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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 469, de 03/02/2026
cve: BOCG-15-D-469
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de febrero de 2026
Núm. 469
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002908
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para honrar la memoria de las víctimas de la banda terrorista denominada Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) ... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002896
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, por la protección de los Derechos Humanos y la población civil en Irán ... (Página9)
161/002897
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, por la solidaridad con Palestina ... (Página10)
161/002898
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para impulsar, en el marco de la Unión Europea, una posición común que defienda la legalidad internacional en el Ártico ...
161/002900
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la reafirmación del compromiso de España con la soberanía, la paz y el multilateralismo en América Latina y el Caribe ...
161/002914
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la persecución y criminalización de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos en El Salvador ... (Página16)
161/002921
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la denuncia del Tratado del Atlántico Norte y de los acuerdos bilaterales de carácter militar con los Estados Unidos de América ...
161/002924
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la defensa de la soberanía de Groenlandia y el respeto al derecho internacional ... (Página22)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002905
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para garantizar que las ayudas recibidas con motivo de la DANA no computen a efectos del Ingreso Mínimo Vital ni tributen en el IRPF ... (Página24)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002895
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la infraestructura ferroviaria en Zamora ... (Página27)
161/002919
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,relativa a las medidas previstas para combatir la contaminación acústica derivada del paso de la AP-9 por el barrio de Teis en la ciudad de Vigo, la mejora de su encaje urbano
y el acondicionamiento de los pasos elevados ... (Página28)
161/002923
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a reforzar la seguridad en las infraestructuras ferroviarias y a promover el cese y reprobación del ministro por su responsabilidad política en el grave accidente de
Adamuz (Córdoba) ... (Página31)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002936
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar un sistema de visado por puntos como vía de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado laboral ...
Comisión de Industria y Turismo
161/002899
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para garantizar una transición energética verde del sector de la cerámica en las comarcas de Castelló ... (Página36)
161/002941
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para el fortalecimiento de las pymes industriales valencianas y la mejora de su competitividad en el marco de la transición productiva ...
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002909
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para asegurar el cuidado digno de las personas mayores, con especial atención a la región de Aragón ... (Página40)
161/002911
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la protección de las personas consumidoras frente a prácticas abusivas relacionadas con precios dinámicos ... (Página44)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002904
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la defensa de la pesca artesanal y de pequeña escala, la sostenibilidad de la pesca mediterránea y la garantía de una vida digna para los pescadores y pescadoras ...
(Página47)
161/002913
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al rechazo del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, a la no aplicación provisional del mismo y a la defensa de la soberanía
alimentaria, la agricultura social y profesional y los derechos del campesinado ... (Página50)
161/002916
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la defensa de los sectores agrario y ganadero, el medioambiente y el control democrático ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ...
161/002925
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al 500 aniversario del chocolate en España ... (Página56)
161/002930
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo a la producción del ajo en España ... (Página58)
161/002931
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad urgente para garantizar la adecuada aplicación en España del Reglamento (UE) 2023/2842 sobre control pesquero y adoptar medidas inmediatas
para evitar perjuicios al sector, especialmente a la pesca costera artesanal ... (Página60)
161/002932
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la base científica y a la adopción de medidas transitorias para la gestión del abadejo en las zonas VIII y IX del Atlántico ...
161/002933
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aplicación flexible del Reglamento de control de la pesca a la flota litoral y artesanal multiespecífica ... (Página64)
161/002935
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar la implementación efectiva de la Estrategia Española de Acuicultura 2021-2030 y la elaboración de un Plan Nacional de Acción para su desarrollo
... (Página65)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002934
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para incorporar principios que repercutan en la protección de la vida humana en la legislación sobre agua ... (Página67)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002912
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a favor de la prórroga automática de contratos de arrendamiento ante la situación de emergencia habitacional ... (Página70)
Comisión de Cultura
161/002901
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el reconocimiento y homenaje a la actriz Marisa Paredes ... (Página71)
161/002907
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la intervención y conservación prioritaria del patrimonio histórico-artístico español ... (Página72)
161/002926
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de consolidación y restauración del Castillo de Maluenda, Zaragoza ... (Página75)
161/002927
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de consolidación y restauración del Castillo de Villafeliche, Zaragoza ... (Página76)
161/002928
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de consolidación y restauración del Castillo de los Priores, en Calatorao (Zaragoza) ... (Página77)
161/002929
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de consolidación y restauración del Castillo de Bijuesca, Zaragoza ... (Página79)
161/002940
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de un organismo de gestión integral del patrimonio histórico monumental de Sagunto ... (Página81)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002938
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la evaluación y refuerzo de las políticas estatales de apoyo al comercio y a los negocios afectados por la Dana en el País Valenciano ...
Comisión de Sanidad
161/002918
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al colapso sanitario del Sistema Nacional de Salud ... (Página87)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002939
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación de la población kurda en Alepo (Siria) y la condicionalidad de la cooperación internacional respecto de los derechos humanos ...
Comisión de Igualdad
161/002915
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al esclarecimiento de los crímenes del Patronato de Protección a la Mujer y la reparación integral de sus víctimas ... (Página94)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002903
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo a las personas afectadas por la talidomida ... (Página96)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002917
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la mejora del firme en la N-420 para garantizar la seguridad vial de sus usuarios ... (Página98)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/001559
Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX) y Flores Juberías, Carlos (GVOX), sobre valoración de la aplicación de las reformas previstas en la Ley Orgánica de
medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, así como problemas que su entrada en vigor está provocando según operadores jurídicos ... (Página100)
Comisión de Defensa
181/001552
Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre intención del Gobierno de impulsar la creación de una comisión de la verdad para que aclare las circunstancias en las que murieron cerca de 1.900 jóvenes mientras
realizaban el servicio militar, para que escuche a sus familias y para que elabore un informe ... (Página100)
181/001564
Pregunta formulada por los Diputados Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y Rojas García, Carlos (GP), sobre previsiones del Ministerio de Defensa y de la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España SA, SME, MP
(ISDEFE) acerca de las soluciones propuestas por Hisdesat Servicios
Estratégicos S.A., empresa participada directamente por la citada ISDEFE y por INDRA, participada a su vez por la SEPI, ante el comunicado de la propia Hispasat sobre la situación del satélite SpainSat NG II que, tras ser lanzado desde Cabo
Cañaveral el día 23/10/2025 ha sufrido el impacto de una partícula espacial durante el trayecto hacia su posición orbital definitiva ... (Página101)
Comisión de Política Territorial
181/001557
Pregunta formulada por los Diputados Jorge Campos Asensi (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX) y Mejías Sánchez, Carina (GVOX), sobre previsiones acerca de asumir la responsabilidad política por las irregularidades en las que
existen serias sospechas de haber estado implicado ... (Página101)
Comisión de Sanidad
181/001561
Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX),De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre escasez de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud ... (Página101)
181/001562
Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX),De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre razones a las que se debieron los fallos en la gestión de la prueba MIR del año 2026 ...
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001551
Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre previsiones acerca de acometer en el menor plazo de tiempo posible las obras necesarias para garantizar la seguridad viaria de sus usuarios mediante la reparación del
firme de la N-420 a su paso por Corbera d'Ebre (Terra Alta, Tarragona) ... (Página102)
181/001553
Pregunta formulada por los Diputados Ángel López Maraver (GVOX) y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre problemas que está generando la baliza V-16 ... (Página102)
181/001554
Pregunta formulada por los Diputados Ángel López Maraver (GVOX) y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre previsión de poner fin a la obligatoriedad de la baliza V-16 ... (Página102)
181/001563
Pregunta formulada por los Diputados Ángel López Maraver (GVOX) y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre razón por la que el Gobierno limita las libertades individuales prohibiendo la entrada con vehículo privado a las ciudades ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/032043
Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Valero Morales, Juan Antonio
Rivera Arias, Engracia
Alonso Cantorné, Fèlix
González López, Nahuel
Sierra Caballero, Francisco
Empresas que van a presentar ofertas para la adjudicación de los contratos de gestión de lotes de CASA47, así como previsiones acerca de permitir la privatización y la gestión por parte de grandes fondos de la Entidad Estatal de Vivienda ...
(Página103)
184/032415
Autor: Romaní Cantera, José Ignacio
Lorente Anaya, Macarena
Gallardo Barrena, Pedro Ignacio
Sastre Uyá, Miguel Ángel
Vázquez Blanco, Ana Belén
Sánchez Ojeda, Carlos Alberto
Informes, análisis o estudios que maneja el Ministerio del Interior para decidir sobre la posible reapertura del cuartel de la Guardia Civil en Palmones ... (Página105)
184/032417
Autor: Romaní Cantera, José Ignacio
Lorente Anaya, Macarena
Gallardo Barrena, Pedro Ignacio
Sastre Uyá, Miguel Ángel
Vázquez Blanco, Ana Belén
Sánchez Ojeda, Carlos Alberto
Evaluación de la relevancia estratégica de Palmones dentro del dispositivo de seguridad del Campo de Gibraltar, así como su influencia en la decisión de mantener cerrado el cuartel ... (Página106)
Secretaría General
291/000009
Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 27 de enero de 2026, por la que se modifica la Plantilla Orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados ... (Página107)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/002908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez en sus respectivas condiciones de
Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para honrar la memoria de las víctimas de la banda
terrorista denominada Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, infame organización terrorista.
El autoproclamado Frente Revolucionario Antifascista y Patriota («el FRAP») tiene su origen en el llamado Partido Comunista de España (marxista-leninista), «el PCE (m-1)», una escisión del originario Partido Comunista de España, y respecto
de cuya supuesta moderación quería alejarse para abrazar tesis más radicales cercanas al maoísmo, es decir, absolutamente incompatibles con cualquier fórmula mínimamente homologable con un sistema político occidental. Ya en la década de 1970,
surgirá el FRAP con la finalidad de que fuera el «frente de masas» del citado PCE (m-1), pero ante la evidencia del inexistente apoyo popular recabado, terminará deviniendo en el «brazo armado» del partido, es decir, en una banda terrorista1.
Esta organización terrorista tuvo su primera reunión en enero de 1971 y a finales de ese mes se publicaron los seis puntos programáticos que habrían de sustentar su acción, asentados todos ellos en la más extrema filosofía revolucionaria,
que ya implicaba claramente el recurso a la violencia. Dos años después se consumó su constitución formal, eligiéndose presidente a Julio Álvarez del Vayo2. Este último había sido ministro de Estado en el Gobierno del Frente Popular durante la
Guerra Civil, y 1 BABY, Sophie. El mito de la Transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982). Tres Cantos, Akal, 2021.
2 LADRÓN DE GUEVARA PASCUAL, Carmen. Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España. Del DRIL a los GRAPO (1960-2006). Córdoba, Almuzara, 2022.
también había desempeñado el puesto de Comisario General del Ejército Popular durante la contienda, es decir, era el máximo responsable de los comisarios políticos en ese bando. Aunque pertenecía al PSOE, ya durante la Guerra Álvarez del
Vayo había adoptado una postura francamente filocomunista.
Durante los años de su actividad, la citada organización terrorista perpetró numerosos crímenes, todos ellos dirigidos contra miembros de las Fuerzas de Orden Público, servidores públicos que se hicieron acreedores del odio de sus asesinos
por su labor de preservar la seguridad ciudadana y del Estado:
En la manifestación del 1 de mayo de 1973, una veintena de agentes heridos por arma blanca, causando una puñalada en la muerte del joven subinspector del Cuerpo General de Policía Juan Antonio Fernández Gutiérrez.
En la misma acción criminal resultó herido el también subinspector del mismo Cuerpo Manuel Pedregal Manzano, que fallecería a consecuencia de los daños sufridos menos de dos meses después.
En la campaña terrorista que el FRAP emprendió en 1975 en Madrid, Barcelona y Valencia se perpetraron tres asesinatos, los de los policías armados Lucio Rodríguez Martín y Juan Ruiz Muñoz, y el del teniente de la Guardia Civil, Antonio
Pose Rodríguez y hubo cuatro heridos, varios de ellos de gravedad.
El FRAP fue autor del asalto armado perpetrado en la pagaduría de la Residencia Sanitaria del Valle de Hebrón, en Barcelona. En el tiroteo cayó mortalmente herido el joven Diego del Río Martín, de veinticinco años, mientras su compañero
Enrique Camacho Jiménez, aunque gravemente herido, logró sobrevivir.
Segundo. El necesario reconocimiento a las víctimas del FRAP.
Con independencia del carácter intrínsecamente criminal de las acciones de los miembros del FRAP, es necesario señalar que ese carácter criminal también lo tenían sus fines. La ideología marxista-leninista, que en su versión más
voluntarista y fanática constituía el fundamento político y filosófico de la banda, preconiza el final de las identidades nacionales, siendo un claro antecedente del globalismo actual; y también postula una lucha de clases que es irreconciliable
con el bien común que debe perseguir cualquier comunidad política. No es una casualidad que los distintos regímenes comunistas del siglo XX sean considerados como los más acabados modelos de sistemas totalitarios, ni que sean responsables de
decenas de millones de muertos.
En todo caso, los crímenes del FRAP no pueden quedar sepultados por el olvido ni diluidos por el paso del tiempo o por quienes buscan una memoria histórica selectiva. Es deber moral de nuestra sociedad rendir homenaje a quienes cayeron a
manos de una banda terrorista, asesinados no por lo que hicieron, sino por lo que eran: hombres que, cumpliendo su misión de proteger el orden público y la seguridad ciudadana, servían a España. Muchos de ellos eran jóvenes, con toda una vida por
delante, que no pudieron desarrollar sus sueños ni vocaciones porque fueron abatidos con violencia cobarde, por el simple hecho de encarnar aquello que los asesinos odiaban: el compromiso, la lealtad y la defensa del bien común.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Expresa su consideración y su respeto por la memoria de todas las víctimas del FRAP, y su especial reconocimiento por haber sacrificado sus vidas en el cumplimiento del deber y al servicio de España.
2. Manifiesta su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en
cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por otras víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas del FRAP y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
4. Insta asimismo al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista FRAP, así como
a impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2026.Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos, Francisco Javier Ortega Smith-Molina e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.María
José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la protección de los Derechos Humanos y la población civil en Irán,
para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Las actuales protestas en Irán representan una de las olas de descontento más significativas de los últimos años, impulsadas por la grave crisis económica y un profundo hartazgo social. Las manifestaciones, que comenzaron a finales de
diciembre de 2025 con huelgas de comerciantes en el Gran Bazar de Teherán, se han extendido rápidamente a estudiantes universitarios y a otros sectores de la sociedad en más de 111 ciudades y localidades. Si bien el origen de estas protestas es
económico, las consignas han evolucionado con rapidez hacia demandas políticas, reclamando reformas profundas y cambios significativos en el funcionamiento y la gobernanza del Estado. Frente a este movimiento ciudadano, el régimen ha respondido con
una represión sistemática y desproporcionada, empleando gas lacrimógeno y armas de fuego, con un saldo de al menos 36 personas fallecidas, incluidos cuatro menores, y más de 2.200 detenciones.
La situación de derechos humanos en Irán, que antecede y agrava las actuales protestas, es crítica y se caracteriza por una represión sistemática y el uso de la violencia estatal para silenciar cualquier forma de disidencia. Las mujeres y
las niñas son objeto de medidas coercitivas extremas, incluyendo ataques químicos coordinados contra escuelas de niñas como represalia por su participación en protestas previas. Irán mantiene, además, una de las tasas más altas de ejecuciones en el
mundo, empleando la pena de muerte como instrumento de represión política, con un número de ejecuciones que continúa en aumento. La tortura, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas son prácticas rutinarias utilizadas para obtener
confesiones coercitivas que posteriormente se traducen en juicios sistemáticamente injustos, mediante métodos que incluyen palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución y la negación de atención médica. A ello se suma la persecución de
minorías étnicas, religiosas y sexuales, incluyendo kurdos, baluchis, árabes ahwazíes, la comunidad
baháí y personas LGBTI, quienes enfrentan violencia institucionalizada, discriminación y sanciones penales que, en casos extremos, pueden llegar a la pena de muerte.
Ante la grave situación de violaciones de derechos humanos y represión sistemática, existe un riesgo real de que actores externos puedan justificar una intervención en Irán que persiga objetivos geopolíticos bajo la bandera de motivos
humanitarios. El presidente de los Estados Unidos ya ha emitido varias amenazas públicas, a las que se suman declaraciones de figuras políticas en Israel sobre una posible intervención externa.
En conjunto, la combinación de represión sistemática interna y el riesgo de intervenciones extranjeras bajo pretextos humanitarios representa una amenaza grave para la seguridad de la población iraní, la estabilidad regional en Oriente Medio
y la paz internacional. La violencia del régimen, sumada a la posibilidad de escaladas militares externas, podría agravar el sufrimiento de la población civil, intensificar las tensiones regionales y generar un efecto dominó de inestabilidad que
afectaría a actores clave de la comunidad internacional. Frente a este escenario, resulta esencial que la comunidad internacional actúe con responsabilidad y firmeza, priorizando la protección de los derechos humanos, la defensa de la población
civil y el respeto al Derecho Internacional, y promoviendo soluciones pacíficas y sostenibles que permitan a los ciudadanos iraníes ejercer plenamente sus libertades fundamentales y decidir libremente su futuro político y social.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Condenar la represión sistemática de las protestas en Irán, así como cualquier acto de violencia, detención arbitraria, tortura o persecución de minorías étnicas, religiosas y sexuales, reafirmando el compromiso del Estado español con
los derechos humanos, la protección de la población civil y la libertad de expresión y asociación.
2. Reforzar su actuación diplomática ante la comunidad internacional, la Unión Europea y las Naciones Unidas, promoviendo iniciativas conjuntas que busquen garantizar el respeto del Derecho Internacional y la protección de los derechos
fundamentales de la población iraní.
3. Condenar como una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional cualquier ataque militar extranjero con fines geopolíticos, bajo la excusa de la situación interna de Irán, la búsqueda de un cambio de régimen
o el presunto incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones internacionales, sin mandato expreso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.Agustín Santos Maraver, Diputado.Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la solidaridad con Palestina, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
El 10 de octubre de 2025 entró en vigor un alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco de la primera fase del denominado Plan de Paz para Gaza. Esta primera fase estipula la suspensión de todas las operaciones militares, una retirada
militar parcial, el intercambio de rehenes y prisioneros y el aumento masivo de la ayuda humanitaria.
Sin embargo, desde la entrada en vigor del cese de hostilidades se ha registrado una violación sistemática del alto el fuego. Israel ha atacado la Franja de Gaza en 62 de los primeros 73 días del alto el fuego, y dichos ataques han causado
la muerte de al menos 401 palestinos y han herido a más de 1.100 personas.
Estas vulneraciones del alto el fuego se producen en un contexto de emergencia humanitaria sin precedentes. Más de 70.600 palestinos han muerto y 171.000 han resultado heridos desde octubre de 2023. Los niveles de hambre siguen siendo
críticos y 100.000 personas aún viven en condiciones catastróficas. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), solo la mitad de la ayuda alimentaria necesaria está llegando actualmente a Gaza. Israel bloquea la entrada de alimentos nutritivos
esenciales, mientras permite productos no nutritivos como golosinas y refrescos, lo que agrava la crisis de malnutrición.
Especialmente preocupante resulta la situación de la infancia. En 2025 se diagnosticaron 90.000 casos de desnutrición aguda en menores, y se proyecta que unos 101.000 niños de entre 6 meses y 5 años sufrirán desnutrición aguda hasta
mediados de 2026, de los cuales 31.000 presentan cuadros severos con riesgo inminente de muerte. Las tormentas de diciembre han afectado a más de 30.000 niños debido a la inundación de campamentos y a la falta de ropa adecuada, y todavía faltan
suministros para 750.000 niños que carecen de abrigo y calzado.
En este contexto, la situación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) es de extrema vulnerabilidad y asedio operativo, enfrentando un intento sistemático de desmantelamiento por parte
de Israel, pese al rechazo internacional. El 8 de diciembre de 2025, fuerzas israelíes entraron nuevamente en la sede de la UNRWA, incautaron activos y reemplazaron la bandera de la ONU por la de Israel. Días después, el Comité de Defensa de la
Knesset avanzó un plan para cortar el suministro de agua y electricidad a las oficinas de la agencia. Desde el inicio del conflicto, al menos 382 empleados de la UNRWA han muerto en Gaza. Tanto la Asamblea General de la ONU como la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) han reiterado que el mandato de la UNRWA es insustituible y que Israel tiene la obligación legal de permitir su trabajo.
Ante este escenario, España, como Estado firmemente comprometido con el multilateralismo, la defensa del derecho internacional humanitario y la protección de los derechos humanos, tiene la responsabilidad de desempeñar un papel activo en la
protección de la población civil palestina. Esta preocupación es ampliamente compartida por la sociedad española, que ha expresado de forma reiterada y masiva su solidaridad con el pueblo palestino y su condena de la violencia contra la población
civil. En coherencia con estos principios, con el sentir mayoritario de la ciudadanía y con la urgencia humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza, resulta pertinente articular una contribución extraordinaria a la UNRWA, equivalente a la
recaudación obtenida del Sorteo Extraordinario de Navidad, como expresión de solidaridad y del compromiso de España con la protección de la población civil y con el sostenimiento de los mecanismos humanitarios de las Naciones Unidas.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Realizar una contribución extraordinaria y de carácter simbólico a la UNRWA, equivalente a la recaudación obtenida del Sorteo Extraordinario de Navidad, como
expresión de solidaridad institucional con la población civil palestina y de compromiso con el sostenimiento de los mecanismos humanitarios de las Naciones Unidas.
2. Trabajar para garantizar el acceso pleno, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluyendo alimentos nutritivos, suministros médicos, combustible y material de abrigo, eliminando los obstáculos
administrativos y operativos que impiden su entrada.
3. Defender de manera expresa el mandato, la protección y el funcionamiento de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), exigiendo el cese de cualquier acción dirigida a obstaculizar o
desmantelar su labor humanitaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.Agustín Santos Maraver, Diputado.Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar, en el marco de la Unión Europea, una posición común que
defienda la legalidad internacional en el Ártico, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Actualmente, Groenlandia se encuentra en el centro de una intensa disputa geopolítica debido a las reiteradas intenciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de anexionar o adquirir el territorio ártico de soberanía danesa,
argumentando razones de seguridad nacional y el valor estratégico de sus recursos minerales.
Estas pretensiones han sido recibidas con un rechazo contundente por parte de las autoridades groenlandesas y danesas. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha afirmado que la isla «pertenece a su pueblo», respaldado por
encuestas que muestran que el 85 % de la población se opone a cualquier forma de toma de control estadounidense. Asimismo, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha instado públicamente a detener las amenazas, subrayando que Estados
Unidos no tiene derecho a anexionar parte alguna del Reino de Dinamarca. Este rechazo se ha visto reforzado por una declaración conjunta de varios países europeos, incluido España, que subraya que solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir el
futuro del territorio, en un contexto de alarma internacional tras la reciente operación estadounidense en Venezuela, que ha generado temores sobre la posible utilización de la fuerza para asegurar el control de Groenlandia.
La creciente centralidad geopolítica de Groenlandia está estrechamente vinculada a los profundos cambios que el cambio climático está provocando en la región ártica. El deshielo está abriendo nuevas rutas marítimas, como el Paso del
Noroeste, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico y reduce de forma significativa las distancias de navegación entre Asia, Europa y América del Norte, con implicaciones directas para el comercio global y el control de las cadenas logísticas.
Paralelamente, Groenlandia alberga vastos yacimientos de minerales estratégicos y tierras raras, esenciales para tecnologías clave en los sistemas de defensa, la industria de alta tecnología y la transición energética. La isla concentra 25
de los 34 minerales considerados materias primas críticas por la Unión Europea, lo que la convierte en un
enclave de enorme valor estratégico en un contexto de creciente competencia por reducir la dependencia de China en el suministro de estos recursos.
Desde el punto de vista jurídico y político, Groenlandia forma parte integrante del Reino de Dinamarca conforme a la Constitución danesa. Si bien goza de un amplio autogobierno interno, las competencias en materia de política exterior,
defensa e integridad territorial corresponden al Estado danés. En consecuencia, únicamente Dinamarca y las autoridades legítimas de Groenlandia tienen la potestad de decidir sobre el futuro del territorio.
La extensa presencia militar estadounidense en la isla deriva del Acuerdo de Defensa de 1951 entre Washington y Copenhague, que otorga a Estados Unidos amplias libertades militares. Este acuerdo fue actualizado en 2004, incorporando al
Gobierno autonómico de Groenlandia en los mecanismos de consulta y reconociendo su derecho a ser informado sobre las operaciones que afecten directamente a su población. Esta realidad confirma que la presencia estadounidense en Groenlandia se
sustenta exclusivamente en acuerdos internacionales vigentes y no otorga, en ningún caso, derechos de soberanía o control político sobre el territorio.
Las reiteradas declaraciones y presiones de la administración estadounidense en relación con Groenlandia no solo suponen una amenaza directa al principio de integridad territorial consagrado en el Derecho Internacional, sino que sientan un
precedente profundamente preocupante para la estabilidad del orden internacional basado en el derecho internacional. Normalizar la idea de que un Estado pueda adquirir, anexionar o someter a presión a otro territorio soberano por razones
estratégicas o económicas implica legitimar una lógica de fuerza incompatible con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Esta deriva resulta especialmente grave en el contexto europeo y ártico, donde cualquier
cuestionamiento de las fronteras y de la soberanía territorial tiene un potencial desestabilizador inmediato.
Además, estas actuaciones están provocando una tensión inédita en el seno de las relaciones transatlánticas, históricamente caracterizadas por la cooperación, la alianza estratégica y el respeto mutuo entre Estados Unidos y sus socios
europeos. La presión ejercida sobre Dinamarca y Groenlandia, lejos de reforzar la seguridad colectiva, erosiona la confianza entre aliados, debilita los mecanismos multilaterales de concertación y pone en riesgo una relación que durante décadas ha
sido un pilar fundamental de la estabilidad política y de seguridad en el espacio euroatlántico.
Ante este escenario, resulta imprescindible una respuesta firme, coherente y responsable que reafirme el respeto a la legalidad internacional, la soberanía territorial y el multilateralismo como pilares irrenunciables de la seguridad
colectiva.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Reafirmar de manera clara e inequívoca el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Groenlandia y del Reino de Dinamarca, de conformidad con el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
2. Expresar su rechazo a cualquier intento de presión, amenaza o uso de la fuerza destinado a alterar el estatus jurídico de Groenlandia o a imponer decisiones contrarias a la voluntad de su población y de las autoridades legítimas del
Reino de Dinamarca.
3. Impulsar, en el marco de la Unión Europea, una posición común que defienda la legalidad internacional en el Ártico, refuerce la cohesión europea y contribuya a prevenir dinámicas de confrontación geopolítica en la región.
4. Defender una gobernanza del Ártico orientada a la paz y la seguridad, que tenga en cuenta los intereses legítimos de las poblaciones locales, la protección del medio ambiente y la prevención de una militarización de la región.
5. Reafirmar la vigencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece el carácter de Patrimonio Común de la Humanidad del lecho
marino y su subsuelo fuera de los límites de las aguas nacionales, cuya explotación debe beneficiar a toda la Humanidad a través de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, así como las previsiones del Tratado de Alta Mar, en vigor
desde el 17 de enero de 2026, para la protección de los ecosistemas marítimos internacionales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.Agustín Santos Maraver, Diputado.Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reafirmación del compromiso de España con la soberanía, la paz y
el multilateralismo en América Latina y el Caribe, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La doctrina Monroe, formulada en 1823 como reacción frente a la lucha de liberación nacional anticolonial de los pueblos de América Latina y el Caribe, ha sido una de las referencias centrales de la política exterior de los Estados Unidos
hacia el hemisferio occidental, utilizada para justificar una relación estructuralmente asimétrica y una influencia predominante de Washington sobre los Estados del continente americano. En la actualidad, la administración de Donald Trump está
llevando esta doctrina a una reinterpretación radical especialmente agresiva, utilizándola para legitimar la acción unilateral y el uso de la fuerza en el hemisferio occidental, bajo la premisa de que los Estados del continente americano constituyen
una esfera de influencia exclusiva de los Estados Unidos.
Esta deriva se ha materializado en actuaciones concretas de extrema gravedad, como la reciente operación militar en Venezuela destinada a capturar por la fuerza a su presidente y a asumir el control efectivo de recursos estratégicos del
país, acompañada de declaraciones de la propia administración estadounidense en las que se afirma su intención de dirigir directamente el Estado venezolano, al margen de las fuerzas políticas del país y sin contemplar procesos electorales que
permitan al pueblo venezolano decidir libremente su futuro. A ello se suma el incremento de la presión militar y las amenazas explícitas de intervención contra Estados soberanos como Colombia y México, así como el despliegue naval y la imposición
de bloqueos de facto en el Caribe. Estas acciones, amparadas en la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de 2025 y sintetizadas por la propia administración en la afirmación «este es nuestro hemisferio», constituyen una vulneración
flagrante de la soberanía de los Estados americanos y suponen un serio riesgo para la estabilidad regional y la paz internacional.
Esta mentalidad y las actuaciones impulsadas por la actual administración estadounidense vulneran de manera directa los principios fundamentales del sistema interamericano y del orden internacional basado en el derecho internacional. La
Carta de la Organización de los Estados Americanos establece de forma inequívoca la prohibición de toda forma de intervención en los asuntos internos o externos de otros Estados, la inviolabilidad del territorio y la inadmisibilidad del uso de la
fuerza o de medidas coercitivas para imponer la voluntad de un Estado sobre otro. Asimismo, consagra la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos, mediante el diálogo, la negociación o la mediación. Las
operaciones militares, las amenazas de intervención, los bloqueos de facto y las presiones ejercidas sobre gobiernos
latinoamericanos por parte de Estados Unidos constituyen, por tanto, una quiebra flagrante de estos principios, así como de los compromisos recogidos en la Carta de las Naciones Unidas.
Los Estados americanos, así como los sucesivos gobiernos de España, con independencia de su signo político, y los gobiernos de Portugal, han mantenido de forma constante una posición firme y coherente en defensa de la plena soberanía de las
naciones americanas y de su derecho a decidir libremente sus políticas internas y externas, sin presiones, amenazas ni imposiciones de carácter militar, económico o político. Este compromiso con el principio de autodeterminación y con el respeto al
Derecho Internacional ha sido una seña de identidad de la acción exterior española y constituye hoy una base sólida desde la que reafirmar una respuesta firme ante cualquier vulneración de estos principios.
En conjunto, las actuaciones impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump, incluido el uso de la fuerza letal en circunstancias incompatibles con el Derecho Internacional, las amenazas directas a la soberanía de Estados de la
región, la imposición de sanciones unilaterales y la suspensión de mecanismos de cooperación esenciales, no han contribuido a mejorar la seguridad ni la estabilidad del continente, sino que han profundizado su desestabilización con el fin de
perseguir objetivos geopolíticos y económicos que responden exclusivamente a los intereses estratégicos de Estados Unidos, en detrimento de la paz, la legalidad internacional y el bienestar de las poblaciones afectadas. Esta estrategia resulta
incompatible con los principios que inspiran la acción exterior de España y con su compromiso histórico con América Latina. Por ello, dichas acciones no pueden contar con el respaldo ni el apoyo del Estado español, que debe reafirmar su compromiso
con el respeto al Derecho Internacional, el multilateralismo y la plena soberanía de las naciones del continente americano.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Reafirmar de manera clara y pública el compromiso del Estado español con el respeto a la plena soberanía, la integridad territorial y el derecho de autodeterminación de los Estados americanos, rechazando cualquier forma de intervención,
injerencia o uso de la fuerza contraria al Derecho Internacional.
2. Condenar las actuaciones unilaterales de carácter militar, político o económico que vulneren la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta de las Naciones Unidas, en particular aquellas que impliquen operaciones
militares, amenazas de intervención, bloqueos de facto o presiones coercitivas sobre Estados soberanos del continente americano.
3. Reforzar los lazos políticos, diplomáticos, económicos y culturales de España con los países de América Latina y el Caribe, consolidando una relación basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación, tanto a nivel
bilateral como a través de los principales marcos multilaterales regionales.
4. Defender activamente el multilateralismo y la resolución pacífica de controversias, promoviendo el diálogo, la negociación y los mecanismos diplomáticos como única vía legítima para abordar los conflictos, tanto en el seno de la Unión
Europea como en los foros internacionales pertinentes.
5. Potenciar el papel de las Cumbres Iberoamericanas como espacio privilegiado de diálogo político, concertación y cooperación entre los países iberoamericanos, promoviendo su fortalecimiento institucional y su utilización como foro para la
defensa del Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y la solución pacífica de las controversias.
6. Coordinar estas posiciones con los socios de la Unión Europea, impulsando una política exterior común reforzada hacia América Latina y el Caribe, a fin de articular una respuesta coherente y firme que contribuya a la estabilidad
regional, al respeto del orden
internacional basado en el derecho internacional y a la protección de la soberanía de los Estados americanos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.Agustín Santos Maraver, Diputado.Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002914
A la Mesa del Congreso de los diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley relativa a la persecución y criminalización de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, para su tramitación en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
El Salvador atraviesa una situación crítica marcada por vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos y el debilitamiento progresivo de los principios democráticos e institucionales. Los cinco años del primer gobierno constitucional de
Nayib Bukele (2019-2024) consolidaron una deriva autoritaria caracterizada por la concentración del poder, la persecución de la disidencia y el vaciamiento del Estado de derecho. Durante este periodo, el Ejecutivo centralizó los poderes del Estado,
cooptando organismos de control y neutralizando los contrapesos esenciales del sistema democrático.
Un punto de inflexión se produjo el 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional sin observar los procedimientos establecidos en la Constitución,
sustituyéndolos inmediatamente por funcionarios afines al presidente. Ese mismo año, una reinterpretación arbitraria de los artículos 75, 88, 152 y 154 permitió la reelección presidencial inmediata, en abierta contradicción con la norma
constitucional que la prohibía.
A esto se sumó la reforma de la Ley de la Carrera Judicial, mediante la cual se destituyó a jueces mayores de 60 años y se creó el llamado «Régimen de Disponibilidad», que habilita la remoción discrecional de funcionarios judiciales que
emitan resoluciones contrarias a los intereses del Ejecutivo. Estas acciones consolidaron el control político sobre el sistema judicial, la fiscalía general, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, profundizando la erosión
institucional.
En junio de 2023, el oficialismo aprobó reformas electorales que redujeron el número de diputados de 84 a 60, aplicadas de inmediato para las elecciones inconstitucionales por la reelección de 2024. Paralelamente, promovió una
reorganización territorial que redujo los 262 municipios a 44 distritos, concentrando competencias locales en el Ejecutivo, sin consulta pública ni criterios técnicos. Ambas medidas debilitan la representación ciudadana y refuerzan el control del
partido gobernante sobre el poder legislativo y los gobiernos locales. Al mismo tiempo, se complementan con reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial, que ampliaron las facultades del Estado central para aprobar proyectos y exonerar permisos
sin intervención municipal, limitando la autonomía local y la fiscalización ciudadana.
En conjunto, estas transformaciones institucionales, territoriales y normativas no son hechos aislados, sino parte de una estrategia coherente de concentración del poder y neutralización de los espacios de control democrático.
La reelección de Nayib Bukele en 2024, obtenida tras una reforma interpretativa inconstitucional y en un contexto de severas restricciones al pluralismo político, inauguró un segundo periodo caracterizado por la consolidación de un régimen
autoritario de facto. Durante esta nueva etapa, el Ejecutivo ha profundizado el control sobre todas las instituciones del Estado y ha transformado el Régimen de Excepción en un mecanismo estructural de gobierno, utilizado no solo para la
persecución penal sino también para reprimir la disidencia política, social y ambiental. La militarización de la seguridad pública, la instrumentalización del sistema judicial y la subordinación del poder legislativo afianzaron un modelo de
concentración total del poder, acompañado de un discurso oficial que equipara la crítica con la traición y la defensa de los derechos humanos con el crimen.
Según la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD), las agresiones contra personas defensoras aumentaron de 12 casos en 2019 a más de 600 en 2023, y alcanzaron 533 casos documentados en 2024. De acuerdo con su informe, la mayoría de
las agresiones proceden de instituciones del Estado y la represión se ha extendido más allá de la oposición partidaria, alcanzando a periodistas, académicos, comunidades rurales y organizaciones sociales, situando a El Salvador en una fase de
autoritarismo consolidado.
Ya desde julio de 2021, la ofensiva penal contra adversarios políticos se evidenció con la captura del exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt y, posteriormente, de los exfuncionarios del FMLN Violeta Menjívar, Carlos Cáceres, Erlinda
Handal, Calixto Mejía y Hugo Flores (Operación Monarca), inaugurando un patrón de judicialización selectiva mientras los casos de corrupción dentro del oficialismo permanecían impunes. En 2023, la persecución alcanzó a miembros disidentes del
propio partido de gobierno: en agosto fueron desaforados y capturados los diputados de Nuevas Ideas Erick García y Nidia Turcios, y ese mismo año fue arrestado el asesor de seguridad Alejandro Muyshondt, fallecido bajo custodia estatal tras
denuncias de tortura y ejecución extrajudicial, confirmando el uso del sistema penal como instrumento de control interno y disciplinamiento político.
En enero de 2023 se produjo otro caso emblemático: la detención de cinco líderes comunitarios de Santa Marta (Cabañas), acusados falsamente de secuestro y homicidio. Pese a haber sido liberados dos veces por falta de pruebas dentro del
mismo proceso judicial, continuaron privados de libertad. Las organizaciones ambientales y de derechos humanos denunciaron que su encarcelamiento es una represalia política por su papel histórico en la resistencia antiminería que logró la
prohibición de la minería metálica en 2017, hoy revertida por el Ejecutivo mediante la aprobación acelerada y sin consulta pública de la nueva Ley de Minería Metálica en 2024. La criminalización de Santa Marta tiene un alto valor simbólico y
estratégico, al buscar desmantelar la base moral del movimiento ambientalista precisamente en el territorio donde el gobierno pretende reabrir concesiones mineras, y enviar un mensaje de intimidación a todas las comunidades que defienden la tierra,
el agua y el territorio.
