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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 446, de 05/12/2025
cve: BOCG-15-D-446
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
5 de diciembre de 2025
Núm. 446
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000648
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre inflación y subida de precios ... (Página2)
162/000650
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la posición de España ante las amenazas y ataques militares de EE.UU. en el Caribe ... (Página5)
162/000651
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al compromiso de España con la paz y los derechos humanos en Sudán ... (Página7)
Otros textos
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000008
Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2026 ... (Página10)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su
conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Carina Mejías Sánchez, en sus condiciones respectivas de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre inflación y subida de precios, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
En términos comparativos, los españoles son cada día más pobres. El PIB per cápita de España en 2008 representaba casi un 96 % del PIB per cápita medio de la Unión Europea, sin embargo, en 2023 representa menos de un 81 %. Del mismo modo,
el PIB per cápita de España en 2008 representaba el 73 % del estadounidense; y en 2023 esta cifra ha caído hasta el 40 %. Décadas de empobrecimiento constante con la firma del bipartidismo. PP y PSOE se han revelado como dos caras de una misma
moneda que empuja a España en una única dirección: la de la ruina. Es la España del decrecimiento, la España periférica de los desplazados por la agenda globalista y la España de los desposeídos, material y simbólicamente. En definitiva, una
España irreconocible.
Los salarios reales de los españoles llevan estancados tres décadas y cada día la distancia con los países de nuestro entorno es mayor: en 1993, la distancia entre el salario de España y el de Francia era del 8,3 %; en 2023, fue del 33,7
%. Y en comparación con Alemania, el salario medio real alemán en 1993 era un 25,75 % superior al español y en 2023 fue un 48,14 % superior. La consecuencia necesaria es que la certeza social heredada de la progresión material en base al esfuerzo,
la formación y el buen desempeño es hoy una quimera. De este modo, arrasadas las garantías y las expectativas, los jóvenes españoles están abocados al caos itinerante, sin capacidad para orientar su vida hacia objetivos alcanzables.
Con los salarios por los suelos y el coste de la vida en crecimiento perpetuo a los españoles se les obliga a tomar una decisión imposible: llenar la despensa o el depósito, pagar la mensualidad del alquiler o hipotecar la Navidad de sus
hijos. El precio de los alimentos se ha duplicado desde 2002 y la mitad de esta subida se ha producido desde finales de 2021. Sólo desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018, alimentos básicos de nuestra dieta han sufrido subidas
récord: los huevos han subido
un 70 %, la leche un 53 %, las patatas un 52 %, el arroz un 43 % y el pescado un 43 %, entre otros.
En consecuencia, los hábitos de consumo de los españoles están cambiando forzosamente y lo que han sido secularmente un básico de nuestra alimentación son hoy un lujo inaccesible. En términos generales, a pesar de haber aumentado la
población 2,5 millones de personas en la última década, el consumo se ha hundido; además, a pesar de que se consume menos cantidad, el gasto es muy superior, pasando de 66.437,8 millones de euros en 2015 a 84.247,27 millones de euros en 2025. Esta
caída del consumo se ha producido especialmente en los productos frescos: el consumo de pescado fresco ha caído un 35 %, las hortalizas frescas un 16 % y las frutas frescas un 19 %. Inversamente, el consumo de los alimentos más asequibles, sube:
el consumo de huevos y patatas ha subido un 11 %.
En materia energética, la situación no es mejor. El precio de la luz en España ha subido un 146 % en 15 años. En 2010, el precio medio anual de la electricidad era de 45,83 euros por mega vatio hora (/MWh), mientras que en 2025 alcanza
los 112,1 /MWh. Y con el gobierno de Pedro Sánchez se ha disparado la pobreza energética: sube un 185 % el total de población que no puede calentar su casa, hasta los 10 millones de personas, liderando este vergonzoso ranking en la Unión Europea.
Cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hablaba de que «la resiliencia climática necesita arraigarse en la sociedad», en el fondo, nos estaba diciendo que los españoles tienen que acostumbrarse a pasar frío. La
España del reto digital pasa más frío que la analógica y hemos sobrepasado la frontera de lo soportable, ya no hay filigrana retórica capaz de opacar ni un ápice las miserias que padecen los españoles mientras se les dice «que todo va bien», «que
España es la que más crece» y que «los españoles viven mejor que nunca».
Recorriendo este sendero de ruina y escasez, la vivienda más bien su ausencia e inaccesibilidades hoy la madre de todas las precariedades. Hemos pasado de ser un país de propietarios a uno de precarios sin casa. De las segundas viviendas
a las viviendas de segunda. De la vivienda de protección oficial a la protección oficial de la ocupación. De las grúas a los solares. De la estabilidad de las familias a una generación caracol que va con la casa a cuestas sin poder echar raíces
en ningún lado. En 2002, el 65 % de los jóvenes entre 23 y 28 años eran propietarios; hoy ese dato ha caído más de 40 puntos; en 2011, el 70 % de los menores de 35 años eran dueños de sus casas, hoy solo el 31 %. En los 90 comprar una casa
suponía 3 años y medio de salario bruto anual; hoy, en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga exige más de 10 años. Y si los españoles ya no pueden comprar, son otros los que lo aprovechan y compran: 6 de cada 10 operaciones de
compraventa se hacen sin hipoteca y se ha triplicado el stock de vivienda en manos de fortunas extranjeras y fondos.
Dado que la puerta de la propiedad está cerrada para los españoles de a pie, no tienen más remedio que pelear en el mercado del alquiler. Si en 2002 el esfuerzo que suponía a una familia humilde pagar el alquiler era un 25 % de sus
ingresos, hoy más del 40 % de los españoles dedica más del 40 % de su renta mensual a pagar una vivienda que nunca será suya, y en las principales ciudades supera el 60 %. La mitad de los inquilinos españoles está en riesgo de exclusión social, el
doble que la media de la Unión Europea. Y mientras tanto, la respuesta del gobierno sigue siendo inmigración, inmigración y más inmigración. Casi tres millones de inmigrantes en siete años.
En los demás sectores, más de lo mismo: el precio de los coches en España ha subido cuatro veces más que los salarios desde 2019, el gasto medio anual en combustible sigue en ascenso, también los seguros se superan año tras año, y así
ocurre con la práctica totalidad de todo el abanico de bienes y servicios esenciales. Y, por si fuese poco, la inflación le ha robado el ocio a los españoles. Mientras tanto, desde que gobierna Pedro Sánchez, la carga fiscal de cada español se ha
disparado en 2.416 euros, desde los 4.157 euros en 2017 hasta los 6.573 euros en 2025, siendo la recaudación prevista para finales de 2025 superior a los 325.000 millones de euros. El
resultado es la nula capacidad de ahorro y la imposibilidad de articular una vida parecida a la de nuestros padres. Los españoles han dejado de vivir para tratar de sobrevivir.
Este es el legado de décadas de bipartidismo: hambre, frío y pre-chabolismo. Según el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2025, el indicador básico de riesgo de pobreza alcanzó en España un 20,2 % en 2023. Esto supone
que una de cada cinco personas vive en hogares cuyos ingresos son inferiores al 60 % del ingreso mediano; siendo este dato superior en 4 puntos al promedio de la UE-27 (16,2 %) y estando muy por encima del que registran las principales economías
europeas.
Este empobrecimiento radical se traduce en una ruptura, que es en realidad una promesa incumplida: las nuevas generaciones de españoles ya no viven mejor que sus padres. Cada nueva generación conoce un nuevo sótano de escasez y
precariedad; las certezas materiales que han vertebrado la vida en común han desaparecido; y el horizonte de expectativas de los jóvenes españoles se ha desplomado por completo. Esta nueva geografía social de desposeídos no tiene casa, tampoco
ahorros y encadena trabajos mal remunerados. Es un hecho: la clase media, otrora espina dorsal de la sociedad española, ha quedado reducida a la categoría de figura mitológica.
