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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 453, de 18/12/2025
cve: BOCG-15-D-453
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de diciembre de 2025
Núm. 453
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000006
Subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, relativa a la lucha contra los discursos de odio.
Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos ... (Página4)
154/000008
Subcomisión, en el seno de la Comisión de Juventud e Infancia, sobre el estudio de un Pacto de Estado para la erradicación de la Pobreza Infantil.
Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos ... (Página4)
Control sobre las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley
REALES DECRETOS-LEYES
130/000027
Real Decreto-ley 13/2025, de 25 de noviembre, por el que se adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños ocasionados por las erupciones volcánicas.
Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página4)
130/000028
Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página5)
130/000029
Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de
formatos de los registros de facturación.
Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página5)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000539
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad ante la inteligencia artificial.
Aprobación ... (Página5)
162/000647
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para ayudar a las familias ante la escalada del precio de los alimentos básicos.
Enmienda ... (Página6)
Aprobación ... (Página8)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000169
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos ... (Página8)
172/000170
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario VOX, al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno para garantizar la protección de nuestro sector porcino ...
172/000172
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social para dar cuenta de la corrupción económica, política e institucional que afecta a su
Gobierno y del deterioro de la calidad democrática en nuestro país ... (Página9)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000142 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de conocer la condena del Fiscal General del Estado.
Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página10)
173/000143
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes rinda cuentas del deterioro sin precedentes al que este
Gobierno ha sometido a las instituciones del Estado, en particular, tras la sentencia condenatoria al Fiscal General del Estado.
Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página14)
173/000144
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de la financiación en Galicia.
Texto de la moción así como enmienda formulada ... (Página17)
Aprobación con modificaciones ... (Página24)
Otros textos
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000011
Declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Anafilaxia ... (Página25)
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000008
Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2026.
Rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página25)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000006
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Tercero.2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, aprobar la
solicitud de la Comisión de Igualdad, de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, constituida en el seno de la citada Comisión.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
154/000008
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Tercero.2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, aprobar la
solicitud de la Comisión de Juventud e Infancia, de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión sobre el estudio de un Pacto de Estado para la erradicación de la Pobreza Infantil, constituida en el seno de la citada
Comisión, hasta el final del siguiente periodo de sesiones (febrero a junio 2026).
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY
REALES DECRETOS-LEYES
130/000027
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 13/2025, de 25 de noviembre, por el que se adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños
ocasionados por las erupciones volcánicas, se acordó su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000080), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
130/000028
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, se acordó su tramitación como Proyecto de
Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000081), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
130/000029
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el
que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de
empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación, se acordó su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000082), por lo que el texto se publica en la serie A
del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000539
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con
discapacidad ante la inteligencia artificial, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 361, de 20 de junio de 2025, en sus propios términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, y contando con las organizaciones de la discapacidad, a adoptar medidas destinadas a garantizar la igualdad de
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad ante la inteligencia artificial, entre las cuales se incluirán las siguientes:
1. Reconocer el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de los sistemas de IA para la promoción y protección de sus derechos.
2. Promover la información, intercambio y colaboración en el desarrollo de investigación, innovación y tecnología para incorporar el principio de diseño universal en el uso de la IA.
3. Proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad, y evitar su discriminación, en el diseño de algoritmos involucrados en la toma de decisiones sobre productos, entornos y servicios digitales en los sistemas de IA.
4. Estudiar la implantación de sistemas o certificaciones sobre un uso ético de la IA, confiable y respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad.
5. Promover el abordaje de los desafíos éticos derivados de la aplicación de la investigación, innovación social, desarrollos tecnológicos e inteligencia artificial, en el ámbito de las personas con discapacidad, en especial en los cuidados
de larga duración»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000647
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la enmienda formulada a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, para ayudar a las familias ante la escalada del precio de los alimentos básicos, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 441, de 28 de noviembre de 2025.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para ayudar a las familias ante la escalada
del precio de los alimentos básicos, que se debatirá como punto 4 del orden del día de la sesión n.º 152 del Pleno del Congreso de los Diputados del 9 de diciembre de 2025.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar en materia del IVA, y en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, la reducción del tipo general del 21 % al 18 % y el reducido del 10 % al 8 %.
Promover deforma permanente un tipo impositivo del 0 % de IVA a los productos básicos de alimentación, incluyendo los aceites de oliva y de semillas, pastas alimenticias, carnes y pescados, considerándolos como bienes esenciales.
Reducir al tipo superreducido del IVA los pañales infantiles y geriátricos; biberones y leches de fórmula pediátricas; servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche o atención residencial; y
productos farmacéuticos infantiles y geriátricos.
Establecer deforma permanente el tipo del IVA al 4 % en las facturas de luz, de gas y agua para hogares.
2. Llevar a cabo una rebaja y simplificación drástica del IRPF, estableciendo un mínimo exento de 22.000 , un primer tramo hasta los 70.000 que tributará a un tipo del 15 % y un segundo tramo a partir de los 70.000 que tributará a un
tipo del 25 %. Se aplicará una minoración de 4 puntos porcentuales en el tipo aplicable para cada contribuyente por cada descendiente.
Establecer que el ahorro deje de tributar por su falso incremento provocado por la inflación incluyendo tablas de actualización automática.
Hasta la consecución de la reforma fiscal, recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF y extender a toda la Nación la deducción por gastos de alquiler en el IRPF para que todos los españoles con contratos de
alquiler puedan deducirse parte de su coste y compensar directamente en sus bolsillos la subida del IPC.
3. Establecer una bonificación del 100 % de la cuota de la Seguridad Social a los autónomos cuyos ingresos reales no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional.
4. Suprimir el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos en las facturas de luz y gas para los hogares.
5. Establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, a la vivienda protegida y los programas de vivienda. Fortalecer los programas de asistencia alimentaria para las familias más necesitadas y garantizar que ningún
español sufra hambre debido a dificultades económicas.
6. En un contexto de emergencia habitacional, proceder a la exhaustiva revisión de todas las tasas e impuestos con el objeto de suprimir y/o bonificar las tasas o impuestos involucrados en el proceso edificatorio y que provocan un
encarecimiento del precio final de los inmuebles, así como el pago en diferido de los impuestos que gravan la compra de inmuebles.
7. Promover las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y garantizar la protección y la rentabilidad de agricultores y ganaderos, con el fin de corregir los desequilibrios de la cadena alimentaria, en la
que el sector primario ocupa el eslabón más débil.
Incentivar fiscalmente la producción nacional frente a la competencia desleal extranjera, así como adoptar todas las medidas necesarias para mejorar la distribución de los productos alimentarios por todo el territorio nacional, logrando
así una reducción de costes para las empresas del sector.
8. Eliminar el gasto superfluo e improductivo para conseguir reducir la deuda pública en el menor tiempo posible sin poner en peligro los servicios públicos esenciales.»
