS.
42. Intoxicaciones agudas por alcohol y drogas.
43. Hemorragia digestiva.
44. Hepatitis agudas.
45. Pancreatitis.
46. Diarrea aguda y crónica.
ANEXO II
Modelo de solicitud de seudonimización
I. Datos personales.
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Domicilio a efectos de notificaciones (dirección completa):
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Solicito la seudonimización de mis datos personales en todos los actos objeto de publicación derivados de la gestión del proceso selectivo de dos plazas de Médico/a con destino en el Gabinete Médico de la Dirección de Recursos Humanos y
Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados convocado el 17 de marzo de 2026 por tener acreditada la situación de mujer víctima de violencia de género.
II. Documentación presentada (marcar lo que proceda).
Sentencia condenatoria por un delito de violencia de género.
Orden de protección de la víctima que esté vigente en el momento de la presentación de la solicitud, o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto se
dicte la orden de protección.
Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares penales para la protección de la víctima.
Acreditación administrativa, expedida de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género
Declaro, bajo mi responsabilidad, que tengo la consideración de víctima de violencia de género de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Fecha
Firma
Protección de datos. Información básica:
Responsable: Congreso de los Diputados. Finalidad: prevención y actuación frente a situaciones de discriminación, acoso y violencia. Legitimación: consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o
varios fines específicos, protección de intereses vitales del interesado, cumplimiento de una obligación legal y ejercicio de poderes públicos (art. 6.1 a), c), d) y e) del RGPD). Personas destinatarias: Jefatura del Departamento de Igualdad
(Congreso de los Diputados). Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior (Congreso de los Diputados). Los datos de carácter personal no serán objeto de publicidad. Derechos: derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento y de oposición.
La información detallada sobre protección de datos puede consultarse en: Protección de datos - Congreso de los Diputados
RESOLUCIÓN DE 17 DE MARZO DE 2026, DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE MÉDICO/A CON DESTINO EN EL
GABINETE MÉDICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (CONVOCATORIAS INTERNA Y PÚBLICA DE 17 DE MARZO DE 2026)
De conformidad con lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 10 de marzo de 2026, la Comisión de Selección para la provisión de dos plazas de Médico/a con destino en el Gabinete Médico de la Dirección de Recursos
Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados (convocatorias interna y pública de 17 de marzo de 2026) estará integrada por los siguientes miembros:
Excma. Sra. D.ª Isaura Leal Fernández (Secretaria Segunda de la Mesa del Congreso de los Diputados), que presidirá la Comisión.
Ilma. Sra. D.ª Sylvia Martí Sánchez (Secretaria General Adjunta para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados).
Ilmo. Sr. D. Luis Manuel Miranda López (Director de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados).
Ilmo. Sr. D. José Francisco Rodríguez Vázquez, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
D. Pedro Górgolas Hernández-Mora, Médico del Gabinete Médico del Congreso de los Diputados.
D.ª Mónica Monteserín Linares, Médica del Gabinete Médico del Congreso de los Diputados.
D.ª Rosa Orteu Jiménez, Jefa del Departamento de Gestión de Personal y Gobierno Interior de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
292/000028
CONVOCATORIA INTERNA DE 17 DE MARZO DE 2026 PARA LA PROVISIÓN, ENTRE PERSONAL LABORAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE DOS PLAZAS DE ENFERMERO/A (DUE) CON DESTINO EN EL GABINETE MÉDICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
La Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión celebrada el día 10 de marzo de 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.3.º del vigente Convenio colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, ha acordado
la convocatoria de dos plazas vacantes de Enfermero/a (DUE) con destino en el Gabinete Médico de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Al convocarse dos plazas, no procede, en aplicación del artículo 8.2 del Convenio colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, reserva de plaza para su provisión entre personas con discapacidad.
La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad
efectiva de mujeres y hombres, así como lo establecido en el I Plan de Igualdad de las Cortes Generales aprobado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta celebrada el 6 de marzo de 2020 y Resolución de 15
de marzo de 2024 del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la que se hace público el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados y el Acuerdo de la Mesa del Senado, adoptados en sus reuniones de fecha de 12 de marzo de 2024, en los que se
aprueban medidas de protección de las víctimas de violencia de género que participen en los procesos selectivos en el ámbito de las Cortes Generales, y se ajustará a las siguientes bases:
Primera. Régimen jurídico.
