Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 479, de 19/02/2026
cve: BOCG-15-D-479
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
19 de febrero de 2026
Núm. 479
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
Creación de Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
152/000006
Creación de la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025 que afectó al territorio nacional, con el fin de analizar las causas del grave incidente, la eficacia de
las medidas de prevención que lo hubieran evitado, las graves consecuencias de la emergencia nacional y promover las medidas legales y de todo tipo que deban adoptarse para garantizar que en el futuro no vuelvan a producirse hechos similares.
Subsumida en otra iniciativa ... (Página3)
152/000007
Creación de la Comisión de Investigación sobre los hechos, las causas, las responsabilidades y las enseñanzas a extraer acerca de la crisis de suministro eléctrico que tuvo lugar el día 28 de abril de 2025.
Subsumida en otra iniciativa ... (Página3)
152/000008
Creación de la Comisión de Investigación de la interrupción del suministro eléctrico el 28 de abril de 2025 ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000680
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones urgentes para corregir el caos ferroviario.
Enmiendas ... (Página5)
Aprobación con modificaciones ... (Página8)
162/000685
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la legalidad internacional.
Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página8)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000173
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, al Ministro de Economía, Comercio y Empresa sobre el impacto en la economía canaria de la falta de aplicación e incumplimientos de la
normativa europea y española en vigor por su condición de Región Ultraperiférica ... (Página10)
172/000174
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre el evidente fracaso de las políticas en materia de vivienda de este Gobierno ... (Página11)
172/000175
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario VOX, al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno para garantizar la seguridad de las infraestructuras de transportes ...
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000145
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno para garantizar la protección de nuestro sector porcino.
Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página12)
173/000146
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar cuenta de la corrupción económica, política e institucional que afecta al Gobierno y del deterioro de la calidad democrática
en nuestro país.
Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página16)
173/000147
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página20)
Aprobación con modificaciones ... (Página31)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
Creación de Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
152/000008 (152/000006 y 152/000007)
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado la unificación de las Comisiones de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025 que afectó al
territorio nacional, con el fin de analizar las causas del grave incidente, la eficacia de las medidas de prevención que lo hubieran evitado, las graves consecuencias de la emergencia nacional y promover las medidas legales y de todo tipo que deban
adoptarse para garantizar que en el futuro no vuelvan a producirse hechos similares (núm. expte. 152/000006) y sobre los hechos, las causas, las responsabilidades y las enseñanzas a extraer acerca de la crisis de suministro eléctrico que tuvo
lugar el día 28 de abril de 2025 (núm. expte. 152/000007), en una nueva Comisión de Investigación de la interrupción del suministro eléctrico el 28 de abril de 2025 (núm. expte. 152/000008), en la que quedan subsumidas aquéllas, en los
siguientes términos:
«Objeto
La Comisión tiene como objeto conocer en profundidad y analizar con rigor los hechos acontecidos el 28 de abril de 2025, cuando se produjo una caída generalizada del suministro eléctrico en toda la península ibérica, con el fin de esclarecer
sus causas, determinar las posibles responsabilidades y extraer conclusiones que permitan formular recomendaciones y medidas que garanticen que un suceso de tal magnitud no vuelva a repetirse.
Para ello, la Comisión investigará las circunstancias técnicas y organizativas de todos los actores implicados y deberá identificar las responsabilidades en las que los distintos operadores, tanto públicos como privados, hayan podido
incurrir.
Se examinará la eficacia de los sistemas de prevención, alerta y detección de fallos con los que contaba el sistema, así como las actuaciones que puedan mejorar un sistema de alerta temprana.
Del mismo modo, se analizará la respuesta ofrecida por el conjunto de las Administraciones Públicas y de los operadores del sistema para restablecer la normalidad, valorando la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la
gestión de la crisis por parte de las autoridades competentes en materia energética, de seguridad y de servicios esenciales.
La Comisión de Investigación evaluará también las consecuencias económicas y sociales derivadas del apagón, y propondrá las reformas normativas, organizativas y técnicas necesarias para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico, mejorar
los mecanismos de prevención y respuesta ante emergencias, y garantizar una mayor transparencia e información a la ciudadanía.
Finalmente, se contemplará la elaboración de planes de actuación y coordinación entre Administraciones, así como la actualización de los protocolos de gestión de crisis energéticas, con el objetivo de fortalecer la seguridad del suministro y
asegurar que el sistema eléctrico español esté preparado para afrontar de manera eficaz cualquier contingencia futura.
Composición
La Comisión unificada estará formada por tres representantes de cada grupo parlamentario de más de cien diputados, dos representantes de cada grupo con un
número superior a cincuenta diputados, y un representante de cada uno de los grupos restantes, que ya son miembros de la Comisión de investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025
que afectó al territorial nacional con el fin de analizar las causas del grave incidente, la eficacia de las medidas de prevención que lo hubieran evitado, las graves consecuencias de la emergencia nacional y promover las medidas legales y de todo
tipo que deban adoptarse para garantizar que en el futuro no vuelvan a producirse hechos similares (núm. expte. 152/6) y sus suplentes designados.
La Mesa de la Comisión unificada estará formada por los diputados y diputadas ya elegidos para las Mesas de las dos comisiones que se unifican.
Sistema de decisión
Los acuerdos se realizarán con el criterio de voto ponderado, establecido en el artículo 52.3 del Reglamento.
Las iniciativas parlamentarias que se hubieran presentado o se encontraran pendientes de tramitación en algunas de las dos Comisiones de Investigación, se trasladarán a la nueva Comisión de Investigación creada tras la unificación.
Plan de trabajo
La Comisión desarrollará su actividad conforme a un plan de trabajo aprobado por la misma, y en cumplimiento de los procedimientos reglamentarios. La Comisión aprobará una relación de comparecientes, a petición de los grupos parlamentarios.
A petición de los grupos también, la Comisión aprobará una relación de documentación a solicitar de las Administraciones, entidades y expertos que se requieran desde el momento de la constitución de la Comisión, que podrá ir ampliándose, a
la vista del desarrollo de las sesiones.
Duración
La duración de los trabajos de esta Comisión será de 6 meses desde el acuerdo de unificación de ambas comisiones. Este plazo podrá ser prorrogado por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados a solicitud de la Comisión.
En ese plazo, la Comisión elevará al Pleno, para su aprobación, el dictamen en el que figuren sus conclusiones, así como los votos particulares que los grupos parlamentarios presenten, pudiendo acordar, en su caso y conforme a lo previsto en
el artículo 76.1 de la Constitución, que la Mesa del Congreso dé traslado al Ministerio Fiscal de las mismas para el ejercicio de las acciones que sean procedentes.»
La Comisión de Investigación se entiende constituida a partir de la adopción por el Pleno del acuerdo de unificación, de conformidad con lo dispuesto por el acuerdo de la Mesa de la Cámara de 16 de diciembre de 2025.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000680
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, sobre actuaciones urgentes para corregir el caos ferroviario, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 467, de 30 de enero de 2026.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (G.P. VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley sobre actuaciones urgentes para
corregir el caos ferroviario para su debate en el Pleno, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cuyo debate está incluido en el orden del día de la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados que se celebrará el día 10 de
febrero de 2026.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar de manera inmediata una auditoría externa independiente para analizar de manera dinámica todas las vibraciones e incidencias en las vías de alta velocidad en España, que compare, con el mismo estándar de mantenimiento, los
valores en distintas líneas con diferentes densidades de tráfico, tras el aumento de tráficos registrados en los últimos años. Esta auditoría deberá ser tenida en cuenta para definir la segunda fase del plan de choque extraordinario que establece
la Disposición Adicional Trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, y que la ley obliga a realizar antes del 5 de abril, tras un proceso de diálogo con el sector y con los diferentes grupos parlamentarios. Y también deberá servir de base para
actualizar los protocolos de mantenimiento y seguridad a las actuales condiciones de densidad de tráfico, estableciendo para ello un calendario de actuaciones realista y dotado presupuestariamente que asegure la recuperación de la normalidad,
seguridad y fiabilidad en el servicio ferroviario.
2. Aprobar de manera inmediata la primera fase del plan de choque extraordinario provincializado, donde se deben identificar todas las limitaciones temporales de velocidad existentes debido a incidencias en las infraestructuras, y detallar
las actuaciones necesarias para solventarlas y paliar, a corto y medio plazo, las innumerables incidencias en los servicios de media y larga distancia, así como de Cercanías/Rodalies. El plazo de aprobación fue establecido por la Ley 9/2025, de
Movilidad Sostenible, y es el 5 de febrero de 2026.
3. Iniciar de manera inmediata la fase de diálogo con el sector y los grupos parlamentarios, dentro de la segunda fase del plan de choque extraordinario provincializado,
donde se deben identificar el resto de las medidas necesarias para paliar, a corto y medio plazo, las innumerables incidencias en los servicios de media y larga distancia, así como de Cercanías/Rodalies. El plazo de aprobación fue
establecido por la Ley 9/ 2025, de Movilidad Sostenible, y es el 5 de abril de 2026.
