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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 484, de 26/02/2026
cve: BOCG-15-D-484
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de febrero de 2026
Núm. 484
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000414
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre una nueva regulación para los créditos rápidos en defensa del consumidor.
Enmiendas ... (Página3)
Aprobación con modificaciones ... (Página5)
162/000634
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de nuestro campo y del sector primario que garantiza nuestra soberanía alimentaria.
Rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página6)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000176
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible relativa al deterioro y a la insuficiencia estructural del servicio de Rodalies en el País Valencià ...
172/000177
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario VOX, a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la política migratoria del Gobierno de España ... (Página6)
172/000178
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda sobre el impacto de la falta de Presupuestos Generales del Estado en la financiación de
infraestructuras y servicios de las comunidades autónomas ... (Página7)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000148
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impacto en la economía canaria de la falta de aplicación e incumplimientos de la normativa europea y española en vigor por su condición de
Región Ultraperiférica.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página7)
Aprobación con modificaciones ... (Página11)
173/000149
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno para garantizar la seguridad de las infraestructuras de transportes.
Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página12)
173/000150
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el evidente fracaso de las políticas en materia de vivienda de este Gobierno.
Texto de la moción y aprobación por el Pleno de la Cámara ... (Página15)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000414
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR, sobre una nueva regulación para los créditos rápidos en defensa del consumidor, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 277, de 7 de febrero de 2025.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre una nueva regulación para los créditos
rápidos en defensa del consumidor, que se debatirá como punto 4 del orden de día en la sesión núm. 160 del Pleno del Congreso de los Diputados del día 17 de febrero de 2026.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
Las medidas deben incluir
1. Analizar con rigor las causas económicas y sociales que llevan a determinados colectivos a acudir a este tipo de financiación.
2. Proteger de manera efectiva a las familias españolas que han sufrido y están sufriendo las consecuencias de las malas prácticas de los créditos rápidos, a los que muchas han llegado por la precariedad que viven como consecuencia de
políticas económicas que han provocado inflación persistente, pérdida de poder adquisitivo, precariedad laboral, asfixia fiscal y falta de inversión productiva.
usurarios como los que han sufrido algunos consumidores.
3. Publicar, en el plazo máximo de seis meses, un informe detallado sobre el número estimado de consumidores afectados a consecuencia de las malas prácticas de los créditos rápidos, las sanciones impuestas, las reclamaciones tramitadas y su
resultado y las medidas adoptadas para prevenir nuevos abusos.
4. Impulsar mecanismos eficaces de detección, inspección y sanción de préstamos usurarios.
aquellas empresas
5. Llevar a cabo una rebaja y simplificación drástica del IRPF, estableciendo un mínimo exento de 22.000 euros, un primer tramo hasta los 70.000 euros que tributará a un tipo del 15 % y un segundo tramo a partir de los 70.000 euros que
tributará a un tipo del 25 %. Se aplicará una minoración de 4 puntos porcentuales en el tipo aplicable para cada contribuyente por cada descendiente.
que ofrezcan unos estándares adecuados para el consumidor.
6.
7.
sancionar o iniciar una-denuncia penal si se prueba necesario
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre una nueva regulación para los créditos rápidos en defensa del consumidor.
Enmienda
De modificación.
«1. Reforzar el control de las cláusulas abusivas aplicadas en los contratos a través de la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, respetando la competencia exclusiva de los tribunales para su declaración.
2. (Igual).
3. (igual).
4. (igual).
5. Reforzar la obligación de que, con la debida antelación a la contratación, las entidades que ofrezcan créditos al consumo, y en particular créditos de alto coste, faciliten a la persona consumidora información precontractual
estandarizada mediante, al menos, una Información Normalizada Europea sobre el crédito al consumo y una Ficha de Crédito de Alto Coste que recoja de forma clara y fácilmente comparable las condiciones esenciales del producto, incluido su coste
total, los riesgos principales y los elementos más relevantes para la toma de una decisión informada.
6. (Igual).
7. (igual).
8. Reforzar los controles sobre los prestamistas de crédito al consumo, tanto en la fase de publicidad y comercialización como en la de ejecución de los contratos, facilitando
la articulación de los mecanismos para la detección y sanción de conductas publicitarias que entrañen riesgos para los consumidores.
9. (Nuevo) Reforzar los procedimientos de evaluación de solvencia del consumidor en la concesión de créditos al consumo, con el objetivo de evitar situaciones de sobreendeudamiento.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre una nueva regulación para los créditos rápidos en defensa
del consumidor, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 277, de 7 de febrero de 2025, en los siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Reforzar el control de las cláusulas abusivas aplicadas en los contratos a través de la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, de forma coordinada con el resto de autoridades administrativas y
judiciales competentes.
