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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 487, de 03/03/2026
cve: BOCG-15-D-487
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de marzo de 2026
Núm. 487
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Composición de la Diputación Permanente.
Altas y bajas... (Página9)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003067
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para honrar la memoria de Víctor Legorburu Ibarreche, Alcalde de Galdácano, víctima del terrorismo... (Página9)
161/003082
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre medidas para reforzar la Ley de Memoria Democrática con el fin de impedir la pervivencia de honores y distinciones públicas a personas vinculadas al golpe
de Estado de 1936, la dictadura franquista o su aparato de represión y legitimación... (Página12)
Comisión de Justicia
161/003096
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las incidencias procesales derivadas de la rectificación registral del sexo del investigado o acusado en procedimientos de violencia contra las
mujeres... (Página14)
161/003097
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al refuerzo urgente de las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia para evitar su colapso tras la atribución de nuevas
competencias en materia de delitos contra la libertad sexual... (Página16)
Comisión de Defensa
161/003084
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la celebración del centenario de la botadura del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano... (Página19)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003090
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para permitir la exoneración del pago de intereses por la devolución de subvenciones concedidas con motivo de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en
diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024... (Página20)
161/003094
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el refuerzo del control de incompatibilidades en la Administración General del Estado y de la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses...
(Página22)
Comisión de Interior
161/003077
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para exigir medidas urgentes y responsabilidades políticas ante los gravísimos hechos denunciados en una querella por agresión sexual en el seno de la
Policía Nacional... (Página24)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/003093
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al rescate y transferencia a Galicia de la AP-9... (Página25)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/003068
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al reconocimiento del desgaste profesional del personal docente y la jubilación anticipada en condiciones de igualdad...
161/003072
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al rechazo a la imposición del menú halal en comedores escolares... (Página30)
161/003076
Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Plurinacional SUMAR, sobre el primer ciclo de educación infantil... (Página31)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003085
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implantación de un régimen especial de exención del IVA para los autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros, en cumplimiento de
la Directiva (UE) 2020/285 del Consejo... (Página33)
161/003091
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de un marco normativo que favorezca el retorno progresivo al trabajo de las personas diagnosticadas de cáncer y potenciar el diálogo
social para la implantación de medidas específicas en las empresas para gestionar el impacto de la enfermedad... (Página35)
Comisión de Industria y Turismo
161/003070
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la solicitud de refuerzo urgente de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en Castilla y León para garantizar el desarrollo
industrial, la electrificación y el aprovechamiento de su potencial energético... (Página36)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003069
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las medidas para paliar las consecuencias que la sucesión de temporales está causando en el sector del mar... (Página39)
161/003073
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la defensa del sector primario ante el acuerdo UE-MERCOSUR y contra los recortes de la PAC... (Página42)
161/003075
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al acuerdo comercial UE-MERCOSUR... (Página45)
Comisión de Política Territorial
161/003098
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de revisar el marco normativo aplicable a los municipios de menor población... (Página48)
161/003099
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de índices sintéticos de desarrollo territorial como herramienta de diagnóstico, planificación y evaluación de nuevas políticas públicas con enfoque
municipal... (Página49)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003064
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la erradicación de la contaminación y la recuperación definitiva del litoral de A Ribeiriña, en A Pobra do Caramiñal... (Página51)
Comisión de Cultura
161/003065
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a conmemorar el V centenario del nacimiento de don Álvaro de Bazán y reivindicar su legado histórico, naval y cultural... (Página54)
161/003066
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a conmemorar el centenario del vuelo del Plus Ultra y ponerlo en valor como referente histórico, cultural y tecnológico... (Página56)
161/003088
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la reducción del tipo de IVA aplicable a artistas y galerías de arte... (Página57)
161/003092
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la transposición de manera urgente de la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril de 2022 y adoptar un IVA cultural reducido para
artistas y galerías de arte... (Página59)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/003071
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cumplimiento de los compromisos establecidos en la Estrategia España Digital 2026... (Página61)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003074
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre el impulso y desarrollo estratégico del software libre y plataformas de código abierto en las universidades... (Página64)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003081
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre acciones de solidaridad con Palestina... (Página66)
161/003089
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre el fortalecimiento de la cooperación descentralizada y la eliminación de los obstáculos que limitan la acción de las entidades locales en la política de
cooperación internacional para el desarrollo... (Página67)
Comisión de Igualdad
161/003078
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la erradicación de la islamofobia en las aulas... (Página69)
161/003079
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la erradicación de la violencia sexual en las Fuerzas Armadas y la protección efectiva de las víctimas... (Página70)
161/003080
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la violencia digital y política contra las mujeres en espacios públicos... (Página73)
161/003083
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las responsabilidades políticas y a la revisión urgente de los protocolos de prevención y actuación frente a la violencia sexual en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y en la carrera militar... (Página75)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Constitucional
181/001614
Pregunta formulada por los Diputados Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), Rojas García, Carlos (GP) y Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP), sobre uso que realiza el ex Presidente del Gobierno don José Luis Rodríguez Zapatero de bienes
titularidad del Estado y de acceso restringido gestionados y administrados por el Consejo de Administración el Patrimonio Nacional... (Página77)
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/001623
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre disposición del Gobierno acerca de proceder a la transferencia de competencias para gestionar la cobertura de las plazas de funcionarios habilitados estatales de los
ayuntamientos a la Xunta de Galicia... (Página78)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001611
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre inicio de los trámites para la anulación de la prórroga de 25 años otorgada a la concesionaria de la AP-9, así como para asumir la gestión directa de la autopista y la
supresión de los peajes... (Página78)
181/001615
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de acometer la reparación urgente del talud posterior de la estación de Santo Estevo en Pantón como consecuencia de un derrumbe que está poniendo en
riesgo la única vía de acceso al núcleo de viviendas y la seguridad de las personas que transitan por él... (Página79)
181/001621
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de poner en marcha, a través de Adif, un plan de revisión, inspección y mantenimiento de las vías ferroviarias y taludes de forma que se asegure el
mantenimiento de la circulación de los trenes incluso con condiciones meteorológicas adversas... (Página79)
181/001622
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre diferencias técnicas que justifican que el sistema de torre remota fuese descartado por no viable o insuficientemente seguro en otros aeropuertos del Estado español pero sí
se considere ahora adecuado para el aeropuerto de Vigo... (Página80)
181/001624
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre medidas previstas para la integración y humanización de los tramos de la N-550 y N-554 en el municipio de Vilaboa, especialmente en las travesías de núcleos habitados, para
garantizar la utilización segura por parte de las personas viandantes para acceder a negocios, servicios públicos y desarrollar actividades de ocio y deporte... (Página80)
181/001632
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre necesidad de establecer planes de inspección, revisión y reparación que garanticen la circulación segura del tráfico ferroviario, ante las constantes incidencias,
problemas, averías y contingencias en las infraestructuras ferroviarias de Galicia, además de los estragos producidos por los constantes temporales de lluvia y viento, así como la falta de inversión y mantenimiento...
Comisión de Industria y Turismo
181/001610
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de adoptar un papel activo, a través de la SEPI como entidad inversora, y establecer canales de comunicación con la dirección de la compañía, la Xunta de
Galicia y los comités de empresa de las fábricas de ASERPAL y LOSAN para participar en el diseño de un plan de viabilidad para el Grupo Losán que asegure el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001618
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre actuaciones y medidas previstas para paliar las consecuencias de los temporales y lluvias intensas que se vienen produciendo desde el mes de noviembre en el sector del mar
gallego... (Página82)
181/001619
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre medidas que ha adoptado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con el episodio de alta mortalidad de aves marinas que se está produciendo en la
costa gallega y de forma masiva en las playas de las rías de Muros y Noia, Arousa y Vigo, y que permitan determinar las causas y descartar contagios de gripe aviar... (Página82)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001613
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre disposición del Gobierno a recuperar definitivamente el borde litoral de A Ribeiriña, en A Pobra do Caramiñal, y a elaborar y ejecutar un proyecto que, en colaboración con
la Administración gallega, incluya la adquisición y demolición de la antigua fábrica de HADASA y la recuperación de los terrenos donde se asienta para uso y disfrute público... (Página83)
181/001617
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre medidas que pondrá en marcha la CHMS para dar cumplimiento a la sentencia del TSXG ahora confirmada por el TS y que determina la obligación de adoptar las medidas precisas
para revertir la elevada contaminación del embalse de As Conchas y garantizar el abastecimiento de agua potable limpia, segura y libre de microorganismos y rehabilitar así los derechos fundamentales de los vecinos y las vecinas...
181/001620
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre medidas que ha adoptado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en relación con el episodio de alta mortalidad de aves marinas que se está produciendo en
la costa gallega y de forma masiva en las playas de las rías de Muros y Noia, Arousa y Vigo, y que permitan determinar las causas y descartar contagios de gripe aviar... (Página84)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/001625
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de garantizar la participación efectiva de los proyectos de investigación de las universidades gallegas en los programas estatales de I+D+i, asegurando
mecanismos de acceso equitativo, recursos adecuados y reconocimiento de la labor científica realizada en Galicia... (Página84)
181/001626
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de establecer líneas específicas de financiación para proyectos e investigaciones desarrollados en lenguas oficiales diferentes del español (gallego,
euskera, catalán y aranés) sin impedir su presentación a otras líneas de ayudas... (Página85)
181/001627
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre compromiso de incrementar progresivamente la financiación de las universidades públicas hasta alcanzar el objetivo mínimo de 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB), a fin
de garantizar una educación superior pública de calidad, accesible y sin exclusiones... (Página85)
181/001628
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de proceder a la transferencia de las competencias, infraestructuras y recursos materiales en Galicia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y las entidades dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el fin de avanzar en un modelo universitario y científico descentralizado y plenamente adaptado
al territorio y necesidades gallegas... (Página86)
181/001629
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre disposición del Gobierno de iniciar los trámites y negociaciones para transferir a Galicia las competencias en materia de homologación y declaración de equivalencia de
títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros, con el objetivo de reducir los plazos y mejorar la eficiencia administrativa en este ámbito... (Página86)
181/001631
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre disposición del Gobierno de iniciar los trámites para la transferencia a Galicia de las competencias relacionadas con la gestión, convocatoria y resolución de becas de
ayuda al estudio, tanto universitarias como no universitarias, acompañadas de la dotación presupuestaria y del personal necesario para garantizar su plena ejecución... (Página87)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/033681
Autor: Valero Morales, Juan Antonio Valoración del Gobierno del impacto que están teniendo las políticas educativas de los gobiernos autonómicos del Partido Popular en el proceso de privatización de la Formación Profesional y en la falta de
plazas públicas, especialmente en comunidades como Andalucía... (Página87)
184/033929
Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando Graves efectos que el reciente temporal está provocando en distintos municipios de la provincia de Córdoba... (Página89)
184/034301
Autor: Ogou i Corbi, Viviane Santos Maraver, Agustín Mecanismos que existen actualmente para que las víctimas de violencia de género residentes en España puedan acceder a asistencia diplomática o consular cuando se encuentran en los países
de los que son nacionales y ven vulnerados sus derechos fundamentales, como es el caso de Pakistán... (Página90)
184/034827
Autor: Lorente Anaya, Macarena Floriano Corrales, Carlos Javier Román Jasanada, Antonio Pérez Coronado, Pablo Navarro López, Pedro Hispán Iglesias de Ussel, Pablo Tarno Blanco, Ricardo Hoyo Juliá, Belén Rojas García, Carlos Sánchez Pérez,
César García Félix, Manuel Velasco Retamosa, José Manuel Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana Celaya Brey, Javier González Vázquez, Marta Evaluación del impacto que la posible simplificación del canje de carnets de conducir marroquíes podría
tener en el empleo de los conductores ya formados en España, especialmente en el sector del transporte profesional, así como existencia de estudios o informes que cuantifiquen los nuevos conductores que podrían incorporarse al mercado laboral
mediante permisos de conducir convalidados... (Página92)
184/035312
Autor: Carazo Hermoso, Eduardo Montesinos de Miguel, Macarena Moraleja Gómez, Tristana María Martínez Labella, Ana Ibáñez Hernando, Ángel Palencia Rubio, Héctor Sánchez Sierra, María del Mar Hoyo Juliá, Belén Cruz-Guzmán García, María
Soledad Razón por la que el Gobierno ha dejado por segunda vez a RNE fuera del «pool» de medios que cubren un viaje oficial del Presidente del Gobierno a la India... (Página93)
Control Parlamentario de la Corporación RTVEy sus Sociedades
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
179/002439
Autor: Carazo Hermoso, Eduardo Montesinos de Miguel, Macarena Moraleja Gómez, Tristana María Martínez Labella, Ana Ibáñez Hernando, Ángel Palencia Rubio, Héctor Sánchez Sierra, María del Mar Hoyo Juliá, Belén Cruz-Guzmán García, María
Soledad Razón por la que el Gobierno ha dejado por segunda vez a RNE fuera del «pool» de medios que cubren un viaje oficial del Presidente del Gobierno a la India, así como medidas adoptadas para evitar que se consolide este precedente...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Diputación Permanente.
Grupo Parlamentario VOX(061/000005)
Titulares
Baja:
ORTEGA SMITH-MOLINA, Francisco Javier ................................... 25/02/2026
Alta:
HERNÁNDEZ QUERO, Carlos ......................................................... 25/02/2026
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/003067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Juan José Aizcorbe Torra, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez en sus
respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
la siguiente Proposición no de Ley para honrar la memoria de Víctor Legorburu Ibarreche, alcalde de Galdácano, víctima del terrorismo, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. El asesinato de Víctor Legorburu.
El 9 de febrero de 2026 se ha cumplido el quincuagésimo aniversario del asesinato de Víctor Legorburu Ibarreche por la banda criminal marxista y separatista ETA.
Ese día, a primera hora de la mañana, se perpetró en la localidad vizcaína de Galdácano el atentado que le costó la vida al alcalde del municipio, Víctor Legorburu Ibarreche, y estuvo a punto de acabar igualmente con la del agente de la
Policía Municipal que le acompañaba, Francisco Ruiz.
Víctor Legorburu, de 63 años, casado y padre de dos hijos, ejercía en aquel momento la Alcaldía de Galdácano y había sido objeto, con anterioridad, de amenazas reiteradas por parte de la organización terrorista, las cuales se habían
materializado incluso en un ataque previo contra la imprenta que compartía con su hermano, cuando varios individuos encapuchados y armados, les rociaron con gasolina y amenazaron con prenderles fuego.
En la mañana de los hechos, aproximadamente a las 8:10 horas, el alcalde abandonó su domicilio para emprender sus ocupaciones habituales, acompañado, como era costumbre debido a las amenazas, por el agente de la Policía Municipal Francisco
Ruiz.
Uno de los terroristas aguardaba en las inmediaciones del domicilio, con la misión de vigilar la salida de las víctimas. Una vez comprobado que ambos abandonaban la vivienda, dio aviso al resto del comando, que se encontraba situado a
escasa distancia.
A los pocos metros de iniciar su recorrido, los terroristas descargaron varias ráfagas de metralleta contra el alcalde y su escolta, alcanzando a ambos, que cayeron al suelo.
Cuando las víctimas yacían heridas, aún con vida, uno de los miembros del comando terrorista se aproximó y utilizó una pistola para rematarles a quemarropa. Como consecuencia de este último disparo, Víctor Legorburu perdió la vida en el
acto.
El agente Francisco Ruiz, pese a haber recibido doce impactos de bala, logró sobrevivir. Cuando los primeros testigos acudieron en su auxilio, el agente gravemente herido, pronunció unas palabras que reflejan su sentido del deber y valor:
«Atiéndanle a él, yo me muero». Sin embargo, Víctor Legorburu ya había muerto.
El asesinato se cometió el mismo día en que se cumplía el ultimátum emitido por la organización terrorista tres meses antes, en el que obligaba a todos los dirigentes municipales a abandonar sus cargos. Con posterioridad se ha sabido que el
terrorista apodado «Josu Ternera» fue uno de los perpetradores de este asesinato1.
Segundo. Víctor Legorburu, alcalde de Galdácano.
Víctor Legorburu Ibarreche era alcalde de Galdácano desde 1966, tarea por la que no percibía remuneración y que compatibilizaba con su trabajo en la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y con un negocio de imprenta. En sus años de alcalde
tuvo que afrontar el desafío del crecimiento de la localidad, como consecuencia del fenómeno de la industrialización. Consiguió para Galdácano el primer premio de los Premios Nacionales de Turismo de Embellecimiento y Mejora de los Pueblos
Españoles correspondientes a 19732, y sus esfuerzos fueron decisivos para la construcción en el municipio del hospital provincial.
1 https://www.abc.es/espana/asesinato-alcalde-galdacano-josu-ternera-dice-particip...
2 https://www.boe.es/boe/dias/1974/01/18/pdfs/A01052-01052.pdf
Víctor Legorburu se caracterizaba por su profundo amor a su tierra, manifestado entre otras cosas en su apoyo a la lengua regional vasca y a la apertura de una escuela que impartiría enseñanza en vascuence; o en su constante actividad en el
deporte de la montaña, incluso en el plano de la organización asociativa. Sus ideales tradicionalistas encajaban perfectamente con este apego regional inseparablemente unido a su lealtad a España como Patria común.
Y es que, como declaraba su propio hijo: «¿Cuál es la causa? ¿Por qué lo mataron? Lo mataron por una cosa muy sencilla: porque mi padre creía igual que todos los vascos durante muchos siglos han creído que los vascos, por ser vascos,
eran españoles. Los vascos nunca lo habían puesto en duda, y mi padre tampoco. Bueno, pues por eso lo mataron, así de sencillo»3. En otra ocasión afirmó: «A mi padre lo asesinaron por ser español. Y esto era una condena a muerte. [ ]
Independientemente de quien cometiera los atentados, aquí el culpable ha sido el nacionalismo vasco»4.
Tercero. El reconocimiento necesario.
El desconocimiento de estos crímenes por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada «Ley de Memoria Democrática» que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y del separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley «consagra como portaestandartes de la «memoria democrática» no solo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras
organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo»5.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
y cobarde en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones
Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente
enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender la unidad de España; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad y amor a la Patria común.
Es el caso de Víctor Legorburu Ibarreche, vizcaíno, vasco y español, que no quiso doblegarse ante la imposición separatista y criminal de la banda terrorista, continuando en su puesto de alcalde su servicio a sus vecinos. Fue un hombre que
ostentó con orgullo su condición regional mientras defendía con valentía la unidad nacional de España, por la cual entregó su vida. Casos como el suyo evidencian que la organización terrorista ETA no solamente es antiespañola, sino que es también
profundamente antivasca, por cuanto siempre ha odiado lo más auténtico de la tierra contra la que ha atentado.
3 IBÁÑEZ MANCEBO, Víctor Javier. Una resistencia olvidada. Tradicionalistas mártires del terrorismo. Pamplona, Ediciones Auzolan, 2017, pp. 67-76.
4 https://www.cope.es/emisoras/pais-vasco/vizcaya/bilbao/853-memoria-dignidad-just...
5 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124_InformeV.pdf
Debe subrayarse, en todo caso, que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser
españoles y defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional.
De acuerdo con todo ello, cuando se están cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus
familiares; repudiar unánime y contundentemente a la banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en sus acciones y en sus principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España
como Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido destruir.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su consideración y su respeto por la memoria de Víctor Legorburu Ibarreche, víctima del odio homicida de los enemigos de España, cincuenta años después de su asesinato, y lo reconoce especialmente por el servicio prestado a
sus vecinos como autoridad local y por el sacrificio de su vida por amor a la Patria.
2. Expresa su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por otras
víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2026.Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Hoces Íñiguez, Francisco Javier Ortega Smith-Molina y Juan José
Aizcorbe Torra, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para reforzar la Ley de
Memoria Democrática con el fin de impedir la pervivencia de honores y distinciones públicas a personas vinculadas al golpe de Estado de 1936, la dictadura franquista o su aparato de represión y legitimación, para su debate en la Comisión de
Constitucional.
Exposición de motivos
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, supuso un avance fundamental en el reconocimiento de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura franquista, así como en la construcción de una memoria colectiva basada
en los valores de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Esta norma responde a una exigencia democrática básica: que ninguna institución pública rinda homenaje ni mantenga espacios de honor a quienes participaron en la
destrucción de la legalidad democrática o colaboraron con un régimen que se sostuvo sobre la represión, la persecución política y la negación sistemática de derechos.
Sin embargo, en los últimos tiempos se están produciendo resoluciones judiciales que, mediante interpretaciones restrictivas del alcance de la Ley de Memoria Democrática, están permitiendo el restablecimiento de honores y distinciones
públicas retiradas por instituciones democráticas, priorizando la validez de actos administrativos dictados en el marco institucional del franquismo en detrimento de decisiones adoptadas por corporaciones democráticas.
Casos como los de José María Pemán y José Utrera Molina evidencian con especial claridad las graves deficiencias que aún existen en la aplicación efectiva de la política de memoria democrática. Ambos, figuras destacadas de la dictadura
franquista, han visto recientemente restablecidos por resoluciones judiciales honores y reconocimientos públicos que habían sido retirados por las instituciones democráticas en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
Pemán fue un activo propagandista intelectual del golpe de Estado y del régimen franquista, legitimando cultural y políticamente la dictadura desde posiciones de enorme influencia pública. Utrera Molina, por su parte, fue ministro del
franquismo, formando parte directa del aparato represivo del régimen. Sin embargo, en ambos casos la justicia ha fundamentado la restitución de sus condecoraciones en una interpretación estrictamente formal de los acuerdos de concesión,
desvinculando dichos honores de la trayectoria objetiva de quienes los recibieron y obviando su papel central en la consolidación, legitimación y violencia institucional de la dictadura. Estos precedentes ponen de manifiesto una preocupante brecha
entre el espíritu reparador de la memoria democrática y su aplicación real, y hacen urgente un refuerzo normativo que impida que el franquismo siga siendo objeto de reconocimiento en el espacio público bajo la cobertura de tecnicismos
administrativos.
Estas resoluciones se apoyan en la literalidad administrativa de los acuerdos originales de concesión de dichos honores, exigiendo que conste de manera expresa que fueron otorgados «por méritos franquistas», ignorando el contexto histórico
en el que se produjeron y la trayectoria objetiva de las personas homenajeadas.
Este enfoque supone un grave riesgo para la efectividad de la política pública de memoria democrática. No solo vacía de contenido el espíritu reparador de la ley, sino que introduce una peligrosa lógica según la cual bastaría con que un
reconocimiento se formulara en términos genéricos, «por méritos culturales», «por su aportación a la ciudad» o «por su calidad humana», para quedar blindado frente a cualquier revisión democrática posterior. De este modo, se convierte la memoria
democrática en rehén de los tecnicismos administrativos del franquismo y de la Transición, y se perpetúa la presencia simbólica de la dictadura en el espacio público.
Esta situación provoca además una profunda inseguridad jurídica para las entidades locales, que ven cómo decisiones adoptadas en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática pueden ser anuladas, generando un efecto disuasorio que frena la
aplicación efectiva de la norma. Al mismo tiempo, produce una revictimización simbólica de quienes padecieron la represión, al comprobar que el Estado democrático no es capaz de garantizar que el espacio público esté libre de exaltación,
legitimación o normalización del franquismo.
Por todo ello, resulta necesario reforzar la Ley de Memoria Democrática para cerrar las grietas interpretativas que están permitiendo la pervivencia de honores incompatibles
con una sociedad basada en los valores de libertad, igualdad, justicia y dignidad humana. Se trata no solo de una cuestión jurídica, sino de una responsabilidad ética y política del Estado democrático con su propia historia y con las
víctimas del franquismo.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar las siguientes actuaciones, en coordinación con las Administraciones públicas competentes:
1. Promover las modificaciones necesarias en la Ley de Memoria Democrática para establecer de forma expresa que la participación activa en el golpe de Estado de 1936, en la dictadura franquista o en sus estructuras de poder político,
militar, judicial, represivo o de legitimación ideológica hace incompatible el mantenimiento de cualquier honor, distinción o reconocimiento público, con independencia de los motivos formales que consten en su concesión.
2. Introducir una presunción legal de ilegitimidad de los honores y distinciones concedidos a personas que desempeñaron cargos de responsabilidad, colaboración relevante o participación activa en el régimen franquista, de modo que
prevalezca el principio de incompatibilidad democrática sobre interpretaciones meramente formales o administrativas.
3. Fortalecer el papel de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, dotándola de mayores competencias y recursos para intervenir de manera activa en los procedimientos judiciales en los que se discuta la aplicación de la normativa de
memoria.
4. Establecer mecanismos de protección jurídica para las entidades locales y demás administraciones públicas que, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, adopten decisiones dirigidas a la retirada de honores, símbolos o
distinciones contrarios a los valores constitucionales.
5. Impulsar la participación efectiva del movimiento memorialista, de las asociaciones de víctimas y de las entidades de defensa de los derechos humanos en los procesos de revisión de honores y reconocimientos públicos, reconociendo su
papel como agentes fundamentales en la construcción de una memoria democrática plural, justa y reparadora.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2026.Engracia Rivera Arias, Nahuel González López, Juan Antonio Valero Morales, Francisco Sierra Caballero y Fèlix Alonso Cantorné, Diputados.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz
del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Justicia
161/003096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las incidencias procesales
derivadas de la rectificación registral del sexo del investigado o acusado en procedimientos de violencia contra las mujeres, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La protección efectiva de las víctimas de violencia contra las mujeres exige que el proceso penal ofrezca una respuesta rápida, coherente y centrada en la seguridad de la víctima. La tutela judicial efectiva no se limita a la eventual
sentencia, sino que depende
de manera decisiva de la adopción temprana, ejecución y seguimiento de medidas de protección, así como de la reacción inmediata ante quebrantamientos. Nuestro ordenamiento prevé mecanismos de coordinación interinstitucional y jurisdiccional
para asegurar la ejecución de estas medidas y la comunicación eficaz de resoluciones relevantes. Esta lógica refuerza la necesidad de continuidad operativa, trazabilidad de la protección y claridad en la cadena de responsabilidad institucional
cuando existen medidas de protección en vigor.
Por otra parte, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo con efectos constitutivos desde su inscripción y, en previsión de posibles conflictos en materia de violencia de género, este
texto contiene una previsión expresa en su artículo 46.3, según la cual dicha rectificación «no alterará el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable [ ] a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004»,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Sin embargo, dado que la rectificación registral se articula, en lo sustancial, sobre la declaración de voluntad sin requisitos de verificación externos, el sistema queda expuesto a que la rectificación registral, en determinados contextos,
pueda ser utilizada estratégicamente cuando exista un procedimiento penal en curso o previsible, especialmente si concurren antecedentes de violencia de género previa o indicadores de riesgo. Ello exige reforzar los cauces para detectar y
neutralizar el fraude de ley y, al mismo tiempo, blindar la continuidad operativa de las medidas de protección para la víctima.
Precisamente en ese escenario se han observado incidencias procesales de especial complejidad en procedimientos vinculados a violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja o expareja, cuando concurren actuaciones sobrevenidas con
relevancia jurídica, como rectificaciones regístrales del del sexo del investigado o acusado, y se discuten sus efectos en la tramitación (competencia, inhibición, continuidad del órgano especializado, señalamientos, ejecución y coordinación). En
estas situaciones se han producido respuestas no siempre homogéneas: en algunos procedimientos se ha alegado por la acusación, la víctima o el Ministerio Fiscal expresamente fraude de ley o finalidad instrumental (por ejemplo, para provocar un
cambio de órgano competente, generar dilaciones o influir en el régimen jurídico aplicable); en otros, el órgano judicial ha declarado no apreciar indicios suficientes de fraude al resolver incidencias de ordenación procesal o competencia; y, en
paralelo, también se han conocido resoluciones en las que sí se valoran circunstancias objetivas (como la cronología del cambio registral respecto de la denuncia o del señalamiento, la conducta procesal de la parte o el contexto del procedimiento)
que permitirían inferir una finalidad fraudulenta, al menos a efectos procesales. Todo ello evidencia la ausencia de un cauce uniforme, claro y de tramitación preferente para plantear y resolver estas alegaciones con garantías, reduciendo
incertidumbre y evitando dilaciones que pueden perjudicar a la víctima y a la eficacia del proceso.
