BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


24 de febrero de 2026

Núm. 482

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión Constitucional


161/002995


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la recuperación y desarrollo efectivo del Derecho Civil Valenciano ... (Página11)


161/003042


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la defensa de la libertad de expresión frente a los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez ... (Página14)


Comisión de Asuntos Exteriores


161/002991


Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Plurinacional SUMAR, Euskal Herria Bildu, Republicano y Mixto, contra las medidas de coerción de Estados Unidos contra Cuba y la defensa del derecho internacional, la soberanía y
la paz ... (Página16)


161/003024


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para expresar el rechazo a que Cataluña y País Vasco adquieran un estatuto privilegiado en la UNESCO y la ONU Turismo ... (Página19)


Comisión de Defensa


161/003025


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la equiparación de los efectos económicos de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ...
(Página20)


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


161/002988


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a iniciar, con carácter prioritario, la redacción y tramitación del estudio informativo de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete ... href='#(Página22)'>(Página22)


161/003022


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la firma del convenio de penetración del ferrocarril en la ciudad de Gijón ... (Página23)


161/003034


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la actualización de los proyectos de la autovía del Duero A-11 en los tramos de Soria, Burgos y Valladolid ... href='#(Página24)'>(Página24)


161/003036


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso a las infraestructuras ferroviarias en Andalucía ... (Página25)

Página 2

161/003039


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, para la mejora integral de las líneas RL3 y R13 de Rodalies ... (Página29)


Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes


161/002996


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para el fortalecimiento de una convivencia escolar coeducativa y feminista en el marco de la normativa básica estatal ... (Página33)


161/003007


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Enseñanzas Artísticas Profesionales, y de Escuelas Oficiales de Idiomas ... href='#(Página35)'>(Página35)


Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/002998


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la inclusión de la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple y la electrosensibilidad en los baremos de valoración
relativos al procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad ... (Página38)


161/003011


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la revisión urgente de expedientes para la reducción de la edad de jubilación mediante coeficientes reductores de actividades especialmente penosas,
peligrosas, tóxicas o insalubres en profesiones especialmente feminizadas así como detección y eliminación de posibles discriminaciones ... (Página43)


161/003060


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento de estrategias de fidelización del talento cualificado en las empresas ... (Página46)


161/003063


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la convocatoria urgente de una mesa de diálogo social y administrativo sobre la competitividad del pabellón español y la sostenibilidad del empleo
marítimo ... (Página49)


Comisión de Industria y Turismo


161/003010


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a las medidas que debe adoptar o impulsar el Gobierno para hacer frente a los despidos anunciados en la empresa Tubos Reunidos ... href='#(Página51)'>(Página51)


161/003014


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para un Plan de Emergencia de apoyo a la cogeneración y defensa del sector industrial y cerámico español ... (Página52)


161/003017


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso, coordinación y promoción turística, cultural y patrimonial del Año Gaudí 2026, declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público ... href='#(Página57)'>(Página57)


161/003030


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revitalización de la España interior y con problemas de despoblación mediante el despliegue de una verdadera estrategia transversal de calidad
para el segmento del turismo rural ... (Página58)


161/003035


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incentivar políticas enfocadas a

Página 3

la atracción de talento emergente y retención de profesionales cualificados en el sector turístico, así como de firme apuesta por la mejora de las condiciones laborales y de productividad de los empleados turísticos ... href='#(Página61)'>(Página61)


161/003050


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la participación de la SEPI en un plan de viabilidad del Grupo Losán ... (Página63)


161/003056


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la apuesta por la promoción cualitativa del segmento del turismo idiomático del español ... (Página66)


Comisión de Derechos Sociales y Consumo


161/003002


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad de revertir las cifras de reducción del consumo de pescado ... (Página67)


161/003026


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la regulación de la venta por internet y al uso transparente de algoritmos comerciales ... (Página70)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/002989


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al despliegue de centrales eólicas marinas en la costa de Galicia ... (Página72)


161/002999


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la exención de aplicación del Reglamento de Control de la Pesca a la flota artesanal ... (Página76)


161/003000


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para defender la gestión basada en datos y evitar decisiones centralizadas que ignoren la realidad territorial en la gestión de la anguila ... href='#(Página80)'>(Página80)


161/003001


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad de revertir las cifras de reducción del consumo de pescado ... (Página83)


161/003003


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para establecer las bases de una Estrategia Nacional de Relevo Generacional, dentro del marco propuesto por la Comisión Europea, para apoyar a los jóvenes
agricultores y conseguir que la agricultura sea más atractiva ... (Página85)


161/003015


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar la competitividad y viabilidad de las producciones de patata en España como alimento estratégico ... (Página87)


161/003016


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la cooperación internacional en materia de pesca sostenible ... (Página89)


161/003033


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la coordinación entre la agricultura y la ciencia para una agroalimentación próspera y sostenible ... (Página90)


161/003058


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la continuidad del Programa POSEI como instrumento específico de las Unión Europea ... (Página93)

Página 4

161/003059


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conservación y defensa de la Dehesa como patrimonio natural de Extremadura y de España ... (Página94)


Comisión de Política Territorial


161/002993


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la lucha contra el turismo depredador y la protección del territorio en el País Valenciano ... (Página96)


161/002994


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para reforzar el autogobierno y la coordinación territorial en el País Valenciano ... (Página99)


161/003008


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la utilización del superávit presupuestario de las entidades locales para realizar Inversiones Financieramente Sostenibles en políticas de vivienda e
inversiones productivas ... (Página102)


161/003055


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reforzar el empadronamiento municipal, defender la capacidad de los municipios y avanzar hacia una política migratoria ordenada, legal y vinculada al
mercado laboral ... (Página104)


161/003057


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la flexibilización excepcional de los plazos de ejecución de actuaciones financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ante
circunstancias meteorológicas extraordinarias ... (Página106)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/002990


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al despliegue de centrales eólicas marinas en la costa de Galicia ... (Página108)


161/003004


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cumplimiento de los compromisos de financiación y la ejecución del desglosado 3 de las canalizaciones de la presa de Rules (Granada) ... href='#(Página112)'>(Página112)


161/003005


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción urgente de medidas estructurales y un plan integral de protección y recuperación del litoral de la provincia de
Huelva ... (Página114)


161/003006


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar a la declaración de forma oficial de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil de todos los municipios afectados por el
temporal Harry ... (Página116)


161/003009


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la voladura de la Central Térmica de Compostilla II y al impacto de las políticas de descarbonización en la región leonesa ... href='#(Página117)'>(Página117)


161/003013


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para un Plan de Emergencia de apoyo a la cogeneración y defensa del sector industrial y cerámico español ... (Página120)


161/003041


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar la seguridad de las presas y embalses de España ... (Página124)

Página 5

161/003047


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para facilitar un marco energético adecuado para los Centros de Datos (Data Centers) ... (Página126)


161/003049


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar la seguridad y la explotación de las presas en España ... (Página131)


Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


161/003020


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para implementar medidas que favorezcan la vivienda rural en los municipios con riesgo de despoblación ... (Página134)


161/003021


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la cesión del denominado Centro de Especialidades de Burgos al Excmo. Ayuntamiento de Burgos para que éste desarrolle un proyecto de vivienda
protegida dirigida a jóvenes ... (Página136)


161/003023


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adecuación de la planificación eléctrica para garantizar el desarrollo de vivienda ... (Página138)


161/003037


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que agilicen la construcción de vivienda ... (Página140)


Comisión de Cultura


161/003062


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al 750 aniversario de la muerte de Jaime I ... (Página142)


Comisión de Sanidad


161/003032


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la realización inmediata de una auditoría externa, exhaustiva e independiente de la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada 2025/2026
... (Página144)


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/003012


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar una Estrategia Nacional de Deep Tech ... (Página145)


161/003018


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la agilización de la gestión administrativa de la investigación científica ... (Página146)


161/003019


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incumplimiento del Gobierno en la financiación de las indemnizaciones del personal investigador y al perjuicio causado a las universidades
públicas ... (Página147)


161/003061


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la dotación de los recursos materiales, humanos y presupuestarios necesarios para avanzar en la investigación oncológica ... href='#(Página149)'>(Página149)


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/003027


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la defensa de la acción humanitaria, los derechos humanos y el espacio cívico en el Territorio Palestino Ocupado ... href='#(Página150)'>(Página150)

Página 6

161/003028


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la defensa de los derechos humanos en Honduras y al seguimiento de las recomendaciones del GIEI en el caso del asesinato de Berta Cáceres ... href='#(Página152)'>(Página152)


161/003031


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta a la supresión de las ayudas de cooperación internacional a aquellos países y organizaciones que no colaboren activamente en la lucha contra la inmigración
ilegal ... (Página154)


Comisión de Igualdad


161/002997


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y al refuerzo de las políticas públicas de igualdad y contra las violencias machistas ... href='#(Página156)'>(Página156)


161/003045


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al refuerzo del acompañamiento integral y de la protección efectiva de todas las personas implicadas en procedimientos por acoso sexual y acoso por
razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos ... (Página159)


161/003046


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al refuerzo del acompañamiento integral a las mujeres víctimas de violencia de género tras la denuncia, con especial atención a los momentos
críticos del proceso penal ... (Página161)


161/003053


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de los canales de denuncia y a la regulación de la gestión de comunicaciones anónimas en casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo
en la Administración General del Estado y sus organismos públicos ... (Página163)


161/003054


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo al movimiento civil en Irán y, en especial, a las mujeres que sufren represión bajo el régimen de los ayatolás ... href='#(Página164)'>(Página164)


Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género


161/003044


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al refuerzo del acompañamiento integral y de la protección efectiva de todas las personas implicadas en procedimientos por acoso sexual y acoso por
razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos ... (Página165)


161/003048


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al refuerzo del acompañamiento integral a las mujeres víctimas de violencia de género tras la denuncia, con especial atención a los momentos
críticos del proceso penal ... (Página167)


161/003052


PProposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de los canales de denuncia y a la regulación de la gestión de comunicaciones anónimas en casos de acoso sexual y acoso por razón de
sexo en la Administración General del Estado y sus organismos públicos ... (Página168)

Página 7

Comisión sobre Seguridad Vial


161/002992


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la incorporación efectiva del valenciano en la señalización vial dependiente del Estado como un elemento de seguridad del tráfico en el País Valenciano ... href='#(Página170)'>(Página170)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Justicia


181/001592


Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de la creación de nuevas plazas judiciales en los Tribunales de Instancia de Vilagarcía, Ribeira, Carballo, Viveiro y Sarria, tal y como recoge la
propuesta formulada por la Comisión Mixta de Justicia de Galicia ... (Página172)


Comisión de Defensa


181/001591


Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre disposición del Ministerio de Defensa a ceder todas las viviendas vacías que posee en los municipios de Ferrol y Narón al IGVS de la Xunta de Galicia para incorporarlas al
parque público de vivienda en alquiler ... (Página173)


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


181/001582


Pregunta formulada por el Diputado Héctor Palencia Rubio (GP), sobre valoración de la gestión de los fondos europeos realizada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y sus organismos dependientes, especialmente en materia
ferroviaria ... (Página173)


181/001583


Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de acometer la reforma integral de la N-634 a su paso por el término municipal de Curtis ... (Página174)


181/001586


Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre estado de tramitación del proyecto de mejora del cruce de la N-634 y la AC-840 en Sesmonde, en el término municipal de Vilasantar y en el límite con Curtis ... href='#(Página174)'>(Página174)


181/001587


Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre iniciación por el Ministerio de los trámites y gestiones precisos para acometer la reparación del firme, mejora y humanización de la N-640 en el término municipal de A
Estrada, especialmente en la travesía urbana ... (Página174)


181/001588


Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre actuación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para acometer el Plan de Reforma Integral de la N-640 contemplado en la Proposición no de Ley aprobada por la
Comisión sobre Seguridad Vial en marzo de 2024 ... (Página175)


Comisión de Industria y Turismo


181/001597


Pregunta formulada por la Diputada Mirian Guardiola Salmerón (GP), sobre resultados tangibles y medibles de cara a la transformación y redefinición de las bases del modelo turístico español por cuenta de los llamados Planes de Sostenibilidad
Turística en Destinos ... (Página175)


181/001598


Pregunta formulada por la Diputada Mirian Guardiola Salmerón (GP), sobre utilidad para los destinos turísticos del gasto de 2.000 millones de euros en actuaciones dispersas ... (Página176)

Página 8

181/001599


Pregunta formulada por la Diputada Mirian Guardiola Salmerón (GP), sobre canales continuos de interlocución con la iniciativa turística privada que ha sostenido el Gobierno a lo largo de la vigencia del Plan de modernización y competitividad
del sector turístico ... (Página176)


181/001600


Pregunta formulada por la Diputada Mirian Guardiola Salmerón (GP), sobre retorno estratégico que ha generado destinar más de 3.000 millones de euros a proyectos turísticos de parcheo y escaso potencial transformador ... href='#(Página176)'>(Página176)


181/001601


Pregunta formulada por la Diputada Mirian Guardiola Salmerón (GP), sobre rendimiento de los recursos Next Generation para los destinos turísticos pioneros o maduros ... (Página176)


181/001602


Pregunta formulada por la Diputada Cristina Moreno Borrás (GP), sobre satisfacción del Gobierno con el balance de esfuerzos y resultados en torno a su plataforma inteligente de destinos ... (Página176)


181/001603


Pregunta formulada por la Diputada Cristina Moreno Borrás (GP), sobre contribución de los fondos de recuperación europeos para solventar los problemas de falta de mano de obra cualificada en el sector turístico ... href='#(Página177)'>(Página177)


181/001604


Pregunta formulada por los Diputados Francisco José Conde López (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), Bravo Baena, Juan (GP), Marcos Ortega, Milagros (GP) y Guardiola Salmerón, Mirian (GP), sobre
explicación de la escasa ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el ámbito de industria y turismo, que a día 30 de noviembre se sitúa en un 28,68%, según los datos de la IGAE ... (Página177)


181/001605


Pregunta formulada por los Diputados Francisco José Conde López (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), Bravo Baena, Juan (GP), Marcos Ortega, Milagros (GP) y Guardiola Salmerón, Mirian (GP), sobre razón por
la que el presupuesto del Plan de Recuperación y Resiliencia para los PERTE se ha reducido un 40,4%, pasando de 42.480 a tan solo 25.314 millones de euros ... (Página177)


181/001606


Pregunta formulada por los Diputados Francisco José Conde López (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), Bravo Baena, Juan (GP), Marcos Ortega, Milagros (GP) y Guardiola Salmerón, Mirian (GP), sobre razones
que explican que el Gobierno haya suprimido la Ley de Industria de los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pese a tratarse de una reforma clave para la reindustrialización y la competitividad de la economía
española ... (Página177)


181/001607


Pregunta formulada por los Diputados Francisco José Conde López (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), Bravo Baena, Juan (GP), Marcos Ortega, Milagros (GP) y Guardiola Salmerón, Mirian (GP), sobre motivo por
el que el Gobierno que ha eliminado, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, compromisos relacionados con subvenciones y préstamos de los PERTES Industriales, la finalización de proyectos de economía circular y la creación de
espacios de datos sectoriales ... (Página178)

Página 9

Comisión de Derechos Sociales y Consumo


181/001608


Pregunta formulada por el Diputado Enrique Belda Pérez-Pedrero (GP), sobre motivo de la modificación de los hitos legislativos 315 y 316 contemplada en la Adenda 2025 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, referidos a la
entrada en vigor de la Ley de servicios sociales y de la Ley de diversidad familiar ... (Página178)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


181/001584


Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre acciones iniciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para avanzar en la flexibilización y exención de la aplicación del Reglamento de Control Pesquero
a la flota artesanal ... (Página178)


181/001585


Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre propuestas remitidas a la Comisión Europea para la reforma de la Política Pesquera Común ... (Página179)


181/001589


Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre estudios realizados por el Gobierno del Estado para evaluar las consecuencias sociales y económicas de la prohibición de la pesca de anguila, así como medidas y/o ayudas al
sector pesquero que pondrá en marcha el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación si la propuesta se hace efectiva ... (Página179)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001590


Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre estudios realizados por el Gobierno para evaluar las consecuencias sociales y económicas de la prohibición a la pesca de anguila, así como medidas y/o ayudas al sector
pesquero que pondrá en marcha si llega a hacerse efectiva la propuesta ... (Página180)


Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


181/001596


Pregunta formulada por los Diputados Sergio Sayas López (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP) y Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si el Ministerio de Vivienda y Agenda
Urbana ha sido capaz de aprovechar la gran oportunidad que han supuesto los fondos europeos para paliar el grave y creciente problema de acceso a la vivienda ... (Página180)


Comisión de Sanidad


181/001580


Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre protección adecuada de los españoles frente a patógenos contagiosos procedentes del extranjero ... href='#(Página180)'>(Página180)


181/001581


Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre intrusismo laboral en el sector sanitario español ... (Página181)


Comisión de Igualdad


181/001609


Pregunta formulada por las Diputadas Patricia Rodríguez Calleja (GP) y Álvarez Fanjul, Beatriz (GP), sobre razones que justifican la modificación de los hitos de violencia de género en la Adenda 2025 del Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia financiado con los fondos Next Generation, en respuesta a la imposibilidad de cumplir los objetivos inicialmente comprometidos ante la Comisión Europea ... (Página181)

Página 10

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/032910


Autor: Taboadela Álvarez, Obdulia


García Chavarría, María Montserrat


Martín Rodríguez, Margarita


Adrio Taracido, María


Gómez Piña, Luis Antonio


Pose Mesura, Modesto


Otero Rodríguez, Patricia


González Gracia, Juan Antonio


Confirmación acerca de que la cesión gratuita al Ayuntamiento de Cesuras acordada por el Decreto 819/1973, de 12 de abril, sigue vigente en los mismos términos y condiciones que entonces se establecieron ... href='#(Página181)'>(Página181)


184/033682


Autor: Estrems Fayos, Etna


Salvador i Duch, Jordi


Vallugera Balañà, Pilar


Prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), así como experiencia de las familias que pone de manifiesto que la aplicación de dicha prestación dista en muchos casos de cumplir con su finalidad ...
(Página182)


Control Parlamentario de la Corporación RTVEy sus Sociedades


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE


179/002437


Autor: Cofiño Fernández, Rafael


Promoción de la presencia del asturiano y del aragonés en los contenidos de Radio Televisión Española ... (Página188)

Página 11

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Comisión Constitucional


161/002995


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Águeda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley para la recuperación y desarrollo
efectivo del Derecho Civil Valenciano, para su debate en la Comisión Constitucional.


Exposición de motivos


El Derecho Civil Valenciano es una parte esencial de nuestra identidad, de nuestro autogobierno y de nuestra tradición jurídica como pueblo. Este derecho, que emana de las instituciones propias valencianas y que regula las formas de vida
cotidiana entre personas, familias y agentes económicos en nuestro territorio, tiene raíces históricas que se remontan a los Fueros de Valencia y a la Costumbre de Valencia promulgados a partir del siglo XIII. Este corpus de normas
jurídico-privadas fue abolido por el Decreto de Nueva Planta de 1707, iniciando un proceso de uniformización jurídica e institucional que suprimió nuestro repertorio normativo civil e impuso el Código Civil castellano como marco de referencia.


Con la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y particularmente con su reforma del año 2006, se reconoció formalmente a la Generalitat Valenciana la competencia para la conservación, modificación y desarrollo del
Derecho Civil Valenciano (actualmente recogida en los artículos correspondientes del Estatuto de Autonomía).


Pese a este reconocimiento estatutario, la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional ha interpretado restrictivamente el artículo 149.1.8 de la Constitución Española, limitando de forma efectiva la capacidad normativa valenciana a
materias consuetudinarias y estrechamente derivadas de la tradición, en detrimento de la recuperación integral de nuestro derecho civil autóctono.


Esta situación jurídica, fruto de una lectura restrictiva del marco competencial, perpetúa una injusticia histórica, limita el autogobierno del País Valenciano y perjudica la vida cotidiana de las valencianas y valencianos frente a los
grandes derechos civiles (matrimonio, sucesiones, regímenes económicos matrimoniales, obligaciones, responsabilidades y otras materias civiles). Por ello, desde Compromís consideramos indispensable que el Congreso reconozca de manera clara e
inequívoca la competencia

Página 12

exclusiva del País Valenciano para legislar y desarrollar un derecho civil propio, moderno, coherente con los valores constitucionales y adaptado a las necesidades sociales y económicas del siglo XXI.


Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a llevar a cabo las medidas siguientes:


1. Iniciar los trámites necesarios para la modificación del artículo 149.1.8a de la Constitución Española, con el fin de reconocer expresamente en el País Valenciano la competencia legislativa plena en materia de Derecho Civil Valenciano,
al amparo del Estatuto de Autonomía y de la voluntad democrática del pueblo valenciano, en igualdad de condiciones respecto de otras comunidades autónomas con derechos civiles/forales propios.


2. Elaborar una nueva redacción del referido artículo que garantice que:


a. El País Valenciano pueda conservar, modificar y desarrollar su derecho civil, incluyendo los contenidos tradicionales e históricos así como las materias actuales que en el presente están reguladas por la legislación estatal general.


b. La legislación civil valenciana tenga preferencia aplicativa sobre la normativa estatal en el territorio del País Valenciano, en el ámbito de materia civil.


c. Se reconozca la vigencia y continuidad del patrimonio jurídico e histórico civil valenciano, mitigando explícitamente los efectos de los Decretos de Nueva Planta y los obstáculos jurisprudenciales que han impedido la recuperación efectiva
de nuestro derecho civil.


3. Coordinar con la Generalitat Valenciana y con las Corts Valencianes la redacción y aprobación de un Código Civil Valenciano integral, democráticamente legítimo y socialmente rico, que ordene, modernice y adapte el derecho civil
valenciano a las necesidades contemporáneas, en consonancia con los principios constitucionales de libertad, igualdad, justicia y pluralismo jurídico.


4. Impulsar la derogación explícita de los Decretos de Nueva Planta (1707) en la medida en que afectan a nuestra competencia civil, de acuerdo con la historia y la dignidad del pueblo valenciano, como acto de reparación democrática y
reconocimiento de nuestros derechos históricos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.—Àgueda Micó Micó, Diputada.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


A la Mesa del Congrés


El Grup Parlamentan Mixt, a instancia de la diputada Águeda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei per a la recuperació i desenvolupament
efectiu del Dret Civil Valencia per al seu debat en la Comissió Constitucional.


Exposició de motius


El Dret Civil Valencia és una part essencial de la nostra identitat, del nostre autogovern i de la nostra tradició jurídica com a poble. Aquest dret, que emana de les institucions propies valencianes i que regula les formes de vida
quotidiana entre persones, famílies i agents economics al nostre territori, té arrels historiques que es remunten als Furs de Valéncia i al Costum de Valéncia promulgats a partir del segle XIII.

Página 13

Aquest corpus de normes jurídico privades va ser abolit pel Decret de Nova Planta de 1707, iniciant un procés d’uniformització jurídica i institucional que va suprimir el nostre repertori normatiu civil i va imposar el Codi Civil castella
com a marc de referencia.


Amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i particularment amb la seua reforma de l’any 2006, es va reconéixer formalment a la Generalitat Valenciana la competencia per a la conservació, modificació i
desenvolupament del Dret Civil Valencia (actualment recollida als articles corresponents de l’Estatut d’Autonomia).


Malgrat aquest reconeixement estatutari, la jurisprudencia recent del Tribunal Constitucional ha interpretat restrictivament l’article 149.1.8 de la Constitució Espanyola, limitant de manera efectiva la capacitat normativa valenciana a
materies consuetudinales i estretament derivades de la tradició, en detriment de la recuperació integral del nostre dret civil autocton.


Aquesta situació jurídica, fruit d’una lectura restrictiva del marc competencial, perpetua una injustícia histórica, limita l’autogovern del País Valencia i perjudica la vida quotidiana de les valencianes i valencians davant dels grans drets
civils (matrimoni, successions, regims economics matrimonials, obligacions, responsabilitats i altres materies civils). Per aixo, Compromís considerem indispensable que el Congrés reconega de manera clara i inequívoca la competencia exclusiva del
País Valencia per a legislar i desenvolupar un dret civil propi, modern, coherent amb els valors constitucionals i adaptat a les necessitats socials i economiques del segle XXI.


Per tot l’exposat anteriorment, presente la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés acorda instar al Govern de l’Estat a realitzar les següents mesures:


1. Iniciar els tramits necessaris per a la modificació de l’article 149.1.8.ª de la Constitució Espanyola, amb la finalitat de reconéixer expressament al País Valencia la competencia legislativa plena en materia de Dret Civil Valencia, a
l’empara de l’Estatut d’Autonomia i de la voluntat democrática del poble valencia, en igualtat de condicions que altres comunitats autonomes amb drets civils/forals propis.


2. Elaborar una nova redacció del referit article que garantisca que:


a. El País Valencia puga conservar, modificar i desenvolupar el seu dret civil, incloent els continguts tradicionals i historics així com les materies actuals que en el present són regulades per la legislació estatal general.


b. La legislació civil valenciana tinga preferencia aplicativa sobre la normativa estatal en el territori del País Valencia, en l’ambit de materia civil.


c. Es reconega la vigencia i continuitat del patrimoni jurídic i historic civil valencia, mitigant explícitament els efectes dels Decrets de Nova Planta i els obstacles jurisprudencials que han impedit la recuperació efectiva del nostre dret
civil.


3. Coordinar amb la Generalitat Valenciana i amb les Corts Valencianes la redacció i aprovació d’un Codi Civil Valencia integral, democraticament legítim i socialment ric, que ordene, modernitze i adapte el dret civil valencia a les
necessitats contemporanies, en consonancia amb els principis constitucionals de llibertat, igualtat, justícia i pluralisme jurídic.


4. Impulsar la derogació explícita dels Decrets de Nova Planta (1707) en la mesura que afecten la nostra competencia civil, d’acord amb la historia i la dignitat del poble valencia, com a acte de reparació democratica i reconeixement dels
nostres drets historics.»


Palau del Congrés dels Diputats, 10 de febrer de 2026.—Àgueda Micó Micó, Diputada.—Néstor Rego Candamil, Portaveu adjunt del Grup Parmalentari Mixto.

Página 14

161/003042


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, Lourdes Méndez Monasterio, Ignacio Gil Lázaro y Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la libertad de expresión frente a los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez, para su discusión en la Comisión
Constitucional.


Exposición de motivos


La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de toda sociedad libre y democrática. No se trata únicamente de un derecho individual, sino de un presupuesto indispensable para la participación política, el control del
poder y la existencia misma de una ciudadanía crítica y responsable. Allí donde la libertad de expresión es limitada o condicionada por el poder político o administrativo, se resienten la libertad y la democracia.


La Constitución española reconoce este derecho como fundamental en su artículo 20, garantizando la libre manifestación de ideas y opiniones, la libertad de información, la libertad de cátedra y la libertad de creación, y prohibiendo
expresamente cualquier forma de censura previa. Los límites a este derecho, como sucede con cualquier otro derecho fundamental, deben ser excepcionales, proporcionados y estar sometidos al control judicial.


Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio de paradigma preocupante, tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea, que amenaza seriamente el contenido esencial de la libertad de expresión.


En el marco de la Unión Europea se ha desarrollado una arquitectura normativa —como el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Mercados Digitales o el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación— que, bajo
la apariencia de proteger la democracia o combatir la desinformación, introduce mecanismos de control del discurso público que desplazan el control judicial y lo sustituyen por decisiones administrativas de burócratas totalitarios.


Estas normas, de aplicación directa, han servido de base para que distintos gobiernos nacionales, entre ellos el español, pretendan ir aún más allá, promoviendo iniciativas legislativas y administrativas que amplían el control de las
Administraciones sobre la comunicación pública, los medios de comunicación y las redes sociales.


En España, el Gobierno ha planteado a lo largo de los años medidas como la eliminación del anonimato en redes sociales, reformas de leyes orgánicas vinculadas al honor y al derecho de rectificación, y la aprobación de un anteproyecto de ley
que otorga amplias competencias a una autoridad administrativa —dependiente del poder ejecutivo— para supervisar, inspeccionar y sancionar a plataformas digitales y medios de comunicación.


Este modelo supone un grave riesgo: que una autoridad administrativa decida qué es un medio de comunicación, qué contenidos son aceptables, qué se considera desinformación y qué opiniones deben ser retiradas del espacio público, lo que
equivale, en la práctica, a instaurar mecanismos de censura incompatibles con un Estado de Derecho.


A esta tendencia se suma el uso expansivo del llamado «delito de odio». Esta figura ha pasado de castigar conductas directamente vinculadas a la incitación a la violencia o a la comisión de delitos graves, a convertirse en un instrumento
para perseguir opiniones políticas, ideológicas o culturales legítimas.


Este fenómeno supone una inversión del sistema clásico de garantías: ya no es la libertad de expresión la regla general y sus límites la excepción, sino que el espacio de libertad queda reducido a aquello que no encaje en una definición
ideológica y ambigua de

Página 15

«odio». La inseguridad jurídica, la falta de proporcionalidad y la utilización política de este tipo penal han generado un clima de autocensura incompatible con una democracia madura.


Además, el concepto de «discurso de odio» se ha extendido más allá del ámbito penal, siendo utilizado por universidades, administraciones públicas y plataformas digitales para excluir, cancelar o silenciar a quienes discrepan del canon
ideológico dominante. Se han producido casos recientes en los que instituciones públicas han impedido actos académicos o debates históricos bajo la excusa de evitar supuestos discursos ofensivos.


La realidad que esconde todo ello es que el poder corrupto teme todo aquello que no puede controlar, y por eso desde hace años los europeos somos testigos de una ola represiva auspiciada desde las autoridades de Bruselas en contra de la
libertad de expresión e información en redes sociales. El consenso woke ve amenazada su hegemonía


Nuestra Nación sufre un gobierno que ha hecho de la mentira, la corrupción y la perversión los ejes sobre los que gira toda su acción de gobierno. Con los índices de pobreza disparados, los servicios públicos destrozados, generaciones
enteras de españoles despojados de su derecho a tener una vivienda digna y adecuada, y unas calles cada vez más inseguras, el Gobierno de Pedro Sánchez sabe que para aplacar las críticas a su gobierno ya no le basta con tener controlados a los
medios de comunicación tradicionales por medio de subvenciones y partidas de publicidad institucional.


Por eso ahora, asediado en los tribunales por innumerables escándalos de corrupción y acorralado por una ola de indignación que recorre toda España, sólo le queda recurrir a la censura. Es especialmente vil hacerlo apelando a la supuesta
protección a los menores de edad, a los que este Gobierno ha desprotegido con leyes que benefician a peligrosos depredadores sexuales y pederastas, con la introducción de toda clase de delirios ideológicos y adoctrinamiento en las aulas. Ese es el
motivo por el cual Pedro Sánchez ha anunciado una nueva ofensiva en contra de la libertad de expresión en las redes sociales que únicamente busca censurar y acallar las críticas a su gestión criminal y corrupta.


La necesaria protección de los menores, la comprensible preocupación creciente de las familias ante el fenómeno de las pantallas y el aumento de los problemas de salud mental no tienen absolutamente nada que ver con la propuesta de un
Gobierno empeñado en desviar la atención de sus escándalos de corrupción, de su gestión criminal y de todos los problemas que ha generado a las familias, los trabajadores y las empresas españolas.


La prueba más evidente de que la intención del Ejecutivo no es proteger a los menores sino censurar las redes sociales han sido las declaraciones de la Ministra de Juventud e Infancia, que se ha mostrado partidaria de «limitar y seguramente
prohibir» el uso de la red social X, entre los jóvenes y el conjunto de la población por ser supuestamente un espacio en el que se dan «flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales», calificando el espacio digital de «antidemocrático».


La realidad es que el Pueblo Español no va a permitir que este Gobierno le robe la libertad y, por supuesto, ni con su censura ni sus normas totalitarias va a lograr frenar la ola de sentido común y patriotismo que estamos viendo en una
juventud cansada de las mentiras y las estafas de los políticos de siempre que les han robado el futuro, la prosperidad y la seguridad.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Rechazar cualquier propuesta que pretenda imponer la censura en las redes sociales coartando la libertad de expresión e información de los españoles.

Página 16

2. Garantizar y respetar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, y opiniones mediante cualquier técnica de reproducción, de manera que nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones.


3. Promover, a todos los niveles, nacional, europeo e internacional, el fin de la “cultura de la cancelación”, en especial la ejercida por las élites que promueven la Agenda 2030 contra aquellos que se manifiestan en contra de la ideología
woke dominante.


4. Asegurar y respetar la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los docentes.


5. Salvaguardar y respetar la libertad de información, o el derecho a transmitir y recibir libremente información veraz.


6. Garantizar y respetar una comunicación pública libre, instrumento indispensable para la participación política, sin la cual no hay sociedad libre, ni por tanto soberanía nacional.


7. Renunciar a cualquier tipo de censura previa, intervención represiva de publicaciones, grabaciones y cualquier otro medio de información, especialmente, a través de la limitación de la libertad de empresa.


8. Renunciar a cualquier tipo de intromisión e intervención ilegítima en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—Carlos Flores Juberías, Lourdes Méndez Monasterio, Ignacio Gil Lázaro y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/002991


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR


Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu


Grupo Parlamentario Republicano


Grupo Parlamentario Mixto


Proposición no de Ley contra las medidas de coerción de Estados Unidos contra Cuba y la defensa del derecho internacional, la soberanía y la paz.


Acuerdo:


Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 98974, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Grupos Parlamentarios
proponentes.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.

Página 17

A la Mesa del Congreso


Los Grupos Parlamentarios que suscriben, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley contra las medidas de coerción de Estados Unidos contra Cuba y la defensa
del Derecho Internacional, la soberanía y la paz, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


La política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe ha estado marcada por una injerencia sistemática y una concepción hegemónica de las relaciones internacionales, considerando a la región como su «patio trasero» y
una esfera de influencia exclusiva. Esta lógica, heredera directa de la doctrina Monroe y de su reinterpretación contemporánea en clave unilateral y coercitiva, ha servido reiteradamente para justificar intervenciones militares, políticas de
injerencia, presión económica y amenazas contra Estados soberanos, en abierta contradicción con los principios del derecho internacional y del sistema multilateral.


En este marco, la política de Estados Unidos hacia la República de Cuba constituye uno de los ejemplos más prolongados y graves. Desde hace más de seis décadas, Cuba es objeto de un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto de
manera unilateral, sin respaldo de las Naciones Unidas, que vulnera los principios de igualdad soberana de los Estados, no injerencia en los asuntos internos y prohibición del uso de medidas coercitivas recogidos en la Carta de las Naciones Unidas.


Esta política de agresión contra el pueblo cubano mantenida por EE.UU. ahora se ve agravada por la Orden Ejecutiva dictada el 29 de enero de 2026 por el presidente Donald Trump. Dicha Orden, por la que se declara una «emergencia nacional»
con respecto a Cuba, califica de manera unilateral al Gobierno de Cuba como una «amenaza inusual y extraordinaria» para su seguridad nacional y su política exterior, utilizando esta declaración como base jurídica para ampliar y profundizar las
medidas de coerción económica. Sin duda, un endurecimiento sin precedentes, que marca una nueva etapa en la política de EE.UU. con respecto a Cuba, en línea con las amenazas que había venido realizando el presidente Trump y el secretario de
Estado, Marco Rubio, sobre acusaciones absolutamente infundadas.


La Orden establece explícitamente la creación de un sistema arancelario que permite imponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de cualquier país que, directa o indirectamente, venda o suministre petróleo a Cuba. Esta
medida supone una extensión extraterritorial del bloqueo, al pretender condicionar la política exterior y las relaciones comerciales de terceros Estados soberanos. Se trata de una medida de alcance excepcional en la que la política arancelaria de
EE.UU. sirve como instrumento de coerción política y «adjudicándose el derecho de dictar a Estados soberanos con que naciones pueden comerciar y a cuáles pueden exportar su productos nacionales» como señala el comunicado emitido por el gobierno de
Cuba.


Estas medidas responden claramente a una estrategia explícita de presión extrema y asfixia económica, orientada a provocar el colapso de la economía cubana, la desestabilización interna, provocar una crisis humanitaria y justificar su
intervención para forzar un cambio político. Tras la intervención de EE. UU en Venezuela, vulnerando el derecho internacional, estaríamos ante otra operación que tiene como única finalidad la injerencia en los asuntos internos de otro Estado
soberano, incrementando las amenazas para la paz y la estabilidad regional.


Por otro lado, las consecuencias de estas medidas afectarán de manera directa al pueblo cubano. El bloqueo, ahora endurecido por la restricción del acceso a petróleo, agravará las condiciones de vida de la población, afectando al
funcionamiento servicios básicos, como la sanidad o el transporte y al acceso a bienes básicos y productos de primera necesidad.

Página 18

El bloqueo económico, comercial y financiero ilegal impuesto por los Estados Unidos contra Cuba ha sido reiteradamente denunciado por la comunidad internacional. Desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, año tras
año y por mayorías abrumadoras, resoluciones que exigen el fin del bloqueo. España ha votado de manera constante a favor de estas resoluciones, alineándose con la posición mayoritaria de la comunidad internacional en defensa del derecho
internacional, el multilateralismo y la soberanía de los Estados. El endurecimiento del bloqueo mediante la declaración de una supuesta «emergencia nacional» sustentada en falsedades y la imposición de las medidas contenidas en la Orden
constituyen, por tanto, un nuevo ataque al derecho internacional, un nuevo desafío al multilateralismo y a las posiciones defendidas históricamente por el propio Estado español.


España, como Estado comprometido con la paz, la legalidad internacional, la solución pacífica de los conflictos, no puede permanecer impasible ante una política que vulnera de manera tan flagrante estos principios, que pretende intervenir en
Cuba bajo acusaciones falsas y que pone en riesgo la estabilidad regional. La defensa del derecho internacional, el rechazo de toda forma de injerencia y la apuesta por un orden internacional basado en normas deben seguir siendo ejes centrales de
la acción exterior del Estado español.


Por lo expuesto, se presenta la siguiente,


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno a:


1. Denunciar públicamente y expresar con firmeza el rechazo absoluto a la declaración de la supuesta “emergencia nacional” respecto a Cuba y las medidas arancelarias contenidas en la Orden ejecutiva firmada el pasado 29 de enero por el
presidente de los Estados Unidos, que tienen como objetivo el endurecimiento del bloqueo del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, por constituir una violación del derecho internacional, una agresión contra la soberanía de Cuba y
una amenaza para la paz y la estabilidad regional.


2. Reafirmar el compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la resolución pacífica de las controversias, rechazando el uso
de la coerción económica, las sanciones unilaterales y el uso de la política arancelaria utilizada por Estados Unidos como instrumentos de su política exterior.


3. Continuar exigiendo el levantamiento inmediato, total e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, en coherencia con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobadas reiteradamente con el voto favorable de España.


4. Liderar en la Unión Europea y en los organismos multilaterales una posición firme contra esta nueva agresión a Cuba y continuar promoviendo el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos,
así como impulsar iniciativas concretas destinadas a poner fin a las medidas coercitivas unilaterales y a sus graves consecuencias humanitarias.


5. Reforzar la cooperación con Cuba, especialmente en materia energética, alimentaria, farmacéutica y en la de todos aquellos ámbitos fundamentales para la vida de la población cubana y que ya están padeciendo este recrudecimiento del
bloqueo.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.—Agustín Santos Maraver, Alberto Ibáñez Mezquita, Gerardo Pisarello Prados, Teslem Andala Ubbi y Vicenç Vidal Matas, Diputados.—Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR.—Jon Iñarritu García, Diputado.—Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.—Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.—Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Republicano.—Javier Sánchez Serna y Àgueda Micó Micó, Diputados.—Cristina Valido García y Néstor Rego Candamil, Portavoces del Grupo Parlamentario Mixto.

Página 19

161/003024


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Teófilo Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para expresar el rechazo a que Cataluña y País Vasco adquieran un estatuto privilegiado en la UNESCO y la ONU Turismo, para su discusión en la
Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


Primero. El Acuerdo Gobierno de España-Generalitat de Catalunya de 26 de enero.


El pasado día 26 de enero de 2026 el Sr. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España José Manuel Albares y el Sr. Conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya Jaume Duch
suscribieron un acuerdo para oficializar que esta comunidad autónoma pase a disponer de sendos asientos en la UNESCO y en la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo). Dicho acuerdo tiene como origen unas declaraciones de Pedro Sánchez durante
su «balance político» del año 2025 del día 15 de diciembre de 2025, en los que se comprometió a otorgar estatuto de miembro asociado a las regiones de Cataluña y País Vasco en estos organismos dependientes de la ONU.


Según despacho de la Agencia EFE de ese día, «los representantes del gobierno catalán podrán inicialmente integrarse en las delegaciones españolas ante la UNESCO —con sede en París— y ONU Turismo —con sede en Madrid—, si bien el protocolo
firmado [...] abre el camino para que, dentro de unos meses, Cataluña tenga el estatuto de miembro asociado en ambos organismos internacionales. «Es el comienzo de un procedimiento que llevará a un estatus definitivo de Cataluña como miembro
asociado», lo que a su vez «supone un reconocimiento internacional “inédito en la historia de la Cataluña democrática”, a través de esta “representatividad específica como gobierno de Cataluña”».


En concreto, el acuerdo suscrito contempla, de una parte, el compromiso de que el Gobierno de Cataluña designará a un representante suyo que trabajará integrado en la delegación española ante ambas organizaciones —y, se entiende, que pagado
por la totalidad de los contribuyentes españoles—; y que a continuación el Gobierno de España propiciará la aceptación de Cataluña como miembro asociado de ambas organizaciones, de las que España ya forma parte como miembro de pleno derecho.


Segundo. Una iniciativa insolidaria y contraproducente.


La iniciativa acordada entre los Sres. Albares y Duch resulta de dudosa constitucionalidad, al tener un encaje harto discutible con la atribución que el artículo 149.1.3 de la Constitución hace al Estado de las relaciones internacionales,
siendo como es la pertenencia a las organizaciones internacionales uno de los elementos más característicos de dicha competencia.


Adicionalmente, introduce un intolerable elemento de insolidaridad y desigualdad entre los territorios que conforman la Nación española, desde el momento en que brinda a dos comunidades autónomas la posibilidad de dotarse de un estatuto del
que ni disponen, ni está previsto que dispongan, el resto de regiones. A nadie se le escapa que el Gobierno de España tratará de amparar este privilegio apelando a la singular personalidad de Cataluña y País Vasco, lo cual carece del más mínimo
sustento constitucional —no existen en nuestro país comunidades «de primera» y comunidades «de segunda». Esto nos aboca a concluir que nos hallamos, una vez más, ante el peaje a pagar por el precario sustento parlamentario del que este Gobierno
viene gozando desde el año 2023.

Página 20

Por último, debilita nuestra posición internacional. Lograr los votos necesarios para materializar la aceptación de Cataluña y País Vasco como miembros asociados de las dos organizaciones internacionales referidas está llamado a requerir de
un notable esfuerzo diplomático, máxime cuando la cuestión carecerá de relevancia para la mayor parte de los países implicados, o será vista con reticencia por aquellos que —como España— padezcan la lacra del separatismo. De modo que solo será
plausible merced a cesiones importantes en otros terrenos, o a compromisos que tocará honrar en otros procesos: un precio que España no puede permitirse pagar.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados:


1) manifiesta su rechazo a la iniciativa de que Cataluña y País Vasco adquieran un estatuto privilegiado en la UNESCO y la ONU Turismo,


2) E insta al Gobierno de España a paralizar toda medida encaminada a sustanciar el mismo y, en particular, a que se abstenga de recabar el voto a favor de ninguno de los Estados miembros de una y otra organización internacional.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Alberto Asarta Cuevas, Carlos Flores Juberías y José María Sánchez García, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Defensa


161/003025


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Alberto Teófilo Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la equiparación de los efectos económicos de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo entre las Fuerzas Armadas y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su discusión en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


De acuerdo con el Reglamento general de recompensas Militares (Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto), la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo se concede exclusivamente por acciones, hechos o servicios realizados en el transcurso de:
conflictos armados o en operaciones militares que impliquen o puedan implicar el uso de fuerza armada. Es decir, no se concede por servicios en tiempo de paz, misiones humanitarias o actividades administrativas ordinarias; la acción debe estar
vinculada a un escenario hostil o potencialmente hostil e implica que esa acción revista valor frente al enemigo o a fuerzas hostiles.


En esas circunstancias, el criterio de valor no está únicamente ligado al riesgo por la vida propia, sino también a las dotes de mando, serenidad o iniciativa mostradas ante esas fuerzas hostiles, así como a la dirección acertada o empleo
eficaz de las fuerzas propias para cumplir la misión encomendada. Por lo tanto, no basta que las circunstancias fueran peligrosas, sino que debe acreditarse, mediante informes razonados, que la actuación fue valiente y eficaz, requisito básico para
justificar la concesión del distintivo rojo, que es un reconocimiento de alto valor en operaciones

Página 21

armadas. La concesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo sigue un procedimiento muy garantista, que nunca se solicita a título personal. La propuesta siempre parte del mando y el relato debe de dejar claro por qué la acción
excede el deber normal, por eso, la importancia de la recompensa.


La propuesta lleva un proceso muy riguroso, pasa por todos los escalones de mando, se adjuntan informes técnicos y jurídicos y termina en el ministro de Defensa quien, si procede, la concede por Orden Ministerial, publicándose en el BOD
(Boletín Oficial de Defensa).


En definitiva, el distintivo rojo no se concede por «haber estado», sino por «haber hecho» y no premia la exposición imprudente ni el heroísmo retórico sino el valor real, eficaz y responsable en combate. A la misma, pueden ser propuestos
personal de las Fuerzas Armadas (FAS) de todos los empleos, miembros de la Guardia Civil cuando desempeñen acciones de carácter militar y personal civil que preste servicios dentro de fuerzas militares organizadas en virtud de orden competente,
siempre que concurran las acciones mencionadas. Por lo tanto, no cualquier persona puede ser propuesta, sino aquellos que han actuado dentro de un contexto militar y bajo mando militar, en escenarios que implican el uso de la fuerza armada.


A pesar de todo lo mencionado, existe una discriminación con respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el sentido de que en estas últimas las cruces con distintivo rojo van acompañadas de una pensión equivalente,
habitualmente, al 10 % de su salario, mientras que en las FAS no generan ningún derecho económico permanente, salvo que concurran inutilidad permanente, indemnización por lesiones o pensiones extraordinarias por acto de servicio. En el origen
histórico de las recompensas militares, estas nacen como honoríficas y no se conciben como salario diferido sino como un reconocimiento moral y profesional. La lógica era «el militar ya asume el riesgo como parte estructural de su profesión», y se
premiaba el valor, pero no se retribuía (salvo casos muy concretos).


Estos argumentos eran válidos en otros tiempos; hoy no se sustentan para la discriminación en cuestión de pensiones, debido a las misiones internacionales y el empleo real de la fuerza por las FAS. Por otra parte, resulta más fácil
justificar políticamente una pensión a un policía o guardia civil que a un militar en combate exterior, debido a que, mediáticamente, sus acciones son más visibles por ser más cercanas a los ciudadanos, mientras que las acciones de valor de los
militares se producen normalmente en el exterior de nuestras fronteras, en entornos de seguridad clasificados o políticamente incómodos. Todo ello ha llevado a evitar privilegios económicos ligados al mérito militar, reforzando el carácter
honorífico de las recompensas militares.


Creemos que es el momento de corregir esta desigualdad que se ha perpetuado en el tiempo y que no supone un coste significativo para las arcas públicas, pues son muy pocas las Cruces rojas concedidas y su concesión es extremadamente
«selectiva y restrictiva». Para los militares, no se trata de «mercantilizar el honor» pero sí de introducir las reformas razonables y necesarias en el Reglamento de Recompensas Militares para que se reconozcan los hechos de «valor acreditado», no
bastando para ello el estar en una situación de «riesgo» sino, también, que se haya actuado con «iniciativa, serenidad y mando eficaz», «bajo amenaza real», en el cumplimiento de la misión. Con esta Proposición no de Ley, no se trata de convertir
el valor en incentivo económico, erosionando el sentido del honor, algo que no encaja con la cultura militar, sino de un reconocimiento institucional por riesgo y valor excepcionales, similar al de las FCSE. No hacerlo transmite un mensaje equívoco
y es el de que, según el uniforme, «el valor no vale lo mismo» porque una sociedad que reconoce con equidad a quienes la sirven en las circunstancias más difíciles es una sociedad más justa, y más agradecida.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir las modificaciones necesarias en el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el

Página 22

Reglamento general de recompensas militares, con el fin de que sean aplicados en las Fuerzas Armadas los mismos beneficios económicos que en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reconocer las recompensas con distintivo rojo.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Alberto Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


161/002988


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, esta Proposición no de ley para su debate y aprobación en la Comisión de Transportes y
Movilidad Sostenible, relativa a iniciar, con carácter prioritario, la redacción y tramitación del Estudio Informativo de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete.


Exposición de motivos


La presente proposición no de ley tiene por objeto llevar a cabo el impulso institucional del estudio informativo de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete, por el trayecto de Chinchilla, en el marco del establecimiento de la Red
Transeuropea de Transporte /TEN-T), de capital importancia para la conexión ferroviaria de la Región de Murcia con el centro de España y su capital.


La presente proposición no de ley tiene por objeto dar un impulso institucional a la línea Ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Hellin. En primer lugar, porque con la próxima reapertura de la línea que está cerrada
temporalmente desde el 1 de Febrero de 2022 por las obras de la nueva estación de Murcia del Carmen y el soterramiento de las vías hasta Nonduermas, se restablecerán los tráficos de mercancías y viajeros. En segundo lugar, al objeto de dar el
impulso institucional necesario para desarrollar la Red Transeuropes de Transporte (TEN-T), de importancia capital para la conexión Ferroviaria de la Región de Murcia con el centro de España y su capital.


La Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) de la Unión Europea tiene como finalidad establecer una infraestructura de transporte multimodal, de alta calidad y plenamente interconectada, que facilite la movilidad de personas y mercancías,
contribuya al crecimiento económico, apuntale la cohesión territorial y reduzca el impacto medioambiental del transporte.