Justificación
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para ayudar a las familias ante la escalada del precio de los alimentos básicos,
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 441, de 28 de noviembre de 2025, en sus propios términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Rebajar temporalmente del 4 % al 0 % el IVA de los alimentos básicos como los huevos, la leche y los productos frescos para ayudar tanto a las familias como al sector primario.
Rebajar temporalmente del 10 % al 4 % el IVA de las carnes, pescados y conservas para recuperar el consumo de estos alimentos saludables que las familias han tenido que reemplazar por alimentos ultraprocesados.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000169
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos, cuyo texto se inserta a
continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente sobre la mejora de la
protección social de los trabajadores autónomos, para su debate en el Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2025.Jordi Salvador i Duch, Diputado.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància del Diputat Jordi Salvador i Duch a l'empara del que es disposa en l'article 180 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Interpel·lació urgent sobre la millora de la protecció
social dels treballadors autònoms per al seu debat en Ple.
Congrés dels Diputats, a 4 desembre de 2025.Jordi Salvador i Duch, Diputat.Gabriel Rufián Romero, Portaveu G. P. Republicà.
172/000170
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre cuáles van a ser las medidas del Gobierno para
garantizar la protección de nuestro sector porcino, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de los dispuesto en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula interpelación urgente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre cuáles van a
ser las medidas del Gobierno para garantizar la protección de nuestro sector porcino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2025.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
172/000172
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social para dar
cuenta de la corrupción económica, política e institucional que afecta a su Gobierno y del deterioro de la calidad democrática en nuestro país, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Interpelación urgente a la Vicepresidenta segunda del
Gobierno y
ministra de Trabajo y Economía Social, para dar cuenta de la corrupción económica, política e institucional que afecta a su gobierno y del deterioro de la calidad democrática en nuestro país.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000142
El Pleno de la Cámara en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de conocer la condena del Fiscal
General del Estado, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, a excepción del punto 1, conforme al acuerdo de la Mesa de 9 de diciembre de 2025, en la medida en que invade
competencias constitucionalmente reservadas al Presidente del Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a tomar el Gobierno
después de conocer la condena del Fiscal General del Estado.
Exposición de motivos
I. La condena del Fiscal General del Estado
El pasado día 20 de noviembre se conocía una noticia no por esperada menos insólita: la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a una pena de inhabilitación de su cargo por haber perpetrado un delito
de revelación de secretos. Por primera vez en el actual sistema constitucional ha sido condenado por la Justicia como delincuente el máximo responsable del Ministerio Fiscal, que es la institución encargada constitucionalmente de defender la
legalidad y el interés público protegido por la ley.
Este hito verdaderamente indigno no tiene como principal responsable al propio fiscal general condenado, sino al Gobierno que lo designó dos veces para ese cargo, y que lo mantuvo obstinadamente en él en contra de todas las evidencias que
abrumadoramente reclamaban su cese. Hay que subrayar que la condena judicial de Álvaro García Ortiz ha sido solamente la culminación de una serie de episodios de creciente degradación institucional presididos todos ellos por el nombramiento y por
la continuidad de dicha figura al frente de la fiscalía general del Estado.
Álvaro García Ortiz jamás debió ser nombrado fiscal general del Estado. Es obvio que en su designación inicial fue determinante haber sido presidente de la Unión Progresista de Fiscales y su estrecha relación profesional y política con
Dolores Delgado, que es otro personaje absolutamente cuestionable. Sin duda se quiso con su
nombramiento asegurar que en una institución de la máxima trascendencia constitucional como es el Ministerio Fiscal, su más alto representante estuviese incondicionalmente comprometido con la colonización ideológica y partidista de dicha
institución por parte del bloque encabezado por Pedro Sánchez. Además, cuando en diciembre de 2023 García Ortiz fue nombrado por segunda vez, ya se había establecido una primera plusmarca: por primera vez se designaba para el cargo a una persona
declarada no idónea en el informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El propio informe del CGPJ1 que declaraba esa no idoneidad expresaba con meridiana claridad varias de las razones que hacían de García Ortiz un personaje absolutamente descalificado para su puesto:
haber nombrado a su antecesora y promotora Dolores Delgado como fiscal de Sala del Tribunal Supremo (y responsable de la politizada «Fiscalía de Memoria Democrática»), nombramiento que tuvo que ser anulado por el propio Tribunal Supremo
(TS) por «desviación de poder».
el intento de imponer, mediante su Circular 1/2023, de 29 de marzo, una interpretación de los artículos del Código Penal reformados por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, (la
tristemente célebre «ley de sólo sí es sí») que equivalían a confirmar los indefendibles argumentos de los impulsores de dicha norma ante las catastróficas consecuencias de excarcelaciones y reducciones de penas de agresores sexuales y violadores;
tal interpretación era contraria a la sostenida por la mayoría de las fiscalías y hubo de ser desautorizada por el propio TS.
su vergonzoso silencio ante el acoso de los separatistas contra los fiscales que habían defendido la legalidad constitucional en los sucesos golpistas de 2017 y tiempos posteriores.
el descarado sectarismo de su política de nombramientos, de modo que el informe podía afirmar, respecto de su primer mandato, lo siguiente: «durante ese tiempo, poco más de un año, se ha procedido a la designación de 33 nombramientos
discrecionales, de ellos 22 lo han sido en miembros de la carrera asociados a la Unión Progresistas de Fiscales, la cual cuenta con 200 asociados dé los 2.700 totales de la carrera (es decir, del 7,4 % de la carrera se han nombrado el 66.6 % de los
cargos discrecionales, con el añadido de que 14 de ellos lo han sido promocionando en una categoría superior)».
En cuanto a esto último, es muy significativo que, de los 35 miembros que tenía entonces la Junta de Fiscales (sin contar al propio FGE), 16 estaban asociados a la Unión Progresista de Fiscales2. Si, de acuerdo con el citado informe del
CGPJ, dicha asociación representaba el 7,4 % de la carrera fiscal, esto supondría que, con un 45,7 % de presencia en la Junta de Fiscales de Sala, su sobrerrepresentación es absolutamente exorbitante y una muestra incontestable de sectarismo y de
colonización ideológica de las instituciones.
En todo caso, la conducta de García Ortiz al frente de la fiscalía general del Estado fue de sometimiento incondicional a los designios de un Gobierno que se ha revelado como el más nocivo para nuestro país en su historia reciente. Frente a
los atropellos perpetrados por el actual Ejecutivo, que han comprometido la paz social, el orden constitucional y la misma unidad nacional, la reacción de la fiscalía general del Estado no ha sido.nunca la de defender la legalidad y el interés
público, sino actuar con absoluta y constante complicidad.
Por desgracia, tras la obligada dimisión de García Ortiz, parece que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se propone continuar en su línea de instrumentalizar el Ministerio Fiscal, 1
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Pleno-del-CGPJ...