A ello se añade que, cuando existen antecedentes acreditados de violencia previa, quebrantamientos de medidas, reiteración delictiva o indicadores objetivos de riesgo, la prioridad institucional debe ser impedir que cualquier controversia
incidental afecte a la eficacia real de la protección de la víctima de violencia de género. En estos supuestos, las medidas pueden mantener su vigencia jurídica, pero su efectividad operativa puede resentirse si se producen remisiones,
inhibiciones, cambios de órgano o eventuales fricciones de coordinación que dificulten la respuesta urgente ante un nuevo episodio o un quebrantamiento. Por ello, resulta imprescindible que el sistema incorpore criterios de prioridad reforzada y
una gestión procesal que asegure continuidad, ejecución inmediata y reacción preferente, sin trasladar a la víctima el coste de incidencias técnicas o controversias incidentales.
En consecuencia, se considera necesario promover un diseño procesal y organizativo que, sin prejuzgar casos concretos ni condicionar la independencia judicial, permita: resolver con rapidez y garantías las alegaciones de fraude de ley con
impacto procesal; y garantizar, mientras se sustancian esas incidencias, la continuidad operativa
y la plena ejecutividad de las medidas penales de protección, con comunicaciones inmediatas y actuación prioritaria ante cualquier quebrantamiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el ámbito de sus competencias, las modificaciones normativas necesarias para articular un incidente específico, tasado y de tramitación preferente cuando, en procedimientos penales relacionados con violencia contra las
mujeres en el ámbito de la pareja o expareja, se alegue que una actuación sobrevenida con relevancia procesal, como las actuaciones registrales de cambio de sexo del investigado o acusado, pudiera estar siendo utilizada en fraude de ley con
finalidad instrumental o dilatoria, garantizando en todo caso:
Intervención del Ministerio Fiscal.
Audiencia de la víctima y de las partes.
Posibilidad de práctica de diligencias estrictamente pertinentes, proporcionadas y urgentes.
Resolución motivada en plazo breve.
Criterios de prioridad reforzada cuando existan medidas de protección en vigor y, de forma especial, cuando concurran antecedentes acreditados de quebrantamiento, reiteración delictiva o indicadores objetivos de riesgo.
2. Garantizar, en todo caso, la continuidad operativa de las medidas penales de protección acordadas, asegurando su comunicación inmediata y su plena ejecutividad durante remisiones, inhibiciones o incidencias procesales, así como la
actuación prioritaria ante posibles quebrantamientos.
3. Reforzar los mecanismos de coordinación y comunicación inmediata entre órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, registros y servicios de asistencia a víctimas, de modo que la existencia de incidencias procesales o la
sustanciación del incidente preferente no comprometa la ejecución de las medidas penales en vigor.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2026.Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Silvia Franco González, María Jesús Moro Almaraz, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Isabel María Borrego
Cortés, María Eugenia Carballedo Berlanga, Agustín Conde Bajén, Macarena Lorente Anaya, Javier Noriega Gómez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Álvaro Pérez López, Daniel Pérez Osma, Fernando de Rosa Torner y José Manuel Velasco Retamosa,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003097
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa al refuerzo urgente de las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia para evitar su colapso tras la atribución de nuevas competencias en materia de delitos contra la libertad sexual.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que las previsiones contempladas en los puntos 6 y 7 procedería llevarlas a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a
trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa relativa al refuerzo urgente
de las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia para evitar su colapso tras la atribución de nuevas competencias en materia de delitos contra la libertad sexual, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia constituyen un instrumento esencial de especialización judicial para garantizar una respuesta rápida, experta y protectora ante la violencia de género y otras
violencias contra las mujeres.
Su eficacia depende de que la especialización vaya acompañada de medios personales y materiales suficientes, ya que se trata de órganos que tramitan procedimientos con alta carga de urgencia (órdenes de protección, medidas cautelares,
coordinación con servicios asistenciales) y en los que la atención adecuada a la víctima resulta determinante.
En los últimos años ya se ha puesto de manifiesto, por los operadores jurídicos, que en numerosos partidos judiciales los entonces Juzgados de Violencia sobre la Mujer trabajaban con un nivel de tensión estructural elevado, derivado de la
insuficiencia de planta y de recursos de apoyo, con efectos directos en tiempos de tramitación, señalamientos y capacidad real de respuesta.
Esta situación se ha agravado cuando las actuales secciones con competencia en violencia sobre la mujer han absorbido nuevas funciones o cuando dependen de servicios técnicos (forenses, equipos psicosociales, unidades de valoración) con
demoras acumuladas, lo que multiplica el impacto de cualquier incremento adicional de asuntos.
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce una ampliación de competencias que atribuye a los órganos especializados en violencia sobre la mujer el conocimiento de
procedimientos por delitos contra la libertad sexual y otros delitos cuando la víctima sea mujer, incluso fuera del ámbito de la pareja o expareja.
Esa atribución competencial que afecta a delitos especialmente complejos y sensibles, como por ejemplo la trata de personas con fines de explotación sexual entró en vigor el 3 de octubre de 2025, conforme al calendario de aplicación
previsto, iniciando una nueva etapa con impacto relevante sobre la carga de trabajo de estos órganos.
A ello se suma que la instrucción y tramitación de delitos contra la libertad sexual suele requerir diligencias de investigación exigentes (prueba pericial, análisis forense, protección de la víctima y medidas cautelares), lo que incrementa
el tiempo de dedicación por asunto y exige refuerzos de plantilla, equipos técnicos y medios tecnológicos para evitar dilaciones y revictimización.
Pese a los anuncios de refuerzo realizados por el Gobierno para acompañar la entrada en vigor de la ampliación competencial, diversos operadores jurídicos han advertido de manera reiterada que la dotación real y efectiva de medios (plazas
cubiertas y en funcionamiento, personal de apoyo, equipos técnicos y adaptación material) no ha sido homogénea ni suficiente en todos los territorios.
Estas advertencias inciden en que la suficiencia del refuerzo no puede medirse solo por la creación normativa o presupuestaria de plazas, sino por su cobertura efectiva, su estabilidad y su impacto en la reducción de pendencia y tiempos de
respuesta.
Por todo lo anterior, y con el fin de garantizar que la ampliación de competencias se traduzca en mejor protección y no en saturación, resulta necesario articular un plan urgente y verificable de incremento de planta, refuerzos y dotación de
medios, coordinado con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y con las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, con seguimiento y rendición de cuentas ante la Comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, un Plan de Refuerzo 2026-2028 para las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de
Instancia, destinado a prestar apoyo para afrontar el incremento de carga derivado de la atribución de nuevas competencias en delitos contra la libertad sexual en vigor desde el 3 de octubre de 2025, garantizando la correspondiente dotación
económica y la cobertura efectiva de las medidas de apoyo que acuerde el Consejo General del Poder Judicial.
2. Reforzar de Secciones de Violencia sobre la Mujer mediante:
el aumento de dotaciones de jueces/magistrados, LAJs y personal al servicio de la Administración de Justicia.
refuerzos estables en partidos judiciales con mayor volumen de entrada.
medidas organizativas que aseguren continuidad y eviten rotaciones incompatibles con la especialización.
3. Reforzar de forma prioritaria los equipos de apoyo vinculados a estas secciones, incluyendo Medicina Legal y forense, equipos psicosociales y unidades de valoración, de modo que los informes y valoraciones imprescindibles no generen
demoras estructurales.
4. Dotar a las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los medios tecnológicos necesarios para una práctica probatoria eficaz y protectora (declaraciones preconstituidas cuando proceda, videoconferencia, sistemas de grabación y espacios
adecuados), con especial atención a evitar la revictimización, en línea con las medidas previstas en el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
5. Adoptar medidas para que la mujer víctima no tenga que declarar en solitario por medios tecnológicos cuando no puede desplazarse al Tribunal de Instancia.
6. Remitir a la Comisión de Justicia, en el plazo máximo de un año, un estado de ejecución desagregado por partido judicial y comunidad autónoma que detalle, al menos:
Plazas creadas/dotadas para Secciones de Violencia sobre la Mujer.
Plazas convocadas.
Plazas efectivamente cubiertas y fecha de incorporación.
Refuerzos temporales autorizados y su duración.
Dotación de LAJ y personal funcionario.
Disponibilidad de equipos psicosociales/forenses.
Evolución de indicadores de carga, pendencia y tiempos de tramitación tras el 3 de octubre de 2025.
7. Acompañar el informe previsto en el apartado anterior de la comparecencia ante la Comisión de Justicia del ministro competente para explicar el Plan de Refuerzo, su calendario, su ejecución territorial y la suficiencia presupuestaria.
8. Impulsar, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, programas de formación especializada y actualización continua en violencia sexual y atención a víctimas, adecuados al nuevo marco
competencial y en línea con las medidas incluidas en el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2026.Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Silvia Franco González, María Jesús Moro Almaraz, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Isabel María Borrego
Cortés, María Eugenia Carballedo Berlanga, Agustín Conde Bajén, Macarena Lorente Anaya, Javier Noriega Gómez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Álvaro Pérez López, Daniel Pérez Osma, Fernando de Rosa Torner y José Manuel Velasco Retamosa,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/003084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la celebración del
centenario de la botadura del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El año 2027 marcará el centenario del buque Juan Sebastián de Elcano, un emblemático símbolo de la Armada Española y de la historia marítima de nuestro país. Este buque, que fue botado el 5 de marzo de 1927, ha estado intrínsecamente ligado
a toda la Hispanidad desde su construcción, y también a la Familia Real Española, convirtiéndose en un referente en nuestra cultura e identidad nacional.
Desde su entrada en servicio, el Juan Sebastián de Elcano ha cumplido la misión de formar a los guardiamarinas de la Armada Española a través de cruceros de instrucción por todo el mundo. Se trata de una goleta de cuatro palos y aparejo de
bergantín-goleta, construida en los astilleros gaditanos de Echevarrieta y Larrinaga. A lo largo de sus casi cien años de historia, ha representado con honor a España en los cinco continentes, llevando el pabellón nacional a más de 70 países y
atracando en más de 200 puertos. Con cerca de 100 vueltas al mundo equivalentes en millas náuticas recorridas, es un embajador flotante de nuestra nación y de su vocación marítima.
El buque debe su nombre a Juan Sebastián Elcano, ilustre marino español nacido en Guetaria, que culminó la primera circunnavegación del globo en 1522, en continuidad con la gesta iniciada por Fernando de Magallanes. Así, el navio simboliza
no solo la excelencia naval de nuestra Armada, sino también la proyección universal de España, su historia de exploración, su legado cultural y su vínculo inquebrantable con el mar. La Armada Española
ha manifestado su intención de poner un especial énfasis en las celebraciones conmemorativas de dicho centenario, lo que representa una oportunidad única para rendir homenaje a nuestra rica herencia naval. Entre las actividades previstas,
se ha confirmado la intención de que Cádiz sea una de las sedes de la Regata de Grandes Veleros Velas Latinas 2027, donde el Juan Sebastián de Elcano desempeñará un papel central. La reciente reunión entre los alcaldes de Cádiz y A Coruña y el
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, refleja esta voluntad institucional de que la regata recale en los puertos de ambas ciudades como parte de una agenda que combinará deporte, cultura y memoria
histórica.
Asimismo, mediante la Orden Ministerial DEF/1453/2024, modificada por la Orden DEF/520/2025, de 19 de mayo, se creó una Comisión de Seguimiento del Centenario del Buque-Escuela Juan Sebastián de Elcano, con el objetivo de dirigir, coordinar
y controlar la preparación y ejecución de las actividades conmemorativas. Esta Comisión también se encargará de integrar en dicha celebración a los órganos e instituciones externos a la Armada Española. En la misma se resalta el profundo vínculo
histórico entre la Corona de España y la Armada, y muy especialmente con este buque, a bordo del cual han navegado cinco generaciones de la Familia Real. Su Majestad el Rey ha aceptado, a petición expresa del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, la Presidencia de Honor de dicha Comisión.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Expresar su firme apoyo a las celebraciones del centenario del Juan Sebastián Elcano, destacando su importancia histórica y cultural para España.
2. Coordinar esfuerzos con la Armada Española y otras entidades para organizar actos conmemorativos que realcen la relevancia del buque y su vínculo con las ciudades relacionadas con la historia del buque-escuela.
3. Promover la difusión de la historia del Juan Sebastián Elcano y su legado, así como la importancia de la construcción naval en los astilleros españoles y entre las generaciones más jóvenes, fomentando así el interés por la cultura
marítima.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2026.Carlos Rojas García, Alberto Fabra Part, Macarena Lorente Anaya, Agustín Conde Bajén, Javier Celaya Brey, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Carlos Javier Floriano Corrales, Carlos
García Adanero, Pablo Pérez Coronado, José Enrique Núñez Guijarro, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, César Sánchez Pérez, Ricardo Tarno Blanco, Ana Belén Vázquez Blanco y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para permitir la exoneración del pago de intereses
por la devolución de subvenciones concedidas con motivo de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, para su debate en Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que el 29 de octubre de 2024 azotó a la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla La Mancha, generó un grave golpe económico y social. Las lluvias torrenciales, catalogadas como las peores en
décadas en algunas zonas, devastaron infraestructuras críticas, inundaron miles de viviendas y colapsaron el tejido productivo. Tras la DANA, el Gobierno puso en marcha un programa de ayudas para los afectados, entre las que se encuentran las
subvenciones a las que aplica la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Esta ley establece que cuando procede el reintegro de una subvención el beneficiario debe devolver tanto el principal percibido como los intereses de demora, calculados conforme al interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento.
Este régimen responde a la lógica general de garantizar la correcta utilización de los fondos públicos y evitar situaciones de enriquecimiento injusto o incumplimiento imputable al beneficiario.
En la actualidad, y en ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado que actualicen estas tasas, el tipo aplicable para 2026 se sitúa en el 4,0625 por ciento, resultado de aplicar el recargo del 25 por ciento sobre el interés legal
del dinero vigente (3,25 por ciento). Los intereses se devengan automáticamente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro o el beneficiario realiza la devolución voluntaria. Incluso en
este último caso, el interesado debe calcular y abonar dichos intereses junto con el principal.
Este sistema, concebido para supuestos ordinarios de incumplimiento, no distingue de forma expresa entre conductas dolosas o negligentes y aquellas situaciones en las que el incumplimiento o la imposibilidad de ejecución deriva de
circunstancias sobrevenidas de fuerza mayor.
La DANA del 29 de octubre de 2024 provocó una situación de extraordinaria gravedad, con daños materiales masivos, interrupción de actividades económicas, pérdida de infraestructuras y alteraciones sustanciales en las condiciones en que
numerosos beneficiarios debían ejecutar o justificar las subvenciones concedidas. En muchos casos, la eventual obligación de reintegro no obedece a una conducta imputable al beneficiario, sino a una imposibilidad objetiva directamente vinculada a
una catástrofe natural de carácter excepcional.
En este contexto, la aplicación automática de intereses de demora puede generar un efecto desproporcionado, al tratar como deudor moroso a quien ha sido víctima de una situación de fuerza mayor. La exoneración excepcional de dichos
intereses no supone la condonación del principal ni elimina el deber de justificar o reintegrar las cantidades indebidamente percibidas. Se limita a modular un elemento accesorio del reintegro, con el fin de evitar un perjuicio añadido a quienes ya
han sufrido un daño extraordinario.
La medida encuentra justificación en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Responde a una situación objetivamente acreditada de emergencia, oficialmente declarada como zona afectada gravemente por una emergencia de protección
civil, y se circunscribe exclusivamente a los intereses de demora. El régimen general de control, fiscalización y reintegro del principal permanece intacto.
En el ámbito de los fondos europeos, la normativa de la Unión, en particular el Reglamento (UE) 2021/1060, de disposiciones comunes, impone a los Estados miembros la obligación de proteger los intereses financieros de la Unión. No obstante,
el propio Derecho europeo contempla mecanismos de flexibilidad ante situaciones de fuerza mayor y catástrofes naturales, permitiendo redirigir fondos, adaptar condiciones y modular obligaciones cuando el incumplimiento no sea imputable al
beneficiario. En tales supuestos, y previa cobertura normativa o habilitación en el marco de emergencia correspondiente, resulta jurídicamente viable la exoneración de intereses, siempre respetando el marco europeo aplicable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las modificaciones normativas necesarias para permitir la exoneración del pago de intereses por devolución de subvenciones concedidas con motivo de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el
28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, con independencia del origen de los fondos, fijando los criterios, requisitos y plazos flexibles de reintegro total o parcial de las subvenciones, para acogerse a dicha exoneración.
2. Solicitar a la Comisión Europea la exoneración del pago de intereses derivados de la devolución de subvenciones concedidas con motivo de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4
de noviembre de 2024, financiadas con fondos de origen europeo, estén o no amparadas por la normativa de los fondos RESTORE o incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2026.César Sánchez Pérez, Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Belén Hoyo Juliá, Esperanza Reynal Reillo, Fernando de
Rosa Torner, Alma Alfonso Silvestre, Cristina Moreno Borrás, Evarist Aznar Teruel, Alberto Fabra Part, Óscar Clavell López y José Vicente Marí Bosó, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el refuerzo del control de
incompatibilidades en la Administración General del Estado y de la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El preámbulo de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercido del alto cargo de la Administración General del Estado, establece que un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña,
sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad.
Esa exigencia no representa una cuestión retórica. La Ley 3/2015 se construye sobre un principio básico: cuando se ejerce como alto cargo en la Administración General del Estado, y más aún cuando se gestiona dinero público o se toman
decisiones con impacto económico, no puede existir ni sombra de confusión entre el interés general y los intereses privados. Por eso la ley impone, entre otras cuestiones, dedicación exclusiva (art. 13), limitaciones en participaciones societarias
(art. 14), y un sistema de declaraciones obligatorias y control de conflictos de intereses, que no está diseñado para «cumplir el expediente», sino para prevenir riesgos reales y proteger la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Para garantizar ese cumplimiento, la propia ley crea la Oficina de Conflictos de Intereses, concebida como una pieza fundamental del sistema de integridad pública: debe comprobar, investigar cuando existan indicios y actuar con
independencia. Si la Oficina falla, ya sea por pasividad, por precipitación o por criterios políticos, sus objetivos se convierten en papel mojado.
En este contexto, han cobrado especial relevancia las informaciones conocidas públicamente que señalan que D. Borja Luis Cabezón Royo habría mantenido responsabilidades en una sociedad mercantil privada con conexiones internacionales y
actividades opacas durante un periodo en el que desempeñaba funciones públicas de máxima relevancia, incluyendo su nombramiento como Consejero Delegado de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). Según dichas informaciones, esa simultaneidad se
habría extendido durante meses, algo, que entra en colisión con el principio de dedicación exclusiva exigido por la Ley 3/2015.
La gravedad institucional de este caso no reside solo en el nombre propio, sino en lo que representa: ENISA es una entidad del sector público que participa en la financiación del tejido empresarial y en políticas de apoyo al emprendimiento
innovador. Precisamente por esa naturaleza, el máximo responsable ejecutivo debe estar sometido a un estándar reforzado de integridad y ausencia de conflictos de intereses. A ello se añade que las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales
asociadas a dos altos cargos ostentados por el Sr. Cabezón (Director del Departamento de Asuntos Nacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y Consejero Delegado en ENISA), no contienen referencia alguna a dicha actividad empresarial.
Y aquí aparece el elemento más preocupante: el funcionamiento real de los mecanismos de control del Gobierno. En casos anteriores hemos visto como por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses se archivaban casos con una rapidez
extraordinaria, a pesar de las críticas sobre la falta de profundidad en el análisis y sobre la forma en que se trasladó la decisión. La percepción generada es letal para el sistema y deja claro que el control gubernamental se ejerce con prisa
cuando afecta al propio Gobierno.
El problema, por tanto, afecta directamente a la responsabilidad del Gobierno y, singularmente, a la del Presidente como máximo responsable del Ejecutivo y garante de que la Ley de Altos Cargos se aplique con rigor a quienes él nombra,
promociona o sitúa en posiciones directivas en el sector público.
Cuando existen dudas razonables sobre incompatibilidades, sobre la coexistencia de responsabilidades públicas y vínculos privados, o sobre la eficacia del control preventivo, no basta con decir que «todo está declarado» o que «no hay
problema». La Ley 3/2015 no se diseñó para blindar al Gobierno, sino para blindar al Estado y a la democracia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar los procedimientos de verificación aplicados por la Oficina de Conflictos de Intereses en relación con el cumplimiento del régimen de dedicación exclusiva y la evaluación de declaraciones de actividades y bienes de altos cargos a
través de comprobaciones documentadas y eficaces.
2. Reforzar la independencia orgánica y funcional de la Oficina de Conflictos de Intereses mediante la implantación de mecanismos que eviten interferencias gubernamentales en la apertura, instrucción y resolución de actuaciones de
comprobación.
3. Desarrollar un marco normativo más exigente para la prevención de conflictos de intereses, en línea con lo recomendado por los organismos internacionales.
4. Establecer procedimientos transparentes para la selección y nombramiento de altos cargos del sector público estatal empresarial basados en los principios de mérito, capacidad, idoneidad profesional e integridad, con el fin de garantizar
que el acceso a
responsabilidades de máxima dirección pública responda a criterios profesionales y no a decisiones discrecionales del Gobierno.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2026.Ángel Ibáñez Hernando, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Pedro Muñoz Abrines, Álvaro Pérez López, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Puy Fraga, José Enrique
Núñez Guijarro, Carmelo Barrio Baroja, María Pilar Alía Aguado, Félix de las Cuevas Cortés, Alfonso Carlos Macías Gata y José Vicente Marí Bosó, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/003077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para exigir medidas urgentes y
responsabilidades políticas ante los gravísimos hechos denunciados en una querella por agresión sexual en el seno de la Policía Nacional, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La interposición de una querella por delitos de extrema relevancia penal presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y posible malversación de caudales públicos contra quien ejercía desde 2018 la máxima autoridad operativa de
la Policía Nacional y mano derecha del ministro del Interior supone un acto gravísimo e inadmisible.
Los hechos descritos en la querella no se limitan a una conducta individual y aislada presuntamente delictiva, sino que implican la utilización reiterada de medios públicos, instalaciones oficiales y recursos humanos propios del Ministerio
del Interior, así como la existencia de presiones internas y actuaciones, según la denuncia, orientadas a encubrir al presunto agresor en lugar de proteger a la víctima.
Resulta particularmente alarmante que mandos policiales mencionados en la querella no solo no activaran de inmediato los mecanismos de protección y auxilio a la víctima, sino que habrían participado en presiones y ofrecimientos de destinos
laborales con el fin de evitar una posible denuncia y eludir un escándalo público, intentando silenciar para ello a la mujer presuntamente agredida.
Todo ello resulta agravado por la imposibilidad de entender que una situación de esta naturaleza pudiera mantenerse en el tiempo, durante muchos meses, sin conocimiento o peor aún, ante la pasividad de la Dirección General de la Policía.
Este caso se suma a una preocupante cadena de episodios que evidencian una desprotección estructural de las mujeres en el ámbito del Ministerio del Interior. En octubre de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por
la mala praxis policial y judicial en la investigación de una doble violación con sumisión química en Pamplona en 2016, acreditando desaparición y manipulación de pruebas, irregularidades graves y ausencia total de depuración de responsabilidades.
La reiteración de encubrimientos, falta de investigaciones internas y ausencia de consecuencias revela negligencias incompatibles con la lucha contra la violencia sexual y con la obligación del Estado de proteger a las víctimas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder al cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez, por su actuación y falta de control ante delitos de agresión sexual, coacciones y malversación de fondos públicos presuntamente cometidos por el que fuera jefe
operativo de la Policía Nacional, nombrado por el ministro.
2. Incoar de forma inmediata expedientes disciplinarios a todos los mandos policiales implicados directa o indirectamente en los hechos descritos en la querella, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.a) de la Ley Orgánica 4/2010,
por la posible comisión de faltas muy graves.
3. Acordar la suspensión cautelar de los afectados mientras se sustancian los procedimientos judiciales, garantizando que no puedan influir, directa o indirectamente, en la investigación ni en la situación profesional de la víctima.
4. Proceder, en caso de sentencia condenatoria firme, a la expulsión definitiva del Cuerpo Nacional de Policía de los responsables, conforme a la normativa disciplinaria vigente.
5. Revisar de oficio todas las condecoraciones y medallas pensionadas concedidas a los mandos policiales que pudieran estar afectados por la querella o por actuaciones de encubrimiento, procediendo a su retirada cuando resulte incompatible
con la ética pública y la legalidad.
6. Garantizar la protección integral de la víctima, reforzando los protocolos internos de prevención y actuación frente a agresiones sexuales dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Ana Belén Vázquez Blanco, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Fernando de Rosa Torner, Carlos García Adanero, Sofía Acedo Reyes, Beatriz Álvarez Fanjul, Manuel Cobo Vega, María Eugenia
Carballedo Berlanga, Maribel Sánchez Torregrosa, Elvira Velasco Morillo, José Ignacio Romaní Cantera, Félix de las Cuevas Cortés y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/003093
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al rescate y transferencia a Galicia de la AP9, para su debate en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En agosto de 2023 entró en vigor la última de las prórrogas de la concesión de la AP-9 aprobada por el Gobierno del PP, encabezado por José María Aznar, el año 2000. Precisamente en esa misma fecha debería haber finalizado la primera de las
prórrogas aprobadas en su momento por el PSOE, lo que retrasó la finalización de la concesión
de 2013 a 2023. Así pues, nos encontramos ahora dentro del período extraordinario de 25 años adicionales, que finalizará en agosto de 2048.
Sin embargo, se trata de una prórroga que no debería haberse producido y que, como la propia Comisión Europea declaró, sería nula por haberse realizado sin la debida licitación pública, por lo que se abrieron dos procedimientos de infracción
contra el Estado español y se citó al Gobierno del Estado para que formulara sus alegaciones.
Así pues, aunque este procedimiento está pendiente de resolución, las instituciones europeas recordaron la obligación de cumplir con la normativa europea en materia de contratos, lo que justificaría considerar como nula esta prórroga y
recuperar el control público de la infraestructura. Sin embargo, el Gobierno continúa negando la posibilidad de declarar nula la prórroga y proceder al rescate y liberalización de la autopista.
Precisamente a causa de esta prórroga ilegal, en este momento los usuarios de la AP-9 tienen que seguir pagando peajes por una infraestructura sobradamente amortizada, solo a mayor lucro de las empresas privadas que son titulares de la
concesión en la actualidad. Peajes que se ven incrementados anualmente para cubrir el aumento del IPC, que ha sido especialmente alto en los últimos años, y para «compensar» a la concesionaria por las obras de mejora no incluidas en la prórroga (1
% para la ampliación del Puente de Rande y la ampliación de carriles en la circunvalación de Santiago). En resumen, las ganancias millonarias de los titulares de la concesión siguen financiándose con fondos públicos (a través de la limitación de
tarifas, peajes en sombra y otros conceptos) de una infraestructura que a estas alturas ya debería ser pública y libre de peajes. En 2026, los peajes fueron de 8,80 euros en el tramo entre A Coruña y Santiago, 6,15 euros en el tramo entre A Coruña
y Ferrol, Santiago-Pontevedra 7,55 y Pontevedra-Vigo 5,05.
Para paliar esta situación, y gracias al acuerdo de investidura alcanzado por el BNG, los descuentos para las personas usuarias recurrentes se han ampliado al 75 %, a la vez que se mantiene una bonificación del 100 % en el viaje de regreso
en todos los casos de pago telemático. Actualmente, es la única forma de lograr una reducción de los precios abusivos que pagan los conductores gallegos por el uso de esta autopista. Hay que recordar que miles de personas y empresas dependen de la
AP-9 para sus desplazamientos diarios, ya que no existe ningún transporte alternativo ferroviario o colectivo por carretera que suficiente y competitivo que les permita evitar su uso.