El régimen jurídico de este puesto de trabajo será el laboral. El contrato será por tiempo indefinido una vez superado el periodo de prueba en los términos del artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 8.3 del vigente
Convenio. La remuneración será la establecida en dicho Convenio colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados.
Segunda. Funciones.
Las funciones del puesto serán las propias de Enfermero/a (DUE), especificadas en la plantilla orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. Dependerá, a tales efectos, de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno
Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Tercera. Requisitos para concurrir.
Para tomar parte en el proceso selectivo será imprescindible reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal laboral del Congreso de los Diputados.
b) Estar en posesión del Título de Diplomado/a Universitario/a o Grado en Enfermería, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Quienes presenten titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o del correspondiente certificado de equivalencia.
c) Tener una experiencia laboral como enfermero/a (DUE), al menos, cinco años en los últimos 10 años.
d) Reunir las condiciones psicofísicas requeridas para el desempeño de las correspondientes funciones.
Todos los requisitos enumerados en la presente base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Si en algún momento del proceso selectivo la Comisión de Selección tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, o de la documentación aportada resultara que su
solicitud adolece de errores o falsedades que imposibiliten su acceso al grupo profesional de Enfermero/a (DUE) podrá acordar la exclusión de dicha persona, una vez evacuado el correspondiente trámite de audiencia.
Cuarta. Comisión de Selección.
La resolución del proceso selectivo será realizada por la Comisión de Selección designada por la Mesa del Congreso de los Diputados que estará integrada por los siguientes miembros:
Presidencia:
Un miembro de la Mesa de la Cámara que presidirá la Comisión de Selección.
Vocales:
La persona titular de la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados.
La persona titular de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior del Congreso de los Diputados.
Dos Enfermeras/os del Gabinete Médico del Congreso de los Diputados.
Secretaría:
La persona titular de la Jefatura del Departamento de Igualdad, Prevención y Gabinete Médico de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior del Congreso de los Diputados.
La representación del personal laboral podrá participar en calidad de observadora en el proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 del Convenio colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados.
La Mesa del Congreso podrá efectuar la designación o, en su caso, delegarla en la Presidencia de la Cámara, de quienes sustituyan a las personas titulares en caso de renuncia justificada o de imposibilidad, cualquiera que sea la causa, para
el desempeño de su función. El nombramiento de nuevos miembros para sustituir a aquellos cuya abstención, recusación o renuncia sea efectiva, solo tendrá lugar si se produce antes de la celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas. A
partir de entonces, el nombramiento de nuevos miembros solo procederá si resultara imposible alcanzar el quorum necesario para el funcionamiento válido de la Comisión de Selección.
La pérdida de la condición de parlamentario/a o cargo en cuya virtud fue designado/a para formar parte de la Comisión de Selección, no será obstáculo para mantenerse como miembro de la misma, una vez constituida.
La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, cuando menos, de cuatro de sus integrantes. Las decisiones relativas a la tramitación del proceso se adoptarán por mayoría de votos de los integrantes presentes,
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del/la Presidente/a de la Comisión de Selección.
Si se estimase oportuno, la Comisión de Selección podrá disponer la incorporación de personas especialistas para asesorar y también para colaborar en las pruebas correspondientes a los ejercicios que crea necesarios.
La Comisión de Selección se regirá en sus actuaciones por los principios de publicidad, transparencia e imparcialidad, y de acuerdo con los artículos 14 y 23.2 de la Constitución española, velará por el estricto cumplimiento de los
principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público y, en particular, del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el I Plan de Igualdad de las Cortes Generales aprobado
por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta celebrada el 6 de marzo de 2020.
Corresponden a la Comisión de Selección las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de las personas aspirantes, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
La Comisión de Selección queda facultada para resolver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases, así como para la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las mismas.
Quinta. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes para tomar parte en este proceso de selección se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Sección Congreso de los Diputados.
La solicitud deberá presentarse por vía electrónica a través de la página web del Congreso de los Diputados (www.congreso.es). La presentación por esta vía permitirá cumplimentar en línea el modelo oficial de solicitud, anexar documentos y
el registro electrónico de la solicitud. En caso de que se produzca alguna incidencia técnica en la presentación electrónica de la instancia, se estará a lo que se establece en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En dicha solicitud se consignarán el nombre y dos apellidos, número del documento nacional de identidad (debiendo estar en vigor y aportarse copia del anverso y reverso del mismo), domicilio a efectos de notificaciones, teléfono, correo
electrónico y títulos exigidos en la presente convocatoria con su denominación oficial completa, así como la experiencia laboral a que se refiere el apartado c) de la base tercera de la presente convocatoria.