En mayo de 2024, la represión se amplió hacia el movimiento social y campesino cuando la Policía detuvo a once dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz entre ellos José Santos Melara, Atilio Montalvo, Alfonso Mira y Luis
Menjívar, quienes fueron acusados de agrupaciones ilícitas y actos de terrorismo por participar en protestas pacíficas en defensa de los derechos laborales y ambientales. Este caso marcó un precedente alarmante de criminalización de la protesta
social, al equiparar la organización ciudadana con actividades delictivas, consolidando el uso del aparato judicial como herramienta de represión política.
En febrero de 2025, se constató la práctica con la captura del dirigente comunitario Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), detenido arbitrariamente por acompañar la defensa de las 250
familias campesinas de Hacienda La Floresta (San Juan Opico, La Libertad), que enfrentaban un desalojo forzoso sin orden judicial y con uso excesivo de la fuerza. Asentadas desde hace más de dos décadas, las familias resistían el despojo impulsado
por una sociedad
inmobiliaria vinculada a proyectos residenciales y agroindustriales, en el marco de la expansión de urbanizaciones privadas y plantaciones de caña. Zavala había denunciado corrupción y torturas en el sistema penitenciario incluido el
director de Centros Penales Osiris Luna Meza, por lo que su captura y traslado al penal de Mariona donde operan los custodios que había acusado se interpreta como una represalia política e intento de amedrentar a quienes defienden los derechos
humanos y el territorio.
En mayo de 2025, la represión se profundizó con el operativo violento contra más de 150 familias campesinas de la Cooperativa El Bosque (San Salvador), que protestaban pacíficamente contra un desalojo vinculado a un megaproyecto turístico y
la acumulación irregular de tierras por grandes tenedores. Durante la intervención policial fueron detenidos arbitrariamente el abogado ambientalista Alejandro Henríquez (Foro del Agua) y el líder comunitario José Ángel Pérez, defensores del
derecho al agua y al territorio. Días después, las autoridades capturaron sin orden judicial a la abogada Ruth López (Cristosal), quien había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Minería Metálica. Su detención y
desaparición forzada temporal fueron denunciadas por organismos internacionales como represalia por su labor jurídica y por desafiar la agenda extractivista del gobierno, confirmando el patrón de criminalización de la disidencia y de la sociedad
civil.
Un estudio de la organización Cristosal, titulado «Ver, Oír y Callar: la nueva realidad del espacio cívico en El Salvador» (2024), confirma esta tendencia de cierre autoritario. La investigación realizada en 12 de los 14 departamentos del
país, con la participación de 128 organizaciones de derechos humanos revela un clima generalizado de miedo, censura e intimidación. Según el estudio, el 88 % de las organizaciones consultadas han sufrido censura, y el 61 % opera en un estado de
«alerta continua». Asimismo, el 36,7 % enfrenta un nivel de vulnerabilidad grave, habiendo experimentado entre 8 y 11 tipos de agresiones, situación calificada como «asedio total» o «peligro». Estos resultados muestran que la mayoría de las
organizaciones han optado por reducir su visibilidad pública como estrategia de supervivencia frente a la represión estatal y el acoso institucional.
La justificación legal de esta represión se ampara en el Régimen de Excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022 (Decreto Legislativo N.º 333), inicialmente presentado como medida temporal contra la violencia de pandillas. Sin embargo, su
prórroga ininterrumpida más de cuarenta extensiones hasta octubre de 2025 lo ha convertido en una forma permanente de gobierno. Bajo este régimen se han suspendido derechos fundamentales (libertad de asociación, inviolabilidad de las
comunicaciones, presunción de inocencia y derecho a la defensa) e institucionalizando las detenciones masivas sin orden judicial, los juicios colectivos y las audiencias exprés.
Desde su instauración, más de 80.000 personas han sido arrestadas y al menos 412 han muerto bajo custodia, según Socorro Jurídico Humanitario. CIDH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado torturas, desapariciones
forzadas y detenciones arbitrarias, mientras agentes policiales han reconocido «cuotas de arrestos» y la consigna de «detener primero, investigar después», evidenciando una represión sistemática amparada en la legalidad formal.
Diversas relatorías de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han condenado esta escalada. La relatora Mary Lawlor instó públicamente al Estado salvadoreño a liberar a las personas detenidas y garantizar el debido proceso.
El ACNUDH, en un comunicado del 30 de mayo de 2025, calificó los casos de Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez como desapariciones forzadas temporales; y en julio de 2025, Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia,
subrayando que sus detenciones no son hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para silenciar a quienes denuncian abusos y exigen transparencia.
En paralelo, el Gobierno ha construido un cerco informativo que restringe severamente el acceso a la información pública. En septiembre de 2020, el Ejecutivo modificó por decreto el reglamento de la LAIP, limitando las competencias del IAIP
y ampliando las categorías de información «reservada». Según Human Rights Watch,
en 2024 más del 70 % de las solicitudes fueron denegadas o ignoradas, consolidando un patrón de opacidad sobre el uso de fondos públicos, contratos de seguridad y proyectos de infraestructura. A ello se suma una ofensiva legal y mediática
contra la libertad de expresión: en 2022, una reforma al Código Penal introdujo penas de hasta 15 años por la «reproducción de mensajes de pandillas»; y en 2024, la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Protección de Datos Personales incorporaron un
controvertido «derecho al olvido» que institucionalizó la censura indirecta.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 789 ataques contra la prensa en 2024, el 70 % perpetrados por funcionarios públicos. Medios como El Faro y Factum que han investigado sistemáticamente las violaciones de derechos
humanos, acusaciones de corrupción, pactos con pandillas, compras irregulares de tierras y redes de influencia dentro del círculo de Bukele han sido objeto de persecución fiscal, campañas de difamación pública y hostigamiento digital. Por ejemplo,
El Faro denunció que la Fiscalía preparaba órdenes de captura contra al menos siete de sus periodistas tras publicar entrevistas en las que exlíderes del Barrio 18 responsabilizan al entorno presidencial de negociaciones clandestinas con pandillas.
Estas agresiones han provocado el exilio obligado de decenas de periodistas. Paralelamente, el Ejecutivo ha centralizado la comunicación pública, controlando medios estatales, cadenas nacionales y redes oficiales para monopolizar el discurso, minar
el escrutinio y suplantar la deliberación democrática.
Asimismo, el régimen ha intensificado una ofensiva específica contra el movimiento feminista y las organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI+. Desde 2022, Amnistía Internacional
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han alertado sobre la creciente criminalización y estigmatización del discurso de igualdad de género, así como del trabajo de las organizaciones que promueven la salud sexual y reproductiva, la
despenalización del aborto y la protección de las diversidades sexuales y de género. Esta persecución se manifiesta en el cierre de programas de educación sexual integral, la vigilancia digital y la difamación pública de activistas, así como en el
uso de las redes oficiales del gobierno para promover un discurso de odio y desinformación que asocia las agendas feministas y LGBTI+ con «ideologías enemigas» o «agendas extranjeras». De acuerdo con el Informe Anual 2024 de la CIDH y los
comunicados del OACNUDH de marzo y julio de 2025, estos ataques no solo vulneran el derecho a la libertad de expresión y asociación, sino que configuran un patrón sistemático de discriminación institucional y violencia de Estado por motivos de
género y orientación sexual.
En este contexto, el 20 de mayo de 2025 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), días después de que el presidente acusara sin pruebas a ONGs de «manipular protestas campesinas». La norma impone un impuesto del
30 % sobre fondos internacionales destinados a organizaciones, autoriza multas de hasta 250.000 dólares y otorga al Ejecutivo facultades discrecionales para cancelar personerías jurídicas o prohibir actividades «políticas o sociales». Amnistía
Internacional y la CIDH advirtieron que esta ley institucionaliza la persecución de la sociedad civil y criminaliza la cooperación internacional; La Coordinadora de ONGD para el Desarrollo (CONGDE) alertó, además, sobre el impacto de esta ley en
las organizaciones locales y españolas que canalizan fondos de cooperación para la defensa de los derechos humanos.
El conjunto de estas medidas se enmarca en un modelo de desarrollo extractivista que busca concentrar el control de los recursos naturales y favorecer grandes intereses económicos. Este modelo combina la reactivación de la minería metálica,
la desregulación del cultivo de caña de azúcar, la expansión del minado de bitcóin, el impulso a la energía nuclear y la ejecución de megaproyectos como Surf City o el aeropuerto del Pacífico, financiado parcialmente con fondos del FIEM español,
promovidos bajo la retórica del desarrollo, pero con profundos costos sociales y ambientales. La minería metálica, prohibida desde 2017, fue reactivada en diciembre de 2024 mediante una nueva Ley de Minería aprobada sin consulta ni estudios de
impacto ambiental, que revierte la protección de ecosistemas frágiles y prioriza la
inversión extranjera sobre los derechos humanos y ambientales. En paralelo, el Ejecutivo impulsó decretos y reformas que eliminan regulaciones históricas: en el cultivo de caña, se suprimieron controles de agua y pesticidas, reduciendo
estándares de protección de cuencas y zonas de recarga hídrica y agravando la crisis de acceso al agua en un país altamente vulnerable al cambio climático.
Asimismo, los megaproyectos declarados de «interés nacional» han quedado exentos de evaluación ambiental y consulta comunitaria, generando desplazamientos forzosos, pérdida de biodiversidad y contaminación de fuentes de agua, sin
compensación ni acceso público a la información. En conjunto, estas políticas consolidan una estrategia de desregulación económica y concentración territorial que profundiza la desigualdad, debilita la gobernanza ambiental y legitima la represión.
La criminalización de defensores ambientales como Fidel Zavala, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez o Ruth López debe entenderse dentro de este marco: la represión no es un fenómeno aislado, sino un instrumento estructural para desarticular la
resistencia social frente a un modelo depredador, que pone en riesgo el derecho a la tierra, al agua y a un medio ambiente sano.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Expresar su rechazo a la política de hostigamiento, persecución y criminalización que el Estado salvadoreño ejerce contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes y comunidades que
ejercen su legítimo derecho a la defensa de los derechos fundamentales.
2. En particular, expresar su rechazo a la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) por considerar que criminaliza a la sociedad civil, la prensa independiente y las organizaciones humanitarias, al imponer un impuesto del 30 % sobre los fondos de
cooperación internacional y otorgar al gobierno facultades discrecionales para sancionar o clausurar organizaciones sin el debido proceso.
3. Instar a las autoridades salvadoreñas a cesar la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, así como reclamar la liberación inmediata de todas aquellas detenidas arbitrariamente y encarceladas por su
labor.
4. Respaldar públicamente la labor de las personas, organizaciones y comunidades que defienden la tierra, el agua y el territorio en El Salvador, en su lucha contra los proyectos extractivos y la vulneración sistemática de derechos humanos.
5. Condicionar toda ayuda bilateral o multilateral al estricto respeto de los derechos humanos, estableciendo mecanismos de control, seguimiento y monitoreo independientes que garanticen la transparencia y eviten que los fondos públicos
contribuyan directa o indirectamente a violaciones de derechos fundamentales.
6. Instar a las autoridades e instituciones públicas competentes a que adopten las medidas necesarias para garantizar que las inversiones españolas, tanto públicas como privadas, no vulneren los derechos humanos en El Salvador ni en otros
países de América Latina y el Caribe, asegurando el cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, responsabilidad empresarial y sostenibilidad social y ambiental.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2026.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la denuncia del Tratado del Atlántico Norte y de los acuerdos bilaterales de carácter militar con los Estados Unidos de América, para su debate en Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Tratado del Atlántico Norte fue firmado en Washington el 4 de abril de 1949, dando lugar a la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como una alianza militar concebida en el contexto histórico de la Guerra
Fría, bajo una lógica de confrontación entre bloques y de disuasión militar.
El Estado español se incorporó a la OTAN en 1982 y, posteriormente, celebró un referéndum consultivo de ratificación de la permanencia en la Alianza el 12 de marzo de 1986, en un contexto de intenso debate político y social y de una amplia
movilización ciudadana contraria a la adhesión. Este proceso estuvo marcado por la defensa de posiciones favorables a la neutralidad, el pacifismo y la no alineación militar, posiciones que han sido históricamente sostenidas por amplios sectores
sociales y políticos, que siguen plenamente vigentes en la actualidad.
La permanencia de España en la Alianza Atlántica fue condicionada explícitamente en aquella consulta popular al cumplimiento de una serie de compromisos fundamentales: la no incorporación a la estructura militar integrada, la prohibición de
la instalación, almacenamiento o introducción de armas nucleares en territorio español y la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos de América en España.
Sin embargo, dichos compromisos han sido posteriormente incumplidos o sustancialmente alterados. La incorporación del Estado español a la estructura militar integrada de la OTAN en 1999 supuso una vulneración directa del primero de ellos.
Asimismo, la negativa a adherirse al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), junto con la consolidación de los acuerdos bilaterales de cooperación militar con los Estados Unidos, especialmente los relativos al uso compartido de
las bases de Rota y Morón, evidencian el incumplimiento del marco que legitimaba la permanencia en la Alianza.
Por otro lado, la OTAN ha ido experimentado una profunda transformación, ampliando su ámbito de actuación y desarrollando operaciones militares fuera del territorio de los Estados miembros, asumiendo funciones que exceden el carácter
estrictamente defensivo previsto en su tratado fundacional. Esta evolución ha ido acompañada de un progresivo alejamiento del sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del Derecho Internacional.
Las intervenciones militares realizadas bajo el marco de la OTAN desde la década de 1990 han suscitado un amplio cuestionamiento respecto de su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas, al contravenir principios esenciales como la
prohibición del uso de la fuerza, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y al haberse ejecutado, en numerosos casos, al margen del Consejo de Seguridad.
Asimismo, la política exterior de los Estados Unidos de América, caracterizada por el unilateralismo, el uso explícito de la fuerza y la amenaza como instrumentos de acción exterior, como en la reciente operación militar llevada a cabo en
Venezuela o las injerencias y amenazas a la soberanía de Cuba o Colombia, Canadá o Groenlandia, siendo Dinamarca uno de los Estados fundadores de la propia OTAN, condiciona de manera determinante la actuación de la Alianza, subordinándola a
intereses geopolíticos y económicos ajenos a una concepción multilateral de la seguridad internacional.
Estas intervenciones han contribuido a un clima de inestabilidad global, debilitando el multilateralismo y normalizando el uso de la fuerza como herramienta legítima de política exterior. Lejos de actuar como un contrapeso, la OTAN ha
reforzado esta lógica mediante su expansión militar, su alineamiento estratégico bajo hegemonía estadounidense y su impulso a una carrera de rearme en Europa.
Por otro lado, tampoco podemos obviar que la expansión de la OTAN continúa siendo el mayor factor de desestabilización política y una amenaza a la paz y la seguridad en Europa.
En la actualidad, la pertenencia a la OTAN también implica para el Estado español compromisos en materia de gasto militar, como el incremento presupuestario del 5 % del PIB destinado Defensa impulsado desde la Alianza, aunque en esta ocasión
el Gobierno acordara destinar el 2,1 %. En todo caso, es preciso reiterar la oposición a cualquier incremento del gasto militar en detrimento de las políticas sociales, de la inversión en servicios públicos y de la construcción de un modelo de
Seguridad Humana, que sitúa la paz en el centro, como el «derecho humano síntesis».
Frente a este modelo de la OTAN, numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas han reiterado la necesidad de avanzar hacia el desarme, la reducción del gasto militar y la promoción de una cultura de paz, subrayando que
la seguridad internacional debe sustentarse en la diplomacia, la cooperación, el respeto a los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos.
La denuncia del Tratado del Atlántico Norte constituye, por tanto, un primer paso imprescindible para avanzar hacia un modelo de seguridad basado en la seguridad humana, el multilateralismo, la prevención de conflictos y el fortalecimiento
del sistema de Naciones Unidas, un enfoque incompatible con la orientación actual de la OTAN. Asimismo, en coherencia, deberían denunciarse todos los acuerdos bilaterales de carácter militar, como los que implican el uso compartido de bases
militares en territorio del Estado español.
El propio Tratado del Atlántico Norte prevé, en su artículo 13, la posibilidad de denuncia unilateral por los Estados parte. La Constitución Española, en sus artículos 63.2 y 94, así como la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y
otros Acuerdos Internacionales, regulan el procedimiento interno para la autorización y formalización de dicha denuncia, con la necesaria intervención de las Cortes Generales.
Por todo ello, esta iniciativa tiene por objeto reafirmar la soberanía del Estado español en materia de política exterior y de defensa, orientándola hacia un modelo coherente con los principios de paz, multilateralismo y respeto al Derecho
Internacional.
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Iniciar los trámites para la denuncia del Tratado del Atlántico Norte, de conformidad con lo previsto en su artículo 13 y de los acuerdos derivados que vinculan a la estructura militar integrada de la OTAN y a sus compromisos
estratégicos y operativos, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución Española y en la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, con la intervención de las Cortes Generales.
2. Iniciar los trámites para la denuncia de todos los convenios bilaterales de carácter militar suscritos con los Estados Unidos de América, incluyendo expresamente los acuerdos relativos al uso compartido y presencia militar en las bases
de Rota y Morón.
3. Impulsar una política de seguridad y defensa basada en la Seguridad Humana, el desarme, la reducción del gasto militar, la resolución pacífica de los conflictos y el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Engracia Rivera Arias, Gerardo Pisarello Prados, Juan Antonio Valero Morales, Fèlix Alonso Cantorné, Francisco Sierra Caballero y Nahuel González López, Diputados.Enrique Fernando
Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la defensa de la soberanía de Groenlandia y el respeto al derecho internacional, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En los últimos meses, y especialmente después de la intervención ilegal en Venezuela, los Estados Unidos de América han intensificado una serie de declaraciones públicas en relación con Groenlandia que han generado una profunda preocupación
en amplios sectores de la comunidad internacional. Estas manifestaciones no se producen de manera aislada, sino que se inscriben en una evolución más amplia de la política exterior estadounidense, caracterizada por el cuestionamiento explícito del
derecho internacional, del multilateralismo y de los principios básicos que regulan las relaciones entre los pueblos y los Estados.
Las referencias reiteradas a una posible toma de control de Groenlandia, sin descartar el uso de mecanismos de presión política, económica o incluso militar, introducen una lógica de dominación incompatible con la Carta de las Naciones
Unidas. Este tipo de planteamientos evocan prácticas propias de un enfoque imperial y neocolonial que el derecho internacional contemporáneo pretende precisamente superar.
Groenlandia es un pueblo con identidad propia, instituciones democráticas legítimas y capacidad política para decidir libremente su futuro. No es un objeto de transacción ni un territorio susceptible de ser sometido a la voluntad de
potencias externas. Cualquier decisión sobre su estatus político corresponde única y exclusivamente al pueblo groenlandés, sin injerencias ni presiones de ningún tipo.
Ante este escenario, la situación pone de relieve la necesidad de que la comunidad internacional, en su conjunto, articule respuestas claras, firmes y coordinadas, basadas en el respeto al derecho internacional y en la defensa de los
principios fundamentales que rigen las relaciones entre los pueblos y los Estados, a fin de evitar la normalización de discursos o prácticas contrarias al orden internacional basado en normas.
Desde una perspectiva comprometida con la paz y la defensa de los derechos humanos, las instituciones públicas tienen la responsabilidad de posicionarse con claridad frente a cualquier intento de vulnerar la legalidad internacional y los
principios de soberanía y no injerencia, así como frente a la legitimación de prácticas de coerción, anexión o tutela forzada.
Por todo ello, esta Cámara considera necesario expresar su solidaridad con el pueblo de Groenlandia, reafirmar el pleno respeto a su derecho a decidir libremente su futuro y subrayar la importancia de que los Estados Unidos de América y el
conjunto de la comunidad internacional actúen conforme al derecho internacional, abandonando cualquier enfoque basado en la amenaza, la presión o la imposición.
Por todo lo expuesto anteriormente se propone, para su debate y votación, la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Rechaza las declaraciones realizadas por responsables políticos de los Estados Unidos que vulneran el principio de no injerencia, reiterando que cualquier planteamiento que afecte al estatus político de Groenlandia debe basarse en el
respeto al derecho internacional, al orden internacional basado en normas y a la soberanía de los pueblos.
2. Muestra su apoyo a las instituciones democráticas de Groenlandia, reconociendo su legitimidad y su capacidad para representar los intereses de su pueblo tanto en el ámbito interno como en el internacional.
3. Reafirma el derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación, destacando que cualquier decisión sobre su estatus político o institucional corresponde exclusivamente a dicho pueblo, de conformidad con el derecho internacional.
4. Defiende que cualquier acuerdo que se pueda alcanzar sobre Groenlandia y su estatus, recursos económicos, naturales, de defensa o de cualquier otra índole, deberá contar con el acuerdo de su ciudadanía y sus instituciones.
5. Insta al Gobierno del Estado español a impulsar, en coordinación con sus socios europeos e internacionales, iniciativas orientadas específicamente a garantizar que el pueblo de Groenlandia se pueda desarrollar en condiciones de paz,
estabilidad y prosperidad, contribuyendo al mismo tiempo a evitar cualquier escalada de tensiones que pueda afectar a la seguridad internacional.
6. Insta a los Estados Unidos y al conjunto de la comunidad internacional a actuar con pleno respeto a la Carta de las Naciones Unidas, al principio de solución pacífica de las controversias y al rechazo de cualquier forma de presión,
coerción o amenaza en las relaciones internacionales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Jon Iñarritu García, Diputado.Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002905
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley para garantizar que las ayudas
recibidas con motivo de la DANA no computen a efectos del Ingreso Mínimo Vital ni tributen en el IRPF, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La DANA de 29 de octubre de 2024 provocó graves inundaciones y daños materiales en el País Valenciano, afectando a miles de personas y unidades de convivencia, especialmente en municipios ya castigados por situaciones de vulnerabilidad
social y económica previas. Viviendas, negocios y medios de vida quedaron total o parcialmente destruidos como consecuencia de un episodio climático extremo que se enmarca en un contexto cada vez más evidente de emergencia climática.
Entre las personas afectadas se encuentran muchas familias que ya eran perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o de prestaciones sociales complementarias, después de haber sido acreditadas por los servicios sociales como unidades de convivencia
en situación de vulnerabilidad económica. Para estas personas, el IMV constituye la única garantía de ingresos para cubrir las necesidades básicas.
Tras la catástrofe, estas familias han recibido ayudas extraordinarias, tanto públicas como privadas, con una finalidad estrictamente reparadora: la rehabilitación de viviendas gravemente dañadas, especialmente plantas bajas, y la
recuperación de condiciones mínimas de habitabilidad. En muchos casos, las ayudas públicas resultaron insuficientes y fue imprescindible el apoyo solidario canalizado por entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro.
Sin embargo, la normativa fiscal vigente está provocando una situación profundamente injusta. Estas ayudas están siendo consideradas como ingresos o incrementos patrimoniales a efectos del IRPF, pese a su carácter excepcional y finalista.
Esta calificación fiscal tiene consecuencias directas y graves: por una parte, la obligación de tributar por unas cantidades que no representan ninguna mejora real de la situación
económica de las personas afectadas; por otro, la pérdida o suspensión del Ingreso Mínimo Vital al considerarse superados los umbrales de ingresos o patrimonio.
Esta situación convierte a la solidaridad en un factor de penalización y vulnera el principio de justicia fiscal. El Estado no puede recuperar vía impuestos recursos que no han generado riqueza, sino que han servido para reparar daños
derivados de una catástrofe natural. Menos aún cuando esa recuperación fiscal acaba expulsando a personas vulnerables del sistema de protección social.
Desde Compromís defendemos que la fiscalidad debe estar al servicio de la cohesión social y debe saber reconocer situaciones excepcionales como las derivadas de emergencias climáticas. Las ayudas recibidas con motivo de la DANA no pueden
ser asimiladas a rentas ordinarias, sino que deben ser tratadas como lo que son: instrumentos de reparación y reconstrucción.
Por todo ello, resulta imprescindible establecer una exención fiscal clara y explícita que impida que estas ayudas tributen en el IRPF y que, como consecuencia indirecta, provoquen la pérdida de prestaciones sociales básicas como el Ingreso
Mínimo Vital.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a llevar a cabo las medidas siguientes:
1. Establecer la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de todas las ayudas públicas y privadas recibidas con motivo de la DANA de 29 de octubre de 2024 durante los ejercicios 2024 y 2025, cuando éstas tengan
como finalidad la reparación de daños personales o materiales derivados de la catástrofe.
2. Garantizar que las ayudas exentas de IRPF recibidas con motivo de la DANA no computan como ingresos ni como incremento patrimonial a efectos del mantenimiento del Ingreso Mínimo Vital ni de ninguna otra prestación social complementaria.
3. Reconocer normativamente el carácter excepcional, finalista y reparador de las ayudas concedidas en contextos de catástrofe natural, estableciendo criterios fiscales específicos que eviten interpretaciones automáticas contrarias al
principio de justicia social.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei per a garantir que les ajudes rebudes
amb motiu de la DANA no computen a efectes de lIngrés Mínim Vital ni tributen en lIRPF, per al seu debat en Comissió dHisenda.
Exposició de motius
La DANA del 29 doctubre de 2024 va provocar greus inundacions i danys materials al País Valencià, afectant milers de persones i unitats de convivència, especialment en municipis ja castigats per situacions de vulnerabilitat social i
econòmica prèvies. Habitatges, negocis i mitjans de vida van quedar totalment o parcialment destruïts com a conseqüència dun episodi climàtic extrem que semmarca en un context cada vegada més evident demergència climàtica.
Entre les persones afectades es troben moltes famílies que ja eren perceptores de lIngrés Mínim Vital o de prestacions socials complementàries, després dhaver sigut acreditades pels serveis socials com a unitats de convivència en situació
de vulnerabilitat
econòmica. Per a aquestes persones, lIMV constitueix lúnica garantia dingressos per a cobrir les necessitats bàsiques.
Després de la catàstrofe, aquestes famílies han rebut ajudes extraordinàries, tant públiques com privades, amb una finalitat estrictament reparadora: la rehabilitació dhabitatges greument danyats especialment plantes baixes i la
recuperació de condicions mínimes dhabitabilitat. En molts casos, les ajudes públiques han resultat insuficients i ha sigut imprescindible el suport solidari canalitzat per entitats socials i organitzacions sense ànim de lucre.
No obstant això, la normativa fiscal vigent està provocant una situació profundament injusta. Aquestes ajudes estan sent considerades com a ingressos o increments patrimonials a efectes de lIRPF, malgrat el seu caràcter excepcional i
finalista. Aquesta qualificació fiscal té conseqüències directes i greus: duna banda, lobligació de tributar per unes quantitats que no representen cap millora real de la situació econòmica de les persones afectades; de laltra, la pèrdua o
suspensió de lIngrés Mínim Vital en considerar-se superats els llindars dingressos o patrimoni.
Aquesta situació converteix la solidaritat en un factor de penalització i vulnera el principi de justícia fiscal. LEstat no pot recuperar via impostos recursos que no han generat riquesa, sinó que han servit per reparar danys derivats
duna catàstrofe natural. Menys encara quan aquesta recuperació fiscal acaba expulsant persones vulnerables del sistema de protecció social.
Des de Compromís defensem que la fiscalitat ha destar al servei de la cohesió social i ha de saber reconéixer situacions excepcionals com les derivades demergències climàtiques. Les ajudes rebudes amb motiu de la DANA no poden ser
assimilades a rendes ordinàries, sinó que han de ser tractades com el que són: instruments de reparació i reconstrucció.
Per tot això, resulta imprescindible establir una exempció fiscal clara i explícita que impedisca que aquestes ajudes tributen en lIRPF i que, com a conseqüència indirecta, provoquen la pèrdua de prestacions socials bàsiques com lIngrés
Mínim Vital.
Per tot lexposat anteriormente, presente la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés insta al Govern de lEstat a realitzar les següents mesures:
1. Establir lexempció en lImpost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de totes les ajudes públiques i privades rebudes amb motiu de la DANA del 29 doctubre de 2024 durant els exercicis 2024 i 2025, quan aquestes tinguen com a
finalitat la reparació de danys personals o materials derivats de la catàstrofe.
2. Garantir que les ajudes exemptes dIRPF rebudes amb motiu de la DANA no computen com a ingressos ni com a increment patrimonial a efectes del manteniment de lIngrés Mínim Vital ni de cap altra prestació social complementària.
3. Reconéixer normativament el caràcter excepcional, finalista i reparador de les ajudes concedides en contextos de catàstrofe natural, establint criteris fiscals específics que eviten interpretacions automàtiques contràries al principi de
justícia social.»
Congrés, 13 de gener de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada de Compromís.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz do Grup Parlamentari Mixt.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002895
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a Infraestructura Ferroviaria en Zamora, para su debate en la
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
El nuevo planteamiento de reorganización de los servicios ferroviarios planteada por Renfe, ha supuesto la supresión de dos paradas en la estación de Sanabria AV, que de forma directa también afecta a la ciudad de Zamora, ya que ésta no
puede concebirse sin la relación diaria con los pueblos y comarcas cercanos como núcleo provincial proveedor de servicios, siendo fundamental el incremento racional de los servicios para facilitar la movilidad de las personas, concibiendo el
transporte público como otro derecho social a blindar frente a los vaivenes y decisiones empresariales que tanto pueden llegar a afectar a los usuarios.
El pleno del ayuntamiento, las instituciones zamoranas y los agentes sociales presentes en la «Mesa de trabajo por la mejora de los servicios ferroviarios» enviaron a este respecto una carta al Ministerio de Transportes el pasado mes de
febrero, en la cual se recogían una serie de propuestas razonables que mejorarían sustancialmente la movilidad entre los pueblos de la provincia, Zamora capital y Madrid, entre las que se encuentra la implementación del conocido como «tren
madrugador».
Esta propuesta cuenta además con el positivo precedente demográfico existente entre Valladolid y Madrid, donde los servicios ferroviarios han logrado que por primera vez desde hace décadas Valladolid esté incrementando el número de
residentes gracias a las facilidades palmarias que suponen los servicios ferroviarios racionalmente planificados, y pensados para la población trabajadora.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Continuar impulsando la mejora de servicios ferroviarios, tanto de Alta Velocidad como de servicios convencionales, en la zona de influencia de Sanabria y Zamora, garantizando una oferta adecuada de conexiones que responda a las
necesidades de movilidad diaria de la ciudadanía, así como a los criterios de eficiencia y sostenibilidad del sistema ferroviario estatal.
2. Promover, en colaboración con la Junta de Castilla y León y las entidades locales implicadas, la evaluación de nuevas Obligaciones de Servicio Público (OSP) que permitan atender adecuadamente las necesidades de movilidad recurrente,
vertebración territorial y accesibilidad laboral entre Sanabria, Zamora, Medina del Campo, Segovia y Madrid, de acuerdo con los provenientes establecidos en el Reglamento (CE) 1370/2007 y la Ley 38/2015. Se asegurará el establecimiento de una línea
Avant Sanabria-Zamora-Madrid o Zamora-Madrid (contando con paradas intermedias con Medina y Segovia) para satisfacer las necesidades de movilidad de la ciudadanía afectada.
3. Favorecer la mejora de la intermodalidad entre los servicios de Alta Velocidad y los servicios ferroviarios de Media Distancia en la provincia de Zamora, estudiando los ajustes necesarios para optimizar enlaces y horarios en beneficio de
los usuarios.
4. Impulsar la coordinación con la Junta de Castilla y León para explorar fórmulas de cofinanciación y bonificación de abonos, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los servicios sujetos a OSP y mejorar la calidad de servicio
para los usuarios, siguiendo los precedentes existentes en otras comunidades autónomas.
5. Seguir monitorizando la evolución de la demanda y el impacto del nuevo esquema de servicios comerciales en Sanabria AV, incluyendo la oferta de plazas, tiempo de viaje y distribución horaria, con el fin de evaluar posibles ajustes que
permitan mejorar la movilidad de los habitantes de la zona.
6. Incrementar a dos relaciones ida y vuelta diarias el actual servicio regional de Media Distancia que une Valladolid con Zamora y Puebla de Sanabria, mejorando la intermodalidad entre los servicios de Alta Velocidad y los
convencionales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2026.Fèlix Alonso Cantorné, Engracia Rivera Arias, Juan Antonio Valero Morales, Nahuel González López y Francisco Sierra Caballero, Diputados.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz
del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002919
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las medidas previstas para combatir la contaminación acústica derivada del paso de la AP-9 por el barrio de Teis en la ciudad de Vigo, la mejora de su encaje urbano y el acondicionamiento de los pasos elevados, para
su debate en la Comisión de transportes y movilidad sostenible.
Exposición de motivos
El trazado de la autopista AP-9 en el acceso a la ciudad de Vigo tuvo históricamente un fuerte impacto en los vecinos del barrio de Teis, cuyo territorio quedó dividido por el paso de la infraestructura. Esta circunstancia ha provocado,
desde su construcción, graves problemas de cohesión territorial y también una elevada contaminación acústica derivada del intenso tráfico rodado.
Un informe elaborado por la propia concesionaria (Audasa) reconoció que el tramo de la AP-9 entre Torres de Padín y el centro urbano de Vigo, con una longitud de 3,8 kilómetros y que atraviesa el barrio de Teis, registró niveles de ruido
superiores a 65 dB, afectando a alrededor de 600 viviendas y alrededor de 1.600 personas. Estos datos convirtieron a esta zona en la «zona más expuesta» a la contaminación acústica de toda la autopista. En el rango de incomodidad acústica, entre
55 y 60 dB, se encuentran alrededor de 5.000 viviendas y una población expuesta de 13.500 personas. Además, el mapa estratégico de ruido, cuyo análisis fue aprobado el 20 de febrero de 2025 por el propio Ministerio de Transportes, detectó que 7.394
personas que residen, trabajan o son usuarias de núcleos situados junto a la autovía conviven con niveles de ruido superiores a 55 decibelios.
Estos niveles de ruido, según advierte la Organización Mundial de la Salud, tienen un impacto negativo en la salud, especialmente cuando la exposición es continua en el tiempo. En las zonas más afectadas Coutadas, Boán y Robleda también
se ubican equipamientos públicos y centros educativos como el CEIP San Salvador, el IES de Teis o el IES Rosais II. Sin embargo, en casi 40 años desde que se puso en funcionamiento la AP-9 a su paso por Vigo, no se han adoptado medidas efectivas
para reducir la contaminación acústica, a pesar de soportar un tráfico diario de entre 50.000 y 60.000 vehículos.
Los vecinos de Teis llevan décadas reclamando soluciones a los graves daños que provoca el trazado actual de la autopista, especialmente en relación al ruido. Defienden la conversión de este tramo en vía urbana y, hasta que esto se
implemente, la instalación
de medidas correctoras como pantallas acústicas, prometidas por el Ejecutivo central desde 2018, que el Ministerio sí ha implantado o va a implantar en otras zonas.
Sin embargo, el Ministerio de Transportes ha vuelto a excluir al barrio de Teis de la última actualización del «Plan de Acción contra el Ruido en los grandes ejes viarios de la Red de Carreteras del Estado», conocido el pasado mes de
diciembre y con una planificación que se extiende hasta 2029. Esta decisión, injusta y sin justificación, supone prolongar durante años una situación intolerable para los vecinos del barrio, que se ven sometidos a niveles de ruido nocivos para la
salud y la convivencia.
Por otra parte, con el objetivo de evitar el aislamiento de las diferentes zonas habitadas del barrio, en 1979 la empresa concesionaria, Autoestradas do Atlántico (Audasa), y el Ministerio acordaron habilitar pasos para vehículos y peatones
a través de pasarelas y pasos elevados, como los de conexión con los Caminos de la Xorxa (p.k. 1 900V) y de Trapa (p.k. 1+500V). Sin embargo, a lo largo de las últimas cuatro décadas es evidente que la concesionaria, con la tolerancia del
Gobierno español, no ha realizado el mantenimiento ni las actuaciones de mejora necesarias en estas infraestructuras, fundamentales para la movilidad diaria y la vertebración territorial de Teis.
Del mismo modo, sigue pendiente la conversión en vía urbana del tramo de la AP-9 que discurre desde las Torres de Padín hasta el centro de la ciudad de Vigo, una solución ampliamente demandada como la más adecuada para mejorar la integración
urbana y viaria de la autovía. Las medidas anunciadas en los últimos meses, tanto por el Ministerio de Transportes como por el Ayuntamiento de Vigo, carecen de concreción e implementación, limitándose a actuaciones parciales que no abordan el
problema de forma integral.
Hasta que esta transformación se materialice, es imprescindible garantizar, como mínimo, la continuidad y seguridad de los pasos existentes, como los pasos elevados antes mencionados. Por ello, es urgente que el Ministerio de Transporte y,
directamente, la empresa concesionaria tomen las acciones necesarias para garantizar el tránsito seguro de vehículos y personas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para reducir la elevadísima contaminación acústica producida por la AP-9 en el barrio de Teis de la ciudad de Vigo, incluida la instalación de
pantallas acústicas, así como a impulsar las mejoras y adaptaciones necesarias en los pasos superiores de A Xorxa y A Trapa y a ejecutar la conversión en tramo urbano de la AP-9 desde Torres de Padín hasta el centro de la ciudad».
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego CandamiL, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa as medidas previstas para combater a contaminación acústica derivada do paso da AP-9 polo barrio de Teis da cidade de Vigo, a mellora do seu encaixe urbano e o acondicionamento dos pasos elevados, para o seu debate na comisión de
transportes e mobilidade sustentábel.
Exposición de motivos
O trazado da autoestrada AP-9 no acceso á cidade de Vigo implicou historicamente un forte impacto para a veciñanza do barrio de Teis, cuxo territorio quedou dividido polo paso da infraestrutura. Esta circunstancia provocou, desde a súa
construción, graves afeccións en termos de cohesión territorial e tamén unha elevada contaminación acústica derivada do intenso tráfico rodado.
