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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 464, de 21/01/2026
cve: BOCG-15-D-464
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de enero de 2026
Núm. 464
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002
Composición del Pleno.
Altas y bajas ... (Página7)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Composición de los Grupos Parlamentarios.
Altas y bajas ... (Página7)
PERSONAL
299/000003
Personal eventual para la atención de los señores Diputados.
Ceses ... (Página8)
Nombramientos ... (Página9)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002878
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para honrar la memoria de Antonio Echeverría Albisu, alcalde de Oyarzun, víctima del terrorismo ... (Página10)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002884
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la posición de España ante la agresión militar de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela ...
Comisión de Justicia
161/002865
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, de rechazo integral a las reformas legislativas promovidas por el Gobierno y su entorno en el ámbito de la Justicia ... (Página13)
Comisión de Defensa
161/002893
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la identificación de la Academia de Infantería de Toledo como espacio de trabajos forzados ... (Página16)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002872
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la prórroga, consolidación y blindaje del escudo social para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía ... (Página18)
Comisión de Interior
161/002864
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la falta de examinadores de tráfico en Navarra y la lista de espera para realizar la prueba para la obtención del permiso de conducir ...
161/002876
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la mejora de las condiciones de las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía ... (Página22)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002870
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la segunda línea del metro ligero en la ciudad de Zaragoza ... (Página24)
161/002883
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de un plan de reforma integral de la FE-13 en Ferrol ... (Página25)
161/002886
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a que la estación de ferrocarril de Ávila sea denominada como estación de Santa Teresa de Ávila ... (Página27)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002887
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la oposición frontal a la inclusión de Gibraltar como miembro de pleno derecho en competiciones deportivas internacionales ... (Página28)
Comisión de Industria y Turismo
161/002874
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la necesidad de poner freno a la sobrerregulación europea con el fin de preservar la actividad industrial y el empleo ... (Página30)
161/002877
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de la supresión del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono con el fin de preservar
la actividad industrial y el empleo asociado a la misma ... (Página32)
161/002880
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI) ... (Página35)
161/002894
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para garantizar una transición energética verde del sector de la cerámica en las comarcas de Castelló ... (Página38)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002871
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la prórroga, consolidación y blindaje del escudo social para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía ... (Página40)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002888
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a defender a la flota pesquera española del Atlántico oriental y evitar la competencia desleal que ejercen los buques pesqueros asiáticos abanderados en países
africanos ... (Página43)
161/002890
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar una reforma integral de la legislación sobre pesca recreativa en España ... (Página45)
161/002891
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, en defensa de la pesca de palangre ... (Página47)
161/002892
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la defensa de la soberanía alimentaria y el rechazo a la desregulación de los organismos modificados genéticamente obtenidos mediante nuevas técnicas
genómicas (OMG-NTG) ... (Página48)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002868
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al rechazo de las plantas de baterías de litio que pretenden ubicarse en Anciles, Sesué y Samitier, en el Pirineo aragonés ...
161/002869
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la exigencia de transparencia y a la moratoria de proyectos promovidos por Forestalia ... (Página52)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002875
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a restaurar los derechos de adquisición preferente del inquilino en los supuestos de venta conjunta ... (Página54)
Comisión de Cultura
161/002885
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a apoyar la candidatura ante la UNESCO de la obra de Gaudí como Patrimonio Mundial de la Humanidad ... (Página56)
Comisión de Sanidad
161/002866
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre diagnóstico y tratamiento del Glioma Difuso Intrínseco de Tronco (DIPG) ... (Página57)
161/002889
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a compensar en el IRPF a los españoles afectados de cáncer ... (Página58)
Comisión de Igualdad
161/002879
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para retirar de forma inmediata todos los reconocimientos institucionales otorgados en honor a Adolfo Suárez González ... (Página59)
Comisión de Juventud e Infancia
161/002873
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) lleguen a todos los hogares que reúnen los requisitos para percibirlos
... (Página61)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002882
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de un Plan de Reforma Integral de la FE-13 en Ferrol ... (Página62)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Constitucional
181/001537
Pregunta formulada por el Diputado Alberto Catalán Higueras (GMx), sobre motivos por los que el Gobierno incumple la legislación a la hora de remitir las solicitudes de información a las Cortes Generales que realizan los miembros de las
mismas ... (Página64)
Comisión de Defensa
181/001545
Pregunta formulada por el Diputado Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre motivos por los que España no ha participado en las reuniones de alto nivel sobre Ucrania celebradas en Berlín el día 15/12/2025 y siguientes, auspiciadas por el
canciller federal de Alemania, don Friedrich Merz ... (Página65)
181/001548
Pregunta formulada por los Diputados Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), Rojas García, Carlos (GP), Conde Bajén, Agustín (GP) y Rojas Manrique, Juan Antonio (GP), sobre información que tiene el Gobierno sobre el hundimiento del carguero
Ursa Major de la naviera Oboronlogistika y bandera rusa, acaecido en la noche del 23/12/2024 a 60 millas náuticas de Cartagena, así como de las circunstancias del referido naufragio ... (Página65)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001538
Pregunta formulada por el Diputado Alberto Catalán Higueras (GMx), sobre motivos por los que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible incumple la legislación a la hora de remitir las solicitudes de información a las Cortes
Generales que realizan los miembros de las mismas ... (Página65)
181/001539
Pregunta formulada por el Diputado Alberto Catalán Higueras (GMx), sobre resultados del estudio de aforos de tráfico en el entorno de la estación de tren de Tudela (Navarra) que ha realizado el Ministerio de Transportes y Movilidad
Sostenible a través de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria y con el apoyo de la empresa pública INECO ... (Página65)
181/001540
Pregunta formulada por el Diputado Alberto Catalán Higueras (GMx), sobre cuestionario y nota metodológica de la encuesta a los viajeros en la estación de tren de Tudela (Navarra) dentro del estudio informativo complementario que está
realizando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria y con el apoyo de la empresa pública INECO ... (Página66)
181/001541
Pregunta formulada por el Diputado Alberto Catalán Higueras (GMx), sobre resultados de las encuestas personales a los viajeros en la estación de tren de Tudela (Navarra) dentro del estudio informativo complementario que está realizando el
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria y con el apoyo de la empresa pública INECO ... (Página66)
181/001542
Pregunta formulada por el Diputado Alberto Catalán Higueras (GMx), sobre coste del estudio de aforos de tráfico en el entorno de la estación de tren de Tudela (Navarra) que ha realizado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a
través de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria y con el apoyo de la empresa pública INECO ... (Página66)
181/001543
Pregunta formulada por el Diputado Alberto Catalán Higueras (GMx), sobre coste de la encuesta a los viajeros en la estación de tren de Tudela (Navarra) dentro del estudio informativo complementario que está realizando el Ministerio de
Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria y con el apoyo de la empresa pública INECO ... (Página67)
Comisión de Sanidad
181/001536
Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos Tomás (GVOX), sobre obtención en España de tarjetas sanitarias de forma fraudulenta ... (Página67)
181/001546
Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos Tomás (GVOX), sobre escasez de oncólogos en España ... (Página67)
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001549
Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP), Vedrina Conesa, María Elisa (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP), Rojas Manrique, Juan Antonio (GP), Alfonso Silvestre, Alma (GP), Clemente Muñoz, Raquel (GP), Pedreño Molina,
Juan Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Ramajo Prada, Óscar (GP), sobre responsabilidad que asume el Gobierno por la confusión creada entre los ciudadanos que adquirieron balizas V16 conectadas confiando en la información oficial de la DGT y que
ahora desconocen si esos dispositivos seguirán siendo válidos cuando su uso sea obligatorio ... (Página67)
181/001550
Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP), Vedrina Conesa, María Elisa (GP), Cuevas Larrosa, Raúl (GP), Herrero Bono, José Alberto (GP), Moraleja Gómez, Tristana María (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Abades
Martínez, Cristina (GP) y Requena Ruiz, Juan Diego (GP), sobre explicación acerca de que la Dirección General de Tráfico haya retirado de su listado oficial balizas V16 conectadas que habían sido previamente homologadas, sin aviso previo ni
explicación pública, generando inseguridad jurídica entre miles de conductores ... (Página68)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/031368
Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Rivera Arias, Engracia
González López, Nahuel
Misas celebradas el día 20/11/2025 en homenaje a Francisco Franco y vulneración de la Ley de Memoria Democrática ... (Página68)
184/031375
Autor: Andala Ubbi, Teslem
Recas Martín, Alda
Valoración de las transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas en materia universitaria y mecanismos para conocer la manera en que las citadas Comunidades Autónomas emplean las transferencias estatales en dicha materia ...
184/031592
Autor: Muñoz Abrines, Pedro
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pérez López, Álvaro
Montesinos de Miguel, Macarena
Cesión por el Gobierno de una nueva sede a la Organización Mundial del Turismo (OMT) ... (Página72)
184/031618
Autor: Ibáñez Mezquita, Alberto
Demora de la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Valencia en fijar la responsabilidad civil de cuatro empresarios condenados a prisión en las piezas 2 y 3 del 'caso Cooperación' pese a contar con tres informes que lo facilitaban ...
(Página74)
184/031619
Autor: Ibáñez Mezquita, Alberto
Previsiones acerca de profundizar en la investigación de la financiación y estrategias de expansión e implantación del terrorismo de extrema derecha ... (Página75)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
GIL SANTIAGO, Carlos..................................................................... 09-01-2026
Alta:
AZNAR TERUEL, Evarist................................................................... 15-01-2026
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Valencia:
AZNAR TERUEL, Evarist................................................................................. PP
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: AZNAR TERUEL, Evarist
Circunscripción: Valencia/València
Número: 406
Fecha: 15 de enero de 2026
Formación electoral: PP
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso(010/000001)
Número de miembros al 15 de enero de 2026: 137
Baja:
GIL SANTIAGO, Carlos..................................................................... 09-01-2026
Alta:
AZNAR TERUEL, Evarist................................................................... 15-01-2026
PERSONAL
299/000003
Ceses
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 9 de enero de 2026 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. Jaime Eduardo de Olano Vela, con efectos de 9 de enero de 2026, de D. Alejandro López Mollinedo, como personal eventual en el cargo de Asistente C para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de enero de 2026 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. Txema Guijarro García, con efectos de 13 de enero de 2026, de D.ª María Vieyra Calderoni, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de enero de 2026 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta de
la Excma. Sra. D.ª Ione Belarra Urteaga, con efectos de 13 de enero de 2026, de D.ª Miriam Ojeda Oriola, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nombramientos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 9 de enero de 2026 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Alejandro López
Mollinedo, a propuesta del Excmo. Sr. D. Jaime Eduardo de Olano Vela, con efectos de 10 de enero de 2026 y con carácter de personal eventual, en el cargo de Asistente técnico A para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de enero de 2026 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Alejandra Soto
García, a propuesta del Excmo. Sr. D. Txema Guijarro García, con efectos de 14 de enero de 2026 y con carácter de personal eventual, en el cargo de Asistente para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de enero de 2026 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Pedro Antonio
Honrubia Hurtado, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Ione Belarra Urteaga, con efectos de 14 de enero de 2026 y con carácter de personal eventual, en el cargo de Asistente para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/002878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez en sus respectivas condiciones de
Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para honrar la memoria de Antonio Echeverría Albisu,
alcalde de Oyarzun, víctima del terrorismo, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Antonio Echeverría Albisu, alcalde asesinado por ETA.
El 24 de noviembre de 2025 se ha cumplido el quincuagésimo aniversario del asesinato de Antonio Echeverría Albisu por la banda criminal marxista y separatista de ETA.
A las 14.30 horas del mencionado día, en el caserío de Oyarriarre, en Oyarzun, se produjo el asesinato de Antonio Echeverría Albisu. La víctima, de 33 años, era edil de Oyarzun desde hacía poco más de un año y ostentaba el cargo de alcalde,
siendo el más joven de Guipúzcoa.
Un individuo desconocido, de aproximadamente 25 años, llamó a la puerta de su domicilio. Al ser atendido por un familiar, afirmó que traía un encargo urgente para Antonio de parte del alcalde de Hernani. Antonio salió a la puerta y, en ese
momento, el desconocido le disparó con una pistola a la altura del pecho. Posteriormente, el agresor subió a un coche que lo esperaba a pocos metros y se dio a la fuga. Antonio Echeverría fue trasladado a la Policlínica de San Sebastián, donde se
constató que, al llegar, ya había fallecido.
Además de su cargo municipal, ejercía como agente de la propiedad inmobiliaria, con oficinas en Rentería y San Sebastián. Era soltero y residía con sus padres y una hermana en el citado caserío de Oyarriarre.
Al día siguiente, ETA difundió un comunicado en el que amenazaba a todos los alcaldes que no dimitieran en el plazo de dos meses. Este asesinato, junto con el comunicado etarra posterior, supuso el inicio de una campaña de atentados contra
cargos municipales y forales que se prolongó durante varios años y dejó numerosas víctimas1.
Segundo. El reconocimiento necesario.
El desconocimiento de estos crímenes por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha 1 https://www.rtve.es/memoriadevida/detalle.php?id=46&busqueda=2
aprobado incluso una mal llamada «Ley de Memoria Democrática» que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y del separatismo sobre el siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el
terrorismo. Y es que esta Ley «consagra como portaestandartes de la «memoria democrática» no solo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas
urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan,
fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo»2.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
y cobarde en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones...
Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente
enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender la unidad de España; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad y amor a la Patria común. Es el caso de Antonio
Echeverría Albisu, vasco y español, que no quiso doblegarse ante la imposición separatista y criminal de la banda terrorista, prefiriendo continuar sirviendo como alcalde a sus vecinos.
Debe subrayarse, en todo caso, que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser
españoles y defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional.
De acuerdo con todo ello, cuando se están cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a, sus
familiares; repudiar unánime y contundentemente a la banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en sus acciones y en sus principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España
como Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido destruir.
Al amparo de Io expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su consideración y su respeto por la memoria de Antonio Echeverría Albisu, víctima del odio homicida de los enemigos de España, cincuenta años después de su asesinato, y lo reconoce especialmente por el servicio prestado a la
Patria y a sus vecinos como autoridad local.
2. Expresa su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por otras
víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
2 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124_InformeV.pdf
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2025.Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez,
Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, diputada de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley relativa a la posición de España ante la agresión militar de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela, para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Durante la madrugada del 3 de enero de 2026 fuerzas militares estadounidenses bombardearon unilateral e injustificadamente varios objetivos civiles y militares en Venezuela, particularmente en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La
Guaira. Apenas unas horas después de los ataques el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa habrían sido capturados y trasladados fuera de Venezuela por fuerzas estadounidenses,
indicando que enfrentarían cargos en tribunales de los EEUU.
Este acto de agresión premeditado, reconocido y publicitado por el gobierno de los EEUU viola flagrantemente las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que «los Miembros de la
Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos
de las Naciones Unidas».
La ofensiva se produce contra un país que se encuentra en plena paz, tras meses de acusaciones reiteradas y no probadas de «narcoestado» por parte del gobierno de EEUU, amenazas explícitas de intervención militar y ataques ilegales por parte
del ejército estadounidense contra embarcaciones civiles en el Caribe, que se han saldado con la vida de decenas de personas, en su mayoría de origen venezolano y colombiano.
El objetivo último de esta ofensiva militar es la usurpación y saqueo de los recursos estratégicos venezolanos, así como la aniquilación por la vía de las armas de la independencia política de una nación soberana. Con ello, el gobierno de
los EEUU busca no solo apropiarse de las reservas de petróleo y minerales esenciales para sus intereses geopolíticos, sino también reordenar el mapa político del continente para que sirva a sus intereses. Esta agresión es parte de una estrategia
más amplia de injerencia e intervención en toda la región y contra todos los pueblos de Latinoamérica.
El Estado español, como miembro de la comunidad internacional con profundos lazos históricos y de amistad con Venezuela y toda América Latina, y como país comprometido con la paz, el multilateralismo y el respeto al Derecho Internacional, no
puede permanecer impasible ante este acto de agresión. La pertenencia a alianzas militares y las relaciones bilaterales no pueden justificar la inacción ni la complicidad, directa o indirecta, con actos contrarios a los principios que dice defender
nuestra política exterior.
Por todo ello, resulta imprescindible adoptar una posición clara y coherente en defensa de la legalidad internacional, la paz y la soberanía de los pueblos, así como revisar de manera profunda las alianzas y compromisos internacionales que
vinculan al Estado español con estrategias militares agresivas y contrarias a estos principios.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«Por la que se insta al Gobierno de España a:
1) Expresar públicamente su rechazo a la agresión militar ilegal e injustificada llevada a cabo por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela, por constituir una grave violación del Derecho Internacional y de
la Carta de las Naciones Unidas.
2) Exigir la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, así como garantizar su retorno seguro a territorio venezolano.
3) Romper las relaciones diplomáticas, políticas y militares con los Estados Unidos de América mientras persistan las agresiones, amenazas e injerencias contra Venezuela y otros pueblos soberanos.
4) Iniciar los trámites necesarios para la salida del Estado español de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en coherencia con una política exterior basada en la paz, el multilateralismo, la cooperación internacional y la
no participación en alianzas militares de carácter ofensivo.
5) Promover, en el seno de la Unión Europea y de los organismos internacionales, iniciativas orientadas a frenar la escalada militar, restablecer el respeto al Derecho Internacional y favorecer soluciones políticas, pacíficas y justas a los
conflictos internacionales.
6) Reafirmar la solidaridad del pueblo español con el pueblo venezolano y con todos los pueblos que sufren la política de agresión, injerencia y guerra de los EEUU, defendiendo su derecho a la autodeterminación y a decidir libremente su
futuro.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2026.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Justicia
161/002865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Carlos Flores Juberías e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley de rechazo integral a las reformas legislativas promovidas por el Gobierno y su entorno
en el ámbito de la Justicia, para su discusión en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Primero. Las propuestas del Gobierno para la reforma judicial.
En esta Legislatura el Gobierno ha manifestado una voluntad de impulsar reformas legislativas que afectan a la organización y al funcionamiento del Poder Judicial que, por su intensidad y su amplitud, resultan verdaderamente inquietantes.
Sin poder entrar en detalles, son reseñables la vastedad y la profundidad de los cambios que se han incorporado con la aprobación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y de la Ley Orgánica 1/ 2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Desgraciadamente, la ambición reguladora del Ejecutivo en materia judicial no se ha detenido aquí. Tanto él como el principal partido que lo integra tienen proyectadas tres importantes reformas legislativas en distintas fases de
preparación: la relativa a las carreras judicial y fiscal como tales, la modificación total de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que incorpora además la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), y la propuesta de
modificación de las causas de abstención y recusación de jueces y magistrados. Conviene hacer una sucinta aproximación a cada una de estas iniciativas.
1. El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y
fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, se encuentra en tramitación desde el mes de mayo en esta Cámara. Conocido como «Ley Bolaños», contiene numerosas previsiones que atenían de forma directa contra la independencia del Poder Judicial
y que comprometen gravemente la profesionalidad de los jueces, magistrados y fiscales.
Se encomienda, tanto la formación de los opositores como la concesión de becas a los mismos, al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, que es un organismo dependiente del Gobierno. Se modifican las pruebas de acceso
por oposición, suprimiendo uno de los exámenes orales para sustituirlo por una nueva prueba práctica. Y el llamado «cuarto turno» desaparece como tal, para ser reemplazado por un acceso a la carrera por concurso-oposición con categoría de
magistrado, sistema de acceso que es equiparado en regularidad con la propia oposición; además, se otorga a quienes ingresen por este sistema cinco años de antigüedad en la carrera judicial. De otra parte, se contempla un proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal, que favorece jueces y fiscales temporales por encima nuevamente de los ingresados mediante oposición, y que va a tener una importancia decisiva en la composición numérica de ambas
carreras. Finalmente, se incorpora una regulación de la forma de elección de la Comisión de Ética Judicial, en cuya virtud cuatro de sus nueve miembros serán designados por las dos Cámaras de las Cortes Generales.
2. El Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2025. Pretende una completa sustitución de la secular LECrim de 1882, con una nueva regulación del proceso penal,
cuyo aspecto novedoso más destacado es encomendar la fase de instrucción al Ministerio Fiscal. Pretende asimismo restringir el ejercicio de la acción popular en el proceso penal. Además, contiene una amplia modificación de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la finalidad de adaptar el EOMF a esa completa reforma del proceso penal que implicaría la nueva redacción de la LECrim. Se incluyen algunos cambios, no
fundamentales/en la forma de elección del fiscal general del Estado, y se contempla la dependencia funcional de la policía judicial respecto del Ministerio Fiscal, en línea con la asunción de la investigación judicial por parte de este último.
3. La Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, a diferencia de las
dos propuestas anteriores, no procede formalmente del Gobierno, sino del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados. Postula la derogación del artículo del Código Penal relativo a las ofensas de sentimientos religiosos y
al escarnio de creencias y ceremonias, con lo que pretendía la supresión de esos delitos. Y propone además una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de incorporar como nueva causa de abstención o recusación de jueces y
magistrados «Haber manifestado públicamente, invocando su condición de juez o magistrado, o sirviéndose de esta condición, la censura, el acuerdo o desacuerdo con actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, partidos políticos,
sindicatos, asociaciones u otras entidades, públicas o privadas, que sean parte en el procedimiento o dirigirse a ellos con la misma finalidad de forma privada o participar en actos o concentraciones con idéntico objeto, comprometiendo su
independencia o imagen de imparcialidad».
Segundo. La conclusión inapelable: Este Gobierno no puede impulsar ninguna reforma de la justicia.
La llamada «Ley Bolaños» implica importantes modificaciones en el acceso a las carreras judicial y fiscal, es decir, en instituciones básicas para la preservación del Estado de Derecho, y su espíritu es hacer dicho acceso más dependiente de
la propia Administración. La masiva estabilización de jueces, magistrados y fiscales interinos es asimismo una medida que debe verse con prevención máxima; y el cambio de la Comisión de Ética Judicial se realiza en un sentido descaradamente
politizador.