2 https://www.rtve.es/noticias/20241017/garcia-ortiz-reitera-inocencia-traslada-qu...
al haber anunciado la propuesta de Teresa Peramato para sustituirle en el cargo. En efecto, esta persona no solamente ha sido máxima dirigente de la Unión Progresista de Fiscales como su predecesor, sino que está especializada en la llamada
«violencia de género», que como tal concepto es una de las principales banderas ideológicas del bloque de Sánchez. Es más, el propio Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes destaca3 como motivo principal para esta
propuesta del Ejecutivo el «compromiso feminista indiscutible» de la referida candidata. Conociendo el peculiar diccionario de la izquierda del siglo XXI, la traducción es clara: compromiso ideológico indiscutible con el conglomerado que viene a
representar Sánchez.
II. El asalto del Gobierno al Poder Judicial y a todas las instituciones
Los mencionados escándalos que han caracterizado la trayectoria de Alvaro García Ortiz al frente de la fiscalía general del Estado, con ser muy graves y llamativos, en realidad son solamente una parte de un conjunto de acciones y de líneas
de actuación de un Gobierno, el presidido por Pedro Sánchez, que se ha caracterizado por basar su poder en el pacto con los peores enemigos de España y por su total desprecio por las leyes y costumbres que son básicos en un Estado de Derecho de
corte occidental. Varios de los miembros pasados y presentes de dicho Ejecutivo, así como personas de la máxima cercanía familiar y política de su presidente, se encuentran sujetos a gravísimas sospechas de corrupción. Sin embargo, aún es más
grave la certeza del propósito que anima a sus integrantes socialistas y comunistas y a sus aliados separatistas y de extrema izquierda: adueñarse del poder y utilizarlo para imponer de una ideología oficial de desintegración nacional y disolución
social. Es un proyecto destructivo y totalitario a un tiempo, que está encaminado a conseguir una permanente hegemonía política y cultural del bloque liderado por Sánchez.
A este propósito obedece ese conjunto de acciones y de líneas de actuación, que consisten en la masiva ocupación de puestos de poder e influencia en los centros de decisión de las grandes instituciones del Estado. En este proceso, merecen
destacarse por su gravedad y trascendencia los casos del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional (TC) y de la radio y televisión pública.
En el caso del Poder Judicial, además de lo dicho acerca del Ministerio Público (formalmente integrado en dicho Poder), merece destacarse que los designios del Gobierno y de sus aliados están relacionados con el mencionado proyecto
político-ideológico totalitario, pero también que en ellos tiene un especial protagonismo el peso de las acusaciones de corrupción ya referidas.
Así se observa en la reiterada negativa del Partido Socialista a modificar el sistema de elección de los doce vocales de turno judicial del CGPJ por medio de cuotas partidistas. Tal sistema, incompatible con las previsiones de la
Constitución y cuyo efecto es una insoportable politización de la Justicia, fue implantado por el propio Partido Socialista en 1985, y por desgracia ha continuado aplicándose hasta la actualidad gracias a la complicidad del Partido Popular. En
efecto, pese a las promesas electorales de este último partido, lo cierto es que en la práctica ha preferido siempre mantener el sistema y repartirse los vocales del CGPJ con la otra fuerza del bipartidismo, como volvieron a hacer en el vergonzoso
acuerdo de Bruselas de junio de 2024.
El intento de asaltar la Justicia se puede también observar en las reformas judiciales que el Gobierno pretende llevar a cabo. Una es Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, conocido
como «Ley Bolaños», que somete la formación de los opositores y la concesión de becas a control gubernamental, incluye un «proceso extraordinario de estabilización» del empleo temporal en las carreras judicial y fiscal que afectará decisivamente a
su composición en agravio comparativo con los ingresados por oposición, y que politiza clarísimamente la 3 https://www.mjusticia.gob.es/es/institucional/gabinete-comunicacion/noticias-min...
composición de la Comisión de Ética Judicial. Y otra es el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que pretende una completa sustitución de la secular LECrim de 1882, con una nueva regulación del proceso penal, y cuyo aspecto
novedoso más destacado es encomendar la fase de instrucción al Ministerio Fiscal. Por ello, contempla además la dependencia funcional de la policía judicial respecto del Ministerio Público. De otra parte, se propone restringir el ejercicio de la
acción popular en el proceso penal. Es obvio que, procediendo de un Gobierno como el de Sánchez, cuya trayectoria es de total desprecio por las instituciones y por su neutralidad, y que está acorralado por las mencionadas sospechas de corrupción,
tales reformas son merecedoras del rechazo más absoluto, porque solamente se pueden entender como parte de un plan dirigido a aumentar su poder sobre la Justicia.
Sin embargo, los ejemplos más acabados de asalto a las instituciones por parte del bloque de Sánchez han sido hasta ahora los del Tribunal Constitucional y del Consejo de RTVE. En el primer caso, la ocupación por la izquierda, liderada por
Cándido Conde-Pumpido, de la mayoría de los puestos de magistrado del TC, ha provocado un efecto absolutamente perverso: las vitales funciones del control de constitucionalidad de las leyes y de la garantía última de los derechos fundamentales han
quedado confiadas a un órgano descaradamente politizado, que no solamente ha validado las leyes más sectarias y extremistas del bloque de Sánchez (aborto, eutanasia, educación, amnistía), sino que en algunas ocasiones ha pretendido establecer la
imposibilidad de una futura revisión. Y también ha proporcionado impunidad a los socialistas condenados por corrupción en el caso de los ERE de Andalucía.
Finalmente, debe recordarse el Decreto-ley de octubre de 2024 para modificar la forma de elección del Consejo de Administración de RTVE. En virtud de ese cambio legislativo y de las designaciones de las semanas siguientes, el PSOE y sus
socios comunistas, separatistas y proetarras se repartieron el Consejo de RTVE, quedándose con 11 de sus 15 puestos. El resultado: el Consejo de RTVE es un órgano absolutamente sectario y politizado, y TVE es desde entonces, más que nunca, un
canal de televisión propio de un sistema totalitario con ideología oficial, dedicado a Una constante labor de propaganda, de falsificación de la Historia de España, y de ofensa permanente de las convicciones de millones de españoles.
III. La necesidad de regenerar las instituciones
España está sumida en una espiral de innegable degradación institucional que proporciona el contexto ideal para la comisión de los más graves actos de corrupción económica y política que se recuerdan. Conviene aquí recordar algunos de
ellos: desde la concesión de los indultos a los condenados golpistas por los sucesos separatistas de 2017 en Cataluña, pasando por la supresión del delito de sedición y la modificación de la regulación del delito de malversación, hasta llegar a los
ya referidos hechos sujetos en la actualidad a investigación judicial que involucran tanto al entorno familiar más próximo al presidente del Gobierno, como a varios de sus ministros y exministros o a expresidentes regionales de su partido. Todo
ello culminó en el mayor, hasta ahora, acto de corrupción política, que fue amnistiar a otros políticos condenados por crímenes gravísimos contra la misma existencia de nuestra comunidad nacional, a cambio de sus votos para mantenerse en el poder.
