BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


16 de diciembre de 2025

Núm. 451

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión Constitucional


161/002830


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la revisión de honores, distinciones y denominaciones públicas vinculadas al Rey emérito Juan Carlos I, en el marco del 50 aniversario de su proclamación
... (Página6)


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/002836


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la dotación de recursos a la AMB para su sostenibilidad financiera ... (Página8)


161/002837


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al refuerzo urgente y estructural de las oficinas de extranjería para garantizar una aplicación eficaz del nuevo Reglamento y el respeto a los derechos
de las personas migrantes ... (Página12)


Comisión de Interior


161/002824


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar la disolución de las organizaciones ligadas al movimiento Antifa, así como su inclusión en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea ...
(Página15)


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


161/002825


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a reforzar los servicios ferroviarios entre Euskadi y Madrid, así como relanzar el servicio ferroviario nocturno entre Lisboa y Hendaya ... href='#(Página17)'>(Página17)


161/002841


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para garantizar una solución integral y urgente para la movilidad entre Cabanas y Pontedeume ante la paralización de las obras del Puente de Piedra ... href='#(Página18)'>(Página18)


Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes


161/002840


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al reconocimiento y creación de la especialidad docente del profesorado de lengua asturiana y literatura ... (Página22)

Página 2

Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/002835


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la creación de un mecanismo independiente para la supervisión y evaluación de la gestión migratoria ... (Página25)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/002833


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las actuaciones y previsiones del Gobierno frente a los primeros brotes de peste porcina africana en Cataluña ... href='#(Página29)'>(Página29)


161/002834


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa del sector olivar en Extremadura ... (Página31)


161/002838


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a proteger al sector porcino español de la peste porcina africana a través de la gestión cinegética del jabalí ... (Página33)


Comisión de Sanidad


161/002839


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución efectiva de avances en el abordaje integral y multidisciplinar del Trastorno por Déficit de Atención e Iperactividad en el Sistema
Nacional de Salud ... (Página36)


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/002828


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la modificación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, para dotar de carácter obligatorio al objetivo de alcanzar una
inversión pública equivalente al 1% del PIB en el sistema universitario ... (Página37)


161/002829


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre el fortalecimiento de la supervisión y el aseguramiento de la calidad en universidades privadas y de las nuevas titulaciones ... href='#(Página39)'>(Página39)


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/002831


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar una cooperación internacional con perspectiva climática y protagonismo infanto-juvenil ... (Página40)


Comisión de Juventud e Infancia


161/002832


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a atajar el abandono de los menores extranjeros ... (Página42)


Comisión sobre Seguridad Vial


161/002823


PProposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la suspensión de la obligatoriedad de las balizas V-16 por la falta de evidencia suficiente sobre sus beneficios para la seguridad vial ... href='#(Página44)'>(Página44)


161/002827


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar una implantación segura, eficaz y basada en la evidencia, de la señal luminosa V-16 como dispositivo obligatorio de preseñalización de
emergencias ... (Página46)

Página 3

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/031352


Autor: Ibáñez Mezquita, Alberto Dinero público que ha costado el viaje de Estado de los Reyes a China los días 11, 12 y 13/11/2025 y empresarios que los acompañaron en el citado viaje ... (Página48)


184/031395


Autor: Cofiño Fernández, Rafael Previsiones acerca de realizar los cambios normativos pertinentes para incorporar la posibilidad de crear especialidades docentes de lengua asturiana y eonaviego y para garantizar la estabilidad y el
reconocimiento profesional del personal docente ... (Página49)


184/031508


Autor: Lorente Anaya, Macarena Romaní Cantera, José Ignacio Gallardo Barrena, Pedro Ignacio Sastre Uyá, Miguel Ángel Puy Fraga, Pedro Rodríguez Serra, Santi Cálculo del impacto recaudatorio de la desaparición de la verja de Gibraltar ...
(Página50)


184/031511


Autor: Lorente Anaya, Macarena Romaní Cantera, José Ignacio Gallardo Barrena, Pedro Ignacio Sastre Uyá, Miguel Ángel Puy Fraga, Pedro Rodríguez Serra, Santi Evaluación por el Gobierno mediante la elaboración de un estudio o informe de la
forma en la que la desaparición de la verja de Gibraltar podría alterar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de transparencia fiscal y lucha contra el blanqueo ... (Página51)


184/031546


Autor: Lorente Anaya, Macarena Reynal Reillo, Esperanza Noriega Gómez, Javier Pascual Rocamora, Sandra Cavacasillas Rodríguez, Antonio Quintana Carballo, Rosa Clemente Muñoz, Raquel Gallardo Barrena, Pedro Ignacio Sánchez Ojeda, Carlos
Alberto Velasco Morillo, Elvira Pérez Recuerda, Isabel Gema Folch Blanc, Javier José Franco González, Silvia Realización por el Gobierno de informe para evaluar sobre el impacto del Real Decreto 1056/2024, de 15 de octubre, en el conjunto del sector
de ONGD, especialmente en su equilibrio y diversidad ... (Página52)


184/031550


Autor: Lorente Anaya, Macarena Reynal Reillo, Esperanza Noriega Gómez, Javier Pascual Rocamora, Sandra Cavacasillas Rodríguez, Antonio Quintana Carballo, Rosa Clemente Muñoz, Raquel

Página 4

Gallardo Barrena, Pedro Ignacio Sánchez Ojeda, Carlos Alberto Velasco Morillo, Elvira Pérez Recuerda, Isabel Gema Folch Blanc, Javier José Franco González, Silvia Realización de memoria justificativa completa que permita acreditar las
razones de interés público para las subvenciones directas de cooperación ... (Página53)


184/031565


Autor: Lorente Anaya, Macarena Reynal Reillo, Esperanza Noriega Gómez, Javier Pascual Rocamora, Sandra Cavacasillas Rodríguez, Antonio Quintana Carballo, Rosa Clemente Muñoz, Raquel Gallardo Barrena, Pedro Ignacio Sánchez Ojeda, Carlos
Alberto Velasco Morillo, Elvira Pérez Recuerda, Isabel Gema Folch Blanc, Javier José Franco González, Silvia Análisis sectorial sobre las áreas temáticas que podrían verse más beneficiadas o perjudicadas por la concesión directa de subvenciones de
cooperación internacional ... (Página55)


184/031567


Autor: Lorente Anaya, Macarena Reynal Reillo, Esperanza Noriega Gómez, Javier Pascual Rocamora, Sandra Cavacasillas Rodríguez, Antonio Quintana Carballo, Rosa Clemente Muñoz, Raquel Gallardo Barrena, Pedro Ignacio Sánchez Ojeda, Carlos
Alberto Velasco Morillo, Elvira Pérez Recuerda, Isabel Gema Folch Blanc, Javier José Franco González, Silvia Valoración acerca de si la modalidad de subvenciones directas de cooperación internacional favorecerá de forma desproporcionada a ONGD de
gran tamaño o con redes internacionales, así como realización de algún estudio previo o simulación que respalde la ausencia de brechas entre ambos perfiles ... (Página56)


184/031568


Autor: Lorente Anaya, Macarena Reynal Reillo, Esperanza Noriega Gómez, Javier Pascual Rocamora, Sandra Cavacasillas Rodríguez, Antonio Quintana Carballo, Rosa Clemente Muñoz, Raquel Gallardo Barrena, Pedro Ignacio Sánchez Ojeda, Carlos
Alberto Velasco Morillo, Elvira Pérez Recuerda, Isabel Gema

Página 5

Folch Blanc, Javier José Franco González, Silvia Mapa de riesgos específico del que dispone la AECID para las subvenciones directas de cooperación internacional ... (Página57)


Otros textos


PREMIOS


292/000015


Concesión del VII premio «Josefina Carabias» de periodismo parlamentario ... (Página59)

Página 6

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Comisión Constitucional


161/002830


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR


Proposición no de Ley sobre la revisión de honores, distinciones y denominaciones públicas vinculadas al Rey emérito Juan Carlos I, en el marco del 50 aniversario de su proclamación.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el último guion procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la presente Proposición no de Ley sobre la revisión de honores, distinciones y
denominaciones públicas vinculadas al rey emérito Juan Carlos I, en el marco del 50 aniversario de su proclamación, para su debate en Comisión.

Página 7

Exposición de motivos


El 22 de noviembre de 2025 se cumplieron cincuenta años de la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España ante las Cortes franquistas. Con este motivo, el Congreso de los Diputados celebró el viernes 21 de noviembre un acto
institucional «50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia», con la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, así como de otras autoridades y personalidades de referencia.


El acto buscaba poner en valor la contribución de la Monarquía parlamentaria a la consolidación de la democracia. Sin embargo, Juan Carlos I —protagonista histórico de la efeméride— no fue invitado a la ceremonia, una exclusión que revela
la clara distancia institucional que el propio Estado y los poderes públicos han establecido respecto de su figura.


Esta exclusión —que se suma a la retirada en 2020 de su asignación presupuestaria con cargo a la Casa Real y al cese de toda su agenda institucional— se fundamenta en los episodios de controversias fiscales, financieras y éticas acumulados
en los últimos años. Entre ellos figuran su decisión de fijar residencia en Abu Dabi, las regularizaciones fiscales voluntarias por ingresos no declarados y las investigaciones relativas a fondos en el extranjero y estructuras opacas. Aunque
algunos de estos procedimientos hayan sido archivados por razones procesales, su impacto público ha erosionado la ejemplaridad que se presume de quienes encaman la Jefatura del Estado, afectando también a la imagen y credibilidad de las
instituciones constitucionales. En un sistema parlamentario en el que la Corona ejerce un papel estrictamente simbólico y representativo, la confianza y la integridad pública constituyen elementos esenciales para preservar su legitimidad.


Esta conmemoración tuvo lugar, además, un día después del 20 de noviembre, fecha en que se cumplieron cincuenta años de la muerte de Francisco Franco. La proximidad de ambas efemérides subraya la necesidad de revisar críticamente el
significado y la vigencia de los símbolos públicos heredados, reforzando la coherencia entre memoria democrática y ejemplaridad Institucional.


Sin embargo, pese a este claro distanciamiento institucional, el nombre del rey emérito continúa presente en universidades públicas, hospitales, infraestructuras, centros de investigación, espacios públicos, vías urbanas y demás
denominaciones oficiales. Esta pervivencia nominal resulta especialmente llamativa en servicios esenciales sometidos a importantes limitaciones organizativas y presupuestarias, como la Universidad Rey Juan Carlos —que aún afronta el estigma del
caso Cifuentes a pesar de la reestructuración interna— o el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, cuyo personal desarrolla su labor en un contexto de presión asistencial creciente.


Estas situaciones evidencian una disonancia democrática evidente: instituciones públicas que afrontan carencias estructurales y limitaciones presupuestarias mantienen el nombre de quien ha sido apartado de la vida institucional por su
conducta fiscal y financiera. Mientras el Estado se distancia de su figura, estos centros siguen vinculados simbólicamente a ella, una contradicción que erosiona la coherencia y credibilidad del sistema público.


Los principios de integridad pública, ejemplaridad y coherencia simbólica forman parte del núcleo del Estado social y democrático de Derecho. La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, exige a quienes
ejercen funciones públicas el respeto a los principios de responsabilidad e integridad. Por su parte, la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, promueve la revisión de símbolos, distinciones y denominaciones públicas incompatibles con los valores
democráticos o con una memoria pública respetuosa y plural.


En este contexto, la continuidad de honores, distinciones o denominaciones vinculadas al rey emérito resulta incompatible con el propio distanciamiento institucional expresado por los poderes del Estado, lo que evidencia una inconsistencia
que debe ser

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corregida para reforzar la credibilidad institucional y la ejemplaridad que la ciudadanía exige legítimamente.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Retirar, en el ámbito de la Administración General del Estado y su sector público institucional, las denominaciones oficiales —instituciones, centros, infraestructuras, organismos, unidades, premios o equipamientos— que lleven el nombre
'Juan Carlos I' o 'Rey Juan Carlos I', procediendo a su sustitución por otras acordes con los principios de ejemplaridad, integridad y ética pública.


— Revisar los honores, condecoraciones, distinciones y títulos honoríficos otorgados por el Estado a Juan Carlos I, adoptando las medidas oportunas para su retirada, suspensión o anulación conforme a la normativa vigente.


— Promover, mediante los mecanismos de cooperación con las Comunidades Autónomas —incluidas las conferencias sectoriales competentes— la revisión y retirada de las denominaciones de universidades, centros educativos, hospitales, centros de
investigación, infraestructuras y demás equipamientos públicos que lleven el nombre de Juan Carlos I.


— Instar, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a que las entidades locales revisen y retiren las denominaciones de calles, espacios públicos, instalaciones o distinciones municipales vinculadas a Juan Carlos
I, facilitando criterios y apoyo jurídico para su modificación.


— Presentar ante la Comisión competente del Congreso, en un plazo máximo de seis meses, un informe detallado sobre el grado de avance de lo previsto en esta Proposición no de Ley.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2025.—Teslem Andala Ubbi, Viviane Ogou i Corbi, Alda Recas Martín y Francisco Sierra Caballero, Diputados.—Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR.


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/002836


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la diputada Pilar Vallugera i Balañà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
dotación de recursos a la AMB para su sostenibilidad financiera, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


Exposición de motivos


El tributo metropolitano es el único impuesto directo y una de las principales fuentes de financiación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El presupuesto de 2025 preveía una recaudación por este tributo de 132 millones de euros, un
9,5 % del total. Supone, pues, un volumen de recursos esencial para tejer la tercera mayor área metropolitana de la Unión Europea, prestando servicios en vivienda, residuos, movilidad y transporte, y contribuyendo a la descarbonización.

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Pese a tratarse de un impuesto y no de una tasa ligada a una única contraprestación, el Tributo Metropolitano es una fuente de financiación clave para todos los servicios públicos que presta el AMB. Entre ellos, los de transporte público,
que representan una tercera parte del gasto total del ente metropolitano y que han sufrido durante décadas una grave infrafinanciación por parte del Estado. Entre 2018 y 2023, bajo gobiernos del Partido Socialista, se han dejado de invertir por
parte del sector público estatal más de 2500 millones de euros en Cataluña. El pasado año, en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias, el Gobierno español invirtió menos de 2 de cada 10 euros presupuestados. En un contexto donde los precios
de la vivienda expulsan a una parte de la ciudadanía fuera de Barcelona, los retrasos e incidencias en Rodalies derivados de este incumplimiento les pone las cosas aún más difíciles.


Desde 2020, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se han pronunciado con varias sentencias en contra de la Ordenanza Fiscal del Tributo Metropolitano. Si bien han validado la naturaleza del Tributo Metropolitano
como recargo del IBI, han negado la competencia del AMB para introducir modificaciones normativas en la normativa estatal de este impuesto, anulando una serie de artículos de la Ordenanza Fiscal del Tributo Metropolitano que favorecían a la clase
trabajadora metropolitana y gravaba a aquellos con más recursos.


En concreto, los tribunales han hecho decaer la exención de pagar el Tributo Metropolitano a los propietarios de una primera residencia con valor catastral por debajo de los 49 000 euros, así como a los propietarios de bienes rústicos.
Ambos grupos tendrán que abonar a partir del año que viene este tributo. Además, se anulan los tipos diferenciados que se aplicaban a los propietarios de los bienes inmuebles de mayor valor catastral, dando la razón a empresas como Endesa, Naturgy
o Enagás, que han recurrido a los tribunales las distintas ordenanzas del Tributo Metropolitano.


Las sentencias judiciales, en definitiva, han cuestionado el modelo fiscal del AMB por el que las empresas energéticas contribuían en mayor proporción a la financiación de los servicios públicos que la clase trabajadora con inmuebles de uso
como primera residencia.


Para cumplir con las decisiones judiciales, el Consejo Metropolitano ha aprobado unas ordenanzas fiscales que suponen una pérdida de recaudación de 40 millones de euros para 2026, cerca de un 3 % del presupuesto del AMB. Además de renunciar
a una parte sustancial de los recursos propios, el AMB se ha visto obligada a aplicar un gravamen único, homogeneizando el régimen fiscal para todos los contribuyentes. Esta equiparación de tipos del Tributo Metropolitano es contraria a la justicia
y progresividad fiscal y no permite tener en cuenta las diferencias entre municipios metropolitanos a la hora de fijar el valor catastral de sus inmuebles ni tampoco los servicios públicos que reciben por parte del AMB.


Las sentencias judiciales relativas al Tributo Metropolitano amenazan la sostenibilidad financiera del AMB y la continuidad de unos servicios públicos esenciales, lo que reclama una respuesta urgente por parte del Gobierno del Estado. Así
lo ha reconocido el Síndic de Greuges, que ha pedido dotar al AMB de mayor capacidad financiera para generar ingresos propios y aumentar las transferencias que recibe de otras administraciones. Ante las sentencias desfavorables, el AMB ha mantenido
conversaciones con el Ministerio de Hacienda para tramitar una reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales pero no se ha recibido ninguna propuesta de solución concreta.


Por todo esto se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Reformar el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para permitir a las áreas metropolitanas regular y fijar exenciones,

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reducciones y tipos de gravamen distintos a los bienes inmuebles a los que se aplica el recargo sobre el IBI.


2. Mientras se tramita la reforma legislativa, ofrecer un mecanismo de financiación extraordinaria en el AMB para 2026, que compense la pérdida de recaudación derivada de la aplicación de las sentencias judiciales sobre el tributo
metropolitano.


3. Llevar a cabo las inversiones previstas y no ejecutadas en Cataluña durante el período 2018-2023, especialmente en el ámbito ferroviario, y cumplir los acuerdos políticos ya firmados que deben asegurar el cumplimiento del Estado con sus
compromisos de inversión en Cataluña, que deben ser proporcionales al peso relativo sobre el PIB estatal.