Las reformas que preconizan la asunción de labores de instrucción por el Ministerio Fiscal merecen por principio un claro rechazo, por ir en contra de nuestra tradición jurídica que, además, en la concreta materia de proceso penal, se ha
revelado bastante positiva. Pero, con independencia de ello, lo que es absolutamente improcedente es que un Gobierno acosado por gravísimas sospechas de corrupción, objeto en este momento de investigación judicial, pretenda impulsar reformas que
afectan directamente a esa investigación judicial; y además en el sentido de dar mayor peso a una institución encabezada por figuras afines ideológicamente afines al propio Ejecutivo, incluso habiendo sido condenado el anterior fiscal general del
Estado como delincuente por el Tribunal Supremo1.
Los propósitos de restringir la acción popular, hechos explícitos en una Proposición de Ley Orgánica registrada por el Grupo Parlamentario Socialista el pasado mes de enero, y conocida como «Ley Begoña», tienen la misma inspiración del
Ejecutivo que las otras propuestas de cambio, como demuestra el hecho de que se terminasen por incluir por el Gobierno en el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, y que el mismo día de su aprobación dicho Grupo retirase esa
Proposición de Ley Orgánica. Y tales objetivos implican modificaciones de parecida gravedad: muchos de los procedimientos que se sustancian en torno a los aludidos casos de posible corrupción no habrían podido ser impulsados de no haberse
ejercitado la acción popular en los términos que esa Proposición quería excluir.
La nueva Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas es acreedora de idéntica repulsa. Por una parte, pretende consagrar la impunidad de todo
tipo de ofensas y ultrajes a las Convicciones religiosas de millones de españoles, con la finalidad de continuar erosionando la tradición cristiana que está en la base misma de nuestra cultura y nuestra sociedad. Por otra, con la falsa e hipócrita
coartada de evitar la politización de la Justicia, la modificación legislativa de las causas de abstención y recusación de jueces y magistrados quiere en realidad proseguir la labor de ataque y asalto al Poder Judicial y a la independencia de los
jueces y magistrados que lo integran.
1 Hasta el expresidente del Gobierno Felipe González ha manifestado su alarma por el impulso a esta reforma por parte de un Gobierno que genera tanta desconfianza: https://www.youtube.com/watch?v=FowuQ_rGZAU (a partir del minuto 30)
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Retirar inmediatamente el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal y el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y, en general, abstenerse de formular cualquier propuesta legislativa que pueda comprometer en lo más mínimo la
neutralidad, la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal y de cada uno de sus miembros.
2. Cesar en la promoción política de iniciativas de reforma legislativa para proporcionar impunidad a quienes ultrajan las convicciones y los sentimientos religiosos de los españoles, o para modificar las causas de abstención y recusación
de jueces y magistrados, manifestando públicamente la desautorización de cualquier propuesta en tal sentido.
3. Promover una modificación de la legislación relativa al indulto, en el sentido de proscribir su aplicación para los casos de delitos cometidos por miembros del Gobierno de la Nación, autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus
cargos o en contra del criterio del Tribunal sentenciador o de la víctima y, en todo caso, para delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial de España.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2025.Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Carlos Flores Juberías e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina,
Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Defensa
161/002893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la identificación de la
Academia de Infantería de Toledo como espacio de trabajos forzados, para su debate en la Comisión de Defensa.
La Academia de Infantería de Toledo, hoy uno de los principales centros de formación militar por la que ha pasado incluso Leonor de Borbón o ha sido campo de prácticas para el ejército ucraniano, fue construida por los presos políticos del
franquismo desde 1941 hasta 1946. El régimen de Franco ideó un sistema de mano de obra «barata» (esclava) en el que usaban a esos presos políticos para el cumplimiento de penas de trabajos forzados después de la guerra civil a modo de los campos de
exterminio nazis. De esta manera se establecieron mecanismos para convertir el trabajo de los presos en un elemento más de represión en estas colonias penitenciarias militarizadas.
De esta manera reducían el coste que suponía el mantenimiento de esos presos para el Estado y era una medida ejemplarizante en esos momentos tan duros de represión. La figura de las Colonias Penitenciarias, como forma de canalizar el
trabajo de los presos, apareció por primera vez en la Ley de Bases de 21 de octubre de 1869,
derogada nueve años después y recuperada durante la guerra civil por el franquismo dentro de un conjunto de instituciones destinadas a la redención de penas por el trabajo.
La Ley de 8 de septiembre de 1939 creó el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, adscrito a la Presidencia del Gobierno. Se estructuraban en agrupaciones y hubo hasta ocho. No eran prisiones ni formaban parte del sistema
penitenciario civil, pero mantuvieron una estrecha relación con las prisiones porque se nutrieron de ellas.
En la provincia de Toledo funcionó la Tercera Agrupación de Colonias Penitenciarias, con sede en Talavera de la Reina y dedicada a la construcción del Canal Bajo del Alberche siendo reactivada para construir el embalse de Rosarito, la
cuarta tuvo sede en Añover de Tajo y estaba dedicada a la construcción de la Real Acequia del Jarama, y la quinta, con sede en Toledo se centró en construir la Academia de Infantería en terrenos cedidos por el Ayuntamiento en el mismo lugar donde
había un barrio de la ciudad. Inmediatamente se rodeó ese espacio de alambradas y estuvo vigilado por la Guardia Civil
La Academia de Infantería de Toledo fue levantada por figuras como Marcelino Camacho que formaba parte del batallón disciplinario 93 en el año 1942. Después de Toledo le trasladaron hasta la zona del Estrecho de Gibraltar para construir
otras fortificaciones (estuvo en la parte africana y desde allí se fugó).
Estuvieron también Venancio Sacristán, padre del actor José Sacristán; Julián Diamante Cabrera, director del Circuito Nacional de Carreteras durante el gobierno de Azaña en la II República y quien preparó el dispositivo para cruzar el río
durante la Batalla del Ebro; Antonio Grancha Baixauli, pionero de la aeronáutica civil española.
Es necesario conocer la Historia para asentar el futuro en las piedras de la dignidad. El Art. 32.1 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática obliga a la Administración General del Estado a «impulsar actuaciones para el
reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados, como la señalización de los lugares directamente relacionados con los trabajos forzados, de forma que se permitan su identificación y el recuerdo de lo sucedido [...]».
Es por este motivo por el que debemos instar al Ministerio de Defensa a que instale, de forma inaplazable, una placa que señalice la Academia de Infantería de Toledo como uno de los de los lugares donde se realizaron los trabajos forzados,
detallando cuántas personas fueron «esclavizadas» para la construcción de aquel lugar y en qué periodo. Necesitamos una placa que nos recuerde que esa Historia tenemos con contarla desde los pilares de la verdad, Justicia y reparación.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar las siguientes actuaciones, en coordinación con las Administraciones públicas competentes:
Único. Adoptar las medidas necesarias para que el Ministerio de Defensa proceda, con carácter inaplazable, a la instalación de una placa en la Academia de Infantería de Toledo que identifique dicho enclave como uno de los lugares donde se
llevaron a cabo trabajos forzados. La citada placa deberá especificar el número aproximado de personas sometidas a estas condiciones y el periodo en que se produjeron, con el fin de asegurar una memoria histórica basada en la verdad, la justicia y
la reparación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2026.Fèlix Alonso Cantorné, Engracia Rivera Arias, Juan Antonio Valero Morales, Nahuel González López y Francisco Sierra Caballero, Diputados.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz
del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prórroga,
consolidación y blindaje del escudo social para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía, para su debate en en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La presión inflacionaria de los últimos años ha derivado en un claro encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora. A pesar del mantenimiento de unos buenos resultados macroeconómicos, la
realidad es preocupante: según los últimos datos, un 25,8 % de la población del Estado español se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE). Está claro que la recuperación económica no llega a la mayoría de la población. La
realidad cotidiana sigue marcada por las dificultades para llegar a fin de mes y por el aumento del precio de la vivienda, del transporte (o movilidad), los alimentos y la energía.
Las medidas del escudo social, aunque podrían ser más ambiciosas, son un pilar relevante del Estado de bienestar para garantizar la protección de la ciudadanía frente a situaciones de vulnerabilidad social económica. Estas medidas tienen
como objetivo mejorar las condiciones materiales y reforzar los derechos básicos de las personas.
Entre las medidas del escudo social se encuentran prestaciones como el ingreso mínimo vital para asegurar una renta de subsistencia; la garantía del suministro de energía eléctrica, derivadas del petróleo, gas y agua; la suspensión de
desahucios y lanzamientos para personas vulnerables, evitando situaciones de emergencia residencial grave; una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual y una limitación de la actualización de la renta de los
contratos de arrendamiento con el objetivo de frenar la expulsión residencial en un mercado tensionado. Estas medidas son el último mecanismo de protección ante la pobreza extrema.
El escudo social, desde el inicio de la pandemia, ha estado condicionado por la prórroga de los Reales Decretos. La temporalidad y la incertidumbre de estas medidas tan necesarias comporta el riesgo de que, por falta de acuerdo político o
retrasos en la tramitación, desaparezcan protecciones sociales que afectan el día a día de muchas familias. Un ejemplo claro de esto ocurrió en enero, cuando la no convalidación de un Real Decreto-ley provocó la suspensión temporal de la
bonificación de los abonos de transporte público, evidenciando la vulnerabilidad que genera la falta de estabilidad normativa.
Así, medidas como la suspensión de desahucios de personas vulnerables por impago de alquiler o crédito hipotecario aún no han sido prorrogadas ni incorporadas de manera estable al ordenamiento jurídico, y su caducidad a final de año puede
dejar a muchas familias en situación de máxima urgencia social. No consolidar, tampoco, la garantía de suministros básicos, las medidas respecto al precio del alquiler o las ayudas a la movilidad agravará las situaciones de pobreza energética,
exclusión residencial y vulnerabilidad socioeconómica.
Es imprescindible actuar con urgencia. Asegurar la continuidad del escudo social es una exigencia social prioritaria, así como avanzar hacia su consolidación normativa. No se trata de alargar los plazos de las medidas, sino de consolidar
derechos sociales básicos, convertir en estructurales aquellas políticas que garantizan las necesidades básicas de la ciudadanía y que el Gobierno aborde con ambición los malestares sociales mediante la garantía decidida de los derechos sociales.
Blindar el escudo social significa reconocer que el acceso a la vivienda, a los suministros básicos y a unos ingresos mínimos son derechos fundamentales que el
Gobierno del Estado debe garantizar de manera decidida. No son medidas excepcionales, sino políticas estructurales para garantizar condiciones de vida dignas y preservar la cohesión social.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Prorrogar de manera inmediata y sin interrupciones todas las medidas que integran el escudo social, garantizando la continuidad de las protecciones vigentes para las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
2. Mantener la suspensión de desahucios y lanzamientos de personas vulnerables, tanto por impago de alquiler como de crédito hipotecario, mientras no se dispongan de alternativas residenciales dignas y adecuadas y, al mismo tiempo, llevar a
cabo políticas de vivienda decididas y urgentes que aborden el problema de manera estructural.
3. Garantizar la continuidad de la protección de los suministros básicos de electricidad, petróleo, gas y agua en los hogares vulnerables, evitando cualquier corte de suministro.
4. Ampliar la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual a las personas con vulnerabilidad social y económica.
5. Reforzar y estabilizar el ingreso mínimo vital, asegurando su acceso efectivo y carácter estructural.
6. Blindar las medidas del escudo social mediante las reformas legislativas necesarias, incorporándolas de manera estructural al ordenamiento jurídico.
7. Asegurar una dotación presupuestaria suficiente y estable, con una visión plurianual, que garantice un traspaso equitativo de recursos a las comunidades autónomas, permitiendo que estas dispongan de la capacidad suficiente para mantener
y desarrollar las protecciones sociales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2025.Pilar Vallugera Balañà, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la pròrroga,
consolidació i blindatge de lescut social per garantir els drets bàsics de la ciutadania per el seu debat a la Comissió dHisenda.
Exposició de motius
La pressió inflacionària dels últims anys ha derivat en un clar encariment del cost de la vida i la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora. Tot i el manteniment duns bons resultats macroeconòmics, la realitat és preocupant:
segons les darreres dades, un 25,8 % de la població de lEstat espanyol es troba en risc de pobresa o exclusió social (Taxa AROPE). És clar que la recuperació econòmica no arriba a la majoria de la població. La realitat quotidiana segueix marcada
per les dificultats per arribar a final de mes, i per laugment del preu de lhabitatge, el transport (o mobilitat), els aliments i lenergia.
Les mesures de lescut social, tot i que podrien ser més ambicioses, són un pilar rellevant de lEstat de benestar per garantir la protecció de la ciutadania davant situacions de vulnerabilitat social i econòmica. Aquestes mesures tenen com
a objectiu millorar les condicions materials i reforçar els drets bàsics de les persones.
Entre les mesures de lescut social hi trobem prestacions com lingrés mínim vital per assegurar una renda de subsistència; la garantia del subministrament denergia elèctrica, de derivats del petroli, de gas i daigua; la suspensió de
desnonaments i de llançaments per a persones vulnerables evitant una situació demergència residencial greu; una pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer dhabitatge habitual i una limitació de lactualització de la renda dels contractes
darrendament amb lobjectiu de frenar lexpulsió residencial en un mercat tensionat. Aquestes mesures són lúltim mecanisme de protecció davant la pobresa extrema.
Des de lesclat de la pandèmia, lescut social ha estat condicionat per la pròrroga successiva dels Reials Decrets. La temporalitat i la incertesa daquestes mesures tan necessàries comporta el risc que, per falta dacord polític o retards
en la tramitació, desapareguin proteccions socials que afecten el dia a dia de moltes famílies. Un exemple clar daixò va ser al mes de gener, quan la no convalidació dun Reial Decret Llei va provocar la suspensió temporal de la bonificació dels
abonaments del transport públic, evidenciant la vulnerabilitat que genera la manca destabilitat normativa.
Així, mesures com la suspensió de desnonaments de persones vulnerables per impagament de lloguer o crèdit hipotecari encara no han estat prorrogades ni incorporades de manera estable a lordenament jurídic, i la seva caducitat al final dany
pot deixar a moltes famílies en situació de màxima urgència social. No consolidar, tampoc, la garantia de subministraments bàsics, les mesures respecte al preu del lloguer o les ajudes a la mobilitat agreujarà les situacions de pobresa energètica,
exclusió residencial i vulnerabilitat socioeconòmica.
És imprescindible actuar amb urgència. Assegurar la continuïtat de lescut social és una exigència social prioritària, així com avançar cap a la seva consolidació normativa. No es tracta dallargar els terminis de les mesures, sinó de
consolidar drets socials bàsics, convertir en estructurals aquelles polítiques que garanteixen les necessitats bàsiques de la ciutadania i que el Govern abordi amb ambició els malestars socials a través de la garantia decidida dels drets socials.
Blindar lescut social significa reconèixer que laccés a lhabitatge, als subministraments bàsics i a uns ingressos mínims són drets fonamentals que el Govern de lEstat ha de garantir de manera decidida. No han de ser mesures
excepcionals, sinó polítiques estructurals per garantir condicions de vida dignes i preservar la cohesió social.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Prorrogar de manera immediata i sense interrupcions totes les mesures que integren lescut social, garantint la continuïtat de les proteccions vigents per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.
2. Mantenir la suspensió de desnonaments i de llançaments de persones vulnerables, tant per impagament del lloguer com del crèdit hipotecari, mentre no es disposi dalternatives residencials dignes i adequades i, alhora, dur a terme
polítiques dhabitatge decidides i urgents que abordin el problema de manera estructural.
3. Garantir la continuïtat de la protecció dels subministraments bàsics delectricitat, petroli, gas i aigua a les llars vulnerables, evitant qualsevol tall del subministrament.
4. Ampliar la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer dhabitatge habitual a les persones amb vulnerabilitat social i econòmica.
5. Reforçar i estabilitzar lingrés mínim vital, assegurant-ne laccés efectiu i el caràcter estructural.
6. Blindar les mesures de lescut social mitjançant les reformes legislatives necessàries, incorporant-les de manera estructural a lordenament jurídic.
7. Assegurar una dotació pressupostàriament suficient i estable, amb una visió plurianual, que garanteixi un traspàs equitatiu de recursos a les comunitats autònomes,
permetent que aquestes disposin de la capacitat suficient per mantenir i desenvolupar les proteccions socials.»
Congrés dels Diputats, 16 de desembre de 2025.Pilar Vallugera Balañà, Diputat.Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
Comisión de Interior
161/002864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Alberto Catalán Higueras, diputado por Navarra de Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de ley relativa a la falta de examinadores de tráfico en Navarra y la lista de espera para realizar la prueba para la obtención del permiso de conducir, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Durante años, la situación del servicio de exámenes para la obtención del permiso de conducir en Navarra ha sufrido un deterioro constante que afecta de manera directa a miles de ciudadanos. Esta problemática ha sido reiteradamente
denunciada por las autoescuelas y asociaciones del sector, sin que hasta la fecha el Gobierno de España haya adoptado las medidas necesarias para corregirla.
Ya en el año 2018 el Parlamento de Navarra aprobó una resolución apoyada por todos los grupos parlamentarios en la que se exigía al Gobierno de España corregir los agravios comparativos que se estaban dando con la Comunidad Foral, donde el
número de examinadores no era el adecuado. Además, en esa misma iniciativa se instaba al Ministerio a reforzar las plantillas de estos examinadores, sobre todo teniendo en cuenta que la situación de deterioro se venía manifestando a lo largo de los
últimos años.
Lejos de mejorar, la situación se ha agravado. Resulta incomprensible la falta de planificación y previsión del Ministerio a la hora de dotar a Navarra de una plantilla adecuada de personal examinador, especialmente cuando las consecuencias
para los ciudadanos son cada vez más graves.
La Asociación de Autoescuelas de Navarra Provincial de Autoescuelas de Navarra (APANA) describe la situación como de «colapso sin precedentes». Denuncia que más de 8.200 personas están en lista de espera para poder obtener el carné de
conducir, en su mayoría de coche. 5.588 aguardan con el teórico aprobado para realizar el práctico, otras 600 personas esperan para examinarse de la prueba de pista exigida a vehículos pesados, motos y remolques, y otras 2.100 aguardan para
presentarse al teórico.
APANA señala que actualmente sólo seis examinadores se encuentran en activo, cuando lo mínimo necesario para un funcionamiento correcto serían ocho, y lo ideal ascendería a diez. Y alerta de que la bolsa de alumnos sigue aumentando y que
los tiempos de espera oscilan ya entre los tres y los seis meses, agravados por la pérdida de dos examinadores durante el pasado verano.
La Asociación de Consumidores Irache ha calificado como «insostenible» que existan más de 8.000 aspirantes en lista de espera en Navarra, denunciando además una situación de «bloqueo administrativo estructural».
Este escenario genera situaciones inaceptables. Hay personas que, ante la necesidad urgente de obtener el permiso de conducir, se ven obligadas a desplazarse fuera de Navarra para realizar las pruebas. La congestión del sistema provoca que
un ciudadano tarde meses y meses en conseguir su carné de conducir, una demora
inexplicable que perjudica seriamente su movilidad, su autonomía personal y, en muchos casos, sus oportunidades de empleo.
Por todo ello, resulta imprescindible que el Gobierno de España no demore ni un solo mes más la adopción de medidas eficaces y urgentes. Los afectados merecen una respuesta inmediata que permita desbloquear el servicio y garantizar un
funcionamiento estable. Asimismo, es necesario que el Ejecutivo detalle públicamente qué actuaciones prevé acometer para poner fin a esta situación y si tiene intención de reforzar de manera inmediata y permanente la plantilla de examinadores, tal
y como viene reiterándose desde las instituciones y desde el propio sector o estableciendo medidas que lo palien.
Navarra cuenta con unas 60 autoescuelas, que poseen unas 90 oficinas y que emplean a unas 400 personas. APANA explica el crítico momento que vive el sector afirmando que «en este mes de diciembre muchas autoescuelas solamente van a poder
examinar a dos alumnos. Con eso, hay que pagar oficinas, a los trabajadores, impuestos, vehículos... Es imposible sobrevivir como empresa. Van a provocar el cierre de autoescuelas o algún ERTE».
Al igual que han demandado las asociaciones y entidades implicadas, urge aportar una solución real y definitiva a un problema que afecta a miles de navarros en el acceso a una herramienta fundamental para su vida diaria, su movilidad y su
inserción en el mercado laboral como es el permiso de conducir.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Adoptar de manera urgente las medidas necesarias para reforzar la plantilla de examinadores de tráfico en Navarra, garantizando un número en activo conforme a las necesidades reales del servicio.
2. La elaboración y presentación por parte del Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico en el plazo máximo de un mes, de un plan de choque para reducir de forma inmediata las listas de espera en las pruebas de obtención del
permiso de conducir en Navarra, incluyendo medidas y previsiones de contratación, sustitución y ampliación de personal.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2025.Alberto Catalán Higueras, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Patricia Rueda Perelló, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Blanca Armario González, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, en sus respectivas condiciones de Portavoz,
Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de las condiciones de las
comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. La abulia del Ministerio del Interior en el mantenimiento de las infraestructuras.
El Cuerpo Nacional de Policía se ha visto gravemente perjudicado en los últimos años por el abandono de sus comisarías y demás instalaciones por culpa de la desidia
del Ministerio del Interior, dirigido por el ministro Fernando Grande-Marlaska Gómez. Desde hace años, los sindicatos vienen denunciando la dejadez del Ministerio a la hora de cubrir las necesidades básicas de mantenimiento de dichas
infraestructuras. Según afirma el sindicato Unión Federal de Policía («UFP»), la media de antigüedad de las comisarías españolas ronda los 45 años. Así, gran parte de las dependencias policiales repartidas por todo el territorio nacional presenta
problemáticas de diversa índole: goteras, falta de calefacción, humedades e incluso presencia de carcoma1.