4. Aprobar de manera inmediata
plazo de aprobación fue establecido por la Ley 9/ 2025, de Movilidad Sostenible, y es el 5 de febrero-de 2026
a. El establecimiento de asistencias básicas en estaciones y trenes durante la interrupción del servicio (alimentación, agua potable, mantas, calefacción o refrigeración según las condiciones, acceso a aseos higiénicos, iluminación adecuada)
y atención prioritaria a personas en situación de especial vulnerabilidad, como bebés, personas mayores o mujeres embarazadas.
b. Planes evacuación claros y conocidos por los usuarios que les permita saber cómo actuar.
c. Un protocolo de comunicación inmediata, efectiva y clara sobre averías, retrasos o interrupciones, que garantice la transparencia y la confianza en el sistema ferroviario.
d. Información continua, clara, veraz y actualizada durante los incidentes que afecten a la red.
e. Formación específica al personal ferroviario para atender con corrección y empatía a los viajeros en situaciones de emergencia.
5. Aprobar de manera inmediata el Estatuto orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, tras incumplir el plazo legal establecido
por la Ley 2/2024, que obligaba a haberlo hecho en agosto de 2025, garantizando el mérito y la capacidad de sus miembros, su adecuada competencia técnica, su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, así como la incompatibilidad de dichos
miembros con la pertenencia a estructuras u organizaciones de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores.
6. Transponer
en el marco de un procedimiento de infracción
7. Recuperar de manera inmediata la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, que el ministro de Transportes suprimió mediante el Real Decreto 690/2025, de 30 de julio de 2025, garantizado la disponibilidad de los suficientes
medios humanos y recursos técnicos, así como la adecuada competencia técnica, de modo que queden plenamente asegurados el mérito y capacidad de los miembros.
8. Actualizar y reforzar el Plan de Acción de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, garantizando que las acciones en materia de seguridad ferroviaria y las medidas contempladas se adapten continuamente a las necesidades del sistema,
actuales y futuras, y se implemente con eficacia.
9. Desarrollar una estrategia de refuerzo del sistema eléctrico asociado a la red ferroviaria para prevenir colapsos por causas técnicas o ataques intencionados, asegurando así la resiliencia energética de la red.
10. Reforzar las infraestructuras ferroviarias en todo el territorio español, especialmente en la España rural, abandonada por los sucesivos gobiernos, para garantizar la cohesión territorial y el desarrollo rural.
11. Destituir inmediatamente a través del presidente del gobierno, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente Santiago, como responsable político de la situación actual del sistema ferroviario, por su incapacidad para
gestionar eficazmente las competencias de su Departamento, su inacción ante las deficiencias conocidas, y la grave afectación que sus decisiones u omisiones han tenido sobre la calidad del servicio, la seguridad, la confianza de los usuarios, y la
imagen del sistema ferroviario español.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular sobre actuaciones urgentes para corregir el caos ferroviario.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reprobar al ministro Oscar Puente, e instar a su dimisión, por ignorar todas las incidencias, advertencias, datos, y al Parlamento, alertas todas ellas del caos en el sistema ferroviario; por incumplir la ley para mejorar la calidad y
seguridad en el sistema, por no actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad de tráfico; la falta de ejecución real; y por la alarma social generada en todo el territorio.
2. Actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad de tráfico y la situación real de la infraestructura donde se prestan servicios de Cercanías/Rodalíes, media velocidad, ancho métrico, larga
distancia, alta velocidad y mercancías.
3. Realizar de manera inmediata una auditoría externa independiente para analizar de manera dinámica todas las vibraciones en las vías de alta velocidad en España, y comparar los valores en distintas líneas con diferentes densidades de
tráfico, tras el aumento de tráficos registrados en los últimos años, ante un mismo estándar de mantenimiento.
Esta auditoría se deberá usar para definir la segunda fase del plan de choque extraordinario que establece la Disposición Adicional Trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, y que la ley obliga a realizar antes del 5 de abril, tras un
proceso de diálogo con el sector y con los diferentes grupos parlamentarios.
Y también se usará como base para actualizar los protocolos de Inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad de tráfico.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones urgentes para corregir el caos
ferroviario, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 467, de 30 de enero de 2026, en los siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reprobar al Ministro Óscar Puente, e instar a su dimisión, por ignorar todas las incidencias, advertencias, datos, y al Parlamento, alertas todas ellas del caos en el sistema ferroviario; por incumplir la ley para mejorar la calidad y
seguridad en el sistema, por no actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad de tráfico; la falta de ejecución real; y por la alarma generada en todo el territorio.
2. Actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad de tráfico y la situación real de la infraestructura donde se prestan servicios de cercanías/rodalíes, media velocidad, ancho métrico, larga
distancia, alta velocidad y mercancías.
3. Realizar de manera inmediata una auditoría externa independiente para analizar de manera dinámica todas las vibraciones en las vías de alta velocidad en España, y comparar los valores en distintas líneas con diferentes densidades de
tráfico, tras el aumento de tráficos registrados en los últimos años, ante un mismo estándar de mantenimiento.
Esta auditoría se deberá usar para definir la segunda fase del plan de choque extraordinario que establece la disposición adicional trigésima de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, y que la ley obliga a realizar antes
del 5 de abril, tras un proceso de diálogo con el sector y con los diferentes grupos parlamentarios.
Y también se usará como base para actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad de tráfico.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000685
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la legalidad internacional, publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 467, de 30 de enero de 2026.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
enmiendas a la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de la legalidad internacional.
Enmienda
Se propone la modificación de la parte resolutiva que quedaría redactada como sigue:
«El Congreso insta al Gobierno a mantener como prioridad básica de su política exterior la defensa de la legalidad internacional y de los valores de la paz, del multilateralismo, de la cooperación entre Estados, del diálogo y de la seguridad
colectiva, actualmente en riesgo.
Para ello, insta al Gobierno a que el Estado español se implique activamente en la promoción e impulso de las alianzas necesarias en defensa del Derecho Internacional, denunciando en todo caso y en todo lugar su vulneración.
Específicamente, que condene de forma contundente las agresiones de los Estados Unidos de América a terceros Estados y las acciones promovidas por el Presidente Trump que vulneran la legalidad internacional y exprese solidaridad con todos
los pueblos que sufren amenazas e intervenciones norteamericanas que vulneran su soberanía.
Del mismo modo, que reclame el ñn de la agresión de Israel contra Gaza, el fin de la ocupación de Palestina y el procesamiento de los responsables de los crímenes de guerra cometidos por el sionismo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta as seguintes emendas á Proposición non
de Lei do GP Socialista, para a defensa da legalidade internacional.
Emenda
Proponse a modificación da parte resolutiva que quedaría redactada como segue:
«O Congreso insta ao Goberno a manter como prioridade básica da súa política exterior a defensa da legalidade internacional e dos valores da paz, do multilateralismo, da cooperación entre Estados, do diálogo e da seguranza colectiva,
actualmente en risco.
Para iso, insta o Goberno a que o Estado español se implique activamente na promoción e impulso das alianzas necesarias en defensa do Dereito Internacional, denunciando en todo caso e en todo lugar a súa vulneración.
Especificamente, que condene de forma contundente as agresións dos Estados Unidos de América a terceiros Estados e as accións promovidas polo Presidente Trump que vulneran a legalidade internacional e exprese a solidariedade con todos os
pobos que están a sufrir ameazas e intervencións norteamericanas en vulneración da súa soberanía.
Do mesmo modo, que reclame o fin da agresión de Israel contra a Gaza, o fin da ocupación da Palestina e o axuizamento dos responsábeis dos crimes de guerra cometidos polo sionismo.»
En Madrid, a 10 de febreiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la
defensa de la legalidad internacional.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir manteniendo como prioridad básica de su política exterior la defensa de la legalidad internacional, del respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos -tanto en el ámbito internacional como interno- y de los valores de la
paz, del multilateralismo, de la cooperación entre Estados, del diálogo y de la seguridad colectiva en los que esta se sustenta, actualmente en riesgo. Para ello, insta al Gobierno a que España continúe con su implicación en la promoción e impulso
de las alianzas necesarias en defensa del Derecho Internacional, denunciando en todo caso y en todo lugar su vulneración.
2. Defender activamente, en el marco del Derecho Internacional, la necesidad de una transición democrática en Venezuela. Reconocer el resultado electoral de 28 de julio de 2024 y, por ello, a Edmundo González Urrutia como Presidente
legítimo del país. Exigir la liberación de todos los presos políticos, la creación de las condiciones necesarias para el regreso seguro y digno de los exiliados y perseguidos políticos que decidan volver, así como el mantenimiento de las sanciones
de la UE sobre los dirigentes de la dictadura venezolana.
3. Garantizar la coherencia y unidad de acción de la política exterior del Estado, asegurando que las actuaciones de todos los poderes públicos con proyección internacional se ajusten a los principios, valores y compromisos asumidos por
España en el ámbito del Derecho Internacional y de la Unión Europea.