4. Llevar a cabo una reforma del modelo de financiación local para mejorar la participación de los ayuntamientos en los impuestos del Estado y asegurar una financiación digna de los servicios públicos. Modificar, también, la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para permitir a los ayuntamientos hacer uso de sus remanentes y flexibilizar la regla de gasto de acuerdo con el nuevo marco fiscal de la Unión Europea.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2025.—Pilar Vallugera i Balañá, Diputada.—Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, a l’empara del que s’estableix en l’article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la dotació
de recursos a l’AMB per a la seva sostenibilitat financera per al seu debat en la Comissió d’Hisenda i Funció Pública.


Exposició de motius


El tribut metropolità és l’únic impost directe i una de les principals fonts de finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El pressupost de 2025 preveia una recaptació per aquest tribut de 132 milions d’euros, un 9,5 % del
total. Suposa, doncs, un volum de recursos essencial per teixir la tercera àrea metropolitana més gran de la Unió Europea, prestant serveis en habitatge, residus, mobilitat i transport, i contribuint a la descarbonització.


Tot i tractar-se d’un impost i no d’una taxa lligada a una única contraprestació, el Tribut Metropolità és una font de finançament clau per a tots els serveis públics que presta l’AMB. Entre ells, els de transport públic, que representen
una tercera part de la despesa total de l’ens metropolità i que han patit durant dècades un greu infrafinançament per part de l’Estat. Entre 2018 i 2023, sota governs del Partit Socialista, s’han deixat d’invertir per part del sector públic estatal
més de 2.500 milions d’euros a Catalunya. L’any passat, en l’àmbit de les infraestructures ferroviàries, el govern espanyol ha invertit menys de 2 de cada 10 euros pressupostats. En un context on els preus de l’habitatge expulsen una part de la
ciutadania a fora de Barcelona, els retards i incidències a Rodalies derivats d’aquest incompliment els fa les coses encara més difícils.


Des del 2020, el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’han pronunciat amb diverses sentències en contra de l’Ordenança Fiscal del Tribut Metropolità. Si bé han validat la naturalesa del Tribut Metropolità com a
recàrrec a l’IBI, han negat la competència de l’AMB per introduir modificacions normatives a la normativa estatal d’aquest impost, anul·lant una sèrie d’articles de l’Ordenança Fiscal del Tribut

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Metropolità que afavorien la classe treballadora metropolitana i gravava aquells amb més recursos.


En concret, els tribunals han fet decaure l’exempció de pagar el Tribut Metropolità als propietaris d’una primera residència amb valor cadastral per sota dels 49.000 euros, així com als propietaris de béns rústics. Tots dos grups hauran
d’abonar a partir de l’any que ve aquest tribut. A més, s’anul·len els tipus diferenciats que s’aplicaven als propietaris dels béns immobles de major valor cadastral, donant la raó a empreses com Endesa, Naturgy o Enagás, que han recorregut als
tribunals les diferents ordenances del Tribut Metropolità.


Les sentències judicials, en definitiva, han qüestionat el model fiscal de l’AMB pel qual les empreses energètiques contribuïen en major proporció al finançament dels serveis públics que la classe treballadora amb immobles d’ús com a primera
residència.


Per complir amb les decisions judicials, el Consell Metropolità ha aprovat unes ordenances fiscals que suposen una pèrdua de recaptació de 40 milions d’euros per al 2026, vora un 3 % del pressupost de l’AMB. A més de renunciar a una part
substancial dels recursos propis, l’AMB s’ha vist obligada a aplicar un gravamen únic, homogeneïtzant el règim fiscal per a tots els contribuents. Aquesta equiparació de tipus del Tribut Metropolità és contrària a la justícia i progressivitat
fiscal i no permet tenir en compte les diferències entre municipis metropolitans a l’hora de fixar el valor cadastral dels seus immobles ni tampoc els serveis públics que reben per part de l’AMB.


Les sentències judicials relatives al Tribut Metropolità amenacen la sostenibilitat financera de l’AMB i la continuïtat d’uns serveis públics essencials, fet que reclama una resposta urgent per part del Govern de l’Estat. Així ho ha
reconegut el Síndic de Greuges, que ha demanat dotar l’AMB de més capacitat financera per a generar ingressos propis i augmentar les transferències que rep d’altres administracions. En vista de les sentències desfavorables, l’AMB ha mantingut
converses amb el Ministeri d’Hisenda per tramitar una reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals però no s’ha rebut cap proposta de solució concreta.


Per tot això es presenta la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a:


1. Reformar l’article 153 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per permetre a les àrees metropolitanes regular i fixar exempcions, reduccions i tipus de gravamen diferents als béns immobles als que s’aplica el
recàrrec sobre l’IBI.


2. Mentre es tramita la reforma legislativa, oferir un mecanisme de finançament extraordinari a l’AMB per a 2026, que compensi la pèrdua de recaptació derivada de l’aplicació de les sentències judicials sobre el tribut metropolità.


3. Dur a terme les inversions previstes i no executades a Catalunya durant el període 2018-2023, especialment en l’àmbit ferroviari, i complir els acords polítics ja signats que han d’assegurar el compliment de l’Estat amb els seus
compromisos d’inversió a Catalunya, que han de ser proporcionals al pes relatiu sobre el PIB estatal.


4. Dur a terme una reforma del model de finançament local per millorar la participació dels ajuntaments en els impostos de l’Estat i assegurar un finançament digne dels serveis públics. Modificar, també, la Llei d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera per permetre als ajuntaments fer ús dels seus romanents i per flexibilitzar la regla de despesa d’acord amb el nou marc fiscal de la Unió Europea.»


Congrés dels Diputats, 3 desembre de 2025.—Pilar Vallugera i Balañá, Diputada.—Gabriel Rufián Romero, Portaveu del G. P. Republicá.

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161/002837


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo urgente y estructural de las oficinas de extranjería
para garantizar una aplicación eficaz del nuevo Reglamento y el respeto a los derechos de las personas migrantes, para su discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública


Exposición de motivos


Las oficinas de extranjería son las encargadas de gestionar procedimientos esenciales para el reconocimiento de derechos de personas extranjeras en España: autorizaciones de residencia, trabajo, reagrupaciones familiares, renovaciones, o
recursos, entre otros.


Durante años, el sistema ha funcionado con graves carencias estructurales: plantillas desactualizadas, altísima rotación de personal, retribuciones de media más bajas que en otras oficinas, falta de formación adecuada, sistemas informáticos
obsoletos, y desigualdad territorial en la tramitación de expedientes. Se trata de una situación de infradotación en recursos humanos y técnicos vinculados al correcto funcionamiento de la función pública. A todo ello se suma un sistema de cita
previa ineficaz, expuesto a prácticas fraudulentas como la venta de citas, que actúa como una barrera para acceder a la Administración.


Según datos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, en 2024 se resolvieron 1.232.935 expedientes, y sin embargo, el tiempo medio de resolución ha pasado de 22 días hábiles a 47 días en 2025, llegando hasta los 76 días en
provincias como Barcelona. Además, el 30 % de los puestos siguen vacantes y las plantillas actuales datan de 2006, cuando la población extranjera era un 62 % menor. La consecuencia directa es que miles de personas quedan atrapadas en un limbo
burocrático, sin acceso efectivo a sus derechos.


Según datos del Gobierno, en primavera se puso en marcha un programa temporal de refuerzo de las OEX para hacer frente a los expedientes derivados de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería. El programa tiene una duración
inicial de 18 meses prorrogables y se ha concretado en la incorporación de un total de 250 efectivos distribuidos en las 25 OEX en la que se prevé mayor impacto; este personal además puede, de manera deslocalizada, grabar, tramitar e informar de
las solicitudes presentadas en cualquiera del resto de las 27 OEX que precisen de apoyo.


El número de puestos de estructura en las OEX ascendería a 1.880 y el número total de puestos ocupados en las OEX es de 1.712 puestos, por lo quedarían según el Gobierno 168 puestos vacantes


Asimismo, no existe una unificación de criterios entre oficinas de diferentes provincias, lo que provoca desigualdades en los plazos, en la interpretación del reglamento y en los resultados de las solicitudes, con personas que tienen más o
menos posibilidades de éxito según la oficina que tramite su expediente.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aprobar un plan de refuerzo urgente y estructural, no temporal, de las oficinas de extranjería, que garantice la cobertura completa y permanente de todas las plazas necesarias, y la adaptación de las plantillas a la nueva realidad
regulatoria y demográfica.

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2. Dotar al personal destinado en extranjería de condiciones laborales y retributivas dignas, que permitan reducir la alta rotación y atraer a profesionales cualificados, en igualdad con otros cuerpos como SEPE, Seguridad Social o la
Agencia Tributaria.


3. Asegurar la formación previa, continua y especializada del personal de extranjería, especialmente en relación con el nuevo reglamento y los sistemas de tramitación digital, mediante planes de formación obligatoria y actualizada.


4. Modernizar de forma urgente los sistemas informáticos de gestión de expedientes, garantizando su operatividad desde el primer día de aplicación normativa, e incorporando herramientas interoperables entre oficinas y administraciones
públicas.


5. Homogeneizar los procedimientos administrativos y criterios de aplicación en todas las oficinas, mediante la publicación de instrucciones comunes, protocolos unificados y auditorías internas periódicas.


6. Auditar públicamente el funcionamiento de las oficinas de extranjería, con la participación de organizaciones sindicales, sociales y expertos independientes, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la equidad y el respeto a los
derechos fundamentales.


7. Reformar el sistema de cita previa, asegurando su transparencia, accesibilidad y trazabilidad para eliminar el fraude y garantizar que ninguna persona quede excluida del sistema por falta de acceso a una cita.


8. Establecer mecanismos de seguimiento del impacto del nuevo reglamento en la carga de trabajo de las oficinas, con informes trimestrales públicos que permitan evaluar la evolución del sistema y ajustar los recursos de forma dinámica.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2025.—Viviane Ogou i Corbi, Diputada.—Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei relativa al reforç urgent i estructural de les oficines d'estrangeria per a
garantir una aplicació eficaç del nou Reglament i el respecte als drets de les persones migrants, per a la seva discussió en la Comissió d'Hisenda i Funció Pública.


Exposició de motius


Les oficines d'estrangeria són les encarregades de gestionar procediments essencials per al reconeixement de drets de persones estrangeres a Espanya: autoritzacions de residència, treball, reagrupacions familiars, renovacions, o recursos,
entre altres.


Durant anys, el sistema ha funcionat amb greus mancances estructurals: plantilles desactualitzades, altíssima rotació de personal, retribucions de mitjana més baixes que en altres oficines, falta de formació adequada, sistemes informàtics
obsolets, i desigualtat territorial en la tramitació d'expedients. Es tracta d'una situació d'infradotació en recursos humans i tècnics vinculats al correcte funcionament de la funció pública. A tot això se suma un sistema de cita prèvia ineficaç,
exposat a pràctiques fraudulentes com la venda de cites, que actua com una barrera per a accedir a l'Administració.


Segons dades de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO, en 2024 es van resoldre 1.232.935 expedients, i no obstant això, el temps mitjà de resolució ha passat de 22 dies hàbils a 47 dies en 2025, arribant fins als 76 dies en
províncies com Barcelona. A més, el 30 % dels llocs segueixen vacants i les plantilles actuals daten de 2006, quan la població estrangera era un 62 % menor. La conseqüència directa és que milers de persones queden atrapades en uns llimbs
burocràtics, sense accés efectiu als seus drets.

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Segons dades del Govern, a la primavera es va posar en marxa un programa temporal de reforç de les OEX per a fer front als expedients derivats de l'entrada en vigor del nou Reglament d'Estrangeria. El programa té una durada inicial de 18
mesos prorrogables i s'ha concretat en la incorporació d'un total de 250 efectius distribuïts en les 25 OEX en la qual es preveu major impacte; aquest personal a més pot, de manera deslocalitzada, gravar, tramitar i informar de les sol·licituds
presentades en qualsevol de la resta de les 27 OEX que precisin de suport.


El nombre de llocs d'estructura en les OEX ascendiria a 1.880 i el nombre total de llocs ocupats en les OEX és de 1.712 llocs, pel que quedarien segons el Govern 168 llocs vacants.


Així mateix, no existeix una unificació de criteris entre oficines de diferents províncies, la qual cosa provoca desigualtats en els terminis, en la interpretació del reglament i en els resultats de les sol·licituds, amb persones que tenen
més o menys possibilitats d'èxit segons l'oficina que tramiti el seu expedient.


Per tot això, el Grup Parlamentari Plurinacional Sumar presenta la següent


Proposició no de llei


«El Congrés dels Diputats insta el Govern a:


1. Aprovar un pla de reforç urgent i estructural, no temporal, de les oficines d'estrangeria, que garanteixi la cobertura completa i permanent de totes les places necessàries, i l'adaptació de les plantilles a la nova realitat reguladora i
demogràfica.


2. Dotar al personal destinat en estrangeria de condicions laborals i retributives dignes, que permetin reduir l'alta rotació i atreure a professionals qualificats, en igualtat amb altres cossos com SEPE, Seguretat Social o l'Agència
Tributària.


3. Assegurar la formació prèvia, contínua i especialitzada del personal d'estrangeria, especialment en relació amb el nou reglament i els sistemes de tramitació digital, mitjançant plans de formació obligatòria i actualitzada.


4. Modernitzar de manera urgent els sistemes informàtics de gestió d'expedients, garantint la seva operativitat des del primer dia d'aplicació normativa, i incorporant eines interoperables entre oficines i administracions públiques.


5. Homogeneïtzar els procediments administratius i criteris d'aplicació en totes les oficines, mitjançant la publicació d'instruccions comunes, protocols unificats i auditories internes periòdiques.


6. Auditar públicament el funcionament de les oficines d'estrangeria, amb la participació d'organitzacions sindicals, socials i experts independents, amb l'objectiu de millorar l'eficiència, l'equitat i el respecte als drets fonamentals.


7. Reformar el sistema de cita prèvia, assegurant la seva transparència, accessibilitat i traçabilitat per a eliminar el frau i garantir que cap persona quedi exclosa del sistema per falta d'accés a una cita.


8. Establir mecanismes de seguiment de l'impacte del nou reglament en la càrrega de treball de les oficines, amb informes trimestrals públics que permetin avaluar l'evolució del sistema i ajustar els recursos de manera dinàmica.»


Congrés dels Diputats, 4 desembre de 2025.—Viviane Ogou i Corbi, Diputada.—Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grup Parlamentari Pluricional SUMAR.

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Comisión de Interior


161/002824


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega-Smith Molina, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la disolución de las organizaciones ligadas al movimiento Antifa, así como su inclusión en el listado de organizaciones
terroristas de la Unión Europea, para su discusión en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Al igual que otros países, España está siendo víctima de una escalada de violencia política auspiciada por grupos de extrema izquierda. Así, bajo la falsa idea de combatir el «fascismo», se han constituido una plétora de organizaciones y
asociaciones cuyo único objeto es la utilización de la violencia de diversa índole contra sus rivales políticos. De hecho, son múltiples los incidentes que corroboran este extremo.


A escala local, diversos incidentes ilustran ese patrón de acciones: en Vallecas (Madrid)1, grupos contrarios a VOX arrojaron objetos contra un mitin y la Policía dispersó a los concentrados el 7 de abril de 2021; en Bilbao (Deusto)2,
desconocidos apedrearon la sede de VOX con militantes en el interior la noche del 21-22 de mayo de 2019; en Cataluña3, entre el 23-25 de abril de 2023, grupos separatistas y de extrema izquierda boicotearon carpas de Sant Jordi y agredieron a
simpatizantes; en Castellón (C. Valenciana)4, el 4 de junio de 2024, autores no identificados vandalizaron una sede con pintura y rompieron cristales; en Vitoria (Álava)5, el 10 de septiembre de 2025, desconocidos pintaron «nazis» y arrojaron
pintura roja contra la sede; y en Sevilla (Andalucía)6, el 18 de octubre de 2025, VOX denunció un intento de boicot a una carpa informativa por parte de individuos de extrema izquierda.


El último ejemplo se produjo el pasado 30 de octubre, cuando un grupo de radicales pertenecientes a movimientos de extrema izquierda agredieron brutalmente a un periodista en Pamplona. Estos individuos violentos fueron convocados por
organizaciones como Ernai (juventudes de Sortu), GKS (Coordinadora Juvenil Socialista) y Jardun7. Dichos grupos, de ideología marxista, han sido auspiciados durante décadas por partidos políticos separatistas y comunistas8.


Por otro lado, la situación adquiere tintes preocupantes cuándo es el propio Gobierno quien participa en este proceso de blanqueamiento. Un ejemplo paradigmático es el indulto a dos individuos que fueron condenados por el Tribunal Supremo a
cuatro años y nueve meses por «manifestarse en contra de un mitin de VOX y agredir a la policía en 1 Acceso: https://elpais.com/espana/2021-04-07/la-policia-carga-contra-grupos-de-manifesta....


2 Acceso: https://www.elindependiente.com/política/2019/05/22/atacan-a-pedradas-la-sede-vo....


3 Acceso: https://theobjective.com/espana/politica/2023-04-25/sant-iordi-ataques/.


4 Acceso: https://www.eldebate.com/espana/comunidad-valenciana/20240604/atacan-sede-vox-ca....


5 Acceso: https://www.infobae.com/espana/agencias/2025/09/10/desconocidos-escriben-la-pala....


6 Acceso: https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-vox-denuncia-intento-....


7 Acceso: https://www.elmundo.es/espana/2025/10/31/69049157fdddff526b8b458e.html.


8 Por ejemplo, la GKS, aboga abiertamente por la violencia, como la sufrida por el citado periodista, al igual que Sare Antifaxista, que se autodenomina como «una red antifascista del País Vasco fundada en 2005 con la intención de combatir
los movimientos de ultraderecha».

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enero de 2019»9. En concreto, fueron agredidos seis miembros del Cuerpo Nacional de Policía, se quemaron tres contenedores y cinco coches fueron dañados.