De lo indicado hasta ahora solamente cabe concluir que la concordia y el bienestar de los españoles, y el mismo interés nacional, son incompatibles con la permanencia en el Gobierno de Pedro Sánchez y de sus aliados comunistas y
separatistas. Nuestro país necesita importantes reformas, muchas de ellas en el terreno institucional, como el refuerzo de la independencia judicial y el replanteamiento de la configuración del Tribunal Constitucional. Pero ninguna es tan urgente
como el abandono del poder por el actual Ejecutivo. Solamente entonces España podrá abrazar el programa de regeneración del que se halla tan necesitada.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. [ ]
2. Promover la reforma de las leyes reguladoras de las principales instituciones del Estado, con la finalidad de garantizar la neutralidad de quienes desempeñen en ellas los puestos de dirección.
3. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia del próximo fiscal general del Estado; consecuentemente con ello, renunciar a la propuesta de nombrar a una
persona del notorio perfil ideológico de Teresa Peramato para dicho cargo.
4. Retirar inmediatamente el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal.
5. Renunciar al impulso de iniciativas legislativas que impliquen atribuir la instrucción del proceso penal al Ministerio Fiscal, o modificar el ejercicio de la acción popular en el proceso penal; en consecuencia, retirar igualmente de
forma inmediata el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.
6. Renunciar a impulsar o aprobar cualquier acción legislativa dirigida a modificar textos legales que afecten al Poder Judicial o al Ministerio Fiscal y que puedan comprometer en lo más mínimo la neutralidad, la independencia y la
imparcialidad de dichas instituciones y de cada uno de sus miembros.
7. Promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de que los doce vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos mediante voto personal, igual, directo y secreto por y entre
los propios jueces y magistrados; y de imponer la observancia exclusiva del criterio reglado de la antigüedad en la carrera con arreglo a su escalafón para la provisión de plazas en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los Tribunales de
Justicia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2025.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
173/000143
El Pleno de la Cámara en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes rinda
cuentas del deterioro sin precedentes al que este Gobierno ha sometido a las instituciones del Estado, en particular, tras la sentencia condenatoria al Fiscal General del Estado, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción, consecuencia de interpelación urgente al Gobierno,
para rendir cuentas del deterioro sin precedentes al que este Gobierno ha sometido a las instituciones del Estado, en particular, tras el fallo condenatorio al Fiscal General del Estado.
Exposición de motivos
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal fue aprobado a los tres años de ser sancionada y promulgada nuestra Constitución mediante la Ley 50/1981, de 30 de diciembre.
El primer Fiscal General nombrado ya con el nuevo Estatuto Orgánico fue Luis Antonio Burón Barba, designado para el cargo por el gobierno socialista surgido tras las elecciones generales de 1982.
En la correspondiente Memoria presentada al inicio del Año Judicial decía el entonces Fiscal General sobre su misión, lo siguiente: «A/o es razonable temer que un Gobierno legítimo salido de las urnas, respetuoso con la Constitución y
sometido como todos los poderes a la legalidad, utilice unas facultades de cese y nombramiento como armas para influir en el curso de los procesos en que intervenga el Ministerio Fiscal, ni por otro lado cabe pensar que cualquier Fiscal General se
pliegue ante una pretensión de tal índole».
Cuarenta años después de haberse hecho esa afirmación tan solemne, los dos temores que creía el fiscal general del Estado Burón que era impensable que sucedieran, se han cumplido tristemente en la realidad: primero, que un Gobierno pretenda
influir en el Ministerio Fiscal; segundo, que el fiscal general se pliegue absolutamente a tal pretensión.
La obsesión del Presidente del Gobierno por perseguir a quienes considera sus enemigos le ha llevado a traspasar todas las líneas rojas en relación con el Fiscal General. Ya es evidente que la única misión que tenía encomendada Álvaro
García Ortiz al ser propuesto para el cargo era utilizar todos los medios que se le confiaban como fiscal general, no para promover la actuación de la Justicia, sino para hacer de punta de lanza de la guerra sucia emprendida por el Gobierno contra
sus rivales políticos.
Los hechos son sobradamente conocidos pues han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación; por lo que sólo hay que remitirse a ellos sin necesidad de repetirlos. Y la consecuencia de esos hechos ha sido la condena del
Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz por la comisión del delito de revelación de secretos a una pena de multa y 2 años, además, de inhabilitación para el cargo de Fiscal General del Estado.
Lamentablemente, la situación no puede ser más denigrante para la fiscalía general del Estado. Pero tiene que quedar claro que la actuación del Fiscal General y de quienes han colaborado con él en los hechos que han llevado a su condena
sólo les mancha a ellos. Por tanto, no puede haber sombra de duda sobre la actuación del Ministerio Fiscal, cuyos miembros cumplen su función todos los días en juzgados y tribunales con rigor y con vocación de servicio público.
Y tampoco debe haber sombra de duda sobre la actuación imparcial e independiente de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo que, en el ejercicio libre de sus funciones, han juzgado esta causa, por mucho que la implicación del
Gobierno con la actuación delictiva del Fiscal General del Estado saliente le haya llevado a reaccionar al fallo condenatorio con un ataque sin precedentes contra el Poder Judicial amplificado además por los medios públicos que controla y a los que
ha dirigido para difundir este tipo de mensajes ofensivos contra el Poder Judicial, llegando a llamar a la movilización popular contra el mismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abstenerse de dar indicaciones a la nueva Fiscal General del Estado que comprometan su autonomía e imparcialidad o que inciten a vulnerar la legalidad como ocurrió con el Fiscal General del Estado saliente, Álvaro García Ortiz.
2. Abstenerse de nombrar o promover el nombramiento de Álvaro García Ortiz para cualquier alto cargo en el Gobierno de España, en el sector público institucional estatal o en cualquier órgano constitucional.
3. Abstenerse de promover manifestaciones, movilizaciones o protestas dirigidas contra el Tribunal Supremo o contra el conjunto del Poder Judicial para coartar el ejercicio libre de sus funciones.
4. Adaptar el actual funcionamiento de la Corporación de Radio y Televisión Española a lo exigido por el artículo 5 del Reglamento Europeo sobre la libertad de medios, que demanda a los estados miembros garantizar la independencia de los
prestadores del servicio público de medios de comunicación desde el punto de vista editorial y funcional, y dejar por tanto de utilizar los medios públicos para alimentar los ataques del Gobierno de España al Poder Judicial.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2025.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 110.4 y 184.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente para que el Ministro de
la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes rinda cuentas del deterioro sin precedentes al que este Gobierno ha sometido a las instituciones del Estado, en particular, tras la sentencia condenatoria al Fiscal General del Estado, que se
debatirá como punto séptimo del orden de día en la sesión n.º 152 del Pleno del Congreso de los Diputados del día 9 de diciembre de 2025.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.
Ortiz.
persona del notorio perfil ideológico de Teresa Peramato para dicho cargo.
2. Abstenerse de nombrar o promover el nombramiento de Álvaro García Ortiz para cualquier alto cargo en el Gobierno de España, en el sector público institucional estatal o en cualquier órgano constitucional.