A mayor abundamiento, los sindicatos señalan que las nuevas comisarías tampoco resultan adecuadas, al estar ubicadas en lugares mal comunicados que dificultan la actuación rápida y eficiente de los agentes. A esto se suma que sus diseños
incluyen grandes ventanales que comprometen la privacidad necesaria para el desempeño policial, llegando incluso a exponer la identidad de los agentes en muchos casos. Cabe subrayar que existe un consenso entre todos los sindicatos policiales en la
denuncia de esta situación2.
No obstante, los perjuicios ocasionados por el Ministerio del Interior bajo la dirección del ministro Marlaska no se limitan únicamente al mal estado de las instalaciones, sino también al deterioro de los vehículos oficiales, la escasez de
uniformes y otras múltiples formas de precariedad que afectan directamente al desarrollo de las funciones policiales.
Segundo. Ejemplos flagrantes de abandono de las Comisarías.
Conviene reseñar que la falta de mantenimiento no es algo puntual, sino una constante que se repite en todo el territorio nacional. Un caso flagrante es el de la comisaría de Ronda (Málaga): sin calabozos, sin cámaras de vigilancia y sin
vehículos. Esta dramática situación ya ha sido denunciada en repetidas ocasiones por varios sindicatos, entre ellos la Confederación Española de la Policía Nacional (CEP)3. Con el mismo objeto, el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los
Diputados registró una pregunta escrita con el fin de conocer los motivos de la inacción del Gobierno ante este caso en particular4.
Otro ejemplo de la inacción del Gobierno en estas cuestiones se observa en la comisaría del distrito madrileño de Carabanchel, cuyas obras de remodelación comenzaron en 2022 y que, tras su finalización, quedó plagada de desperfectos que
hacen imposible un desempeño adecuado de las funciones encomendadas a los agentes5.
A mayor abundamiento, en el verano del año 2025 el sindicato de Justicia Policial («JUPOL»), denunció la situación que vivían los agentes en la comisaría de Elche. Así, los agentes sufren unas temperaturas insoportables en periodo estival
que superan los 30 grados dentro de algunas dependencias, así como goteras, y riesgo de colapso de falsos techos6.
En este mismo sentido, en marzo de 2025 la comisaría de La Línea de la Concepción (Cádiz) se inundó mientras los agentes debían continuar trabajando en su interior. Éstos denunciaron públicamente que, además de las inundaciones, la 1 «Las
comisarías de Marlaska son una ruina: el vídeo de los policías con los pies bajo el agua». 14.03.2025. UNIÓN FEDERAL DE POLICÍA. Disponible [en línea]: https://www.ufpol.org/actualidad1/prensa/comisarias-en-ruinas-2
2 Ibidem.
3 MACÍAS, Eski. «La Confederación Española de la Policía Nacional denuncia la paralización de las obras de la comisaría de Ronda». 27.01.2025. LA SER. Disponible [en línea]:
https://cadenaser.com/andalucia/2025/01/27/la-confederacion-espanola-de-la-polic...
4 «VOX lleva el abandono de la Comisaría de la Policía Nacional de Ronda al Congreso de los Diputados». 18.07.2025. VOX ESPAÑA. Disponible [en línea]: https://www.voxespana.es/noticias/vox-lleva-el-abandono-de-la-comisaria-de-la-po...
5 SOLER, Jesús. «La comisaría de los horrores de Carabanchel: denuncian «montones de desperfectos» tras una obra de medio millón». 22.08.2025. Disponible [en
línea]:https://www.elespanol.com/madrid/sociedad/20250822/comisaria-horrores-carabanche...
6 VERDÚ, Jorge. ««A más de 30 grados y con riesgo de colapso, policías denuncian el mal estado de la Comisaría de Elche: «Estamos hartos»». EL ESPAÑOL. Disponible [en línea]:
https://www.elespanol.com/alicante/elche/20250604/grados-riesgo-colapso-policias...
comisaría carecía de climatización, tenía los cerramientos averiados y contaba con unas oficinas en pésimo estado. En palabras de los propios policías: «Siempre se amparan en que no hay dinero del ministerio de Marlaska para las
comisarías, aunque tampoco hicieron gran cosa sus predecesores»7.
Todo ello pone en evidencia no solo la inacción del actual Ejecutivo, sino también la dejadez de anteriores Gobiernos, confirmando el abandono histórico y sistemático que han sufrido los agentes por parte del Estado.
Tercero. Conclusión.
El estado de abandono en el que se encuentran numerosas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía es una situación alarmante que repercute directamente en la seguridad de los agentes y en la calidad del servicio que estos prestan a la
ciudadanía. La falta de inversión, el deterioro de las instalaciones y la precariedad de medios materiales reflejan una inacción prolongada por parte del Ministerio del Interior. Esta realidad, denunciada de forma reiterada por los sindicatos
policiales, exige una respuesta inmediata y contundente por parte del Gobierno para garantizar condiciones laborales dignas a los agentes y un servicio público de seguridad eficaz y de calidad.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Promover con carácter urgente un plan de modernización y mantenimiento de las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía.
2. Mejorar la planificación de la ubicación y diseño de las nuevas comisarías, garantizando que estén situadas en lugares estratégicos, con buena comunicación y accesibilidad, y que sus características respeten la privacidad y la seguridad
de los agentes.
3. Dotar de los medios materiales necesarios a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, incluyendo vehículos en condiciones adecuadas, uniformes suficientes y recursos técnicos imprescindibles para el ejercicio de sus funciones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2025.Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis, Patricia Rueda Perelló, y Blanca Armario González, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro
y Carlos Hernández Quero, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la
segunda línea del metro ligero en la ciudad de Zaragoza, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
7 MOYA, Ángel. «Las comisarías de Marlaska son una ruina: el vídeo de los policías con los pies bajo el agua», OKDIARIO. Disponible [en línea]: https://okdiario.com/espana/comisarias-marlaska-son-ruina-video-policias-pies-ba...
Exposición de motivos
El transporte público es una necesidad de primer orden para un desarrollo sostenible y, como tal, debe ser considerado una prioridad a todos los niveles. Un buen sistema de transporte público significa movilidad urbana más eficiente y un
mayor y mejor desarrollo económico para las ciudades. Cabe destacar que el transporte público es cuatro veces más económico que el privado y representa, además, uno de los pilares básicos para conseguir que la movilidad en las ciudades sea más
sostenible.
En mayo de 2018 el Gobierno de la ciudad de Zaragoza aprobó el estudio de viabilidad para la construcción de una línea de tranvía/tren-tram que cubra el eje este-oeste en Zaragoza, sometiéndose en marzo de 2019 a información pública el
anteproyecto. La nueva línea, de 11 kilómetros, uniría los barrios de San José y Las Fuentes con el barrio de las Delicias, conectando la estación intermodal Zaragoza-Delicias. Se estimaba un coste de 200 millones y unos 20 millones de viajeros ál
año, lo que se traduciría en una reordenación de las rutas del autobús urbano y una reducción del tráfico de vehículos particulares, contribuyendo así a la descarbonización de la capital aragonesa. Lamentablemente, bajo alcaldías del PP, el
proyecto se paralizó y abandonó.
Sin embargo, los especialistas coinciden en que esta segunda línea daría respuesta a las deficiencias de movilidad de Zaragoza, un término municipal muy extenso, con 700.000 habitantes y un área metropolitana no muy densamente poblada, pero
mal conectada con transporte público. Hace ya unos cuantos años que habría sido no solo deseable sino necesario que se hubiera puesto en marcha ya la segunda línea, se afirma desde el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza, que no considera este proyecto un capricho, sino una necesidad desde hace ya tiempo, tal como apuntan diversos estudios como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible o incluso informes del Consorcio de Transportes del Área de
Zaragoza.
Según el informe 'Carbón Integrity Index: Ciudades Españolas. Año 2024', del Observatorio de Acción Climática (OAC), fechado el pasado 30 de octubre de 2025 y en el que analiza las siete principales ciudades españolas para caminar en la
senda de la descarbonización, la línea 2 del tranvía para Zaragoza sería fundamental para paliar las deficiencias detectadas, dado que contribuiría a mejorar un eje este-oeste que en la actualidad tiene una cobertura insuficiente. Se destaca
asimismo el bajo nivel de servicio alrededor de la estación del AVE Zaragoza-Delicias.
Ante esta situación, resulta imprescindible sin más demora retomar el proyecto este-oeste, pero con criterios de metro ligero, ampliando su alcance hasta el Aeropuerto y la plataforma logística PLAZA y el barrio de Arcosur.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a financiar en al menos un 50 % la construcción de la línea de metro ligero este-oeste en la ciudad de Zaragoza, en colaboración con las administraciones local y autonómica.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2025.Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002883
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de
Ley relativa a la necesidad de un plan de reforma integral de la FE-13 en Ferrol, para su debate en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La carretera FE-13, dependiente del Ministerio de Transportes, es una de las vías de Ferrol que más tráfico soporta diariamente, ya que conecta la carretera de Catabois con la de Castela, además de dar acceso al polígono industrial de A
Gándara y contar con importantes salidas a la AP-9 y al polígono comercial de Boial. Sin embargo, se trata de una vía en un estado de conservación pésimo, situación que está afectando gravemente la seguridad de las personas que deben circular por
ella, como lo demuestra el aumento del número de accidentes registrado en los últimos años.
La falta de inversión en su mantenimiento la ha convertido en una vía peligrosa y de alto riesgo para la conducción, en la que aparecen continuas grietas y baches en la calzada, especialmente desde la Avenida das Pías hasta la carretera de
Catabois.
Las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento por la Demarcación de Carreteras en Galicia, cuando se llevan a cabo, se limitan a pequeños parches que no solucionan el mal estado general de del firme. Además, la señalización horizontal
permanece sin pintar durante meses, lo que agrava el riesgo para la circulación de vehículos. Así, se evidencia que las reparaciones puntuales realizadas hace apenas un año ya no son perceptibles y en esas zonas la capa de rodadura vuelve a estar
deteriorada y con numerosos baches.
El mal estado de esta carretera y su abandono son inaceptables para los habitantes de Ferrol que necesitan una carretera segura y en óptimas condiciones para la circulación.
Es urgente, por tanto, que el Ministerio planifique y acometa las actuaciones necesarias para la reforma integral de la FE-13, una obra que no puede limitarse al parcheo, sino que debe aportar una solución duradera y con garantías para la
seguridad vial.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a adoptar actuaciones urgentes necesarias para garantizar la seguridad vial en la FE-13 que conecta la carretera de Catabois con la de Castela en Ferrol y a agilizar los trámites que
permitan iniciar las obras para la rehabilitación y reparación integral de esta carretera, de gran volumen de tráfico y crucial para el tráfico en Ferrol.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 2025.Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á necesidade dun Plan de Reforma Integral da FE-13 en Ferrol, para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
A estrada FE-13, dependente do Ministerio de Transportes, é una das vías de Ferrol que máis tráfico soporta diariamente, pois conecta a estrada de Catabois coa de Castela, ademais de dar acceso ao polígono da Gándara e contar con saídas
importantes á AP-9 e ao parque comercial do Boial. Porén, trátase dunha estrada cun pésimo estado de conservación, situación que está a incidir seriamente na seguranza das persoas que
deben circular por ela, tal e como demostra o aumento do número de accidentes rexistrado nos últimos anos.
A falta de investimentos no seu mantemento convertérona nunha estrada perigosa e de elevado risco para a condución, na que aparecen continuas fendas e fochancas no firme, especialmente desde a Avenida das Pías até a estrada de Catabois.
As actuacións emprendidas até o de agora pola Demarcación de Estradas na Galiza, cando se fan, limítanse a pequenos remendos que non arranxan o mal estado xeral do firme. Ademais, queda sen pintar a sinalización horizontal durante meses, o
que agrava o risco para circulación de vehículos. Así, é constatábel que as reparacións puntuais acometidas hai un só un ano, xa non se perciben e nesas zonas o capa de rodadura volve estar, máis unha vez, deteriorado e con numerosas fochas.
O mal estado desta estrada e o seu abandono resultan inaceptábeis para os habitantes de Ferrol que necesitan dunha vía segura e en óptimas condicións para a circulación.
É urxente, por tanto, que o Ministerio proxecte e acometa as actuacións precisas para a reforma integral da FE-13, unha obras que non poden limitarse a parchear, senón que deben facilitar unha solución duradeira e con garantías para a
seguranza viaria.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a acometer actuacións urxentes precisas para garantir a seguranza viaria na FE-13 que une a estrada de Catabois coa de Castela en Ferrol e a axilizar os trámites que permitan a iniciar as
obras para a rehabilitación e reparación integral desta vía, que rexistra unha elevada circulación e que resulta crucial para o tráfico de Ferrol».
En Madrid, a 29 de decembro de 2025.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz do GP Mixto.
161/002886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Patricia Rueda Perelló, Carina Mejías Sánchez, Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río y Carlos Flores Juberías y, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a que la Estación de Ferrocarril de Ávila sea denominada como Estación de
Santa Teresa de Ávila, para su discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Ávila mantiene una profunda vinculación histórica y cultural con la figura de Teresa de Cepeda y Ahumada, cuya trayectoria vital, literaria y reformadora está estrechamente ligada a la provincia. Nacida en la ciudad y conocida
universalmente como Santa Teresa de Ávila, impulsó dé manera decisiva la Reforma del Carmelo, origen de la rama de los Carmelitas Descalzos1, transformando profundamente la vida religiosa de su tiempo.
1 https://www.aciprensa.com/noticias/57445/cada-15-de-octubre-se-celebra-a-santa-t...
A su relevancia reformadora se suma su importancia literaria. Considerada una de las principales escritoras místicas de la lengua española, su obra traducida a decenas de idiomas se caracterizó por su originalidad y profundidad espiritual
y contribuyó a que en 1970 fuese reconocida como la primera mujer Doctora de la Iglesia2, distinción que subraya la trascendencia de su pensamiento y su autoridad doctrinal.
La presencia de Santa Teresa en Ávila se refleja no solo en su patrimonio monumental y religioso, sino también en su vida social y cultural, hasta el punto de que la ciudad celebra sus fiestas patronales el 15 de octubre en su honor3. La
estación de ferrocarril, como uno de los principales puntos de acceso a la ciudad, constituye un espacio idóneo para reforzar esta identidad y proyectar al visitante la relevancia histórica y cultural de su figura.
La denominación de infraestructuras públicas con referencias históricas o culturales de especial relevancia constituye una práctica habitual orientada a poner en valor el patrimonio inmaterial de los territorios a los que sirven, reforzando
la identificación ciudadana con los espacios públicos y la proyección exterior de las ciudades. En el caso de Ávila, la figura de Santa Teresa representa uno de los principales elementos de reconocimiento nacional e internacional de la ciudad,
formando parte de su imagen histórica consolidada y de su proyección cultural. La incorporación de su nombre a la estación ferroviaria permitiría reforzar la coherencia entre los principales hitos urbanos, culturales y patrimoniales del municipio y
los espacios de acceso y acogida a visitantes, ampliamente reconocido por los vecinos de Ávila4.
Por todo lo expuesto, resulta conveniente promover el reconocimiento institucional de la figura de Santa Teresa de Ávila en uno de los principales accesos a la ciudad, reforzando la identidad histórica y cultural del municipio mediante la
denominación de su estación ferroviaria.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar cuantas acciones sean necesarias para promover la denominación de la Estación ferroviaria de Ávila como Estación de Santa Teresa de Ávila.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2026.Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías, Patricia Rueda Perelló, Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, Diputados.María José Rodríguez de
Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Jacobo González-Robatto Perote, José Ramírez del Río y Joaquín Robles López, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la oposición frontal a la inclusión de Gibraltar como 2 Ibidem
3 https://www.avilaturismo.com/personajes-historicos/teresa-de-jesus
4 https://www.ewtn.es/un-abulense-impulsa-que-la-estacion-de-tren-de-avila-lleve-e...
miembro de pleno derecho en competiciones deportivas internacionales, para su discusión en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El deporte tiene una dimensión nacional profundamente arraigada, y sirve como herramienta cohesionadora de las naciones. Las federaciones representan a países, no a territorios coloniales ni enclaves con estatus políticos controvertidos.
Por tanto, permitir la entrada de este tipo de territorios abre la puerta a un precedente peligroso a nivel internacional, quebrando la coherencia jurídica y reglamentaria de las competiciones.
La reciente admisión de Gibraltar como miembro de pleno derecho en distintas organizaciones deportivas internacionales ha reabierto un problema que afecta directamente a nuestra soberanía nacional. El pasado sábado, la Asamblea General de
Rugby Europe aprobó la inclusión de la Gibraltar Rugby Football Union, lo que permitiría a dicho territorio participar en competiciones oficiales bajo una condición de igualdad federativa con los Estados soberanos que integran la organización1. A
ello se suma la decisión de la Federación Internacional de Pádel, que el pasado 30 de noviembre admitió a la Asociación de Pádel de Gibraltar como miembro pleno, otorgándole los mismos derechos competitivos que a una federación nacional reconocida2.
Estas decisiones, adoptadas sin la debida transparencia ni los apoyos estatutariamente exigidos como ha denunciado expresamente la Real Federación Española de Rugby3, afectan de manera directa al orden deportivo internacional y generan
tensiones diplomáticas innecesarias. Ante ello, la propia entidad federativa ha manifestado su profundo malestar por el cambio de estatutos aprobado sin alcanzar los dos tercios de apoyos requeridos, anunciando la interposición de los recursos
legales necesarios para revertir una decisión que considera irregular y perjudicial para el deporte español.
La participación internacional en competiciones deportivas supone el reconocimiento y la representación ante organismos internacionales, y afecta a la interlocución entre federaciones, comités y gobiernos. Permitir la participación en
competiciones internacionales a pseudofederaciones vinculadas a territorios pendientes de descolonización supone un riesgo tanto para la estabilidad interna de los organismos deportivos como para las relaciones entre los miembros.
Existen precedentes que demuestran los conflictos derivados de admitir o pretender admitir a colonias en competiciones deportivas internacionales. En el ámbito del fútbol, Gibraltar ya provocó una intensa controversia en el seno de la Unión
de Asociaciones Europeas de Fútbol y de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, obligando a reformular criterios de admisión4 y generando tensiones diplomáticas prolongadas5; llegando a ser su solicitud rechazada en varias ocasiones por
los propios riesgos institucionales que implicaba. En materia olímpica, el Comité Olímpico Internacional ha elaborado reglas muy estrictas para evitar situaciones similares, limitando la incorporación solo a Estados Soberanos reconocidos
internacionalmente bajo el paraguas de los Comités Olímpicos Nacionales6, con el objetivo de prevenir conflictos como los que han surgido por las decisiones de Rugby Europe y la Federación Internacional de Pádel.
1 https://www.diarioarea.com/gibraltar/gibraltar-rugby-elite-federacion-admitida-m...
2 https://www.campodegibraltarsigloxxi.com/la-asociacion-de-padel-de-gibraltar-tam...
3 https://ferugby.es/la-rfer-condena-la-inclusion-de-gibraltar-en-rugby-europe-y-r...
4 https://www.mediotiempo.com/futbol/no-reconocio-fifa-a-gibraltar-como-miembro
5 https://www.theguardian.com/football/2013/may/24/gibraltar-uefa-54th-member-spai...
6 https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-Olympic-Committee/IO...
España debe defender con firmeza el carácter nacional del deporte como forma de identidad y representación exterior, garantizando que los organismos, deportivos mantengan la seguridad jurídica que exige su relevancia institucional.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar de forma expresa la inclusión de Gibraltar en Rugby Europe por vulnerar la soberanía nacional española y por haberse realizado mediante un proceso con defectos graves de legalidad, dirigiendo una queja formal e institucional a
Rugby Europe para exigir la inmediata paralización de los efectos de la decisión adoptada.
2. Respaldar plenamente a la Real Federación Española de Rugby en su impugnación judicial y requerir al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que intervengan ante las autoridades
deportivas europeas para defender los intereses españoles.
3. Presentar una queja formal ante la Federación Internacional de Pádel por la decisión adoptada el pasado 30 de noviembre de incluir como miembro a la Asociación de Pádel de Gibraltar, exigiendo la inmediata paralización de los efectos de
la decisión adoptada.
4. Promover las acciones pertinentes al objeto de que los organismos deportivos internacionales solo puedan estar integrados por Estados soberanos, impidiendo la entrada de colonias como Gibraltar.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2026.Jacobo González-Robatto Perote, Joaquín Robles López y José Ramírez del Río, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Industria y Turismo
161/002874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ignacio Hoces Íñiguez, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en sus respetivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de poner freno a la sobrerregulación europea con el fin de
preservar la actividad industrial y el empleo, para su discusión en la Comisión Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Uno de los aspectos que ha caracterizado a la Unión Europea en los últimos años ha sido el aumento desmesurado de su actividad legislativa, con la consecuente proliferación de regulaciones excesivas y cada vez más complejas.
Lejos de ser una cuestión baladí, este hecho es un claro reflejo del actual proceso de mutación del marco institucional europeo, caracterizado por la asunción de mayores competencias por parte de la Comisión Europea (especialmente a través
de una interpretación extensiva de los Tratados) en detrimento de la soberanía de los Estados miembros.
En este sentido, el Informe Draghi ha señalado que, durante el primer mandato de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea (2019 - 2024), la Unión
Europea adoptó alrededor de 13.000 actos legislativos. En contraste, durante el mismo período de tiempo el Congreso de Estados Unidos aprobó aproximadamente 5.000 actos legislativos (3.500 leyes y 2.000 resoluciones)1.