4. Cumplir íntegramente los compromisos asumidos por España en materia de seguridad y defensa colectiva, en particular los acordados por todos los aliados en el marco de la OTAN y en lo que respecta al porcentaje de inversión militar de un
5 % del PIB.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000173
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, al ministro de Economía, Comercio y Empresa sobre el impacto en la economía canaria de la falta de
aplicación e incumplimientos de la normativa europea y española en vigor por su condición de Región
Ultraperiférica, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Cristina valido de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelacion
urgente al ministro de Economía para su debate en el Pleno de la Cámara, sobre el impacto en la economía canaria de la falta de aplicación e incumplimientos de la normativa europea y española en vigor por su condición de Región Ultraperiférica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2026.Cristina Valido García, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000174
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre el evidente fracaso de las políticas en
materia de vivienda de este Gobierno, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados,Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente a la ministra de Vivienda y Agenda
Urbana, sobre el evidente fracaso de las políticas en materia de vivienda de este Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
172/000175
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno para
garantizar la seguridad de las infraestructuras de transportes, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de los dispuesto en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula interpelación urgente al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible sobre cuáles van
a ser las medidas del Gobierno para garantizar la seguridad de las infraestructuras de transportes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000145
El Pleno de la Cámara en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno para garantizar la protección de nuestro
sector porcino, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vox (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno para garantizar la protección de nuestro sector porcino.
Exposición de motivos
El sector porcino español lleva dos semanas en vilo pendiente del alcance del brote de la Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad vírica de altamente contagiosa, que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y jabalíes, con una
mortalidad extremadamente elevada y sin vacuna eficaz ni tratamiento disponible. Su peligrosidad está estrechamente relacionada con el impacto potencial sobre los modelos extensivos e ibéricos1.
Desde el año 1995, España se encontraba en una situación idílica, libre de PPA2. Sin embargo, el brote confirmado a finales de septiembre de 2025, con la aparición de hasta 13 cadáveres de jabalíes infectados por el virus y localizados
todos ellos en la Sierra de Collserola (Barcelona), ha abierto la puerta a un riesgo epidemiológico severo3. Tras este hallazgo, los expertos sanitarios y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 1
https://elpais.com/sociedad/2025-11-28/la-mortifera-peste-porcina-africana-regre....
2 https://www.20minutos.es/nacional/ultima-peste-porcina-espana-tardo-35-anos-erra....
3 https://www.20minutos.es/cataluna/catalunya-declara-emergencia-para-contener-pal....
advierten de que la PPA podría volverse endémica ante las elevadas poblaciones de jabalí presentes en la zona y su alta capacidad de movimiento4.
Todo ello es especialmente grave si tenemos en cuenta que España es líder europeo en producción de cerdo, con más de 8.800 millones de euros anuales de exportaciones5. Tan solo el anuncio de la llegada del virus ha generado un pánico en el
sector y ha provocado la suspensión de importaciones españolas por parte de terceros países, la caída del precio del porcino vivo6 por tanto la amenaza a miles de empleos directos e indirectos la expansión descontrolada del virus podría acabar con
415.000 empleos7.
España cuenta con recursos para poder atajar esta enfermedad bajo la coordinación del Gobierno y con una estrategia única. El Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, articula el marco europeo
para el control de enfermedades animales, donde se incluye la PPA, y que cuenta con el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594 de la Comisión de 16 de marzo de 2023, donde se establecen medidas especiales de control aplicables a zonas afectadas. Pese
a que ambas normas comunitarias lo permiten, España no ha seguido las políticas aplicadas por Polonia, Hungría e Italia con el objetivo de controlar la población de jabalíes y por ende la vigilancia epidemiológica del PPA8.
Cada Estado miembro debe contar con un plan de gestión de animales salvajes y, en este caso, las políticas animalistas seguidas por el Gobierno han impedido el uso de instrumentos y herramientas cinegéticas para el control poblacional
durante los últimos años. A la prohibición de la caza en Parques Nacionales, se une desde hace años un crecimiento exponencial de jabalíes en el medio natural9, impulsado por las políticas animalistas derivadas de la Agenda 2030 y promovidas por el
Gobierno. Urge por tanto una nueva política que permita la caza intensiva como medio de control cinegético, la autorización del uso de silenciadores, visores térmicos y visores nocturnos en base a la Sentencia del el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea asunto C-674/17, y la movilización de cuantas herramientas disponga el Estado, en especial el SEPRONA, unidad de la Guardia Civil especializada la protección del medio natural, que recientemente fue expulsada de Cataluña por el
Ejecutivo10.
España cuenta con un sector porcino estratégico que no debe limitarse a un enfoque animalista como pretende el Gobierno. El riesgo actual exige una serie de medidas enfocadas a controlar la expansión del virus y asegurar que el mismo no
llegue a las explotaciones porcinas. Por último, se hace necesario impulsar campañas informativas que reviertan la «mala publicidad» que ha afectado al sector porcino español por la falta de control inicial de las instituciones.
4 https://www.infobae.com/espana/2025/12/03/la-peste-porcina-africana-podria-volve....
5 https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2025-12-08/blindaje-imperfecto-porc....
6 https://www.antena3.com/noticias/economia/caida-historica-precio-carne-cerdo-pes....
7 https://www.meatlife.es/sector-porcino-demuestra-fortaleza-2024-grandes-cifras-e....
8 https://www.eldebate.com/campo-y-caza/20251206/cuando-peste-porcina-africana-lle....
9 https://www.eldebate.com/sociedad/sociedad-medio-ambiente/20251201/fuerte-aument....
10 https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2025-04-05/gobierno-confirma-sepr....
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Declarar de manera inmediata la Peste Porcina Africana (PPA) como amenaza sanitaria prioritaria de ámbito nacional, activando los mecanismos previstos en el Reglamento (UE) 2016/429 y su normativa de ejecución.
2. Llevar a cabo una auditoría técnica independiente e inmediata, realizada por expertos ajenos a la Generalidad de Cataluña, con acceso completo a laboratorios, protocolos, instalaciones y registros previos al brote.
3. Solicitar plena transparencia garantizando los siguientes aspectos:
a. La publicación de los protocolos aplicados.
b. La publicación de los protocolos de bioseguridad del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias y de los centros asociados a la administración catalana.
c. La publicación de los informes de trazabilidad del virus.
4. Aprobar una línea de ayudas al sector porcino que incluya compensaciones por pérdidas de mercado, caída de cotizaciones y restricciones comerciales, así como mecanismos extraordinarios para evitar cierres de explotaciones.
5. Establecer un canal de reclamaciones para los afectados que cuente con apoyo jurídico y técnico a ganaderos y empresas para defender sus derechos, que facilite una posible reclamación por responsabilidad patrimonial de la Generalidad.
6. Crear un Mando Único Operativo Nacional contra la PPA bajo la autoridad del Ministerio de Agricultura.
7. Declarar el apoyo total al sector porcino español, reconociendo su valor estratégico, económico, social y de seguridad alimentaria para España.
8. Aprobar con carácter urgente un Plan Nacional de Control del Jabalí, que incluya medidas de reducción intensiva; creación de Zonas de Control Cinegético Intensivo; brigadas de rastreo y retirada de cadáveres; vallados perimetrales;
actualización trimestral del mapa nacional de densidades; incentivos económicos sanitarios; y medidas específicas para el porcino extensivo e ibérico.
9. Modificar con urgencia el Reglamento de Armas y la legislación cinegética estatal para permitir el uso sanitario excepcional de tecnologías avanzadas.
10. Reconocer formalmente al sector cinegético como autoridad auxiliar sanitaria en materia de PPA, con formación homologada.
11. Reforzar la cooperación técnica transfronteriza con Francia, Italia y Portugal, garantizando intercambio de información en tiempo real.
12. Implementar controles reforzados en frontera para impedir la entrada de fauna silvestre o productos cárnicos que no cumplan los requisitos sanitarios europeos.
13. Desarrollar una campaña institucional de información explicando el carácter sanitario de estas medidas excepcionales y protegiendo la confianza en el sector porcino español.
14. Establecer un régimen sancionador proporcionado y limitado a conductas que dificulten el control sanitario, como la obstrucción deliberada de batidas sanitarias o la manipulación u ocultación de cadáveres de jabalí.
15. Dotar el Plan Nacional de Control del Jabalí de cuantos fondos sean necesarios con cargo a los PGE 2025-2026 y fondos europeos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación del
Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno para garantizar la protección de nuestro sector porcino.
Enmienda
De modificación.
Se propone modificar el texto de la parte dispositiva en los extremos que se indican, con arreglo a la siguiente redacción:
El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
«[ ]
2. Revisar el Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria Porcina incluyendo la vigilancia y seguimiento en centros de investigación que trabajen con Peste Porcina y su entorno más cercano.
[ ]
4 bis (nuevo). Asesorar en aspectos técnicos y específicos extraordinarios para extremar todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino de España.