La articulación de la citada Red y las políticas asociadas a ella se regula en el Reglamento (UE) 2024/1679, que establece una red estructurada en tres niveles: red básica (a completar en 2030), red básica ampliada (2040) y red global
(2050), garantizando la coherencia y calidad de las infraestructuras en todo el territorio europeo.


Los objetivos prioritarios que pretende esta normativa son los de la modernización del transporte ferroviario, la interoperabilidad de las redes mediante el sistema ERTMS, la conexión ferroviaria de los principales nodos aeroportuarios, el
desarrollo de terminales intermodales, la promoción de combustibles alternativos y la planificación de la movilidad urbana sostenible.


Con este marco normativo y contexto de implementación política, los Corredores Europeos de Transporte y las prioridades horizontales definen el marco estratégico para las inversiones, supervisadas por coordinadores europeos.

Página 23

Uno de los nodos clave de esta red en la Península Ibérica, es el puerto de Cartagena, polo industrial de primer orden en la Región de Murcia y además base militar estratégica para el diseño de una estrategia común de defensa europea. La
conexión ferroviaria de este enclave con el centro peninsular y con Madrid específicamente, se realiza a través de Murcia y Albacete, por la línea que discurre por la conocida como «vía Chinchilla», recientemente mejorada con la puesta en servicio
de la variante de Camarillas. Esta línea ha sido incluida en la red básica ampliada, con horizonte de finalización en 2040.


No obstante, para avanzar en su adaptación a los estándares europeos predefinidos en esta Exposición de Motivos, resulta imprescindible iniciar de inmediato el correspondiente procedimiento administrativo, que debe incoarse con un estudio
informativo que defina los parámetros técnicos esenciales de su desarrollo ferroviario: ancho de vía, electrificación, interoperabilidad con el resto de la red, etc. Una vez realizado ese estudio debe tramitarse la declaración de impacto
ambiental, el proyecto constructivo y, en último término, la ejecución de las obras. La experiencia demuestra que, de no actuar con diligencia y la debida antelación, estos procesos pueden demorarse lustros y hasta décadas, como ha sucedido en
otras actuaciones ferroviarias en la Región de Murcia.


En consecuencia, resulta prioritario que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, impulse de inmediato los trámites necesarios para evitar el estancamiento del proyecto y asegurar que el corredor
ferroviario Cartagena-Murcia-Albacete se adapte a los requerimientos del Reglamento TEN-T cumpliendo con los plazos establecidos.


En atención a ello se formula por parte del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España para que lleve a cabo las siguientes iniciativas.


Primera. Iniciar, con carácter prioritario, la redacción y tramitación del Estudio Informativo de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete, a través del trazado de Chinchilla, con el objetivo de adaptar dicha infraestructura a los
estándares de interoperabilidad, electrificación y eficiencia establecidos por el Reglamento (UE) 2024/1679.


Segunda. Garantizar la coordinación del proyecto con los objetivos establecidos en la Red Transeuropea de Transporte, particularmente en su dimensión de red básica ampliada, así como su compatibilidad con los usos duales, civil y de
mercancías, contemplados en el marco europeo.


Tercera. Dotar los medios técnicos, administrativos y financieros necesarios para evitar la dilación en la tramitación de este proyecto estratégico, asegurando su ejecución.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2025.—Fèlix Alonso Cantorné y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


161/003022


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la firma del Convenio de
penetración del ferrocarril en la ciudad de Gijón, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.

Página 24

Exposición de motivos


La ciudad de Gijón es una de las ciudades de su tamaño y población que no tiene resuelto contar con una estación intermodal ni una estación central de autobuses, llevando a gijoneses y visitantes a tener una situación de soluciones precarias
desde hace años.


En 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado un Convenio que aunaba la participación y financiación de Adif-Alta Velocidad, ADIF, Renfe-Operadora, el Principado de Asturias, la Sociedad Gijón al Norte y el Ayuntamiento de Gijón.
Dicho Convenio, de largo y complicado proceso para lograr el acuerdo y la firma, fue dado por resuelto y perdidas las anualidades contempladas para los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Se contemplaban como proyectos a desarrollar los
siguientes:


Proyecto 1, de construcción de la supresión de la barrera ferroviaria y la nueva estación intermodal con varias actuaciones asociadas.


Proyecto 2, de construcción de la estación intermodal.


Proyecto 3, de construcción de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la integración ferroviaria de Gijón.


Proyecto 4, proyecto de construcción de la estación de autobuses.


Proyecto 5, proyectos de urbanización de las zonas afectadas.


Proyecto 6, referido al edificio de oficinas de Adif.


Se estableció una Comisión de seguimiento para supervisar la ejecución del Convenio y velar por el cumplimiento de los plazos. El programa de actuaciones estaba fijado en 2019-2025 y a día de hoy nada se hizo; por tanto, el balance es
desastroso y un agravio a la ciudad de Gijón.


El nuevo «borrador» del Plan de Vías se presentó el 27 de septiembre de 2021. En enero de 2022 se publica Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
estudio informativo «Nueva Estación Intermodal de Gijón».


El Ministerio que dirige Dña. Sara Aagesen Muñoz, que es a su vez vicepresidenta tercera del Gobierno, prorrogó hasta 2027 la declaración de impacto ambiental (DIA), más tiempo y menos obras.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la firma del Convenio de penetración del ferrocarril en la ciudad de Gijón, así como los compromisos presupuestarios para su ejecución y el cronograma correspondiente que garantice
el inicio y fin de las actuaciones que lleva aparejada dicha iniciativa.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—María Mercedes Fernández González, Diputada.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003034


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la actualización de los proyectos de la Autovía del Duero
A-11 en los tramos de Soria, Burgos y Valladolid, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.

Página 25

Exposición de motivos


La Autovía del Duero A-11 se configura como el eje vertebrador de gran capacidad de la cuenca del Duero, uniendo desde el límite oriental de Castilla y León en Soria hasta Zamora y el norte de Portugal, con un impacto decisivo en la cohesión
territorial, la movilidad y la competitividad económica de la región.


El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado recientemente contratos para actualizar los proyectos de trazado y constructivos de tres tramos clave de la A-11, adaptándolos a la normativa legal y técnica vigente, así como
a los ajustes derivados de la tramitación ambiental:


— Tramo Los Rábanos-La Mallona (Soria): Completará la A-11 en la provincia de Soria, conectándola con la futura A-15 a Navarra, y estudiará su división en dos subtramos para optimizar la viabilidad económica y constructiva.


— Tramo Castrillo de la Vega-Límite provincial de Valladolid, en la provincia de Burgos.


— Tramo Quintanilla de Arriba-Límite provincial de Burgos en la provincia de Valladolid, enlazando con tramos adyacentes en ejecución y seleccionando un punto óptimo de división para desarrollar proyectos diferenciados.


Estos tramos sustituyen a la carretera convencional N-122, afectada por un tráfico pesado del 30 % que circula en convoyes, lo que genera dificultades en adelantamientos, cruces y visibilidad, reduciendo velocidades, incrementando tiempos y
costes de transporte, y elevando riesgos de seguridad vial.


Desde 2019, se han puesto en servicio más de 55 km de A-11 en Soria, con obras recientes en Langa de Duero-Aranda de Duero y otros adyacentes en ejecución.


Dada la relevancia estratégica de estos proyectos para el desarrollo de Castilla y León y la necesidad de agilizar su tramitación hasta la ejecución de obras, resulta imprescindible priorizar su avance.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando la Autovía del Duero (A-11), eje vertebrador de la cuenca del Duero que unirá los límites oriental y occidental de Castilla y León, desde Soria, hasta el límite de Zamora
con Portugal e Soria con Zamora y Portugal, garantizando así la cohesión territorial, la seguridad vial y la competitividad económica de Castilla y León.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—César Joaquín Ramos Esteban, Esther Peña Camarero y Álvaro Morales Álvarez, Diputados.—Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.


161/003036


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso a las
infraestructuras ferroviarias en Andalucía, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.


Exposición de motivos


Las infraestructuras ferroviarias son estratégicas e indispensables para el desarrollo productivo y logístico de Andalucía. El desarrollo de estas redes y, de manera primordial,

Página 26

los ejes ferroviarios de la Red Transeuropea de Transporte, los corredores mediterráneo y atlántico-central, así como la mejora de los accesos a los grandes puertos andaluces, permitirá potenciar nuestro comercio exterior, con plena
adecuación a los desafíos del cambio climático.


A esto hay que sumar la necesidad de acometer, sin más dilación, una profunda mejora y ampliación de los servicios de media distancia (trenes regionales) y de los núcleos de cercanías, al objeto de avanzar en el reto de una movilidad
sostenible que favorezca la articulación de nuestro territorio y permita el trasvase de tráfico desde la carretera al tren. Estudiar la posibilidad de nuevas frecuencias y nuevas paradas tanto en el transporte de pasajeros y mercancías.


A esta situación se unió la decisión unilateral de Renfe en enero del 2024 de modificar horarios y trayectos en horas laborales (7:25h y 8:25h) en trenes Avant en Córdoba, Málaga y Sevilla, que afectó de forma masiva a muchos trabajadores
haciendo casi imposible que puedan llegar con puntualidad a sus puestos de trabajo.


Andalucía se ha convertido en una de las grandes economías de España y así lo demuestran los datos de exportaciones del año 2022. Así, por vía marítima nos encontramos que es la comunidad que más aporta al crecimiento de las exportaciones
de España, hasta casi los 20.000 millones de euros.


Además, la previsión de triplicar la inversión para estas infraestructuras ferroviarias a cargo de fondos de la UE exige que se sumen todos los esfuerzos posibles para dar pasos decididos que permitan impulsar dichas obras con compromisos
reales.


El retraso en el desarrollo de estas infraestructuras, responsabilidad de la Administración General del Estado, es evidente, como así lo ponen de manifiesto los ingenieros de caminos, canales y puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla, que
denuncian que se están implantando «sin coherencia ni continuidad», lo que se aleja del objetivo de la Unión Europea de lograr en el horizonte de 2030-2040 una red de transporte «fiable y fluida, con una conectividad sostenible, sin vacíos físicos,
cuellos de botella ni enlaces inexistentes».


Existen numerosas intervenciones que o bien se han quedado paralizados o no cuentan con el impulso necesario del Gobierno de España, como son:


— Avanzar con la Variante de Moreda, para que la Junta de Andalucía pueda avanzar con el área logística de Mercagranada, y se libere la entrada de mercancías a la ciudad de Granada.


— Acelerar la ejecución de la adecuación de la vía ferroviaria entre Almería y Granada, para cumplir en el horizonte 2030 (red básica) con la conexión del Corredor Mediterráneo entre ambas capitales.


— Realizar los estudios necesarios para rehabilitar la línea de ancho convencional entre Bobadilla y Granada para su uso por trenes mercantes.


— Acelerar la finalización de las obras pendientes para consolidar la LAV Antequera-Granada como una línea con todas las prestaciones propias de la Alta Velocidad con un cronograma de plazos firmes y claros.


— Cumplir con los plazos marcados en las mesas entre administraciones Adif-Junta de Andalucía-Ayuntamiento para la integración del ferrocarril en Granada la capital.


— El compromiso para la puesta en marcha definitiva del bypass de Almodóvar del Río para implantar una primera mejora de las conexiones de alta velocidad entre Sevilla, Málaga, Granada y Almería.


— Ejecutar el subtramo Ronda-Bobadilla, con la renovación de vía pendiente del 40 % del trazado total entre Bobadilla y Algeciras, y proceder a la electrificación completa de todo el tramo hasta Algeciras.


— Licitar la ejecución de las obras de electrificación y del tercer carril de ancho UIC del subtramo entre Ronda y Algeciras.


— Exigir el compromiso firme del Gobierno de España para que la autopista Ferroviaria Zaragoza-Algeciras esté operativa en enero del 2027, tal y como se ha trasladado a la opinión publica.

Página 27

— Exigir el compromiso firme del Gobierno de España para completar todas las actuaciones contenidas en el ramal central del corredor mediterráneo, y contempladas también en la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, con la mejora y
adecuación de las líneas convencionales entre Bobadilla, Córdoba y Jaén.


— Adecuar la línea entre Jaén-Alcázar de San Juan y Madrid para altas prestaciones, encuadradas también en el ramal central.


— Adoptar medidas a corto plazo para mejorar la conexión de media distancia entre Huelva y Sevilla, con tiempos competitivos de viaje y frecuencia, hasta tanto en cuanto no se complete un proyecto de larga maduración como la LAV
Sevilla-Huelva.


En relación a la red de media distancia y cercanías quedan pendientes acciones:


— Incorporar al metro-tren de Córdoba las dos nuevas estaciones comprometidas y mantener la catalogación de media distancia.


— Crear un nuevo núcleo de cercanías en la provincia de Almería (poniente y levante).


— Acelerar los estudios informativos y de viabilidad de proyectos estratégicos como la rehabilitación del tren del Almanzora (Guadix-Baza-Almendricos-Lorca).


— Acometer las obras de conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, y dar así cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Comisión Europea.


— Desarrollar estudios de viabilidad para nuevas paradas y frecuencias en el transporte ferroviario de personas y mercancías en la provincia de Sevilla.


— Completar el anillo de cercanías de Sevilla.


— Impulsar el tren del Litoral así como su conexión con la REFIG (Córdoba-Málaga).


— Impulsar un estudio que mejore la conexión ferroviaria entre Granada y Jaén, dada la nula funcionalidad de la actual red ferroviaria de interés general entre ambas capitales; impulsar la implantación de mejoras en la línea convencional
FFCC Sevilla-Cádiz, como el funcionamiento real del sistema de control de tráfico ERTMS, nivel 2, ya implantado, pero en desuso; comprometer de una vez la conexión entre la LAV Almería-Murcia y el nodo logístico de Níjar.


— Avanzar en el cumplimento del cronograma de los trabajos de Integración del FFCC en Jaén, que se hace en las mesas entre administraciones (ADIF-Ayuntamiento-Junta).


En relación con las conexiones con los puertos y su actividad logística:


— El inmediato comienzo de la obra adjudicada y contratada del nuevo acceso ferroviario al puerto de Sevilla.


— Licitar la redacción de los estudios pertinentes y de los proyectos constructivos necesarios para ejecutar la conexión ferroviaria del puerto de Motril con Granada capital.


— Licitar la redacción de los estudios pertinentes y de los proyectos constructivos necesarios para ejecutar el soterramiento de la conexión ferroviaria al puerto de Málaga.


— Aportar la ayuda financiera necesaria a la iniciativa de la Junta de Andalucía para el acceso ferroviario al nudo logístico de Antequera (puerto seco).


Estamos obligados a denunciar el agravio comparativo que sufre Andalucía, por la inferior prestación y diseño del corredor mediterráneo a su paso por nuestro territorio, en comparación con las soluciones desarrolladas por el Estado en el
trazado que discurre por el resto del arco mediterráneo, así como las inversiones para la mejora de la red de cercanías de algunas regiones con respecto a las de Andalucía.


En concreto, señalamos nuestra preocupación por:


— La renovación integral de la línea férrea convencional entre Granada y Almería, de la que solo consta un estudio funcional y la contratación de un portento de construcción para la renovación integral de la vía, de la que aun no ha
transcendido ningún contenido avance o aclara, que esta suponiendo el retraso de las obras de construcción del corredor entre Almería y Murcia.

Página 28

— La nula planificación para el tráfico de mercancías entre Antequera y Granada, que a día de hoy solo nos consta la contracción de estudios informativos y de viabilidad, en estado muy embrionario, por lo que se antoja inviable alcanzar el
horizonte de la red básica de corredor Mediterráneo (2030) con una infraestructura adaptada para el trafico de mercancías entre Antequera- Granada-Almería desdibujando por tanto el recorrido interior de la Red de Transporte Europea desde Almería
hasta Málaga.


— La electrificación del tramo Algeciras-Bobadilla, y el lento avance en la renovación del subtramo entre Bobadilla-Ronda.


— La ejecución de los nuevos accesos ferroviarios a los puertos de Andalucía.


Es prioritario para Andalucía que el Gobierno de España dé un impulso definitivo a estos corredores, que, además, conectarán las áreas logísticas con los grandes puertos de Andalucía: Almería, Bahía de Algeciras, Cádiz, Motril, Huelva y
Sevilla, entre otros. Ante esta situación de inversión, los fondos Next Generation, que finalizan en 2026, han sido una nueva oportunidad perdida.


La Junta de Andalucía, además, está tomando decisiones, ante la pasividad del Estado, para relanzar e impulsar algunas actuaciones estratégicas, como la consolidación de la red de ferrocarriles metropolitanos gestionados por el Gobierno
andaluz (metros de Sevilla, Málaga, Granada y Trambahía), y su ambicioso proyecto de ampliación y extensiones que acomete en simultáneo (Línea 3 del Metro de Sevilla, Prolongación Sur del Metro de Granada, Prolongación del Metro de Málaga al Nuevo
Hospital y reactivación de los sistemas tranviarios de Jaén y Alcalá de Guadaíra).


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Revisar de manera solvente y rigurosa el Mapa Ferroviario Andaluz, para contribuir a revitalizar los servicios e infraestructuras ferroviarias de Cercanías y Media Distancia en dicha comunidad, claramente deficientes y mejorables.


2. Cumplir sin demoras con los plazos de ejecución, aprobar un cronograma viable y posible y aprovechar los fondos europeos para impulsar las obras de los ejes ferroviarios de la Red Transeuropea de Transporte, los corredores mediterráneo y
atlántico-central, infraestructuras necesarias para el desarrollo productivo y logístico de Andalucía.


3. Rectificar los agravios comparativos por la inferior prestación de las conexiones ferroviarias con los puertos de Interés del Estado andaluces y corregir los parámetros de servicio en el entorno de los grandes puertos.


4. Corregir las claras deficiencias en la prestación de los servicios ferroviarios convencionales en Andalucía, a través de los trenes de media distancia y cercanías, y corregir los parámetros de servicio.


5. Estudiar la implantación de una delegación en Andalucía de la Oficina de planificación y ejecución de las diversas obras pendientes de los corredores ferroviarios mediterráneo y atlántico.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—María Soledad Cruz-Guzmán García, Héctor Palencia Rubio, Juan Bravo Baena, Ricardo Tarno Blanco, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Elías Bendodo Benasayag, María del Mar Vázquez
Jiménez, Mario Cortés Carballo, Cristóbal Garre Murcia, Isabel Gema Pérez Recuerda, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Ignacio Romaní Cantera, Macarena Lorente Anaya, Miguel Ángel Sastre Uyá, Carlos Rojas García, María Lourdes Ramírez Martín,
Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Maribel Sánchez Torregrosa, Rafael Antonio Hernando Fraile, Ana Martínez Labella, María Isabel Prieto Serrano, Bartolomé Madrid Olmo, Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix, Juan Diego Requena Ruiz y María Torres
Tejada, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Página 29

161/003039


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los diputados Inés Granollers Cunillera y Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la mejora integral de las líneas RL3 y R13 de Rodalies, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.


Exposición de motivos


Las líneas de Rodalies R13, que conecta Lleida con Barcelona a través de Montblanc, L’Espluga de Francolí, Valls y otras poblaciones del Camp de Tarragona; y RL3, que conecta Lleida con Cervera, son infraestructuras esenciales para la
movilidad cotidiana de miles de personas de las comarcas interiores de Cataluña. Sin embargo, sufren graves déficits estructurales y operativos que impiden que cumplan con garantías su función de servicio público ferroviario.


La R13 arrastra una falta crónica de inversión y modernización de la infraestructura, con trayectos excesivamente largos, una oferta horaria escasa y poco adaptada a las necesidades laborales y educativas, infraestructuras que se han visto
perjudicadas por la alta velocidad y que ahora están en desuso, además de material móvil inadecuado.


La Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i de L’Alt Camp ha realizado una tarea de análisis de la línea que de forma coincidente con la experiencia de los usuarios evidencia que uno de los principales problemas es la poca oferta entre
Lleida y Barcelona vía Valls. Actualmente, además, la R13 es la única línea que tiene el mantenimiento en horario diurno, lo que imposibilita la circulación de trenes entre las 9 y las 13h aproximadamente.


Asimismo, los horarios actuales no permiten compatibilizar el uso del servicio con jornadas laborales o académicas habituales. El primer tren no llega a Barcelona antes de las 7:45, y el último servicio de vuelta sale antes de las 20:30,
lo que excluye a muchos usuarios potenciales del transporte público. Esta limitación horaria consolida una desigualdad territorial inadmisible respecto a otras zonas del país. En cuanto a la infraestructura, existen déficits graves de
mantenimiento y seguridad, como demuestra el estado de abandono de la estación de Roda de Berà. El cambiador de ancho existente obliga a los trenes procedentes de Valls a pasar por vías desviadas a velocidad reducida (30 km/h como máximo), con una
señalización ineficiente y un enclavamiento que no permite una circulación fluida ni segura. Es necesario recuperar la vía directa y eliminar el cambiador en desuso para restaurar la funcionalidad original de la línea.


También es urgente revisar el material móvil utilizado. Los trenes actuales de la serie 447 (velocidad máxima de 120 km/h), pensados para servicios de Rodalies de corta distancia, no son adecuados para los trayectos regionales de más de una
hora, tanto por razones de confort como de capacidad. La implementación de los trenes de la serie 449 de 5 coches cortos (velocidad máxima de 160 km/h) o la reutilización de trenes de la serie 451 (velocidad máxima de 140 km/h), de doble piso y
útiles para andenes cortos, mejoraría significativamente la eficiencia, la capacidad y la comodidad del servicio.


La línea también necesita actuaciones estructurales como el desdoblamiento (4 vías en vía múltiple) del tramo entre Sant Vicenç de Calders-Barcelona, actualmente saturado, o el cierre del triángulo ferroviario de Picamoixons, que permitiría
establecer enlaces históricos entre Valls, Alcover, Reus y Tarragona. También es necesario estudiar la creación de un Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) en Vilabella, que facilitaría la gestión del tráfico, de las
incidencias y el estacionamiento seguro de trenes, especialmente de mercancías peligrosas.


Finalmente, es necesario hacer accesibles todas las estaciones, como la de Valls, donde se podría habilitar el antiguo muelle de carga como nuevo andén y mejorar el acceso con pasos elevados o subterráneos. En esta misma dirección, la
estación de Salomó

Página 30

tampoco cuenta con pasarelas o pasos soterrados directos al andén, y cuando un tren tapa el paso a nivel, las personas no pueden acceder de ninguna manera al andén central.


Por otra parte, la situación de la línea RL3 no es muy distinta. Esta línea pertenece al corredor Barcelona-Manresa-Cervera-Lleida donde circulan, además de la citada, las líneas R4 y RL4 y con una longitud de 118,1km totalmente en vía
única. Las únicas excepciones son las estaciones de Bell-lloc d’Urgell, Mollerussa, Tàrrega, Cervera y Calaf, donde hay doble vía y se pueden realizar cruces.


La vía única entre Lleida y Cervera tiene once circulaciones diarias, y la vía única entre Cervera y Manresa, cinco circulaciones diarias. Los tramos de vía única limitan la flexibilidad en el diseño de los horarios porque los cruces se
producen solo en los puntos habilitados y limitan la capacidad de la línea. Además, en lo que se refiere al servicio, provoca que cualquier retraso afecte a la circulación en sentido contrario.


Teniendo en cuenta los tramos de vía única actuales y el número de circulaciones diarias por cada uno, el tramo de vía única entre Mollerussa y Tàrrega es el que más limita la operación y la capacidad de la línea, así como el ajuste de los
horarios para mantener una cadencia lo más homogénea posible. En este sentido, la recuperación del segundo tramo de vía en la estación de Bellpuig, muy reivindicada en el territorio, permitiría ajustar los horarios para ofrecer una cadencia más
regular, limitaría el tiempo de afectación al servicio en caso de incidencia, obteniendo así un servicio más regular y fiable, y permitiría incrementar la capacidad de la línea.


Además, a raíz del colapso en la red ferroviaria de Cataluña de este inicio de 2026, se han detectado diversas incidencias en la infraestructura y la interrupción de la línea por riesgo de desprendimiento.


Para garantizar un servicio digno, también es necesario asegurar una frecuencia mínima de un tren cada dos horas en estas líneas, trasladar las tareas de mantenimiento a franjas nocturnas, y eliminar las limitaciones temporales de velocidad
existentes, especialmente las provocadas por problemas de gálibo o de desprendimientos.


La modernización de la R13 y la RL3 no solo es una cuestión técnica, sino también de justicia territorial, cohesión social y transición hacia una movilidad sostenible.


Por todo esto, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Impulsar, en coordinación con la Generalitat de Cataluña, un plan de modernización integral de las líneas R13 y RL3 de Rodalies para garantizar un servicio seguro, eficiente y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía del Camp
de Tarragona, las comarcas interiores y las Terres de Ponent.


2. Adoptar las medidas necesarias para hacer posible un incremento del número de trenes directos entre Lleida y Barcelona vía Valls, con conexión mediante transbordo en Picamoixons para los trayectos con destino a Reus y Tarragona.


3. Hacer posible que el primer tren de la R13 llegue a Barcelona antes de las 7:45 y que el último servicio de vuelta salga como mínimo a las 20:30 y 22h los fines de semana y vísperas de festivos.


4. Ejecutar de forma urgente la reforma de la estación de Roda de Berà, eliminando el cambiador de ancho en desuso, mejorando el enclavamiento y recuperando la vía directa con una señalización adecuada, eficiente y segura.


5. Recuperar el segundo tramo de vía en la estación de Bellpuig para realizar cruces, agilizar la circulación ferroviaria, aumentar la capacidad de la línea y minimizar las afectaciones en caso de incidencia.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Inés Granollers Cunillera y Jordi Salvador i Duch, Diputados.—Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

Página 31

A la Mesa del Congrés dels Diputats


El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies dels Diputats Inés Granollers Cunillera i Jordi Salvador i Duch, a l’empara del que s’estableix en l’article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI per la millora integral de les línies RL3 i R13 de Rodalies per al seu debat en la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible.


Exposició de motius


Les línies de Rodalies R13, que connecta Lleida amb Barcelona a través de Montblanc, l’Espluga de Francolí, Valls i altres poblacions del Camp de Tarragona; i RL3, que connecta Lleida amb Cervera, son infraestructures essencials per a la
mobilitat quotidiana de milers de persones de les comarques interiors de Catalunya. Malgrat això, pateixen greus dèficits estructurals i operatius que impedeixen que compleixi amb garanties la seva funció com a servei públic ferroviari.


L'R13 arrossega una manca crònica d’inversió i modernització de la infraestructura, amb trajectes excessivament llargs, una oferta horària escassa i poc adaptada a les necessitats laborals i educatives, infraestructures que s’han vist
perjudicades per l’alta velocitat i que ara estan en desús, a part, material mòbil inadequat.


L’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i l’Alt Camp ha realitzat una tasca d’anàlisi de la línia que de manera coincident amb l’experiència dels usuaris evidencia que un dels principals problemes és la poca oferta entre Lleida i
Barcelona via Valls. Actualment, a més a més, l’R13 es l’única línia que te el manteniment en horari diürn, un fet que impossibilita la circulació de trens entre les 9 i les 13h aproximadament.


Així mateix, els horaris actuals no permeten compatibilitzar l’ús del servei amb jornades laborals o acadèmiques habituals. El primer tren no arriba a Barcelona abans de les 7:45h, i l’últim servei de retorn surt abans de les 20:30h, fet
que exclou molts usuaris potencials del transport públic. Aquesta limitació horària consolida una desigualtat territorial inadmissible respecte d’altres zones del país. Pel que fa a la infraestructura, hi ha dèficits greus de manteniment i
seguretat, com demostra l’estat d’abandonament de l’estació de Roda de Berà. El canviador d’ample existent obliga els trens procedents de Valls a passar per vies desviades velocitat reduïda (30 km/h com a màxim), amb una senyalització ineficient i
un enclavament que no permet una circulació fluida ni segura. Cal recuperar la via directa i eliminar el canviador en desús per restaurar la funcionalitat original de la línia.


També es urgent revisar el material mòbil utilitzat. Els actuals trens de la sèrie 447 (velocitat màxima de 120 km/h), pensats per a serveis de Rodalies de curta distancia, no son adequats per als trajectes regionals de mes d’una hora, tant
per raons de confort com de capacitat. La implementació dels trens de la sèrie 449 de 5 cotxes curts (velocitat màxima de 160 km/h) o la reutilització de trens de la sèrie 451 (velocitat màxima de 140 km/h), de doble pis i útils per andanes curtes,
milloraria significativament l’eficiència, la capacitat i la comoditat del servei.


La línia també necessita actuacions estructurals com el desdoblament (4 vies en via múltiple) del tram entre Sant Vicenç de Calders - Barcelona, actualment saturat, o el tancament del triangle ferroviari de Picamoixons, que permetria
establir enllaços històrics entre Valls, Alcover, Reus i Tarragona. També es necessari estudiar la creació d’un Punt d’Avançaments i Estacionament de Trens (PAET) a Vilabella, que facilitaria la gestió del trànsit, de les incidències i
l’estacionament segur de trens, especialment de mercaderies perilloses.


Finalment, cal fer accessibles totes les estacions, com la de Valls, on es podria habilitar l’antic moll de carrega com a nova andana i millorar l’accés amb passos elevats o subterranis. En aquesta mateixa direcció, l’estació de Salomó
tampoc compta amb passarel·les o passos soterrats directes a l’andana, i quan un tren tapa el pas a nivell, les persones no poden accedir de cap manera a l’andana central.

Página 32

D’altra banda, la situació de la línia RL3 no és gaire diferent. Aquesta línia pertany al corredor Barcelona-Manresa-Cervera-Lleida on hi circulen, a més a més de l’esmentada, les línies R4 i RL 4 i amb una longitud de 118,1km totalment en
via única. Les úniques excepcions son les estacions de Bell-lloc d’Urgell, Mollerussa, Tàrrega, Cervera i Calaf, on hi ha doble via i es poden fer encreuaments.


La via única entre Lleida i Cervera té onze circulacions diàries, i la via única entre Cervera i Manresa cinc circulacions diàries. Els trams de via única limiten la flexibilitat en el disseny dels horaris perquè els encreuaments es
produeixen només als punts habilitats i limiten la capacitat de la línia. A més, pel que fa al servei, provoca que qualsevol retard afecti la circulació en sentit contrari.


Tenint en compte els trams de via única actuals i el nombre de circulacions diàries per cadascun, el tram de via única entre Mollerussa i Tàrrega és el que més limita l’operació i la capacitat de la línia, així com l’ajust dels horaris per
mantenir una cadència el més homogènia possible. En aquest sentit, la recuperació del segon tram de via a l’estació del Bellpuig, molt reivindicada al territori, permetria ajustar els horaris per oferir una cadència més regular, limitaria el temps
d’afectació al servei en cas d’incidència, obtenint així un servei més regular i fiable, i permetria incrementar la capacitat de la línia.


A més, arran del col·lapse a la xarxa ferroviària de Catalunya d’aquest inici de 2026, s’han detectat diverses incidències a la infraestructura i la interrupció de la línia per risc d’esllavissada.


Per tal de garantir un servei digne, cal també assegurar una freqüència mínima d’un tren cada dues hores a aquestes línies, traslladar les tasques de manteniment a franges nocturnes, i eliminar les limitacions temporals de velocitat
existents, especialment les provocades per problemes de gàlib o de despreniments.


La modernització de l'R13 i l’RL3 no son només una qüestió tècnica, sinó també de justícia territorial, cohesió social i transició cap a una mobilitat sostenible.


Per tot això es presenta la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:


1. Impulsar, en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, un pla de modernització integral de les línies R13 i RL3 de Rodalies per garantir un servei segur, eficient i adaptat a les necessitats reals de la ciutadania del Camp de
Tarragona, les comarques interiors i les Terres de Ponent.


2. Adoptar les mesures necessàries per fer possible un increment del número de trens directes entre Lleida i Barcelona via Valls, amb connexió mitjançant transbord a Picamoixons per als trajectes amb destinació a Reus i Tarragona.


3. Fer possible que el primer tren de la R13 arribi a Barcelona abans de les 7:45h i que l’últim servei de retorn surti com a mínim a les 20:30h i 22h: els caps de setmana i vigília de festius.


4. Executar de forma urgent la reforma de l’estació de Roda de Berà, eliminant el canviador d’ample en desús, millorant l’enclavament i recuperant la via directa amb una senyalització adequada, eficient i segura.


5. Recuperar el segon tram de via a l’estació de Bellpuig per realitzar encreuaments, agilitzar la circulació ferroviària, augmentar la capacitat de la línia i minimitzar les afectacions en cas d’incidència.»


Palau del Congrés dels Diputats, 12 de febrer de 2026.—Inés Granollers Cunillera y Jordi Salvador i Duch, Diputats.—Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grup Parlamentari Republicà.

Página 33

Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes


161/002996


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley para el fortalecimiento de una
convivencia escolar coeducativa y feminista en el marco de la normativa básica estatal, para su debate en Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte.


Exposición de motivos


La convivencia escolar, la coeducación y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres forman parte del núcleo esencial del derecho a la educación y de la protección integral de la infancia y la adolescencia, tal y como establecen la
Constitución española, la Ley Orgánica 3/2020, de Educación (LOMLOE) y la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).


El Estado ostenta competencias plenas para sentar las bases del sistema educativo, garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales, fijar estándares mínimos comunes y velar por el cumplimiento de la normativa básica
mediante mecanismos de coordinación y alta inspección educativa.


La LOMLOE establece de forma explícita que el sistema educativo debe incorporar la perspectiva de género, la coeducación y la prevención de la violencia machista y sexual, así como la resolución pacífica y democrática de los conflictos.
Asimismo, la LOPIVI obliga a todas las administraciones educativas a desarrollar protocolos específicos de prevención, detección e intervención ante cualquier forma de violencia contra la infancia, con especial atención a las situaciones de
desigualdad estructural.


Sin embargo, el desarrollo normativo autonómico de este marco básico debe respetar y garantizar estos principios. En este sentido, determinadas regulaciones recientes en materia de convivencia educativa, como el Decreto 193/2025 de la
Comunidad Valenciana, han generado preocupación por la ausencia de un tratamiento central y exigible de la coeducación y la igualdad, así como para el uso de formulaciones genéricas que pueden diluir la prevención de violencias específicas, como la
violencia de género o el acoso sexual.


La convivencia escolar no puede abordarse exclusivamente desde una noción abstracta de «bienestar», sino que debe reconocer las desigualdades estructurales existentes y dotarse de recursos, protocolos y personal especializado que garanticen
la protección efectiva del alumnado, evitando prácticas inadecuadas como la conciliación en contextos de clara asimetría de poder.


Por todo ello, resulta necesario reforzar, desde el ámbito estatal, los instrumentos normativos, de coordinación y de seguimiento que aseguren una aplicación homogénea, rigurosa y garantista de los principios de coeducación, igualdad y
prevención de la violencia en todos los centros educativos, con independencia del territorio.


Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a llevar a cabo las medidas siguientes:


1. Reforzar el desarrollo reglamentario de la LOMLOE y la LOPIVI en materia de convivencia escolar, incorporando de forma explícita y evaluable la coeducación, la igualdad de género y la prevención de las violencias machistas y sexuales
como elementos estructurales del sistema educativo.

Página 34

2. Establecer criterios básicos comunes, en el marco de sus competencias, que garanticen que los protocolos de convivencia educativa excluyan procedimientos conciliadores en casos de violencia de género, acoso sexual o situaciones de
desigualdad estructural, priorizando siempre la protección de la víctima y evitando la revictimización.


3. Impulsar, a través de los mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas, la suficiente dotación de recursos humanos, económicos y formativos en los centros educativos, incluyendo personal especializado en igualdad, salud mental
e intervención socioeducativa, con una perspectiva feminista y comunitaria.


4. Garantizar la participación efectiva de la comunidad educativa, así como de entidades sociales y feministas, en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas estatales de convivencia escolar y prevención de la violencia.


5. Ejercer las funciones de alta inspección educativa para velar por que el desarrollo normativo autonómico en materia de convivencia escolar se ajuste plenamente a los principios y obligaciones establecidos en la normativa básica estatal.


6. Promover estándares estatales de calidad en relación con:


a. la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,


b. el refuerzo efectivo de la autoridad docente mediante recursos y apoyo institucional,


c. una regulación rigurosa del uso de dispositivos digitales en el ámbito educativo, basada en evidencia científica, recomendaciones especializadas en las primeras etapas educativas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.—Àgueda Micó Micó, Diputada.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


A la Mesa del Congrés


El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei per a l’enfortiment d’una convivència
escolar coeducativa i feminista en el marc de la normativa bàsica estatal, per al seu debat en la Comissió d’Educació, Formació Professional i Esport.


Exposició de motius


La convivència escolar, la coeducació i la igualtat efectiva entre dones i homes formen part del nucli essencial del dret a l’educació i de la protecció integral de la infància i l’adolescència, tal com estableixen la Constitució Espanyola,
la Llei Orgànica 3/2020, d’Educació (LOMLOE) i la Llei Orgànica 8/2021, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència (LOPIVI).


L’Estat ostenta competències plenes per a establir les bases del sistema educativa, garantir la igualtat en l’exercici dels drets fonamentals, fixar estàndards mínims comuns i vetlar pel compliment de la normativa bàsica mitjançant
mecanismes de coordinació i alta inspecció educativa.


La LOMLOE estableix de manera explícita que el sistema educatiu ha d’incorporar la perspectiva de gènere, la coeducació i la prevenció de la violència masclista i sexual, així com la resolució pacífica i democràtica dels conflictes. Així
mateix, la LOPIVI obliga a totes les administracions educatives a desplegar protocols específics de prevenció, detecció i intervenció davant qualsevol forma de violència contra la infància, amb especial atenció a les situacions de desigualtat
estructural.


No obstant això, el desenvolupament normatiu autonòmic d’aquest marc bàsic ha de respectar i garantir aquests principis. En aquest sentit, determinades regulacions recents

Página 35

en matèria de convivència educativa, com el Decret 193/2025 de la Comunitat Valenciana, han generat preocupació per l’absència d’un tractament central i exigible de la coeducació i la igualtat, així com per a l’ús de formulacions genèriques
que poden diluir la prevenció de violències específiques, com la violència de gènere o l’assetjament sexual.


La convivència escolar no pot abordar-se exclusivament des d’una noció abstracta de «benestar», sinó que ha de reconéixer les desigualtats estructurals existents i dotar-se de recursos, protocols i personal especialitzat que garantisquen la
protecció efectiva de l’alumnat, evitant pràctiques inadequades com la conciliació en contextos de clara asimetria de poder.


Per tot això, resulta necessari reforçar, des de l’àmbit estatal, els instruments normatius, de coordinació i de seguiment que asseguren una aplicació homogènia, rigorosa i garantista dels principis de coeducació, igualtat i prevenció de la
violència en tots els centres educatius, amb independència del territori.


Per tot l’exposat anteriorment, presente la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés acorda instar al Govern de l’Estat a realitzar les següents mesures:


1. Reforçar el desenvolupament reglamentari de la LOMLOE i la LOPIVI en matèria de convivència escolar, incorporant de manera explícita i avaluable la coeducació, la igualtat de gènere i la prevenció de les violències masclistes i sexuals
com a elements estructurals del sistema educatiu.


2. Establir criteris bàsics comuns, en el marc de les seues competències, que garantisquen que els protocols de convivència educativa excloguen procediments conciliadors en casos de violència de gènere, assetjament sexual o situacions de
desigualtat estructural, prioritzant sempre la protecció de la víctima i evitant la revictimització.


3. Impulsar, a través dels mecanismes de cooperació amb les comunitats autònomes, la dotació suficient de recursos humans, econòmics i formatius als centres educatius, incloent personal especialitzat en igualtat, salut mental i intervenció
socioeducativa, amb una perspectiva feminista i comunitària.


4. Garantir la participació efectiva de la comunitat educativa, així com d’entitats socials i feministes, en el disseny, seguiment i avaluació de les polítiques estatals de convivència escolar i prevenció de la violència.


5. Exercir les funcions d’alta inspecció educativa per a vetlar perquè el desenvolupament normatiu autonòmic en matèria de convivència escolar s’ajuste plenament als principis i obligacions estabits en la normativa bàsica estatal.


6. Promoure estàndards estatals de qualitat en relació amb:


a. l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu,


b. el reforç efectiu de l’autoritat docent mitjançant recursos i suport institucional,


c. una regulació rigorosa de l’ús de dispositius digitals en l’àmbit educatiu, basada en evidència científica, recomanacions especialitzades en les primeres etapes educatives.»


Palau del Congrés dels Diputats, 10 de febrer de 2026.—Àgueda Micó Micó, Diputada.—Néstor Rego Candamil, Portaveu adjunt del Grup Parmalentari Mixto.


161/003007


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

Página 36

presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Enseñanzas Artísticas Profesionales y de Escuelas Oficiales de Idiomas, para su debate en la Comisión de Educación, Formación
Profesional y Deportes.


Exposición de motivos


La disposición adicional séptima de la Ley Orgánica de Educación (LOE) sobre ordenación de la función pública docente y funciones de los cuerpos docentes, menciona en su apartado 1.b) a los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y
de profesores de enseñanza secundaria, que desempeñarán sus funciones en la educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.


Mantiene vigente y reconoce el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, que hunde sus raíces en la figura histórica del Catedrático numerario de Institutos de Enseñanzas Medias, proveniente de la Ley Moyano de 1857, pese a que desde
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE) el peso de la docencia en los Institutos de Educación Secundaria (IES) pasó al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.


La disposición adicional octava de la LOE atribuye con carácter preferente al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Enseñanzas Artísticas Profesionales, de Escuelas Oficiales de Idiomas, y a los Cuerpos a extinguir de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas y de Artes Plásticas y Diseño, las siguientes funciones:


a) La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la propia especialidad que se realicen en el centro.


b) El ejercicio de la jefatura de los departamentos de coordinación didáctica, así como, en su caso, del departamento de orientación.


c) La dirección de la formación en prácticas de los profesores de nuevo ingreso que se incorporen al departamento.


d) La coordinación de los programas de formación continua del profesorado que se desarrollen dentro del departamento.


e) La presidencia de los tribunales de acceso y en su caso ingreso a los respectivos cuerpos de catedráticos.


La actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) mantiene el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Enseñanzas Artísticas Profesionales, y de
Escuelas Oficiales de Idiomas y regula sus requisitos de acceso; que se desarrollan según el capítulo II del título IV del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes aprobado por Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero.


Se trata de uno de los cuerpos funcionariales más antiguos de España y, junto con el de catedráticos de universidad, el más antiguo cuerpo docente de España. Ha sido un cuerpo que ha dado a la enseñanza y a la cultura española figuras de
gran notoriedad. Como Gonzalo Torrente Ballester, Gerardo Diego, Antonio Domínguez Ortiz, Jaume Vicens Vives, Antonio Machado, Hermenegildo Giner de los Ríos, Juan Carandell, María Moliner, etc.


En la disposición adicional duodécima de la LOE se contempla el ingreso en el cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria como un sistema de promoción interna: «El número de funcionarios de los cuerpos de catedráticos, excepto en el
cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas, no superará, en cada caso, el 30 % del número total de funcionarios de cada cuerpo de origen». Sin embargo, el número total de catedráticos no supera el 3 % del conjunto de funcionarios del cuerpo
de profesores de enseñanza secundaria

Página 37

Las convocatorias de procedimientos selectivos de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Enseñanzas Artísticas Profesionales, y de Escuelas Oficiales de Idiomas han sido, en general, escasas en los últimos años y
afectadas por una enorme heterogeneidad territorial: desde las más recientes en Canarias y Extremadura (2023), Comunidad Valenciana (2022), Castilla y León, y Galicia (2020) hasta la ausencia de procedimientos selectivos en muchas administraciones
autonómicas en los últimos 20 años. La Comunidad de Madrid, por su parte, acaba de aprobar el 21 enero de 2026, un decreto que regula la organización y las funciones de este cuerpo docente.


Pero, sin duda, el caso más extremo se produce en el ámbito de gestión directa del Ministerio de Educación, limitado a Ceuta, Melilla y los centros docentes españoles de titularidad estatal en el extranjero; ya que la última convocatoria
publicada por el Ministerio fue la Orden de 12 de diciembre de 1991 por la que se convoca procedimiento para la adquisición, mediante concurso de méritos, de la condición de Catedráticos a la que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo. En los años siguientes se produjo la descentralización autonómica de las competencias en Educación, que culminó en el año 2000, y nunca más volvió el Ministerio de Educación a dar la posibilidad al
profesorado de Secundaria de Ceuta y Melilla de acceder a la condición de catedráticos.


Cabe, además, tomar en consideración que la citada Disposición adicional duodécima de la LOE establece las condiciones de ingreso y promoción interna a la función pública docente. Y que, al igual que los funcionarios de los cuerpos docentes
clasificados en el grupo A2 podrán acceder a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Enseñanzas Artísticas Profesionales, para los funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, y de Profesores de Enseñanzas Artísticas Profesionales y/o Superiores, la única vía de promoción interna en sus carreras profesionales es el acceso al Cuerpo de Catedráticos, pasando al subgrupo A1 de nivel 26.


En Ceuta, Melilla y algunas comunidades autónomas, la mayoría de los funcionarios docentes de Secundaria parecen condenados a jubilarse en la misma categoría funcionarial a la que accedieron su primer día como funcionarios de carrera, en
flagrante contradicción con los artículos 14 y 16 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que establecen que los empleados públicos tienen derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; y que la promoción profesional se articulará mediante la progresión en la carrera horizontal y vertical.


Informes educativos señalan la influencia que tienen las condiciones laborales del profesorado en la calidad de la educación y en el rendimiento del alumno (Economía de la Educación. Fundación Ramón Areces, 2024). Sin embargo, no existe
ningún incentivo para que los jóvenes graduados se incorporen a la docencia no universitaria, lo que contribuye a la actual desmotivación del profesorado, debido a la carencia de una carrera profesional atractiva y vertical.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aprobar una normativa sobre la regulación de la profesión docente que incluya el desarrollo de una verdadera carrera profesional, con efectos en las retribuciones económicas y en los méritos profesionales.


2. Impulsar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, el compromiso y la puesta en marcha de procedimientos de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Enseñanzas Artísticas Profesionales, y de Escuelas
Oficiales de Idiomas;

Página 38

3. Organizar desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes el mismo procedimiento en su ámbito de gestión territorial directa. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento de estrategias de fidelización del talento cualificado en las empresas para su debate en la Comisión de Trabajo,
Economía Social, Inclusión, Seguridad Social e Inmigración.


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.—Javier Celaya Brey, Nacho Martín Blanco, Óscar Clavell López, Javier Merino Martínez, Cristina Teniente Sánchez, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Óscar Ramajo Prada,
Evarist Aznar Teruel, Jaime Miguel de los Santos González, Beatriz Jiménez Linuesa, Ana Martínez Labella, Ainhoa Molina León, María Sandra Moneo Díez y Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/002998


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la inclusión de la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la
sensibilidad química múltiple y la electrosensibilidad en los baremos de valoración relativos al procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


Las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas (ERyMEs) incluyen más de 200 dolencias y suponen una de las principales causas del dolor crónico en España. El dolor crónico afecta a las esferas biológica, psicosocial y social de los
pacientes, y además se encuentran entre las principales causas de discapacidad, bajas laborales y jubilación anticipada si nos referimos al ámbito laboral.


El dolor crónico, que es aquel que se produce de forma continua durante más de cuatro días por semana y persiste desde hace al menos tres meses, tiene habitualmente un origen diagnosticado, siendo el dolor lumbar el más habitual, que afecta
al 58,1 % de los pacientes. Sin embargo, un 27,1 % desconoce la causa de su enfermedad, lo que dificulta su abordaje terapéutico. La localización anatómica más habitual del dolor se encuentra en extremidades y/o articulaciones en un 33,1 % de los
pacientes.


Según un informe de CCOO, en 2024 se mantiene la distribución de partes en función de los grupos de enfermedad. Las producidas por agentes físicos siguen constituyendo la gran mayoría con un 81 % del total, principalmente por la alta
prevalencia de trastornos musculoesqueléticos (78 %). Los agentes biológicos suponen el 6,4 %, las enfermedades de la piel un 5,6 %, el grupo 4 de agentes y sustancias no comprendidas en otros grupos un 3,8 % y los agentes químicos un 2,6 %.


El año 2023 se publico el primer «Barómetro del dolor crónico en España 2022», impulsado por la Fundación Grünenthal y el Observatorio del Dolor de la Universidad de Cádiz, enfocado en dar a conocer la problemática asociada al dolor crónico
a nivel sociosanitario y analizar el impacto actual del dolor crónico en España. Según este

Página 39

barómetro, que se llevó a cabo a través de 7.058 entrevistas a residentes de todo el territorio nacional entre los 18 y 85 años con el objetivo de analizar la situación del impacto del dolor crónico, esta enfermedad cuenta con una elevada
presencia en nuestro país, afectando a un 25,9 % de la población adulta, lo que supone más de 9 millones de personas. En relación al sexo, las mujeres presentan una mayor prevalencia de la enfermedad (30,5 %) respecto a los hombres (21,3 %).


Según la Fundación Española de Reumatología (SER) la fibromialgia significa «dolor en los músculos y en el tejido fibroso (ligamentos y tendones). La fibromialgia se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y sensación dolorosa
a la presión en unos puntos específicos (puntos dolorosos). Este dolor se parece al originado en las articulaciones, pero no es una enfermedad articular».


Debido a ese carácter subjetivo de la enfermedad, muchas veces se ha considerado como unas dolencias simuladas. Sin embargo, en la actualidad se considera que una persona tiene fibromialgia cuando se cumplen estos dos requisitos: a) existe
una historia clínica de dolor generalizado durante más de tres meses de duración, de una forma continua, en ambos lados del cuerpo, por encima y por debajo de la cintura, con dolor en el esqueleto axial, en el raquis cervical y en el tórax anterior
y, b) producción de dolor al menos en 11 de los 18 puntos corporales simétricos llamados puntos gatillo o tender point.