En relación con esto último, también se ha de recordar cómo el Gobierno alentó y consintió los episodios de caos y violencia vividos en Madrid el pasado 14 de septiembre, cuando grupos de extrema izquierda perfectamente organizados
interrumpieron la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, dejando a 22 agentes de la Policía Nacional heridos10.


Segundo. La declaración como organización terrorista.


Constatado el amplio historial violento del movimiento Antifa y con el objetivo hacerle frente, en los últimos años se han registrado iniciativas parlamentarias en varias instituciones de EE. UU.11, Países Bajos12, Alemania13 y Parlamento
Europeo14.


Además, y en atención del ideal subversivo que subyace tras dicho movimiento, el pasado 22 de septiembre de 2025 el Presidente de los Estados Unidos declaró a «Antifa» como organización terrorista15.


En esta misma línea, en septiembre de 2025, el Gobierno húngaro publicó un decreto en el que estableció una lista nacional de organizaciones terroristas y declaró al movimiento Antifa como organización terrorista16. Del mismo modo, a través
de su ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, remitió una carta a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad cuyo objeto era la declaración del movimiento Antifa como organización terrorista17.


España no puede ser ajena a esta tendencia, por ello, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de lucha contra el terrorismo, así como a la vista de lo pernicioso que supone para los españoles la pervivenda del
movimiento Antifa, el Gobierno de la Nación debe tomar las medidas necesarias para promover su ilegalización.


A este respecto, cabe recordar que la Constitución dispone que «se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar» (art. 22.5) y que, a su vez, el Código Penal tipifica los delitos de terrorismo (art. 573 y ss.), así como
la organización o grupo criminal (arts. 570 bis y 570 ter) y las asociaciones ilícitas (art. 515).


Asimismo, dado que como Estado miembro de la Unión Europea España aplica la lista europea de personas, grupos y entidades terroristas (Posición Común 2001/931/PESC)18, resulta necesario promover la inclusión del movimiento Antifa y sus
asociaciones ligadas en dicho listado.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


9 Acceso: https://www.elmundo.es/aragon/2025/09/23/68d27f7ffdddff4c708b45b4.html.


10 Acceso: https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20250914/1105909Q/mas-veintena-policia.... y https://www.eldebate.com/deportes/20250914/izquierda-radical-arruina-fin-vuelta-....


11 Acceso: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-resolution/26/text.


12 Acceso: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?did=2025D40130&id=2025Z17241.


13 Acceso: https://dserver.bundestag.de/btd/21/022/2102221.pdf.


14 Acceso: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2023-0187_EN.html.


15 En su Orden Ejecutiva, el presidente estadounidense definió a Antifa en los siguientes términos: «Antifa es una organización militarista y anarquista que aboga explícitamente por el derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos, las
autoridades policiales y nuestro sistema legal. Utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional con el fin de alcanzar estos objetivos». Acceso:
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/designating-antifa-as-a-....


16 Acceso: https://magvarkozlony.hu/dokumentumok/6f07af545ec9d5b6cdda95e0e164edba1e2235a4/m....


17 Acceso: https://dailynewshungary.com/orban-antifa-movement-terrorism-hungary/.


18 Acceso: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0093:0096:E....

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Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados:


1. Condena enérgicamente la violencia ejercida por el movimiento de extrema izquierda Antifa, que socava el Estado de Derecho, el orden democrático y la seguridad de los españoles.


2. Insta al Gobierno a cesar en su permanente conducta de blanqueamiento de la violencia ejercida por parte de asociaciones vinculadas al movimiento de extrema izquierda Antifa en España.


3. Insta al Gobierno a interesar al Ministerio Fiscal al ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la disolución de las organizaciones ligadas al movimiento de extrema izquierda Antifa, por su fomento, promoción e incitación al
odio y la violencia contra las personas, grupos y asociaciones, especialmente por razón de su ideología.


4. Insta igualmente al Gobierno a promover, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la inclusión del movimiento de extrema izquierda Antifa y sus asociaciones ligadas, en el listado de organizaciones terroristas de la Unión
Europea (2001/931/PESC).


5. Acuerda la reprobación del ministro del Interior, por su nefasta gestión en materia de política de seguridad y su actitud irresponsable al no defender a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con las
agresiones sufridas a manos de los miembros las organizaciones ligadas con el movimiento de extrema izquierda Antifa.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2025.—Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


161/002825


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a reforzar los servicios ferroviarios entre Euskadi
y Madrid, así como relanzar el servicio ferroviario nocturno entre Lisboa y Hendaya, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.


Exposición de motivos


El transporte ferroviario es esencial para la cohesión territorial de sostenibilidad y Euskadi no puede quedar al margen de una red ferroviaria moderna y competitiva. Reafirmar el compromiso de Euskadi con el ferrocarril como medio de
movilidad sostenible es fundamental para poder seguir avanzando en el desarrollo social, económico y de bienestar.


Desde el grupo parlamentario vasco creemos que no se trata únicamente de resolver un problema puntual de horarios, sino de fortalecer una apuesta estructural por el tren frente a otros modelos de transporte. El tren, el servicio ferroviario
para pasajeros, es clave para avanzar en una movilidad baja en emisiones, eficiente y socialmente equitativa, que conecte mejor los territorios sin tener que depender del vehículo privado.


La ciudadanía vasca demanda mejorar las conexiones ferroviarias entre Euskadi y Madrid, especialmente en las primeras horas de la mañana. Hay un diagnóstico compartido entre la ciudadanía sobre la carencia en los servicios ferroviarios de
largo

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recorrido que unen el territorio con la capital del Estado. Pongamos como el ejemplo la situación de conexiones entre Donostia o Vitoria-Gasteiz y Madrid, donde hoy por hoy no existe un tren que permita llegar a esta ciudad a primera hora
de la mañana. Esta es una limitación que condiciona la actividad económica, administrativa y, también, parte de vida cotidiana de muchos vascos y vascas, que deben desplazarse por motivos profesionales, académicos o personales a Madrid.


La falta de un servicio ferroviario temprano obliga a muchas personas que salen desde la capital gipuzkoana o alavesa a optar por otras alternativas que no son demasiado prácticas; o bien el autobús de madrugada o el tren Intercity, que no
llega a la estación de Chamartín hasta las 10 de la mañana.


Otro tema importante por abordar es también que, a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, en 2020, la operadora Renfe suspendió los servicios nocturnos de los trenes que operaban entre otros entre, Lisboa y Hendaya, como parte de las
medidas adoptadas para contener la pandemia. Sin embargo, una vez superada esta grave situación no se restableció este servicio.


Los trayectos nocturnos en ferrocarril que conectan ciudades europeas son algo común, pero esto no es una realidad en las conexiones con el Estado español y otras capitales y ciudades de la Unión Europea.


La Comisión Europea presentó a principios de noviembre de 2025 el nuevo Plan de Acción Ferroviario de Alta Velocidad, el cual establece las medidas necesarias para crear una red europea más rápida, interoperable y mejor conectada de aquí a
2040. Dicho plan busca también reforzar y ampliar los servicios de tren nocturno.


Con todo esto, creemos, por un lado, que la oferta actual no responde a las necesidades de movilidad en nuestro territorio y por otro, entendemos que las mejoras de las conexiones ferroviarias no deben abordarse desde una sola perspectiva a
o solución de parche, sino desde una visión más amplia, más coherente y, por supuesto, más sostenible.


En coherencia con todo lo expuesto en el apartado anterior, el grupo parlamentario vasco (EAJPNV) presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible insta al Gobierno a:


— Reforzar los servicios de primera hora de la mañana entre las capitales vascas y Madrid.


— Recuperar el servicio ferroviario internacional de pasajeros que une la estación de Lisboa-Santa Apolónia con Hendaya en el servicio nocturno.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2025.—Maribel Vaquero Montero, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.


161/002841


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para garantizar una solución integral y urgente para la movilidad entre Cabanas y Pontedeume ante la paralización de las obras del Puente de Piedra, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.

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Exposición de motivos


El Puente de Piedra sobre el que discurre la N-651 a su paso por los municipios de Cabanas y Pontedeume constituye una infraestructura estratégica para la movilidad de las comarcas de Eume y Ferrol. Este tramo no solo actúa como vía de
comunicación esencial entre dos núcleos estrechamente vinculados en términos sociales, educativos, sanitarios y comerciales, sino también como un punto clave del tráfico que transcurre entre las ciudades de Ferrol y A Coruña al ser la única
infraestructura viaria libre de peaje para cruzar el río Eume hasta la AG-64 de Das Pontes, a excepción de una pequeña carretera local entre Monfero y A Capela, con un recorrido de más de 38 km y totalmente inadecuada para vehículos pesados.


Las obras de rehabilitación del Puente de Piedra comenzaron en febrero de 2024 con trabajos previos como estudios técnicos y catas, aunque desde entonces se hayan producido avances. Las actuaciones sobre la estructura se encuentran
actualmente paralizadas sin explicación oficial y sin que se hayan compartido los resultados de dichos estudios técnicos, generando una creciente incertidumbre en los municipios afectados e implicando además un importante retraso sobre el calendario
previsto.


La comarca se encuentra, en consecuencia, en una situación de notable vulnerabilidad pues, de llevarse a cabo las obras, supondrán importantes molestias y retenciones durante toda su ejecución, pero si se mantiene el actual estado de
parálisis e inacción, la incertidumbre y la preocupación no harán más que aumentar por la falta de solución.


Es necesario avanzar y consensuar una solución estructurada al problema. La importancia socioeconómica de este eje, la alta densidad de tráfico y la falta de alternativas reales exigen una actuación con previsión, rigor y visión
estratégica.


Ante esta situación, el BNG propone distintas actuaciones que permitirían garantizar la movilidad, minimizar las afectaciones y avanzar en soluciones estructurales de futuro.


En primer lugar, adoptar medidas que palien las consecuencias negativas sobre el tráfico de las obras en el Puente de Piedra mientras duren, si se llevan a cabo, empezando por la suspensión de los peajes de la AP-9 en el tramo entre Vilar do
Colo y Miño y exigir el desvío obligatorio del tráfico no local. Además de prever la realización de actuaciones en horario nocturno, establecer refuerzos en la regulación del tráfico, señalización y medidas de disuasión que minimicen los atascos y
ayuden a aliviar el tráfico.


En segundo lugar, es preciso adoptar medidas estructurales para la mejora de las alternativas y reducir la presión viaria, entre las que se encontraría la creación de una nueva salida de la AP-9 en Vidreiro (Pontedeume). En este punto,
conviene recordar que la transferencia de la AP-9 a la Xunta de Galicia, pendiente en el momento actual de tramitación en el Congreso, favorecería además una mejor gestión de la infraestructura, con el objetivo de lograr una autopista gallega,
pública y gratuita.


En tercer lugar, también es necesario adoptar otras acciones ante la posibilidad de que las actuaciones propuestas para la rehabilitación del Puente de Piedra no sean viables, empezando por la previsión de una dotación presupuestaria
suficiente para la contratación de un estudio de alternativas a la propuesta actual, valorando la construcción de un nuevo puente sobre el río Eume, adaptado al tráfico actual y con garantía de seguridad y capacidad, dejando el Puente de Piedra para
uso peatonal y ciclista.


En definitiva, el objetivo final de las actuaciones debe ser garantizar que la vecindad de Cabanas, Pontedeume y de la comarca del Eume alcancen una movilidad segura y fiable, así como acabar con la situación de incertidumbre y potencial
colapso viario totalmente evitable si el Gobierno del Estado realiza una adecuada planificación.

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Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Suspender, durante la ejecución de las obras del Puente de Piedra, en el caso de que estas finalmente se lleven a cabo, el cobro del peaje en el tramo de la AP-9 entre Vilar do Colo y Miño, mientras se realizan las obras o hasta que
exista una alternativa estable, segura y eficiente.


2. Establecer, mientras duren las obras, desvíos obligatorios para el tráfico no destinado a los municipios de Cabanas y Pontedeume a través del tramo gratuito de la AP-9, reservando el Puente de Piedra exclusivamente para el tráfico local.


3. Implantar sistemas de regulación del tráfico con personal de control en las rotondas de Cabanas y Pontedeume durante los periodos de mayor intensidad de tráfico para aliviar el tráfico mientras se realizan las obras del Puente.


4. Incorporar mensajes sobre las obras e itinerarios alternativos en los paneles informativos de la AP-9 y la N-651, para que los vehículos puedan elegir otras rutas o salidas para llegar a sus destinos y evitar las principales zonas de
obras.


5. Garantizar que todos los trabajos se realicen, si es posible, en horario nocturno, minimizando así las retenciones.


6. En todo caso, para reducir la presión vial antes del inicio de las actuaciones, se evaluará y promoverá la construcción de una nueva salida de la AP-9 en la zona del polígono industrial de Vidreiro (Pontedeume) para descongestionar la
N-651 y mejorar el acceso a la comarca.


7. Prever, ante la posibilidad de que las actuaciones planificadas no sean viables, la dotación presupuestaria suficiente para el inicio de un estudio de alternativas, entre las que necesariamente deberá incluirse el análisis de la
construcción de un nuevo puente sobre el río Eume en el tramo de la N-651 entre Cabanas y Pontedeume que garantice la capacidad suficiente para el tráfico actual y futuro, y deje el Puente de Piedra para uso peatonal y ciclista.


8. Avanzar en las negociaciones y en los procedimientos técnicos y jurídicos necesarios para hacer efectiva la transferencia integral de la AP-9 a Galicia, para lograr una autopista pública, gallega y sin peajes. »


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2025.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Á Mesa do Congreso


O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei para
garantir unha solución integral e urxente á mobilidade entre Cabanas e Pontedeume ante a paralización das obras da Ponte de Pedra, para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.


Exposición de motivos


A Ponte de Pedra sobre a que discorre a N-651 no seu paso entre os concellos de Cabanas e Pontedeume constitúe unha infraestrutura estratéxica para a mobilidade nas comarcas do Eume e Ferrol. Este tramo non só actúa como vía de comunicación
esencial entre dous núcleos intimamente ligados en termos sociais, educativos, sanitarios e comerciais, senón tamén como punto clave do tráfico pasante entre as

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cidades de Ferrol e A Coruña ao tratarse da única infraestrutura viaria libre de peaxe para atravesar o río Eume até a AG-64 das Pontes, coa excepción dunha pequena estrada local entre Monfero e A Capela, cun percorrido de máis de 38 km e
totalmente inadecuada para vehículos pesados.


As obras de rehabilitación da Ponte de Pedra comezaron en febreiro de 2024 con traballos previos como estudos técnicos e catas, máis se que se teña avanzado desde entón. As actuacións sobre a estrutura están, hoxe en día, paralizadas sen
explicación oficial e sen que os resultados dos devanditos estudos técnicos fosen compartidos, xerando unha crecente incerteza nos concellos afectados e implicando, tamén, un importante atraso sobre o calendario previsto.


A comarca encóntrase, en consecuencia, nunha situación de notábel vulnerabilidade pois, de se levar a cabo as obras, estas implicarán importantes molestias e retencións durante toda a súa execución mais, de continuar a actual de parálise e
inacción, a incerteza e a preocupación non farán máis que se acrecentar pola falta de solución.


É necesario avanzar e consensuar unha solución estruturada do problema. A importancia socioeconómica deste eixo, a elevada densidade de tráfico e a falta de alternativas reais esixen unha actuación con previsión, rigor e visión estratéxica.


Ante esta situación, o BNG propón distintas actuacións que permitirían garantir a mobilidade, minimizar afectacións e avanzar en solucións estruturais de futuro.


En primeiro lugar adoptar medidas que palíen as consecuencias negativas sobre o tránsito das obras na Ponte da Pedra mentres estas duren, no caso de que se leven a cabo, a comezar pola suspensión das peaxes da AP-9 no tramo entre Vilar do
Colo e Miño e exixir o desvío obrigatorio do tráfico non local. Ademais de prever a realización das actuacións en horario nocturno, estabelecer un reforzamento na regulación do tráfico, da sinalización e medidas de disuasión que minimicen os
atascos e axuden a aliviar o tráfico.


En segundo lugar, é preciso adoptar medidas estruturais para a mellora das alternativas e a redución da presión viaria, entre as que se encontraría a creación dunha nova saída da AP-9 en Vidreiro (Pontedeume). Neste punto cabe lembrara que
a transferencia da AP-9 á Xunta da Galiza, pendente no momento actual de tramitación no Congreso, permitiría, ademais favorecer unha mellor xestión da infraestrutura, co obxectivo de lograr unha autoestrada galega, pública e gratuíta.


En terceiro lugar, é tamén necesario adoptar outras accións ante a posibilidade de que as actuacións propostas para a rehabilitación da Ponte da Pedra non sexan viábeis, a comezar pola previsión de dotación orzamentaria suficiente para a
contratación dun estudo de alternativas á proposta actual, valorando a construción dunha nova ponte sobre o río Eume, adaptada ao tráfico actual e con garantía de seguridade e capacidade, deixando a Ponte de Pedra para uso peonil e ciclista.


En definitivo, o obxectivo final das actuación debe ser garantir que a veciñanza de Cabanas, Pontedeume e da comarca do Eume logre unha mobilidade segura e fiábel, así como finalizar coa situación de incerteza e potencial colapso viario
totalmente evitábel se o Goberno do Estado realiza a planificación adecuada.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei


«O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:


1. Suspender durante a execución das obras da Ponte da Pedra, no caso de que estas finalmente se leven a cabo, o cobro da peaxe no tramo da AP-9 entre Vilar do Colo e Miño, mentres se realizan os traballos ou até que exista unha alternativa
estábel, segura e eficiente.


2. Estabelecer, mentres duren as obras, desvíos obrigatorios para o tráfico non destinado aos concellos de Cabanas e Pontedeume a través do tramo gratuíto da AP-9, reservando a Ponte de Pedra exclusivamente para o tráfico local.