Asimismo, se hará declaración expresa de reunir todos y cada uno de los requisitos que se señalan en la base tercera de la convocatoria, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo señalado para la presentación de solicitudes, así
como de que, en caso de resultar seleccionado/a, se presentará la documentación a que se refiere la base duodécima dentro del plazo de quince días hábiles que se establece en la misma y de asumir el compromiso de firmar el correspondiente contrato e
incorporarse al servicio de la Secretaría General del Congreso de los Diputados dentro del plazo de un mes a contar desde la notificación del acuerdo de la Mesa por el que se autoriza su contratación.
De conformidad con las medidas de protección de las víctimas de violencia de género que participen en los procesos selectivos en el ámbito del Congreso de los Diputados, las mujeres que acrediten la condición de víctimas de violencia de
género que participen en la convocatoria podrán solicitar la seudonimización de sus datos rellenando el modelo que aparecerá en el formulario de solicitud y adjuntando la documentación acreditativa de dicha circunstancia que le será requerida.
Dicha seudonimización se podrá solicitar en cualquier momento del proceso selectivo, bien en el de la presentación de la instancia, bien en uno posterior. En este último caso, deberá presentar la correspondiente solicitud según el modelo publicado
como anexo II en la presente convocatoria, así como adjuntar la documentación acreditativa de dicha circunstancia y dirigirlo al Departamento de Igualdad del Congreso de los Diputados, a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
igualdad
congreso.es.
Sexta. Abono de derechos de examen.
1. Para participar en la convocatoria se debe abonar mediante transferencia bancaria la cantidad de 7,5 euros en concepto de derechos de examen.
A estos efectos, se deberá realizar una transferencia bancaria a la cuenta de CaixaBank número ES45 2100 5731 7402 0049 6390, abierta a nombre del Congreso de los Diputados.
En el justificante de realización de la transferencia, cuya copia se ha de adjuntar a la solicitud, deberá figurar en el concepto, necesariamente, la indicación «ENFCDCI», así como el nombre, apellidos y número de documento nacional de
identidad de quien concurra a la oposición.
2. Estarán exentas del pago de los derechos de examen:
a) Las personas con discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de dicha discapacidad.
b) Las personas desempleadas, inscritas en situación de desempleo en el Servicio Público de Empleo Estatal, que acrediten un periodo mínimo ininterrumpido de seis meses, inmediatamente anterior a la fecha de publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
c) Las víctimas de terrorismo, sus cónyuges e hijos. Se deberá adjuntar a la solicitud sentencia judicial firme o resolución administrativa por la que se reconozca la condición de víctimas del terrorismo.
d) Las víctimas de violencia de género, debiendo adjuntar a la solicitud resolución judicial u orden de protección dictada a favor de la víctima, o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de
violencia de género, hasta que se dicte la condición de víctima de violencia de género.
e) Las familias numerosas, en los siguientes términos:
100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial.
50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.
Se deberá adjuntar título de familia numerosa o carnet individual del título de familia numerosa.
3. La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de exención de dicho pago determinará la exclusión del aspirante del proceso selectivo. En ningún caso el pago de los derechos de examen o la justificación de la
concurrencia de alguna de las causas de exención del mismo supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud para participar en el proceso selectivo.
4. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable a cada aspirante, ni en caso de no presentarse a los ejercicios.
Séptima. Adaptación de tiempo y/o medios.
Quienes participen en la convocatoria y presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas podrán solicitar las adaptaciones de tiempo y/o medios oportunos, debiendo reflejar la petición correspondiente en la
solicitud de participación en la convocatoria. Con el fin de que la Comisión de Selección pueda resolver con objetividad la solicitud planteada, se deberá aportar, junto con la misma, justificante de la razón que dificulte la realización de las
pruebas.
Para el caso de las adaptaciones de medios y/o tiempo, se aplicarán las medidas previstas en la Orden PJC/804/2025, de 23 de julio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de medios y tiempos y la realización de otros
ajustes razonables en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
En todo caso, la Comisión de Selección adoptará las medidas precisas para que las personas que presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas gocen de similares condiciones que el resto de las personas
aspirantes.
Octava. Admisión de aspirantes.
Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, y a la vista de las presentadas, la Comisión de Selección dictará Resolución por la que se aprueben las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas al
proceso de selección, con expresión de los motivos de exclusión en cada caso, la cual se hará pública en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Congreso de los Diputados y en la página web de la Cámara. A efectos de lo que dispone la
Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con esta publicación se considerará realizada la oportuna notificación a las personas interesadas.
Quienes hayan sido excluidos expresamente, así como quienes no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha
Resolución, para presentar reclamaciones a la citada relación o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Finalizado dicho plazo, la Comisión de Selección hará pública, mediante el mismo procedimiento, la Resolución declarando aprobada la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas.
Las relaciones de personas aspirantes, tanto admitidas como excluidas, se ordenarán alfabéticamente atendiendo a las reglas ortográficas establecidas por la Real Academia Española, y en las publicaciones en las que deban reflejarse datos
personales, se identificarán mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Los errores de hecho que puedan advertirse en las relaciones provisionales o definitivas de personas aspirantes admitidas o excluidas podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio, o a petición de la persona interesada.
Novena. Embarazo de riesgo o parto.
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización de aquel y a la superación de las fases que hayan
quedado aplazadas, sin que estas puedan demorarse de manera que se menoscabe el derecho de los demás aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por la Comisión de Selección y, en todo caso, la
realización de aquellas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Décima. Desarrollo y estructura del proceso selectivo.
El procedimiento de selección no comenzará antes del mes de junio de 2026.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios se harán públicos por la Comisión de Selección en la página web del Congreso de los Diputados.
El orden de actuación de las personas aspirantes viene establecido por el resultado del sorteo público celebrado para determinar el orden de actuación de aspirantes en los procesos de selección que se convoquen durante los años 2026 y 2027
en el ámbito de las Cortes Generales, cuya Resolución de 13 de febrero de 2026 fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 44, de 19 de febrero de 2026. Conforme al resultado de dicho sorteo, el orden de actuación en el presente proceso
selectivo se iniciará por las personas cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ». En el caso de que no existiera ningún aspirante cuyo apellido comenzara por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por las personas cuyo primer apellido
comience por la letra «O», y así sucesivamente.
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica, la Comisión de Selección publicará, con anterioridad a la realización de los ejercicios, las instrucciones que deban conocer los/las
aspirantes y, en su caso, los criterios de corrección, valoración y superación de los mismos que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria.
El proceso selectivo constará de dos fases: oposición y concurso. Ambas fases tendrán carácter eliminatorio.
1. Fase de oposición:
La fase de oposición constará de dos ejercicios:
1.1 Primer ejercicio:
Dicho ejercicio tendrá carácter eliminatorio. Consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario tipo test de 100 preguntas, sobre las materias del temario que figura como anexo I a esta convocatoria, con cuatro respuestas
alternativas, siendo solamente una de ellas la correcta, durante un tiempo máximo de 90 minutos.
En el cuestionario figurarán cinco preguntas adicionales de reserva.
Los/las personas aspirantes podrán llevarse copia de su ejercicio y al día siguiente hábil de la celebración de la prueba se publicarán en la página web del Congreso de los Diputados las preguntas y las respuestas correctas y se abrirá un
plazo de cinco días hábiles para que puedan presentarse ante la Comisión de Selección reclamaciones o impugnaciones de las preguntas de la prueba. Si, como consecuencia de las reclamaciones se anulasen preguntas, se prorrateará la calificación de
la prueba sobre la base del número de preguntas que fueran válidas.
Contra las resoluciones de la Comisión de Selección relativas a la impugnación de preguntas no cabrá ulterior recurso, sin perjuicio de lo previsto en la base decimoquinta de esta convocatoria.
Una vez finalizado el plazo de reclamación de las preguntas y resueltas por la Comisión de Selección las reclamaciones planteadas, se procederá a la corrección de la prueba, adoptando la Comisión de Selección todas las medidas necesarias
para garantizar su realización anónima, y solo posteriormente se publicará la relación de personas aspirantes que la hayan superado.
1.2 Segundo ejercicio:
Dicho ejercicio tendrá carácter eliminatorio. Consistirá en la realización por escrito de un supuesto práctico durante un periodo máximo de una hora, sin que pueda disponerse de documentación de ningún tipo.