Y es que cada vez existen más jurisprudencia con sentencias que han estimado la fibromialgia como causa de una incapacidad, la TSJ Andalucía (Granada) Sala de lo Social, sec. 1.ª, S 31-5-2016, n.º 1345/2016, rec. 79/2016 en la que se
reconoce la incapacidad permanente total a una trabajadora que sufría de las siguientes dolencias: cervicalgia, fibromialgia con tratamiento farmacológico y control por su médico de cabecera, migraña con aura visual episódica y migraña crónica, o
la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 27 de febrero de 2006, recurso de suplicación 118/2006. Incapacidad permanente absoluta a una trabajadora con sufrimiento y dolor generalizado, no en vano, tenía dolor en los 18 puntos gatillo.
Enfermedad padecida desde hace 15 años sin evolución, siendo atendida en la unidad del dolor, así como la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha de uno de junio de 2020. Incapacidad permanente absoluta. Trabajadora: «diagnosticada de
fibromialgia; artrosis con discopatías a nivel cervical y lumbar; artrosis manos; migraña crónica refractaria; episodio depresivo, distimia», que le ocasionaban como limitación orgánica y funcional «algias osteoarticulares generalizadas, con
exploración actual poco valorable, por fase algica; porta ostesis muñeca derecha, reciente caída; migraña; ánimo subdepresivo, sentimientos de inutilidad».


Y es que lo que aplica a la fibromialgia, lo hace también a otros dolores crónicos. Existe una abrumadora evidencia científica de que el dolor es mayoritariamente femenino: en España lo sufre una cuarta parte de la población, un 30,5 % de
mujeres frente a un 21,3 % de hombres


El dolor crónico, en la mayoría de las ocasiones, es una sensación que no se puede objetivar con pruebas y el principal problema es que en los baremos para determinar las incapacidades vinculadas a dolencias y enfermedades no están recogidas
algunas como la fibromialgia, la fatiga crónica o la migraña, por ejemplo.


El 21 de noviembre de 2018, se publicó el Convenio específico entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, para la revisión de la primera edición del «Manual de ayuda para la
valoración de la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad», y que tenía por objeto servir como herramienta orientativa para que los profesionales médicos pudieran determinar las limitaciones
orgánicas y funcionales derivadas d las mencionadas patologías con el mayor grado de objetividad y conocimiento científico-técnico, con el fin de mejorar la evaluación médica de la incapacidad laboral de los trabajadores que presenten patologías.


Desgraciadamente, como apuntan los expertos en demasiadas ocasiones la trabajadora tiene que llegar a padecer de depresión, como si el dolor en sí no fuera

Página 40

suficientemente incapacitante, para dar credibilidad a ciertas dolencias ante los tribunales que deben resolver sobre su posible incapacidad. Y es que como no existen fármacos para la fibromialgia a menudo el especialista reumatólogo deriva
al paciente a que le siga tratando el médico de familia, y los tribunales a menudo interpretan esto como que se encuentra en una situación que no tiene la gravedad suficiente para otorgar la incapacidad.


Y es que actualmente, y a partir de la jurisprudencia existente se han establecido los siguientes criterios para su consideración:


a) Intensidad y periodicidad de los brotes de dolor.


b) Resistencia al tratamiento médico. El tratamiento médico no es curativo, sino paliativo, ya que sólo sirve para mitigar o reducir el dolor y las limitaciones funcionales en los brotes de dolor.


c) La existencia de otras dolencias asociadas como puede ser cefaleas, depresión, lumbociatalgia con limitación funcional, cervicoartrosis, coxalgia y trastorno ansioso-depresivo crónico.


De este modo nos encontramos ante una situación en que las personas que padecen dolor crónico no disponen de unos criterios de valoración unificados que ayuden a calificar los grados en los procedimientos para determinar una incapacidad, es
decir, que estas enfermedades no se encuentran actualmente en los baremos de valoración y por tanto se genera cierta inseguridad en cuanto a la calificación del grado de discapacidad que debería responder siempre a criterios técnicos unificados.


La Orden DSA/934/2023, de 19 de julio, por la que se modifican los baremos que figuran como Anexos I, II, III, IV, V y VI del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad, establece, sin ir más lejos, criterios generales para la puntuación de la deficiencia de los trastornos del estado del ánimo, así como, criterios generales para la puntuación de la deficiencia de
los trastornos de ansiedad trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la inclusión de las enfermedades con dolor crónico como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple y la electrosensibilidad en los baremos de
valoración de los Anexos I, II, III, IV, V y VI del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.—Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


A la Mesa del Congrés dels diputats


El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a la inclusió de la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica, la
sensibilitat química múltiple i l’electrosensibilitat en els barems de valoració relatius al procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, per al seu debat en la Comissió de Treball, Economia Social, Inclusió,
Seguretat Social i Migracions.

Página 41

Exposició de motius


Les malalties reumàtiques i musculoesquelètiques (ERyMEs) inclouen més de 200 malalties i suposen una de les principals causes del dolor crònic a Espanya. El dolor crònic afecta a les esferes biològica, psicosocial i social dels pacients, i
a més es troben entre les principals causes de discapacitat, baixes laborals i jubilació anticipada si ens referim a l'àmbit laboral.


El dolor crònic, que és aquell que es produeix de manera contínua durant més de quatre dies per setmana i persisteix des de fa almenys tres mesos, té habitualment un origen diagnosticat, sent el dolor lumbar el més habitual, que afecta el
58,1 % dels pacients. No obstant això, un 27,1 % desconeix la causa de la seva malaltia, la qual cosa dificulta el seu abordatge terapèutic. La localització anatòmica més habitual del dolor es troba en extremitats i/o articulacions en un 33,1 %
dels pacients.


Segons un informe de CCOO, en 2024 es manté la distribució de parts en funció dels grups de malaltia. Les produïdes per agents físics continuen constituint la gran majoria amb un 81 % del total, principalment per l'alta prevalença de
trastorns musculoesquelètics (78 %). Els agents biològics suposen el 6,4 %, les malalties de la pell un 5,6 %, el grup 4 d'agents i substàncies no compreses en altres grups un 3,8 % i els agents químics un 2,6 %.


L'any 2023 es publico el primer «Baròmetre del dolor crònic a Espanya 2022», impulsat per la Fundació Grünenthal i l'Observatori del Dolor de la Universitat de Cadis,, enfocat a donar a conèixer la problemàtica associada al dolor crònic a
nivell sociosanitari i analitzar l'impacte actual del dolor crònic a Espanya. Segons aquest baròmetre, que es va dur a terme a través de 7.058 entrevistes a residents de tot el territori nacional entre els 18 i 85 anys amb l'objectiu d'analitzar la
situació de l'impacte del dolor crònic, aquesta malaltia compta amb una elevada presència al nostre país, afectant un 25,9 % de la població adulta, la qual cosa suposa més de 9 milions de persones. En relació al sexe, les dones presenten una major
prevalença de la malaltia (30,5 %) respecte als homes (21,3 %).


Segons la fundació Espanyola de reumatologia (SER) la fibromiàlgia significa «dolor en els músculs i en el teixit fibrós (lligaments i tendons). La fibromiàlgia es caracteritza per dolor musculoesquelètic generalitzat i sensació dolorosa a
la pressió en uns punts específics (punts dolorosos). Aquest dolor s'assembla a l'originat en les articulacions, però no és una malaltia articular.


A causa d'aquest caràcter subjectiu de la malaltia, moltes vegades s'ha considerat com unes malalties simulades. No obstant això, en l'actualitat es considera que una persona té fibromiàlgia quan es compleixen aquests dos requisits: a)
existeix una història clínica de dolor generalitzat durant més de tres mesos de durada, d'una forma contínua, en tots dos costats del cos, per damunt i per sota de la cintura, amb dolor en l'esquelet axial, en el raquis cervical i en el tòrax
anterior i, b) producció de dolor almenys en 11 dels 18 punts corporals simètrics anomenats punts gallet o tender point.


I és que cada vegada existeixen més jurisprudència amb sentències que han estimat la fibromiàlgia com a causa d'una incapacitat, la TSJ Andalusia (Granada) Sala social, sec. 1a, S 31-5-2016, núm. 1345/2016, rec. 79/2016 en la qual es
reconeix la incapacitat permanent total a una treballadora que sofria de les següents malalties: cervicàlgia, fibromiàlgia amb tractament farmacològic i control pel seu metge de capçalera, migranya amb aura visual episòdica i migranya crònica, o la
del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 27 de febrer de 2006, recurs de suplicació 118/2006. Incapacitat permanent absoluta a una treballadora amb sofriment i dolor generalitzat, no en va, tenia dolor en els 18 punts gallet. Malaltia
patida des de fa 15 anys sense evolució, sent atesa en la unitat del dolor, així com la Sentència del Tribunal Suprem de data d'un de juny de 2020. Incapacitat permanent absoluta. Treballadora: «diagnosticada de fibromiàlgia; artrosi amb
discopaties a nivell cervical i lumbar; artrosi mans; migranya crònica refractària; episodi depressiu, distímia, que li ocasionaven com a limitació orgànica i funcional «àlgies osteoarticulars generalitzades, amb exploració actual poc valorable,
per fase àlgica; porta ostesis canell dret, recent caiguda; migranya; ànim subdepressiu, sentiments d'inutilitat».

Página 42

I és que el que aplica a la fibromiàlgia, ho fa també a altres dolors crònics. Existeix una aclaparadora evidència científica que el dolor és majoritàriament femení: a Espanya ho sofreix una quarta part de la població, un 30,5 % de dones
enfront d'un 21,3 % d'homes


El dolor crònic, en la majoria de les ocasions, és una sensació que no es pot objectivar amb proves i el principal problema és que en els barems per a determinar les incapacitats vinculades a malalties i malalties no estan recollides algunes
com la fibromiàlgia, la fatiga crònica o la migranya, per exemple.


El 21 de novembre de 2018, es va publicar el Conveni específic entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social i la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família, per a la revisió de la primera edició del «Manual d'ajuda per a la
valoració de la fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, sensibilitat química múltiple i electrosensibilitat», i que tenia per objecte servir com a eina orientativa perquè els professionals mèdics poguessin determinar les limitacions orgàniques i
funcionals derivades d les esmentades patologies amb el major grau d'objectivitat i coneixement cientificotècnic, amb la finalitat de millorar l'avaluació mèdica de la incapacitat laboral dels treballadors que presentin patologies.


Desgraciadament, com apunten els experts en massa ocasions la treballadora ha d'arribar a patir de depressió, com si el dolor en si no fos prou incapacitant, per a donar credibilitat a unes certes malalties davant els tribunals que han de
resoldre sobre la seva possible incapacitat. I és que com no existeixen fàrmacs per a la fibromiàlgia sovint l'especialista reumatòleg deriva al pacient al fet que li continuï tractant el metge de família, i els tribunals sovint interpreten això
com que es troba en una situació que no té la gravetat suficient per a atorgar la incapacitat.


I és que actualment, i a partir de la jurisprudència existent s'han establert els següents criteris per a la seva consideració:


a) Intensitat i periodicitat dels brots de dolor.


b) Resistència al tractament mèdic. El tractament mèdic no és curatiu, sinó pal·liatiu, ja que només serveix per a mitigar o reduir el dolor i les limitacions funcionals en els brots de dolor.


c) L'existència d'altres malalties associades com pot ser cefalees, depressió, lumbociatàlgia amb limitació funcional, cervicoartrosis, coxàlgia i trastorn ansiósdepressiu crònic.


D'aquesta manera ens trobem davant una situació en què les persones que pateixen dolor crònic no disposen d'uns criteris de valoració unificats que ajudin a qualificar els graus en els procediments per a determinar una incapacitat, és a dir,
que aquestes malalties no es troben actualment en els barems de valoració i per tant es genera una certa inseguretat quant a la qualificació del grau de discapacitat que hauria de respondre sempre a criteris tècnics unificats.


L'Ordre DSA/934/2023, de 19 de juliol, per la qual es modifiquen els barems que figuren com a Annexos I, II, III, IV, V i VI del Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i
qualificació del grau de discapacitat, estableix, sense anar més lluny, criteris generals per a la puntuació de la deficiència dels trastorns de l'estat de l'ànim, així com, criteris generals per a la puntuació de la deficiència dels trastorns
d'ansietat trastorns relacionats amb l'estrès i trastorns somatomorfs.


Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés dels Diputats insta el Govern a estudiar la inclusió de les malalties amb dolor crònic com la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple i l’ electrosensibilitat en els barems de valoració dels
Annexos I, II, III, IV, V i VI

Página 43

del Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.»


Palau del Congrés dels Diputats, 11 de febrer de 2026.—Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grup Parmalentari Plurinacional SUMAR.


161/003011


A la Mesa del Congreso de los diputados


El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para la revisión urgente de expedientes para la reducción de la edad de
jubilación mediante coeficientes reductores de actividades especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres en profesiones especialmente feminizadas así como detección y eliminación de posibles discriminaciones, para su debate en la Comisión
de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


El 31 de julio de 2024 los integrantes de la Mesa del Diálogo Social, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, alcanzaban un acuerdo para el desarrollo de un procedimiento para determinar la aplicación de coeficientes reductores para anticipar la edad de
jubilación para aquellas actividades especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres. Este procedimiento se plasmó en el «Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en
los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores».


El Real Decreto 402/2025 desarrolla el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social que regula la jubilación anticipada por razón de actividad y deroga el procedimiento previo, Real Decreto 1698/2011, «reduciendo y facilitando el
procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores respecto de los establecidos», según detalla el nuevo Real Decreto.


A pesar de la entrada en vigor del nuevo procedimiento, existen atajos legales para el acceso al procedimiento de los coeficientes reductores que no pasan por el artículo 10 del Real Decreto 402/2025 que establece quién está legitimado para
iniciar el procedimiento. A través de una enmienda en la «Ley 8/2025, de 29 de septiembre, por la que se modifican la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea» se introduce la
Disposición Adicional Décima que a los tres meses de la entrada en vigor de la Ley «el Gobierno instará de oficio la iniciación del procedimiento para su aplicación al personal sanitario que desempeñe su actividad profesional en medios aéreos».


El atajo para acceder al procedimiento por parte de este sector de trabajadores aéreos ha indignado al colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros (TPC). El colectivo de TPC está altamente feminizado contando con un 70 % de trabajadoras
mujeres que ya sufren un agravio comparativo respecto a otros sectores del trabajo aéreo como los pilotos, los mecánicos de aeronaves o los fotógrafos y cámaras especialistas en tomas aéreas. El colectivo TPC lleva años reivindicando que se les
apliquen coeficientes reductores para la jubilación anticipada puesto que sufren la misma exposición a la radiación, los mismos cambios de presión o los mismos problemas de sueño que los pilotos. Con la entrada en vigor del nuevo procedimiento las
trabajadoras TPC tendrán que presentar de nuevo sus expedientes de acuerdo al capítulo III del Real Decreto 402/2025 y en su caso sin atajo legislativo alguno.

Página 44

Entre los colectivos que ya tienen reconocido un coeficiente reductor para su jubilación anticipada se encuentra los mineros (con diversos coeficientes), ferroviarios, profesionales taurinos, bomberos de las administraciones públicas,
hertzianas, policías locales, policías forales de Navarra, entre otros. Si observamos bien qué tienen en común estas profesiones seguramente llegamos a la conclusión que son profesiones mayoritariamente ejercidas por hombres. No es baladí
mencionar que algunas de ellas con una importante capacidad de incidencia y lobby.


Es necesario agilizar con urgencia la revisión de los expedientes de colectivos feminizados que reúnen las características para acogerse a coeficientes reductores para su jubilación anticipada.


No parece casualidad que gran parte de los colectivos que ya disfrutan de coeficientes reductores sean para actividades ejercidas principalmente por hombres. Estamos ante una posible discriminación indirecta que hay que paliar en el menor
plazo posible.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Recuperar y contactar de oficio los colectivos feminizados que habían presentado solicitudes para obtener coeficientes reductores según el anterior procedimiento previsto en el Real Decreto 1698/2011 y priorizarlas en la aplicación del
nuevo procedimiento del “Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la
aplicación de coeficientes reductores”.


2. Acelerar la evaluación de las solicitudes para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación por razón de actividad prevista en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social para aquellas actividades
profesionales ejercidas mayoritariamente por mujeres.


3. Presentar una propuesta alternativa en el seno del Consejo Europeo con el fin actualizar la Directiva 79/7/CEE de igualdad de trato entre hombres y mujeres tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a
los asuntos acumulados C-623/23 y C-626/23, fallada el 2 mayo de 2025, en la que establece que el complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones es contrario a la Directiva 79/7/CEE de igualdad de trato entre hombres y mujeres
que recupere en sus términos el complemento por brecha de género y estudiar una mejora de su cuantía.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


El Grup Parlamentari Plurinacional Sumar, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei per a la revisió urgent d'expedients per a la reducció de l'edat de jubilació
mitjançant coeficients reductors d’activitats especialment penoses, perilloses, tòxiques o insalubres en professions especialment feminitzades així com detecció i eliminació de possibles discriminacions per al seu debat en la Comissió de Treball,
Economia Social, Inclusió, Seguretat Social i Migracions


Exposició de motius


El 31 de juliol de 2024 els integrants de la Mesa del Diàleg Social, CCOO, UGT, CEOE i CEPYME, aconseguien un acord per al desenvolupament d'un procediment per a

Página 45

determinar l'aplicació de coeficients reductors per a anticipar l'edat de jubilació per a aquelles activitats especialment penoses, perilloses, tòxiques o insalubres. Aquest procediment es va plasmar en el «Reial decret 402/2025, de 27 de
maig, pel qual es regula el procediment previ per a determinar els supòsits en els quals procedeix permetre anticipar l'edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social mitjançant l'aplicació de coeficients reductors».


El Reial decret 402/2025 desenvolupa l'article 206 de la Llei General de la Seguretat Social que regula la jubilació anticipada per raó d'activitat i deroga el procediment previ, Reial decret 1698/2011, «reduint i facilitant el procediment
previ per a determinar els supòsits en els quals procedeix permetre anticipar l'edat de jubilació mitjançant l'aplicació de coeficients reductors respecte dels establerts», segons detalla el nou Reial decret.


Malgrat l'entrada en vigor del nou procediment, existeixen dreceres legals per a l'accés al procediment dels coeficients reductors que no passen per l'article 10 del Reial decret 402/2025 que estableix qui està legitimat per a iniciar el
procediment. A través d'una esmena en la «Llei 8/2025, de 29 de setembre, per la qual es modifiquen la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre Navegació Aèria, i la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria» s'introdueix la Disposició
Addicional Dècima que als tres mesos de l'entrada en vigor de la Llei «el Govern instarà d'ofici la iniciació del procediment per a la seva aplicació al personal sanitari que exerceixi la seva activitat professional en mitjans aeris».


La drecera per a accedir al procediment per part d'aquest sector de treballadors aeris ha indignat al col·lectiu de tripulants de cabina de passatgers (TPC). El col·lectiu de TPC està altament feminitzat comptant amb un 70 % de
treballadores dones que ja sofreixen un greuge comparatiu respecte a altres sectors del treball aeri com els pilots, els mecànics d'aeronaus o els fotògrafs i càmeres especialistes en preses aèries. El col·lectiu TPC porta anys reivindicant que
se'ls apliquin coeficients reductors per a la jubilació anticipada perquè sofreixen la mateixa exposició a la radiació, els mateixos canvis de pressió o els mateixos problemes de somni que els pilots. Amb l'entrada en vigor del nou procediment les
treballadores TPC hauran de presentar de nou els seus expedients d'acord amb el capítol III del Reial decret 402/2025 i si és el cas sense cap drecera legislativa.


Entre els col·lectius que ja tenen reconegut un coeficient reductor per a la seva jubilació anticipada es troba els miners (amb diversos coeficients), ferroviaris, professionals taurins, bombers de les administracions públiques, hertzianes,
policies locals, policies forals de Navarra, entre altres. Si observem bé què tenen en comú aquestes professions segurament arribem a la conclusió que són professions majoritàriament exercides per homes. No és fútil esmentar que algunes d'elles
amb una important capacitat d'incidència i lobby.


És necessari agilitzar amb urgència la revisió dels expedients de col·lectius feminitzats que reuneixen les característiques per a acollir-se a coeficients reductors per a la seva jubilació anticipada.


No sembla casualitat que gran part dels col·lectius que ja gaudeixen de coeficients reductors siguin per a activitats exercides principalment per homes. Estem davant una possible discriminació indirecta que cal pal·liar en el menor termini
possible.


Per tot això el Grup Parlamentari presenta la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés dels Diputats insta el Govern a:


1. Recuperar i contactar d'ofici els col·lectius feminitzats que havien presentat sol·licituds per a obtenir coeficients reductors segons l'anterior procediment previst en el Reial decret 1698/2011 i prioritzar-les en l'aplicació del nou
procediment del “Reial decret 402/2025, de 27 de maig, pel qual es regula el procediment previ per a determinar els supòsits en els quals procedeix permetre anticipar l'edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social mitjançant l'aplicació de
coeficients reductors”.

Página 46

2. Accelerar l'avaluació de les sol·licituds per a l'aplicació de coeficients reductors de l'edat de jubilació per raó d'activitat prevista en l'article 206 de la Llei General de la Seguretat Social per a aquelles activitats professionals
exercides majoritàriament per dones.


3. Presentar una proposta alternativa en el si del Consell Europeu amb la fi actualitzar la Directiva 79/7/CEE d'igualtat de tracte entre homes i dones després de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) relativa als
assumptes acumulats C-623/23 i C-626/23, fallada el 2 maig de 2025, en la qual estableix que el complement per a la reducció de la bretxa de gènere en les pensions és contrari a la Directiva 79/7/CEE d'igualtat de tracte entre homes i dones que
recuperi en els seus termes el complement per bretxa de gènere i estudiar una millora de la seva quantia.


Palau del Congrés dels Diputats, 12 de febrer de 2026.—Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.


161/003060


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento de estrategias de
fidelización del talento cualificado en las empresas, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social e Inmigración.


Exposición de motivos


El mundo laboral ha cambiado y España no es la excepción. La fidelización del talento se ha vuelto un requisito imprescindible. Si antes el foco estaba en atraer al mejor talento, hoy la verdadera competencia se libra en otro campo:
retener y fidelizar a las personas valiosas una vez que entran en la organización.


La escasez de talento es una realidad que se va a acentuar en la próxima década, dado que hay una generación de trabajadores que está cerca de la jubilación en un volumen sin precedentes y a su vez, los jóvenes que se incorporan al mercado
laboral son menos numerosos y no siempre están formados en las áreas que más empleo ofrecen. Las empresas tienen cada vez más dificultad para encontrar talento, por eso las organizaciones que priorizan el desarrollo de las personas se convierten en
polos de atracción de talento para los empleados que desean ampliar sus conocimientos y redes de contactos.


Las personas trabajadoras desarrollan rápidamente nuevas habilidades y profundizan en ellas: hemos descubierto que entre el 40 % y el 60 % del valor del capital humano de un empleado (conocimientos, atributos, habilidades y experiencia)
puede atribuirse a las habilidades adquiridas a través de la experiencia laboral. La llamada «gran resignación» postpandemia, el auge del trabajo híbrido, la búsqueda de propósito y bienestar y la creciente exigencia por parte de las nuevas
generaciones han forzado a las empresas a repensar sus estrategias.


Fidelizar al talento ya no es una opción, sino una cuestión de supervivencia organizacional. En este contexto, la fidelización del talento será la prioridad estratégica por excelencia para empresas de todos los sectores y tamaños.


Es incuestionable que las pequeñas y medianas empresas siguen demostrando su capacidad de adaptación. Estas organizaciones están llevando a cabo avances para mejorar la experiencia del empleado, reforzar la fidelización y ofrecer nuevas
vías de crecimiento a sus equipos. No obstante, en las Pymes es un poco más complicado, por la presión de la competencia de las grandes empresas por llevarse a los mejores

Página 47

empleados. Por ello, habrá que atender especialmente a estas dificultades y promover medidas que puedan facilitar a las pequeñas y medianas empresas desarrollar estrategias para fidelizar el talento de los trabajadores más cualificados.


Uno de los problemas de las Pymes, que constituyen el 99 % del tejido productivo de nuestro país, es su dificultad para invertir en formación. Saben que hay que realizar unos desembolsos en el presente cuyos retornos irán llegando
progresivamente. La amenaza es que, después de capacitar convenientemente a un empleado, los beneficios de ese esfuerzo terminen en otra empresa. La fidelización pretende evitar esas fugas de talento, pero, fundamentalmente, el beneficio se
produce al poder realizar inversiones en capital humano (por ejemplo, en formación) que refuercen la productividad y modernicen la empresa.


El III Estudio de Retos y Tendencias en RRHH elaborado por Pluxee y publicado en junio de 2025 muestra que el 98 % de las pequeñas empresas (con menos de 50 empleados) y el 95 % de las medianas (entre 50 y 250 empleados) han afrontado
dificultades para cubrir posiciones en sus empresas durante el pasado año. Como respuesta a este desafío, el 72 % de las pequeñas empresas ha promovido la movilidad interna, consolidándose como el segmento que más ha optado por esta medida.


La formación es también una de las estrategias de mayor peso para las pymes en 2025. De hecho, el 82 % de las medianas empresas tienen previsto un plan formativo para sus empleados este año, diez puntos por encima de las empresas de más de
250 empleados. (72,2 %). En cuanto a las empresas con menos de 50 empleados, el 54,1 % de ellas contará también con planes de formación en 2025, seis puntos por encima que el pasado año (48,6 %).


Abordar estrategias de fidelización y desarrollo del talento puede marcar una gran diferencia en empresas de menor tamaño, dado el actual contexto de exigencia y competitividad del mercado laboral. Lo importante es que cada vez más pymes
están actuando con una mirada estratégica e invirtiendo esfuerzos sobre su propio talento.


La fidelización del talento crea un vínculo a largo plazo entre el empleado y la empresa. Paralelamente, lo crea también entre los distintos miembros de un mismo equipo. El resultado de este proceso es que los empleados sienten que su
futuro y el de sus compañeros está ligado al de la empresa y no solamente a las condiciones de los mercados de trabajo y a su capacidad para adaptarse. Se sienten parte de un proyecto y tienen más incentivo a implicarse en él. Fidelizar implica
algo más que conservar empleados: es impulsar su potencial, generar valor a largo plazo y construir un equipo comprometido con los objetivos del negocio. Y ello es así, porque las razones son tan contundentes, como ineludibles:


Costes de rotación elevados: Según Adecco, reemplazar a un trabajador puede costar hasta el 150 % de su salario anual. La fuga de talento es cara y lenta de reparar. No olvidemos que España tiene la tasa de rotación laboral más alta de la
Unión Europea, con un 10,8 % según Eurostat, en el primer trimestre del año 2025.


Escasez de perfiles cualificados: Especialmente en sectores como tecnología, sanidad o ingeniería, la oferta no cubre la demanda. Según el Informe laboral de Coste laboral del INE, el tercer trimestre de 2025, más de 152.000 vacantes
quedaron sin cubrir. Estos vacíos reflejan una falta de candidatos, con la cualificación adecuada para cubrir estos puestos de trabajo. También son sectores afectados por el desajuste entre la oferta y la demanda, el logístico, el primario,
hostelero y turístico.


Productividad afectada: El compromiso está directamente relacionado con el rendimiento. Cuando los empleados están desmotivados producen menos. Así en el mercado laboral español, la productividad por empleado se aleja de la media europea
y cae en un 1,9 % desde el año 2018, frente a la subida media de la UE del 1,4 %. También ha caído en España la productividad por hora de cada empleado.


Imagen de marca empleadora en juego: Las redes amplifican la voz de empleados actuales y ex-empleados. Un entorno tóxico ya no se puede ocultar y puede estar en juego la imagen reputacional de la empresa.

Página 48

Ante este panorama, invertir en fidelización equivale a blindar la competitividad presente y futura. Los trabajadores en la actualidad, especialmente los más cualificados no buscan solo un empleo, sino una experiencia transformadora. Se ha
producido un cambio en las expectativas laborales. Ya no es suficiente ofrecer un salario competitivo. Las nuevas prioridades son claras: (i) Flexibilidad: De horario, de lugar, de estilo de trabajo, tiempo de calidad, pausas activas y
desconexión real. (ii) Propósito: Trabajar en algo alineado con los valores personales. (iii) Desarrollo continuo y formación continua: Oportunidades reales de aprendizaje y evolución profesional.


Las nuevas generaciones —que dominarán la fuerza laboral en pocos años— traen consigo una nueva filosofía profesional. Buscan empresas transparentes, con propósito y con líderes humanos. Una cultura fuerte y positiva fideliza porque ofrece
un sentido de comunidad, genera comportamientos coherentes con los valores proclamados y fomenta el orgullo de pertenencia. Las políticas de fidelización deberán contemplar una conciliación real y efectiva, como horarios adaptativos, trabajo por
objetivos más que por presencia y beneficios flexibles.


La fidelización no puede quedar en percepciones. Debe medirse y gestionarse con precisión, detectar patrones de fuga y zonas calientes de rotación. No hay mejor forma de fidelización del talento que demostrarle a un trabajador que
invertirás en su crecimiento. Cuando un profesional siente que su evolución está respaldada, es menos probable que mire ofertas externas. Invertir en su futuro es invertir en el presente de la empresa.


Es nuestra responsabilidad fomentar y apostar por la fidelización del talento como una inversión estratégica tanto para los trabajadores como para las empresas, que puede generar beneficios significativos en términos de productividad,
cultura organizacional y retención del conocimiento desde el punto de vista empresarial así como estabilidad, flexibilidad, posibilidad de promoción interna, confianza y arraigo para los trabajadores.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el marco de la negociación colectiva, en virtud de acuerdo de diálogo social y en coordinación con las CCAA, en las materias que puedan afectara sus competencias, adoptar las siguientes
medidas:


1. Impulsar el uso de estrategias efectivas en las empresas para la fidelización del talento, que supongan una mejora de la cultura empresarial, de la capacitación y desarrollo profesional de los trabajadores.


2. Fomentar medidas que favorezcan el crecimiento de la competitividad y la productividad de las empresas, a través de la fidelización del talento y la motivación de los trabajadores por permanecer, en las empresas.


3. Preparar el talento para enfrentarse a los desafíos futuros y fomentar la recualificación de los trabajadores para mejorar sus competencias profesionales, especialmente las de carácter digital.


4. Incentivar a las empresas para el uso de la Inteligencia Artificial como instrumento para incrementar y potenciar el talento de los trabajadores.


5. Impulsar una formación para el empleo más global y eficaz, que se ajuste a las necesidades de las empresas y al desarrollo profesional de los trabajadores y en especial la formación profesional dual como herramienta adecuada para mejorar
la empleabilidad.


6. Adoptar medidas de conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores, que permitan el desarrollo de la prestación laboral con una mayor flexibilidad y equilibrio, siempre que las necesidades organizativas y productivas de la
empresa lo permitan.

Página 49

7. Elaborar un Plan Estratégico que aborde, al menos, todas las medidas propuestas en la presente Proposición No de Ley, incluyendo su impacto presupuestario, recursos destinados al mismo, así como fuentes de financiación y una valoración
de impacto regular de los resultados.


8. Cualquier otra medida que favorezca la fidelización del talento en las empresas y en especial en las pymes».


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


161/003063


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la convocatoria urgente de
una mesa de diálogo social y administrativo sobre la competitividad del pabellón español y la sostenibilidad del empleo marítimo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


La marina mercante española constituye un sector estratégico para la economía nacional, la cohesión territorial, la seguridad marítima y la soberanía del Estado. Asimismo, representa una fuente esencial de empleo cualificado y estable para
miles de marinos españoles, cuya formación y experiencia profesional son un activo de alto valor para el país.


No obstante, en los últimos años se viene produciendo una alarmante pérdida de competitividad del pabellón español, y en particular del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias (REBECA), que está dando lugar a una
reducción continuada de la flota mercante bajo bandera nacional. Esta tendencia ha alcanzado niveles críticos, situando a España en un escenario de mínimos históricos en cuanto al número de buques mercantes de transporte abanderados.


Según los informes de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), a 1 de enero de 2026 navegaban bajo bandera española únicamente 86 buques mercantes de transporte, cinco menos que en enero de 2025, cuando ya se había alcanzado el mínimo
histórico de 91 buques. Desde comienzos de 2024, el número de buques mercantes bajo pabellón español se mantiene por debajo del umbral de los 100, evidenciando una tendencia estructural de pérdida de flota.


Esta reducción no solo se refleja en el número de buques, sino también en el tonelaje. En la última década, el tonelaje bajo pabellón español ha disminuido a un ritmo medio del 0,8 % anual, mientras que, de forma paralela, la flota
controlada por armadores españoles bajo otros pabellones del Espacio Económico Europeo ha crecido a una tasa media del 8 % anual. Durante el año 2025, el Registro Especial de Canarias sufrió un descenso interanual del 10,6 % en GT, el mayor de su
historia.


A 1 de enero de 2026, el REBECA concentra únicamente el 41,7 % de los buques controlados por navieras españolas, frente al 51,9 % que ya navega bajo otras banderas del EEE —con una preferencia creciente por registros como Madeira, Malta o
Chipre— y un 6,3 % bajo pabellones no pertenecientes al EEE.


Este desplazamiento de la flota tiene un impacto directo y grave sobre el empleo marítimo nacional. La disminución de buques abanderados en España reduce la «masa

Página 50

crítica» necesaria para sostener el empleo de marinos españoles bajo el marco jurídico, laboral y de protección social nacional. Como consecuencia, muchos profesionales de la marina mercante se ven obligados a embarcar en buques de bandera
extranjera, lo que genera importantes dificultades en materia de Seguridad Social, fiscalidad, protección laboral y continuidad de las carreras profesionales, además de debilitar el vínculo del empleo marítimo con el tejido productivo español.


Entre las causas de esta pérdida de competitividad del pabellón español destacan determinadas normas y prácticas administrativas que, aun persiguiendo legítimos objetivos de protección social y laboral, no se ajustan a la realidad operativa
del transporte marítimo ni a la normativa internacional aplicable al sector, situando a los buques españoles en una clara desventaja frente a otros registros europeos.


El resultado de este marco regulatorio es paradójico: lejos de proteger el empleo marítimo nacional, está incentivando la deslocalización de la flota, la pérdida de puestos de trabajo para marinos españoles y el progresivo debilitamiento de
la marina mercante bajo bandera española.


Ante una situación que puede calificarse sin ambages como grave y estructural, resulta imprescindible una reacción inmediata del Gobierno, basada en el diálogo social, la coordinación administrativa y la adaptación del marco normativo a la
realidad del sector marítimo internacional.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Convocar de manera urgente una mesa de diálogo en la que participen el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las organizaciones sindicales representativas de la gente de mar y las
organizaciones empresariales del sector naviero.


2. Analizar de forma conjunta las normas y prácticas administrativas que están dificultando la operación de buques bajo pabellón español, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, jornada de trabajo y descanso,
modalidades contractuales, autorizaciones de trabajo para marinos extracomunitarios e inspecciones derivadas del Convenio sobre el Trabajo Marítimo.


3. Impulsar las modificaciones normativas y administrativas necesarias para adaptarla regulación española a la normativa internacional y europea aplicable al sector marítimo, garantizando un nivel adecuado de protección de la gente de mar
sin menoscabar la competitividad del pabellón español.


4. Asegurar que cualquier iniciativa de mejora o actualización de la normativa laboral española aplicable a la gente de mar incluya, de forma diferenciada, un análisis del marco internacional ya vigente para el sector marítimo y una
evaluación de su impacto real en la operativa y la competitividad de la flota controlada de pabellón español, evitando duplicidades, solapamientos e incoherencias.


5. Adoptar medidas específicas para frenar la pérdida de flota del REBECA, evitando que los marinos españoles se vean obligados a embarcar en buques abanderados en registros de conveniencia u otros países por razones exclusivamente
regulatorias.


6. Preservar y fortalecer el empleo marítimo nacional, asegurando que España mantenga una marina mercante competitiva, segura y socialmente responsable.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—Juan Antonio Rojas Manrique, Héctor Palencia Rubio, María Isabel Prieto Serrano y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Página 51

Comisión de Industria y Turismo


161/003010


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas que debe adoptar o impulsar el Gobierno
para hacer frente a los despidos anunciados en la empresa Tubos Reunidos, para su debate en la Comisión Industria y Turismo.


Exposición de motivos


En Aiaraldea, Araba, se vive con angustia el fuerte proceso de desindustrialización y de pérdida de empleo que se está viviendo en los últimos años. El expediente de regulación de empleo para 301 personas trabajadoras anunciado en febrero
de 2026 por Tubos Reunidos se suma a demasiados cierres o amenazas de cierre de los últimos años. Ahí están los casos de Valvospain, Lipmesa, Glavista, Guardian, Tubacex y Maderas de Llodio entre otros. Un solo dato puede ayudar a comprender la
magnitud; en pocos años, la comarca ha perdido el 20 % de su riqueza real.


Y Tubos Reunidos no es una empresa más. Es la mayor empleadora de la zona. Emplea aproximadamente a 900 personas en su planta de Amurrio y otras 330 personas en su planta de Trapagaran, Bizkaia. Y la situación, más allá del ERE anunciado
para 301 personas, amenaza al futuro del conjunto de la empresa.


Tubos Reunidos es una empresa puntera en su sector, pero tiene dos grandes problemas. Los aranceles y el precio de la electricidad.


Como industria electro intensiva, el coste de la energía es vital para su producción. Y a pesar de que el estado español tiene una ventaja competitiva para el precio de la electricidad gracias a las renovables, ese potencial no se consigue
trasladar a la industria electro intensiva, que termina pagando más que algunos de sus competidores directos en su precio final.


Y el otro gran problema, la política arancelaria, se encuentra ahora mismo en el epicentro de la crisis de Tubos Reunidos. Prácticamente la mitad de su producción se venía exportando a EE. UU. Pero esos pedidos se han esfumado, debido a
los aranceles impuestos por la administración de Trump y por la capitulación de la Unión Europea liderada por Úrsula Von der Leyen, que se cristalizó en la tristemente famosa reunión que se produjo el 27 de julio de 2025 en Escocia.


Pero ni Amurrio, ni Aiaraldea, que han demostrado en conflictos laborales recientes una admirable capacidad de organización y resistencia, se van a resignar a aceptar esta situación y, por ello, Euskal Herria Bildu presenta esta iniciativa
política para buscar la implicación del gobierno del estado, de la misma manera que pedimos la implicación al resto de las administraciones competentes. El objetivo primordial sería evitar la pérdida de empleo industrial, y para ello se deben
revisar la situación de la deuda de la empresa y se deben habilitar nuevas ayudas, siempre vinculadas a un plan de viabilidad industrial y al mantenimiento del empleo.


De hecho, cuando EE. UU. anunció modificaciones sustanciales en su política arancelaria, el Gobierno de España aprobó el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, con el objetivo de contener su impacto su impacto en los sectores
industriales afectados. En este contexto, se aprobó el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial. Real Decreto-ley que fue ratificado por el Congreso el 8 de mayo
de 2025.


En la medida en la que el caso de Tubos Reunidos es un caso en el que los aranceles están jugando un papel decisivo, entendemos que ha llegado el momento de activar todos los mecanismos posibles para mitigar el impacto de los aranceles en
Tubos

Página 52

Reunidos. De la misma manera, es importante actuar sobre las condiciones de contorno que están jugando un papel importante en la crisis de esta empresa.


Por lo expuesto, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno a:


1. Actuar proactivamente para coadyuvar en la superación de la crisis actual de Tubos Reunidos y en el mantenimiento del empleo.


2. Activar los mecanismos necesarios previstos tanto en el Plan de recuperación y relanzamiento comercial como en el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento
comercial.


3. Recuperar los mecanismos de ayuda para la industria electro intensiva.


4. A impulsar, en el seno de la Unión Europea, una respuesta firme para contrarrestar la nociva política arancelaria impuesta por la administración Trump.


5. A actuar proactivamente en las instituciones europeas para incluir, en el marco de los ajustes de carbono en frontera, los productos derivados del acero para evitar la competencia desleal de productos manufacturados provenientes de
terceros países.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Mikel Otero Gabirondo, Diputado.—Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.


161/003014


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un Plan de Emergencia de apoyo a
la cogeneración y defensa del sector industrial y cerámico español, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.


Exposición de motivos


La cogeneración es la generación simultánea, en un solo proceso, de energía térmica y energía eléctrica (o mecánica), diseñada para satisfacer una demanda económicamente justificable de «calor útil», con el objetivo de maximizar la
eficiencia del sistema energético y reducir las emisiones asociadas a la producción de energía. Para su reconocimiento regulatorio, debe operar bajo el régimen de «Alta Eficiencia», lo cual implica demostrar un Ahorro de Energía Primaria (PES) de
al menos un 10 % en comparación con los valores de referencia de la producción separada de calor y electricidad.


En tres décadas de su historia en España, la cogeneración ha demostrado ser una herramienta eficaz para aportar competitividad a los sectores industriales calorintensivos; impulsar el desarrollo del sistema gasista; aportar al sistema
eléctrico generación distribuida de proximidad, con garantía de potencia, síncrona y eficiente, que contribuye a la estabilidad de las redes; extender la demanda y el autoconsumo; fomentar la industria de arraigo, previniendo la deslocalización
industrial y facilitando un desarrollo geográfico y socialmente distribuido; y aportar productividad y competitividad al país en la transición ecológica, ya que la cadena de valor va mucho más allá de las plantas.


En definitiva, la cogeneración es una garantía para el sistema eléctrico y un recurso energético necesario para el sector industrial que tradicionalmente venía generando más del 11 % de toda la electricidad de España, aportando seguridad de
suministro y gran

Página 53

resiliencia a la industria, ahorrando anualmente en España la energía de 14 millones de barriles petróleo y 4 millones de toneladas de emisiones de C02, con un potencial de ahorro de hasta un 30 % de energía primaria, donde la cogeneración
de alta eficiencia es la forma de producir electricidad y calor para sus usos de más de 600 industrias a lo ancho y largo de la geografía nacional y está presente en sectores y actividades industriales que representan el 20 % del PIB industrial
(alimentación, papel, cerámica, química, entre otras) y sostienen más de 200.000 empleos.


Además, otorga gran flexibilidad para una transición energética desde el gas natural, combustible con emisiones, hacia otros combustibles descarbonizados. Más del 80 % de la cogeneración es flexible, lo que permite a las industrias
adaptarse a la volatilidad energética y elegir los vectores más competitivos. El biometano, capaz de cubrir hasta el 40 % de la demanda nacional de gas, reduce la dependencia exterior y mejora la seguridad y estabilidad energética. Asimismo, la
cogeneración con biomasa, abundante y eficiente, destaca por su elevado aprovechamiento energético y generación de empleo, especialmente en el sector papelero.


Esta importancia energética, está consagrada en el contexto de la política energética europea, mediante el establecimiento de un marco normativo, la Directiva 2004/8/CE, que le confiere un carácter prioritario ineludible para la industria y
el sistema energético europeo. La propia Directiva señala que la infrautilización de esta tecnología es una oportunidad perdida, dado su potencial para transformar el modelo de consumo energético hacia uno más racional y sostenible, ya que bajo una
lógica termodinámica y económica, la cogeneración consume menos combustible total para generar la misma cantidad de calor y electricidad que si se produjeran en plantas separadas.


Esto ha hecho que la Unión Europea, impulse bajo cuatro pilares fundamentales, la cogeneración para dar respuesta a los grandes desafíos geopolíticos y climáticos de la unión, esto es;


Sostenibilidad y Medio ambiente, ya que al ser intrínsecamente más eficiente, la cogeneración reduce drásticamente las emisiones de contaminantes por unidad de energía producida, convirtiéndose en una herramienta clave para la reducción de
gases de efecto invernadero.


La Seguridad de suministro de calor y electricidad, ya que al reducir el consumo de combustible necesario, disminuye la dependencia energética de la Unión Europea respecto a las importaciones de combustibles fósiles, fortaleciendo la
soberanía energética.


La Competitividad Industrial, ya que la eficiencia se traduce en costes y al reducir la factura energética, la cogeneración mejora directamente la posición competitiva de la industria europea en el mercado global.


Finalmente, la eficiencia en la Red (Generación Distribuida); al generarse habitualmente cerca de los puntos de consumo, la cogeneración elimina gran parte de las pérdidas asociadas al transporte y distribución eléctrica, optimizando la
infraestructura existente y ayudando a reducir los costes vinculados a los peajes que pagan los consumidores.


En conclusión la cogeneración se presenta en el marco europeo no solo como una técnica de generación, sino como una solución integral que aúna eficiencia económica, responsabilidad medioambiental, política industrial y seguridad estratégica.


Es por ello por lo que en el conjunto de la Unión Europea, la cogeneración es responsable del 12 % de generación eléctrica y del 15 % de la generación de calor.


Este impulso comunitario contrasta sin duda con el caso en España. Como se señalaba anteriormente, antes de la pandemia, en el año 2019, la cogeneración produjo el 12 % (29.615 GWh) del total de la electricidad en España. Pero en 2025,
solo ha representado el 5,7 % (15.400 GWh). Y la tendencia sigue a la baja tanto en operativa como en potencia instalada, así en el periodo 2020-2027 pararán 370 plantas de cogeneración y 2.800 MW de potencia instalada, sin que el gobierno ponga la
solución regulatoria que la industria reclama y que la directiva europea permite.


En definitiva, esta caída no es coyuntural, sino consecuencia de retrasos regulatorios, tardía e insuficiente actualización de retribuciones y no convocatoria

Página 54

reiterada de subastas prometidas desde 2021. La falta de neutralidad tecnológica y el sesgo de la Ministra, contraria a cualquier estrategia que no pase por la plena y completa electrificación de la industria, pareciera que persigue un
objetivo de «decrecimiento» no confesado. No hay que olvidar que la industria necesita de procesos que, hoy por hoy, no son técnica ni económicamente electrificables, ya que no existe ninguna tecnología capaz de proporcionar energía térmica de alta
temperatura a grandes empresas industriales de manera eficiente y sostenible.


A esta realidad se añade, además, un factor estructural a nivel europeo, vinculado al diseño del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) y, en particular, al diseño de los benchmarks. La decisión de reducir y agrupar benchmarks ha
llevado a que procesos industriales con realidades tecnológicas muy diferentes queden sometidos a referencias y exigencias comunes de descarbonización, especialmente a través del benchmark de combustibles, que no distingue adecuadamente entre
procesos de baja y alta temperatura.


En sectores como la cerámica, donde los procesos productivos requieren calor de alta temperatura y no son electrificables a corto ni medio plazo, estos benchmarks les han penalizado en mayor medida ya que les exigen una reducción de
emisiones similar a las de actividades donde existen alternativas tecnológicas más maduras, como la electrificación. El resultado es un traslado al sector de costes regulatorios crecientes sin ofrecer vías técnicas viables para cumplirlos. Este
diseño erosiona la competitividad, incrementa el riesgo de deslocalización y debilita la eficacia del ETS como instrumento de descarbonización real.


La consecuencia directa de esta combinación de factores, la falta de neutralidad tecnológica en la regulación nacional, el diseño inadecuado de los benchmarks europeos y la inexistencia de alternativas técnicas para determinados procesos
industriales, es una pérdida de empleo y de competitividad industrial producida por unos mayores costes energéticos y ambientales, especialmente en sectores dónde la descarbonización mediante la electrificación aún no es técnica ni económicamente
viable.


Y es que si hay un sector económico especialmente castigado a esta acumulación de impactos, y por tanto especialmente castigado por la falta de ambición regulatoria en materia de cogeneración por parte del gobierno, este es el sector
cerámico español.


La industria cerámica en España es una industria de primer orden mundial, tanto en cuanto a la calidad de lo fabricado como en la eficiencia de sus procesos. Una industria que factura del orden de 5.000 millones de euros anuales de los que
más del 70 % se destina a la exportación. Un sector líder, que a su vez está liderado por pequeñas y medianas empresas, que representan el 76 % de todos los fabricantes españoles y que genera más de 70.000 empleos industriales.


Pero este sector, está fuertemente impactado por los costes energéticos y por los costes vinculados a las emisiones de gases de efecto invernadero, que han sido especialmente importantes en la crisis energética posterior a la pandemia de la
COVID-19 y que se está viendo especialmente agravada por el cierre progresivo de la cogeneración y por decisiones regulatorias del gobierno que van contra la cogeneración y el sector industrial que la necesita.


Un análisis en detalle de la cogeneración en la Comunidad Valenciana, especialmente en Castellón, que es donde se sitúa el núcleo fundamental de la industria cerámica en España, pone de manifiesto que se está poniendo en grave riesgo la
inversión y fomentando la deslocalización.


La cogeneración es vital para la competitividad del azulejo español, ya que permite el aprovechamiento simultáneo del calor y el autoconsumo eléctrico.


Actualmente, el sector cuenta con 28 plantas de cogeneración de muy alta eficiencia, alcanzando ahorros de energía primaria superiores a los que exige la normativa y que suman una potencia instalada de 234 MW. Estas plantas generan algo más
de 1 TWh anual.


Pero el sector tiene varias amenazas. Por un lado, el impacto regulatorio negativo para el próximo periodo 2026-2030 y aunque es cierto que tras la aprobación por parte

Página 55

de la Comisión Europea, el 28 de enero de 2026, del nuevo marco de Ayudas de Estado para la Cogeneración en España y de la publicación de la Orden TED/53/2026, de 27 de enero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de
2026, y se aprueban nuevas instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros retributivos, se ha corregido en parte la amenaza, no la soluciona de forma permanente, sino que la pospone hasta que se acometa la modificación normativa en la fórmula
de cálculo de la retribución regulada.


La orden también corrige el error por el que se hubiesen detraído erróneamente unos 75 millones de euros a los cogeneradores y sumado otras cantidades no determinadas a otras tecnologías por una aplicación incorrecta del método de cálculo
vigente, extremo que ahora queda respaldado por el informe de la CNMC, en el que señala que los cálculos no coinciden con el resultado esperado, con valores de ajuste y retribución a la inversión distintos a los previstos y con efectos asimétricos
entre tecnologías. Por ello, el regulador recomienda recalcular el ajuste para los años 2023-2025 para todas las tecnologías, teniendo en cuenta la afectación del apuntamiento en los límites superior e inferior y que se ha tenido en cuenta.