2. Implementar toda medida destinada a evitar costes de créditos excesivos o usurarios como los que han sufrido algunos consumidores.
3. Ampliar el ámbito objetivo de los créditos regulados eliminando el límite inferior de 200 euros existente en la normativa actual.
4. Establecer un procedimiento de registro y supervisión de todos los prestamistas de crédito al consumo. La actividad debe reservarse a aquellas empresas que muestren la solvencia adecuada y presenten prácticas respetuosas con el
consumidor en un marco de rendición de cuentas que responda ante los reguladores de nuestro país.
5. Reforzar la obligación de que, con la debida antelación a la contratación, las entidades que ofrezcan créditos al consumo, y en particular créditos de alto coste, faciliten a la persona consumidora información precontractual
estandarizada mediante, al menos, una Información Normalizada Europea sobre el crédito al consumo y una Ficha de Crédito de Alto Coste que recoja de forma clara y fácilmente comparable las condiciones esenciales del producto, incluido su coste
total, los riesgos principales y los elementos más relevantes para la toma de una decisión informada.
6. Someter a empresas de crédito al consumo y de créditos rápidos al control y la supervisión del Banco de España.
7. Prohibir la publicidad de los créditos rápidos en la que se destaque la facilidad de obtención del crédito frente a otras características del mismo como su coste.
8. Reforzar los controles sobre los prestamistas de crédito al consumo, tanto en la fase de publicidad y comercialización como en la de ejecución de los contratos, facilitando la articulación de los mecanismos para la detección y sanción de
conductas publicitarias que entrañen riesgos para los consumidores.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000634
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de nuestro campo y del sector primario que garantiza nuestra soberanía
alimentaria, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 427, de 7 de noviembre de 2025.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000176
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible relativa al deterioro y a la insuficiencia estructural del
servicio de Rodalies en el País Valencià, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada de Compromís Àgueda Micó i Micó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta la siguiente interpelación urgente al Ministro
de Transportes y Movilidad Sostenible, relativa al deterioro y a la insuficiencia estructural del servicio de Rodalies en el País Valencià.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000177
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la política migratoria del Gobierno de
España, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de los dispuesto en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula interpelación urgente a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la
política migratoria del Gobierno de España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
172/000178
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda sobre el impacto de la
falta de Presupuestos Generales del Estado en la financiación de infraestructuras y servicios de las comunidades autónomas, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente a la Vicepresidenta Primera y Ministra
de Hacienda, sobre el impacto de la falta de PGE en la financiación de infraestructuras y servicios de las CC. AA.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000148
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el
impacto en la economía canaria de la falta de aplicación e incumplimientos de la normativa europea y española en vigor por su condición de Región Ultraperiférica, y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre
el impacto en la economía canaria de la falta de aplicación e incumplimientos de la normativa europea y española en vigor por su condición de Región Ultraperiférica.
Exposición de motivos
Las islas Canarias presentan determinadas características estructurales, derivadas de su lejanía, insularidad y fragmentación territorial, que dificultan de forma significativa su desarrollo económico y social. Estas circunstancias han dado
lugar a un tratamiento singular expresamente reconocido en el ordenamiento jurídico español y en el de la Unión Europea.
En coherencia con esta realidad, la Unión Europea otorgó al archipiélago la condición de Región Ultraperiférica (RUP), conforme al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dicho precepto reconoce que
determinados territorios como Canarias presentan desventajas permanentes como la lejanía del mercado continental europeo, la dependencia exterior, la reducida dimensión de su mercado interior o los sobrecostes de transporte y aprovisionamiento, que
justifican la adopción de medidas específicas y diferenciadas.
También, el artículo 349 del TFUE habilita la adopción de políticas particulares en ámbitos como la política aduanera y comercial, la fiscalidad, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de
materias primas y bienes esenciales, las ayudas públicas y el acceso a los fondos estructurales y programas horizontales de la Unión Europea, con el fin de garantizar la igualdad real de oportunidades y la cohesión económica y social.
Este reconocimiento no es el único fundamento jurídico del trato singular de Canarias. En el ámbito estatal, se concreta a través del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), un conjunto estable de medidas económicas, fiscales y de
compensación orientadas a corregir los sobrecostes estructurales, con el objetivo de garantizar la igualdad real de oportunidades en el Estado y el desarrollo económico y social del archipiélago. El REF cuenta con respaldo constitucional y con un
desarrollo normativo específico y diferenciado dentro del ordenamiento jurídico español.