Esta voracidad legislativa comunitaria, señala el Informe Draghi, está teniendo un efecto nocivo en la competitividad empresarial europea2, cosa que también afirma el Informe Letta. En concreto, este último advierte que la actual
sobrerregulación europea está imponiendo costes adicionales considerables a las empresas, perjudicando gravemente a las pymes y favoreciendo indirectamente a las compañías no europeas, que no están sujetas a las mismas obligaciones3.
Ejemplos de cómo la sobrerregulación contribuye al aumento de las obligaciones y cargas para las empresas europeas se pueden encontrar en la Directiva del 14 de diciembre de 2022 sobre información corporativa en materia de sostenibilidad4 o
la Directiva de 13 de junio de 2024 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad5.
Así, por un lado, la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad amplía las obligaciones de divulgación de información no financiera de las grandes empresas y de las pymes cotizadas en bolsa en relación con los
impactos ambientales y sociales de sus actividades.
Por su parte, la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad impone a las empresas objeto de su aplicación una serie de obligaciones burocráticas ligadas al ejercicio de la diligencia debida en materia de
derechos humanos y medio ambiente. Incluye, además, la obligación de adoptar y poner en práctica un «plan de transición para la mitigación del cambio climático».
Según se ha señalado en prensa, se estima que ambas Directivas perjudicarán a más de 1.000 compañías solamente en España, las cuales tendrán que destinar más de un millón de euros al año para cumplir con las exigencias burocráticas derivadas
de las mismas6.
Consciente de los graves perjuicios que causarán ambas Directivas e incapaz de derogarlas, la Comisión Europea se ha visto forzada a proponer su modificación (a modo de mero parche) a través del paquete de simplificación «Omnibus I». En
este sentido, ya se ha pospuesto la entrada en vigor de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y de determinadas disposiciones de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad7 y,
a través de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que 1 Acceso:
https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232...
2 Véase The Draghi report: In-depth analysis and recommendatións (Part B). Acceso: https://commission.europa.eu/document/download/ec1409c1-d4b4-4882-8bdd-3519f86bb...
3 Acceso: https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by...
4 Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamentó Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se modifican el Reglamento (UE) n.º 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que
respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas.
5 Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE)
2023/2859.
6 Acceso: https://www.vozpopuli.com/economia/empresas/las-nuevas-leyes-woke-de-la-ue-costa...
7 Véase la Directiva (UE) 2025/794 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de abril de 2025 por la que se modifican las Directivas (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a las fechas a partir de las cuales los Estados miembros
deben aplicar determinados requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad y de diligencia debida por parte de las empresas.
respecta a determinados requisitos de presentación de información corporativa y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad [COM(2025) 81 final])8, la Comisión Europea busca modificar el contenido y alcance de los
requisitos exigidos en ambas Directivas9.
A la vista de las anteriores consideraciones, resulta imperativo que España trabaje y presione en el seno de las instituciones europeas con el fin poner freno a la desmesurada producción normativa comunitaria, la cual ha ampliado la brecha
competitiva europea con sus principales competidores y ha convertido a Europa en un continente en donde la sobrerregulación asfixia a las empresas,imponiéndoles cargas, alterando sus procesos productivos y generando sobrecostes.
Del mismo modo, se deben aliviar las restricciones normativas y burocráticas existentes. A este respecto, se han de acelerar e intensificar los esfuerzos de simplificación a escala europea yendo más allá de los paquetes de simplificación
«ómnibus» presentados por la Comisión Europea.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a promover en el seno de las instituciones europeas la adopción de las siguientes medidas:
1) Poner fin al aumento desmesurado de la actividad legislativa comunitaria e impulsar en su lugar un amplio y efectivo proceso de simplificación normativa a escala europea que vaya más allá de los paquetes de simplificación «ómnibus».
2) Sistematizar y reforzar la realización de evaluaciones de impacto con el fin de evaluar las repercusiones de las nuevas iniciativas comunitarias y contribuir de esta manera a la reducción de la carga administrativa que pesa sobre las
empresas europeas.
3) Derogar de manera inmediata tanto la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se modifican el Reglamento (UE) n.º 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la
Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, como la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las
empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2025.Ignacio Hoces Íñiguez, Patricia Rueda Perelló y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces
del Grupo Parlamentario VOX.
161/002877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ignacio Hoces Íñiguez, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en sus respetivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al 8 Acceso:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025PC0081
9 Acceso: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/en/document-summary?id=1805362
impulso de la supresión del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono con el fin de preservar la actividad industrial y el empleo asociado a la misma, para su discusión
en la Comisión Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Populares y socialistas llevan durante años impulsando desde Bruselas una forzosa transición ecológica que está sacrificando la capacidad industrial europea mediante la imposición de prohibiciones, restricciones, limitaciones y nuevos
impuestos y pagos por la emisión de CO2.
En este sentido, hablar de transición ecológica implica necesariamente hablar del nefasto Pacto Verde Europeo.
Presentado el 11 de diciembre de 2019 [COM(2019) 640 final]1 en directa y expresa ejecución del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 (y respaldado expresamente por populares y socialistas en el Parlamento Europeo el 15 de enero de 2020)2, el
Pacto Verde Europeo recoge un conjunto de medidas que pretenden «transformar» forzosamente las economías y sociedades de los Estados Miembros y que responden a una serie de «objetivos climáticos». En este sentido, la Comisión Europea afirmó de
manera tajante que «todas las actuaciones y políticas de la UE [deberían] contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo».
En cumplimiento de lo señalado por la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo [COM(2019) 640 final]3, el 14 de julio de 2021 la Comisión Europea adoptó el paquete legislativo llamado «Objetivo 55» [COM(2021) 550 final]4, cuyo principal
objetivo es la reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55 % para 2030, en comparación con los niveles de 1990, y lograr la «neutralidad climática» en 20505. El citado paquete abarca todo tipo de políticas
relacionadas con el clima, energía y combustibles, transporte, edificios, uso de la tierra y silvicultura.
Del paquete «Objetivo 55» han derivado, entre otros, la revisión de la Directiva relativa al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea6 y el establecimiento del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono7.
1 Acceso:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa7...
2 Acceso: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ES.html
3 Señala la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo: «A más tardar en el verano de 2020, la Comisión presentará un plan sometido a una evaluación de impacto que elevará el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero de aquí a 2030 al 50 %, como mínimo, y hacia el 55 % con respecto a los niveles de 1990 de manera responsable».
4 Acceso: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550
5 A través de la «Ley del Clima de la Unión Europea» [Reglamento (UE) 2021/1119 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y (UE) 2018/1999], tanto el objetivo de
lograr la neutralidad climática en 2050 como el de reducir al menos un 55 % las emisiones para 2030 respecto a 1990 pasaron a ser compromisos legalmente obligatorios. En este sentido, también se ha de señalar que, el 13 de noviembre de 2025, el
Parlamento Europeo votó a favor de la propuesta de la Comisión Europea que modifica dicha norma y establece nuevos objetivos climáticos intermedios vinculantes para 2040, incluida la reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en
un 90 % con respecto a los niveles de 1990. Acceso: https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20251110IPR31334/el-parlamento...
6 Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 que modifica la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y
la Decisión (UE) 2015/1814, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión.
7 Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.
1) El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y su reforma.
El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea («RCDE UE»), afecta en la actualidad a más de 10.000 empresas en la Unión Europea, las cuales se han visto gravemente perjudicadas por el constante encarecimiento del precio
de estos derechos (fruto del mercado especulativo existente en torno a los mismos)8 y han sido situadas en una posición de clara desventaja frente a las empresas de países extracomunitarios, donde las políticas medioambientales son más laxas o
inexistentes.
Lejos de poner fin al sinsentido que supone el RCDE UE, los burócratas de Bruselas han decidido reformarlo. Así, han optado por forzar una reducción a toda costa de las emisiones de CO2 en un 62 % para 2030 en comparación con los niveles de
2005 en los sectores afectados (electricidad y generación de calor, sectores industriales de gran consumo de energía y aviación comercial)9, además de proceder a la inclusión del transporte marítimo en dicho régimen (introducido gradualmente entre
2024 y 2026). También han decidido eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos de las empresas a partir de 2026 y hasta 2034 (las asignaciones gratuitas permiten compensar a las empresas europeas los enormes sacrificios que deben de
hacer). Del mismo modo, se ha creado un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión dedicado al combustible para el transporte por carretera y a la construcción, el cual inicialmente estaba previsto que pusiese un precio a las emisiones de
estos sectores en 202710, si bien el Consejo de la Unión Europea ha propuesto tras su reunión del 5 de noviembre de 2025 posponer su entrada en vigor a 202811.
2) La creación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono («MAFC») es un instrumento que someterá, a partir del 1 de enero de 2026, a determinados productos importados en el territorio aduanero de la Unión Europea a una tarificación del carbono
equivalente a la aplicada a las industrias europeas que fabrican esos mismos productos12.
La finalidad del MAFC es, supuestamente, promover una producción industrial más limpia en los países extracomunitarios, intentando de esta manera paliar la desastrosa deslocalización ambiental (fuga de carbono) que se lleva produciendo en la
Unión Europea durante años como Consecuencia, precisamente, del RCDE UE.
Sin embargo, dado que lo que hace no es facilitar la industria y la inversión en la Unión Europea sino gravar, también, la producción de CO2 en el extranjero, no provoca un efecto directo de incentivar la actividad industrial. Además, la
introducción del MAFC ha suscitado gran preocupación entre los agentes económicos de la Unión Europea, en particular las industrias de gran consumo de energía que ya se encuentran bajo presión 8 Dado que los derechos de emisión son bienes
transferibles, se ha originado en torno a ellos un mercado especulativo que ha disparado aún más los precios (hecho reconocido por la propia Comisión Europea). Así, la volatilidad del mercado de derechos de emisión ha creado incertidumbre en los
precios de estos, dificultando la planificación a largo plazo y provocando un frenazo en la inversión industrial. Acceso:
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energía/20220526/ue-reconoce-especul...; https://elpais.com/economia/2024-03-22/la-inversion-en-espana-cae-por-debajo-del...
9 Acceso: https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/fit-for-55-eu-emissions-trading-...
10 «Acceso: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64527/climate-chan...
11 Acceso: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/11/05/2040-climate-...
12 Los productos a los que se aplica el MAFC son el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes, la electricidad y el hidrógeno.
por la excesiva legislación de la Unión Europea en materia de medio ambiente13. La aplicación del MAFC supondrá un aumento de los costes para las empresas de los sectores afectados y por ello un inevitable aumento del precio para el
consumidor final.
Consciente de las graves deficiencias técnicas que presenta el MAFC, así como reconociendo implícitamente que sus políticas verdes son más que cuestionables desde el punto de vista de la competitividad, la propia Comisión Europea lo ha
modificado a través del paquete de simplificación «Omnibus I», presentado el 26 de febrero de 202514.
Con todo, esta modificación es un mero parche que no soluciona el problema. El MAFC es una trampa confiscatoria y burocrática destructora de empleo y constituye, junto al RCDE UE, una soga para el sistema productivo europeo. Ambos
instrumentos encarecen el precio de la energía, de los productos industriales, y la vida de los europeos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a promover en el seno de las instituciones europeas la supresión del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y del Mecanismo de Ajuste en Frontera por
Carbono.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2025.Ignacio Hoces Íñiguez, Patricia Rueda Perelló y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces
del Grupo Parlamentario VOX.
161/002880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales
de Producción Industrial (RECAPI), para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto carencias, vulnerabilidades y dependencias en nuestros sistemas de producción. Cadenas de suministro que se rompían y para las que no contábamos con alternativa, productos que no éramos capaces
de producir dentro de nuestras fronteras y decisiones sobre recursos esenciales para la sociedad que se tomaban fuera del ámbito de control del estado.
El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del 6 de octubre de 2020, propuso la creación de una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI) como instrumento que complementase la regulación
de la contribución de recursos a la seguridad nacional establecido por la Ley 36/2015 de 28 de septiembre de 2015.
La RECAPI se plantea como un mecanismo de anticipación y respuesta a crisis de suministro de recursos de primera necesidad o carácter estratégico, así como de 13 Las industrias de la Unión Europea que exportan mercancías que entran en el
ámbito de aplicación del MAFC no quedan compensadas por los costes elevados y en constante aumento que soporta el RCDE, ni están protegidas frente a posibles medidas de represalia impuestas por socios comerciales.
14 Véase el Reglamento (UE) 2025/2083 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de octubre de 2025 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2023/956 en lo que respecta a la simplificación y el refuerzo del Mecanismo de Ajuste en Frontera
por Carbono.
vigilancia de dependencias estratégicas y apoyo a la planificación industrial y a la toma de decisiones estratégicas, cuando sea el caso, en coordinación con la Unión Europea dentro del marco de las medidas para asegurar la disponibilidad en
el mercado único de dichos recursos y el desarrollo industrial de sectores estratégicos.
A raíz de esta propuesta se identificó la necesidad de crear un órgano interministerial que se encargará tanto de la gestión ordinaria de la RECAPI como de contribuir a la Seguridad Nacional a través del apoyo y fomento de la Industria
estratégica. Este órgano fue nombrado como «Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica» (CECOPIE) y formaría parte del organigrama del Ministerio de Industria.
Estos dos instrumentos se enmarcan competencialmente dentro de la Seguridad Nacional y su fundamento jurídico se encuentra dentro de la Ley 36/2015 de seguridad Nacional. Ambos se conciben, asimismo, como herramienta al servicio de la
resiliencia económica, la competitividad industrial y el adecuado funcionamiento del mercado interior.
La Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI) constituye uno de los nuevos e importantes instrumentos que contempla la Ley de Industria y Autonomía Estratégica y forma parte del impulso al nuevo
modelo productivo que España está logrando implantar desde el Gobierno. Su creación responde a la necesidad de reforzar la resiliencia económica, asegurar la autonomía estratégica en sectores' esenciales y dotar al país de instrumentos eficaces
para anticipar y gestionar crisis de suministro como las vividas durante la pandemia. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, disrupciones de suministro y dependencia de terceros países para bienes críticos, la RECAPI
emerge como un mecanismo clave para garantizar la disponibilidad de recursos de primera necesidad y tecnologías estratégicas bajo condiciones excepcionales, y como una herramienta estructural de apoyo a la reindustrialización y al refuerzo de las
capacidades productivas nacionales.
La ley que da origen a esta reserva fija un objetivo claro: definir un catálogo de productos esenciales y capacidades de producción industriales nacionales susceptibles de ser activadas de forma rápida y coordinada en situaciones de crisis.
No se trata de acumular stock o mantener almacenes estatales, sino de asegurar que existe en el tejido industrial español la capacidad latente para reconvertir, adaptar o escalar líneas productivas ante una demanda súbita e inesperada. Esto permite
al país responder de forma autónoma en momentos en los que las cadenas globales pudieran verse interrumpidas, como ocurrió con los materiales sanitarios en 2020, materias primas, o incluso con determinados equipos industriales en episodios
recientes.
La RECAPI se inserta en la arquitectura de seguridad nacional prevista por la Ley 36/2015, que establece la necesidad de contar con mecanismos de planificación, control y coordinación para proteger los suministros estratégicos. Su ámbito de
actuación incluye todas las actividades relacionadas con la producción, transferencia o suministro de los bienes considerados críticos; así como la obtención y custodia de información relevante para la detección temprana de emergencias de
abastecimiento Además, contempla procedimientos específicos de contratación, identificación de capacidades, planes de contingencia, modos de vigilancia y medidas de salvaguardia para proteger la base industrial vinculada a la producción estratégica.
En el plano europeo, la RECAPI se alinea con los nuevos marcos regulatorios de materias primas críticas y tecnologías net-zero aprobados en 2024, y el Instrumento de Emergencia y Respuesta del Mercado Único (IMERA). La Unión Europea ha
señalado como prioritario reducir la dependencia de terceros países en sectores clave como la energía, la salud, los semiconductores, las materias primas esenciales, medicamentos críticos, o determinados bienes industriales. La reserva estratégica
española incorpora estos recursos a su ámbito, respondiendo a los retos comunes del mercado único y reforzando la capacidad de España para integrarse como un actor relevante en la autonomía estratégica abierta europea.
La gestión de la RECAPI corresponderá al Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica (CECOPIE), adscrito a la Secretaría de Estado de Industria. Este centro actuará como autoridad nacional de enlace entre la
Administración General del Estado, los operadores industriales y, cuando proceda, las autoridades europeas en situaciones de crisis de suministro. El CECOPIE coordinará los planes de respuesta, impulsará el sistema de certificación de autonomía
estratégica, supervisará los indicadores de riesgo y canalizará la información clasificada necesaria para la toma de decisiones en materia de seguridad industrial. Su funcionamiento se articulará mediante desarrollo reglamentario y contará con la
participación de las comunidades autónomas. El impulso de la RECAPI también incluye la creación de un grupo de trabajo interministerial especializado en crisis de suministro, presidido por la persona titular de la Dirección General de Estrategia
Industrial y Pymes. Este grupo, integrado por representantes de todos los ministerios clave desde Exteriores y Defensa hasta Transición Ecológica, Economía, Interior, Sanidad o Transformación Digital. tiene como misión analizar escenarios de
riesgo, elaborar catálogos de recursos críticos, diseñar protocolos de actuación y elevar propuestas al Consejo de Seguridad Nacional y al Consejo de Ministros.
A ello se suma la participación del sector privado, con patronales como Farmaindustria, AESEG, BioSim, AFAQUIM, ASEBIO o AELMHU, que contribuyen a detectar vulnerabilidades, capacidades productivas y posibles cuellos de botella. Esta
colaboración publico privada se materializa además con la consulta a diferentes asociaciones industriales (FEIQUE, Alianza para la Competitividad de la Industria, FENIN, ANFAC, SERNAUTO, AMETIC) y de clústeres (AFM, EPI SALUD) sobre información
relevante para los objetivos de la RECAPI, que las empresas del sector industrial pueden aportar.
El despliegue de la RECAPI se complementa con la puesta en marcha de un sistema de Alerta Temprana basado en indicadores críticos, y capacidades avanzadas de análisis y proyección estratégica apoyadas en inteligencia artificial. Este
sistema permitirá anticipar tensiones de suministro, evaluar escenarios de riesgo y activar las medidas necesarias de forma preventiva. Además, se integrará la información procedente de todas las administraciones estatal, autonómica y local en un
catálogo unificado de recursos industriales estratégicos, lo que asegura una respuesta coordinada y eficiente. Más allá de contar con capacidades preventivas, se trata también de dotar a las administraciones de una herramienta de carácter
estratégico que permita identificar vulnerabilidades estructurales para promover políticas públicas de resiliencia económica y competitividad industrial.
La RECAPI responde plenamente a los principios que guían la transformación industrial española: refuerzo de la autonomía estratégica, impulso de la resiliencia económica, fomento de la innovación y fortalecimiento de la industria como
generadora de empleo de calidad. Su diseño favorece la colaboración público-privada, incorpora criterios de sostenibilidad y descarbonización, y consolida un tejido productivo capaz de adaptarse de forma flexible a contextos de crisis, garantizando
la continuidad de servicios esenciales y el suministro de bienes críticos.
España se dota así de un instrumento innovador, con escasos precedentes internacionales, que convierte la experiencia adquirida en la pandemia en una política industrial avanzada y orientada al futuro. La articulación de la RECAPI dentro de
la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, junto con el Plan de Recuperación y las nuevas estrategias europeas, ofrecen una oportunidad decisiva para situar a la industria española en una posición de fortaleza, anticipación y liderazgo en la
construcción de un modelo económico más seguro, competitivo y sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«La Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados apoya la creación, de la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, como parte del desarrollo de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional e
insta al Gobierno a:
1. Acelerar, dentro del Grupo de Trabajo creado a tal efecto, el análisis de los escenarios de crisis que puedan ser de interés para la Seguridad Nacional, identificar los recursos y las necesidades que harán parte de la RECAPI y organizar
el órgano que debe gobernar la propia reserva, el Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica (CECOPIE).
2. Impulsar en colaboración con las demás administraciones el desarrollo de las capacidades que se estimen necesarias para dotar de resiliencia, seguridad y autonomía a nuestro país en momentos en que puedan producirse disrupciones en los
suministros.
3. Considerar las propuestas realizadas en esta y otras proposiciones aprobadas por las Comisiones legislativas de Industria para los próximos desarrollos reglamentarios de la Ley de Industria y en la propia tramitación de la Ley.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2025.Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Andreu Martín Martínez, Cristina López Zamora, César Joaquín Ramos Esteban, Obdulia Taboadela Álvarez, María Dolores Corujo
Berriel, María Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, Patricia Otero Rodríguez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla y Andrea Canelo Matito, Diputados.Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002894
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Industria y
Turismo, para garantizar una transición energética verde del sector de la cerámica en las comarcas de Castelló.
Exposición de motivos
La Comisión Europea ha aprobado un régimen de ayudas español por valor de 700 millones de euros para apoyar inversiones estratégicas que añadan capacidad de fabricación de tecnologías limpias en España, de acuerdo con los objetivos del Pacto
Industrial Limpio. Esta medida contribuirá a la transición hacia una economía de cero emisiones netas e incentivará la producción de tecnologías limpias, contribuyendo a una Industria más competitiva y más autosuficiente.
La economía valenciana, que durante años ha contribuido positivamente a la balanza comercial española, ha pasado a engrosar el grupo de economías deficitarias. No solo se explica por la crisis del sector automovilístico, fundamental para la
economía valenciana, sino que el estancamiento de sectores tradicionales como el del azulejo, el mueble, el juguete o el de productos químicos, con cifras negativas, han provocado un boquete de 1.400 millones de euros en el saldo exterior. Según el
último balance de la Dirección Territorial de la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, el País Valenciá registró en los diez primeros meses del año 2025 un déficit comercial de 187,7 millones de euros.