Se añaden además como otro de los grandes retos de la cogeneración, la falta de convocatoria de subastas para un nuevo régimen a aquellas cogeneraciones que han alcanzado el fin de su vida útil.


Esta situación está haciendo que hasta 2025, el 37 % de la potencia instalada de las cogeneraciones cerámicas haya agotado su vida útil, cifra que alcanzará el 61 % para el 2030. Ello compromete la viabilidad operativa de las plantas y su
papel estratégico en la competitividad de la industria asociada, derivando en una inevitable perdida de eficiencia y en un riesgo para la garantía de suministro.


Ya que la solución ha estado encima de la mesa en no pocas ocasiones, el GPP se han impulsado en el Congreso diversas iniciativas legislativas para evitar la paralización de las plantas de cogeneración y permitir que mantuvieran su operación
de forma transitoria hasta poder concurrir a las subastas. Sin embargo, estas propuestas han sido bloqueadas de manera reiterada por el Gobierno.


Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incumple de forma reiterada y desde 2021 sus compromisos en la regulación del sector de la cogeneración. Ese marco regulatorio incierto condiciona no solo la
viabilidad del sector, sino también las inversiones en tecnologías como el biogás o el hidrógeno verde de las empresas cogeneradoras y, por tanto, la transformación del sector hacia la descarbonización y los propios objetivos nacionales de
descarbonización.


Finalmente, la industria cerámica, también se ve amenazada por la competencia internacional de una industria localizada en otras latitudes, que no cumple con los estándares medioambientales, laborales, sociales y de calidad, entre otros, de
los europeos, por lo que se hace necesario liderar la protección del sector, mediante la incorporación de mecanismos que protejan a la industria frente a una competencia desleal o abusiva.


En conclusión, para la competitividad y el futuro del sector eléctrico y el del sector industrial en España que evite acrecentar el grave riesgo de deslocalización que padece, es necesario que el Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico se implique en la consolidación y el desarrollo de la cogeneración industrial, que brinda servicios esenciales al conjunto del sistema eléctrico y energético de nuestro país.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en coordinación con los sectores afectados y las comunidades autónomas, desarrolle en el plazo máximo de un

Página 56

mes, un Plan de Emergencia para el Impulso de la cogeneración y defensa del sector industrial y cerámico, que incluya al menos las siguientes medidas:


1. Para el impulso de la cogeneración:


a) Tras la aprobación por parte de la Comisión Europea, el 28 de enero de 2026, del nuevo marco de Ayudas de Estado para la Cogeneración en España y la publicación de la Orden TED/53/2026, de 27 de enero, acometer la modificación normativa
en la fórmula de cálculo de la retribución regulada de forma que, con el ajuste metodológico necesario, se cubran los costes y no pierdan retribución las cogeneraciones.


b) Establecer un marco de inversión mediante subastas de hasta 1.200 megavatios de potencia de cogeneración en el primer semestre de 2026.


c) Extender la retribución regulada durante al menos dos años para aquellas instalaciones de cogeneración que hayan agotado su periodo de vida útil regulatoria y en tanto no se resuelva la convocatoria de las subastas previstas.


d) Incrementar las dotaciones presupuestarias y agilizar los pagos destinados a la transformación de la cogeneración para la sustitución del gas natural y otros combustibles fósiles por biometano, biomasa e hidrógeno.


e) Mejorar la regulación para facilitar la hibridación de la cogeneración con otras tecnologías renovables.


2. Presentar el Libro Blanco sobre Energía e Industria que analice los impactos en el tejido industrial de las reformas regulatorias de energía de los últimos dos años, tal y como acordó la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en PNL
aprobada con fecha 13 de octubre de 2021.


3. Reconocer explícitamente la especificidad de los sectores industriales intensivos en calor, como el sector cerámico entre otros, incorporando esta realidad en el diseño de la política energética y climática, y evitando enfoques
regulatorios basados exclusivamente en la electrificación cuando no existen alternativas técnicas ni económicas viables para determinados procesos industriales.


4. Defender a nivel europeo la revisión de los benchmarks ETS, de forma que se basen en datos completos, tengan en cuenta las especificidades sectoriales y el realismo tecnológico, diferenciando claramente entre procesos de alta y baja
temperatura, y evitando que el benchmark de combustibles penalice injustamente a sectores difícilmente electrificadles y de forma particular, en el caso del sector cerámico ha de evitarse que su vinculación al benchmark de combustibles se convierta
en un elemento distorsionante, dada la configuración del sector en España y la Unión Europea, desarrollando si procede, un benchmark específico para el sector cerámico.


5. Compensar adecuadamente los costes indirectos del ETS y otros costes climáticos que afectan de manera desproporcionada a la industria española y especialmente a sectores como el cerámico español, para preservar su competitividad
internacional frente a terceros países con menores exigencias ambientales.


6. Apoyar a nivel europeo el acceso de los sectores industriales intensivos en energía a instrumentos de financiación para una descarbonización realista y sin obstáculos que dificulten la elegibilidad de los proyectos incluyendo ayudas
específicas para la sustitución progresiva de combustibles fósiles por biometano, biomasa o hidrógeno renovable, así como para inversiones en eficiencia energética, recuperación de calor y mejora de los procesos productivos.


7. Liderar en el seno de la Unión Europea la defensa del sector cerámico en la política comercial, garantizando que en los acuerdos comerciales, especialmente el futuro Tratado de Libre Comercio Unión Europea-India, se tenga en cuenta al
sector cerámico, debido a su importancia estratégica y exposición al riego de fuga de carbono, exigiendo una reciprocidad plena de normas ambientales, energéticas y laborales, así como la incorporación de cláusulas de salvaguardias que protejan a la
industria frente a

Página 57

aumentos súbitos de importaciones que amenazan a la producción nacional, el empleo y la inversión industrial.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Juan Diego Requena Ruiz, Francisco José Conde López, Alberto Fabra Part, Óscar Clavell López, Belén Hoyo Juliá, César Sánchez Pérez, Guillermo Mariscal Anaya y Sergio Sayas López,
Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003017


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso, coordinación y promoción turística, cultural y patrimonial del
Año Gaudí 2026, declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.


Exposición de motivos


En 2026 se conmemora el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926), uno de los arquitectos más influyentes de la historia y figura esencial del patrimonio cultural catalán, español y universal. La efeméride fue
declarada Conmemoración Oficial de la Generalitat de Cataluña el pasado 12 de julio de 2024 con 4 objetivos principales, definidos por el Consell Gaudí: 1) Explicar la dimensión científica del autor; 2) Exponer la interrelación de todas sus obras
(dando a conocer sus trabajos menos populares); 3) Transmitir la unidad y consenso en la conservación y difusión del legado gaudiniano; y 4) Acercar a Gaudí y todas sus creaciones a la ciudadanía local, especialmente, a los más jóvenes.


Igualmente, ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) por el Gobierno de España, mediante Real Decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado el 9 de julio de 2025, con vigencia 2025-2027. Esta
iniciativa fue promovida por la Cátedra Gaudí de la Universitat Politécnica de Catalunya y cuenta con el respaldo de un amplio conjunto de administraciones públicas, entidades culturales y propietarios de obras del arquitecto en múltiples
territorios del Estado. Se trata de una alianza ejemplar —sin precedentes en torno a un arquitecto o creador a nivel internacional— que integra a gestores del patrimonio cultural, universidades, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y
organismos turísticos y culturales.


El conjunto arquitectónico de Antoni Gaudí constituye, según las evaluaciones del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), una contribución creativa excepcional al desarrollo de la arquitectura y de la tecnología de la
construcción entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. En sus evaluaciones técnicas se destaca que el trabajo del autor cumple múltiples de los criterios del sistema de Patrimonio Mundial: constituye una aportación creativa sobresaliente;
evidencia un intercambio de valores asociado a las corrientes culturales y artísticas de su tiempo; y ofrece ejemplos significativos de tipologías arquitectónicas transformadas mediante enfoques innovadores.


De igual modo, estos informes sitúan la creación de Gaudí en el contexto de los movimientos internacionales de renovación artística de finales del siglo XIX, señalando que, a diferencia de otras, sus obras no se limitan a una única
corriente. Su capacidad para reinterpretar formas históricas y naturales de manera no académica y su vínculo con el desarrollo industrial catalán justifican la consideración de su arquitectura como un referente único dentro del patrimonio mundial,
respaldando así la pertinencia de su reconocimiento institucional.

Página 58

Por ello, siete de sus obras (el Parque Güell, el Palau Güell, la Casa Milá-La Pedrera, la Casa Vicens, la fachada del Nacimiento y la Cripta de la Sagrada Familia, la Casa Batlló y la Cripta de la Colonia Güell) fueron inscritas en la Lista
del Patrimonio Mundial en 1984 y 2005. Asimismo, desde este consejo vinculado a la UNESCO se hace hincapié en la necesidad de garantizar la conservación de la totalidad de la creación de Gaudí, no solamente de las obras consideradas Patrimonio de
la Humanidad.


En base a ello, eventos como el Año Gaudí 2026 permiten difundir el legado del arquitecto, impulsar el rigor investigador, divulgar obras menos conocidas y proyectar una imagen moderna, creativa y cohesionada del patrimonio español.
Constituyendo, por tanto, una oportunidad estratégica para España en los ámbitos cultural, turístico y de proyección internacional.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a difundir el legado de Antoni Gaudí i Cornet a través de:


1. El refuerzo de la colaboración entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria y Turismo y las entidades gestoras de las obras de Gaudí para garantizar una actuación conjunta, eficiente y sostenible.


2. El desarrollo de una estrategia de promoción turística específica para el Año Gaudí 2026, de alcance tanto nacional como internacional.


3. La puesta en valor, dentro de esta estrategia de promoción, de referencias a todas las obras de Gaudí en España, con el objetivo de proporcionar una oferta turística conjunta y favorecer la cohesión territorial vinculada al legado del
autor en su globalidad territorial.


4. El fomento de la investigación, divulgación científica y creación de conocimiento sobre el autor y su obra.


5. El establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación sobre los resultados y el impacto del Año Gaudí 2026, garantizando que los recursos generados durante la conmemoración contribuyan a un legado turístico y cultural duradero y
accesible para la ciudadanía.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Andreu Martín Martínez y Pepe Mercadal Baquero, Diputados.—Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003030


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la revitalización de la
España interior y con problemas de despoblación mediante el despliegue de una verdadera estrategia transversal de calidad para el segmento del turismo rural, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.


Exposición de motivos


A partir de datos procedentes del INE, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) registraron en el conjunto del año 2025 un aumento del +3,0 % respecto a
2024 (las de residentes aumentaron un +1,3 % y las de no residentes un +4,2 %). En particular, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural aumentaron un +1,2 % en 2025; las de

Página 59

residentes crecieron un +0,9 %, en tanto que las de no residentes aumentaron un +1,9 %. Añadir que Castilla y León fue el destino preferido con 1,8 millones de pernoctaciones, un -5,9 % menos que en 2024.


En el contexto presente, uno de los verdaderos desafíos del modelo turístico español pasa necesariamente por profundizar en mayores cotas de desconcentración, diversificación de la oferta y desestacionalización de la demanda, en la dirección
acertada de evolucionar hacia un nuevo modelo orientado sobre elementos de carácter más sostenible, diverso, inclusivo y equilibrado, máxime teniendo en cuenta que en España el 85 % del territorio es rural y apenas concentra el 20 % de la población,
de ahí que la actividad turística pueda perfilarse en muchos de nuestros pueblos y comarcas como motor de desarrollo y cohesión territorial.


Así pues, en la dirección de concentrar esfuerzos en desarrollar iniciativas que saquen rendimiento de nuestras ventajas competitivas frente a otros destinos competidores gracias a la infinidad de atributos turísticos de nuestra marca país,
las comunidades autónomas firmantes de la Declaración Institucional de Sevilla suscrita de manera reciente, dejaban patente desde un inicio su apuesta por un liderazgo turístico asentado en la gobernanza y la cohesión territorial, pasando a
continuación a reivindicar la gestión del crecimiento demográfico y económico de los destinos turísticos, frente a la masificación. Acto seguido, las comunidades firmantes no se ocultaban a la hora de poner de manifiesto que este fenómeno es una
consecuencia directa de la ineficacia del Gobierno central para frenar la migración interna desde la España vaciada.


Asimismo, el factor conectividad como instrumento de cohesión territorial también entraría en la ecuación, de ahí que las comunidades firmantes aboguen por llevar a cabo una gestión conjuntamente con las comunidades autónomas para la defensa
de los intereses reales de los territorios y de acuerdo a los objetivos comunes de desestacionalización y desconcentración de la demanda.


Se trataría en definitiva dentro de las bases de redefinición del nuevo modelo y de las propuestas de transformación de la oferta turística española hacia el eje de la sostenibilidad, la digitalización, la economía circular, etc., de centrar
la atención estratégica con mayor esmero en la dinamización y revitalización de la llamada España de interior y despoblada, poniendo en valor todo su potencial turístico a la hora de consolidarse en lanzaderas de oportunidades, mejorando la calidad
de vida de poblaciones en edad avanzada, a la par que atrayendo a nuevas generaciones de residentes dispuestos a anclarse en estos territorios y equilibrando los flujos turísticos.


Bajo el planteamiento anterior, y dado que muchas zonas de la geografía española continúan con sus debilidades estructurales careciendo de infraestructuras adecuadas, servicios estables o conectividad digital limitada o insuficiente, la hoja
de ruta en adelante consistiría en protagonizar un salto cuantitativo y cualitativo hacia una estrategia de carácter estructural y no inconexa y de parches como la que viene aplicando con cargo a los fondos Next Generation a lo largo de los últimos
años, dando como resultado marcadas disparidades entre comunidades dentro del segmento rural.


Por todo lo expuesto, con el objetivo de liderar desde el Gobierno de España, —contando siempre con la leal colaboración y cooperación de las Administraciones territoriales—, una verdadera apuesta integral que posibilite catapultar y
maximizar la capacidad competitiva de las áreas rurales como auténticos polos turísticos, concentrando una mayor atención y dotación de recursos globales, de cara a generar nuevas oportunidades de riqueza y empleo y por extensión, de fijación de
población en estos territorios, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las medidas siguientes:


1. Situar en el epicentro de la política turística del Estado, el potencial de la diversidad máxima de recursos en los destinos de la España interior y con problemas de despoblación, promoviendo la mayor cohesión y vertebración turística
territorial posible.

Página 60

2. Liderar mediante estrecha coordinación, cooperación y colaboración con las comunidades autónomas y a través de las entidades locales una verdadera estrategia singularizada de planes de apoyo al turismo rural y de interior, que permitan
combatir la estacionalidad; diversificar nuestra oferta, creando por ejemplo nuevos productos de carácter suprarregional o internacional con nuestros países vecinos; conseguir una mayor y mejor distribución de los visitantes entre las regiones;
perfeccionarla planificación en materia de gestión compartida de cara a posibilitar el incremento de la rentabilidad de estos destinos, etc.


3. Impulsar el despliegue de acciones conjuntas con las comunidades autónomas destinadas a la promoción de los servicios ferroviarios de Alta Velocidad y trenes turísticos con garantías siempre de máxima seguridad, con la finalidad de
atraer mayores cuotas de turistas extranjeros a los destinos de interior, a la par que propiciar un incremento de los volúmenes de pernoctaciones y gasto en los destinos locales, incentivando al máximo la desestacionalización y desconcentración de
la demanda.


4. Contribuir a revertir el desmantelamiento progresivo de la operatividad que en la actualidad sufren los aeropuertos secundarios y regionales, de manera que a la inversa, los mismos sean nodos al servicio de la desconcentración de la
oferta turística española.


5. Promover medidas y acciones eficaces en materia de conservación del patrimonio natural, del patrimonio histórico y cultural, así como del gastronómico como elementos clave del posicionamiento competitivo de la oferta española de calidad.


6. Articular de manera continuada en el tiempo una línea específica de incentivos fiscales y ayudas para el desarrollo de productos, etc., dirigidas a los establecimientos hosteleros y demás empresas turísticas de los destinos de interior y
zonas con problemas de despoblación, procurando aumentar pernoctaciones y gasto turístico; atrayendo mayor cuota de visitantes mediante el fomento de la práctica de experiencias turísticas diferenciales basadas en productos con indicación
geográfica protegida, productos de proximidad o “kilómetro cero” o las experiencias recreativas vinculadas con la gastronomía, enoturismo, ecoturismo, turismo cultural, turismo religioso, turismo taurino, ecuestre, etc.


7. Aprobación inmediata de un Plan RENOVE específico de soporte a los establecimientos hosteleros que operen en los destinos de interior, que tenga por objeto ayudas de reposición y adaptación de equipamiento, maquinaria e instalaciones.


8. Habilitar los créditos presupuestarios necesarios con el objeto de crear una línea estatal de concesión de ayudas directas dirigida al sector de la hostelería de los destinos rurales afectados por los incendios forestales del pasado
verano de 2025 con especial impacto sobre las provincias españolas de León, Ourense y Zamora que registraron significativas caídas de consumo y facturación.


9. Incentivar fiscalmente el autoempleo de jóvenes y otros colectivos preferentes que realicen actividades profesionales y empresariales turísticas en zonas con problemas de despoblación, así como fomentar y apoyar la puesta en marcha de
proyectos innovadores desarrollados por emprendedores en los destinos españoles de interior.


10. Diseño de una línea específica de apoyo para la rehabilitación, reconversión y modernización de inmuebles localizados en municipios de población inferior a 5.000 habitantes, destinados al uso turístico.


11. Dar continuidad en el tiempo por parte de Turespaña la promoción y comercialización internacional de la llamada España interior, proyectando su imagen como un destino atractivo con el objetivo de captar una mayor cuota de demanda
extranjera.


12. Fortalecer la digitalización y transformación digital de todas las entidades y operadores turísticos de los destinos de interior como herramienta para aumentar la atracción del cliente digital, mejorando así la competitividad de las
zonas rurales turísticas.


13. Mejorar la atención, promoción y dotación de recursos destinados a las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Página 61

14. Explotar al máximo el valor de la marca Paradores de Turismo de España como producto emblema de la oferta de calidad, mejorando su conocimiento, cuota de demanda internacional y ampliación de losa mercados geográficos.


15. Reforzar los vínculos de colaboración con los establecimientos balnearios diseminados por toda la geografía española de interior.


16. Promoción de los núcleos turísticos rurales como destinos de rodaje para el sector audiovisual, multiplicando la generación de oportunidades, riqueza y empleo en estas zonas de interior.


17. Impulsar un plan formativo específico en materia de turismo rural y de interior dirigido a nuestros profesionales y emprendedores turísticos, adaptado a la realidad de este segmento.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Cristina Moreno Borrás, Irene Garrido Valenzuela, Tristana Moraleja Gómez, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés,
Laura María Lima García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa, Raquel Clemente Muñoz, Tomás Cabezón Casas, José Vicente Marí Bosó, Macarena Montesinos de
Miguel y Juan Bravo Baena, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003035


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a incentivar políticas
enfocadas a la atracción de talento emergente y retención de profesionales cualificados en el sector turístico, así como de firme apuesta por la mejora de las condiciones laborales y de productividad de los empleados turísticos, para su debate en la
Comisión de Industria y Turismo.


Exposición de motivos


A partir de los últimos datos publicados por Turespaña, en el mes de diciembre de 2025 los afiliados en alta laboral vinculados a actividades turísticas aumentaron un 2,4 % interanualmente, alcanzando un total de 2.752.942 afiliados a la
Seguridad Social, continuando en diciembre pasado la tendencia de aumento interanual del número de afiliados que se inició en junio del 2021. Así, sobre la base de las cifras anteriores, en diciembre de 2025 los afiliados en actividades turísticas
supusieron el 12,7 % del total de afiliados en la economía nacional. En relación con la EPA turística correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el sector turístico ha contado con 3.311.037 trabajadores en activo, un +2,6 % más que el mismo
trimestre del año anterior.


No obstante lo anterior y en el contexto de un año 2025, donde el turismo ha cerrado el pasado ejercicio con un crecimiento real del PIB del +2,5 % por debajo del comportamiento esperado para el conjunto de la economía española, y en
paralelo, la creación de empleo turístico también relajó su intensidad el pasado año (+2,3 % y 47.815 afiliados más a diciembre pasado), no se debería perder de vista que en el recién inaugurado 2026 que a priori se presenta con previsiones de
demanda relativamente optimistas y sujeto a la volatilidad de un escenario geopolítico cada vez más inquietante, la falta de personal cualificado en un sector intensivo en mano de obra por excelencia como el turístico vuelve a presentarse como uno
de sus principales desafíos a batir en el corto y medio plazo.

Página 62

En efecto, a pesar de que a día de hoy nuestro país continúa siendo, sólo por detrás de Finlandia, el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea y casi la mitad de los parados en España son de larga duración, y el 60 % mujeres, sin
embargo, nuestros empresarios turísticos continúan dando la voz de alarma denunciando el problema persistente y crónico desde la reactivación turística pospandemia de la escasez de factor humano como el principal obstáculo que impide el normal
funcionamiento de la operativa de los negocios turísticos, especialmente durante la temporada estival y sobre todo en aquellos destinos de mayor afluencia. Efectivamente, viene siendo numerosos los destinos costeros que a lo largo de los últimos
años especialmente en ramas como la hostelería se ven obligados a recortar servicios como resultado de la falta de plantilla suficiente, y de hecho, dos de cada tres empresarios encuestados declaran tener problemas en todo momento a la hora de
contratar personal formado y en consecuencia, hasta la mitad de las vacantes se quedan sin cubrir.


Unido a la pérdida de interés por trabajar en el sector turístico, resulta obligado hacer mención aquí a que como consecuencia de las políticas de ataque y criminalización hacia la actividad turística desplegadas por parte del Gobierno de
coalición desde 2018, la reputación del turismo ante la opinión pública continúa a la baja en España como evidencia por citar solo un ejemplo, el Barómetro de Percepción Turística elaborado por LLYC, debido entre otros factores al malestar social
asociado a graves problemas existentes en nuestro país como resulta el tema del acceso a la vivienda, y que ha conducido de manera deliberada e injusta a convertir a la actividad turística en la culpable de todos los males, en una tesis
sobrealimentada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.


A todo lo anterior, cabe añadir los niveles de absentismo tremendamente preocupantes existentes en muchas regiones eminentemente turísticas, y determinados subsectores como el hotelero que califican ya como de carácter estructural con
repercusiones directas sobre la calidad del servicio y la eficiencia operativa, todo lo cual, no contribuye sino a empeorar las cotas de competitividad mundial de la economía turística española, sin contar además del impacto económico directo, la
sobrecarga que la ausencia de personal genera en los equipos, etc.


En este sentido, datos recientes situarían a España como el país con peores cifras de absentismo por incapacidad temporal de toda Europa, de ahí la necesidad de tejer cuanto antes una alianza de compromiso entre empresas, Administración y
agentes sociales para atajar esta dinámica perversa, que se une a otros pasivos del sector turístico español, como por ejemplo, la falta de relevo generacional especialmente en ramas como la hostelera y de la restauración.


Por último, apuntar que según un informe reciente presentado por el Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) sobre el empleo turístico y sus retos realizado por Oxford Economics, en caso de prolongarse la
problemática actual que pesa sobre el sector, España dejaría por cubrir alrededor de 778.000 empleos turísticos en 2035, lo cual equivaldría al 20 % de los puestos de trabajo que demandaría el sector turístico español para entonces a partir de una
proyección de la evolución de la oferta y la demanda laboral en dicho sector hasta 2035.


Por todo lo expuesto, dada la necesidad de articular cuanto antes respuestas ambiciosas, pero al mismo tiempo ágiles y y efectivas con el propósito de promover políticas que cristalicen en la retención de talento profesional, así como en la
atracción de nuevas generaciones al mundo profesional turístico, garantizando para ello condiciones laborales dignas y atractivas, y haciendo frente en definitiva a uno de los mayores retos actuales y futuros del sector turístico español, el Grupo
Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:


1. Revalorizar la imagen y percepción del sector turístico y el sentimiento u orgullo de pertenencia al mismo, evitando por todos los medios la estigmatización de la actividad

Página 63

turística, —motor histórico de crecimiento de la economía y pilar estructural del mercado de trabajo—, desplegando para ello una campaña nacional de concienciación ciudadana que tenga como destinatarios preferentes a jóvenes y estudiantes al
objeto de prestigiar sectorialmente y poner en valor la aportación significativa del turismo al bienestar de la sociedad española durante más de medio siglo.


2. Promover en coordinación, cooperación y colaboración con los agentes sociales y las comunidades autónomas una mejora cualitativa de las condiciones de los trabajadores del sector turístico de nuestro país, incluyendo entre otros,
aspectos tales como la reducción de la temporalidad, el acceso a la formación continua, fomento de medidas vinculadas a facilitar mayores niveles de bienestar y salud laboral, así como de conciliación de la vida familiar y laboral, medidas de ayuda
de acceso a la vivienda para los trabajadores estacionales, etc.


3. Diseño, dotación y elaboración de un Plan Nacional para la formación y reciclaje profesional de calidad para el sector turístico español en coordinación con las comunidades autónomas, empresas turísticas, instituciones educativas,
contemplando competencias claves, tales como el dominio de lenguas extranjeras, upskilling digital e IA, orientación al cliente, control de gestión de la actividad hostelera mediante el uso de herramientas de inteligencia de mercado, sostenibilidad,
etc., garantizando que el mismo se acompase a las necesidades reales que demandan los subsectores y empresas turísticas, así como favoreciendo optimizar la capacidad de aportar valor a la cadena de valor turística por parte de las plantillas.


4. Garantizar la implementación de programas atractivos de reciclaje en el sector turístico al objeto de posibilitar al máximo el desarrollo de planes de carreras en dicho sector.


5. Articular mecanismos de cara a reforzar de manera particular los itinerarios formativos para perfiles esenciales en las experiencias turísticas, tales como sala y cocina, profesionales del ámbito F&B, gobernantas y personal de
mantenimiento, guías turísticos, turismo de interior, agencias especializadas, etc.


6. Utilizar la mejora de la capacitación y cualificación técnica de los trabajadores y profesionales encuadrados dentro del sector turístico como instrumento que propicie la generación de servicios y productos turísticos más diferenciales,
innovadores y de mayor calidad dentro de la oferta española.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Cristina Moreno Borrás, Irene Garrido Valenzuela, Tristana Moraleja Gómez, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés,
Laura María Lima García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa, José Vicente Marí Bosó, Macarena Montesinos de Miguel y Juan Bravo Baena, Diputados.—Ester Muñoz
de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003050


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de los dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la participación de la SEPI en un plan de viabilidad del Grupo Losán, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.

Página 64

Exposición de motivos


Desde el mes de enero, los trabajadores y trabajadoras del Grupo Losán en las fábricas de Vilasantar y Curtis han iniciado una campaña de movilizaciones ante el impago de sus nóminas. Actos de denuncia y protesta que cuentan con un gran
apoyo social e institucional atendiendo a la enorme importancia de la empresa y del empleo que genera en el conjunto de la comarca, pues es la segunda mayor maderera gallega según ingresos.


La empresa ha iniciado EREs y fuertes recortes en las plantillas de otros centros solo cuatro corderos después de que la SEPI inyectara 35 millones de financiación a través del fondo de solvencia post-covid. La aportación fue aprobada en el
Consejo de Ministros de diciembre de 2021 y consistió concretamente en un préstamo participativo de 21,6 millones y otro común de 13,4 millones. Llama la atención que Losán cerrara el ejercicio 2022, con una facturación de 343,6 millones, generando
lucros.


Sin embargo, a pesar de los elevados ingresos, de las aportaciones de la SEPI, de otros 7 millones del IGAPE y de contar también con 19 millones en avales del ICO, la compañía se vio obligada a negociar a lo largo de 2024 la reestructuración
de unos 200 millones de deuda. Un plan que no se ejecutó conforme a lo pactado y que derivó en un agravamiento de la situación económica de la empresa, en el inicio de despidos colectivos y que, ahora, está poniendo en riesgo a continuidad de la
actividad de la empresa y, por tanto, el mantenimiento de los puestos de trabajo.


Los cerca de 200 trabajadores y trabajadoras alertan del deterioro irreversible en el que se encuentra la empresa, por la irresponsabilidad de la dirección y la pasividad institucional delante de esta nueva crisis. Así, en el momento en que
se iniciaron las movilizaciones, el personal de las fábricas de Curtis y Vilasantar tenía pendientes de cobrar las nóminas de noviembre y diciembre, la extra de diciembre y la actualización salarial correspondiente a 2025.


El personal subraya que la situación es limite y que está en riesgo no solo los puestos de trabajo, sino también el conocimiento industrial, la experiencia técnica y el capital humano construido durante décadas en un grupo que fue referencia
del sector de la madera. Cada salida forzada debilita el proyecto industrial y acerca un escenario de desmantelamiento silencioso de las fábricas. Cada semana de retraso no solo agrava la situación social de las familias afectadas, sino que
erosiona de manera silenciosa pero irreversible a confianza en la viabilidad futura del proyecto industrial.


Así pues es imprescindible un papel activo, de mediación y coordinación de las distintas autoridades que participaron con financiación pública al mantenimiento de la actividad empresarial, como fue el caso de la SEPI y el ICO, de forma que
se garantice un plan de sostenibilidad y de pagos que garantice el futuro de la empresa, la viabilidad de la actividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo.


Por todo el expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:


1. Adoptar un papel activo y, a través de la SEPI como entidad inversora, establecer canales de comunicación con la dirección de la compañía, la Xunta de Galiza y los comités de empresa de las fábricas ASERPAL y LOSAN para participar en el
diseño de un plan de viabilidad para el Grupo Losán que asegure el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo.


2. Evaluar el resultado de las inversiones públicas en el sector industrial e impulsar las reformas precisas que garanticen que las empresas que reciban fondos públicos mantengan una actividad estable y duradera así como los puestos de
trabajo sin que puedan acudir a ERES, cierres y/o deslocalizaciones.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

Página 65

Á Mesa do Congreso


O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á participación da SEPI nun plan de viabilidade do Grupo Losán, para o seu debate na Comisión de Industria e Turismo.


Exposición de motivos


Desde o mes de xaneiro, os traballadores e traballadoras do Grupo Losán das fábricas de Vilasantar e Curtis iniciaron unha campaña de mobilizacións ante a falta de pagamento das nóminas. Actos de denuncia e protesta que contan cun grande
apoio social e institucional atendendo á enorme importancia da empresa e do emprego que xera no conxunto da comarca, pois é a segunda maior madeireira galega polos ingresos.


A empresa iniciou EREs e fortes recortes no cadro de persoal noutros centros só catro años despois de que a SEPI inxectase 35 millóns de financiamento a través do fondo de solvencia post-covid. A achega foi aprobada no Consello de Ministros
de decembro de 2021 e consistiu concretamente nun préstamo participativo de 21,6 millóns e outro ordinario de 13,4 millóns. Chama a atención que Losán fechase o exercicio 2022, cunha facturación de 343,6 millóns, xerando lucros.


Porén, a pesar dos elevados ingresos, das achegas da SEPI, doutros 7 millóns do IGAPE e de contar tamén con 19 millóns en avais do ICO, a compañía viuse na obriga de negociar ao longo de 2024 a reestruturación duns 200 millóns de débeda. Un
plan que non se executou conforme ao pactado e que derivou nun agravamento da situación económica da empresa, o inicio de despedimentos colectivos e que, agora, está a pór en risco a continuidade da actividade da empresa e, por tanto, o mantemento
dos postos de traballo.


Os preto de 200 traballadores e traballadoras alertan do deterioro irreversíbel no que se atopa a empresa, pola irresponsabilidade da dirección e a pasividade institucional diante desta nova crise. Así, no momento en que se iniciaron as
mobilizacións, o persoal das fábricas de Curtis e Vilasantar tiña pendentes de cobrar as nóminas de novembro e decembro, a extra de decembro e a actualización salarial correspondente a 2025.


O persoal subliña que a situación é limite e que está en risco non só os postos de traballo, senón tamén o coñecemento industrial, a experiencia técnica e o capital humano construido durante décadas nun grupo que foi referencia do sector da
madeira. Cada saída forzada debilita o proxecto industrial e achega un escenario de desmantelamento silencioso das fábricas. Cada semana de atraso non só agrava a situación social das familias afectadas, senón que erosiona de maneira silenciosa
pero irreversíbel a confianza na viabilidade futura do proxecto industrial.


Así pois é imprescindíbel un papel activo, de mediación e coordinación das distintas autoridades que participaron con financiamento público ao mantemento da actividade empresarial, como foi o caso da SEPI e o ICO, de forma que se garanta un
plan de sustentabilidade e de pagamentos que garanta o futuro da empresa, a viabilidade da actividade industrial e o mantemento dos postos de traballo.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei


«O Congreso insta o Goberno do Estado a:


1. Adoptar un papel activo e, a través da SEPI como entidade mvestidora, estabelecer canles de comunicación coa dirección da compañía, a Xunta da Galiza e os comités de empresa das fábricas ASERPAL e LOSAN para participar no deseño dun plan
de viabilidade para o Grupo Losán que asegure o mantemento da actividade industrial e dos postos de traballo.

Página 66

2. Avaliar o resultado dos investimentos públicos no sector industrial e impulsar as reformas precisas que garantan que as empresas que reciban fondos públicos manteñan unha actividade estábel e duradeira así como os postos de traballo sen
que poid.an acudir a ERES, fechamentos e/ou deslocalizacións.»


Congreso, 13 de febreiro de 2026.—Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.


161/003056


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la apuesta por la promoción
cualitativa del segmento del turismo idiomático del español, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.


Exposición de motivos


El español es una de las lenguas más habladas del mundo, con más de 500 millones de hablantes y una presencia creciente en ámbitos tan relevantes como la educación, la cultura, los negocios, la diplomacia y las relaciones internacionales.
Esta realidad sitúa a España en una posición estratégica privilegiada para el desarrollo del turismo idiomático o lingüístico, entendido como aquel que tiene como principal motivación el aprendizaje o perfeccionamiento del idioma español, combinado
con la inmersión cultural en nuestro país.


Así, el turismo idiomático no solo genera un impacto económico directo en sectores como la hostelería, el transporte o el comercio, sino que también contribuye a la desestacionalización del turismo, a la diversificación de destinos,
especialmente en ciudades de tamaño mediano y entornos rurales, así como al fortalecimiento de la Marca España en el exterior.


A día de hoy, España cuenta con una extensa red de universidades públicas y privadas, escuelas de español para extranjeros, así como con instituciones culturales de reconocido prestigio que promueven nuestra lengua, nuestra historia y
nuestro patrimonio cultural e histórico. Sin embargo, el potencial del turismo idiomático no está siendo plenamente aprovechado de manera coordinada y estratégica entre las diferentes Administraciones Públicas, el sistema universitario y las
instituciones culturales.


En este contexto, el impulso del turismo idiomático debe abordarse desde una visión integral que combine la excelencia académica, la promoción cultural y la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de nuestro país, favoreciendo
para ello la colaboración público-privada y reforzando la cooperación institucional.


En este sentido, conviene subrayar aquí que el conjunto de las escuelas pertenecientes a la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros (FEDELE), registró un incremento de prácticamente un 30 % en la cifra de
estudiantes extranjeros que utilizaron sus servicios en 2023, en concreto, hasta alrededor de 133.500 estudiantes, tratándose de datos muy similares a la cifra récord alcanzada en el último año prepandemia 2019. Asimismo, añadir que según datos
facilitados por esta misma organización, estas escuelas aportan más de 400 millones de euros a la economía española.


Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular considera necesario promover iniciativas que favorezcan el turismo idiomático como motor de desarrollo económico, cultural y educativo, contribuyendo al conocimiento y difusión
de la lengua

Página 67

española, de nuestra historia, así como de nuestra riqueza cultural en el ámbito internacional.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las medidas siguientes:


1. Impulsar una estrategia nacional de turismo idiomático o lingüístico del español, que aproveche la proyección internacional del español como uno de los idiomas más hablados del mundo, en coordinación y colaboración con las comunidades
autónomas, entidades locales, y demás instituciones públicas, acompañando para ello a dicha estrategia de una dotación estatal específica de recursos de cara a su eficaz implementación.


2. Fomentar la colaboración con las universidades españolas, públicas y privadas, así como con centros acreditados de enseñanza del español para extranjeros, con el fin de reforzar la calidad académica y la oferta formativa vinculada al
aprendizaje del idioma


3. Promover acuerdos de cooperación con instituciones culturales que difundan la lengua española y la cultura de nuestro país, facilitando programas que integren el aprendizaje del idioma con el conocimiento de nuestra historia, tradiciones
y patrimonio histórico y cultural.


4. Apoyar la creación de programas de inmersión lingüística y cultural, especialmente dirigidos a estudiantes internacionales, que incluyan actividades culturales, visitas a bienes patrimoniales y participación en eventos culturales.


5. Potenciar la promoción internacional del turismo idiomático, destacando la diversidad cultural, histórica y territorial de nuestro país.


6. Favorecer la desestacionalización y la cohesión turística territorial, incentivando la implantación de programas de turismo idiomático en destinos menos saturados y en zonas rurales, contribuyendo así al desarrollo económico local y al
intercambio cultural.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Cristina Moreno Borrás, María Soledad Cruz-Guzmán García, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Cristina
Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Laura María Lima García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa, José Vicente Marí Bosó, Macarena Montesinos de Miguel y
Juan Bravo Baena, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Derechos Sociales y Consumo


161/003002


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de revertir
las cifras de reducción del consumo de pescado, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.

Página 68

Exposición de motivos


España sufre, al igual que el resto de los países de la Unión Europea, una alarmante reducción del consumo de pescado en los menús de las familias, una reducción que se ha agravado en estos últimos tres años, con la última crisis derivada de
la guerra de Ucrania, que ha supuesto una inflación galopante que tiene sus efectos más duros en la subida de precios de los alimentos, un alza que el gobierno no ha podido o querido evitar.


Según la más reciente encuesta del Eurobarometer (2025), el 58 % de los europeos come pescado o marisco en casa al menos una vez al mes, pero la proporción de quienes lo hacen semanalmente ha bajado: solo un tercio lo hace cada semana —un 4
% menos que en la encuesta de 2021—. Al mismo tiempo, la proporción de quienes «nunca» consumen pescado o marisco en casa ha subido hasta el 15 %. En el conjunto de la UE, el informe EU Fish Market Report 2025 señala que en 2024 el consumo
doméstico de pescado fresco cayó un 5 %. En España los datos también muestran una caída clara: según datos del sector, en 2022 la ingesta de pescado por persona fue de 19,9 kg al año, cuando en 2021 era 22,72 kg. Esto supone una caída
significativa. Un análisis reciente indica que en 2023 el consumo per cápita en España se situó en 18,56 kg/año, un 3.3 % menos que en 2022. En la serie histórica, desde 2008 el descenso es aún más marcado: disminuyeron un 32.8 % los volúmenes de
pescado consumido en hogares españoles.


En conjunto, estos datos confirman un descenso continuado del consumo de pescado en los hogares, en años recientes, al menos, tanto en Europa como en España.


Varios informes y análisis coinciden en atribuir esta tendencia a una combinación de causas estructurales, entre ellas y en primer lugar, la subida de los precios. El incremento del coste del pescado y marisco figura como la razón más
citada por los consumidores europeos para reducir su consumo. En la encuesta de 2025, un 55 % indicó que el precio era el factor decisivo al comprar pescado, por encima incluso de aspectos como la apariencia del producto.


También influye la preferencia por productos más asequibles o cómodos. Así, el descenso del consumo de pescado fresco va acompañado de un aumento relativo de alternativas más baratas o de menor coste de manipulación, como productos
congelados, conservas u otros sustitutos, cuando antes el pescado fresco era dominante.


En el mismo sentido interviene el cambio en hábitos alimentarios y abandono parcial de dietas tradicionales, incluida el consumo de pescado, especialmente entre generaciones más jóvenes, lo que concuerda con la caída más marcada en consumo
per cápita.


Otro aspecto es las mayor sensibilización y preocupaciones por la seguridad alimentaria. Factores como alertas sobre contaminantes, presencia de parásitos u otras noticias sanitarias pueden generar desconfianza en parte de la población.
Ese miedo contribuye a que se eviten ciertos tipos de pescado o a reducir o suprimir su consumo, aunque cuantificar exactamente cuánto influye es más complejo.


En un contexto de inflación general, crisis del coste de vida y limitación del poder adquisitivo de las familias, los productos percibidos como «más caros» son más vulnerables a ser sacrificados en la cesta de la compra. Esto coincide con
los datos de descenso de consumo mientras los precios han subido.


Según el European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products (EUMOFA), los precios de productos de pesca y acuicultura han crecido más que los de la carne o muchos otros alimentos en la última década. Concretamente, el
informe 2024 de la UE indica que, tras un repunte de precios en 2022-2023, el consumo doméstico de pescado fresco en la UE cayó notablemente en 2023, hasta su nivel más bajo. En España, los datos del IPC confirman una fuerte subida del coste de los
alimentos en general durante 2022-2023, cuando el grupo de «Alimentos y bebidas no alcohólicas» registró incrementos anuales del 11,6 % (2022) y 11,7 % (2023).

Página 69

Una menor adherencia a patrones alimentarios tradicionales, en particular, al modelo de dieta mediterránea y de dieta atlántica, fuertemente asociado al consumo regular de pescado, tiene importantes consecuencias económicas y para la salud.


A nivel económico, una menor demanda agrava la situación de declive que experimenta el sector, tanto para pescadores, como para las empresas, la distribución y la comercialización.


A nivel sanitario, si muchas personas reducen el consumo de pescado, pierden una fuente importante de nutrientes beneficiosos como las grasas insaturadas Omega C (menos omega-3, más uso de productos procesados, etc.) que termina influyendo
en el riesgo nutricional colectivo.


La evidencia científica disponible respalda de forma consistente el consumo regular de pescado como parte de una dieta saludable. Las principales guías nutricionales, incluidas las de organismos internacionales y nacionales, coinciden en
varios puntos clave.


Destaca los beneficios nutricionales claros y bien documentados, ya que el pescado es una de las fuentes dietéticas más ricas en ácidos grasos omega-3 de cadena larga (EPA y DHA), asociados con beneficios cardiovasculares, neurológicos y
antiinflamatorios, aporta proteínas de alta calidad, vitaminas del grupo B (especialmente B12), vitamina D y minerales como yodo, selenio y hierro (dependiendo de la especie). Los estudios epidemiológicos muestran que un consumo regular de pescado
se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular, ictus y mortalidad por todas las causas.


El conjunto del pescado es recomendable, sin excluir prácticamente ninguna especie. Las revisiones sistemáticas y las recomendaciones de salud pública no apoyan eliminar tipos de pescado por razones nutricionales, salvo por razones de
seguridad alimentaria o en grupos de población.


Esta tendencia, a las dietas que eliminan proteínas del pescado, se ve reforzada por decisiones institucionales recientes, como la del Ministerio de Consumo ha publicado el Real Decreto 315/2025, de 15 de abril de 2025 sobre Comedores
Escolares Saludables y Sostenibles, que reduce el consumo de pescado en los comedores escolares. Así mismo, está elaborando medidas similares para hospitales y residencias de mayores, lo que puede desincentivar hábitos saludables y limitar el
aporte de nutrientes esenciales que el pescado proporciona.


Recientemente, en las «XXIX Xornadas de Pesca de Celeiro (Lugo)», el cardiólogo del Hospital Universitario de A Coruña, el Dr. Guillermo Aldama, presentó los resultados de estudios en los que se han cruzado datos de 11,77 millones de
pacientes, mediante los cuales se pueden constatar los grandes beneficios para la salud del consumo de pescado, frente a las recomendaciones oficiales de limitar el número de raciones semanales, que no tienen respaldo científico actualizado y
deberían ser objeto de revisión. En concreto, se refirió a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que recomienda, en relación con las embarazadas y niños de hasta 10 años, evitar especies con alto contenido de mercurio,
recomendando en cambio para el resto de la población, entre tres y cuatro raciones por semana de todos los pescados. En su opinión, no existe el concepto de consumo excesivo de pescado, siendo necesario que se revisen estas limitaciones,
adecuándolas a la última evidencia científica. Por ello, la recomendación de 3 a 4 raciones de pescado por semana debería revisarse al alza, combinando pescado blanco y azul y alternando especies grandes y pequeñas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Revisar la última evidencia científica para delimitar con exactitud el erróneo concepto de “consumo excesivo de pescado”, limitando el efecto negativo que ya ha

Página 70

producido en los hábitos alimenticios de la población española y recuperando la confianza de los consumidores en estos productos.


2. Promover el consumo de pescado como parte fundamental de la dieta basada en el consumo de productos frescos necesaria, muy especialmente en edades tempranas, para promover la consecución de hábitos alimentarios saludables y evitar la
propagación de prejuicios basados en información no contrastada sobre perjuicios derivados de un “consumo excesivo”.


3. Rebajar el IVA del pescado para limitar, en la medida de lo posible, las subidas continuadas de los precios que este producto lleva sufriendo desde hace varios años.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.—Marta González Vázquez, Rosa Quintana Carballo, Miguel Tellado Filgueira, Álvaro Pérez López, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Tristana María Moraleja
Gómez, Cristina Abades Martínez, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Irene Garrido Valenzuela, Pedro Puy Fraga y Juan Andrés Bayón Rolo, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003026


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regulación de la venta por internet y al uso transparente de
algoritmos comerciales, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.


Exposición de motivos


El comercio de proximidad constituye un pilar esencial del modelo económico que defiende el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: un modelo centrado en las personas, en el equilibrio territorial, en la cohesión social y en la
sostenibilidad económica y ambiental. El pequeño comercio no solo genera empleo estable y de calidad, sino que cumple una función social insustituible en la vida de barrios, pueblos y ciudades, contribuyendo a combatir la despoblación, fortalecer
las economías locales y garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios.


La transformación digital de la economía y el crecimiento del comercio electrónico han modificado profundamente los hábitos de consumo y las relaciones comerciales. SUMAR defiende una digitalización al servicio del interés general, que
amplíe derechos y oportunidades, y no un modelo dominado por grandes plataformas digitales que concentran poder económico, condicionan el mercado y erosionan el tejido productivo local.


Desde Comercio Andalucía y desde múltiples organizaciones del pequeño comercio y de personas consumidoras se viene reclamando desde hace años una regulación efectiva de la venta por internet que garantice transparencia, equidad y competencia
justa entre todos los operadores, con independencia de su tamaño o de si desarrollan su actividad en entornos físicos o digitales.


Las recientes informaciones sobre el uso de algoritmos para personalizar precios, condiciones comerciales y publicidad han reforzado una preocupación compartida: la ausencia de reglas claras en el entorno digital está permitiendo prácticas
opacas que generan desconfianza en las personas consumidoras, fragmentan el mercado en función de perfiles socioeconómicos y profundizan las desigualdades territoriales y sociales.


Si bien la libertad de empresa y la libertad de fijación de precios son principios reconocidos, no pueden servir de cobertura a prácticas que, mediante sistemas

Página 71

automatizados opacos, modifiquen precios o condiciones en función del perfil del consumidor sin información clara, comprensible y accesible. Estas prácticas dificultan el ejercicio de un consumo consciente, pueden derivar en
discriminaciones económicas y trasladan al consumidor riesgos y asimetrías que deben ser corregidas por los poderes públicos.


El artículo 51 de la Constitución española establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo sus legítimos intereses económicos. Este mandato se desarrolla a través del Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que reconoce el derecho a una información veraz, suficiente y comprensible, así como a la protección frente a prácticas comerciales desleales.


En el ámbito europeo, la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, la Directiva (UE) 2019/2161 de modernización de la normativa de consumo, así como los Reglamentos de Servicios Digitales (DSA) y de Mercados Digitales
(DMA), refuerzan la obligación de transparencia de las plataformas digitales y establecen límites al uso abusivo de tecnologías algorítmicas.


El pequeño comercio cumple diariamente con exigentes obligaciones legales en materia de precios visibles, información al consumidor y transparencia. Sin embargo, las grandes plataformas digitales operan en muchos casos con ventajas
competitivas derivadas de la opacidad algorítmica y de su posición dominante, lo que genera una clara situación de competencia desleal y un impacto negativo sobre el comercio de proximidad y la cohesión territorial. Es por ello por lo que, a través
de la reciente aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, los consumidores tienen derecho a conocer cuáles son los parámetros que se utilizan para personalizar los precios y la publicidad a través de aplicaciones o plataformas
digitales. Los algoritmos deben ser transparentes y accesibles, y no podrán utilizarse parámetros discriminatorios o que exploten situaciones de urgencia o necesidad.


Desde SUMAR se considera imprescindible avanzar hacia un marco regulatorio que democratice la economía digital, limite los abusos de poder de las grandes plataformas, refuerce los derechos de las personas consumidoras y garantice que la
innovación tecnológica contribuya a un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible.


Por lo expuesto, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno a:


1. Seguir impulsando, en el marco de sus competencias y en coordinación con la normativa europea, una regulación específica del comercio electrónico que garantice la transparencia en el uso de algoritmos aplicados a la fijación de precios,
condiciones comerciales y publicidad personalizada.


2. Estudiar, en colaboración con las comunidades autónomas, la creación de un registro público de algoritmos con el objetivo de dotar de trasparencia a los sistemas que influyen en los precios o las decisiones comerciales.


3. Reforzar la aplicación en la próxima Ley de Consumo Sostenible, asegurando una protección efectiva frente a prácticas comerciales opacas, engañosas o potencialmente discriminatorias.


4. Adoptar medidas normativas y de control que eviten situaciones de competencia desleal entre grandes plataformas digitales y el comercio de proximidad, garantizando la igualdad de condiciones normativas entre el comercio físico y el
online.


5. Fortalecer los mecanismos de supervisión, inspección y sanción de las autoridades competentes en materia de consumo y competencia, en relación con el uso de algoritmos y sistemas automatizados en el comercio electrónico.