Un informe elaborado pola propia concesionaria (Audasa) recoñecía que o tramo da AP-9 comprendido entre Torres de Padín e o centro urbano de Vigo, cunha lonxitude de 3,8 quilómetros e atravesando o barrio de Teis, rexistraba niveis de ruído
superiores aos 65 dB, afectando a unhas 600 vivendas e arredor de 1.600 persoas. Este dato convertía esta área na «zona máis exposta» á contaminación acústica de toda a autoestrada. Na franxa de incomodidade acústica, entre 55 e 60 dB, sitúanse
preto de 5.000 vivendas e unha poboación exposta de 13.500 persoas. Adicionalmente, o mapa estratéxico de ruído, cuxa análise foi aprobada o 20 de febreiro de 2025 polo propio Ministerio de Transportes, constataba que 7.394 persoas que residen,
traballan ou son usuarias de centros situados a carón da autoestrada conviven con niveis de ruído superiores aos 55 decibelios.
Estes niveis de ruído, segundo as advertencias da Organización Mundial da Saúde, teñen un impacto negativo na saúde, especialmente cando a exposición é continuada no tempo. Nos ámbitos máis afectados Coutadas, Boán e Robleda localízanse
tamén instalacións públicas e centros educativos como o CEIP San Salvador, o IES de Teis ou o IES Rosais II. Porén, en case 40 anos desde a posta en funcionamento da AP-9 ao seu paso por Vigo, non se adoptaron medidas eficaces para reducir a
contaminación acústica, a pesar de soportar un tráfico diario de entre 50.000 e 60.000 vehículos.
A veciñanza de Teis leva décadas reclamando solucións aos graves prexuízos provocados polo trazado actual da autoestrada, especialmente no relativo ao ruído. Defenden a conversión deste tramo en vía urbana e, mentres esta non se execute, a
instalación de medidas correctoras como pantallas acústicas, prometidas polo executivo central desde 2018, que o Ministerio si implantou ou proxecta noutros ámbitos.
Con todo, o Ministerio de Transportes volveu excluír o barrio de Teis da última actualización do «Plan de Acción contra o Ruído nos grandes eixos viarios da Rede de Estradas do Estado», coñecido o pasado mes de decembro e cunha planificación
que se estende até 2029. Esta decisión, inxusta e carente de xustificación, implica prolongar durante anos unha situación intolerábel para a veciñanza do barrio sometidas a niveis de ruído prexudiciais para a saúde e a convivencia.
Por outra parte, co obxectivo de evitar a incomunicación de distintas zonas habitadas do barrio, en 1979 a empresa concesionaria, Autoestradas do Atlántico (Audasa), e o Ministerio acordaron habilitar pasos para vehículos e peóns mediante
pasarelas e pasos elevados, como os que conectan cos camiños da Xorxa (p.k. 1+900V) e da Trapa (p.k. 1+500V). Porén, ao longo das últimas catro décadas resulta evidente que a concesionaria, coa tolerancia do Goberno español, non levou a cabo o
mantemento nin as actuacións de mellora necesarias nestas infraestruturas, fundamentais para a mobilidade diaria e a vertebración territorial de Teis.
Do mesmo xeito, continúa pendente a conversión en vía urbana do tramo da AP-9 que discorre desde as Torres de Padín até o centro da cidade de Vigo, unha solución amplamente reclamada como a máis acaída para mellorar o encaixe urbanístico e
viario da autoestrada. As medidas anunciadas nos últimos meses, tanto polo Ministerio de Transportes como polo Concello de Vigo, carecen de concreción e execución, limitándose a actuacións parciais que non afrontan o problema de maneira integral.
Mentres non se materializar esta transformación, resulta imprescindíbel garantir, cando menos, a continuidade e seguranza das vías de paso existentes, como os pasos elevados mencionados. Para iso é urxente que o Ministerio de Transportes e,
de maneira directa, a empresa concesionaria acometan as actuacións necesarias que permitan asegurar o tránsito seguro de vehículos e persoas.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a adoptar con urxencia as medidas necesarias para reducir a moi elevada contaminación acústica provocada pola AP-9 no barrio de Teis na cidade de Vigo, incluíndo a instalación de barreiras acústicas, así
como a promover as melloras e adecuacións necesarias nos pasos elevados da Xorxa e da Trapa e a executar a conversión en tramo urbano da AP-9 desde Torres de Padín até o centro da cidade.»
Congreso dos Deputados, 21 de xaneiro de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz Adxunto do Grup Parlamentari Mixt.
161/002923
A La Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Patricia Rueda Perelló, Carlos Hernández Quero, José Ramírez Del Río, Tomás Fernández Ríos, Carina Mejías Sánchez y Carlos Flores Juberías, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Diputada, Portavoz
Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a reforzar la seguridad en las infraestructuras
ferroviarias y a promover el cese y reprobación del ministro por su responsabilidad política en el grave accidente de Adamuz (Córdoba), para su discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de Motivos
El sistema ferroviario español atraviesa desde hace unos años un deterioro progresivo, caracterizado por el aumento de las incidencias, la falta de fiabilidad del servicio y la acumulación de deficiencias en infraestructuras y material
rodante, con un impacto creciente sobre la seguridad de los usuarios1. Pese a las constantes advertencias por los propios profesionales del sector, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible afirmaba que «el tren vive en España el mejor
momento de su historia»2.
Desde al menos el año 2022, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tenía registradas numerosas incidencias en el tramo ferroviario a la altura de Adamuz (Córdoba)3. A ello se suman las advertencias formuladas por los
maquinistas ferroviarios, quienes en agosto del 2025 alertaron de las deficiencias en la vía y en la catenaria, así como de una degradación acelerada del material rodante, solicitando medidas preventivas ante el riesgo creciente para la seguridad
ferroviaria4.
No obstante, en la última comparecencia del ministro ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, Óscar Puente afirmó que se había «renovado completamente la línea Madrid-Sevilla, con una inversión
total de 750 millones de euros»5. Además, en la misma comparecencia advirtió que «el 1 https://www.elmundo.es/economia/2026/01/19/696d414fe9cf4aa4208b4584.html
2 https://elpais.com/economia/2024-08-23/oscar-puente-el-tren-vive-en-espana-el-me...
3 https://theobjective.com/economia/transporte/2026-01-19/adif-fallos-via-adamuz-2...
4 https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20260119/maquinistas-pidieron-agosto...
5 https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/DS/CO/DSCD-15-CO-387.PDF
material ferroviario tiene una curva de incidencias muy definida. Es una curva en forma de V, con una parte inferior muy plana durante mucho tiempo, porque cuando el material es muy nuevo tiene muchas incidencias; después entra en una fase
de valle, en el que las incidencias son muy pocas, y, en sus últimos años de vida, vuelve a crecer. Nosotros, el año que viene, y me temo que los dos siguientes, vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva: con un material nuevo que algún
problema dará y con un material en sus últimos años de vida».
En la tarde del 18 de enero de 2026, un tren Iryo que transitaba desde Málaga hasta Madrid descarriló a la altura de Adamuz (Córdoba). Los convoyes de cola impactaron segundos después con un Alvia procedente de Madrid y con destino Huelva,
generando un grave accidente que acumula ya varias decenas de víctimas mortales, 45 hasta el momento, y cientos de heridos6. El propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible comparecía pocas horas después de lo sucedido argumentando que era
«un accidente tremendamente extraño, ocurrido en una recta, y todos los expertos en materia ferroviaria que hemos podido consultar están completamente sorprendidos por lo sucedido, porque es muy difícil de explicar»7.
Resulta por tanto especialmente grave que estas advertencias técnicas coexistieran con declaraciones del propio Gobierno sobre la renovación completa de determinadas líneas ferroviarias, poniendo de manifiesto una profunda contradicción
entre el relato oficial y el estado real de la red. Además, la acumulación de incidencias en un mismo punto debería constituir un claro indicador de riesgo que exige actuaciones inmediatas por parte de los responsables de la planificación,
supervisión y mantenimiento de la red. En relación con ello, cabe destacar que las reivindicaciones presentadas por este Grupo Parlamentario en relación con la previsible necesidad de adecuación de las infraestructuras a las necesidades operativas
del sector ferroviario han contado con la oposición frontal del Gobierno8.
Por último, hay que reseñar que Óscar Puente es uno de los ministros peor valorados por los españoles, además de uno de los que mayores reprobaciones de las Cámaras ha recibido9. Además, a pesar de llevar poco más de dos años en el cargo ha
sido reprobado en cinco ocasiones: tres en el Senado y dos en el Congreso10 y11.
Por todo ello, el presidente del Gobierno debe asumir sus responsabilidades políticas cesando al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible como responsable político de una gestión que ha tenido consecuencias irreparables. Asimismo, se
debe actuar con celeridad llevando a cabo una revisión exhaustiva de las necesidades de la infraestructura ferroviaria para evitar que sucesos así puedan volver a producirse.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Acuerda la reprobación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Santiago, como responsable político de la situación actual del sistema ferroviario, qué ha derivado en el accidente ferroviario que ha causado la
muerte de varias decenas de españoles.
6 https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/descarrila-tren-malaga-madrid-altura...
7 https://www.elmundo.es/economia/2026/01/19/696d414fe9cf4aa4208b4584.html
8 https://www.congreso.es/es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecy...
9 https://www.elmundo.es/espana/encuestas/2026/01/05/695bf870e85ecee0178b458c.html
10 https://www.rtve.es/noticias/20250520/congreso-reprobar-puente-segunda-vez-siete...
11 https://www.democrata.es/politica/senado-respalda-tercera-vez-reprobacion-oscar-...
2. Insta al Gobierno a:
a) Implantar un sistema de alertas acumulativas en la red ferroviaria, de modo que la reiteración de incidencias en un mismo tramo active automáticamente protocolos reforzados de supervisión y actuación.
b) Reformar los criterios de priorización de inversiones en mantenimiento ferroviario, de manera que los tramos con historial recurrente de incidencias tengan preferencia frente a otras actuaciones.
c) Actualizar y reforzar el Plan de Acción de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, garantizando que las acciones previstas en materia de seguridad ferroviaria se adapten a las necesidades actuales y futuras del sistema, y se
implementen de manera eficaz.
d) Elaborar una auditoría integral del estado de toda la red ferroviaria, evaluando para ello la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria 2021-2026, elaborada por el Ministerio de
Transportes y Movilidad Sostenible.
e) Promover un Plan nacional de inversiones ferroviarias centrado en la seguridad y el mantenimiento de la red, y dotado de recursos suficientes y un calendario de ejecución concreto, revisando para ello las prioridades presupuestarias del
Gobierno.
f) Cesar inmediatamente, a través de su presidente, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Santiago, por su incapacidad para gestionar eficazmente las competencias de su Departamento, su inacción ante las
deficiencias conocidas, y la grave afectación que sus decisiones u omisiones han tenido sobre la seguridad para los usuarios del servicio ferroviario.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías, Patricia Rueda Perelló, José Ramírez del Río, Carlos Hernández Quero y Tomás Fernández Ríos, Diputados.María José Rodríguez de Millán
Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar un sistema de
visado por puntos como vía de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado laboral, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La política migratoria debe ser una política de Estado orientada a garantizar la convivencia, la cohesión social y el desarrollo económico, y no una respuesta improvisada o ideologizada.
España necesita un modelo de inmigración legal, ordenado, seguro y vinculado al empleo, capaz de dar respuesta a las necesidades reales del mercado laboral y de combatir de manera eficaz la inmigración ilegal, que sigue siendo un problema de
primer orden para España. Según los informes del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 entraron ¡regularmente más de 36.000 personas. A pesar de
los anuncios de descenso interanual, con cifras acumuladas que reflejan un fenómeno estructural, el Gobierno no ha logrado frenar las llegadas por vías no habilitadas de manera eficaz. Los datos de años anteriores sobre entradas ilegales a
España muestran el aumento significativo, situando a España como el mayor punto de entrada de inmigrantes irregulares de la Unión Europea.
Este fenómeno revela el fracaso de la política migratoria actual del Ejecutivo, que no ha conseguido ofrecer vías legales seguras, transparentes y previsibles, empujando a miles de personas a atravesar nuestras fronteras de forma irregular
siendo, muchas de ellas, víctimas de mafia de trata y tráfico de personas y que, como consecuencia de ello, ejercen una creciente presión sobre los recursos públicos y servicios sociales. Pues, la falta de una estrategia clara y eficaz dificulta la
planificación de flujos migratorios y debilita la protección de nuestras fronteras, generando tensión en comunidades autónomas y municipios receptores.
Además, España está viviendo una situación migratoria y laboral caracterizada por una contradicción evidente entre las necesidades reales del mercado de trabajo y la gestión del fenómeno migratorio por parte del Gobierno de coalición. En
este contexto, mientras sectores clave de nuestra economía, como la agricultura, la hostelería, la construcción o las tecnologías de la información y comunicación, afrontan serias dificultades para encontrar profesionales cualificados, el modelo
actual de acceso legal y ordenado al empleo continúa siendo insuficiente, burocrático y desconectado de las necesidades de las empresas y los trabajadores.
Asimismo, los datos del mercado laboral muestran que la población extranjera está sobrerrepresentada en el desempleo, en comparación con la población autóctona, lo que evidencia que el modelo implementado en los últimos siete años no está
favoreciendo una integración eficaz y sostenida de los inmigrantes en el mercado laboral. A cierre del pasado año, había más de 336.000 extranjeros desempleados en España, y la tasa de paro entre el colectivo extranjero superaba el 14 %.
Esto muestra que la política migratoria del Gobierno ni frena eficazmente la inmigración irregular, ni orienta adecuadamente la inmigración legal hacia los sectores que precisan de mano de obra cualificada o que presentan déficits
estructurales, generando tensiones sociales añadidas y suponiendo una pérdida de oportunidades de crecimiento económico.
Como se ha mencionado anteriormente, España afronta en la actualidad una grave escasez de trabajadores en sectores y ocupaciones de difícil cobertura, como la agricultura, la construcción, la hostelería, el transporte, la industria, la
sanidad, los cuidados, la investigación o las nuevas tecnologías. Esta coyuntura convive, paradójicamente, con un sistema de entrada legal poco ágil y desconectado de las necesidades reales de las empresas y de los territorios.
El Grupo Parlamentario Popular ha defendido, de forma reiterada, que la inmigración debe responder a criterios objetivos como la empleabilidad, la formación, la experiencia profesional, el conocimiento del idioma y la capacidad de
integración, favoreciendo la llegada de personas que puedan incorporarse de manera inmediata al mercado de trabajo con el fin de contribuir a mejorar las perspectivas económicas y al sostenimiento del Estado del bienestar.
La implantación de un nuevo visado por puntos en España permitiría habilitar una vía legal y segura de llegada al país para trabajar, reforzando la planificación de los flujos migratorios, dando certidumbre a empresas y trabajadores, y
evitando que la falta de alternativas legales empuje a muchas personas a recurrir a rutas irregulares controladas por mafias. Numerosos países de nuestro entorno han optado con éxito por este sistema, que combina mecanismos de contratación en
origen con visados temporales de búsqueda de empleo en sectores tensionados, en función de criterios objetivos. Estos modelos han demostrado su eficacia para atraer talento y mano de obra, cubrir ocupaciones de difícil cobertura, reducir la
inmigración irregular y favorecer procesos de integración más rápidos y estables.
El actual Gobierno, sin embargo, carece de una planificación estratégica a medio y largo plazo, limitándose a medidas parciales y reactivas que no resuelven los desequilibrios estructurales del mercado laboral ni garantizan un control eficaz
de los flujos migratorios. España no puede seguir perdiendo competitividad desaprovechando la oportunidad de atraer talento y mano de obra en condiciones de legalidad y orden, ni tampoco mantener un sistema que incentiva la irregularidad y la
economía sumergida.
Resulta, por tanto, necesario avanzar hacia un nuevo modelo de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado laboral, que priorice la llegada de personas con capacidad real de inserción laboral y social, y que se complemente con
instrumentos de planificación como cuotas anuales por sectores y países, programas de migración circular para campañas estacionales y mecanismos de cooperación con los países de origen. También debe abordarse de forma rigurosa la situación de los
extranjeros que ya se encuentran en España en situación irregular, mediante un régimen transitorio individualizado y exigente, evaluado por méritos y vinculado al trabajo y al esfuerzo de integración, evitando regularizaciones generalizadas sin
control.
Todo ello no solo responde a las demandas de nuestras empresas y servicios esenciales, sino que permite ofrecer una alternativa legal y segura ante la inmigración irregular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la creación e implantación de un sistema de visado por puntos como eje de una política de inmigración legal, ordenada y segura, basado en criterios objetivos y transparentes de empleabilidad, formación, experiencia profesional,
conocimiento del idioma y capacidad de integración social.
2. Vincular el sistema de visado por puntos a las necesidades reales del mercado laboral, priorizando el acceso de trabajadores a sectores y ocupaciones de difícil cobertura, de acuerdo con las demandas de las empresas y los informes de los
servicios públicos de empleo, las comunidades autónomas y los agentes sociales.
3. Garantizar mecanismos de coordinación y revisión periódica entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los agentes sociales, con el fin de actualizar los criterios, puntuaciones y cupos del sistema en función
de la evolución del mercado de trabajo.
4. Integrar el visado por puntos en una política migratoria coherente, orientada a combatir la inmigración irregular, desincentivar las rutas ilegales y reforzar el control de fronteras, al tiempo que se amplían y fortalecen las vías
legales y ordenadas de acceso al empleo.
5. Implantar un sistema de planificación estructural mediante cuotas anuales por países y sectores, condicionado a la cooperación efectiva de los países de origen en materia de repatriaciones, control de flujos irregulares y verificación
ágil de la documentación, de modo que la colaboración se traduzca en mayores oportunidades de acceso legal.
6. Desarrollar programas específicos de migración circular y contratación de trabajadores temporales, en coordinación con las comunidades autónomas, para cubrir campañas estacionales de forma legal, planificada y con retorno garantizado,
especialmente en sectores como el primario o la construcción.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Sofía Acedo Reyes, Maribel Sánchez Torregrosa, Jaime Eduardo de Olano Vela, Ana Belén Vázquez Blanco, Isabel Gema Pérez Recuerda, Macarena Lorente Anaya, María Torres Tejada, Mirian
Guardiola Salmerón, Belén Hoyo Juliá, Cristóbal Garre Murcia y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/002899
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Industria y
Turismo, para garantizar una transición energética verde del sector de la cerámica en las comarcas de Castelló.
Exposición de motivos
La Comisión Europea ha aprobado un régimen de ayudas español por valor de 700 millones de euros para apoyar inversiones estratégicas que añadan capacidad de fabricación de tecnologías limpias en España, de acuerdo con los objetivos del Pacto
Industrial Limpio. Esta medida contribuirá a la transición hacia una economía de cero emisiones netas e incentivará la producción de tecnologías limpias, contribuyendo a una Industria más competitiva y más autosuficiente.
La economía valenciana, que durante años ha contribuido positivamente a la balanza comercial española, ha pasado a engrosar el grupo de economías deficitarias. No solo se explica por la crisis del sector automovilístico, fundamental para la
economía valenciana, sino que el estancamiento de sectores tradicionales como el del azulejo, el mueble, el juguete o el de productos químicos, con cifras negativas, han provocado un boquete de 1.400 millones de euros en el saldo exterior. Según el
último balance de la Dirección Territorial de la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, el País Valencia registró en los diez primeros meses del año 2025 un déficit comercial de 187,7 millones de euros.
El caso del estancamiento de la industria azulejera se explica también por las dificultades de transformación energética y la inestabilidad internacional que la conducen, entre otros factores, a pagar alrededor de 36,6 millones de euros en
derechos de emisiones (datos de 2024), cincuenta veces más de lo que pagaba hace una década.
El azulejo tiene actualmente una dependencia casi total del gas natural como fuente energética principal, por lo que se requiere de impulsos públicos relevantes si se quiere disponer de tecnologías sostenibles maduras y asequibles
comparables con otros sectores menos intensivos. Para ello, más cuando de esto depende la economía de toda la provincia de Castelló y 71.000 puestos de trabajo, urge una mejor planificación y acompañamiento a la transición verde y la
descarbonización apostando, entre otros, por hornos industriales eléctricos, así como continuar implementando sistemas de ciclo integral del agua.
La mediterránea es el epicentro del cambio climático por lo que debemos asumir la necesidad de implementar una transición verde justa rápida, no podemos permitirnos el lujo de aceptar marcos retardistas, la DANA sufrida en 2024 es su ejemplo
más dramático, pero tampoco podemos poner en riesgo un sector vital para el progreso económico de las comarcas de Castelló líder en peso industrial en España.
Esta situación, calcula el sector, puede suponer el incremento del coste de la producción en un 40 % para 2030, por lo que, para proteger la economía productiva castellonense y a sus trabajadores, es necesario un apoyo público en la
transformación energética de esta industria.
El futuro del comercio europeo pasa por un presente dual, en el que a los esfuerzos internos por parte de la industria en materia de innovación o de mejora de la producción se le sume un marco público que respalde su transformación y
competitividad. Mucho más, en aquellas industrias donde todavía la tecnología disponible para alcanzar los objetivos europeos es muy incipiente.
Es por todo lo expuesto que interesa destinar al menos 33 millones de estas ayudas (junto a otras) a profundizar en la transición industrial, especialmente si se pretende que esta sea competitiva y mantenga su producción en territorio
europeo.
Concretamente, y tras la crisis sanitaria de la COVID-19, es consenso la necesaria apuesta explícita por equilibrar la economía valenciana y europea con actividad industrial más estable, sostenible y de mayor valor añadido.
La inversión pública debe hacerse al haberse alcanzado un acuerdo de mejora laboral en enero y por la vocación transformadora hacia la descarbonización del sector. Particularmente, el nuevo convenio colectivo negociado por consenso entre
sindicatos y patronal hasta 2028 incluye con mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y un protocolo de fenómenos meteorológicos adversos.
Aún así, la descarbonización y la mejora de las condiciones laborales del sector no pueden ir acompañadas solamente de más inversión pública, desburocratización y garantías de la infraestructura pública de la red eléctrica, sino incluir una
defensa estratégica de protección europea ante amenazas externas desleales y desiguales. En un momento crítico como la recta final de la negociación del Tratado de Comercio entro la Unión Europeo y la India se debe incorporar, como mínimo,
salvaguardas efectivas para el sector de la cerámica que garanticen la competencia con garantías de derechos laborales, criterios medioambientales y de calidad material.
Por todo ello se presenta
Proposición no de Ley
«Se insta al Gobierno a:
1. Crear una línea específica de 33 millones de los 700 del fondo europeo de las ayudas destinadas a la inversión para proyectos relacionados con las tecnologías contempladas en el Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas con
el objetivo de apoyar la transición energética del sector azulejero de las comarcas castellonenses particularmente para la innovación y desarrollo de hornos eléctricos industriales más competitivos.
2. Impulsar otras ayudas adicionales que contribuyan y aceleren el desarrollo de energías y tecnologías que faciliten la transición industrial que debe afrontar el sector del azulejo dependiente enormemente del gas natural como han hecho
los gobiernos de Italia y Portugal.
3. Asegurar el acceso a energía verde, en cantidades suficientes y a precios competitivos, así como una infraestructura de red eléctrica, de gases renovables y de capacidad de almacenamiento fiable para garantizar el suministro a la
industria, reduciendo la dependencia energética.
4. Instar al Gobierno de España a que, en el marco de negociación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India se excluya, a través de cláusulas de salvaguarda, los sectores estratégicos vulnerables como el azulejo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.Alberto Ibáñez Mezquita, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002941
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Águeda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley para el fortalecimiento de las
PYMES industriales valencianas y la mejora de su competitividad en el marco de la transición productiva, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El tejido productivo del País Valenciano se caracteriza por una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas industriales, especialmente en sectores como la cerámica, el metal, el calzado, el textil, la agroindustria, la madera, los
juguetes o los componentes industriales. Estas pymes constituyen un pilar fundamental del empleo, la cohesión territorial y la generación de valor añadido, especialmente en comarcas con elevada especialización productiva.
Sin embargo, en los últimos años, estas empresas han afrontado dificultades estructurales crecientes, derivadas del aumento de los costes energéticos, la dependencia de las materias primas y suministros externos, la necesidad de afrontar
procesos de digitalización y descarbonización, así como las limitaciones de acceso a la financiación y determinados instrumentos públicos de apoyo a la innovación.
En este contexto, resulta imprescindible que las políticas industriales en el Estado incorporen una mirada territorializada, que reconozca las especificidades del tejido industrial valenciano y que garantice que las pymes industriales puedan
acceder de manera efectiva a los programas de ayuda, a los fondos europeos y a los instrumentos estratégicos impulsados por el Gobierno del Estado.
Asimismo, la transición hacia un modelo productivo más sostenible, resiliente y basado en el valor añadido debe ser una oportunidad para reforzar la industria de proximidad, evitar procesos de deslocalización y asegurar que la transición
ecológica y digital se realice de forma justa, sin dejar atrás el tejido de pequeñas y medianas empresas.
Por todo ello, y desde una voluntad constructiva, se considera necesario impulsar medidas específicas que mejoren la competitividad, la capacidad innovadora y la sostenibilidad de las pymes industriales valencianas, reforzando su posición
dentro de la economía estatal y europea.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a llevar a cabo las medidas siguientes:
1. Impulsar una línea específica de apoyo a las pymes industriales, dentro de la estrategia estatal de política industrial, con criterios adaptados a la realidad de territorios con alta concentración de pequeñas y medianas empresas, como el
País Valenciano.
2. Garantizar un acceso efectivo y simplificado de las pymes industriales valencianas a los fondos europeos y a los PERTE, reduciendo la carga burocrática, adaptando los requisitos de dimensión y fomentando la participación de proyectos
colectivos y agrupaciones empresariales.
3. Reforzar los instrumentos de apoyo a la digitalización y la innovación industrial de las pymes, especialmente en ámbitos como la industria 4.0, la eficiencia energética, la economía circular y la reducción de emisiones, con programas
específicos para pequeñas empresas.
4. Adoptar medidas para mejorar la competitividad energética de las pymes industriales, fomentando el autoconsumo, las comunidades energéticas industriales y la estabilidad de los costes energéticos, con especial atención a los sectores
intensivos en energía.
5. Fortalecer la colaboración con las comunidades autónomas, y en particular con la Generalitat Valenciana, para coordinar las políticas industriales, aprovechar las sinergias territoriales y garantizar una eficaz implementación de las
medidas de apoyo al tejido productivo.
6. Promover la formación y la cualificación profesional vinculada a la industria, en colaboración con el tejido empresarial y los agentes sociales, para asegurar la disponibilidad de talento y facilitar el relevo generacional en las pymes
industriales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei per a lenfortiment de les PIMES
industrials valencianes i la millora de la seua competitivitat en el marc de la transició productiva, per al seu debat en Comissió dIndústria i Turisme.
Exposició de motius
El teixit productiu del País Valencià es caracteritza per una forta presència de xicotetes i mitjanes empreses industrials, especialment en sectors com la ceràmica, el metall, el calçat, el tèxtil, lagroindústria, la fusta, el joguet o els
components industrials. Aquestes pimes constitueixen un pilar fonamental de locupació, la cohesió territorial i la generació de valor afegit, especialment en comarques amb una elevada especialització productiva.
Tanmateix, en els últims anys, aquestes empreses han afrontat dificultats estructurals creixents, derivades de laugment dels costos energètics, la dependència de matèries primeres i subministraments externs, la necessitat dafrontar
processos de digitalització i descarbonització, així com les limitacions daccés al finançament i a determinats instruments públics de suport a la innovació.
En aquest context, resulta imprescindible que les polítiques industrials a lEstat incorporen una mirada territorialitzada, que reconega les especificitats del teixit industrial valencià i que garantisca que les pimes industrials puguen
accedir de manera efectiva als programes dajuda, als fons europeus i als instruments estratègics impulsats pel Govern de lEstat.
Així mateix, la transició cap a un model productiu més sostenible, resilient i basat en el valor afegit ha de ser una oportunitat per reforçar la indústria de proximitat, evitar processos de deslocalització i assegurar que la transició
ecològica i digital es realitze de manera justa, sense deixar enrere el teixit de xicotetes i mitjanes empreses.
Per tot això, i des duna voluntat constructiva, es considera necessari impulsar mesures específiques que milloren la competitivitat, la capacitat innovadora i la sostenibilitat de les pimes industrials valencianes, reforçant la seua posició
dins de leconomia estatal i europea.
Per tot lexposat anteriormente, presente la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés insta al Govern de lEstat a realitzar les següents mesures:
1. Impulsar una línia específica de suport a les pimes industrials, dins de lestratègia estatal de política industrial, amb criteris adaptats a la realitat de territoris amb alta concentració de xicotetes i mitjanes empreses, com el País
Valencià.
2. Garantir un accés efectiu i simplificat de les pimes industrials valencianes als fons europeus i als PERTEs, reduint la càrrega burocràtica, adaptant els requisits de dimensió i fomentant la participació de projectes col·lectius i
agrupacions empresarials.
3. Reforçar els instruments de suport a la digitalització i a la innovació industrial de les pimes, especialment en àmbits com la indústria 4.0, leficiència energètica, leconomia circular i la reducció demissions, amb programes
específics per a xicotetes empreses.
4. Adoptar mesures per millorar la competitivitat energètica de les pimes industrials, fomentant lautoconsum, les comunitats energètiques industrials i lestabilitat dels costos energètics, amb especial atenció als sectors intensius en
energia.
5. Enfortir la col·laboració amb les comunitats autònomes, i en particular amb la Generalitat Valenciana, per coordinar les polítiques industrials, aprofitar les sinergies territorials i garantir una implementació eficaç de les mesures de
suport al teixit productiu.
6. Promoure la formació i la qualificació professional vinculada a la indústria, en col·laboració amb el teixit empresarial i els agents socials, per assegurar la disponibilitat de talent i facilitar el relleu generacional en les pimes
industrials.»
Palau del Congrés dels Diputats, 23 de gener de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portaveu adjunt del Grup Parmalentari Mixt.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002909
A La Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para asegurar el cuidado digno de las personas mayores, con especial atención a la región de Aragón, para su discusión en la Comisión de Derechos
Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
España es una gran Nación perteneciente a la civilización occidental, que se nutre de tres raíces, la griega, la romana y la cristiana. De todas ellas ha heredado España un gran respeto por los ancianos y a este propósito, Grecia indica
«respeta el cabello blanco: ten con el anciano sabio la misma consideración que tienes con tu padre» (Focílides, Sentencias, XLII); Roma señala que «en un tiempo, había una gran reverencia por la cabeza canosa» (Ovidio, Fastos, lib. V, v. 57) y
el cristianismo enseña «álzate ante las canas y honra al anciano» (Lv 19,32).
La Patria es el que hacer común de los españoles de ayer, hoy y mañana y esta concepción, que muestra el vínculo vital entre una generación y otra, manifiesta la condición que hace posible la existencia misma de un pueblo, y nos mueve a
respetar a los que nos han precedido, a reconocer todo el bien que han hecho, y a que a nuestros mayores se les dé el honor, afecto y reconocimiento debidos.
En la sociedad española, las personas mayores no son solo un grupo demográfico al que cuidar; son, en muchos sentidos, el soporte invisible pero fundamental sobre el que se venía apoyando la estructura social y económica de la nación. Sin
embargo, este grupo de población se está viendo afectado por lo que los expertos han denominado como una «pandemia de la soledad no deseada». Según la última Encuesta Continua de Hogares del año 2020(ECH)1 del Instituto Nacional de Estadística
(INE), más de 2,1 millones de personas de 65 años o más vivían en hogares unipersonales, de las cuales aproximadamente el 70 % eran mujeres (más de 1,5 millones).
1 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176...
Está situación contrasta con los datos de hace varias décadas2: «en el Censo de Población y Viviendas de 1970 elaborado por el INE, en España vivían solas 660.000 personas, de una población total de 34,04 millones. Eran el 1,9 % de la
población, que suponían el 7,5 % de los 8.854.000 hogares que había entonces en España. 54 años más tarde, el 1 de julio de 2024, el número de hogares unipersonales había aumentado a 5.434.000 (8,23 veces lo que en 1970), con una población total de
48.797.000 habitantes, que es 1,43 veces la de 1970. Esos 5,4 millones significan que una de cada nueve personas vive sola, lo que representa que el 28 % de los hogares son unipersonales. El porcentaje de personas que viven solas en España pasó
del 1,9 % en 1970 al 11,1 % en 2024, proporción que es mayor en el caso de los españoles de origen, pues los inmigrantes viven en hogares más poblados (3 personas por hogar de media, por 2,4 a 2,5 los españoles)».
Según el último informe de Proyección de hogares del INE, publicado en 20243, «en 2039 se llegaría a 7,7 millones de hogares unipersonales (el 33,5 % del total), con un incremento del 41,9 % respecto a 2024. El número de personas que viven
solas pasaría de representar el 11,2 % de la población total en 2024, al 14,3 % en 2039».
Uno de los principales retos a los que se enfrenta España, en el corto y medio plazo, es el cuidado de sus mayores. Desde el año 2006, en el que España se consolidó como uno de los países más longevos del mundo, la sociedad española
atraviesa un «invierno demográfico», que el bipartidismo ha hecho poco, o nada, por combatir.
Las nuevas realidades familiares y los problemas de vivienda y habitabilidad del parque inmobiliario generan cada vez más problemas estructurales que afectan ya a todos los ámbitos de la vida, desde la economía hasta el día a día en los
barrios y regiones de España. Los núcleos familiares son cada vez más reducidos y el número de metros cuadrados de las nuevas construcciones mengua de manera proporcional, lo que imposibilita la convivencia intergeneracional. Esta limitación
física, sumada a la dificultad de conciliar la vida laboral con la atención a los mayores está provocando que el domicilio familiar deje de ser un centro viable de cuidados permanentes.
A este problema se añade el fenómeno de la movilidad geográfica y la dispersión familiar. Los hijos en edad laboral se ven obligados a marcharse de sus ciudades natales en busca de oportunidades laborales, dejando atrás a sus padres sin una
red de apoyo cercana y presencial. Ante esta situación, surge la gran incógnita sobre quién asumirá la carga del cuidado: el modelo en el que la familia era el sustento de los mayores se está agotando. Es aquí donde el Estado debe replantearse su
papel con una mayor presencia a través de un sistema de dependencia robusto que no deje de lado a las personas mayores.
Según los datos del Departamento de Población del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)4, «las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en 2045 la población mayor podría superar los 15,9 millones,
lo que equivaldría al 29,2 % del total de habitantes». Es decir, que lejos de aminorase, el número de españoles que deberá atender la Administración aumentará, y es deber de esta ofrecer el mejor de los cuidados a nuestros mayores.
Según los datos del INE5, Aragón es la séptima región con mayor índice de mayores de 64 años con un 163,47 % (163 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16), situándose por encima de la media nacional (148 %). Según el Instituto
Aragonés de Estadística (IAEST), «a 1 de enero de 2024 se contabilizaban 300.000 personas de 65 años o más, lo que representa en torno al 22 % de la población aragonesa. La proyección es que este porcentaje siga creciendo y que supere el 27 % en
2039. Dentro de este colectivo, el de los aragoneses de 65 años en adelante, casi 80.000 de ellos 2 https://cefas.ceu.es/wp-content/uploads/Observatorio_Demografico_17_Soledad_DIGI...
3 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/es/PROH20242039.htm
4 https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/espana-combina-longevidad-record-con-...
5 https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1452
viven solos; esto es, en hogares unipersonales»6. En concreto, en la región aragonesa esta es una tendencia que irá a más: de los «558.761 hogares registrados a 1 de enero de 2025,169.722 están habitados por una sola persona, lo que
supone más del 30 % del total. Pero si se compara con los datos de hace una década, el incremento es del 17 %: en 2015 había 145.000 hogares unipersonales»7.
Esta situación general de la población española se ve agravada, no solo por los condicionantes ya mencionados, sino por otros factores que van a supeditar el bienestar de las futuras generaciones durante su vejez: la inmigración masiva
descontrolada, el paso de una España de propietarios, como la actual que actúa como un colchón financiero, a una España de arrendatarios cada vez más precarios, la inequidad territorial en la prestación de servicios públicos, o bien, las llamadas
«brecha digital» y la «brecha de cuidados».
La dignidad de la persona debe ser la base de las políticas orientadas al cuidado de los mayores. En no pocas ocasiones es noticia la existencia de prácticas degradantes, o conductas, que menoscaban la dignidad de las personas mayores en
centros de día o residenciales, e incluso en el propio domicilio.
Las residencias de mayores son un recurso necesario cuando vivir en casa ya no es seguro o viable. Por eso no pueden reducirse a «alojamiento», sino que deben ser lugares de vida y de cuidado, donde se proteja la salud y, al mismo tiempo,
se preserve la dignidad, la intimidad y la autonomía posible de cada persona.
Que una residencia esté en condiciones significa seguridad real, higiene y prevención de riesgos, coordinación sanitaria, y una organización que no despersonalice la vida cotidiana. El trato y la atención han de ser individualizados, con
rutinas humanas, continuidad en los cuidadores y facilidades, para mantener vínculos con la familia y el entorno, incluyendo el acceso a acompañamiento emocional y, para quien lo solicite, atención espiritual y apoyo religioso de capellanes,
entendidos como parte del cuidado integral.
Nada de esto se sostiene sin financiación suficiente y estable. Estar bien financiadas implica plantillas adecuadas y formadas, condiciones laborales dignas para evitar rotación, recursos clínicos y preventivos, y transparencia para que el
presupuesto se traduzca en tiempo de cuidado directo. Y debe existir una inspección seria, frecuente e independiente, con indicadores claros y consecuencias reales cuando haya incumplimientos, para que la calidad no dependa de la buena voluntad
sino de garantías verificables.
Lejos de este ideal de respeto de la dignidad, la crónica de sucesos de los últimos años revela una realidad desoladora: según se publicó en abril de 20248, un celador salvadoreño de una residencia pública de ancianos en Madrid era detenido
violar presuntamente a dos internas de 90 y 100 años y, posteriormente, fue denunciado por una tercera residente del geriátrico de 78 años por el mismo delito de agresión sexual. En junio del pasado año9, la Policía Nacional detuvo en Huelva a tres
trabajadores de una residencia de mayores «como presuntos autores de delitos de malos tratos habituales a personas especialmente vulnerables». O bien, más recientemente10, la Policía Nacional detenía en Zaragoza a una cuidadora como «presunta
responsable de un delito continuado de hurto por robar joyas valoradas en casi 17.000 euros a la mujer de avanzada edad y con demencia».