3. Abstenerse de promover manifestaciones, movilizaciones o protestas dirigidas contra el Tribunal Supremo o contra el conjunto del Poder Judicial para coartar el ejercicio libre de sus funciones.
4.
independencia de los prestadores del servicio público de medios de comunicación desde el punto de vista editorial y funcional, y dejar por tanto de utilizar los medios públicos para alimentar los ataques del Gobierno de España al Poder Judicial.
5. Retirar inmediatamente el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal.
6. Renunciar al impulso de iniciativas legislativas que impliquen atribuir la instrucción del proceso penal al Ministerio Fiscal, o modificar el ejercicio de la acción popular en el proceso penal; en consecuencia, retirar igualmente de
forma inmediata el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.
7. En general, renunciar a impulsar o aprobar cualquier acción legislativa dirigida a modificar textos legales que afecten al Poder Judicial o al Ministerio Fiscal y que puedan comprometer en lo más mínimo la neutralidad, la independencia y
la imparcialidad de dichas instituciones y de cada uno de sus miembros.
8. Promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de que los doce vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos mediante voto personal, igual, directo y secreto por y entre
los propios jueces y magistrados; y de imponer la observancia exclusiva del criterio reglado de la antigüedad en la carrera con arreglo a su escalafón para la provisión de plazas en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los Tribunales de
Justicia.
9. Promover la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, en el sentido de dejar sin efecto los cambios incorporados por el Real Decreto-ley 5/2024, de 22 de octubre, y de terminar de
este modo con el absoluto el control político, y por lo tanto arbitrario, de la radiotelevisión pública en España, pasando así ésta a cumplir su obligación de prestar servicios desde la neutralidad.»
Justificación
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
173/000144
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa
a la mejora de la financiación en Galicia y de la enmienda presentada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El GP Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción
consecuencia de interpelación al Gobierno relativa a la mejora de la financiación en Galicia, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El actual sistema de financiación autonómica, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, junto con la LOFCA, es claramente perjudicial e injusto para Galicia, ya que impone una clara infrafinanciación de los servicios que se mantiene
desde hace décadas. Una insuficiencia de recursos que determina también que Galicia se sitúe a la cola del Estado español en los principales indicadores socioeconómicos pese a ser un país rico en recursos y con un inmenso potencial.
De la injusticia del modelo dan cuenta distintos datos, como el de que el peso de la dispersión territorial es de apenas el 0,6 %, pese a ser este un factor que no es que aumente, sino que multiplica exponencialmente los gastos para alcanzar
el mismo nivel de servicios. Pero también cabe destacar que Galicia representa solo el 5,8 % del territorio del Estado español y el 5,6 % de la población, sin embargo, cuenta con la mitad de los núcleos de población del Estado y si hablamos de
núcleos con menos de 100 habitantes, el porcentaje asciende al 60 %. El efecto de esto sobre el coste de los servicios básicos es evidente, así por ejemplo, con la misma inversión que en los territorios con población concentrada es posible dar
servicio de abastecimiento o saneamiento de agua a 1000, 2000 o 5000 personas, en Galicia puede ser para 10, 20 o 50. Lo mismo ocurre si hablamos de Sanidad, Educación, Atención a la dependencia, cuidados o servicios públicos de cualquier tipo. Y,
sin embargo, la dispersión territorial pesa solo un 0,6 % frente a, por ejemplo, el 30 % del total de residentes. Una situación que repercute de forma especialmente grave en el caso de las administraciones locales que se ven obligadas a asumir
muchos de los servicios básicos de su territorio.
Galicia dispone, con el 5,8 % del territorio ya mencionado, del 50 % de los kilómetros de carreteras estatales, la mayoría de titularidad municipal o provincial, una realidad que implica un enorme coste en mantenimiento y un sobreesfuerzo
que es preciso incorporar y compensar en los criterios de financiación.
De hecho, mencionaremos también la insuficiente ponderación de otros factores, como el de la población mayor de 65 años (solo un 8,5 % de peso), cuando Galicia tiene los índices de envejecimiento más elevados.
Todos los factores mencionados implican una evidente infrafinanciación que no solo resulta injusta y discriminatoria, sino que incide muy negativamente en la calidad de vida y el bienestar de todos los gallegos y gallegas. Unos datos que
vienen confirmados en el último Informe del Consello de Contas, de mayo de 2024, que advierte de una infrafinanciación de 1.535 millones anuales. De hecho, el órgano fiscalizador cifra en alrededor de 20.000 millones el déficit de financiación
autonómica de Galicia entre 2009 y 2021, lo que suma un déficit medio anual por habitante de 559 euros. Además, en la senda de crecimiento de la financiación autonómica que se mantuvo hasta 2019, Galicia fue de las que menos creció.
El Informe de Contas señala, además, la falta de transparencia del modelo actual, lo que evidencia que este debate no es técnico ni neutral, sino que se basa en criterios y decisiones políticas. Como los que diferenciaron entre Comunidades
de régimen común y foral; los que determinaron la cesión de competencias y porcentajes sobre determinados tributos; los que fijan las distintas variables que inciden en el cálculo de necesidades para la prestación de los servicios públicos
fundamentales de las Comunidades de régimen común y su ponderación en función del peso político ejercido por las fuerzas predominantes en cada territorio; los que establecen la forma de
distribución de los fondos de convergencia o el volumen total de recursos a repartir entre las Comunidades, sin relación con el coste real de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas.
Queda claro, por tanto, que las características del sistema de financiación actual dependen de la correlación de fuerzas políticas existente en el momento de su negociación y aprobación. La elaboración y utilización de informes técnicos o
académicos solo sirvieron como pretexto para justificar posiciones políticas ex ante.
En este contexto, el BNG defiende la necesidad, no ya de revisar el sistema, sino de cambiar el modelo para Galicia, apostando por un concierto económico, puesto que los datos avalan la propuesta.
Galicia está por debajo de la media nacional en PIB per cápita y, precisamente la ineficiencia, insuficiencia e injusticia del actual sistema de financiación son los principales factores que refuerzan nuestra vulnerabilidad y no resuelven la
falta de convergencia y la actual situación de atraso. Así, la realidad es que la diferencia entre los impuestos estatales que pagamos en Galicia y lo que el Estado nos devuelve a través de la financiación supera los 5.000 millones de euros.
Según el balance del sistema de financiación de Galicia elaborado por el economista gallego Xosé Díaz para el ejercicio 2022, el Estado recaudó en Galicia un total de 15.385 millones de euros, sin embargo la cantidad de fondos que recibió
del Estado a través del sistema de financiación fue de 10.041 millones. La diferencia alcanzó los 5.344 millones de euros a favor del Estado. Considerando el periodo de vigencia del actual sistema de financiación (2009-2022), ascenderían a 59.391
millones de euros a precios actuales.