El caso del estancamiento de la industria azulejera se explica también por las dificultades de transformación energética y la inestabilidad internacional que la conducen, entre otros factores, a pagar alrededor de 36,6 millones de euros en
derechos de emisiones (datos de 2024), cincuenta veces más de lo que pagaba hace una década.
El azulejo tiene actualmente una dependencia casi total del gas natural como fuente energética principal, por lo que se requiere de impulsos públicos relevantes si se quiere disponer de tecnologías sostenibles maduras y asequibles
comparables con otros sectores menos intensivos. Para ello, más cuando de esto depende la economía de toda la provincia de Castelló y 71.000 puestos de trabajo, urge una mejor planificación y acompañamiento a la transición verde y la
descarbonización apostando, entre otros, por hornos industriales eléctricos, así como continuar implementando sistemas de ciclo integral del agua.
La mediterránea es el epicentro del cambio climático por lo que debemos asumir la necesidad de implementar una transición verde justa rápida, no podemos permitirnos el lujo de aceptar marcos retardistas, la DANA sufrida en 2024 es su ejemplo
más dramático, pero tampoco podemos poner en riesgo un sector vital para el progreso económico de las comarcas de Castelló líder en peso industrial en España.
Esta situación, calcula el sector, puede suponer el incremento del coste de la producción en un 40 % para 2030, por lo que, para proteger la economía productiva castellonense y a sus trabajadores, es necesario un apoyo público en la
transformación energética de esta industria.
El futuro del comercio europeo pasa por un presente dual, en el que a los esfuerzos internos por parte de la industria en materia de innovación o de mejora de la producción se le sume un marco público que respalde su transformación y
competitividad. Mucho más, en aquellas industrias donde todavía la tecnología disponible para alcanzar los objetivos europeos es muy incipiente.
Es por todo lo expuesto que interesa destinar al menos 33 millones de estas ayudas Qunto a otras) a profundizar en la transición industrial, especialmente si se pretende que esta sea competitiva y mantenga su producción en territorio
europeo.
Concretamente, y tras la crisis sanitaria de la COVID-19, es consenso la necesaria apuesta explícita por equilibrar la economía valenciana y europea con actividad industrial más estable, sostenible y de mayor valor añadido.
La inversión pública debe hacerse al haberse alcanzado un acuerdo de mejora laboral en enero y por la vocación transformadora hacia la descarbonización del sector. Particularmente, el nuevo convenio colectivo negociado por consenso entre
sindicatos y patronal hasta 2028 incluye con mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y un protocolo de fenómenos meteorológicos adversos.
Por todo ello, se presenta
Proposición no de Ley
«Se insta al Gobierno a:
1. Destinar 33 millones de los 700 del fondo europeo de las ayudas destinadas a la inversión para proyectos relacionados con las tecnologías contempladas en el Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas con el objetivo de apoyar
la transición energética del sector azulejero de las comarcas castellonenses particularmente para la innovación y desarrollo de hornos eléctricos industriales más competitivos.
2. Impulsar otras ayudas adicionales que contribuyan al desarrollo de energías y tecnologías que faciliten la transición industrial que debe afrontar el sector del azulejo dependiente enormemente del gas natural como los gobiernos de Italia
y Portugal.
3. Asegurar acceso a energía verde, en cantidades suficientes y a precios competitivos, así como una infraestructura de red eléctrica, de gases renovables y de
capacidad de almacenamiento fiable para garantizar el suministro a la industria, reduciendo la dependencia energética.»
Palacio de Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2026.Alberto Ibáñez Mezquita, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prórroga,
consolidación y blindaje del escudo social para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía, para su debate en en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La presión inflacionaria de los últimos años ha derivado en un claro encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora. A pesar del mantenimiento de unos buenos resultados macroeconómicos, la
realidad es preocupante: según los últimos datos, un 25,8 % de la población del Estado español se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE). Está claro que la recuperación económica no llega a la mayoría de la población. La
realidad cotidiana sigue marcada por las dificultades para llegar a fin de mes y por el aumento del precio de la vivienda, del transporte (o movilidad), los alimentos y la energía.
Las medidas del escudo social, aunque podrían ser más ambiciosas, son un pilar relevante del Estado de bienestar para garantizar la protección de la ciudadanía frente a situaciones de vulnerabilidad social económica. Estas medidas tienen
como objetivo mejorar las condiciones materiales y reforzar los derechos básicos de las personas.
Entre las medidas del escudo social se encuentran prestaciones como el ingreso mínimo vital para asegurar una renta de subsistencia; la garantía del suministro de energía eléctrica, derivadas del petróleo, gas y agua; la suspensión de
desahucios y lanzamientos para personas vulnerables, evitando situaciones de emergencia residencial grave; una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual y una limitación de la actualización de la renta de los
contratos de arrendamiento con el objetivo de frenar la expulsión residencial en un mercado tensionado. Estas medidas son el último mecanismo de protección ante la pobreza extrema.
El escudo social, desde el inicio de la pandemia, ha estado condicionado por la prórroga de los Reales Decretos. La temporalidad y la incertidumbre de estas medidas tan necesarias comporta el riesgo de que, por falta de acuerdo político o
retrasos en la tramitación, desaparezcan protecciones sociales que afectan el día a día de muchas familias. Un ejemplo claro de esto ocurrió en enero, cuando la no convalidación de un Real Decreto-Ley provocó la suspensión temporal de la
bonificación de los abonos de transporte público, evidenciando la vulnerabilidad que genera la falta de estabilidad normativa.
Así, medidas como la suspensión de desahucios de personas vulnerables por impago de alquiler o crédito hipotecario aún no han sido prorrogadas ni incorporadas de manera estable al ordenamiento jurídico, y su caducidad a final de año puede
dejar a muchas familias en situación de máxima urgencia social. No consolidar, tampoco, la garantía de suministros básicos, las medidas respecto al precio del alquiler o las ayudas
a la movilidad agravará las situaciones de pobreza energética, exclusión residencial y vulnerabilidad socioeconómica.
Es imprescindible actuar con urgencia. Asegurar la continuidad del escudo social es una exigencia social prioritaria, así como avanzar hacia su consolidación normativa. No se trata de alargar los plazos de las medidas, sino de consolidar
derechos sociales básicos, convertir en estructurales aquellas políticas que garantizan las necesidades básicas de la ciudadanía y que el Gobierno aborde con ambición los malestares sociales mediante la garantía decidida de los derechos sociales.
Blindar el escudo social significa reconocer que el acceso a la vivienda, a los suministros básicos y a unos ingresos mínimos son derechos fundamentales que el Gobierno del Estado debe garantizar de manera decidida. No son medidas
excepcionales, sino políticas estructurales para garantizar condiciones de vida dignas y preservar la cohesión social.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Prorrogar de manera inmediata y sin interrupciones todas las medidas que integran el escudo social, garantizando la continuidad de las protecciones vigentes para las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
2. Mantener la suspensión de desahucios y lanzamientos de personas vulnerables, tanto por impago de alquiler como de crédito hipotecario, mientras no se dispongan de alternativas residenciales dignas y adecuadas y, al mismo tiempo, llevar a
cabo políticas de vivienda decididas y urgentes que aborden el problema de manera estructural.
3. Garantizar la continuidad de la protección de los suministros básicos de electricidad, petróleo, gas y agua en los hogares vulnerables, evitando cualquier corte de suministro.
4. Ampliar la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual a las personas con vulnerabilidad social y económica.
5. Reforzar y estabilizar el ingreso mínimo vital, asegurando su acceso efectivo y carácter estructural.
6. Blindar las medidas del escudo social mediante las reformas legislativas necesarias, incorporándolas de manera estructural al ordenamiento jurídico.
7. Asegurar una dotación presupuestaria suficiente y estable, con una visión plurianual, que garantice un traspaso equitativo de recursos a las comunidades autónomas, permitiendo que estas dispongan de la capacidad suficiente para mantener
y desarrollar las protecciones sociales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2025.Jordi Salvador i Duch, Diputado.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància del Diputat Jordi Salvador i Duch, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la pròrroga, consolidació i
blindatge de lescut social per garantir els drets bàsics de la ciutadania per el seu debat a la Comissió de Drets Socials i Consum.
Exposició de motius
La pressió inflacionària dels últims anys ha derivat en un clar encariment del cost de la vida i la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora. Tot i el manteniment
duns bons resultats macroeconòmics, la realitat és preocupant: segons les darreres dades, un 25,8 % de la població de lEstat espanyol es troba en risc de pobresa o exclusió social (Taxa AROPE). És clar que la recuperació econòmica no
arriba a la majoria de la població. La realitat quotidiana segueix marcada per les dificultats per arribar a final de mes, i per laugment del preu de lhabitatge, el transport (o mobilitat), els aliments i lenergia.
Les mesures de lescut social, tot i que podrien ser més ambicioses, són un pilar rellevant de lEstat de benestar per garantir la protecció de la ciutadania davant situacions de vulnerabilitat social i econòmica. Aquestes mesures tenen com
a objectiu millorar les condicions materials i reforçar els drets bàsics de les persones.
Entre les mesures de lescut social hi trobem prestacions com lingrés mínim vital per assegurar una renda de subsistència; la garantia del subministrament denergia elèctrica, de derivats del petroli, de gas i daigua; la suspensió de
desnonaments i de llançaments per a persones vulnerables evitant una situació demergència residencial greu; una pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer dhabitatge habitual i una limitació de lactualització de la renda dels contractes
darrendament amb lobjectiu de frenar lexpulsió residencial en un mercat tensionat. Aquestes mesures són lúltim mecanisme de protecció davant la pobresa extrema.
Des de lesclat de la pandèmia, lescut social ha estat condicionat per la pròrroga successiva dels Reials Decrets. La temporalitat i la incertesa daquestes mesures tan necessàries comporta el risc que, per falta dacord polític o retards
en la tramitació, desapareguin proteccions socials que afecten el dia a dia de moltes famílies. Un exemple clar daixò va ser al mes de gener, quan la no convalidació dun Reial Decret Llei va provocar la suspensió temporal de la bonificació dels
abonaments del transport públic, evidenciant la vulnerabilitat que genera la manca destabilitat normativa.
Així, mesures com la suspensió de desnonaments de persones vulnerables per impagament de lloguer o crèdit hipotecari encara no han estat prorrogades ni incorporades de manera estable a lordenament jurídic, i la seva caducitat al final dany
pot deixar a moltes famílies en situació de màxima urgència social. No consolidar, tampoc, la garantia de subministraments bàsics, les mesures respecte al preu del lloguer o les ajudes a la mobilitat agreujarà les situacions de pobresa energètica,
exclusió residencial i vulnerabilitat socioeconòmica.
És imprescindible actuar amb urgència. Assegurar la continuïtat de lescut social és una exigència social prioritària, així com avançar cap a la seva consolidació normativa. No es tracta dallargar els terminis de les mesures, sinó de
consolidar drets socials bàsics, convertir en estructurals aquelles polítiques que garanteixen les necessitats bàsiques de la ciutadania i que el Govern abordi amb ambició els malestars socials a través de la garantia decidida dels drets socials.
Blindar lescut social significa reconèixer que laccés a lhabitatge, als subministraments bàsics i a uns ingressos mínims són drets fonamentals que el Govern de lEstat ha de garantir de manera decidida. No han de ser mesures
excepcionals, sinó polítiques estructurals per garantir condicions de vida dignes i preservar la cohesió social.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Prorrogar de manera immediata i sense interrupcions totes les mesures que integren lescut social, garantint la continuïtat de les proteccions vigents per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.
2. Mantenir la suspensió de desnonaments i de llançaments de persones vulnerables, tant per impagament del lloguer com del crèdit hipotecari, mentre no es disposi dalternatives residencials dignes i adequades i, alhora, dur a terme
polítiques dhabitatge decidides i urgents que abordin el problema de manera estructural.
3. Garantir la continuïtat de la protecció dels subministraments bàsics delectricitat, petroli, gas i aigua a les llars vulnerables, evitant qualsevol tall del subministrament.
4. Ampliar la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer dhabitatge habitual a les persones amb vulnerabilitat social i econòmica.
5. Reforçar i estabilitzar lingrés mínim vital, assegurant-ne laccés efectiu i el caràcter estructural.
6. Blindar les mesures de lescut social mitjançant les reformes legislatives necessàries, incorporant-les de manera estructural a lordenament jurídic.
7. Assegurar una dotació pressupostàriament suficient i estable, amb una visió plurianual, que garanteixi un traspàs equitatiu de recursos a les comunitats autònomes, permetent que aquestes disposin de la capacitat suficient per mantenir i
desenvolupar les proteccions socials.»
Congrés dels Diputats, 16 de desembre de 2025.Jordi Salvador i Duch, Diputat.Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a defender a la flota pesquera española del Atlántico oriental y evitar la competencia desleal que ejercen los buques
pesqueros asiáticos abanderados en países africanos, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La flota pesquera española ha sido siempre un referente a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años/China y Corea del Sur han desplazado a nuestros pescadores de sus caladeros tradicionales en la costa occidental de África. De hecho,
la flota europea en el Atlántico oriental pasó de contar con 21 buques en 2016 a contar con sólo 13 en 2024. Además, las 118.226 toneladas de pescado que la flota comunitaria de cerco capturó en el Atlántico en 2016 pasaron a ser sólo 90.321 en
2022, y esta reducción del 24 % fue aún más destacada en el caso del atún rabil (38 %) y del atún patudo (36 %)1.
Esta situación se ha producido, a ojos del sector pesquero español, a causa de la presión regulatoria impuesta por Bruselas en materia de sostenibilidad y de la falta de un control efectivo sobre las flotas asiáticas por parte de la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. En consecuencia, durante los últimos años se ha producido un gran avance de las flotas de capital asiático que, abanderadas en países africanos como Ghana, Senegal o Guinea, han incrementado
sus capturas en un 68 % entre 2016 y 2024. No en vano, estas flotas operan en condiciones mucho menos exigentes en materia de cuotas, vedas y medidas de seguimiento y control que la flota española y la flota europea; un hecho que pone en serio
riesgo el futuro de nuestro 1 https://opagac.org/la-ue-pierde-el-38-de-sus-buques-atuneros-en-el-atlantico-mie...
modelo de pesca que ha contribuido durante décadas a garantizar los recursos pesqueros y el desarrollo socioeconómico de África2.
Desde el sector pesquero español señalan que, si esta situación persiste, pronto llegará el día en que los consumidores europeos no podrán adquirir atún capturado en el Atlántico por buques que cumplan con los estándares exigidos por la
Unión Europea. A su juicio, dentro de poco sólo habrá busques asiáticos en el Atlántico ya que estos 'faenan sin apenas control'. Por ello, la Organización Productores Asociados Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) ha exigido la intervención de
la Comisión Europea para reequilibrar la situación y proteger el atún capturado por la flota española en el Atlántico3.
A ojos del sector pesquero, esta sería la única vía para protegerles frente a los conglomerados pesqueros de China y Corea del Sur que, en los últimos años, han establecido bases en la costa oeste de África que se extienden desde Tánger en
Marruecos a Durban en Sudáfrica4. Además, en el caso de la flota china, a las acusaciones de pesca ilegal se suman las duras condiciones laborales asociadas a los trabajos forzados de marineros norcoreanos, indonesios y filipinos que permanecen
hasta diez años seguidos en el mar bajo estrictas condiciones laborales5.
En cualquier caso, el avance de las flotas pesqueras asiáticas no sólo ha afectado a los pescadores españoles y europeos, dado que países como Argentina también han sido incapaces de controlar centenares de pesqueros chinos que pescan
masivamente en las inmediaciones de su Zona Económica Exclusiva y que también se adentran sin permiso en ella para faenar en sus aguas jurisdiccionales. En consecuencia, las autoridades argentinas denuncian que la flota pesquera china depreda sus
recursos y critican la utilización de prácticas pesqueras ilegales como el uso de redes de arrastre prohibidas, el apagado de los sistemas de identificación automática y la sobreexplotación intensiva de ciertas especies. Asimismo, países como
Chile, Perú, Ecuador, Vietnam, Indonesia y Filipinas también denuncian que los pesqueros chinos realizan prácticas muy similares en los límites de exclusión de sus aguas y que, en ocasiones, también obvian las zonas delimitadas y entran en ellas
para faenar6.
Por todo ello, se hace evidente que las flotas pesqueras asiáticas constituyen una grave amenaza para el futuro del sector pesquero español y la sostenibilidad de los recursos marinos del Atlántico oriental. En consecuencia, resulta
imprescindible impulsar cuantas medidas sean necesarias para acabar con la intolerable permisividad que la Comisión Europea y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico han mostrado siempre con los buques asiáticos que faenan
en los caladeros tradicionales del sector pesquero español.
Al amparo de lo expuesto, él Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender con firmeza los intereses de los buques atuneros españoles e impulsar cuantas iniciativas sean necesarias para frenar el progresivo abandono de sus caladeros tradicionales en el Atlántico oriental.
2. Proteger decididamente al sector pesquero español como sector estratégico que genera riqueza y empleo, y garantiza una alimentación saludable.
2 https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/13385521/05/25/china-y-corea...
3 https://www.elcorreo.com/bizkaia/costa/flota-atunera-vasca-reduce-mitad-atlantic...
4 https://www.farodevigo.es/mar/2024/01/10/invasion-asiatica-expulsa-barcos-atuner...
5 https://www.elmundo.es/economia/2025/02/28/67c1aaf8e85ece071f8b45a7.html
6 https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13242063/02/25/argentina-es-incapa...
3. Impulsar campañas institucionales que incentiven el consumo de pescado capturado por la flota pesquera española y reconocer tanto el trabajo y el esfuerzo de su tripulación como el mérito y la calidad de sus productos.
4. Exigir a la Comisión Europea la revisión de los acuerdos de pesca con terceros países para garantizar el cumplimiento del principio de reciprocidad y exigir igualdad de condiciones en materia de trazabilidad y exigencias laborales.
5. Defender ante el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea la necesidad de reducir la carga burocrática y la presión regulatoria que la Comisión Europea ha impuesto a nuestros pescadores en materia de exigencias medioambientales
y cuotas pesqueras.
6. Exigir a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico que impulse exigentes mecanismos de inspección, seguimiento y sanción en aguas internacionales para controlar y prevenir que los buques asiáticos abanderados en
países africanos puedan seguir faenando en los caladeros tradicionales de la flota pesquera española recurriendo, para ello, a prácticas ilegales que favorecen la competencia desleal.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2026.Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
161/002890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar una reforma integral de la legislación sobre pesca recreativa en España, para su discusión en la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
España cuenta con una extensa red hidrográfica que incluye ríos, embalses, lagos y pantanos, lo que facilita la práctica de la pesca en prácticamente todo el territorio nacional. Además de su indudable valor como afición y asueto, la pesca
de interior actúa como dinamizador económico en numerosas comarcas, generando empleo, fomentando el turismo rural y promoviendo la prestación de servicios básicos. Según datos recientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el sector
de la pesca recreativa moviliza anualmente a cientos de miles de pescadores, con un volumen estimado de licencias activas que supera las 900.000 en todo el territorio nacional. Este flujo de actividad no solo impulsa el consumo en zonas rurales,
sino que también genera ingresos significativos a través de alojamientos, equipamiento especializado y servicios asociados, estimados en varios cientos de millones de euros al año.
La pesca recreativa de interior constituye una actividad profundamente enraizada en la cultura, las costumbres y las tradiciones del mundo rural español. Esta práctica, que permite disfrutar del tiempo libre en contacto directo con la
naturaleza, ha sido históricamente un elemento vertebrador del entorno social y económico de muchas zonas del interior de nuestro país, y presenta un gran potencial para contribuir a su
desarrollo1. Este es el caso de regiones como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña, donde la pesca recreativa no solo atrae visitantes durante todo el año, sino que también fomenta la creación de empleo en sectores
complementarios.
Más allá de su dimensión social y económica, la pesca recreativa también desempeña un papel determinante en la conservación de los ecosistemas acuáticos, siempre que se gestione adecuadamente. Una regulación eficaz de esta actividad permite
contribuir al control de las poblaciones piscícolas, a la detección de especies invasoras y al monitoreo del estado de conservación del medio acuático. De este modo, los pescadores recreativos se constituyen como un colectivo comprometido con la
sostenibilidad y la protección de las masas de agua dulce.
No obstante, a pesar de los beneficios evidentes que aporta al territorio rural y al medio natural, esta actividad se enfrenta a diversos problemas que tienen su origen en la falta de homogeneidad normativa en el conjunto de la nación. La
legislación sobre pesca recreativa en España presenta una notable disparidad, resultado de la coexistencia de diecisiete regulaciones regionales diferentes.
Como consecuencia de ello, la práctica de la pesca recreativa continental ha quedado encuadrada en diecisiete marcos normativos, cada uno de los cuales regula una licencia propia en función de la ubicación de los ríos, lagos y pantanos en
los que se practique la actividad. Asimismo, las administraciones regionales del litoral han asumido también la expedición de licencias de pesca de recreo en aguas marítimas exteriores cuando no están dirigida a especies de protección diferenciada,
competencia que les ha sido cedida por la Administración General del Estado2. En este caso, las administraciones territoriales costeras pueden expedir alguna de las cinco licencias correspondientes a las demarcaciones de pesca recreativa marítima
exterior en que se divide España3. Es evidente que el sector se beneficiaría de una planificación nacional que extendiese la validez de licencias, simplificase procesos y eliminase barreras innecesarias como las restricciones horarias y la
disparidad en los materiales permitidos. Ello contribuiría a enriquecer las economías locales y a la cohesión territorial, asegurando que regiones menos favorecidas por el turismo masivo reciban un flujo constante de ingresos.