Es esencial que se garanticen unas condiciones dignas tanto para residentes, como para los cuidadores. Debe, al mismo tiempo, asegurarse que aquel que atente contra la 6
https://www.aragonhoy.es/bienestar-social-familia/aragon-presenta-estrategia-sol...
7 https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2025/04/07/personas-hogares-viven-solas-a...
8 https://www.elmundo.es/madrid/2024/04/18/661ff9e2e4d4d8e2058b45aa.html
9 https://www.elmundo.es/andalucia/2025/06/26/685ceba2e85eceba548b457e.html
10 https://www.hoyaragon.es/articulo/sucesos-aragon/cuidadora-detenida-robar-joyas/...
dignidad de las personas que atiende pague por ello. En este contexto el endurecimiento de las penas relativas a los delitos de trato degradante y el maltrato en el ámbito doméstico o asistencial se antoja necesario.
Toda familia debe poder tener la oportunidad de cuidar a sus mayores en su propio hogar, si ese es su deseo. Los familiares de los mayores, también, sufren el abandono y olvido de la Administración. Estos se ven obligados, en la mayoría de
los casos, a hacer equilibrios imposibles para compaginar su vida profesional, su salud y bienestar con el cuidado y atención que desean prestar a sus seres queridos. Por otro lado, la opción por los cuidados tampoco es una elección que socialmente
se valore, pese a que se trata de una labor esencial y que redunda en bien de toda la sociedad. Constituye, por tanto, un deber de los poderes públicos poner en valor dicha elección y proteger que se adopte en un contexto de libertad, para lo cual
se requiere minimizar el impacto negativo económico, fiscal o laboral de las familias que escojan dedicarse a los cuidados.
En definitiva, el envejecimiento de los españoles no puede ser sinónimo de vulnerabilidad, aislamiento o penuria. Es por ello fundamental que las Administraciones Públicas garanticen todas las condiciones necesarias para evitar la llamada
«paradoja de la longevidad»: por el momento los españoles viven más tiempo, pero los condicionantes a corto y medio plazo no garantizan que muchos lo puedan hacer con dignidad.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer la aportación social de nuestros mayores promoviendo una cultura del cuidado y el acompañamiento frente a la cultura del descarte.
2. Garantizar a nuestros mayores el apoyo médico, psicológico y espiritual que requieran facilitando en la medida de los posible la cercanía de sus seres queridos.
3. Dotar de medios económicos y humanos suficientes los sistemas de atención, cuidado y acompañamiento necesarios para garantizar el bienestar de nuestros mayores, reforzando las partidas a la dependencia, las ayudas para el cuidado en el
hogar, el apoyo a familiares a cargo, aumentando las plazas en residencias y centros de día y los programas de atención a la soledad.
4. Garantizar la existencia de mecanismos de coordinación con Atención Primaria y Servicios Sociales para la atención a personas mayores fomentando el intercambio de información para un mejor abordaje integral.
5. Agilizar y desburocratizar los procedimientos de reconocimiento de situaciones de enfermedad o dependencia.
6. Promover las medidas de apoyo social y laboral necesarias, para facilitar y favorecer que todo español pueda optar libremente por dedicarse al cuidado de sus familiares mayores cuando no puedan valerse por ellos mismos.
7. Reforzar los sistemas de inspección y garantía de calidad en residencias y centros de día, estableciendo estándares mínimos homogéneos a nivel nacional en materia de ratios y cualificación del personal, seguridad y prevención,
transparencia de indicadores y resultados, y asegurando auditorías e inspecciones periódicas e independientes, con un régimen efectivo de medidas correctoras y sanciones cuando proceda, garantizando asimismo la atención espiritual de capellanes para
quien la solicite dentro de un modelo de cuidado integral.
8. Impulsar un sistema de bonificaciones, a nivel nacional, que alivie la carga económica de las familias con personas mayores a su cargo, y que comprendan entre otras:
Deducciones fiscales por inversión en obras tendentes a mejorar la accesibilidad en la vivienda, así como a suprimir barreras arquitectónicas.
Deducciones fiscales por cantidades satisfechas en determinados gastos adquisición de productos, servicios y tratamientos vinculados a la tercera edad.
Deducciones fiscales por cuidado de familiares mayores de 70 años en centros de mayores.
Deducciones fiscales por cuidado de familiares mayores de 70 años por persona empleada del hogar y en la cuota de la seguridad social por gastos en contratación laboral de una persona para cuidar de familiares mayores de 70 años.
Deducciones fiscales por cuidado de familiares mayores de 70 años.
9. Realizar las modificaciones legislativas oportunas encaminadas a endurecer las penas contenidas en el artículo 173 del Código Penal, dentro del Título VII, sobre las torturas y otros delitos contra la integridad moral, estableciendo una
agravación específica cuando la víctima sea una persona mayor o especialmente vulnerable por razón de edad, y, en todo caso, cuando los hechos sean cometidos por cuidadores, empleados de residencias o centros de día, o personal de servicio doméstico
en el ámbito del cuidado de personas mayores, incorporando además como pena accesoria la inhabilitación especial para trabajar en actividades vinculadas al cuidado, atención y asistencia de personas mayores o dependientes, por un periodo
proporcional a la gravedad de los hechos y, en su caso, de forma permanente en los supuestos más graves.
10. Introducir la modificación legislativa oportuna para que a los delitos establecidos en el artículo 173 del Código Penal, cuando sean cometidos por personas extranjeras residentes en España, y el contexto del cuidado a personas mayores,
se tipifique como pena accesoria la expulsión de estas personas del territorio nacional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2026.Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro y Carlos Hernández Quero, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/002911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección de las personas consumidoras frente a prácticas
abusivas relacionadas con precios dinámicos, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La gestión y publicidad de los precios constituyen uno de los elementos centrales en la protección y defensa de los derechos de los consumidores. Para garantizarlos, el establecimiento, cobro y publicidad de los precios deben ser claros,
inequívocos y vinculantes. Sin embargo, a pesar de ello, muchas técnicas de mercadotecnia y prácticas fraudulentas obstaculizan este derecho de los consumidores, particularmente en sectores digitales, como los costes ocultos, las ofertas engañosas,
los precios personalizados y los precios dinámicos.
Uno de los momentos en los que más se evidencian estas prácticas es durante el Black Friday, y es por ello por lo que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo y Agenda 2030 ya anunció una investigación sobre posibles rebajas falsas de
las grandes empresas durante este periodo. En 2024 ya se sancionaron con 350.000 euros y la prohibición de volver a usar estas prácticas a siete grandes empresas por rebajas engañosas durante este periodo. No obstante, en Black Friday no es la
única ventana propicia a prácticas abusivas para las personas consumidoras, y los denominados
patrones oscuros imperan durante todo el año en sectores más o menos concretos donde las personas consumidoras encuentran variaciones en los precios en función de su huella digital de información en la red, por ejemplo.
Otro patrón oscuro habitual son los llamados precios dinámicos, es decir, aquellos que varían no tanto en función del perfil del usuario sino en función de la demanda, la hora, la temporada, el stock o la ubicación. Uno de los ejemplos
ocurrió en contextos de emergencia, como la DANA o el apagón. El Gobierno modificó la Ley General para la Defensa de la Consumidores para impedir que las empresas que utilizan este tipo de tarifas, como los servicios de transporte bajo demanda
(VTC), pudieran aumentar el precio en contexto de urgencia. También se abrió un expediente por parte del Ministerio para investigar las subidas de precios durante el apagón. Ante el accidente ferroviario ocurrido hace pocas horas en Adamuz, se
hace imprescindible impedir que dicha situación pueda conllevar un aprovechamiento lucrativo abusivo por parte de algunas empresas.
Otro de los focos habituales de precios dinámicos se encuentra en la celebración de eventos, como conciertos, donde el consumidor ve como la entrada va multiplicando su precio durante el proceso de compra. Las empresas usan un algoritmo
para ajustar el precio en función de la oferta y la demanda, en tiempo real. La OCU denunció en marzo de 2025 a Ticketmaster por el cobro irregular y abusivo de las entradas de los conciertos de Bad Bunny. FACUA denunció a Live Nation por un
cúmulo de irregularidades en la compra de entradas de Lady Gaga en Barcelona.
Una de estas prácticas ya se ha empezado a regular, además de aquellas que ya se contemplan en el ordenamiento jurídico, ha sido a través de la Ley de Atención a la Clientela, aprobada recientemente, que incluye la regulación de la oferta de
precios como una nueva obligación incluyendo los gastos de gestión en el precio final y la obligación de transparencia en los algoritmos. La ley establece que debe informarse al consumidor de los incrementos o descuentos que sean de aplicación en
una oferta, así como los gastos adicionales, incluidos los potenciales gastos de gestión, que repercutan al consumidor.
En un contexto arrollado por un auge del consumo, cobra especial importancia la vigilancia y sanción de las malas prácticas que vulneran los derechos de las personas consumidoras, que perjudican a su vez a aquellas empresas que sí utilizan
la publicidad y el sistema de ofertas de manera alineada con dichos derechos. Además, en un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, los poderes públicos deben estar atentos para regular y proteger al consumidor, que es al fin y al cabo el que
está expuesto a estos abusos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir desarrollando las medidas necesarias para proteger a las personas consumidoras de las prácticas abusivas relacionadas con el uso de patrones oscuros y algoritmos opacos que utilizan
prácticas como los precios dinámicos, vulnerando los derechos de las personas consumidoras a una información transparente durante sus procesos de compra.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2026.Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a la protecció de les persones consumidores davant pràctiques abusives
relacionades amb preus dinàmics, per al seu debat en la Comissió de Drets Socials i Consum.
Exposició de motius
La gestió i publicitat dels preus constitueixen un dels elements centrals en la protecció i defensa dels drets dels consumidors. Per a garantir-los, l'establiment, cobrament i publicitat dels preus han de ser clars, inequívocs i vinculants.
Tanmateix, malgrat això, moltes tècniques de màrqueting i pràctiques fraudulentes obstaculitzen aquest dret dels consumidors, particularment en sectors digitals, com els costos ocults, les ofertes enganyoses, els preus personalitzats i els preus
dinàmics.
Un dels moments en els quals més s'evidencien aquestes pràctiques és durant el Black Friday, i és per això que el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ja va anunciar una investigació sobre possibles rebaixes falses de les grans
empreses durant aquest període. El 2024 ja es van sancionar amb 350.000 euros i la prohibició de tornar a usar aquestes pràctiques a set grans empreses per rebaixes enganyoses durant aquest període. No obstant això, el Black Friday no és l'única
finestra propícia a pràctiques abusives per a les persones consumidores, i els denominats patrons foscos imperen durant tot l'any en sectors més o menys concrets on les persones consumidores troben variacions en els preus en funció de la seva
empremta digital d'informació en la xarxa, per exemple.
Un altre patró fosc habitual són els anomenats preus dinàmics, és a dir, aquells que varien no tant en funció del perfil de l'usuari sinó en funció de la demanda, l'hora, la temporada, l'estoc o la ubicació. Un dels exemples va ocórrer en
contextos d'emergència, com la DANA o l'apagada. El Govern va modificar la Llei General per a la Defensa de la Consumidors per a impedir que les empreses que utilitzen aquest tipus de tarifes, com els serveis de transport baix demanda (VTC),
poguessin augmentar el preu en context d'urgència. També es va obrir un expedient per part del Ministeri per a investigar les pujades de preus durant l'apagada. Davant l'accident ferroviari ocorregut fa poques hores en Adamuz es fa imprescindible
impedir que aquesta situació pugui comportar un aprofitament lucratiu abusiu per part d'algunes empreses.
Un altre dels focus habituals de preus dinàmics es troba en la celebració d'esdeveniments, com a concerts, on el consumidor veu com l'entrada va multiplicant el seu preu durant el procés de compra. Les empreses utilitzen un algorisme per
ajustar el preu en funció de l'oferta i la demanda, en temps real. L'OCU va denunciar al març de 2025 a Ticketmaster pel cobrament irregular i abusiu de les entrades dels concerts de Bad Bunny. FACUA va denunciar a Live Nation per un cúmul
d'irregularitats en la compra d'entrades de Lady Gaga a Barcelona.
Una d'aquestes pràctiques ja s'ha començat a regular, a més d'aquelles que ja es contemplen en l'ordenament jurídic, ha estat a través de la Llei d'Atenció a la Clientela, aprovada recentment, que inclou la regulació de l'oferta de preus com
una nova obligació incloent les despeses de gestió en el preu final i l'obligació de transparència en els algorismes. La llei estableix que ha d'informar-se al consumidor dels increments o descomptes que siguin aplicable en una oferta, així com les
despeses addicionals, inclosos les potencials despeses de gestió, que repercuteixin al consumidor.
En un context atropellat per un auge del consum cobra especial importància la vigilància i sanció de les males pràctiques que vulneren els drets de les persones consumidores, que perjudiquen al seu torn aquelles empreses que sí que utilitzen
la publicitat i el sistema d'ofertes de manera alineada amb aquests drets. A més, en un món on la tecnologia avança ràpidament, els poders públics han d'estar atents per a regular i protegir el consumidor, que és al cap i a la fi el que està
exposat a aquests abusos.
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta el Govern a continuar desenvolupant les mesures necessàries per a protegir les persones consumidores de les pràctiques abusives relacionades amb l'ús de patrons foscos i algorismes opacs que utilitzen
pràctiques com
els preus dinàmics, vulnerant els drets de les persones consumidores a una informació transparent durant els seus processos de compra.»
Palau del Congrés dels Diputats, 19 de gener de 2026.Fèlix Alonso Cantorné, Diputat.Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002904
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre la defensa de la pesca
artesanal y de pequeña escala, la sostenibilidad de la pesca mediterránea y la garantía de una vida digna para los pescadores y pescadoras, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La pesca artesanal y de pequeña escala constituye el eje vertebrador de las cofradías de pescadores y un pilar económico, social y cultural esencial para las comunidades costeras del Estado español. Este segmento representa cerca del 75 %
de las embarcaciones pesqueras de la Unión Europea y destaca por su menor impacto ambiental, su vinculación al territorio y la generación de empleo local.
La conservación de los recursos biológicos marinos es competencia exclusiva de la Unión Europea, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC), de acuerdo con el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la UE. El Reglamento (UE)
1380/2013 establece el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) como principio central de la gestión pesquera y obliga a basar las decisiones en criterios científicos del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STEFC).
Sin embargo, el propio reglamento atribuye a los Estados miembros la responsabilidad de distribuir internamente las posibilidades de pesca asignadas por la UE, estableciendo que esta distribución debe realizarse atendiendo a criterios
sociales, ambientales y económicos, y que debe ofrecerse un acceso preferencial a la pesca artesanal, costera y de pequeña escala (artículo 17).
Los últimos datos del STEFC (septiembre de 2025) muestran una paulatina recuperación de una parte significativa de los stocks del Mediterráneo occidental como consecuencia de las medidas de conservación aplicadas. Sin embargo, varios stocks
siguen sobreexplotados, lo que exige mantener políticas prudentes, pero también garantizar que las medidas adoptadas sean socialmente justas y económicamente viables.
En este contexto, la Comisión Europea ha reconocido explícitamente que los actuales sistemas de asignación de quitas y capacidades de pesca no reflejan adecuadamente la realidad ni la vulnerabilidad de la pesca, y que esta flota sufre de
forma más intensa los efectos del cambio climático, la degradación de los ecosistemas y el aumento de los costes.
En España, el sistema de asignación interna de días de pesca sigue basándose de forma casi exclusiva en derechos históricos de actividad (periodo 2014-2018), lo que consolida desigualdades estructurales, penaliza las embarcaciones de menor
escala y dificulta la renovación generacional y la incorporación de prácticas más sostenibles.
Ante la inminente negociación de las posibilidades de pesca para 2026 en el seno del Consejo de la UE (AGRIFISH), resulta imprescindible que el Gobierno español adopte
una posición activa que combine la defensa de la sostenibilidad ambiental con la protección del tejido social y económico que representa a la pesca artesanal mediterránea.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a llevar a cabo las medidas siguientes:
1. Revisar el sistema estatal de asignación de cuotas y capacidades de pesca, incluidos los días de esfuerzo pesquero, para reducir el peso de los criterios estrictamente históricos e incrementar los criterios sociales, ambientales, de
sostenibilidad y de renovación generacional, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 1380/2013.
2. Garantizar un acceso preferencial efectivo de la pesca artesanal y de pequeña escala a las posibilidades de pesca asignadas al Estado español, corrigiendo los desequilibrios que perjudican a este segmento de flota y asegurando su
viabilidad económica.
3. Defender ante el Consejo de la Unión Europea una aplicación de las medidas de conservación en el Mediterráneo occidental que tenga en cuenta el impacto real de cada arte de pesca, mantenga mecanismos de compensación para las prácticas
más selectivas y garantice la continuidad de la pesca artesanal.
4. Impulsar la elaboración de informes científicos propios a nivel estatal, complementarios a los del STEFC, cuando los datos disponibles presentan incertidumbres relevantes, especialmente en el caso de especies artesanales y de menor
impacto ambiental.
5. Revisar el censo y el estado de la flota pesquera estatal, con el objetivo de redistribuir de forma más justa el esfuerzo pesquero real y reasignar las capacidades no utilizadas hacia embarcaciones artesanales y de menor impacto
ambiental.
6. Instar al Gobierno de España a establecer un sistema adecuado que permita el cumplimiento de la obligación de preaviso de entrada a puerto y el pesaje de las especias al mar, sin que estas exigencias no supongan una carga extra para el
sector pesquero.
7. Reconocer y compensar la retirada de residuos marinos realizada por la pesca artesanal como servicio ambiental de interés general, integrando esta actividad en las políticas estatales de sostenibilidad, economía circular y transición
ecológica.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei sobre la defensa de la pesca
artesanal i de xicoteta escala, la sostenibilitat de la pesca mediterrània i la garantia duna vida digna per als pescadors i pescadores per al seu debat en Comissió dAgricultura, Pesca i Alimentació.
Exposició de motius
La pesca artesanal i de xicoteta escala constitueix leix vertebrador de les confraries de pescadors i un pilar econòmic, social i cultural essencial per a les comunitats costaneres de lEstat espanyol. Aquest segment representa prop del 75
% de les
embarcacions pesqueres de la Unió Europea i destaca pel seu menor impacte ambiental, la seua vinculació al territori i la generació docupació local.
La conservació dels recursos biològics marins és competència exclusiva de la Unió Europea, en el marc de la Política Pesquera Comuna (PPC), dacord amb larticle 3 del Tractat de Funcionament de la UE. El Reglament (UE) 1380/2013 estableix
el Rendiment Màxim Sostenible (RMS) com a principi central de la gestió pesquera i obliga a basar les decisions en criteris científics del Comité Científic, Tècnic i Econòmic de la Pesca (STEFC).
Tanmateix, el mateix reglament atribueix als Estats membres la responsabilitat de distribuir internament les possibilitats de pesca assignades per la UE, establint que aquesta distribució sha de fer atenent criteris socials, ambientals i
econòmics, i que sha doferir un accés preferencial a la pesca artesanal, costanera i de xicoteta escala (article 17).
Les últimes dades del STEFC (setembre de 2025) mostren una recuperació gradual duna part significativa del estocs de la Mediterrània occidental com a conseqüència de les mesures de conservació aplicades. No obstant això, diversos estocs
continuen sobreexplotats, fet que exigeix mantenir polítiques prudents, però també garantir que les mesures adoptades siguen socialment justes i econòmicament viables.
En aquest context, la Comissió Europea ha reconegut explícitament que els actuals sistemes dassignació de quites i capacitats de pesca no reflecteixen adequadament la realitat ni la vulnerabilitat de la pesca, i que aquesta flota pateix de
manera més intensa els efectes del canvi climàtic, la degradació dels ecosistemes i laugment dels costos.
A lEstat espanyol, el sistema dassignació interna de dies de pesca continua basant-se de manera quasi exclusiva en drets històrics dactivitat (període 2014-2018), la qual cosa consolida desigualtats estructurals, penalitza les
embarcacions de menor escala i dificulta la renovació generacional i la incorporació de pràctiques més sostenibles.
Davant la imminent negociació de les possibilitats de pesca per a 2026 en el si del Consell de la UE (AGRIFISH), resulta imprescindible que el Govern espanyol adopte una posició activa que combine la defensa de la sostenibilitat ambiental
amb la protecció del teixit social i econòmic que representa la pesca artesanal mediterrània.
Per tot lexposat anteriormente, presente la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés insta al Govern de lEstat a realitzar les següents mesures:
1. Revisar el sistema estatal dassignació de quotes i capacitats de pesca, inclosos els dies desforç pesquer, per reduir el pes dels criteris estrictament històrics i incrementar els criteris socials, ambientals, de sostenibilitat i de
renovació generacional, dacord amb larticle 17 del Reglament (UE) 1380/2013.
2. Garantir un accés preferencial efectiu de la pesca artesanal i de xicoteta escala a les possibilitats de pesca assignades a lEstat espanyol, corregint els desequilibris que perjudiquen aquest segment de flota i assegurant-ne la
viabilitat econòmica.
3. Defensar davant el Consell de la Unió Europea una aplicació de les mesures de conservació a la Mediterrània occidental que tinga en compte limpacte real de cada art de pesca, mantinga mecanismes de compensació per a les pràctiques més
selectives i garantisca la continuïtat de la pesca artesanal.
4. Impulsar lelaboració dinformes científics propis a nivell estatal, complementaris als del STEFC, quan les dades disponibles presenten incerteses rellevants, especialment en el cas despècies artesanals i de menor impacte ambiental.
5. Revisar el cens i lestat de la flota pesquera estatal, amb lobjectiu de redistribuir de manera més justa lesforç pesquer real i reassignar les capacitats no utilitzades cap a embarcacions artesanals i de menor impacte ambiental.
6. Instar el Govern dEspanya a establir un sistema adequat que permeta el compliment de lobligació de preavís dentrada a port i el pesatge de les espècies a la mar, sense que estes exigències no suposen una càrrega extra per al sector
pesquer.
7. Reconéixer i compensar la retirada de residus marins realitzada per la pesca artesanal com un servei ambiental dinterés general, integrant aquesta activitat en les polítiques estatals de sostenibilitat, economia circular i transició
ecològica.»
Congrés, 13 de gener de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada de Compromís.Néstor Rego Candamil, Diputat de BNG, Portaveu del Grup Parlamentari Mixt.
161/002913
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de Ley relativa al rechazo del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Mercosur, a la no aplicación provisional del mismo y a la defensa de la soberanía alimentaria, la agricultura social y profesional y los derechos del campesinado, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En las últimas semanas, agricultores y ganaderos de toda Europa han vuelto a salir a la calle para defender su derecho a vivir dignamente de su trabajo, para exigir precios justos, políticas públicas coherentes y una Unión Europea que
proteja su producción de alimentos en lugar de sacrificarla en el altar del libre comercio y los intereses de las grandes multinacionales.
Las movilizaciones de las organizaciones agrarias son también contra los recortes en la Política Agraria Común (PAC), recortes que son consecuencia directa de la orientación belicista del nuevo Marco Financiero Plurianual, que plantea una
reducción de en torno al 22 % de los fondos agrarios mientras multiplica por cinco el gasto militar. Una decisión política que evidencia que, para la actual Comisión Europea, la soberanía alimentaria no es una prioridad, frente a los intereses de
la industria armamentística y de las grandes multinacionales.
En este contexto, la Unión Europea avanza hacia la firma y aplicación del Acuerdo de Asociación con los países del Mercosur, un acuerdo de libre comercio que se presenta como un supuesto avance histórico, pero que en realidad supone una
amenaza directa para la agricultura y la ganadería social y profesional europeas, para el medio ambiente, para la seguridad alimentaria y para los derechos del campesinado tanto en Europa como en América del Sur. Asimismo, este acuerdo supone un
perjuicio directo para los consumidores europeos, al fomentar la entrada de productos alimentarios con menores estándares sanitarios, ambientales y de bienestar animal, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos
disponibles en el mercado.
El acuerdo con Mercosur elimina aranceles y barreras de protección a la producción local, obligando a los agricultores y ganaderos europeos a competir con productos procedentes de países con estándares ambientales, laborales, sanitarios y dé
bienestar animal claramente inferiores. Mientras a la producción europea cumple con exigencias estrictas en materia de uso de fitosanitarios, protección del medio ambiente, derechos laborales y seguridad alimentaria, la propia Unión Europea abre su
mercado a productos que no cumplen esas mismas condiciones, generando una competencia desleal de manual. Esta dinámica beneficia de manera clara a las grandes multinacionales agroalimentarias y de la distribución, mientras perjudica gravemente a la
agricultura y ganadería social y profesional, tanto en Europa como en América del Sur.
A esta situación se suma el riesgo cierto de que, como respuesta a la supuesta necesidad de mejorar la «competitividad» de la producción europea frente a los efectos del acuerdo con Mercosur, la derecha europea impulse una peligrosa
flexibilización de
las normativas en materia de agua, protección ambiental y uso de fitosanitarios tal y como se desprende de las conclusiones de la reunión extraordinaria de ministros de agricultura con los comisarios de Agricultura y Alimentación, Christophe
Hansen, de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, y de Salud y Bienestar Animal, Oliver Varhelyi, el pasado 7 de enero. Esta deriva normativa, lejos de resolver los problemas estructurales del sector, tendría graves consecuencias para la
salud de los consumidores, de los propios agricultores y ganaderos y para la conservación del medio ambiente, suponiendo un retroceso inaceptable en los estándares de protección conquistados tras décadas de lucha social y ambiental.
La Comisión Europea ha intentado maquillar este problema mediante la aprobación de una cláusula de salvaguardia agrícola vinculada al acuerdo con Mercosur. Sin embargo, dicha cláusula es débil, tardía y prácticamente inaplicable, tal y como
denuncian las propias organizaciones agrarias europeas. Para activarla se exige demostrar un «perjuicio grave», un estándar jurídico extremadamente elevado y ambiguo; se obliga a probar que el daño procede exclusivamente del acuerdo, algo casi
imposible en mercados afectados por múltiples factores; y las medidas que contempla son temporales, limitadas y susceptibles de bloqueo político por parte de los Estados miembros. No se trata de una herramienta preventiva eficaz, sino de un parche
que no aborda los problemas estructurales de la agricultura europea.
Este acuerdo entra en clara contradicción con los objetivos de la estrategia europea «De la Granja a la Mesa», que pretende avanzar hacia un modelo alimentario más sostenible, justo y saludable. No es coherente exigir a los productores
europeos una transición ecológica ambiciosa mientras se fomenta la importación de productos obtenidos bajo modelos productivos intensivos, social y ambientalmente insostenibles. El acuerdo con Mercosur va en contra de la soberanía alimentaria y
dificulta la necesaria transición agroecológica, al reforzar un modelo de comercio globalizado basado en largas cadenas de suministro y en una lógica de precios bajos a costa del medio ambiente y de los derechos sociales.
Asimismo, la aplicación del acuerdo con Mercosur vulnera el espíritu y los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), al poner en
riesgo el derecho a una vida digna, al trabajo, a la tierra, a la soberanía alimentaria y a unos medios de vida sostenibles para las comunidades campesinas, tanto en Europa como en América del Sur.
Desde el punto de vista ambiental, el acuerdo con Mercosur supone un grave retroceso, al incentivar el aumento de las importaciones de productos agroalimentarios a larga distancia, incrementando de forma significativa la huella ecológica y
la huella de carbono del sistema alimentario europeo. Este modelo comercial es incompatible con los objetivos climáticos de la Unión Europea y con la protección del medio natural, tanto en los territorios productores como en los consumidores.
En el caso España, el impacto del acuerdo será especialmente duro en sectores ya tensionados como el vacuno, el avícola, el azúcar o el maíz, afectando al empleo rural, a la ganadería extensiva y al equilibrio territorial. El golpe es
doble: apertura del mercado a una competencia desleal y, al mismo tiempo, recortes en la PAC impulsados por la derecha europea para financiar el rearme y beneficiar a la industria armamentística, en gran medida norteamericana. El acuerdo responde
a los intereses de la industria centroeuropea y de las grandes corporaciones exportadoras, mientras sacrifica al campo y a la producción agraria en países como España.
Resulta especialmente grave que este acuerdo cuente con el apoyo del Partido Popular, del PSOE y de la ultraderecha que encabeza Giorgia Meloni, así como que el Partido Popular y Vox respalden una estrategia de rearme europeo que se hace a
costa del campo, de los fondos agrarios y de la soberanía alimentaria.
Defender al campo no es firmar el acuerdo con Mercosur ni recortar la PAC. Defender al campo es rechazar este mal acuerdo y apostar por una PAC fuérte, bien
financiada y orientada a apoyar estratégicamente a la agricultura y la ganadería social y profesional.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Rechazar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, por considerar que sus cláusulas de salvaguardia no evitan los daños previstos sobre la agricultura y la ganadería social y profesional, la soberanía alimentaria, el
medio ambiente, los consumidores y los derechos del campesinado.
2. No aceptar ni participar en la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur, en el caso de que la Comisión Europea pretenda activarla antes de su ratificación por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales.
3. Defender en el seno de la Unión Europea la coherencia de las políticas comerciales con la estrategia 'De la Granja a la Mesa', evitando acuerdos que socaven los objetivos ambientales, sociales, de seguridad alimentaria y de transición
agroecológica de la propia Unión.
4. Garantizar el cumplimiento efectivo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) en todas las políticas comerciales y agrarias, priorizando la soberanía alimentaria y la protección de las
comunidades rurales.
5. Apoyar de manera explícita las reivindicaciones del sector agrario europeo, oponiéndose a los recortes de la Política Agraria Común y defendiendo una PAC suficientemente financiada que refuerce la agricultura y la ganadería social y
profesional.
6. Rechazar una orientación belicista del presupuesto europeo que prioriza el gasto militar y el rearme.en detrimento de los fondos agrarios, la cohesión territorial, la protección del medio ambiente y la soberanía alimentaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2026.Juan Antonio Valero Morales, Diputado.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002916
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley relativa a la defensa de los
sectores agrario y ganadero, el medioambiente y el control democrático ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La agricultura y la ganadería constituyen sectores estratégicos para la economía, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria del Estado español, y muy especialmente de las comarcas mediterráneas. Su viabilidad depende de la
existencia de condiciones de competencia justa, del respeto de los estándares ambientales, sanitarios y laborales, y de un marco comercial internacional coherente con estos principios.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ha vuelto a situarse en el centro del debate político e institucional a raíz de la voluntad del Consejo de la Unión Europea de
avanzar hacia su aplicación provisional sin que se haya producido previamente la ratificación del
Parlamento Europeo. Esta forma de proceder genera una grave preocupación por el déficit democrático con el que se está gestionando un acuerdo de gran alcance, con consecuencias estructurales y duraderas sobre los territorios, los sectores
productivos y los estándares sociales y ambientales.
Más allá de las formas, el contenido del acuerdo UE-Mercosur supone una amenaza evidente para sectores clave de la economía valenciana, especialmente la agricultura y la ganadería. Organizaciones profesionales representativas del sector,
como AVA-ASAJA y La Unió Llauradora i Ramadera, han advertido reiteradamente de los efectos de competencia desleal que se derivarían de la liberalización de cerca del 90 % de los productos incluidos en el acuerdo, permitiendo la entrada masiva de
productos agrícolas y cárnicos producidos bajo estándares ambientales, sanitarios y laborales muy inferiores a los exigidos a los productores europeos.
Aunque formalmente los productos importados deberían cumplir la normativa comunitaria, la realidad evidencia que los mecanismos de control son claramente insuficientes. En toda la Unión Europea existe un número muy limitado de profesionales
veterinarios encargados de verificar todas las importaciones agroalimentarias procedentes de terceros países, lo que dificulta enormemente garantizar el cumplimiento efectivo de los estándares exigidos. Esta situación incrementa el riesgo para la
salud de las personas consumidoras, especialmente ante la entrada de productos procedentes de países en los que no se permite el uso de pesticidas y otras sustancias prohibidas en la Unión Europea. No es casualidad que organizaciones de defensa de
las personas consumidoras, como la BEUC, hayan manifestado su rechazo al acuerdo. Además, a diferencia de otros recientes acuerdos comerciales, como los suscritos con Nueva Zelanda o Chile, el acuerdo UE-Mercosur no incorpora ningún capítulo
específico de fomento de sistemas alimentarios sostenibles.
Desde el punto de vista ambiental y climático, el acuerdo resulta incompatible con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París y con los objetivos climáticos de la Unión Europea. La apertura comercial con los países del
Mercosur puede profundizar un modelo económico basado en la expansión de la agroindustria intensiva, el extractivismo y la deforestación masiva. Diversos estudios apuntan a que el acuerdo podría provocar un incremento significativo de la
deforestación, especialmente en la Amazonia. Además, el texto del acuerdo contempla mecanismos que permitirían compensar económicamente los supuestos perjuicios derivados de nuevas normativas de protección ambiental, lo que puede acabar
desincentivando la adopción de políticas climáticas más ambiciosas por parte de los Estados.
Por lo que respecta a los derechos sociales y al desarrollo sostenible, los beneficiarios económicos anunciados son muy limitados. Distintas estimaciones sitúan el impacto positivo sobre el PIB europeo en torno a un 0,1 %, sin que el
acuerdo incorpore mecanismos efectivos para garantizar una distribución justa de la riqueza ni el respeto de los derechos laborales fundamentales. Las confederaciones sindicales, tanto europeas como sudamericanas, han expresado su rechazo al
acuerdo, así como las denuncias relativas a la falta de participación de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan directamente a sus territorios y medios de vida.
La oposición al acuerdo UE-Mercosur no responde a un rechazo al comercio internacional ni al establecimiento de relaciones con América Latina, sino a la necesidad de defender un modelo de relaciones comerciales justo, democrático y
compatible con la protección del medioambiente, los derechos sociales y la soberanía alimentaria. Un acuerdo de esta magnitud debería proteger a los sectores más vulnerables, garantizar la reciprocidad normativa y situar el interés general por
encima de los beneficios de unos pocos grandes actores económicos.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Manifestar su rechazo y su profunda preocupación ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, tanto por su contenido, que genera una situación de competencia desleal que perjudica gravemente a los agricultores y
ganaderos valencianos y de otros territorios del Estado, especialmente en sectores estratégicos como los cítricos, el arroz, la ganadería y otras producciones mediterráneas, como por la forma antidemocrática en la que se ha impulsado su aplicación
provisional sin la ratificación previa del Parlamento Europeo.
2. Defender, en el seno del Consejo de la Unión Europea, la paralización de la aplicación efectiva del acuerdo UE-Mercosur mientras no se garanticen mecanismos reales de control democrático, así como la incorporación de cláusulas de
salvaguarda automáticas que protejan los sectores productivos más vulnerables.
3. Exigir la reciprocidad plena en materia ambiental, sanitaria y laboral en cualquier acuerdo comercial internacional, impidiendo la importación de productos que no cumplan los mismos estándares exigidos a los productores y productoras de
la Unión Europea.
4. Impulsar la elaboración de evaluaciones de impacto territorial específicas sobre los efectos económicos, sociales, ambientales y climáticos del acuerdo UE-Mercosur, con la participación de las comunidades autónomas, los sectores
afectados y las organizaciones profesionales agrarias.
5. Desarrollar políticas de apoyo, promoción y diferenciación de los productos agrarios producidos en el Estado español, poniendo en valor el origen, la calidad, la trazabilidad y los elevados estándares ambientales y sociales de las
producciones locales.
6. Estudiar la creación de mecanismos de compensación económica destinados a paliar las posibles pérdidas derivadas de la entrada de productos procedentes del Mercosur, con especial atención a las explotaciones familiares y al
cooperativismo agrario.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei relativa a la defensa dels sectors
agrari i ramader, el medi ambient i el control democràtic davant lacord comercial entre la Unió Europea i Mercosur, per al seu debat en Comissió dAgricultura, Pesca i Alimentació.
Exposició de motius
Lagricultura i la ramaderia constitueixen sectors estratègics per a leconomia, la cohesió territorial i la sobirania alimentària de lEstat espanyol, i molt especialment de les comarques mediterrànies. La seua viabilitat depén de
lexistència de condicions de competència justa, del respecte als estàndards ambientals, sanitaris i laborals, i dun marc comercial internacional coherent amb aquests principis.
Lacord comercial entre la Unió Europea i els països del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai) ha tornat a situar-se en el centre del debat polític i institucional arran de la voluntat del Consell de la Unió Europea davançar cap
a la seua aplicació
provisional sense que shaja produït prèviament la ratificació del Parlament Europeu. Aquesta manera de procedir genera una greu preocupació pel dèficit democràtic amb què sestà gestionant un acord de gran abast, amb conseqüències
estructurals i duradores sobre els territoris, els sectors productius i els estàndards socials i ambientals.
Més enllà de les formes, el contingut de lacord UE-Mercosur suposa una amenaça evident per a sectors clau de leconomia valenciana, especialment lagricultura i la ramaderia. Organitzacions professionals representatives del sector, com
AVA-ASAJA i La Unió Llauradora i Ramadera, han advertit reiteradament dels efectes de competència deslleial que es derivarien de la liberalització de prop del 90 % dels productes inclosos en lacord, permetent lentrada massiva de productes
agrícoles i carnis produïts sota estàndards ambientals, sanitaris i laborals molt inferiors als exigits als productors europeus.
Tot i que formalment els productes importats haurien de complir la normativa comunitària, la realitat evidencia que els mecanismes de control són clarament insuficients. A tota la Unió Europea existeix un nombre molt limitat de
professionals veterinaris encarregats de verificar totes les importacions agroalimentàries procedents de tercers països, fet que dificulta enormement garantir el compliment efectiu dels estàndards exigits. Aquesta situació incrementa el risc per a
la salut de les persones consumidores, especialment davant lentrada de productes procedents de països on no es permet lús de pesticides i altres substància prohibies a la Unió Europea. No és casualitat que organitzacions de defensa de les
persones consumidores, com la BEUC, hagen manifestat el seu rebuig a lacord. A més, a diferència daltres acords comercials recents, com els subscrits amb Nova Zelanda o Xile, lacord UE-Mercosur no incorpora cap capítol específic de foment de
sistemes alimentaris sostenibles.