Con una larga trayectoria histórica, que se remonta a los regímenes de franquicia otorgados tras la incorporación del archipiélago a la Corona de Castilla, el REF fue actualizándose de forma sucesiva mediante distintas reformas fiscales y
económicas en los siglos XIX y XX, hasta adaptarse, en su etapa más reciente, al marco europeo mediante instrumentos propios como el IGIC, el AIEM y los incentivos fiscales diferenciales a la inversión, así como mediante el reconocimiento expreso de
excepciones y modulaciones normativas al amparo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
No obstante, pese a la solidez del marco normativo, desde Canarias se constata la existencia de incumplimientos, aplicaciones parciales o desarrollos insuficientes de estas previsiones legales. Entre las causas figuran la falta de
consideración del REF y del estatus RUP en normas posteriores, la no actualización de partidas e importes en contextos de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, y la transposición de directivas europeas con criterios homogéneos para todo
el territorio nacional, sin adaptación a la singularidad canaria.
Como consecuencia de esta insuficiente aplicación del marco RUP y del REF se generan efectos negativos directos sobre el crecimiento económico, la competitividad empresarial, la cohesión social, la atracción de inversiones y la seguridad
jurídica del entorno fiscal y financiero del archipiélago.
En particular, el impacto económico de este incumplimiento se traduce en reducción de la inversión pública en infraestructuras, innovación y transición energética; menor capacidad de desarrollar políticas activas de empleo; aumento de
costes empresariales, especialmente en sectores dependientes de importaciones; pérdida de competitividad; y traslado de sobrecostes a los precios finales, afectando al coste de la vida. A ello se suma la inseguridad jurídica derivada de
aplicaciones incorrectas o de posibles procedimientos de infracción, que retrae la inversión privada y eleva el riesgo regulatorio.
Los efectos sectoriales son igualmente relevantes, afectando al turismo, a la industria local y a los procesos de diversificación económica, reduciendo el atractivo para actividades intensivas en capital y tecnología. En términos agregados,
la falta de aplicación efectiva del régimen específico implica menor crecimiento del PIB canario, aumento del desempleo estructural, deterioro de la balanza comercial y mayor dependencia de sectores de bajo valor añadido, con el consiguiente
incremento de desigualdades territoriales y sociales.
La transposición de directivas europeas constituye un elemento determinante de la eficiencia económica en territorios con singularidades estructurales reconocidas. En el caso de Canarias, debe cumplir una doble función: asegurar el
cumplimiento del Derecho de la Unión y, simultáneamente, incorporar de forma efectiva las adaptaciones y flexibilidades previstas en el artículo 349 del TFUE. Una transposición no adaptada genera sobrerregulación, duplicidades, mayores costes
administrativos, riesgo de litigios e inseguridad jurídica.
Resulta, por tanto, esencial llevar a cabo una revisión rigurosa y sistemática del grado de cumplimiento de las normas concebidas para compensar las desventajas estructurales de Canarias. Esta revisión debe contemplar tanto el alcance de
las medidas previstas como su efectividad real en la práctica, asegurando que las disposiciones legales cumplan su objetivo de apoyar el desarrollo económico del archipiélago.
Para ello, es necesario reforzar la coordinación multinivel entre el Estado, la Unión Europea y Canarias, mediante mecanismos estables de cooperación institucional que permitan evaluar la aplicación plena, continuada y jurídicamente segura
del marco normativo. Este enfoque constituye una condición imprescindible para garantizar un desarrollo económico sostenible, asegurar la eficacia de la política de cohesión territorial y determinar, en su caso, las acciones correctoras necesarias.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Realizar, con carácter urgente, una revisión rigurosa y detallada delgrado de aplicación y cumplimiento de las normas específicas destinadas al desarrollo económico de Canarias derivadas de su condición de región ultraperiférica y de su
Régimen Económico y Fiscal, mediante la constitución de una mesa paritaria de trabajo entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, para identificar incumplimientos, aplicaciones parciales o desarrollos insuficientes
de la normativa vigente de rango estatal y europeo, así como para evaluar y coordinar las acciones necesarias que aseguren su aplicación efectiva.