Una vez que las personas aspirantes hayan finalizado dicho ejercicio, lo introducirán en un sobre cuya solapa firmarán junto con la persona que ejerza la función de Secretaría de la Comisión de Selección. Los sobres quedarán bajo la
custodia de dicha Secretaría y, cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la base décima serán abiertos por cada aspirante ante la Comisión de Selección para proceder a la lectura de su examen, en sesión pública, momento en el que, en su
presencia, se procederá a realizar una copia de su ejercicio, que quedará en poder de la Comisión durante la lectura del mismo. La Comisión de Selección podrá solicitar a la persona aspirante las aclaraciones que considere oportunas en relación con
su examen. La lectura será grabada en audio.
Serán excluidos del procedimiento quienes no comparezcan al llamamiento.
1.3 Criterios de valoración de la fase de oposición:
El primer ejercicio se corregirá del siguiente modo: Se asignará un punto por solución correcta y se penalizará con un tercio de punto cada respuesta errónea. No se valorarán las preguntas en blanco ni las nulas (con más de una respuesta
marcada). La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos para aprobarla. Si varios aspirantes obtuviesen la puntuación mínima resultante de la aplicación de los mencionados
criterios, se entenderá que todos ellos han superado la prueba.
El segundo ejercicio, de carácter práctico, se calificará de 0 a 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos para superarlo. La Comisión de Selección valorará para su corrección la calidad técnica de la solución propuesta,
el enfoque, la claridad, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión escrita y oral del/la aspirante.
La puntuación de cada persona aspirante en la fase de oposición será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los dos ejercicios, siendo necesario obtener, como mínimo, 100 puntos para superar la fase de oposición.
Finalizada la fase de oposición, se publicará en la página web del Congreso de los Diputados, la relación de las personas aspirantes que la hubieran superado por el orden de puntuación total alcanzada.
2. Fase de concurso:
2.1 La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos alegados y acreditados por cada aspirante.
Las personas aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación de la relación a que se refiere el apartado 1.3 de la base décima, para presentar en el
Departamento de Formación y Selección de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, original y copia para su compulsa de los méritos alegados.
Cuando el idioma original de la documentación constitutiva de mérito sea distinto al castellano, la persona interesada deberá presentar, junto al documento, traducción literal del contenido de esta realizada por persona acreditada como
traductora jurada.
A los efectos del cómputo de cada uno de los méritos alegados, se tomará como fecha límite, el último día del plazo de presentación de instancias en la presente convocatoria.
2.2 Se tendrán en cuenta los siguientes méritos:
a) Experiencia laboral, adicional a los cinco años requeridos como requisito de participación en el proceso selectivo, se valorará hasta un máximo de 70 puntos, conforme a las siguientes reglas:
Por los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias públicas, en servicios de urgencias y emergencias, así como en atención primaria: 0,50 puntos por mes, hasta un máximo de 70 puntos.
Por los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias públicas, en cualquier servicio sanitario distinto de los mencionados en el apartado anterior: 0,25 puntos por mes, hasta un máximo de 35 puntos.
Por los servicios prestados en centros, instituciones o empresas sanitarias privadas: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 25 puntos.
Los servicios prestados se valorarán por meses. Los periodos inferiores al mes no se computarán. No obstante, en caso de existir más de uno, podrán sumarse si dicha acumulación da como resultado uno o varios meses completos,
despreciándose, en su caso, una única fracción inferior al mes. A efectos de esta acumulación, se entenderá por mes completo un periodo de treinta días.
Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por el ejercicio simultáneo de más de una actividad profesional, excepto en el caso de servicios prestados a tiempo parcial de forma simultánea, que se computarán hasta completar
la totalidad de la jornada laboral, sin que el exceso de jornada pueda ser valorado.
El cómputo de los servicios prestados a tiempo parcial se realizará de forma proporcional al tiempo completo, a excepción de los periodos de reducción de jornada por guarda legal, que se computarán como de tiempo completo.
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados. En relación con el cómputo de los periodos de servicios prestados, cuando dichos servicios se hayan prestado en centros o instituciones sanitarias públicas, se estará a
lo previsto en los artículos 49 y 89 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Cuando la experiencia laboral se haya prestado en centros, entidades o empresas
sanitarias privadas, se estará a lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
La experiencia laboral se acreditará mediante fotocopia compulsada del contrato de trabajo o certificación original expedida por persona responsable de Recursos Humanos de la institución en la que se hubieran prestado los servicios,
acompañado, en cualquiera de los dos casos, de certificación original de cotizaciones a la Seguridad Social en la que consten, expresamente, periodo y grupo de tarifa.