Des del punt de vista ambiental i climàtic, lacord resulta incompatible amb els compromisos assumits en el marc de lAcord de París i amb els objectius climàtics de la Unió Europea. Lobertura comercial amb els països del Mercosur pot
aprofundir un model econòmic basat en lexpansió de lagroindústria intensiva, lextractivisme i la desforestació massiva. Diversos estudis apunten que lacord podria provocar un increment significatiu de la desforestació, especialment a
lAmazònia. A més, el text de lacord contempla mecanismes que permetrien compensar econòmicament els suposats perjudicis derivats de noves normatives de protecció ambiental, la qual cosa pot acabar desincentivant ladopció de polítiques
climàtiques més ambicioses per part dels estats.
Pel que fa als drets socials i al desenvolupament sostenible, els beneficiaris econòmics anunciats són molt limitats. Diferents estimacions situen limpacte positiu sobre el PIB europeu al voltant dun 0,1 %, sense que lacord incorpore
mecanismes efectius per garantir una distribució justa de la riquesa ni el respecte dels drets laborals fonamentals. Les confederacions sindicals, tant europees com sud-americanes, han expressat el seu rebuig a lacord, així com les denúncies
relatives a la manca de participació dels pobles indígenes en les decisions que afecten directament els seus territoris i mitjans de vida.
Loposició a lacord UE-Mercosur no respon a un rebuig al comerç internacional ni a lestabliment de relacions amb Amèrica Llatina, sinó a la necessitat de defensar un model de relacions comercials just, democràtic i compatible amb la
protecció del medi ambient, els drets socials i la sobirania alimentària. Un acord daquesta magnitud hauria de protegir els sectors més vulnerables, garantir la reciprocitat normativa i situar linterés general per damunt dels beneficis duns pocs
grans actors econòmics.
Per tot lexposat anteriorment, presente la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés insta al Govern de lEstat a:
1. Manifestar el seu rebuig i la seua profunda preocupació davant lacord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur, tant pel seu contingut, que genera una situació de competència deslleial que perjudica greument els llauradors i
ramaders valencians i
daltres territoris de lEstat, especialment en sectors estratègics com els cítrics, larròs, la ramaderia i altres produccions mediterrànies, com per la forma antidemocràtica en què sha impulsat la seua aplicació provisional sense la
ratificació prèvia del Parlament Europeu.
2. Defensar, en el si del Consell de la Unió Europea, la paralització de laplicació efectiva de lacord UE-Mercosur mentre no es garantisquen mecanismes reals de control democràtic, així com la incorporació de clàusules de salvaguarda
automàtiques que protegisquen els sectors productius més vulnerables.
3. Exigir la reciprocitat plena en matèria ambiental, sanitària i laboral en qualsevol acord comercial internacional, impedint la importació de productes que no complisquen els mateixos estàndards exigits als productors i productores de la
Unió Europea.
4. Impulsar lelaboració davaluacions dimpacte territorial específiques sobre els efectes econòmics, socials, ambientals i climàtics de lacord UE-Mercosur, amb la participació de les comunitats autònomes, els sectors afectats i les
organitzacions professionals agràries.
5. Desenvolupar polítiques de suport, promoció i diferenciació dels productes agraris produïts a lEstat espanyol, posant en valor lorigen, la qualitat, la traçabilitat i els elevats estàndards ambientals i socials de les produccions
locals.
6. Estudiar la creació de mecanismes de compensació econòmica destinats a pal·liar les possibles pèrdues derivades de lentrada de productes procedents del Mercosur, amb especial atenció a les explotacions familiars i al cooperativisme
agrari.»
Palau del Congrés dels Diputats, 20 de gener de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portaveu adjunt del Grup Parmalentari Mixt.
161/002925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al 500 aniversario del chocolate en España, para su debate en la Comisión
de Agricultura, Alimentación y Pesca.
Exposición de motivos
En el año 2034 se cumplirán quinientos años desde que se tiene constancia de la elaboración del primer chocolate en el mundo tal y como hoy lo conocemos. Según un amplio número de fuentes documentales, este hito tuvo lugar en 1534 en las
cocinas del Monasterio de Piedra, en Nuévalos (Zaragoza).
Los estudios historiográficos acreditan que un monje de la orden del Císter, Fray Jerónimo de Aguilar, quien acompañó como traductor a Hernán Cortés en su viaje a México, fue el responsable del envío del primer cargamento de cacao, junto con
la receta para su elaboración, al abad del monasterio, Antonio de Alvaro.
De este modo, puede afirmarse que aquellos monjes fueron los primeros europeos en probar este nuevo producto gastronómico. Aunque el cacao llegó a España poco después de la expedición de Cortés, no fue hasta 1534 cuando se elaboró un
chocolate similar al actual, dado que aquel «primer chocolate a la taza» incorporaba, además del cacao, azúcar, canela y vainilla.
Se ha documentado que, previamente, en 1521, el emperador Moctezuma II ofreció cacao a Hernán Cortés y que fue en una carta de este último donde aparece por primera vez, en la cultura europea, la referencia al chocolate como «el alimento de
los dioses», siguiendo la tradición mitológica azteca.
La palabra chocolate procede del término náhuatl xocoatl, compuesto por xoco (amargo) y atl (agua).
La Orden Cisterciense mantuvo, de acuerdo con numerosos documentos, una amplia tradición chocolatera. En algunos monasterios todavía se conserva la estructura de pequeñas estancias situadas sobre los claustros donde los monjes cocinaban y
degustaban el chocolate.
Así nació la bebida dulce del chocolate a la taza, que posteriormente alcanzaría gran popularidad en distintas cortes europeas, después de que una princesa española lo introdujera en Versalles y el emperador lo difundiera más tarde en Viena.
Las propiedades medicinales del chocolate fueron muy apreciadas en Europa entre los siglos XVI y XIX, llegando a utilizarse como remedio digestivo y estimulante.
Además, se ha acreditado que el chocolate con un elevado porcentaje de cacao, consumido con moderación, aporta beneficios para la salud (sistema cardiovascular, función cognitiva, estado de la piel, entre otros).
España cuenta hoy con un significativo número de empresas con larga tradición chocolatera, cuya actividad continúa vigente. La conmemoración del quinto centenario de la fabricación del primer chocolate en España constituye una oportunidad
para visibilizar la calidad del producto, destacar sus beneficios, subrayar su importancia económica en numerosos municipios y promover su valor cultural y gastronómico.
En nuestro país ya se han organizado distintos eventos vinculados a la elaboración del chocolate. Por ello, se considera oportuno aprovechar el singular aniversario para diseñar e impulsar diversas iniciativas destinadas a la creación de un
paquete turístico de ámbito nacional relacionado con este producto, que podría incluir:
un plan estratégico del chocolate como recurso turístico;
el diseño de rutas turísticas ligadas a su elaboración y a su relevancia en la economía local;
la organización de congresos monográficos sobre el sector del chocolate, su valor gastronómico y su potencial turístico;
y la celebración de diversos eventos durante el año 2034.
Para la consecución de este objetivo resulta indispensable la colaboración de las Administraciones Públicas competentes (agricultura, turismo, sanidad, cultura), junto con las empresas del sector chocolatero, los maestros chocolateros, las
academias gastronómicas y todos aquellos agentes vinculados a este ámbito.
En definitiva, se trata de estudiar la organización de la conmemoración del 500 aniversario del nacimiento del primer chocolate del mundo en el Monasterio de Piedra, en Nuévalos (Zaragoza), con el fin de poner en valor esta efeméride y
reconocer la importancia que la fabricación de chocolate representa, en la actualidad, para numerosos municipios de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las acciones necesarias para la conmemoración del 500 aniversario de la elaboración del primer chocolate del mundo en España, que se celebrará en 2034, en colaboración con las Administraciones Públicas competentes, las empresas
del sector chocolatero, los maestros chocolateros, las academias gastronómicas y cualquier otro agente vinculado a esta actividad.
2. Reconocer el potencial turístico que la puesta en valor de la fabricación del chocolate puede representar para numerosos municipios españoles.
3. Colaborar en la organización de eventos que, con el horizonte del año 2034, permitan difundir la historia de la llegada del chocolate a España, su relevancia para la gastronomía mundial y la importancia económica del sector en nuestro
país.
4. Acordar la organización, en el año 2034, de un evento final en Aragón para conmemorar los 500 años de la elaboración del primer chocolate en España. Asimismo, impulsar las medidas necesarias para promover la declaración institucional de
Aragón, capital mundial del chocolate durante ese año.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2026.Víctor Javier Ruiz de Diego, Marta Gracia Blanco y Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a la producción del ajo
en España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El cultivo del ajo (Allium sativum) tiene un origen milenario en regiones de Asia Central, que actualmente se corresponden con Turkmenistán, Uzbekistán, Irán y Afganistán. Hay evidencias de su uso en el antiguo Egipto, donde formaba parte
de la dieta de trabajadores y esclavos que construyeron las pirámides. Pero fue en la época del Imperio Romano cuando el ajo comenzó a formar parte de la dieta cotidiana y se expandió por todos los territorios del imperio a través de las rutas
comerciales. Durante la expansión Islámica (siglos VII-XI) el ajo llegó a la Península Arábiga, el Norte de África y Al-Andalus, consolidando su presencia en la dieta mediterránea. Estas rutas comerciales permitieron no solo el comercio de este
bulbo, sino también el intercambio de técnicas de cultivo, usos medicinales y costumbres culinarias. Y en la Edad Media ya era un ingrediente común en muchas culturas europeas.
En la actualidad, el cultivo del ajo tiene una gran importancia en la economía y agricultura española, tanto por su valor económico como por su papel social y territorial. El cultivo del ajo está muy extendido a lo largo de buena parte del
territorio de nuestro país, siendo España el quinto productor a nivel mundial y el primer productor europeo; con una producción en torno a las 280.000 toneladas, solo por detrás de China, India, Bangladés y Egipto.
Nuestro país es también el primer exportador de la Unión Europea, siendo Francia, Alemania, Italia, Reino Unido los principales importadores, pero también fuera de Europa, EE. UU., Brasil y Marruecos. Se estima es que la producción de este
cultivo en España representa un valor de 900 millones de euros, de los cuales aproximadamente 400 millones de euros se destinan a la exportación, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No obstante, en 2024 también se
importaron ajos de otros países por un valor de en torno a 17 millones de euros.
Castilla-La Mancha es la región principal productora de ajos de España, con una superficie cultivada de 15.535 hectáreas, seguida de lejos por Andalucía y Castilla y León con 2.400 y 2.000 hectáreas de cultivo aproximadas.
Todos estos datos evidencian la importancia del cultivo y producción del ajo en España y en Castilla-La Mancha en concreto. Es en esta región donde se localiza la única Indicación Geográfica Protegida (IPG) de este cultivo, la «IGP Ajo
morado de las Pedroñeras», que engloba 82 municipios de Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo.
No menos importante es el papel social y territorial que este cultivo representa en buena parte de nuestro país, ayudando a fijar población y a generar en empleo durante
todo el ciclo agrícola (siembra, mantenimiento, recolección, manipulación y envasado) en buena parte de zonas rurales.
Estamos hablando de un sector que ha implementado prácticas agrícolas sostenibles, innovado tecnológicamente y desarrollado nuevas variedades más resistentes, una verdadera estrategia clave para mejora en producción y competitividad.
Sin embargo, algunos datos demuestran las dificultades que está atravesando este cultivo. Según datos de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de ajo, ANPCA, la superficie de cultivo de ajo en 2024 en España habría
descendido entre el 15 % y 20 % respecto al año anterior y un 30 % respecto a las dos últimas campañas, totalizando 20.926 hectáreas. Castilla-La Mancha, que es la principal productora en España, reducirá las hectáreas respecto al año anterior en
un 14 %, Andalucía una disminución del 23 % y Castilla y León tendría un descenso del 23,5 % de la superficie cultivada.
El panorama es incierto para el sector del ajo y son muchas las causas que pueden estar produciendo esta reducción de superficie cultivada, que por sí misma ya es un problema. A los cambios en la demanda o las condiciones meteorológicas se
unen, una regulación europea cada vez más estricta, la creciente competencia internacional, la falta de mano de obra y el relevo generacional, no solo en el campo sino también en la gestión de las explotaciones, y las restricciones hídricas. A lo
mencionado hay que unir el aumento exponencial de los costes de producción, la pérdida de herramientas de control fitosanitario, la falta de materias activas para el control de hierbas de hoja ancha o enfermedades.
En este sentido, es fundamental que el Gobierno de España, en coordinación con las Autoridades Europeas autorice la incorporación de nuevas materias activas, especialmente para el control de las malas hierbas de hoja ancha y fungicidas
destinados a combatir enfermedades como el Stemphilium (blanquilla), que hoy en día hace prácticamente inviable la rentabilidad del ajo morado. Las materias activas en la actualidad autorizadas no controlan eficazmente esta enfermedad, provocando
un descenso significativo de los rendimientos y una reducción progresiva de la superficie de siembra. Esta situación pone en riesgo la continuidad de un cultivo emblemático con Indicación Geográfica Protegida, que representa una seña de identidad y
un motor económico para amplias zonas rurales de Castilla-La Mancha y Castilla León.
A todo ello se une añade una nueva preocupación, la imposición de nuevos aranceles por parte de EEUU, este país representa uno de los principales destinos del ajo español fuera de la UE, con una exportación de 18.759,2 toneladas y 67,41
millones de euros en valor y en 2024. El ajo español es especialmente valorado en el mercado norteamericano por su calidad frente al ajo chino.
Es por todo ello y ante la nueva situación de tensión internacional que se hace necesario un apoyo decidido y firme del Gobierno de España a este sector estratégico de nuestra agricultura que garantice la viabilidad y sostenibilidad de la
explotaciones y cooperativas que generan empleo, riqueza y ayudan a fifar población en muchos de nuestros pueblos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reconocer la importancia de la producción del ajo, como sector estratégico dentro del sector hortícola español y garantizar herramientas para competir en igualdad de condiciones que otros países productores.
2. Impulsar e intensificar las campañas de promoción del ajo producido en España, especialmente las incluidas en calidad diferenciada de Castilla-La Mancha, poniendo en valor su calidad, trazabilidad y valor nutricional para diferenciarlo
del ajo asiático.
3. Reforzar los controles en fronteras para garantizar que el ajo importado de otros países cumple las mismas exigencias fitosanitarias, laborales o medioambientales que se exigen a los productores españoles.
4. Apoyar la investigación agraria, imprescindible para mejorar variedades de ajo, técnicas de cultivo, procesos de transformación y mejoras en la conservación.
5. Vigilar el correcto etiquetado e identificación del ajo por parte de las cadenas de distribución y envasado.
6. Trabajar por la diversificación de mercados e Instar a la UE a entablar las negociaciones oportunas ante los posibles desafíos internacionales que puedan perjudicar al sector.
7. Trabajar en coordinación con las CCAA y las Asociaciones profesionales del sector en el diseño de medidas de apoyo específico que favorezcan la competitividad, la innovación, la sostenibilidad y la calidad del cultivo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Antonio Martínez Gómez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata,
María del Socorro Cuesta Rodríguez, Joaquín Melgarejo Moreno, Ainhoa Molina León, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad urgente para
garantizar la adecuada aplicación en España del Reglamento (UE) 2023/2842 sobre control pesquero y adoptar medidas inmediatas para evitar perjuicios al sector, especialmente a la pesca costera artesanal, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El próximo 10 de enero de 2026 será la fecha para la plena aplicación del Reglamento (UE) 2023/2842, que revisa de forma profunda el régimen de control de la Política Pesquera Común e impone nuevas obligaciones de seguimiento, notificación
electrónica, localización, trazabilidad digital y control de actividades pesqueras.
Los reglamentos europeos son de obligado cumplimiento y aplicación directa en todos los Estados miembros, por lo que también se aplicará en España. Aunque la entrada en vigor del Reglamento tuvo lugar en enero de 2024, a un mes de la fecha
en la que sus obligaciones serán plenamente exigibles, España carece aún de un plan operativo público que garantice la correcta aplicación de la normativa y evite consecuencias negativas para el sector pesquero, especialmente para la pesca costera
artesanal.
La falta de preparación, planificación y adaptación normativa y tecnológica por parte del Gobierno puede provocar: que numerosas embarcaciones de pequeña eslora no dispongan de los equipos electrónicos necesarios; que parte del sector
quede expuesto a sanciones por incumplimientos derivados no de mala praxis, sino de ausencia de medios; que exista un colapso administrativo por la implantación repentina de sistemas digitales complejos; que las comunidades pesqueras más
vulnerables sufran los
mayores impactos, al no poder asumir los costes ni las dificultades técnicas de adaptación.
Este retraso supone un riesgo grave para la continuidad de la actividad, la seguridad jurídica del sector y la igualdad competitiva respecto a otros Estados miembros que sí han preparado su implementación con antelación.
Hay distintos aspectos que preocupan al sector. Uno es la implantación del sistema de seguimiento electrónico (ERS-diario electrónico de a bordo) para todos los buques mayores o iguales a 12m, en el caso de buques menores de 12m se vuelve
obligatorio progresivamente, pero el Estado miembro puede retrasarlo hasta 2028 si justifica que no dispone de dispositivos adecuados para embarcaciones pequeñas.
Otro aspecto sería el registro electrónico de capturas (logbook digital) obligatorio para todos los buques mayores a 12m, siendo para los menores de 12m obligatorio si el Estado miembro determina que dispone de medios técnicos.
Igualmente preocupa la notificación previa de entrada en puerto (incluido preaviso para desembarque) y la duración del preaviso, que puede ser entre 4 y 1 hora según el tipo de pesquería y del puerto, para todos los buques mayores de 12m,
los menores de 12m si llevan captura de especies con obligación de desembarque o sujetas a TACs.
En el mismo sentido inquieta la declaración de desembarque electrónica para todos los buques mayores de 12m, ya que los menores de 12m tienen la obligación si descargan especies sujetas a cuota o si el Estado decide aplicarlo a toda la
flota.
Otro aspecto que supone una gran dificultad para pequeños barcos sin conectividad es la trazabilidad digital obligatoria (desde primera venta hasta destino final) los buques menores de 12m deben entregar información digital de captura.
Así mismo, Pesaje obligatorio antes de la primera venta, aunque pueden aplicarse excepciones para buques menores de 12m dependiendo de la especie y destino de comercialización.
Otra cuestión que puede tener gran impacto en comunidades costeras y cofradías que conviven con pesca recreativa es el Control reforzado de pesca recreativa (registro y declaración electrónica) en especies con TACs o con obligación de
desembarque. Esto cuestión afectaría, sobre todo, al atún rojo, pez espada y túnidos tropicales.
También es importante destacar que el Reglamento (UE) 2023/2842, de 22 de noviembre de 2023, introduce cambios relativos a la exportación de productos pesqueros de la Unión, tales como el uso obligatorio del Sistema CATCH (certificación
digital de importaciones contra pesca INDNR), un nuevo sistema para la solicitud de expedientes de importación, exportación y reexportación, que ya estaría operativo en España, pero debe ser profundamente conocido por los operadores.
Por todo ello, resulta imprescindible exigir al Gobierno que actúe de manera urgente e inmediata para garantizar que el 10 de enero el sector pesquero español, y especialmente la pesca artesanal, no se vea sometido a una situación de
inseguridad y desprotección.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Analizar la situación real del sector pesquero español respecto a la implantación de sistemas electrónicos de seguimiento, notificación y trazabilidad exigidos por el Reglamento, identificando los segmentos de flota especialmente la
pesca costera artesanal que no están preparados para su cumplimiento.
2. Poner en marcha un programa de apoyo urgente destinado a la adquisición de equipos electrónicos, formación y asistencia técnica para las embarcaciones de pequeña eslora, garantizando que ninguna quede excluida por falta de medios
económicos o tecnológicos.
3. Establecer un protocolo transitorio que evite sanciones o penalizaciones al sector en aquellos casos en los que los incumplimientos deriven de la falta de
planificación y de la insuficiente preparación administrativa y tecnológica por parte del propio Gobierno.
4. Defender ante la Comisión Europea la necesidad de que se considere un periodo de adaptación razonable para las flotas de pequeña escala en aquellos Estados miembros en los que la implementación se haya visto obstaculizada por retrasos
administrativos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Antonio Martínez Gómez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier José Folch Blanc, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata, María del Socorro Cuesta
Rodríguez, Joaquín Melgarejo Moreno, Ainhoa Molina León, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Javier Merino Martínez, César Sánchez Pérez, Sergio Sayas López, Ana Martínez Labella, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la base
científica y a la adopción de medidas transitorias para la gestión del abadejo en las zonas VIII y IX del Atlántico, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El abadejo es una especie de gran relevancia socioeconómica para la flota española que opera en las zonas VIII y IX del Atlántico, especialmente para la flota artesanal y polivalente, cuyo papel resulta esencial para el mantenimiento del
empleo, la actividad económica y la cohesión social en numerosas comunidades costeras.
En el Reglamento de la Unión Europea por el que se fijan, para el presente año, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, el stock de abadejo en las citadas zonas ha sido gestionado como una
población con datos limitados en la clasificación científica utilizada por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM o ICES por sus siglas en ingles). Este cambio supone que la evaluación del recurso se apoya fundamentalmente en
series de capturas declaradas, sin disponer de índices de abundancia suficientemente sólidos.Dicha circunstancia no obedece necesariamente a un deterioro acreditado del estado biológico del recurso, sino a la insuficiencia y baja representatividad
de los datos científicos disponibles, lo que incrementa la incertidumbre y conduce a la aplicación de enfoques excesivamente precautorios en la fijación de las posibilidades de pesca. Esta situación contrasta con la información observacional
aportada por el propio sector pesquero, que constata una disponibilidad del recurso superior a la reflejada en las actuales limitaciones de capturas.
Esta cuestión resulta especialmente relevante en el análisis del stock de abadejo en las zonas VIII y IX, habida cuenta de que el propio CIEM señala que, para la evaluación del recurso, «se consideró un índice de biomasa del stock utilizando
el LPUE estandarizado del arrastre de fondo comercial francés como indicador del desarrollo del stock». Sin embargo, este enfoque presenta importantes limitaciones de representatividad, dado que más del 60 %, y potencialmente hasta el 80 %, de las
capturas de abadejo en dichas zonas son realizadas por artes de enmalle y anzuelos, mientras que el arrastre de fondo francés solo opera de manera significativa en las
subzonas Villa y VIIIb. En consecuencia, el índice utilizado no refleja adecuadamente la realidad del conjunto de la pesquería ni la distribución espacial y operativa de las flotas que explotan mayoritariamente este recurso.
La Política Pesquera Común establece que las decisiones de gestión deben basarse en el mejor asesoramiento científico disponible, pero también que dichas decisiones deben ser proporcionadas, adaptativas y socialmente equilibradas. En este
sentido, resulta necesario reforzar con urgencia la base científica del abadejo en las zonas VIII y IX, al tiempo que se articulan medidas transitorias que eviten perjuicios económicos innecesarios mientras se completa una evaluación científica más
robusta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar de manera inmediata la recopilación y calidad de los datos científicos relativos al abadejo en las zonas VIII y IX del Atlántico, mediante campañas científicas específicas, mejora de los muéstreos biológicos y una mayor
integración de la información procedente de la flota pesquera.
2. Revisar los datos científicos, contemplando la propuesta de modificación de la categoría del informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) de esta especie, pasando de la categoría 3 a la 4 y reforzando el
suministro de datos a ICES desde la Secretaría General de Pesca e Instituto Español de Oceanografía (IEO), para aportar aquellos provenientes de las flotas españolas de artes fijos.
3. Revisar la gestión de la cuota atribuida a España, generando una mayor adecuación entre los datos históricos y el impacto social generado por los desembarques de esta especie en el Caladero Cantábrico y Noroeste.
4. Impulsar la participación activa del sector pesquero en los programas de recopilación de datos, fomentando sistemas de ciencia participativa que permitan incorporar el conocimiento empírico de los pescadores y mejorar la fiabilidad de
las evaluaciones científicas.
5. Utilizar los instrumentos financieros disponibles, en particular los fondos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), para apoyar el refuerzo de la investigación científica aplicada y de los sistemas de seguimiento
de esta pesquería.
6. Solicitar a la Comisión Europea y a los organismos científicos competentes la revisión de la evaluación del stock de abadejo en las zonas VIII y IX, una vez reforzada la base de datos, con el fin de que las posibilidades de pesca
reflejen adecuadamente el estado real del recurso.
7. Defender, mientras se lleva a cabo dicha evaluación científica reforzada, la adopción de medidas transitorias que permitan un incremento prudente y condicionado de las posibilidades de captura del abadejo, basado en la información
disponible, en la observación del sector y en el seguimiento continuo del recurso, garantizando en todo caso el respeto a los principios de sostenibilidad de la Política Pesquera Común.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Antonio Martínez Gómez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier José Folch Blanc, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata, María del Socorro Cuesta
Rodríguez, Joaquín Melgarejo Moreno, Ainhoa Molina León, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Javier Merino Martínez, César Sánchez Pérez, Sergio Sayas López, Ana Martínez Labella, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la aplicación flexible del
Reglamento de control de la pesca a la flota litoral y artesanal multiespecífica, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, modificado por el Reglamento
(UE) 2023/2842, constituye el principal instrumento para asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la eficacia de los sistemas de inspección y control.
Dicho marco normativo introduce y refuerza obligaciones como la notificación previa de llegada a puerto y el registro detallado de las capturas, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y el control de la actividad pesquera. No obstante,
el propio Reglamento reconoce la necesidad de aplicar estas obligaciones de forma proporcionada, permitiendo a los Estados miembros introducir flexibilidades cuando ello no comprometa la eficacia del control. En el caso de España, una parte muy
significativa de la flota opera en el litoral, en zonas muy próximas a la costa, con mareas de corta duración y desembarques frecuentes en los mismos puertos. Asimismo, la flota artesanal se caracteriza por ser multiespecífica, capturando un
elevado número de especies en cantidades reducidas, muchas de ellas sin relevancia desde el punto de vista de la gestión de cuotas o del impacto biológico.
La aplicación rígida de los plazos generales de preaviso de entrada a puerto, así como la obligación de consignar individualmente todas las especies capturadas, incluso cuando su peso es muy reducido, genera una carga administrativa
desproporcionada para este segmento de la flota, sin que ello aporte un valor añadido significativo al control pesquero. Esta situación afecta negativamente a la viabilidad económica de las explotaciones, a la seguridad en la mar y al mantenimiento
del tejido social y productivo de las zonas costeras.
Conviene recordar, además, que esta Cámara ya se pronunció en esta misma dirección mediante la aprobación, el 29 de mayo de 2025, de una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno a analizar e impulsar las medidas de flexibilización,
exenciones y simplificación previstas en el Reglamento (UE) 2023/2842 en materia de control de la pesca, iniciativa que contó con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Socialista.
Sin embargo, pese a dicho mandato parlamentario, hasta la fecha no se ha producido ningún avance efectivo ni se han adoptado medidas concretas para trasladar a la práctica las posibilidades de adaptación que ofrece la normativa europea,
manteniéndose una aplicación rígida del régimen de control que el propio Reglamento permite modular.
El enfoque del régimen de control de la Unión Europea, basado en el análisis de riesgo y la proporcionalidad, permite y aconseja adaptar estas obligaciones a la realidad operativa de la flota litoral y artesanal, garantizando al mismo tiempo
la plena trazabilidad y la capacidad de inspección de las autoridades competentes.
Por todo ello, resulta necesario reiterar y concretar el impulso parlamentario ya expresado por esta Cámara, instando al Gobierno a hacer uso efectivo de las posibilidades que ofrece la normativa europea para aplicar un régimen de control
más flexible y adaptado a la realidad operativa de la flota litoral y artesanal, contribuyendo así
a su sostenibilidad económica y social y al cumplimiento equilibrado de los objetivos de la política pesquera común.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aplicar la flexibilidad prevista en el Reglamento (CE) n.º 1224/2009, modificado por el Reglamento (UE) 2023/2842, en materia de notificación previa de llegada a puerto, excluyendo de plazos de preaviso a los buques pesqueros que operan
habitualmente en zonas próximas a la costa del litoral español, siempre que no se vea afectada la capacidad de control e inspección.
2. Establecer, para la flota artesanal multiespecífica que opera en el litoral, un régimen simplificado de registro de capturas, que permita excluir de la obligación de consignación individualizada aquellas especies cuya captura sea
inferior a un umbral mínimo, como 50 kilogramos, por marea, sin perjuicio del registro completo de las especies principales.
3. Definir criterios objetivos y transparentes (tipo de flota, proximidad al puerto, duración de la marea, carácter multiespecífico de la pesquería) para la aplicación de estas medidas de flexibilidad, garantizando en todo momento la
trazabilidad global de las capturas y el cumplimiento de la normativa de control.
4. Impulsar, en el ámbito de la Unión Europea, una interpretación armonizada o una adaptación normativa del régimen de control que tenga en cuenta las especificidades de la pesca artesanal multiespecífica, evitando cargas administrativas
desproporcionadas y favoreciendo la sostenibilidad social y económica del sector.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Antonio Martínez Gómez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Javier José Folch Blanc, Alfonso Carlos Macías Gata, María del Socorro Cuesta
Rodríguez, Joaquín Melgarejo Moreno, Ainhoa Molina León, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Javier Merino Martínez, César Sánchez Pérez, Sergio Sayas López, Ana Martínez Labella, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la implementación
efectiva de la Estrategia Española de Acuicultura 2021-2030 y la elaboración de un Plan Nacional de Acción, para su desarrollo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En el año 2014 se elaboró el Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 (PEAE), un documento clave del Gobierno, resto de administraciones y el sector para impulsar el desarrollo sostenible y ordenado del sector
acuícola, buscando simplificar la burocracia, mejorar la competitividad, integrar la acuicultura en la ordenación territorial y fomentar la innovación y el empleo en zonas costeras, sentando las bases para la planificación futura y alineándose con
directrices europeas.
La Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos recibió en 2019 un primer análisis de la implementación del Plan Estratégico Plurianual de la acuicultura española 2014- 2020, y se acordó la elaboración de un nuevo instrumento estratégico.
De esta manera, dos años después de la finalización del PEAE, España aprobó en 2022 la «Contribución de España a las Directrices Estratégicas para una Acuicultura de la UE más sostenible y competitiva 2021-2030 (EsAcui 21-30)», que fue
remitida a la Comisión Europea como documento estratégico nacional.
La Estrategia reconoce que la acuicultura española es un sector con enorme potencial, España es el primer productor en volumen de la UE, y también reconoce que es necesario un marco más eficiente que aporte certeza, coordinación y
previsibilidad para superar retos regulatorios, ambientales, sociales y tecnológicos. Todo ello puede leerse en la presentación y el resumen ejecutivo del propio documento, donde se indica expresamente la necesidad de orientar el FEMPA y asegurar
el uso eficaz y eficiente de sus ayudas para «impulsar de manera definitiva la acuicultura en España».
La EsAcui 21-30 establece cinco objetivos estratégicos; Favorecer nuevas iniciativas y consolidar la actividad existente; Asegurar la competitividad y viabilidad del tejido productivo; Fortalecer la sostenibilidad ambiental; Resolver los
retos científico-tecnológicos y asegurar la gestión y transferencia del conocimiento y por último, mejorar la percepción social de la acuicultura y sus productos. Todo ello acompañado de 11 áreas de trabajo, que incluyen gobernanza, acceso al
espacio y al agua, control, mercados, sostenibilidad, cambio climático, innovación y conocimiento, entre otros. Sin embargo, y tal como señala el propio texto estratégico, el marco general que requiere la acuicultura española está aún lejos de
aportar la certidumbre y previsibilidad necesarias.
Hoy en día, el sector no ha visto avances materiales en los ámbitos que la estrategia considera críticos: acceso al espacio, agilización de trámites, impulso a nuevas instalaciones, transferencia de conocimiento, mejora de la competitividad
o acción coordinada para aprovechar la financiación del FEMPA. La propia Estrategia afirma que la acuicultura española requiere un «marco general más eficiente, que aporte certidumbre y previsibilidad» y que aún está «lejos de aprovechar todo su
potencial». Por tanto, existe una brecha clara entre el marco estratégico elaborado y la falta de medidas reales del Gobierno para ejecutarlo.
La situación actual exige reforzar el papel del Estado en sus ámbitos competenciales, especialmente aspectos como, la coordinación interministerial, muy necesaria entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; la política ambiental básica, cuya aplicación es decisiva para la tramitación y viabilidad de nuevas instalaciones; la planificación del espacio marítimo; la representación ante las instituciones
europeas, donde España debe velar por que los objetivos ambientales y de conservación no dificulten injustificadamente el desarrollo sostenible de la acuicultura. Todo ello, sin perjuicio ni interferencia en las competencias exclusivas que, en esta
materia, ostentan las comunidades autónomas.
Además, España cuenta con centros punteros de formación y transferencia de conocimiento, como el «Instituto Galego de Formación en Acuicultura» (IGAFA), referente europeo en formación profesional acuícola. Su integración en un Plan Nacional
permitiría abordar uno de los objetivos fijados en la Estrategia: reforzar la gestión del conocimiento, la cualificación profesional y el relevo generacional.
Por tanto, se considera imprescindible que el Gobierno impulse la aplicación efectiva de la Estrategia 2021-2030, mejore la coordinación institucional, optimice el uso de los fondos europeos y elabore un Plan Nacional de Acción que
fortalezca el desarrollo de la acuicultura española dentro del marco competencial vigente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe completo y actualizado sobre el grado de aplicación de la Estrategia Española de Acuicultura 2021-2030 (EsAcui 21-30), identificando avances, retrasos y medidas pendientes, que será público y expuesto en sede
parlamentaria.
2. Elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas y respetando plenamente sus competencias, un Plan Nacional de Acción para el Desarrollo de la Acuicultura 2026-2035 que permita desplegar efectivamente los objetivos y áreas de
trabajo de la Estrategia 2021-2030.
3. Impulsar un mecanismo estable de coordinación interministerial entre el MAPA y el MITECO con el fin de: reducir cargas administrativas, armonizar criterios ambientales, evitar duplicidades procedimentales, y asegurar que la normativa
ambiental básica no obstaculiza injustificadamente el desarrollo sostenible de la acuicultura.
4. Reforzar la planificación del espacio marítimo para incorporar zonas de desarrollo preferente de acuicultura, garantizando seguridad jurídica y acceso ordenado al espacio, en coherencia con los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo
(POEM).
5. Optimizar la utilización del FEMPA, priorizando líneas que refuercen la innovación, la sostenibilidad, las nuevas instalaciones, la adaptación al cambio climático y el incremento de la competitividad del sector.
6. Fortalecer la formación profesional y la capacitación acuícola, en colaboración con las comunidades autónomas y con centros de excelencia como el IGAFA, para impulsar la cualificación, la transferencia de conocimiento y el relevo
generacional.
7. Poner en marcha campañas de información y mejora de la percepción social de la acuicultura, conforme al Objetivo Estratégico OE.5 de la Estrategia 21- 30, destacando sus beneficios nutricionales, ambientales y económicos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Antonio Martínez Gómez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier José Folch Blanc, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata, María del Socorro Cuesta
Rodríguez, Joaquín Melgarejo Moreno, Ainhoa Molina León, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Javier Merino Martínez, César Sánchez Pérez, Sergio Sayas López, Ana Martínez Labella, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incorporar principios que repercutan en la
protección de la vida humana en la legislación sobre agua, para su debate en Comisión de Transición Ecológica y reto Demográfico.
Exposición de motivos
El agua es un recurso estratégico y un patrimonio común de todos los españoles, esencial para el desarrollo socioeconómico, la cohesión territorial y la protección del medio
ambiente. España enfrenta crecientes desafíos hídricos agudizados por el cambio climático, alternando episodios de sequías prolongadas con fenómenos extremos de inundaciones. Esto desafíos requieren respuestas urgentes y planificadas,
atendiendo las demandas de agua en cantidad y calidad en todo el territorio, para todos los usos y en todo momento, de manera solidaria y compatible con la protección del medio ambiente. España ha sido un referente internacional en la legislación
en materia de aguas, así como en empresas y profesionales dedicados a la obra hidráulica. Sin embargo, los textos normativos se han centrado en la protección del recurso hídrico, la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del
ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias y muy especialmente la planificación hidrológica. Los riesgos para la salud humana se limitaban a los derivados de la
calidad de las aguas destinadas a consumo humano y del potencial contaminación o de los efectos nocivos para el medioambiente.
Es en 2003 cuando se incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y se incluye en la parte de la planificación la referencia a la
definición de servicios relacionados con el agua (artículo 40 bis) que se entenderán como servicios las actividades derivadas de la protección de personas y bienes frente a las inundaciones. De igual manera, se incluye como objetivos de protección
(art. 90), entre otros «Paliar los efectos de las inundaciones y sequías» o en el contenido de los planes hidrológicos de cuenca la obligación de incluir «Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a
inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos».