6. Promover un proceso de diálogo social y participación con las organizaciones representativas del pequeño comercio, de las personas consumidoras y del sector digital,

Página 72

con el fin de avanzar hacia un modelo de comercio digital justo, transparente y socialmente responsable.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Juan Antonio Valero Morales, Fèlix Alonso Cantorné, Francisco Sierra Caballero y Júlia Boada Danés, Diputados.—Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/002989


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al despliegue de centrales eólicas marinas en la costa de Galicia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


A finales de 2025 se inició el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria de los «Planes de ordenación del espacio marítimo de segundo ciclo», que incluye el procedimiento por el que los borradores de planes y el documento estratégico
inicial se someten a consultas con las Administraciones públicas afectadas y las partes interesadas.


Sin embargo, aunque los documentos citados reconocen que «la tecnología flotante no está tan madura como la de cimentación fija», o que la información sobre la actividad pesquera es «inexistente o incompleta», el Gobierno del Estado quiere
acelerar definitivamente la instalación de plantas eólicas marinas en las zonas de alto potencial identificadas en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).


Y a la vista de la consulta previa a los implicados que está realizando el Ministerio de Transición Ecológica para posteriormente elaborar la normativa que regule el procedimiento de subasta de las instalaciones eólicas marinas, las
declaraciones del Gobierno gallego, a través de su Consejera de Economía e Industria, exigiendo que «Galicia sea una de las primeras comunidades donde empiecen a realizarse las subastas» resultan vergonzosas e incomprensibles si la Xunta quiere
respetar y defender el futuro de la actividad pesquera y la salvaguarda de la biodiversidad.


Así, el Gobierno gallego ha manifestado en una respuesta escrita al BNG que «desde el primer momento, la Xunta tuvo claro que este desarrollo exigiría unas garantías claras de coexistencia y compatibilidad con el medio marino y con las
actividades que ya se están desarrollando, especialmente la pesquera... Por ello, antes de hablar de proyectos concretos, Galicia siempre quiso que el Gobierno central despejara todas las dudas tras la aprobación de los POEM. Al margen de la
información tenida en cuenta en el proceso de elaboración, la Xunta de Galicia sí considera que la planificación de los espacios marítimos por parte del Gobierno central se hizo sin un consenso real con la Xunta, el sector marítimo-pesquero y la
industria», pero ahora parece que el mismo Gobierno considera que las dudas que quedaban tras la aprobación del POEM han desaparecido y que ahora existen «claras garantías de coexistencia y compatibilidad con el medio marino y con la actividad ya
implantada, especialmente con la actividad pesquera».


Nada más lejos de la realidad, pues Galicia sigue siendo la primera potencia pesquera del Estado y una de las primeras de la UE, mientras que la actividad marisquera y mejillonera se extiende a diferentes puntos de nuestras costas que se

Página 73

verían afectados por las instalaciones asociadas a la eólica marina, siguen sin facilitarse informes (ni por parte del Gobierno del Estado ni de la Xunta) sobre el impacto del desarrollo de la eólica marina en el sector pesquero y los
ecosistemas marinos, el impacto claro sigue siendo no solo directo sobre el sector pesquero sino también sobre las múltiples actividades económicas relacionadas con él, y se sigue ignorando que Galicia ya cumple los objetivos de contribución
renovable a la generación eléctrica fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).


Además, una vez más, el documento del Gobierno del Estado referente al POEM de Segundo Ciclo refleja claramente la ausencia de estudios en torno a la pesca y el marisqueo, habla de la importancia del «sector económico» pero sin evaluar el
valor de esta actividad ni social ni económicamente. Tampoco incluye una sola mención a los caladeros históricos afectados por las zonas NOR 1, 2, 3, 4 y 5, y propone la creación de una única Declaración Inicial Estratégica (DIE) para los POEM de
las cinco demarcaciones marinas, sin tener en cuenta las características geológicas, climatológicas, oceanográficas y biológicas claramente diferenciadas de las distintas costas (Atlántica, Cantábrica y Mediterránea).


Por tanto, no se puede entender que el Gobierno del Estado, con el consentimiento de la Xunta de Galicia, siga avanzando en la implantación de la eólica marina en el litoral gallego, sin tener en cuenta las actividades que ya están
implantadas, que son el pilar básico de la economía de los municipios costeros de nuestro país, una actividad económica sostenible y fundamental en el mantenimiento de la soberanía y calidad alimentaria, que representan casi el 5 % del PIB gallego
en su conjunto, para apostar incondicionalmente y con los ojos cerrados por los intereses del oligopolio eléctrico, sacrificando el sector pesquero y la biodiversidad marina para favorecer un modelo depredador de los recursos de todos los gallegos.


Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado también está impulsando la regulación del procedimiento de licitación competitiva para instalaciones eólicas marinas, en otro intento por acelerar la instalación. Así, en el Real Decreto 962/2024, de
24 de septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar, aprobado en 2024, se prevé el desarrollo de este procedimiento de licitación competitiva para otorgar
simultáneamente a las instalaciones un régimen económico, la reserva de capacidad en un nudo específico de la red de transporte de energía eléctrica y la prioridad en el otorgamiento de la concesión para ocupar el dominio público marítimo y
terrestre. En esta orden ministerial, ahora sujeta a consulta pública previa, se regularán el ámbito, potencia, plazos y criterios. Sin embargo, aún falta completar los informes, estudios y evaluaciones sobre el impacto socioeconómico y sobre el
impacto sobre el medio natural y la biodiversidad marina, si bien se reconoce, una vez más, que la eólica marina flotante «no está lo suficientemente madura».


En definitiva, la eólica marina es una amenaza real, que supondrá, como ya ocurrió con la eólica terrestre en nuestro país, una profunda modificación del territorio y de la forma de vida en gran parte de Galicia. Avanzar sin contar con los
preceptivos informes, estudios y evaluaciones de costes socioeconómicos y de impacto ambiental vulnera el principio de precaución y los derechos históricos del sector pesquero gallego.


Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:


— Descartar la ampliación de áreas para el despliegue de la eólica marina en Galicia así como el inicio de las subastas que lo posibiliten debido al gran impacto sobre la biodiversidad marina y el medio natural, así como las graves
consecuencias socioeconómicas.


— Paralizar el despliegue de la energía eólica marina mediante la modificación de los Planes de Ordenación de los Espacios Marítimos de Segundo Ciclo y el desarrollo del procedimiento de licitación competitiva hasta que, como mínimo, existan
informes

Página 74

científicos que avalen la falta de impacto sobre los ecosistemas marinos y una evaluación de las consecuencias socioeconómicas que tendría la implantación de la energía eólica marina en Galicia.


— Apoyar las demandas de la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos en este sentido.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2026.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Á Mesa do Congreso


O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao despregamento da eólica mariña na costa da Galiza, para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.


Exposición de motivos


A finais de 2025, daba comezo o procedemento para a avaliación ambiental ordinaria dos «Plans de ordenación do espazo marítimo de segundo ciclo», incluíndo o trámite polo que se somete o borrador dos plans e o documento inicial estratéxico a
consultas das Administracións Públicas afectadas e persoas interesadas.


Mais, aínda que os documentos citados recoñecen que «a tecnoloxía flotante non está tan madura como a de cimentación fixa», ou que a información sobre a actividade pesqueira é «inexistente ou incompleta», o Goberno do Estado quere acelerar
definitivamente a instalación da eólica mariña nas zonas de alto potencial identificadas nos Plans de Ordenación do Espazo Marítimo (POEM).


E diante da consulta previa aos implicados que o Ministerio de Transición Ecolóxica leva a cabo para posteriormente elaborar a normativa que regule o procedemento de poxas das instalacións de eólica mariña, as declaracións do Goberno galego,
por boca da súa conselleira de Economía e Industria, reclamando que a «Galiza sexa unha das primeiras comunidades onde comecen a desenvolverse as poxas» resultan vergoñentas e incomprensíbeis se a Xunta quere respectar e defender o futuro da
actividade pesqueira e a salvagarda da biodiversidade.


Así, o Goberno galego ten afirmado en resposta escrita ao BNG que «desde un primeiro momento, a Xunta tivo claro que este desenvolvemento requiriría dunhas claras garantías de coexistencia e compatibilidade co medio mariño e coa actividade
xa implantada, de maneira especial coa actividade pesqueira... Por iso mesmo, antes de falar de proxectos concretos, a Galiza sempre quixo que o Goberno central despexara todas as dúbidas tras aprobar os POEM. Con independencia da información tida
en conta no proceso de elaboración, si que desde a Xunta da Galiza se considera que a planificación dos espazos marítimos por parte do Goberno central se fixo sen un consenso real coa Xunta, co sector marítimo-pesqueiro e coa industria», mais agora
parece que o mesmo Goberno considera que xa desapareceron as dúbidas que se mantiñan após a aprobación dos POEM e que xa existen «claras garantías de coexistencia e compatibilidade co medio mariño e coa actividade xa implantada, de maneira especial
coa actividade pesqueira».


Nada máis lonxe da realidade, pois a Galiza segue a ser a primeira potencia pesqueira do Estado e unha das primeiras da UE ao tempo que a actividade marisqueira e mexilloeira esténdese por distintos puntos das nosas costas que estarían
afectadas polas instalacións asociadas á eólica mariña, seguen sen achegarse informes (nin polo Goberno do Estado nin pola Xunta) sobre o impacto do desenvolvemento da eólica mariña no sector pesqueiro e nos ecosistemas mariños, mantense a clara
afectación non

Página 75

só directamente sobre o sector pesqueiro senón tamén sobre as múltiples actividades económicas relacionadas con el, e segue sen terse en consideración que a Galiza xa cumpre os obxectivos de contribución renovábel á xeración eléctrica
fixados no Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC).


Ademais, máis unha vez, o documento do Goberno do Estado referido aos POEM de Segundo ciclo reflicte claramente a ausencia de estudos no relativo á pesca e marisqueo, fala da importancia do «sector económico» mais sen avaliar o valor desta
actividade nin social nin economicamente. Tampouco recolle nin unha soa mención aos caladoiros históricos de pesca afectados polas zonas NOR 1, 2, 3, 4 e 5, e propón a realización dunha Declaración Inicial Estratéxica (DIE) única para os POEM das
cinco demarcacións mariñas, sen ter en conta as características xeolóxicas, climatolóxicas, oceanográficas e biolóxicas claramente diferenciadas das distintas costas (atlántica, cantábrica e mediterránea).


Así pois, non pode entenderse que o Goberno do Estado, coa anuencia da Xunta da Galiza, siga avanzando na implantación da eólica mariña na costa galega, sen ter en consideración as actividades que xa están implantadas, que son o piar básico
da economía dos concellos costeiros do noso país, unha actividade económica sustentábel e fundamental no mantemento de soberanía alimentar e de calidade, que representan no seu conxunto case o 5 % do PIB galego, para apostar incondicionalmente e cos
ollos pechados polos intereses do oligopolio eléctrico, sacrificando o sector pesqueiro e a biodiversidade mariña para favorecer un modelo depredador dos recursos de todos os galegos e galegas.


Paralelamente, o Goberno do Estado está a impulsar tamén a regulación do procedemento de concorrencia competitiva das instalacións eólicas mariñas, noutro intento por acelerar a instalación. Así, no Real Decreto 962/2024, de 24 de setembro,
polo que se regula a produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovábeis en instalacións situadas no mar, aprobado en 2024, prevese o desenvolvemento dese procedemento de concorrencia competitiva para outorgar simultaneamente ás
instalacións un réxime económico, a reserva da capacidade nun nó concreto da rede de transporte de enerxía eléctrica e a prioridade no outorgamento da concesión de ocupación do dominio público marítimo terrestre. Nesta orde ministerial, sometida
agora a consulta pública previa, regularanse a área, a potencia, os prazos e os criterios. Porén, segue faltando tamén, completar os informes, estudos e valoracións sobre a afección socio-económica e sobre o impacto no medio natural e na
biodiversidade mariña, ao tempo que recoñece, máis unha vez, que a eólica mariña flotante «non esta o suficientemente madura».


En definitiva, a eólica mariña é unha ameaza real, que implicará, como xa pasou coa eólica terrestre no noso país, unha modificación profunda do territorio e do modo de vida en grande parte da Galiza. Avanzar sen ter os informes, estudos e
valoracións do custo socio-económicos e do impacto ambiental preceptivos, vulnera o principio de precaución e os dereitos históricos do sector pesqueiro galego.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei


«O Congreso insta o Goberno do Estado a:


— Desbotar a extensión de zonas para o despregamento da eólica marina na Galiza así como o inicio das poxas que o posibiliten polo grande impacto na biodiversidade mariña e no medio natural, así como as graves consecuencias socio-económicas.


— Paralizar o despregamento da eólica marina a través na modificación dos Plans de Ord.enación dos Espazos Marítimos de Segund,o Ciclo e o desenvolvemento do procedemento de concorrencia competitiva até, no mínimo, contar cos informes
científicos que avalen a falta de impacto nos ecosistemas mariños e coa avaliación das consecuencias socioeconómicas que a implantación da eólica marina tería na Galiza.

Página 76

— Apoiar as reivindicacións da Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños a este respecto.»


Congreso dos Deputados, 9 de febrero de 2026.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do BNG, Portavoz Adxunto do GP Mixto.


161/002999


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la exención de aplicación del Reglamento de Control de la Pesca a la flota artesanal, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


El 17 de octubre de 2023, la Eurocámara daba luz verde al Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea (UE 2023/2842), que desde entonces se está aplicando progresivamente. Sin embargo, la norma fue fuertemente cuestionada por el
sector pesquero gallego, especialmente por la flota artesanal, una oposición que llevó a movilizaciones y manifestaciones en contra por sus consecuencias negativas y la falta de adaptación a las características de las diferentes flotas pesqueras.
Un rechazo que también se reflejó en el Parlamento gallego con la aprobación de iniciativas a propuesta del BNG.


Esta normativa es especialmente perjudicial para la flota artesanal, que reclama un trato específico y diferenciado, atendiendo a su singularidad. Se trata de un tipo de pesca muy respetuosa con el medio y con una implantación tradicional
en las poblaciones costeras donde contribuye a su dinamización económica, a la estabilización poblacional y a la creación de empleo.


Sin embargo, no se tuvieron en consideración las especificidades y singularidades propias de la flota artesanal a la hora de aplicar un reglamento que fomenta una hiperregulación en un contexto en el que ya prevalece una estricta regulación,
y con un aumento de la burocracia, lo que dificulta la actividad pesquera habitual. Sin olvidar las exigencias materiales y de digitalización, como el diario electrónico, que implican un coste económico y complican la actividad de la flota pesquera
artesanal.


Además, la norma obliga a todos los buques de más de 18 metros, susceptibles de cometer incumplimientos, principalmente de la obligación de desembarque, a llevar cámaras a bordo, sin definir exactamente cuáles son «susceptibles de cometer
incumplimientos» y extendiendo la incertidumbre a todos. Además, deja a la discreción de los distintos Estados la posibilidad de ampliar la cobertura de las cámaras a los buques de menos de 18 metros. Asimismo, generaliza el diario electrónico a
partir de 2030, incluso para los buques de menos de 9 metros, rango en el que se encuentra la mayor parte de la flota costera y artesanal gallega.


Por otra parte, la norma introduce dispositivos de control de potencia en los motores de los buques a partir de 2027, a pesar de que la potencia de los motores no incrementa la capacidad de pesca, que ya está sujeta a los TAC y a cuotas en
la inmensa mayoría de las pesquerías. También modifica el régimen de infracciones y sanciones, una cuestión que está generando grandes preocupaciones en la flota al considerarse no proporcionales a las catalogadas como graves.


El Reglamento fue objeto de una queja ante el Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE por parte de la Federación Nacional de Confradías, que demandaron que se tuvieran en cuenta las peculiaridades de las flotas de las distintas

Página 77

zonas y de las artes que se emplean, además de requerir medidas de apoyo para poder adaptarse a las nuevas exigencias. Sin embargo, sus reclamaciones no fueron tomadas en cuenta.


A partir del 10 de enero, entró en vigor la regulación que exige notificación previa de entrada en puerto para embarcaciones de 12 metros o más de eslora, y mientras el Reglamento fijaba un mínimo de cuatro horas, el Ministerio proponía
reducirla a dos horas y media. Una medida que no se adapta a la flota de bajura, que trabaja pegada a la costa, próxima al puerto, con mareas breves y con los artes montados hasta fases muy cercanas al amarre. Critican decisión de fijar horarios
rígidos que nada tienen que ver con la actividad pesquera artesanal.


Además, también entran en vigor los diarios electrónicos que obligan a los barcos de más de 12 metros de eslora a registrar todo el pescado que capturen, independientemente de su peso, una medida difícil de cumplir para muchas embarcaciones
que carecen de sistema de pesaje y de los medios necesarios para pesar pequeñas cantidades. Tal y como relatan los propios marineros, los pesajes a bordo son complicados y el requisito de no poder superar el 20 % es difícil.


Desde comienzos de año, el sector pesquero gallego viene mostrando su rechazo y malestar con la aplicación de la nueva normativa, protagonizando concentraciones masivas y manifestaciones de protesta en las diferentes localidades portuarias
de Galicia.


Las distintas cofradías han manifestado claramente que normas como el diario electrónico resultan inasumibles para las flotas de bajura, así como también es inviable realizar ocho comunicaciones diarias, declarar las capturas de cada
especie, su posición exacta o comunicar con antelación la llegada a puerto, pues supone una carga burocrática que dificulta el normal desarrollo de la actividad pesquera. Consideran que la norma está pensada para grandes buques cuya actividad no
tiene nada que ver con la que realizan las flotas artesanales.


Tras las multitudinarias protestas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se comprometió con el sector pesquero a flexibilizar la aplicación del Reglamento de Control de la Pesca. Así, aseguró que se adoptarán medidas para
establecer que los errores en la estimación de cantidades en el diario de a bordo en capturas inferiores a 50 kg no constituirán una infracción, si la declaración de desembarque incluye el número correcto de cantidades por especie, y que se darán
instrucciones concretas a los servicios de inspección para materializar la directriz. Además, el Estado español afirmó que solicitará a la Comisión Europea una modificación del Reglamento sobre este punto. Una cuestión que se comprometió a llevar
al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca del pasado 26 de enero.


Asimismo, regulará que la obligación de facilitar información de las capturas por operación de pesca recogida en el artículo 14.2.g) del Reglamento se entienda que se cumple cuando se presta, al menos, una vez al día, antes de entrar en
puerto o en el lugar de desembarque.


En relación con la notificación previa, la Secretaría General de Pesca establecerá que la notificación se realizará cuando el buque ponga rumbo a puerto, salvo que existan otros plazos específicos.


Sin embargo, gran parte del sector expresó sus críticas a este acuerdo por ser claramente insuficiente, quedando sin solucionar la mayoría de las demandas del sector. Por lo tanto, los buques de más de 12 metros siguen sujetos al requisito
de notificación previa de dos horas y media para estar en el plan demersal, e incluso es dudoso que puedan quedar exentos si pescan especies distintas. Además, en relación con las anotaciones, el sector exigió que las especies que no superen los 50
kg de captura queden exentas de ser anotadas, sin embargo, ahora, la obligación de declarar se mantiene, aunque con la flexibilidad antes citada. Asimismo, los errores en especies siguen siendo infracciones y siguen sin aclararse otras dudas en la
aplicación del Reglamento a la flota artesanal.

Página 78

En definitiva, no puede entenderse que la cuestión esté solucionada, es preciso que el Ministerio mantenga un diálogo abierto con las flotas artesanales y acepte sus demandas.


Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno del Estado y, en concreto, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a:


1. Establecer una moratoria a la aplicación de las normas del Reglamento de Control de la Pesca a la flota costera mientras se trabaja en la búsqueda de soluciones y medidas ajustadas a la actividad que desempeñan, contemplando incluso la
exención de la flota artesanal.


2. Flexibilizar la aplicación de las normas del Reglamento de Control de la Pesca que entró en vigor el 10 de enero de 2026 para la flota artesanal, teniendo en cuenta sus singularidades y características específicas, adoptando normas
realistas y acordes con la actividad de las flotas de bajura, que deberá incluir el establecimiento de un sistema simplificado de pesaje para las capturas de poco volumen, recuperando el sistema hasta ahora vigente, para que solo se pesen las
capturas superiores a 50 kilos; reducir la carga burocrática derivada de la aplicación del diario electrónico; así como eliminar o reducir la obligación de comunicar con antelación determinada la llegada a puerto.


3. Impulsar en la próxima revisión de la Política Pesquera Común (PPC) una diferenciación clara entre la pesca artesanal y la pesca industrial, teniendo en cuenta no solo los metros de eslora de los buques, sino también criterios como la
distancia a los caladeros, la duración máxima de las mareas, la utilización de artes de pesca sostenibles o el número máximo de tripulantes a bordo.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Á Mesa do Congreso


O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á exención de aplicación do Regulamento de Control da Pesca na frota artesanal para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.


Exposición de motivos


O 17 de outubro de 2023 a Eurocámara daba luz verde ao Regulamento de Control Pesqueiro de la Unión Europea (UE 2023/2842) que desde entón veu sendo aplicando progresivamente. Porén, a norma foi fortemente cuestionado polo sector pesqueiro
galego, especialmente pola frota de pesca artesanal, unha oposición que levou a mobilizacións e manifestacións en contra debido ás súas consecuencias negativas e pola falta de adaptación ás características das distintas frotas pesqueiras. Un
rexeitamento que tamén tivo reflexo no Parlamento galego coa aprobación de iniciativas a proposta do BNG.


Esta normativa é especialmente prexudicial para a frota artesanal que reclama un trato específico e diferenciado, atendendo a súa singularidade. Trátase dun tipo de pesca moi respectuosa co medio e cunha implantación tradicional nas
poboacións costeiras onde contribúe á súa dinamización económica, á fixación de poboación e á xeración de emprego.

Página 79

Porén, non se tiveron en consideración as especificidades e singularidades da propias da frota artesanal á hora de aplicar un regulamento que fomenta unha hiperregulación, nun contexto no que xa rexe unha estrita regulación, e cun aumento da
burocracia, que fan máis dificultosa a actividade pesqueira habitual. Sen esquecer as exixencias materiais e de dixitalización, como o diario electrónico, que implican un custe económico e complican a actividade da frota de pesca artesanal.


Ademais, a norma obriga a que todos os buques de máis de 18 metros, susceptíbeis de cometer incumprimentos, principalmente da obriga de desembarque, leven cámaras a bordo, sen definir cales son exactamente os «susceptíbeis de cometer
incumprimentos» e estendendo a todos a incerteza. Ademais, deixa ao arbitrio dos diferentes Estados poder ampliar a cobertura de cámaras a buques de menos de 18 metros. Así mesmo, xeneraliza o diario electrónico despois de 2030, mesmo para os
buques de menos de 9 metros, rango no que se encontra a maior parte da frota de baixura e artesanal galega.


Alén do máis a norma introduce dispositivos de control de potencia dos motores dos buques a partir de 2027, aínda que a potencia dos motores non incrementa a capacidade de pesca que xa está suxeita a TACs e cotas na inmensa maioría das
pesqueiras. Tamén modifica o réxime de infraccións e sancións, cuestión que está a xerar grande preocupación na frota ao considerarse non proporcionais as catalogadas como graves.


O Regulamento foi obxecto dunha queixa ante o comisario de Medio Ambiente, Océanos e Pesca da UE por parte da Federación Nacional de Confrarías, demandando que se tivese en conta as peculiaridades das frotas das distintas zonas e das artes
que se empregan, ademais de requirir medidas de apoio para poder adaptarse ás novas esixencias. Porén, as súas reclamacións non foron tidas en conta.


O 10 de xaneiro, entrou en vigor a regulación que exixe a notificación previa de entrada no porto para barcos de 12 ou máis metros de eslora que, aínda que o Regulamento fixaba nun mínimo de catro horas, o Ministerio propoñía reducilo a só
dúas horas e media. Unha medida que non se adapta á frota de baixura que traballa pegada á costa, próxima ao porto e con mareas breves e coa arte calada ate fases moi próximas ao amarre. Critican a decisión de marcar horarios ríxidos que nada
teñen que ver coa actividade pesqueira artesanal.


Ademais, tamén entran en vigor os diarios electrónicos que obrigan aos barcos de máis de 12 metros de eslora a anotar todos os peixes que capturan, independentemente do seu peso, unha medida de difícil cumprimento en moitas embarcacións que
carecen de sistema de pesada e dos medios precisos para pesar pequenas cantidades. Tal e como relatan os propios mariñeiros, os pesados a bordo son complicados e a exixencia de non poder pasarse nun 20 % é difícil.


Desde comezos de ano, o sector pesqueiro galego está mostrando o seu rexeitamento e malestar pola aplicación da nova regulación, protagonizando masivas concentracións e manifestacións de protesta en nas distintas vilas portuarias da Galiza.


As distintas confrarías manifestaron claramente que normas como o diario electrónico resultan inasumíbeis para as frotas de baixura, así como tamén é inviábel realizar oito comunicacións por xornada, declarar as capturas de cada especie, a
súa posición exacta ou a comunicación de chegada a porto con antelación, pois implica unha carga burocrática que dificulta o normal desenvolvemento da actividade pesqueira. Consideran que a norma está pensada para os grandes buques cuxa actividade
nada ten a ver coa que desenvolven as frotas artesanais.


Despois das masivas protestas o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación comprometeuse co sector pesqueiro flexibilizar a aplicación do Regulamento de Control da Pesca. Así, aseguraba que se adoptarían medidas para estabelecer que os
erros na estimación das cantidades no diario de a bordo en capturas inferiores a 50 kg no constituirán una infracción, se a declaración de desembarque recolle a cifra correcta de cantidades por especie, e que se darían as instrucións concretas aos
servicios de inspección para materializar esta directriz. Ademais, o Estado español dixo solicitar unha modificación do Regulamento neste punto á Comisión Europea. Cuestión que se

Página 80

comprometeu a levar ao Consello de Ministros de Agricultura e Pesca do pasado 26 de xaneiro.


Así mesmo, regulará que a obriga de facilitar información das capturas por operación de pesca recollida no art. 14.2.g) do Regulamento se entenda cumprida cando se facilite, no mínimo, unha vez ao día, antes da entrada a porto ou no lugar
de desembarque.


En relación á notificación previa, a Secretaría Xeral de Pesca estabelecerase, que a notificación se fará cando o buque poña rumbo ao porto, salvo cando existan outros prazos específicos.


Con todo, unha grande parte do sector manifestou a súa crítica a este acordo por ser claramente insuficiente, quedando sen solucionar a maioría das demandas do sector. Así pois, os buques de máis de 12 metro seguen suxeitos á comunicación
previa de dúas horas e media por estar no plan de demersais, e mesmo é dubidoso que podan quedar excepcionadas se faenan especies distintas. Ademais no referido ás anotacións o sector reclamaba que as especies que non superasen os 50 kg de captura
quedasen exentos de seren anotadas, porén agora, a obriga de declaración mantense, aínda que coa flexibilidade antes citada. Así mesmo, os erros nas especies seguen a ser infraccións e seguen sen aclararse outras dúbidas na aplicación do
Regulamento á frota artesanal.


En definitiva, non pode entenderse solucionada a cuestión, é preciso que o Ministerio manteña o diálogo aberto coas frotas artesanais e acolla as súas demandas.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei


«O Congreso insta o Goberno do Estado e, concretamente, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a:


1. Estabelecer unha moratoria na aplicación das normas do Regulamento de Control de Pesca á frota de baixura mentres se traballa na procura de solucións e medidas axustadas a actividade que desempeñan, contemplando mesmo a exención da frota
artesanal.


2. Flexibilizar a aplicación das normas do Regulamento de Control de Pesca que entraron en vigor o 10 de xaneiro de 2026, para a frota artesanal, tendo en conta as súas singularidades e características específicas, adoptando normas
realistas e conforme á actividade das frotas de baixura, que debe incluír o estabelecemento dun sistema simplificado de pesado para as capturas de pouco volume, recuperando o sistema ate agora vixente, para que se pesen so as capturas que superen os
50 quilos; reducir a carga burocrática derivada da aplicación do diario electrónico; así como, eliminar ou reducir a obriga de comunicar con antelación determinada a chegada a porto.


3. Impulsar na vindeira revisión da Política Pesqueira Común (PPC) a diferenciación clara entre pesca artesanal e pesca industrial, atendendo non só aos metros de eslora dos buques, senón tamén a criterios como a distancia ao caladoiro, a
duración máxima das mareas, a utilización de artes de pesca sustentábeis ou o número máximo de tripulantes a bordo.


Congreso dos Deputados, 10 de febrero de 2026.—Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do GP Mixto.


161/003000


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para defender la gestión basada en
datos y

Página 81

evitar decisiones centralizadas que ignoren la realidad territorial en la gestión de la anguila, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La protección de las especies y del medio marino se ha convertido en una prioridad para las administraciones y la sociedad, lo que ha llevado a imponer normas más estrictas sobre la actividad pesquera. Medidas como las vedas, las cuotas de
captura, la creación de áreas marinas protegidas o el uso de artes de pesca más selectivas buscan preservar la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas a largo plazo.


El principal reto consiste en compatibilizar la conservación de las especies con la viabilidad económica y social de la actividad pesquera, promoviendo un equilibrio que permita mantener el empleo, la actividad tradicional y el tejido
productivo de las comunidades locales sin comprometer el futuro de los recursos. El sector pesquero ha asumido y cumplido las limitaciones impuestas, siendo el primer interesado en garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende su
actividad.


Para que las decisiones en materia de conservación sean eficaces, aceptadas socialmente y sostenibles en el tiempo, resulta imprescindible que se fundamenten en conocimiento científico contrastado, evaluación de resultados reales y modelos
de gestión adaptativa, así como en la colaboración con aquellos territorios que han demostrado capacidad de gestión eficaz y responsable.


La anguila europea es una especie catádroma con un ciclo vital complejo. Se trata de un pez migratorio que pasa la mayor parte de su vida en aguas continentales —ríos y lagos— y migra al mar para desovar y reproducirse. La actividad
pesquera sobre esta especie se desarrolla exclusivamente en aguas interiores, mientras que la acuicultura, aunque en crecimiento, depende todavía de la captura de angulas silvestres, ya que no existe aún el conocimiento científico necesario para
lograr su reproducción en cautividad.


Desde 2003, la Unión Europea ha venido impulsando un marco común para la recuperación de la anguila, destacando el Reglamento CE 1100/2007 por el que se establecen medidas para la recuperación de la anguila europea. Dicho Reglamento obliga
a los Estados miembros a elaborar Planes de Gestión de la Anguila, que se ajusten a las circunstancias regionales y locales, tomando como referencia las cuencas hidrográficas definidas en la Directiva 2000/60/CE.


Los Planes de Gestión de la Anguila Europea en España fueron aprobados en octubre de 2010. El sistema se estructura en un Plan de Gestión Nacional, que establece las bases, objetivos, estructura y medidas de evaluación y seguimiento, y que
incluye además un resumen de los planes específicos: once de ámbito autonómico y uno correspondiente a la Cuenca del Ebro. Además, para el tramo internacional del río Miño se elaboró un plan de gestión conjunto entre España y Portugal, aprobado
por la Comisión Europea el 21 de mayo de 2012. Los planes han permitido la realización de estudios, asesoramiento e informes científicos, para conocer mejor la biología de la especie, desarrollo de repoblaciones, mejora de la permeabilidad de los
cauces y medidas de vigilancia y estudios de calidad del agua y estado sanitario de las anguilas, etc...


Por otra parte, en lo que respecta al comercio internacional, la especie se incluyó en el Anexo II del Convenio CITES, con efectos a partir del 13 de marzo de 2009.


Sin embargo, el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de impulsar la inclusión de la anguila en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en la categoría de «En peligro de
extinción» genera una profunda preocupación en aquellos territorios que llevan décadas aplicando modelos de gestión rigurosos y con resultados contrastados.


Galicia constituye un ejemplo claro de gestión responsable, basada en planes de control del esfuerzo pesquero, lucha contra el furtivismo, seguimiento científico continuo y participación activa del sector. Estos instrumentos han permitido
mantener la actividad tradicional dentro de parámetros de sostenibilidad y con indicadores de evolución positivos.

Página 82

Si bien los resultados del último informe de post-evaluación del Plan de Gestión de la Anguila español, presentado en la primavera de 2025, muestran que aún no se han alcanzado los objetivos fijados en el Reglamento del Consejo Europeo de
2007, del mismo modo, el informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES en inglés) sobre el estado de los Planes en el conjunto de Europa no es muy alentador, Sin embargo ni los informes, ni las recomendaciones científicas
internacionales imponen la adopción de prohibiciones generalizadas como única vía de actuación. La conservación eficaz exige diferenciar, evaluar y reconocer que modelos funcionan y cuales no, evitando decisiones uniformes que no corresponden a la
realidad biológica y socioeconómica de cada cuenca. En este sentido. La protección de una especie no puede convertirse en una coartada para restringir actividades legales, reguladas y sometidas a control científico, sin demostrar previamente que
dichas restricciones aportan mejores resultados que los modelos de gestión adaptativa ya existentes. La experiencia acumulada por determinadas comunidades autónomas debe ser un activo integral no un obstáculo ignora.


Además, resulta especialmente preocupante que una medida con impacto directo sobre el sector pesquero esté siendo impulsada desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sin que se haya conocido hasta la fecha una
posición clara por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, departamento competente en materia de ordenación, gestión y defensa del sector pesquero.


Esta situación genera incertidumbre en el sector y pone de manifiesto la necesidad de garantizar la coherencia de la acción del Gobierno, evitando que decisiones en materia de conservación se adopten sin la participación activa del
departamento responsable de la política pesquera.


Estamos convencidos de que la recuperación de la anguila pasa necesariamente por incrementar las medidas para la recuperación de la especie, reforzar la lucha contra el furtivísimo y el tráfico ilegal internacional, principales amenazas para
la especie, y no exclusivamente por restringir actividades legales, reguladas y sometidas a control científico.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. No impulsar ninguna iniciativa de catalogación estatal de la anguila en categorías de máxima protección sin evaluar previamente, de forma objetiva y diferenciada, los resultados de los planes autonómicos de gestión existentes.


2. Revisar el Plan de Gestión Nacional de la Anguila e instar a las comunidades autónomas a la actualización de sus planes, reconociendo expresamente el papel de las comunidades autónomas que han desarrollado modelos eficaces de gestión
sostenible, incorporando sus datos científicos y experiencia en el proceso de toma de decisiones.


3. Garantizar que cualquier decisión futura se base en análisis científicos diferenciados por cuencas hidrográficas, evitando decisiones generalistas que no responden a la realidad biológica, ambiental y socioeconómica de cada territorio.


4. Priorizar la recuperación de los hábitats, la lucha contra el furtivismo y el tráfico ilegal internacional de anguila como principal eje de recuperación de la especie.


5. Evaluar previamente el impacto socioeconómico de cualquier medida restrictiva sobre las comunidades locales que dependen de esta actividad tradicional.


6. Adoptar, en su caso, las medidas de protección necesarias en el marco de la legislación de la Unión Europea, garantizando su coherencia con la política pesquera y con los modelos de gestión ya implantados.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.—Rosa Quintana Carballo, Ainhoa Molina León, César Sánchez Pérez, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena,

Página 83

María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Sergio Sayas
López y Ana Martínez Labella, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003001


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de revertir
las cifras de reducción del consumo de pescado, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


España sufre, al igual que el resto de los países de la Unión Europea, una alarmante reducción del consumo de pescado en los menús de las familias, una reducción que se ha agravado en estos últimos tres años, con la última crisis derivada de
la guerra de Ucrania, que ha supuesto una inflación galopante que tiene sus efectos más duros en la subida de precios de los alimentos, un alza que el gobierno no ha podido o querido evitar.


Según la más reciente encuesta del Eurobarometer (2025), el 58 % de los europeos come pescado o marisco en casa al menos una vez al mes, pero la proporción de quienes lo hacen semanalmente ha bajado: solo un tercio lo hace cada semana —un 4
% menos que en la encuesta de 2021—. Al mismo tiempo, la proporción de quienes «nunca» consumen pescado o marisco en casa ha subido hasta el 15 %. En el conjunto de la UE, el informe EU Fish Market Report 2025 señala que en 2024 el consumo
doméstico de pescado fresco cayó un 5 %.


En España los datos también muestran una caída clara: según datos del sector, en 2022 la ingesta de pescado por persona fue de 19,9 kg al año, cuando en 2021 era 22,72 kg. Esto supone una caída significativa. Un análisis reciente indica
que en 2023 el consumo per cápita en España se situó en 18,56 kg/año, un 3.3 % menos que en 2022. En la serie histórica, desde 2008 el descenso es aún más marcado: disminuyeron un 32.8 % los volúmenes de pescado consumido en hogares españoles.


En conjunto, estos datos confirman un descenso continuado del consumo de pescado en los hogares, en años recientes, al menos, tanto en Europa como en España.


Varios informes y análisis coinciden en atribuir esta tendencia a una combinación de causas estructurales, entre ellas y en primer lugar, la subida de los precios. El incremento del coste del pescado y marisco figura como la razón más
citada por los consumidores europeos para reducir su consumo. En la encuesta de 2025, un 55 % indicó que el precio era el factor decisivo al comprar pescado, por encima incluso de aspectos como la apariencia del producto.


También influye la preferencia por productos más asequibles o cómodos. Así, el descenso del consumo de pescado fresco va acompañado de un aumento relativo de alternativas más baratas o de menor coste de manipulación, como productos
congelados, conservas u otros sustitutos, cuando antes el pescado fresco era dominante.


En el mismo sentido interviene el cambio en hábitos alimentarios y abandono parcial de dietas tradicionales, incluida el consumo de pescado, especialmente entre generaciones más jóvenes, lo que concuerda con la caída más marcada en consumo
per cápita.

Página 84

Otro aspecto es las mayor sensibilización y preocupaciones por la seguridad alimentaria. Factores como alertas sobre contaminantes, presencia de parásitos u otras noticias sanitarias pueden generar desconfianza en parte de la población.
Ese miedo contribuye a que se eviten ciertos tipos de pescado o a reducir o suprimir su consumo, aunque cuantificar exactamente cuánto influye es más complejo.


En un contexto de inflación general, crisis del coste de vida y limitación del poder adquisitivo de las familias, los productos percibidos como «más caros» son más vulnerables a ser sacrificados en la cesta de la compra. Esto coincide con
los datos de descenso de consumo mientras los precios han subido.


Según el European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products (EUMOFA), los precios de productos de pesca y acuicultura han crecido más que los de la carne o muchos otros alimentos en la última década. Concretamente, el
informe 2024 de la UE indica que, tras un repunte de precios en 2022-2023, el consumo doméstico de pescado fresco en la UE cayó notablemente en 2023, hasta su nivel más bajo. En España, los datos del IPC confirman una fuerte subida del coste de los
alimentos en general durante 2022-2023, cuando el grupo de «Alimentos y bebidas no alcohólicas» registró incrementos anuales del 11,6 % (2022) y 11,7 % (2023).


Una menor adherencia a patrones alimentarios tradicionales, en particular, al modelo de dieta mediterránea y de dieta atlántica, fuertemente asociado al consumo regular de pescado, tiene importantes consecuencias económicas y para la salud.


A nivel económico, una menor demanda agrava la situación de declive que experimenta el sector, tanto para pescadores, como para las empresas, la distribución y la comercialización.


A nivel sanitario, si muchas personas reducen el consumo de pescado, pierden una fuente importante de nutrientes beneficiosos como las grasas insaturadas Omega C (menos omega-3, más uso de productos procesados, etc.) que termina influyendo
en el riesgo nutricional colectivo.


La evidencia científica disponible respalda de forma consistente el consumo regular de pescado como parte de una dieta saludable. Las principales guías nutricionales, incluidas las de organismos internacionales y nacionales, coinciden en
varios puntos clave.


Destaca los beneficios nutricionales claros y bien documentados, ya que el pescado es una de las fuentes dietéticas más ricas en ácidos grasos omega-3 de cadena larga (EPA y DHA), asociados con beneficios cardiovasculares, neurológicos y
antiinflamatorios, aporta proteínas de alta calidad, vitaminas del grupo B (especialmente B12), vitamina D y minerales como yodo, selenio y hierro (dependiendo de la especie). Los estudios epidemiológicos muestran que un consumo regular de pescado
se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular, ictus y mortalidad por todas las causas.


El conjunto del pescado es recomendable, sin excluir prácticamente ninguna especie. Las revisiones sistemáticas y las recomendaciones de salud pública no apoyan eliminar tipos de pescado por razones nutricionales, salvo por razones de
seguridad alimentaria o en grupos de población.


Esta tendencia, a las dietas que eliminan proteínas del pescado, se ve reforzada por decisiones institucionales recientes, como la del Ministerio de Consumo ha publicado el Real Decreto 315/2025, de 15 de abril de 2025 sobre Comedores
Escolares Saludables y Sostenibles, que reduce el consumo de pescado en los comedores escolares. Así mismo, está elaborando medidas similares para hospitales y residencias de mayores, lo que puede desincentivar hábitos saludables y limitar el
aporte de nutrientes esenciales que el pescado proporciona.


Recientemente, en las «XXIX Xornadas de Pesca de Celeiro (Lugo)», el cardiólogo del Hospital Universitario de A Coruña, el Dr. Guillermo Aldama, presentó los resultados de estudios en los que se han cruzado datos de 11,77 millones de
pacientes, mediante los cuales se pueden constatar los grandes beneficios para la salud del consumo de pescado, frente a las recomendaciones oficiales de limitar el número de raciones semanales, que no tienen respaldo científico actualizado y
deberían ser objeto de

Página 85

revisión. En concreto, se refirió a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que recomienda, en relación con las embarazadas y niños de hasta 10 años, evitar especies con alto contenido de mercurio, recomendando en
cambio para el resto de la población, entre tres y cuatro raciones por semana de todos los pescados. En su opinión, no existe el concepto de consumo excesivo de pescado, siendo necesario que se revisen estas limitaciones, adecuándolas a la última
evidencia científica. Por ello, la recomendación de 3 a 4 raciones de pescado por semana debería revisarse al alza, combinando pescado blanco y azul y alternando especies grandes y pequeñas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Revisar la última evidencia científica para delimitar con exactitud el erróneo concepto de «consumo excesivo de pescado», limitando el efecto negativo que ya ha producido en los hábitos alimenticios de la población española y recuperando
la confianza de los consumidores en estos productos.


2. Promover el consumo de pescado como parte fundamental de la dieta basada en el consumo de productos frescos necesaria, muy especialmente en edades tempranas, para promover la consecución de hábitos alimentarios saludables y evitar la
propagación de prejuicios basados en información no contrastada sobre perjuicios derivados de un «consumo excesivo».


3. Rebajar el IVA del pescado para limitar, en la medida de lo posible, las subidas continuadas de los precios que este producto lleva sufriendo desde hace varios años.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.—Marta González Vázquez, Rosa Quintana Carballo, Miguel Tellado Filgueira, Álvaro Pérez López, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Tristana María Moraleja
Gómez, Cristina Abades Martínez, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Irene Garrido Valenzuela, Pedro Puy Fraga y Juan Andrés Bayón Rolo, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003003


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer las bases de una
Estrategia Nacional de Relevo Generacional, dentro del marco propuesto por la Comisión Europea, para apoyar a los jóvenes agricultores y conseguir que la agricultura sea más atractiva, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La agricultura europea enfrenta una grave falta de relevo generacional, una de las mayores amenazas a la continuidad del sector primario, y ello supone una amenaza real para garantizar nuestra soberanía y seguridad alimentaria en las
próximas décadas. La edad media de los agricultores en la UE supera los 57 años y solo el 12 % tiene menos de 40 años. En España, los menores de 40 años suponen el 36.8 % del empleo agrario y gestionan solo el 8.9 % de las explotaciones. Este
desequilibrio amenaza la continuidad del sector primario, y agrava el problema de la despoblación.

Página 86

El sector primario, vinculado al medio rural, se ve afectado por la despoblación generalizada que lastra estas zonas. Muchos jóvenes optan por profesiones en sectores distintos al primario, o se trasladan a zonas urbanas en busca de mejores
servicios públicos. Como resultado, numerosas explotaciones se abandonan o se venden, lo que está acelerando la concentración agraria en Europa, incluida España.


Incluso quienes desean incorporarse al sector encuentran numerosos obstáculos. La agricultura exige una alta inversión inicial y ofrece retornos inciertos. Los precios elevados de la tierra y las barreras fiscales y administrativas
dificultan la compra o herencia de explotaciones, mientras que el acceso al crédito sigue siendo limitado. Finalmente, la situación para los jóvenes agricultores se complica por las carencias en formación empresarial, digital y ambiental, así como
la falta de asesoramiento especializado para emprender o asumir la gestión de explotaciones.


Para responder a este desafío, la Comisión Europea presentó el 21 de octubre de 2025 su «Estrategia para el relevo generacional en la agricultura», que busca duplicar hasta el 24 % la proporción de jóvenes agricultores en 2040. La propuesta
se estructura en cinco ejes o áreas estratégicas de acción: Acceso a financiación y crédito; Acceso a formación y capacidades; Acceso a la tierra; Resiliencia, condiciones de vida justa y nuevas formas de ingresos; y Sucesión y jubilación.


Estas acciones se deberán abordar en el marco de las Estrategias nacionales de relevo generacional, que los Estados miembro deberán incluir obligatoriamente en los Planes Nacionales y Regionales introducidos en la propuesta de Marco
Financiero Plurianual (MFP) post-2028. Su implementación requerirá dedicar al menos el 6 % del gasto agrícola al relevo generacional, un «Starter Pack» de hasta 300.000 euros y la creación de una ventanilla única nacional para asistir a los jóvenes
agricultores.


A pesar de que la Comisión Europea está abordando la grave situación del relevo generacional, la propuesta fue recibida con cautela por organizaciones agrarias que criticaron su falta de ambición y dotación económica, y ven la propuesta con
cierto escepticismo, valorando algunos aspectos, pero dudando de su eficacia ante la previsible reducción en los fondos de la PAC post-2028. En ese sentido el European Council of Young Farmers (CEJA) ha cuestionado su efectividad ante la probable
reducción del presupuesto de la PAC. A nivel nacional, algunas organizaciones agrarias han denunciado la falta de apoyo real de la Comisión, tildándola de «mera declaración de intenciones».


De lo anterior se deduce, que la estrategia propuesta por la Comisión, que se incorpora a las propuestas del MFP, está condenada al fracaso si no está respaldada por una política agrícola específica para tal efecto, y con un presupuesto
diferenciado, potente, y a prueba de inflación.


No podemos apostar por el Relevo Generacional y la incorporación al sector primario de nuestros jóvenes, sin reconocer la rentabilidad como requisito previo del relevo generacional, nuevos incentivos fiscales, alargar los plazos y la tutela
de las Administraciones a estos jóvenes, un apoyo real en las sucesiones de padres a hijos en las explotaciones, e invertir en infraestructuras de riego, innovación y digitalización, entre otras medidas.


Hemos de pensar que, actualmente, la situación ya es muy grave, y si el sector primario muere, morirán los pueblos y morirá la España rural, tan necesaria para proveer de alimentos a todos los ciudadanos, y para cuidar nuestros ecosistemas,
paisajes y medioambiente.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer las bases de una Estrategia Nacional de Relevo Generacional consensuada con las comunidades autónomas, necesaria para el futuro Plan Nacional, apoyada financieramente-por el

Página 87

Nuevo Marco Financiero Pluríanual post 2028, y de acuerdo con la Estrategia para el Relevo Generacional con vistas a 2040 presentada por la Comisión Europea.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.—Javier José Folch Blanc, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Joaquín Melgarejo
Moreno, Milagros Marcos Ortega, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Ainhoa Molina León, Rosa Quintana Carballo, Manuel García Félix, Óscar Ramajo Prada y Antonio Martínez Gómez, Diputados.—Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003015


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la competitividad y
viabilidad de las producciones de patata en España como alimento estratégico, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La patata es un cultivo estratégico en varias regiones de España, como Castilla y León, Galicia y Andalucía, generando miles de empleos directos debido a la alta demanda de horas de trabajo por hectárea, muy superior a cultivos extensivos
tradicionales como el maíz. Además, su producción contribuye significativamente a sostener la economía rural en áreas desfavorecidas.


Este cultivo también es fundamental para la seguridad alimentaria a nivel mundial, siendo el quinto cultivo más producido tras la caña de azúcar y cereales principales. En España, la patata es un alimento básico, versátil y económico, con
un alto valor nutricional que incluye hidratos de carbono, potasio, fibra y vitamina C.


Podemos considerar que se trata de un cultivo, que son fundamentales para la alimentación y que carecen de alternativas viables para su producción, siendo necesario garantizar su continuidad en un mercado cada vez más incierto.


A nivel europeo, España ocupa el séptimo lugar en superficie y producción de patata. Sin embargo, el sector enfrenta una crisis debido a un fuerte retroceso en la superficie cultivada. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), la superficie dedicada al cultivo de la patata en España ha pasado de más de 271.281 hectáreas en 1990 a 61.175 hectáreas en 2024, lo que supone una pérdida superior al 77 % en los últimos 35 años.


La reducción de la superficie destinada a la patata responde a múltiples factores, entre ellos restricciones normativas, aumento de costos, falta de apoyo institucional y competencia desleal de importaciones. Esto ha debilitado la capacidad
del sector para cubrir el consumo nacional.


Actualmente, según datos del MAPA, la producción española de patata en 2024 se situó en 1.910.622 toneladas, la segunda menor cifra desde 2017 solo superior a la de la campaña de 2022. España solo produce el 54,6 % del consumo nacional de
patata, dependiendo en gran medida de las importaciones que alcanzaron las 1.211.710 toneladas en 2024. Francia es el principal proveedor, seguido por países terceros como Egipto e Israel, que tienen estándares laborales y medioambientales menos
restrictivos.


La importación de patata de Egipto ha crecido significativamente en la Unión Europea, con un aumento del 326 % en la última década, posicionando a Egipto como el

Página 88

principal competidor del sector español de patata temprana. En España, las importaciones egipcias también han crecido notablemente.