2. Impulsar, a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la modificación de la normativa que permita el acceso a información fiscal y tributaria con fines estadísticos, con el objetivo de realizar un seguimiento detallado de
los efectos sobre la economía canaria derivados de la aplicación, o del incumplimiento en su caso, de las medidas establecidas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.Cristina Valido García, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Valido García), sobre el impacto en la economía canaria de la falta de aplicación e incumplimientos de la normativa europea y española en vigor por su condición de Región
Ultraperiférica.
Enmienda
De modificación.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar avanzando entre la Administración Central y el Gobierno Canario, para facilitar y avanzar en el desarrollo económico de Canarias con especial atención de su condición de región ultraperiférica y de su Régimen Económico y
Fiscal.
2. Seguir impulsando desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la cooperación a través del Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias, como mesa de trabajo paritaria, identificando mejoras y desarrollos
de la normativa vigente de rango estatal y europeo, así como para evaluar y coordinar las acciones necesarias que aseguren su aplicación efectiva.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Mixto (Sra. Valido García), sobre el impacto en la economía canaria de la falta de aplicación e incumplimientos de la normativa europea y española en vigor por su condición de Región Ultraperiférica.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Realizar, con carácter urgente, una revisión rigurosa y detallada del grado de aplicación y cumplimiento de las normas específicas destinadas al desarrollo económico de Canarias derivadas de su condición de Región Ultraperiférica y de su
Régimen Económico y Fiscal, mediante la constitución de una mesa paritaria multisectorial de trabajo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para identificar incumplimientos, aplicaciones parciales o desarrollos insuficientes de la
normativa vigente de rango estatal y europeo, así como para evaluar y coordinar las acciones necesarias que aseguren su aplicación efectiva.
2. Impulsar, a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la utilización de los instrumentos legales disponibles que permitan mejorar y agilizar el acceso a la información fiscal y tributaria agregada con fines estadísticos, con
el objetivo de realizar un seguimiento detallado de los efectos sobre la economía canaria derivados de la aplicación, o del incumplimiento en su caso, de las medidas establecidas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en el artículo 349 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.»
Justificación.
En primer lugar, tanto la condición de Región Ultraperiférica como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias engloban y afectan a múltiples sectores y competencias ministeriales (fiscalidad, transporte, energía, agricultura y pesca,
educación, sanidad, migraciones, infraestructuras, etc.), por lo que cualquier revisión al respecto requiere de una visión multisectorial, y por lo tanto, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa no sería el único competente. Por consiguiente,
se propone ampliar la composición de esa mesa paritaria para que se incluyan todas las áreas y departamentos ministeriales afectados.
De otro lado, el acceso a la información fiscal y tributaria con fines estadísticos en España está limitada por el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (que establece un especial régimen de protección para
los datos personales de naturaleza tributaria), y por los preceptos del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Por lo anterior, para que el suministro de información sea factible, se propone añadir el requisito de que
los microdatos sean anonimizados y/o agregados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impacto en la economía canaria de la falta de aplicación e
incumplimientos de la normativa europea y española en vigor por su condición de Región Ultraperiférica, ha acordado lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Realizar, con carácter urgente, una revisión rigurosa y detallada del grado de aplicación y cumplimiento de las normas específicas y destinadas al desarrollo económico de Canarias derivadas de su condición de Región Ultraperiférica y de
su Régimen Económico y Fiscal, mediante la constitución de una mesa paritaria multisectorial de trabajo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para identificar incumplimientos, aplicaciones parciales o desarrollos insuficientes de la
normativa vigente de rango estatal y europeo, así como para evaluar y coordinar las acciones necesarias que aseguren su aplicación efectiva.
2. Impulsar, a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la utilización de los instrumentos legales disponibles que permitan mejorar y agilizar el acceso a la información fiscal y tributaria agregada con fines estadísticos, con
el objetivo de realizar un seguimiento detallado de los efectos sobre la economía canaria derivados de la aplicación, o del incumplimiento en su caso, de las medidas establecidas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en el artículo 349 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
173/000149
El Pleno de la Cámara en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno para garantizar la seguridad de las
infraestructuras de transportes, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno
para garantizar la seguridad de las infraestructuras de transporte.
Exposición de motivos
La seguridad de las infraestructuras ferroviarias debería constituir una obligación esencial del Gobierno, toda vez se trata de un servicio público estratégico. El transporte ferroviario no es únicamente un medio de movilidad, sino también
un pilar fundamental para la cohesión territorial y el desarrollo económico de la Nación.