Hay que esperar a 2005 para incluir cuestiones de seguridad de presas y embalses (art. 123 bis) para hacer referencia a la finalidad de proteger a las personas, al medio ambiente y a las propiedades, en relación a las obligaciones y
responsabilidades de sus titulares, los procedimientos de control de la seguridad, y las funciones que corresponden a la Administración pública. A raíz de la Directiva 2007/60 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa
a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, se desarrollaba más específicamente los objetivos de la Directiva 2000/60/CE en esta materia. Básicamente incorporaba la obligación de elaborar, aprobar e implantar los planes de gestión del
riesgo de inundación, cuya transposición al ordenamiento jurídico español se realizó en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
Ya sabemos que la lucha contra los efectos de las inundaciones, aunque no se citaran literalmente en la normativa, ha sido desde hace muchos años una constante en la política de aguas. En este sentido se han planificado la ejecución de
soluciones estructurales, como presas, encauzamientos y diques de protección, que no siempre han resultado suficientes para evitar los devastadores efectos de las riadas e inundaciones. Del mismo modo se han implantado sistemas de alerta,
corrección hidrológico-forestal de las cuencas y medidas de ordenación del territorio, para atenuar las posibles consecuencias. Hay que revisar la normativa especifica de protección civil, con actuaciones no estructurales, para encontrar referencia
a la «protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir», en caso de inundaciones. La planificación hidrológica se ha convertido
en una herramienta fundamental. Sin embargo, pese a los largos procesos para su elaboración, algunos graves retrasos en su aprobación, las dificultades de ejecución y la falta de inversión van en detrimento de su efectividad. La planificación debe
elaborarse con criterios científicos y técnicos rigurosos y plantearse unas metas objetivamente creíbles en el espacio temporal establecido.
En consecuencia, España arrastra un problema estructural en sus infraestructuras hídricas, con proyectos pendientes, inversiones insuficientes o infraestructuras obsoletas. Según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de
infraestructuras (Seopan), en un informe emitido en marzo 2025, apenas se ha ejecutado el 29,2 % de los planes hidrológicos 2016-2021, quedando una planificación incumplida y al ritmo de licitación de 2022- 2023, de 2.758 millones de euros al año,
en 2027 se
licitará el 43,6 % de las inversiones del tercer ciclo de planificación. Otras fuentes, como Acciona, estiman un déficit de inversión de 50.000 millones , y que solo se ha ejecutado un 15 % de lo previsto entre 2022 y 2027. Cada sequía
prolongada o DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azota nuestro territorio pone en riesgo cosechas, infraestructuras, viviendas y, ante todo, vidas humanas. Las inundaciones causan en España daños materiales en torno a 800 millones de
euros anuales, a lo que se suma el impacto social y económico de la sequía recurrente. Ha quedado demostrado que el agua, aunque esencial para la vida, también una capacidad natural para modificar, dañar o devastar estructuras, paisajes, o segar
vidas y puede ser una de las fuerzas más destructivas del planeta cuando actúa descontroladamente.
Este es uno de los motivos por los que resulta impostergable avanzar hacia un gran Pacto Nacional del Agua, un acuerdo de Estado basado en el consenso entre todas las fuerzas políticas, las comunidades autónomas, los usuarios (agrarios,
urbanos e industriales) y expertos, que siente las bases de una gestión hídrica sostenible, solidaria y eficaz para las próximas décadas, como instrumento para aportar soluciones en todo el territorio nacional, mediante inversiones y medidas
estructurales que permitan cumplir los objetivos medioambientales, atender los déficit hídricos y garantizar la disponibilidad de agua en el futuro, desde la solidaridad y la cohesión territorial. Aunque contemos con una de las legislaciones más
avanzadas en materia de aguas, especialmente en el contexto europeo, por precedentes históricos y la necesidad de gestionar eficientemente un recurso escaso y vital, no implica que no intentemos mejorarla y que plasme las necesidades de cada
momento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el reconocimiento expreso en la legislación de agua de la protección de la vida, la integridad y la salud humanas como prioridad legal del ejercicio del Estado en la gestión del agua, especialmente frente a riesgos naturales
como inundaciones y sequías.
2. Establecer como principio rector del Estado, en la legislación del agua, la necesidad de una inversión suficiente, planificada y prioritaria en infraestructuras hidráulicas para prevenir y mitigar los efectos de esos fenómenos extremos.
3. Garantizar que la planificación, asegurando el proceso de participación pública, y la gestión del agua estén respaldadas por criterios científicos y técnicos rigurosos desarrollados por profesionales cualificados en la administración
pública.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Joaquín Melgarejo Moreno, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, Raquel Clemente Muñoz, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, Tomás Cabezón Casas,
Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez Torregrosa, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya y Bella Verano Domínguez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002912
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley a favor de la prórroga automática de contratos de arrendamiento ante la situación de emergencia habitacional.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 95480 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer
su conocimiento por la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2026.P.D. El Secretario general del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley a favor de la prórroga automática de contratos de
arrendamiento, para su debate y aprobación por la vía de urgencia ante la situación de emergencia habitacional.
Exposición de motivos
La gran revisión de contratos prevista en 2026, tras la moratoria derivada de la protección social de la pandemia, requiere de una prórroga automática que es fundamental para evitar mayor dolor, desigualdad y vulneración del derecho
constitucional a la vivienda.
Esta es una medida que no se trata de una figura jurídica nueva y que se ha aprobado hasta en 8 ocasiones los últimos años sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en contra.
Supone una herramienta obligatoria para poder cumplir el artículo 33.2 de la Constitución que delimita la propiedad privada a su función social, el artículo 47 que obliga a los poderes públicos a promover el acceso a la vivienda y luchar
contra la especulación, el artículo 128 que resalta la subordinación de toda la riqueza del país al interés general y la iniciativa pública en la empresa y el artículo 131 que reserva la planificación económica general para equilibrar y armonizar el
desarrollo y repartir de forma más justa la riqueza.
Al mismo tiempo, también es de resaltar en este caso la competencia exclusiva estatal y la necesaria seguridad jurídica en materia de legislación civil, particularmente en arrendamiento urbano.
Por todo ello, la prórroga de contratos es una propuesta completamente ajustada a Derecho, respetuosa con el marco competencial, proporcional y de urgente necesidad mientras se negocia una legislación más proteccionista con los inquilinos
como el alquiler indefinido, la ampliación del parque público de vivienda o la delimitación de la compra de vivienda para vivir y no con fines mercantiles o especulativos.
Asimismo, es importante destacar que existe una brecha enorme entre caseros e inquilinos, de más del 82 % de media, siendo en el País Valenciá del 124 %, donde más desigualdad existe. Estamos, además, hablando de 630.000 contratos afectados
para 2026 (1,6 millones de personas), siendo en territorio valenciano 63.000 contratos y 155.000 personas. Esto puede suponer un aumento anual de 2.686 , si bien en territorios como las Islas Baleares este incremento puede llegar a los 4.615 .
La situación es grave, especialmente porque el alquiler promedio se ha incrementado en los últimos 5 años un 20 % (en 10 años, un 94 %), pero en territorios tensionados como en el valenciano, esta subida ha sido del 59,2 %, llegando en la
ciudad de Valéncia a ser del 78 %. Ello contrasta con la evolución de la capacidad económica de la población, pues la OCDE calcula que en España los salarios reales se encuentran un 4,2 % por debajo ya de sus niveles a principios de 2021, por lo
que la revisión de estos contratos conllevaría el hundimiento de la capacidad de gasto y ahorro de las familias afectadas, suponiendo un obstáculo real al mantenimiento de sus viviendas.
En cambio, y a pesar de todo esto, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se resiste a implementarla alegando la inconstitucionalidad de la medida.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Prorrogar automáticamente todos los contratos de arrendamiento que venzan en el período 2026-2027 ante la situación de emergencia habitacional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2026.Teslem Andala Ubbi, Juan Antonio Valero Morales y Gerardo Pisarello Prados, Diputados.Verónica Martínez Barbero y Alberto Ibáñez Mezquita, Portavoces del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR.
Comisión de Cultura
161/002901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento y homenaje a la actriz Marisa Paredes, para su debate en la
Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El pasado 17 de diciembre de 2024 falleció a los 78 años la actriz española Marisa Paredes. La crítica de cine Elsa Fernández-Santos escribe en la web de la Academia del Cine que «Marisa Paredes creció soñando con la fantasía y la bohemia
del teatro. Desde su casa, situada en la plaza de Santa Ana de Madrid, frente al edificio del Teatro Español, observaba fascinada la vida de la farándula y de las grandes damas de la escena».
La actriz comenzó su andadura con la compañía de Conchita Montes y es ahí donde «prendió la pese a la negativa de su padre», asegura Fernández-Santos, quien considera que su obstinación hizo que siguiera con su empeño «gracias al apoyo
incondicional de su madre, el gran referente de su vida».
En los años sesenta hizo sobre todo teatro y en la televisión en el programa Estudio 1. Entre sus primeras obras de cine destaca El mundo sigue (1960), de Fernando Fernán-Gómez. Y no es hasta los años ochenta que comienza su vertiginosa
cara con Ópera Prima (1980), de Fernando Trueba, Entre Tinieblas, de Pedro Almodóvar, y Tras el cristal, de Agustí Villaronga.
A partir de ahí su carrera y se lanza y empieza a ser reconocida tanto a nivel nacional como internacional, gracias a su trabajo con Almodóvar en Tacones Lejanos (1991); en La flor de mi secreto (1995); en Todo sobre mi madre (1999) y en
La piel que habito (2011). En su filmografía también destaca su trabajo para Arturo Ripstein (Profundo carmesí, 1986) o Guillermo del Toro (El espinazo del diablo, 2001).
Paredes es una de las grandes divas del cine español. Fue Premio Nacional de Cinematografía en 1996, Goya de Honor en 2018 y presidenta de la Academia entre 2000 y 2003.
Todo este recorrido artístico hizo que el pasado 22 de diciembre, el Consejo de Ministros del Gobierno concediera la Gran Cruz de Isabel la Católica a la actriz madrileña. Además, fue homenajeada en la pasada edición del Festival de Cine de
San Sebastián.
Por tanto, Marisa Paredes ha sido junto a otras mujeres una de nuestras más grandes actrices del cine español y unas de las artistas más queridas por los españoles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso celebra la emisión de un sello en 2026 dedicado a Marisa Paredes, aprobado en la reunión de la Comisión filatélica del Estado del 22 de mayo de 2025, e insta al Gobierno a impulsar y fomentar el trabajo y la figura de la actriz
a través de la programación de un ciclo de actividades: proyecciones/mesas redondas centrado en los mejores títulos de su carrera en la Filmoteca Española.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.Marc Lamuà Estañol, Diputado.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados dél Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la intervención y conservación prioritaria del patrimonio histórico-artístico español, para su discusión en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
España es uno de los países que atesora un mayor patrimonio histérico-cultural y destaca como el país con mayor diversidad patrimonial en el mundo1. De hecho, la 1
https://www.cultura.gob.es/gl/cultura/mc/a-europeo-patrimonio-cultural/sabias-qu...
UNESCO actualizó en julio de 2025 su Lista del Patrimonio Mundial y, en ella, España con cincuenta sitios se situó como el quinto país con más lugares declarados Patrimonio Mundial por detrás de Italia, China, Alemania y Francia2. Se hace
evidente, por tanto, que el patrimonio histórico-cultural español tiene un incalculable valor reconocido incluso por entes internacionales y que España destaca por ser uno de los países que más aportaciones ha hecho a la Historia universal.
Sin embargo, pese a la gran riqueza histórico-cultural que alberga nuestra Nación, las instituciones han adoptado una actitud de abandono sistemático de nuestro patrimonio que ha terminado fomentando el desinterés por este legado. En este
sentido, la Asociación Hispania Nostra ha denunciado que 1.572 elementos del patrimonio histórico-artístico español algunos de ellos protegidos legalmente o reconocidos como Bienes de Interés Cultural se encuentran actualmente en riesgo de
desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores3. Además, existe un gran peligro de que, de no actuar, estos elementos engrasen la Lista Negra elaborada por esta institución para aquellos bienes irrecuperables que conforman el
patrimonio histórico-cultural, ya sea por su destrucción o por su enajenación, cifra que en la actualidad asciende a 26 elementos4.
Así, el patrimonio histórico-cultural de España se ha degradado sin que las instituciones hayan impulsado estrategias claras de protección ni hayan puesto fondos suficientes a disposición de su conservación. Existen, por tanto, centenares
de monumentos que han sido presa del abandono y el olvido de los ayuntamientos, las administraciones regionales y el Estado. Sin embargo, de entre todos ellos destacan algunos ejemplos paradigmáticos que se han hecho públicos durante los últimos
meses.
El primero de ellos se encuentra en la Iglesia de Santa María La Antigua de Valladolid, un templo románico del siglo XII que, en 1897, fue declarado monumento nacional antecedente directo del actual bien de interés cultural (BIC). El
estado de conservación de esta iglesia es lamentable y, gracias a una representación teatral que se desarrolló en sus instalaciones, se descubrieron tejas rotas, grafitis, excrementos de palomas, animales muertos, gárgolas bloqueadas y cadenas
oxidadas que ponen de manifiesto la clamorosa dejadez de las autoridades5.
No muy lejos de allí, además, se hundió la cúpula de la Iglesia de la Santa Vera Cruz tras unas obras inadecuadas; un hecho similar al que se produjo en febrero en el Convento de San Bernardino de Siena, ubicado en la localidad
vallisoletana de Cuenca de Campos. En este convento fundado en 1455 se derrumbaron la nave lateral y la fachada de acceso de la iglesia integrada en él6. Así, pese a los esfuerzos de la Fundación Rehabitar Tierra de Campos, la falta de una
intervención integral y continuada por parte de las administraciones públicas hizo que la degradación del templo avanzase, que los muros terminasen desmoronándose y que buena parte del edificio haya quedado reducido a escombros7.
Más recientemente, la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca se ha congraciado por la declaración de los patios históricos del antiguo Seminario como Monumento de Interés Local (MIL). Sin embargo, la entidad ha advertido que
este reconocimiento resulta insuficiente para garantizar la recuperación integral del conjunto 2 https://www.hosteltur.com/170829_que-paises-tienen-mas-patrimonios-de-la-humanid...
3 https://listaroja.hispanianostra.org/
4 https://listaroja.hispanianostra.org/lista-negra/
5 https://elpais.com/espana/2025-06-03/quasimodo-destapa-el-abandono-de-la-iglesia...
6 https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/valladolid/20250202/derrumba-pa...
7 https://www.huffingtoiipost.es/sociedad/el-historico-convento-espanol-lista-roja...
monumental y, por ello, ha exigido la creación de un plan efectivo de rehabilitación que permita destinar los medios necesarios para ejecutar una intervención urgente en él8.
En la misma línea, hace apenas dos años, tras su demolición, el Palacio de los Arias de Molina de Aragón pasó de la Lista Roja a la Lista Negra de Hispania Nostra. Así, este palacio de estilo aragonés construido en el siglo XVIII, lejos de
convertirse en un motor de desarrollo económico, artístico y cultural en una de las zonas más despobladas de España, terminó siendo reducido a escombros por el pésimo estado de conservación al que le llevó la indiferencia institucional9.
Estos ejemplos dan buena muestra de la situación en la que se encuentra gran parte del patrimonio histórico-artístico de nuestro país. A pesar de los alarmantes datos, el Ministerio de Cultura liderado por Ernest Urtasun destina millones de
euros a la «Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior», demostrando un desinterés absoluto en la conservación del patrimonio nacional, que debería ser su primera prioridad.
Estos hechos ponen de manifiesto la capacidad del Estado para movilizar recursos de forma inmediata para proteger el patrimonio histórico-cultural de países extranjeros. Sin embargo, a tenor del lamentable estado en el que se encuentra el
inmenso acervo patrimonial con el que cuenta España, se hace evidente que el Gobierno no tiene entre sus prioridades su conservación y ello hace que no se destinen los recursos necesarios para proteger el patrimonio que delinea la identidad de
nuestra Nación y garantiza su continuidad histórica y cultural.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a través del Ministerio de Cultura, un informe que contenga, como mínimo, los siguientes datos:
a. la identificación de los elementos protegidos que se encuentren en mal estado;
b. su titularidad (estatal, regional, municipal o privada);
c. el calendario concreto de actuaciones urgentes para evitar su destrucción, desaparición o pérdida irreversible de sus valores patrimoniales.
2. Promover las medidas necesarias para la intervención, con carácter urgente, en los elementos del patrimonio histórico, artístico y cultural español, protegidos por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que se
encuentren en riesgo grave e inmediato de destrucción, desaparición o pérdida irreversible de sus valores patrimoniales.
3. Priorizar la protección del patrimonio histórico y artístico español, garantizando que los recursos públicos destinados a cultura atiendan en primer lugar a la conservación de los bienes culturales nacionales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2026.Blanca Armario González, José Ramírez del Río y Joaquín Robles López, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
8 https://cadenaser.com/aragon/2025/10/03/la-plataforma-para-el-patrimonio-exige-u...
9 https://www.hispanianostra.org/lista-negra-hispania-nostra-lamenta-la-destruccio...
161/002926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de consolidación y restauración del Castillo de Maluenda, Zaragoza, para su debate
en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Maluenda, municipio de la provincia de Zaragoza, y que forma parte de la Comarca de Calatayud, cuenta como uno de los elementos más destacados de su patrimonio histórico-artístico, con los restos de lo que fue en su día importante castillo.
Se trata de un Castillo de origen musulmán, construido entre los siglos IX y X, siendo uno de los más antiguos y primeros levantados por los moros en España, y cuyo conjunto defensivo fue conquistado por el rey de Aragón Alfonso I el Batallador en
1120, durante el transcurso de la campaña de la reconquista de Calatayud.
Como muchos otros castillos de las inmediaciones, el de Maluenda se vio envuelto en los combates de la conocida como «guerra de los Dos Pedros», siendo conquistado por los castellanos en 1363. Lamentablemente, en la actualidad tan sólo se
conserva en pie un único torreón de tan importante monumento.
El castillo es propiedad del Ayuntamiento de Maluenda, y en esta condición se encuentra incluido dentro de la relación de castillos considerados Bienes de Interés Cultural, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, cuyo listado fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón del día 22 de mayo de 2006, insistiendo en la condición de Bienes de Interés Cultural de los mismos, en función de lo dispuesto
en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
Pese a la protección jurídica como Bien de Interés Cultural del monumento, el torreón presenta una considerable situación de deterioro que obligan a plantear actuaciones urgentes de consolidación y restauración para asegurar no sólo la
estructura del torreón, y evitar riesgos a las viviendas cercanas, sino también para poner en valor el edificio, plantear los usos futuros que desde el Ayuntamiento se pudieran dar al mismo sino, especialmente, poner en valor el indiscutible
potencial turístico del mismo.
Así, en un informe contratado por el Ayuntamiento de Maluenda, se pueden señalar las siguientes patologías que sufre el monumento:
Esquina del torreón descalzada, que no apoya en la roca, quedando sin apoyo parte de la esquina del monumento.
La roca sobre la que apoya el castillo es una roca caliza no compacta, que con el paso de los años y las inclemencias del tiempo se ha ido deteriorando.
Desprendimiento de la roca original, debilitando el apoyo del torreón y la estabilidad de este.
Generación de una grieta vertical de grandes dimensiones.
Desprendimientos de material que indican el progresivo deterioro del torreón y la peligrosidad de la situación.
Grave peligro de derrumbe total.
Pese a que se han llevado a cabo diversas actuaciones de urgencia contratadas por el Ayuntamiento de Maluenda, tras producirse importantes desprendimientos que podían poner en peligro la seguridad de las viviendas cercanas, el castillo ha
sufrido un importante proceso de degradación que determina la necesidad de iniciar acciones conjuntas, entre las diversas Administraciones con competencia en materia de patrimonio histórico, que permitan impulsar, y realizar con carácter de
urgencia, la adecuada consolidación de los restos del monumento, y la necesaria restauración de los elementos más destacados de un edificio tan singular y de tanta relevancia para el
importante conjunto de fortificaciones defensivas que se encuentran en la Comarca de Calatayud.
La importancia de las actuaciones de consolidación y restauración que son precisas, y la imposibilidad de que el Ayuntamiento de Maluenda, como propietario del edificio, pueda afrontar en solitario esta interesante actuación, obligan al
mismo a la búsqueda de las fórmulas jurídicas de colaboración entre distintas Administraciones públicas con competencias tanto en patrimonio histórico, como en turismo, que permitan impulsar y contratar una actuación tan necesaria para la protección
y difusión del patrimonio histórico de la Comarca de Calatayud y de la provincia de Zaragoza.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta a las administraciones competentes a impulsar y acometer un proyecto de restauración y consolidación del Castillo de Maluenda, a través de los instrumentos y disponibilidades presupuestarias disponibles,
como el programa de ayudas del 2 % Cultural, previa presentación de la correspondiente solicitud por parte de los titulares interesados en las próximas convocatorias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2026.Víctor Javier Ruiz de Diego, Marta Gracia Blanco y Marc Lamuà Estañol, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de consolidación y restauración del Castillo de Villafeliche, Zaragoza, para su
debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La localidad de Villafeliche, en la provincia de Zaragoza cuenta, entre uno de los elementos más destacados de su patrimonio histórico, con los restos de lo que en su día fue un importante recinto amurallado.
Se trata de un importante monumento de orígenes musulmanes, construido sobre un cerro muy próximo al núcleo urbano, y al que solo se puede acceder por uno de los lados en los que se encuentra la puerta de acceso.
Resulta significativo señalar que, para su construcción, se aprovecharon las imperfecciones del terreno como parapetos naturales, siendo de especial relevancia su torre del homenaje de planta cuadrada, los torreones de las esquinas, y varias
cuevas de gran profundidad, utilizadas en su día por los habitantes como almacén. El resto del castillo se encuentra protegido, en el lado contrario a la puerta de acceso, por un foso y en los laterales, por altos muros de roca.
El Castillo es propiedad del Ayuntamiento de Villafeliche, y está incluido dentro de la relación de castillos considerados Bienes de Interés Cultural en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de
marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, cuyo listado fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón del día 22 de mayo de 2006, insistiendo en la condición de Bienes de Interés Cultural de los mismos, en función de lo dispuesto en la disposición
adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
Pese a la referida protección jurídica como Bien de Interés Cultural, el monumento presenta un considerable deterioro en buena parte de sus dependencias que obligan a plantear actuaciones urgentes de consolidación y restauración para
asegurar no sólo su estructura y evitar riesgos a las viviendas cercanas, sino también para poner en valor el edificio, plantear los usos futuros que se pueden dar al mismo y poner en valor su evidente potencial turístico.
En los últimos años, y pese a la realización de diversas actuaciones de urgencia impulsadas por el Ayuntamiento de la localidad, al producirse importantes desprendimientos de lienzos de muralla que podían poner en peligro la seguridad de las
viviendas cercanas, el Castillo ha sufrido un considerable proceso de degradación que aconseja el inicio de actuaciones conjuntas, entre las distintas Administraciones con competencia en materia de patrimonio histórico, que permitan impulsar y
llevar a cabo la definitiva consolidación de los restos del monumento, y la restauración parcial de los elementos más destacados de un edificio tan singular y de tanta relevancia para el conjunto de fortificaciones defensivas que se encuentran la
provincia de Zaragoza.
La considerable envergadura de las actuaciones precisas, y las evidentes limitaciones económicas del Ayuntamiento de Villafeliche, como propietario del edificio, obligan al mismo a la búsqueda de diversas fórmulas de colaboración entre las
distintas administraciones, que permitan acometer una actuación tan ambiciosa para nuestro patrimonio histórico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta a las administraciones competentes, a impulsar y acometer un proyecto de restauración y consolidación del Castillo de Villafeliche, Zaragoza, a través de los instrumentos disponibles, como el programa de
ayudas del 2 % Cultural, previa presentación de la correspondiente solicitud por parte de los titulares interesados en las próximas convocatorias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2026.Víctor Javier Ruiz de Diego, Marta Gracia Blanco y Marc Lamuà Estañol, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de ley
de consolidación y restauración del Castillo de los Priores, en Calatorao (Zaragoza), para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El municipio zaragozano de Calatorao cuenta, en el centro de este, con un castillo de considerables dimensiones que destermina buena parte de su trama urbana, y que es conocido como «Castillo de los Priores».
Es un edificio perteneciente a la tipología de castillo-palacio, y en su interior presenta las características de un palacio renacentista, con patio de luces, escalera claustral y una galería de arcos aragonesa.
El primer documento que cita la existencia del castillo y proporciona referencias a sus características data de 1175, cuando el rey de Aragón Alfonso II, ante las discrepancias surgidas entre musulmanes y cristianos a la hora de participar
en las reparaciones del
castillo, estableció que cada una de las comunidades cargara con la reparación del tramo que afronte con las viviendas de cada grupo religioso, evidentemente separadas, lo que indica dos barrios, bajo la protección del castillo y cita
claramente: «illa opera ipsius muri», literalmente las obras del muro.
No son muchos los castillos que cuenten con el dato concreto de la obligación de los vasallos de mantener el castillo del señor y menos con un reparto por comunidades tan claro. Sin embargo, el documento poco nos dice de las características
del edificio, al que al menos hay que suponer un recinto de cierta amplitud.
Tampoco se tienen cifras exactas sobre la proporción de pobladores (sin duda mayoritariamente musulmanes en este momento) ni la distribución de los barrios en relación con el castillo.
Hay que esperar a la Guerra de los Pedros (1356-1369), a mediados del siglo XIV, para volver a contar con otra referencia sobre el castillo, la guerra asoló buena parte de Aragón llegando a poner en peligro hasta la integridad de la capital
de Zaragoza y obligó a planear una estrategia militar, a nivel de todo el territorio, ante el imparable avance de las tropas invasoras.
Las autoridades del Reino descartaron la posibilidad de mantener Calatorao, por lo que se supone que carecía de defensas de importancia, y a consecuencia del avance castellano del año 1363 la población fue saqueada como ocurrió en otras
partes del Reino. Tras la retirada castellana se realizarían las oportunas reparaciones, las cuales se desconocen.
Hasta el siglo XVI, sólo se cuenta con unos escuetos datos documentales que confirman la existencia del castillo de Calatorao, que trasmiten una imagen poco definida y que en su conjunto dejan traslucir una escasa envergadura arquitectónica.
También, como hemos visto, parece que en el último cuarto del siglo XV se produce una normalización completa de los derechos jurisdiccionales en favor del cabildo del Pilar, coyuntura que quizás en relación con otras circunstancias de carácter
económico facilitan las nuevas obras que se realizarían dentro del amplio recinto en el que se localizaba.
Es a principios del siglo XVI cuando se documentan obras de grandes proporciones en el castillo, y se corresponden con las obras contratadas en el año 1503, con el maestro moro Calema Xama, que en la práctica debieron suponer la
reconstrucción total del edificio, incorporando sin duda elementos anteriores.
Está claro que entre las funciones del castillo está la de servir de residencia al alcaide, representación del poder señorial y del ejercicio de justicia, detentado por los priores o sus representantes. No cabe duda de que a lo largo del
tiempo se realizarían los correspondientes actos de homenaje, tomas de posesión etc., sirviendo también en su amplio recinto (hoy segregado del castillo) para el almacenaje de rentas, y por alguna información tangencial, sabemos que el castillo
debía reunir las condiciones adecuadas para servir de representación de los priores zaragozanos.
La supresión de los señoríos y la propia desamortización de los bienes eclesiásticos afectó directamente a Calatorao, que pertenecía al cabildo zaragozano. Esta situación dejó el castillo en manos de la administración del Estado, quien se
encargó de su gestión y mantenimiento.
Ya a finales del siglo XIX, se conoce la venta del edificio a la familia Poza (1891), y es cuando se producen las obras de reforma, que debieron afectar más a cuestiones decorativas que estructurales (incorporación de azulejería sevillana,
decoración historicista aplicada en yeso, etc.).
El monumento está declarado Bien de Interés Cultural de Aragón, en virtud de la Orden de 17 de abril de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que aprueba una relación de Castillos y su localización (BOA 22 de mayo de 2006),
insistiendo en dicha condición, en función de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
Pese a su protección jurídica como Bien de Interés Cultural, el edificio presenta un considerable deterioro en buena parte de sus dependencias que obligan a plantear
actuaciones urgentes de consolidación y restauración del monumento para asegurar su estructura, poner en valor el edificio, y plantear los usos futuros que se pueden dar al mismo.
Así, entre las actuaciones que precisa el edificio, podemos señalar los siguientes:
1. Retejado de la cubierta y reconstrucción del patio central; estructura, escalera y galería.
2. Rehabilitación de la fachada Norte y Oeste en planta baja, consolidación y acabados.
3. Saneamiento y rehabilitación de la bodega, dotándola de iluminación y ventilación.
4. Rehabilitación y consolidación de la planta baja; muros interiores y exteriores, solados, techos, carpintería interior y exterior.
5. Terminación de escaleras de acceso a plantas y colocación de ascensor.
6. Rehabilitación y consolidación de la planta primera, muros interiores y exteriores, creación de aseos e instalaciones en general, (electricidad, fontanería, saneamiento, calefacción, etc.).
7. Rehabilitación y consolidación de la planta bajo cubierta, muros interiores y exteriores, creación de aseos e instalaciones en general, (electricidad, fontanería, saneamiento, calefacción, etc.).
En la actualidad el monumento es propiedad del Ayuntamiento de Calatorao, que consciente de la necesidad de consolidar, restaurar y poner en valor el monumento, ha llevado a cabo diversas iniciativas para impulsar las acciones que permitan
alcanzar el objetivo de la rehabilitación integral del castillo, como la redacción de un Plan Director para la rehabilitación del Castillo de los Priores de Calatorao.
Sin embargo, la enorme envergadura del proyecto de restauración, y las limitaciones económicas del Ayuntamiento de Calatorao, como propietario del edificio, obligan a éste a buscar fórmulas de colaboración entre Administraciones que permitan
acometer un proyecto tan ambicioso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta a las administraciones competentes a apoyar futuras actuaciones de consolidación y restauración del Castillo de los Priores, en el municipio de Calatorao (Zaragoza), a través de los instrumentos
disponibles como el programa de ayudas del 2 por ciento Cultural, previa presentación de la correspondiente solicitud por parte de los titulares interesados en las próximas convocatorias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2026.Víctor Javier Ruiz de Diego, Marta Gracia Blanco y Marc Lamuà Estañol, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de consolidación y restauración del Castillo de Bijuesca, Zaragoza, para su debate
en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El castillo de Bijuesca, por su posición fronteriza, tuvo un magnífico protagonismo durante la Edad Media, especialmente en la llamada «Guerra de los Pedros», entre Aragón y el reino de Castilla.
En el siglo XIV, fracasado el intento aragonés de invadir Castilla con la derrota de Nájera, el monarca castellano entra y asoma la zona, conquistando entre otros esta fortaleza. La «Paz de Terrer» del año 1361 supondrá la devolución del
Castillo a Aragón.
Con posterioridad, el edificio sufrirá múltiples vicisitudes, salvándose incluso de ser demolido, gracias a la desobediencia de las órdenes que así lo determinaban, y padecerá un abandono y brutal expolio, pese a lo cual aún hoy mantiene su
magnífica grandeza.
Debido al importante carácter defensivo que le confiere su ubicación fronteriza entre reinos, el Castillo tiene una planta sensiblemente rectangular, con su torre principal de acceso orientada hacia el núcleo habitado y con otras torres
defensivas de menor altura colocadas en puntos estratégicos para el control del territorio.
El monumento está declarado como Bien de Interés Cultural de Aragón, en virtud de la Orden de 17 de abril de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que aprueba una relación de Castillos y su localización (BOA 22 de mayo de
2006), insistiendo en la condición de Bienes de Interés Cultural de los mismos, en función de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. Pese a la protección jurídica como
Bien de Interés Cultural, el edificio presenta un considerable deterioro en buena parte de sus dependencias que obligan a plantear actuaciones urgentes de consolidación y restauración del monumento para asegurar su estructura, poner en valor el
edificio, y plantear los usos futuros que se pueden dar al mismo.
Así, entre las actuaciones que precisa el edificio, podemos señalar los siguientes:
Protección de los elementos mejor conservados: la Torre de acceso y tramos de muralla colindante en la que las almenas aún se mantienen en pie.
Reconstrucción de la Torre y tramos de muralla protegidos.
Consolidación de los tramos de muralla para evitar su deterioro.
Adecuación paisajística del patio interior del Castillo.
Instalación de un Centro de Interpretación.
En la actualidad el monumento es propiedad del Ayuntamiento de Bijuesca, Administración que es plenamente consciente de la necesidad de consolidar, restaurar y poner en valor el monumento, ha llevado a cabo diversas iniciativas para impulsar
las acciones que permitan alcanzar el objetivo de la rehabilitación integral del castillo.
A tal efecto, en el año 2021 el Ayuntamiento de Bijuesca encargó la redacción de un Plan director para la rehabilitación del Castillo de Bijuesca, que fue redactado por Anadón Arquitectos y Asociados SLP.
Sin embargo, la considerable envergadura del proyecto de restauración, y las evidentes limitaciones económicas del Ayuntamiento de Bijuesca, como propietario del edificio, obligan a éste a buscar fórmulas de colaboración entre
Administraciones que permitan acometer un proyecto tan ambicioso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar la propuesta del Ayuntamiento de Bijuesca (Zaragoza) en la próxima convocatoria del programa del 2 % cultural promovido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el
Ministerio
de Vivienda y Agenda Urbana, para realizar futuras actuaciones de consolidación y restauración del Castillo de Bijuesca (Zaragoza).»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2026.Víctor Javier Ruiz de Diego, Marta Gracia Blanco y Marc Lamuà Estañol, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002940
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre la creación de un organismo
de gestión integral del patrimonio histórico monumental de Sagunto, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Sagunto es depositaria de un patrimonio histórico y monumental de relevancia internacional. El Castillo, el Teatro Romano, la Vía del Pórtico, el Museo Arqueológico, la Judería y el conjunto del casco histórico constituyen un legado
excepcional, fruto del paso de íberos, romanos, visigodos, judíos, musulmanes, cristianos y las culturas contemporáneas que han configurado la identidad de la ciudad.
Este patrimonio no es solo un testimonio del pasado, sino un recurso estratégico para el presente y una garantía de futuro. La historia de Sagunto la sitúa como un referente patrimonial dentro del País Valenciano y del Estado español, lo
que exige un compromiso firme, sostenido y coordinado con su conservación, difusión y revalorización.
Pese a algunas actuaciones recientes, como la intervención en el Castillo con fondos europeos Next Generation o la recuperación puntual del Teatro Romano, la situación general del patrimonio saguntino sigue siendo preocupante. El deterioro
progresivo y la ausencia de una planificación estructural a medio y largo plazo se manifiestan en deficiencias graves de infraestructuras básicas como el cierre de baños en el Castillo, goteras en el Museo Arqueológico o una señalización obsoleta
en la falta de personal especializado y de mediación cultural, en planes directores caducados o sin ejecución efectiva y en una creciente sensación de abandono que genera descontento entre la ciudadanía.
A esta realidad se le suma un problema estructural de primer orden: la fragmentación competencial entre administraciones. El Ministerio de Cultura, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunto comparten responsabilidades en
materia de titularidad, gestión y financiación de los bienes patrimoniales, lo que genera un entramado burocrático complejo que dificulta la toma de decisiones, diluye responsabilidades y cronifica los problemas existentes.
Ante esta situación, numerosas asociaciones culturales, vecinales y turísticas de Sagunto, así como una parte significativa de la ciudadanía comprometida con su patrimonio, reclaman una voluntad política real por parte de todas las
administraciones implicadas. En concreto, reclaman la creación de un organismo estable y de gestión integral que permita superar la fragmentación actual y dé una respuesta eficaz y sostenida a los retos patrimoniales de la ciudad. El Ayuntamiento
de Sagunto aprobó esta propuesta como declaración institucional al Pleno de la corporación municipal celebrado el 4 de diciembre de 2025.
Sagunto no puede seguir dando la espalda a su historia. Esta riqueza patrimonial no merece ni el abandono, ni la resignación, sino una gestión responsable, profesionalizada
y valiente. El futuro de la ciudad pasa por encontrar un equilibrio real entre el desarrollo industrial y la puesta en valor de sus recursos culturales. La creación de un organismo interadministrativo de gestión patrimonial es la vía más
adecuada para garantizar que el patrimonio de Sagunto se conserve, se restaure y se proyecte como un orgullo compartido, un factor de cohesión social y un atractivo cultural y turístico de proyección internacional.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a llevar a cabo las medidas siguientes:
Impulsar, en coordinación con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunto, la creación de un organismo específico, estable y de gestión integral del patrimonio histórico monumental de Sagunto, con las siguientes características:
1. Carácter interadministrativo, con la participación del Ministerio de Cultura, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunto como administraciones fundadoras, y con mecanismos de participación de las asociaciones culturales,
vecinales y turísticas de la ciudad.
2. Aportaciones económicas estables y plurianuales por parte de las administraciones implicadas, que garanticen una base financiera sólida y suficiente.
3. Planificación estratégica, mediante la elaboración de planes de actuación anuales y plurianuales con objetivos medibles, criterios de eficiencia y mecanismos de evaluación y seguimiento.
4. Financiación mixta, combinando recursos públicos con ingresos propios derivados, entre otros, de tasas de entrada a los monumentos, entradas conjuntas en modalidad de paquete cultural, merchandising, alquiler de espacios, patrocinios y
colaboraciones con fundaciones y entidades privadas.
5. Gestión profesionalizada, con personal propio, cualificado y dedicado de manera exclusiva a la gestión cotidiana del patrimonio, garantizando la integración y la estabilidad laboral del personal que actualmente presta servicio en
espacios como el Castillo.
6. Autonomía de gestión y transparencia, de acuerdo con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, asegurando que los recursos invertidos se destinan efectivamente a la conservación y puesta en valor
del patrimonio.
7. Inspiración en modelos de éxito ya existentes en otros municipios del Estado, como Cartagena, Almagro, Gandía o Albarracín, donde estructuras similares han demostrado su eficacia.»
(1)Las entidades firmantes son: Asociación de Vecinos del Raval, Asociación cultural Esfera Morvedre, Asociación para el desarrollo turístico de Sagunto ADETURSA, Explora Sagunto, Voluntarios por el patrimonio histórico de Sagunto,
Asociación de vecinos Ciutat Vella, Centre dEstudis del Camp de Morvedre, Centro Arqueológico Saguntino, Passió per Sagunt, Sagvntvm Avgvsta, Sociedad Vitivinícola de Sagunto, Societat Musical Lira Saguntina, Cronistes i investigadors del Camp de
Morvedre y Almenara, Asociación por la Dinamización Cultural, Turística y Artística DICULTURA.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei sobre la creació dun organisme de
gestió integral del patrimoni històric monumental de Sagunt, per al seu debat en la Comissió de Cultura.