5. Supresión.
6. Poner todos los medios necesarios para evitar que la Peste Porcina Africana llegue a afectar al sector productivo y asegurar la participación efectiva de las Comunidades Autónomas en los órganos consultivos y comités de expertos.
[ ]
10. Contar con el sector cinegético con el fin de implantar con urgencia medidas adicionales de control epidemiológico y reducción de la población de fauna salvaje en el conjunto nacional, especialmente de jabalís en aquellas zonas cercanas
al foco de peste porcina africana detectado, así como en las zonas de producción extensiva de cerdo ibérico, todo ello de acuerdo con las directrices científicas de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria).
10 bis (nuevo). Apoyar la creación de una Oficina de Control de Importaciones a nivel europeo que permita establecer mecanismos de vigilancia sobre los acuerdos comerciales en el cumplimiento de los aranceles y contingentes que se hayan
fijado a las importaciones de terceros países, ya que ello previene también el control y prevención en materia de sanidad animal y vegetal.
[ ]
14. Aplicar el régimen sancionador aplicable a conductas que dificulten el control sanitario previsto en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal y establecer, manteniendo la competencias autonómica, un régimen sancionador
proporcionado
[ ]
16 (nuevo). Negociar, defender y firmar acuerdos de regionalización y marcación de la zona afectada con los principales países importadores, de cara a la inmovilización de la cabaña ganadera donde aparece un foco, pero dejando al resto de
zonas ganaderas del país exentas de las restricciones comerciales, para así poder seguir exportando con todas las garantías sanitarias.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
173/000146
El Pleno de la Cámara en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar cuenta de la corrupción económica, política e institucional que
afecta al Gobierno y del deterioro de la calidad democrática en nuestro país, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción, consecuencia de interpelación urgente, para dar
cuenta de la corrupción económica, política e institucional que afecta a su Gobierno y del deterioro de la calidad democrática en nuestro país.
Exposición de motivos
La calidad de una democracia se mide, entre otros factores, por la fortaleza del Estado de Derecho, la independencia de las instituciones, el respeto a la separación de poderes, la transparencia en el ejercicio del poder y la eficacia de los
mecanismos de prevención y persecución de la corrupción. El conjunto de estos elementos constituye la base misma de la democracia y de la confianza ciudadana en las instituciones.
Sin embargo, en los últimos años, España ha experimentado un progresivo deterioro de sus estándares de integridad pública, acompañado de una creciente percepción social de impunidad, politización de las instituciones y utilización partidista
de los órganos del Estado. Este deterioro no es una apreciación subjetiva: el índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional indica que, en el último año, España ha caído en 4 puntos y 10 puestos, hasta la posición 46 de
180 países, el peor dato de los últimos 30 años. Estas cifras dibujan un escenario preocupante de debilitamiento institucional que afecta de lleno a la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y en la calidad de nuestra democracia.
En paralelo, los organismos internacionales competentes en materia de integridad pública, entre ellos el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), recomiendan constantemente implementar políticas vinculadas a la
prevención de la corrupción en el Gobierno, en las altas funciones ejecutivas y en el funcionamiento de las instituciones del Estado y ponen de relieve las debilidades persistentes en los sistemas de control, en la prevención de conflictos de
intereses y en los mecanismos de rendición de cuentas, así como el desinterés del Gobierno en tomar medidas eficaces en ese sentido.
Este contexto estructural de deterioro democrático se ha visto agravado por una acumulación sin precedentes de escándalos de corrupción económica, política e institucional
que afectan directa o indirectamente al Gobierno y al Partido Socialista y que ha conllevado la colonización partidista de instituciones y organismos públicos, la quiebra de los principios de imparcialidad o el uso del poder como instrumento
de autoprotección política, entre otras cuestiones que erosionan el sistema democrático.
La reciente condena e inhabilitación al Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos es el último episodio de una cascada interminable de escándalos. Una condena que afecta a la máxima autoridad del Ministerio Fiscal y
que constituye un hecho de extrema gravedad que proyecta una sombra directa sobre un gobierno que actuó en connivencia con él y cuyos miembros siguen defendiendo al condenado.
Junto a ello, se encuentran abiertas investigaciones judiciales por graves delitos de corrupción contra el exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el marco de una causa instruida por el
Tribunal Supremo, en la que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de prisión de hasta 24 años, algo por lo que se encuentra ya en prisión preventiva junto con su exasesor Koldo García.
Asimismo, las actuaciones desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han permitido obtener información patrimonial relevante y sobre la red de comisiones ilegales que tenía organizada en la empresa Servinabar el
que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán quien ya ingresó en prisión durante casi 6 meses para evitar que destruyera las pruebas de sus presuntos delitos, tras los registros practicados en la sede del Partido Socialista, en el
marco de otras investigaciones por corrupción que ya apuntan a la financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español.
A estos hechos se suman las diligencias judiciales en curso en torno a las actividades profesionales de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de la presunta contratación ilegal del hermano del presidente del Gobierno en la
Diputación de Badajoz, cuyo caso se encuentra ya en fase de apertura de juicio oral.
No resulta un tema menor la trama de corrupción institucional que lideraba Leire Diez, militante del Partido Socialista con altas responsabilidades en diferentes empresas públicas y persona destinada a ejecutar diferentes encargos de
naturaleza irregular procedentes de su partido y «del número uno» del Gobierno conta la Guardia Civil y los jueces con el apoyo de empresarios perseguidos por la Justicia en otras causas y en connivencia Santos Cerdán y la dirección de su partido.
Por si todo ello fuera poco, se han conocido también diferentes casos de presunto acoso sexual y episodios de conductas impropias contra mujeres en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, entre otros casos ocurridos en el seno del
Partido Socialista, junto con la existencia de maniobras internas destinadas a silenciar a las víctimas, minimizar los hechos y evitar cualquier responsabilidad política. Las informaciones hechas públicas refuerzan la percepción de una dinámica de
ocultación de los hechos, de protección corporativa y de la utilización del poder para tapar comportamientos inaceptables, algo que sitúa al propio Gobierno bajo la sospecha de haber antepuesto su supervivencia política a la defensa de la dignidad,
la seguridad y los derechos de las mujeres.
El conjunto de los episodios relatados no puede analizarse de manera aislada. Configuran un patrón continuado de hechos que debilitan la democracia, en el que las redes de poder, los nombramientos políticos, la falta de transparencia, la
cooptación de instituciones, el encubrimiento de delitos y la reacción defensiva del Gobierno ante los escándalos judiciales han sustituido a las políticas preventivas de integridad, al fortalecimiento de los controles democráticos y a la asunción
de responsabilidades políticas.
El conjunto de estos hechos, además, está teniendo un impacto directo en la reputación internacional de España, en la seguridad jurídica, en la confianza en nuestra democracia, en la calidad del debate público y en la credibilidad de las
instituciones, con un Gobierno que ha respondido sistemáticamente mediante el ataque a jueces, medios de comunicación, funcionarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en lugar de reforzar la transparencia y la colaboración institucional.
Por todo ello, se formula la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar cualquier conducta de acoso, abuso o trato vejatorio contra las mujeres, reconocer y esclarecer los intentos de ocultación y minimización de las situaciones de acoso denunciados en el seno de la Presidencia del Gobierno, exigir
la asunción inmediata de responsabilidades políticas por dichos actos y garantizar una política de tolerancia cero y búsqueda de la verdad ante cualquier comportamiento incompatible con la igualdad y la dignidad de las mujeres.
2. Respetar la sentencia condenatoria dictada contra el Fiscal General del Estado y adoptar de inmediato las medidas necesarias para garantizar la plena independencia del Ministerio Fiscal, su autonomía operativa y su neutralidad, en línea
con los estándares europeos de integridad y separación de poderes.
3. Garantizar los criterios de mérito, capacidad, profesionalidad e independencia en todos los nombramientos, especialmente en los cargos responsables de las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin
de preservar su plena autonomía frente a cualquier injerencia política.
4. Cumplir de manera íntegra y verificable las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) pendientes en materia de prevención de la corrupción, conflictos de intereses y control del poder ejecutivo.
5. Reforzar la protección efectiva de los denunciantes de corrupción, garantizando el ejercicio de las competencias atribuidas a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, su dotación suficiente de medios y la ejemplaridad del
propio Gobierno en la protección de los denunciantes.
6. Respetar escrupulosamente la separación de poderes, cesando de inmediato cualquier actuación o manifestación dirigida a desacreditar a jueces, fiscales, fuerzas de seguridad o medios de comunicación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vox (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, para dar cuenta de la corrupción económica, política e institucional que afecta al Gobierno y del deterioro de la calidad democrática en nuestro país, que se debatirá como punto sexto del orden de día en la sesión n.º 157 del
Pleno del Congreso de los Diputados del día 10 de febrero de 2026.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar cualquier conducta de acoso, abuso o trato vejatorio contra las mujeres, reconocer y esclarecer los intentos de ocultación y minimización de las
situaciones de acoso denunciados en el seno de la Presidencia del Gobierno, exigir la asunción inmediata de responsabilidades políticas por dichos actos y garantizar una política de tolerancia cero y búsqueda de la verdad ante cualquier
comportamiento incompatible con la igualdad y la dignidad de las mujeres, a cuyo fin aprobará un protocolo de prevención de acoso sexual en la referida Presidencia del Gobierno.