Sin embargo, durante los últimos años hemos asistido a una degradación paulatina de la infraestructura ferroviaria, y a un incremento sostenido de incidencias1 en la red ferroviaria española, tanto en alta velocidad como en red convencional
y cercanías. Retrasos casi a diario, interrupciones prolongadas del servicio, averías técnicas y fallos estructurales; situaciones que no pueden considerarse hechos aislados ni episodios fortuitos2. Todas estas incidencias se muestran como
indicios de una gestión que no ha priorizado adecuadamente el mantenimiento preventivo.
Paralelamente, la liberalización del transporte ferroviario ha supuesto un aumento significativo del tráfico y del uso intensivo de la infraestructura3. Este incremento, positivo desde la perspectiva de la competencia y la oferta de
servicios, debía necesariamente ir acompañado de un refuerzo proporcional de las inversiones en mantenimiento y supervisión técnica. No hacerlo implica someter a mayor estrés una red que requiere recursos suficientes para preservar su integridad
estructural. Sin embargo, el Ejecutivo ha rebajado un 42,5 % la inversión media en relación al tamaño de las vías y su utilización4.
Así, el reciente accidente ferroviario que supuso el fallecimiento de 46 personas en Adamuz (Córdoba)5 no puede desvincularse del contexto general de degradación advertido por técnicos, usuarios y trabajadores del sector. Los carriles no se
fracturan de manera súbita e imprevisible: sufren procesos de desgaste, fatiga y degradación detectables mediante inspección y mantenimiento adecuados. Además, cuando existen
1 Según la Memoria Anual elaborada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en 2024, en la Red Ferroviaria de Interés General hubo 97 accidentes y 29 incidentes sin daños personales aquel año.
https://www.transportes.gob.es/recursos_mfom/ciaf_memoriaanual-2024-l.pdf
2 https://www.eldebate.com/econom%C3%ADa/20260120/adamuz-no-caso-aislado-100-descarrilamientos-desde-2019-evidencian-deterioro-ferrocarril_375967.html
3 https://www.elperiodico.com/es/economia/20260125/viajeros-alta-velocidad-crecen-entrada-competencia-iryo-ouigo-inversion-mantenimiento-126021455
4 https://www.libertaddigital.com/libremercado/2026-01-20/la-inversion-ferroviaria-del-gobierno-de-sanchez-ha-bajado-un-42-5-por-ciento-con-respecto-al-volumen-total-de-km-de-via-de-espana-7345893/
5 https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/descarrila-tren-malaga-madrid-altura-adamuz-cordoba-20260118202953-nts.html
antecedentes de incidencias en un tramo concreto6, la reiteración de alertas debería exigir una actuación reforzada y urgente. En línea con ello, el mal uso, o directamente la falta de empleo de los trenes auscultadores interfiere
directamente en el correcto conocimiento que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias debería tener sobre las vías por las que circulan diariamente miles de usuarios7.
No obstante, lejos de reconocer deficiencias estructurales, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha optado por minimizar los hechos y trasladar explicaciones contradictorias sobre el estado real de la vía8, las fechas de
inspección9 o la naturaleza de las actuaciones ejecutadas10. Además, la confianza en la gestión pública y en los trabajos realizados se ha visto gravemente comprometida al conocerse que las obras se ejecutaron por una empresa vinculada a una trama
de corrupción asociada al PSOE que ha acabado con el anterior ministro de Transportes en prisión11. En otro orden, el ministro Puente aseguraba hace apenas unos meses que la infraestructura tenía la capacidad de albergar trayectos a 350 km/h12,
cuando claramente su departamento tenía la certeza técnica de que la infraestructura no se encontraba en condiciones óptimas.
En este contexto, las responsabilidades políticas resultan ineludibles. La dirección del Ministerio competente no solo debía gestionar la expansión del sistema tras la liberalización, sino asegurar su correcto funcionamiento con una
inversión adecuada. El mantenimiento ferroviario no es una partida secundaria, es el elemento que garantizada integridad física de los usuarios y trabajadores, mientras que el Gobierno ha hecho caso omiso a las reiteradas advertencias y a los
fallos estructurales.
Por todo ello, se debe exigir la asunción de responsabilidades, un refuerzo de los mecanismos de control y garantizar que el incremento del uso de la red ferroviaria vaya acompañado de un mantenimiento adecuado. La seguridad ferroviaria no
admite improvisaciones ni excusas.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados:
A. Acuerda la reprobación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Santiago, como responsable político de la situación actual del sistema ferroviario, qué ha derivado en la muerte de 47 personas en los accidentes
ferroviarios de Adamuz y Gélida.