VOX es la única garantía de que las necesidades de los españoles se conviertan en prioridades políticas y el aval de que los españoles siempre vayan primero. En este contexto de emergencia económica y social, el Grupo Parlamentario VOX
propone el siguiente plan para hacer frente a la subida de precios.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Impulsar en materia del IVA, y en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, la reducción del tipo general del 21 % al 18 % y el reducido del 10 % al 8 %.
Promover de forma permanente un tipo impositivo del 0 % de IVA a los productos básicos de alimentación, incluyendo los aceites de oliva y de semillas, pastas alimenticias, carnes y pescados, considerándolos como bienes esenciales.
Reducir al tipo superreducido del IVA los pañales infantiles y geriátricos; biberones y leches de fórmula pediátricas; servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche o atención residencial; y
productos farmacéuticos infantiles y geriátricos.
Establecer de forma permanente el tipo del IVA al 4 % en las facturas de luz, de gas y agua para hogares.
2. Llevar a cabo una rebaja y simplificación drástica del IRPF, estableciendo un mínimo exento de 22.000, un primer tramo hasta los 70.000 que tributará a un tipo del 15 % y un segundo tramo a partir de los 70.000 que tributará a un tipo
del 25 %. Se aplicará una minoración de 4 puntos porcentuales en el tipo aplicable para cada contribuyente por cada descendiente.
Establecer que el ahorro deje de tributar por su falso incremento provocado por la inflación incluyendo tablas de actualización automática.
Hasta la consecución de la reforma fiscal, recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF y extender a toda la Nación la deducción por gastos de alquiler en el IRPF para que todos los españoles con contratos de
alquiler puedan deducirse parte de su coste y compensar directamente en sus bolsillos la subida del IPC.
3. Establecer una bonificación del 100 % de la cuota de la Seguridad Social a los autónomos cuyos ingresos reales no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional.
4. Suprimir el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos en las facturas de luz y gas para los hogares.
5. Establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, a la vivienda protegida y los programas de vivienda. Fortalecer los programas de asistencia alimentaria para las familias más necesitadas y garantizar que ningún
español sufra hambre debido a dificultades económicas.
6. En un contexto de emergencia habitacional, proceder a la exhaustiva revisión de todas las tasas e impuestos con el objeto de suprimir y/o bonificar las tasas o impuestos involucrados en el proceso edificatorio y que provocan un
encarecimiento del precio final de los inmuebles, así como el pago en diferido de los impuestos que gravan la compra de inmuebles.
7. Promover las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y garantizar la protección y la rentabilidad de agricultores y ganaderos, con el fin de corregir los desequilibrios de la cadena alimentaria, en la
que el sector primario ocupa el eslabón más débil.
Incentivar fiscalmente la producción nacional frente a la competencia desleal extranjera, así como adoptar todas las medidas necesarias para mejorar la distribución de los productos alimentarios por todo el territorio nacional, logrando
así una reducción de costes para las empresas del sector.
8. Eliminar el gasto superfluo e improductivo para conseguir reducir la deuda pública en el menor tiempo posible sin poner en peligro los servicios públicos esenciales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2025.José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Carina Mejías Sánchez, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
162/000650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y en su representación, su Portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley relativa a la posición de España ante las amenazas y ataques militares de EEUU en el Caribe, para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
El Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, lleva meses intensificando su política intervencionista sobre América Latina y el Caribe. Bajo el pretexto de una supuesta lucha contra las drogas, la
Administración estadounidense ha puesto en marcha una ofensiva diplomática, política, económica y militar contra Venezuela y Colombia que viola los principios fundamentales del derecho internacional, en especial los contenidos en la Carta de las
Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU.
Desde agosto pasado, EEUU ha desplegado un grupo de combate naval en el mar Caribe integrado por varios buques de guerra, un portaviones de propulsión nuclear, drones de vigilancia y miles de efectivos militares. Esta operación carece de
mandato, base jurídica o proporcionalidad alguna; no se ha aportado ninguna prueba que respalde las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses; ni cuenta con
autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que infringe el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Estas maniobras superan ampliamente los límites de la cooperación antidrogas establecida en marcos multilaterales y generan un
riesgo real de intervención militar directa con consecuencias catastróficas para la paz y estabilidad regional.
Además, esta ofensiva ha desencadenado una campaña ilegal de agresiones contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, que incluye docenas de asesinatos extrajudiciales de ciudadanos civiles de varios países. Según el diario
The New York Times, hasta ahora ha habido 20 ataques militares estadounidenses con un saldo de más de al menos 80 víctimas mortales colombianas, venezolanas y trinitarias. Esto constituye una flagrante violación del artículo 6 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida, además de una posible transgresión de la jurisdicción territorial del Estado colombiano conforme al derecho internacional consuetudinario.
La narrativa oficial estadounidense sostiene que dichas operaciones se enmarcan en la defensa de sus fronteras frente a la proliferación de narcóticos en EEUU y en el combate de organizaciones que considera «terroristas». Sobre esta base,
Donald Trump acusa directamente y sin pruebas a Venezuela de ser un «narcoestado» y a Nicolás Maduro de liderar uno de los mayores cárteles de cocaína del mundo.
El Informe Mundial sobre Drogas de la UNODC volvió a identificar a EEUU como el país con mayor consumo de drogas y el principal destino de la cocaína; pero los problemas de drogas en Estados Unidos son más complejos. El país enfrenta una
grave crisis debido al consumo de opioides sintéticos, en particular el fentanilo. En 2024 se reportaron 48.000 muertes atribuidas a sobredosis de opioides sintéticos, lo que refleja la magnitud del problema de salud pública. El informe señala que
este mercado, incluido el del fentanilo, está creciendo rápidamente debido a los bajos costos de producción y la dificultad de localizar los centros de producción. Muchos operan en Asia, México, Canadá y el propio EEUU.
Por el contrario, el Informe Mundial sobre Drogas 2025 apenas menciona a Venezuela, y muestra que solo una fracción marginal de la producción colombiana de drogas pasa por el país hacia el Caribe, EEUU y Europa. El informe, elaborado por la
principal institución mundial que coordina las políticas gubernamentales en materia de drogas, no menciona al llamado Cártel de los Soles. Refleja que Venezuela es principalmente un país de tránsito, no un gran productor de cocaína, y la mayoría
del tráfico global se concentra en rutas marítimas por el Pacífico. Por su parte, el Informe Europeo sobre Drogas 2025: Tendencias y Progreso, publicado por la Unión Europea, tampoco menciona el papel de Venezuela como corredor internacional del
narcotráfico.
Lejos de ser una operación contra las drogas, las acciones de EEUU buscan crear las condiciones para una intervención militar en Venezuela, forzar un cambio de régimen y lograr el control sobre sus recursos estratégicos, en particular el
petróleo. Tras la negativa del presidente colombiano Gustavo Petro a permitir que Colombia que comparte 2.219 km de frontera con Venezuela sea utilizada como plataforma para la agresión, Washington ha extendido su ofensiva contra Colombia
mediante medidas de carácter abiertamente coercitivo: la retirada de la certificación antidroga; la revocación de la visa del presidente Petro, impidiéndole intervenir en la ONU; el aumento unilateral de aranceles; la suspensión de toda ayuda
bilateral; y la imposición de sanciones personales a un jefe de Estado democráticamente elegido.
Estas medidas vulneran la Resolución 2131 de la ONU sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados, así como el principio de igualdad soberana consagrado en el Artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas.
Cabe señalar la trayectoria del presidente Gustavo Petro, ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional por su papel en la denuncia de los vínculos históricos y de poder entre el narcotráfico y estructuras políticas en Colombia,
así como por sus políticas de sustitución de cultivos ilícitos basadas en derechos humanos, desarrollo sostenible y restitución de tierras. Bajo su administración, miles de hectáreas anteriormente
destinadas a la hoja de coca han sido recuperadas para usos legales y comunitarios, con resultados verificables y reconocidos por organismos multilaterales.
En el caso de Colombia, la ofensiva estadounidense responde a un intento de disciplinar a un Gobierno que ha optado por una política exterior autónoma, comprometida con la resolución pacífica de los conflictos y con la defensa de principios
del derecho internacional, incluyendo posiciones claras en foros globales en contra del genocidio cometido por Israel en Palestina y a favor de una fuerza multinacional de paz en Gaza bajo el paraguas de la ONU (Resolución 377 o U4P). Las sanciones
personales contra un presidente democráticamente elegido, por razones explícitamente políticas, sientan un precedente de enorme gravedad para las relaciones hemisféricas y para el respeto a la soberanía estatal.
En este contexto, ni España ni la Unión Europea pueden permitirse mirar hacia otro lado. Nuestro país es un actor histórico en América Latina y el Caribe, con vínculos políticos, económicos, culturales y de amistad profundos entre nuestros
pueblos. Además, España es miembro clave de la UE, impulsora del diálogo birregional UE-CELAC y defensora del multilateralismo y la legalidad internacional. La crisis actual afecta directamente a nuestros socios, a nuestros pueblos hermanos y al
orden internacional democrático y basado en reglas que España defiende.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar públicamente cualquier amenaza o uso unilateral de la fuerza por parte de los EEUU contra Venezuela y Colombia, y a exigir el cese inmediato de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y en el Pacífico;
2. Reafirmar el compromiso de España con los principios de soberanía, igualdad entre los Estados y no intervención, de acuerdo con la Carta de las Naciones unidas, la Carta de la OEA y la Resolución 2625 (XXV);
3. Rechazar las sanciones unilaterales extraterritoriales adoptadas por el gobierno de EEUU en contra del derecho internacional;
4. Profundizar la colaboración con el Gobierno de Gustavo Petro en los esfuerzos por poner fin al genocidio en Palestina, especialmente en el seno de las Naciones Unidas y el Grupo de la Haya, incluyendo el apoyo a la resolución U4P;
5. Impulsar una posición común de la Unión Europea que rechace cualquier amenaza o uso unilateral de la fuerza por parte de los EEUU contra Venezuela y Colombia;
6. Promover consultas urgentes en el marco UE-CELAC para prevenir una posible intervención militar de EEUU en la región y garantizar la paz y estabilidad regionales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2025.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al compromiso de España con la paz y los derechos humanos en Sudán, para
su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El tan temido escenario de una nueva guerra civil en Sudán es ya una realidad. Una vez más, la llama de la violencia ha prendido en la ya inestable región. Nuevamente los civiles pagan el precio más alto, y esto se traduce en que más de 30
millones de personas, es decir, el 64 % de la población sudanesa, necesitan ayuda humanitaria1(UNFPA, 2025).
Tras más de un año y medio de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), el país se encuentra sumido en una de las peores crisis humanitarias del mundo. La violencia, el desplazamiento
masivo y el colapso de los servicios básicos han llevado al límite a millones de personas que ya vivían en condiciones extremas.
Otra ocasión perdida, cuya víctima principal es la población civil, que otra vez, en medio del caos y la devastación que está suponiendo el dramático conflicto entre las SAF y las RSF, ha tenido que abandonar de nuevo sus hogares para
intentar huir de la violencia de los contendientes, de la tortura, de la violencia sexual y de la limpieza étnica. Parece que, si no ponemos medios para evitarlo, la historia se repetirá y estamos en riesgo de revivir el genocidio sufrido hace dos
décadas.
Este nuevo conflicto acarrea consecuencias trágicas para la inmensa mayoría de la población, que sólo ha conocido una situación de emergencia humanitaria a lo largo de su vida, con las secuelas que supone convivir diariamente con violencia,
hambre, enfermedad y continuos desplazamientos.
La población, especialmente mujeres y niñas, están continuamente expuestas a violaciones atroces. En estas circunstancias se incrementa de manera alarmante la violencia sexual relacionada con el conflicto, agravando su sufrimiento. Según
informes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2025), se han documentado miles de casos de violencia sexual y de género, empleada como arma de guerra por ambos bandos, con fines de humillación étnica y
desplazamiento forzado2.
El hambre, provocado y potenciado por este nuevo conflicto armado se extiende por todo el país. La ONU y la Unión Europea estiman que 24,6 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda (ECHO/UE, mayo 2025), y alertan de una
posible hambruna generalizada si no se restablece el acceso humanitario.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) recoge además en sus informes un repunte de casos de cólera y dengue3, agravados por la desnutrición y la falta de acceso al agua potable. Según datos de ONU Mujeres (2025), el 80 %
de las mujeres carece de acceso seguro a agua potable debido a la inseguridad y a la destrucción de infraestructuras4.
Otra consecuencia de esta tercera guerra civil en Sudán es una nueva crisis de desplazamiento, la mayor del mundo, con efectos especialmente devastadores para las mujeres y las niñas. Según la OCHA (julio), 9,9 millones de personas están
desplazadas internamente, y el número total de desplazados dentro y fuera del país supera los 14 millones (ONU Ginebra, 2025). El 53 % de las personas desplazadas son mujeres, y el 90 % de los refugiados en países vecinos Egipto, Chad, Sudán del
Sur, Etiopía y Uganda son mujeres y niños (ACNUR, 2025)5.
1 United Nations Population Fund (UNFPA). (2025, junio). Sudan Situation Report #20 - May 2025. UNFPA Sudan. Recuperado de https://www.unfpa.org/resources/sudan-situation-report-20-may-2025
2 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2025, 14 mayo). Sudan: Experts denounce systematic attacks on women and girls. Recuperado de
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/05/sudan-experts-denounce-systematic-attacks-women-and-girls
3 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2025, agosto). Sudan: Staggering 30 mitlion are in need as war grinds on. United Nations Office at Geneva. Recuperado de
https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2025/08/110023/sudan-staggering-30-million-are-need-war-grinds
4 UN Women. (2025). Sudan: Gender Alert and Humanitarian Response Update. UN Women.
5 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2025). Sudan Emergency Response -Regional Update. UNHCR. Recuperado de https://www.unhcr.org/
Los servicios públicos casi han desaparecido. Cerca del 80 % de los hospitales en las zonas de conflicto han dejado de funcionar, según datos de Médicos Sin Fronteras (2025), afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Esto ha
supuesto la desaparición del acceso a suministros de salud menstrual, apoyo psicológico y espacios seguros6.
Antes de este último conflicto, 6,5 millones de niños y niñas no asistían a la escuela. La crisis educativa se ha agudizado: 18 millones menores en edad escolar carecen actualmente de acceso a la educación, y más del 90 % de las casi
23.000 escuelas están cerradas o destruidas (UNICEF, 2025). UNICEF señala que el 74 % de las niñas en edad escolar no tienen acceso a recursos educativos, afectando a 2,5 millones de niñas. El aumento de los matrimonios forzados e infantiles está
directamente relacionado con la pérdida de acceso a la educación y la inseguridad7.
Los continuos ataques contra infraestructuras civiles mercados, escuelas, hospitales, centrales eléctricas, plantas de agua han provocado daños irreparables y ponen en riesgo a los equipos que intentan mantenerlos operativos. Como
consecuencia, la disponibilidad futura de servicios vitales está gravemente comprometida.
Ante la gravedad de la situación, hay que recordar que todas las partes en el conflicto son responsables de la protección de los civiles. Tanto las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) asumieron compromisos
claros en la Declaración de Yeda (mayo 2023)8 para respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Asimismo, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Oficina del ACNUDH continúan instando a la rendición de cuentas y al
cumplimiento de estas obligaciones.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Condenar con firmeza las atrocidades de carácter étnico perpetradas por los contendientes de la guerra civil en Sudán, que incluyen ejecuciones sumarias, masacres, violaciones, ataques contra trabajadores humanitarios, saqueos,
secuestros y desplazamientos forzados.
2. Apoyar a las organizaciones humanitarias locales e internacionales que están trabajando incansablemente y en condiciones extremadamente desafiantes para prestar ayuda al pueblo de Sudán.
3. Respaldar el inicio de negociaciones e iniciativas de mediación que conduzcan al cese inmediato de las hostilidades, instando a que las partes apliquen efectivamente sus compromisos para cumplir con las obligaciones que les corresponden
en virtud del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y la Declaración de Compromiso de Yeda para la Protección de la Población Civil de Sudán, adoptada el 11 de mayo de 2023.
4. Solicitar a los contendientes la concesión de una pausa humanitaria para un acceso humanitario inmediato, seguro, incondicional e indiscriminado a las personas necesitadas y un paso seguro para proteger a los civiles para que aquellos
que lo deseen abandonen las áreas de hostilidades activas de manera voluntaria, en la dirección que elijan, salvaguardando tanto al personal humanitario como a la infraestructura civil en todo momento en todas las zonas bajo su control.
6 Médicos Sin Fronteras (MSF). (2025). Sudan: Health facilities collapse amid escalating violence. Médicos Sin Fronteras.
7 United Nations Childrens Fund (UNICEF). (2025, septiembre). Education in Sudan: Situation OverView. UNICEF Sudan. Recuperado de https://www.unicef.org/sudan/
8 Office of the United States Department of State. (2023, 11 mayo). On the Declaration of Commitmentto Protectthe Civilians of Sudan. Recuperado de
https://2021-2025.state.gov/on-the-declaration-of-commitment-to-protect-the-civilians-of-sudan/
5. Solicitar entre las partes medidas que conduzcan con urgencia a facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias, de forma que se eliminen los impedimentos burocráticos y se asegure la entrega oportuna de asistencia humanitaria y
bienes esenciales en todo el país. Es especialmente necesario que se permita, con urgencia, la entrada de convoyes liderados por la ONU y una presencia sostenida de esta organización, incluyendo personal internacional de alto nivel, en todo el
territorio de Sudán.
6. Impulsar que las partes colaboren con la misión internacional independiente de investigación de los hechos para Sudán, independientemente del rango y la afiliación de los autores de las vulneraciones, respondiendo así a la rendición de
cuentas por violaciones del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos, acorde a las normas internacionales.
7. Reafirmar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán y exhortar a todos los actores extranjeros a que dejen de prestar apoyo militar a las partes y se abstengan de emprender cualquier acción que exacerbe las tensiones y
alimente el conflicto.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2025.Vicente Montávez Aguillaume y Sergio Gutiérrez Prieto, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
OTROS TEXTOS
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000008
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(430) Objetivo de estabilidad presupuestaria.
Autor: Gobierno
Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2026.
Acuerdo:
Someter a la deliberación del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 2026-2028 PARA SU REMISIÓN A LAS CORTES GENERALES, Y EL
LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2026
Exposición
El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativo al «Establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas» señala en su apartado primero que corresponde al Gobierno la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de administraciones
públicas como para cada uno de sus subsectores. Asimismo, el apartado segundo establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto recogida en su artículo 12, que sirve como referencia a
tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus presupuestos.
Para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de Comunidades Autónomas, siguiendo el procedimiento previsto en la ley, el Ministerio de Hacienda remitió la propuesta de objetivos para el periodo 2026-2028 al
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que fue objeto de informe favorable en su sesión de 17 de noviembre de 2025, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, habiéndose remitido, también a estos efectos, a la Comisión Nacional de Administración Local con fecha 17 de noviembre de 2025.
En la fijación del objetivo de deuda pública se ha mantenido la coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido, conforme el artículo 15.3 de la citada Ley Orgánica.
Por su parte, el artículo 15.6 de la Ley Orgánica 2/2012, señala que el Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales acompañado de
las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de dicho artículo 15. En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los
objetivos propuestos por el Gobierno. Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso,
aprobándose si este los ratifica por mayoría simple. Si son rechazados, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo Acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.
En cumplimiento de este mandato el Gobierno aprobó el 18 de noviembre de 2025 el Acuerdo de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el
periodo 2026-2028, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2026, que fue objeto de remisión a las Cortes Generales, siendo rechazado por el Congreso de los Diputados en sesión de 27 de noviembre de 2025.
En cumplimiento del citado artículo 15.6 de la Ley Orgánica 2/2012, el Gobierno presenta este Acuerdo sobre la base de la senda de estabilidad y deuda del Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 2025.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2012, este Acuerdo del Consejo de Ministros incluye el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2026 que ascenderá a 216.177 millones
de euros.
Al presente Acuerdo se acompaña el informe en el que se evalúa la situación económica prevista para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos, así como las recomendaciones y opiniones emitidas
por las instituciones de la Unión Europea, tal como establece el artículo 15 de la citada Ley.
En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 2 de diciembre de 2025,
ACUERDA
1. El objetivo de estabilidad presupuestaria de los ejercicios 2026, 2027 y 2028 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que figura en el Anexo I que se acompaña.
2. El objetivo de deuda pública de los ejercicios 2026, 2027 y 2028 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, que figura en el Anexo II que se acompaña.
3. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española que se recoge en el Anexo III.
4. El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, remitirá a las Cortes Generales el presente Acuerdo, tal y como se establece en el artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
5. Este Acuerdo de Consejo de Ministros se acompaña de un informe en el que se evalúa la situación económica que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos.
6. El límite máximo de gasto no financiero del Estado en 2026 se fija en 216.177 millones de euros.
De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio de Hacienda informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas sobre
el límite máximo de gasto no financiero del Estado de 2026.
ANEXO I
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO 2026-2028
Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-2010
(En porcentaje del PIB)
2026
2027
2028
Administración Central
1,8
1,5
1,4
Comunidades Autónomas
0,1
0,1
0,1
Entidades Locales
0,0
0,0
0,0
Seguridad Social
0,2
0,2
0,1
Total Administraciones Públicas
2,1
1,8
1,6
ANEXO II
OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA PARA EL PERIODO 2026-2028
(Deuda PDE en porcentaje del PIB)
2026
2027
2028
Administración Central y Seguridad Social
80,0
79,8
79,6
Comunidades Autónomas (*)
19,6
18,9
18,3
Entidades Locales
1,3
1,3
1,2
Total Administraciones Públicas
100,9
100,0
99,1
(*) Estos objetivos de deuda pública se podrán rectificar por el importe efectivo de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación que se produzca durante cada uno de los ejercicios, siempre que no se destine a financiar
vencimientos de deuda o déficit del ejercicio respectivo y por el endeudamiento que se autorice para financiar desviaciones de déficit de ejercicios anteriores. Asimismo, se podrán rectificar por el incremento de endeudamiento destinado a cubrir
las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados en respuesta a la situación de emergencia derivada de la depresión aislada en niveles altos (DANA) acaecida el 27 de octubre de 2024.
Los objetivos de endeudamiento se podrán rectificar por la reducción del nivel de endeudamiento neto por aplicación del articulo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en
relación con el superávit presupuestario y sus reglas especiales de desarrollo. Finalmente, podrá tenerse en cuenta la concurrencia de cualesquiera circunstancias que, no afectando al cumplimiento de los objetivos de déficit ni al cumplimiento de
la regla de gasto, pudieran afectar a los límites de deuda y no derivaran de decisiones discrecionales de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el Ministerio de Hacienda.
ANEXO III
REGLA DE GASTO PARA EL PERIODO 2026-2028
Tasa de referencia nominal
(% variación anual)
2026
2027
2028
3,5
3,4
3,2