2. Respetar la sentencia condenatoria dictada contra el Fiscal General del Estado, desestimar cualquier petición de indulto, promover la modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de
indulto con el objeto de excluir la posibilidad de recurrir a esta prerrogativa para condenas por delitos relacionados con la corrupción, y adoptar de inmediato las medidas necesarias para garantizar la plena independencia del Ministerio Fiscal, su
autonomía operativa y su neutralidad, en línea con los estándares europeos de integridad y separación de poderes.
3. Promover la modificación del Código Penal al fin de agravar las penas de los delitos relacionados con la corrupción, especialmente si son cometidos por responsables públicos.
4. Garantizar los criterios de mérito, capacidad, profesionalidad e independencia en todos los nombramientos, especialmente en los cargos responsables de las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin
de preservar su plena autonomía frente a cualquier injerencia política.
5. Considerar
ejecutivo.
6. Reforzar la protección efectiva de los denunciantes de corrupción, garantizando el ejercicio de las competencias atribuidas a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, su dotación suficiente de medios y la ejemplaridad del
propio Gobierno en la protección de los denunciantes.
7. Respetar escrupulosamente la separación de poderes, cesando de inmediato cualquier actuación o manifestación dirigida a desacreditar a jueces, fiscales, fuerzas de seguridad o medios de comunicación, a cuyo fin promoverá iniciativas de:
a. reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial al efecto de que el modo de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial esté inspirado en los principios recogidos en la ley anterior a la reforma por la Ley Orgánica 6/1985;
b. reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial al efecto de suprimir la discrecionalidad del Consejo General del Poder Judicial en el nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo y otros altos cargos de la Carrera judicial, con
establecimiento de criterios reglados, preferentemente el de antigüedad en el escalafón;
c. reforma de la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al efecto de suprimir la discrecionalidad del Fiscal General del Estado en el nombramiento de altos cargos del Ministerio Fiscal, con establecimiento de criterios reglados,
preferentemente el de antigüedad en el escalafón;
d. reforma del Código Penal al efecto de agravar las penas del delito de atentado contra la independencia de Jueces y Magistrados;
e. derogación o desistimiento en la promoción de cualesquiera normas que permitan a autoridades gubernativas la censura de contenidos político-ideológicos en medios de comunicación y redes sociales.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
173/000147
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano,
sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos, y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente
sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los trabajadores autónomos, más de tres millones y medio en el Estado y más de 500.000 en Cataluña, son una pieza esencial del tejido productivo y social: profesionales que conducen una furgoneta, suben una persiana y abren un comercio,
cultivan un pedazo de tierra o abren un ordenador portátil. La realidad diaria de estos trabajadores evidencia un desequilibrio estructural que vulnera el principio de igualdad y justicia social.
Durante décadas, el ordenamiento jurídico y las políticas públicas han consolidado un modelo que diferencia entre dos tipos de trabajadores: trabajadores con derechos de protección social y trabajadores sin los mismos. Mientras los
asalariados disponen de acceso a un Sistema de Seguridad Social garantista, los trabajadores autónomos han sido sometidos a una red de protección mínima y del todo insuficiente para cubrir sus necesidades más básicas. Un autónomo que no llega al
salario mínimo no es un emprendedor con mala suerte, es un trabajador pobre.
La situación actual es el resultado de un sistema de cotización y protección social que, históricamente, no ha tenido en cuenta los ingresos reales y que ha permitido una regresividad inadmisible a un, supuestamente, Estado social y
democrático de derecho.
El RETA ha sido un régimen que, aparentemente, daba «libertad» al trabajador para elegir su base de cotización, pero que, en realidad, le empujaba a cotizar por la base mínima porque la carga contributiva era inasumible por la gran mayoría
de trabajadores autónomos. En la realidad, ha sido un régimen que ha permitido a rentas muy altas a cotizar por debajo de lo que les corresponde según su capacidad económica, mientras ahoga a los autónomos con bajos ingresos a esfuerzos
contributivos injustificadamente elevados. Es desproporcionado que un autónomo que ingresa más de 6000 euros mensuales cotice lo mismo que un asalariado mileurista, y que un trabajador autónomo que no llega al salario mínimo tenga que destinar
cerca de un tercio de sus ingresos a la cuota, a menudo a costa de elegir entre comer o pagar el alquiler.
Por todo ello, es necesario que el sistema garantice una cuota simbólica o cero para este colectivo y un sistema de cotización real y progresivo basado en los ingresos reales con tramos ajustados a la capacidad económica, aumentando las
bases en los tramos más altos y manteniendo o rebajando las de los tramos bajos. El modelo actual castiga a la clase trabajadora y protege los privilegios de los de siempre. Quien gana poco, debe cotizar poco; quien gana más, debe aportar más.
A esta injusticia del sistema, se añade la falta de protección social, que se ha justificado con el mantra, repetido durante años, de «si desea más derechos, pague más
cuota», un mensaje rotundamente falso: los trabajadores autónomos ya pagan, pero no reciben una protección equivalente a la de los asalariados.
La prestación por cese de actividad es, sobre el papel, una prestación equivalente al paro, pero en la práctica es un mecanismo casi inaccesible. Seis de cada diez solicitudes se deniegan: se exigen requisitos inasumibles como, por
ejemplo, acreditar un 10 % de pérdidas en un año o una caída del 75 % de los ingresos. Estos requisitos ignoran la naturaleza intermitente y frágil de muchos sectores, como pueden ser los artistas. En muchos casos, antes de que se reconozca el
derecho, los trabajadores autónomos ya se han hundido, a pesar de contribuir todos los meses.
Además, el sistema actual continúa excluyendo a los trabajadores autónomos del acceso al subsidio para mayores de 52 años, dejando fuera de la protección a personas que han cotizado durante décadas y que, en el momento de perder la actividad
quedan desprotegidos hasta poder jubilarse.
Es necesario equilibrar e igualar a los trabajadores asalariados y a los trabajadores autónomos. La prestación por cese de actividad debe convertirse en una prestación de desempleo real con requisitos razonables y trámites ágiles,
estableciendo un subsidio específico para mayores de 52 años equivalente al de los trabajadores asalariados.
A esta desigualdad entre regímenes, se añade otro déficit en el ámbito de las enfermedades y cuidados. Mientras que un trabajador asalariado con incapacidad temporal cobra una prestación, un trabajador autónomo o debe dejar de facturar o
continuar trabajando con una enfermedad o incapacidad temporal y, además, debe seguir pagando la cuota durante los primeros 60 días. No solo no recibe nada, sino que debe seguir contribuyendo. Igualmente, las prestaciones por maternidad,
paternidad, lactancia o cuidado de menores con enfermedades graves para autónomos son, por los autónomos, más restrictivas, menos efectivas y no garantizan ningún tipo de conciliación real. La equiparación de prestaciones y el establecimiento de
una cuota cero en casos de enfermedad grave, con bonificaciones por contratar sustitutos, son medidas imprescindibles para garantizar derechos reales y equitativos.
Este modelo de protección social insuficiente tiene consecuencias al final de la vida laboral del trabajador. Las pensiones de los autónomos son un 37 % más bajas que las del régimen general, no por una trayectoria laboral más corta ni por
un menor esfuerzo sino por décadas de infracotización forzada y por un sistema injustamente diseñado que provoca lagunas de cotización. Basta un año malo para que una base cero de cotización arrastre la pensión de por vida. La brecha de género,
además, lo agrava: las pensiones de las mujeres autónomas son un 54 % más bajas que las de los hombres.
A menudo, cuando se habla de trabajadores autónomos, se hace de manera idealizada como si todos fueran profesionales con ingresos elevados o consumidores de lujo. Esta idea está muy alejada de la realidad. El 65 % de los autónomos perciben
ingresos cercanos o por debajo del SMI. Muchos de ellos son trabajadores precarizados: trabajan 10, 12 o 14 horas diarias, sin vacaciones, sin red de protección y con la constante amenaza de perder su fuente de ingresos.
A todo esto hay que sumar la precariedad vinculada a los falsos autónomos ya los TRADE no reconocidos. El Estado español sigue permitiendo que cientos de miles de personas trabajen bajo una relación mercantil que esconde una dependencia
laboral clara, sin las garantías de un contrato de trabajo, sin indemnización, sin paro y con innegable inseguridad jurídica y económica. Esta práctica perjudica a toda la clase trabajadora. Se debe establecer un registro obligatorio de contratos,
derecho a indemnización y paro efectivos para los TRADE, endurecer la normativa sobre falsos autónomos con inspecciones más frecuentes, sanciones disuasivas e invertir la carga de la prueba en casos reiterados, así como simplificar la gestión de los
trabajadores autónomos en situación de pluriactividad y evitar la doble cotización.