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3. Implantar sistemas de regulación do tráfico con persoal de control nas rotondas de Cabanas e Pontedeume durante os períodos de maior intensidade do tráfico para aliviar a circulación en tanto se desenvolven os traballos na Ponte.


4. Incorporar mensaxes sobre as obras e itinerarios alternativos nos paneis informativos da AP-9 e da N-651, de forma que os vehículos poidan escoller outros percorridos ou saídas para chegar aos seus destinos e evitar as principais zonas
de obra.


5. Garantir que todos os traballos se realicen, no posíbel, en horario nocturno, minimizando así as retencións.


6. En todo caso, para reducir a presión viaria antes do inicio das actuación, avaliar e promover a construción dunha nova saída da AP-9 na zona do polígono de Vidreiro (Pontedeume) para desconxestionar a N-651 e mellorar o acceso á comarca.


7. Prever, ante a posibilidade de que as actuacións planificadas non sexan viábeis, a dotación orzamentaria suficiente para o inicio dun estudo de alternativas entre as cales deberá incluírse necesariamente a análise de construción dunha
nova ponte sobre o río Eume no tramo da N-651 entre Cabanas e Pontedeume que garanta capacidade suficiente para o tráfico actual e futuro, e deixe a Ponte de Pedra para uso peonil e ciclista.


8. Avanzar nas negociacións e nos procedementos técnicos e xurídicos necesarios para facer efectiva a transferencia integral da AP-9 á Galiza, para lograr unha autoestrada pública, galega e libre de portaxes.»


Congreso dos Deputados, 4 de decembro de 2025.—Néstor Rego Candamil, Portavoz do GP Mixto.


Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes


161/002840


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, y en su representación, su Portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga y Javier Sánchez Serna, diputadas de Podemos, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento y creación de la especialidad docente del profesorado de Lengua Asturiana y Literatura, para su tramitación en la Comisión de Educación, Formación Profesional y
Deportes.


Exposición de motivos


La enseñanza de Lengua Asturiana comenzó en 1984. Varias escuelas la ofrecieron como materia optativa dos o tres horas a la semana en los ciclos medio y superior de la Enseñanza Básica (desde los ocho a los catorce años). En años
sucesivos, la oferta se extendió por más centros, hasta alcanzar la práctica totalidad de los colegios públicos de Educación Primaria en Asturias. Las cifras de aceptación siempre fueron muy altas, pero, al ser voluntario el aprendizaje del idioma
conforme recoge el artículo cuarto del Estatuto de Autonomía, la Administración Autonómica no asumió en los primeros años el impulso de extender esta docencia. De hecho, hasta 1997, eran los Consejos Escolares de los centros los que decidían si la
Lengua Asturiana se ofertaba, con lo que podía suceder que hubiera una demanda por parte del alumnado que no se viera satisfecha.


Actualmente, los niños y niñas que cursan Educación Primaria en centros públicos estudian Lengua Asturiana -o Gallego-asturiana, en su zona de influencia- de forma voluntaria; pudiendo escoger entre el aprendizaje del idioma o una
alternativa llamada Cultura Asturiana. Por otro lado, en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria

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(ESO) y Bachillerato solo es posible estudiar Asturiano o Gallego-Asturiano de forma optativa, compitiendo la asignatura con una oferta mayor, entre la que suele contarse una segunda lengua extranjera (generalmente el Francés). En estas
etapas educativas, solo es posible escoger una asignatura optativa.


Para poder ser docente de Lengua Asturiana en la actualidad, las personas cualificadas han de darse de alta en el Registro General de Capacitación en bable/asturiano y en gallego-asturiano, un catálogo en el que se inscribe al profesorado
que, de acuerdo a las condiciones y requisitos regulados en el Decreto 39/2001 de 5 de abril (BOPA de 18 de abril) y la Resolución de 26 de abril de 2001 modificada por la Resolución de 7 de julio de 2010 y la Resolución de 12 de diciembre de 2011,
pide voluntariamente y con carácter gratuito su incorporación al mismo.


La demanda de reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura al Ministerio de Educación por parte de la sociedad asturiana en general y, en particular, por diferentes instituciones como
la Junta General del Principado de Asturias y la Consejería de Educación del Principado de Asturias viene siendo una constante desde el año 2005 y, de forma específica, se intensificó en el período 2014/2015 a través de la presentación de enmiendas
y la discusión en torno al Proyecto de Real Decreto de Especialidades. Así, el 3 de febrero de 2015, el Consejo Escolar del Estado emitió un dictamen solicitando el reconocimiento de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y
Literatura, y el 23 de diciembre del mismo año, en junta celebrada en el Ministerio, se formó un grupo de trabajo con el objetivo encontrar una vía que diera respuesta a esta solicitud.


En noviembre de 2016, el consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias solicitó retomar negociaciones ya iniciadas para el reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura.
Los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias habían constatado que carecían de capacidad legal y de título habilitante para dictar el Decreto de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura, por lo que la única vía
posible para la creación de la Especialidad pasaría por el cambio de los Reales Decretos de Especialidad, de ámbito estatal. En marzo de 2017, la Consejería de Educación de Asturias presentó nuevamente el dossier elaborado por la Consejería de
Educación y Cultura, en el que se recogía de forma razonada la necesidad de reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura, mediante la propuesta de cambio de los Reales Decretos de
Especialidades.


Con respecto a la formación y capacitación del profesorado en Lengua Asturiana y Gallego-Asturiana, es la Universidad de Oviedo la institución que, desde hace décadas, se ha encargado de poner en marcha las titulaciones necesarias, con plena
normalidad y en las mismas condiciones legales y académicas que cuentan el resto de materias. Destacan, así, el grado en Maestro/a en Educación Primaria con mención en Lengua Asturiana, los minor de asturiano dentro de los grados en Estudios
Clásicos y Románicos, en Estudios Ingleses, en Lengua Española y sus Literaturas y en Lenguas Modernas —que garantizan el acceso al Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la
especialidad de Asturiano— y, por último, el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la especialidad de asturiano.


La demanda del reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del profesorado de Lengua Asturiana y Literatura se ampara en abundante legislación. En primer lugar, la Constitución Española de 1978 señala en su artículo 3.3 que «la
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Por su parte, la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y Regionales de 1992, ratificada por España, en el
artículo 7.1/f) obliga a los Estados signatarios a cuya política, legislación y práctica tengan, entre sus objetivos, «la provisión de formas y medios adecuados para la enseñanza y el estudio de las lenguas regionales o minoritarias en todos los
niveles».

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Por su parte, el Estatuto del Principado de Asturias, de 30 de diciembre de 1981, señala en su artículo 4 que el bable gozará de protección y se promoverá su utilización, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza. La Ley
1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano, establece que el Principado de Asturias asegurará la enseñanza del bable/asturiano y promoverá su uso dentro del sistema educativo, en todos los niveles y grados, siendo impartido
dentro del horario escolar y como materia integrante del currículo (arts. 9-11).


Por último, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación apunta en su disposición adicional trigésima octava, apartado 5, que «aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas cooficiales que no tienen ese carácter en todo su
territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora».


Continuando la histórica reivindicación por el reconocimiento de la Especialidad Docente, en 2021, la diputada Sofía Fernández Castañón (UP), defendió una Proposición no de Ley relativa al reconocimiento y creación de la Especialidad Docente
del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura, presentada por la diputada Sofía Castañón (Unidas Podemos) en la Comisión de Educación y Formación Profesional. Dicho texto fue aprobado en sus términos, si bien ese respaldo no se ha traducido,
desde entonces, en las modificaciones legislativas ratificadas por los grupos políticos en aquella sesión.


Las fechas que se manejaba entonces, durante el curso 2020/2021 con respecto a la implantación de las asignaturas de Asturiano y Gallego-Asturiano eran los siguientes: ambas se habían ofertado en un total de 227 colegios públicos (98,7 %)
en 42 centros concertados (84 %), lo que se traducía en un número total de 17.464 alumnos y alumnas, con opción a cursarlas. El 60,74 % del alumnado de centros públicos de Educación Infantil y Primaria se matriculó en Lengua Asturiana aquel curso.
Dicha asignatura, en Primaria, está regulada en el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias.


En ESO y Bachillerato, durante el curso 2020/2021, se ofertó la Lengua Asturiana o Gallego-asturiana en un total de 79 centros públicos (92,9 %) y 25 privados (49 %). La enseñanza de la asignatura en dichas etapas viene recogida en el
Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias y en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.


En aquel curso, impartían docencia en estas materias, en todas las etapas educativas, 278 docentes. Al no existir el reconocimiento de la especialidad docente, las condiciones de dicho profesorado eran —y siguen siendo— estructuralmente
precarias, pues, en aquel curso, el 71 % de las plazas era a media jornada y la práctica totalidad de las y los docentes se encontraba en situación de interinidad. Las condiciones de este profesorado no ha variado sustancialmente pero sí han
aumentado: en el curso 2025/2026 son 322 las personas que se encuentran en esta situación.


Cabe señalar, al respecto de las mejoras en el reconocimiento del Asturiano en el ámbito legislativo estatal que las creadoras y creadores en estos idiomas puedan presentarse ya a un número destacado de ayudas a la creación literaria o la
traducción promovidas por el Ministerio de Cultura, organismo que permitirá, a partir de 2026, que escrituras en Asturiano y Gallego-asturiano puedan optar a los Premios Nacionales de Literatura, los máximos reconocimientos literarios del Estado.
Estas medidas, junto con la facilitación de ayudas y subvenciones a la Academia Asturiana de la Llingua en igualdad de derechos que otras instituciones de este tipo, vienen a consolidar una tendencia de reconocimiento lingüístico del Asturiano y del
Gallego-asturiano acorde con los marcos europeos e internacionales de respeto y consideración de los derechos lingüísticos de la población como derechos fundamentales.

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Se aprecia, en suma, una disonancia en las actuaciones entre departamentos de ámbito estatal: mientras que en el ámbito cultural se están produciendo notables avances de normalización y garantía de derechos del pueblo asturiano, Educación
se resiste a abordar una modificación legislativa ya aprobada en la Cámara en 2021 y cuyas consecuencias económicas son mínimas, mientras que a los efectos de dignidad del idioma y garantía de los derechos laborales resultan imprescindibles por
elemental calidad democrática.


Por ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, y el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, para que se reconozcan en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato, la Formación Profesional y las Enseñanzas de Régimen Especial, las especialidades docentes de las lenguas propias de aquellas comunidades que, aunque no tengan reconocidas dichas lenguas como oficiales, dispongan de protección legal y
manifiesten su voluntad de desarrollarlas.


Igualmente, en aras de la completa actualización normativa, se insta al Gobierno a incluir la modificación del Real Decreto 287/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen
las especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la inclusión de nuevas especialidades».


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2025.—Javier Sánchez Serna, Diputado.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/002835


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un mecanismo independiente para la supervisión y
evaluación de la gestión migratoria, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


La gestión de los flujos migratorios y la protección de los derechos humanos en las fronteras constituyen uno de los desafíos más complejos y sensibles para nuestro Estado de Derecho. La política migratoria española, especialmente en la
Frontera Sur, implica actuaciones de gran impacto en los derechos fundamentales de las personas. Por ello, la existencia de mecanismos de control y rendición de cuentas no es solo una opción, sino una exigencia democrática para garantizar la
transparencia, la legalidad y el respeto a la dignidad humana.


Actualmente, existen órganos que ejercen una labor de supervisión parcial, cuyo trabajo es de un valor inestimable. Destaca la figura del Defensor del Pueblo, que en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP),
realiza visitas,

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emite informes y formula recomendaciones para la mejora de las condiciones en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y otros lugares de privación de libertad. Asimismo, la Fiscalía y diversas organizaciones de la sociedad civil
desempeñan un papel fundamental de vigilancia.


Sin embargo, estos esfuerzos se enfrentan a una limitación estructural clave: el carácter no vinculante de sus recomendaciones. A pesar de la alta autoridad moral e institucional de órganos como el Defensor del Pueblo, sus conclusiones
pueden ser, y en ocasiones son, desatendidas por la Administración sin que ello acarree consecuencias jurídicas. Esta carencia de efectividad se ha hecho patente en las recurrentes tragedias humanas ocurridas en nuestras fronteras, tras las cuales
persisten dificultades para esclarecer los hechos de forma plenamente independiente y para implementar cambios estructurales que eviten su repetición.


La complejidad de la gestión migratoria, que involucra a múltiples ministerios y niveles de la administración, así como la especial vulnerabilidad de la población afectada, demandan un salto cualitativo en los mecanismos de control. Se hace
necesario un órgano especializado, con un mandato exclusivo sobre esta materia, que no solo observe y recomiende, sino que tenga la capacidad de impulsar transformaciones reales y efectivas.


Este nuevo mecanismo debe fundamentarse en la independencia institucional y funcional garantizando total autonomía respecto al poder ejecutivo, con un sistema de elección de sus responsables que garantice la imparcialidad y un presupuesto
propio y suficiente. También debe garantizar la participación de la sociedad civil y organismos internacionales, incluidas aquellas entidades españolas que tienen una opinión formal sobre el reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) siendo
ellas la Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Entreculturas, Fundación Alboan, Irídia, el Movimiento por la Paz, Novact, Red Acoge y Salud por Derecho. La experiencia, el
conocimiento y la legitimidad de las ONG especializadas, el mundo académico y agencias como ACNUR o la OIM deben ser integrados formalmente en su estructura, así como otras entidades del Tercer Sector españolas como las arriba mencionadas, y por
ejemplo CONVIVE Fundación CEPAIM, entre otros. En caso de que se crease, las decisiones de este mecanismo deben tener capacidad vinculante. Sus decisiones deben tener la fuerza necesaria para recomendar y obligar a la Administración a actuar.
Para que la rendición de cuentas sea real, las investigaciones deben concluir en responsabilidades y las recomendaciones deben traducirse en cambios normativos y prácticos.


La creación de un órgano de estas características no debilitaría a las instituciones existentes, sino que las complementaría, creando un sistema de garantías robusto y situando a España a la vanguardia europea en materia de transparencia y
protección de los derechos humanos en la gestión de sus fronteras.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Iniciar los estudios y trabajos preparatorios para la creación de un Mecanismo Independiente de Supervisión de la Gestión Migratoria, evaluando las reformas legislativas de calado necesarias para su establecimiento y garantizando que su
mandato abarque todas las actuaciones de la Administración General del Estado con impacto en los derechos de las personas migrantes.


2. Asegurar que dicho Mecanismo cuente con plena independencia institucional y funcional respecto del poder ejecutivo. Para ello, su máximo responsable o su órgano rector será elegido por una mayoría cualificada del Congreso de los
Diputados, y se le asignará una dotación presupuestaria propia y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado que garantice su total autonomía operativa.

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3. Diseñar una estructura que asegure la participación activa y formal de la sociedad civil especializada en migraciones y derechos humanos, en particular de las entidades de las comunidades afectadas, de la abogacía, del mundo académico,
de las entidades españolas con mayor implicación arriba mencionadas, entre otras, y de los organismos internacionales con mandato en la materia (como ACNUR y OIM), en sus órganos consultivos y de seguimiento, garantizando así’.


4. Atribuir a este Mecanismo la potestad de que sus investigaciones, evaluaciones y recomendaciones tengan carácter vinculante para las administraciones públicas. Para ello, se establecerá la obligación para la administración concernida de
adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un plazo determinado. En caso de no hacerlo, deberá comparecer y justificar motivadamente dicha decisión ante la comisión parlamentaria correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades a
que hubiera lugar.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2025.—Viviane Ogou i Corbi, Diputada.—Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


El Grup Parlamentari Plurinacional Sumar, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei relativa a la creació d'un mecanisme independent per a la supervisió i avaluació
de la gestió migratòria, per al seu debat en la Comissió de Treball, Economia Social, Inclusió, Seguretat Social i Migracions.


Exposició de motius


La gestió dels fluxos migratoris i la protecció dels drets humans a les fronteres constitueixen un dels desafiaments més complexos i sensibles per al nostre Estat de Dret. La política migratòria espanyola, especialment en la Frontera Sud,
implica actuacions de gran impacte en els drets fonamentals de les persones. Per això, l'existència de mecanismes de control i rendició de comptes no és només una opció, sinó una exigència democràtica per a garantir la transparència, la legalitat i
el respecte a la dignitat humana.


Actualment, existeixen òrgans que exerceixen una tasca de supervisió parcial, el treball de la qual és d'un valor inestimable. Destaca la figura del Defensor del Poble, que en la seva condició de Mecanisme Nacional de Prevenció de la
Tortura (MNP), realitza visites, emet informes i formula recomanacions per a la millora de les condicions en els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i altres llocs de privació de llibertat. Així mateix, la Fiscalia i diverses organitzacions de
la societat civil exerceixen un paper fonamental de vigilància.


No obstant això, aquests esforços s'enfronten a una limitació estructural clau: el caràcter no vinculant de les seves recomanacions. Malgrat l'alta autoritat moral i institucional d'òrgans com el Defensor del Poble, les seves conclusions
poden ser, i a vegades són, desateses per l'Administració sense que això impliqui conseqüències jurídiques. Aquesta manca d'efectivitat s'ha fet palesa en les recurrents tragèdies humanes ocorregudes a les nostres fronteres, després de les quals
persisteixen dificultats per a esclarir els fets de forma plenament independent i per a implementar canvis estructurals que evitin la seva repetició.


La complexitat de la gestió migratòria, que involucra a múltiples ministeris i nivells de l'administració, així com l'especial vulnerabilitat de la població afectada, demanden un salt qualitatiu en els mecanismes de control. Es fa necessari
un òrgan especialitzat, amb

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un mandat exclusiu sobre aquesta matèria, que no sols observi i recomani, sinó que tingui la capacitat d'impulsar transformacions reals i efectives.