Tenemos que tener en cuenta el llamado «efecto sede», por el que casi 4.000 empresas que operan en Galicia pagan el Impuesto de Sociedades fuera, fundamentalmente en Madrid. En concreto, 3.787 empresas (1.211 SA, 2.560 SL y 16
cooperativas), entre las que se incluyen empresas energéticas, de telecomunicaciones, las grandes distribuidoras, bancos, grandes y medianas empresas manufactureras, constructoras, extractivas, etc. con su domicilio fiscal fuera de Galicia. Por
tanto, Madrid absorbe recursos producidos fuera, y luego apunta que es el que más contribuye, eso sí, con los beneficios que recaudan las empresas en territorios expoliados como el gallego.
Acabar con este expolio fiscal permanente es la razón que lleva al BNG a defender un modelo de concierto, perfectamente posible en el marco jurídico-político actual de facto está en vigor con evidente éxito en las dos Comunidades de
EuskalHerria y, sin duda, beneficioso para Galicia. Un sistema en el que, incluso descontando la cuota a pagar por los llamados servicios comunes o no transferidos, Galicia saldría ganando.
El incremento de los recursos disponibles para la Administración gallega permitiría mejorar los servicios públicos y elevar el nivel de vida y bienestar de todos los gallegos y gallegas. Este es el objetivo de la propuesta del BNG, con
absoluta confianza en la capacidad de nuestro País para valerse por sí mismo y para autorresponsabilizarse de su futuro, también desde el punto de vista fiscal.
Galicia tiene la capacidad y debe tener también la facultad normativa y la responsabilidad fiscal sobre el conjunto de los impuestos soportados en Galicia para garantizar la consecución de los principios de justicia, proporcionalidad y
progresividad fiscal. Esto no implica no tener que contribuir, en su caso, a un mecanismo de redistribución interterritorial, respetando el principio de solidaridad y, en todo caso, considerando la deuda histórica en inversiones que tiene el Estado
con Galicia.
El Ministerio avanzó en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera un nuevo sistema «multilateral y bilateral». Sin embargo, el concepto de multilateralidad no es incompatible con la negociación bilateral entre naciones
como Galicia y el Estado. Galicia necesita exigir y ejercer el derecho a la soberanía fiscal. Una reforma del sistema de financiación actual que se limite a la elevación del porcentaje de cesión de determinados impuestos estatales no es
suficiente, pues seguiría constituyendo un modelo que no consideraría la capacidad financiera total de Galicia, ni sus necesidades reales.
Además, si hablamos de los recursos disponibles para sufragar los gastos de las administraciones públicas de Galicia, no es menor la cuestión de la financiación local. En
términos per cápita, cada municipio gallego recibe de media por habitante 50 menos que la media estatal. La situación se agudiza en el caso de las siete grandes ciudades. A modo de ejemplo, Málaga recibe la misma financiación del Estado
que las siete grandes ciudades gallegas juntas, pese a que casi la duplican en población. Una brecha que se agranda aún más si la comparación se hace entre lo que recibe un ayuntamiento por habitante y ayuntamiento madrileño. Esto supone 142 euros
más, en el caso de Madrid, o 108 euros más, en Cataluña, que en Galicia. Resulta por tanto evidente que también es necesario revisar y mejorar la financiación local y la participación en los impuestos del Estado.
Por último, también es necesario abordar posibles soluciones para, como mínimo, aliviar la situación de endeudamiento de Galicia. En este sentido, resulta incomprensible la negativa del Gobierno de la Xunta de Galicia de beneficiarse de la
llamada «quita» de deuda pública, pactada por el BNG y el PSOE en el acuerdo de investidura.
Las cuentas públicas de Galicia para 2025 destinaron 1.763 millones de euros al pago de la deuda, de los cuales, según la Ley de Presupuestos, 214 millones de euros permitirían sufragar los tipos de interés derivados de la deuda formalizada,
en su mayoría con entidades bancarias privadas, y el resto a la amortización de la deuda que a finales de 2024 ascendía a un total de 12.165 millones de euros.
Cabe destacar, por tanto, que el coste de la deuda gallega es muy superior al de otras Comunidades Autónomas, ya que el ejecutivo decidió suprimir mecanismos de financiación extraordinarios públicos, como el Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA), una línea de crédito creada por el Estado en 2012 para prestar dinero directamente a las comunidades autónomas, con tipos de interés mucho más reducidos que los fijados por el sistema financiero. Por tanto, la condonación permitiría reducir
la partida reservada para el pago de la deuda e incrementar, así, los fondos disponibles para gasto social, una prioridad en nuestro País.
En conclusión, el BNG considera imprescindible establecer una nueva relación con el Estado en materia de financiación para poner fin al centralismo financiero y que Galicia tenga capacidad de decidir sobre todos sus recursos. Así, el modelo
de concierto es la alternativa que permitirá una financiación justa que mejorará la vida de los gallegos y las gallegas, ya que permitirá financiar unos servicios públicos de calidad y dinamizar los sectores productivos.
Por todo lo anterior, el Bloque Nacionalista Galego presenta la siguiente
Moción
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Cambiar lo antes posible un Sistema de Financiación autonómica caducado e ineficaz que, además, en el caso de Galicia, resulta claramente injusto y perjudicial y que ni siquiera pondera adecuadamente factores esenciales como la
dispersión poblacional y el envejecimiento.
2. Negociar con el Gobierno gallego, de forma bilateral, las bases para el establecimiento de un nuevo modelo de financiación que permita a la Administración gallega recaudar todos sus impuestos, tener plena capacidad de decisión en materia
fiscal y dotarse de una hacienda propia, con el objetivo fundamental de que los impuestos pagados en Galicia redunden en la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida y el bienestar de todos los gallegos y gallegas.
3. Apostar por un sistema tributario más justo, equitativo y redistributivo, que haga realidad el principio de que contribuya más quien tiene más capacidad económica.
4. Revisar y mejorar la financiación local y la participación de las Entidades Locales en los impuestos del Estado, asegurando criterios justos que no discriminen a nadie y velando por que los ayuntamientos no se vean obligados a asumir
gastos extraordinarios por los denominados servicios impropios.
5. Hacer efectiva lo antes posible la quita de la deuda de las Comunidades Autónomas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2025.Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O GP Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 184.2 do vixente Regulamento do Congreso dos Deputados, presenta a seguinte Moción consecuencia de interpelación
ao Goberno relativa á mellora do financiamento na Galiza para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O actual sistema de financiamento autonómico, regulado pola Lei 22/2009, de 18 de decembro, xunto coa LOFCA, é claramente prexudicial e inxusto para a Galiza, pois impón un evidente infrafinanciamento dos servizos que se mantén desde hai
décadas. Unha insuficiencia de recursos que determina, tamén, que a Galiza se sitúe á cola do Estado español nos principais indicadores socioeconómico a pesar de sermos un País rico en recursos e con inmensas potencialidades.