B. Condena la negligente gestión del mantenimiento ferroviario por parte del Gobierno, que ha permitido la acumulación de incidencias, el deterioro progresivo de la infraestructura y la pérdida de confianza de los españoles en un servicio
público esencial, resaltando la afectación de los usuarios por lo que se exige la asunción inmediata de responsabilidades políticas por no haber actuado con la diligencia exigible ante advertencias técnicas y señales reiteradas de degradación.
C. Insta al Gobierno a:
1. Proceder al cese inmediato, a través del presidente del Gobierno, del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Santiago, como responsable político
6 Desde 2022, Adif registró veinte incidencias en el tramo en el que se ha producido el accidente de Adamuz. https://theobjective.com/economia/transporte/2026-01-19/adif-fallos-via-adamuz-2022-renovacion-mayo/
7 https://www.libertaddigital.com/libremercado/2026-02-09/dos-anos-sin-tocar-un-tren-la-confesion-de-un-maquinista-de-trenes-auscultadores-que-desmonta-a-puente-7356936/
8 https://theobjective.com/espana/2026-01-28/documentos-adif-adamuz-tramo-accidente/
9 https://www.hispanidad.com/politica/espana/descarrilamiento-ignacio-barron-desmiente-puente-todo-parece-evidenciar-origen-esta-tragedia-ha-sido-rotura-no-tanto-carril-como-soldadura_12065023_102.html
10 https://www.elmundo.es/opinion/editorial/2026/01/26/69767f09fdddff4e298b4574.html
11 https://www.vozpopuli.com/espana/pol%C3%ADtica/la-ute-de-la-trama-koldo-que-renovo-la-via-de-adamuz-cobro-16000-euros-por-revisar-las-soldaduras.html
12 https://www.transportes.gob.es/ministerio/comunicacion/sala-prensa/lun-17112025-1132
de la situación actual del sistema ferroviario, por su incapacidad para garantizar la seguridad de la infraestructura, su inacción ante deficiencias previamente advertidas y el grave deterioro de la confianza de los usuarios en un servicio
público esencial.
2. Implantar un sistema objetivo de alertas acumulativas en la red ferroviaria, de modo que la reiteración de incidencias en un mismo tramo active automáticamente protocolos reforzados de supervisión y actuación.
3. Revisar los criterios de priorización de las inversiones en mantenimiento ferroviario, estableciendo como principio fundamental la seguridad estructural de la infraestructura y otorgando preferencia a los tramos con historial recurrente
de incidencias.
4. Garantizar la operatividad real, permanente y verificable de los trenes de auscultación y de los sistemas de inspección preventiva, asegurando su utilización periódica obligatoria y la publicación de los resultados obtenidos.
5. Encargar una auditoría integral, técnica e independiente del estado de la red ferroviaria y de la ejecución de los contratos de mantenimiento y renovación, incluyendo la evaluación del grado de cumplimiento de la Estrategia Indicativa
2021-2026.
6. Aprobar de manera inmediata un nuevo protocolo de actuación inmediata ante incidencias en la red ferroviaria, que contemple:
a. El establecimiento de asistencias básicas en estaciones y trenes durante la interrupción del servicio (alimentación, agua potable, mantas, calefacción o refrigeración según las condiciones, acceso a aseos higiénicos, iluminación adecuada)
y atención prioritaria a personas en situación de especial vulnerabilidad, como bebés, personas mayores o mujeres embarazadas.
b. Planes evacuación claros y conocidos por los usuarios que les permita saber cómo actuar.
c. Un protocolo de comunicación inmediata, efectiva y clara sobre averías, retrasos o interrupciones, que garantice la transparencia y la confianza en el sistema ferroviario.
d. Información continua, clara, veraz y actualizada durante los incidentes que afecten a la red.
e. Formación específica al personal ferroviario para atender con corrección y empatia a los viajeros en situaciones de emergencia.
7. Actualizar y reforzar el Plan de Acción de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria garantizando que las acciones en materia de seguridad ferroviaria se adapten a las necesidades actuales y futuras del sistema, y se implementen de
manera eficaz.
8. Garantizar la dotación suficiente de medios humanos y recursos técnicos en la gestión de incidencias ferroviarias, asegurando que los nombramientos respondan estrictamente a criterios de mérito, capacidad y cualificación técnica.
9. Promover un Plan nacional de inversiones ferroviarias centrado en la seguridad y el mantenimiento de la red, y dotado de recursos suficientes y un calendario de ejecución concreto, revisando para ello las prioridades presupuestarias del
Gobierno.