Aquest nou mecanisme ha de fonamentar-se en la independència institucional i funcional garantint total autonomia respecte al poder executiu, amb un sistema d'elecció dels seus responsables que garanteixi la imparcialitat i un pressupost
propi i suficient. També ha de garantir la participació de la societat civil i organismes internacionals, incloses aquelles entitats espanyoles que tenen una opinió formal sobre el recent Pacte Europeu de Migració i Asil (PEMA) sent elles
l'Amnistia Internacional, Andalusia Acull, Associació Rumiñahui, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, Entreculturas, Fundació Alboan, Irídia, el Moviment per la Pau, Novact, Xarxa Acull i Salut per Dret. L'experiència, el coneixement i la
legitimitat de les ONG especialitzades, el món acadèmic i agències com a ACNUR o la OIM han de ser integrats formalment en la seva estructura, així com altres entitats del Tercer Sector espanyoles com les esmentades, i per exemple CONVIVE Fundació
CEPAIM, entre altres. En cas que es creés, les decisions d'aquest mecanisme han de tenir capacitat vinculant. Les seves decisions han de tenir la força necessària per a recomanar i obligar l'Administració a actuar. Perquè la rendició de comptes
sigui real, les recerques han de concloure en responsabilitats i les recomanacions han de traduir-se en canvis normatius i pràctics.


La creació d'un òrgan d'aquestes característiques no afebliria a les institucions existents, sinó que les complementaria, creant un sistema de garanties robust i situant a Espanya a l'avantguarda europea en matèria de transparència i
protecció dels drets humans en la gestió de les seves fronteres.


Per tot això el Grup Parlamentari presenta la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés dels Diputats insta el Govern a:


1. Iniciar els estudis i treballs preparatoris per a la creació d'un Mecanisme Independent de Supervisió de la Gestió Migratòria, avaluant les reformes legislatives de gran importància necessàries per al seu establiment i garantint que el
seu mandat abasti totes les actuacions de l'Administració General de l'Estat amb impacte en els drets de les persones migrants.


2. Assegurar que aquest Mecanisme compti amb plena independència institucional i funcional respecte del poder executiu. Per a això, el seu màxim responsable o el seu òrgan rector serà triat per una majoria qualificada del Congrés dels
Diputats, i se li assignarà una dotació pressupostària pròpia i suficient en els Pressupostos Generals de l'Estat que garanteixi la seva total autonomia operativa.


3. Dissenyar una estructura que asseguri la participació activa i formal de la societat civil especialitzada en migracions i drets humans, en particular de les entitats de les comunitats afectades, de l'advocacia, del món acadèmic, de les
entitats espanyoles amb major implicació a dalt esmentades, entre altres, i dels organismes internacionals amb mandat en la matèria (com ACNUR i OIM), en els seus òrgans consultius i de seguiment, garantint així’.


4. Atribuir a aquest Mecanisme la potestat que les seves recerques, avaluacions i recomanacions tinguin caràcter vinculant per a les administracions públiques. Per a això, s'establirà l'obligació per a l'administració concernida d'adoptar
les mesures necessàries per al seu compliment en un termini determinat. En cas de no fer-ho, haurà de comparèixer i justificar motivadament aquesta decisió davant la comissió parlamentària corresponent, sense perjudici de les responsabilitats al
fet que pertoqués.»


Congrés dels Diputats, 3 desembre de 2025.—Viviane Ogou i Corbi, Diputada.—Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grup Parlamentari Pluricional SUMAR.

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Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/002833


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las actuaciones y
previsiones del Gobierno frente a los primeros brotes de peste porcina africana en Cataluña, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


El sector porcino español afronta un episodio sanitario de especial relevancia tras la identificación de los primeros casos de peste porcina africana (PPA) en fauna silvestre desde hace décadas. Esta enfermedad no afecta a la salud humana,
pero sí supone un riesgo real para la estabilidad económica y comercial del sector porcino, uno de los pilares más robustos y competitivos de nuestra industria agroalimentaria.


El sector porcino español alcanzó en 2024 una facturación aproximada de 25.000 millones de euros, consolidándose como el principal motor económico de las producciones ganaderas. Las exportaciones de porcino ascendieron a 8.784 millones de
euros, lo que sitúa a España como el primer exportador de carne de cerdo de la Unión Europea y como uno de los principales actores a nivel mundial.


Este sector representa cerca del 85 % de las exportaciones cárnicas españolas, el 17 % del peso de la industria alimentaria, y aporta aproximadamente un 2,2 % de la producción nacional, con un saldo comercial positivo de más de 8.100
millones de euros. Los principales destinos de las exportaciones de porcino español en 2024 fueron China (539.064 toneladas por 1.097 M€), Francia (289.865 toneladas por 1.072 M€) e Italia (274.591 toneladas por 796 M€).


España concentra más del 94 % del valor de las exportaciones entre las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León y Andalucía.


De hecho, la reciente detección de casos de peste porcina africana en Cataluña ha desencadenado ya consecuencias comerciales de gran alcance pese a tratarse de un brote circunscrito exclusivamente a fauna silvestre y sin afección a
explotaciones porcinas.


El Gobierno español ha bloqueado de manera preventiva alrededor de 120 certificados sanitarios de exportación destinados a cerca de 40 países. Este escenario genera un riesgo económico significativo para un sector que exporta anualmente
cerca de 8.800 millones de euros, y pone de manifiesto la necesidad de una acción coordinada a escala europea para evitar brotes localizados, plenamente controlados conforme a la normativa de la UE, se traduzcan en bloqueos comerciales
desproporcionados por parte de socios extracomunitarios.


El incremento descontrolado de fauna salvaje en España provocado por las políticas del Gobierno ha derivado en la falta de prevención y control de la fauna salvaje en todo el territorio nacional. El Ejecutivo ha actuado desde una posición
ideológica medioambiental radical que ha impedido una gestión activa eficiente de la fauna silvestre y ha penalizado la conservación, la seguridad, y el bienestar de las propias especies por sobre población descontrolada.


A la paralización de la actividad de control profesional por los órganos competentes de las comunidades autónomas se ha sumado, la paralización de la actividad cinegética, provocando la expansión descontrolada de estas especies y aumentando
el riesgo de propagación de enfermedades, el aumento de accidentes de tráfico y de daños en producciones agrarias. Elementos recogidos en la Directiva hábitats como claves para determinar la necesidad de controles excepcionales de estas especies.

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El «Plan Nacional de Gestión a Medio/Largo Plazo de las poblaciones de jabalíes silvestres para reducir el riesgo de entrada y difusión del virus se la peste porcina africana en España» diseñado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación tenía el objetivo principal de reducir el riesgo de entrada y difusión del virus de la peste porcina. La detección de este brote ha demostrado que los mecanismos de contención implementados no han funcionado adecuadamente, debido a
deficiencias en coordinación de la vigilancia epidemiológica, en la coordinación interadministrativa y en los controles fronterizos.


Este episodio evidencia; la necesidad de cumplir con la regulación europea de control de fauna silvestre de acuerdo con los parámetros de incremento de poblaciones, actualizando el informe sexenal exigido por la Unión europea, paralizado
desde hace más de cuatro meses por el Gobierno de España. La necesidad de fortalecer de manera urgente y coordinada las políticas públicas destinadas a la bioseguridad, el control de fauna salvaje, la vigilancia veterinaria y los sistemas de
inspección fronteriza y, la necesidad de implantar, de la mano de los órganos competentes de las Copiunidades Autónomas, un control cinegético sostenible en el futuro para evitar nuevos riesgos.


Del Gobierno se espera capacidad de coordinación y acción, por lo que resulta imprescindible articular la aplicación de los actuales mecanismos nacionales de prevención, detección y actuación y en su caso la revisión coordinada de los
protocolos existentes de acuerdo con todas las administraciones y agentes implicados.


Es imprescindible actuar con responsabilidad, proporcionalidad y transparencia, transmitiendo confianza a los mercados nacionales e internacionales sin generar alarmas innecesarias. Proteger la sanidad porcina es proteger empleo,
exportaciones, tejido rural y competitividad.


Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Poner todos los medios necesarios para evitar que la enfermedad llegue a afectar al sector productivo


2. Tener previsto y activar de manera inmediata, en caso necesario:


a. los mecanismos de ayuda a los ganaderos que contempla el PEPAC a través de los fondos FEAGA, así como reclamar a la Comisión europea la activación de la Reserva Agrícola de Crisis para acceder a fondos extraordinarios en caso de
sacrificio y perdidas de mercado por la paralización comercial.


b. un mecanismo de ayudas extraordinarias a las Comunidades Autónomas para el refuerzo de los servicios de veterinarios y seguridad animal para la prevención y control de enfermedades.


3. Asesorar a los responsables en aspectos técnicos y específicos extraordinarios para extremar todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino de España.


4. Acordar con las Comunidades Autónomas la aplicación del Plan Nacional a medio largo plazo y su revisión ante la situación existente a fin de adoptar las medidas necesarias para su completa efectividad en prevención y control futuros.


5. Negociar, defender y firmar acuerdos de regionalización y marcación de la zona afectada con los principales países importadores, de cara a la inmovilización de la cabaña ganadera donde aparece un foco, pero dejando al resto de zonas
ganaderas del país exentas de las restricciones comerciales, para así poder seguir exportando con todas las garantías sanitarias.


6. Cumplir con la regulación europea recogida en la Directiva Hábitats y con la regulación nacional en materia de control de fauna silvestre, a fin de evitar que la sobre

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población sea la causa de futuras transmisiones de enfermedades y problemas sanitarios en la ganadería.


7. Realizar gestiones diplomáticas urgentes con la Comisión Europea y los países de destino de nuestras exportaciones para prevenir bloqueos injustificados en mercados exteriores.


8. Impulsar una campaña de promoción que ponga en valor la bioseguridad que hoy ostenta el sector ganadero español y la garantía de sus productos alimentarios de cara a mantener la confianza en los mercados internacionales.


9. Reforzar las inspecciones en frontera, ya que actualmente son insuficientes, así como aumentar el personal veterinario y técnico especializado, sobre todo en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) de los puertos estatales, que deben
ser dotados de sistemas innovadores tecnológicos que permitan realizar controles exhaustivos a las importaciones en materia de sanidad animal y vegetal.


10. Apoyar la creación de una Oficina de Control de Importaciones a nivel europeo que permita establecer mecanismos de vigilancia sobre los acuerdos comerciales en el cumplimiento de los aranceles y contingentes que se hayan fijado a las
importaciones de terceros países, ya que ello previene también el control y prevención en materia de sanidad animal y vegetal.


11. Solicitar una ayuda extraordinaria a la Comisión Europea, como el envío de equipos europeos de evaluación veterinaria para verificar la contención del virus y asesorar técnicamente en el despliegue de medidas adicionales.


12. Coordinación, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, de actuaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a fin de controlar la expansión».


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2025.—Milagros Marcos Ortega, Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Rosa Quintana Carballo, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Joaquín Melgarejo Moreno, Ainhoa
Molina León, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata, Manuel García Félix, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.—Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002834


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Hoces Íñiguez, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del sector olivar en Extremadura, para su discusión en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


Extremadura y el conjunto del sector primario español atraviesan un momento crítico derivado de múltiples factores que amenazan la continuidad de su actividad económica, la preservación de su paisaje agrario y la perdurabilidad de sus zonas
rurales. La combinación de impactos externos —competencia desleal, importaciones que no cumplen con los estándares de calidad europeos, y exigencias burocráticas crecientes asociadas a políticas comunitarias alejadas de la realidad productiva
española— junto con desafíos internos —despoblación, incremento de costes productivos, falta de relevo

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generacional y dificultades de acceso al agua— está colocando a miles de explotaciones al borde de la inviabilidad.


El olivar extremeño constituye uno de los pilares productivos, culturales y ambientales de la región. Con un total de 296.000 hectáreas de olivar1, este sector no sólo aporta riqueza y empleo, sino que configura un paisaje singular que
forma parte de la identidad extremeña. Del total de la superficie de cultivo destinada al olivo, el 65 % se destina a la producción de aceite2. Sin embargo, la caída de márgenes, la volatilidad de los precios3 y la entrada de aceite procedente de
terceros países4 sin las mismas exigencias sanitarias, laborales y medioambientales están comprometiendo gravemente su rentabilidad y continuidad. Además, la entrada masiva de estos productos extracomunitarios, cuyas explotaciones no cumplen con
las exigencias medioambientales, laborales y fitosanitarias europeas, distorsiona el mercado, hunde los precios y desincentiva la continuidad de explotaciones familiares.


A ello se suma la creciente presión especulativa sobre suelos agrícolas fértiles destinados a la instalación masiva de plantas de energías renovables. El Gobierno está promoviendo la instalación de plantas fotovoltaicas en sustitución de
cultivos de olivar, en multitud de casos impulsados por fondos de inversión extranjeros sin vínculo alguno con el territorio5. Cabe destacar que la mayor macroplanta solar de Europa se encuentra ubicada en Usagre (Badajoz), y la expropiación que
dio paso a esta instalación ha sido calificada por el Tribunal Supremo como «auténtico fraude de ley» y «abuso de derecho»6. En relación con ello, la aplicación de procedimientos simplificados de evaluación ambiental, en base al Real Decreto-ley
6/2022, de 29 de marzo y al Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, ha debilitado las garantías de protección del medio natural amenazando aún más a las explotaciones productivas extremeñas.


Por último, el reto hídrico constituye uno de los principales desafíos de España y, muy especialmente, de Extremadura. La escasez de recursos y la falta de una planificación hidrológica nacional ambiciosa, solidaria y orientada al interés
general, ha impedido un uso de regadío de manera extensiva. Garantizar la modernización de infraestructuras, la optimización del uso del agua y la interconexión de cuencas es, por tanto, una necesidad imperiosa para la viabilidad de nuestras
explotaciones. Además de no cumplir con la ejecución de los planes hidrológicos y las infraestructuras necesarias para permitir un correcto uso del agua para consumo e Industria7, el Gobierno impulsó el vaciado del embalse de Alcollarín (Cáceres)
liberando 50.000 millones de litros de agua para «erradicar un pez invasor»8, causando a ojos de los vecinos un «desastre ecológico» y generando «un lodazal lleno de peces muertos».


El sector primario español necesita una estrategia clara que priorice las necesidades del sector primario español y garantice la soberanía alimentaria. Resulta por tanto imprescindible que el Gobierno adopte medidas urgentes y estructurales
para garantizar la producción, la vida rural y la cohesión territorial en la región extremeña.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


1 https://extremadura21.com/2024/09/18/extremadura-cuenta-con-casi-34-OOO-has-de-o....


2 https://www.olimerca.com/noticiadet/sigue-aumentando-la-superficie-de-olivar-de-....


3 https://halcon-agricola.com/evolucion-precios-aceite-de-oliva/.


4 https://gaceta.es/espana/agricultores-espanoles-denuncian-la-entrada-de-miles-de....


5 https://www.pv-magazine.es/2025/02/06/se-completan-4-plantas-fotovoltaicas-en-ex....


6 https://www.elmundo.es/economía/2025/06/19/68544e31fc6c83e07e8b45b9.html.


7 https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-06-23/el-gobierno-suprime-85-emba....


8 https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2025/08/13/vaciado-embalse-al....

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Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:


1. Proteger el olivar de Extremadura e impulsar actuaciones que garanticen la rentabilidad de su gestión agraria, así como su conservación como elemento esencial del paisaje, la cultura y la economía rural extremeña.


2. Preservar el suelo agrícola de Extremadura frente a movimientos especulativos destinados a la instalación de plantas de energías renovables, garantizando la elaboración de informes específicos que evalúen su impacto en el medio natural y
su compatibilidad con las actividades agrarias. A tal fin, impulsar las modificaciones legislativas necesarias y dejar sin efecto los procedimientos simplificados de evaluación ambiental recogidos en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo y el
Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre.


3. Proteger la producción extremeña y española de aceite de oliva de alta calidad, prohibiendo las importaciones procedentes de Túnez, Siria y Marruecos por constituir una competencia desleal al no cumplir con los estándares exigidos a los
productores nacionales.


4. Defender los intereses del sector primario español, en el ámbito nacional y ante las instituciones europeas, promoviendo una política que:


a. exija el cumplimiento efectivo de los principios de reciprocidad y preferencia comunitaria;


b. obligue al cumplimiento de las mismas políticas en el uso de fitosanitarios a todos los productores tanto comunitarios como extracomunitarios;


c. persiga la competencia desleal de terceros países impidiendo la entrada efectiva de productos que no cumplan con las exigencias medioambientales y laborales europeas;


d. reduzca la dependencia estructural de importaciones extracomunitarias;


e. impulse el consumo de productos de proximidad;


f. priorice la soberanía alimentaria y una Política Agraria Común alineada con el interés general de los españoles.


5. Promover un Plan Nacional del Agua y un Plan Nacional de Regadíos que aseguren la gestión racional de los recursos hídricos y la modernización del regadío en todo el territorio nacional, con especial atención a Extremadura.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2025.—Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernández Ríos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, Ángel López Maraver, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a proteger al sector porcino español de la peste porcina africana a través de la gestión
cinegética del jabalí, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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Exposición de motivos


Hace apenas unos días, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete reveló que siete jabalíes muertos en Sardañola del Vallés estaban infectados de peste porcina africana (PPA). Con ellos ya son nueve los positivos confirmados por el
primer brote de peste porcina africana que se detecta en España desde 19941. En todo caso, las autoridades no descartan que pueda encontrarse algún otro animal muerto en la zona y se ha prohibido el acceso humano a la zona2.


En consecuencia, España se enfrenta a un escenario epidemiológico crítico y el riesgo es muy elevado. Así, la Peste Porcina Africana (PPA) es una enfermedad vírica de altísima contagiosidad entre cerdos, jabalíes y otras especies similares,
y no existe ninguna vacuna eficaz contra ella3. Además, el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 incluye la PPA entre las enfermedades que constituyen una amenaza prioritaria para la
sanidad animal en la Unión Europea. En la misma línea, dada la gravedad de la peste porcina africana, la Comisión Europea aprobó hace dos años el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594 de la Comisión de 16 de marzo de 2023 para impulsar medidas
extraordinarias que permitieran combatir su virulencia.