Exposició de motius
Sagunt és dipositària dun patrimoni històric i monumental de rellevància internacional. El Castell, el Teatre Romà, la Via del Pòrtic, el Museu Arqueològic, la Jueria i el conjunt del nucli històric constitueixen un llegat excepcional,
fruit del pas dibers, romans, visigots, jueus, musulmans, cristians i les cultures contemporànies que han configurat la identitat de la ciutat.
Aquest patrimoni no és només un testimoni del passat, sinó un recurs estratègic per al present i una garantia de futur. La història de Sagunt la situa com un referent patrimonial dins del País Valencià i de lEstat espanyol, fet que exigeix
un compromís ferm, sostingut i coordinat amb la seua conservació, difusió i revalorització.
Malgrat algunes actuacions recents, com la intervenció al Castell amb fons europeus Next Generation o la recuperació puntual del Teatre Romà, la situació general del patrimoni saguntí continua sent preocupant. El deteriorament progressiu i
labsència duna planificació estructural a mitjà i llarg termini es manifesten en deficiències greus dinfraestructures bàsiques com el tancament de banys al Castell, goteres al Museu Arqueològic o una senyalització obsoleta en la manca de
personal especialitzat i de mediació cultural, en plans directors caducats o sense execució efectiva i en una creixent sensació dabandó que genera descontentament entre la ciutadania.
A aquesta realitat shi suma un problema estructural de primer ordre: la fragmentació competencial entre administracions. El Ministeri de Cultura, la Generalitat Valenciana i lAjuntament de Sagunt comparteixen responsabilitats en matèria
de titularitat, gestió i finançament dels béns patrimonials, la qual cosa genera un entramat burocràtic complex que dificulta la presa de decisions, dilueix responsabilitats i cronifica els problemes existents.
Davant daquesta situació, nombroses associacions culturals, veïnals i turístiques de Sagunti, així com una part significativa de la ciutadania compromesa amb el seu patrimoni, reclamen una voluntat política real per part de totes les
administracions implicades. En concret, reclamen la creació dun organisme estable i de gestió integral que permeta superar la fragmentació actual i done una resposta eficaç i sostinguda als reptes patrimonials de la ciutat. LAjuntament de Sagunt
va aprovar esta proposta com a declaració institucional al Ple de la corporació municipal celebrat el 4 de desembre del 2025.
Sagunt no pot continuar donant lesquena a la seua història. Aquesta riquesa patrimonial no mereix ni labandó, ni la resignació, sinó una gestió responsable, professionalitzada i valenta. El futur de la ciutat passa per trobar un
equilibri real entre el desenvolupament industrial i la posada en valor dels seus recursos culturals. La creació dun organisme interadministratiu de gestió patrimonial és la via més adequada per a garantir que el patrimoni de Sagunt es conserve,
es restaure i es projecte com un orgull compartit, un factor de cohesió social i un atractiu cultural i turístic de projecció internacional.
Per tot lexposat anteriorment, presente la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés acorda instar al Govern de lEstat a realitzar les següents mesures:
Impulsar, en coordinació amb la Generalitat Valenciana i lAjuntament de Sagunt, la creació dun organisme específic, estable i de gestió integral del patrimoni històric monumental de Sagunt, amb les característiques següents:
1. Caràcter interadministratiu, amb la participació del Ministeri de Cultura, la Generalitat Valenciana i lAjuntament de Sagunt com a administracions fundadores, i amb mecanismes de participació de les associacions culturals, veïnals i
turístiques de la ciutat.
2. Aportacions econòmiques estables i plurianuals per part de les administracions implicades, que garantisquen una base financera sòlida i suficient.
3. Planificació estratègica, mitjançant lelaboració de plans dactuació anuals i plurianuals amb objectius mesurables, criteris deficiència i mecanismes davaluació i seguiment.
4. Finançament mixt, combinant recursos públics amb ingressos propis derivats, entre altres, de taxes dentrada als monuments, entrades conjuntes en modalitat de «paquet cultural», marxandatge, lloguer despais, patrocinis i col·laboracions
amb fundacions i entitats privades.
5. Gestió professionalitzada, amb personal propi, qualificat i dedicat de manera exclusiva a la gestió quotidiana del patrimoni, garantint la integració i lestabilitat laboral del personal que actualment presta serveix en espais com el
Castell.
6. Autonomia de gestió i transparència, dacord amb la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, assegurant que els recursos invertits es destinen efectivament a la conservació i posada en valor del
patrimoni.
7. Inspiració en models dèxit ja existents en altres municipis de lEstat, com Cartagena, Almagro, Gandia o Albarracín, on estructures similars han demostrat la seua eficàcia.»
(1)Les entitats signants són: Associació de Veïns El Raval, Asociación cultural Esfera Morvedre, Asociación para el desarrollo turístico de Sagunto ADETURSA, Explora Sagunto, Voluntarios por el patrimonio histórico de Sagunto, Asociació de
veïns Ciutat Vella, Centre dEstudis del Camp de Morvedre, Centro Arqueológico Saguntino, Passió per Sagunt, Sagvntvm Avgvsta, Sociedad Vitivinícola de Sagunto, Societat Musical Lira Saguntina, Cronistes i investigadors del Camp de Morvedre i
Almenara, Asociación por la Dinamización Cultural, Turística y Artística DICULTURA.
Palau del Congrés dels Diputats, 23 de gener de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portaveu adjunt del Grup Parmalentari Mixt.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002938
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre la evaluación y refuerzo de
las políticas estatales de apoyo al comercio y a los negocios afectados por la Dana en el País
Valenciano, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Los episodios de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectaron gravemente a la Comunidad Valenciana provocaron una destrucción significativa del tejido económico local, con una incidencia especialmente dura sobre el comercio de
proximidad, la restauración y los pequeños negocios. Ante esta situación, las distintas administraciones activaron líneas de ayuda extraordinarias con el objetivo de paliar los efectos más inmediatos del desastre.
Sin embargo, transcurrido aproximadamente un año desde aquellos episodios, la realidad en los municipios valencianos afectados evidencia que la recuperación del comercio no puede darse por concluida. Aunque parte de los establecimientos han
podido reabrir, muchos negocios siguen arrastrando graves dificultades económicas derivadas del endeudamiento asumido, de la insuficiencia de las ayudas para cubrir la totalidad de los daños, del retraso en las indemnizaciones o de la pérdida
estructural de clientela.
Esta situación pone de manifiesto que la respuesta institucional, aunque necesaria, ha sido en muchos casos limitada, fragmentada y excesivamente burocratizada, dejando fuera o en una situación de vulnerabilidad prolongada a numerosos
autónomos y pequeñas empresas. En la Comunidad Valenciana, donde el comercio de proximidad cumple una función clave de cohesión social, vertebración urbana y ocupación, la carencia de una segunda fase de apoyo público está acelerando el cierre de
negocios y vaciados comerciales de barrios y pueblos.
Además, la creciente recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático obliga a replantear las políticas públicas desde una perspectiva estructural. No es suficiente con ayudas puntuales después de cada
emergencia: se necesitan instrumentos estables que permiten la recuperación real, la prevención de daños futuros y la adaptación del pequeño comercio a un escenario de mayor vulnerabilidad climática.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a llevar a cabo las medidas siguientes:
1. Elaborar y hacer pública una evaluación específica sobre el impacto y eficacia de las ayudas estatales concedidas al comercio ya los pequeños negocios del País Valenciano, afectados por la DANA, analizando su grado de ejecución,
suficiencia real y disfunciones detectadas.
2. Poner en marcha una nueva fase de medidas estatales de apoyo dirigida a los negocios valencianos que, un año después de la DANA, siguen en situación de fragilidad económica, mediante ayudas directas complementarias y mecanismos de
reequilibrio financiero.
3. Revisar las condiciones de los créditos e instrumentos de financiación pública activados a raíz de la DANA, ampliando los períodos de carencia y amortización, evitando que el endeudamiento se convierta en una condena para el pequeño
comercio afectado.
4. Impulsar, en coordinación con la Generalitat Valenciana y ayuntamientos de los municipios afectados, planes de reactivación comercial a medio plazo en las zonas más afectadas con campañas específicas de soporte al comercio local y
medidas de dinamización económica de los barrios y centros urbanos.
5. Simplificar y mejorar los procedimientos administrativos de las ayudas estatales para emergencias climáticas, incorporando las lecciones aprendidas en la Comunidad
Valenciana para garantizar una mayor agilidad, menor burocracia y un acceso real para autónomos y microempresas.
6. Integrar de forma transversal la adaptación al riesgo climático en las políticas estatales de economía y comercio, incorporando también herramientas de transformación digital del pequeño comercio que refuerzan su resiliencia,
competitividad y continuidad frente a futuros episodios climáticos externos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei sobre lavaluació i reforç de les
polítiques estatals de suport al comerç i als negocis afectats per la Dana al País Valencià, per al seu debat en Comissió dEconomia, Comerç i Transformació Digital.
Exposició de motius
Els episodis de Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que van afectar greument el País Valencià van provocar una destrucció significativa del teixit econòmic local, amb una incidència especialment dura sobre el comerç de proximitat, la
restauració i els xicotets negocis. Davant aquesta situació, les diferents administracions van activar línies dajuda extraordinàries amb lobjectiu de pal·liar els efectes més immediats del desastre.
Tanmateix, transcorregut aproximadament un any des daquells episodis, la realitat als municipis valencians afectats evidencia que la recuperació del comerç no pot donar-se per conclosa. Tot i que una part dels establiments han pogut
reabrir, molts negocis continuen arrossegant greus dificultats econòmiques derivades de lendeutament assumit, de la insuficiència de les ajudes per a cobrir la totalitat dels danys, del retard en les indemnitzacions o de la pèrdua estructural de
clientela.
Aquesta situació posa de manifest que la resposta institucional, tot i necessària, ha estat en molts casos limitada, fragmentada i excessivament burocratitzada, deixant fora o en una situació de vulnerabilitat prolongada nombrosos autònoms i
xicotetes empreses. Al País Valencià, on el comerç de proximitat compleix una funció clau de cohesió social, vertebració urbana i ocupació, la manca duna segona fase de suport públic està accelerant el tancament de negocis i buidatges comercials
de barris i pobles.
A més, la recurrència creixent de fenòmens meteorològics extrems associats al canvi climàtic obliga a replantejar les polítiques públiques des duna perspectiva estructural. No és suficient amb ajudes puntuals després de cada emergència:
calen instruments estables que permeten la recuperació real, la prevenció de danys futurs i ladaptació del xicotet comerç a un escenari de major vulnerabilitat climàtica.
Per tot lexposat anteriormente, presente la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés insta al Govern de lEstat a realitzar les següents mesures:
1. Elaborar i fer pública una avaluació específica sobre limpacte i eficàcia de les ajudes estatals concedides al comerç i als xicotets negocis del País Valencià, afectats per la DANA, analitzant-ne el grau dexecució, la suficiència real
i les disfuncions detectades.
2. Posar en marxa una nova fase de mesures estatals de suport adreçada als negocis valencians que, un any després de la DANA, continuen en situació de fragilitat
econòmica, mitjançant ajudes directes complementàries i mecanismes de reequilibri financer.
3. Revisar les condicions dels crèdits i instruments de finançament públic activats arran de la DANA, ampliant els períodes de carència i amortització, i evitant que lendeutament esdevinga una condemna per al petit comerç afectat.
4. Impulsar, en coordinació amb la Generalitat Valenciana i ajuntaments dels municipis afectats, plans de reactivació comercial a mitjà termini en les zones més afectades amb campanyes específiques de suport al comerç local i mesures de
dinamització econòmica dels barris i centres urbans.
5. Simplificar i millorar els procediments administratius de les ajudes estatals per a emergències climàtiques, incorporant les lliçons apreses al País Valencià per garantir més agilitat, menys burocràcia i un accés real per a autònoms i
microempreses.
6. Integrar de manera transversal ladaptació al risc climàtic en les polítiques estatals deconomia i comerç, incorporant també eines de transformació digital del xicotet comerç que reforcen la seua resiliència, competitivitat i
continuïtat davant futurs episodis climàtics externs.»
Palau del Congrés dels Diputats, 23 de gener de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portaveu adjunt del Grup Parmalentari Mixt.
Comisión de Sanidad
161/002918
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa al colapso sanitario del Sistema Nacional de Salud.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el último guion procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este
acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al colapso sanitario del Sistema Nacional de Salud, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El derecho a la protección de la salud de los españoles que prevé el artículo 43 de la Constitución Española, exige a los poderes públicos tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
Sin embargo, este derecho se encuentra gravemente amenazado hoy en España, con un sistema sanitario que roza el colapso tras el progresivo debilitamiento de uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, a causa de políticas que han priorizado
el despilfarro ideológico, las políticas de inmigración masiva y el blindaje de privilegios políticos sobre las necesidades reales de los pacientes, los profesionales sanitarios y la atención integral de la salud de los españoles.
El problema de la saturación que sufre nuestro sistema sanitario es multifactorial. En primer lugar, los españoles sufrimos las nefastas consecuencias de tener diecisiete sistemas sanitarios distintos, con un sistema diseñado por el
bipartidismo para satisfacer sus propios intereses personales y partidistas, con una descoordinación sistemática que impide la prestación de un servicio eficiente y de calidad. Además, dicho sistema alienta la desigualdad en el acceso a un derecho
básico como es la salud con la creación de fronteras autonómicas artificiales que provocan que dependiendo del lugar en el que resida, un español tenga una atención distinta.
A este sistema ineficiente y con una falta de inversiones crónica, el bipartidismo ha añadido un problema: la llegada masiva de inmigrantes. Nuestra Nación ha acumulado en los últimos 7 años la llegada de 3 millones de extranjeros, esto es
más de medio millón por año, sin que las infraestructuras ni los servicios públicos hayan ampliado su capacidad. El resultado ya lo conocemos y lo sufrimos todos los españoles en forma de listas de espera que deterioran la calidad asistencial y
unos servicios sanitarios al borde del colapso.
El sistema autonómico discrimina a los pacientes según su lugar de residencia y agrava la desprotección de los españoles y la pérdida de la calidad asistencial. Se hace necesaria una concepción integral de la Sanidad, con una tarjeta
sanitaria única.
Por otro lado, el déficit estructural en la plantilla sanitaria pone en riesgo el sostenimiento del sistema en el corto-medio plazo. El maltrato continuado tanto por los gobiernos del Partido Popular como por los del Partido Socialista, han
arrastrado a los profesionales sanitarios a una situación límite. Nuestros sanitarios padecen una precariedad laboral galopante, fruto del encadenamiento de contratos temporales, la imposibilidad de conciliar su vida familiar y laboral y la
percepción de una retribución insuficiente, que no se corresponde con su nivel formativo ni la responsabilidad laboral que asumen, mientras observan cómo los partidos en el Gobierno promueven un modelo que prima la inmigración masiva y la
homologación de títulos extranjeros sobre la mejora de sus condiciones laborales y salariales.
Nos oponemos firmemente al Estatuto Marco promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez, que deja una impronta ideológica en la sanidad española, busca enfrentar a unos sanitarios con otros y tiene como consecuencia directa el deterioro de la
calidad asistencial en perjuicio de los pacientes. Los médicos reclaman un Estatuto Médico propio que regule sus condiciones laborales para poder ofrecer a los pacientes la mejor calidad asistencial. No piden nada distinto al resto de
trabajadores, sino derechos básicos que cualquier trabajador tiene reconocidos y que los políticos llevan 15 años pisoteando, apelando a su vocación para silenciarlos.
VOX apuesta por blindar, a través de una normativa específica para todos los profesionales sanitarios, las condiciones salariales, laborales, posibilidades de conciliación familiar, hacer efectivas las sentencias que exigen que se cumpla con
la estabilización laboral. Es urgente devolver el prestigio profesional a quienes cuidan de la salud de todos los españoles, blindando unas condiciones laborales y salariales que sé
correspondan con el nivel de formación, la responsabilidad, el compromiso y la entrega de nuestros sanitarios.
Ante la fuga de profesionales, el bipartidismo lleva años importando profesionales sanitarios de terceros países donde, en muchos casos, la formación es deficiente. Las homologaciones de títulos se han realizado a través de convenios y con
poco rigor, sin garantizar la calidad asistencial y el conocimiento que estos profesionales ofrecían, deteriorando la sanidad española una vez incorporados a nuestro sistema sanitario.
En tercer lugar, la infrafinanciación crónica del Servicio Nacional de Salud y de los correspondientes servicios regionales, con el despilfarro de dinero público, la ineficiente gestión y la falta de destino de los recursos necesarios a la
dotación de medios materiales y humanos, deteriora progresivamente los servicios públicos de todos los españoles.
Todo lo anterior, unido a las desastrosas políticas de los ejecutivos de las pasadas legislaturas, tanto del PP como del PSOE han desembocado, en listas de espera interminables, con tiempos que superan en España los 120 días de espera para
poder ser operado, los 100 días de espera para acceder a una consulta con el especialista, los 800.000 pacientes en espera para una intervención quirúrgica, y con más del 70 % de los pacientes que esperan más de 48 horas para ser atendido por un
médico de familia.
La sanidad es una de las grandes perjudicadas por el sistema autonómico, la corrupción socialista y la inacción de los Gobiernos del bipartidismo. El bipartidismo ha demostrado con sus políticas de efecto llamada y de financiación de ONGs
dedicadas al tráfico de personas, que prioriza el negocio de la inmigración masiva sobre la urgente financiación de un servicio público esencial como es la Sanidad y sobre las condiciones mínimas de trabajo que deben garantizarse a nuestros médicos.
Los españoles pagan cada vez más impuestos y sin embargo cada vez tienen unos peores servicios públicos. Los españoles que llevan toda una vida cotizando y trabajando, cuando de verdad lo necesitan, se encuentran con unas listas de espera
inhumanas para ser atendidos o intervenidos, o para realizarse una prueba complementaria.
Por todo ello, es preciso reestructurar y mejorar el servicio público sanitario para garantizar la calidad asistencial, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y la igualdad de acceso para todos los españoles.
Frente a la inacción del Gobierno nacional y las desigualdades en las que ahonda la gestión autonómica, si queremos preservar este servicio público básico y garantizar el bienestar de los españoles, debemos avanzar hacia una concepción
integral de la sanidad, que invierta en lo verdaderamente esencial y centrada en garantizar un servicio accesible y de calidad para todos los españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar todas las medidas necesarias para avanzar hacia un sistema sanitario único, con la creación de una tarjeta sanitaria única y la unificación de la historia clínica y farmacéutica digital de los pacientes, para que esta sea
accesible a los médicos de todo el territorio nacional y para garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a este servicio público.
2. Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la Sanidad, de modo que se garantice la suficiencia de la atención a las necesidades reales de los españoles y, en particular, de los más vulnerables. Para poder afrontar este gasto,
se eliminará de los presupuestos todo gasto superfluo o ideológico.
3. Denunciar el deterioro y el colapso de los servicios públicos como consecuencia de años de abandono, falta de inversión y saturación provocada por la inmigración masiva.
4. Reducir el volumen y tiempo de las listas de espera en todos los ámbitos sanitarios (atención primaria, atención especializada y quirúrgica), mediante la reducción de la burocracia existente y la dotación de los medios humanos y
materiales necesarios para su reducción.
5. Garantizar una política de máxima transparencia en las listas de espera, que habrán de publicarse todos los meses y con todos los datos que sean necesarios para su correcta interpretación.
6. Promover la publicación inmediata del número de tarjetas sanitarias que tienen extranjeros, ya sean legales o ilegales.
7. Garantizar la cobertura de la atención sanitaria en las zonas rurales, mediante la dotación de recursos suficientes a aquellas unidades o áreas de servicio más necesitadas, con el objetivo de evitar cierres y recuperar capacidad
asistencial local.
8. Atender a las justas reivindicaciones del personal sanitario, frente al planteamiento de condiciones por parte del Gobierno, que no tienen en cuenta sus intereses y necesidades, y que ha generado numerosas movilizaciones y huelgas para
hacer valer sus derechos.
9. Retirar de forma inmediata la propuesta del Gobierno nacional de renovar la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
10. Promover un Estatuto propio para los médicos y facultativos, negociado con los profesionales sanitarios y garantizando una financiación adecuada para su aplicación efectiva. Del mismo modo, impulsar una normativa que blinde y mejore
las condiciones laborales y salariales de todos los profesionales sanitarios, evitando la fuga de profesionales y garantizando la cobertura de plazas necesarias.
11. Asegurar la cotización en vida laboral de las horas de guardia, para todos los profesionales sanitarios.
12. Garantizar la prórroga de la jubilación activa mejorada, permitiendo el acceso voluntario a la misma hasta la edad de 72 años, de todos los facultativos especialistas del Sistema Nacional de Salud durante los próximos cinco años, con el
fin de mejorar el déficit estructural y garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario.
13. Apostar y trabajar por el retorno de los sanitarios españoles formados en el sistema formativo español, ofreciendo incentivos laborales suficientes para asegurar la retención de talento en España, como prioridad frente a la homologación
de títulos extranjeros.
14. Adoptar todas las medidas necesarias para poner fin al abuso de la temporalidad en materia sanitaria y proceder a la estabilización laboral del personal sanitario.
15. Remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo máximo de seis meses, un informe detallado sobre las necesidades reales de médicos y facultativos del Sistema Nacional de Salud, incluyendo las cargas asistenciales, la evolución de las
listas de espera, la situación de la temporalidad, la cobertura de plazas de difícil provisión y las medidas necesarias para el refuerzo urgente de las plantillas, con el objetivo de garantizar una sanidad pública de calidad en condiciones de
seguridad para pacientes y profesionales.
16. Promover la supresión de todas las estructuras administrativas duplicadas con el fin de reorientar dichos recursos a la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, especialmente los médicos, al refuerzo de la
sanidad pública y a la reducción de las listas de espera.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2026.David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y de Rocío de Meer Méndez, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002939
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley relativa a la situación de la
población kurda en Alepo (Siria) y la condicionalidad de la cooperación internacional respecto de los derechos humanos, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
En los últimos meses, y de forma especialmente grave en las últimas semanas, los barrios kurdos de Sheikh Massoud y Ashrafiyeh, en la ciudad de Alepo (Siria), han sido objeto de operaciones militares a gran escala por parte de fuerzas
alineadas con el llamado Gobierno de Transición sirio, con la participación directa o indirecta de actores regionales.
Varias fuentes humanitarias y organizaciones internacionales han denunciado bombardeos de zonas residenciales, ataques reiterados contra infraestructuras civiles esenciales, como el Hospital Khalid Fajir, así como secuestros, torturas y
asesinatos de población civil. A consecuencia de estos ataques, decenas de personas han perdido la vida, cientos han resultado heridas y más de 155 000 personas se han visto forzadas a desplazarse, agravando una crisis humanitaria ya extrema.
Estas acciones constituyen una grave vulneración del derecho internacional humanitario y ponen de manifiesto un patrón de violencia desproporcionada contra la población civil y, en particular, contra una minoría étnica, lo que genera una
preocupación fundada sobre la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
La Unión Europea y sus Estados miembros, entre ellos el Estado español, han manifestado su voluntad de dar apoyo a la reconstrucción y estabilización de Siria.
Sin embargo, cualquier política de cooperación internacional y ayuda al desarrollo debe estar guiada por los principios de respeto a los derechos humanos, la protección de la población civil, la igualdad y la no discriminación, tal y como
establecen los tratados europeos y los compromisos internacionales asumidos por el Estado español.
La población kurda de Siria ha demostrado reiteradamente su compromiso con la convivencia pacífica, la pluralidad étnica y religiosa y la construcción de un modelo de gobernanza democrática y descentralizada. La experiencia de la
Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, donde conviven kurdos, árabes, armenios, asirios y otros pueblos constituye un ejemplo relevante de gobernanza local basada en la participación democrática y el respeto a los derechos
humanos en un contexto de conflicto.
Sin embargo, la intervención militar de terceros actores y el enfoque discriminatorio hacia las minorías étnicas y religiosas por parte del Gobierno de Transición sirio han contribuido a la desestabilización del territorio, incrementando el
sufrimiento de la población civil y dificultando cualquier salida política sostenible.
Ante esta situación, resulta imprescindible reforzar una política de cooperación internacional que sitúe la protección de la población civil, la asistencia humanitaria y la defensa de los derechos humanos como ejes centrales de la acción
exterior del Estado español.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Condicionar la ayuda humanitaria, la cooperación internacional y cualquier apoyo a la reconstrucción de Siria, tanto de forma bilateral como en el marco de la Unión Europea, al respeto efectivo de los derechos humanos, del derecho
internacional humanitario y la protección de la población civil, especialmente de las minorías étnicas y religiosas.
2. Incrementar la asistencia humanitaria urgente destinada a la población desplazada interna en la ciudad de Alepo, garantizando el acceso a alimentos, atención sanitaria, alojamiento, agua potable y apoyo psicosocial, en coordinación con
las agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias independientes.
3. Respaldar programas de cooperación orientados al fortalecimiento de las estructuras de gobernanza local democrática, la convivencia intercomunitaria y la participación de las mujeres y las minorías en los procesos de toma de decisiones.
4. Promover, en los foros internacionales correspondientes, la realización de investigaciones independientes sobre posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos contra la población civil en Alepo, garantizando la
rendición de cuentas de los responsables.
5. Defender una solución política para Siria basada en la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad étnica y religiosa del país y el desarrollo de formas de autogobierno democrático como base para una paz justa y duradera.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei relativa a la situació de la població
kuda a Alep (Síria) i la condicionalitat de la cooperació internacional al respecte dels drets humans, per al seu debat en Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
Exposició de motius
En els darrers mesos, i de manera especialment greu en les últimes setmanes, els barris kurds de Sheikh Massoud i Ashrafiyeh, a la ciutat dAlep (Síria), han sigut objecte doperacions militars a gran escala per part de forces alineades amb
lanomenat Govern de Transició sirià, amb la participació directa o indirecta dactors regionals.
Diverses fonts humanitàries i organitzacions internacionals han denunciat bombardejos de zones residencials, atacs reiterats contra infraestructures civils essencials com lHospital Khalid Fajir així com segrestos, tortures i assassinats
de població civil. A conseqüència daquests atacs, desenes de persones han perdut la vida, centenars han resultat ferides i més de 155.000 persones shan vist forçades a desplaçar-se, agreujant una crisi humanitària ja extrema.
Aquestes accions constitueixen una greu vulneració del dret internacional humanitari i posen de manifest un patró de violència desproporcionada contra la població civil i, en particular, contra una minoria ètnica, fet que genera una
preocupació fundada sobre la possible comissió de crims de guerra i crims contra la humanitat.
La Unió Europea i els seus Estats membres, entre ells lEstat espanyol, han manifestat la voluntat de donar suport a la reconstrucció i estabilització de Síria.
No obstant això, qualsevol política de cooperació internacional i ajuda al desenvolupament ha destar guiada pels principis de respecte als drets humans, la protecció de la població civil, la igualtat i la no-discriminació, tal com
estableixen els tractats europeus i els compromisos internacionals assumits per lEstat espanyol.
La població kurda de Síria ha demostrat reiteradament el seu compromís amb la convivència pacífica, la pluralitat ètnica i religiosa i la construcció dun model de governança democràtica i descentralitzada. Lexperiència de lAdministració
Autònoma Democràtica del Nord i Est de Síria, on conviuen kurds, àrabs, armenis, assiris i altres pobles, constitueix un exemple rellevant de governança local basada en la participació democràtica i el respecte als drets humans en un context de
conflicte.
Tanmateix, la intervenció militar de tercers actors i lenfocament discriminatori cap a les minories ètniques i religioses per part del Govern de Transició sirià han contribuït a la desestabilització del territori, incrementant el patiment
de la població civil i dificultant qualsevol eixida política sostenible.
Davant aquesta situació, resulta imprescindible reforçar una política de cooperació internacional que situe la protecció de la població civil, lassistència humanitària i la defensa dels drets humans com a eixos centrals de lacció exterior
de lEstat espanyol.
Per tot lexposat anteriorment, presente la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés insta al Govern de lEstat a:
1. Condicionar lajuda humanitària, la cooperació internacional i qualsevol suport a la reconstrucció de Síria, tant de manera bilateral com en el marc de la Unió Europea, al respecte efectiu dels drets humans, del dret internacional
humanitari i a la protecció de la població civil, especialment de les minories ètniques i religioses.
2. Incrementar lassistència humanitària urgent destinada a la població desplaçada interna a la ciutat dAlep, garantint laccés a aliments, atenció sanitària, allotjament, aigua potable i suport psicosocial, en coordinació amb les agències
de Nacions Unides i organitzacions humanitàries independents.
3. Donar suport a programes de cooperació orientats a lenfortiment de les estructures de governança local democràtica, la convivència intercomunitària i la participació de les dones i les minories en els processos de presa de decisions.
4. Promoure, en els fòrums internacionals corresponents, la realització dinvestigacions independents sobre possibles crims de guerra i crims contra la humanitat comesos contra la població civil a Alep, i garantir la rendició de comptes
dels responsables.
5. Defensar una solució política per a Síria basada en la convivència pacífica, el reconeixement de la diversitat ètnica i religiosa del país i el desenvolupament de formes dautogovern democràtic com a base per a una pau justa i duradora.»
Palau del Congrés dels Diputats, 23 de gener de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portaveu adjunt del Grup Parmalentari Mixt.
Comisión de Igualdad
161/002915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley relativa al esclarecimiento de los crímenes del Patronato de Protección a la Mujer y la reparación integral de sus víctimas, para su tramitación en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
Desde 1941 hasta 1985, el Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia y gestionado mayoritariamente por congregaciones religiosas, funcionó en España como una herramienta del Estado franquista para reprimir,
adoctrinar y controlar a mujeres adultas y menores catalogadas como «en riesgo moral». Bajo responsabilidad estatal y eclesiástica, el Patronato fue un engranaje central del dispositivo franquista de represión de género. Bajo el pretexto de
«proteger la moral femenina», esta institución se dedicó a controlar, castigar y «reeducar» a mujeres y niñas consideradas «desviadas», «rebeldes» o «descarriadas».
En la práctica, el Patronato de Protección a la Mujer constituyó un régimen de encierro y violencia estructural legitimado por el nacionalcatolicismo, que criminalizaba la libertad sexual, la pobreza y la maternidad fuera del matrimonio, con
una fuerte carga machista, clasista y racista. Un número significativo de las internas eran mujeres gitanas, sobre quienes se ejerció un castigo diferencial marcado por el antigitanismo estructural. Asimismo, muchas mujeres lesbianas, bisexuales y
del colectivo LGTBIQA+ fueron internadas y sometidas a terapias de conversión forzadas, violencia correctiva y otras formas de disciplinamiento sexual.
Durante décadas, miles de mujeres fueron encerradas arbitrariamente en centros regidos por órdenes religiosas bajo la autoridad del Estado, donde fueron sometidas a castigos, violencia física y sexual, trabajos forzados y humillaciones
sistemáticas. Estos hechos constituyen graves violaciones de derechos humanos que no han sido investigadas ni reparadas por las instituciones democráticas.
Además de la violencia física, sexual y psicológica, las mujeres internadas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer fueron sometidas a explotación laboral sistemática. Muchas de ellas trabajaron largas jornadas, sin contrato
ni salario, en tareas de manufactura textil, lavandería o talleres de producción que generaban beneficios económicos para los centros y, por extensión, para empresas privadas y grandes almacenes. Esta práctica de explotación encubierta no fue
casual, sino estructural: un modelo de internamiento punitivo que generó lucro para las congregaciones religiosas con conocimiento y consentimiento del Estado. La ausencia de cotización a la Seguridad Social durante estos años no solo supuso una
vulneración de sus derechos laborales, sino que hoy continúa castigando a las supervivientes con pensiones mínimas o directamente sin acceso a la jubilación. Es imprescindible investigar el entramado económico de estos centros, exigir transparencia
sobre su facturación y estudiar fórmulas de reparación que incluyan el reconocimiento de los años trabajados a efectos de jubilación.
El pasado 9 de junio de 2025, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) organizó en la Fundación Pablo VI de Madrid un acto de «petición de perdón» a las víctimas del Patronato que, sin embargo, lejos de suponer un primer paso hacia la
reparación, generó una reacción de rechazo frontal por parte de numerosas supervivientes y activistas.
El acto fue interrumpido por consignas de «ni olvido ni perdón» y «verdad, justicia y reparación» y por pancartas con contundentes «No» que evidenciaban el dolor y el descontento de las víctimas. Esta respuesta no fue solo una expresión
legítima del sufrimiento silenciado durante décadas, sino también una advertencia política sobre los límites de los gestos simbólicos cuando no se acompañan de medidas reales. Sin reconocimiento jurídico, sin acceso a los archivos, sin
responsabilidades penales ni reparaciones materiales, estos actos corren el riesgo de funcionar como lavados de imagen para las instituciones responsables en lugar de actos de justicia restaurativa.
Uno de los elementos más graves del legado del Patronato fue ocultado deliberadamente en el acto del 9 de junio: la sustracción sistemática de recién nacidos a mujeres internadas. Las víctimas denuncian que muchas fueron obligadas a firmar
documentos de entrega en adopciones irregulares, bajo coacción, engaño o directamente sin su consentimiento, por ejemplo, en la Maternidad de la Almudena (Peñagrande). Esta práctica encaja en el patrón documentado del robo de bebés, reconocido en
otros contextos internacionales como crimen de lesa humanidad.
Negar o silenciar este aspecto no solo vulnera el derecho de las víctimas a la verdad, sino que perpetúa la impunidad. Como ha señalado Consuelo García del Cid, una de las principales portavoces del movimiento de supervivientes, «sin hablar
del robo de bebés, no hay perdón posible». La exclusión deliberada de este tema, que emerge también como una de las prioridades legislativas pendientes, convierte cualquier gesto institucional en un simulacro de justicia.
Igualmente urgente es la investigación de las muertes por suicidio ocurridas en los centros del Patronato, consecuencia directa de la violencia estructural sufrida, y que han sido históricamente silenciadas y recientemente censuradas incluso
en actos institucionales de «perdón».
El Estado y la Iglesia fueron corresponsables de estos crímenes: uno por crear y sostener el Patronato, y la otra por administrarlo y ejecutar directamente los abusos. Una complicidad que no terminó con la dictadura, ya que el Patronato
siguió funcionando hasta 1985 sin investigación ni reparación.
La negativa sistemática a entregar archivos, la falta de acceso a expedientes personales y la opacidad de las órdenes religiosas continúan hoy impidiendo la reconstrucción de la verdad. La negativa a desclasificar documentos representa una
vulneración del derecho a la memoria y una forma de revictimización. El perdón no puede ser sin verdad; la Iglesia debe entregar todos los archivos y facturación y el Estado debe asumir sus responsabilidades.
Exigir responsabilidades por estos crímenes no es mirar al pasado con rencor, sino construir el presente con justicia. La voz de las «desterradas hijas de Eva» es hoy la voz de un feminismo que no se resigna a la impunidad. Si queremos que
no se repita, debemos romper el silencio con verdad, justicia y reparación. La memoria democrática debe ser feminista.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar los trabajos necesarios para el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del Patronato de Protección a la Mujer desde una perspectiva feminista, antirracista y LGTBIQA+, incluyendo la creación
de una comisión de investigación al respecto.
2. Garantizar la apertura, digitalización y acceso público a todos los archivos vinculados al Patronato, tanto de titularidad estatal como eclesiástica, incluidos expedientes personales, registros médicos, judiciales, de maternidad y
documentación económica y contable de los centros.
3. Investigar la práctica sistemática de sustracción forzosa de bebés en los centros del Patronato, depurar responsabilidades y avanzar de forma urgente en la tramitación de una ley integral sobre bebés robados.
4. Investigar la dimensión económica del sistema de internamiento, incluyendo la facturación de los centros gestionados por órdenes religiosas, sus relaciones con empresas privadas y grandes almacenes, y la explotación laboral de las
internas, identificando a las entidades beneficiarias del sistema y pudiendo requerir su comparecencia en sede parlamentaria.
5. Reconocer la explotación laboral sufrida por las mujeres internadas y estudiar mecanismos de reparación que incluyan el cómputo de los años de internamiento y trabajo forzado a efectos de cotización a la Seguridad Social y derechos de
jubilación.
6. Investigar las muertes por suicidio y otras muertes no esclarecidas ocurridas en los centros del Patronato, garantizando el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad y al reconocimiento institucional.
7. Incorporar explícitamente a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, reconociéndolas como víctimas de violencia institucional y franquista e incluyendo medidas de
reparación simbólica, jurídica y económica y el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular, de la CEDAW y del Convenio de Estambul.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2026.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley de apoyo a las personas afectadas por la talidomida, para su debate en la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La talidomida es una sustancia activa comercializada en España a partir de la década de los cincuenta y que fue prescrita a las mujeres gestantes durante los primeros meses del embarazo. Su ingesta llevó aparejada en miles de casos el
desarrollo de graves enfermedades connatales. La comercialización en España de las especialidades farmacéuticas del principio activo de la talidomida se realizó por los laboratorios Medinsa, como distribuidora de Grünenthal, propietaria de la
patente, y sus colaboradores PEVYA, Farmacológicos Nessa SA y el Instituto Farmacológico Latino SA.
A partir del año 1960 se descubren sus graves efectos secundarios, consistentes en malformaciones en los recién nacidos. Hoy ya nadie duda de las consecuencias que tuvo el uso de este fármaco, que fue una catástrofe mundial. Estas
consecuencias marcaron un antes y un después en la farmacovigilancia, dando lugar a medidas normativas, hasta entonces inexistentes, para garantizar la seguridad de los medicamentos.
En muchos países, a medida que se reconocían las consecuencias del medicamento, se iniciaron mecanismos para resarcir los daños siempre con exención fiscal. En España, por desgracia, no fue así. En el año 2003 se constituyó la asociación
de personas afectadas, unas 200, que comenzaron a luchar de forma organizada.
El Gobierno socialista, en el año 2009, reconoció la jubilación anticipada a las personas con anomalías congénitas secundarias a talidomida.