10. Desarrollar una estrategia de refuerzo del sistema eléctrico asociado a la red ferroviaria para prevenir colapsos por causas técnicas o ataques intencionados, asegurando así la resiliencia energética de la red.
11. Impulsar el refuerzo de las infraestructuras ferroviarias en todo el territorio nacional, con especial atención a las redes de Cercanías y a las líneas que vertebran la España rural, garantizando la cohesión territorial y el desarrollo
económico.
12. Adecuar la planificación presupuestaria y los ingresos derivados de los cánones ferroviarios al incremento del tráfico producido tras la liberalización del transporte ferroviario, garantizando que todo aumento en el uso de la
infraestructura vaya acompañado de un refuerzo proporcional de las inversiones en mantenimiento y seguridad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
173/000150
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre el evidente fracaso de las políticas en materia de vivienda de este Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el
evidente fracaso de las políticas en materia de vivienda de este Gobierno.
Exposición de motivos
Como todo el mundo sabe, la vivienda es hoy la principal preocupación de los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Exactamente, ha pasado de ser el problema número 16 en 2018 (año en el que Pedro Sánchez accedió a
la Presidencia del Gobierno) a ser el principal problema de los españoles. Cuando Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018, la vivienda preocupaba al 2,4 % de los españoles. En diciembre de 2025, la vivienda preocupa ya al 39,9 %.
Y este problema no es una simple cuestión estadística. Detrás hay personas y necesidades reales.
Un joven que se ha formado en España, si no le permitimos acceder a una vivienda y no le ofrecemos oportunidades, se ve empujado a buscar su futuro fuera, una vida mejor. Y eso no es bueno para el país.
La vivienda es donde les pasan las mejores cosas de sus vidas a las familias y donde cimentan su hogar. Es donde desarrollan sus proyectos de vida, su futuro y sus sueños, y la mayor inversión que acometen a lo largo de sus vidas. No se
puede seguir tratando este asunto con la frivolidad con que lo trata el Gobierno, limitándose a frases vacías y aforismos biensonantes.
Y la falta de viviendas tiene consecuencias para toda la sociedad. Se habla mucho de la caída de la natalidad, pero ¿cómo se va a formar una familia si no hay un hogar en el que crearla? Los jóvenes que comparten piso no forman familias.
La vivienda es la mejor política de natalidad.
Al fin, el Gobierno ha reconocido que se trata de un problema de oferta, tras negarlo durante años. Pero esta escasez no cae del cielo: es la consecuencia directa de unas políticas completamente erradas, envueltas en propaganda y
populismo, que introducen una asfixiante burocracia en el proceso productivo de viviendas y que prometen miles de viviendas públicas para después desarrollarlas a ritmo de tortuga.
Pero, sobre todo, es consecuencia de un marco legal intervencionista y sectario que ha dinamitado la seguridad jurídica, produciendo anomalías evidentes como los fenómenos de la ocupación y la inquiocupación, ante los que el Gobierno muestra
una permisividad sonrojante.
Un fracaso que tiene consecuencias dramáticas para las familias en riesgo de pobreza o con importantes necesidades sociales, pero también para las clases medias y trabajadoras y, particularmente, para los jóvenes, que ven cómo emprender un
proyecto de vida independiente se ha convertido en una misión imposible.
La alarmante falta de oferta provoca que, desde que gobierna Sánchez, los precios no hayan dejado de subir y, lo que es más preocupante, que la vivienda sea cada vez más inaccesible para quienes necesitan acceder a una.
Según el índice de precios de vivienda del INE del tercer trimestre de 2025, la vivienda subió un 13,4 % en España solo en el último año.
Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, el incremento de los precios tanto en compraventa como en alquiler supera el 52 % y el 53 %, respectivamente.
Los precios de los alquileres han alcanzado récord histórico en todas las capitales de provincia españolas, salvo en Cuenca. Y allí donde se han aplicado las zonas de mercado tensionado, los precios no se han contenido y ha caído
estrepitosamente la oferta.
La retirada de viviendas del mercado causada por ese marco legal opresivo, además de encarecer el precio del alquiler, lo convierte en un casting imposible que desespera a quienes lo intentan, particularmente a los jóvenes, que compiten
normalmente en condiciones de mayor inestabilidad laboral o con menor capacidad económica.
Son realidades objetivas que el Gobierno se niega a ver, cegado por la ideología. El fracaso en política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez es cada vez más evidente, y lo saben bien los ciudadanos, que se cansan de la propaganda y
perciben que es incapaz de poner sobre la mesa medidas eficaces que ofrezcan soluciones reales.