En todo caso, a la grave amenaza que representa el virus por su capacidad infecciosa y por la dificultad para combatir sus efectos, se suma que España es el tercer productor mundial de carne de cerdo, así como el primer exportador de carne y
derivados porcinos de la Unión Europea4. En consecuencia, desde el sector trasladan que los 8.100 millones de euros que generan las exportaciones y los 7.700 millones de euros que genera el consumo interno de carne de cerdo español están en riesgo.
Según denuncian, la expansión descontrolada del virus podría acabar con los 415.000 empleos que el sector genera en nuestra Nación5. Cabe destacar que España exporta carne y derivados del cerdo a 104 países y 24 de ellos ya han impuesto trabas a
los productos porcinos de la zona en la que se ha detectado el foco de PPA mientras que hay veinte que han limitado la entrada de la carne y los productos derivados del cerdo producidos en España6.


Resulta por tanto imprescindible actuar de inmediato y atajar una crisis estrechamente vinculada a la expansión masiva de la fauna silvestre que se ha venido acrecentando en los últimos años. De hecho, se calcula que, a principios de 2024,
había en España un millón de jabalíes; una cifra que habría podido duplicarse a finales de 2025 tras el impedimento de su control cinegético a través de la caza7. La Administración debe adoptar medidas drásticas como las que ya han impuesto en el
pasado algunos países de nuestro entorno tras la detección de casos y en los que también había una importante sobrepoblación de jabalíes. Países como Hungría, Polonia, Italia, Alemania, República Checa y Austria han logrado frenar la expansión de
la PPA mediante medidas de reducción poblacional intensiva, vallados estratégicos, brigadas de rastreo y autorización excepcional de tecnologías avanzadas. Además de la caza intensiva, también se autorizó el uso de silenciadores, visores térmicos y
visores nocturnos, al tiempo que se impulsó la movilización del ejército para apoyar a los cazadores y se instalaron vallas 1 https://www.antena3.com/noticias/sociedad/aumentan-nueve-casos-peste-porcina-afr...


2 https://www.lavanguardia.com/vida/20251130/11316487/otros-ocho-jabalis-muertos-p...


3 https://www.antena3.com/noticias/salud/veterinario-juan-jose-badiola-advierte-qu...


4 https://www.rotecna.com/blog/el-sector-porcino-espanol-lider-europeo-en-2024/


5 https://www.meatlife.es/sector-porcino-demuestra-fortaleza-2024-grandes-cifras-e...


6 https://www.abc.es/sociedad/claves-peste-porcina-africana-virus-dano-espana-2025...


7 https://www.eldebate.com/sociedad/sociedad-medio-ambiente/20251201/fuerte-aument...

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electrificadas para frenar el paso de jabalíes8. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-674/17) avaló además el uso excepcional de silenciadores y visores térmicos en Finlandia por razones sanitarias imperiosas9.


El foco de peste porcina africana que se ha detectado en Barcelona representa el mayor riesgo sanitario al que se ha enfrentado el sector porcino español desde la erradicación de la enfermedad en nuestro país en 1994. Ante esta situación,
el Gobierno ha de actuar con contundencia y celeridad a fin de evitar la destrucción de un sector fundamental para la economía nacional española y la soberanía alimentaria de nuestra Nación.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Declarar de manera inmediata la Peste Porcina Africana (PPA) como amenaza sanitaria prioritaria de ámbito nacional, activando los mecanismos previstos en el Reglamento (UE) 2016/429 y su normativa de ejecución.


2. Aprobar con carácter urgente un Plan Nacional de Control del Jabalí, que incluya medidas de reducción intensiva, uso excepcional de silenciadores, visores nocturnos, visores térmicos, drones térmicos y caza nocturna; creación de Zonas
de Control Cinegético Intensivo; brigadas de rastreo y retirada de cadáveres; vallados perimetrales; actualización trimestral del mapa nacional de densidades; incentivos económicos sanitarios; y medidas específicas para el porcino extensivo e
ibérico.


3. Modificar con urgencia el Reglamento de Armas y la legislación cinegética estatal para permitir el uso sanitario excepcional de tecnologías avanzadas.


4. Reconocer formalmente al sector cinegético como autoridad auxiliar sanitaria en materia de PPA, con formación homologada.


5. Reforzar la cooperación técnica transfronteriza con Francia, Italia y Portugal, garantizando intercambio de información en tiempo real.


6. Implementar controles reforzados en frontera para impedir la entrada de fauna silvestre o productos cárnicos que no cumplan los requisitos sanitarios europeos.


7. Desarrollar una campaña institucional de información explicando el carácter sanitario de estas medidas excepcionales y protegiendo la confianza en el sector porcino español.


8. Establecer un régimen sancionador proporcionado y limitado a conductas que dificulten el control sanitario, como la obstrucción deliberada de batidas sanitarias o la manipulación u ocultación de cadáveres de jabalí.


9. Crear un Mando Único Operativo Nacional contra la PPA bajo la autoridad del Ministerio de Agricultura.


10. Dotar el Plan Nacional de Control del Jabalí de cuantos fondos sean necesarios con cargo a los PGE 2025-2026 y fondos europeos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2025.—Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernández Ríos y Ángel López Maraver, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.


8 https://revistajaraysedal.es/caza-jabali-peste-porcina-africana-espana/


9 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7226980

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Comisión de Sanidad


161/002839


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución efectiva de
avances en el abordaje integral y multidisciplinar del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad.


Exposición de motivos


La Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENP) define el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) como un alteración del neurodesarrollo originado en la infancia cuyos síntomas principales son el déficit de atención
—dificultad para mantenerla de forma sostenida, para organizar tareas, olvidos frecuentes, etcétera—, y la hiperactividad y/o la impulsividad —movimiento excesivo en situaciones inadecuadas, dificultad para relajarse, hablar excesivamente,
interrumpir conversaciones...—.


El TDAH tiene su origen fundamentalmente en factores genéticos, biológico, perinatales y ambientales, y afecta en España entre un 3 y un 7 % de niños en edad escolar, siendo más frecuente en edad pediátrica, según la Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria (Aepap), y algo más habitual en niños que en niñas, reduciéndose su incidencia al 2,5 % de los adultos.


Según la SENP, para diagnosticar el TDAH es necesario que algunos de los síntomas antes referidos se manifiesten antes de los 12 años y se mantengan en el tiempo como mínimo seis meses. Además, deben estar presentes en al menos dos ámbitos
de la vida del niño -por ejemplo, en casa y en el colegio- y tener un impacto significativo en su rendimiento académico, social u ocupacional.


Desde el prisma de la comorbilidad, se estima que hasta un 50 % de los pacientes diagnosticados puede presentar otro tipo de problemas, como los trastornos de conducta, de ánimo, ansiedad, dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento
académico.


Entre un 50 % y un 80 % de los afectados mantienen los síntomas en la adolescencia y entre el 35 % y 65 % en la vida adulta. No obstante, y aunque el TDAH tiene una naturaleza fundamentalmente crónica, algunos pacientes pueden recuperarse
completamente o reducir al mínimo los síntomas, pudiendo tener una calidad de vida buena.


Desde la SENP se afirma que un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado permiten una evolución positiva del paciente, mientras que desde AEPAP se considera que el tratamiento «siempre ha de ser multidisciplinar», combinando —a partir
de «una alianza terapéutica constructiva entre los profesionales implicados y las familias»— la terapia farmacológica con la psicológica y psicopedagógica, y realizando un «seguimiento evolutivo multimodal, individualizado y sistemático».


En el mismo sentido, el Ministerio de Sanidad elaboró la «Guía de Práctica Clínica sobre las Intervenciones Terapéuticas en el TDAH».


La última versión conocida de la guía —dirigida a profesionales de pediatría de atención primaria y especializada, médicos de familia, equipos de salud mental y profesionales de centros educativos— es la publicada en 2017, con la que se
pretendió «establecer recomendaciones basadas en la evidencia científica de la mayor calidad disponible sobre la efectividad y seguridad de las diferentes intervenciones terapéuticas y educativas».

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La guía propone intervención psicológicas-psicosociales, psicopedagógicas y farmacológicas tanto aisladas como combinadas, siempre en búsqueda de la eficacia y la seguridad.


Sin embargo, a pesar de la guía, existe margen de mejora en la diagnosis y el abordaje integral del TDAH en el Sistema Nacional de Salud, mejorando la valoración física y neurológica integral de los pacientes, como se exigió el pasado mes de
octubre, en la conmemoración del Día Nacional del TDAH, desde la mencionada SENP, para, entre otros fines, prevenir y reducir el fracaso escolar. De igual forma, y también en octubre, en el marco del mismo día, desde la Federación Española de
Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, se alertó sobre las deficiencias existentes en diagnóstico precoz y en atención temprana y preventiva, así como en la necesidad del reconocimiento del carácter crónico de la enfermedad.


Es por todo lo anterior por lo que desde el Grupo Parlamentario Popular se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actualizar la ‘Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes’ desde la evidencia científica, el consenso con las
Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la coordinación con los representantes de los pacientes y de los profesionales de los ámbitos sanitario, social, l+D y educativo, con el objetivo de conseguir los
avances demandados en diagnóstico precoz, intervención integral/multidisciplinar y normalización social.


Para asegurar la puesta en práctica tangible de todas las líneas de trabajo y las recomendaciones que se contemplen en la referida actualización de la Guía, que deberá materializarse en el marco de la Estrategia de Salud Mental del Sistema
Nacional de Salud y en el primer semestre de 2026, el Gobierno destinará todos los recursos humanos, económicos, estructurales y tecnológicos que sean necesarios».


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2025.—Marta González Vázquez, Elvira Velasco Morillo, Irene Garrido Valenzuela, Pedro Puy Fraga, Juan Andrés Bayón Rolo, Miguel Tellado Filgueira, Álvaro Pérez López, Tristana María
Moraleja Gómez, Cristina Abades Martínez, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Ana Belén Vázquez Blanco, Rosa Quintana Carballo, Celso Luis Delgado Arce y Antonio Cavacasillas Rodríguez, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/002828


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la presente Proposición no de Ley relativa a la modificación de la Ley Orgánica
2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, para dotar de carácter obligatorio al objetivo de alcanzar una inversión pública equivalente al 1 % del PIB en el sistema universitario, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos


Las universidades públicas son pilares fundamentales del sistema educativo y, para cumplir su función de acceso al conocimiento, investigación y formación de las

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generaciones futuras, requieren financiación estable y suficiente. Sin embargo, en varias comunidades autónomas —y de forma especialmente aguda en Madrid, que cuenta con seis universidades públicas con alumnado procedente de todo el país y
con un papel central en investigación y docencia— se denuncia una situación estructural de infrafinanciación.


La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), en el marco del plan de incremento del gasto público para 2030, establece «el objetivo de destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto
público en educación universitaria (...). Para alcanzar dicho objetivo de carácter plurianual, se establecerán en los Presupuestos de las comunidades autónomas, en los del conjunto de universidades y en los Presupuestos Generales del Estado las
correspondientes aportaciones, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio». Sin embargo, la redacción actual ha permitido que algunas comunidades autónomas interpreten el precepto como una mera recomendación, llegando
incluso a negarse a participar en los grupos de trabajo convocados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para concretar la senda de financiación.


Esta ambigüedad genera desigualdades territoriales en la financiación del sistema universitario y compromete la suficiencia de recursos. Además, dificulta la planificación estatal en materias como la carrera profesional, el rejuvenecimiento
de plantillas, las obligaciones docentes e investigadoras y la modernización de infraestructuras. Además, la naturaleza de Ley Orgánica de la LOSU legitima que el legislador estatal establezca mínimos obligatorios en materia de financiación
universitaria, en virtud de su competencia para fijar la ordenación general del sistema recogida en el artículo 149.1.30 de la Constitución Española. Por todo ello, y para garantizar una financiación suficiente, estable y homogénea en todo el
territorio, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Establecer, en coordinación con las comunidades autónomas y las universidades, una senda progresiva que permita alcanzar el nuevo objetivo en un plazo razonable y compatible con la programación presupuestaria de cada administración.


— Impulsar una modificación de la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario, para dotar de carácter obligatorio al objetivo de destinar al menos el 1 % del PIB a la financiación del [...].


— Incorporar en dicha modificación plazos, mecanismos de seguimiento, criterios de evaluación y, en su caso, instrumentos de corrección, que garanticen el cumplimiento de esta exigencia de financiación básica.


— Promover un pacto de Estado por la Universidad Pública que garantice su financiación, liderazgo y proyección social, supeditando la condicionalidad de la financiación por objetivos que establecen las comunidades autónomas a la exigencia de
dotación del presupuesto según la media que actualmente disponen el conjunto de las universidades públicas europeas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2025.—Teslem Andala Ubbi y Francisco Sierra Caballero, Diputados.—Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.

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161/002829


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la presente Proposición no de Ley sobre el fortalecimiento de ia supervisión y el
aseguramiento de la calidad en universidades privadas y de las nuevas titulaciones, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos


La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), establece en su artículo 55 la obligación de las comunidades autónomas de dotar a las universidades de recursos económicos suficientes que garanticen su sostenibilidad
financiera y les permitan cumplir los objetivos previstos en la Ley. Asimismo, señala una serie de criterios que el legislador nacional debe desarrollar reglamentariamente y que las comunidades autónomas deben observar al ejercer sus competencias,
tanto en lo relativo a la creación y reconocimiento de universidades y a la calidad del sistema universitario, como en lo referente a las condiciones para la obtención y expedición de los títulos universitarios oficiales.


Así, a nivel reglamentario el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, en su Disposición Transitoria
Primera establece un plazo de cinco años para que las universidades privadas ya existentes se adapten a los nuevos requisitos en materia de implantación de titulaciones, investigación, número de profesorado doctor y suficiencia de infraestructuras.
Dicho plazo vence en 2026, por lo que resulta imprescindible garantizar que las comunidades autónomas disponen de mecanismos eficaces de comprobación y que el Ministerio de Universidades supervise adecuadamente su cumplimiento.


Además, el artículo 11 mantiene un régimen de silencio administrativo positivo en los procedimientos de autorización de nuevas enseñanzas universitarias, lo que permite que, ante la ausencia de resolución expresa, las titulaciones se
consideren automáticamente autorizadas. Este mecanismo plantea riesgos de implantación de titulaciones sin evaluación técnica completa y rigurosa, lo que genera preocupación en la comunidad académica y entre las agencias de calidad.


Por su parte, el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. La actualización derivada de la LOSU y la necesidad de reforzar las
garantías de evaluación aconsejan revisar este procedimiento para asegurar criterios homogéneos, rigurosos y coordinados entre comunidades autónomas, agencias de evaluación y el Ministerio.


Aunque el Real Decreto 905/2025 ha modificado ambos reales decretos, estableciendo criterios más estrictos para la creación de universidades y reforzando los mecanismos de control, sigue siendo necesario garantizar la correcta aplicación de
los requisitos de acreditación y la supervisión homogénea de todas las titulaciones.


Con el objetivo de fortalecer el aseguramiento de la calidad del sistema universitario, y en el marco de las competencias del Estado recogidas en los artículos 27 y 149.1.30 de la Constitución Española, resulta imprescindible establecer
mecanismos eficaces de

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seguimiento, evaluación y control de la calidad de las titulaciones universitarias. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Garantizar el cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 640/2021 mediante un mecanismo de seguimiento, en coordinación con comunidades autónomas y agencias de evaluación, que verifique que las universidades
privadas han cumplido las obligaciones de adaptación establecidas.


2. Revisar el régimen de silencio administrativo en la autorización de nuevas titulaciones previsto en el artículo 11 del Real Decreto 640/2021, para asegurar que ninguna titulación pueda implantarse sin una evaluación previa completa,
rigurosa y acreditada de sus condiciones de calidad, viabilidad y adecuación académica siempre con la supervisión del Consejo de Universidades.


3. Equiparar el procedimiento de verificación y autorización de enseñanzas universitarias oficiales previsto en el Real Decreto 822/2021 para operadores privados de acuerdo con los estándares de calidad de las universidades públicas,
reforzando los requisitos mínimos de planificación, profesorado, infraestructura y solvencia institucional, y garantizando una supervisión efectiva, coordinada y transparente de todas las nuevas titulaciones ofertadas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2025.—Teslem Andala Ubbi y Francisco Sierra Caballero, Diputados.—Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/002831


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar una cooperación internacional con perspectiva climática y
protagonismo infanto-juvenil, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Exposición de motivos


En un mundo marcado por la fragilidad, el conflicto y la emergencia climática, más de 600 millones de niños, niñas y jóvenes viven en contextos de vulnerabilidad. Cerca de 264 millones de niños, niñas y jóvenes siguen sin acceso a derechos
fundamentales, aunque estos deban protegerse en el mundo entero, destacando en este punto el derecho a un nivel de vida adecuado, a la salud y el bienestar, incluyendo la alimentación, a la educación y a la cultura, y evidentemente, el derecho a la
vida y la libertad. Las crisis globales —desde pandemias como la COVID-19 hasta los eventos climáticos extremos, el aumento de la pobreza y de las desigualdades, los conflictos armados y la radicalización social— han demostrado que la infancia y la
juventud son siempre las más afectadas, pero también las más resilientes.


La cooperación internacional ya no puede limitarse a transferencias de recursos. Debe ser una herramienta de transformación global, con visión generacional, justicia climática y equidad, donde el diálogo y el multilateralismo son
fundamentales para abordar estas crisis globales. Nuestra responsabilidad es garantizar su empoderamiento real, brindando oportunidades que les permitan liderar el cambio.