Da inxustiza do modelo dan conta distintos datos, como é que o peso da dispersión territorial é de apenas 0,6 %, a pesar de ser este un factor que non é que aumente, senón que multiplica exponencialmente os gastos para alcanzar o mesmo nivel
de servizos. Mais tamén cabe destacar que a Galiza representa apenas 58 % do territorio do Estado español e 5,6 % da poboación, no entanto, conta con metade dos núcleos de poboación do Estado e se falarmos de núcleos de menos de 100 habitantes a
porcentaxe elévase a 60 %. O efecto disto no custo dos servizos básicos é evidente, así por exemplo, co mesmo investimento que nos territorios de poboación concentrada é posíbel dar servizo de abastecemento ou saneamento de auga para 1000, 2000 ou
5000 persoas, na Galiza pode selo para 10, 20 ou 50. O mesmo acontece se falarmos de Sanidade, Educación, Atención á dependencia, coidados, ou servizos públicos de calquera tipo. E aínda así, a dispersión territorial pesa só 0,6 % frente a, por
exemplo, 30 % o número total de residentes. Unha situación que repercute de forma especialmente grave no caso das administracións locais que se ven na obriga de asumir moitos dos servizos básicos no seu territorio.
A Galiza ten, con 5,8 % do territorio como foi apuntado antes, 50 % dos quilómetros de estradas do Estado, a maioría de titularidade municipal ou provincial, unha realidade que implica un enorme custo en mantemento e un sobreesforzo que é
preciso incorporar e compensar nos criterios de financiamento.
Aliás, mencionaremos tamén a insuficiente ponderación doutros factores, como o de poboación máis vella de 65 anos (só 8,5 % de peso), cando a Galiza ten os índices de envellecementos máis elevados.
Todos os factores citados implican un evidente infrafinanciamento que non só resulta inxusto e discriminatorio, senón que incide moi negativamente na calidade de vida e benestar de todos os galegos e galegas. Uns datos que veñen confirmados
no último Informe do Consello de Contas, de maio de 2024, que advirte dun infrafinanciamento de 1.535 millóns anuais. De feito, o órgano fiscalizador cifra en arredor de 20 000 millóns o déficit de financiamento autonómico da Galiza entre 2009 e
2021, o que suma un déficit medio anual por habitante de 559 euros. É máis, na senda de crecemento do financiamento autonómico que se mantivo até 2019, a Galiza foi das que menos creceu.
O Informe de Contas sinala, ademais, a falta de transparencia no actual modelo, o que evidencia que este debate non é técnico nin neutro, senón que se basea en criterios e decisións políticas. Como a que diferenciou entre Comunidades de
réxime común e
foral; a que determina a cesión de competencias e porcentaxes sobre certos tributos; a que fixa as distintas variábeis que inciden no cálculo de necesidades para o fornecemento dos servizos públicos fundamentais das Comunidades de réxime
común e a súa ponderación en función do peso político exercido polas forzas predominantes en cada territorio; a que estabelece os a forma de distribución dos fondos de converxencia ou o volume total de recursos a repartir entre as Comunidades, sen
relación co custo real das competencias transferidas ás Comunidades Autónomas.
Fica claro, por tanto, que as características do sistema de financiamento actual dependen da correlación de forzas políticas existente no momento da súa negociación e aprobación. A elaboración e utilización de informes técnicos ou
académicos serviu apenas como un pretexto para xustificar posicións políticas ex ante.
Neste contexto, o BNG defende a necesidade, non xa de revisar o sistema, senón de mudar o modelo para a Galiza, apostando por un concerto económico, pois os datos avalan a proposta.
A Galiza está baixo a media estatal en PIB per cápita e, precisamente a ineficacia, insuficiencia e inxustiza do actual sistema de financiamento son os principais factores que reforzan a nosa vulnerabilidade e non resolven a falta de
converxencia e a actual situación de atraso. Así, a realidade é que a diferenza entre os impostos estatais que pagamos na Galiza e o que o Estado nos devolve pola vía do financiamento supera os 5000 millóns de euros.
Segundo o balance do sistema de financiamento para a Galiza elaborado polo economista galego Xosé Díaz para o exercicio 2022, o Estado recadou na Galiza un total de 15.385 millóns de euros, porén o montante dos fondos que recibiu do Estado
polo sistema de financiamento foi de 10.041 millóns. A diferenza alcanzou os 5.344 millóns de euros en favor do Estado. Considerando o período de vixencia do actual sistema de financiamento (2009-2022), totalizarían 59 391 M a prezos correntes.
Temos que tomar en conta, ademais, o chamado efecto sede, polo que case 4000 empresas que operan na Galiza pagan o Imposto de Sociedades fóra, fundamentalmente en Madrid. No concreto, 3787 empresas (1211 SA, 2560 SL e 16 cooperativas),
que inclúen as enerxéticas, as de telecomunicacións, as grandes distribuidoras, as bancarias, as grandes e medianas empresas manufactureiras, as construtoras, as extractivas, etc. co seu domicilio fiscal fóra da Galiza. Por tanto, Madrid absorbe
recursos producidos fóra, para logo sinalar que é a que máis contribúe, iso si cos lucros que as empresas recadan en territorios espoliados como o galego.
Acabar con este espolio fiscal permanente é a razón que leva o BNG a defender un modelo de concerto, perfectamente posíbel no marco xurídico-político actual de facto está en vigor con evidente éxito nas dúas Comunidades de EuskalHerria e,
sen dúbida beneficioso para a Galiza. Un sistema no que, aínda descontando a cota a sufragar polos chamados servizos comúns ou non transferidos, a Galiza sairía gañando.
O incremento de recursos dispoñíbeis para a Administración galega permitirían a mellora dos servizos públicos e elevar o nivel de vida e benestar de todos os galegos e galegas. Este é o obxectivo da proposta do BNG, con absoluta confianza
na capacidade do noso País para se valer por si propio e para se autorresponsabilizar do seu futuro, tamén do punto de vista fiscal.
Galiza ten capacidade e debe ter, tamén, a facultade normativa e responsabilidade fiscal sobre o conxunto dos impostos soportados na Galiza para garantir a consecución dos principios de xustiza, proporcionalidade e progresividade fiscal.
Isto non implica non ter que contribuír, caso de proceder, para un mecanismo de redistribución interterritorial, respectando o principio de solidariedade e, en todo o caso, considerando a débeda histórica en investimentos que ten o Estado coa
Galiza.
O Ministerio avanzou na última reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira dun novo sistema «multilateral e bilateral». Porén, o concepto de multilateralidade non é incompatíbel coa negociación bilateral entre as nacións como Galiza
e o Estado. Galiza necesita exixir e exercer o dereito á soberanía fiscal. Unha reforma do sistema de financiamento actual que se limite á elevación da porcentaxe de cesión de determinados
impostos estatais non é suficiente, pois seguiría a constituír un modelo que non consideraría a capacidade financeira total de Galiza, nin as súas necesidades reais.