En conclusión, una actividad lúdica que promueve la toma de contacto con la naturaleza, y el desarrollo del mundo rural no puede verse lastrada por las complicaciones que genera la disparidad legislativa regional, ni por regulaciones que
lastran su desarrollo y crecimiento. Por ello, el Gobierno debe actuar con responsabilidad y promover un plan nacional de turismo de pesca que optimice recursos, fortalezca las economías de las regiones de interior y promueva una gestión ambiental
responsable.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Realizar un estudio exhaustivo y proceder a la creación de un Plan Nacional de Turismo de Pesca que permita el desarrollo adecuado de este deporte en todo el territorio español, con medidas orientadas a la reducción de burocracia
administrativa, la 1 Torrent Bravo, F. (2019). Reflexiones sobre la gestión de pesca deportiva actual en España. Universidad Politécnica de Madrid, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7346734
2 https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/pesca-deportiva-recreo/pesca-maritima-de-...
3 https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/pesca-deportiva-recreo/pesca-maritima-de-...
unificación de normativas y licencias, el control equilibrado de especies depredadoras, la promoción de competiciones y el fomento del turismo rural.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2026.Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
161/002891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Tomás Fernández Ríos, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la pesca de palangre, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
España es una referencia internacional en pesca de altura y, dentro de la flota que ha permitido a nuestro país alcanzar una posición tan destacada, se encuentran los 183 barcos palangreros de superficie registrados en el censo unificado de
palangre de superficie elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Geográficamente, estos buques se distribuyen de la siguiente manera: 127 tienen su puerto base en Galicia, 33 en Andalucía, 9 en Cataluña, 6 en Murcia, 3 en
las Islas Canarias, 3 en la Comunidad Valenciana y 2 en las provincias vascongadas1. Los mismos utilizan la técnica denominada palangre de superficie para pescar peces como los tiburones, el atún y el pez espada2 utilizando una línea de gran
longitud que se despliega desde el barco y de la que cuelgan un gran número de brazoladas con anzuelos cebados que se dejan en el agua durante horas. Este método permite pescar gran, cantidad de especies marinas de forma muy selectiva3.
Desde distintos sectores se viene atacando a este sector en temas como la supuesta falta de selectividad en sus actividades, la obligación de mantener las aletas adheridas al cuerpo en el caso de la pesca de tiburón o la inclusión de los
marrajos y las tintoreras en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, así como en el relativo al contenido de mercurio en las especies principales4. Todos estos ataques, en muchos casos
injustificados o sin una base científica sólida, no buscan más que reducir la rentabilidad de esta flota puntera para que desistan de seguir trabajando o lo que es peor, acaben abandonando el pabellón español, lo que supondría la pérdida de un
empleo muy significativo en regiones como Galicia. Asimismo, esta flota tiene que competir en los mercados internacionales con flotas como la de Marruecos, que siguen pescando el pez espada con artes prohibidos como las redes de deriva o con 1
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/detalle_noticias/el-ministeri...
2 https://www.msc.org/es/que-hacemos/metodos-de-pesca-e-tipos-de-arte/tipos-de-art...
3 https://www.embarcacionesdepesca.com/que-es-la-pesca-con-palangre/
4 https://www.farodevigo.es/mar/2025/03/31/comision-europea-niega-incumplimientos-...
las de otras latitudes que no tienen la obligación de mantener las aletas adheridas al cuerpo, reduciendo significativamente sus costes de operatividad5.
Por todo ello, el Gobierno de España debe reforzar su apoyo al sector pesquero de palangre de superficie español y asumir un papel activo en la defensa de sus intereses. La destrucción de este sector sería un golpe durísimo para nuestra
seguridad alimentaria y la economía de miles de familias que residen en multitud de pueblos de la España costera, que han visto cómo en los quince años transcurridos entre 2009 y 2023 se redujo en casi un 30 % la presencia de trabajadores vinculados
a la pesca6. Por ello, el Ejecutivo debe adoptar un papel protagonista en las negociaciones internacionales y luchar por preservar un modo de vida ancestral que genera empleo de calidad, preserva una cultura milenaria y dota de identidad a nuestro
país.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las iniciativas pertinentes al objeto de:
1. Reconocer la relevancia estratégica de la flota Palangrera española que opera en el Pacífico Oriental, el índico, el Atlántico y el Mediterráneo, y brindar apoyo institucional a los palangreros para defender sus intereses en los foros
internacionales de pesca.
2. Trabajar para que se eliminen cuanto antes el uso de redes de deriva en los países costeros del sur del Mediterráneo, en especial en Marruecos donde siguen operando cientos de barcos de manera irregular.
3. Impulsar líneas de apoyo a la competitividad de la flota española que opera en aguas internacionales para garantizar la viabilidad económica del sector.
4. Reducir la carga burocrática que soportan los pescadores, dignificar la actividad pesquera y reconocer expresamente su valor económico y social.
5. Promocionar e incentivar el consumo de productos pesqueros entre la población española.
6. En particular, se insta al Gobierno de la Nación a aplicar un tipo impositivo del 0 % de IVA a los productos básicos de alimentación, incluyendo los aceites de oliva y de semillas, pastas alimenticias, carnes y pescados, considerándolos
como bienes esenciales».
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2026.Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
161/002892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la soberanía alimentaria y el rechazo a
la desregulación de los organismos modificados genéticamente obtenidos mediante nuevas 5 https://www.larazon.es/economia/denuncian-que-pesca-abusiva-pez-espada-mar-albor...
6 https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/estadisticas/temas/estadisticas-de-la...
técnicas genómicas (OMG-NTG), para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a decidir democráticamente sus sistemas alimentarios y agrarios, constituye un eje central de las políticas que deben regir el sector agroalimentario. Este principio implica
garantizar el acceso a alimentos sanos y suficientes, proteger a la agricultura y ganadería social y profesional, preservar la biodiversidad y poner freno a la creciente concentración del poder económico en manos de grandes corporaciones
agroindustriales.
La reciente aprobación en el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea (Coreper) del acuerdo tripartito provisional sobre la desregulación de los organismos modificados genéticamente vegetales obtenidos mediante nuevas
técnicas genómicas (OMG-NTG) supone un grave retroceso en materia de derechos sociales, ambientales y democráticos. Esta decisión ha sido adoptada de espaldas al sector agrario y a la ciudadanía, ignorando las advertencias reiteradas de
organizaciones agrarias, productoras de semillas y del movimiento agroecológico europeo.
Este acuerdo distingue dos categorías entre las plantas producidas a través de las NTG. Por una parte, las plantas obtenidas con estas técnicas que tengan menos de veinte modificaciones genómicas -criterio muy cuestionado por agencias
estatales europeas y colectivos científicos- y que resultan según ellos equivalentes a las convencionales (NTG1), que no será necesario etiquetar salvo las semillas y aquellas con más de veinte modificaciones genómicas, más complejas o menos
equivalentes (NTG2), manteniendo los requisitos de la legislación vigente sobre OMG, incluido el etiquetado obligatorio de los productos.
Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dictaminó en 2018 que los organismos obtenidos a partir de mutagénesis dirigida (y otros métodos de NTG) debían tratarse bajo lo dispuesto en la Directiva 2001/18/CE de OMG de la UE, al entender
que los cambios genéticos no se deben a procesos naturales. Por tanto, deben someterse a evaluación de riesgos, trazabilidad y etiquetado, algo que no gustó mucho a la Comisión Europea que desde entonces trató de buscar los argumentos científicos y
jurídicos que diferencien las NTG de los OMG, recogiendo el marco regulador formulado en otros países en el que los productos obtenidos por NGT que no contienen ADN exógeno se equiparan a los obtenidos por mejora genética convencional. Por ello, en
julio de 2023 la Comisión Europea adoptó una nueva propuesta de reglamento para plantas producidas con NTG, que ha pretendido hacer más laxas los requerimientos de los OMG clásicos, teniendo por resultado el acuerdo provisional anotado, algo que ha
sido rechazado en España por las principales organizaciones ecologistas, Federaciones de Consumidores y Usuarios y las asociaciones de la agroecología.
Por su parte la Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza recuerda que la Directiva del 2001 ya fue modificada en 2018 algo que se obvia desde la CE para adaptarse a los nuevos avances tecnológicos, permitiéndose desde
entonces la valoración caso por caso de los productos modificados genéticamente, algo que debería recogerse siguiendo el principio de precaución.
Asimismo, esta desregulación entra en clara contradicción con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), adoptada por la Asamblea General de la
ONU en 2018. En concreto, su artículo 19 reconoce el derecho del campesinado a las semillas, incluyendo el derecho a conservarlas, utilizarlas, intercambiarlas y venderlas, así como a proteger los conocimientos tradicionales asociados y a
participar de manera efectiva en la toma de decisiones relativas a los sistemas alimentarios y agrarios. La imposición de un modelo basado en semillas patentadas, la ausencia de mecanismos de trazabilidad y la falta de protección frente a la
contaminación genética vulneran directamente estos derechos fundamentales y suponen un incumplimiento de los
principios de soberanía alimentaria, justicia social y democracia económica recogidos en la UNDROP.
La producción de alimentos es un sector estratégico que debe garantizar el derecho a la alimentación de la sociedad. Por lo tanto, es imprescindible que las administraciones públicas protejan, mantengan y conserven el conocimiento
tradicional, así como los nuevos conocimientos científicos y técnicos modernos. Dicho acuerdo va en la dirección contraria y consolida un modelo agroalimentario profundamente injusto, orientado a garantizar los beneficios de un reducido número de
multinacionales de la biotecnología y de las semillas, a costa de incrementar la dependencia económica de los agricultores profesionales, precarizar sus condiciones de vida y avanzar en la privatización de un bien común esencial como son las
semillas. La imposición de un régimen de patentes sobre las semillas obtenidas mediante NTG vulnera de forma directa los derechos históricos de los agricultores a conservar, reutilizar e intercambiar semillas, y amenaza la continuidad de las
semillas tradicionales y campesinas.
La eliminación de los requisitos de trazabilidad, etiquetado y publicación de métodos de detección supone un ataque frontal al derecho de las personas consumidoras a una información veraz y transparente, al tiempo que deja en una situación
de absoluta indefensión a los agricultores profesionales y a los pequeños productores de semillas frente a contaminaciones accidentales y a posibles litigios derivados de la extensión abusiva de patentes sobre rasgos, genéticos presentes de manera
natural en las variedades tradicionales.
Resulta especialmente grave que el acuerdo final provisional ignore la posición expresada por el Parlamento Europeo en febrero de 2024, que reconocía explícitamente que las patentes sobre los OMG-NTG son perjudiciales para los agricultores
profesionales y para las pequeñas y medianas empresas de semillas, e instaba a limitar su alcance para impedir su extensión a procesos de selección vegetal tradicionales no patentables.
Las supuestas promesas de sostenibilidad, residencia climática o mejora de la productividad asociadas a los cultivos obtenidos mediante NTG carecen de respaldo científico suficiente y no responden a las necesidades reales del sector agrario.
Por el contrario, estas políticas profundizan el actual modelo agroindustrial, refuerzan la dependencia tecnológica de la agricultura social y profesional y ponen en serio riesgo a los sectores ecológicos y libres de OMG, que cuentan con un amplio
respaldo social y constituyen una pieza clave para la transición ecológica justa.
También conviene reseñar que estos nuevos OMG, según el acuerdo provisional, pueden estar sujetos a las normas de propiedad intelectual por lo que se repetirá lo ya sucedido con las actuales patentes registradas de semillas que condicionan
la actividad agraria, con la apropiación de los recursos materiales seculares de la población campesina. En un contexto marcado por la crisis de rentas agrarias, las movilizaciones del sector primario y la amenaza que suponen acuerdos de libre
comercio como el UE-Mercosur, resulta inaceptable imponer nuevas cargas económicas al campesinado obligándole a adquirir semillas patentadas año tras año.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente,
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Oponerse en el seno de la Unión Europea a la desregulación de los OMG obtenidos mediante nuevas técnicas genómicas, defendiendo el principio de precaución y el mantenimiento de una normativa estricta en materia de evaluación de riesgos
para la salud humana y el medio ambiente.
2. Defender la prohibición efectiva de las patentes sobre semillas, plantas y rasgos genéticos, incluidos los obtenidos mediante NTG, garantizando los derechos de los agricultores profesionales y de las pequeñas y medianas empresas de
semillas.
3. Fomentar la investigación científica pública sobre las consecuencias de la utilización de OMG-NTG.
4. Proteger el uso público de los avances científicos en sectores estratégicos como la alimentación y la agricultura. Evitando cualquier tipo de privatización o externalización del conocimiento obtenido con fondos públicos para el lucro
privado.
5. Exigir la trazabilidad, el etiquetado obligatorio y la transparencia plena de todos los productos derivados de OMG-NTG, garantizando el derecho de las personas consumidoras a una información clara, accesible y veraz.
6. Adoptar medidas de protección y compensación para los sectores agroecológicos y libres de OMG, frente a contaminaciones accidentales y perjuicios económicos derivados de la coexistencia con cultivos modificados genéticamente.
7. Impulsar políticas públicas de apoyo a la agricultura social y profesional y a la producción de semillas locales y tradicionales, fomentando la mejora vegetal participativa, la conservación de la agrobiodiversidad y el relevo
generacional en el campo.
8. Avanzar hacia un modelo agroalimentario basado en la soberanía alimentaria, la agroecología y la justicia social, frente a la concentración corporativa y la mercantilización de los recursos naturales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2026.Juan Antonio Valero Morales, Diputado.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002868
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa al
rechazo de las plantas de baterías de litio que pretenden ubicarse en Anales, Sesué y Samitier, en el Pirineo aragonés, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La empresa Matrix Renewables pretende instalar dos plantas de almacenamiento de energía por baterías y sus infraestructuras de evacuación en la comarca de Ribagorza (provincia de Huesca): una en Sesué y otra en Benasque y Sahún, llamada
Perdiguero. El proyecto previsto en Benasque y Sahún contempla la instalación en Anciles, uno de los pueblos más bonitos del Pirineo, de una subestación de 100 megavatios para un centenar de contenedores en una finca de una hectárea. Además,
aunque la línea que conectaría la subestación con la central hidroeléctrica de Eriste sería subterránea, tendría afecciones también sobre la selva de Conques.
Por su parte, la empresa israelí Enlight proyecta instalar otra planta de almacenamiento de energía mediante baterías de litio en Samitier, con 72 contenedores, en el término municipal de La Fueva, en la comarca del Sobrarbe (provincia de
Huesca).
En los tres casos se ha producido una fuerte oposición vecinal y el rechazo de los respectivos ayuntamientos, que argumentan que son territorios que viven esencialmente de su paisaje, de la conservación del entorno natural y del turismo
sostenible, lo que les lleva a reclamar una mayor participación de los ayuntamientos y entidades locales en el proceso de tramitación de estos proyectos y de revaluar los beneficios económicos y sociales derivados de dichas infraestructuras.
Lejos de ser un asunto meramente técnico, su ubicación despierta una enorme preocupación y rechazo entre la ciudadanía y las administraciones locales. Se trata de
emplazamientos con una gran sensibilidad ambiental, donde el paisaje, la calidad del entorno y la economía vinculada al turismo, la ganadería y los oficios tradicionales constituyen la base de la vida en el valle. Alterar este equilibrio
con proyectos impuestos desde fuera amenaza tanto al medio natural como a la identidad cultural de la zona.
La transición energética es un objetivo compartido y urgente, pero no puede desarrollarse ignorando la voz de quienes habitan el territorio. Los riesgos asociados a estas plantas posibles incendios, consumo de recursos hídricos, gestión de
residuos se suman a la percepción de que las decisiones se toman lejos, sin contar con las comunidades afectadas. Este déficit de participación real genera rechazo social y erosiona la confianza en unas políticas que deberían garantizar
sostenibilidad y cohesión.
Proteger lugares como Anciles/Ansils es defender un modelo de desarrollo compatible con la vida en el medio rural, que respete la singularidad del Pirineo, su patrimonio natural y cultural, y que incorpore de verdad a sus gentes en la toma
de decisiones. No podemos aceptar que se reproduzca con el almacenamiento de baterías los mismos modelos de gestión territorial que se han aplicado con las infraestructuras hidráulicas y con la implantación de parques energéticos renovables, donde
se apuesta por su ubicación en los denominados territorios de sacrificio, que sufren las afecciones a su economía local para asegurar los beneficios y el desarrollo de otros lugares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular la instalación de plantas de almacenamiento de energía por baterías con el objetivo de impedir que puedan ubicarse en zonas de alto valor ambiental, paisajístico o turístico y donde
exista rechazo vecinal o de las entidades locales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2025.Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la
exigencia de transparencia y a la moratoria de proyectos promovidos por Forestalia, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 11 de diciembre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron durante varias horas la sede de la empresa Forestalia en el Coso, n.º 33, de Zaragoza, en el marco de una investigación contra la
corrupción. Al día siguiente, la UCO recabó en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico documentación sobre autorizaciones concedidas por el Ministerio a los parques eólicos y solares del grupo energético Forestalia. Según
informa Heraldo de Aragón de fuentes de la investigación, la UCO está investigando todas las tramitaciones ambientales de más de 275 plantas eólicas y fotovoltaicas de la compañía que gestionó la Administración central, y que representan dos tercios
de las instalaciones impulsadas desde su creación hace catorce años.
Medios de comunicación se están haciendo eco de que personal del Ministerio denuncia que la mayoría de las evaluaciones de impacto ambiental de Forestalia que eran de su competencia se han elaborado por personal de Tragsa y no han sido
elaboradas por personal de la administración, como es el procedimiento legalmente establecido. Según esas denuncias, el responsable de esa externalización sería Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental entre febrero de 2017 y
octubre de 2023, quien se asignaba los proyectos de Forestalia para luego externalizarsu evaluación a Tragsa, hasta el punto de que llegó a acumular más MW que todos los técnicos. «La externalización se originó por la intención de los funcionarios
de sacar de forma desfavorable algunas declaraciones de impacto ambiental que el subdirector pretendía resolver de forma positiva», según denuncias publicadas en prensa.
En total, Tragsa habría aprobado cerca de 40 declaraciones de impacto ambiental de proyectos de Forestalia entre 2019 y 2023, entre ellos proyectos tan controvertidos como el Clúster del Maestrazgo, los parques de Cinco Villas, la línea de
alta tensión de Begues en Cataluña o la línea de muy alta tensión entre Aragón y el País Vasco.
El macroproyecto eólico llamado Clúster del Maestrazgo, que afecta a la sierra del Maestrazgo, reconocida internacionalmente por su valor ambiental y que ostenta el estatus de Geoparque de la UNESCO, siempre ha contado con el rechazo de CHA
y de este Grupo Parlamentario, al suponer una amenaza no solo para el medio ambiente (al implantarse en áreas protegidas como la Red Natura 2000 y zonas de alta sensibilidad ambiental), sino también para el futuro económico y social de comarcas de
Aragón y la Comunitat Valenciana. Basta con conocer las dimensiones del macroproyecto para constatar su difícil compatibilidad con el concepto de «transición ecológica»: veinte parques eólicos que tendrían 125 aerogeneradores de 200 m de altura,
de los cuales 84 se sitúan sobre Red Natura 2000, y 91 de ellos dentro de una Zona de Sensibilidad Ambiental Máxima (según Zonificación ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica); diez kilómetros de una zona de especial protección de
aves (ZEPA), atravesados por una línea de alta tensión; y además, 173 Km de Líneas de Alta Tensión y 327 km de pistas, destrozando bosques y espacios con una biodiversidad impresionante, deforestando unas 890 hectáreas. Estamos hablando de un
impacto brutal en uno de los paisajes más vírgenes de Europa.
Recordemos también que actualmente el Clúster del Maestrazgo, así como su línea de evacuación de muy alta tensión (MAT) hasta la subestación de Fraiximeno en Morella, se encuentran judicializados por posible delito ambiental y prevaricación
durante la tramitación de su declaración de impacto ambiental (DIA). También tiene interpuestos cinco contenciosos por defectos en la tramitación administrativa.
Llevamos dos años y medio denunciando en el Congreso las irregularidades y la falta de transparencia del Ministerio para la Transición Ecológica en relación con proyectos de plantas renovables promovidos por Forestalia que provocan un grave
impacto ambiental y territorial. Hemos presentado muchas iniciativas sobre el Clúster del Maestrazgo y todavía hoy se nos niega saber qué funcionarios elaboraron la evaluación de impacto ambiental, arrojando más sombras de duda sobre ese
procedimiento.
Desde CHA exigimos investigar hasta el final para que se esclarezca la verdad y caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de cualquier ilegalidad que se haya podido cometer. En estos momentos, con Forestalia bajo sospecha, las
administraciones públicas deben actuar con máxima transparencia y deben revisar todos los procedimientos administrativos que han beneficiado a esta empresa para detectar o descartar irregularidades, así como suspender todos los procedimientos y
establecer una moratoria para todos los proyectos energéticos promovidos por Forestalia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suspender todos los procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de parques eólicos y solares promovidos por el grupo energético Forestalia, estableciendo una moratoria para todos ellos, al encontrarse el proceso de
concesión de autorizaciones y las propias declaraciones de impacto ambiental bajo sospecha y bajo investigación judicial.
2. Actuar con la máxima transparencia en relación con las citadas autorizaciones y revisar todos los procedimientos administrativos que han beneficiado a esta empresa para detectar o descartar irregularidades.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2025.Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a restaurar los derechos de adquisición preferente del inquilino en los supuestos de venta conjunta, para su discusión en la Comisión
de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, reconoce los derechos convencionales de tanteo y retracto al arrendatario de vivienda, estando encuadrados en la categoría de derechos de adquisición preferente. A este
respecto, cabe recordar que ambos derechos no imponen una limitación onerosa que perjudica el derecho del propietario, pues la transmisión del bien se realizará en las mismas condiciones que se hubieran pactado con un tercero en el mercado. En lo
que se refiere al concreto derecho de retracto reconocido al arrendatario, este le otorga una facultad para desplazar al adquirente de un bien arrendado, que lo obtuvo por contrato oneroso, perfecto y consumado, subrogándose en su lugar y
condiciones en cuanto supone un método de adquisición del dominio que restringe la libertad en las transacciones y la facultad de disposición de la propiedad.