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En este sentido, el Plan de Acción para la Juventud en la Acción Exterior de la UE (2022- 2027) marca un hito histórico al reconocer a la juventud como socios estratégicos en la construcción de un futuro más sostenible. España, con su Ley
de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, se ha situado en la vanguardia de una cooperación más moderna, más eficaz, más ágil, alineada con la Agenda 2030, el Acuerdo de París, la Estrategia Europea de Adaptación al
Cambio Climático y los principios de justicia climática, vinculando así el cambio climático a los derechos humanos.


La juventud no sólo sufre las consecuencias del cambio climático, la precariedad y la exclusión en la toma de decisiones. También lidera movimientos contra el cambio climático, impulsa la innovación social y reclama una cooperación más
inclusiva y transformadora. La ecoansiedad, el desempleo y la migración forzada son síntomas de un sistema que no sólo no los escucha, si no que les ignora, pero su activismo y creatividad son parte esencial de la solución.


El Gobierno de España ha demostrado su compromiso con el liderazgo juvenil, especialmente de mujeres jóvenes, niñas y activistas, en todos los niveles de gobernanza —desde la política nacional hasta los foros multilaterales— y en la
formulación de políticas europeas y de cooperación.


El compromiso de la Comunidad Iberoamericana en la lucha contra el cambio climático es evidente, y ha dado especial prioridad a estas políticas públicas, destacando la colaboración entre AECID, SEGIB y el OIJ, promoviendo iniciativas
juveniles medioambientales en 22 países, fortaleciendo igualmente los marcos institucionales y buscando sinergias con iniciativas e instituciones activas en adaptación al cambio climático en la región. Además, estas acciones visibilizan el papel de
la juventud como protagonista de la acción climática y de la justicia socioambiental, y se consolidan en espacios como la Pré-COP30 en Brasilia, donde se presentarán soluciones climáticas más creativas y comprometidas en la búsqueda de soluciones,
lideradas por la juventud iberoamericana.


El Gobierno español también impulsa la transformación educativa global a través de diferentes instrumentos de cooperación, mejorando el acceso de la juventud a oportunidades socioeconómicas, salud integral, derechos sexuales y reproductivos,
y transiciones ecológica y digital. Cuyo objetivo son sistemas más inclusivos, equitativos y sostenibles para afrontar los desafíos globales del s. XXI, como el cambio climático y la desigualdad.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista, creemos que la cooperación internacional debe tener una mirada joven, feminista y climática. Porque no hay justicia global sin igualdad de género, sin sostenibilidad ambiental y sin participación
real y activa de la juventud.


Fomentar la movilidad, los intercambios y la creación de redes entre jóvenes de todo el mundo, garantizando la diversidad y la inclusividad, y combatiendo barreras sociales, económicas y digitales, es un imperativo. Igualmente, es esencial
dar voz a las organizaciones de base y a la juventud activista en la vigilancia institucional, la defensa de los derechos humanos y la promoción de reformas democráticas, como una vía esencial para imaginar y construir alternativas justas,
resilientes y sostenibles. Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reforzar el enfoque infanto-juvenil en los programas de cooperación internacional garantizando, además, el empoderamiento económico, político y social de mujeres y niñas en países socios con una estrategia de cooperación feminista.


2. Seguir priorizando la acción climática en la cooperación, apoyando proyectos de adaptación, mitigación y resiliencia en comunidades vulnerables, especialmente aquellos liderados por jóvenes.

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3. Fortalecer el liderazgo juvenil en la formulación de políticas públicas y toma de decisiones, asegurando una participación significativa, inclusiva y real de jóvenes activistas y organizaciones juveniles.


4. Abordar el impacto emocional del cambio climático, incluyendo apoyo psicológico y espacios seguros para canalizar el activismo de forma saludable, sabiendo que, aunque no han contribuido a las crisis, son los principales perjudicados.


5. Crear un concurso anual de proyectos juveniles climáticos, priorizando soluciones locales con impacto global.


6. Incluir la educación ambiental en los programas de cooperación, desde la infancia hasta la universidad, junto con formación en liderazgo climático para que la juventud pueda participar en foros internacionales con conocimiento técnico y
político, beneficiándose la sociedad en su conjunto de este capital humano.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2025.—M.ª Isabel Moreno Fernández, Gabriel Blanco Arrùe, Olvido de la Rosa Baena, Luc Andre Diouf Dioh, María Luisa García Gurrutxaga, Lídia Guinart Moreno, Cristina López Zamora,
José Losada Fernández, Jonay Quintero Hernández, Susana Ros Martínez, David Serrada Pariente y Alba Soldevilla Novials, Diputados.—Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Juventud e Infancia


161/002832


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Blanca Armario González, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Joaquín Robles López, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a atajar el abandono de los menores extranjeros, para su discusión en la Comisión de Juventud e Infancia.


Exposición de motivos


En los últimos meses se ha incrementado el fenómeno, policialmente llamado, ‘Menores Erasmus’1. Esta práctica fraudulenta consiste en que los menores extranjeros llegan a España acompañados de sus padres, en calidad de turistas, para
posteriormente ser ‘abandonados’, pasando a ser acogidos por el sistema de protección español en condición de menores no acompañados.


Según los datos aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios sociales y la Fiscalía de Menores se han detectado casos en Madrid, Valencia, Baleares, Bilbao o Tarragona. En esta última provincia, la Policía
Nacional ha iniciado 124 expedientes de menores en centros de protección que podrían estar relacionados con este tipo de fraude. Según ha trascendido, se han elaborado 28 atestados y se ha detenido a 30 padres2.


Especialmente grave está siendo el caso Málaga, donde hay 70 adolescentes ingresados en centros de protección de Málaga cuyo perfil no obedece al de los ‘menas’. 1
https://www.diariosur.es/sucesos/menaserasmus-padres-africanos-viajan-malaga-aba...


2 https://www.elmundo.es/cataluna/2025/10/23/68f9f12dfdddff62168b4579.html

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En esta provincia hay más de «300 plazas [...], a las que hay que sumar las familias de acogida, [...] Actualmente, hay 938 menores tutelados en Málaga»3.


Este Grupo Parlamentario, en pregunta escritas 184/28866 y 184/28408, solicitó respuesta sobre varios de estos casos, sin recibir una respuesta del Gobierno en la que se reconozca esta práctica o en la que se aborde algún tipo de solución a
la misma4. Incluso, se reconocía en una de ellas que «El Ministerio de Juventud e Infancia no tiene constancia de los sucesos a los que se hace referencia».


A la gravedad de los hechos descritos en términos de seguridad, se les une el perjuicio económico. En el caso de Tarragona, la Policía cifra en 1,5 millones de euros coste asumido por instituciones públicas en manutención, educación y
salud5.


El Gobierno, lejos de atajar esta problemática, parece incentivar el efecto llamada con la utilización política que viene haciendo de los MENAS y de la inmigración ilegal. A pesar de lo que suele apuntar el Ministerio de Juventud e
Infancia, este no se trata de un asunto atribuido a la competencia de las diversas administraciones regionales. Estamos, según la opinión de los juristas y de los efectivos policiales, ante casos de abandono de menores, tipificado en el artículo
229 del Código Penal con «pena de prisión de dieciocho meses a tres años», que el Ministerio Fiscal tiene la obligación de perseguir de oficio.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Cuantificar el número de menores extranjeros que han sido abandonados por sus padres en España desde el año 2018, así como determinar el coste económico asumido por las Administraciones Públicas, para ser repercutidos a los mismos.


2. Interesar del Ministerio Fiscal que promueva ante los Tribunales de Justicia las acciones procedentes para sustanciar la responsabilidad penal de los padres de los menores 'abandonados'.


3. Reforzar el control en los puestos fronterizos para evitar esta práctica de los menores abandonados, garantizando el cumplimiento de las condiciones de entrada en España, previstas en el artículo 8 del Real Decreto 1155/2024, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; como la aportación del visado y los documentos que justifiquen el objeto y
las condiciones de la estancia prevista, especialmente el billete de vuelta.


4. Realizar las averiguaciones oportunas derivadas de los datos que los transportistas tienen la obligación de aportar, conforme al artículo 66.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, sobre el número de billetes de vuelta no utilizados por los pasajeros que previamente hubiesen transportado a España, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, y con independencia de que el transporte sea en
tránsito o como destino final, de rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen.


3 https://www.diariosur.es/sucesos/aluvion-menaserasmus-asciende-casos-investigado...


4 https://app.congreso.es/inipar15/entradadiaria/viewPDF?entradadiaria=87564 y https://app.congreso.es/inipar15/entradadiaria/viewPDF?entradadiaria=86107


5 https://elpais.com/espana/catalunya/2025-11-05/ni-solos-ni-abandonados-el-ardid-...

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5. Expulsar con carácter urgente a todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a España y repatriar a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, con sus familias.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2025.—Rocío Aguirre Gil de Biedma, Joaquín Robles López y Blanca Armario González, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión sobre Seguridad Vial


161/002823


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Ángel López Maraver, Francisco José Alcaraz Martos y Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la suspensión de la obligatoriedad de las balizas V-16 por la falta de evidencia suficiente sobre sus beneficios para la seguridad vial,
para su discusión en la Comisión sobre Seguridad Vial.


Exposición de motivos


El próximo 1 de enero de 2026 entrará en vigor la disposición transitoria primera del Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, concretada por la Instrucción MOV 2025/1 de la
DGT. Ella establece la obligatoriedad de que los vehículos (turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales) lleven consigo en la guantera, accesible y
cargado, una luz de emergencia V-16 supuestamente visible a un kilómetro de distancia con conexión directa a la plataforma DGT 3.0, en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia reflectantes.


Esta norma únicamente obligaría a los vehículos matriculados en España, con lo que los vehículos extranjeros que vienen a España temporalmente (nótese que por nuestro país transitan cada año millones de turistas europeos que viajan hasta
nuestro territorio con un vehículo de matrícula foránea) quedarían fuera del ámbito de aplicación de esta novedad normativa. Así, en un contexto de dificultades económicas, inflación y encarecimiento del coste de la vida, imponer un gasto adicional
a millones de familias, especialmente en fechas de elevado consumo como las Navidades, resulta una carga innecesaria y desproporcionada que no cuenta con una justificación técnica sólida ni con un análisis económico previo que permita valorar su
impacto real.


Por si fuera poco, el Gobierno no ha realizado una debida comunicación sobre la entrada en vigor de esta norma: el 65 % de los españoles la desconoce y hasta el 30 % no sabe que puede exponerse a ser sancionado con 80 euros de multa si
incumple esta nueva norma1. Además, muchos conductores españoles están adquiriendo sin saberlo balizas V-16 más baratas, pero no homologadas por la DGT, exponiéndose también a ser multados consecuencia de la ineficiente política comunicativa del
Gobierno.


Desde el punto de vista estrictamente técnico, la baliza V16 presenta limitaciones relevantes de eficacia, que no han sido suficientemente acreditadas mediante estudios independientes, informes periciales ni ensayos en condiciones reales de
tráfico. En vehículos industriales de gran tonelaje, como camiones o furgones, la ubicación de la 1 https://www.europapress.es/sociedad/noticia-65-espanoles-desconoce-detalles-nuev...

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baliza en la cabina resulta totalmente ineficaz, ya que la propia caja del vehículo oculta su visibilidad desde el exterior, volviendo inútil el dispositivo. A ello se añade que, en tramos de carretera con curvas cerradas, cambios de
rasante o zonas sin visibilidad directa, la baliza no permite anticipar la presencia del vehículo detenido, poniendo en riesgo a los conductores que se aproximan. Asociaciones de conductores y Guardias Civiles también han elevado dudas sobre la
utilidad general del dispositivo, alegando que «de día no se ve lo suficiente»2. Además, cabe destacar que estas balizas requieren conexión a internet para conectarse con la red DGT 3.0, por lo que requieren una tarjeta eSIM integrada. Sin
embargo, en multitud de puntos de la red de carreteras de España no existe red suficiente para este uso, por lo que su uso se convertiría en inútil para los objetivos que supuestamente se persiguen.


Tampoco se han publicado estudios concluyentes sobre su rendimiento en condiciones climatológicas adversas como lluvia intensa, niebla densa, nieve o polvo en suspensión. Por el contrario, los triángulos de emergencia —ahora sustituidos por
la baliza V-16— permitían, incluso en condiciones meteorológicas extremas, advertir la presencia de un vehículo averiado con una antelación mínima de 100 metros, lo que facilitaba a los conductores una reacción adecuada para reducir la velocidad y
evitar el impacto.


Además, la obligatoriedad de la baliza V-16 introduce un riesgo añadido que contradice frontalmente las recomendaciones nacionales e internacionales de seguridad vial: el peligro de que los conductores, al activar el dispositivo desde el
interior del vehículo, permanezcan en el habitáculo mientras esperan asistencia. Los protocolos de prevención de riesgos establecen claramente que, ante una avería o incidente en carretera, los ocupantes deben abandonar inmediatamente el vehículo y
situarse en un lugar seguro fuera de la calzada. Incentivar, aunque sea de forma indirecta, conductas que llevan a permanecer dentro del vehículo supone incrementar el riesgo de atropello, una de las principales causas de mortalidad en incidencias
en carretera.


Todo ello evidencia que la obligación de utilizar la baliza V-16 carece de proporcionalidad, no garantiza un beneficio real y acreditado en términos de seguridad vial, genera una desigualdad normativa frente a los vehículos extranjeros,
impone una carga económica injustificada a las familias españolas y puede fomentar prácticas peligrosas expresamente desaconsejadas por los servicios de emergencia. Igualmente, no se entiende por qué no contempla opciones como que sea el conductor
el que decida escoger entre la baliza V-16 o continuar utilizando los clásicos triángulos reflectantes. Hasta que no existan estudios técnicos, periciales y forenses concluyentes que demuestren de forma objetiva la eficacia y utilidad del
dispositivo, resulta imprescindible revisar la medida, suspender su aplicación y dirigir los esfuerzos a aliviar las cargas que soportan los españoles, así como proporcionar ayudas a familias y empresas para la renovación del parque móvil, mejorando
considerablemente la seguridad vial.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Con el fin de no introducir cargas adicionales a las familias y empresas españolas, suspender la obligatoriedad de la baliza V-16 hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en
condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial. Asimismo, continuar permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes en carretera.


2 https://www.eldebate.com/motor/20250412/conductores-critican-dgt-nuevas-luces-em...

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2. Garantizar que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo, práctica firmemente desaconsejada por los protocolos de prevención de riesgos y seguridad en carretera.


3. Impulsar ayudas para las familias y empresas españolas con el fin de mejorar la seguridad vial a través de la renovación del parque automovilístico de España desde una perspectiva que garantice la libre convivencia de todas las
tecnologías de automoción —combustión, híbridas y eléctricas— sin imposiciones ideológicas.


4. Cesar en su promoción de normativas y obligaciones que imponen costes innecesarios a las familias y muestran finalidad puramente extractiva, y no repercuten positivamente sobre el bienestar de los españoles.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2025.— Ángel López Maraver, Francisco José Alcaraz Martos y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/002827


A la mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar una implantación
segura, eficaz y basada en la evidencia de la señal luminosa V-16 como dispositivo obligatorio de preseñalización de emergencias, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.


Exposición de motivos


En marzo de 2025 se aprobó en la Comisión sobre Seguridad Vial, a instancias del Grupo Parlamentario Popular, una Proposición no de Ley relativa a la nueva normativa sobre la señal luminosa V-16, orientada a garantizar que los ciudadanos
recibieran información clara y suficiente sobre su futura obligatoriedad a partir del mes de enero de 2026. Aquella iniciativa instaba al Gobierno a desarrollar campañas de comunicación que permitieran a los conductores conocer con antelación la
nueva obligación normativa y sus plazos de aplicación.


Desde la aprobación de aquella Proposición no de Ley, el debate público en torno a la implantación de la V-16 se ha intensificado, y ha incorporado aportaciones de profesionales de la seguridad vial, asociaciones de automovilistas, técnicos
de emergencia, entidades de consumidores, representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y especialistas del sector. Además, diversas a asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han trasladado que, si bien valoran
positivamente la baliza, por el hecho de evitar que el conductor tenga que abandonar el vehículo y por la ventaja añadida de la geolocalización, también consideran que su visibilidad no es plenamente óptima en todas las situaciones, por lo que sería
necesario revisar y perfeccionar el dispositivo y su implementación para reforzar su eficacia en condiciones adversas.


Estas voces han puesto de relieve diversos aspectos que requieren un evaluación y clarificación urgentes antes de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la señal V-16. Entre los elementos señalados destacan:


— La eventual limitación del dispositivo en determinadas condiciones, como curvas, cambios de rasante, situaciones de luz solar intensa o meteorología adversa.

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— La posible confusión entre dispositivos homologados y no homologados, tal y como ha advertido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), lo que podría generar inseguridad jurídica entre los ciudadanos.


— La necesidad de garantizar un mantenimiento adecuado, en particular en relación con la batería o pilas, para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo cuando sea necesario.


— La conveniencia de analizar, con datos objetivos, la eficacia comparada entre la V-16 y los triángulos tradicionales en distintos entornos y circunstancias de circulación.


— La importancia de asegurar una transición ordenada hacia la obligatoriedad en 2026, evitando situaciones de desconocimiento, falta de información o incertidumbre por parte de los usuarios de la vía.


Asimismo, aunque desde el 1 de julio de 2021 la baliza V-16 se permite voluntariamente como alternativa a los triángulos de preseñalización, su uso no se ha generalizado entre la ciudadanía. Por ello, resulta necesario establecer un período
de transición razonable que facilite una adaptación ordenada, dado que aún persisten dudas sobre su uso, funcionamiento y requisitos, permitiendo que puedan seguir utilizándose los triángulos de preseñalización hasta que se disponga de los informe
técnicos que analicen la eficacia de la señal luminosa V-16 en distintos escenarios de circulación y condiciones de visibilidad.


Estas observaciones no cuestionan necesariamente la idoneidad del dispositivo previsto en la normativa, pero sí ponen de manifiesto que su implantación debe realizarse con plena seguridad jurídica, evidencia técnica contrastada y suficiente
información al conjunto de los ciudadanos, aspectos que ya anticipábamos en la iniciativa presentada por este Grupo Parlamentario. Por ello, resulta oportuno que el Gobierno complete el proceso con medidas adicionales que acompañen de forma
adecuada la transición, garanticen la correcta homologación de los dispositivos y permitan evaluar su eficacia real, en beneficio de la seguridad vial y de la confianza de los usuarios.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar un proceso integral de evaluación de la señal luminosa V-16 que incluya la elaboración de un informe técnico actualizado sobre su eficacia en distintos escenarios, la participación estable de entidades y profesionales expertos
en su análisis y seguimiento, y la realización de un informe anual que permita valorar su implantación, uso, incidencias y resultados, con el fin de mejorar la seguridad vial.


2. Reforzar el control de la homologación y del mercado, garantizando que las balizas V-16 comercializadas cumplen la normativa vigente, evitando la presencia de dispositivos no homologados e informando con claridad sobre los modelos
válidos.


3. Desarrollar nuevas campañas de información y formación dirigidas a los conductores y a los profesionales de la seguridad vial sobre el uso correcto de la V-16, su mantenimiento, su homologación y los plazos de aplicación de la nueva
obligación.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2025.— Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa, Juan Antonio Rojas Manrique, Raúl Cuevas Larrosa, Tristana Moraleja Gómez, Cristina Abades Martínez, Alma Alfonso Silvestre,
Mario Cortés Carballo, Carlos García Adanero, José Alberto Herrero Bono, Ángel Ibáñez Hernando, Juan Luis Pedreño Molina, Daniel Pérez Osma, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/031352


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Ibáñez Mezquita, Alberto (GSUMAR)


Dinero público que ha costado el viaje de Estado de los Reyes a China los días 11, 12 y 13/11/2025 y empresarios que los acompañaron en el citado viaje.


Acuerdo:


Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto las preguntas sexta, séptima y octava por tratarse de materias ajenas
al Gobierno, por lo que no pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados en los términos que el artículo 66 de la Constitución española configura dicha función, sino que supondría, de facto, un control indirecto
sobre terceros no sometidos a aquél, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso


Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados/as, el diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de España para respuesta escrita.


Los Reyes realizaron un viaje de Estado a China acompañados del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares y del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. En la delegación española
también viajan el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; la secretaria de Estado de Comercio, María Amparo López Senovilla; la consejera delegada del ICEX, Elisa Carbonell; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y el
presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.


Este viaje culmina la celebración del 20.º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, y ofrece la oportunidad de continuar estrechando los profundos lazos políticos, económicos y culturales
entre ambos países.


¿Cuánto dinero público, de cualquiera de las Administraciones Públicas, ha costado el viaje de Estado de los Reyes a China los días 11, 12 y 13 de noviembre? ¿Los acompañaron otros empresarios que no fueran el presidente de la CEOE y el
presidente de la Cámara de España? ¿Quiénes? ¿Quién y con qué criterios se seleccionaron? ¿Se llegó a nuevos acuerdos comerciales durante el viaje? [...]


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2025.—Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.

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184/031395


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Cofiño Fernández, Rafael (GSUMAR)


Previsiones acerca de realizar los cambios normativos pertinentes para incorporar la posibilidad de crear especialidades docentes de lengua asturiana y eonaviego y para garantizar la estabilidad y el reconocimiento profesional del personal
docente.


Acuerdo:


Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente pregunta relativa a la creación de las especialidades docentes de Lengua Asturiana y Eonaviego dirigida al Gobierno,
para la que se solicita respuesta escrita.


Exposición de motivos


El sistema educativo asturiano cuenta con más de 300 docentes de asturiano y eonaviego, trabajando en condiciones precarias: gran parte con una contratación a media jornada, siendo toda la plantilla interina. Esta situación de precariedad,
que incumple la normativa europea que prohíbe el abuso de la temporalidad y demanda medidas efectivas para la estabilización, se acentúa al no contar la lengua asturiana con la especialidad docente, lo que impide que el profesorado pueda obtener una
plaza estable a través de un concurso-oposición bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.


Este profesorado desempeña su labor dentro del horario lectivo asumiendo las mismas funciones que el resto del profesorado de otras especialidades. Además, cuenta con la misma formación académica: titulación oficial de la Universidad de
Oviedo (acreditada por la ANECA).


Debido a la ausencia de especialidad docente, no existen puestos en las plantillas orgánicas, aunque la asignatura está presente en el sistema educativo asturiano desde el curso 1984-1985. En este sentido, este profesorado lleva más de 30
años desempeñando su función, sufriendo una situación de incertidumbre y agravios en relación con el profesorado de otras especialidades.


Esta situación de discriminación va en contra del más elemental respeto a los derechos laborales del profesorado de esta asignatura y pone de manifiesto la discriminación con respecto a otras especialidades docentes.


La solución para reconocer de manera equitativa una enseñanza que tiene carácter reglado desde 1984 sería sencilla: la modificación del RD 1594/2011, del RD 1834/2008 y del RD 287/2014, que regulan las especialidades docentes de los cuerpos
de Maestros, de Profesorado de Educación Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas, con el fin de incorporar la posibilidad de crear la especialidad docente de lenguas propias

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que, sin ser cooficiales, tengan reconocimiento jurídico e implantación curricular. Tal es el caso, más allá de toda duda, de la lengua asturiana y el eonaviego.


En Asturias, la enseñanza de la Lengua Asturiana y Eonaviego está garantizada por la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano. A nivel estatal, la vigente LOMLOE reconoce expresamente que las comunidades autónomas
puedan incorporar la enseñanza de lenguas no oficiales que gocen de protección legal a los sistemas educativos, en los términos que determine la normativa autonómica. Se entiende, por tanto, que deben articularse procesos para asegurar la igualdad
de condiciones laborales para todos los cuerpos y especialidades y garantizar el acceso a la función docente bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.


Por lo citado, se plantea la siguiente pregunta al Gobierno para su respuesta por escrito:


¿Contempla el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes realizar los cambios normativos pertinentes para incorporar la posibilidad de crear especialidades docentes de lenguas propias que, sin ser cooficiales, cuenten con
reconocimiento jurídico e implantación curricular, estableciendo así las bases para la creación de las especialidades docentes de Lengua Asturiana y Eonaviego y para garantizar la estabilidad y el reconocimiento profesional del personal docente?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2025.—Rafael Cofiño Fernández, Diputado.


184/031508


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Lorente Anaya, Macarena (GP)


Romaní Cantera, José Ignacio (GP)


Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP)


Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP)


Puy Fraga, Pedro (GP)


Rodríguez Serra, Santi (GP)


Cálculo del impacto recaudatorio de la desaparición de la verja de Gibraltar.


Acuerdo:


1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el último guion, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001400).


2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

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Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Macarena Lorente Anaya, Ignacio Romaní Cantera, Pedro Gallardo Barrena, Miguel Angel Sastre Uyá, Pedro Puy Fraga y Santiago Rodríguez Serra, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y ss, del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.


La eliminación del control fronterizo en Gibraltar podría tener impacto directo en la recaudación tributaria y en la eficacia contra el contrabando.


— ¿Ha calculado el Gobierno el impacto recaudatorio de la desaparición de la verja?


— [...]


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2025.—Macarena Lorente Anaya, José Ignacio Romaní Cantera, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Miguel Ángel Sastre Uyá, Pedro Puy Fraga y Santi Rodríguez Serra, Diputados.


184/031511


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Lorente Anaya, Macarena (GP)


Romaní Cantera, José Ignacio (GP)


Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP)


Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP)


Puy Fraga, Pedro (GP)


Rodríguez Serra, Santi (GP)


Evaluación por el Gobierno mediante la elaboración de un estudio o informe de la forma en la que la desaparición de la verja de Gibraltar podría alterar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de
transparencia fiscal y lucha contra el blanqueo.


Acuerdo:


1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el primer guion, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001401).


2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

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Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Macarena Lorente Anaya, Ignacio Romaní Cantera, Pedro Gallardo Barrena, Miguel Angel Sastre Uyá, Pedro Puy Fraga y Santiago Rodríguez Serra, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.


La desaparición de la verja de Gibraltar también afecta al cumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de transparencia fiscal y lucha contra el blanqueo.


— ¿Ha evaluado el Gobierno cómo podría alterar este escenario dichas obligaciones, con la elaboración de estudio o informe? [...]


— ¿Prevé el Ministerio de Hacienda promover adaptaciones normativas para mantener los estándares exigidos por la UE y organismos internacionales?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2025.—Macarena Lorente Anaya, José Ignacio Romaní Cantera, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Miguel Ángel Sastre Uyá, Pedro Puy Fraga y Santi Rodríguez Serra, Diputados.


184/031546


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Lorente Anaya, Macarena (GP)


Reynal Reillo, Esperanza (GP)


Noriega Gómez, Javier (GP)


Pascual Rocamora, Sandra (GP)


Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP)


Quintana Carballo, Rosa (GP)


Clemente Muñoz, Raquel (GP)


Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP)


Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP)


Velasco Morillo, Elvira (GP)


Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)


Folch Blanc, Javier José (GP)


Franco González, Silvia (GP)


Realización por el Gobierno de informe para evaluar sobre el impacto del Real Decreto 1056/2024, de 15 de octubre, en el conjunto del sector de ONGD, especialmente en su equilibrio y diversidad.


Acuerdo:


1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el último guion, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración Pública

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correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001402).


2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Macarena Lorente Anaya, Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Sandra Pascual Rocamora, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Rosa Quintana Carballo, Raquel Clemente Muñoz, Pedro Gallardo Barrena, Carlos Sánchez Ojeda, Elvira Velasco
Morilla, Gema Pérez Recuerda, Javier Folch Blanc y Silvia Franco González, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.


Las ONGD españolas constituyen un sector plural; un sistema de subvenciones directas podría influir en su equilibrio interno, favoreciendo a unas entidades sobre otras.


Con relación al Real Decreto 1056/2024 de 15 de octubre sobre concesión directa de subvenciones en materia de cooperación internacional:


— ¿Ha realizado el Gobierno informe para evaluar, sobre el impacto de este Real Decreto en el conjunto del sector de ONGD, especialmente en su equilibrio y diversidad?


— ¿Ha realizado el Gobierno informe, analizado el posible efecto concentrador en entidades con mayor tamaño o capacidad de influencia?


— [...]


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2025.—Macarena Lorente Anaya, Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Sandra Pascual Rocamora, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Rosa Quintana Carballo, Raquel Clemente Muñoz,
Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Elvira Velasco Morillo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier José Folch Blanc y Silvia Franco González, Diputados.


184/031550


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Lorente Anaya, Macarena (GP)


Reynal Reillo, Esperanza (GP)


Noriega Gómez, Javier (GP)


Pascual Rocamora, Sandra (GP)


Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP)


Quintana Carballo, Rosa (GP)


Clemente Muñoz, Raquel (GP)

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Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP)


Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP)


Velasco Morillo, Elvira (GP)


Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)


Folch Blanc, Javier José (GP)


Franco González, Silvia (GP)


Realización de memoria justificativa completa que permita acreditar las razones de interés público para las subvenciones directas de cooperación.


Acuerdo:


1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el último guion, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001403).


2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Macarena Lorente Anaya, Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Sandra Pascual Rocamora, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Rosa Quintana Carballo, Raquel Clemente Muñoz, Pedro Gallardo Barrena, Carlos Sánchez Ojeda, Elvira Velasco
Morilla, Gema Pérez Recuerda, Javier Folch Blanc y Silvia Franco González, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.


La excepcionalidad de la concesión directa de subvenciones exige una memoria justificativa sólida y accesible, que fundamente jurídicamente cada decisión.


Con relación al Real Decreto 1056/2024 de 15 de octubre sobre concesión directa de subvenciones en materia de cooperación internacional:


— ¿Se ha realizado memoria justificativa completa que permita acreditar las razones de interés público para estas subvenciones directas?


— [...]


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2025.—Macarena Lorente Anaya, Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Sandra Pascual Rocamora, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Rosa Quintana Carballo, Raquel Clemente Muñoz,
Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Elvira Velasco Morillo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier José Folch Blanc y Silvia Franco González, Diputados.

Página 55

184/031565


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Lorente Anaya, Macarena (GP)


Reynal Reillo, Esperanza (GP)


Noriega Gómez, Javier (GP)


Pascual Rocamora, Sandra (GP)


Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP)


Quintana Carballo, Rosa (GP)


Clemente Muñoz, Raquel (GP)


Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP)


Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP)


Velasco Morillo, Elvira (GP)


Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)


Folch Blanc, Javier José (GP)


Franco González, Silvia (GP)


Análisis sectorial sobre las áreas temáticas que podrían verse más beneficiadas o perjudicadas por la concesión directa de subvenciones de cooperación internacional.


Acuerdo:


1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el último guion, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001404).


2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Macarena Lorente Anaya, Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Sandra Pascual Rocamora, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Rosa Quintana Carballo, Raquel Clemente Muñoz, Pedro Gallardo Barrena, Carlos Sánchez Ojeda, Elvira Velasco
Morilla, Gema Pérez Recuerda, Javier Folch Blanc y Silvia Franco González, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.


Un sistema de subvenciones directas, como el que prevé el Real Decreto 1056/2024 de 15 de octubre, podría provocar la concentración de éstas desproporcionadamente en unos sectores frente a otros en la amplia diversidad temática que existe en
el ámbito de la cooperación internacional

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— ¿Ha realizado el Gobierno un análisis sectorial sobre qué áreas temáticas podrían verse más beneficiadas o perjudicadas por la concesión directa?


— [...]


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2025.—Macarena Lorente Anaya, Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Sandra Pascual Rocamora, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Rosa Quintana Carballo, Raquel Clemente Muñoz,
Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Elvira Velasco Morillo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier José Folch Blanc y Silvia Franco González, Diputados.


184/031567


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Lorente Anaya, Macarena (GP)


Reynal Reillo, Esperanza (GP)


Noriega Gómez, Javier (GP)


Pascual Rocamora, Sandra (GP)


Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP)


Quintana Carballo, Rosa (GP)


Clemente Muñoz, Raquel (GP)


Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP)


Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP)


Velasco Morillo, Elvira (GP)


Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)


Folch Blanc, Javier José (GP)


Franco González, Silvia (GP)


Valoración acerca de si la modalidad de subvenciones directas de cooperación internacional favorecerá de forma desproporcionada a ONGD de gran tamaño o con redes internacionales, así como realización de algún estudio previo o simulación que
respalde la ausencia de brechas entre ambos perfiles.


Acuerdo:


1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el último guion, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001405).


2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.

Página 57

A la Mesa del Congreso de los Diputados


Macarena Lorente Anaya, Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Sandra Pascual Rocamora, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Rosa Quintana Carballo, Raquel Clemente Muñoz, Pedro Gallardo Barrena, Carlos Sánchez Ojeda, Elvira Velasco
Morilla, Gema Pérez Recuerda, Javier Folch Blanc y Silvia Franco González, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.


El equilibrio entre ONGD internacionalizadas y ONGD locales es clave para la cooperación española. La concesión directa de subvenciones, como la prevista en el RD 1056/2024 de 15 de octubre, puede favorecer a estructuras internacionalizadas
con mayor capacidad burocrática.


— ¿Ha valorado el Gobierno si esta modalidad de subvenciones directas favorecerá de forma desproporcionada a ONGD de gran tamaño o con redes internacionales?


— ¿Ha realizado el Gobierno algún estudio previo o simulación que respalde la ausencia de brechas entre ambos perfiles?


— [...]


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2025.—Macarena Lorente Anaya, Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Sandra Pascual Rocamora, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Rosa Quintana Carballo, Raquel Clemente Muñoz,
Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Elvira Velasco Morillo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier José Folch Blanc y Silvia Franco González, Diputados.


184/031568


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Lorente Anaya, Macarena (GP)


Reynal Reillo, Esperanza (GP)


Noriega Gómez, Javier (GP)


Pascual Rocamora, Sandra (GP)


Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP)


Quintana Carballo, Rosa (GP)


Clemente Muñoz, Raquel (GP)


Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP)


Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP)


Velasco Morillo, Elvira (GP)


Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)


Folch Blanc, Javier José (GP)


Franco González, Silvia (GP)


Mapa de riesgos específico del que dispone la AECID para las subvenciones directas de cooperación internacional.


Acuerdo:


1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el último guion, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración Pública

Página 58

correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001406).


2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Macarena Lorente Anaya, Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Sandra Pascual Rocamora, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Rosa Quintana Carballo, Raquel Clemente Muñoz, Pedro Gallardo Barrena, Carlos Sánchez Ojeda, Elvira Velasco
Morilla, Gema Pérez Recuerda, Javier Folch Blanc y Silvia Franco González, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.


Si la realización de un análisis de riesgos es obligatoria en la gestión pública de subvenciones, la concesión directa de éstas exige un análisis todavía más preciso.


En referencia al Real Decreto 1056/2024 de 15 de octubre sobre concesión directa de subvenciones en materia de cooperación internacional:


— ¿Dispone la AECID de un mapa de riesgos específico para estas subvenciones directas?


— [...]


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2025.—Macarena Lorente Anaya, Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Sandra Pascual Rocamora, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Rosa Quintana Carballo, Raquel Clemente Muñoz,
Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Elvira Velasco Morillo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier José Folch Blanc y Silvia Franco González, Diputados.

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OTROS TEXTOS


PREMIOS


292/000015


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 18 de noviembre de 2025, de conformidad con la propuesta elevada por el Jurado constituido al efecto, ha acordado conceder el VII Premio «Josefina Carabias» de periodismo parlamentario a D. Javier
Calvo Viñuela, por su amplia y destacada trayectoria profesional dedicada plenamente al periodismo de agencia y a la información parlamentaria.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Elaso.