Además, la falta de apoyo parlamentario con el que se encuentra el Gobierno, el boicot de sus propios socios a las medidas que aprueba el Consejo de Ministros o el descrédito de una ministra que ha dado claras muestras de agotamiento e
incompetencia ofrecen un panorama muy poco esperanzador para el futuro más cercano.
Por su parte, el Partido Popular es el único partido que ha puesto sobre la mesa un plan ambicioso y realista, dialogado y consensuado con el sector, que ofrece una hoja de ruta clara con propuestas y soluciones recogidas en más de 30
medidas para reducir las trabas administrativas, bajar impuestos, ofrecer oportunidades a los jóvenes y hacer que la vivienda deje de ser un artículo de lujo asequible solo para los bolsillos más poderosos. Más oferta, más seguridad jurídica y más
facilidades para que los españoles vuelvan a acceder a la vivienda con la que sueñan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Generar las condiciones favorables en el mercado para que, entre el sector público y el privado, se pueda iniciar la construcción de un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años, situadas en las zonas de mayor demanda, y
así eliminar el déficit de viviendas acumulado.
2. Fomentar la colaboración público-privada en la promoción y construcción de viviendas.
3. Movilizar y poner a disposición del mercado todo el suelo público que tenga la Administración General del Estado para dedicarlo al alquiler de vivienda asequible, con un precio un 30 % por debajo de la media del mercado.
4. Permitir el uso de los remanentes de los ayuntamientos para destinarlos a inversión en vivienda asequible, adaptando los plazos a las necesidades de construcción para que estas operaciones sean viables.
5. Elaborar un plan de reducción de trabas administrativas y de las reformas normativas necesarias, así como la centralización de la elaboración de informes sectoriales estatales en la Delegación o Subdelegación del Gobierno, para que,
garantizando la seguridad jurídica, se reduzcan los plazos medios en la producción de vivienda y suelo de 10 años a 4.
6. Bajar el IVA de adquisición de la primera vivienda nueva del 10 % al 4 %, tal y como han hecho muchas comunidades autónomas reduciendo en igual medida el ITP, y permitir el fraccionamiento del IVA y del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales al ritmo del pago de la hipoteca.
7. Eliminar o bonificar el IRPF a los jóvenes durante los primeros cuatro años de su vida laboral, de manera progresiva, para que puedan ahorrar dinero que destinen a la compra o el alquiler de una vivienda.
8. Apoyar a las familias en riesgo de pobreza o con importantes necesidades sociales que tienen problemas para pagar su vivienda y restablecer la seguridad jurídica perdida de los propietarios, no cargando sobre ellos la responsabilidad de
atender estas situaciones, que debe asumir el Estado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el evidente fracaso de las políticas en materia de
vivienda de este Gobierno, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Generar las condiciones favorables en el mercado para que, entre el sector público y privado, se pueda iniciar la construcción de un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años, situadas en las zonas de mayor demanda, y así
eliminar el déficit de viviendas acumulado.
2. Fomentar la colaboración público-privada en la promoción y construcción de viviendas.
3. Movilizar y poner a disposición del mercado todo el suelo público que tenga la Administración General del Estado para dedicarlo al alquiler de vivienda asequible, con un precio un 30 % por debajo de la media del mercado.
4. Permitir el uso de los remanentes de los Ayuntamientos para destinarlos a inversión en vivienda asequible, adaptando los plazos a las necesidades de construcción para que estas operaciones sean viables.
5. Elaborar un plan de reducción de trabas administrativas y de las reformas normativas necesarias, así como la centralización de la elaboración de informes sectoriales estatales en la Delegación o Subdelegación del Gobierno, para que,
garantizando la seguridad jurídica, se reduzcan los plazos medios en la producción de vivienda y suelo de 10 años a 4.
6. Bajar el IVA de adquisición de la primera vivienda nueva del 10 % al 4 %, tal y como han hecho muchas comunidades autónomas reduciendo en igual medida el ITP, y permitir el fraccionamiento del IVA y del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales al ritmo del pago de la hipoteca.
7. Eliminar o bonificar el IRPF a los jóvenes durante los primeros cuatro años de su vida laboral, de manera progresiva, para que puedan ahorrar dinero que destinen a la compra o el alquiler de una vivienda.
8. Apoyar a las familias en riesgo de pobreza o con importantes necesidades sociales que tienen problemas para pagar su vivienda y restablecer la seguridad jurídica perdida de los propietarios, no cargando sobre ellos la responsabilidad de
atender estas situaciones, que debe asumir el Estado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.