De forma similar, las importaciones desde Israel han aumentado un 359 % en diez años, con un crecimiento particularmente acelerado en la primera mitad de 2025. Esto ha provocado una caída en los precios para los productores españoles,
quienes tienen dificultades para competir con los bajos costos de producción extranjeros.


En el caso de la patata de siembra, España depende también de las importaciones, con Países Bajos suministrando el 66 % en 2024. Esta dependencia refleja la insuficiente disponibilidad de patata de siembra nacional, lo que afecta
negativamente la sostenibilidad del cultivo en el país.


La política fitosanitaria ha reducido la disponibilidad de productos para el control de plagas y enfermedades en la patata. En 2024, se registraron graves problemas de mildiu debido a lluvias intensas y falta de productos eficaces. Las
principales amenazas fitosanitarias incluyen el gusano del alambre, vectores como pulgones, mildiu y nematodos.


Para controlar estas plagas, el sector demanda la recuperación de productos fitosanitarios específicos, como el etoprofos para el gusano del alambre, el tiametoxam para el pulgón, el mancozeb para el mildiu y el 1,3-dicloropropeno para los
nematodos.


De los cuatro problemas identificados, desde el sector se ha definido que los más problemáticos a nivel general en todo el territorio español y para los que se requiere una solución con mayor urgencia son el gusano del alambre para la patata
de consumo y el pulgón, como vector que es de virus, para la patata de siembra.


Sin embargo, el uso de muchos de estos principios activos está condicionado a autorización y su aplicación se ha restringido sistemáticamente en comparación con los países de nuestro entorno. En el periodo comprendido entre 2020 y 2023
Francia aprobó una media de 87 usos excepcionales de principios activos eliminados del catálogo europeo e Italia 85, en contraste con el caso español, donde solo se autorizaron 31.


Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Revisar el sistema de etiquetado de la patata para clarificar de forma su origen, y su fecha de producción de forma que el consumidor tenga información transparente y precisa.


2. Instar a las instituciones europeas a no prohibir la utilización de productos fitosanitarios y principios activos sin impacto en la seguridad alimentaria que no tengan alternativa eficaz en el mercado y flexibilizar la excepcionales
donde sea posible, con el objeto de garantizar la calidad del producto.


3. En caso necesario, utilizar todo el espacio que permite la aprobación de usos excepcionales de principios activos eliminados del catálogo europeo de forma similar a como lo hacen otros competidores europeos.


4. Elaborar un “Mapa de productos agrarios estratégicos” que sirva de base para analizar las perspectivas de futuro y las alternativas viables de cada cultivo y diseñar una estrategia consistente.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata, Joaquín Melgarejo Moreno,
María del Socorro Cuesta Rodríguez, Ainhoa Molina León, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.—Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Página 89

161/003016


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de la cooperación internacional en materia de pesca sostenible,
para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


España, como una de las naciones marítimas y pesqueras por excelencia, ha desempeñado históricamente un papel protagonista en la ordenación y gestión sostenible de los recursos marinos. Nuestra pertenencia a dieciséis Organizaciones
Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) constituye una muestra inequívoca del compromiso de nuestro país con la gobernanza internacional de los océanos y con la defensa de un modelo de pesca responsable, sostenible y justo.


La acción exterior de España en materia pesquera se enmarca en un sólido entramado jurídico y político. En el plano internacional, destacan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo de Naciones Unidas sobre
poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorios Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, así como o el Acuerdo sobre la Conservación y Uso
Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), instrumentos que han marcado un antes y un después en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).


En el ámbito europeo, la Política Pesquera Común (PPC) constituye el marco de referencia que garantiza la coherencia de las posiciones de los Estados miembros, mientras que en el plano interno la reciente Ley 3/2023, de pesca sostenible e
investigación pesquera, aprobada bajo el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, ha reforzado los principios de sostenibilidad, trazabilidad, transparencia y enfoque ecosistémico, situando a España a la vanguardia normativa en la materia.


Los desafíos actuales son de naturaleza compleja y global. La persistencia de la pesca INDNR, que erosiona la sostenibilidad de los recursos y distorsiona la competencia leal, afectando a la reputación de las flotas cumplidoras, el cambio
climático, con sus efectos sobre la distribución y productividad de las especies, así como otros factores, exigen sistemas de gestión adaptativos y resilientes. La presión creciente sobre los ecosistemas marinos, unida a la necesidad de
compatibilizar la pesca con otros usos del espacio marítimo, demanda un enfoque integral y coordinado. Y la revolución tecnológica —monitoreo electrónico, trazabilidad. digital, observadores, eDNA— abre oportunidades inéditas para mejorar la
calidad de los datos y la eficacia del control, siempre que se acompañe de estándares comunes y de una gobernanza adecuada.


El Gobierno de España ha venido impulsando, en los últimos años, medidas de gran calado en esta dirección: la modernización de los sistemas de control y trazabilidad, la digitalización de la gestión, el refuerzo de la cooperación científica
y la activa participación en OROPs como ICCAT, NAFO o IOTC, donde nuestro país ha defendido posiciones ambiciosas en materia de conservación y cumplimiento. Estas actuaciones han consolidado la imagen de España como un socio fiable y comprometido,
capaz de liderar consensos y de promover estándares elevados en beneficio de la sostenibilidad y de la equidad.


La experiencia comparada confirma la necesidad de reforzar la cooperación internacional. España ha demostrado que la combinación de un marco legislativo exigente con una participación activa en foros multilaterales permite alcanzar
resultados tangibles en la recuperación de stocks y en la mejora de la gobernanza. De igual modo, la Unión Europea y organismos como la FAO han subrayado reiteradamente que la

Página 90

sostenibilidad de los océanos solo puede garantizarse mediante la acción concertada de los Estados y la aplicación efectiva de los instrumentos internacionales existentes.


Por todo ello, resulta imprescindible que España continúe fortaleciendo su liderazgo en la cooperación internacional pesquera, defendiendo un modelo basado en la sostenibilidad, la ciencia, la transparencia y la justicia social, que proteja
tanto los recursos marinos como el futuro de nuestras comunidades costeras.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reivindicar ante la Comisión Europea el papel de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera en el marco de la nueva estrategia de la UE para la acción exterior en el sector pesquero, de forma que se defiendan los intereses de
la flota europea y española.


2. Instar en el seno de la Unión Europea a impulsar medidas en el marco de la OROPs plenamente coherentes con la Política Pesquera Común, basadas en la mejor evidencia científica y que tengan en cuenta el equilibrio entre la sostenibilidad
ambiental y la rentabilidad económica.


3. Continuar liderando la lucha contra la pesca ¡legal, no declarada y no reglamentada a través de los sistemas eficaces de control y trazabilidad desarrollados.


4. Exigir la aplicación de modelos equivalentes en el resto de los Estados miembros para evitar la entrada de productos pesqueros procedentes de la pesca IUU en el mercado de la Unión Europea, los cuales socavan la gestión sostenible de la
actividad pesquera y representan una competencia desleal para el sector pesquero y transformador de la Unión Europea.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.—María Luisa Faneca López, Patricia Otero Rodríguez, Iván Cacho Isla, Jonay Quintero Hernández, Rufino Herminio Sancho Íñiguez, Trinidad Carmen Argota Castro, José Luis Aceves
Galindo, Amador Marqués Atés, Joaquín Martínez Salmerón, Marta Trenzano Rubio, María Carmen Sánchez Díaz y Daniel Senderos Oraá, Diputados.—Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003033


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la coordinación entre la agricultura y la ciencia para una
agroalimentación próspera y sostenible, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La fortaleza del sistema agroalimentario español se asienta en una doble columna: la capacidad productiva del campo y la potencia transformadora del conocimiento científico. Cuando ambas se encuentran y dialogan, el país gana en seguridad
alimentaria, en cohesión territorial y en competitividad. La modernización del campo español no puede entenderse al margen de los avances en digitalización, sostenibilidad y eficiencia, observación terrestre, mejora varietal, gestión del agua y de
los suelos, o transferencia eficaz del asesoramiento y conocimiento técnico al agricultor y la agricultora.

Página 91

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el sector agroalimentario volvió a demostrar su fuerza en 2025: el acumulado anual móvil (de agosto 2024 a agosto 2025), las exportaciones sumaron 77.297 millones de euros, con un
incremento del 4,6 % respecto al periodo anterior. Estos registros no son coyunturales, expresan una estructura productiva que gana en valor añadido cuando invierte en tecnología, conocimiento y calidad. En este sentido, los buenos resultados se
apoyan en políticas públicas que han movilizado recursos extraordinarios para sostener la resiliencia del sector ante la sequía, los desastres naturales y la inestabilidad internacional.


La gestión del agua proyectada por el actual Gobierno explica en gran medida esta competitividad. Según el análisis de regadíos de la ESYRCE 2023, el 80,57 % del regadío español utiliza sistemas eficientes (localizado, automotriz o
aspersión), y aun ocupando en torno al 23 % de la tierra cultivada, aporta el 65 % del valor de la producción vegetal. Esta fotografía enlaza directamente con la transición hídrica que España está acometiendo: regar mejor, con más datos y más
ciencia, para producir con menos huella.


El avance continúa en 2024. De acuerdo con la ESYRCE 2024, la superficie regada asciende a 3.730.934 hectáreas, un 0,45 % más que en 2023, lo que confirma la estabilización del regadío modernizado como palanca de productividad y resiliencia
frente al cambio climático.


En este contexto, se debe destacar el enorme esfuerzo que está realizando el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para llevar a cabo un ambicioso plan de modernización de regadíos, que moviliza
más de 2.500 millones de euros, de colaboración público-privada, hasta el año 2027. Los regadíos españoles son un elemento esencial de la producción agroalimentaria de nuestro país.


La dimensión europea de esta agenda de apoyo al sector agroalimentario es inequívoca. Según Eurostat, el valor de la producción agraria de la UE se estimó en 532.400 millones de euros en 2024, lo que sitúa a la Unión como uno de los grandes
espacios agroalimentarios del mundo y subraya la responsabilidad de España para contribuir con innovación y excelencia técnica.


El marco normativo refuerza este enfoque. De acuerdo con el Reglamento 2021/2115, los Planes Estratégicos de la PAC deben integrar un Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura —en adelante, AKIS— que articule el flujo de
asesoramiento, ciencia e innovación hacia las explotaciones, con gobernanza y coordinación explícitas. España ha desarrollado este mandato a través de la aprobación del Real Decreto 116/2024, de 30 de enero, por el que se regula el Órgano de
coordinación del Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura y la creación de la Plataforma de Asesores AKIS, concebida para fortalecer el asesoramiento, la transferencia y la cooperación entre actores públicos y privados. Asimismo, en el
diseño y programación del actual Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 para España también se ha incorporado el objetivo que persigue el sistema AKIS dentro del plan, a través de varias intervenciones que contribuyen a la mejora de este sistema de
conocimiento e innovación en nuestra agricultura.


La financiación europea para ciencia aplicada al sistema agroalimentario acompaña esta senda. Según la Comisión Europea, Horizonte Europa dispone de aproximadamente 9.000 millones de euros para su Cluster 6 (Alimentación, Bioeconomía,
Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente) en el periodo 2021-2027, lo que ofrece un itinerario estable para proyectos que conectan laboratorios y fincas, industria y territorios rurales.


Este impulso exige, además, infraestructuras de datos y estándares abiertos que faciliten la interoperabilidad a lo largo de toda la cadena de valor. En este contexto, es relevante subrayar la asociación entre el MAPA y la Asociación
Española de Normalización, los cuales colaboran a través del CTN-UNE 335 «Sistemas agroalimentarios impulsados por datos» para promover la normalización e interoperabilidad, en coherencia con el III Plan de Acción de la Estrategia de

Página 92

Digitalización 2024-2026. Este esfuerzo institucional sienta las bases para que la información climática, agronómica y de mercado llegue en tiempo útil a quien toma decisiones en el terreno.


Es importante, por tanto, garantizar que el apoyo a la innovación y digitalización del sector agroalimentario español se traduce en un mayor rentabilidad y eficiencia de toda su cadena de valor, contribuyendo de esta forma a dar respuesta
los retos y desafíos a los que se enfrenta.


A escala nacional, la coordinación ya ofrece frutos concretos. Según el Ministerio, el PEPAC 2023-2027 ha reforzado las ayudas a la AEI-Agri para Grupos Operativos supra-autonómicos, con 83,75 millones de euros programados, alineados con el
enfoque de innovación en red y soluciones transferibles al conjunto del sector.


España dispone, por tanto, de los mimbres legales, estratégicos y financieros para culminar una alianza estable entre agricultura y ciencia que alcance a todas las tipologías de explotación —grandes y pequeñas, familiares y cooperativas— y a
todos los territorios, incluidos los insulares y aquellos con condicionantes específicos. El reto no es solo producir más con menos; es producir mejor, con trazabilidad, calidad, rentabilidad y respeto al entorno, apoyándose en asesoramiento
independiente, investigación pública, transferencia privada y un uso intensivo de datos fiables y compartibles. La experiencia dice que cuando se coordina la acción pública con la iniciativa de universidades, OPIs, centros tecnológicos,
cooperativas y empresas, se multiplica el impacto de cada euro invertido y se crean ventajas competitivas duraderas. Según el Banco Mundial, la agricultura y las actividades conexas continúan siendo empleo y arraigo —en torno al 3,6 % del empleo
total—, clave para la cohesión social en amplias comarcas del país.


En definitiva, esta iniciativa persigue ordenar y acelerar la cooperación entre las Administraciones públicas, el sistema científico e innovador y los agentes del sector a fin de que la innovación se traslade con rapidez a las explotaciones
y redunde en productividad sostenible, mayor valor exportador y resiliencia climática.


Por todo, ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aprovechar y reforzar, en colaboración con las CC. AA. y el sector, los mecanismos existentes de coordinación del sistema AKIS en España, para atender las demandas del sector agroalimentario en materia de innovación, eficiencia y
digitalización de toda su cadena de valor.


2. Apoyar proyectos piloto y demostrativos orientados a productividad sostenible y adaptación climática, con atención a pymes agrarias y territorios con condicionantes, dentro de los recursos y la normativa vigentes.


3. Impulsar gradualmente un espacio de datos agroalimentarios interoperable con iniciativas europeas, que aporte valor añadido al sector agroalimentario de nuestro país, y permita acreditar la trazabilidad digital de nuestra producción,
resaltando su sostenibilidad, eficiencia y mayor calidad.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—María Luisa Faneca López, Patricia Otero Rodríguez, Iván Cacho Isla, Jonay Quintero Hernández, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Trinidad Carmen Argota Castro, José Luis Aceves
Galindo, Amador Marqués Atés, Joaquín Martínez Salmerón, Marta Trenzano Rubio, María Carmen Sánchez Díaz y Daniel Senderos Oraá, Diputados.—Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

Página 93

161/003058


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la
continuidad del Programa POSEI como instrumento específico de la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


El Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), establecido por el Reglamento (UE) n.° 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, constituye el principal instrumento de la Unión Europea para compensar las
desventajas estructurales permanentes derivadas de la condición ultraperiférica reconocida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).


El reconocimiento institucional directo del POSEI por parte de las instituciones europeas deriva, desde su origen, de la consideración de las especificidades de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) contempladas en los tratados europeos. A
diferencia de otras medidas de la Política Agrícola Común (PAC) canalizadas a través de planes nacionales o regionales, el POSEI se configuró como programa de la propia Unión —aprobado, financiado y supervisado directamente por la Dirección General
de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI)—, garantizando coherencia y neutralidad institucional.


Este diseño respondió, entre otras, a tres razones jurídicas y políticas fundamentales:


a. Reconocimiento de la especificidad de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), que afrontan desventajas permanentes —lejanía, insularidad, fragmentación territorial, pequeña dimensión de los mercados y sobrecostes logísticos—. Estas
circunstancias, recogidas en el artículo 349 TFUE, exigen medidas específicas adoptadas por las instituciones de la Unión.


b. Necesidad de coherencia con las competencias de la Unión en materia agrícola y comercial: el POSEI articula regímenes diferenciados para el abastecimiento (Régimen Específico de Abastecimiento, REA) y para las producciones locales, con
incidencia directa en el mercado interior, los ingresos de los agricultores y en la política comercial común.


c. Garantía de financiación y neutralidad institucional: La existencia de un reglamento autónomo asegura una línea presupuestaria específica dentro del FEAGA, protegida frente a redistribuciones nacionales y gestionada de forma homogénea en
todas las RUP. El importe se fija en el artículo 30 del Reglamento POSEI 228/2013.


La propuesta de la Comisión Europea para el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y para la nueva PAC (COM(2025) 560 y documentos conexos) prevé el fin del POSEI como instrumento autónomo y distinto de la PAC, integrando los regímenes
establecidos en el POSEI dentro de una categoría genérica de «intervenciones en regiones ultraperiféricas» en el marco del Reglamento de la PAC, con una programación integrada en los planes nacionales y regionales.


Tal integración implicaría la pérdida de autonomía reglamentaria, visibilidad y capacidad de respuesta del POSEI, en detrimento de la estabilidad de las producciones locales y del abastecimiento en las islas. Por ello, en defensa del
principio de solidaridad consagrado en el TFUE y de la eficacia demostrada del POSEI, se considera imprescindible mantener su estructura jurídica específica de régimen de la Unión.


Adicionalmente, el sector primario de las RUP precisa una actualización de la ficha presupuestaria del POSEI. La estabilidad nominal de la dotación durante años, unida al aumento de los costes logísticos y de los insumos, a las inversiones
en adaptación

Página 94

climática y a la implantación de nuevas obligaciones reglamentarias, ha erosionado de forma significativa la eficacia compensatoria del programa.


La revisión y actualización de la ficha financiera del POSEI, permitirá preservar así el objetivo del artículo 349 TFUE —compensar las desventajas estructurales permanentes— y garantizar la continuidad de explotaciones familiares y de
sectores estratégicos para el abastecimiento en las RUP.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Dirigirse formalmente a la Comisión Europea, para solicitar que, en el marco de la negociación del paquete legislativo de la PAC y del MFP 2028-2034, se mantenga el Programa POSEI como régimen específico de la Unión Europea, regido por
un Reglamento propio sin integrarlo en los planes nacionales o regionales de la PAC.


2. Defender, en el Consejo de Ministros de Agricultura (AGRIFISH) y sus grupos preparatorios, que las intervenciones destinadas a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) conserven su marco jurídico autónomo, su financiación diferenciada y su
sistema de aprobación directa por la Comisión Europea, en aplicación del artículo 349 TFUE.


3. Promover una posición conjunta de los Estados miembros con RUP (España, Francia y Portugal) ante las instituciones de la Unión, con el fin de garantizar la continuidad del POSEI en su configuración institucional actual.


4. Instar al Gobierno de España a promover ante la Comisión Europea la actualización de la ficha presupuestaria del POSEI para el periodo 2028-2034, incluyendo una cláusula de revisión intermedia, manteniendo su financiación diferenciada y
estable.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—Juan Antonio Rojas Manrique, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Ainhoa Molina León, Laura María Lima García, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Guillermo Mariscal Anaya, Pedro Ignacio
Gallardo Barrena y Javier José Folch Blanc, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003059


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conservación y defensa
de la Dehesa como patrimonio natural de Extremadura y de España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La Dehesa constituye uno de los ecosistemas más singulares y valiosos del continente europeo, resultado de un equilibrio secular entre la actividad humana y el medio natural. Este sistema agroforestal, característico del suroeste de la
Península Ibérica, alcanza en España más de 3,5 millones de hectáreas, concentrando Extremadura una parte esencial de esta superficie, con una superficie que ronda los 1,2 millones de hectáreas según el Sistema de Información de Ocupación del Suelo
de España, pero extendiéndose también ampliar áreas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

Página 95

La Dehesa no solo representa un espacio de extraordinaria biodiversidad, reconocido en la normativa comunitaria como hábitat de interés, sino que constituye también un pilar económico, social y cultural del medio rural, sustentando
actividades tradicionales como la ganadería extensiva, el aprovechamiento del corcho y la montanera, y contribuyendo de manera decisiva a la fijación de población en amplias zonas del territorio.


No obstante, en los últimos años este ecosistema atraviesa una situación de creciente vulnerabilidad como consecuencia del envejecimiento del arbolado, la falta de regeneración natural, la intensificación de episodios de sequía y la
expansión de enfermedades y plagas que afectan gravemente a encinas y alcornoques, comprometiendo la viabilidad futura de la Dehesa.


A lo largo de las diferentes legislaturas se ha debatido y aprobado iniciativas en relación con la conservación y defensa de la Dehesa. En este contexto, el Senado de España aprobó el 18 de noviembre de 2024 una Moción impulsada por el
Grupo Parlamentario Popular en la que se alertaba sobre la situación crítica que atraviesan las dehesas y se ponía de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes y coordinadas para garantizar su protección y conservación.


De manera especialmente relevante, los estudios científicos realizados en Extremadura ponen de manifiesto que el Cerambyx cerdo ssp, un escarabajo xilófago de gran tamaño conocido vulgarmente como gran Capricornio, Capricornio mayor o
capricornio, actualmente incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, presenta una distribución generalizada y densidades poblacionales elevadas, incompatibles con su consideración práctica como especie rara o
amenazada en este territorio.


Dichos informes advierten, además, que la aplicación automática y rígida del régimen de protección vigente está generando un conflicto normativo y ambiental evidente entre la protección de esta especie y la conservación del ecosistema de la
Dehesa, igualmente protegido por la normativa comunitaria como hábitat de interés.


Lo mismo sucede en otras regiones adehesadas donde el escarabajo se ceba con encinas, robles y alcornoques, poniendo en peligro la viabilidad y sostenibilidad de la dehesa.


En este sentido, la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, prevé expresamente mecanismos de excepción, adaptación y gestión activa cuando la protección de una especie pueda
comprometer otros objetivos superiores de conservación. La evidencia científica disponible en Extremadura justifica la necesidad de activar dichos mecanismos, a fin de evitar que el mantenimiento del actual estatus de protección del Cerambyx cerdo
contribuya al deterioro progresivo de la Dehesa.


Pero el problema no es sólo el escarabajo. La enfermedad de la «seca» en la dehesa, causada principalmente por el hongo Phytophthora cinnamomi, que ataca las raíces de las encinas y alcornoques, impidiendo la absorción de agua y nutrientes,
está provocando daños devastadores, incluida la muerte lenta del árbol, agravada por los periodos de estrés hídrico, malas prácticas forestales y la sobreexplotación.


En definitiva, la Dehesa es un complejísimo sistema agro-silvo-pastoral resultado de siglos de actividad humana, con clareo forestal y pastoreo extensivo, donde se había alcanzado un equilibrio entre sus elementos bióticos y factores
abióticos. Resulta, por tanto, imprescindible avanzar hacia una aplicación ponderada, territorializada y científicamente fundamentada de la Directiva Hábitats, que permita resolver el conflicto de intereses existente y garantice la preservación del
ecosistema de la Dehesa en su conjunto, sin menoscabo de los principios generales de conservación de la biodiversidad.


La defensa de la Dehesa exige, en consecuencia, políticas públicas basadas en la evidencia científica, en el conocimiento del territorio y en el reconocimiento del papel esencial que desempeñan agricultores y ganaderos como gestores
históricos de este sistema, dotándolos de herramientas normativas, técnicas y económicas adecuadas para su conservación sostenible.

Página 96

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reconocer y reforzar la consideración de la Dehesa por su valor natural, económico, social y cultural de Extremadura y de España, integrando su protección como prioridad en las políticas agrarias, forestales y medioambientales.


2. Impulsar medidas de conservación, regeneración y mejora del arbolado de la Dehesa, fomentando la investigación, la prevención y la lucha contra las principales amenazas que afectan a encinas y alcornoques, en particular la enfermedad de
la seca, la falta de regeneración natural y las plagas asociadas al decaimiento del arbolado.


3. Instar a que se evalúe y revise, con base en criterios científicos y técnicos, la aplicación del régimen de protección del Cerambyx cerdo.


4. Apoyar a los agricultores y ganaderos como agentes clave en la conservación de la Dehesa, facilitando instrumentos técnicos y normativos que permitan compatibilizar la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica de las
explotaciones y el mantenimiento de la actividad en el medio rural.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Cavacasillas Rodríguez y Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


Comisión de Política Territorial


161/002993


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre la lucha contra el turismo
depredador y la protección del territorio en el País Valenciano, para su debate en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


El País Valenciano, con su riqueza natural, su patrimonio cultural y su singularidad territorial, se ha convertido en los últimos años en uno de los principales destinos turísticos del Estado. Esta atracción ha generado importantes
oportunidades económicas, pero también ha propiciado la aparición de un turismo depredador. Este modelo se caracteriza por la masificación, la concentración de actividades especulativas y el exclusivo aprovechamiento del territorio con fines
económicos inmediatos, a menudo en detrimento de la sostenibilidad ambiental, social y cultural.


Los efectos del turismo depredador sobre el territorio son múltiples y alarmantes. En primer lugar, se produce una intensa presión sobre el suelo y las infraestructuras: zonas rurales y costeras se ven saturadas por alojamientos
temporales, transporte y servicios públicos saturados, etcétera. En segundo lugar, existe un impacto sobre la vivienda y la cohesión social: el incremento de alquileres turísticos y la demanda masiva de viviendas para turistas contribuye a la
expulsión progresiva de vecinos autóctonos, especialmente jóvenes y familias con rentas medias o bajas, provocando un desequilibrio demográfico y social.


Además, el turismo depredador genera efectos ambientales significativos: degradación de paisajes naturales, erosión de playas y espacios protegidos, incremento

Página 97

de residuos y consumo intensivo de recursos hídricos y energéticos. Todo esto pone en riesgo los ecosistemas locales y contradice los compromisos adquiridos con la sostenibilidad y la preservación medioambiental.


Desde el punto de vida cultural y territorial, este fenómeno tiene un claro impacto sobre la identidad local. La economía basada en el turismo masivo tiende a homogeneizar la oferta cultural y a priorizar modelos de consumo rápido,
relegando la cultura, las tradiciones y la historia propia del territorio a un segundo plano o producto meramente comercial. Esto debilita la capacidad de las comunidades de decidir sobre su desarrollo y debilita el autogobierno local.


Los instrumentos normativos existentes han demostrado ser insuficientes para afrontar este fenómeno. Aunque algunos territorios han empezado a regular el alojamiento turístico y las zonas de mayor presión, la falta de coordinación y de
mecanismos efectivos de control hace que sigan proliferando prácticas especulativas e ilegales que degradan el territorio.


Desde Compromís consideramos imprescindible actuar con decisión para revertir esta situación, estableciendo un marco legal y político claro que compatibilice la actividad turística con la protección del medio y la calidad de vida de la
ciudadanía. Asimismo, es fundamental promover modelos de turismo sostenible y de proximidad, que generen empleo estable, respeten los ecosistemas y fomenten la participación de la población en las decisiones sobre su propio territorio.


En definitiva, la lucha contra el turismo depredador no es sólo cuestión económica o urbanística: es una cuestión de derechos sociales, sostenibilidad e identidad territorial. El País Valenciano necesita políticas que garantizan que el
turismo sea un aliado de desarrollo sostenible y no un agente de degradación ambiental y social. Esta PNL pretende establecer medidas concretas para afrontar este fenómeno, dotar a las administraciones locales y autonómicas de las herramientas
necesarias y asegurar que el desarrollo turístico respeta los valores y derechos del País Valenciano.


Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a llevar a cabo las medidas siguientes:


1. Reconocer oficialmente al turismo depredador como una amenaza para el equilibrio territorial, social y ambiental, estableciendo criterios de detección y seguimiento de las zonas más afectadas.


2. Apoyar a las administraciones valencianas implicadas para que puedan aplicar ordenanzas e instrumentos de control local que limiten la concentración masiva de alojamientos turísticos y actividades especulativas en zonas sensibles.


3. Promover modelos de turismo sostenible y de proximidad, priorizando iniciativas que generen empleo estable y respeto al patrimonio natural y cultural del territorio, con especial atención a las zonas rurales y costeras.


4. Establecer mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones sobre desarrollo turístico en cada municipio, con información pública accesible sobre impactos económicos, ambientales y sociales.


5. Fomentar la educación y sensibilización sobre los efectos del turismo depredador, dirigiendo campañas de concienciación a empresas, turistas y ciudadanía para proteger el territorio y garantizar un turismo respetuoso con el País
Valenciano.


6. Crear un observatorio estatal, con participación de las comunidades autónomas, que elabore informes anuales y recomendaciones para coordinar políticas públicas y controles efectivos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.—Àgueda Micó Micó, Diputada.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

Página 98

A la Mesa del Congrés


El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei sobre la lluita contra el turisme
depredador i la protecció del territori al País Valencià per al seu debat en la Comissió de Política Territorial.


Exposició de motius


El País Valenciá, amb la seua riquesa natural, el seu patrimoni cultural i la seua singularitat territorial, s’ha convertit en els últims anys en uns dels principals destins turístics de l’Estat. Aquesta atracció ha generat oportunitats
economiques importants, pero també ha propiciat l’aparició d’un turisme depredador. Aquest model es caracteritza per la massificació, la concentració d’activitats especulatives i l’aprofitament exclusiu del territori amb fins economics immediats,
sovint en detriment de la sostenibilitat ambiental, social i cultural.


Els efectes del turisme depredador sobre el territori són múltiples i alarmants. En primer lloc, es produeix una pressió intensa sobre el sol i les infraestructures: zones rurals i costaneres es veuen saturades per allotjaments temporals,
transport i serveis públics saturats, etcétera. En segon lloc, hi ha un impacte sobre l’habitatge i la cohesió social: l’increment de lloguers turístics i la demanda massiva d’habitatges per a turistes contribueix a l’expulsió progressiva de veíns
autoctons, especialment joves i famílies amb rendes mitjanes o baixes, provocant un desequilibri demográfic i social.


A més, el turisme depredador genera efectes ambientals significatius: degradació de paisatges naturals, erosió de platges i espais protegits, increment de residus i consum intensiu de recursos hídrics i energétics. Tot aixo posa en risc
els ecosistemes locals i contradiu els compromisos adquirits amb la sostenibilitat i la preservació mediambiental.


Des del punt de vida cultural i territorial, aquest fenomen té un impacte clar sobre la identitat local. L’economia basada en el turisme massiu tendeix a homogeneítzar l’oferta cultural i a prioritzar models de consum rápid, relegant la
cultura, les tradicions i la historia propia del territori a un segon pla o a un producte merament comercial. Aixo debilita la capacitat de les comunitats de decidir sobre el seu desenvolupament i afebleix l’autogovern local.


Els instruments normatius existents han demostrat ser insuficients per fer front a aquest fenomen. Tot i que alguns territoris han comengat a regular l’allotjament turístic i les zones de major pressió, la manca de coordinació i de
mecanismes efectius de control fa que continuen proliferant práctiques especulatives i il-legals que degraden el territori.


Compromís considerem imprescindible actuar amb decisió per revertir aquesta situació, establint un marc legal i polític clar que compatibilitze l’activitat turística amb la protecció del medi i la qualitat de vida de la ciutadania. Així
mateix, és fonamental promoure models de turisme sostenible i de proximitat, que generen ocupació estable, respecten els ecosistemes i fomenten la participació de la població en les decisions sobre el seu propi territori.


En definitiva, la lluita contra el turisme depredador no és només una qüestió económica o urbanística: és una qüestió de drets socials, sostenibilitat i identitat territorial. El País Valenciá necessita polítiques que garanteixen que el
turisme siga un aliat de desenvolupament sostenible i no un agent de degradació ambiental i social. Aquesta PNL pretén establir mesures concretes per afrontar aquest fenomen, dotar les administracions locals i autonomiques de les eines necessáries
i assegurar que el desenvolupament turístic respecta els valors i drets del País Valenciá.

Página 99

Per tot l’exposat anteriorment, presente la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés acorda instar al Govern de l’Estat a realitzar les següents mesures:


1. Reconéixer oficialment el turisme depredador com una amenaza per a l’equilibri territorial, social i ambiental, establint criteris de detecció i seguiment de les zones més afectades.


2. Donar suport a les administracions valencianes implicades perqué puguen aplicar ordenances i instruments de control local que limiten la concentració massiva d’allotjaments turístics i activitats especulatives en zones sensibles.


3. Promoure models de turisme sostenible i de proximitat, prioritzant iniciatives que generen ocupació estable i respecte el patrimoni natural i cultural del territori, amb especial atenció a les zones rurals i costaneres.


4. Establir mecanismes de participació ciutadana per a la presa de decisions sobre el desenvolupament turístic en cada municipi, amb informació pública accessible sobre impactes economics, ambientals i socials.


5. Fomentar l’educació i sensibilització sobre els efectes del turisme depredador, dirigint campanyes de conscienciació a empreses, turistes i ciutadania per protegir el territori i garantir un turisme respectuós amb el País Valenciá.


6. Crear un observatori estatal, amb participació de les comunitats autonomes, que elabore informes anuals i recomanacions per coordinar polítiques públiques i controls efectius.»


Palau del Congrés dels Diputats, 10 de febrer de 2026.—Àgueda Micó Micó, Diputada.—Néstor Rego Candamil, Portaveu adjunt del Grup Parmalentari Mixto.


161/002994


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Águeda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre medidas para reforzar el
autogobierno y la coordinación territorial en el País Valenciano, para su debate en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


El País Valenciano es un territorio con identidad propia, reconocida en el Estatuto de Autonomía y protegida por la Constitución Española, que le otorga un marco de autogobierno en ámbitos esenciales para el desarrollo territorial, social,
cultural y económico. Este autogobierno ha sido históricamente una herramienta para adaptar las políticas públicas a las necesidades específicas del territorio y de las personas que residen, constituyendo un pilar fundamental de la democracia
descentralizada y del respeto a la pluralidad de nuestro país.


Sin embargo, en los últimos años el ejercicio efectivo del autogobierno ha encontrado obstáculos derivados de limitaciones competenciales, falta de coordinación con el Estado e interferencias administrativas que dificultan la planificación e
implementación de políticas públicas coherentes con la realidad del País Valenciano. Esto afecta especialmente a áreas clave como:


— La ordenación del territorio y el urbanismo, con dificultades para la aplicación de planes de desarrollo adaptados a las necesidades locales y sostenibles.

Página 100

— La vivienda, con limitaciones para abordar la presión de los mercados y garantizar un acceso digno a los ciudadanos.


— La gestión de recursos naturales y protección ambiental, clave para preservar ecosistemas y garantizar la resiliencia territorial frente al cambio climático.


— La cultura y la lengua, elementos fundamentales de la identidad valenciana que necesitan un ejercicio autónomo de políticas públicas.


Reforzar el autogobierno no es solo una cuestión administrativa o técnica: es una cuestión de dignidad democrática y responsabilidad institucional. Permite que la Generalitat Valenciana pueda adoptar decisiones adaptadas a las
características y necesidades del territorio, garantizando la protección del patrimonio natural, cultural y social, y la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten a su vida cotidiana.


Asimismo, un autogobierno fuerte contribuye a la cohesión territorial y a la buena gobernanza, evitando conflictos jurisdiccionales y mejorando la eficacia de las políticas públicas. La plena capacidad de decisión de la Generalitat
Valenciana es esencial para hacer frente a desafíos como la transformación urbana sostenible, la transición ecológica, la movilidad, la defensa del litoral, el turismo responsable y la gestión de servicios esenciales adaptados a las necesidades
locales.


Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a llevar a cabo las medidas siguientes:


1. Reconocer y garantizar el pleno ejercicio del autogobierno del País Valenciano, respetando las competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía y asegurando su capacidad de decisión en materias como urbanismo, vivienda, medio
ambiente, cultura y gestión de recursos naturales.


2. Establecer mecanismos efectivos de coordinación con la Generalitat Valenciana, con el objetivo de respetar su autonomía, facilitar la cooperación interadministrativa y evitar interferencias en sus propias políticas.


3. Dotar a la Generalitat Valenciana de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que pueda ejercer con plena capacidad sus competencias y desarrollar políticas públicas eficaces y adaptadas a las necesidades del
territorio.


4. Garantizar la participación ciudadana y la implicación de los gobiernos locales en la toma de decisiones que afectan al autogobierno y la planificación territorial, asegurando transparencia, control democrático y proximidad a las
necesidades de los residentes.


5. Impulsar la revisión y adaptación de mecanismos legislativos y administrativos que puedan limitar la autonomía de la Generalitat Valenciana, reforzando así la coherencia, eficacia y sostenibilidad del autogobierno.


6. Promover acciones de difusión y concienciación sobre la importancia del autogobierno del País Valenciano, poniendo en valor su función como instrumento de gobernanza propia y como elemento clave de la identidad, cohesión y desarrollo
territorial.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.—Àgueda Micó Micó, Diputada.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


A la Mesa del Congrés


El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la

Página 101

Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei sobre mesures per a reforçar l’autogovern i la coordinació territorial del País Valencià per al seu debat en la Comissió de Política Territorial.


Exposició de motius


El País Valenciá és una territori amb identitat propia, reconeguda en l’Estatut d’Autonomia i protegida per la Constitució Espanyola, que li atorga un marc d’autogovern en ámbits essencials per als desenvolupament territorial, social,
cultural i economic. Aquest autogovern ha estat historicament una eina per adaptar les polítiques públiques a les necessitats especifiques del territori i de les persones que resideixen, i constitueix un pilar fonamental de la democrácia
descentralitzada i del respecte a la pluralitat del nostre país.


En els darrers anys, pero, l’exercici efectiu de l’autgovern ha trobat obstacles derivats de limitacions competencials, falta de coordinació amb l’Estat i inteferéncies administratives que dificulten la planificació i implementació de
polítiques públiques coherents amb la realitat del País Valenciá. Aixo afecta especialment árees clau com:


— Ordenació del territori i urbanisme, amb dificultats per aplicar plans de desenvolupament adaptats a les necessitats locals i sostenibles.


— Habitatge, amb limitacions per abordar la pressió dels mercats i garantir accés digne als ciutadans.


— Gestió de recursos naturals i protecció ambiental, clau per preservar ecosistemes i garantir la resiliéncia territorial davant del canvi climátic.


— Cultura i llengua, elements fonamentals de la identitat valenciana que necessiten un exercici autonom de polítiques públiques.


Reforgar l’autogovern no és només una qüestió administrativa o técnica: és una qüestió de dignitat democrática i de responsabilitat institucional. Permet que la Generalitat Valenciana puga adoptar decisions adaptades a les característiques
i necessitats del territori, garantint la protecció del patrimoni natural, cultural i social, i la participació ciutadana en la presa de decisions que afecten la seua vida quotidiana.


Així mateix, un autogovern fort contribueix a la cohesió territorial i a la bona governanga, evitant conflictes jurisdiccionals i millorant l’eficácia de les polítiques públiques. La plena capacitat de decisió de la Generalitat Valenciana
és essencial per afrontar desafiaments com la transformació urbana sostenible, la transició ecológica, la mobilitat, la defensa del litoral, el turisme responsable i la gestió de serveis essencials adaptats a les necessitats locals.


Per tot l’exposat anteriorment, presente la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés acorda instar al Govern de l’Estat a realitzar les següents mesures:


1. Reconéixer i garantir el ple exercici de l’autogovern del País Valenciá, respectant les competéncies reconegudes en l’Estatut d’Autonomia i assegurant la seua capacitat de decisió en matéries com urbanisme, habitatge, medi ambient,
cultura i gestió de recursos naturals.


2. Establir mecanismes efectius de coordinació amb la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu de respectar la seua autonomia, facilitar la cooperació interadministrativa i evitar interferéncies en les polítiques propies.


3. Dotar la Generalitat Valenciana dels recursos humans, técnics i economics necessaris perqué puga exercir amb plena capacitat les seues competéncies i desenvolupar polítiques públiques eficaces i adaptades a les necessitats del territori.

Página 102

4. Garantir la participació ciutadana i la implicació dels governs locals en la presa de decisions que afecten l’autogovern i la planificació territorial, assegurant transparéncia, control democrátic i proximitat a les necessitats dels
residents.


5. Impulsar la revisió i adaptació de mecanismes legislatius i administratius que puguen limitat l’autonomia de la Generalitat Valenciana, reforgant així la coheréncia, l’eficácia i la sostenibilitat de l’autogovern.


6. Promoure accions de difusió i conscienciació sobre la importáncia de l’autogovern del País Valenciá, posant en valor la seua funció com a instrument de governanga propia i com a element clau de la identitat, cohesió i desenvolupament
territorial.»


Palau del Congrés dels Diputats, 10 de febrer de 2026.—Àgueda Micó Micó, Diputada.—Néstor Rego Candamil, Portaveu adjunt del Grup Parmalentari Mixto.


161/003008


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la utilización del superávit
presupuestario de las entidades locales para realizar Inversiones Financieramente Sostenible en Políticas de vivienda e inversiones productivas, para su debate en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


Las entidades locales españolas han demostrado, de forma sostenida desde el año 2012, una gestión presupuestaria responsable, rigurosa y orientada a la estabilidad financiera. Fruto de ello, los ayuntamientos, diputaciones provinciales,
cabildos y consejos insulares han sido, de manera reiterada, el único subsector de las Administraciones públicas que ha cerrado los ejercicios presupuestarios con superávit y remanentes de tesorería positivos.


Este esfuerzo de consolidación financiera ha permitido una reducción significativa de los niveles de endeudamiento local y ha situado a las entidades locales en una posición de solvencia que contrasta con la situación de otras
Administraciones Públicas. Sin embargo, esta gestión responsable no ha tenido un reflejo equivalente en términos de autonomía efectiva para decidir el destino de los recursos generados.


La normativa vigente, en particular la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece con carácter general la obligación de destinar el superávit presupuestario a la reducción de deuda. Si
bien esta regla ha cumplido una función relevante en el proceso de saneamiento financiero, en el actual contexto resulta excesivamente rígida y poco adaptada a las necesidades reales de los municipios.


La norma permite el uso del superávit para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) y esta habilitación ha demostrado ser un instrumento eficaz para canalizar recursos hacia proyectos con impacto directo en la calidad de vida
de los ciudadanos, la modernización de los servicios públicos y la dinamización de la economía local. No obstante, su carácter coyuntural, su excesiva restricción material y, especialmente, la ausencia de un enfoque plurianual ha limitado su
alcance transformador.


De otra parte, la experiencia acumulada en los últimos ejercicios ha puesto de manifiesto que la ausencia o prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, así como la aprobación tardía de las habilitaciones normativas para la aplicación
del

Página 103

superávit, generan una grave inseguridad jurídica y operativa para las entidades locales, dificultando la planificación, adjudicación y ejecución de las inversiones financieramente sostenibles.


En este contexto, resulta necesario dotar de estabilidad temporal y previsibilidad al régimen de las IFS, permitir la utilización del superávit correspondiente al ejercicio 2025, y evitar cargas administrativas innecesarias —como la
exigencia de planes económico-financieros meramente formales— cuando el eventual incumplimiento de las reglas fiscales tenga su origen exclusivo en la utilización del remanente de tesorería para financiar inversiones financieramente sostenibles,
realizadas al amparo de la normativa estatal y sin impacto estructural en la sostenibilidad financiera de la entidad local.


En la actualidad, España afronta una grave crisis de acceso a la vivienda, que afecta de manera singular a jóvenes y familias en los entornos urbanos y metropolitanos. Los ayuntamientos, como administración más próxima al ciudadano y con
competencias clave en urbanismo, suelo y vivienda, están en condiciones de desempeñar un papel decisivo en la ampliación de la oferta residencial y en el impulso de vivienda asequible. Para ello, resulta imprescindible dotarlos de instrumentos
financieros estables y previsibles.


La ejecución de inversiones estratégicas en vivienda, infraestructuras urbanas y proyectos productivos requiere, por su propia naturaleza, una planificación y ejecución plurianual, ya que se estima que la ejecución de proyectos de vivienda
precisa, al menos, aproximadamente, 3 años para su ejecución. El actual marco normativo, tanto en la LOEPSF como en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), no facilita esta perspectiva temporal, generando
ineficiencias, fragmentación de proyectos y pérdida de impacto económico y social y, en el ámbito de la vivienda o de proyectos de infraestructuras productivas, imposibilidad para llevar a cabo estos proyectos en un año como determina actualmente la
ley.


Por todo ello, se hace necesario avanzar hacia un modelo que, respetando plenamente los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos en la legislación vigente, reconozca la madurez financiera del ámbito
local, refuerce su autonomía y permita una utilización más eficaz del superávit, especialmente en ámbitos estratégicos como la vivienda (promoción de vivienda asequible, la rehabilitación urbana, la regeneración de barrios, la movilización de suelo
público y las inversiones vinculadas al incremento de la oferta residencial) y la inversión productiva que genere impacto social y económico territorial positivo, con un horizonte plurianual adecuado.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Adoptar de manera inmediata las actuaciones normativas y administrativas necesarias para permitir la utilización del superávit presupuestario correspondiente al ejercicio 2025 de las entidades locales para la financiación de Inversiones
Financieramente Sostenibles (IFS), como alternativa al destino obligatorio a la amortización de deuda, siempre que se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y periodo medio de pago a proveedores, así como a establecer
expresamente que no será exigible la aprobación de un Plan Económico-Financiero cuando el eventual incumplimiento de los objetivos fiscales derive exclusivamente de la utilización del remanente de tesorería para financiar dichas inversiones.


2. Impulsar las modificaciones legales necesarias de la LOEPSF y del TRLRHL, con el objetivo de consolidar un marco estable, previsible y estructural que permita a las entidades locales destinar su superávit, de modo expreso, a inversiones
en vivienda e inversiones productivas de impacto económico y social, respetando la autonomía local constitucionalmente garantizada.

Página 104

3. Habilitar un marco normativo que permita el carácter plurianual de las Inversiones Financieramente Sostenibles, en el ámbito de vivienda o de las actuaciones de mejora de la productividad y de los servicios públicos, de manera que los
proyectos financiados con superávit puedan planificarse, comprometerse y ejecutarse en varios ejercicios presupuestarios, atendiendo a su naturaleza y dimensión, sin penalizaciones derivadas de las reglas fiscales.


4. Habilitar, con carácter automático, la aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en aquellos ejercicios en los que no se encuentren
aprobados los Presupuestos Generales del Estado, garantizando así la continuidad y efectividad del régimen de inversiones financieramente sostenibles y la adecuada planificación de la inversión local.


5. Abrir un proceso de diálogo y negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias y con las entidades locales, en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, para acordar un nuevo marco de utilización del
superávit local que refuerce la corresponsabilidad fiscal, premie la buena gestión y contribuya de manera efectiva al desarrollo económico, la cohesión territorial y el acceso a la vivienda.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.—Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis María Beamonte Mesa, Antonio Cavacasillas
Rodríguez, María Lourdes Ramírez Martín, Carmelo Barrio Baroja, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003055


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reforzar el empadronamiento
municipal, defender la capacidad de los municipios y avanzar hacia una política migratoria ordenada, legal y vinculada al mercado laboral, para su debate en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


España es un país serio. Y un país serio necesita una política migratoria seria. Una inmigración legal, ordenada y vinculada al trabajo, que contribuya al crecimiento económico y a la cohesión social, y no un modelo de descontrol que
genera inseguridad, fraude y fractura social.


España da la bienvenida a aquellos que vengan a trabajar y a integrase, pero debe tener capacidad para rechazar a aquellos que hacen del delito su forma de vida y que pretenden imponer su cultura sin respetar los valores y principios
españoles y europeos. La integración no es opcional: exige respeto a nuestras leyes, a la igualdad entre hombres y mujeres, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura y a la Constitución Española como marco común de derechos y deberes.


Frente a este planteamiento responsable, el Gobierno ha renunciado al control de fronteras y a la gestión de una política migratoria seria, optando en su lugar por la improvisación y, recientemente por el anuncio de una regularización
masiva, que se piensa llevar a cabo sin planificación, sin diálogo con los ayuntamientos, sin consenso en

Página 105

el seno de la Unión Europea y sin evaluar sus consecuencias reales. El resultado ya se está viendo: oficinas municipales colapsadas, colas en los servicios de información y de padrón y una presión creciente sobre los servicios sociales
municipales y otros servicios públicos locales.


El padrón municipal no puede convertirse en la puerta de atrás de una regularización encubierta ni en un mecanismo automático para generar derechos sin control. El padrón es un registro administrativo destinado a reflejar una realidad: la
residencia habitual y efectiva en un municipio. No acredita la residencia legal, pero sí tiene efectos directos sobre el acceso a servicios públicos, cuya gestión y financiación recaen, en gran medida, sobre las entidades locales.


El régimen del empadronamiento es claro: el marco constitucional vigente no permite vincular el empadronamiento a la situación administrativa del extranjero, pero sí permite y exige reforzar los controles sobre la veracidad de los datos,
combatir el fraude padronal y garantizar que las inscripciones reflejen situaciones reales de residencia. No hacerlo supone abandonar a los ayuntamientos y premiar las malas prácticas.


Hoy, los municipios carecen de instrumentos suficientes para actuar frente a empadronamientos ficticios, domicilios saturados o inscripciones masivas sin residencia real y además sin normas, reglamentos o legislación que les apoye. Mientras
tanto, el Gobierno mira hacia otro lado y traslada el problema a las entidades locales, que son la administración más cercana al ciudadano y, paradójicamente, la más desprotegida.


El padrón debe tener una fundón estrictamente estadística y no ser un aval exclusivo para obtener ventajas administrativas, ayudas económicas o facilitar procesos de regularización generales y sin condiciones. Defender el empadronamiento
como registro veraz es defender la igualdad, la cohesión social y la sostenibilidad de los servicios públicos. Endurecer las condiciones del empadronamiento no es excluir: es poner orden, proteger a los municipios y garantizar una integración real
y efectiva.