Como ya señaló este grupo parlamentario en la Proposición de Ley de modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, para restaurar los derechos de adquisición preferente del inquilino en los supuestos de venta
conjunta (122/000193), presentada en mayo de 2025, conviene detenerse en la redacción del artículo 25 de la mentada ley y, en particular, el apartado 7. Como bien ha señalado el Tribunal Supremo, su redacción, impulsada por el Gobierno socialista
durante la V Legislatura (1993 -1996), vino a modificar los derechos de adquisición preferente en un sentido más restrictivo que su antecedente, el artículo 47 de la Ley 40/1964, de 11 de junio, de Reforma de la de Arrendamientos Urbanos, al reducir
de manera significativa
los supuestos en que proceden (Sentencia del Tribunal Supremo 592/2025, de 20 de marzo). Así, en su redacción actual, el artículo 25.7 señala que «no habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada se venda
conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del
inmueble. En tales casos, la legislación sobre vivienda podrá establecer el derecho de tanteo y retracto, respecto a la totalidad del inmueble, en favor del órgano que designe la Administración competente en materia de vivienda, resultando de
aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores a los efectos de la notificación y del ejercicio de tales derechos».
La depauperización de las últimas décadas, lejos de ser casual o fortuita, ha encontrado en continuas legislaciones fallidas su mejor aliado, siendo comprobable el empeoramiento progresivo de las condiciones materiales de los españoles tras
la aprobación de cada nueva legislación en materia de vivienda. En este marco se encuadra la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, impulsada por el Gobierno socialista de Felipe González, y que se traduce en la pérdida de
derechos de los inquilinos en favor del gran tenedor y del fondo especulativo. Esta alianza del socialismo y la especulación financiera e inmobiliaria ha sentenciado el futuro y la estabilidad residencial y vital de los españoles, oficializando su
vulnerabilidad estructural y confirmando el tránsito de un modelo de pequeños propietarios a un modelo de concentración de la propiedad. Teniendo lo anterior en máxima consideración, y con el ánimo firme de destronar las causas cuyas consecuencias
padecen recientes y venideras generaciones, abocadas a la exclusión residencial, es mandato imperativo para los poderes públicos poner estrictos límites a la financiarización del parque residencial, blindando la participación del inquilino en la
transmisión de su vivienda y garantizando la función social de la propiedad, cuyo horizonte deseable se traduce en más propiedad y más y mejor distribuida.
El destino de los españoles no puede decidirse a sus espaldas, siendo contrario a nuestra tradición, costumbres y ordenamiento la primacía del capital financiero sobre el capital familiar. Por ello, deviene necesario restaurar los derechos
de adquisición preferente del inquilino incluso en los supuestos de venta conjunta, devolviendo al sistema arrendaticio el principio de justicia social que inspiraba su redacción original, reforzando la seguridad y sostenibilidad de los hogares
españoles frente a la creciente actividad especulativa en el mercado inmobiliario.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, para restaurar los derechos de adquisición preferente del inquilino en los supuestos de venta conjunta.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2025.Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro y Carlos Hernández Quero, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cultura
161/002885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a apoyar la candidatura
ante la UNESCO de la obra de Gaudí como Patrimonio Mundial de la Humanidad, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La falta de aprobación de los PGE para 2025 tiene como consecuencia la falta de consideración de acontecimientos de excepcional Interés público de las distintas conmemoraciones en el año 2026, algunas de las cuales han sido objeto de
consideración por parte del Gobierno en el listado que aparece en el Real Decreto Ley 8/2025, de 9 de julio.
Entre ellas se ha incluido la conmemoración del Centenario Gaudí 2026, como ya solicitara este grupo en mayo de 2024 (161/000800), con la finalidad de conferir la mayor dignidad a la obra de Gaudí tal y como siguen reclamando la sociedad
civil e instituciones públicas y privadas desde Castilla y León, Cantabria, Cataluña, tales como la Fundación Gaudí, Fundación Sagrada Familia, el Consell Gaudí, Gaudí Centre Reus, Cátedra Gaudí, Casa Botines en León, Centro Gaudí de Madrid, y
tantas otras.
La muerte de Gaudí en 1926 tras ser atropellado por un tranvía supuso la fractura de un proyecto personalísimo, arquitectónico, escultórico, artístico, en definitiva, que marcó una época y ayudó a configurar las ciudades de Barcelona o Reus,
y Cataluña en general, a lo que hay que sumar hermosas contribuciones en León, Astorga, o Comillas. Uno de los mejores representantes del modernismo, marcado por la industrialización y el crecimiento de la burguesía, que rompe con la rigidez y el
clasicismo anterior para desarrollar obras inspiradas en los sueños, la naturaleza, el movimiento. A eso se suma el uso de nuevos materiales que permiten retorcer las formas de la naturaleza través del hierro y el vidrio. La proliferación de
arquitectos que se suman a esta moda en España y Europa permitió configurar nuestras grandes ciudades modernistas, a las que, junto a las arriba citadas, encontramos también Huelva, Sevilla o Cádiz, o Melilla.
La obra de Gaudí marca toda una época y un territorio. Obras tan importantes como la Sagrada Familia, el parque Güell (proyectos inacabados), la casas Batlló o Pedrera, la Torre Bellesguard, el Capricho, la Casa Botines, la catedral de
Astorga, representan obras religiosas, civiles, edificios industriales, viviendas plurifamiliares y unifamiliares, parques, edificios públicos, pabellones, fuentes... Enorme y diversa fue la obra de un genio como Gaudí, con su estilo que pasa del
neogótico al modernismo con etapas de orientalismo.
Su obra maestra, la Sagrada Familia, es uno de los monumentos más visitados del mundo, siendo solo una parte de su enorme legado al turismo y la belleza de España. Por todo ello, solicitamos que se promueva desde el Ministerio de Cultura la
consideración, por parte de la UNESCO, del legado arquitectónico de Gaudí como Patrimonio de la Humanidad, concretamente el Colegio de las Teresianas o la Torre Bellesguard de Barcelona, el Capricho de Comillas en Cantabria, la Casa Botines en León,
el Palacio Episcopal en Astorga, la Catedral de Palma de Mallorca y el Portal Miralles en Barcelona.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la
inscripción de la candidatura de los siguientes edificios Gaudí: el Colegio de las Teresianas y Torre Bellesguard en Barcelona, la Porta de la Finca Miralles, el Capricho de Comillas en Cantabria, la Casa Botines en León, el Palacio Episcopal en
Astorga y la Catedral de Mallorca, en la lista Representativa del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, como ampliación de su obra con esta misma catalogación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2026.Borja Sémper Pascual, María Soledad Cruz-Guzmán García, Ana Isabel Alós López, Eduardo Carazo Hermoso, Marta González Vázquez, Jaime Miguel de los Santos González, Nacho Martín
Blanco, María Elisa Vedrina Conesa, Javier Noriega Gómez, Félix de las Cuevas Cortés, Cristina Agüera Gago, Llanos de Luna Tobarra, Agustín Parra Gallego, Santi Rodríguez Serra, Silvia Franco González, José Vicente Marí Bosó y Carlos Simarro Vicens,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad
161/002866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre diagnóstico y tratamiento del Glioma Difuso Intrínseco de Tronco (DIPG), para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en la infancia. Cada año en España se diagnostican 1400 casos. El DIPG (Glioma Difuso Intrínseco de Tronco) es un tipo de cáncer infantil para el que aún no existe curación.
Ocurre habitualmente en niños de entre 5 y 10 años.
Los síntomas realmente devastadores hacen que actualmente la tasa de supervivencia del DIPG esté por debajo de los 18 meses, y no supere el 1 %.
Las terapias, las opciones de tratamiento y la tasa de supervivencia no han cambiado en más de 50 años, de ahí la importancia de destinar más recursos a la investigación, porque se trata de la enfermedad con mayor mortalidad infantil.
Un correcto diagnóstico es de vital importancia, y este se realiza, por regla general, por RM craneal con unos criterios radiológicos bien establecidos. Es importante recibir atención en un hospital que trata regularmente a pacientes con
tumores cerebrales pediátricos. El DIPG actúa de manera muy diferente a otros tumores y esa experiencia puede mejorar enormemente la calidad de vida y el cuidado del paciente.
En España, no todos los centros tienen neuro oncología pediátrica, ni equipos multidisciplinares. Desgraciadamente, no existen centros de referencia (CSUR) específicos para el DIPG, por lo que la derivación queda supeditada a la decisión
del hospital de cada comunidad.
Un ejemplo de ello lo tenemos en la Región de Murcia,donde el hospital que recibe este tipo de casos es el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, hospital sin neuro oncología pediátrica, por tanto, sin oncólogos con
experiencia en realizar biopsias líquidas y sin medios para poder realizarlas.
No tiene ningún sentido que estos pacientes no sean derivados a hospitales que sí disponen de estas unidades con los profesionales formados y especializados, así cómo, con los medios necesarios para poder realizar un primer diagnóstico de
calidad, que es definitivo para el acierto del tratamiento posterior y la evolución del paciente.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elevar, a los órganos competentes del Sistema Nacional de Salud, una propuesta de mejora del actual sistema de derivación de enfermos de DIPG (Glioma Difuso Intrínseco de Tronco) entre regiones, con el fin de alcanzar una derivación
automática de los pacientes pediátricos con DIPG a hospitales de referencia en neuro oncología pediátrica en España.
2. Realizar cuantas acciones sean necesarias para lograr la formalización de convenios y protocolos con los hospitales de referencia nacionales para asegurar la atención integral de estos menores.
3. Incorporar en la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud una línea específica de coordinación en tumores cerebrales pediátricos, garantizando recursos para el acompañamiento familiar y al apoyo psicosocial.
4. Mantener abiertos los ensayos clínicos sobre el DIPG durante los 12 meses del año.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2025.David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a compensar en el IRPF a los españoles afectados de cáncer, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Los pacientes diagnosticados con cáncer no sólo sufren el impacto emocional de tal terrible noticia sino también uno igualmente grave: en función de lo avanzada que esté la patología, su situación será más o menos incapacitante para poder
ejercer una profesión y, por ende, percibir una remuneración para hacer frente a los costes de su deteriorado estado de salud.
En el año 2018 la Asociación Española contra el Cáncer publicaba un estudio sobre el impacto económico en las familias en España y sus datos supusieron una de las primeras evaluaciones del impacto financiero negativo en la atención del
cáncer en España.
Aún hoy son relativamente escasas las investigaciones publicadas en nuestro país sobre la repercusión del cáncer en la vida laboral, tanto en lo referente a la duración de los procesos de incapacidad temporal (IT), como al porcentaje de
personas que se reincorporan al trabajo tras sufrir un cáncer, o aquellos que resultan incapacitados de forma permanente tras la enfermedad.
Sin embargo, todos coinciden en que el impacto económico del cáncer en las familias españolas se refleja en la pérdida de ingresos por parte de pacientes y cuidadores, la necesidad de gastos adicionales, y un aumento de la vulnerabilidad
económica, especialmente en familias de bajo nivel socioeconómico y en los colectivos de trabajadores autónomos y desempleados.
Y es que esta enfermedad supone para muchos de los enfermos una situación de pérdida de ingresos y precariedad laboral que se traduce en que más de la mitad de los pacientes y un 22 % de los cuidadores han perdido ingresos debido a la
enfermedad, y un 7 % de los cuidadores ha dejado o perdido su trabajo para atender al familiar enfermo. Esta situación supone un incremento en la vulnerabilidad del 21 % de los hogares que ve aumentada su dependencia económica y que se agrava
cuando son hogares formados por trabajadores autónomos, desempleados y/o trabajadores con ingresos bajos, que no pueden asumir los costes.
El Grupo Parlamentario VOX pretende con esta iniciativa lograr que los afectados por el cáncer sean beneficiarios de una compensación a través del IRPF para minimizar el impacto económico de su enfermedad. Para ello, se propone introducir
una deducción en el tramo estatal del impuesto por aquellos cuidados médicos y asistenciales que recibe el paciente oncológico para el tratamiento de su grave patología y, de esta manera, disminuir las probabilidades de convertirse en españoles
vulnerables en términos socioeconómicos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar una deducción específica en el tramo estatal del IRPF para los españoles enfermos de cáncer y sus cuidadores destinada a compensar los mayores gastos asistenciales y sanitarios
derivados de su enfermedad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2026.David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/002879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para retirar de forma inmediata todos los reconocimientos institucionales otorgados en honor a Adolfo Suárez González, para su tramitación en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
En el día de hoy han salido a la luz informaciones de extrema gravedad relativas a la figura de Adolfo Suárez González, primer presidente del Gobierno tras la dictadura franquista. Una mujer ha presentado denuncia formal relatando haber
sido víctima de agresiones sexuales reiteradas durante varios años en la década de los ochenta, cuando era menor de edad, y el entonces Presidente, un hombre de 50 años que hacía valer una posición clara de poder y prestigio público.
Según el testimonio aportado, los hechos habrían tenido lugar entre los años 1982 y 1985, cuando la denunciante contaba con 17 años, y se produjeron de manera continuada. Este tipo de violencia, ejercida desde una posición de relevancia
política e institucional, refleja patrones estructurales de abuso de poder e invisibilización sistemática de las mujeres que sufren la violencia, especialmente cuando quien agrede goza de prestigio público, reconocimiento social y capacidad de
influencia.
Siguiendo las palabras de la jurista y experta en violencia sexual y derechos humanos María Naredo, aunque el delito ha prescrito, lo que no lo ha hecho es la responsabilidad civil, y aún más importante es el recorrido que este testimonio
tiene que tener en términos de verdad, reparación y la función social de romper el silencio.
Es por ello que, todos los poderes públicos deben reconocer expresamente la valentía de todas las denunciantes, que décadas después han decidido hacer público su testimonio, contribuyendo a romper el silencio que históricamente ha rodeado a
la violencia sexual, en particular cuando esta ha sido ejercida por hombres poderosos. La decisión de esta mujer interpela a las instituciones democráticas y a la sociedad en su conjunto, obligándonos a revisar críticamente los relatos oficiales y
las figuras que han sido elevadas a referentes incuestionables de nuestra historia reciente.
La democracia no puede construirse ni sostenerse sobre el silencio de las víctimas ni sobre homenajes acríticos a personas cuya trayectoria pueda estar atravesada por graves agresiones sexuales. Mantener reconocimientos públicos, honores y
símbolos institucionales asociados a personas denunciadas por violencia sexual supone una forma de revictimización simbólica y envía un mensaje incompatible con el compromiso del Estado con la igualdad, la justicia y la erradicación de las
violencias machistas.
Por todo ello, resulta necesario que las instituciones actúen con responsabilidad política, perspectiva feminista y respeto a las víctimas, revisando los homenajes y distinciones otorgados a Adolfo Suárez González y avanzando hacia una
memoria democrática que sitúe en el centro la dignidad, los derechos y la verdad.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para retirar de forma inmediata todos los reconocimientos institucionales otorgados en honor a Adolfo Suárez González, incluyendo entre otros, la
denominación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y cualquier otra infraestructura pública que lleve su nombre, Bustos, estatuas, retratos, cuadros, placas conmemorativas y calles dedicadas en su honor, y cualquier distinción, premio o
homenaje oficial que figure en organismos públicos, instituciones, edificios o espacios públicos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2025.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Juventud e Infancia
161/002873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la
Infancia (CAPI) lleguen a todos los hogares que reúnen los requisitos para percibirlos, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
En los últimos años se han llevado a cabo importantes avances en el ámbito de protección a la infancia en España. Entre ellos, destaca la aprobación de la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, que pone el foco
en el fomento del acogimiento familiar de niños y niñas, frente al residencial.
También cabe señalar la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que cumple con uno de los mandatos más importantes de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio,
de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia: abordar la atención de la infancia y adolescencia víctimas de violencia a través de la especialización de los órganos judiciales y de sus titulares.
A ello hay que añadir el avance en la tramitación de otras normas, como el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad y el Real
Decreto de fomento del asociacionismo de niños, niñas y adolescentes.
Todos estos logros representan un avance en la protección y garantía de los derechos de la infancia en nuestro país. No obstante, existen diversos desafíos y es imprescindible seguir reforzando el compromiso político con la infancia y
continuar situando su bienestar en el centro de la agenda.
En lo relativo a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha conseguido mejorar la situación de las unidades familiares donde residen niños, niñas y adolescentes. Dicha ayuda se
configura como el derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.
Existe también el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) que, aunque forma parte del Ingreso Mínimo Vital, se puede conceder de forma independiente. Esta prestación se solicita con el formulario del Ingreso Mínimo Vital, pero tiene
otros umbrales de renta y criterios de elegibilidad.
Algunos estudios señalan que, actualmente, no están recibiendo el IMV y el CAPI todos los hogares con niñas, niños y adolescentes que lo percibirían si estuviera plenamente implementado. Ello se debe, fundamentalmente, a que un elevado
porcentaje de personas que cumplen los requisitos para recibirlos no lo solicitan. Las razones pueden estar relacionadas con el desconocimiento de su existencia o de su funcionamiento, las dificultades a la hora de realizar los trámites o la falta
de confianza de algunas personas en que van a lograr que se les conceda la prestación.
Esta brecha de cobertura se conoce como «non take-up» y alude a la no utilización de prestaciones, servicios públicos o programas sociales por parte de quienes cumplen los criterios de elegibilidad. Ello se traduce en una infrautilización
de las oportunidades disponibles y en la merma de la efectividad de las acciones sociales impulsadas por las administraciones públicas.
El CAPI representa, sin duda, una oportunidad para que las familias que lo necesitan reciban un respaldo adicional que les permita afrontar los gastos de la crianza de sus hijas e hijos. Es necesario intensificar los esfuerzos para que
despliegue todo su potencial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las actuaciones necesarias para que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) lleguen a todos los hogares que reúnen los requisitos para
percibirlos, con especial atención a las familias con menores a su cargo. Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes medidas:
1. Seguir desarrollando campañas de información sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).
2. Continuar desplegando acciones para impulsar las solicitudes de ambas prestaciones en zonas rurales o que no cuenten con recursos de servicios sociales cercanos, en colaboración con las administraciones públicas y entidades inscritas en
el Registro de Mediadores sociales del IMV.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2025.Emilia Almodóvar Sánchez, Lázaro Azorín Salazar, Víctor Camino Miñana, Gabriel Blanco Arrué, Esther Rodríguez Suárez, Oriol Almirón Ruiz, Ana Cobo Carmona, Olvido de la Rosa
Baena, M.ª Isabel Moreno Fernández, Jonay Quintero Hernández, Inés Plaza García y Ada Santana Aguilera, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002882
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de un plan de reforma integral de la FE-13 en Ferrol, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La carretera FE-13, dependiente del Ministerio de Transportes, es una de las vías de Ferrol que más tráfico soporta diariamente, ya que conecta la carretera de Catabois con la de Castela, además de dar acceso al polígono industrial de A
Gándara y contar con importantes salidas a la AP-9 y al polígono comercial de Boial. Sin embargo, se trata de una vía en un estado de conservación pésimo, situación que está afectando gravemente la seguridad de las personas que deben circular por
ella, como lo demuestra el aumento del número de accidentes registrado en los últimos años.
La falta de inversión en su mantenimiento la ha convertido en una vía peligrosa y de alto riesgo para la conducción, en la que aparecen continuas grietas y baches en la calzada, especialmente desde la Avenida das Pías hasta la carretera de
Catabois.
Las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento por la Demarcación de Carreteras en Galicia, cuando se llevan a cabo, se limitan a pequeños parches que no solucionan el mal estado general de del firme. Además, la señalización horizontal
permanece sin pintar durante meses, lo que agrava el riesgo para la circulación de vehículos. Así, se evidencia que las reparaciones puntuales realizadas hace apenas un año ya no son perceptibles y en esas zonas la capa de rodadura vuelve a
estar deteriorada y con numerosos baches.
El mal estado de esta carretera y su abandono son inaceptables para los habitantes de Ferrol que necesitan una carretera segura y en óptimas condiciones para la circulación.
Es urgente, por tanto, que el Ministerio planifique y acometa las actuaciones necesarias para la reforma integral de la FE-13, una obra que no puede limitarse al parcheo, sino que debe aportar una solución duradera y con garantías para la
seguridad vial.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a adoptar actuaciones urgentes necesarias para garantizar la seguridad vial en la FE-13 que conecta la carretera de Catabois con la de Castela en Ferrol y a agilizar los trámites que
permitan iniciar las obras para la rehabilitación y reparación integral de esta carretera, de gran volumen de tráfico y crucial para el tráfico en Ferrol.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 2025.Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á necesidade dun Plan de Reforma Integral da FE-13 en Ferrol, para o seu debate na Comisión de Seguranza Viaria.
Exposición de motivos
A estrada FE-13, dependente do Ministerio de Transportes, é una das vías de Ferrol que máis tráfico soporta diariamente, pois conecta a estrada de Catabois coa de Castela, ademais de dar acceso ao polígono da Gándara e contar con saídas
importantes á AP-9 e ao parque comercial do Boial. Porén, trátase dunha estrada cun pésimo estado de conservación, situación que está a incidir seriamente na seguranza das persoas que deben circular por ela, tal e como demostra o aumento do número
de accidentes rexistrado nos últimos anos.
A falta de investimentos no seu mantemento convertérona nunha estrada perigosa e de elevado risco para a condución, na que aparecen continuas fendas e fochancas no firme, especialmente desde a Avenida das Pías até a estrada de Catabois.