En este contexto, es más urgente que nunca adoptar medidas definitivas que pongan fin a esta estafa legalizada. El Gobierno debe aprovechar la nulidad de la prórroga y declarar el fin de la concesión, más cuando los pagos previstos para
cubrir las bonificaciones y peajes en la sombra hasta 2048 superan con creces el coste que puede suponer rescatar la infraestructura.
Al mismo tiempo, el Congreso debe atender la petición unánime del Parlamento de Galicia de tramitar, sin más dilaciones, la Propuesta de Ley Orgánica de Transferencia de la AP9.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Iniciar los trámites para la anulación de la prórroga de 25 años otorgada al concesionario de la AP-9 y asumir la gestión directa de la autopista y la supresión de los peajes.
2. Transferir a Galicia la Autopista del Atlántico (AP-9).»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao rescate e transferencia á Galiza da AP9, para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
En agosto de 2023 entraba en vigor a última das prórrogas da concesión da AP9 aprobada polo Goberno do PP, encabezado por José María Aznar, no ano 2000. Precisamente, nesa mesma data debería ter acabado a primeira das prórrogas aprobada no
seu momento polo PSOE, que atrasaba o fin da concesión de 2013 a 2023. Así, estamos xa no prazo extraordinario de 25 anos adicionais que finalizarán en agosto de 2048.
Trátase porén dunha prórroga que non debería terse producido e que, tal e como a propia Comisión Europea declarou, sería nula por realizarse sen a debida licitación pública, motivo polo cal foron abertos ao Estado español dous procedementos
de infracción e se emprazou ao Goberno estatal a formular as súas alegacións.
Así, aínda que este procedemento está pendente de resolución, as institucións europeas lembraron o deber de cumprir coa regulación europea en materia de contratos, que xustificaría considerar como nula esa prórroga e recuperar o control
público da infraestrutura. Porén, o Goberno segue negando a posibilidade de declarar a nulidade da prórroga e proceder ao rescate e liberalización da autoestrada.
É precisamente debido a esa prórroga ilegal que neste momento os usuarios e usuarias da AP-9 teñen que seguir pagando peaxes dunha infraestrutura sobradamente amortizada, só para maior lucro das empresas privadas titulares da concesión na
actualidade. Portaxes que ven incrementados anualmente para cubrir a suba do IPC, especialmente elevado nas últimas anualidades, e para «resarcir» á concesionaria por obras de mellora non incluídas na prórroga (1 % pola ampliación da Ponte de Rande
e a ampliación de carrís na circunvalación de Santiago). En definitiva, seguen financiándose os lucros millonarios dos titulares da concesión con cargo a fondos públicos (pola limitación de tarifas, portaxes na sombra e outros conceptos) dunha
infraestrutura que neste momento debería ser xa pública e libre de peaxes. Neste 2026 as portaxes situáronse nos 8,80 euros no tramo entre A Coruña e Santiago, 6,15 no tramo entre A Coruña e Ferrol, Santiago-Pontevedra 7,55 e Pontevedra-Vigo 5,05.
Para paliar esta situación, e grazas ao acordo de investidura alcanzado polo BNG, ampliáronse os descontos para as persoas usuarias recorrentes até 75 % á vez que se mantén 100 % de bonificación da viaxe de volta en todos os casos de
pagamento telemático. Única vía na actualidade para conseguir unha rebaixa dos prezos abusivos que pagan as e os condutores galegos polo uso desta autoestrada. Debe lembrarse que miles de persoas e empresas dependen da AP9 para os seus
desprazamentos diarios, pois, non existe transporte ferroviario ou colectivo por estrada alternativo suficiente e competitivo que permitan eludir a súa utilización.
Neste contexto, é máis urxente que nunca adoptar medidas definitivas que poñan fin a esta estafa legalizada. O Goberno debe aproveitar a nulidade da prórroga e declarar a fin da concesión, mais cando os pagamentos previstos para cubrir as
bonificacións e peaxes na sombra até 2048 superan, con moito, o custo que poda implicar rescatar a infraestrutura.
Ao tempo, o Congreso debe atender á solicitude unánime do Parlamento da Galiza para tramitar, sen máis dilación, a Proposición de Lei Orgánica de Transferencia da AP9.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Iniciar os trámites para a anulación da prórroga de 25 anos outorgada á concesionaria da AP-9 e asumir a xestión directa da autoestrada e a supresión das peaxes.
2. Transferir á Galiza a Autoestrada do Atlántico (AP-9).»
En Madrid, a 20 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/003068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa el reconocimiento del desgaste profesional del personal docente y
la jubilación anticipada en condiciones de igualdad, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El profesorado constituye un pilar esencial del sistema educativo público y uno de los factores determinantes para garantizar su calidad, equidad y capacidad de compensación de las desigualdades sociales. La evidencia comparada y los
informes internacionales coinciden en señalar que la estabilidad, la formación y las condiciones laborales del personal docente inciden de manera directa en los resultados educativos y en la cohesión social.
En los últimos años, el Gobierno de coalición progresista ha impulsado una recuperación sostenida de la inversión educativa, revirtiendo parcialmente los recortes aplicados durante la pasada década. El incremento del gasto público en
educación, la reducción progresiva de ratios en determinadas etapas, la estabilización del empleo docente, la derogación de aspectos centrales de la normativa de recortes y el refuerzo de políticas de equidad educativa han supuesto avances
relevantes en la mejora del sistema educativo público y en el reconocimiento del papel del profesorado.
No obstante, persisten importantes retos estructurales que afectan a las condiciones de trabajo del personal docente. Durante años, especialmente a partir de la aprobación del Real Decreto-ley 14/2012, el aumento de ratios, la ampliación de
la carga lectiva, la sobrecarga burocrática y la pérdida de recursos humanos y materiales generaron un notable deterioro de la salud laboral del profesorado, cuyos efectos continúan manifestándose en la actualidad.
En este contexto, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el denominado síndrome de desgaste profesional o burnout como un fenómeno vinculado al estrés crónico en el trabajo, circunscribiéndolo expresamente al ámbito laboral. Este
reconocimiento internacional refuerza la necesidad de abordar el desgaste profesional del profesorado desde una perspectiva colectiva y preventiva, como una responsabilidad de las administraciones públicas y no como un problema individual.
A pesar de ello, el sistema de jubilación del personal docente continúa presentando importantes desigualdades derivadas de la coexistencia de distintos regímenes de
protección social. La pertenencia al Régimen de Clases Pasivas o al Régimen General de la Seguridad Social, determinada exclusivamente por la fecha de acceso a la función pública, condiciona de manera decisiva la edad y las condiciones de
acceso a la jubilación, generando situaciones de desigualdad entre docentes que desempeñan idénticas funciones y están sometidos a las mismas exigencias profesionales.
La jubilación anticipada a los 60 años, reconocida para una parte del profesorado, constituye un instrumento eficaz para paliar los efectos del desgaste acumulado a lo largo de la vida laboral y para facilitar una salida digna y voluntaria
de la profesión. Esta medida, además, favorece el relevo generacional y la renovación pedagógica del sistema educativo.
La experiencia comparada en países de nuestro entorno europeo avala este enfoque. En Estados miembros de la Unión Europea como Francia, donde existen modalidades de jubilación anticipada vinculadas a carreras largas; Italia, que contempla
fórmulas específicas de acceso anticipado a la jubilación en el sector público; Portugal, con regímenes particulares para el personal docente en función de los años de servicio; o Bélgica, donde la edad efectiva de jubilación del profesorado se
sitúa por debajo de los 65 años mediante distintos mecanismos, se reconoce de forma explícita el carácter especialmente exigente de la profesión docente y la necesidad de articular salidas profesionales anticipadas sin penalización excesiva.
Por todo ello, resulta necesario dar un paso más en la mejora de las condiciones de final de la vida laboral del profesorado, avanzando hacia un modelo común, justo y equitativo de jubilación que reconozca el desgaste profesional acumulado y
garantice la igualdad de derechos con independencia del régimen de adscripción o de la fecha de acceso a la función pública.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Reconocer que las especiales circunstancias en las que se desarrolla el trabajo docente, en los centros públicos, pueden derivar, en su caso, en cuadros de estrés, ansiedad y otras patologías, ante lo cual se considera oportuno
incorporar estas condiciones en las políticas de prevención de riesgos laborales y en el diseño de la carrera profesional docente, en coherencia con los avances impulsados por el Gobierno de coalición progresista en materia de inversión educativa y
mejora de las condiciones de trabajo.
2. Impulsar, en el marco del diálogo social y de las recomendaciones del Pacto de Toledo, las modificaciones normativas necesarias para establecer un régimen común y equitativo de jubilaciónón anticipada voluntaria del personal docente de
la enseñanza pública a partir de los 60 años, que reconozca las circunstancias en las que se ha desarrollado su actividad profesional y garantice condiciones no discriminatorias en el acceso a la pensión, con independencia de la fecha de acceso a la
función pública o del régimen de adscripción.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2026.Juan Antonio Valero Morales, Nahuel González López, Viviane Ogou i Corbi y Laura Vergara Román, Diputados.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR.
161/003072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Blanca Armario González, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de
lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al rechazo a la imposición del menú halal en comedores escolares, para su discusión en la Comisión de Educación,
Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha elevado a consulta pública el proyecto de Real Decreto por el que se establecen criterios para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad
pública y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales1.
Dicho borrador incluye, dentro de los requisitos nutricionales, la imposición de menús halal, como parte del respeto a la diversidad ética, cultural o religiosa. Así, además de «opciones 100 % vegetales, sin gluten, sin lactosa o adaptados
a otras necesidades específicas», el Gobierno recoge expresamente la obligatoriedad de incluir opciones halal dentro de los menús que ofrecen, por ejemplo, los centros educativos de titularidad pública y los hospitales. Esta medida forma parte de
una «estrategia de convivencia», según el mismo borrador.
Bajo la bandera de la convivencia y el respeto a la diversidad, el Gobierno pretende fomentar la disolución de nuestros rasgos de identidad más básicos, incluso los de nuestra característica dieta mediterránea, para imponer un modelo
asociado a una cultura manifiestamente contraria a lo que somos. Lo que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende disfrazar de tolerancia no es más que otro paso más hacia la imposición del «multiculturalismo» que tan nefastos resultados ha tenido a lo
largo de toda Europa. En VOX tenemos claro que los extranjeros que han venido a España tienen la obligación de respetar y adaptarse a la cultura y las tradiciones del país que con tanta generosidad los ha acogido; y en ningún caso debe
contemplarse como opción que sea el país de acogida el que tenga que adaptarse a las costumbres de los extranjeros.
Esto se hace especialmente importante cuando hablamos de costumbres y prácticas islámicas, ya que el islamismo es una ideología que trae consigo una cultura y una organización política ajenas a nuestra tradición, usos y costumbres; y cuya
extensión descontrolada amenaza nuestra identidad, nuestra libertad e incluso nuestros derechos más básicos.
La imposición en centros públicos de menús halal no traerá consigo un mayor respeto a las diferencias, sino que camufla y normaliza un modelo de sociedad que es opuesto a nuestros valores. Esto que hace no tanto tiempo pudiera parecer
lejano, se ha convertido en una triste realidad en muchos barrios que, como consecuencia de las políticas del bipartidismo que han favorecido la inmigración masiva, han sufrido un proceso de islamización.
Así, barrios de muchas ciudades españolas y de toda Europa se han ido desdibujando para convertirse en lugares irreconocibles para los vecinos de toda la vida donde la degradación y la inseguridad se disparan, se imponen las costumbres
venidas de fuera y los valores occidentales de siempre desaparecen. Lo que hoy viene disfrazado de tolerancia y como una opción más, mañana puede convertirse en opción 1 Proyecto de Real Decreto por el que se establecen criterios para el fomento de
una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales:
https://www.dsca.gob.es/sites/default/files/consultapub/TIP-PRD_N-25-096-DCA.pdf
única como ya hemos visto en algunos centros escolares de ciudades españolas como Ceuta2. Lo que hoy parece una concesión inofensiva, mañana puede ser la imposición de otras prácticas y costumbres islámicas como la degradación de las
mujeres o la imposición de cárceles de tela y otras imposiciones islamistas que una inmensa mayoría de españoles rechazan de forma absoluta.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
A. Manifiesta su rechazo a la implantación del menú halal en cualquier centro público, por ser contrario a nuestras tradiciones, usos y costumbres.
B. Insta al Gobierno a:
1. Promover activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de sellos extranjeros como el halal, garantizando el derecho de los consumidores a productos arraigados en nuestra cultura alimentaria y
apoyando a los productores que defienden nuestras costumbres, en especial locales.
2. Apoyar de manera explícita y decidida al producto español fomentando su consumo entre la población y fomentando medidas de protección de nuestro sector primario, especialmente de nuestros productores, frente a las imposiciones de
instituciones supra nacionales que les perjudican de manera directa y que fomentan la competencia desleal de productos extranjeros.
3. Exigir a los extranjeros que, mientras vivan en España, se adapten y respeten los usos y costumbres del país que los acoge y en ningún caso deben pretender imponer las de sus países de origen.
4. Rechazar la imposición de prácticas foráneas ajenas a nuestros usos y costumbres, especialmente todas las relacionadas con el islamismo que amenaza la convivencia y la seguridad de los españoles, con especial mención a los derechos de
las mujeres españolas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Blanca Armario González, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/003076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el primer ciclo de educación infantil, para su debate en la Comisión
de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La educación infantil en el tramo de 0 a 3 años constituye una etapa educativa esencial para el desarrollo cognitivo, emocional, motriz y social de la infancia. No se trata de una prestación asistencial ni de un mero recurso de
conciliación, sino de un período 2 El Gobierno impone el menú halal a seis colegios de Ceuta aunque los alumnos no sean musulmanes:
https://www.eldebate.com/educación/20251008/gobierno-impone-menu-halal-seis-cole...
cuyo carácter educativo está reconocido de forma expresa en el artículo 14 de la LOMLOE, que exige una propuesta pedagógica específica y un acompañamiento respetuoso y continuado desde el primer día. Las profesionales del sector subrayan
que esta etapa sienta las bases del bienestar, los vínculos afectivos, la autonomía, la socialización y el aprendizaje a lo largo de la vida, y que todos estos elementos deben ser protegidos como parte del derecho a una educación temprana integral.
Pese a este reconocimiento normativo, el sistema público español no ha desarrollado un marco estatal sólido que garantice condiciones educativas homogéneas para el ciclo 0-3. La financiación resulta insuficiente, la red pública es
claramente desigual y la gestión se encuentra excesivamente fragmentada. En numerosos territorios, la prestación del servicio se realiza a través de modelos de externalización que priorizan el coste económico por encima de la calidad educativa,
generando precariedad laboral, rotación de personal y una notable inestabilidad de los equipos. Esta situación dificulta la construcción de vínculos seguros, la continuidad pedagógica y el acompañamiento individualizado de las criaturas, afectando
directamente al interés superior del menor y a la igualdad de oportunidades desde el nacimiento.
La precarización estructural del sector impacta de manera directa en la organización cotidiana de las aulas. Las ratios elevadas, unidas a plantillas insuficientes, hacen inviable una atención respetuosa y de calidad. España mantiene
ratios muy superiores a las recomendaciones de la Comisión Europea, que establecen la necesidad de una persona especialista por cada cuatro bebés de cero a doce meses, una por cada seis criaturas entre uno y dos años y una por cada ocho entre dos y
tres años. Estas recomendaciones, ya aplicadas por algunas administraciones públicas, demuestran que es posible avanzar hacia modelos que sitúen el bienestar y el desarrollo de la infancia en el centro.
En este contexto, resulta imprescindible avanzar hacia modelos organizativos que refuercen la calidad educativa y la atención individualizada, entre los que destaca la pareja educativa como estructura pedagógica estable en el aula. La
presencia simultánea y coordinada de dos profesionales de referencia permite garantizar una atención continua, favorece la observación compartida, el acompañamiento emocional, la prevención de riesgos y la adaptación a los ritmos individuales de
cada criatura. Asimismo, la pareja educativa contribuye a la estabilidad de los vínculos, a la mejora de la calidad pedagógica y a la sostenibilidad del trabajo educativo, reduciendo la sobrecarga física y emocional de las trabajadoras y reforzando
la coherencia del proyecto educativo. Este modelo no puede depender de la voluntad de los centros ni de los recursos residuales disponibles, sino que debe ser reconocido y promovido desde la normativa básica estatal como una condición de calidad
educativa en el ciclo 0-3.
Las orientaciones europeas en materia de educación y cuidados de la primera infancia insisten en que la calidad no depende únicamente de las ratios numéricas, sino también de la organización del trabajo educativo, de la estabilidad de los
equipos y de la existencia de entornos afectuosos, seguros y bien dotados. En este sentido, la atención temprana debe integrarse plenamente en el funcionamiento ordinario de las escuelas infantiles, superando un enfoque meramente reactivo o
burocrático. La intervención preventiva, la presencia regular de profesionales especializados y el trabajo coordinado con las educadoras de aula resultan imprescindibles para detectar y acompañar las necesidades del desarrollo desde los primeros
meses de vida, evitando desigualdades futuras.
El ciclo 0-3 constituye también un ámbito central de la política de igualdad. Se trata de un sector profundamente feminizado, con más del 97 % de mujeres, históricamente invisibilizado y precarizado bajo la apelación a la vocación. La
falta de reconocimiento social, salarial y profesional de las educadoras infantiles reproduce una discriminación estructural ligada al valor social otorgado a los cuidados. Avanzar hacia modelos como la pareja educativa, con equipos estables,
tiempos de coordinación y reconocimiento profesional, implica también una mejora sustantiva de las condiciones laborales y de la salud física y emocional de las trabajadoras, y debe entenderse como una medida de justicia social y de igualdad de
género.
Por todo ello, resulta imprescindible que el Estado asuma un papel activo en la definición de una normativa básica que garantice la universalidad, la calidad y la equidad del ciclo 0-3. Esta normativa debe fijar estándares comunes en
ratios, organización pedagógica, atención temprana, estabilidad de los equipos y financiación suficiente, promoviendo una red pública de escuelas infantiles que no dependa del territorio ni de la capacidad económica de las familias. Invertir en la
primera infancia significa fortalecer el sistema educativo desde su base, reducir desigualdades sociales y territoriales, dignificar el trabajo de cuidados y construir una sociedad más cohesionada y democrática.
Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos parlamentarios firmantes, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Asumir el liderazgo estatal en la reforma del marco normativo del ciclo 0-3, elaborando una nueva normativa básica que sustituya o revise el Decreto 18/2008 y que garantice estándares homogéneos de calidad educativa, estabilidad laboral y
equidad territorial en todo el Estado, incorporando expresamente criterios de organización pedagógica que refuercen la atención individualizada.
Establecer ratios obligatorias acordes a las recomendaciones europeas y asegurar la dotación de personal suficiente para su cumplimiento efectivo, promoviendo modelos organizativos que permitan la presencia de parejas educativas estables
en las aulas del ciclo 0-3 como elemento estructural de calidad educativa, prevención y bienestar infantil.
Integrar la atención temprana dentro del sistema educativo del primer ciclo de educación infantil, garantizando la presencia regular de profesionales especializados, la intervención preventiva en el aula, el acompañamiento a las familias y
el trabajo coordinado con las educadoras de referencia, evitando enfoques exclusivamente diagnósticos o externos al centro.
Consolidar una red pública y universal de escuelas infantiles, con financiación estable y progresiva gratuidad, priorizando la gestión pública directa y asegurando que los recursos se destinen a mejorar la calidad pedagógica, la
estabilidad de los equipos y las condiciones materiales de los centros.
Incorporar de forma transversal la perspectiva feminista y de cuidados en las políticas públicas del 0-3, dignificando las condiciones laborales de las trabajadoras, reforzando la estabilidad de los equipos educativos, promoviendo la salud
laboral y reconociendo socialmente el valor educativo y social de la primera infancia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista y Plurinacional SUMAR.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de un
régimen especial de exención del IVA para los autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros, en cumplimiento de la Directiva (UE) 2020/285 del Consejo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones.
Exposición de motivos
La implantación de un régimen simplificado de exención del IVA para autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales es uno de los compromisos recogidos en el Contrato con los Autónomos presentado por el presidente del Partido Popular,
Alberto Núñez Feijóo. Esta medida tiene como objetivo aliviar la carga fiscal y burocrática que soportan los pequeños autónomos, impulsando su actividad y fortaleciendo el tejido productivo del país.
España cuenta con más de 3.410.000 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que representan un porcentaje en el entorno del 50 % de las empresas activas en España y dan empleo a más de 1.100.000 trabajadores. Impulsar
la competitividad y productividad de los autónomos, reducir las barreras de entrada, mejorar la viabilidad económica en los primeros años de actividad y reducir la economía sumergida impactaría de forma muy positiva en el conjunto de la economía
nacional.
En línea con esta propuesta, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha interpuesto recientemente una denuncia formal contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea por el incumplimiento de la Directiva
(UE) 2020/285 del Consejo, de 18 de febrero de 2020, que modifica la Directiva 2006/112/CE en lo relativo al régimen especial de franquicia del IVA para pequeñas empresas.
Dicha directiva establece un régimen que permite eximir del IVA a quienes no superen los 85.000 euros de facturación anual, y cuya aplicación debía haberse hecho efectiva, como tarde, el 1 de enero de 2025.
España es, a día de hoy, el único país de la Unión Europea que no ha transpuesto esta norma comunitaria, lo que representa un grave incumplimiento del Derecho de la Unión, una discriminación injustificable hacia los autónomos y una evidente
pérdida de competitividad para los trabajadores por cuenta propia españoles. Esta dejación de funciones del Gobierno de Sánchez vulnera principios esenciales como la proporcionalidad, la seguridad jurídica, la no discriminación y la libre
competencia, y puede dar lugar a un procedimiento sancionador por parte de la Comisión Europea.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos inaceptable que, mientras el resto de Europa avanza en la simplificación de trámites y la reducción de cargas fiscales para los pequeños negocios, España siga penalizando a sus autónomos con
una carga tributaria desproporcionada y una burocracia asfixiante.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Transponer de manera inmediata la Directiva (UE) 2020/285 del Consejo de 18 de febrero de 2020, mediante la modificación de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de implantar un régimen de exención del IVA para
los trabajadores autónomos que no superen los 85.000 euros de facturación anual, conforme a lo establecido por el Derecho comunitario.
2. Implementar este régimen de forma eficaz, garantizando una reducción de las cargas administrativas y fiscales para los autónomos y pequeños negocios, y estableciendo procedimientos claros y sencillos para su aplicación.
3. Evitar que España sea objeto de procedimientos sancionadores por parte de la Comisión Europea, actuando con la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.
4. Evaluar el impacto positivo de esta medida sobre el tejido productivo y emprendedor, publicando un informe anual de seguimiento que garantice su eficacia y su correcta implementación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2026.Alma Alfonso Silvestre, Jaime Eduardo de Olano Vela, Cristóbal Garre Murcia, María Isabel Prieto Serrano e Irene Garrido Valenzuela, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003091
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de un marco
normativo que favorezca el retorno progresivo al trabajo de las personas diagnosticadas de cáncer y potenciar el diálogo social para la implantación de medidas específicas en las empresas para gestionar el impacto de la enfermedad, para su debate en
la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El trabajo no constituye únicamente un anclaje económico, sino un ámbito decisivo en la conformación del yo, un espacio de relación, reconocimiento y sentido que configura, en gran medida, la experiencia vital de quienes lo desempeñan. Para
miles de personas diagnosticadas de cáncer, ese vínculo se torna aún más significativo; para ellas, volver al trabajo no sólo supone retomar un ritmo cotidiano, sino reconstruir un equilibrio íntimo, recuperar la voz en el espacio compartido y
reafirmar, en medio de la fragilidad, su proyección personal y profesional.
Sin embargo, ese regreso que debería articularse como un ejercicio de reconstrucción compartida continúa planteando numerosos obstáculos, tanto materiales como simbólicos. Con frecuencia, las personas afectadas no encuentran marcos
estructurados que les permitan transitar esta etapa con el acompañamiento que requieren. Tampoco las empresas en particular las pequeñas y medianas disponen de los recursos, las orientaciones o el margen organizativo necesarios para integrar, de
forma ordenada, gradual y respetuosa con los ritmos de recuperación, ese proceso de vuelta al trabajo tras una enfermedad prolongada.
Los datos recogidos en el 1.° Barómetro Cáncer y Trabajo en España (2024) y en el 2.º Barómetro en Cataluña, impulsado por la Federado Catalana dEntitats contra el Cáncer (FECEC), permiten trazar con nitidez las dimensiones de esta
realidad: casi la mitad de los trabajadores oncológicos no ha podido reincorporarse de forma progresiva, aunque más del 90 % habría deseado hacerlo. Entre quienes sí han tenido acceso a esa posibilidad, la valoración resulta abrumadoramente
positiva. Lejos de constituir un privilegio, este tipo de retorno debería entenderse como una forma razonable de proteger la salud, preservar la continuidad profesional y fomentar una cultura del cuidado en el ámbito laboral.
No obstante, la implantación de estas medidas no puede recaer exclusivamente sobre la voluntad individual o la capacidad operativa de las empresas. Requiere de un impulso institucional que combine sensibilidad, previsión y responsabilidad
compartida. Habilitar condiciones dignas de reincorporación para quienes atraviesan procesos oncológicos prolongados puede representar un paso coherente hacia el fortalecimiento de las políticas laborales desde una perspectiva más inclusiva,
sostenida en el reconocimiento de trayectorias diversas y necesidades reales.
Esta proposición no de ley se articula, por tanto, en torno a tres líneas fundamentales: favorecer el retorno progresivo y adaptado de los trabajadores que han padecido un cáncer; impulsar el diálogo social para la implementación de
medidas de
apoyo en las empresas, con especial atención a las pymes y establecer incentivos para los empleadores de estos trabajadores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar medidas que favorezcan una reincorporación progresiva para las personas diagnosticadas de cáncer, basada en informe clínico y acompañada de medidas laborales que permitan una adaptación paulatina de los tiempos y las funciones.
2. Promover el diálogo social para el establecimiento de medidas de acompañamiento profesional, de carácter orientativo y adaptable, que ayuden a las empresas a gestionar con responsabilidad el impacto del cáncer en sus equipos humanos.
Entre las medidas se podrán contemplar, entre otras:
Modalidades de reincorporación escalonada y flexibilidad horaria.
Adaptaciones funcionales y del entorno de trabajo, cuando proceda.
Coordinación con servicios médicos y entidades especializadas en apoyo psicosocial, etc.
3. Establecer incentivos para las empresas que faciliten la adopción de medidas de adaptación y conciliación en contextos de enfermedad oncológica, con el fin de que ninguna empresa por limitada que sea su estructura se vea forzada a
elegir entre el cumplimiento humano de su deber y la viabilidad económica de su actividad.
4. Desarrollar, en el marco del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, un módulo de análisis sobre el impacto del cáncer en la vida laboral, orientado a sistematizar la información disponible, identificar modelos ejemplares,
establecer indicadores de seguimiento y ofrecer bases sólidas para futuras intervenciones normativas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2026.Jaime Eduardo de Olano Vela, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto Serrano, Alma Alfonso Silvestre, Sofía Acedo Reyes y María Elisa Vedrina Conesa, Diputados.Ester Muñoz
de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/003070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la solicitud de refuerzo
urgente de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en Castilla y León para garantizar el desarrollo industrial, la electrificación y el aprovechamiento de su potencial energético, para su debate en la Comisión de Industria y
Turismo.
Exposición de motivos
La Comunidad Autónoma de Castilla y León es líder nacional en generación eléctrica de origen renovable. En 2024, produjo 25.142 GWh de electricidad renovable, lo que representa el 16,9 % del total nacional. Además, el 92,8 % de la
electricidad que genera proviene de fuentes limpias, procediendo el resto de la electricidad que produce de
cogeneración, en buena medida de alta eficiencia energética, convirtiendo a Castilla y León en una potencia energética dentro de España.