En este contexto, resulta imprescindible actuar de manera inmediata y decidida, reforzando el marco legal y reglamentario del empadronamiento municipal y dotando a los ayuntamientos de instrumentos eficaces que garanticen que el Padrón
Municipal refleje con exactitud la realidad poblacional. Es necesario proporcionara las entidades locales mecanismos más sólidos para verificar la residencia efectiva de los vecinos y asegurar la autenticidad de las inscripciones, estableciendo
criterios y procedimientos claros que fortalezcan el control administrativo y prevengan situaciones de fraude o sobreocupación que distorsionan los datos demográficos y comprometen la adecuada planificación de los servicios públicos. En definitiva,
debe trasladarse un mensaje inequívoco: en España existen derechos, pero también normas; existe acogida, pero también exigencia; existe integración, pero no imposición.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar de manera inmediata las modificaciones legislativas, reglamentarias y normativas necesarias para reforzar las condiciones del empadronamiento municipal, garantizando que este refleje de forma real y efectiva la residencia
habitual en los municipios.


2. Modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para:


— Habilitar a las Administraciones locales para realizar cruces de datos automatizados con otros registros públicos, reforzando los cruces sistemáticos de datos entre el padrón municipal, el INE y el Catastro, el Registro de la Propiedad, la
Tesorería General de la Seguridad Social y otros registros administrativos públicos, con el objetivo de prevenir y detectar empadronamientos fraudulentos.

Página 106

— Aumentar la eficacia y agilidad administrativa, reduciendo los plazos de tramitación de las bajas de oficio por inscripción indebida, evitando que los procedimientos se eternicen y consoliden situaciones fraudulentas.


— Reforzar el control de permanencia, endureciendo, dentro del marco legal vigente, el régimen de caducidad de las inscripciones de extranjeros sin autorización de residencia de corta y larga duración, evitando empadronamientos permanentes
sin acreditación real de residencia.


3. Modificar el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para:


— Establecer criterios más rigurosos y objetivos para la prueba de la residencia efectiva, priorizando la presentación de un título jurídico que legitime la ocupación de la vivienda.


— Exigir una acreditación reforzada del domicilio, cuando no exista vínculo familiar con el titular de la vivienda.


— Establecer criterios objetivos de antigüedad y consistencia de la documentación aportada para acreditar la residencia habitual y no esporádica.


— Regular procedimientos específicos de verificación reforzada en domicilios con elevada concentración de empadronados (sobreocupación), evitando empadronamientos automáticos sin residencia real.


— Endurecer las condiciones de reinscripción tras la caducidad, exigiendo pruebas más sólidas de residencia efectiva.


4. Revisar y actualizar las instrucciones técnicas dirigidas a los ayuntamientos, para dotarles de mayor seguridad jurídica y criterios homogéneos en todo el territorio nacional.


5. Detener de manera inmediata el proyecto normativo de regularización masiva y sin requisitos por ir en contra de los principios europeos y del Pacto Europeo de Migración y Asilo.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis María Beamonte Mesa, Antonio Cavacasillas
Rodríguez, María Lourdes Ramírez Martín, Carmelo Barrio Baroja, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003057


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la flexibilización
excepcional de los plazos de ejecución de actuaciones financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ante circunstancias meteorológicas extraordinarias, para su debate en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


La ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia constituye uno de los principales instrumentos de modernización económica, social y territorial de

Página 107

España, articulándose a través de múltiples líneas de inversión que afectan directamente a comunidades autónomas y entidades locales.


Buena parte de estas actuaciones financiadas con fondos Next Generation EU (infraestructuras urbanas, rehabilitación energética, movilidad sostenible, digitalización, equipamientos públicos, regeneración de espacios urbanos o proyectos
turísticos) requieren ejecución material de obras y suministros sujetos a calendarios cerrados y a estrictos sistemas de hitos y objetivos.


El cumplimiento de estos hitos, fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia determina la correcta percepción de los fondos europeos y condiciona su mantenimiento. Sin embargo, durante el presente año hidrológico se
están produciendo en amplias zonas del territorio nacional episodios prolongados de precipitaciones intensas, inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos persistentes que están afectando de forma directa y objetiva a la ejecución material de
obras financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.


Estas circunstancias están provocando paralizaciones forzosas de actuaciones en la vía pública y en espacios exteriores, así como la imposibilidad técnica de ejecutar determinadas obras conforme a las condiciones de seguridad exigidas por la
normativa aplicable, generando al mismo tiempo alteraciones de consideración en la cadena de suministro que se traducen en retrasos en la fabricación, el transporte y la entrega de materiales y equipos, algo que obliga a reprogramaciones
contractuales no imputables en modo alguno a la Administración ejecutora, pese a haber actuado con la debida diligencia y planificación.


Se trata de situaciones que pueden encajar jurídicamente en el concepto de fuerza mayor, al concurrir circunstancias imprevisibles, inevitables y ajenas a la voluntad de las Administraciones ejecutoras.


En este contexto, diversas entidades locales han trasladado pública y formalmente esta problemática. Como ejemplo, el Ayuntamiento de Alcalá la Real ha solicitado la revisión excepcional de plazos en relación con la ejecución de su Plan de
Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ante la imposibilidad material de desarrollar determinadas actuaciones por causas meteorológicas extraordinarias. Es solo un ejemplo extensible
a múltiples proyectos de distinta naturaleza en todo el territorio nacional.


El principio de buena administración, la necesidad de garantizar la eficacia real de las inversiones y el interés general en la correcta gestión de los fondos europeos exigen articular mecanismos extraordinarios de flexibilidad cuando
concurran circunstancias objetivas y debidamente acreditadas que impidan el cumplimiento material de los calendarios inicialmente previstos. El objetivo final de ello es evitar que administraciones que han actuado con diligencia puedan verse
penalizadas por factores extraordinarios que escapan completamente a su ámbito de decisión.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar, en coordinación con las administraciones públicas afectadas, un mecanismo extraordinario de flexibilización y prórroga de los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones financiadas con cargo al Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia cuando se acrediten circunstancias excepcionales constitutivas de fuerza mayor, teniendo en cuenta siempre criterios homogéneos, seguridad jurídica y ausencia de cargas administrativas desproporcionadas para las
Administraciones ejecutoras.


2. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que ninguna Administración territorial pierda financiación europea por retrasos derivados de fenómenos extraordinarios ajenos a su gestión, e informar a esta Comisión, en el plazo máximo de
tres meses,

Página 108

sobre el número de actuaciones afectadas, las solicitudes de reprogramación presentadas y las decisiones adoptadas al respecto.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis María Beamonte Mesa, Antonio Cavacasillas
Rodríguez, María Lourdes Ramírez Martín, Carmelo Barrio Baroja, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/002990


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al despliegue de plantas eólicas marinas en la costa de Galicia para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


A finales de 2025 se inició el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria de los «Planes de ordenación del espacio marítimo de segundo ciclo», que incluye el procedimiento por el que los borradores de planes y el documento estratégico
inicial se someten a consultas con las Administraciones Públicas afectadas y las partes interesadas.


Sin embargo, aunque los documentos citados reconocen que «la tecnología flotante no está tan madura como la de cimentación fija», o que la información sobre la actividad pesquera es «inexistente o incompleta», el Gobierno del Estado quiere
acelerar definitivamente la instalación de plantas eólicas marinas en las zonas de alto potencial identificadas en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).


Y a la vista de la consulta previa a los implicados que está realizando el Ministerio de Transición Ecológica para posteriormente elaborar la normativa que regule el procedimiento de subasta de las instalaciones eólicas marinas, las
declaraciones del Gobierno gallego, a través de su Consejera de Economía e Industria, exigiendo que «Galicia sea una de las primeras comunidades donde empiecen a realizarse las subastas» resultan vergonzosas e incomprensibles si la Xunta quiere
respetar y defender el futuro de la actividad pesquera y la salvaguarda de la biodiversidad.


Así, el Gobierno gallego ha manifestado en una respuesta escrita al BNG que «desde el primer momento, la Xunta tuvo claro que este desarrollo exigiría unas garantías claras de coexistencia y compatibilidad con el medio marino y con las
actividades que ya se están desarrollando, especialmente la pesquera… Por ello, antes de hablar de proyectos concretos, Galicia siempre quiso que el Gobierno central despejara todas las dudas tras la aprobación de los POEM. Al margen de la
información tenida en cuenta en el proceso de elaboración, la Xunta de Galicia sí considera que la planificación de los espacios marítimos por parte del Gobierno central se hizo sin un consenso real con la Xunta, el sector marítimo-pesquero y la
industria», pero ahora parece que el mismo Gobierno considera que las dudas que quedaban tras la aprobación del POEM han desaparecido y que ahora existen «claras garantías de coexistencia y compatibilidad con el medio marino y con la actividad ya
implantada, especialmente con la actividad pesquera».

Página 109

Nada más lejos de la realidad, pues Galicia sigue siendo la primera potencia pesquera del Estado y una de las primeras de la UE, mientras que la actividad marisquera y mejillonera se extiende a diferentes puntos de nuestras costas que se
verían afectados por las instalaciones asociadas a la eólica marina, siguen sin facilitarse informes (ni por parte del Gobierno del Estado ni de la Xunta) sobre el impacto del desarrollo de la eólica marina en el sector pesquero y los ecosistemas
marinos, el impacto claro sigue siendo no solo directo sobre el sector pesquero sino también sobre las múltiples actividades económicas relacionadas con él, y se sigue ignorando que Galicia ya cumple los objetivos de contribución renovable a la
generación eléctrica fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).


Además, una vez más, el documento del Gobierno del Estado referente al POEM de Segundo Ciclo refleja claramente la ausencia de estudios en torno a la pesca y el marisqueo, habla de la importancia del «sector económico» pero sin evaluar el
valor de esta actividad ni social ni económicamente. Tampoco incluye una sola mención a los caladeros históricos afectados por las zonas NOR 1, 2, 3, 4 y 5, y propone la creación de una única Declaración Inicial Estratégica (DIE) para los POEM de
las cinco demarcaciones marinas, sin tener en cuenta las características geológicas, climatológicas, oceanográficas y biológicas claramente diferenciadas de las distintas costas (Atlántica, Cantábrica y Mediterránea).


Por tanto, no se puede entender que el Gobierno del Estado, con el consentimiento de la Xunta de Galicia, siga avanzando en la implantación de la eólica marina en el litoral gallego, sin tener en cuenta las actividades que ya están
implantadas, que son el pilar básico de la economía de los municipios costeros de nuestro país, una actividad económica sostenible y fundamental en el mantenimiento de la soberanía y calidad alimentaria, que representan casi el 5 % del PIB gallego
en su conjunto, para apostar incondicionalmente y con los ojos cerrados por los intereses del oligopolio eléctrico, sacrificando el sector pesquero y la biodiversidad marina para favorecer un modelo depredador de los recursos de todos los gallegos.


Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado también está impulsando la regulación del procedimiento de licitación competitiva para instalaciones eólicas marinas, en otro intento por acelerar la instalación. Así, en el Real Decreto 962/2024, de
24 de septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar, aprobado en 2024, se prevé el desarrollo de este procedimiento de licitación competitiva para otorgar
simultáneamente a las instalaciones un régimen económico, la reserva de capacidad en un nudo específico de la red de transporte de energía eléctrica y la prioridad en el otorgamiento de la concesión para ocupar el dominio público marítimo y
terrestre. En esta orden ministerial, ahora sujeta a consulta pública previa, se regularán el ámbito, potencia, plazos y criterios. Sin embargo, aún falta completar los informes, estudios y evaluaciones sobre el impacto socioeconómico y sobre el
impacto sobre el medio natural y la biodiversidad marina, si bien se reconoce, una vez más, que la eólica marina flotante «no está lo suficientemente madura».


En definitiva, la eólica marina es una amenaza real, que supondrá, como ya ocurrió con la eólica terrestre en nuestro país, una profunda modificación del territorio y de la forma de vida en gran parte de Galicia. Avanzar sin contar con los
preceptivos informes, estudios y evaluaciones de costes socioeconómicos y de impacto ambiental vulnera el principio de precaución y los derechos históricos del sector pesquero gallego.


Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:


— Descartar la ampliación de áreas para el despliegue de la eólica marina en Galicia así como el inicio de las subastas que lo posibiliten debido al gran impacto sobre la

Página 110

biodiversidad marina y el medio natural, así como las graves consecuencias socioeconómicas.


— Paralizar el despliegue de la energía eólica marina mediante la modificación de los Planes de Ordenación de los Espacios Marítimos de Segundo Ciclo y el desarrollo del procedimiento de licitación competitiva hasta que, como mínimo, existan
informes científicos que avalen la falta de impacto sobre los ecosistemas marinos y una evaluación de las consecuencias socioeconómicas que tendría la implantación de la energía eólica marina en Galicia.


— Apoyar las demandas de la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos en este sentido.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2026.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Á Mesa do Congreso


O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI
relativa ao despregamento da eólica mariña na costa da Galiza para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.


Exposición de motivos


A finais de 2025, daba comezo o procedemento para a avaliación ambiental ordinaria dos «Plans de ordenación do espazo marítimo de segundo ciclo», incluíndo o trámite polo que se somete o borrador dos plans e o documento inicial estratéxico a
consultas das Administracións Públicas afectadas e persoas interesadas.


Mais, aínda que os documentos citados recoñecen que «a tecnoloxía flotante non está tan madura como a de cimentación fixa», ou que a información sobre a actividade pesqueira é «inexistente ou incompleta», o Goberno do Estado quere acelerar
definitivamente a instalación da eólica mariña nas zonas de alto potencial identificadas nos Plans de Ordenación do Espazo Marítimo (POEM).


E diante da consulta previa aos implicados que o Ministerio de Transición Ecolóxica leva a cabo para posteriormente elaborar a normativa que regule o procedemento de poxas das instalacións de eólica mariña, as declaracións do Goberno galego,
por boca da súa conselleira de Economía e Industria, reclamando que a «Galiza sexa unha das primeiras comunidades onde comecen a desenvolverse as poxas» resultan vergoñentas e incomprensíbeis se a Xunta quere respectar e defender o futuro da
actividade pesqueira e a salvagarda da biodiversidade.


Así, o Goberno galego ten afirmado en resposta escrita ao BNG que «desde un primeiro momento, a Xunta tivo claro que este desenvolvemento requiriría dunhas claras garantías de coexistencia e compatibilidade co medio mariño e coa actividade
xa implantada, de maneira especial coa actividade pesqueira … Por iso mesmo, antes de falar de proxectos concretos, a Galiza sempre quixo que o Goberno central despexara todas as dúbidas tras aprobar os POEM. Con independencia da información tida
en conta no proceso de elaboración, si que desde a Xunta da Galiza se considera que a planificación dos espazos marítimos por parte do Goberno central se fixo sen un consenso real coa Xunta, co sector marítimo-pesqueiro e coa industria», mais agora
parece que o mesmo Goberno considera que xa desapareceron as dúbidas que se mantiñan após a aprobación dos POEM e que xa existen «claras garantías de coexistencia e compatibilidade co medio mariño e coa actividade xa implantada, de maneira especial
coa actividade pesqueira».

Página 111

Nada máis lonxe da realidade, pois a Galiza segue a ser a primeira potencia pesqueira do Estado e unha das primeiras da UE ao tempo que a actividade marisqueira e mexilloeira esténdese por distintos puntos das nosas costas que estarían
afectadas polas instalacións asociadas á eólica mariña, seguen sen achegarse informes (nin polo Goberno do Estado nin pola Xunta) sobre o impacto do desenvolvemento da eólica mariña no sector pesqueiro e nos ecosistemas mariños, mantense a clara
afectación non só directamente sobre o sector pesqueiro senón tamén sobre as múltiples actividades económicas relacionadas con el, e segue sen terse en consideración que a Galiza xa cumpre os obxectivos de contribución renovábel á xeración eléctrica
fixados no Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC).


Ademais, máis unha vez, o documento do Goberno do Estado referido aos POEM de Segundo ciclo reflicte claramente a ausencia de estudos no relativo á pesca e marisqueo, fala da importancia do «sector económico» mais sen avaliar o valor desta
actividade nin social nin economicamente. Tampouco recolle nin unha soa mención aos caladoiros históricos de pesca afectados polas zonas NOR 1, 2, 3, 4 e 5, e propón a realización dunha Declaración Inicial Estratéxica (DIE) única para os POEM das
cinco demarcacións mariñas, sen ter en conta as características xeolóxicas, climatolóxicas, oceanográficas e biolóxicas claramente diferenciadas das distintas costas (atlántica, cantábrica e mediterránea).


Así pois, non pode entenderse que o Goberno do Estado, coa anuencia da Xunta da Galiza, siga avanzando na implantación da eólica mariña na costa galega, sen ter en consideración as actividades que xa están implantadas, que son o piar básico
da economía dos concellos costeiros do noso país, unha actividade económica sustentábel e fundamental no mantemento de soberanía alimentar e de calidade, que representan no seu conxunto case o 5 % do PIB galego, para apostar incondicionalmente e cos
ollos pechados polos intereses do oligopolio eléctrico, sacrificando o sector pesqueiro e a biodiversidade mariña para favorecer un modelo depredador dos recursos de todos os galegos e galegas.


Paralelamente, o Goberno do Estado está a impulsar tamén a regulación do procedemento de concorrencia competitiva das instalacións eólicas mariñas, noutro intento por acelerar a instalación. Así, no Real Decreto 962/2024, de 24 de setembro,
polo que se regula a produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovábeis en instalacións situadas no mar, aprobado en 2024, prevese o desenvolvemento dese procedemento de concorrencia competitiva para outorgar simultaneamente ás
instalacións un réxime económico, a reserva da capacidade nun nó concreto da rede de transporte de enerxía eléctrica e a prioridade no outorgamento da concesión de ocupación do dominio público marítimo terrestre. Nesta orde ministerial, sometida
agora a consulta pública previa, regularanse a área, a potencia, os prazos e os criterios. Porén, segue faltando tamén, completar os informes, estudos e valoracións sobre a afección socio-económica e sobre o impacto no medio natural e na
biodiversidade mariña, ao tempo que recoñece, máis unha vez, que a eólica mariña flotante «non esta o suficientemente madura».


En definitiva, a eólica mariña é unha ameaza real, que implicará, como xa pasou coa eólica terrestre no noso país, unha modificación profunda do territorio e do modo de vida en grande parte da Galiza. Avanzar sen ter os informes, estudos e
valoracións do custo socio-económicos e do impacto ambiental preceptivos, vulnera o principio de precaución e os dereitos históricos do sector pesqueiro galego.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei


«O Congreso insta o Goberno do Estado a:


— Desbotar a extensión de zonas para o despregamento da eólica mariña na Galiza así como o inicio das poxas que o posibiliten polo grande impacto na biodiversidade mariña e no medio natural, así como as graves consecuencias socio-económicas.

Página 112

— Paralizar o despregamento da eólica mariña a través na modificación dos Plans de Ordenación dos Espazos Marítimos de Segundo Ciclo e o desenvolvemento do procedemento de concorrencia competitiva até, no mínimo, contar cos informes
científicos que avalen a falta de impacto nos ecosistemas mariños e coa avaliación das consecuencias socioeconómicas que a implantación da eólica mariña tería na Galiza.


— Apoiar as reivindicacións da Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños a este respecto.»


Congreso dos Deputados, 9 de febrero de 2026.—Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz Adxunto do GP Mixto.


161/003004


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de los
compromisos de financiación y la ejecución del desglosado 3 de las canalizaciones de la presa de Rules (Granada), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


La presa de Rules, integrada en el sistema hidráulico Béznar-Rules, constituye una infraestructura hidráulica de interés general del Estado destinada a garantizar el aprovechamiento de los recursos hídricos para el riego y el desarrollo
socioeconómico de la Costa Tropical de Granada. La presa fue finalizada y puesta en carga en el año 2004, de modo que han transcurrido más de veinte años desde su construcción sin que una parte sustancial del agua embalsada pueda ser utilizada de
forma efectiva, debido a la falta de ejecución de las canalizaciones necesarias, especialmente las correspondientes al desglosado 3.


Desde el inicio del sistema Béznar-Rules se ha reconocido que las canalizaciones asociadas a la presa constituyen una infraestructura de competencia estatal, tanto por su declaración de interés general como por su función estratégica en
materia de política hidráulica, correspondiendo al Gobierno de España su planificación, impulso, ejecución y financiación a través de los organismos dependientes del Ministerio competente en materia de agua.


En este contexto, el Gobierno de España ha mantenido mesas de negociación con la Comunidad General de Regantes de la Costa Granadina, en las que se trasladó de forma expresa un compromiso de financiación del desglosado 3, basado en un
esquema de cofinanciación claramente definido. En dichas negociaciones se acordó que el Gobierno central asumiría el 80 % del coste de la infraestructura, mientras que el 20 % restante correspondería a los regantes, generando una expectativa
legítima de ejecución de las obras y de puesta en servicio de una infraestructura largamente demandada por el territorio.


Sin embargo, este compromiso no se ha materializado en actuaciones concretas, manteniéndose el proyecto paralizado durante años. Esta falta de impulso ha tenido como consecuencia directa la pérdida de la oportunidad de financiación a través
de los fondos europeos Next Generation EU, al no haberse tramitado ni ejecutado el proyecto en los plazos exigidos. La cuantía estimada de dicha financiación perdida asciende a alrededor de 80 millones de euros, importe coincidente con el
presupuesto base del desglosado 3, lo que ha supuesto un grave perjuicio para el aprovechamiento de recursos hídricos estratégicos en un contexto de creciente escasez de agua.

Página 113

Ante la prolongada inacción del Gobierno central, y pese a no ostentar competencia alguna sobre la infraestructura, la Diputación Provincial de Granada ha manifestado públicamente su compromiso de aportar 5 millones de euros, con cargo a sus
propios presupuestos, para contribuir a cubrir parte del 20 % de financiación que corresponde a los regantes, evidenciando un ejercicio de responsabilidad institucional y apoyo al sector agrícola afectado.


Estos compromisos, asumidos por administraciones no competentes y en un marco estrictamente subsidiario, ponen de manifiesto la relevancia estratégica del desglosado 3 para el futuro del sector agrícola de la Costa Tropical y evidencian, al
mismo tiempo, la necesidad de que el Gobierno de España cumpla los compromisos expresamente adquiridos en la mesa de negociación con la Comunidad General de Regantes, asumiendo la financiación que le corresponde como administración competente y
evitando que su falta de actuación continúe trasladando una carga injustificada a los regantes.


Por todo ello, resulta imprescindible que el Gobierno de España adopte de manera inmediata las decisiones presupuestarias y administrativas necesarias para garantizar la financiación y ejecución del desglosado 3, con un calendario cierto y
transparente, compensando la pérdida de financiación europea derivada de su propia falta de impulso y poniendo fin a una situación de bloqueo que se prolonga desde hace más de dos décadas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Cumplir el compromiso de financiación inicialmente adquirido con la Comunidad General de Regantes de la Costa Granadina, asumiendo el 80 % del coste total del desglosado 3 de las canalizaciones de la presa de Rules, con cargo a fondos
públicos estatales, incluidos los fondos europeos Next Generation, u otros fondos europeos disponibles o instrumentos de financiación alternativos que el Gobierno de España deba articular y obtener, en su condición de Administración General del
Estado y administración competente sobre esta infraestructura hidráulica de interés general.


2. Restablecer el modelo de cofinanciación acordado, garantizando que el 20 % restante sea asumido por los regantes en los términos inicialmente pactados, sin incrementos derivados de la pérdida de financiación europea imputable a la
inacción del Gobierno, articulando para ello los instrumentos de apoyo financiero necesarios que hagan viable dicha aportación.


3. Asumir la responsabilidad por la pérdida de los fondos europeos Next Generation, derivada de la falta de tramitación y ejecución del proyecto en plazo, adoptando las medidas presupuestarias y administrativas necesarias para compensar
dicha financiación y garantizar la viabilidad económica del desglosado 3.


4. Respetar el principio de lealtad institucional, evitando trasladar a los regantes o a administraciones no competentes una carga financiera superior a la pactada, y reconociendo el carácter subsidiario y excepcional de las aportaciones
comprometidas por la Diputación Provincial de Granada y la Junta de Andalucía.


5. Aprobar y hacer público un calendario cierto, vinculante y transparente para la ejecución del desglosado 3, consensuado con la Comunidad General de Regantes de la Costa Granadina, que permita la puesta en servicio efectiva de las
canalizaciones y el aprovechamiento del agua embalsada en la presa de Rules.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.—María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno y Raquel Clemente Muñoz,
Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Página 114

161/003005


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la
adopción urgente de medidas estructurales y un plan integral de protección y recuperación del litoral de la provincia de Huelva, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El litoral de la provincia de Huelva constituye un espacio estratégico de primer orden, tanto desde el punto de vista ambiental como económico y social. Su franja costera alberga playas de alto valor ecológico y turístico, sostiene una
parte esencial de la actividad económica de la provincia y genera miles de empleos directos e indirectos ligados al turismo, los servicios y el comercio.


La protección del dominio público marítimo-terrestre, así como la defensa de la costa frente a la erosión, corresponde al Estado en virtud de sus competencias exclusivas.


Desde hace años, la costa onubense viene sufriendo un proceso continuado y progresivo de regresión y erosión, que se ha visto agravado por la sucesión de temporales cada vez más intensos y frecuentes.


Por este motivo, en febrero de 2014 se presentó la Estrategia para la protección de la costa en Huelva, que, por primera vez, estudia todo su frente costero con el objetivo de abordar sus problemas históricos de erosión, aportando
alternativas y propuestas de actuación para las zonas más sensibles de la costa onubense.


La Estrategia para la protección de la costa en Huelva, aprobada en 2014, supuso un primer marco de planificación y diagnóstico que permitió iniciar trabajos técnicos y la redacción de proyectos orientados a actuar sobre distintos tramos
vulnerables del litoral onubense.


En este contexto, uno de los ejemplos más claros es el caso de la playa de Matalascañas, identificada en la Estrategia como tramo prioritario por su vulnerabilidad y por el riesgo de agravamiento derivado del ascenso del nivel del mar. En
consecuencia, se inició la redacción del proyecto de «Aportación de arena y mejora de los dispositivos de retención de la misma en la playa de Matalascañas, término municipal de Almonte (Huelva)», cuya licitación para redacción comenzó en 2015 y
cuyo documento quedó finalizado en noviembre de 2018.


Este ejemplo evidencia que, desde hace años, existen diagnósticos y proyectos técnicamente preparados o muy avanzados para actuar en la costa de Huelva, pero que la falta de impulso y ejecución por parte del Gobierno de España ha impedido
que se materialicen en actuaciones estructurales suficientes y sostenidas, prolongando en el tiempo un problema que afecta al conjunto del litoral provincial.


Sin embargo, pese a haberse identificado los problemas, la situación ha empeorado provocando daños de extraordinaria gravedad en la primera línea de costa, afectando de manera especialmente significativa a playas emblemáticas como
Matalascañas, El Portil, el litoral de Ayamonte, así como a los términos municipales de Isla Cristina y de Lepe, junto a otros tramos del litoral provincial que vienen sufriendo una pérdida continuada de arena y un deterioro progresivo de sus
sistemas dunares y zonas de defensa natural.


Los episodios más recientes han puesto de manifiesto la vulnerabilidad estructural del litoral de Huelva, con afecciones graves a infraestructuras públicas, paseos marítimos, accesos, servicios básicos y espacios de uso turístico. Estos
daños han generado un impacto económico y social de gran magnitud, comprometiendo la seguridad de las personas, deteriorando el entorno y poniendo en riesgo uno de los principales motores económicos de la provincia.

Página 115

Pese a tratarse de un problema conocido, reiterado y advertido desde hace años, la respuesta del Gobierno de España ha resultado claramente insuficiente. La actuación del Ejecutivo se ha caracterizado por la ausencia de una planificación
integral y de una estrategia a medio y largo plazo, recurriendo de forma reiterada a actuaciones puntuales, temporales y reactivas, que no han logrado frenar la regresión del litoral ni evitar que los daños se reproduzcan tras cada temporal.


Además, el Estado dispone desde 2014 de un marco técnico de referencia para afrontar estos problemas: la Estrategia para la protección de la costa en Huelva, que analiza el conjunto del frente litoral provincial, identifica los tramos más
vulnerables y plantea alternativas y actuaciones de defensa, estabilización y regeneración en distintos sectores del litoral onubense.


Dicha Estrategia no se limita a un único enclave, sino que recoge la necesidad de actuaciones en distintos puntos de la costa de la provincia, donde la regresión, la pérdida de arena, el deterioro de sistemas dunares y la afección a
infraestructuras se han convertido en un problema recurrente, estructural y generalizado.


La protección del litoral exige un enfoque estructural, basado en criterios técnicos y científicos, que permita anticiparse a los efectos de los temporales, reforzar la estabilidad de la costa y garantizar la conservación del dominio público
marítimo-terrestre. Resulta imprescindible contar con un plan integral actualizado, que ordene las actuaciones por tramos, priorice las zonas más vulnerables y establezca un marco de actuación estable y coordinado.


La Junta de Andalucía está impulsando estudios y herramientas para anticipar y mitigar los impactos del cambio climático sobre la costa andaluza, especialmente ante el previsible ascenso del nivel del mar, con el objetivo de conocer, prever
y actuar frente a los riesgos climáticos en el litoral. Ahora bien, la Junta de Andalucía carece de competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre y sobre las actuaciones de defensa y protección de la costa, por lo que corresponde al
Gobierno de España asumir su responsabilidad y ejecutar las medidas necesarias para frenar la erosión y proteger el litoral de la provincia de Huelva.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados considera necesario instar al Gobierno de España a abandonar definitivamente la política de actuaciones aisladas y a asumir su responsabilidad en la defensa del litoral onubense, promoviendo una
estrategia integral, estructural y planificada que garantice la protección de la costa, la seguridad de las infraestructuras y la sostenibilidad económica y ambiental de la provincia de Huelva.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Evaluar la ejecución de la Estrategia para la protección de la costa en Huelva y elaborar, aprobar y presentar un Plan Integral de Protección y Recuperación del Litoral de la provincia de Huelva, que incluya un diagnóstico técnico
detallado por tramos, con especial atención a las zonas más afectadas por la erosión y regresión costera.


2. Priorizar y ejecutar actuaciones estructurales y definitivas, basadas en criterios técnicos y científicos, que permitan frenar la pérdida de arena y proteger de forma eficaz la primera línea de costa, evitando medidas meramente
temporales que no resuelven el problema de fondo.


3. Establecer un calendario claro de actuaciones, con plazos concretos de ejecución y mecanismos de seguimiento, que aporte certidumbre a los ciudadanos y a los sectores económicos afectados.


4. Garantizar la seguridad de las personas y de las infraestructuras situadas en la primera línea de costa, actuando con carácter urgente en los tramos que presenten mayor riesgo.


5. Coordinar las actuaciones con la Junta de Andalucía y las entidades locales afectadas, asegurando una respuesta institucional eficaz y coherente.

Página 116

6. Mejorar la transparencia, informando de manera periódica y desagregada sobre las actuaciones previstas, licitadas y ejecutadas en materia de protección del litoral en la provincia de Huelva.


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.—Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix, César Sánchez Pérez, Javier José Folch Blanc, Juan Diego Requena Ruiz y Joaquín Melgarejo Moreno, Diputados.—Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003006


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar a la declaración de forma
oficial de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil todos los municipios afectados por el temporal Harry, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Durante este mes de enero de 2026, diversos municipios de Castellón, Valencia y Alicante se vieron afectados por un episodio de lluvias y fuerte temporal marítimo de gran intensidad, con consecuencias devastadoras para la costa mediterránea.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantuvo, durante varios días, la alerta por temporal en el este y nordeste peninsular y Baleares y recomendó a la población extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los
organismos oficiales a consecuencia de la borrasca denominada «Harry».


Los efectos de la borrasca de Harry han sido mayores y más visibles en las zonas del litoral, donde la borrasca generó un fuerte temporal marítimo con olas que superaron en la boya del golfo de Valéncia de Puertos del Estado, los 6 metros de
altura. Estas condiciones llevaron a la activación de alerta naranja por fenómenos costeros en gran parte del litoral valenciano. La regresión de la costa es ya evidente y la desaparición progresiva de la playa se ha convertido en una realidad
dolorosa, consecuencia directa de años de inacción y de la falta de soluciones estructurales por parte del Ministerio. El agua ha engullido la arena, incluso en playas regeneradas, dejando una línea de costa más estrecha y, en algunos casos,
dejando a la vista escombros, piedras, troncos y cañas.


El acceso a paseos marítimos y zonas de playa fueron cerrados en localidades como Sagunt, Cullera, Vinarós, Almassora y Tavernes de la Valldigna, con medidas para proteger a la población y evitar riesgos directos por las olas y corrientes.
Algunos municipios avisaron sobre el riesgo de estacionar vehículos en el paseo marítimo y de acercarse al mar mientras durara el temporal, y pidió que se evitaran desplazamientos innecesarios.


Además, no solo hablamos de falta de espigones, o reposición de arena. Cada vez que hay un temporal marítimo, o una alerta, las consecuencias de la inacción del Gobierno Central se acentúan en las calles, en la seguridad de los vecinos,
como hemos podido observar estos días en municipios como Burriana, Gandía o Denia, entre otras poblaciones afectadas, donde verdaderos tsunamis han irrumpido en las calles de estos municipios, que quedaron anegadas.


Desde las distintas administraciones municipales y provinciales ya han advertido que no son hechos aislados y que se repiten año tras año dejando un panorama similar sin

Página 117

ninguna defensa ni barrera, dejando edificios y vecinos expuestos. Desde las distintas administraciones abogan por un plan de intervención estructural que garantice la protección del litoral a largo plazo para este tipo de sucesos y que se
realicen obras como espigones para evitar el deterioro del litoral. Las Estrategias para la protección de la costa y contra la erosión del litoral del sur de Castellón y del sur de Valencia, está aprobadas desde octubre de 2015, estando todavía
pendiente la Estrategia de protección de la Costa en los tramos que afecta al litoral de la provincia de Alicante y de la provincia de Valencia no incluidos en otra Estrategia, de forma que se planifiquen todas las actuaciones necesarias de forma
coordinada para protegerlas a estos municipios de la regresión.


Por otra parte, la Comunidad Valenciana ya pidió en 2025 que se traspasase la competencia en materia de costas, como ya tiene Galicia o Andalucía, puesto que la escala autonómica es, sin duda, la idónea para la ordenación del litoral. Por
los mismos motivos que lo es para la ordenación territorial, es decir, para garantizar una ordenación del espacio litoral realista, razonable y eficaz, creando un sistema de planificación costera coherente y adecuada a la singularidad de la costa,
contribuyendo también a las prevenciones y adaptaciones necesarias para afrontar los riesgos que puedan comprometer su integridad.


Ejemplo de ello son las consecuencias del temporal sufrido recientemente: a pesar de la magnitud de los daños, el Gobierno de España aún no ha declarado estas zonas como gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, a
diferencia de lo ocurrido en otras comunidades ante situaciones similares.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. La Declaración de forma oficial de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil todos los municipios afectados por el temporal Harry en la Comunidad Valenciana.


2. Dotar una línea de ayudas económicas dirigida a los municipios del litoral para reparar los daños ocasionados por la borrasca.


3. Realizar las obras de protección y regeneración de la costa de la Comunidad Valenciana planificadas desde 2015.


4. Que se lleve a cabo de forma efectiva el traspaso de competencias en materia de ordenación y gestión del litoral a la Comunidad Valenciana.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.—Sandra Pascual Rocamora, César Sánchez Pérez, Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, Belén Hoyo Juliá, Esperanza Reynal Reillo, Fernando de
Rosa Torner, Alma Alfonso Silvestre, Cristina Moreno Borrás, Evarist Aznar Teruel, Alberto Fabra Part y Óscar Clavell López, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003009


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la voladura de la Central Térmica de

Página 118

Compostilla II y al impacto de las políticas de descarbonización en la región leonesa, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


La Central Térmica de Compostilla II ha sido, durante décadas, uno de los principales pilares industriales, energéticos y laborales de la comarca del Bierzo y del conjunto de la región leonesa. Su actividad no solo garantizó la producción
de energía eléctrica firme y gestionable, sino que actuó como motor económico, generador de empleo estable y elemento vertebrador del territorio, contribuyendo de forma decisiva a la fijación de población y al desarrollo de un tejido industrial
asociado. Fue inaugurada en el año 1972 y ampliada en el 1985, llegando a ocupar una superficie de 375 hectáreas con sus cinco unidades térmicas1. En el año 2020, en el marco de las políticas de descarbonización impulsadas por el Gobierno, se
impuso el cierre de esta producción energética basada en la quema de carbón2.


Tras ello, la voladura y demolición de las estructuras que aún permanecen en pie —singularmente las chimeneas, convertidas ya en un símbolo del pasado industrial de la zona—, prevista para el próximo 12 de febrero3, supone la eliminación
definitiva e irreversible de una infraestructura estratégica, así como de los terrenos, accesos y conexiones eléctricas que podrían resultar esenciales para cualquier proyecto energético o industrial futuro.


Esta voladura representa por tanto un ejemplo paradigmático de cómo las políticas energéticas basadas en el fanatismo climático están teniendo consecuencias devastadoras en amplias zonas del norte de España. Su cierre, sin alternativas
industriales reales ni planes efectivos de reindustrialización, ha generado pérdida de empleo4, desincentivado la inversión y profundizado en los procesos de despoblación —León ha perdido el 8,5 % de sus habitantes en la última década—5 que afectan
de manera estructural a comarcas como el Bierzo.


Mientras, otros países de nuestro entorno como Alemania6 o Polonia mantienen la generación eléctrica con carbón como tecnología de respaldo del sistema, reconociendo su papel en la estabilidad del suministro, la cobertura de picos de demanda
y la seguridad energética nacional. Además, recientemente se ha destacado como las centrales térmicas de Alemania se han vuelto imprescindibles otorgando buenos resultados a nivel de rentabilidad7, con un carbón del que nosotros disponemos y de
hecho exportamos8.


La generación eléctrica a base de carbón ha demostrado históricamente ser una tecnología capaz de aportar estabilidad al sistema eléctrico y de actuar como respaldo ante situaciones de tensión en la red9. Su eliminación acelerada ha sido
impulsada por el bipartidismo sin contar con una evaluación real de sus consecuencias económicas y territoriales. En consecuencia, la alta inestabilidad de nuestro sistema energético ha sido


1 https://www.diariodeleon.es/bierzo/251224/2070396/desmantelamiento-termica-compostilla-ii-aproxima-90.html


2 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7549


3 https://www.diariodeleon.es/bierzo/260128/2073832/chimeneas-central-termica-compostilla-ii-volaran-aires-12-febrero.html


4 https://www.leonoticias.com/mineria/desmantelamiento-carbon-leon-20190728123359-nt.html


5 https://www.diariodeleon.es/nacional/240527/1544672/leon-zona-roja-despoblacion-europa.html


6 https://cadenaser.com/nacional/2022/06/19/alemania-apuesta-por-el-uso-del-carbon-como-medida-para-ahorrar-gas-cadena-ser/


7 https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/informes/las-centrales-de-carbon-de-alemania-vuelven-a-n-882087


8 https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20231013/dispara-importacion-carbon-espana-destino-polonia-alemania-niveles-historicos/801170166_0.html


9 https://www.estrategiasdeinversion.com/fondos/el-gran-apagon-del-28-de-abril-una-red-electrica-n-809389

Página 119

la causante del gran apagón sufrido el 28 de abril cuando la práctica totalidad de la península sufrió un «cero energético»10.


Por último, la demolición de la Central Térmica de Compostilla II impide aprovechar unas infraestructuras de alto valor estratégico: redes de evacuación eléctrica ya existentes, suelos específicamente habilitados para la generación de
energía y una localización idónea para el desarrollo de nuevas actividades industriales y energéticas. La desaparición definitiva de estas infraestructuras supone cerrar la puerta a cualquier posibilidad futura de reindustrialización basada en el
aprovechamiento de activos ya consolidados, condenando a la zona a un proceso de declive difícilmente reversible.


Por todo ello, el Gobierno debe modificar radicalmente una política energética que, lejos de ofrecer soluciones, agrava los problemas estructurales de la España rural. La voladura de Compostilla II es el símbolo de una forma de actuar que
sacrifica industria, estabilidad del sistema eléctrico, empleo y cohesión territorial en nombre de un fanatismo climático que ignora la realidad económica, social y energética de España.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados:


1. Condena la voladura y demolición de la Central Térmica de Compostilla II, que supone la eliminación irreversible de una infraestructura estratégica para la generación eléctrica, la industria y el empleo en toda la región leonesa y
especialmente en la comarca del Bierzo.


2. Insta al Gobierno a:


a. Promover la paralización inmediata de cualquier actuación de demolición de la Central Térmica de Compostilla II, con el fin de preservar el valor estratégico, industrial y energético de las instalaciones.


b. Garantizar la soberanía energética, manteniendo la capacidad de generación eléctrica firme y priorizando la estabilidad del sistema eléctrico frente a la imposición de políticas derivadas de la descarbonización.


c. Defender en las instituciones europeas un enfoque realista de la política energética, en línea con las decisiones adoptadas por países de nuestro entorno como Polonia o Alemania, permitiendo el mantenimiento de la generación eléctrica con
carbón como respaldo del sistema eléctrico y garantía de estabilidad.


d. Reconocer el papel que ha desempeñado la generación eléctrica a base de carbón como tecnología firme, fundamental para la estabilidad del suministro eléctrico, la cobertura de picos de demanda y la seguridad del sistema energético
nacional.


e. Impulsar un plan específico de reindustrialización energética para los terrenos e infraestructuras de Compostilla II, aprovechando la red de evacuación eléctrica, las infraestructuras existentes y los suelos ya habilitados para la
generación, con el objetivo de atraer nuevas actividades industriales y energéticas a la región leonesa.


f. Evaluar el impacto de las políticas de descarbonización en la despoblación y el declive industrial del norte de España, y a adoptar medidas correctoras que eviten que las políticas basadas en el fanatismo climático sigan traduciéndose en
pérdida de empleo, inversión y población.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Ricardo Chamorro Delmo, José María Figaredo Álvarez-Sala y Patricia Rueda Perelló, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


10 https://www.eldebate.com/economia/20251007/inestabilidad-lleva-red-electrica-limitar-renovables-pese-informe-exculpo-apagon_341878.html

Página 120

161/003013


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un Plan de Emergencia de apoyo a
la cogeneración y defensa del sector industrial y cerámico español, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


La cogeneración es la generación simultánea, en un solo proceso, de energía térmica y energía eléctrica (o mecánica), diseñada para satisfacer una demanda económicamente justificable de «calor útil», con el objetivo de maximizar la
eficiencia del sistema energético y reducir las emisiones asociadas a la producción de energía. Para su reconocimiento regulatorio, debe operar bajo el régimen de «Alta Eficiencia», lo cual implica demostrar un Ahorro de Energía Primaria (PES) de
al menos un 10 % en comparación con los valores de referencia de la producción separada de calor y electricidad.


En tres décadas de su historia en España, la cogeneración ha demostrado ser una herramienta eficaz para aportar competitividad a los sectores industriales calorintensivos; impulsar el desarrollo del sistema gasista; aportar al sistema
eléctrico generación distribuida de proximidad, con garantía de potencia, síncrona y eficiente, que contribuye a la estabilidad de las redes; extender la demanda y el autoconsumo; fomentar la industria de arraigo, previniendo la deslocalización
industrial y facilitando un desarrollo geográfico y socialmente distribuido; y aportar productividad y competitividad al país en la transición ecológica, ya que la cadena de valor va mucho más allá de las plantas.


En definitiva, la cogeneración es una garantía para el sistema eléctrico y un recurso energético necesario para el sector industrial que tradicionalmente venía generando más del 11 % de toda la electricidad de España, aportando seguridad de
suministro y gran resiliencia a la industria, ahorrando anualmente en España la energía de 14 millones de barriles petróleo y 4 millones de toneladas de emisiones de CO2, con un potencial de ahorro de hasta un 30 % de energía primaria, donde la
cogeneración de alta eficiencia es la forma de producir electricidad y calor para sus usos de más de 600 industrias a lo ancho y largo de la geografía nacional y está presente en sectores y actividades industriales que representan el 20 % del PIB
industrial (alimentación, papel, cerámica, química, entre otras) y sostienen más de 200.000 empleos.


Además, otorga gran flexibilidad para una transición energética desde el gas natural, combustible con emisiones, hacia otros combustibles descarbonizados. Más del 80 % de la cogeneración es flexible, lo que permite a las industrias
adaptarse a la volatilidad energética y elegir los vectores más competitivos. El biometano, capaz de cubrir hasta el 40 % de la demanda nacional de gas, reduce la dependencia exterior y mejora la seguridad y estabilidad energética. Asimismo, la
cogeneración con biomasa, abundante y eficiente, destaca por su elevado aprovechamiento energético y generación de empleo, especialmente en el sector papelero.


Esta importancia energética, está consagrada en el contexto de la política energética europea, mediante el establecimiento de un marco normativo, la Directiva 2004/8/CE, que le confiere un carácter prioritario ineludible para la industria y
el sistema energético europeo. La propia Directiva señala que la infrautilización de esta tecnología es una oportunidad perdida, dado su potencial para transformar el modelo de consumo energético hacia uno más racional y sostenible, ya que bajo una
lógica termodinámica y económica, la cogeneración consume menos combustible total para generar la misma cantidad de calor y electricidad que si se produjeran en plantas separadas.

Página 121

Esto ha hecho que la Unión Europea, impulse bajo cuatro pilares fundamentales, la cogeneración para dar respuesta a los grandes desafíos geopolíticos y climáticos de la unión, esto es:


Sostenibilidad y Medio ambiente, ya que al ser intrínsecamente más eficiente, la cogeneración reduce drásticamente las emisiones de contaminantes por unidad de energía producida, convirtiéndose en una herramienta clave para la reducción de
gases de efecto invernadero.


La Seguridad de suministro de calor y electricidad, ya que al reducir el consumo de combustible necesario, disminuye la dependencia energética de la Unión Europea respecto a las importaciones de combustibles fósiles, fortaleciendo la
soberanía energética.


La Competitividad Industrial, ya que la eficiencia se traduce en costes y al reducir la factura energética, la cogeneración mejora directamente la posición competitiva de la industria europea en el mercado global.


Finalmente, la eficiencia en la Red (Generación Distribuida); al generarse habitualmente cerca de los puntos de consumo, la cogeneración elimina gran parte de las pérdidas asociadas al transporte y distribución eléctrica, optimizando la
infraestructura existente y ayudando a reducir los costes vinculados a los peajes que pagan los consumidores.


En conclusión la cogeneración se presenta en el marco europeo no solo como una técnica de generación, sino como una solución integral que aúna eficiencia económica, responsabilidad medioambiental, política industrial y seguridad estratégica.


Es por ello por lo que en el conjunto de la Unión Europea, la cogeneración es responsable del 12 % de generación eléctrica y del 15 % de la generación de calor.


Este impulso comunitario contrasta sin duda con el caso en España. Como se señalaba anteriormente, antes de la pandemia, en el año 2019, la cogeneración produjo el 12 % (29.615 GWh) del total de la electricidad en España. Pero en 2025,
solo ha representado el 5,7 % (15.400 GWh). Y la tendencia sigue a la baja tanto en operativa como en potencia instalada, así en el periodo 2020-2027 pararán 370 plantas de cogeneración y 2.800 MW de potencia instalada, sin que el gobierno ponga la
solución regulatoria que la industria reclama y que la directiva europea permite.


En definitiva, esta caída no es coyuntural, sino consecuencia de retrasos regulatorios, tardía e insuficiente actualización de retribuciones y no convocatoria reiterada de subastas prometidas desde 2021. La falta de neutralidad tecnológica
y el sesgo de la Ministra, contraria a cualquier estrategia que no pase por la plena y completa electrificación de la industria, pareciera que persigue un objetivo de «decrecimiento» no confesado. No hay que olvidar que la industria necesita de
procesos que, hoy por hoy, no son técnica ni económicamente electrificadles, ya que no existe ninguna tecnología capaz de proporcionar energía térmica de alta temperatura a grandes empresas industriales de manera eficiente y sostenible.


A esta realidad se añade, además, un factor estructural a nivel europeo, vinculado al diseño del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) y, en particular, al diseño de los benchmarks. La decisión de reducir y agrupar benchmarks ha
llevado a que procesos industriales con realidades tecnológicas muy diferentes queden sometidos a referencias y exigencias comunes de descarbonización, especialmente a través del benchmark de combustibles, que no distingue adecuadamente entre
procesos de baja y alta temperatura.


En sectores como la cerámica, donde los procesos productivos requieren calor de alta temperatura y no son electrificables a corto ni medio plazo, estos benchmarks les han penalizado en mayor medida ya que les exigen una reducción de
emisiones similar a las de actividades donde existen alternativas tecnológicas más maduras, como la electrificación. El resultado es un traslado al sector de costes regulatorios crecientes sin ofrecer vías técnicas viables para cumplirlos. Este
diseño erosiona la competitividad,

Página 122

incrementa el riesgo de deslocalización y debilita la eficacia del ETS como instrumento de descarbonización real.


La consecuencia directa de esta combinación de factores, la falta de neutralidad tecnológica en la regulación nacional, el diseño inadecuado de los benchmarks europeos y la inexistencia de alternativas técnicas para determinados procesos
industriales, es una pérdida de empleo y de competitividad industrial producida por unos mayores costes energéticos y ambientales, especialmente en sectores dónde la descarbonización mediante la electrificación aún no es técnica ni económicamente
viable.


Y es que si hay un sector económico especialmente castigado a esta acumulación de impactos, y por tanto especialmente castigado por la falta de ambición regulatoria en materia de cogeneración por parte del gobierno, este es el sector
cerámico español.


La industria cerámica en España es una industria de primer orden mundial, tanto en cuanto a la calidad de lo fabricado como en la eficiencia de sus procesos. Una industria que factura del orden de 5.000 Millones de euros anuales de los que
más del 70 % se destina a la exportación. Un sector líder, que a su vez está liderado por pequeñas y medianas empresas, que representan el 76 % de todos los fabricantes españoles y que genera más de 70.000 empleos industriales.