Para acreditar la experiencia por cuenta propia se aportará certificación de cotizaciones al correspondiente régimen de la Seguridad Social en la que figure, expresamente, el periodo de cotización y certificación del alta.
b) Cursos de formación recibidos y acreditados en los últimos diez años a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias de esta convocatoria, directamente relacionados con las funciones del puesto, así como los impartidos
por organismos e instituciones dependientes de las Administraciones públicas y cualquier otro financiado con fondos públicos y por Colegios Profesionales: hasta un máximo de 18 puntos, en los siguientes términos:
Cursos de duración superior a 300 horas lectivas: 2,5 puntos por cada uno de ellos.
Cursos de duración entre 151 y 300 horas lectivas: 2 puntos por cada uno de ellos.
Cursos de duración entre 71 y 150 horas lectivas: 1 punto por cada uno de ellos.
Cursos de duración entre 36 y 70 horas lectivas: 0,50 puntos por cada uno de ellos.
Cursos de duración entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos por cada uno de ellos.
Los cursos deberán acreditarse mediante certificación o diploma, en que se detalle de forma expresa su duración. Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la equivalencia de un crédito igual a 25
horas lectivas.
No se valorarán los cursos siguientes:
Certificaciones o diplomas en los que no conste el número de horas ni aquellos de menos de 20 horas lectivas.
Los que formen parte de las enseñanzas del sistema educativo español o sean conducentes a la obtención del título de Diplomado/a Universitario/a o Grado en Enfermería, así como los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y
similares.
c) Titulaciones académicas acreditadas por las personas aspirantes adicionales a las exigidas para el puesto, hasta un máximo de 12 puntos en los siguientes términos:
Estar en posesión del título oficial de Doctor: 3 puntos.
Estar en posesión del título de Máster Oficial: 1,5 puntos.
Quienes tengan una titulación obtenida en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
No se valorarán méritos distintos a los expresamente referidos en esta base.
2.3 La puntuación de cada persona aspirante en la fase de concurso será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los tres apartados susceptibles de puntuación (experiencia laboral; cursos de formación; titulaciones
académicas).
Undécima. Calificación de la oposición-concurso.
La puntuación final de cada persona aspirante vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y la fase de concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
Primero: La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
Segundo: La mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición (supuesto práctico).
Tercero: La mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición (cuestionario tipo test).
Se publicarán en la página web del Congreso de los Diputados el nombre y las puntuaciones, tanto parciales como final, de todas las personas aspirantes que hayan aprobado ambas fases del proceso selectivo. Se considerará que han superado el
proceso selectivo las dos personas aspirantes que hayan aprobado ambas fases y haya obtenido la mayor puntuación final.
Duodécima. Propuesta de la Comisión de Selección.
Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selección hará pública en la página web de la Cámara, la relación de las personas aspirantes cuya contratación se proponga, elevando dicha propuesta a la Mesa del Congreso de los Diputados para
su aprobación, junto con una relación de las restantes personas aspirantes ordenada según la puntuación obtenida.
Decimotercera. Presentación de documentos.
Con carácter previo a la formalización del contrato, y en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación en la página web del Congreso de los Diputados de la relación a que se refiere la base duodécima,
las personas aspirantes propuestas deberán presentar en la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria, a
saber:
a) Documento nacional de identidad original y fotocopia para su compulsa.
b) Documento original del título por el que haya sido admitido a participar en las pruebas selectivas, con arreglo a lo dispuesto en la base tercera de la convocatoria y fotocopia del mismo para su compulsa.
c) Documento original y copia para su compulsa que acredite el cumplimiento del requisito previsto en el apartado d) de la base tercera.
Asimismo, deberán presentar justificación de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no será necesario aportar la documentación a que se refiere este apartado cuando
la misma ya obre en poder del Congreso de los Diputados.
En el caso de que alguno de los candidatos propuestos, y salvo caso de fuerza mayor, no presentase, dentro del plazo fijado, la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en la base
tercera, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación. En estos casos, la propuesta de contratación se podrá
completar con el siguiente aspirante mejor puntuado de quienes hubieran aprobado la totalidad de los ejercicios.
Decimocuarta. Formalización contractual y periodo de prueba.
Una vez aprobada por la Mesa del Congreso de los Diputados la propuesta de la Comisión de Selección, el órgano competente procederá a la formalización del contrato.
Transcurrido el periodo de prueba de dos meses, y superado este satisfactoriamente, el/la contratado/a adquirirá la condición de personal laboral fijo. Si alguno de las personas aspirantes no superase el periodo de prueba o renunciara
durante dicho periodo de prueba, se podrá completar la propuesta de contratación con el siguiente aspirante mejor puntuado de quienes hubieran aprobado la totalidad de los ejercicios que, en todo caso, también tendrá que superar el periodo de
prueba.