Pese a ello, Castilla y León se enfrenta hoy a una situación de bloqueo estructural en su red de distribución eléctrica. Datos recientes indican que el 83,4 % de los nudos de acceso a la red están saturados, lo que impide nuevas conexiones
de demanda. En siete de sus nueve provincias, la saturación supera el 80 %, y en el caso de Burgos alcanza el 100 %, imposibilitando que nuevas empresas se conecten o amplíen su potencia contratada.
Ávila, Salamanca, Soria, Valladolid, Palencia y Zamora presentan también índices de saturación superiores al 80 %. Esta situación frena el desarrollo industrial, la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, el autoconsumo,
el almacenamiento y el despliegue de nuevas viviendas, siendo especialmente grave en zonas rurales que sufren despoblación y buscan reindustrializarse.
A nivel nacional, las solicitudes de conexión a la red de distribución se han multiplicado por diez en los últimos tres años, pero en 2024 solo se pudo atender un 10 %: de 67 GW solicitados, se conectaron apenas 6 GW. En Castilla y León,
esto ha bloqueado cerca de 15.000 millones de euros en inversiones industriales, correspondientes a medio centenar de proyectos estratégicos que están pendientes de que se les garantice el suministro eléctrico para el crecimiento económico y la
creación de empleo.
En este contexto, el Gobierno de España ha presentado la Propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030, que estuvo sometida a información pública y en periodo de audiencia y alegaciones hasta el 16 de
diciembre de 2025. Esta propuesta de planificación, que condiciona de manera decisiva el desarrollo de las redes de transporte y su coordinación con las redes de distribución, reconoce la existencia de importantes limitaciones de capacidad en
distintos territorios, pero no incorpora, en el caso de Castilla y León, actuaciones suficientes para resolver los cuellos de botella que afectan a siete de sus nueve provincias ni para garantizar potencia disponible para nuevos consumos
industriales y residenciales.
A ello se suma el proyecto de real decreto sobre los planes de inversión en redes de transporte y distribución de energía eléctrica presentado por el Gobierno el 12 de septiembre de 2025, que, aunque incrementa excepcionalmente el límite
inversor en el periodo 2026-2030, mantiene, con carácter general, un límite anual máximo de inversión retribuible en redes de distribución del 0,13 % del PIB. Diversos informes y pronunciamientos del regulador y de los agentes del sector han
advertido de que estos límites no se ajustan a las necesidades reales del sistema ni al ritmo de electrificación de la economía, haciendo insuficiente el esfuerzo inversor para responder al incremento de demanda y a la conexión de nuevos
consumidores industriales y residenciales.
La falta de capacidad de la red en Castilla y León no solo impide nuevos proyectos industriales, sino que también afecta al despliegue del autoconsumo y la movilidad eléctrica. En definitiva, impide aprovechar la energía renovable que se
genera en la región, comprometiendo la transición energética y el desarrollo socioeconómico de un territorio clave para la cohesión territorial de España.
Castilla y León no puede ser la comunidad donde se produce energía limpia para el resto del país, pero se impide consumirla o industrializarla localmente por falta de inversión estatal en infraestructuras básicas. No puede convertirse en un
simple territorio de tránsito energético sin desarrollo propio, ni consolidarse como un mero espacio de evacuación de renovables mientras se niega capacidad para la implantación de nuevas actividades productivas.
En este contexto, resulta especialmente relevante que la Propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030 presentada por el Gobierno no contemple de forma suficiente las inversiones imprescindibles para
resolver la saturación estructural de la red en Castilla y León. La Comunidad ha elaborado y remitido sus alegaciones con el fin de incorporar estas actuaciones prioritarias, cuya ausencia comprometería la llegada de nuevas inversiones
industriales, el despliegue de la movilidad eléctrica y el aprovechamiento de su potencial renovable.
En consecuencia, es fundamental que el Gobierno de España revise y refuerce la propuesta de planificación antes de su aprobación definitiva y adapte el marco regulatorio de inversiones en redes, garantizando que Castilla y León disponga de
las infraestructuras de transporte y distribución necesarias para su desarrollo económico, energético y social.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular eleva esta Proposición no de Ley relativa a la solicitud de refuerzo urgente de las redes de transporte y distribución eléctrica en Castilla y León para garantizar el desarrollo industrial, la
electrificación y el aprovechamiento de su potencial energético.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar de manera urgente un plan específico de inversiones en infraestructuras eléctricas de distribución y transporte en Castilla y León, con el objetivo de garantizar la conexión de la demanda industrial y residencial en las nueve
provincias, permitiendo así la materialización de los más de 15.000 millones de euros en inversión empresarial actualmente bloqueados y pendientes de que se les garantice ese suministro eléctrico.
2. Modificar el marco normativo y retributivo vigente de las inversiones en la red de distribución eléctrica, garantizando que dicho marco sea coherente con las necesidades reales de crecimiento de la red en comunidades con alta generación
renovable y gran saturación como Castilla y León.
3. Agilizar la planificación de refuerzo de la red de distribución y transporte en Castilla y León en el marco de la planificación energética 2025-2030, atendiendo las peticiones realizadas por la Junta de Castilla y León, especialmente en
los nudos más saturados, y priorizando los proyectos productivos de industria manufacturera, así como los de desarrollo de nuevos espacios industriales, los de almacenamiento, autoconsumo y movilidad eléctrica.
4. Llevar a cabo el oportuno cambio normativo que permita dar de baja los accesos hace tiempo concedidos pero que ni están ejecutados ni lo van a estar en el corto o medio plazo, al tratarse, en muchos casos, de simples «reservas» de
potencia que bloquean las nuevas peticiones para proyectos reales y de urgente ejecución.
5. Facilitar mecanismos de acceso específicos para Castilla y León, incluyendo convocatorias extraordinarias para concursos de acceso en los nudos bloqueados, y medidas de incentivo a proyectos tractores que incorporen almacenamiento,
autoconsumo y gestión de la demanda.
6. Coordinar con la Junta de Castilla y León y los agentes empresariales y sociales un calendario de actuaciones e inversiones en infraestructuras eléctricas hasta 2030 que permita aprovechar el potencial energético renovable de la
Comunidad para consolidar tejido industrial y empleo de calidad.
7. Dar traslado del presente acuerdo al presidente del Gobierno y a los ministros de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y de Industria y Turismo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Óscar Ramajo Prada, Elvira Velasco Morillo, Francisco José Conde López, José Vicente Marí Bosó, Héctor Palencia Rubio, Patricia Rodríguez Calleja, Ángel Ibáñez Hernando, María
Sandra Moneo Díez, Silvia Franco González, Milagros Marcos Ortega, Miguel Ángel Paniagua Núñez, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, María Jesús Moro Almaraz, Pedro Samuel Martín García, Pablo Pérez Coronado, María del Socorro Cuesta
Rodríguez, Tomás Cabezón Casas, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez y Eduardo Carazo Hermoso, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003069
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las medidas para paliar las consecuencias que la sucesión de los temporales está causando en el sector del mar, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En los últimos casi cuatro meses, Galicia vive una situación excepcional debido a la gran acumulación de lluvias por la sucesión de temporales desde el mes de noviembre y sus consecuencias negativas para el sector del mar.
Más allá de todas las incidencias y problemas generales averías, accidentes, roturas derivados de las fuertes lluvias y vientos, los sectores pesquero y marisquero se han visto especialmente afectados.
Así, la flota en general ha tenido que amarrar durante semanas, sin poder salir a faenar; el sector marisquero, que aún no se había recuperado de las consecuencias de la mortalidad de marisco de 2023, tampoco ha podido regresar a los bancos
marisqueros que en muchos puntos de nuestra costa están sufriendo un brutal descenso de la salinidad del agua y, de nuevo, una enorme mortalidad en bivalvos que afectará, como mínimo, a la producción de la actual campaña y también a la de la
próxima; y el sector marisquero, además de no poder trabajar durante muchas jornadas, tendrá que hacer frente a los numerosos desperfectos en las bateas, e incluso en las embarcaciones, sobre todo por la acción del viento durante los temporales.
En definitiva, el sector del mar está viviendo una situación que en estos momentos es ya desesperada por las importantes pérdidas que está provocando a los trabajadores y las trabajadoras, que tienen la obligación de seguir pagando sus
cotizaciones sociales y sufragar los gastos habituales de su actividad sin que dispongan de ingresos suficientes para afrontarlos y sin que, aún a día de hoy, exista una previsión de cuándo podrán volver a la normalidad.
Llama la atención que desde noviembre no se hayan registrado reacciones ni medidas de apoyo por parte de las distintas administraciones implicadas, pero ahora que las playas empiezan a verse cubiertas de miles de bivalvos muertos y que el
sector pesquero lleva semanas de inactividad continuada, la respuesta de la administración es perentoria.
Así, la Consejería del Mar de la Xunta de Galicia, a pesar de tener plenas competencias para actuar, se limita ahora a demandar al Estado medidas de apoyo al sector del mar, sin haber previsto ninguna propia. Una negligencia que viene a
ahondar en la falta de medidas en los últimos años que podrían haber servido para fortalecer el sector y, sobre todo, para prepararlo para situaciones como las que estamos viviendo de nuevo, medidas derivadas de las competencias exclusivas del
Gobierno gallego en la materia.
Sin embargo, al margen de las competencias de la Xunta totalmente ignoradas y desatendidas, el Gobierno del Estado tiene también el deber de actuar en el ejercicio de su ámbito competencial. Así, el Consejo de Ministros adoptó la decisión
de declarar Galicia zona afectada por emergencia de protección civil el pasado 10 de febrero, circunstancia que posibilita a los distintos Ministerios habilitar ayudas propias de sus ámbitos competenciales, como es el caso del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con el sector pesquero y marisquero gallego, especialmente afectado por la ola de temporales.
Efectivamente, es necesario hacer frente a las consecuencias del mal tiempo continuado desde noviembre y que aún persiste, dar la máxima cobertura social a las decenas de afectados y afectadas y evitar que continúe la sangría de pérdidas de
empleo en el sector.
Las medidas inmediatas, sin embargo, deben ir acompañadas también de otras de calado que permitan avanzar y sentar las bases para comenzar una recuperación imprescindible y que también habrá que abordar con agilidad en cuanto se supere la
situación de emergencia. Ahora el sector del mar gallego necesita una respuesta estructurada y complementaria a las medidas activadas por otras administraciones, que permita cubrir los daños no atendidos, apoyar a las personas, a las familias y
entidades afectadas y evitar que asuman los costes en solitario.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Decretar de forma inmediata la exención de las cotizaciones a la Seguridad Social para el sector del mar gallego con efectos retroactivos desde el mes de noviembre y hasta la recuperación de la actividad normal.
2. Poner en marcha un plan de cobertura social para todas y todos los afectados, que incluya ayudas directas de emergencia que les permitan mantener unos ingresos mínimos y paliar los daños materiales en sus equipos de trabajo, al menos
desde noviembre a febrero inclusive.
3. Poner a disposición de las personas armadoras y autónomas del mar que lo necesiten, préstamos o líneas de crédito para inversiones que les permitan garantizar la viabilidad de la actividad.
4. Realizar una evaluación y cuantificación de los daños y pérdidas producidas en el sector que permita planificar el conjunto de las actuaciones, medidas y ayudas a establecer.
5. Garantizar la agilidad en la tramitación y justificación de las ayudas que se establezcan, especialmente en los casos de mayor gravedad y en los que la inactividad acumulada sea mayor en los últimos cuatro meses, estableciendo medidas de
agilización, simplificación y transparencia en la coordinación y colaboración con los distintos subsectores.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativas ás medidas a adoptar para paliar as consecuencias que a sucesión de temporais está a causar no sector do mar, para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
Nos últimos case catro meses, a Galiza vive unha situación excepcional debido á grande acumulación de chuvias pola sucesión de temporais desde o mes de novembro e as súas negativas consecuencias para o sector do mar.
Máis alá de todas as incidencias e problemas xerais avarías, accidentes roturas derivados das fortes chuvias e ventos, os sectores pesqueiro e marisqueiro víronse especialmente afectados.
Así, a frota en xeral tivo que amarrar durante semanas, sen poder saír a faenar; o sector marisqueiro, que aínda non se recuperara das consecuencias da mortaldade de marisco do ano 2023, tampouco puido volver aos bancos marisqueiros que en
moitos puntos da nosa costa están a sufrir un brutal descenso da salinidade da auga e, de novo, unha enorme mortaldade nos bivalvos que afectará, no mínimo, á produción da campaña actual e a da vindeira tamén; e o sector miticultor, ademais de non
poder traballar durante moitas xornadas, terá que facer frente aos numerosos desperfectos nas bateas, e mesmo nos barcos, sobre todo pola acción do vento durante os temporais.
En definitiva, o sector do mar está a vivir unha situación que nestes momentos é xa desesperada polas importantes perdas que está a provocar para os traballadores e traballadoras, que teñen a obriga de seguir pagando as súas cotizacións
sociais e sufragar os gastos habituais da súa actividade sen que dispoñan de ingresos suficientes enfrentalos e sen que, aínda a día de hoxe, exista unha previsión de cando poderán volver á normalidade.
Chama a atención que desde novembro non se rexistrasen reaccións ou medidas de apoio por parte das distintas administracións implicadas, mais agora que as praias comezan a verse cubertas de miles de bivalvos mortos e que o sector pesqueiro
leva xa semanas de inactividade continuada, a resposta da administración é perentoria.
Así, a Consellaría do Mar da Xunta da Galiza, a pesar de ter plenas competencias para actuar, limítase agora a demandar ao Estado medidas de apoio ao sector do mar, sen ter prevista ningunha propia. Un desleixo que vén a afondar na falta de
medidas dos últimos anos que poderían ter servido para afortalar o sector e, sobre todo, para preparalo para situacións como as que novamente estamos a vivir, medidas derivadas das competencias exclusivas do Goberno galego na materia.
Porén, á marxe das competencias da Xunta totalmente ignoradas e desatendidas, o Goberno do Estado ten tamén o deber de actuar no exercicio do seu ámbito competencial. Así, o Consello de ministros adoptou a decisión de declarar zona afectada
por emerxencia de protección civil á Galiza o pasado día 10 de febreiro, circunstancia que posibilita que os distintos Ministerios habiliten axudas propias dos seus ámbitos competencias, como é o caso do Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación en relación co sector pesqueiro e marisqueiro galego especialmente afectado pola vaga de temporais.
Efectivamente, cómpre facer frente ás consecuencias do mal tempo continuado desde novembro, que aínda persiste, dar a máxima cobertura social ás ducias de afectados e afectadas e evitar que continúe a sangría da perda de postos de traballo
no sector.
As medidas inmediatas, no entanto, deben tamén ir acompañadas doutras de calado que permitan avanzar e sentar as bases para comezar unha recuperación imprescindíbel e que haberá que abordar tamén con axilidade en canto se supere a situación
de emerxencia. Agora o sector do mar galego precisa dunha resposta estruturada e complementaria ás medidas activadas por outras administracións, que permita cubrir os danos non atendidos, apoiar ás persoas, ás familias e entidades afectadas e
evitar que soporten os custos desta en solitario.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Decretar de forma inmediata a exención das cotas da Seguridade Social ao sector do mar galego con efectos retroactivos dende o mes de novembro e até a recuperación da normal actividade.
2. Pór en marcha un plan de cobertura social para todas e todos os afectados, que inclúa axudas directas de emerxencia que lles permitan manter uns ingresos mínimos e paliar os danos materiais nos seus útiles de traballo, cando menos desde
o mes de novembro até febreiro incluído.
3. Pór a disposición das persoas armadoras e autónomas do mar que o necesiten, préstamos ou liñas de crédito para investimentos que lles permitan garantir a viabilidade da actividade.
4. Realizar unha avaliación e cuantificación dos danos e das perdas producidas no sector que permita planificar o conxunto das accións, medidas e axudas a estabelecer.
5. Garantir a axilidade na tramitación e xustificación das axudas que se estabelezan, especialmente nos casos de maior gravidade e nos que a inactividade acumulada sexa maior nos últimos catro meses, estabelecendo medidas de axilización,
simplificación e transparencia en coordinación e colaboración cos distintos subsectores.»
En Madrid, a 16 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/003073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
defensa del sector primario ante el acuerdo UE-MERCOSUR y contra los recortes de la PAC, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario del Estado español atraviesa una situación de creciente incertidumbre y deterioro, fruto de una combinación de factores económicos, regulatorios y geopolíticos que comprometen su viabilidad. Esta preocupación se ha
evidenciado de forma clara en las recientes movilizaciones del sector, como la manifestación celebrada en Madrid el pasado 11 de febrero, en la que cientos de agricultores y ganaderos, junto con tractores llegados desde distintos territorios,
alzaron la voz contra las políticas agrarias europeas y la falta de una defensa firme por parte del Gobierno del Estado.
En estas movilizaciones han tenido una presencia destacada los agricultores catalanes, con la participación activa de organizaciones representativas, que han trasladado hasta la puerta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la
preocupación y el malestar del sector agrario de Cataluña. Este sector, clave para la economía y el equilibrio territorial del país, se enfrenta a un escenario especialmente delicado debido al aumento de los costes de producción, la presión
reguladora y la falta de precios justos en origen.
Uno de los principales motivos de alarma es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del MERCOSUR. Este acuerdo, negociado durante décadas con falta de transparencia y sin la participación efectiva de los parlamentos ni de
los sectores afectados, supone una amenaza directa para el sector primario y evidencia una mala praxis institucional y un déficit de control democrático.
El acuerdo implica la liberalización de más del 90 % de los intercambios comerciales, incluyendo productos agrícolas y ganaderos, y comportará la entrada masiva en el mercado europeo de carne de vacuno y de ave, azúcar, miel o soja. Este
incremento de importaciones provocaría una presión a la baja sobre los precios en origen, agravando una situación en la que muchos productores ya se ven obligados a vender por debajo de los costes de producción.
Además, los productos procedentes del MERCOSUR no están sometidos a las mismas exigencias sanitarias, medioambientales, laborales y de bienestar animal que las impuestas a los productores europeos, lo cual genera una clara competencia
desleal.
Por eso, el sector reclama la incorporación efectiva de cláusulas espejo que garanticen la reciprocidad de condiciones.
Desde el punto de vista ambiental, el acuerdo es también preocupante, ya que no incorpora mecanismos vinculantes para garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de París y puede incentivar la deforestación en Sudamérica, en contradicción con
las exigencias ambientales que se imponen a los agricultores europeos.
Por su parte, el sector ganadero denuncia la persistencia de protocolos de sanidad animal obsoletos, poco ágiles y desconectados de la realidad productiva actual, que dificultan la capacidad de respuesta ante crisis sanitarias y suponen un
lastre para la competitividad.
A todo esto, se suma la preocupación por los futuros recortes de la Política Agraria Común (PAC), una herramienta esencial para la sostenibilidad económica de las explotaciones. El sector expresa un rechazo frontal a cualquier reducción de
los fondos previstos para el período 2028-2034, dado que esto tendría un impacto especialmente negativo en territorios como Cataluña, donde el sector agrario es clave para la gestión del territorio, la prevención de incendios y la lucha contra el
despoblamiento.
Pese a la gravedad de este escenario, el Gobierno del Estado ha mostrado una actitud pasiva y ambigua, sin liderar una posición clara de defensa del sector agrario ante las instituciones europeas, ni en relación con el acuerdo con el
MERCOSUR, ni en lo que se refiere a la defensa del presupuesto de la PAC, ni en la actualización de los protocolos de sanidad animal. Las movilizaciones recientes son una expresión clara del cansancio del sector y de la necesidad urgente de un
cambio de rumbo en la política agraria. La agricultura y la ganadería no son únicamente actividades económicas: son un pilar esencial para la soberanía alimentaria, la cohesión territorial, la protección del medio ambiente y el mantenimiento del
mundo rural.
Por todo ello, es imprescindible que el Gobierno del Estado adopte una posición clara, firme y activa en defensa del sector agrario, y en particular del sector agrícola catalán, en las instituciones europeas, garantizando la protección ante
el acuerdo con MERCOSUR mediante cláusulas espejo efectivas, la modernización de los protocolos de sanidad animal y el mantenimiento íntegro del presupuesto 2028-2034, con una financiación suficiente y equitativa que permita la continuidad de las
explotaciones agrarias.
Por todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR mientras no se garantice la reciprocidad en las condiciones de producción y comercialización de los productos agrarios y ganaderos, y votar en contra en el seno del
Consejo de la Unión Europea en su formato actual.
2. Defender la incorporación de cláusulas espejo vinculantes en todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea, asegurando que los productos importados cumplan los mismos estándares sanitarios, medioambientales, laborales y de bienestar
animal que los exigidos a los productores europeos.
3. Rechazar cualquier recorte del presupuesto de la Política Agraria Común para el período 2028-2034 y defender una reforma de su modelo de distribución que priorice las explotaciones familiares y profesionales, corrija la concentración de
ayudas en grandes perceptores y garantice una distribución más justa y equitativa de los recursos.
4. Impulsar la actualización de los protocolos de sanidad animal para hacerlos más ágiles, coordinados y adaptados a la realidad productiva, reduciendo la carga burocrática y mejorando la respuesta frente a crisis sanitarias.
5. Adoptar una posición activa de defensa del sector agrario ante las instituciones europeas, con una atención específica a los agricultores catalanes y al modelo de
explotación familiar, garantizando la viabilidad económica del sector, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2026.Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Teresa Jordà i Roura, a lempara del que sestableix en larticle 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la defensa del
sector primari davant lacord UE-MERCOSUR i contra les retallades de la PAC, per al seu debat en la Comissió dAgricultura, Pesca i Alimentació.
Exposició de motius
El sector agrari de lEstat espanyol travessa una situació de creixent incertesa i deteriorament, fruit duna combinació de factors econòmics, regulatoris i geopolítics que comprometen la seva viabilitat. Aquesta preocupació sha evidenciat
de manera clara en les recents mobilitzacions del sector, com la manifestació celebrada a Madrid el passat 11 de febrer, en la qual centenars dagricultors i ramaders, juntament amb tractors arribats des de diferents territoris, van alçar la veu
contra les polítiques agràries europees i la manca duna defensa ferma per part del Govern de lEstat.
En aquestes mobilitzacions hi ha tingut una presència destacada la pagesia catalana, amb la participació activa dorganitzacions representatives, que han traslladat fins a la porta del Ministeri dAgricultura, Pesca i Alimentació, la
preocupació i el malestar del sector agrari de Catalunya. Aquest sector, clau per a leconomia i lequilibri territorial del país, senfronta a un escenari especialment delicat a causa de laugment dels costos de producció, la pressió reguladora i
la manca de preus justos en origen.
Un dels principals motius dalarma és lacord comercial entre la Unió Europea i els països del MERCOSUR. Aquest acord, negociat durant dècades amb manca de transparència i sense la participació efectiva dels parlaments ni dels sectors
afectats, suposa una amenaça directa per al sector primari i evidencia una mala praxi institucional i un dèficit de control democràtic.
Lacord implica la liberalització de més del 90 % dels intercanvis comercials, incloent-hi productes agrícoles i ramaders, i comportarà lentrada massiva al mercat europeu de carn de boví, aviram, sucre, mel o soja. Aquest increment
dimportacions provocaria una pressió a la baixa sobre els preus en origen, agreujant una situació en què molts productors ja es veuen obligats a vendre per sota dels costos de producció.
A més, els productes procedents del MERCOSUR no estan sotmesos a les mateixes exigències sanitàries, mediambientals, laborals i de benestar animal que les imposades als productors europeus, fet que genera una clara competència deslleial.
Per això, el sector reclama la incorporació efectiva de clàusules mirall que garanteixin la reciprocitat de condicions.
Des del punt de vista ambiental, lacord també és preocupant, ja que no incorpora mecanismes vinculants per garantir el compliment dels Acords de París i pot incentivar la desforestació a Sud-amèrica, en contradicció amb les exigències
ambientals que simposen als agricultors europeus.
Daltra banda, el sector ramader denuncia la persistència de protocols de sanitat animal obsolets, poc àgils i desconnectats de la realitat productiva actual, que dificulten la capacitat de resposta davant crisis sanitàries i suposen un
llast per a la competitivitat.
A tot plegat shi suma la preocupació per les futures retallades de la Política Agrària Comuna (PAC), una eina essencial per a la sostenibilitat econòmica de les explotacions. El sector expressa un rebuig frontal a qualsevol reducció dels
fons previstos per al
període 2028-2034, atès que això tindria un impacte especialment negatiu en territoris com Catalunya, on el sector agrari és clau per a la gestió del territori, la prevenció dincendis i la lluita contra el despoblament.
Malgrat la gravetat daquest escenari, el Govern de lEstat ha mostrat una actitud passiva i ambigua, sense liderar una posició clara de defensa del sector agrari davant les institucions europees, ni en relació amb lacord amb el MERCOSUR,
ni pel que fa a la defensa del pressupost de la PAC, ni en lactualització dels protocols de sanitat animal. Les mobilitzacions recents són una expressió clara del cansament del sector i de la necessitat urgent dun canvi de rumb en la política
agrària. Lagricultura i la ramaderia no són únicament activitats econòmiques: són un pilar essencial per a la sobirania alimentària, la cohesió territorial, la protecció del medi ambient i el manteniment del món rural.
Per tot això, és imprescindible que el Govern de lEstat adopti una posició clara, ferma i activa en defensa del sector agrari, i en particular de la pagesia catalana, a les institucions europees, garantint la protecció davant lacord amb
MERCOSUR mitjançant clàusules mirall efectives, la modernització dels protocols de sanitat animal i el manteniment íntegre del pressupost de la Política Agrària Comuna per al període 2028-2034, amb un finançament suficient i equitatiu que permeti la
continuïtat de les explotacions agràries.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Rebutjar lacord comercial entre la Unió Europea i el MERCOSUR mentre no es garanteixi la reciprocitat en les condicions de producció i comercialització dels productes agraris i ramaders, i votar-hi en contra en el si del Consell de la
Unió Europea en el seu format actual.
2. Defensar la incorporació de clàusules mirall vinculants en tots els acords comercials de la Unió Europea, assegurant que els productes importats compleixin els mateixos estàndards sanitaris, mediambientals, laborals i de benestar animal
que els exigits als productors europeus.
3. Rebutjar qualsevol retallada del pressupost de la Política Agrària Comuna per al període 2028-2034 i defensar una reforma del seu model de distribució que prioritzi les explotacions familiars i professionals, corregeixi la concentració
dajudes en grans perceptors i garanteixi una distribució més justa i equitativa dels recursos.
4. Impulsar lactualització dels protocols de sanitat animal per fer-los més àgils, coordinats i adaptats a la realitat productiva, reduint la càrrega burocràtica i millorant la resposta davant crisis sanitàries.
5. Adoptar una posició activa de defensa del sector agrari davant les institucions europees, amb una atenció específica a la pagesia catalana i al model dexplotació familiar, garantint la viabilitat econòmica del sector, la cohesió
territorial i la sobirania alimentària.»
Palau del Congrés dels Diputats, 16 de febrer de 2026.Teresa Jordà i Roura, Portaveu adjunta del Grup Parlamentari Republicà.
161/003075
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
Acuerdo Comercial UE-MERCOSUR, para su tramitación en esta Comisión.
Exposición de motivos
El Acuerdo UE-MERCOSUR tiene gran importancia para España y para la UE, desde el punto de vista político, económico-comercial y estratégico, pero no para el sector primario al que lo sitúa con riesgos evidentes. Tiene ganadores claros
especialmente el sector industrial automovilístico, farmacéutico y comercial, sectores con poca o nula presencia en Canarias. El Acuerdo permitirá eliminar numerosas barreras arancelarias y no arancelarias. MERCOSUR liberalizará el 91 % de sus
importaciones (91 % de líneas arancelarias) y la UE liberalizará el 92 % de sus importaciones (95 % de líneas arancelarias).
El pasado día 9 de enero, se comunicó formalmente y se aprobó el acuerdo comercial con MERCOSUR Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y la Comisión Europea; según la declaración conjunta de fecha 6 de diciembre de 2025, que se transcribe
a continuación:
«Declaración Conjunta de los Estados Partes Signatarios del MERCOSUR Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y la Comisión Europea sobre la conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Asociación 6 de diciembre de 2024 Los Estados Partes
Signatarios del MERCOSUR -la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguayy la Comisión Europea anunciaron, en la 65.ª Cumbre del MERCOSUR (Montevideo, 6 de diciembre), la
conclusión de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre las dos regiones, luego de más de dos décadas de negociaciones.»