Alén do máis, se falamos dos recursos dispoñíbeis para sufragar os gastos das administracións públicas da Galiza, non é menor a cuestión do financiamento local. En termos per cápita, cada concello galego recibe de media por habitante 50
menos que a media estatal. A situación agudízase no caso das sete grandes cidades. A modo de exemplo, Málaga recibe o mesmo financiamento do Estado que as sete grandes cidades galegas xuntas, pese a que case a duplican en poboación. Unha fenda
que se agranda máis se a comparación se fai entre o que recibe un concello galego por habitante e un municipio madrileño. Isto implica 142 euros máis, no caso madrileño, ou 108 euros máis, no catalán, que na Galiza. Resulta evidente pois que,
tamén é preciso revisar e mellorar o financiamento local e a participación nos tributos do Estado.
Por último, é preciso tamén abordar posíbeis solucións para, no mínimo, aliviar, a situación de endebedamento da Galiza. Neste sentido, resulta incomprensíbel a negativa do Goberno da Xunta da Galiza, de beneficiarse da chamada 'quita' da
débeda pública pactada polo BNG e o PSOE no acordo de investidura.
As contas públicas da Galiza de 2025 destinaron 1763 millóns de euros ao pagamento de débeda, dos cales, segundo a Lei de orzamentos, 214 millóns de euros permitirían sufragar os tipos de xuros derivados da débeda formalizada na súa maioría,
con entidades bancarias privadas, e o resto á amortización da débeda que a finais de 2024 ascendía a un total de 12 165 millóns de euros.
Cabe destacar pois, que o custo da débeda galega é moi superior ao doutras Comunidades Autónomas, pois o executivo decidiu desbotar os mecanismos de financiamento extraordinarios públicos, como é o Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), unha
liña de crédito creada polo Estado en 2012 para prestar diñeiro directamente ás comunidades autónomas, cuns tipos de xuro moito máis reducidos que os fixados polo sistema financeiro. Por tanto, a condonación permitiría reducir a partida reservada
para o pagamento da débeda e incrementar, así, os fondos dispoñíbeis para gasto social, unha prioridade no noso País.
En conclusión, o BNG considera imprescindíbel estabelecer unha nova relación co Estado en materia de financiamento para pór fin ao centralismo financeiro e que a Galiza teña a capacidade de decidir sobre a totalidade dos seus recursos. Así,
o modelo de concerto é a alternativa que permitirá alcanzar un financiamento xusto que mellorar a vida dos galegos e das galegas, pois permitirá financiar uns servizos públicos de calidade e potenciar os sectores produtivos.
Por todo o exposto anteriormente, o Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte
Moción
«O Congreso insta o Goberno a:
1. Mudar o antes posíbel un Sistema de Financiamento autonómico caducado e ineficaz que, ademais, no caso da Galiza resulta claramente inxusto e prexudicial e que nin sequera pondera adecuadamente factores esenciais como dispersión
poboacional e envellecemento.
2. Negociar co Goberno galego, de forma bilateral, as bases para o estabelecemento dun novo modelo de financiamento que permita á Administración Galega recadar todos os seus impostos, plena capacidade de decisión en materia fiscal e dotarse
dunha facenda propia, co obxectivo fundamental de que os tributos pagados na Galiza redunden na mellora dos servizos públicos e da calidade de vida e benestar de todos os galegos e galegas.
3. Apostar por un sistema tributario máis xusto, equitativo e redistributivo, que faga realidade o principio de que contribúa máis quen ten máis capacidade económica.
4. Revisar e mellorar o financiamento local e a participación das Entidades Locais nos tributos do Estado, asegurando criterios xustos que non discriminen ninguén e
velando porque os concellos non se vexan na obriga de asumir gastos extraordinarios polos denominados servizos impropios.
5. Efectivizar o antes posíbel a quita da débeda das Comunidades Autónomas.»
Madrid, a 27 de novembro de 2025.Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Regó Candamil), relativa a la mejora de la financiación en Galicia.
Enmienda
De sustitución.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir trabajando con las Comunidades Autónomas en la consecución de un nuevo sistema de financiación autonómico que garantice que todos los españoles, vivan donde vivan, puedan acceder en igualdad de condiciones a unos servicios
públicos universales y de calidad, respetando el principio de suficiencia financiera, autonomía, corresponsabilidad fiscal, equidad, lealtad institucional y solidaridad.
2. Con base en la legislación vigente, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que regula la ejecución de competencias propias y delegadas de las entidades locales, establecer un marco competencial y
financiero para las mismas, que garantice el principio de suficiencia financiera y así, seguir asegurando las prestaciones de unos servicios públicos de calidad por parte de estas.
3. Seguir apostando por un sistema tributario más justo, equitativo y redistributivo, que haga realidad el principio de que contribuya más quien tiene más capacidad económica.
4. Profundizar en la revisión al alza de las entregas a cuenta que recibirán las comunidades autónomas el próximo año, que refleja el compromiso incuestionable del Gobierno con las mismas, puesto que son ellas las encargadas de gestionar
unos servicios públicos de calidad como la sanidad, la educación, las prestaciones por dependencia o la política de vivienda.
5. Consolidar la propuesta de condonación de deuda de las CCAA que beneficia la sostenibilidad de las finanzas autonómicas, facilita su acceso a los mercados en mejores condiciones, reduce el nivel de pasivo y de intereses de la deuda.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de la financiación en Galicia, ha acordado lo
siguiente:
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Cambiar lo antes posible un sistema de financiación autonómica caducado e ineficaz que, además, en el caso de Galicia, resulta claramente injusto y perjudicial y que
ni siquiera pondera adecuadamente factores esenciales como la dispersión poblacional y el envejecimiento.
2. Apostar por un sistema tributario más justo, equitativo y redistributivo, que haga realidad el principio de que contribuya más quien tiene más capacidad económica.
3. Revisar y mejorar la financiación local y la participación de las Entidades Locales en los impuestos del Estado, asegurando criterios justos que no discriminen a nadie y velando por que los Ayuntamientos no se vean obligados a asumir
gastos extraordinarios por los denominados servicios impropios.
4. Hacer efectiva lo antes posible la quita de la deuda de las Comunidades Autónomas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
OTROS TEXTOS
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000011
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Anafilaxia.
«Con motivo del Día Mundial de la Anafilaxia, este Parlamento expresa su compromiso con la concienciación, la prevención y la protección de la vida frente a una reacción alérgica grave que se manifiesta de forma súbita y que es
potencialmente mortal.
La anafilaxia requiere una actuación inmediata. Por ello, este Parlamento insta a los poderes públicos a reforzar las políticas de información, formación y respuesta ante emergencias alérgicas, especialmente en el ámbito educativo.
Con especial atención a los colectivos más vulnerables y en particular a los menores de edad, este Parlamento subraya la importancia de garantizar entornos seguros y preparados en los centros escolares, donde niñas y niños desarrollan gran
parte de su actividad diaria.
En este día, el Parlamento reconoce la labor de las asociaciones de pacientes, familias y profesionales sanitarios, y reafirma su compromiso de avanzar hacia una sociedad más consciente, segura, formada y solidaria frente a la anafilaxia.»
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000008
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha debatido el Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de
cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2026, publicado en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 446, de 5 de diciembre de 2025, habiendo procedido al rechazo de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno.
Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.