Decimoquinta. Recursos.
La presente convocatoria podrá ser recurrida ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
Asimismo, las resoluciones de la Comisión de Selección y los actos de trámite de la misma que determinen la imposibilidad de continuar el proceso selectivo o que produzcan indefensión podrán ser impugnados ante la Mesa del Congreso de los
Diputados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación. El resto de reclamaciones se resolverán por la propia Comisión de Selección, que podrá habilitar la apertura de plazos específicos para ello, si así lo
requieren las circunstancias, para asegurar la debida marcha del proceso selectivo y sin que sean susceptibles de ulterior recurso, salvo lo dispuesto en el inciso primero de este párrafo.
La resolución adoptada por la Mesa de la Cámara pondrá fin a la vía administrativa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.La Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Socias.
ANEXO I
Programa
BLOQUE I. MATERIAS PARLAMENTARIAS
1. La Constitución española de 1978. Estructura y principios básicos.
2. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Las entidades locales.
3. Las Cortes Generales: composición y funciones de las Cámaras.
4. Los órganos rectores del Congreso de los Diputados: la Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces. Los Grupos Parlamentarios.
5. Los órganos funcionales en el Congreso de los Diputados: el Pleno, las Comisiones, las Subcomisiones y Ponencias. La Diputación Permanente.
6. La organización de la Administración parlamentaria: normas de organización de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. La Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior.
7. El principio de igualdad. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley. El Plan de Igualdad de las Cortes Generales y el Protocolo de actuación frente al acoso sexual,
al acoso por razón de sexo y frente a todas las formas de acoso y violencia en las Cortes Generales.
BLOQUE II. MATERIAS MÉDICAS
8. Higiene en centros sanitarios: conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. Gestión de residuos sanitarios.
9. Inmunizaciones: concepto. Clasificación y tipos de vacunas. Contraindicaciones. Complicaciones. Conservación, administración y pautas de vacunación. Calendario de vacunación.
10. La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: concepto, metodología y técnicas didácticas. Técnicas de educación para la salud. Fomento del autocuidado y promoción de la salud del paciente, cuidador principal y
familia.
11. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental. Cuadros de angustia/ansiedad, hipocondría y depresión. Prevención y control ante el riesgo de suicidio. Valoración de la situación familiar y social.
12. Conceptos de Urgencia y Emergencia. Valoración y cuidados de enfermería ante situaciones críticas: politraumatizados, quemados, shock, intoxicaciones agudas. Parada cardiorrespiratoria. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada.
Cuidados post resucitación. Priorización y triaje en situaciones de múltiples víctimas y catástrofes.
13. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con procesos infectocontagiosos. Procedimientos y técnicas de enfermería. Medidas de prevención y control.
14. Clasificación general de los medicamentos: absorción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y efectos colaterales. Farmacovigilancia. Condiciones de conservación de los medicamentos. Farmacología en urgencias. Administración de
medicamentos.
15. Precauciones previas a la administración de un fármaco. Vías de administración: definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas más frecuentes.
16. Promoción de la actividad física y alimentación equilibrada: clasificación de los alimentos, frecuencia de consumo, elaboración de dietas relacionadas con la edad y momento vital.
17. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con problemas en la piel. Cuidados generales de la piel. Valoración del deterioro de la integridad cutánea. Las úlceras por presión: concepto, factores de riesgo, localización.
Procesos de formación y estadios. Escala de Braden, Norton modificada y EMINA. Medidas de prevención y tratamiento. Heridas y quemaduras.
18. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos y del sistema nervioso: accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y lateral amiotrófica. Procedimientos e intervenciones de enfermería.
19. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios: insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, trombo embolismo pulmonar y asma.
20. Procedimientos e intervenciones de enfermería: oxigenoterapia y aerosolterapia.
21. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares: insuficiencia cardiaca, síndrome coronario agudo, hipertensión arterial, pericarditis aguda, aneurisma aórtico, arteriosclerosis de las extremidades
inferiores y TVP. Procedimientos e intervenciones de enfermería.
22. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema renal y urológico: Incontinencia urinaria, insuficiencia renal aguda, infección urinaria, prostatitis, cáncer de próstata y cólicos renales.
23. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinológicos: diabetes y sus complicaciones, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Procedimientos e intervenciones de enfermería.
24. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema musculoesquelético: osteoporosis, tumores óseos, artrosis, artritis reumatoide, fractura, amputación, esguince y luxación. Procedimientos de enfermería:
vendajes e inmovilizaciones.
25. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas gastrointestinales: abdomen agudo, úlcera gastroduodenal, gastritis, obstrucción intestinal, cáncer colorrectal y gastroenteritis aguda.
26. Valoración y cuidados de enfermería en los problemas oftalmológicos: conjuntivitis, queratitis, glaucoma, retinopatía diabética, desprendimiento de retina y cataratas. Procedimientos e intervenciones de enfermería: aplicación de
gotas y pomadas oculares e irrigación del ojo.
27. Valoración y cuidados de enfermería en los problemas otorrinolaringológicos: otitis, presbiacusias, enfermedad de Meniere y sinusitis. Procedimientos e intervenciones de enfermería: acumetría, audiometría y recogida de frotis nasal.
28. Cuidados, procedimientos e intervenciones de enfermería: monitorización de constantes vitales, oxigenoterapia y venopunción. Curas, procedimientos asépticos para tratar heridas, prevención de infecciones y cicatrización.
29. El secreto profesional: concepto y regulación jurídica. Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud. La protección de datos: objeto, ámbito y definiciones. La especial protección de los datos de salud.
Confidencialidad.
30. Organización de los cuidados de enfermería en Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Coordinación entre distintos ámbitos de atención. La higiene en centros sanitarios: conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes.
Gestión de residuos sanitarios.
31. Conocimientos de anatomía e histología.
ANEXO II
Modelo de solicitud de seudonimización
I. Datos personales.
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Domicilio a efectos de notificaciones (dirección completa):
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Solicito la seudonimización de mis datos personales en todos los actos objeto de publicación derivados de la gestión del proceso selectivo de dos plazas de Enfermero/a (DUE) con destino en el Gabinete Médico de la Dirección de Recursos
Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados convocado el 17 de marzo de 2026 por tener acreditada la situación de mujer víctima de violencia de género.
II. Documentación presentada (marcar lo que proceda).
Sentencia condenatoria por un delito de violencia de género.
Orden de protección de la víctima que esté vigente en el momento de la presentación de la solicitud, o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto se
dicte la orden de protección.
Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares penales para la protección de la víctima.
Acreditación administrativa, expedida de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género
Declaro, bajo mi responsabilidad, que tengo la consideración de víctima de violencia de género de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Fecha
Firma
Protección de datos. Información básica:
Responsable: Congreso de los Diputados. Finalidad: prevención y actuación frente a situaciones de discriminación, acoso y violencia. Legitimación: consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o
varios fines específicos, protección de intereses vitales del interesado, cumplimiento de una obligación legal y ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 a), c), d) y e) del RGPD). Personas destinatarias: Jefatura del Departamento de Igualdad
(Congreso de los Diputados). Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior (Congreso de los Diputados). Los datos de carácter personal no serán objeto de publicidad. Derechos: derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento y de oposición.
La información detallada sobre protección de datos puede consultarse en: Protección de datos - Congreso de los Diputados.
RESOLUCIÓN DE 17 DE MARZO DE 2026, DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE ENFERMERO/A (DUE) CON DESTINO
EN EL GABINETE MÉDICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (CONVOCATORIAS INTERNA Y PÚBLICA DE 17 DE MARZO 2026)
De conformidad con lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 10 de marzo de 2026, la Comisión de Selección para la provisión de dos plazas de Enfermero/a (DUE) con destino en el Gabinete Médico de la Dirección de
Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados (convocatorias interna y pública de 17 de marzo de 2026) estará integrada por los siguientes miembros:
Excma. Sra. D.ª Carmen Navarro Lacoba (Secretaria Cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados), que presidirá la Comisión.
Ilma. Sra. D.ª Sylvia Martí Sánchez (Secretaria General Adjunta para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados).
Ilmo. Sr. D. Luis Manuel Miranda López (Director de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados).
D.ª Ana Isabel López Gómez, Enfermera (DUE) del Gabinete Médico del Congreso de los Diputados.
D.ª Natalia Martínez García, Enfermera (DUE) del Gabinete Médico del Congreso de los Diputados.
D.ª Marina María Cueto Aparicio, Jefa del Departamento de Igualdad, Prevención y Gabinete Médico de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2026.El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.