Pero este sector, está fuertemente impactado por los costes energéticos y por los costes vinculados a las emisiones de gases de efecto invernadero, que han sido especialmente importantes en la crisis energética posterior a la pandemia de la
COVID 19 y que se está viendo especialmente agravada por el cierre progresivo de la cogeneración y por decisiones regulatorias del gobierno que van contra la cogeneración y el sector industrial que la necesita.


Un análisis en detalle de la cogeneración en la Comunidad Valenciana, especialmente en Castellón, que es donde se sitúa el núcleo fundamental de la industria cerámica en España, pone de manifiesto que se está poniendo en grave riesgo la
inversión y fomentando la deslocalización.


La cogeneración es vital para la competitividad del azulejo español, ya que permite el aprovechamiento simultáneo del calor y el autoconsumo eléctrico.


Actualmente, el sector cuenta con 28 plantas de cogeneración de muy alta eficiencia, alcanzando ahorros de energía primaria superiores a los que exige la noramtiva y que suman una potencia instalada de 234 MW. Estas plantas generan algo más
de 1 TWh anual.


Pero el sector tiene varias amenazas. Por un lado, el impacto regulatorio negativo para el próximo periodo 2026-2030 y aunque es cierto que tras la aprobación por parte de la Comisión Europea, el 28 de enero de 2026, del nuevo marco de
Ayudas de Estado para la Cogeneración en España y de la publicación de la Orden TED/53/2026, de 27 de enero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2026, y se aprueban nuevas instalaciones tipo y sus correspondientes
parámetros retributivos, se ha corregido en parte la amenaza, no la soluciona de forma permanente, sino que la pospone hasta que se acometa la modificación normativa en la fórmula de cálculo de la retribución regulada.


La orden también corrige el error por el que se hubiesen detraído erróneamente unos 75 millones de euros a los cogeneradores y sumado otras cantidades no determinadas a otras tecnologías por una aplicación incorrecta del método de cálculo
vigente, extremo que ahora queda respaldado por el informe de la CNMC, en el que señala que los cálculos no coinciden con el resultado esperado, con valores de ajuste y retribución a la inversión distintos a los previstos y con efectos asimétricos
entre tecnologías. Por ello, el regulador recomienda recalcular el ajuste para los años 2023-2025 para todas las tecnologías, teniendo en cuenta la afectación del apuntamiento en los límites superior e inferior y que se ha tenido en cuenta.

Página 123

Se añaden además como otro de los grandes retos de la cogeneración, la falta de convocatoria de subastas para un nuevo régimen a aquellas cogeneraciones que han alcanzado el fin de su vida útil.


Esta situación está haciendo que hasta 2025, el 37 % de la potencia instalada de las cogeneraciones cerámicas haya agotado su vida útil, cifra que alcanzará el 61 % para el 2030. Ello compromete la viabilidad operativa de las plantas y su
papel estratégico en la competitividad de la industria asociada, derivando en una inevitable perdida de eficiencia y en un riesgo para la garantía de suministro.


Ya que la solución ha estado encima de la mesa en no pocas ocasiones, el GPP se han impulsado en el Congreso diversas iniciativas legislativas para evitar la paralización de las plantas de cogeneración y permitir que mantuvieran su operación
de forma transitoria hasta poder concurrir a las subastas. Sin embargo, estas propuestas han sido bloqueadas de manera reiterada por el Gobierno.


Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incumple de forma reiterada y desde 2021 sus compromisos en la regulación del sector de la cogeneración. Ese marco regulatorio incierto condiciona no solo la
viabilidad del sector, sino también las inversiones en tecnologías como el biogás o el hidrógeno verde de las empresas cogeneradoras y, por tanto, la transformación del sector hacia la descarbonización y los propios objetivos nacionales de
descarbonización.


Finalmente, la industria cerámica, también se ve amenazada por la competencia internacional de una industria localizada en otras latitudes, que no cumple con los estándares medioambientales, laborales, sociales y de calidad, entre otros, de
los europeos, por lo que se hace necesario liderar la protección del sector, mediante la incorporación de mecanismos que protejan a la industria frente a una competencia desleal o abusiva.


En conclusión, para la competitividad y el futuro del sector eléctrico y el del sector industrial en España que evite acrecentar el grave riesgo de deslocalización que padece, es necesario que el Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico se implique en la consolidación y el desarrollo de la cogeneración industrial, que brinda servicios esenciales al conjunto del sistema eléctrico y energético de nuestro país.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en coordinación con los sectores afectados y las Comunidades Autónomas, desarrolle en el plazo máximo de un mes, un Plan de Emergencia para el Impulso de la cogeneración y defensa del
sector industrial y cerámico, que incluya al menos las siguientes medidas:


1. Para el impulso de la cogeneración:


a) Tras la aprobación por parte de la Comisión Europea, el 28 de enero de 2026, del nuevo marco de Ayudas de Estado para la Cogeneración en España y la publicación de la Orden TED/53/2026, de 27 de enero, acometer la modificación normativa
en la fórmula de cálculo de la retribución regulada de forma que, con el ajuste metodológico necesario, se cubran los costes y no pierdan retribución las cogeneraciones.


b) Establecer un marco de inversión mediante subastas de hasta 1.200 megavatios de potencia de cogeneración en el primer semestre de 2026.


c) Extender la retribución regulada durante al menos dos años para aquellas instalaciones de cogeneración que hayan agotado su periodo de vida útil regulatoria y en tanto no se resuelva la convocatoria de las subastas previstas.


d) Incrementar las dotaciones presupuestarias y agilizar los pagos destinados a la transformación de la cogeneración para la sustitución del gas natural y otros combustibles fósiles por biometano, biomasa e hidrógeno.


e) Mejorar la regulación para facilitar la hibridación de la cogeneración con otras tecnologías renovables.

Página 124

2. Presentar el Libro Blanco sobre Energía e Industria que analice los impactos en el tejido industrial de las reformas regulatorias de energía de los últimos dos años, tal y como acordó la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en PNL
aprobada con fecha 13 de octubre de 2021.


3. Reconocer explícitamente la especificidad de los sectores industriales intensivos en calor, como el sector cerámico entre otros, incorporando esta realidad en el diseño de la política energética y climática, y evitando enfoques
regulatorios basados exclusivamente en la electrificación cuando no existen alternativas técnicas ni económicas viables para determinados procesos industriales.


4. Defender a nivel europeo la revisión de los benchmarks ETS, de forma que se basen en datos completos, tengan en cuenta las especificidades sectoriales y el realismo tecnológico, diferenciando claramente entre procesos de alta y baja
temperatura, y evitando que el benchmark de combustibles penalice injustamente a sectores difícilmente electrificables y de forma particular, en el caso del sector cerámico ha de evitarse que su vinculación al benchmark de combustibles se convierta
en un elemento distorsionante, dada la configuración del sector en España y la Unión Europea, desarrollando si procede, un benchmark específico para el sector cerámico.


5. Compensar adecuadamente los costes indirectos del ETS y otros costes climáticos que afectan de manera desproporcionada a la industria española y especialmente a sectores como el cerámico español, para preservar su competitividad
internacional frente a terceros países con menores exigencias ambientales.


6. Apoyar a nivel europeo el acceso de los sectores industriales intensivos en energía a instrumentos de financiación para una descarbonización realista y sin obstáculos que dificulten la elegibilidad de los proyectos incluyendo ayudas
específicas para la sustitución progresiva de combustibles fósiles por biometano, biomasa o hidrógeno renovable, así como para inversiones en eficiencia energética, recuperación de calor y mejora de los procesos productivos.


7. Liderar en el seno de la Unión Europea la defensa del sector cerámico en la política comercial, garantizando que en los acuerdos comerciales, especialmente el futuro Tratado de Libre Comercio Unión Europea - India, se tenga en cuenta al
sector cerámico, debido a su importancia estratégica y exposición al riego de fuga de carbono, exigiendo una reciprocidad plena de normas ambientales, energéticas y laborales, así como la incorporación de cláusulas de salvaguardias que protejan a la
industria frente a aumentos súbitos de importaciones que amenazan a la producción nacional, el empleo y la inversión industrial.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Juan Diego Requena Ruiz, Francisco José Conde López, Alberto Fabra Part, Óscar Clavell López, Belén Hoyo Juliá, César Sánchez Pérez, Guillermo Mariscal Anaya y Sergio Sayas López,
Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003041


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la seguridad de las presas y embalses de España, para su discusión en la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico.

Página 125

Exposición de motivos


España cuenta en la actualidad con más de 1.200 grandes presas. De ellas, cerca de 450 se construyeron hace más de sesenta años y un centenar ya tienen un siglo de historia. Estas presas continúan generando grandes beneficios al abastecer
de agua a la población, sostener la agricultura, generar energía, mitigar sequías e inundaciones, y contribuir a la lucha contra los incendios forestales. Sin embargo, el mayor beneficio que traen consigo las presas es la laminación de avenidas,
que han provocado 2.450 inundaciones en los últimos 500 años, constituyendo así el riesgo natural más importante al que se enfrenta España y que ocasionan pérdidas humanas, y también materiales que se traducen en un coste medio anual tasado en 500
millones de euros1.


En cualquier caso, si no se quieren perder los grandes beneficios que generan las presas, es necesario impulsar actuaciones recurrentes en mantenimiento, modernización y control de estas infraestructuras. Sin embargo, estas tareas no se
están desarrollando en la actualidad con la frecuencia y la intensidad que serían deseables. De hecho, España debería destinar entre 500 y 600 millones de euros anuales para garantizar la conservación de sus presas y, sin embargo, la preocupación
entre los expertos es máxima porque apenas se han consignado 16 millones para ello en el último año2.


A ello hay que añadir que el 39 % de las presas españolas son de Categoría A; lo que significa que su rotura podría «afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy
importantes». Cabe destacar que el 81 % de estas presas de Categoría A son de titularidad estatal y, por tanto, la Administración General del Estado es la única responsable de realizar los más rigurosos y exhaustivos controles para vigilar su
seguridad3.


Ante la ausencia de los controles necesarios para garantizar su seguridad y su conservación, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha denunciado públicamente el estado actual de las presas en
España. A su juicio, la gestión de su seguridad es un servicio público esencial que no se está prestando y denuncian que, en la última década, la inversión pública en infraestructuras hidráulicas se ha reducido un 57 % y sólo se ha ejecutado el 29
% de lo previsto en los Planes Hidrológicos y de Gestión de Riesgos de Inundaciones. En consecuencia, el deterioro de estas infraestructuras estratégicas está poniendo en riesgo a miles de españoles que viven cerca de estas infraestructuras que
presentan deficiencias graves de seguridad4.


De hecho, la propia Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil asegura que, de las 375 grandes presas de titularidad estatal, la mitad deben rehabilitar los desagües de fondo, un tercio precisan refuerzos
estructurales urgentes, tres cuartos requieren estudios complementarios de seguridad, dos tercios exigen renovar o sustituir sus sistemas de auscultación y vigilancia, y tres cuartos carecen de planes de emergencia5.


Por otra parte, el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses, lejos de mejorar la seguridad de las presas españolas, presenta importantes deficiencias y ha
supuesto un grave retroceso en materia de seguridad. De hecho, la norma señala que «los criterios de seguridad recogidos en la Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de presas y llenado de embalses son
obligatorios para la


1 https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/desarrollo.html


2 https://www.antena3.com/noticias/economia/abandono-mantenimiento-pone-riesgo-ferrocarriles-carreteras-presas-espana_20260201697f785b2f00a04688f1c491.html


3 https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/principales-documentos-gestion-seguridad-presas-embalses/clasificacion.html


4 https://elperiodicodelaingenieria.es/manifiesto-de-la-asociacion-de-ingenieros-de-caminos-por-la-seguridad-y-conservacion-de-las-presas/


5 https://www.asociacioncaminos.es/espana-afronta-un-grave-deficit-de-seguridad-hidraulica-3-de-cada-4-presas-estatales-sin-plan-de-emergencia-implantado-y-1-de-cada-3-necesita-refuerzo-estructural/

Página 126

redacción de los nuevos proyectos de presas. Sin embargo, para las presas existentes constituyen un marco de referencia a tener en cuenta»6. En consecuencia, para las presas que ya hay en nuestro país esta norma no tiene carácter
vinculante y las medidas para garantizar su seguridad quedan subordinadas al criterio del titular.


Por todo ello, se hace imprescindible que el Gobierno garantice la conservación y la modernización de las presas españolas, unas infraestructuras claves para almacenar agua para consumo, riego, generar energía eléctrica, prevenir
inundaciones y, en definitiva, para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los españoles.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:


1. Impulsar un Plan Nacional del Agua que permita la interconexión de las cuencas, modernice las infraestructuras hídricas, fomente la construcción de nuevos embalses, garantice la limpieza de cauces y recupere las actividades tradicionales
que ayudan a prevenir los incendios y las riadas.


2. Garantizar el correcto mantenimiento y conservación de todas las infraestructuras hídricas de España y evitar la demolición de presas.


3. Elaborar un informe actualizado sobre el estado de las infraestructuras hidráulicas en España y poner en marcha un plan específico para reforzar y modernizar embalses y presas, asegurando el abastecimiento de agua para consumo humano,
agrícola y energético.


4. Incrementar la inversión en el mantenimiento, la rehabilitación y la modernización de infraestructuras hídricas, así como en la implantación de planes de emergencia en las presas de titularidad estatal prestando especial atención a las
presas de Categoría A.


5. Modificar el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses para que la normativa de seguridad en infraestructuras hídricas sea de carácter vinculante.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


161/003047


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar un marco energético
adecuado para los Centros de Datos (Data Centers), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


La Revolución de los Datos y la Energía.


Las sociedades contemporáneas atraviesan un periodo de disrupción marcado por tres ejes fundamentales: la descarbonización, la transición ecológica y la transformación digital. En este escenario, la energía eléctrica y la gestión de datos
se han convertido en los pilares que sostienen la vida moderna.


6 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-5867

Página 127

Empresas que hoy son omnipresentes (Google, Amazon, Netflix, etc.) no existían hace apenas dos décadas. El crecimiento de la economía digital es vertiginoso y promete volverse exponencial con el desarrollo de la Inteligencia Artificial
(IA).


No obstante, los Centros de Datos presentan una característica diferencial que condiciona su despliegue territorial y regulatorio: su elevada intensidad energética. Estas instalaciones requieren grandes volúmenes de electricidad, no solo
para el funcionamiento de los sistemas de computación y almacenamiento, sino también para los sistemas de refrigeración necesarios para garantizar la operatividad y fiabilidad de los equipos. La Agencia Internacional de la Energía sitúa el consumo
de centros de datos en ~415 TWh en 2024 (aproximadamente el 1,5 % del consumo eléctrico mundial) y proyecta un consumo de 945 TWh en 2030 (más del doble). Aunque otras estimaciones apuntan a que esta cifra podría multiplicarse de aquí a 2030,
superando el consumo energético de muchos países.


Pero los Centros de Datos son, por diseño, instalaciones altamente eficientes. Concentran en un único punto lo que antes se distribuía en miles de servidores dispersos en oficinas, edificios públicos y empresas. Esa consolidación reduce el
consumo eléctrico agregado, optimiza el uso de los equipos de refrigeración y mejora el aprovechamiento de la energía. Además, estas instalaciones aportan estabilidad al sistema eléctrico gracias a su demanda continua y predecible, que contribuye a
mejorar el factor de carga de la red y reduce las pérdidas estructurales, constituyendo una demanda firme y, en muchos casos, gestionable que puede alinearse con los objetivos de descarbonización nacional, convirtiéndolo en un «socio» de la
transición ecológica, no en su obstáculo, ya que nuestro sistema eléctrico tendrá que incrementar su consumo en un +34 % hasta 2030 para hacer posible el cumplimiento del PNIEC de nueva potencia renovable instalada.


Los Data Centers como Activo Estratégico.


Un Data Center (Centro de Datos o CPD) es una instalación física donde se concentran los servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red que permiten guardar, procesar y transmitir datos y aplicaciones digitales de empresas,
administraciones o proveedores de servicios, un servicio omnipresente e interiorizado en todos los procesos productivos, a todos los niveles y a todas las escalas y en un proceso de crecimiento y expansión continuo. Su importancia no es solo
tecnológica, sino también económica y social.


Los Data Centers, especialmente aquellos operados por proveedores de servicios cloud e hiperescalares, se han convertido en uno de los sectores más dinámicos y estratégicos de la economía global. Su papel es clave no solo para la
digitalización de las empresas y la industria, sino también para el desarrollo de tecnologías disruptivas que actúan como palancas de crecimiento económico, innovación y productividad. En el caso de España, el sector presenta un elevado potencial
de atracción de inversión extranjera directa, con estimaciones que sitúan en torno a 8.000 millones de euros la inversión asociada a proyectos actualmente en cartera y un impacto potencial sobre el PIB de hasta 60.000 millones de euros.


Desde una perspectiva macroeconómica, la industria de los Centros de Datos genera empleo altamente cualificado, impulsa la cadena de valor tecnológica y contribuye a posicionar al país como nodo digital relevante en el contexto europeo.
Además, su desarrollo tiene un efecto tractor sobre otros sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, la energía, la construcción especializada y los servicios avanzados. Todo ello refuerza su carácter de infraestructura crítica para la
economía del siglo XXI.


Factores Críticos de Diseño: El Estándar Tier.


El elevado consumo energético que se ha señalado anteriormente convierte al suministro eléctrico del Centro de Datos en un factor crítico de éxito. La disponibilidad de potencia suficiente, la calidad del suministro, la redundancia de las
infraestructuras y la

Página 128

capacidad de conexión a la red son elementos determinantes para la viabilidad técnica y económica de los proyectos.


No cualquier ubicación es apta para un CPD. Estas instalaciones requieren condiciones técnicas sofisticadas, especialmente en su instalación eléctrica, de la cual depende la disponibilidad total del servicio (evitar caídas que generen
pérdidas millonarias) así como la cercanía física a las principales zonas de consumo.


En consecuencia, la planificación, diseño y operación de un Centro de Datos exige una integración muy precisa entre ingeniería eléctrica, sistemas de refrigeración, seguridad, control y gestión operativa y acceso a la red eléctrica.
Cualquier fallo en alguno de estos elementos puede generar interrupciones con graves consecuencias económicas y reputacionales.


El Uptime Institute es el organismo que dicta los estándares globales mediante el sistema Tier (I al IV). Este estándar mide la redundancia y la capacidad de la infraestructura para soportar interrupciones planeadas o imprevistas. Contar
con una certificación Tier garantiza confiabilidad a los inversores y asegura que el diseño y la operación del centro siguen las mejores prácticas internacionales.


Geografía de los Datos en España: Hubs y Nuevos Enclaves.


España goza de una posición privilegiada por su geolocalización, acceso a renovables y conexión por cables submarinos intercontinentales.


La Comunidad de Madrid es el epicentro del sur de Europa. Concentra el 85 % de la potencia instalada nacional y el 80 % de la oferta futura. Se prevé que pase de los 200 MW actuales a 600 MW en 2026.


Barcelona también ha experimentado un crecimiento notable, sin embargo, la escasez de suelo y de potencia eléctrica en estas zonas «Tier I» está provocando un desplazamiento hacia otras regiones como Aragón que se ha convertido en el destino
preferido de gigantes como AWS (Amazon) y Microsoft por sus ventajas que incluyen:


— Grandes parcelas de suelo disponible.


— Suministro eléctrico garantizado a corto plazo.


— Excelente conectividad y colaboración administrativa.


— Proximidad a fuentes de generación renovable.


Otras regiones como Castilla-La Mancha, el eje Bilbao-Navarra, Valencia, Málaga y Galicia también están sumando potencia IT, consolidando a España como un mercado de primer nivel europeo.


El Gran Cuello de Botella: La Red Eléctrica.


A pesar del optimismo, el sector enfrenta un obstáculo crítico marcado por la incapacidad de las redes de transporte y distribución eléctrica para satisfacer la nueva demanda. Las infraestructuras actuales fueron planificadas hace décadas
para un modelo energético que no preveía la explosión de la demanda industrial ni la integración masiva de renovables que se profundiza por una planificación estatal claramente deficiente, poco dinámica y de escasa respuesta a nuevas necesidades
empresariales.


El Gobierno anunció modificaciones a la Planificación 2021-2026 para atender proyectos estratégicos, pero los resultados han sido insuficientes:


1. Exclusión masiva: Se han rechazado el 95 % de las actuaciones planteadas por las distribuidoras para nuevos suministros.


2. Situación en Madrid: De 50 proyectos que solicitaron acceso a la red en la región, solo uno fue incluido en los planes de Red Eléctrica.


3. Riesgo de fuga de capitales: El sector advierte que los inversores no esperarán los 20 meses que tarda en aprobarse un nuevo plan; simplemente llevarán sus proyectos a otros países con redes más ágiles.

Página 129

Después, el gran apagón de abril de 2025, ha disparado sobrecostes por operación reforzada, inversiones en redes diferidas mucho tiempo atrás, y cambios de enfoque en la planificación de transporte. Este escenario se ve agravado por el
incremento reciente de los costes regulados de la electricidad, en particular de los peajes de acceso, que está afectando directamente a la competitividad eléctrica de los Centros de Datos en España y a los grandes consumidores de energía.


La capacidad de red disponible en los principales polos digitales se encuentra próxima a la saturación; la planificación eléctrica responde aún a criterios reactivos, centrados en la generación; y persisten limitaciones de inversión, —pese
a estar en trámite de aprobación su flexibilización en determinados supuestos—, que impiden anticipar el refuerzo de infraestructuras en zonas de crecimiento industrial y digital. A ello se suman la fragmentación administrativa, la ausencia de una
ventanilla única de tramitación y la escasez de profesionales especializados en operación de infraestructuras críticas.


Ahora se promete un nuevo Real Decreto para inversión en redes eléctricas en el nuevo periodo de Planificación 2025-2030, en trámite, que reserva 3,8 GW para 2030 para Centros de Datos, pero contrasta con los 13,1 GW reservados para
electrolizadores para producir hidrógeno, comparando el grado de madurez de uno y otro mercado.


Sinergias con la Energía Nuclear.


Un aspecto relevante es la necesidad de energía constante («baseload»). El procesamiento de IA y Big Data requiere electricidad 24/7, algo que las renovables intermitentes no siempre garantizan por sí solas.


— El modelo de EE. UU.: Amazon ha comprado centros de datos junto a centrales nucleares (como Susquehanna) para aprovechar energía constante y barata sin emisiones.


— Propuesta para España: la irrupción de grandes actores para el consumo como los centros de datos, debería revertir el proceso de cierre de las centrales nucleares que se pueden determinar fundamentales para un nuevo paradigma de consumo.


La necesidad de un Ecosistema Competitivo.


España no debe perder la carrera de los datos y se hace preciso actuar con medidas claras, ya nuestros competidores directos en el entorno europeo, han regulado para permitir una economía y desarrollo de los datos y de los centros de datos,
y es que el panorama europeo muestra una tendencia clara: el tratamiento de los centros de datos como activos de seguridad nacional y competitividad económica, superando su antigua concepción como meros activos inmobiliarios.


El Reino Unido los ha designado como Infraestructura Nacional Crítica, otorgándoles el mismo nivel de protección y apoyo regulatorio que al agua o la energía.


Países Nórdicos han integrado estos centros en su política industrial, utilizando incentivos fiscales y su clima frío para posicionarse como nodos líderes en Inteligencia Artificial.


Irlanda, ante el masivo consumo eléctrico (30 % previsto para 2030), exige a los Centros de Datos capacidad de generación propia para garantizar la estabilidad del sistema.


Alemania y Países Bajos: Priorizan la sostenibilidad mediante exigencias estrictas de eficiencia energética (PUE) y la creación de zonas geográficas específicas para evitar la saturación de la red.


En definitiva, la Unión Europea avanza hacia un marco común que vincula la autonomía digital con la neutralidad climática, exigiendo una planificación energética proactiva para retener inversiones estratégicas. Se ha activado el debate
europeo sobre la eficiencia y el papel energético de los Centros de Datos, incluyendo la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética, el desarrollo del Energy Efficiency Label for Data Centres y la preparación del Digital Networks Act.


Esta Proposición no de Ley tiene por objeto impulsar una política nacional coherente y transversal para el desarrollo de la infraestructura digital estratégica, basada en la eficiencia

Página 130

energética, la estabilidad regulatoria y la cooperación institucional. Su finalidad no es atraer inversión por sí misma, sino optimizar recursos, fortalecer la autonomía tecnológica de España y garantizar que la digitalización se desarrolle
bajo principios de sostenibilidad, seguridad y equidad territorial. Con estas medidas, España puede consolidarse como un país eficiente, digital y soberano, capaz de integrar su crecimiento tecnológico en la transición ecológica y en la política
industrial europea de nueva generación.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo máximo de un mes, un paquete de medidas que facilite un marco energético adecuado para el desarrollo de los Centros de Datos que contemple, entre otras, las siguientes:


1. Priorizar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los operadores de red, las modificaciones de la planificación eléctrica para facilitar la conexión de proyectos de Centros de Datos, habilitando refuerzos anticipatorios y la
creación de Zonas de Desarrollo Digital Estratégico (ZDDE) en emplazamientos de alto potencial tecnológico facilitando el derecho de acceso y conexión.


2. Reconocer la aportación de los Centros de Datos a la eficiencia energética, integrarlos plenamente en los programas nacionales de ahorro y en el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) y la consideración infraestructura
industrial estratégica y demanda esencial.


3. Incorporar en la planificación eléctrica 2026-2030 criterios estratégicos y de impacto socioeconómico, incluyendo revisiones intermedias en nodos tensionados y certificaciones de capacidad futura, priorizando los proyectos que generen
empleo (directo, indirecto e inducido), contribuyan a la descarbonización y fortalezcan la soberanía tecnológica de España, en coordinación con la ordenación territorial y la planificación urbanística de las Comunidades Autónomas y los municipios
implicados. Asimismo, promover mecanismos de cofinanciación público-privada para proyectos estratégicos de refuerzo o mallado que favorezcan la conexión de Centros de Datos y otras infraestructuras críticas, asegurando un modelo de planificación
dinámico y previsible.


4. Integrar la cadena de valor de los Centros de Datos en la Estrategia Industrial y Digital Europea, en coherencia con el Digital Networks Act, y el próximo Energy Efficiency Label for Data Centres, fomentando la circularidad TIC, la
reutilización y recertificación de equipos, y la recuperación de materiales como parte del esfuerzo común de descarbonización y soberanía tecnológica de la Unión Europea.


5. Establecer una gobernanza coordinada e interministerial que incluya una ventanilla única de tramitación y la aprobación de un Plan Nacional de Infraestructura Digital Estratégica, alineado con la estrategia española de soberanía digital,
asegurando un desarrollo ordenado, sostenible y previsible del sector.


6. Impulsar la formación, capacitación y certificación profesional en el ámbito de los Centros de Datos, mediante itinerarios específicos de Formación Profesional, microcredenciales universitarias y certificaciones técnicas, en colaboración
con las Comunidades Autónomas, universidades y asociaciones sectoriales, para garantizar empleo cualificado, independencia tecnológica y cohesión territorial.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—Juan Diego Requena Ruiz, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, César Sánchez Pérez, Raquel Clemente Muñoz, Joaquín Melgarejo Moreno, Maribel Sánchez
Torregrosa, Tomás Cabezón Casas, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Bella Verano Domínguez, Guillermo Mariscal Anaya y Sergio Sayas López, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Página 131

161/003049


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la seguridad y la
explotación de las presas en España, para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


Exposición de motivos


España cuenta con uno de los parques de presas más amplios y relevantes de Europa, con más de 2.400 presas, de las cuales más de 1.000 son grandes presas, que regulan más de 2.300 embalses y almacenan una capacidad total superior a 61.000
hm3. Estas infraestructuras constituyen un elemento estratégico del sistema hídrico nacional y son esenciales para la seguridad pública, la regulación hidrológica y la garantía de servicios básicos como abastecimiento, riego, generación
hidroeléctrica y otras actividades económicas. Asimismo, desempeñan un papel fundamental en la protección de la población y de los bienes ante avenidas e inundaciones, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo económico y social.


El Estado ostenta la titularidad de 375 presas. En su gran mayoría, infraestructuras clasificadas en función del riesgo potencial derivado de su fallo o rotura, como tipo A; es decir, presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede
afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. Las presas de titularidad estatal tienen un papel fundamental para la seguridad hídrica de España, tanto en lo relativo al
suministro de las demandas de agua, como en la seguridad frente al riesgo de inundaciones. Diversos estudios estiman que el valor patrimonial de todas las presas de España, tanto de titularidad estatal como de terceros, asciende a 25.000 M €, y que
beneficios derivados de la disponibilidad de agua regulada superan los 35.000 M €.


El envejecimiento del parque de presas, cuya edad media supera los 55 años, aumenta las exigencias de mantenimiento, auscultación, modernización y adaptación a los estándares actuales de seguridad. A pesar de que las presas están diseñadas
para tener una vida útil prolongada, su antigüedad incrementa la necesidad de planificación preventiva y de recursos técnicos y humanos suficientes, evitando que la seguridad dependa de la dedicación extraordinaria del personal técnico. Garantizar
un funcionamiento seguro y eficaz exige servicios de explotación bien dotados, con profesionales especializados, medios adecuados y una organización sólida que permita la gestión continua y responsable de estas infraestructuras críticas.


La situación actual, es consecuencia del déficit de inversión en mantenimiento y conservación de presas. Quedando sistemáticamente los niveles de inversión muy alejados del estándar técnico necesario. (1-2 % del valor patrimonial). Los
servicios de explotación de presas, priman en todo momento la seguridad de la infraestructura, pero al carecer de herramientas suficientes, se tiende a dismunir las prestaciones, y se eleva el riesgo asociado a la gestión de episodios hidrológicos
extremos cada vez más frecuentes.


La liquidación del presupuesto del Estado de 2024, elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) muestra que el Estado presupuestó más de 38.7000 de euros para inversiones reales y transferencias de capital,
pero la ejecución real dejó sin invertir un 23 %, dejando sin invertir cerca de 9.000 millones de euros en infraestructuras, en genaral.


La reciente borrasca Leonardo ha puesto en evidencia la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas en España, y la ausencia de mantenimiento de las presas, poniendo en riesgo la seguridad de las personas que viven en sus inmediatos
entornos. Durante estos últimos años, las infraestructuras hidráulicas han sido abandonadas, y

Página 132

bloqueadas políticamente por ideologías que rechazan el trascendente papel que juegan las presas y los embalses en nuestro país.


Solo en las CCAA del arco mediterráneo más de un millón de personas viven en zonas de riesgo grave por la posible rotura de una presa, como, por ejemplo, lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024 con el riesgo de rotura de la presa de Forata
en provincia de Valencia. En los últimos años la inversión en mantenimiento y conservación ha sido insuficiente. Uno de los datos más preocupantes es que aproximadamente el 75 % de las presas en España no tiene un plan de emergencia implantado.


Los expertos estiman que es necesario invertir entre 250 y 500 millones de euros anuales en la conservación y seguridad de las presas españolas. Sin embargo, la inversión media en el periodo 2023-2025, contando todas las fuentes de
financiación (DGA, CCHH, fondos FRER) asciende a 80 millones de euros anuales. Un 60 % de las presas estatales requieren una actuación urgente.


La situación en la que se encuentran las presas de titularidad estatal es más que preocupante, y se hace necesaria una auditoría de estado de las presas urgente, que empiece por las más antiguas y las que ya hayan mostrado patologías
estructurales previas y que alcance a todas las presas. Algunos informes sobre las líneas de actuación en materia de seguridad de presas recogen que un 42 % de las presas de titularidad estatal requieren, en el corto plazo, actuaciones relacionadas
con la seguridad hidrológica o estructural o con la mejora de sus órganos de desagüe, actuaciones relacionadas con la seguridad hidrológica o estructural o con la mejora de sus órganos de desagüe.


Uno de los mayores problemas detectados por todos los agentes implicados en al gestión de las presas en España es el capital humano de estas infraestructuras institucionales. Pese a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico aprobó en 2021 un Plan Estratégico de RRHH con el que se comprometieron a dotar de 381 efectivos más a las Confederaciones Hidrográficas. El balance desde entonces, es una perdida neta de 250 efectivos, en su mayoría personal laboral,
fundamental para la explotación de presas.


La insuficiente dotación de personal, la falta de renovación de plantillas y la creciente carga de trabajo derivada del envejecimiento del parque y la diversidad tipológica incrementan de manera significativa el nivel de riesgo profesional y
la presión sobre los servicios de explotación. Esta situación compromete la continuidad del conocimiento técnico especializado y limita la capacidad de los equipos para planificar y ejecutar intervenciones de mantenimiento preventivo, que son
esenciales para preservar la seguridad estructural e hidráulica de las presas.


Asimismo, la disponibilidad de recursos presupuestarios para mantenimiento y modernización resulta insuficiente para atender las necesidades de un parque de infraestructuras amplio y complejo. La falta de inversión condiciona la
planificación a medio y largo plazo, retrasa la renovación de equipos y sistemas de control, y obliga a operar con márgenes de seguridad más ajustados. Esta dinámica aumenta la carga de trabajo de los equipos técnicos y limita la flexibilidad
necesaria para gestionar de manera efectiva situaciones extraordinarias, como avenidas o episodios de lluvias intensas.


El adecuado funcionamiento y la seguridad del sistema de presas de titularidad estatal dependen en gran medida del compromiso profesional, la vocación de servicio público y la responsabilidad de los equipos técnicos que integran los
servicios de explotación. Sin embargo, basar la seguridad en el sobreesfuerzo del personal tiene efectos acumulativos, dificultando la transmisión del conocimiento y comprometiendo la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.


La política hídrica en España necesita una mayor relevancia institucional, acorde a la importancia y a la relevancia que tiene para la seguridad de las personas, la economía y el medio ambiente. Por lo que, resulta imprescindible reforzar
las infraestructuras institucionales tales como las Confederaciones Hidrográficas y equipos de las propias presas, mejorando los servicios de explotación, garantizando plantillas suficientes y equilibradas, dotaciones presupuestarias adecuadas y un
reconocimiento efectivo de la

Página 133

responsabilidad, dedicación y disponibilidad que estas funciones exigen. Solo mediante estas medidas será posible asegurar la continuidad de un modelo de explotación seguro y duradero, que cumpla con las obligaciones legales existentes,
preserve el patrimonio hidráulico y proteja la seguridad de las personas y el interés general.


Por otro lado, España ha contado en los últimos años con una oportunidad histórica de financiación, gracias a los fondos europeos extraordinarios del programa Next Generation EU y a una recaudación fiscal sin precedentes. Sin embargo, esta
inyección de recursos apenas se ha traducido en inversiones suficientes en infraestructuras hidráulicas básicas y, en particular, en actuaciones de mantenimiento, conservación y seguridad de presas, a pesar de tratarse de infraestructuras críticas
para la protección de la población, la prevención de inundaciones y la adecuada gestión del riesgo hidrológico.


Esta falta de actuación resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que el marco financiero europeo ofrecía múltiples instrumentos específicamente orientados a este tipo de inversiones. Entre ellos, el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR) del programa Next Generation EU, destinado a reforzar la resiliencia frente al cambio climático y a prevenir riesgos naturales; los fondos FEDER y el Fondo de Cohesión, orientados a la adaptación climática, la gestión del agua y
la seguridad de infraestructuras esenciales; así como el FEADER, aplicable en territorios rurales altamente dependientes de la regulación hidráulica para su desarrollo económico y social. A ello se suma la posibilidad de financiación a través del
Banco Europeo de Inversiones, que dispone de líneas específicas para infraestructuras hidráulicas y adaptación al cambio climático, además de la capacidad presupuestaria propia del Estado a través de los Presupuestos Generales.


La escasa utilización de estos instrumentos para reforzar la seguridad y el mantenimiento de las presas evidencia una oportunidad perdida para modernizar infraestructuras críticas, reducir la vulnerabilidad frente a episodios extremos y
garantizar la seguridad de miles de personas que habitan aguas abajo, en un contexto de creciente frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos adversos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de forma urgente impulse un plan para garantizar la seguridad y la explotación de las presas en España, que incluya al menos las siguientes medidas:


1. Realizar una auditoría técnica exhaustiva que incluya el estado de las presas, su estabilidad y seguridad y estado de conservación, que sirva como base para la priorización de las inversiones necesarias para su plena seguridad operativa.


2. Reforzar los recursos humanos de los servicios de explotación de presas de las Confederaciones Hidrográficas, adecuando las plantillas a las necesidades reales del servicio y contemplando la correcta organización de guardias, turnos y
atención continua en estas infraestructuras críticas de interés general.


3. Incrementar y estabilizar la dotación presupuestaria destinada al mantenimiento, conservación y explotación de las presas de titularidad estatal, hasta alcanzar los estándares técnicos necesarios para garantizar la seguridad,
operatividad y resiliencia de las infraestructuras a medio y largo plazo.


4. Garantizar la modernización, mantenimiento y correcta operación de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH), asegurando los recursos técnicos y humanos necesarios para su funcionamiento continuo, fiable y operativo las
24 horas del día, los 7 días de la semana.


5. Aprobar, a la mayor brevedad, un Programa Presupuestario de Mantenimiento de Presas adscrito a los PGE, específico de actuación para las presas de titularidad estatal, dotado de presupuesto suficiente y de una estructura organizativa
propia, que permita corregir de manera inmediata y sostenible las deficiencias existentes en las infraestructuras, garantizando la seguridad, eficiencia y resiliencia del sistema hidráulico del Estado.

Página 134

6. Movilizar un marco financiero de recursos europeos vinculados a los múltiples instrumentos específicamente orientados a inversiones destinas a Infraestructuras Críticas.


7. Modificar, en su caso, el Texto Refundido de la Ley de Aguas, para incorporar de manera expresa entre sus principios rectores la seguridad de las personas y la obligación de dotar los recursos humanos, técnicos y presupuestarios
necesarios para garantizarla.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2026.—César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno, Raquel Clemente Muñoz, Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya, José Alberto Herrero Bono, Rosa Quintana Carballo y
Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


161/003020


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para implementar medidas que
favorezcan la vivienda rural en los municipios con riesgo de despoblación, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


La vivienda es uno de los pilares fundamentales para cualquier proyecto de vida, y constituye un elemento esencial para garantizar los derechos y principios constitucionales que inciden en la cohesión territorial y en la igualdad de
oportunidades de todos los españoles. No obstante, el problema de acceso a una vivienda asequible es la principal preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), consolidándose así como el mayor factor de
frustración social de nuestro país. Se trata de un problema de todo el territorio nacional que, además, está afectando de manera muy significativa a los municipios con riesgo de despoblación.


El medio rural español atraviesa desde hace décadas un proceso persistente de pérdida de población, envejecimiento demográfico y progresivo debilitamiento de su base económica y productiva. La salida continuada de población joven hacia
áreas urbanas, unida a la baja natalidad y a la escasez de oportunidades laborales atractivas y diversificadas, ha generado territorios con una densidad muy reducida, elevados índices de dependencia y dificultades para garantizar la prestación
adecuada de los servicios públicos, el fomento del tejido empresarial y la cohesión social de los pequeños municipios.


Uno de los principales pilares de la despoblación rural es la dificultad para acceder a la vivienda. Las causas de esta escasez son múltiples: la existencia de un elevado número de viviendas que permanecen desocupadas; la falta de un
parque residencial adecuado, habitable y rehabilitado; incertidumbre jurídica; o el encarecimiento inflacionario de los costes de construcción. Todo ello, unido a la ausencia de iniciativas públicas realmente efectivas en esta materia, ha
derivado en una desincentivación de la construcción y de la oferta privada de vivienda para primera residencia en el mundo rural.


En este sentido, según el análisis del «Parque de Viviendas en España», elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2024), la mayoría de viviendas

Página 135

infrautilizadas se encuentran con mucha mayor proporción en municipios de menos de 10.000 habitantes. Concretamente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) empleados por el citado informe, el 45 % del parque de
viviendas infrautilizadas se sitúa en este tipo de municipios, frente al 10,5 % en ciudades de más de 250.000 habitantes.


Además, un estudio estatal de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) sobre «la vivienda en el medio rural» (2025), basado en 59 localidades de menos de 1.000 habitantes, concluye que únicamente el 46,7 % de las viviendas
se encuentran habitadas de forma permanente. El resto del parque incluye viviendas vacías, inmuebles en mal estado y casas de uso esporádico. En conclusión, el estudio revela que un 53,3 % del parque rural no se utiliza de forma habitual,
confirmando un elevado número de viviendas infrautilizadas.


Por su parte, aunque la rehabilitación de edificios y la accesibilidad están siendo incentivadas por muchas comunidades autónomas, no se está contando con el respaldo decidido del Gobierno en impulsar la vivienda como un elemento de cohesión
social y territorial de nuestro medio rural.


Por tanto, la disponibilidad efectiva de una oferta de vivienda habitable, accesible y estable tiene un claro carácter estratégico: no solo como respuesta a una necesidad básica, sino como condición imprescindible para fijar población
existente, atraer nuevos residentes y facilitar el asentamiento de jóvenes, familias y profesionales. Abordar el reto de la vivienda es clave para garantizar la viabilidad de nuestros pueblos. Resulta imprescindible reforzar e incentivar políticas
públicas que permitan incrementar su oferta mediante la movilización del parque infrautilizado, la rehabilitación de inmuebles, y el diseño de incentivos fiscales y económicos específicos para quienes decidan establecer su residencia habitual en
municipios rurales.


No obstante, el fortalecimiento de la vivienda en el medio rural no puede abordarse de manera aislada, sino que debe integrarse en una estrategia transversal que articule, de forma coherente, la mejora de la prestación de servicios básicos
—educativos, sanitarios, sociales y de conectividad—, el impulso de oportunidades de empleo estables y diversificadas y el apoyo al tejido económico local, de modo que la vivienda se convierta en un verdadero factor de arraigo y cohesión territorial
y contribuya a convertir el medio rural en un entorno atractivo, habitable y sostenible.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar medidas que favorezcan la vivienda rural en los municipios con riesgo de despoblación, con actuaciones encaminadas a desarrollar los incentivos y ayudas necesarias para la
rehabilitación del parque de viviendas en zonas despobladas con viviendas infrautilizadas o en ruinas, incrementarla oferta de vivienda en este tipo de núcleos e impulsar de manera transversal el fortalecimiento de los servicios básicos, la mejora
de la conectividad y el apoyo a iniciativas orientadas a la fijación de población y a la creación de empleo.


Para ello, el Gobierno invertirá todos los recursos humanos, materiales, estructurales y económicos que sean necesarios para desarrollar de forma tangible todas estas acciones, que diseñará y materializará en coordinación con las Comunidades
Autónomas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Raquel Clemente Muñoz, Carmen Fúnez de Gregorio, Tomás Cabezón Casas, Ana Isabel Alós López, Sergio Sayas López, María Soledad Cruz-Guzmán García, Cristina Agüera Gago y Miguel
Ángel Sastre Uyá, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Página 136

161/003021


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popularen el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la cesión del denominado
Centro de Especialidades de Burgos al Excmo. Ayuntamiento de Burgos para que éste desarrolle un proyecto de vivienda protegida dirigida a jóvenes, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


El edificio que albergaba el antiguo Centro de Especialidades de Burgos ubicado en la avenida del Cid adyacente ai solar del demolido Hospital General Yagüe, permanece en situación de desuso crónica desde hace más de una década, acumulando
un historial de fracasos administrativos, abandono funcional y omisión reiterada de responsabilidades públicas por parte de la Administración General del Estado.


Tras el cierre progresivo de los servicios sanitarios y su traslado al Hospital Universitario de Burgos, el inmueble fue desafectado de su función pública original, quedando bajo la titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social
que ha demostrado ser incapaz de gestionar este activo público de manera responsable y socialmente orientada.


El edificio, con una superficie construida aproximada de 77.000 metros cuadrados según consta en la ficha catastral, distribuida en seis plantas (sótano, semisótano, planta baja y cinco superiores, más torreón), posee características
estructurales que lo hacen eminentemente apto para su reconversión en vivienda colaborativa protegida de calidad, y está ubicado en una zona estratégica de la ciudad con acceso a servicios esenciales, transporte público y equipamientos de salud de
primer nivel. Sin embargo, esta potencialidad permanece infrautilizada por la inacción sistemática del Gobierno central.


La Tesorería General de la Seguridad Social ha realizado sucesivos intentos de enajenación del inmueble (hasta 4) mediante procedimiento de subasta pública, todos ellos completamente infructuosos, evidenciando la inaplicabilidad de la lógica
de mercado ordinaria a este bien público. En las sucesivas convocatorias el precio de lanzamiento se fija en el entorno de los 4 millones de euros sin que se presentara licitador alguno que manifestara interés. Con anterioridad a la última subasta
incluso se registró un incremento del 3,2 % en la tasación, a pesar de la ausencia total de licitadores en convocatorias previas revelando un patrón de gestión incoherente y disfuncional.


Además, hay que señalar que bajo un Gobierno socialista en España y con un alcalde socialista gobernando el Ayuntamiento de Burgos, el entonces Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá hizo declaraciones en foros públicos con un
compromiso explícito de cesión gratuita del Centro de Especialidades a la administración local para usos de interés general. Este compromiso nunca se llegó a materializar


Por otra parte, es bien sabido que la situación de acceso a la vivienda de la población joven en España ha alcanzado proporciones de crisis estructural. Según el último informe «Jóvenes & Vivienda» de Century 21 (2025), la edad media de
emancipación en España es de 30,4 años, cuatro años superior a la media europea (26,4 años). El Consejo de la Juventud de España ha documentado que tan solo el 15,2 % de personas entre 16 y 29 años logra vivir de forma independiente, una cifra
catastrófica que ha descendido 7,3 puntos porcentuales respecto a hace una década y donde el verdadero obstáculo no es el empleo, sino la situación del mercado de la vivienda tal y como dicen los propios jóvenes que en más del 80 % según las
encuestas dicen que el precio de la vivienda constituye el escollo fundamental para la emancipación residencial, seguido a distancia considerable por sueldos bajos, bajo ahorro y precariedad laboral.

Página 137

Burgos enfrenta una crisis de vivienda particularmente aguda. Según datos de enero de 2026, el precio medio de vivienda en Burgos capital alcanza los 1.924 €/m2, con incrementos del 8,6 % anual en casas y 9,1 % en pisos. En el segmento de
vivienda nueva, Burgos se mantiene como la capital más cara de Castilla y León con precio medio de 2.125 €/m2, concentrando un 2 % de aumento respecto a ejercicios anteriores.


En alquiler, la situación es igualmente dramática. El precio medio de alquiler en Burgos alcanza los 11,06 €/m2 mensualmente, con aumento del 16,54 % respecto a diciembre de 2024. El alquiler de un estudio (piso de 2 habitaciones/50-60 m2)
requiere un desembolso mensual de 623 euros, representando el 45-50 % del salario neto de un joven trabajador. Un piso de tres habitaciones asciende a más de 662 euros mensuales.


Tan solo el 30 % de los jóvenes burgaleses logra acceder a vivienda de compra, ratio alarmantemente baja. Tanto es así que en octubre 2025 un medio de comunicación burgalés titulaba: «La vivienda, inaccesible para jóvenes. Solo tres de
cada diez compradores tienen menos de 40 años», evidenciando que la mayoría de las transacciones inmobiliarias en Burgos corresponden a población de edad avanzada o a inversores.


La regulación existente permitiría hacer en ese edificio viviendas colaborativas destinadas a jóvenes, cumpliendo los requerimientos urbanísticos del PGOU de la ciudad de Burgos. La inversión estimada de rehabilitación (5-6 M€) es
financiable mediante los propios Presupuestos del Ayuntamiento en ejercicios plurianuales, dedicando recursos de operaciones de capital o pidiendo ayuda a otra administración pública.


Esta inversión enlazaría también con el Plan de Talento 2024-2035 de Burgos, que contempla un Programa municipal de 155 viviendas asequibles para jóvenes en cinco zonas de la ciudad financiadas mediante presupuestos municipales y
colaboraciones. El Centro de Especialidades permitiría incrementar entre un 35 % y un 40 % este parque, multiplicando impacto el impacto social de las medidas diseñadas. Así, son varios los motivos que justifican esta propuesta: porque la ventana
de oportunidad para la cesión es temporal mientras el Gobierno central continua su estrategia de subastas, cerrando la posibilidad de reconversión a vivienda social en este caso viviendas colaborativas de renta limitada; porque la crisis de
vivienda joven es de máxima urgencia; también porque la predisposición institucional de la comunidad autónoma de Castilla y León con inversión en programas de vivienda joven es intensa; porque hay capacidad municipal de gestión, se dispone de una
oportunidad que no será eterna; y finalmente porque el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos en sesión celebrada el 16 de enero de 2026, por mayoría absoluta de sus miembros ha aprobado una moción en estos mismos términos, y en la que
entre otros acuerdos ha asumido la declaración solemne de dar el destino preferente e inamovible del antiguo Centro de Especialidades a la creación de un programa integral de vivienda protegida dirigida a jóvenes.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Que la Tesorería General de la Seguridad Social paralice de modo inmediato y definitivo cualquier nuevo procedimiento de subasta, convocatoria pública o intento de enajenación patrimonial del inmueble del antiguo Centro de Especialidades
de Burgos.


2. Que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la propia Tesorería General de la Seguridad Social cumplan de modo inmediato y sin condiciones el compromiso político de cesión gratuita del edificio del antiguo Centro de
Especialidades de Burgos al Excmo. Ayuntamiento de Burgos habida cuenta de la necesidad de vivienda social y de:


a. El compromiso explícito realizado por el entonces Ministro José Luis Escrivá ante autoridades municipales y medios de comunicación locales.

Página 138

b. La autorización específica del Real Decreto 37/2023 para cesión de inmuebles infrautilizados a administraciones locales.


c. La aplicación de la Ley 33/2003 sobre cesiones administrativas sin contraprestación.


d. El fracaso categórico de sucesivas subastas que demuestran la inviabilidad de la enajenación onerosa.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.—Ángel Ibáñez Hernando, María Sandra Moneo Díez, Sergio Sayas López y Cristina Agüera Gago, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


161/003023


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Proposición no de Ley sobre la adecuación de la planificación eléctrica para garantizar el desarrollo de vivienda.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 2 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

parte 1 parte 2