El sistema actual penaliza a los autónomos también en los casos de pluriactividad: si eres al mismo tiempo asalariado y autónomo, acabas cotizando dos veces por los mismos riesgos. La solución es de sentido común: una persona, una sola
afiliación a
la Seguridad Social, un tope único para que nadie pague doble y una cuota reducida cuando la actividad autónoma es complementaria.
Los autónomos no solo sufren una protección social insuficiente, sino también una fiscalidad injusta. Mientras un trabajador autónomo puede llegar a tributar hasta el 45 % en el IRPF, una gran empresa con beneficios millonarios solo paga el
25 % en el Impuesto de Sociedades y, en muchos casos, menos aún, gracias a deducciones e ingeniería fiscal.
Una reducción del 5 % del tramo estatal del IRPF en las rentas inferiores a 25 000 euros supondría, de media, un ahorro de entre 400 y 600 euros anuales. Proporcionalmente un autónomo paga mucho más que una gran corporación. Incrementar el
Impuesto de Sociedades entre un 5-7 % en las grandes empresas con más de 4 millones de euros de facturación, supondría un aumento de recaudación mayor al que dejaría de ingresarse aligerando la carga tributaria a los trabajadores autónomos. Ahora
mismo, el Gobierno español todavía castiga a quienes menos tienen, que a su vez, sostienen la economía del día a día y favorece a quienes concentran el capital, contraviniendo los principios de progresividad y de equidad.
Por último, hay que garantizar que los trabajadores autónomos tengan voz propia incorporando a las organizaciones más representativas, tanto estatales como autonómicas, al Consejo Económico y Social, ya que las grandes patronales no
representan ni defenderán nunca sus intereses.
El trabajador autónomo es un trabajador que debe tener derechos plenos y equitativos. El actual sistema no garantiza justicia social ni igualdad entre la clase trabajadora. Deben corregirse las desigualdades estructurales, reforzarse la
protección social, establecerse un sistema fiscal progresivo y equitativo y asegurar que los trabajadores autónomos están representados en los órganos de decisión.
Por todo esto, se presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Implantar un sistema de cotización real y progresivo basado en ingresos reales, tramos claros y cuotas ajustadas a la capacidad económica.
2. Incorporar nuevos tramos de cotización por trabajadores autónomos con ingresos reales superiores a 6000 euros mensuales.
3. Establecer una cuota reducida para los trabajadores autónomos con ingresos inferiores al SMI con las aportaciones necesarias de los Presupuestos Generales del Estado para garantizar el mantenimiento de la base de cotización a efectos de
generar derecho a futuras prestaciones.
4. Convertir la prestación por cese de la actividad en una prestación por desempleo real, equiparable a la de los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social con requisitos razonables y trámites ágiles.
5. Crear un subsidio para mayores de 52 años autónomos, equivalente al subsidio para los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
6. Equiparar las prestaciones de enfermedad, maternidad, paternidad, lactancia y por cuidado de menores con enfermedades graves de los trabajadores autónomos a las previstas por situaciones análogas de los trabajadores incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social.
7. Implementar una cuota cero con efectos desde el momento del hecho causante en situaciones de enfermedad grave y bonificaciones para la contratación de sustitutos.
8. Regular los TRADE estableciendo un registro obligatorio de contratos, así como el derecho a indemnización y una prestación de desempleo efectiva.
9. Endurecer la persecución del fraude en casos de falsos autónomos con campañas específicas de inspección y aplicación de sanciones disuasivas a las empresas infractoras.
10. Impulsar las modificaciones legislativas oportunas para garantizar que, en los procedimientos judiciales de reconocimiento de relación laboral de falsos autónomos en los que la empresa hubiera recibido sentencias contrarias por
reclamaciones laborales de este tipo en los 9 meses anteriores a la interposición de la demanda, se invierta la carga de la prueba de tal forma que el trabajador demandante únicamente deba aportar pruebas.
11. Evitar la doble cotización de los trabajadores en situación de pluriactividad, simplificar la gestión y establecer una cuota reducida cuando la actividad autónoma es secundaria.
12. Reformar el sistema fiscal con criterios de progresividad, aplicando una reducción del 5 % del tramo estatal del IRPF para rentas inferiores a 25 000 euros e incrementando entre un 5 y un 7 % el impuesto de sociedades para las grandes
empresas con más de 4 millones de euros de facturación, así como ampliar los gastos deducibles reales.
13. Incorporar a las organizaciones más representativas de trabajadores autónomos, tanto estatales como autonómicas, al Consejo Económico y Social.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.Jordi Salvador i Duch, Diputado.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la mesa del Congrés Dels Diputats
El Grup Parlamentari Republica, a instancia del Diputat Jordi Salvador i Duch a l'empara del que es disposa en l'article 184 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Moció conseqüéncia d'interpel-lació urgent sobre la
millora de la protecció social deis treballadors autonoms per al seu debat en Ple.
Exposició de motius
Els treballadors autonoms, més de tres milions i mig a lEstat i més de 500.000 a Catalunya, són una pega essencial del teixit productiu i social: professionals que condueixen una furgoneta, apugen una persiana i obren un comerg, conreen un
tros de terra o obren un ordinador portátil. La realitat quotidiana daquests treballadors evidencia un desequilibri estructural que vulnera el principi digualtat i la justicia social.
Durant decades, lordenament jurídic i les polítiques públiques han consolidat un model que diferencia entre dos tipus de treballadors: treballadors amb drets de protecció social i treballadors sense els mateixos. Mentre els assalariats
disposen daccés a un Sistema de Seguretat Social garantista, els treballadors autonoms han estat sotmesos a una xarxa de protecció mínima i del tot insuficient per a cobrir les seves necessitats més basiques. Un autonom que no arriba al salari
minim no és un emprenedor amb mala sort, és un treballador pobre.
La situació actual és el resultat dun sistema de cotització i de protecció social que, historicament, no ha tingut en compte els ingressos reals i que ha permés una regressivitat inadmissible a un, suposadament, Estat social i democratic de
dret.
El RETA ha estat un regim que, aparentment, donava «llibertat» al treballador per triar la seva base de cotització, pero que, en realitat, lempenyia a cotitzar per la base mínima perqué la carrega contributiva era inassumible per la gran
majoria de treballadors autonoms. En la realitat, ha estat un régim que ha permés a rendes molt altes a cotitzar per sota del que els hi pertoca segons la seva capacitat económica, mentre ofega els autonoms amb baixos ingressos a esforgos
contributius injustificadament elevats. És desproporcionat que un autonom que ingressa més de 6.000 euros mensuals cotitzi el mateix que un assalariat mileurista, i que un treballador autonom que no arriba al salari minim hagi de destinar prop dun
terg dels seus ingressos a la quota, sovint a costa dhaver de triar entre menjar o pagar el lloguer.
Per aixo, és necessari que el sistema garanteixi una quota simbolica o zero per a aquest col-lectiu i un sistema de cotització real i progressiu basat en els ingressos reals amb trams ajustats a la capacitat economica, augmentant les bases
en els trams més alts i mantenint o rebaixant les dels trams baixos. El model actual castiga a la classe treballadora i protegeix els privilegis dels de sempre. Qui guanya poc, ha de cotitzar poc; qui guanya més, ha daportar més.
A aquesta injusticia del sistema, shi afegeix la falta de protecció social, que sha justificat amb el mantra, repetit durant anys, de «si voleu més drets, pagueu més quota», un missatge rotundament fals: els treballadors autonoms ja
paguen, pero no reben una protecció equivalent a la dels assalariats.
La prestació per cessament dactivitat és, sobre el paper, una prestació equivalent a latur, pero en la practica és un mecanisme gairebé inaccessible. Sis de cada deu sol-licituds es deneguen: es demanen requisits inassumibles com, per
exemple, acreditar un 10 % de pérdues en un any o una caiguda del 75 % dels ingressos. Aquests requisits ignoren la naturalesa intermitent i frágil de molts sectors, com poden ser els artistes. En molts casos, abans del reconeixement del dret, els
treballadors autonoms ja shan enfonsat, tot i contribuir cada mes.
A més, el sistema actual continua excloent als treballadors autonoms de laccés al subsidi per a majors de 52 anys, deixant fora de la protecció a persones que han cotitzat durant decades i que, en el moment de perdre lactivitat queden
desprotegits fins a poder-se jubilar.
Cal equilibrar i igualar els treballadors assalariats i els treballadors autonoms. La prestació per cessament dactivitat sha de convertir en una prestació datur real amb requisits raonables i tramits agils, i establir un subsidi
especific per a majors de 52 anys equivalent al dels treballadors assalariats.
A aquesta desigualtat entre régims, shi afegeix un altre déficit en lambit de les malalties i les cures. Mentre que un treballador assalariat amb incapacitat temporal cobra una prestació, un treballador autonom o bé ha de deixar de
facturar o bé continuar treballant amb una malaltia o incapacitat temporal i, a més, ha de seguir pagant la quota durant els primers 60 dies. No només no rep res, sinó que ha de seguir contribuint. Igualment, les prestacions per maternitat,
paternitat, lactancia o cura de menors amb malalties greu per a autonoms són, pels autonoms, més restrictives, menys efectives i no garanteixen cap mena de conciliació real. Lequiparació de prestacions i lestabliment duna quota zero en casos de
malaltia greu, amb bonificacions per contractar substituts, són mesures imprescindibles per garantir drets reals i equitatius.