El acuerdo supone la eliminación progresiva de los aranceles que se aplican, actualmente, a un gran número de productos agroalimentarios europeos, en los que España tiene intereses comerciales, como el aceite de oliva, vino, frutas y
hortalizas o porcino. En contrapartida, la UE liberalizará el 82 % de las importaciones agroalimentarias del bloque de MERCOSUR e impondrá contingentes arancelarios para aquellos productos más sensibles.
La UE presenta ventaja comparativa frente a MERCOSUR en la provisión de productos de mayor contenido tecnológico, como la maquinaria, productos químicos y farmacéuticos, maquinaria, vehículos y productos eléctricos, mientras que los países
de MERCOSUR muestran ventaja comparativa en aquellos bienes intensivos en materias primas o recursos naturales, como los animales, minerales, alimentos o vegetales.
Los países de MERCOSUR, por su parte, tienen una ventaja en la producción de alimentos, productos agrícolas y minerales. Para las principales economías europeas, el peso en el PIB de los sectores en los cuales MERCOSUR tiene una ventaja
comparativa, basado en la participación del valor añadido por dichos sectores a la demanda final de la UE. Los países que quedarían más expuestos a la competencia de MERCOSUR serían aquellos con mayor peso de los sectores agrícolas y de alimentos.
El Acuerdo Comercial entre la UE y MERCOSUR y su impacto sobre el sector primario de Canarias.
Las producciones ganaderas y agrícolas de los países que integran MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) son productores de carne de vacuno, aves de corral y porcino, y también de miel. En cuanto a producciones agrícolas, destaca
la competencia sobre productos como Arroz, millo, etc., y especialmente que pueda afectar a Canarias la producción platanera y vinícola.
En un momento en que La Unión Europea se está sometiendo a las producciones españolas y por lo tanto las canarias a nuevas regulaciones muy restrictivas en cuanto a los procesos de producción y comercialización; el establecimiento de
diferentes acuerdos preferenciales con muchos países puede poner en clara desventaja nuestra competitividad.
Por otro lado, la enorme carga burocrática a la que se someten las explotaciones en Europa, hace que el establecimiento de nuevas explotaciones sea cada vez más difícil.
Los productos de MERCOSUR pueden competir «deslealmente» en el mercado europeo frente a las producciones locales:
Al no poder establecerse «clausulas espejo» con respecto a las normativas de los sistemas de producción, lo que hace que los costes de producción puedan ser más bajos: costes de mano de obra, normativas productivas como tratamientos
fitosanitarios y zoosanitarios, normativa ambiental y territorial, etc.
Ser sistemas de producción de mayor dimensión y de grandes superficies que difícilmente permiten competir en igualdad de condiciones.
Por lo tanto, no hay reciprocidad en sanidad vegetal y animal, en la regulación de la procesos agronómicos y zootécnicos, en las regulaciones territoriales y ambientales, y en la carga burocrática que se le exige a las explotaciones
agrarias.
Solo unos meses después de que agricultores y ganaderos manifestaran su malestar en calles y carreteras de todo el país por una situación que consideraban insostenible, el acuerdo de la UE con MERCOSUR ha avivado el malestar en el sector
primario.
Por lo pronto, las asociaciones profesionales agrarias y agrupaciones de productores de las Islas han manifestado el rechazo unánime a las condiciones actuales del Acuerdo de Asociación entre MERCOSUR y la UE; que ponen en peligro las
producciones agrícolas y ganaderas españolas, así como el modelo productivo europeo, más sostenible y respetuoso social y medioambientalmente.
En este sentido, han calificado de «estocada final y traición al sector agrario europeo, al considerar que se ha sacrificado la producción de alimentos en beneficio de otras actividades económicas. El acuerdo actual es inaceptable y
representa una falta de lealtad hacia el sector agrario europeo. Exigimos que se actualicen las ayudas porque, de lo contrario, estaremos abocados a desaparecer».
Además, se insistió «en que las consecuencias negativas de este acuerdo con MERCOSUR serán mucho más graves para los productores en Canarias, donde el reducido tamaño de las explotaciones hará imposible competir con grandes potencias como
Argentina o Brasil, especialmente, en el subsector ganadero».
Proposición no de Ley
Por todo lo anteriormente expuesto,
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Primero. Establecer, si fuera necesario, nuevas medidas compensatorias a las explotaciones agrarias de Canarias, por el establecimiento del acuerdo UE-MERCOSUR, y otros acuerdos preferenciales, añadidas a las ya establecidas.
Segundo. Garantizar que los productos que proceden de las importaciones cumplen rigurosamente con los estándares de calidad, sanidad y seguridad alimentaria europea, exigiéndole a las explotaciones de los países con los que se tomen
acuerdos preferenciales la misma normativa fitosanitario y zoosanitaria alimentaria, que ya cumplen los productores europeos.
Tercero. Seguir impulsando, en el seno de la Unión Europea, la inclusión de «cláusulas espejo» en los acuerdos comerciales que garantice la reciprocidad en el cumplimiento de la normativa europea de calidad. La UE debe garantizar tanto la
seguridad alimentaria como la reciprocidad y en caso contrario el acuerdo se debería revisar, modificar y/o anular.
Cuarto. Compensar a los productores isleños por las regulaciones ambientales y territoriales, promoviendo el cambio desde una política que reconozca y compense el papel de los agricultores en nuestros agrosistemas y ecosistemas.
Quinto. Exigir a Europa una evaluación sobre el impacto de dicho acuerdo en el sector agrario de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), entre las que se encuentra Canarias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto
Comisión de Política Territorial
161/003098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de revisar el marco normativo aplicable a los municipios de
menor población, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Los municipios de menor población desempeñan un papel esencial en la vertebración territorial, la cohesión social y la preservación del medio rural de nuestro país. Sin embargo, para su gestión ordinaria, el marco normativo plantea un
conjunto de cargas administrativas, financieras, organizativas y de control que supera la capacidad de los recursos humanos y materiales de los que habitualmente disponen estos municipios.
En la práctica, especialmente tras la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que aumentó las cargas administrativas y redujo la autonomía local, los
municipios con apenas decenas o cientos de habitantes deben cumplir los mismos requisitos procedimentales que grandes ciudades o capitales de provincia. Esta situación incrementa la carga burocrática y compromete la capacidad operativa de numerosos
pequeños gobiernos locales, dificultando su legitimidad frente a sus vecinos y poniendo en riesgo la adecuada prestación de los servicios públicos, por lo que genera una mayor brecha de desigualdad y equidad.
En el ordenamiento jurídico vigente existen previsiones orientadas a garantizar la prestación obligatoria de determinados servicios por parte de los municipios moduladas en función de su población, por lo que debe garantizarse, mediante
las disposiciones normativas adecuadas, la prestación de tales servicios conforme a estándares de calidad básicos. Es necesario profundizar en la mejora de la calidad y la sostenibilidad de los servicios locales prestados por estos municipios de
menor población.
Se trata de garantizar el principio democrático de la autonomía local de los municipios con el uso de medios de las diputaciones provinciales y otras entidades supramunicipales, en aplicación del principio de colaboración interadministrativa
y preservando siempre la competencia de los propios municipios de definir las prioridades políticas de su actuación.
Por todo ello, es imprescindible actualizar el marco normativo vigente para adaptarlo a la realidad funcional y la diversidad de los municipios y garantizar la calidad y sostenibilidad de los servicios públicos locales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Promover, a través de las Delegaciones del Gobierno, la elaboración y adopción por parte de Comisiones Territoriales de Coordinación previstas en el art. 154 LRJSP, de programas de gestión colaborativa que aseguren la eficiencia y la
calidad de los servicios públicos en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
2. Adoptar las medidas necesarias para que los municipios con población inferior a 20.000 habitantes puedan encomendar la gestión de los servicios obligatorios de su competencia a las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, con
el objetivo de garantizar su calidad. La financiación de estos servicios corresponderá a los Ayuntamientos, sin perjuicio de las subvenciones que puedan establecerse por las restantes Administraciones, y de la financiación por las Diputaciones y
CCAA del funcionamiento ordinario de sus servicios.
3. Trabajar en el desarrollo de una metodología para la elaboración de planes de garantía de los servicios públicos en los municipios de menos de 20.000 habitantes; metodología que se pondrá a disposición de las Comisiones Territoriales de
Coordinación.
4. Garantizar, en todo caso, que los municipios de menos de 20.000 habitantes disponen de autonomía en las decisiones relativas a los servicios de su competencia, con los límites establecidos en el correspondiente convenio.
5. Impulsar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, la planificación y evaluación de estas actuaciones de conformidad con el artículo 3 de la LRJSP, así como el intercambio de información, la identificación de las
mejores prácticas y, en su caso, el establecimiento de directrices y criterios de común acuerdo.
6. Garantizar que los medios propios de la Administración General del Estado puedan utilizarse por los Ayuntamientos a través de la gestión colaborativa, cuando la Diputación o la Comunidad Autónoma firmante tenga participación en el
capital social de la entidad, de conformidad con sus estatutos y la normativa vigente.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2026.Andrea Canelo Matito e Irene Jódar Pérez, Diputadas.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces Grupo Parlamentario Socialista.
161/003099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de índices sintéticos de desarrollo territorial como herramienta
de diagnóstico, planificación y evaluación de nuevas políticas públicas con enfoque municipal, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
En España se contabilizan 8.132 municipios. De ellos, el 49,1 % tiene menos de 500 habitantes, el 41,5 % tiene entre 500 y 10.000 habitantes, el 8,6 % tiene entre 10.000 y 100.000 habitantes y, por último, 68 municipios (menos del 0,8 % del
total) tienen más de 100.000 habitantes.
Los datos sobre la realidad territorial y demográfica de nuestro país son indisociables del fenómeno de la despoblación, cuyos efectos se aprecian a escala municipal y tiene una especial incidencia en el entorno rural.
El diagnóstico impele a los poderes públicos el diseño de políticas públicas destinadas a revertir el fenómeno de la despoblación y a ayudar a los municipios de menor población para que puedan garantizar la calidad y sostenibilidad de los
servicios públicos locales.
En línea con este planteamiento, el Gobierno de España ha situado la cohesión social y territorial como una prioridad de acción. La publicación del Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico junto a la puesta en marcha de medidas de
apoyo al medio rural como el DUS 5000, el PREE 5000, el impulso a las comunidades energéticas locales, el impulso de la bioeconomía local, y los proyectos de saneamiento, depuración y abastecimiento de agua en pequeños municipios, con una dotación
conjunta de más de 1.200 millones de euros, son sólo algunos ejemplos de políticas públicas que, atendiendo a la realidad territorial y demográfica de nuestro país, sitúan el reto demográfico como una prioridad de país. El Gobierno ya ha señalado
en diversas ocasiones que se encuentra además elaborando un nuevo marco estratégico, que se compondrá de tres elementos: la nueva Estrategia Nacional para el Reto Demográfico, el Plan País de los 30 Minutos y el Observatorio para la Equidad
Territorial y el Reto Demográfico.
Como es preceptivo, el diseño de estas y otras políticas públicas exige un diagnóstico previo que permita a los poderes públicos ajustar el alcance y la eficacia de las mismas. En el ámbito local, es imperioso tener en cuenta la diversidad
de nuestros municipios.
La Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local) introduce una primera categorización, al otorgar un cierto régimen diferenciado a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Esta categorización se
extiende después a otras normas que regulan el régimen local. Sin embargo, es evidente que bajo estas dos grandes categorías (los municipios de más de 5.000 habitantes y los municipios de menos de 5.000 habitantes) existen inmensas disparidades
entre municipios. Más aún cuando el 83 % de los municipios españoles tienen menos de 5.000 habitantes. En este sentido, esta categorización podría ser mejorada para diseñar políticas públicas aún más ajustadas a la realidad de los municipios.
En ocasiones, y vinculando la necesidad de categorizar los municipios con el proceso de despoblación que sufren buena parte de los municipios de España, se utiliza la ratio de densidad de población. La Unión Europa fija esta ratio en 12,5
hab/km2. Según los datos oficiales, el 82,37 % de los municipios tienen menos de 100 habitantes por km2, y el 48,4 % de los municipios tienen menos de 12,5 habitantes por km2. Más allá de que estos datos reflejan un indudable problema en materia
de despoblación, es evidente que, como categorización e instrumento para el diseño de políticas públicas, este indicador por sí solo resulta de una utilidad limitada.
Por otra parte, el indicador de la densidad de población sufre de distorsiones habituales porque, en realidad, pone en relación dos variables: el número de habitantes del municipio y su superficie. Cuando la superficie de un municipio es
excepcionalmente extensa (o excepcionalmente reducida), la ratio de la densidad de población pierde su utilidad como descriptor de una realidad.
Con el afán de mejorar el diagnóstico, se han elaborado herramientas que renuevan la medición de desarrollo municipal. Sin ir más lejos, en nuestro país existen experiencias en las que se han creado índices que ponen en relación varios
indicadores de desarrollo municipal, más allá del número de habitantes o la densidad de población.
Es el caso del índice Sintético de Desarrollo Territorial, que existe en Aragón en el marco de la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación, aprobada por Decreto 165/2017, de 31 de octubre,
del Gobierno de Aragón. El ISDT es un indicador estadístico desarrollado y calculado por el Gobierno de Aragón para medir el nivel de desarrollo territorial de los municipios, comarcas y asentamientos aragoneses y evaluar el grado de cohesión
territorial.
Este índice incluye toda una serie de variables, además de las ya mencionadas población y densidad de población. Entre ellas, el índice de envejecimiento y sobreenvejecimiento, el saldo migratorio o varios indicadores de tipo económico.
El índice se utiliza, por ejemplo, en las convocatorias para el reparto del Fondo de Cohesión Territorial.
Si bien la Directriz y el propio ISDT ha sido informado por la Cámara de Cuentas de Aragón en julio de 2024, concluyendo que es precisa una revisión, simplificación y mejora del índice, no cabe duda de que la información que de él se deriva
es muy significativa, y que puede utilizarse para categorizar municipios con muy diversas finalidades.
Siguiendo esta misma línea, Navarra presentó en junio de 2025 su Indicador Multidimensional de Riesgo de Despoblación, diseñado por la Dirección General de Administración Local y Despoblación. El indicador navarro se basa en 27 variables
agrupadas en cuatro dimensiones clave: demografía, economía, servicios y relaciones sociales. Esto permite identificar tanto los efectos como las causas del riesgo de despoblación, orientando la acción pública de manera más eficiente. El
indicador categoriza los municipios navarros en función de su riesgo de despoblación.
La Administración General del Estado dispone de competencias y capacidades técnicas para desarrollar índices nacionales de desarrollo territorial de ámbito estatal que, respetando las competencias autonómicas y locales, establezcan un marco
común de diagnóstico y permita la comparabilidad entre territorios. Estas herramientas no sustituirían ni uniformizarían los índices autonómicos ya existentes, sino que actuarían como un estándar de referencia y un instrumento de cohesión
interterritorial, en línea con los principios de cooperación, lealtad institucional y solidaridad que inspiran nuestro ordenamiento.
El Gobierno de España ha demostrado sobradamente su compromiso con el reto demográfico. Consciente de que su empeño no ceja ni cejará, el Grupo Parlamentario Socialista propone el desarrollo de herramientas que ayuden en la evaluación de
las políticas ya implementadas y en el diseño de las nuevas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a desarrollar, en coordinación con las comunidades autónomas, las entidades locales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), índices nacionales de desarrollo
territorial, multivariables, que sirvan de herramienta para el diagnóstico, diseño y evaluación de nuevas políticas públicas ajustadas a las necesidades de los municipios, con especial atención a las derivadas de la despoblación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2026.Andrea Canelo Matito y Marta Gracia Blanco, Diputadas.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003064
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la erradicación de la contaminación y la recuperación definitiva del litoral de A Ribeiriña, en A Pobra do Caramiñal, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Tras los vertidos de hidrocarburos ocurridos en enero de 2025 en el litoral de A Ribeiriña, en A Pobra do Caramiñal, ahora, un año después, ante las nuevas denuncias de los vecinos y las vecinas de la zona, la Consejería de Medio Ambiente ha
confirmado que han vuelto a constatar filtraciones procedentes de los terrenos de la antigua conservera de la «Onza de Oro» en la que Costas había llevado a cabo un proyecto de regeneración.
La Consejería de Medio Ambiente ha informado de que mantuvo una reunión en diciembre con la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad y Costas, para esclarecer los extremos del proyecto de recuperación acometido desde el
Ministerio, y dando un plazo para la presentación de la documentación hasta el mes de marzo.
Queda por tanto constatado que la Administración del Estado ha sido quien ha llevado a cabo las actuaciones de regeneración en el Dominio Público Marítimo Terrestre en el litoral de A Ribeiriña y, por tanto, también es responsable de
subsanar las deficiencias detectadas en dicha actuación y dar una solución definitiva, por compleja que sea, a los posibles defectos en la ejecución, así como adoptar medidas para contener los vertidos y erradicar el foco de contaminación. Una
reclamación que el BNG ya ha trasladado al Ejecutivo a través de iniciativas en el Congreso de los Diputados.
Por otro lado, debe destacarse que los distintos proyectos desarrollados por la Administración del Estado desde el año 2011 en la zona de A Ribeiriña ya han implicado cambios positivos para los vecinos y las vecinas que llevaban décadas
soportando una situación de abandono y progresivo deterioro ambiental. Sin embargo, a la vista está que las actuaciones realizadas en los últimos más de diez años por el Gobierno del Estado no han sido aún suficientes para permitir hablar de una
verdadera recuperación de toda la zona literal de A Ribeiriña. Así, el principal obstáculo en estos momentos para poder avanzar con las mejoras es, sin duda, la antigua nave industrial de HADASA, ubicada en una parcela que en su mayor parte es de
titularidad privada y que se encuentra en un avanzado estado de degradación.
Cabe recordar que la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, incluye en su artículo 5.3 una referencia a la colaboración y cooperación entre administraciones. Se establece así que para la implementación de
políticas públicas de desarrollo sostenible del litoral, la ejecución de actuaciones estratégicas o la gestión de áreas, espacios o elementos del litoral en los que otras administraciones puedan tener interés, se podrán promover convenios de
colaboración y fórmulas de cooperación que favorezcan la adopción de decisiones conjuntas y responsabilidades compartidas. Un concepto que también se contempla en el artículo 116 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que contempla la
necesidad de que las administraciones públicas cuyas competencias incidan sobre este ámbito espacial establezcan cauces de colaboración, coordinación y respeto.
Y de eso se trata, de buscar la colaboración entre las administraciones competentes para dar continuidad a las mejoras iniciadas hace años en el lugar de A Ribeiriña, en su litoral, para tomar medidas de protección que permitan que no siga
avanzando el deterioro de la zona, y mejorar el medioambiente y el paisaje.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Agilizar la ejecución del proyecto de recuperación integral del litoral de A Ribeiriña, en A Pobra do Caramiñal, adoptando las medidas necesarias para contener los vertidos que se vienen produciendo desde principios de 2025, dando una
solución definitiva a la contaminación que provocan.
2. Elaborar, en colaboración con la Xunta de Galicia, un proyecto de continuidad de la recuperación iniciada, que incluya la necesaria adquisición y demolición de la antigua
nave industrial de HADASA, para impedir que continúe la degradación de la zona y contribuir a la mejora del paisaje y del entorno natural, poniendo los terrenos a disposición del uso y disfrute público.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á erradicación da contaminación e á recuperación definitiva do litoral da Ribeiriña, na Pobra do Caramiñal, para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Despois dos vertidos de hidrocarburos que se produciron en xaneiro de 2025 no litoral da Ribeiriña, na Pobra do Caramiñal, agora, un ano despois, diante das novas denuncias da veciñanza do lugar, a Consellaría de Medio Ambiente ven de
confirmar que volveron constatar filtracións procedentes dos terreos da antiga nave conserveira da «Onza de Oro» en que Costas levara a cabo un proxecto de rexeneración.
A Consellaría de Medio Ambiente informou de que mantivo unha reunión no mes de decembro coa Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sustentabilidade e de Costas, para esclarecer os extremos do proxecto de recuperación acometido desde o
Ministerio, e dando prazo para a presentación da documentación até o mes de marzo.
Queda constatado pois que a Administración do Estado foi quen levou a cabo as actuacións de rexeneración no Dominio Público Marítimo Terrestre no litoral da Ribeiriña e, por tanto, é tamén a responsábel de subsanar as deficiencias detectadas
nesa actuación e dar solución definitiva, por moi complexa que sexa, aos posíbeis defectos da execución, así como adoptar medidas para conter os vertidos e erradicar o foco de contaminación. Unha reclamación que o BNG ten xa trasladado ao Executivo
a través de iniciativas no Congreso dos Deputados.
Por outro lado, debe destacarse que os distintos proxectos desenvolvidos pola Administración estatal dende o ano 2011 na contorna da Ribeiriña implicaron xa cambios positivos para os veciños e veciñas que levaban décadas soportando unha
situación de abandono e progresivo deterioro medioambiental. Con todo, á vista está que as accións realizadas nos máis de dez anos últimos polo Goberno do Estado non foron aínda suficientes para podermos falar dunha verdadeira recuperación de toda
a zona litoral da Ribeiriña. Así, o principal obstáculo nestes momentos para poder avanzar coas melloras é, sen dúbida, a antiga nave industrial de HADASA, situada nunha parcela que na súa maioría é de titularidade privada e que se encontra nun
avanzado estado de degradación.
Hai que lembrar que a Lei 4/2023, de ordenación e xestión integrada do litoral de Galiza recolle no artigo 5.3 unha referencia a colaboración e cooperación entre administracións. Estabelécese así que para a implementación de políticas
públicas de desenvolvemento sustentable do litoral, a execución de accións estratéxicas ou a xestión de ámbitos, espazos ou elementos do litoral nos cales poidan ter interese outras administracións, poderán promoverse convenios de colaboración e
fórmulas de cooperación que favorezan a adopción de decisións conxuntas e de responsabilidades compartidas. Concepto que tamén se contempla no artigo 116 da Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas, que contempla a necesidade de que as
Administracións públicas cuxas competencias incidan sobre ese ámbito espacial a estabelece canles de colaboración, coordinación e respecto.
E disto se trata, de buscar a colaboración entre as administracións competentes para dar continuidade ás melloras que hai anos comezaron no lugar da Ribeiriña, no seu litoral, de tomar medidas de protección que permitan que non siga
avanzando a deterioración da zona, que se mellore o medio ambiente e a paisaxe.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Axilizar a execución do proxecto de recuperación integral do litoral da Ribeiriña, na Pobra do Caramiñal, adoptando as medidas necesarias para conter os vertidos que se veñen producindo dende primeiros de 2025, dando unha solución
definitiva á contaminación que provocan.
2. Elaborar, en colaboración coa Xunta da Galiza, un proxecto de continuación da recuperación iniciada, que inclúa a necesaria adquisición e derrube da antiga nave industrial de HADASA, para impedir que continúe a degradación da zona e
contribuír a mellorar a paisaxe e o medio natural, poñendo os terreos a disposición do uso e desfrute público.»
En Madrid, a 14 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Cultura
161/003065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Jacobo Fernández-Robatto Perote, Joaquín Robles López, Blanca Armario González, Ricardo Chamorro Delmo y José Ramírez del Río, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a conmemorar el V centenario del nacimiento de don Alvaro de Bazán y reivindicar su legado
histórico, naval y cultural, para su discusión en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En 2026 se cumplen quinientos años del nacimiento de don Alvaro de Bazán, una de las figuras militares y navales más relevantes de la historia de España y, sin embargo, una de las más injustamente olvidadas por las políticas culturales e
institucionales actuales. Nacido en Granada en 1526, Bazán representa no solo una de las cumbres del poder naval español, sino también un ejemplo excepcional de liderazgo, estrategia, servicio a la Nación y defensa de la unidad y proyección de
España en el mundo1.
Don Alvaro de Bazán fue el primer marino español que jamás conoció la derrota, una circunstancia sin precedentes en la historia naval universal. Su trayectoria militar, desarrollada al servicio de la Monarquía Hispánica durante el siglo
XVI, estuvo marcada por victorias decisivas en el Mediterráneo y el Atlántico, por la modernización de la Armada y por la consolidación de España como primera potencia marítima de su tiempo. Su genio estratégico fue determinante en episodios clave
como la victoria de Lepanto, la 1 https://historia-hispanica.rah.es/biografias/5632-alvaro-de-bazan-y-guzman
pacificación del Mediterráneo frente a la piratería otomana y berberisca, y la organización de una flota moderna basada en la disciplina, la logística y la innovación táctica2.
Pese a ello, sin embargo, la figura de don Alvaro de Bazán no ha sido adecuadamente reconocida, difundida ni integrada de forma sistemática en las políticas culturales, educativas o conmemorativas que se han desarrollado hasta ahora en
España. Este vacío resulta especialmente llamativo si se compara con el tratamiento preferente que reciben otros personajes históricos de menor trascendencia objetiva, elevados por criterios ideológicos, coyunturales o revisionistas que poco tienen
que ver con el rigor histórico.
La falta de reconocimiento institucional a Bazán no es una omisión neutra, sino el reflejo de una política cultural que, durante décadas, ha tendido a minimizar o silenciar los grandes referentes de la historia nacional, sustituyéndolos por
relatos fragmentados o ajenos al legado común.
En consecuencia, el V centenario del nacimiento de quien encarna como pocos la proyección universal de España constituye una oportunidad única e irrepetible para reparar este olvido, para situar a don Alvaro de Bazán en el lugar que le
corresponde y para proyectar su legado como ejemplo de excelencia, mérito, servicio público y compromiso con España. No obstante, reivindicar a don Alvaro de Bazán es reivindicar una visión de la historia basada en hechos, en logros contrastados y
en figuras que contribuyeron de manera decisiva a la construcción de España como Nación frente a discursos que trivializan, fragmentan o desacreditan nuestro pasado común.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Impulsar un programa institucional de conmemoración del V centenario del nacimiento de don Alvaro de Bazán (1526-2026) que incluya actos oficiales, jornadas académicas, exposiciones y actividades divulgativas en colaboración con
universidades, instituciones culturales, archivos históricos y entidades especializadas en historia.
2. Promover la incorporación y el refuerzo del estudio de la figura y el legado de don Alvaro de Bazán destacando su papel decisivo en la historia naval española, su contribución a la defensa del Mediterráneo y su relevancia como referente
histórico español.
3. Desarrollar iniciativas de puesta en valor patrimonial, cultural y turístico vinculadas a la figura de don Alvaro de Bazán y fomentar rutas culturales, materiales divulgativos y proyectos de difusión que refuercen el conocimiento social
de su legado.
4. Reconocer el V centenario del nacimiento de don Alvaro de Bazán como efeméride de interés histórico nacional garantizando una conmemoración acorde a la importancia real de su figura frente al olvido institucional de uno de los mayores
marinos de la historia de España.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2026.Blanca Armario González, José Ramírez del Río, Joaquín Robles López, Jacobo González-Robatto Perote y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
2 https://ejercito.defensa.gob.es/ museo/HECHOS_HISTORICOS/HECHOS_HISTORICOS/12.12...
161/003066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a conmemorar el centenario del vuelo del Plus Ultra y ponerlo en valor como referente histórico, cultural y tecnológico, para su discusión en la
Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En 1926 se consumó uno de los hitos más extraordinarios de la historia de la aeronáutica civil española y mundial: la travesía del hidroavión Plus Ultra desde Palos de la Frontera hasta Buenos Aires, completando una proeza de navegación
aérea transoceánica en pleno periodo pionero de la aviación. Esta expedición, dirigida por el capitán Ramón Franco junto con su tripulación entre la que destaca el capitán Julio Ruiz de Alda no solo marcó un momento de orgullo para España, sino
que consolidó a nuestra Nación como protagonista en el desarrollo de los vuelos de largo recorrido, demostrando coraje, innovación y capacidad técnica en un contexto internacional dominado por potencias aeronáuticas más desarrolladas1.