En el año 2010 se aprobó el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, que hacía efectivo y
desarrollaba el compromiso contraído por el Presidente Rodríguez Zapatero y que se había plasmado ya previamente en los Presupuestos Generales de aquel año. Asimismo se aprobó el protocolo para determinar las personas que eran víctimas de este
fármaco. Este Real Decreto no solo reconoció oficialmente las consecuencias de este tratamiento y visibilizó el problema, sino que, además, estableció el derecho a una indemnización de entre 30.000 y 100.000 euros en función del grado de
discapacidad causado por la medicación.
En el año 2023, el Gobierno aprobó un nuevo decreto en desarrollo de la D.A. 56.a de la Ley 6/2028 para revisar las condiciones establecidas. Concretamente, se actualizó la regulación para ampliar el período inicial de 1960-1965 al nuevo
de 1950-1985 y actualizar las cuantías de las ayudas fijadas en 2010.
Es necesario seguir profundizando en la mejora de la respuesta que tienen que dar las administraciones públicas a esta problemática, más aún cuando la respuesta que han dado los tribunales ha sido eximir de responsabilidad a la farmacéutica,
por apreciar la prescripción de la acción, dejando a las personas afectadas sin la posibilidad de tener alguna ayuda o compensación por parte de la empresa responsable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio sobre la aplicación y efectos del Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985,
con la finalidad de detectar y corregir posibles disfunciones, incluyendo, en su caso, el análisis de los mecanismos legales que posibiliten la apertura de un nuevo plazo de solicitud de las ayudas para aquellos ciudadanos que, estando oficialmente
reconocidos, han visto extinguido su derecho.
2. Continuar facilitando los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos, así como la eliminación del copago en otras prestaciones originadas por sus lesiones, mediante las modificaciones legales oportunas.
3. En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 6/2018, impulsar las actuaciones necesarias para recabar de la compañía Grünenthal, como titular de la patente, así como de las entidades que
distribuyeron el fármaco en España, una colaboración económica orientada al reconocimiento del daño y a la reparación de las personas afectadas. Esta contribución se destinará a incrementar proporcionalmente las ayudas ya reconocidas. Asimismo, se
analizarán otras posibles medidas para que dichas compañías asuman su responsabilidad y contribuyan a la reparación del daño.
4. Realizar un acto público de reconocimiento del trabajo y la contribución que todas las personas afectadas y sus familiares han tenido a lo largo de todos estos años, tanto para reivindicar su derecho a un justo resarcimiento por el daño
causado como por la contribución que han hecho a mejorar el sistema de farmacovigilancia y evitar que situaciones como la de la talidomida pudieran llegar a reproducirse.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.Emilio Sáez Cruz, Olvido de la Rosa Baena, Inés Plaza García, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Oriol Almirón Ruiz, Lázaro Azorín Salar, Ana Cobo Carmona, María Mercè
Perea i Conillas, Esther Rodríguez Suárez, Luis Carlos Sahuquillo García y Margarita Martín Rodríguez, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora del firme en la N-420 para garantizar la seguridad
vial de sus usuarios, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La carretera N-420 tiene una importancia estratégica significativa a su paso por Corbera dEbre (Tarragona) por razones relacionadas con el tránsito comercial, la conectividad interregional y la unión con otras vías principales en España,
como el eje transversal de conexión entre el Mediterráneo y el interior peninsular. Así mismo, es la conexión de comarcas y regiones productivas (cruza comarcas como Priorat, Terra Alta y Ribera dEbre y sirve de acceso transversal entre estas y
centros económicos como Reus, Tarragona y Zaragoza), y enlaza con otras carreteras nacionales y autovías cruciales: con la A-7 / AP-7 cerca de Tarragona (conexión con la costa mediterránea), con la N-211 en Aragón, que da continuidad hacia zonas
del Bajo Aragón y Zaragoza y con la N-232 y otras vías que permiten ampliar las conexiones hacia el norte y oeste del país.
La N-420 a su paso por Corbera dEbre es una vía de alto valor funcional tanto para el tránsito comercial nacional e internacional como para la interconexión regional, actuando como corredor transversal que une el Mediterráneo con el
interior de España y conectando a su vez con otras carreteras estratégicas. Esto la convierte en un elemento clave de la infraestructura vial en el sur de Cataluña y comarcas circundantes.
El mal estado de la calzada de la N-420 a su paso por Corbera dEbre es consecuencia directa del tráfico mixto que soporta, en el que conviven desplazamientos locales con un intenso tránsito de largo recorrido, especialmente de vehículos
pesados. El paso continuado de camiones y transporte comercial, con cargas elevadas y circulación frecuente, acelera el deterioro del firme, provocando la aparición de baches, fisuras, roderas y deformaciones del pavimento. Esta situación se ve
agravada por el uso diario de la vía por parte de residentes, maquinaria agrícola y vehículos ligeros, así como por un mantenimiento que no siempre es acorde a la intensidad y tipología del tráfico que soporta. Como resultado, la calzada presenta
condiciones que afectan negativamente a la seguridad vial, al confort de la circulación y a la calidad de vida del entorno urbano, reforzando la necesidad de actuaciones de mejora estructural y de una gestión más adecuada de esta infraestructura
estratégica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la seguridad viaria de los usuarios de la carretera N-420, actualmente en serio riesgo, a su paso por Corbera d'Ebre (Terra Alta, Tarragona) mediante la reparación urgente de su
firme.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2026.Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Càmera, presenta la següent Proposició no de Llei per a la millora del firm a la N-420 per garantir la segurerat vial dels seus
usuaris, per al seu debat a la Comissió de Seguretat Vial.
Exposició de motius
La carretera N-420 té una importància estratègica significativa al seu pas per Corbera d'Ebre (Tarragona) per raons relacionades amb el trànsit comercial, la connectivitat interregional i la unió amb altres vies principals a Espanya, com
l'eix transversal de connexió entre el Mediterrani i l'interior peninsular. Així mateix, és la connexió de comarques i regions productives (creua comarques com Priorat, Terra Alta i Ribera dEbre i serveix d'accés transversal entre aquestes i
centres econòmics com Reus, Tarragona i Saragossa), i enllaça amb altres carreteres nacionals i autovies crucials: amb l'A-7 / AP-7 prop de Tarragona (connexió amb la costa mediterrània), amb la N-211 a Aragó, que dona continuïtat cap a zones del
Baix Aragó i Saragossa i amb la N-232 i altres vies que permeten ampliar les connexions cap al nord i oest del país.
La N-420 al seu pas per Corbera d'Ebre és una via d'alt valor funcional tant per al trànsit comercial nacional i internacional com per a la interconnexió regional, actuant com a corredor transversal que uneix el Mediterrani amb l'interior
d'Espanya i connectant al seu torn amb altres carreteres estratègiques. Això la converteix en un element clau de la infraestructura viària en el sud de Catalunya i comarques circumdants.
El mal estat de la calçada de la N-420 al seu pas per Corbera d'Ebre és conseqüència directa del trànsit mixt que suporta, en el qual conviuen desplaçaments locals amb un intens trànsit de llarg recorregut, especialment de vehicles pesants.
El pas continuat de camions i transport comercial, amb càrregues elevades i circulació freqüent, accelera la deterioració del ferm, provocant l'aparició de sots, fissures, roderes i deformacions del paviment. Aquesta situació es veu agreujada per
l'ús diari de la via per part de residents, maquinària agrícola i vehicles lleugers, així com per un manteniment que no sempre és conforme a la intensitat i tipologia del trànsit que suporta. Com a resultat, la calçada presenta condicions que
afecten negativament la seguretat viària, al confort de la circulació i a la qualitat de vida de l'entorn urbà, reforçant la necessitat d'actuacions de millora estructural i d'una gestió més adequada d'aquesta infraestructura estratègica.
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta el Govern a garantir la seguretat viària dels usuaris de la carretera N-420, actualment en risc seriós, al seu pas per Corbera d'Ebre (Terra Alta, Tarragona) mitjançant la reparació urgent del seu ferm.»
Palau del Congrés dels Diputats, 21 de gener de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputat.Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grup Parmalentari Plurinacional SUMAR.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Justicia
181/001559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, y Carlos Flores Juberías, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
¿Cómo valora la aplicación de las reformas previstas en la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y los problemas que su entrada en vigor está provocando según numerosos operadores jurídicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carlos Flores Juberías, Diputados.
Comisión de Defensa
181/001552
Fèlix Alonso Cantorné, Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
¿Tiene intención el Gobierno de impulsar la creación de una comisión de la verdad para que aclare las circunstancias en las que murieron cerca de 1.900 jóvenes mientras realizaban el servicio militar, para que escuche a sus familias y para
que elabore un informe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
Fèlix Alonso Cantorné, Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.
¿Té intenció el Govern dimpulsar la creació duna comissió de la veritat per a què aclareixi les circumstàncies en les que van morir prop de 1.900 joves mentre realitzaven el servei militar, per a què escoltin les seves famílies i per a què
elabori un informe?
Palau del Congrés dels Diputats, 15 de gener de 2026.Fèlix Alonso Cantorné, Diputat.
181/001564
Rafael Antonio Hernando Fraile y Carlos Rojas García, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Defensa y de la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España SA, SME, MP (ISDEFE) acerca de las soluciones propuestas por Hisdesat Servicios Estratégicos S.A.
(empresa participada directamente por la citada ISDEFE y por INDRA, participada a su vez por la SEPI) ante el comunicado de la propia Hispasat sobre la situación del satélite SpainSat NG II que, tras ser lanzado desde Cabo Cañaveral el 23 de octubre
de 2025 ha sufrido el impacto de una partícula espacial durante el trayecto hacia su posición orbital definitiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2026. Rafael Antonio Hernando Fraile y Carlos Rojas García, Diputados.
Comisión de Política Territorial
181/001557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jorge Campos Asensi, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carina Mejías Sánchez, en sus respectivas condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
¿Tiene pensado en algún momento asumir la responsabilidad política por las irregularidades en las que existen serias sospechas de haber estado implicado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.Jorge Campos Asensi, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carina Mejías Sánchez, Diputados.
Comisión de Sanidad
181/001561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra de Sanidad.
¿Hay escasez de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2026.David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
181/001562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra de Sanidad.
¿A qué razones se debieron los fallos en la gestión de la prueba MIR de 2026?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2026.David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001551
Fèlix Alonso Cantorné, Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
¿Tiene previsto el Gobierno acometer en el menor plazo de tiempo posible las obras necesarias para garantizar la seguridad viaria de sus usuarios mediante la reparación del firme de la N-420 a su paso por Corbera d'Ebre (Terra Alta,
Tarragona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2026.Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
181/001553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro del Interior.
¿Qué problemas está generando la baliza V-16?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.
181/001554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro del Interior.
¿Va a poner fin a la obligatoriedad de la baliza V-16?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.
181/001563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro del Interior.
¿Por qué el Gobierno limita las libertades individuales prohibiendo la entrada con vehículo privado a las ciudades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2026.Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/032043
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando (GSUMAR)
Alonso Cantorné, Fèlix (GSUMAR)
Rivera Arias, Engracia (GSUMAR)
Valero Morales, Juan Antonio (GSUMAR)
González López, Nahuel (GSUMAR)
Sierra Caballero, Francisco (GSUMAR)
Empresas que van a presentar ofertas para la adjudicación de los contratos de gestión de lotes de CASA47, así como previsiones acerca de permitir la privatización y la gestión por parte de grandes fondos de la Entidad Estatal de Vivienda.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.
Diversas fuentes periodísticas han publicado que algunos grandes fondos de inversión como Blackstone, Lone Star o Azora, a través de sus gestoras de activos, preparan ofertas para intentar adjudicarse el contrato millonario de la gestión de
las viviendas de la nueva entidad estatal CASA47 (antes Sepes).
CASA47 se define en la web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como «la infraestructura que sustentará el sistema público de vivienda, del mismo modo que la red de hospitales y escuelas públicas ejercen de base para los sistemas
sanitario y educativo, respectivamente. Su nacimiento culmina un intenso proceso de reestructuración de Sepes hasta convertirse en la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo que gestionará el parque público de vivienda de este país, que nunca más se
privatizará, y ejercerá un papel fundamental en todo el ciclo residencial, desde la adquisición y planeamiento del suelo hasta la entrega final de llaves».
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en su concepción de la Entidad, incluyó numerosas cláusulas sociales para evitar la presencia de estos vehículos extranjeros, ponderando no únicamente razones económicas. A pesar de todo esto,
parece que es bastante probable que grandes fondos buitre desembarquen y acaben gestionando sus activos inmobiliarios.
Los contratos de adjudicación para CASA47 requieren de los licitadores una gran exposición territorial, un solo lote debe abarcar numerosas autonomías. Por ejemplo, sólo uno de los lotes abarca las comunidades de Andalucía, Islas Baleares,
Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, obligando a disponer de una amplia red territorial y permitiendo de facto únicamente a las grandes empresas y fondos buitres acceder a la contratación.
Este modelo continúa premiando la gestión privada y por parte de grandes fondos de la vivienda pública, y, por tanto, supedita de nuevo una necesidad básica a sus criterios de gestión del capital.
En el ámbito del ordenamiento jurídico español, el artículo 47 de la Constitución Española prevé que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y establece la obligación de los poderes públicos de
promover condiciones necesarias y normativas adecuadas para hacer efectivo este derecho, prestando especial atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, a pesar de este marco normativo, la garantía del derecho a la
vivienda sigue enfrentando notables desafíos en nuestro país, especialmente en contextos de crisis económica, sanitaria y social.
Es imprescindible que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se asegure que el modelo de gestión de CASA47 se mantenga en el ámbito de las administraciones públicas, dotando a la Entidad de un cuerpo administrativo público y de suficiente
financiación para poder desplegar una apropiada articulación territorial. La crisis de la vivienda es indudablemente uno de los principales si no el principal impedimento para la consecución de una vida digna y adecuada para toda la ciudadanía, y
debería ser la prioridad legislativa y de gestión de este Gobierno.
¿Permitirá el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la privatización y la gestión por parte de grandes fondos de la Entidad Estatal de Vivienda?
¿Planea el Gobierno dotar a CASA47 de un cuerpo administrativo y financiación suficiente para que pueda asumir la gestión de los lotes? En caso negativo, ¿Cuál es el motivo?
¿Va a acordar el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana poner estos inmuebles a disposición de empresas públicas autonómicas para su gestión?
¿Pretende el Gobierno permitir que las empresas municipales de vivienda que tengan la capacidad, gestionen las viviendas de sus ámbitos territoriales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2026.Enrique Fernando Santiago Romero, Fèlix Alonso Cantorné, Engracia Rivera Arias, Juan Antonio Valero Morales, Nahuel González López y Francisco Sierra Caballero, Diputados.
184/032415
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Romaní Cantera, José Ignacio (GP)
Lorente Anaya, Macarena (GP)
Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP)
Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP)
Informes, análisis o estudios que maneja el Ministerio del Interior para decidir sobre la posible reapertura del cuartel de la Guardia Civil en Palmones.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el último guion, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001481).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Romaní Cantera, Macarena Lorente Anaya, Pedro Gallardo Barrena, Miguel Ángel Sastre Uyá, Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Sánchez Ojeda, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
En los últimos meses, diferentes análisis municipales y vecinales del núcleo de Palmones, dependiente del municipio gaditano de Los Barrios, vienen alertando de un
incremento de incidentes delictivos vinculados al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a actividades en el entorno fluvial y portuario.
En este contexto, la antigua instalación de la Guardia Civil en Palmones, hoy cerrada, es señalada por autoridades locales como una infraestructura cuya reapertura podría aportar mayor estabilidad y capacidad de presencia policial.
¿Qué informes, análisis o estudios maneja el Ministerio del Interior para decidir sobre la posible reapertura del cuartel de la Guardia Civil en Palmones y cuáles son sus conclusiones principales?
En caso de desestimarse su reapertura, ¿qué estudios técnicos concretos sustentan dicha decisión? [ ]
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.José Ignacio Romaní Cantera, Macarena Lorente Anaya, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Miguel Ángel Sastre Uyá, Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Diputados.
184/032417
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Romaní Cantera, José Ignacio (GP)
Lorente Anaya, Macarena (GP)
Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP)
Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP)
Evaluación de la relevancia estratégica de Palmones dentro del dispositivo de seguridad del Campo de Gibraltar, así como su influencia en la decisión de mantener cerrado el cuartel.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el último inciso, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001482).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Romaní Cantera, Macarena Lorente Anaya, Pedro Gallardo Barrena, Miguel Ángel Sastre Uyá, Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Sánchez Ojeda, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Palmones se encuentra en un enclave geográfico de especial sensibilidad dentro de la Comarca del Campo de Gibraltar, por su proximidad a zonas fluviales, comerciales y de tránsito vinculadas al movimiento de mercancías. Las autoridades
locales consideran que esta localización aumenta la necesidad de contar con una infraestructura de la Guardia Civil que actúe como base de operaciones y punto de vigilancia permanente.
¿Ha evaluado el Ministerio del Interior la relevancia estratégica de Palmones dentro del dispositivo de seguridad del Campo de Gibraltar y cómo influye dicha evaluación en la decisión de mantener cerrado el cuartel? [ ]
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.José Ignacio Romaní Cantera, Macarena Lorente Anaya, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Miguel Ángel Sastre Uyá, Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Diputados.
SECRETARÍA GENERAL
291/000009
RESOLUCIÓN DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE 27 DE ENERO DE 2026, POR LA QUE SE MODIFICA LA PLANTILLA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 27 de enero de 2026, ha adoptado la siguiente resolución:
Primero.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, así como en las Normas Comunes para la elaboración de las plantillas orgánicas de las Secretarías Generales del Congreso de los Diputados
y del Senado, se aprueba la modificación de la Plantilla Orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, en los términos que figuran como anexo a la presente resolución, que se concretan en lo siguiente:
1. Secretaría General Adjunta para Asuntos Parlamentarios.
En el Departamento de Publicaciones Oficiales se modifica el horario de uno de los dos puestos de Administrador/a de horario ordinario en horario continuado de tarde.
2. Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo.
En el Servicio de Adquisiciones y Almacenamiento se elimina el puesto de Técnico que dependía del Servicio.
Dentro del Departamento de Biblioteca, en el Servicio de Atención a Usuarios se crea el Área de Atención a Usuarios y el puesto de Responsable de Área, quedando integrados en dicha Área un puesto de Administrador/a con horario ordinario y
otro con horario continuado de tarde, un puesto de Administrativo/a con horario ordinario y otro con horario continuado de tarde que dependían directamente del Servicio. En el Servicio de Tratamiento de la Información se crea el Área de Tratamiento
de la Información y el
puesto de Responsable de Área, quedando integrados en dicha Área tres puestos de Administrador/a con horario ordinario y tres puestos de Administrativo/a con horario ordinario que dependían directamente del Servicio.
Dentro del Departamento de Archivo, se crea un puesto de Responsable de Área que depende del Departamento.
Asimismo, se crea el Servicio de Acceso e Información Pública integrado por un puesto de Jefe/a de Servicio, dos puestos de Archivero/a, un puesto de Administrador/a y un puesto de Administrativo/a.
3. Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior.
Dentro del Departamento de Igualdad, Prevención y Gabinete Médico, en el Gabinete Médico se crea un puesto de Médico/a con horario continuado de mañana, un puesto de Médico/a con horario especial tarde, un puesto de Enfermero/a (ATS/DUE) con
horario continuado de mañana y un puesto de Enfermero/a (ATS/DUE) con horario especial tarde.
4. Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
Se redistribuyen los puestos de Auxiliares de Informática entre las Áreas de Atención a Usuarios y de Explotación.
Segundo.
Esta resolución, con su anexo, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2026.La Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Socias.
ANEXO
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL ADJUNTA PARA ASUNTOS PARLAMENTARIOS
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES OFICIALES
Denominación del Puesto
Dotación
Provisión
Cuerpo
Requisitos específicos
Jornada
Horario
Complemento de Destino
Dedicación
Funciones
Observaciones
Jefe/a de Departamento
1
C
AB, AF, TA
C
O
Sí
E
Organización y supervisión de las tareas propias del Departamento. Definición, impulso y planificación de los proyectos dirigidos a la realización de aquellas. Elaboración de informes, estudios y propuestas en relación con los asuntos
competencia del Departamento. Ordenación, coordinación y control de los contenidos y asuntos objeto de publicación en las series del Boletín Oficial de las Cortes Generales, secciones Congreso de los Diputados y Cortes Generales. Coordinación de
la publicación de los Diarios de Sesiones correspondientes, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras Unidades. Dirección de los trabajos de análisis documental y sistematización de la información de las citadas publicaciones oficiales.
SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
Jefe/a de Servicio
1
C
AB
C
O
Sí
E
Coordinación y supervisión de las funciones de análisis documental de las iniciativas e intervenciones publicadas en las series del Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), secciones Congreso de los Diputados y Cortes Generales y en
los Diarios de Sesiones correspondientes, y en otras publicaciones oficiales que así lo requieran. Actualización de los lenguajes y estándares documentales utilizados. Definición, desarrollo y aplicación de los proyectos dirigidos a modernizar y
automatizar las tareas encomendadas al Servicio.
Documentalista
1
C
AB
C
O
No
N
Análisis documental de las iniciativas e intervenciones publicadas en las series del Boletín Oficial de las Cortes Generales, secciones Congreso de los Diputados y Cortes Generales, y en los Diarios de Sesiones correspondientes. Seguimiento
de las iniciativas objeto de publicación en otras publicaciones oficiales que así lo requieran. Actualización y mantenimiento de los índices de autoridades y de los lenguajes y estándares documentales utilizados.
ÁREA DE GESTIÓN TÉCNICA DE LAS PUBLICACIONES OFICIALES
Responsable de Área
1
C
A
C
O
Sí
E
Bajo la supervisión de la Jefatura del Departamento, organización y coordinación de las tareas encomendadas al Área. Distribución de los asuntos ordenados para su publicación en las series del Boletín Oficial de Cortes Generales (BOCG),
secciones Congreso de los Diputados y Cortes Generales. Control de originales, acuerdos y órdenes de publicación para la maquetación de los boletines. Lectura y revisión de galeradas. Supervisión de la codificación de las iniciativas a lo largo
de su tramitación publicadas en BOCG.
Administrador/a
1
C
A
C
O
Sí
N
Apoyo administrativo cualificado a las tareas descritas en el apartado anterior. Maquetación de los boletines para su envío a imprenta por medios telemáticos. Lectura y corrección de galeradas. Codificación de las iniciativas e
intervenciones publicadas en las series del Boletín Oficial de las Cortes Generales, secciones Congreso de los Diputados y Cortes Generales, en los Diarios de Sesiones correspondientes, y en otras publicaciones oficiales que así lo requieran.
Una plaza de Administrador/a de horario ordinario pasa a ser de continuado de tarde.
Administrador/a
1
C
A
C
Cont. tarde
Sí
N
Ídem.
Administrativo/a
3
C
A
C
O
No
N
Apoyo administrativo a las tareas descritas en los apartados anteriores. Marcación y preparación de originales. Maquetación de los boletines para su envío a imprenta por medios telemáticos. Lectura y corrección de galeradas. Codificación
de las iniciativas e intervenciones publicadas en las series del Boletín Oficial de las Cortes Generales, secciones Congreso de los Diputados y Cortes Generales, en los Diarios de Sesiones correspondientes y en otras publicaciones oficiales que así
lo requieran. Revisión de los datos de publicación e iniciativas en las galeradas de Diarios de Sesiones.
Administrativo/a
1
C
A
C
Cont. Tarde
No
N
Ídem.
DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO
Denominación del Puesto
Dotación
Provisión
Cuerpo
Requisitos específicos
Jornada
Horario
Complemento de Destino
Dedicación
Funciones
Observaciones
Director/a
1
LD
AB
C
Sí
E
Dirección, impulso, organización, coordinación y distribución de los trabajos que se desarrollan en los distintos Departamentos de la Dirección, coordinación de los mismos entre sí y con otras unidades de la Secretaría General.
Planificación de bibliotecas digitales, bases de datos, repertorios, boletines, dosieres, infografías y solicitudes de información en las materias propias de la Dirección. Mantenimiento y control de las solicitudes de acceso a la información
pública presentadas en el Congreso de los Diputados y preparación de los borradores de respuesta para la Secretaría General. Redireccionamiento de las solicitudes no procedentes a los servicios correspondientes. Organización de la atención a
investigadores. Planificación, coordinación y puesta en marcha de las exposiciones encargadas por la Secretaría General. Implementación de la presencia de la Dirección en redes sociales. Control de la gestión económica de la Dirección. Gestión
de la calidad de los Departamentos y Servicios que integran la Dirección. Cualquier otra función delegada por el/la Secretario/a General.
Nombramiento por la Mesa del Congreso de los Diputados a propuesta del/de la Secretario/a General.
SECRETARÍA
Responsable
1
LD
A
C
O
Sí
E
Apoyo administrativo al/a la Directora/a en sus competencias. Agenda del/de la Directora/a. Gestión de correspondencia. Organización, supervisión y apoyo de las tareas de Secretaría: archivo, tratamiento de textos y otras aplicaciones
informáticas, atención de llamadas, etc. Colaboración en la elaboración de respuestas a solicitudes de acceso a la información pública. Gestión de expedientes económicos.
Nombramiento por el/la Secretario/a General a propuesta del/de la Director/a.
Administrativo/a
1
C
A
C
Cont. Tarde
No
N
Archivo, tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas y, en general, cuantas sean necesarias para el apoyo administrativo a la Secretaría.
SERVICIO DE ADQUISICIONES Y ALMACENAMIENTO
Jefe/a de Servicio
1
C
AB
C
O
Sí
E
Responsable directo de la contratación y gestión y control de las adquisiciones, de la supervisión y control de los distintos depósitos documentales, contratación de la externalización de fondos y la restauración y encuadernación.
Ordenación y reconversión electrónica de fondos documentales. Expurgo o externalización de materiales documentales y bibliográficos. Responsabilidad en la formación de las personas becarias. Coordinación con las otras Direcciones, en su caso.
Administrador/a
1
C
A
C
O
Sí
N
Tareas de apoyo administrativo a la Jefatura de Servicio. Gestión de las adquisiciones y el mantenimiento de los fondos documentales. Relación con depósitos externos. Gestión de los expedientes económicos correspondientes.
Administrativo/a
1
C
A
C
O
No
N
Apoyo administrativo a la adquisición y almacenamiento de documentos, tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas, archivo, atención telefónica y agenda y tareas administrativas relacionadas con el mantenimiento y la reconversión
electrónica de fondos documentales.
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN
Jefe/a de Departamento
1
C
AB
C
O
Sí
E
Bajo la supervisión del/de la Director/a, organización, coordinación y distribución de tareas entre los distintos Servicios del Departamento y jefatura directa del personal adscrito a los mismos. Elaboración de los boletines de información
de los Servicios del Departamento. Propuesta de adquisición de recursos documentales e informativos. Elaboración de infografías. Coordinación de los trabajos de contestación a las solicitudes de documentación que supongan elaboración compleja;
preparación de dosieres de documentación y notas documentales. Creación y mantenimiento de estadísticas actualizadas sobre el uso de los fondos documentales. Apoyo directo al trabajo de las Comisiones del Congreso de los Diputados o Mixtas
Congreso-Senado. Responsabilidad en la formación de las personas becarias. Coordinación con las otras Direcciones, en su caso.
Documentalista
6
C
AB
C
O
No
N
Colaboración con la Jefatura del Departamento en la elaboración de la información obtenida en atención a las distintas solicitudes de información que se realicen. Planteamiento de las estrategias de búsqueda de contenidos, selección y
preparación de los boletines que se realicen. Organización electrónica de la documentación seleccionada. Desempeño de cualesquiera otras tareas análogas que le sean encomendadas.
Técnico/a
1
C
TA
C
O
No
N
Gestión ordinaria de los asuntos que se le encomienden. Redacción de oficios y comunicaciones. Examen e impulso de expedientes tramitados en el Departamento, especialmente los derivados de la distribución de tareas entre las distintas
unidades del Departamento y la elaboración de bases documentales bajo la supervisión de la Jefatura del Departamento y, en general, cuantas tareas sean necesarias para el apoyo del mismo.
Administrativo/a
1
C
A
C
O
No
N
Control y seguimiento de las solicitudes de información.
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA
Jefe/a de Servicio
1
C
AB
C
O
Sí
E
Coordinación de la preparación de dosieres que acompañan a las iniciativas legislativas. Elaboración de boletines de información y notas documentales. Preparación de infografías. Coordinación con las distintas unidades de la Dirección y
de la Secretaría General. Control de los datos de actividad del Servicio. Responsabilidad en la formación de las personas becarias.
Documentalista
1
C
AB
C
O
No
N
Preparación de dosieres que acompañan a las iniciativas legislativas. Elaboración de boletines de información y notas documentales. Preparación de infografías. Tareas análogas que se le encomienden por la Jefatura de Servicio o la
Jefatura de Departamento.
Administrador/a
1
C
A
C
O
Sí
N
Apoyo administrativo, tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas, archivo, atención telefónica, agenda y tareas administrativas relacionadas con documentación española. Mantenimiento de los datos de actividad del Servicio.
Administrativo/a
1
C
A
C
O
No
N
Apoyo administrativo, tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas, archivo, atención telefónica, agenda y tareas administrativas relacionadas con documentación española.
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
Jefe/a de Servicio
1
C
AB
C
O
Sí
E
Coordinación de la preparación de dosieres que acompañan a las iniciativas legislativas. Elaboración de boletines de información y notas documentales. Preparación de infografías. Coordinación con las distintas unidades de la Dirección y
de la Secretaría General. Apoyo documental directo al trabajo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, especialmente en la tramitación del principio de subsidiaridad. Relaciones con las instituciones europeas, especialmente con el Parlamento
Europeo. Control de los datos de actividad del Servicio. Responsabilidad en la formación de las personas becarias.
Documentalista
1
C
AB
C
O
No
N
Preparación de dosieres que acompañan a las iniciativas legislativas. Elaboración de boletines de información y notas documentales. Preparación de infografías. Tareas análogas que se le encomienden por la Jefatura de Servicio o la
Jefatura de Departamento. Apoyo documental directo a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Administrador/a
1
C
A
C
O
Sí
N
Apoyo administrativo, tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas, archivo, atención telefónica, agenda y tareas administrativas relacionadas con la documentación de la Unión Europea. Mantenimiento de los datos de actividad del
Servicio.
Administrativo/a
1
C
A
C
O
No
N
Apoyo administrativo, tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas, archivo, atención telefónica, agenda y tareas administrativas relacionadas con documentación de la Unión Europea.
.
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
Jefe/a de Servicio
1
C
AB
C
O
Sí
E
Coordinación y supervisión de la preparación de dosieres. Elaboración de notas documentales y boletines de información. Preparación de infografías. Coordinación con las distintas Unidades de la Dirección y de la Secretaría General.
Control de los datos de actividad del Servicio. Responsabilidad en la formación de las personas becarias.
Documentalista
1
C
AB
C
O
No
N
Preparación de dosieres de documentación. Elaboración de notas documentales y boletines de información. Preparación de infografías. Tareas análogas que se le encomienden por la Jefatura de Servicio o la Jefatura de Departamento.
Administrador/a
1
C
A
C
O
Sí
N
Apoyo administrativo, tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas, archivo, atención telefónica, agenda y tareas administrativas relacionadas con la documentación extranjera y de organismos internacionales. Mantenimiento de los
datos de actividad del Servicio.
Administrativo/a
2
C
A
C
O
No
N
Apoyo administrativo, tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas, archivo, atención telefónica, agenda y tareas administrativas relacionadas con documentación extranjera y de organismos internacionales.
SERVICIO DE INFOGRAFÍA
Jefe/a de Servicio
1
C
AB
C
O
Sí
E
Coordinación de la elaboración material de los boletines y publicaciones de la Dirección. Difusión de contenidos en Internet e intranet. Responsabilidad en la formación de las personas becarias. Coordinación con las otras Direcciones, en
su caso.
Administrador/a
1
C
A
C
O
Sí
N
Control de la elaboración material de los boletines, publicaciones e infografías de la Dirección.
Administrativo/a
1
C
A
C
O
No
N
Elaboración material de los boletines, publicaciones e infografías de la Dirección.
UNIDAD DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y DISTRIBUCIÓN DOCUMENTAL
Encargado/a
1
C
U
C
O
Sí
E
Coordinación y distribución de las tareas propias de la Unidad, colaborando en su ejecución: reproducción, custodia, acceso a fondos, servicio de fondos, distribución, edición digital básica, encuadernación y otras funciones análogas.
Ujier de Servicios Especiales
2
C
U
C
O
Sí
N
Reproducción, custodia, acceso a fondos, servicio de fondos, distribución, edición digital básica, encuadernación y otras funciones análogas. Funciones protocolarias propias del Cuerpo de Ujieres, en su caso.
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
Jefe/a de Departamento
1
C
AB
C
O
Sí
E
Bajo la supervisión del/de la Director/a, organización, coordinación y distribución de tareas entre los distintos servicios y unidades del Departamento y jefatura del personal adscrito al mismo. Propuesta e inicio de los expedientes de
adquisición de toda clase de publicaciones y recursos electrónicos para atender las necesidades de Diputados/as y Secretaría General. Coordinación con los servicios correspondientes del Senado para la propuesta de adquisiciones conjuntas. Creación
y mantenimiento de las bases de datos necesarias para las tareas de apoyo al trabajo parlamentario. Dirección del tratamiento y catalogación de todos los recursos documentales. Control, descripción y conservación de las colecciones del Congreso de
los Diputados. Creación y mantenimiento de estadísticas actualizadas sobre el uso y el estado de los fondos documentales. Supervisión de la biobliografía parlamentaria y de biografías de Diputados/as. Coordinación superior de las exposiciones en
las que participe la Biblioteca. Propuesta en las materias propias del Departamento. Otras competencias que le encomiende el/la Director/a. Responsabilidad en la formación de las personas becarias. Coordinación con las otras Direcciones, en su
caso.
SERVICIO DE ATENCIÓN A USUARIOS
Jefe/a de Servicio
1
C
AB
C
O
Sí
E
Coordinación, supervisión y respuesta a las peticiones de información. Control de los usuarios y de la circulación de la colección. Préstamos interbibliotecarios. Alimentación, mantenimiento y elaboración de las bibliografías para los
trabajos parlamentarios y para la web de la Biblioteca y biografías de Diputados/as y de bibliografía parlamentaria. Elaboración de las estrategias de búsquedas de las DSI. Elaboración de los boletines de información de la Biblioteca. Realización
de las estadísticas del Departamento. Selección de documentos para exposiciones, realización de acciones preventivas para su conservación. Difusión del patrimonio bibliográfico y hemerográfico. Responsabilidad en la formación de las personas
becarias. Coordinación con las otras Direcciones, en su caso.
Bibliotecario/a
2
C
AB
C
O
No
N
Elaboración de las estrategias de búsquedas de las DSI. Control de los usuarios. Relaciones y préstamos interbibliotecarios. Elaboración de las estadísticas del Servicio y del Departamento. Selección y distribución de artículos de
publicaciones periódicas extranjeras. Mantenimiento de las bases de Diputados/as y de bibliografía parlamentaria.
ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS (NUEVA CREACIÓN)
Responsable de Área
1
C
A
C
O
Sí
E
Bajo supervisión de la Jefatura del Servicio, organización, coordinación y distribución de las tareas encomendadas al Área de Atención a Usuarios. Competencias específicas: Apoyo de consulta en sala y acceso en línea. Revisión de consulta
física de fondos. Colaboración en el control de acceso a bases de datos y servicios digitales. Coordinación de horarios y disponibilidad de servicios. Asesoramiento a usuarios sobre búsqueda y localización. Elaboración de informes de actividad
del Área. Velar por cumplimiento de funciones y obligaciones del personal a cargo.
Puesto de nueva creación.
Administrador/a
1
C
A
C
O
Sí
N
Tareas de apoyo administrativas al/a la Responsable del Área. Atención a los usuarios. Mantenimiento de las estadísticas del servicio. Mantenimiento y alimentación de las bases de datos de diputados/as (DIPU), bibliografía parlamentaria
(COES). Control de publicaciones periódicas en formato electrónico y vaciado de artículos de revista. Elaboración material y colaboración en el diseño de productos electrónicos de difusión de la Biblioteca.
Administrador/a
1
C
A
C
Cont. Tarde
Sí
N
Ídem.
Administrativo/a
1
C
A
C
O
No
N
Apoyo administrativo al mantenimiento de las estadísticas del Servicio. Preparación y envío de documentos, tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas, archivo, atención telefónica y agenda. Atención a usuarios. Tareas de
circulación de fondos. Mantenimiento y alimentación de bases de datos.
Administrativo/a
1
C
A
C
Cont. Tarde
No
N
Ídem.
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Jefe/a de Servicio
1
C
AB
C
O
Sí
E
Responsable de los ingresos documentales y bibliográficos, su tratamiento, descripción según estándares internacionales, del fondo antiguo y del fondo moderno, y en cualquier soporte. Mantenimiento y control de calidad de las bases de datos
bibliográficas. Control de autoridades. Estudio y propuesta sobre la integración de plataformas digitales e incorporación de sus registros al catálogo. Selección, ingresos, gestión y tratamiento de las publicaciones periódicas. Mantenimiento de
los depósitos y de los fondos. Restauración documental y expurgo. Selección de obras para Bibliografía parlamentaria (COES) y Biografías de Diputados (DIPU). Gestión de perfiles DSI. Colaboración con cualquier otra tarea del Departamento.
Responsabilidad en la formación de las personas becarias. Coordinación con las otras Direcciones, en su caso.
Bibliotecario/a
3
C
AB
C
O
No
N
Colaboración con la Jefatura de Servicio en las tareas de ingresos, tratamiento, control, descripción y vaciado de obras colectivas y publicaciones periódicas en todos los soportes. Especial dedicación a las publicaciones periódicas:
selección, gestión, descripción y vaciados. Tareas específicas de expurgo, depósitos y fondos.
ÁREA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (NUEVA CREACIÓN)
Responsable de Área
1
C
A
C
O
Sí
E
parte 1
parte 2