Aquest model de protecció social insuficient té conseqüéncies al final de la vida laboral del treballador. Les pensions dels autonoms són un 37 % més baixes que les del régim general, no per una trajectoria laboral més curta ni per un
esforg menor sinó per décades dinfracotització forgada i per un sistema injustament dissenyat que provoca llacunes de cotització. Nhi ha prou amb un any dolent perqué una base zero de cotització arrossegui la pensió de per vida. La bretxa de
génere, a més, ho agreuja: les pensions de les dones autonomes són un 54 % més baixes que les dels homes.
Sovint quan es parla de treballadors autonoms es fa de manera idealitzada com si tots fossin professionals amb ingressos elevats o consumidors de luxe. Aquesta idea, esta molt allunyada de la realitat. El 65 % dels autonoms perceben
ingressos propers o per sota del SMI. Molts dells són treballadors precaritzats: treballen 10, 12 o 14 hores diaries, sense vacances, sense xarxa de protecció i amb la constant amenaga de perdre la seva font dingressos.
A tot aixo cal sumar-hi la precarietat vinculada als falsos autonoms i als TRADE no reconeguts. LEstat espanyol continua permetent que centenars de milers de persones treballin sota una relació mercantil que amaga una dependéncia laboral
clara, sense les garanties dun contracte de treball, sense indemnització, sense atur i amb una inseguretat juridica i economica innegable. Aquesta practica perjudica a tota la classe treballadora. Sha destablir un registre obligatori de
contractes, dret a indemnització i a un atur efectius per als TRADE, endurir la normativa sobre falsos autonoms amb
inspeccions més freqüents, sancions dissuasives i invertir la carrega de la prova en casos reiterats, aixi com simplificar la gestió dels treballadors autonoms en situació de pluriactivitat i evitar la doble cotització.
El sistema actual penalitza als autonoms també en els casos de pluriactivitat: si ets alhora assalariat i autonom, acabes cotitzant dues vegades pels mateixos riscos. La solució és de sentit comú: una persona, una sola afiliació a la
Seguretat Social, un topall únic perqué ningú pagui doble i una quota reduida quan lactivitat autonoma és complementaria.
Els autonoms no només pateixen una protecció social insuficient, sinó que també una fiscalitat injusta. Mentre un treballador autonom pot arribar a tributar fins al 45 % en lIRPF, una gran empresa amb beneficis milionaris només paga el 25
% en lImpost de Societats i, en molts casos, encara menys, grades a deduccions i enginyeria fiscal.
Una reducció del 5 % del tram estatal de lIRPF a les rendes inferiors a 25.000 euros suposaria, de mitjana, un estalvi dentre 400 i 600 euros anuals. Proporcionalment, un autonom paga molt més que una gran corporació. Incrementar
lImpost de Societats entre un 5-7 % a les grans empreses amb més de 4 milions deuros de facturació, suposaria un augment de recaptació major al que es deixaria dingressar alleugerint la carrega tributaria als treballadors autonoms. Ara mateix,
el Govern espanyol encara castiga als qui menys tenen, que alhora, sostenen leconomia del dia a dia i afavoreix els qui concentren el capital, contravenint els principis de progressivitat i dequitat.
Finalment, cal garantir que els treballadors autonoms tinguin veu propia incorporant les organitzacions més representatives, tant estatals com autonomiques, al Consell Economic i Social, ja que les grans patronals no representen ni
defensaran mai els seus interessos.
El treballador autonom és un treballador que ha de tenir drets plens i equitatius. Lactual sistema no garanteix justicia social ni igualtat entre la classe treballadora. Shan de corregir les desigualtats estructurals, reforgar la
protecció social, establir un sistema fiscal progressiu i equitatiu i assegurar que els treballadors autonoms estan representats en els organs de decisió.
Per tot aixo es presenta la següent
Moció
«El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a:
1. Implantar un sistema de cotització real i progressiu basat en els ingressos reals, trams clars i quotes ajustades a la capacitat economica.
2. Incorporar nous trams de cotització per treballadors autonoms amb ingressos reals superiors a 6.000 euros mensuals.
3. Establir una quota reduida per als treballadors autonoms amb ingressos inferiors al SMI amb les aportacions necessaries dels Pressupostos Generals de lEstat per tal de garantir el manteniment de la base de cotització a efectes de
generar dret a prestacions futures.
4. Convertir la prestació per cessament de lactivitat en una prestació datur real, equiparable a la dels treballadors inclosos en el Régim General de la Seguretat Social amb requisits raonables i tramits agils.
5. Crear un subsidi per a majors de 52 anys autonoms, equivalent al subsidi per als treballadors inclosos en el Régim General de la Seguretat Social.
6. Equiparar les prestacions de malaltia, maternitat, paternitat, lactancia i per cura de menors amb malalties greus dels treballadors autonoms a les previstes per situacions analogues dels treballadors inclosos en el Régim General de la
Seguretat Social.
7. Implementar una quota zero amb efectes des del moment del fet causant en situacions de malaltia greu i bonificacions per a la contractació de substituts.
8. Regular els TRADE establint un registre obligatori de contractes, aixi com el dret a indemnització i a una prestació datur efectiva.
9. Endurir la persecució del frau en casos de falsos autonoms amb campanyes especifiques dinspecció i aplicació de sancions dissuasives a les empreses infractores.
10. Impulsar les modificacions legislatives oportunes per garantir que, en els procediments judicials de reconeixement de relació laboral de falsos autonoms en qué lempresa hagués rebut senténcies contraries per reclamacions laborals
daquest tipus en els 9 mesos anteriors a la interposició de la demanda, sinverteixi la carrega de la prova de tal manera que el treballador demandant únicament hagi daportar proves indiciaries de laboralitat.
11. Evitar la doble cotització dels treballadors en situació de pluriactivitat, simplificar la gestió i establir una quota reduida quan lactivitat autónoma és secundaria.
12. Reformar el sistema fiscal amb criteris de progressivitat, aplicant una reducció del 5 % del tram estatal de lIRPF per a rendes inferiors a 25.000 euros i incrementant entre un 5 i un 7 % lImpost de Societats per a les grans empreses
amb més de 4 milions deuros de facturació, així com ampliar les despeses deduibles reals per als treballadors autonoms.
13. Incorporar les organitzacions més representatives de treballadors autonoms, tant estatals com autonomiques, al Consell Economic i Social.»
Congrés dels Diputats, 11 desembre de 2025.Jordi Salvador i Duch, Diputat.Gabriel Rufián Romero, Portaveu GP Republicà.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano sobre la mejora de la
protección social de los trabajadores autónomos.
Enmienda
De sustitución.
Se sustituye el texto actual quedando redactado como sigue:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implantar un sistema de cotización real y progresivo basado en ingresos reales, tramos claros y cuotas ajustadas a la capacidad económica.
2. Incorporar nuevos tramos de cotización por trabajadores autónomos con ingresos reales superiores a 6.000 euros mensuales.
3. Establecer una cuota reducida para los trabajadores autónomos con ingresos inferiores al SMI con las aportaciones necesarias de los presupuestos generales del Estado para garantizar el mantenimiento de la base de cotización a efectos de
generar derecho a futuras prestaciones.
4. Reforzar la prestación por cese de la actividad, para que resulte equiparable a la de los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social con requisitos razonables y trámites ágiles.
5. Crear un subsidio de cese de actividad para personas trabajadoras autónomas mayores de 52 años equivalente al subsidio para los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
6. Equiparar las prestaciones de enfermedad, maternidad, paternidad, lactancia y por cuidado de menores con enfermedades graves de los trabajadores autónomos a las previstas por situaciones análogas de los trabajadores incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social.
7. Implementar una cuota cero con efectos desde el momento del hecho causante en situaciones de enfermedad grave y bonificaciones para la contratación de sustitutos.
8. Seguir avanzando en la persecución del fraude en casos de falsos autónomos manteniendo las con campañas específicas de inspección y en su caso, mediante la persecución penal de estas conductas de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 311.2 del Código Penal.
9. Impulsar las modificaciones legislativas oportunas para garantizar que, en los procedimientos judiciales de reconocimiento de relación laboral de falsos autónomos en los que la empresa hubiera recibido sentencias contrarias por
reclamaciones laborales de este tipo en los 9 meses anteriores a la interposición de la demanda, se invierta la carga de la prueba de tal forma que el trabajador demandante únicamente deba aportar pruebas.
10. Evitar la doble cotización de los trabajadores en situación de pluriactividad, simplificar la gestión y establecer una cuota reducida cuando la actividad autónoma es secundaria.