As actuacións emprendidas até o de agora pola Demarcación de Estradas na Galiza, cando se fan, limítanse a pequenos remendos que non arranxan o mal estado xeral do firme. Ademais, queda sen pintar a sinalización horizontal durante meses, o
que agrava o risco para circulación de vehículos. Así, é constatábel que as reparacións puntuais acometidas hai un só un ano, xa non se perciben e nesas zonas o capa de rodadura volve estar, máis unha vez, deteriorado e con numerosas fochas.
O mal estado desta estrada e o seu abandono resultan inaceptábeis para os habitantes de Ferrol que necesitan dunha vía segura e en óptimas condicións para a circulación.
É urxente, por tanto, que o Ministerio proxecte e acometa as actuacións precisas para a reforma integral da FE-13, unha obras que non poden limitarse a parchear, senón que deben facilitar unha solución duradeira e con garantías para a
seguranza viaria.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a acometer actuacións urxentes precisas para garantir a seguranza viaria na FE-13 que une a estrada de Catabois coa de Castela en Ferrol e a axilizar os trámites que permitan a iniciar as
obras para a rehabilitación e reparación integral desta vía, que rexistra unha elevada circulación e que resulta crucial para o tráfico de Ferrol.»
En Madrid, a 29 de decembro de 2025.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz do GP Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUETA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
181/001537
Alberto Catalán Higueras, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta oral.
¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno incumple la legislación a la hora de remitir las solicitudes de información a las Cortes Generales que realizan los miembros de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2026.Alberto Catalán Higueras, Diputado.
Comisión de Defensa
181/001545
Rafael Antonio Hernando Fraile, Grupo parlamentario Popular en el Congreso.
¿Cuáles son los motivos por los que España no ha participado en las reuniones de alto nivel sobre Ucrania celebradas en Berlín el día 15 de diciembre de 2025 y siguientes, auspiciadas por el canciller federal de Alemania D. Friedrich Merz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2026.Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.
181/001548
Rafael Antonio Hernando Fraile, Carlos Rojas García, Agustín Conde Bajén y Juan Antonio Rojas Manrique, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué información tiene el Gobierno sobre el hundimiento del carguero Ursa Major, de la naviera Oboronlogistika y bandera rusa, acaecido en la noche del 23 de diciembre de 2024 a 60 millas náuticas de Cartagena, y de las circunstancias del
referido naufragio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2026.Rafael Antonio Hernando Fraile, Carlos Rojas García, Agustín Conde Bajén y Juan Antonio Rojas Manrique, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001538
Alberto Catalán Higueras, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta oral.
¿Cuales son los motivos por los que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible incumple la legislación a la hora de remitir la solicitudes de información a las Cortes Generales que realizan los miembros de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2026.Alberto Catalán Higueras, Diputado.
181/001539
Alberto Catalán Higueras, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta oral.
¿Cuales son los resultados del estudio de aforos de tráfico en el entorno de la estación de tren de Tudela (Navarra) que ha realizado el Ministerio de Transportes y
Movilidad Sostenible a través de la subdirección general de Planificación Ferroviaria y con apoyo de la empresa pública INECO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2026.Alberto Catalán Higueras, Diputado.
181/001540
Alberto Catalán Higueras, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta oral.
¿Cual es el cuestionario y nota metodológica de la encuesta que se ha realizado a los viajeros en la estación de tren de Tudela (Navarra) dentro del estudio informativo complementario que está realizando el Ministerio de Transportes y
Movilidad Sostenible a través de la subdirección general de Planificación Ferroviaria y con apoyo de la empresa pública INECO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2026.Alberto Catalán Higueras, Diputado.
181/001541
Alberto Catalán Higueras, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta oral.
¿Cual son los resultados de las encuestas personales que se han realizado a los viajeros en la estación de tren de Tudela (Navarra) dentro del estudio informativo complementario que está realizando el Ministerio de Transportes y Movilidad
Sostenible a través de la subdirección general de Planificación Ferroviaria y con apoyo de la empresa pública INECO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2026.Alberto Catalán Higueras, Diputado.
181/001542
Alberto Catalán Higueras, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta oral.
¿Cual ha sido el coste del estudio de aforos de tráfico en el entorno de la estación de tren de Tudela (Navarra) que ha realizado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la subdirección general de Planificación
Ferroviaria y con apoyo de la empresa pública INECO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2026.Alberto Catalán Higueras, Diputado.
181/001543
Alberto Catalán Higueras, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta oral.
¿Cual ha sido el coste de la encuesta que se ha realizado a los viajeros en la estación de tren de Tudela (Navarra) dentro del estudio informativo complementario que está realizando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a
través de la subdirección general de Planificación Ferroviaria y con apoyo de la empresa pública INECO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2026.Alberto Catalán Higueras, Diputado.
Comisión de Sanidad
181/001536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Sanidad.
¿En España se obtienen tarjetas sanitarias de forma fraudulenta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2025.David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
181/001546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Sanidad.
¿Hay escasez de oncólogos en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2026.David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001549
Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa, Ángel Ibáñez Hernando, Juan Antonio Rojas Manrique, Alma Alfonso Silvestre, Raquel Clemente Muñoz, Juan Luis Pedreño Molina, Daniel Pérez Osma y Óscar Ramajo Prada, Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
¿Qué responsabilidad asume el Gobierno por la confusión creada entre los ciudadanos que adquirieron balizas V16 conectadas confiando en la información oficial de la DGT y que ahora desconocen si esos dispositivos seguirán siendo válidos
cuando su uso sea obligatorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2026.Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa, Ángel Ibáñez Hernando, Juan Antonio Rojas Manrique, Alma Alfonso Silvestre, Raquel Clemente Muñoz, Juan Luis Pedreño Molina,
Daniel Pérez Osma y Óscar Ramajo Prada, Diputados.
181/001550
Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa, Raúl Cuevas Larrosa, Alberto Herrero Bono, Tristana Moraleja Gómez, Mario Cortés Carballo, Cristina Abades Martínez y Juan Diego Requena Ruiz, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Cómo explica el Gobierno que la Dirección General de Tráfico haya retirado de su listado oficial balizas V16 conectadas que habían sido previamente homologadas, sin aviso previo ni explicación pública, generando inseguridad jurídica entre
miles de conductores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2026.Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa, Cuevas Larrosa, José Alberto Herrero Bono, Tristana María Moraleja Gómez, Mario Cortés Carballo, Cristina Abades Martínez y Juan
Diego Requena Ruiz, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUETA ESCRITA
184/031368
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando (GSUMAR).
Rivera Arias, Engracia (GSUMAR).
González López, Nahuel (GSUMAR).
Misas celebradas el día 20 de noviembre de 2025 en homenaje a Francisco Franco y vulneración de la Ley de Memoria Democrática.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
El pasado 20 de noviembre, con motivo del 50.ª aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, se celebró en la Iglesia de los Doce Apóstoles de Madrid una misa, convocada por la familia del dictador y la fundación Francisco Franco,
en la que se produjeron expresiones de exaltación del franquismo, cantos del «cara al sol» y el saludo fascista.
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La misa incluyó elementos que contravienen la Ley de Memoria Democrática, la cual prohíbe expresamente la exaltación de la dictadura franquista y obliga a las instituciones a actuar para prevenir y sancionar actos que vulneren los principios
democráticos y el respeto a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista. No se trató de una ceremonia privada, sino de un acto convocado públicamente con el propósito explícito de exaltar la figura del dictador y el régimen franquista.
Tampoco se trató de un caso aislado, es habitual que cada año se celebren misas en homenaje al dictador que son acogidas por la Iglesia Católica. El año pasado, la fundación del dictador anunció misas en Alicante, Badajoz, Ceuta, Las Palmas de Gran
Canaria, Granada, Madrid, Málaga, Huesca, Santander, Sevilla, Teruel, Toledo, Valéncia, Valladolid, Zamora y Zaragoza.
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Este año, según la prensa, la Fundación Francisco Franco informó de que habría misas por este aniversario en las siguientes ciudades: Alicante, Ceuta, Cuenca, Las Palmas de Gran Canaria, Granada, Palencia, Málaga, Huesca, Santander,
Sevilla, Teruel, Toledo, Valéncia, Valladolid, Zamora y Zaragoza.
El artículo 38 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática sanciona los actos que «supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o
de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial». El texto indica, además, que en el caso de que se detecte la celebración de este tipo de homenajes públicos «las autoridades competentes» los pondrán «en conocimiento del Ministerio
Fiscal». El artículo 39 establece la privación de subvenciones por parte de las administraciones públicas «a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar
prácticas en contra de la memoria democrática, en los términos y plazos previstos en el título IV de esta ley.»
¿Conoce el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la celebración de estos actos?
¿Va a poner el Gobierno en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos resaltados?
¿Tenía la Delegación del Gobierno de las diferentes ciudades donde se han celebrado estos actos franquistas conocimiento previo de la celebración de estas misas?
¿Qué dispositivos policiales o de seguridad estaban previstos para ese día considerando el carácter potencialmente conflictivo y la relevancia pública de los actos?
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para garantizar que no se celebren actos públicos o religiosos que supongan una exaltación del franquismo o una vulneración del marco legal vigente?
¿Tiene previsto el Ejecutivo revisar los protocolos de seguridad para actos o concentraciones relacionados con el 20 de noviembre, teniendo en cuenta que cada año y de forma reiterada se celebran este tipo de homenajes en templos de la
iglesia católica?
¿Qué medidas inspectoras o sancionadoras se han iniciado o se van a iniciar contra los organizadores del acto y contra la institución que lo acogió?
¿Va a tomar medidas el Gobierno en caso de que se sancione a la Iglesia Católica por tolerar estas prácticas en sus templos y propiedades retirándoles las subvenciones directas e indirectas (contando también con la financiación que tiene de
la casilla 105 del IRPF y de las bonificaciones que se aplica a la Iglesia Católica)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2025.Enrique Fernando Santiago Romero, Engracia Rivera Arias y Nahuel González López, Diputados.
184/031375
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Andala Ubbi, Teslem (GSUMAR).
Recas Martín, Alda (GSUMAR).
Valoración de las transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas en materia universitaria y mecanismos para conocer la manera en que las citadas Comunidades Autónomas emplean las transferencias estatales en dicha materia.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a las
Sras. Diputadas autoras de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, las diputadas Teslem Andala Ubbi y Alda Recas Martín, del Grupo Parlamentario Plurinaclonal SUMAR, formulan la siguiente pregunta
dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
Las universidades públicas son pilares fundamentales del sistema educativo que, para cumplir su función de acceso al conocimiento, investigación y formación de las generaciones futuras, requieren de financiación estable y suficiente. Sin
embargo, en varias comunidades autónomas y de forma especialmente aguda en Madrid, que cuenta con seis universidades públicas que reciben a estudiantes de todo el país y
tienen un papel clave tanto en investigación como en docencia se viene denunciando una situación de infrafinanciación estructural.
Las recientes movilizaciones de la comunidad universitaria madrileña ponen de manifiesto un malestar generalizado entre estudiantes, profesorado e investigadores. Denuncian años de déficit, deuda institucional, dificultades para estabilizar
plantillas y limitaciones para invertir en infraestructuras y proyectos de investigación. Esto, pese a los incrementos presupuestarios anunciados para los ejercicios 2025 y 2026, ya que solo una parte de los fondos comprometidos para 2025 se ha
hecho efectiva hasta la fecha, manteniéndose una situación de tensión financiera que continúa afectando a las universidades públicas madrileñas. De hecho, universidades como la Complutense han necesitado la autorización de nuevos préstamos para
afrontar sus desequilibrios presupuestarios.
Además, esta crisis de financiación pública se agrava frente al crecimiento de la universidad privada que en la última década ha ampliado su presencia en el sistema universitario español tanto en oferta de titulaciones y como en estudiantes
de nuevo ingreso. Esto pone de relevancia la necesidad de asegurar una financiación pública suficiente que permita fortalecerla universidad pública en todo el territorio.
En virtud de lo anterior, y de lo establecido en el artículo 55 de la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario (LOSU), por el que las comunidades autónomas han de garantizar recursos económicos suficientes para las universidades,
resulta relevante recordar que una parte significativa de la financiación que reciben procede de transferencias estatales no finalistas. Al no estar dichas transferencias asignadas a fines concretos, no es posible conocer con exactitud qué parte se
dedica a las universidades públicas. Por ello, es importante que el Gobierno valore el volumen de estas transferencias y explore mecanismos que permitan una mayor transparencia sobre su destino, siempre en colaboración con las comunidades autónomas
y con pleno respeto a sus competencias.
1. ¿Cómo valora el Gobierno las transferencias del Estado a las comunidades autónomas en materia universitaria?
2. ¿Qué valoración política hace el Gobierno sobre el grado de conocimiento del que dispone actualmente acerca del destino de dichas transferencias?
3. ¿Está considerando el Ejecutivo promover herramientas de transparencia que permitan conocer qué parte de estas transferencias se destina efectivamente a la financiación de la universidad pública en cada comunidad autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2025.Teslem Andala Ubbi y Alda Recas Martín, Diputadas.
184/031592
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Muñoz Abrines, Pedro (GP).
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP).
Pérez López, Álvaro (GP).
Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Cesión por el Gobierno de una nueva sede a la Organización Mundial del Turismo (OMT).
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta incluida en
el cuarto guion, dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, comunicando este acuerdo a los autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pedro Muñoz Abrines, Jaime de Olano Vela, Alvaro Pérez López y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El 4 de diciembre de 2025, Koldo García, ex asesor del Ministerio de Trasnportes, y considerado por Pedro Sánchez como un «militante ejemplar», reveló que Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, intervino en la cesión de una nueva
sede a la Organización Mundial de Turismo (OMT).
Ha desvelado que Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, tenía una relación «creo que empresarial» con Begoña Gómez y Javier Hidalgo, y que escuchó como «Zurab» quería una nueva ubicación para la sede del organismo internacional.
Curiosamente hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez cedió gratis la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT) por 75 años justo cuando esta agencia de la ONU empezó a patrocinar la carrera de Begoña Gómez. Y lo hizo,
cuando durante muchos meses se había negado a ello,a pesar de la amenaza de la OMT de irse de España.
La OMT y su secretario general, Zurab Pololikashvili, aparecen en el sumario de la trama Koldo por su relación con Globalia, Javier Hidalgo y con el comisionista Víctor de Aldama, y su presencia es constante en las actividades y negocios de
la mujer del presidente del Gobierno.
El 22 de enero de 2019 en el Museo del Prado, se presentó la Feria de Turismo Fitur, que empezaba en Ifema al día siguiente. Ese día, Sánchez anunció durante el acto que pondría a disposición de la OMT un espacio en el Palacio de Congresos
de Madrid para albergar su sede, ubicada en España desde su creación en 1976. Situado en el Paseo de la Castellana con una fachada diseñada por Joan Miró, era, a juicio de Sánchez, «un espacio emblemático, acorde con la relevancia de una
organización de Naciones Unidas, que se recupera para la ciudad de Madrid, y que supondrá un impulso para el turismo de congresos y negocios».
Casualmente, ese mismo 22 de enero, Globalia y la OMT presentaron Wakalua, «el primer hub de innovación en Turismo» que fue el principal patrocinador del IE Africa Center, que había fichado a Begoña Gómez como directora el 8 de agosto de
2018.
La presentación de Wakalua tuvo lugar en el Barrabás Growth Space de Madrid, espacio que la consultora de Carlos Barrabás el gurú que diseñó la Cátedra en la UCM que codirige Gómez y a cuya UTE ésta firmó dos cartas de recomendación para un
concurso público de 7,7 millones que ganó, tiene reservado para start up y proyectos de innovación, y donde también tendría su sede Wakalua. El acto, presidido por Zurab Pololikashvili y el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo,
contó con la
presencia de ministros de turismo de varios países del mundo, aprovechando su presencia en Madrid con motivo de Fitur.
Por todo ello se pregunta:
¿Qué es lo que hizo cambiar de opinión al Presidente del Gobierno respecto a la cesión de un espacio a la OMT, cuando durante meses el gobierno se había negado a tales pretensiones?
¿Hubo algún tipo de negociación, de la que haya quedado constancia en el expediente de cesión del Palacio de Congresos, por el cual las condiciones, al final consistieron en una cesión gratuita durante 75 años, además de la realización de
obras por valor de 25 millones de euros?
¿Intervino Begoña Gómez como intermediaria ante el Presidente del Gobierno, su esposo Pedro Sánchez, para que se cediera un nuevo espacio que sirviese de sede a la OMT?
[...]
¿Es una simple e inocente casualidad que justo el día en el que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la cesión del Palacio de Congresos a la OMT, (22 de enero de 2022), Globalia y la OMT presentaran Wakalua, «el primer hub de
innovación en Turismo» que fue el principal patrocinador del IE Africa Center, que dirigía Begoña Gómez?
¿Piensa el Gobierno abrir una investigación sobre la cesión del Palacio de Congresos de Madrid como sede de la OMT durante 75 años, y va a encargar a la Oficina de Conflictos de Intereses, que realice la correspondiente indagación sobre la
existencia de un conflicto de intereses por el papel que pudo desempeñar el Presidente del Gobierno en la cesión del Palacio de Congresos,la autorización de las obras por el Consejo de Ministros y la supuesta intermediación de su esposa Begoña Gómez
y su simultaneo patrocinio por Globalia y la OMT, a través de Wakalua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2025.Pedro Muñoz Abrines, Jaime Eduardo de Olano Vela, Álvaro Pérez López y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.
184/031618
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Ibáñez Mezquita, Alberto (GSUMAR).
Demora de la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Valencia en fijar la responsabilidad civil de cuatro empresarios condenados a prisión en las piezas 2 y 3 del «caso Cooperación» pese a contar con tres informes que lo facilitaban.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr.
Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados/as, el diputado que suscribe formula las preguntas dirigidas al Gobierno de España para respuesta escrita.
Recientemente, se ha publicado que la Sección 5.a de la Audiencia Provincial de Valéncia no ha fijado todavía la responsabilidad civil de cuatro empresarios condenados a prisión en las piezas 2 y 3 del «caso Cooperación» pese a contar con 3
informes que lo facilitaban: uno de un perito judicial de la Intervención General del Estado, otro del Tribunal de Cuentas y un tercero de la Generalitat. Estos exigen devolver a los condenados entre 3 y 8 millones de euros de un caso de
corrupción que se desarrolló entre 2009 y 2011 y que fue juzgado en 2020.
Estamos hablando de que la Justicia podría lanzar el mensaje a la ciudadanía de que no todas las personas son iguales ante la ley, y especialmente, y como se dice comúnmente, que «robar sale gratis». Más allá de las penas de prisión, lo
importante aquí es que el daño provocado a las Administraciones Públicas (y por tanto, a la sociedad) sea restituido. Probablemente, esta sea la parte más relevante de una condena y el objetivo final que se persigue en todo proceso penal.
Es por ello que, aunque la Abogacía de la Generalitat y Fiscalía hayan recurrido el auto de la Audiencia que concluye imposibilidad de fijar la cuantía, no podemos permanecer estáticos ante una dejación de funciones de tanta gravedad para
los valencianos y valencianas y que tiene unas implicaciones tanto sociales, como políticas y morales de importante relevancia.
Teniendo en cuenta todo lo expresado, realizamos las siguientes
Preguntas
1. Desde el máximo respeto a la independencia judicial, ¿ha expresado su preocupación al Consejo General del Poder Judicial por la desidia de la Sección 5.a de la Audiencia Provincial de Valencia en esta causa?
2. ¿Se ha planteado la necesidad de un cuarto informe para ofrecer mayores garantías?
3. ¿Se ha impulsado desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes alguna iniciativa con el objetivo de averiguar las causas de esta demora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2026.Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.
184/031619
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Ibáñez Mezquita, Alberto (GSUMAR).
Previsiones acerca de profundizar en la investigación de la financiación y estrategias de expansión e implantación del terrorismo de extrema derecha.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados/as, el diputado que suscribe formula las preguntas dirigidas al Gobierno de España para respuesta escrita.
Las Agencias de Investigación de países como Reino Unido, EEUU o Alemania llevan años apuntando al terrorismo de extrema derecha como uno de los mayores riesgos para la seguridad de los Estados democráticos occidentales. Estos grupos
merecen atención no solo por el peligro que suponen, sino también por el marco ideológico y económico que los sostienen.
Recientemente, se ha desarticulado la primera célula terrorista neonazi de «The Base» en España con tres detenciones en Castellón, la cual, según informaciones publicadas, tenía el objetivo de emplear ataques terroristas en orden a colapsar
las instituciones democráticas occidentales.
Algunos expertos y expertas alertan de que, a pesar de que estos grupos nazis activos y con intención de ejercer violencia se estén desactivando, en el ámbito judicial y mediático no se les otorga la importancia real que tienen para el
riesgo de la estabilidad de nuestras sociedades democráticas.
Teniendo en cuenta todo lo expresado y la relevancia de lo que está en juego, realizamos las siguientes
Preguntas
1. ¿Ha impulsado el Ministerio de Interior la confección de un informe sobre las características y fundamentos esta amenaza? ¿Tiene pensado el Gobierno profundizar en la investigación de su financiación y estrategias de expansión e
implantación?
2. En el caso de la célula desarticulada en Castellón, ¿se sabe el objetivo concreto que perseguía? ¿Qué significan las palabras a las que hace referencia el Inspector de la Policía Nacional en una entrevista a RTVE, donde hace referencia
a que estos grupos hacen una llamada a «cometer ataques terroristas selectivos con el objetivo de colapsar las instituciones democráticas occidentales»?
3. ¿Cuántas células terroristas de esta naturaleza se han desarticulado en los últimos 5 años? Solicitamos desglosar los datos por años.
4. Teniendo en cuenta la implantación en nuestro país de estas organizaciones terroristas, ¿qué medidas está tomando el Gobierno para hacer frente este fenómeno y reforzar la capacidad del Estado para combatir su avance?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2026.Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.