El Plus Ultra partió de Palos de la Frontera el 22 de enero de 1926 y, tras sobrevolar el Océano Atlántico y realizar diversas escalas técnicas, llegó a Buenos Aires el 26 de febrero de ese mismo año. La hazaña realizada con medios
tecnológicos muy precarios desde el punto de vista contemporáneo fue celebrada en ambos lados del Atlántico como un símbolo de audacia, ingenio y espíritu explorador. El vuelo fue una verdadera empresa de proyección internacional y un momento de
exaltación patriótica que reforzó los lazos culturales y lingüísticos entre España e Hispanoamérica. El hidroavión mismo, bautizado con el nombre de Plus Ultra, haciendo un guiño a las grandes empresas de ultramar del pasado nacional, encarnó un
mensaje de superación y de expansión de fronteras técnicas y humanas2.
Desde una óptica histórica, el vuelo del Plus Ultra representa una cima de la primera era de la aviación civil, un hito comparable con otros grandes desafíos transoceánicos de la época. A pesar de ello, en el imaginario colectivo y en las
políticas públicas de memoria histórica y difusión cultural, esta efeméride no ha recibido el reconocimiento institucional que merece.
Este acontecimiento, además, refuerza la continuidad histórica de exploración, comunicación y proyección ultramarina que ha caracterizado a España desde los orígenes de la modernidad europea. Por ello, en un momento en que la historia y la
cultura requieren referentes que conecten pasado y futuro, España tiene la obligación moral y cultural de poner en valor este centenario a través de una conmemoración amplia y rigurosa que llegue a las escuelas, a los medios, a las instituciones
culturales y a todos en general. Considerar este centenario como una efeméride de interés histórico, cultural y científico permitirá difundir un hecho de enorme significado para la historia de la aviación, para la proyección internacional de España
y para la identidad cultural de nuestro pueblo.
La conmemoración del vuelo del Plus Ultra es, asimismo, una oportunidad para destacar la importancia de la innovación tecnológica, la formación técnica y el espíritu de superación; valores que deben ser transmitidos a las nuevas
generaciones. La existencia de archivos, documentos y materiales históricos asociados a esta gesta exige una acción 1 https://www.acami.es/efemerides/22-de-enero-de-1926/
2 https://radiografica.org.ar/2021/02/10/la-travesia-del-plus-ultra-historia-de-un...
institucional que no se limite a actos simbólicos, sino que se traduzca en programas de difusión, educación permanente y reconocimiento patrimonial.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Conmemorar el centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra (1926-2026) como efeméride de interés histórico y cultural apoyando la creación de actos, exposiciones, publicaciones y actividades culturales que permitan su difusión amplia
en toda España.
2. Promover, en colaboración con universidades, archivos históricos, centros de investigación, asociaciones aeronáuticas y entidades culturales, la elaboración de materiales didácticos y programas educativos específicos que difundan el
significado histórico, tecnológico y humano del vuelo del Plus Ultra en los centros educativos españoles.
3. Reivindicar la hazaña del Plus Ultra desde una perspectiva patrimonial mediante la realización de exposiciones itinerantes, digitalización de archivos, recuperación de documentación histórica e integración del centenario en circuitos
culturales, museísticos y turísticos.
4. Incorporar en la conmemoración del centenario del vuelo del Plus Ultra una mención específica, expresa y permanente a los cuatro tripulantes españoles de la expedición el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el
teniente de navio Juan Manuel Durán y el sargento mecánico Pablo Rada como ejemplo de exploradores, líderes, pioneros de la aviación y héroes nacionales, promoviendo el reconocimiento público de su gesta, su servicio a España y su contribución
decisiva al progreso tecnológico, a la proyección internacional y a la tradición histórica de exploración y superación que caracteriza a nuestra Nación.
5. Fomentar el reconocimiento y la difusión del centenario del vuelo del Plus Ultra promoviendo encuentros, simposios y actividades internacionales que fortalezcan los lazos culturales, educativos y científicos entre España y los países de
Hispanoamérica con los que este vuelo simboliza un puente histórico.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2026.Blanca Armario González, José Ramírez del Río y Joaquín Robles López, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurlnacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la reducción del tipo de IVA aplicable a
artistas y galerías de arte, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El mercado del arte forma parte del ecosistema cultural y creativo del país, y su sostenimiento incide directamente en la producción, la difusión y la internacionalización de nuestra creación contemporánea. Apoyar a artistas y galerías, por
tanto, no puede suponer una medida elitista, sino una medida de política cultural: significa fortalecer estructuras de mediación que hacen posible que las obras se produzcan, se exhiban, circulen y lleguen a públicos diversos, dentro y fuera de
España.
En el marco del mercado único europeo, resulta imprescindible avanzar hacia una mayor armonización fiscal en el ámbito cultural que evite desequilibrios injustificados entre Estados miembros. La ausencia de criterios comunes en la
tributación del mercado del arte está favoreciendo dinámicas de dumping fiscal y competencia desleal dentro de la Unión Europea, generando distorsiones que perjudican especialmente a aquellos países que mantienen tipos impositivos más elevados.
La actual fiscalidad aplicada al mercado del arte en España constituye una carga desproporcionada que penaliza al conjunto del ecosistema cultural y favorece la deslocalización de artistas, galerías y coleccionistas hacia otros países
europeos con marcos fiscales más favorables. Esta situación no solo erosiona la competitividad del sector cultural español, sino que consolida un escenario de competencia asimétrica que debilita el tejido creativo y productivo nacional.
En España, las ventas directas de los artistas tributan al 10 % de IVA y las de las galerías al 21 %, sin que exista ningún mecanismo compensatorio específico. Esta desventaja fiscal debilita la competitividad del sector y obstaculiza la
labor de promoción e internacionalización tanto de artistas como de galerías de arte, comprometiendo seriamente su viabilidad y la sostenibilidad del trabajo artístico. Existe una reivindicación histórica de implantar un IVA cultural reducido, ya
que esta situación está afectando de forma negativa al desarrollo del arte contemporáneo en nuestro país.
A diferencia de lo que ocurre con el cine, las artes escénicas, el libro y otras manifestaciones culturales, la comercialización de obras de arte no dispone de incentivos fiscales equiparables. Aunque en el mercado primario y secundario
puede aplicarse el REBU (Régimen Especial de Bienes Usados) a efectos de IVA, este no representa un beneficio real, sino una modalidad opcional que permite tributar únicamente por el margen de la operación, al que se aplica el tipo general del 21 %,
recayendo este coste en las galerías.
Por todo ello, resulta necesario que el Estado español reduzca el tipo de IVA aplicable al arte de forma equiparable a la media adoptada por países como Francia, Portugal, Alemania, Italia o Bélgica entre el 5 % y el 7 % y que, en
paralelo, impulse en el seno de la Unión Europea una mayor convergencia fiscal que evite situaciones de dumping cultural y competencia desleal entre Estados miembros. Asimismo, deberá estudiarse la posibilidad de mantener el REBU en aquellas
operaciones relativas a obras adquiridas sin un IVA reducido.
Por ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la disminución del tipo de IVA en la compraventa de obras de arte, teniendo en cuenta la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril de 2022, como medida clave para reforzar la competitividad del sector cultural, evitar la
deslocalización y prevenir la pérdida de talento artístico en España.
2. Promover en el ámbito de la Unión Europea iniciativas orientadas a la armonización fiscal en el mercado del arte, con el objetivo de evitar prácticas de dumping fiscal y garantizar condiciones equitativas de competencia entre los Estados
miembros.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2026.Nahuel González López, Diputado.Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/003092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la transposición de
manera urgente de la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril de 2022 y adoptar un IVA cultural reducido para artistas y galerías de arte, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La historia y el concepto del patrimonio artístico están íntimamente ligados al coleccionismo como forma de proyección de la imagen social, sea individual, institucional o corporativa. En la actualidad, el coleccionismo, en su vertiente
privada, se define por el placer de apreciación estética o intelectual, de objetos, donde disfrutar se asemeja a contemplar.
Este coleccionismo se vehiculiza fundamentalmente a través de dos mercados, el primario, basado en la venta pública tras exposición en galería o feria de arte, y el secundario, cuando la obra se revende tras una primera adquisición.
Mientras el mercado secundario está dominado por las casas de subastas, junto marchantes y galeristas, en el mercado primario son las galerías los principales agentes venta.
Las galerías suelen representar a un número de artistas, que suele rondar entre 10 y 30, acorde a su programa expositivo y línea curatorial, bien organizando exposiciones colectivas o individuales. Como principales intermediarias entre
artistas y público (coleccionistas, instituciones o visitantes), las galerías promueven la creación artística y constituyen un agente clave y dinamizador del ecosistema artístico en España, al representar y acompañar durante sus carreras, dentro y
fuera del país, a los artistas.
Las galerías de arte suponen verdaderas salas de exposiciones, gratuitas y abiertas a cualquier tipo de público, suponiendo un eslabón indispensable en la cadena de valor de la producción artística y el impulso a nuevos talentos, de media
carrera y consolidados, permitiendo exportar el talento español y contribuyendo al paisaje cultural común de España.
Las galerías, además, apuestan por el riesgo, la experimentación y la diversidad, frente a la homogeneización estética y la lógica exclusivamente comercial, y reafirman el compromiso del arte con la sociedad, como herramienta crítica,
política y simbólica en un contexto de incertidumbre y transformación.
En España existe una red amplia de galerías de arte, con presencia en todas las Comunidades Autónomas y especial concentración en grandes metrópolis como Madrid o Barcelona. Este sector está, además, representado unificadamente por el
Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo de España, que agrupa cerca de 120.
Respecto al mercado internacional y nacional del arte, según «The Art Basel & UBS Survey of Global Collecting 2025», en ese año los coleccionistas destinaron un promedio del 20 % de su patrimonio al arte, frente al 15 % de 2024. Las bellas
artes fueron un segmento clave de gasto, con un 78 % de la muestra que había comprado una obra de arte en 2024 y un 74 % en el primer semestre de 2025. Las pinturas se mantuvieron como el medio más comprado y el de mayor valor, representando el 27
% del gasto total en bellas artes en 2024.
Las galerías y los comerciantes siguieron siendo los canales más utilizados para comprar arte entre los individuos con un alto patrimonio. El 83 % compró en una galería en persona, en línea, a través de redes sociales o en una feria de arte
en 2024/2025. Entre quienes compraron a un comerciante, el 51 % había realizado al menos una compra a través de Instagram sin ver la obra en persona (frente al 41 % en 2023). Las ferias de arte ganaron terreno, con un 58 % de los coleccionistas
realizando compras vinculadas a ellas (frente al 39 % en 2023).
Estados Unidos mantuvo su posición como el mercado líder a nivel mundial, representando el 42 % de las ventas por valor, aunque con una caída del 3 % interanual. China se convirtió en el segundo mercado de arte más grande del mundo, con una
participación del 19 %, mientras que el Reino Unido retrocedió al tercer lugar con una cuota del 17 %. Francia se mantuvo estable en la cuarta posición con un 7 %, Suiza en el quinto lugar con un 3 %, Alemania en el sexto con un 2 % y España y
Japón compartieron el séptimo lugar con un 1 % de las ventas mundiales.
En este contexto global de competitividad, donde España juega un papel destacado, las galerías de arte llevan solicitando históricamente la inclusión de su actividad en el IVA cultural. En ese sentido, la Unión Europea aprobó en 2022 la
Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril de 2022 por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y (UE) 2020/285 en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido, normativa no transpuesta todavía por el Gobierno de
España. Esta normativa permite explícitamente a los Estados miembros aplicar tipos reducidos hasta un mínimo del 5 % a «las entregas de obras de arte, objetos de colección y antigüedades».
Países como Italia, Portugal, Bélgica, Francia o Alemania, ya han desarrollado esta Directiva. Francia aplica un 5,5 % a las ventas de arte, Alemania un 7 %, Italia un 5 %, y recientemente Portugal se ha sumado con un 6 %. Tras el Brexit,
Francia representa más del 50 % de las ventas de arte en la Unión Europea y entre el 6 % y el 9 % aproximadamente de las subastas globales.
En marzo de 2024, durante la Feria ARCO, el Ministro se comprometió para trabajar con el Ministerio de Hacienda y lograr un IVA reducido para la compra de arte. En diciembre de 2025, el Ministro de Cultura defendió que el ámbito de la
cultura tiene que trabajar con un IVA reducido.
Sin embargo, la falta de iniciativas del Ministerio está afectando directamente a la competitividad de las galerías y la remuneración digna del trabajo artístico. Este hecho afecta de forma directa a los más de 24.000 artistas y alrededor
de 11.000 empleos vinculados directamente al ecosistema de las artes visuales en España. Y ello considerando que el 77 % de los artistas españoles ingresan al año menos de 12.000 euros, según AISGE. Además, la mitad de los profesionales del sector
gana menos de 3.000 euros al año y un 72 % se encuentra por debajo de la línea de pobreza (un 44 % si computamos incluso otras fuentes alternativas de ingresos).
Ante la parálisis del Gobierno las galerías y artistas plástico han desarrollado diversas actuaciones reivindicativas. En Arco 2025, a través de un simbólico apagón, daban voz a sus reivindicaciones. Tras un año de parálisis vuelven a
exigir mismas condiciones a nivel europeo.
El 10 de diciembre del 2025, el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo y cientos de artistas plásticos presentaron un manifiesto reclamando la necesidad de transponer en España esta directiva y acabar con la desigualdad fiscal en ventas
de obras de arte en Europa. Dicho manifiesto estaba apoyado por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, Art Barcelona, Arte Madrid, AGACC Cantabria, AGAS Sevilla, Art Palma Contemporani, CONTEMPORANEA Galicia, LAVAC, firmado junto a más de
1.000 artistas y exigiendo un IVA cultural, manifiesto que se suma al presentado en 2024. A esta petición se sumó el Círculo de Empresarios en enero de 2026 y en febrero la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo.
Entre los firmantes del manifiesto figuran, entre otros, artistas que han representado a España en la Bienal de Venecia de los últimos años como Ignasi Aballí, Sandra Gamarra, Oriol Vilanova, Miquel Barceló o Jordi Colomer; Premios
Velázquez de Artes Plásticas como Marisa González, Luis Gordillo, Francesc Torres; o Premios Nacionales de Artes Plásticas como Carmen Calvo, Jordi Teixidor, Rogelio López Cuenca, y Pedro G. Romero.
Ante la inacción del Gobierno de España, el pasado 2 de febrero, por primera vez en la historia, las galerías de arte españolas cerraron sus puertas durante una semana, interrumpiendo así una actividad que es, sin duda alguna, imprescindible
para la sociedad: el acceso gratuito y constante a la creación artística y a la cultura.
Visibilizándose este hecho como el cierre del «mayor museo de España». Además, ha quedado suspendida toda colaboración gratuita con instituciones públicas y privadas en España durante un periodo de tres meses.
Ante las reivindicaciones del sector, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una pregunta sobre plazos que prevé el Gobierno de España para la obligada transposición de la directiva Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril de
2022, aun sin respuesta.
No puede haber más dilaciones. España no puede seguir penalizando a sus artistas manteniendo una situación de gran desventaja frente al resto de países europeos que sí han entendido la importancia de la labor que vienen realizando artistas
y galerías por llevar la cultura a todas las personas que se acercan a nuestros espacios.
Por ello, solicitamos la adopción de un IVA cultural para artistas y galerías, trasponiendo la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril de 2022, y manteniendo el REBU en los casos permitidos, y se propone la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a transponer de manera urgente la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril de 2022 y adoptar un IVA cultural reducido para artistas y galerías, estudiando la posibilidad de mantener el
REBU en la venta de obras adquiridas sin un IVA reducido.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2026.María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel García Félix, Jaime Miguel de los
Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/003071
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al cumplimiento de los compromisos establecidos en la Estrategia España Digital 2026.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 100532, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento de los
compromisos establecidos en la Estrategia España Digital 2026, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La transformación digital es uno de los grandes retos que plantea la sociedad del siglo XXI. Desde hace tiempo las nuevas tecnologías están produciendo importantes cambios sociales, culturales y económicos al generar nuevas oportunidades de
conexión y de intercambio de información entre personas, empresas o administraciones públicas.
El factor de partida para impulsar la transformación digital en Castilla y León es contar con unas adecuadas infraestructuras de conectividad que hagan posible la llegada uniforme de las redes de telecomunicaciones a todo el territorio y sin
discriminaciones, porque sin conexiones adecuadas difícilmente puede avanzarse en la digitalización.
En una Comunidad como esta, que es la más extensa de España y la que cuenta con mayor número de municipios, la conectividad digital se revela como un factor determinante para mejorar la calidad de vida de las personas en su día a día. Es un
medio que facilita el acceso a los servicios públicos de forma telemática, o a las actividades laborales, lo que evita a los ciudadanos tener que realizar desplazamientos y, además, contribuye a la fijación de población y el desarrollo económico,
especialmente en el medio rural.
El Gobierno de España, que es quien ostenta las competencias exclusivas en materia de telecomunicaciones, estableció como objetivo en su Agenda Digital 2023 garantizar una conectividad digital para toda la población, promoviendo la
desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.
Es más, con anterioridad a esa fecha, el Plan 2020/2021 ya preveía desde el Ministerio la conexión con fibra óptica de todas las localidades de las nueve provincias de Castilla y León para el presente año 2025, dentro del Programa de
Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA). Cuando va concluyendo el año, se puede comprobar que aún restan centenares de localidades rurales de esa Comunidad por conectarse con fibra óptica.
También en su estrategia España Digital 2026 se comprometió a que el 100 % de la población dispusiese de cobertura de banda ancha móvil de 30 Mbps en 2023 y a que un 100 % de la población tuviera cobertura de 100 Mbps en 2025. Igualmente
hubo compromiso de acelerar los despliegues de red para ofrecer cobertura 5G en zonas rurales y de población dispersa.
Anualmente, el Ministerio para la Transformación Digital, publica los informes sobre el seguimiento de la cobertura de banda ancha en España. El último informe publicado, con datos de junio de 2024, recoge que, en 5G, Castilla y León tiene
una cobertura del 86,86 %, muy por debajo de la media española que se sitúa en 95,76 %, siendo la última Comunidad Autónoma en este tipo de conectividad, y aún lejos del objetivo del 100 % que marca la Comisión Europea.
La cobertura de 4G se sitúa en el 99,22 %, pero la realidad refleja que no es así por lo que vemos recorriendo los pueblos y hablando con los vecinos, algo que también puede apreciarse en las noticias de los medios de comunicación, o en las
quejas presentadas ante el Procurador del Común de Castilla y León u otras administraciones públicas. Siguen existiendo cientos de localidades de esa Comunidad donde no hay cobertura efectiva o velocidad real.
Puede haber operadores con presencia en un municipio pero que no cubra toda el área urbana; también existen casos en que la cobertura se limita al aire libre, pero que se pierde dentro de los edificios; y también se da el supuesto de que
la cobertura permita hacer llamadas, pero no dispone de datos de banda ancha para realizar múltiples gestiones.
Por todo lo expuesto, resulta evidente la necesidad de mejora de la extensión de la red 5G en Castilla y León y asegurar que la cobertura 4G sea real y de calidad en la totalidad de las localidades de las zonas rurales de las nueve
provincias de Castilla y León.
Hay que tener en cuenta que, la banda ancha móvil, es un servicio de conectividad de Internet que proporciona conexión a través de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras portátiles, ofreciendo múltiples
ventajas. A diferencia de la banda ancha fija, la banda ancha móvil permite acceder a Internet donde quiera que haya cobertura de red, ya sea en un domicilio o de viaje.
También hay que poner de manifiesto que esta falta de cobertura tiene, además, una afectación grave en situaciones de emergencia, puesto que no es posible hacer llamadas al 112.
Por tanto, dada la repercusión que la cobertura móvil tiene tanto para las personas que viven en Castilla y León, y habida cuenta que se debe lograr una adecuada conectividad al alcance de todos, independientemente de donde vivan, el Grupo
Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir al Gobierno el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Estrategia España Digital 2026, de modo que el 100 % de la población de Castilla y León, independientemente del tamaño de la localidad en la que resida, disponga de
cobertura real de banda ancha móvil de 100 Mbps en 2026, y que la cobertura 5G llegue a todas las zonas rurales y de población dispersa de dicha Comunidad.
2. Exigir, de forma especial, la llegada de la fibra óptica a todas las localidades de Castilla y León, tal y como se comprometió el Gobierno en el Plan 2020/21.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Héctor Palencia Rubio, Patricia Rodríguez Calleja, Ángel Ibáñez Hernando, María Sandra Moneo Díez, Silvia Franco González, Milagros Marcos Ortega, Miguel Ángel Paniagua Núñez,
José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, María Jesús Moro Almaraz, Pedro Samuel Martín García, Pablo Pérez Coronado, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Tomás Cabezón Casas, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Eduardo Carazo Hermoso,
Óscar Ramajo Prada, Elvira Velasco Morillo y Mario Cortés Carballo, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, relativa al impulso y desarrollo estratégico del software libre y plataformas de código abierto en las universidades.
Exposición de motivos
La Ley 17/2022 de 5 de septiembre por la que se modifica la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Información establece en nuestro marco legal la definición de la ciencia como bien común y, en consecuencia, se establece como
compromiso del Ministerio de Ciencia y Universidades la tarea de promover la ciencia abierta y la participación social en la investigación. Ello inaugura una cosmovisión de la cultura científica moderna que se materializó con la propuesta de
definir mecanismos de ciencia ciudadana. La Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Universitaria (Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo) establece en su artículo 12 la obligatoriedad de fomentar la ciencia abierta y por tanto el dominio público. La
estrategia nacional de Política de Ciencia Abierta viene fomentando el acceso libre, la liberación de datos y la transferencia socializada de conocimiento con repositorios institucionales como REBIUN pero no tanto así en materia de tecnologías,
plataformas e infraestructuras operativas en el seno de las propias universidades. Pese a que solo las tecnologías abiertas y socializadas permiten la independiencia tecnológica frente a las grandes corporaciones de Silicon Valley, I a justicia
social al facilitar acceso universal, herramientas de calidad, sin licencia, de uso libre, innovación para adaptar y mejorar las tecnologías apropiadas al contexto local de tónicos, docentes y estudiantes, y un ahorro económico pues la dependencia
tecnológica implica un coste y pérdida de autonomía financiera alimentando una industria contraria a nuestra economía social y pequeñas y medianas empresas tecnológicas locales.
Cabe esperar que el Consejo Consultivo para la Transformación Digital como organismo asesor del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública considere el diseño de políticas en el ámbito de las infraestructuras digitales
del sistema de educación superior. El impulso de las políticas de ciencia y tecnología y de la IA, así como otras tecnologías de impacto en nuestro ecosistema académico como las nanotecnologías o la computación cuántica, no puede permanecer al
margen de los debates e iniciativas que en la UE y otros ámbitos viene desarrollando. En este sentido, hay que señalar que el impulso por la Comisión Europea de I Década Digigal 2030 debe tener su reflejo en las políticas universitarias.
Respetando el necesario principio constitucional de autonomía universitaria, así como las competencias autonómicas en materia de educación superior, parece necesario impulsar medidas y políticas que contribuyan a la ampliación del dominio pública de
la infraestructura y software implementado en tareas docentes, investigadoras y de extensión cuando se plantea en la UE una economía del conocimiento autónoma. La Carta de Derechos Diitales, la Declaración de León, la Carta Iberoamericana de
Principios y Derechos en Entornos Digitales abundan en la necesidad de una visión endógena, humanista y proactiva en el desarrollo de la cultura digital que no suele ser objeto de consideración de las políticas de Estado. Nuestras universidades
públicas, incluso con Facultades de Informática, vienen implementando tecnologías privativas de origen norteamericano como Blackboard en sustitución de Moodle. Las plataformas de código abierto en la formación a distancia en nuestro país son
minoría. Muchas instituciones de educación superior han venido firmando acuerdos marcos con Microsoft por la que la gestión de información, datos, conocimiento y estructuras académicas están hoy colonizadas por una empresa con intereses ajenos al
principio de universalidad. La
ausencia de programas y medidas institucionales que por ejemplo incidan en la autonomía universitaria y el manejo soberano de datos y comunicaciones encriptadas da cuenta de una situación que exige una respuesta coordinada, descentralizada,
para la promoción de una política tecnológica a la vanguardia de los derechos procomunes en materia de tecnología y conocimiento abierto.
Todas las universidades están, bien es cierto, ampliamante modernizadas tecnológicamente, hay comunidades con consorcios tcnológicos y universidades que han sido proactivas impulsando estrategias de prospectiva tecnológica e innovación con
recursos de código libre como la Universidad Politécnica de Madrid. No es habitual, en cambio, en el sistema de educación superior espacios de deliberación y planificación democrática de las herramientas de producción de la propia comunidad
universitaria. Tampoco suele plantearse políticas de equipamientos para la inclusión digital o programnas de reciclaje y reducción de desechos tecnológicos y residuos digitales, siendo no obstante un ámbito determinante del modelo de organización y
operacionalización de la educación superior. Las unidades de gestión de datos y evaluación de tecnologías o los planes de formación de los actores del sistema suelen ser la excepción y no la norma en un tiempo en le que la automatización de
procesos y la integración tecnológica está generando procesos en favor de las universidades corporativas de las grandes bigtech como Google o Microsoft, paradójicamente con el saber, datos, información y conocimiento, con la inteligencia social
general, de todos. Por ello, es importante que el Estado impulse programas e iniciativas públicas que contrareste esta expropiación social del conocimiento capturado por plataformas, aplicaciones y software propietario del oligopolio dominante de
Silicon Valley. La UNED, dependiente el Ministerio de Ciencia y Universidades, ha sido pionero en promover el uso y formación en software libre a través de centros asociados como el de Vilareal con talleres sobre Linux y herramientas KDE y
mantiene, basdo en Moodle, como antaño muchas universidades, la plataforma Agora. Pero en los últimos años se observa un avance de hardware y software privado en una suerte de proceso de expropiación y colonización del conocimiento sin que desde el
Gobierno se impulse una política congruente con las directrices de Ciencia Abierta consensuadas en organismos como ANECA o CNEAI.
Esta PNL tiene por objeto impulsar
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Activar en la política del ministerio, el uso social y cooperativo del software libre de código abierto y la gestión de datos abiertos con un ecosistema de plataforma de dominio público en la educación superior.
2. Impulsar repositorios, tecnologías comunadas y proyectos de innovación para implementar plataformas de formación en línea públicas, de código abierto y abiertas.
3. Garantizar el acceso universal, y un plan de formación de talento en sistemas abiertos, código libre y tecnologías autónomas, así como en la gestión y planificación de las infraestructuras digitales adecuadas a la universidad del siglo
XXI.
4. Promover un Observatorio Estatal de Tecnología y Conocimiento Libre para evaluar, analizar prospectivamente usos y tendencias, y promover la formación y políticas universitarias de software libre como foro permanente de socialización del
conocimiento apropiado.
5. Aprobar un programa específico del Plan Nacional de l+D+i para la innovación tecnológica y la transición hacia ecosistemas digitales de código libre y la soberanía digital en las universidades procurando la escalabilidad, sostenibilidad,
cooperación interuniversitaria y consistencia de las herramientas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2026.Francisco Sierra Caballero, Candela López Tagliafico y Teslem Andala Ubbi, Diputados.Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003081
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre acciones de solidaridad con Palestina, para su debate en Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El 10 de octubre de 2025 entró en vigor un alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco de la primera fase del denominado Plan de Paz para Gaza. Esta primera fase estipula la suspensión de todas las operaciones militares, una retirada
militar parcial, el intercambio de rehenes y prisioneros y el aumento masivo de ayuda humanitaria.
Sin embargo, desde la entrada en vigor del cese de hostilidades se ha registrado una violación sistemática del alto el fuego. Israel ha atacado la Franja de Gaza en 62 de los primeros 73 días del alto el fuego y dichos ataques han causado
la muerte de al menos 401 palestinos y han herido a más de 1.100 personas.