11. Reformar el sistema fiscal con criterios de progresividad, aplicando una reducción del 5 % del tramo estatal del IRPF para rentas inferiores a 25 000 euros e incrementando entre un 5 y un 7 % el Impuesto de Sociedades para las grandes
empresas con más de 4 millones de euros de facturación, así como ampliar los gastos deducibles reales.
12. Incorporar a las organizaciones más representativas de trabajadores autónomos, tanto estatales como autonómicas, al Consejo Económico y Social.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
A l'empara del que s'estableix en el Reglament de la Cambra el Grup Parlamentari Plurinacional Sumar, presenta la següent esmena a la Moció conseqüéncia d'Interpel-lació Urgent del Grup Parlamentari Republica sobre la millora de la protecció
social dels treballadors autonoms.
Esmena
De substitució.
Se substitueix el text actual quedant redactat com segueix:
«El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
1. Implantar un sistema de cotització real i progressiu basat en ingressos reals, trams clars i quotes ajustades a la capacitat económica.
2. Incorporar nous trams de cotització per treballadors autonoms amb ingressos reals superiors a 6000 euros mensuals.
3. Establir una quota reduida per als treballadors autonoms amb ingressos inferiors al SMI amb les aportacions necessaries dels Pressupostos Generals de l'Estat per a garantir el manteniment de la base de cotització a l'efecte de generar
dret a futures prestacions.
4. Reforjar la prestació per cessament de l'activitat, perqué resulti equiparable a la dels treballadors inclosos en el Régim General de la Seguretat Social amb requisits raonables i tramits agils.
5. Crear un subsidi de cessament d'activitat per a persones treballadores autónomes majors de 52 anys equivalent al subsidi per als treballadors inclosos en el Régim General de la Seguretat Social.
6. Equiparar les prestacions de malaltia, maternitat, paternitat, lactancia i per cura de menors amb malalties greus dels treballadors autonoms a les previstes per situacions analogues dels treballadors inclosos en el Régim General de la
Seguretat Social.
7. Implementar una quota zero amb efectes des del moment del fet causant en situacions de malaltia greu i bonificacions per a la contractació de substituts.
8. Continuar avangant en la persecució del frau en casos de falsos autonoms mantenint les amb campanyes especifiques d'inspecció i si és el cas, mitjangant la persecució penal d'aquestes conductes de conformitat amb el que es disposa en
l'article 311.2 del Codi Penal.
9. Impulsar les modificacions legislatives oportunes per a garantir que, en els procediments judicials de reconeixement de relació laboral de falsos autonoms en els quals l'empresa hagués rebut senténcies contraries per reclamacions
laborals d'aquest tipus en els 9 mesos anteriors a la interposició de la demanda, s'inverteixi la carrega de la prova de tal forma que el treballador demandant únicament hagi d'aportar proves.
10. Evitar la doble cotització dels treballadors en situació de pluriactivitat, simplificar la gestió i establir una quota reduida quan l'activitat autonoma és secundaria.
11. Reformar el sistema fiscal amb criteris de progressivitat, aplicant una reducció del 5 % del tram estatal de l'IRPF per a rendes inferiors a 25.000 euros i incrementant entre un 5 i un 7 % l'Impost de Societats per a les grans empreses
amb més de 4 milions d'euros de facturació, així com ampliar les despeses deduibles reals.
12. Incorporar a les organitzacions més representatives de treballadors autonoms, tant estatals com autonomiques, al Consell Economic i Social.»
Palacio del Congrés dels Diputats, 10 de febrero de 2026.Aina Vidal Sáez, Portaveu adjunta Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la mejora de la
protección social de los trabajadores autónomos, que se debatirá como punto séptimo del orden de día en la sesión n.º 157 del Pleno del Congreso de los Diputados del día 10 de febrero de 2026.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
1. Eliminar la cuota de autónomos para aquellos cuyos ingresos reales sean menores que el Salario Mínimo.
2. Extender a seis meses el plazo que tiene el contribuyente para hacer efectivo el pago a Hacienda tras la presentación de la declaración de la renta y/o del IVA. Es decir, igualar el plazo de pago del contribuyente al plazo de devolución
del que dispone Hacienda, que asciende a seis meses sin intereses.
3. Habilitar la posibilidad de que, en caso de estar pendiente de una devolución de IVA por parte de Hacienda, pueda aplazarse el pago de otra liquidación posterior sin ningún tipo de interés hasta el momento de la recepción efectiva de los
fondos.
4. Reducir el IRPF a un tipo del 15 % a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo del 25 % a aplicar sobre bases imponibles superiores a dicha cantidad, aplicando un mínimo personal de 22.000 euros anuales de rentas
del trabajo con independencia de tener uno o dos pagadores.
5. Llevar a cabo una drástica reducción del gasto no esencial, superfluo, ideológico e improductivo, reduciéndolo a lo estrictamente esencial.
6. Reconocer el papel fundamental de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas en la economía nacional.
7. Favorecer la contratación de trabajadores por parte de los autónomos a través de bonificaciones a la seguridad social, del 100 % para los nuevos empleos creados durante el primer año y al 50 % en el segundo año.
8. Impulsar la mejora de la calidad de la formación profesional, así como la ampliación de la FP Dual con el objetivo de lograr una mejor inserción laboral adaptada a las necesidades de industrias, comercios y empresas.
9. Promocionar el emprendimiento local y promover políticas de retención del talento, tanto joven como de segunda oportunidad, para las personas de más edad que han perdido su empleo a causa de los procesos generalizados de
desindustrialización y reducción de costes.
10. Impulsar la dignificación de los oficios y las artes mediante el impulso a la formación profesional dual, presentando esta como una opción atractiva para que nuestros jóvenes adquieran las herramientas que les permitan acceder a un
empleo o emprender una iniciativa empresarial propia.
11. Impulsar la derogación de las modificaciones legislativas incorporadas por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se
mejora la protección por cese de actividad, y a su vez promover una reforma laboral que escuche a los verdaderos agentes sociales.
12. Combinar el apoyo económico de las prestaciones por desempleo con medidas eficaces de formación y actualización profesional.
efectos de generar derecho a futuras prestaciones.
ágiles.
el Régimen General de la Seguridad Social.
reclamaciones laborales de este tipo en los 9 meses anteriores a la interposición de la demanda, se invierta la carga de la prueba de tal forma que el trabajador demandante únicamente deba aportar pruebas.
grandes empresas con más de 4 millones de euros de facturación, así como ampliar los gastos deducibles reales.
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos.
Enmienda
De modificación.
«El Congreso de los Diputados reconoce los avances llevados a cabo para lograr la equiparación en derechos y obligaciones entre los diferentes regímenes de la Seguridad Social, conforme a las Recomendaciones contenidas en el Informe de
Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el pleno del Congreso en noviembre de 2020, y respecto del colectivo de las personas trabajadoras autónomas insta al Gobierno a:
1. Avanzar en la mejora de la protección social del colectivo de los autónomos sobre la base de los principios de contributividad y solidaridad, contemplando un sistema de cotización real y progresivo basado en ingresos reales, tramos y
cuotas ajustadas a la capacidad económica.
2. Seguir avanzando en la mejora de la acción protectora y la equiparación entre prestaciones percibidas en el RETA y el Régimen general.
3. Mejorar la eficacia y efectividad del cese de actividad, para que llegue a más personas y permita mantener la actividad económica de los solicitantes, buscando su equiparación con la prestación por desempleo de las personas asalariadas.
4. Seguir avanzando en la persecución del fraude en casos de falsos autónomos manteniendo las campañas específicas de inspección y, en su caso, mediante la persecución penal de estas conductas de conformidad con lo dispuesto en el artículo
311.2 del Código Penal.
5. Culminar el Reglamento que desarrolla la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, de cara a articular el Consejo de Trabajo Autónomo estatal y permitir así una mayor participación institucional de las
organizaciones más representativas del trabajo autónomo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2026.Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora de la protección social de los trabajadores
autónomos, ha acordado lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Implantar un sistema de cotización real y progresivo basado en ingresos reales, tramos claros y cuotas ajustadas a la capacidad económica.
2. Convertir la prestación por cese de la actividad en una prestación por desempleo real, equiparable a la de los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social con requisitos razonables y trámites ágiles.
3. Crear un subsidio para mayores de 52 años autónomos, equivalente al subsidio para los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
4. Equiparar las prestaciones de enfermedad, maternidad, paternidad, lactancia y por cuidado de menores con enfermedades graves de los trabajadores autónomos a las previstas por situaciones análogas de los trabajadores incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social.
5. Implementar una cuota cero con efectos desde el momento del hecho causante en situaciones de enfermedad grave y bonificaciones para la contratación de sustitutos.
6. Endurecer la persecución del fraude en casos de falsos autónomos con campañas específicas de inspección y aplicación de sanciones disuasivas a las empresas infractoras.
7. Evitar la doble cotización de los trabajadores en situación de pluriactividad, simplificar la gestión y establecer una cuota reducida cuando la actividad autónoma es secundaria.
8. Incorporar a las organizaciones más representativas de trabajadores autónomos, tanto estatales como autonómicas, al Consejo Económico y Social.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.