Estas vulneraciones del alto el fuego se producen en un contexto de emergencia humanitaria sin precedentes. Más de 70.600 palestinos han muerto y 171.000 han resultado heridos desde octubre de 2023. Los niveles de hambre siguen siendo
críticos y 100.000 personas aún viven en. condiciones catastróficas. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), solo la mitad de la ayuda alimentaria necesaria está llegando actualmente a Gaza. Israel bloquea la entrada de alimentos nutritivos
esenciales mientras permite productos no nutritivos como golosinas y refrescos, lo que agrava la crisis de malnutrición.
Especialmente preocupante resulta la situación de la infancia. En 2025, se diagnosticaron 90.000 casos de desnutrición aguda en menores y se proyecta que unos 101.000 niños de entre 6 meses y 5 años sufrirán desnutrición aguda hasta
mediados de 2026, de los cuales 31.000 presentan cuadros severos con riesgo inminente de muerte. Las tormentas de diciembre han afectado a más de 30.000 niños debido a la inundación de campamentos y la falta de ropa adecuada y todavía faltan
suministros para 750.000 niños que carecen de abrigo y calzado.
En este contexto, la situación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) es de extrema vulnerabilidad y asedio operativo, enfrentando un intento sistemático de desmantelamiento por parte
de Israel pese al rechazo internacional. El 8 de diciembre de 2025, fuerzas israelíes entraron nuevamente en la sede de la UNRWA, incautaron activos y reemplazaron la bandera de la ONU por la de Israel. Días después, el Comité de Defensa de la
Knesset avanzó un plan para cortar el suministro de agua y electricidad a las oficinas de la agencia. Desde el inicio del conflicto, al menos 382 empleados de la UNRWA han muerto en Gaza. Tanto la Asamblea General de la ONU como la Corte
Internacional de Justicia (CU) han reiterado que el mandato de la UNRWA es insustituible e Israel tiene la obligación legal de permitir su trabajo.
Ante este escenario, España, como Estado firmemente comprometido con el multilateralismo, la defensa del derecho internacional humanitario y la protección de los derechos humanos, tiene la responsabilidad de desempeñar un papel activo en la
protección de la población civil palestina. Esta preocupación es ampliamente compartida por la sociedad española, que ha expresado de forma reiterada y masiva su solidaridad con el pueblo palestino y su condena de la violencia contra la población
civil. En coherencia con estos principios, con el sentir mayoritario de la ciudadanía y con la urgencia humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza, resulta pertinente articular una contribución extraordinaria a la UNRWA, equivalente a la
recaudación obtenida del Sorteo Extraordinario de Navidad, como expresión de solidaridad y del compromiso de
España con la protección de la población civil y con el sostenimiento de los mecanismos humanitarios de Naciones Unidas. Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Realizar una contribución extraordinaria y de carácter simbólico a la UNRWA, equivalente a la recaudación obtenida del Sorteo Extraordinario de Navidad, como expresión de solidaridad institucional con la población civil palestina y de
compromiso con el sostenimiento de los mecanismos humanitarios de las Naciones Unidas.
2. Trabajar para garantizar el acceso pleno, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluyendo alimentos nutritivos, suministros médicos, combustible y material de abrigo, eliminando los obstáculos
administrativos y operativos que impiden su entrada.
3. Defender de manera expresa el mandato, la protección y el funcionamiento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), exigiendo el cese de cualquier acción dirigida a obstaculizar o
desmantelar su labor humanitaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2026.Francisco Sierra Caballero y Agustín Santos Maraver, Diputados.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/003089
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurlnacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fortalecimiento de la cooperación descentralizada y la
eliminación de los obstáculos que limitan la acción de las entidades locales en la política de cooperación internacional para el desarrollo, para su debate en Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La cooperación descentralizada constituye una de las expresiones más sólidas y transformadoras del compromiso solidario de nuestro país. Desde los territorios, desde los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, se ha construido
durante décadas una política pública de cooperación basada en la proximidad, la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos.
Este modelo de cooperación, profundamente vinculado a los valores del municipalismo democrático, ha demostrado una enorme capacidad para generar impactos sostenibles en los países socios, fortalecer las instituciones locales, promover la
igualdad de género, la justicia climática y la cohesión social, y articular respuestas eficaces frente a múltiples crisis.
La aprobación de la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, supuso un importante avance al reconocer expresamente a la cooperación descentralizada como una de las señas de identidad y fortalezas de
nuestro sistema de cooperación, la mejor expresión solidaria de sus respectivas sociedades y una importante contribución a un sistema de cooperación más democrático y a la buena gobernanza desde la complementariedad y la corresponsabilidad.
Este reconocimiento se ve reforzado por el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, que apuesta de manera explícita por una gobernanza multinivel,
inclusiva y orientada a resultados, en la que las comunidades autónomas y las entidades locales son actores imprescindibles. Según recoge el Plan Director, se pretende impulsar el papel de la cooperación descentralizada en la cooperación
técnica y la transferencia de conocimientos, así como en la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Igualmente se propone avanzar en la recogida de experiencias de las Comunidades Autónomas y entes locales y la integración
de la cooperación descentralizada en los esfuerzos por gestionar el conocimiento sobre la contribución de la cooperación técnica pública a los resultados de desarrollo sostenible.
Por otro lado, la cooperación descentralizada también tiene un valor estratégico en la implementación los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como para fortalecer la solidaridad global y la justicia social. En un contexto
internacional marcado por desafíos globales complejos, cambio climático, persistencia de desigualdades, crisis humanitarias y migratorias, la cooperación descentralizada es un activo para potenciar un modelo de cooperación alineado con la
implementación de la Agenda 2030.
Aunque la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española creció un 12 % en 2024 y superó los 4000 millones de euros, consolidando así un incremento significativo en el compromiso presupuestario frente al ejercicio anterior, esta cifra aún queda
lejos de los objetivos asumidos en la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que fija el horizonte del 0,7 % de la Renta Nacional Bruta para 2030.
Por otro lado, diversos informes sectoriales y de redes de entidades de cooperación autonómicas y locales señalan que muchos Ayuntamientos y Diputaciones enfrentan dificultades burocráticas y de gestión que limitan la ejecución ágil de sus
fondos de cooperación, dificultando así su capacidad de incidencia política en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos obstáculos administrativos retraen la ejecución de proyectos y reducen la eficacia de la cooperación
municipal en el ámbito internacional. Además, el VI Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027 subraya explícitamente la necesidad de reforzar la gobernanza multinivel y el enfoque de
nexo humanitario-paz-desarrollo, orientando la coopéración española hacia una acción más coordinada entre todos los actores del sistema para garantizar su contribución conjunta en grandes alianzas internacionales y en contextos de crisis. En las
últimas jornadas de la FEMP sobre cooperación internacional, se constatan problemas estructurales y de cultura institucional que deben ser revertidas con medidas y políticas sostenibles que den un mayor protagonismo e impacte positivamente en las
líneas de actuación del Plan Director al ser la cooperación local y autonómica un actor estratégico ante los retos de un horizonte de disminución de recursos de muchos Estados miembros de Naciones Unidas.
Por todo ello, se hace necesario dar un nuevo impulso político a la cooperación descentralizada, eliminando las barreras que hoy limitan la acción de las entidades locales, reforzando los espacios de coordinación interadministrativa y
garantizando una financiación suficiente.
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Fortalecer la cooperación descentralizada como una modalidad estratégica del Sistema Español de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, garantizando su plena integración en la planificación, ejecución y
evaluación de la política de cooperación definida en la Ley 1/2023 y en el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027.
2. Reforzar el papel de la Conferencia Sectorial de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global como espacio central de coordinación, asegurando la participación activa y efectiva de las comunidades autónomas, las
entidades locales, la FEMP y las redes de cooperación descentralizada, en particular CONFOCOS.
3. Impulsar las reformas normativas y reglamentarias necesarias para eliminar los obstáculos administrativos, financieros y procedimentales que limitan la capacidad de
ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para desarrollar políticas propias de cooperación, conceder subvenciones y ejecutar proyectos de cooperación internacional.
4. Reconocer y apoyar el papel de los fondos de cooperación y solidaridad, como instrumentos clave de articulación de la cooperación municipalista, la cooperación técnica entre gobiernos locales y la educación para la ciudadanía global,
entre otras.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2026.Francisco Sierra Caballero y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Igualdad
161/003078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para la erradicación de la islamofobia en las aulas, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En los últimos años asistimos en nuestro país a una ofensiva política y cultural impulsada por la extrema derecha y amplificada por sectores de la derecha política y mediática que utiliza los derechos de las mujeres como coartada para
promover agendas racistas e islamófobas. Estos discursos de odio en aumento tienen graves consecuencias en la vida de miles de personas que ven sus derechos amenazados y sus vidas en peligro. Porque su estrategia no busca ampliar libertades, sino
señalar y estigmatizar a comunidades enteras, especialmente a mujeres y niñas musulmanas.
La instrumentalización del feminismo con fines xenófobos es un fenómeno ampliamente identificado en el ámbito europeo: se invoca la «liberación» de las mujeres musulmanas para justificar políticas de exclusión, control y restricción de
derechos. Sin embargo, quienes promueven estas iniciativas son los mismos actores políticos que niegan la violencia machista, votan contra los avances en derechos reproductivos y recortan recursos destinados a la igualdad.
En este contexto, el debate sobre el uso del hiyab en centros educativos no responde a una demanda social real ni a una problemática acreditada en el sistema educativo español. Se trata de una polémica artificial que pretende convertir a
niñas y adolescentes en objeto de confrontación ideológica. El resultado de estas campañas no es la emancipación de ninguna mujer, sino el aumento de la estigmatización, el acoso y la vulnerabilidad de jóvenes racializadas.
La legislación española no establece prohibiciones generales sobre el uso de símbolos religiosos en espacios educativos, tampoco las comunidades autónomas tienen normativas específicas. En este contexto, se están dando intentos aislados en
algunos centros educativos de prohibir el uso del hiyab, generando situaciones de tensión, discriminación y posible abandono escolar. Es el caso de varios institutos de la Comunidad de Madrid, como ha ocurrido en el municipio de Parla, en los que
se ha prohibido el uso del hiyab en sus instalaciones por considerarlo una prenda radical y que discrimina a las mujeres. España no debe avanzar en el camino de normas prohibicionistas que países como Francia llevan años implementando, alimentando
con ello el racismo en las escuelas y en el debate público. Estas decisiones, lejos de proteger
a las menores, pueden colocarlas en una situación de mayor vulnerabilidad y reforzar discursos de odio que ya están teniendo consecuencias en las aulas.
El hiyab está considerado un símbolo religioso y, como tal, está protegido por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. De hecho, Naciones Unidas ha advertido reiteradamente de que las
prohibiciones generalizadas del uso de determinadas prendas religiosas no contribuyen a la igualdad de género, sino que pueden reforzar dinámicas de exclusión y discriminación y, por tanto, la vulneración de derechos humanos.
Frente a quienes pretenden utilizar el cuerpo y la vestimenta de las mujeres como campo de batalla ideológico, es responsabilidad de los poderes públicos garantizar el principio de no discriminación, la libertad religiosa y el derecho a la
educación en condiciones de igualdad.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes las modificaciones normativas necesarias para garantizar de manera expresa que los reglamentos internos de los centros educativos no puedan establecer
disposiciones que vulneren el principio de no discriminación por motivos religiosos, étnicos o culturales ni amparar practicas racistas ni que coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad o discriminación a las mujeres jóvenes racializadas.
2. Elaborar, en colaboración con las comunidades autónomas, un protocolo estatal contra la islamofobia y otras formas de racismo en el ámbito educativo, que incluya formación específica para el profesorado y mecanismos de prevención y
detección de discriminación.
3. Reforzar las políticas públicas de convivencia escolar con enfoque feminista y antirracista, garantizando que ninguna alumna sea excluida, señalada o discriminada por su identidad cultural o religiosa.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para la erradicación de la violencia sexual en las Fuerzas Armadas y la protección efectiva de las víctimas, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En los últimos años, los datos oficiales disponibles reflejan un incremento significativo de las denuncias por acoso en el seno del Ejército sin que este aumento se haya traducido en condenas firmes ni en una mejora efectiva de la protección
de las víctimas. Y es que, el acoso sexual y por razones de género dentro de las Fuerzas Armadas es una forma de violencia machista agravada por las características propias de la institución: una estructura jerárquica rígida con una fuerte
dependencia de la cadena de mando y una cultura interna que dificulta la denuncia y favorece el silencio y la impunidad.
Desde que entró en vigor el protocolo de actuación ante el acoso elaborado por el Ministerio de Defensa, se han registrado entre 2016 y 2023 un total de 265 demandas, pero solo el 16 % de los casos (43) han supuesto una condena o sanción
para los acosadores; por contra, el 60 % de las acusaciones (160) han sido archivadas. Según el último informe del Observatorio de la Vida Militar, órgano dependiente de las Cortes Generales, las denuncias por acoso dentro de las Fuerzas Armadas
Españolas en 2023, último año con datos, han superado todos los registros hasta la fecha al alcanzar los 46 procedimientos abiertos. Sin embargo, a 1 de enero de 2024, ninguna de estas denuncias por acoso sexual o laboral habían acabado en una
condena o sanción contra los supuestos autores, lo que evidencia graves deficiencias en los mecanismos de investigación y sanción existentes.
Tras convertirse recientemente en objeto de atención mediática algunos casos de mujeres militares destinadas en unidades en Zaragoza que denuncian haber sufrido situaciones de acoso sexual, así como un patrón reiterado de desprotección
institucional, represalias profesionales, aislamiento y revictimización al iniciar los procesos de denuncia, queda de manifiesto el profundo coste personal, profesional y psicológico que asumen las víctimas al decidir romper el silencio.
Además, cualquier denuncia o parte militar, en cuanto afecta a la Disciplina, es considerado como un factor esencial de la Defensa Nacional y así queda plasmado en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. Lo que
quiere decir que las denuncias de acoso sexual y por razón de sexo que las mujeres militares presentan ante la Unidad frente al Acoso en las Fuerzas Armadas (UPA) quedan ocultas bajo la alfombra de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos
oficiales, al quedar clasificadas como un documento de tipo reservado, impidiendo su conocimiento si no es desclasificado por el Consejo de Ministros y Ministras.
Las víctimas también denuncian que, antes de iniciarse cualquier procedimiento sancionador contra sus acosadores, se abre una información interna o previa que no hace sino dilatar el proceso hasta, en algunos casos, prescribir las sanciones
disciplinarias. Dejar pasar el tiempo es la forma de sostener la impunidad machista, cuando no supone un riesgo directo para las víctimas, expuestas antes incluso de llegar a abrir procedimiento alguno contra nadie. Y es que, si bien las denuncias
son clasificadas como documentos de tipo reservado, las informaciones previas no respetan la confidencialidad de las víctimas, cuyos datos personales pueden acabar incluso en manos de las personas a las que han denunciado. Esto las deja a merced de
las represalias de sus acosadores, normalmente superiores jerárquicos.
A todo esto se suma el hecho que, cuando se abre un expediente administrativo sancionador, la mujer militar denunciante no es parte en ese procedimiento disciplinario, por lo que no puede defender sus derechos constitucionales. Es decir, la
víctima solo vuelve a tener contacto con el proceso cuando la Administración Militar le comunica si ha sancionado al presunto acosador, si ha remitido el asunto al Juzgado o si ha archivado la denuncia. Y esa resolución dictada es irrecurrible, por
lo que por muy ilícita que sea, la mujer militar debe conformarse y callar.
Esta situación vulnera principios básicos del Estado de derecho, como la tutela judicial efectiva, la igualdad ante la ley y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias machistas, reconocidos tanto en la legislación estatal como
en los compromisos internacionales asumidos por España.
Garantizar los derechos fundamentales de las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas no puede quedar supeditado a la lógica corporativa ni a la preservación de la disciplina interna. Por el contrario, constituye una obligación
democrática ineludible que exige mecanismos feministas de control, transparencia, rendición de cuentas y una protección real y efectiva de las víctimas.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una auditoría independiente y externa sobre los casos de acoso sexual y por razones de género en las Fuerzas Armadas en los últimos diez años, que analice denuncias, procedimientos, resoluciones y medidas adoptadas, garantizando
la participación de organismos civiles feministas, especializados en igualdad y derechos humanos.
2. Derivar obligatoriamente a la jurisdicción penal ordinaria todas las denuncias por violencia sexual en el ámbito militar, evitando que estos hechos sean investigados o juzgados dentro de la jurisdicción militar o por órganos dependientes
de la cadena de mando.
3. Modificar de manera inmediata y en profundidad el Protocolo frente al acoso en las Fuerzas Armadas, con el objetivo de garantizar la protección efectiva de las víctimas, la seguridad jurídica y la erradicación de la impunidad,
incorporando expresamente, al menos, las siguientes medidas:
a. Evitar el uso abusivo de las informaciones previas como mecanismo dilatorio, estableciendo que, cuando los hechos sean claros y exista una persona concreta identificada, la Administración deberá incoar el expediente sancionador
correspondiente, garantizando una respuesta eficaz y evitando la impunidad del acosador.
b. Establecer la obligación de tramitar cualquier información previa con criterios estrictos de celeridad, fijando plazos máximos que en ningún caso podrán ser superiores al plazo de prescripción de la falta o sanción correspondiente.
c. Garantizar la anonimización o disociación de los datos personales de la denunciante desde el primer momento, tras la recepción del formulario de denuncia, mediante la asignación de un código identificativo u otros mecanismos equivalentes.
d. Prohibir expresamente la entrega del formulario de denuncia al presunto acosador, así como de cualquier documentación que contenga datos personales o especialmente sensibles de la denunciante, excluyéndolo de la documentación necesaria
para el ejercicio del derecho de defensa.
e. Determinar de forma expresa el momento procesal en el que puede entregarse el texto de la denuncia al expedientado, fijándose exclusivamente en el trámite de audiencia del expediente disciplinario o sancionador, una vez dictada la orden
de inicio contra persona concreta y determinada, y nunca en la fase de información previa.
f. Regular expresamente el momento y las condiciones en las que, en su caso, podrá revelarse la identidad de la denunciante, estableciendo que dicha decisión solo podrá adoptarse por el instructor del expediente sancionador mediante un
juicio de ponderación motivado entre el derecho de defensa del expedientado y el derecho a la intimidad y seguridad de la víctima, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
g. Garantizar la confidencialidad absoluta de las actuaciones y de toda la documentación relacionada con las denuncias, prohibiendo expresamente la entrega y acceso o difusión no autorizada de datos personales de las denunciantes incluidos
teléfono privado, destino, domicilio o información médica o psicológica, asegurando la plena adecuación del protocolo a la normativa de protección de datos personales: la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas
que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone la Directiva (UE) 2019/1937, conocida como Directiva Whistleblowing.
h. Ley de protección de las personas informantes y a la Directiva (UE) 2019/1937, de manera que se garantice la protección efectiva frente a represalias dentro de la cadena de mando.
i. Reconocer a la víctima la condición de parte en el procedimiento sancionador cuando estén en juego derechos constitucionales, otorgándole capacidad efectiva para defenderlos.
j. Designar un asesor o asesora confidencial independiente, que acompañe y asesore a la víctima durante todo el procedimiento, desde la interposición de la denuncia.
4. Reformar en profundidad la actual Unidad de Protección frente al Acoso (UPA), creando una unidad frente al acoso independiente de la jerarquía militar, integrada por personal civil, con perspectiva feminista, especializado en igualdad,
prevención de violencias machistas y derechos humanos.
5. Garantizar medidas de protección y reparación para las víctimas, incluyendo: acompañamiento psicológico y jurídico especializado, posibilidad de cambio de destino sin perjuicio profesional, protección frente a represalias o sanciones
encubiertas, reconocimiento del daño sufrido.
6. Implantar formación obligatoria y evaluable en igualdad, prevención de violencias machistas y derechos humanos para todo el personal militar, con especial atención a mandos y responsables de unidades.
7. Elaborar y publicar un informe anual desagregado y accesible sobre denuncias, investigaciones y resoluciones relativas al acoso sexual o por razones de género en las Fuerzas Armadas, garantizando la transparencia y el control
parlamentario.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley sobre la violencia digital y política contra las mujeres en espacios públicos, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En la era digital, las mujeres que participan en la vida pública como periodistas, políticas, activistas feministas o jóvenes con presencia en redes enfrentan niveles alarmantes de violencia digital y política que se traducen en acoso
organizado y deslegitimación. Estas agresiones no son hechos aislados, sino parte de patrones más amplios de violencia machista facilitados por dinámicas tecnológicas y culturales que amplifican los discursos misóginos.
Casos recientes muestran cómo plataformas como X (antes Twitter) se han convertido en escenarios de campañas coordinadas de odio hacia mujeres dirigentes y diputadas del espectro progresista, tal y como se ha documentado en ataques online
dirigidos contra la diputada de Podemos Martina Velarde, con insultos y amenazas que buscan degradar su figura pública y su ejercicio político.
También, en los últimos meses se han sucedido denuncias públicas de mujeres periodistas, comunicadoras y creadoras de contenido como Cristina Fallarás, Laura Arroyo o Marina Rivers que evidencian una escalada de violencia digital y política
que traspasa el ámbito de las redes sociales y alcanza el espacio laboral y personal. Recientemente, la analista Sarah Santaolalla ha denunciado una sucesión de agresiones que comenzó con amenazas de muerte e insultos en redes sociales, continuó
con comentarios sexistas y humillantes por parte de un cargo público del Partido Popular y derivó en acoso físico,
persecución en carretera y hostigamiento a las puertas de su domicilio por parte del agitador de extrema derecha Vito Quiles, requiriendo finalmente intervención policial.
Este tipo de episodios ponen de manifiesto que la violencia digital contra mujeres feministas no es un fenómeno meramente discursivo, sino una forma de violencia política machista que opera de manera coordinada, progresiva y con capacidad
real de poner en riesgo la integridad física y la vida de las víctimas, con el objetivo de infundir miedo, disciplinar y expulsar a las mujeres del espacio público.
La violencia digital no se limita a insultos u hostigamiento: incluye acoso mediante cuentas falsas o bots, difusión de datos personales sin consentimiento (doxing) o la creación de contenidos manipulados con fines de sexualización,
humillación o daño reputacional mediante inteligencia artificial (deepfakes).
Este fenómeno amenaza la igualdad de oportunidades, la libertad de expresión y la participación democrática de las mujeres, con efectos directos en las víctimas como daño psicológico y riesgos para la integridad personal, pero también en
el conjunto de la sociedad: la violencia digital y política machista socava la calidad democrática al expulsar voces críticas y transformadoras en el debate público.
Cabe destacar que, si bien la Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025 incorporó por primera vez la violencia política como una forma de violencia machista, su inclusión no se ha visto reflejada en la última
renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2025). Esta omisión supone un retroceso preocupante en el reconocimiento institucional de un fenómeno que afecta de forma directa a muchas mujeres que participan en la esfera pública.
Resulta urgente subsanar esta laguna y avanzar hacia una respuesta integral.
En este contexto, resulta imprescindible que el Estado reconozca esta forma de violencia como una violencia machista exacerbada por los entornos digitales y las nuevas tecnologías, que requiere respuestas institucionales claras y específicas
que contemplen tanto la prevención como la reparación y la responsabilidad de las plataformas digitales. Hay que proteger el derecho de las mujeres a participar en la vida pública y garantizar que ninguna sufra represalias por ejercer su libertad
de expresión o por denunciar las violencias machistas.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Condena enérgicamente las campañas de acoso y violencia en redes sociales contra mujeres políticas, periodistas, activistas y creadoras de contenido feministas, y declara su apoyo a quienes las sufren.
2. Reconoce y visibiliza que la violencia digital y política dirigida hacia las mujeres constituye una forma de violencia machista, que se manifiesta en ataques y campañas organizadas de odio en redes sociales, pero que puede derivar en
acoso presencial, persecuciones, hostigamiento en el entorno laboral y domiciliar, siempre con el objetivo de desalentar o impedir la participación pública de las feministas.
3. Insta al Gobierno a:
a. Reconocer explícitamente la violencia política de género como una forma de violencia machista en línea con la Relatoría de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres de 2024.
b. Incorporar de manera explícita esta violencia política contra las mujeres en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, garantizando su reconocimiento, seguimiento y dotación presupuestaria en coherencia con su inclusión en la
Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025.
c. Fortalecer el Observatorio Estatal de Violencia contra las Mujeres con un módulo específico sobre violencia política y digital.
d. Impulsar un protocolo estatal de prevención y atención frente a la violencia digital y política contra las mujeres inspirado en las buenas prácticas iberoamericanas con mecanismos de denuncia, protección y reparación, que incluya
criterios claros de actuación para autoridades públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instituciones educativas y plataformas digitales.
e. Regular y reforzar la responsabilidad de las plataformas digitales, exigiendo mecanismos eficaces para la detección, eliminación y respuesta a contenidos abusivos como los deepfakes no consentidos, así como protocolos de atención a
víctimas y colaboración obligatoria con autoridades competentes.
f. Desarrollar campañas públicas de sensibilización y formación sobre el impacto de la violencia digital y política contra las mujeres en la calidad democrática y en el derecho a la participación.
g. Establecer programas específicos de apoyo psicosocial, jurídico y tecnológico para mujeres víctimas de violencia digital y política, priorizando casos de especial vulnerabilidad como aquellos liderazgos jóvenes o con alta visibilidad
mediática.
h. Fomentar la cooperación internacional y la adopción de buenas prácticas en materia de violencia digital y política contra las mujeres, en consonancia con marcos y recomendaciones de organismos internacionales y de derechos humanos y
explorar la incorporación de medidas legislativas en línea con las experiencias de América Latina.
4. Reitera su compromiso con la igualdad de género, la libertad de expresión y la participación plena de las mujeres en la esfera pública y política, así como con la erradicación de todas las formas de violencia machista que buscan limitar
estos derechos fundamentales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las responsabilidades
políticas y a la revisión urgente de los protocolos de prevención y actuación frente a la violencia sexual en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en la carrera militar, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La reciente querella presentada por una subordinada contra el hasta ahora director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional por presunta agresión sexual, mensajes intimidatorios, llamadas insistentes y posibles coacciones posteriores,
ha provocado una profunda conmoción pública e institucional. Tras la trascendencia mediática de los hechos, el alto cargo presentó su dimisión.
De confirmarse judicialmente los hechos denunciados, nos encontraríamos ante un caso de extraordinaria gravedad: el máximo responsable operativo del cuerpo encargado, entre otras funciones, de la protección de las víctimas, señalado como
presunto autor de una agresión sexual contra una subordinada directa.
No se trata de un caso aislado en un contexto político neutro. Este episodio se suma a una cadena de decisiones, errores normativos y fallos de gestión que han debilitado la protección de las mujeres en España:
La aprobación de la conocida como «Ley del solo sí es sí», que ha supuesto de rebajas de condena y la excarcelación de centenares de agresores sexuales.
La denominada «Ley Trans», que ha generado una profunda fractura en el movimiento feminista y en las políticas públicas de igualdad.
Los fallos en el sistema de pulseras telemáticas de control de agresores, que han generado un estado permanente de inquietud y alarma entre las mujeres víctimas con órdenes de alejamiento.
Y ahora, este caso, que afecta directamente al máximo responsable operativo de la Policía Nacional.
El patrón resulta preocupante: quienes debían proteger a las mujeres han fallado reiteradamente.
En el presente caso, además, todo parece haber fallado en cadena:
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, cuya función es coordinar las políticas en la materia bajo la competencia del Ministerio de Igualdad.
La Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El sistema ONVIOS de registro y seguimiento de delitos contra la libertad sexual.
Los propios mecanismos internos de denuncia y protección en estructuras fuertemente jerarquizadas, en especial los protocolos aprobados y revisados en 2015.
Resulta especialmente grave que la Secretaría de Estado de Seguridad esté ocupada por quien anteriormente fue secretaria de Estado de Igualdad, lo que debería haber garantizado una coordinación reforzada entre ambos departamentos.
Asimismo, el caso presenta inquietantes paralelismos con el conocido caso Salazar, en cuanto a la posición de poder del presunto agresor y la eventual invisibilización inicial de los hechos.
Cuando el presunto agresor es quien ostenta la máxima responsabilidad operativa en la protección de víctimas, el sistema entero queda en entredicho, más si cabe cuando su mantenimiento como máximo responsable de la Policía Nacional más allá
de la edad reglamentaria obedeció a una decisión política y personal del ministro quien lo incluyó en uno de los Reales Decretos ley de la Dana.
El Gobierno ha fallado a las mujeres, pero, sobre todo, ha vuelto a fallar a las funcionarías que prestan sus servicios en la Administración General del Estado y a las víctimas de violencia sexual.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir responsabilidades políticas inmediatas, mediante el cese del ministro del Interior, D. Fernando Grande-Marlaska, como máximo responsable de la designación y mantenimiento en el cargo del director Adjunto Operativo (DAO) de la
Policía Nacional.
2. Llevar a cabo, con carácter urgente, una revisión integral e independiente de los protocolos de prevención, detección y denuncia de violencia sexual en:
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La carrera militar.
Cualquier institución jerarquizada dependiente del Estado.
3. Garantizar la puesta a disposición de la víctima de todos los recursos psicológicos, jurídicos, sociales y económicos necesarios para su recuperación integral, asegurando su protección frente a cualquier tipo de represalia.
4. Evaluar el funcionamiento real de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales y del sistema ONVIOS, haciendo públicos los resultados y proponiendo las reformas
necesarias para evitar fallos estructurales cuando el presunto agresor ocupa un alto cargo.
5. Establecer un mecanismo externo, independiente y con garantías reforzadas para la tramitación de denuncias por violencia sexual cuando afecten a miembros de la cúpula de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
6. En caso de que recaiga sentencia condenatoria firme contra el exdirector Adjunto Operativo, proceder a la retirada de todas las distinciones, condecoraciones y honores recibidos a lo largo de su carrera profesional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Patricia Rodríguez Calleja, Jaime Miguel de los Santos González, Sofía Acedo Reyes, Silvia Franco González, Beatriz Álvarez Fanjul, Óscar Clavell López y Cristina Teniente
Sánchez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
181/001614
Rafael Antonio Hernando Fraile, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Carlos Rojas García.
Grupo Popular en el Congreso.
¿Qué uso realiza el ex Presidente del Gobierno don José Luis Rodríguez Zapatero de bienes titularidad del Estado y de acceso restringido gestionados y administrados por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (entidad de derecho
público que depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tal y como estable el Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica de dicho departamento), especialmente tras haberse publicado por un medio de comunicación que el ex Presidente se «reunió en secreto con el empresario Julio Martínez, detenido por la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por blanqueo de capitales en el marco de la investigación
sobre la aerolínea Plus Ultra» en el monte de El Pardo, en la mañana del 8 de diciembre de 2025?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2026.Rafael Antonio Hernando Fraile, Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/001623
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Está en disposición el Gobierno del Estado de proceder a la transferencia de competencias para gestionar la cobertura de las plazas de funcionarios habilitados estatales de los ayuntamientos a la Xunta de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Está en disposición o Goberno do Estado de proceder á transferencia das competencias para xestionar a cobertura das prazas de funcionarios habilitados estatais dos concellos á Xunta da Galiza?
En Madrid, a 17 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001611
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Nestor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Iniciará el Gobierno del Estado los trámites para la anulación de la prórroga de 25 años otorgada a la concesionaria de la AP-9 y para asumir la gestión directa de la autopista y la supresión de los peajes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Iniciará o Goberno do Estado os trámites para a anulación da prórroga de 25 anos outorgada á concesionaria da AP-9 e asumir a xestión directa da autoestrada e a supresión das peaxes?
En Madrid, a 13 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001615
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Acometerá el Ministerio de Transportes y ADIF la reparación urgente del talud posterior de la Estación de Santo Estevo en Pantón como consecuencia de un derrumbe que está poniendo en riesgo la única vía de acceso al núcleo de viviendas y la
seguridad de las personas que transitan por él?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Acometerá o Ministerio de Transportes e ADIF a reparación urxente do talude posterior da Estación de Santo Estevo en Pantón como consecuencia dun derrubamento que está a pór en risco o único camiño de acceso ao núcleo de vivendas e a
seguranza das persoas que circulan por este?
En Madrid, a 16 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001621
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Pondrá en marcha el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de ADIF un plan de revisión, inspección y mantenimiento de las vías ferroviarias y taludes de forma que se asegure el mantenimiento de la circulación de los
trenes incluso con condiciones meteorológicas adversas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Porá en marcha o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel a través de ADIF un plan de revisión, inspección e mantemento das vías de ferroviarias e taludes de forma que se asegure o mantemento da circulación dos trens mesmo con
condicións meteorolóxicas adversas?
En Madrid, a 17 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001622
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Cuáles son las diferencias técnicas que justifican que el sistema de torre remota fuese descartado por no viable o insuficientemente seguro en otros aeropuertos del Estado español pero sí se considere ahora adecuado para el aeropuerto de
Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Cales son as diferencias técnicas que xustifican que sistema de torre remota fose descartado por non viábel ou insuficientemente seguro noutros aeroportos do Estado español mais si se considere agora adecuado para o aeroporto de Vigo?
En Madrid, a 17 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001624
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Qué medidas adoptará el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la integración y humanización de los tramos de la N550 y N554 en el Municipio de Vilaboa, incluyendo la incorporación de bordillos, aceras, pasos de peatones,
medidas de calmado del tráfico y señalización adecuada, especialmente en las travesías de núcleos habitados, para garantizar la utilización segura por parte de las personas viandantes para acceder a negocios, servicios públicos y desarrollar
actividades de ocio y deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Que medidas adoptará o Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentábel para a integración e humanización dos tramos da N550 e N554 no Concello de Vilaboa incluíndo a incorporación de beiravías, beirarrúas, pasos de peóns, medidas de
calmado do tráfico e sinalizacións adecuadas, especialmente nas travesías de núcleos habitados, para garantir a utilización segura por parte das persoas viandantes para acceder a negocios, servizos públicos e para desenvolver actividades de lecer e
deporte?
En Madrid, a 18 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001632
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Ante las constantes incidencias, problemas, averías y contingencias en las infraestructuras ferroviarias de Galicia, además de los estragos producidos por los constantes temporales de lluvia y viento, así como la falta de inversión y
mantenimiento, coincide el Ministerio en que es preciso establecer planes de inspección, revisión y reparación que garanticen la circulación segura del tráfico ferroviario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Atendendo ás constantes incidencias, problemas, avarías e continxencias nas infraestruturas ferroviarias da Galiza, sumado aos estragos producidos polos constantes temporais de choiva e vento, así como á falta de investimentos e mantemento,
comparte o Ministerio que é preciso estabelecer plans de inspección, revisión e reparación que garantan a circulación segura do tráfico ferroviario?
En Madrid, a 18 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
Comisión de Industria y Turismo
181/001610
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Nestor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Adoptará el Gobierno del Estado un papel activo, a través de la SEPI como entidad inversora, y establecerá canales de comunicación con la dirección de la compañía, la Xunta de Galicia y los comités de empresa de las fábricas de ASERPAL y
LOSAN para
participar en el diseño de un plan de viabilidad para el Grupo Losán que asegure el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Adoptará o Goberno do Estado un papel activo, a través da SEPI como entidade investidora, e estabelecerá canles de comunicación coa dirección da compañía, a Xunta da Galiza e os comités de empresa das fábricas ASERPAL e LOSAN para participar
no deseño dun plan de viabilidade para o Grupo Losán que asegure o mantemento da actividade industrial e dos postos de traballo?
En Madrid, a 13 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001618
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Qué actuaciones y medidas pondrá en marcha el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para paliar las consecuencias de los temporales y lluvias intensas que se vienen produciendo desde el mes de noviembre en el sector del mar
gallego?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2026. Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Que actuacións e medidas vai pór en marcha o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para paliar as consecuencias dos temporais e chuvias intensas que se veñen producindo desde o mes de novembro no sector do mar galego?
En Madrid, a 16 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001619
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación al episodio de alta mortalidad de aves marinas que se está produciendo en la
costa gallega y de forma masiva en las playas de las Rías de Muros y Noia, Arousa y Vigo que permitan determinar las causas y descartar contagios de gripe aviar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Que medidas adoptou o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación en relación ao episodio de alta mortaldade de aves mariñas que se está a producir na costa galega e de forma masiva nas praias das Rías de Muros e Noia, Arousa e Vigo que
permitan determinar as causas e descartar contaxios de gripe aviaria?
En Madrid, a 17 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001613
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Está dispuesto el Gobierno a recuperar definitivamente el borde litoral de A Ribeiriña, en A Pobra do Caramiñal y a elaborar y ejecutar un proyecto que en colaboración con la administración gallega incluya la adquisición y demolición de la
antigua fábrica de HADASA y la recuperación de los terrenos donde se asienta para uso y disfrute público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Está disposto o Goberno a recuperar definitivamente o bordo litoral da Ribeiriña, na Pobra do Caramiñal e a elaborar e executar un proxecto que en colaboración coa administración galega que inclúa a adquisición e derrube da antiga fábrica de
HADASA e a recuperación dos terreos onde se asenta para uso e desfrute público?
En Madrid, a 14 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001617
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Qué medidas pondrá en marcha la CHMS para dar cumplimiento a la sentencia del TSXG ahora confirmada por el TS y que determina la obligación de adoptar las medidas precisas para revertir la elevada contaminación del embalse de As Conchas y
garantizar
el abastecimiento de agua potable limpia, segura y libre de microorganismos y rehabilitar así los derechos fundamentales de los vecinos y las vecinas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Que medidas porá en marcha a CHMS para dar cumprimento á sentenza do TSXG agora confirmada polo TS e que determina a obriga de adoptar as medidas precisas para reverter a elevada contaminación do encoro das Conchas e garantir o abastecemento
de auga potábel limpa, segura e libre de microorganismos e rehabilitar así os dereitos fundamentais dos veciños e veciñas?
En Madrid, a 14 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001620
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en relación al episodio de alta mortalidad de aves marinas que se está produciendo en la costa gallega y de forma masiva en las playas de las Rías de Muros y
Noia, Arousa y Vigo que permitan determinar las causas y descartar contagios de gripe aviar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Que medidas adoptou o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico en relación ao episodio de alta mortaldade de aves mariñas que se está a producir na costa galega e de forma masiva nas praias das Rías de Muros e Noia, Arousa e
Vigo que permitan determinar as causas e descartar contaxios de gripe aviaria?
En Madrid, a 17 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/001625
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Garantizará el Ministerio de Ciencia y Universidades la participación efectiva de los proyectos de investigación de las universidades gallegas en los programas estatales
de I+D+i, asegurando mecanismos de acceso equitativo, recursos adecuados y reconocimiento de la labor científica realizada en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Garantirá o Ministerio de Ciencia e Universidades a participación efectiva dos proxectos de investigación das universidades galegas nos programas estatais de I+D+i, asegurando mecanismos de acceso equitativo, recursos adecuados e
recoñecemento ao labor científico realizado na Galiza?
En Madrid, a 18 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001626
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Establecerá el Gobierno del Estado líneas específicas de financiación para proyectos e investigaciones desarrollados en lenguas oficiales diferentes del español gallego, euskera, catalán y aranés sin impedir su presentación a otras líneas
de ayudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, Integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Estabelecerá o Goberno do Estado liñas específicas de financiamento para proxectos e investigacións desenvoltos en linguas oficiais diferentes do español galego, euskera, catalán e aranès sen impedir a súa presentación para outras liñas de
axudas?
En Madrid, a 18 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001627
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Asume el Gobierno del Estado el compromiso de incrementar progresivamente la financiación de las universidades públicas hasta alcanzar el objetivo mínimo de 1,5 % del
Producto Interior Bruto (PIB), a fin de garantizar una educación superior pública, de calidad, accesible y sin exclusiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Asume o Goberno do Estado o compromiso de incrementar progresivamente o financiamento das universidades públicas até acadar o obxectivo mínimo de 1,5 % do Produto Interior Bruto (PIB), co fin de garantir unha educación superior pública, de
calidade, accesíbel e sen exclusións?
En Madrid, a 18 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001628
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Procederá el Gobierno del Estado a la transferencia de las competencias, infraestructuras y recursos materiales en Galicia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y las
entidades dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el fin de avanzar en un modelo universitario y científico descentralizado y plenamente adaptado al territorio y necesidades gallegas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Procederá o Goberno do Estado á transferencia das competencias, infraestruturas e recursos materiais na Galiza da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED), da Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) e das entidades
dependentes do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), co fin de avanzar nun modelo universitario e científico descentralizado e plenamente adaptado ao territorio e ás necesidades galegas?
En Madrid, a 18 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001629
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Está en disposición el Gobierno del Estado de iniciar los trámites y negociaciones para transferir a Galicia las competencias en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación
superior
extranjeros, con el objetivo de reducir los plazos y mejorar la eficiencia administrativa en este ámbito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Está en disposición o Goberno do Estado de iniciar os trámites e negociacións para transferir á Galiza as competencias en materia de homologación e declaración de equivalencia de títulos obtidos no marco de sistemas de educación superior
estranxeiros, co obxectivo de reducir os prazos e mellorar a eficiencia administrativa neste ámbito?
En Madrid, a 18 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001631
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Está en disposición el Gobierno del Estado de iniciar los trámites para la transferencia a Galicia de las competencias relacionadas con la gestión, convocatoria y resolución de becas de ayuda al estudio, tanto universitarias como no
universitarias, acompañadas de la dotación presupuestaria y del personal necesario para garantizar su plena ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Está en disposición o Goberno do Estado de iniciar os trámites para a transferencia á Galiza das competencias relacionadas coa xestión, convocatoria e resolución de bolsas de axuda ao estudo, tanto universitarias como non universitarias,
acompañadas da dotación orzamentaria e do persoal necesario para garantir a súa plena execución?
En Madrid, a 18 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/033681
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Valero Morales, Juan Antonio (GSUMAR)
Valoración del Gobierno del impacto que están teniendo las políticas educativas de los gobiernos autonómicos del Partido Popular en el proceso de privatización de la Formación Profesional y en la falta de plazas públicas, especialmente en
comunidades como Andalucía.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr.
Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, el miembro de la cámara que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
La Formación Profesional se ha convertido en una pieza clave para el futuro laboral de la juventud y para el desarrollo del tejido productivo del país. Su crecimiento en alumnado y prestigio social representa una oportunidad histórica para
consolidar un sistema público fuerte, inclusivo, accesible y de calidad, que garantice que el derecho a la educación no dependa del nivel de renta ni del código postal.
Sin embargo, esta oportunidad está siendo seriamente amenazada por las políticas de privatización impulsadas por los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Allí donde gobierna el Partido Popular, la falta de planificación y la renuncia
a reforzar la red pública de Formación Profesional están empujando a miles de jóvenes hacia centros privados, muchos de ellos en manos de grandes empresas y fondos de inversión, convirtiendo la FP en un negocio y no en un derecho.
El caso de Andalucía es especialmente alarmante. En apenas cinco años, el alumnado de FP privada se ha duplicado, pasando de 20.300 estudiantes en el curso 2018-2019 a más de 41.000 en la actualidad. Al mismo tiempo, cerca de 30.000
jóvenes se han quedado sin plaza en la FP pública. Hoy, uno de cada tres estudiantes andaluces de Formación Profesional tiene que pagar para poder estudiar, con matrículas que oscilan entre los 3.000 y los 9.000 euros anuales. Muchas familias
trabajadoras se ven obligadas a endeudarse para que sus hijos e hijas puedan formarse. Las cifras hablan solas: mientras el alumnado público ha crecido un 31 %, el privado lo ha hecho casi un 470 %. Ya cerca del 30 % del alumnado está en centros
privados.
Esto no es casualidad: es una estrategia de privatización, que beneficia a fondos de inversión como KKR, que se extienden por Andalucía con el aval del Gobierno andaluz, conocido por operar en los territorios palestinos ocupados
ilegalmente.
Los datos evidencian una estrategia deliberada: mientras la oferta pública crece de manera muy limitada, los centros privados han aumentado un 100 %, frente a un crecimiento del 23 % en los centros públicos. Este modelo promueve una
segregación educativa por renta y supone una mercantilización acelerada de la enseñanza, con la entrada de capital riesgo y fondos de inversión ajenos a cualquier proyecto educativo de interés general.
Tal y como ha informado infoLibre, el propio presidente del Gobierno ha advertido del riesgo de que la Formación Profesional se convierta en un negocio y ha anunciado la aprobación de un real decreto para poner límites a la proliferación de
centros privados
sin garantías de calidad, evitando la aparición de «chiringuitos educativos» y defendiendo la equidad en el acceso a esta enseñanza.
Frente a la ofensiva privatizadora del Partido Popular, la aplicación de la nueva normativa de Formación Profesional debe servir para reforzar decididamente el sistema público, aumentar las plazas, mejorar las infraestructuras y dignificar
las condiciones del profesorado, garantizando que ningún joven quede fuera de la FP pública por falta de oferta.
1.º ¿Qué líneas de actuación está desarrollando el Gobierno para garantizar que el crecimiento de la Formación Profesional se traduzca prioritariamente en una ampliación de la oferta pública y no en una expansión descontrolada de centros
privados?
2.º ¿Cómo prevé el Gobierno frenar la mercantilización de esta enseñanza y reforzar su carácter público y accesible?
3.º ¿Qué mecanismos de coordinación y diálogo mantiene el Gobierno con las comunidades autónomas para asegurar que la planificación de la oferta de FP responda al interés general y no a intereses privados?
4.º ¿En qué plazo tiene previsto el Gobierno aprobar el Decreto anunciado para frenar la proliferación de centros de Formación Profesional privados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Juan Antonio Valero Morales, Diputado.
184/033929
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando (GSUMAR)
Graves efectos que el reciente temporal está provocando en distintos municipios de la provincia de Córdoba.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr.
Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.
En relación con los graves efectos que el reciente temporal está provocando en distintos municipios de la provincia de Córdoba, con incremento del caudal del río
Guadalquivir hasta niveles de alerta, afección a zonas históricamente inundables y daños potenciales en viviendas, explotaciones agrarias e infraestructuras públicas,
¿Tiene previsto el. Gobierno de España, en el marco de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, activar de forma inmediata los mecanismos de evaluación de daños en
coordinación con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados, con el fin de valorar la procedencia de una eventual declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en la provincia de Córdoba?
Igualmente, ¿Qué medidas concretas prevé el Gobierno de España activar, en su ámbito competencial, para apoyar a las personas afectadas, a las explotaciones agrarias, a pymes y autónomos y a las entidades locales, en particular las previstas
en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, en caso de que se materialice dicha declaración?
Por último, ¿Qué actuaciones inmediatas y a medio plazo tiene previstas el Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tanto en relación con la gestión de los desembalses y la situación de los cauces, como
en materia de prevención, corrección y reducción del riesgo de inundaciones en la provincia de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Enrique Fernando Santiago Romero, Diputado.
184/034301
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Ogou i Corbi, Viviane (GSUMAR)
Santos Maraver, Agustín (GSUMAR)
Mecanismos que existen actualmente para que las víctimas de violencia de género residentes en España puedan acceder a asistencia diplomática o consular cuando se encuentran en los países de los que son nacionales y ven vulnerados sus
derechos fundamentales, como es el caso de Pakistán.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, Viviane Ogou i Corbi y Agustín Santos Maraver, diputada adscrita y diputado adscrito, respectivamente, al grupo parlamentario
Plurinacional SUMAR, formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta escrita.
La violencia de género es una realidad de carácter internacional que debe abordarse de manera Integral, mediante la cooperación multinivel y la acción diplomática y consular de los Estados, en línea con los compromisos asumidos en el marco
de Naciones Unidas y, en particular, con las conclusiones y resoluciones adoptadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
Entidades de mujeres y hombres de la comunidad pakistaní en España han denunciado una situación reiterada que afecta gravemente a la garantía de derechos de ciudadanos y personas residentes en nuestro país. Según relatan, se han producido
diversos casos en los que, durante viajes a Pakistán de personas residentes en España, la violencia de género se ha manifestado mediante la confiscación o destrucción de la documentación personal de la mujer y, en algunos casos, de sus hijas e
hijos. Estas acciones limitan gravemente su libertad de movimiento e impiden su retorno a España.
Cuando se producen estas situaciones, las mujeres afectadas se ven obligadas a reiniciar los procedimientos de solicitud de visado, enfrentándose a importantes dificultades para contactar con el Consulado General de España en Islamabad y
para recibir la asistencia consular necesaria. A su vez, cuando tratan de interponer una demanda judicial local, el juez de familia falla a favor del marido quien tiene la patria potestad según el ordenamiento jurídico local, lo que dificulta la
tramitación pertinente con el Consulado General.
En este contexto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la elevada prevalencia de la violencia de género en Pakistán, la escasez de denuncias y la
impunidad de los agresores, así como por las carencias en la protección institucional a las víctimas. El Comité ha recomendado tipificar como delito todas las formas de violencia de género, incluida la violencia doméstica y la violación conyugal,
adoptar planes nacionales de acción, reforzar la formación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad y garantizar una red suficiente de centros de acogida y servicios de apoyo.
Esta problemática no se circunscribe exclusivamente a Pakistán. Recientemente se conoció el caso de Safia, una mujer saharaui de 28 años residente en España, que permaneció retenida durante más de 18 meses en Argelia por su propia familia,
tras la confiscación de su documentación, al oponerse esta a su regreso a España, lo que limitó gravemente su libertad de movimiento y su acceso a protección. Otros casos se han reportado en más consulados, como en el Consulado de Perpiñán lo que
refuerza la necesidad, subrayada en las conclusiones de la CSW57, de fortalecer respuestas institucionales integrales y coordinadas frente a la violencia de género, incluyendo servicios multisectoriales como la coordinación consular y la cooperación
internacional, junto con marcos de protección eficaces para mujeres víctimas de violencia.
1. ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares, para garantizar la asistencia y protección de las víctimas de violencia
de género residentes en España que, encontrándose en los países de los que son nacionales, ven vulnerados sus derechos fundamentales?
2. ¿Tiene conocimiento el Consulado General de España en Islamabad de este tipo de situaciones? En caso afirmativo, ¿qué mecanismos específicos tiene habilitados para atenderlas y garantizar la protección de las personas afectadas?
3. ¿Tiene previsto el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desarrollar un protocolo específico para la atención de estos casos, así como habilitar canales de emergencia y salvoconductos urgentes que permitan
garantizar el retorno seguro de las víctimas a España?
4. ¿Ante la situación existente en el Consulado de España en Islamabad, y dadas las particularidades del ordenamiento jurídico en materia de derecho de familia y de
protección de las mujeres, cómo prevé el Estado español defender los derechos de los ciudadanos que se vean afectados?
5. ¿Ha previsto el Gobierno enviar a estos consulados especialmente afectados por esta situación referente al derecho de familia a mediadores especializados que permita defender los derechos de estos ciudadanos ante los tribunales de
familia de Pakistán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2026.Viviane Ogou i Corbi y Agustín Santos Maraver, Diputados.
184/034827
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Lorente Anaya, Macarena (GP)
Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Román Jasanada, Antonio (GP)
Pérez Coronado, Pablo (GP)
Navarro López, Pedro (GP)
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP)
Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Sánchez Pérez, César (GP)
García Félix, Manuel (GP)
Velasco Retamosa, José Manuel (GP)
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP)
Celaya Brey, Javier (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Evaluación del impacto que la posible simplificación del canje de carnets de conducir marroquíes podría tener en el empleo de los conductores ya formados en España, especialmente en el sector del transporte profesional, así como existencia
de estudios o informes que cuantifiquen los nuevos conductores que podrían incorporarse al mercado laboral mediante permisos de conducir convalidados.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el segundo guion de la iniciativa, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en
poder de la Administración pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001552).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Macarena Lorente Anaya, Carlos Floriano Corrales, Antonio Roman Jasanada, Pablo Pérez Coronado, Pedro Navarro López, Pablo Hispan Iglesias de Ussel, Ricardo Tarno Blanco, Belen Hoyo Julia, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Manuel
García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Cayetana Alvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Cela Ya Brey y Marta González Vázquez, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
La posible simplificación del canje de carnets de conducir marroquíes podría facilitar que trabajadores con permisos convalidados accedan al sector del transporte profesional (mercancías, reparto, VTC, taxis, autobuses). Este acceso podría
afectar a los trabajadores españoles que han cumplido con todos los requisitos formativos y económicos para obtener sus permisos en España.
¿Ha evaluado el Gobierno el impacto que esta medida podría tener en el empleo de los conductores ya formados en España, especialmente en el sector del transporte profesional?
¿Existen estudios o informes, que cuantifiquen cuántos nuevos conductores podrían incorporarse al mercado laboral mediante permisos convalidados? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Macarena Lorente Anaya, Carlos Javier Floriano Corrales, Antonio Román Jasanada, Pablo Pérez Coronado, Pedro Navarro López, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Ricardo Tarno Blanco,
Belén Hoyo Juliá, Carlos Rojas García, César Sáchez Pérez, Manuel García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey y Marta González Vázquez, Diputados.
184/035312
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Martínez Labella, Ana (GP)
Ibáñez Hernando, Ángel (GP)
Palencia Rubio, Héctor (GP)
Sánchez Sierra, María del Mar (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP)
Razón por la que el Gobierno ha dejado por segunda vez a RNE fuera del «pool» de medios que cubren un viaje oficial del Presidente del Gobierno a la India.
Acuerdo:
Calificar la pregunta al Gobierno incluida en el escrito registrado con el número 100567 (número de expediente correspondiente al resto 179/002439) como pregunta al Gobierno con respuesta escrita, trasladar al Gobierno a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eduardo Carazo Hermoso, Macarena Montesinos de Miguel, Tristana Moraleja Gómez, Ana Martínez Labella, Ángel Ibáñez Hernando, Héctor Palencia Rubio, Mar Sánchez Sierra, Belén Hoyo Juliá y Soledad Cruz-Guzmán García, Diputados pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en la Disposición final quinta del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Presidente de la Corporación RTVE, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Gobierno ha dejado por segunda vez a RNE fuera del «pool» de medios que cubren un viaje oficial del presidente del Gobierno, en esta ocasión el viaje a la India? [ ]
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Eduardo Carazo Hermoso, Macarena Montesinos de Miguel, Tristana Moraleja Gómez, Ana Martínez Labella, Ángel Ibáñez Hernando, Héctor Palencia Rubio, María del Mar Sánchez Sierra,
Belén Hoyo Juliá y María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputados.
CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
179/002439
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(179) Pregunta a la Corporación RTVE con respuesta escrita.
Autor: Carazo Hermoso, Eduardo (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Martínez Labella, Ana (GP)
Ibáñez Hernando, Ángel (GP)
Palencia Rubio, Héctor (GP)
Sánchez Sierra, María del Mar (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP)
Razón por la que el Gobierno ha dejado por segunda vez a RNE fuera del «pool» de medios que cubren un viaje oficial del Presidente del Gobierno a la India, así como medidas adoptadas para evitar que se consolide este precedente.
Acuerdo:
1. En cuanto a la primera parte de la pregunta que afecta al Gobierno, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (nuevo
número de expediente 184/035312).
2. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la
Presidencia de la Cámara de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eduardo Carazo Hermoso, Macarena Montesinos de Miguel, Tristana Moraleja Gómez, Ana Martínez Labella, Ángel Ibáñez Hernando, Héctor Palencia Rubio, Mar Sánchez Sierra, Belén Hoyo Juliá y Soledad Cruz-Guzmán García, Diputados pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en la Disposición final quinta del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Presidente de la Corporación RTVE, de la que desean obtener respuesta por escrito.
[ ]
¿Qué medidas ha adoptado la dirección de RTVE para evitar que se consolide este precedente que el propio Consejo de Informativos ha calificado como peligroso para el servicio público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.Eduardo Carazo Hermoso, Macarena Montesinos de Miguel, Tristana Moraleja Gómez, Ana Martínez Labella, Ángel Ibáñez Hernando, Héctor Palencia Rubio, María del Mar Sánchez Sierra,
Belén Hoyo Juliá y María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputados.