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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 438, de 25/11/2025
cve: BOCG-15-D-438
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de noviembre de 2025
Núm. 438
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002718
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para honrar la memoria de Manuel López Treviño, guardia civil víctima del terrorismo ... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002705
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de los cristianos perseguidos en el mundo, y la acción internacional para frenar las masacres por motivos religiosos ...
161/002712
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la reciente resolución de la ONU 2797 (2025) sobre el Sáhara Occidental y la necesidad de que el Gobierno del Estado defienda el derecho a la autodeterminación del
pueblo saharaui ... (Página12)
Comisión de Justicia
161/002723
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la anulación de la sentencia y reparación de la figura de Francisco Ferrer i Guàrdia ... (Página15)
Comisión de Defensa
161/002724
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la reducción de las servidumbres militares en Aragón ... (Página16)
Comisión de Interior
161/002737
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la mejora del sistema de cita previa para la manifestación de la voluntad de solicitudes de asilo ... (Página18)
161/002749
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a frenar la invasión inmigratoria y los problemas derivados de ésta que padece nuestro país ... (Página20)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002707
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la subida de tasas aeroportuarias ... (Página25)
161/002726
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la construcción de la Ronda Oeste en el municipio de Fene ... (Página27)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002728
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la educación nutricional en los centros escolares ... (Página28)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002713
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a apoyar a las familias que reciben la prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME) ... (Página31)
161/002720
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la protección de los derechos de las personas migradas frente al negocio ilegal de las citas de extranjería ... (Página33)
161/002729
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso del empleo y el emprendimiento de las mujeres en el medio rural ... (Página35)
161/002745
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la mejora de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales aplicada al empleo doméstico ... (Página37)
Comisión de Industria y Turismo
161/002736
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la exigencia de convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial de Turismo y apuesta por la mejora efectiva de la gobernanza multinivel del
turismo español ... (Página39)
161/002740
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la reactivación del mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva ... (Página41)
161/002743
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para la reducción del coste eléctrico y mejora de la competitividad de la industria electrointensiva ... (Página41)
161/002744
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la industria de la automoción en Galicia ... (Página43)
161/002747
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la elaboración de una Estrategia Nacional de Industria Net-Zero y Materias Primas Críticas ... (Página48)
161/002748
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre incentivos ligados a la movilidad eléctrica en un programa MOVES IV ... (Página51)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002725
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave ... (Página55)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002706
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implementación de medidas en defensa del consumo del zumo de naranja recién exprimido 100% natural ... (Página58)
161/002714
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las medidas que debe adoptar el Gobierno ante los previsibles recortes de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas de pesca de la UE para el año 2026
y su afectación sobre la flota pesquera gallega ... (Página60)
161/002715
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a proteger al sector ganadero ante el aumento de brotes de dermatosis nodular contagiosa ... (Página62)
161/002731
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la defensa de la Política Pesquera Común ... (Página65)
161/002738
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sector oleícola español ... (Página66)
161/002742
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la garantía de un futuro viable de la pesca catalana ... (Página68)
Comisión de Política Territorial
161/002730
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en defensa del autogobierno de las Comunidades Autónomas ... (Página71)
161/002734
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la conversión en autovía de la carretera N-432 Badajoz-Córdoba-Jaén-Granada, como actuación estratégica de cohesión y vertebración territorial ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002732
Proposición no de Ley presentada por el Grupos Parlamentarios Euskal Herria Bildu, Republicano, Plurinacional SUMAR, relativa a las medidas de refuerzo de las políticas públicas para hacer frente a la emergencia climática ...
Comisión de Cultura
161/002741
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la inclusión y presencia obligatoria de cuota de música en lengua oficial no castellana en las radiofórmulas del Estado ... (Página77)
Comisión de Sanidad
161/002716
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a compensar en el IRPF a los españoles afectados de talidomida ... (Página81)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002711
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el precio del alquiler de habitaciones que deben afrontar los universitarios ... (Página82)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002739
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección de la misión médica en zonas de crisis y conflicto y fortalecimiento del derecho internacional humanitario ... (Página85)
Comisión de Juventud e Infancia
161/002704
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la incorporación a la Seguridad Social de las personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva ... (Página87)
161/002735
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reducir impuestos y burocracia a los autónomos y fomentar el emprendimiento juvenil ... (Página88)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/002719
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para denunciar la corrupción del Gobierno y su colonización de las instituciones públicas ... (Página90)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002717
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a realizar mejoras en el tramo de la A-77a en la provincia de Alicante y el resto de tramos más peligrosos en España para reducir la siniestralidad vial ...
161/002746
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la construcción de la Rolda Oeste en el Concello de Fene ... (Página94)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001490
Pregunta formulada por los Diputados Pablo Hispán Iglesias de Ussel (GP), Rojas García, Carlos (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP) y Floriano Corrales, Carlos Javier (GP), sobre personas a las que ha concedido el Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación pasaportes diplomáticos desde el año 2018 ... (Página96)
Comisión de Defensa
181/001495
Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre previsiones acerca de subsanar el grave perjuicio que se origina al cónyuge de un suboficial que fallezca a partir de los 58 años del Grupo A2 y antes del día de su
pase a la situación de reserva y ascenso al empleo de teniente, por contradicción entre leyes ... (Página97)
181/001496
Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre previsiones acerca de iniciar los trámites para la modificación de la Ley 46/2015, de modo que reconozca el acenso de suboficiales al empleo de teniente que hayan
prolongado la vida laboral después de haber cumplido los 58, 59 y 61 años, con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha en que cumplieron dicha edad y, por lo tanto, se reconozca el ascenso a título póstumo en caso de
fallecimiento, de manera que su cónyuge tenga derecho a la pensión de viudedad calculada conforme al Grupo A1 ... (Página97)
181/001497
Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre previsiones acerca de promover las acciones oportunas e inmediatas que permitan a los actuales militares de complemento en situación de reserva de especial
disponibilidad reincorporarse voluntariamente a unidades dentro del área geográfica en la que tengan ubicado su domicilio para permanecer
en las Fuerzas Armadas hasta la edad de pase a la reserva y sin ningún tipo de limitación por razón de empleo, cubriendo puestos de la estructura de los Ejércitos o el Órgano Central de la Defensa ... (Página98)
181/001498
Pregunta formulada por el Diputado Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre previsiones acerca de paliar el déficit en plantillas de todos los cuerpos y escalas debido a la falta de atractivo de la carrera militar entre los jóvenes a causa de las
condiciones económicas y laborales que éste lleva aparejada ... (Página98)
181/001499
Pregunta formulada por el Diputado Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre estado actual de los Programas Especiales de Modernización, especialmente los relativos al Spike, el SILAM y, sobre todo, el VCR 8x8 Dragón, necesario y fundamental para
la operatividad y seguridad de los miembros del Ejército de Tierra ... (Página98)
181/001500
Pregunta formulada por el Diputado Alberto Asarta Cuevas (GVOX), sobre planes existentes para llegar a la cifra de 140.000 efectivos en las Fuerzas Armadas, que es lo que se estima necesario para garantizar la operatividad y los compromisos
adquiridos por España ... (Página99)
181/001501
Pregunta formulada por el Diputado Txema Guijarro García (GSUMAR), sobre treinta programas de la industria militar que serán financiados por el Ministerio de Defensa con créditos por valor de 14.200 millones de euros y medida en que cumplen
los compromisos de capacidades asumidos por el citado ministerio ... (Página99)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001492
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre elaboración por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del estudio informativo y técnico necesario para la construcción de la denominada Ronda Oeste, que
conectará el Polígono de Vilar do Colo con la entrada principal del astillero Navantia Fene ... (Página99)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001484
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre medidas que pondrá en marcha el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para paliar los efectos negativos para la flota pesquera gallega de confirmarse los recortes
anunciados en el acuerdo del Consejo de Ministros de la UE sobre cuotas y TAC para el año 2026 ... (Página100)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001489
Pregunta formulada por el Diputado Juan Antonio Rojas Manrique (GP), sobre previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acerca de acabar al 100% la obra de la ampliación de la depuradora de Santa Cruz de
Tenerife que lleva acumulados tres años de retrasos ... (Página100)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/001485
Pregunta formulada por la Diputada María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre previsiones del Gobierno para reorientar su política de vivienda ... (Página101)
181/001486
Pregunta formulada por el Diputado Miguel Ángel Sastre Uyá (GP), sobre previsiones del Gobierno acerca de ofrecer algo a los jóvenes para que comprar una vivienda deje de ser una misión imposible ... (Página101)
181/001487
Pregunta formulada por la Diputada Cristina Agüera Gago (GP), sobre preocupación del Gobierno por la okupación ... (Página101)
181/001488
Pregunta formulada por el Diputado Sergio Sayas López (GP), sobre entendimiento del Gobierno de la diferencia entre imponer y consensuar ... (Página101)
181/001491
Pregunta formulada por el Diputado Alberto Ibáñez Mezquita (GSUMAR), sobre previsión del Gobierno de prorrogar la moratoria antidesahucios ... (Página101)
181/001493
Pregunta formulada por los Diputados Carlos Hernández Quero (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre políticas de vivienda que se pueden hacer con 52.000 millones de euros ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/028437
Autor: Valero Morales, Juan Antonio
Opinión del Gobierno acerca de si los deslindes de dominio público de los humedales de la Janda en su día aprobados por el Estado son plenamente válidos y en consecuencia existen miles de hectáreas de terrenos de dominio público hidráulico
de titularidad estatal que actualmente están ocupados sin concesión y acciones previstas al respecto ... (Página102)
184/030729
Autor: Rego Candamil, Néstor
Servicios de interés económico general prestados por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y publicación del contrato programa ... (Página104)
Otros textos
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000007
Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2026 ... (Página108)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/002718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus respectivas condiciones de
Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para honrar la memoria de Manuel López Treviño, guardia
civil víctima del terrorismo, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Manuel López Treviño, guardia civil asesinado por ETA.
El 18 de octubre de 2025 se ha cumplido el quincuagésimo aniversario del vil y cobarde asesinato del guardia civil Manuel López Treviño a manos de la banda criminal marxista y separatista ETA.
El 18 de octubre de 1975, en torno a las 20.00 horas, el guardia civil Manuel López Treviño salió del Cuartel de la Guardia Civil de Zarauz para dirigirse a su domicilio. A la altura del número 15 de la calle San Ignacio, fue seguido por
dos o tres miembros de la banda terrorista ETA y atacado por la espalda mediante una ráfaga de arma automática, recibiendo tres impactos en la cabeza que le causaron la muerte inmediata.
Tras los hechos, vecinos del lugar dieron aviso al cuartel y solicitaron asistencia facultativa. Una monja de la Casa de Misericordia fue la primera en acudir, constatando su ausencia de pulso; minutos después, un médico certificó la
muerte del agente. En ese intervalo, al hallarse el cuerpo aún en la acera, un joven que transitaba por la zona identificó a la víctima como su propio padre.
Manuel López Treviño, nacido el 17 de marzo de 1927 en Monterrubio de la Serena (Badajoz), estaba casado y era padre de seis hijos. La organización terrorista ETA reivindicó la autoría del atentado mediante un comunicado el 21 de octubre de
19751.
1 https://www.rtve.es/memoriadevida/detalle.php?id=45&busqueda=23,45,77,85,131,393,501
Segundo. Un guardia civil caído.
La conmemoración de la memoria de Manuel López Treviño no puede separarse del recuerdo de su condición de militar español y de guardia civil. La Guardia Civil es un Instituto del Ejército fundado por el duque de Ahumada en 1844, cuya
función primordial durante casi dos siglos ha sido velar por la seguridad de los españoles y por el orden público. La Benemérita, como es también conocida, es una institución con un fuerte espíritu de cuerpo, en la que son especialmente apreciadas
determinadas virtudes: sacrificio, disciplina, rectitud, honradez, servicio... pero, por encima de todo, el sentido del honor y el amor a la Patria.
El compromiso del Instituto con estos ideales ha sido sellado con sangre. Solamente en las últimas décadas, la banda criminal marxista y separatista ETA ha asesinado a 210 guardias civiles2, y Manuel López Treviño es uno de ellos. Dicho
agente de la Guardia Civil murió por una razón: ser miembro de un cuerpo armado que está al servicio de España y que es odiado por quienes quieren destruir nuestra Nación.
Tercero. Asesinado por servir a España.
El desconocimiento de asesinatos como los de Manuel López Treviño es generalizado en la sociedad española, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una
suerte de amnesia colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada «Ley de Memoria Democrática» que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y el
separatismo sobre el siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley «consagra como portaestandartes de la memoria democrática no sólo a las organizaciones supervivientes del Frente
Popular, incluidos los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA,
GRAPO, FRAP y otras organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del
franquismo»3.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas a veces indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones...
Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente
enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender esa unidad; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad a la Patria común.
Debe subrayarse que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser españoles y
defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional.
De acuerdo con todo ello, cuando se están cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus
familiares; repudiar unánime y contundentemente a la banda ETA, y con ella a toda su trayectoria,
2 https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/terrorismo/resena_historica/index.html
3 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124_InformeV.pdf
que es criminal en acciones y en principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España como Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido destruir.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su reconocimiento por la memoria del guardia civil Manuel López Treviño, cincuenta años después de su asesinato; y agradece especialmente sus décadas de servicio a España, hasta el sacrificio de su vida.
2. Expresa su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por otras
víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2025.Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Hoces Íñiguez y Francisco José Alcaraz Martos,
Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de los
cristianos perseguidos en el mundo, y la acción internacional para frenar las masacres por motivos religiosos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La libertad religiosa es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 10 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 16 de la Constitución Española. No obstante, en pleno siglo XXI, este derecho sigue siendo objeto de violación sistemática en demasiadas partes del mundo.
La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, según último Informe de Libertad Religiosa en el mundo 2025 que acaba de lanzar, más de 5.400 millones de personas en todo el mundo viven en países con graves violaciones a la libertad
religiosa,
lo que supone casi dos tercios de la población mundial, por lo que concluye que el derecho a la libertad religiosa no sólo está amenazado a nivel mundial, sino que se encuentra en serio peligro de desaparecer.
Este Informe de Libertad Religiosa en el mundo 2025 llega a analizar 196 países, en el periodo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024, y concluye que 62 países la libertad religiosa sufre graves vulneraciones, de los que en 24
de ellos existe persecución con violaciones graves y sistemáticas que afectan en total a 4.100 millones de personas en países como China, India, Nigeria y Corea del Norte. En los otros 38 países, la población está expuesta a discriminación por
motivos religiosos, lo que podría afectar a más de 1.300 millones de personas.
La libertad religiosa mide el estado de salud de una democracia. El informe de Libertad Religiosa 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada confirma que el auge de los gobiernos autoritarios, del terrorismo yihadista y las guerras entre otros
motivos, fulminan el derecho a la libertad religiosa.
Según este informe de Libertad Religiosa 2025, la persecución religiosa es una de las causas menos visibilizadas de la actual crisis de desplazamiento forzoso mundial. En países del Sahel, como Burkina Faso, Níger y Malí, la violencia de
grupos yihadistas ha obligado a cientos de miles de cristianos a huir, dejando comunidades enteras al borde de la desaparición.
Analizando la falta de libertad religiosa en el mundo, los cristianos constituyen hoy una de las comunidades religiosas más perseguida a nivel global. Según el informe World Watch List 2024 de Open Doors, publicado en enero de 2024 y que
analiza el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y 30 de septiembre de 2023, confirma que más de 365 millones de cristianos sufren niveles altos de persecución, lo que equivale a 1 de cada 7 cristianos en el mundo. Según dicho informe,
se registraron 4.998 asesinatos por causa de la fe cristiana solo en ese periodo, es decir, en tan solo 12 meses y de todos esos asesinatos más del 80 % ocurrieron en Nigeria, lo que mantiene precisamente a este país como el más letal del mundo para
los cristianos. Además, según el briefing del Parlamento británico que sintetiza dicho informe World Watch List de 2024, se produjeron un total de 14.766 ataques a iglesias y propiedades cristianas en todo el mundo durante el periodo comprendido
entre el 1 de octubre de 2022 y 30 de septiembre de 2023.
En Nigeria, organizaciones terroristas, como Boko Haram o el Estado Islámico en África Occidental, han perpetrado atentados indiscriminados contra iglesias, aldeas cristianas y líderes religiosos, provocando miles de muertes y
desplazamientos masivos; un ejemplo de esa masacre son los más de 1.300 asesinados en Plateau solo entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, según Amnistía Internacional.
En Pakistán, leyes de blasfemia abusivas se utilizan para justificar agresiones, linchamientos y encarcelamientos injustos contra cristianos. En India, se han intensificado las campañas de violencia y exclusión contra comunidades
cristianas, con iglesias incendiadas y fieles atacados. En Siria, la población cristiana prácticamente ha desaparecido, barrios e iglesias devastados y, como ejemplo, la última matanza ocurrió el pasado 22 de junio de 2025 cuando un atentado
suicida en la iglesia griega ortodoxa de Mar/San Elias en DweilaDuwela (Damasco) dejó al menos 22 muertos y más de 60 heridos. En Corea del Norte, la práctica del cristianismo sigue siendo castigada con trabajos forzados o incluso con la pena de
muerte.
Otros ejemplos de esta persecución que sufren millones de cristianos en el mundo son el atentado armado contra una iglesia católica durante la misa, el pasado 25 de febrero de 2024 en Burkina Faso, que dejó 15 cristianos asesinados o la
bomba en la iglesia pentecostal durante el culto el 15 de enero de 2023 en la República Democrática del Congo, que dejó 17 muertos y decenas de heridos.
La persecución de los cristianos no se limita a un continente. Se extiende por África, Asia y Oriente Medio, donde comunidades milenarias, como las de Irak y Siria, han sido prácticamente aniquiladas en la última década. Todo ello
configura una auténtica tragedia humanitaria y también cultural, pues la desaparición de los cristianos en esas
regiones supone, además de una violación de los Derechos Humanos, una pérdida de una parte esencial de la historia universal.
La Unión Europea ha reconocido esta realidad en varias resoluciones del Parlamento Europeo en el año 2016, que han condenado los crímenes contra los cristianos en Oriente Medio y África, llegando a calificar en algunos casos estas
persecuciones como crímenes de lesa humanidad, incluso el reconocimiento de genocidio de ISIS/Daesh contra cristianos y yazidíes. Además, el Consejo de Europa en el año 2015 también ha alertado de esta situación en resoluciones específicas,
recordando que la libertad religiosa es inseparable de la democracia y la paz, como en la Resolución 2036 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que aborda la intolerancia y discriminación, con especial foco en los cristianos.
España, como Estado comprometido con los derechos humanos y miembro de la comunidad internacional, no puede permanecer en silencio ante esta tragedia. Más allá de la visibilización, es necesario adoptar medidas concretas que contribuyan a
detener las masacres, proteger a las víctimas y promover la justicia internacional frente a estos crímenes atroces.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Reforzar la acción diplomática española en defensa de la libertad religiosa y de las comunidades cristianas perseguidas, situando esta cuestión como una de las prioridades en la política exterior, en la cooperación internacional y en el
marco de la Unión Europea.
2. Impulsar en el Consejo de Europa, en la Unión Europea y en la Organización de Naciones Unidas (ONU) la realización de informes y resoluciones firmes de condena de las masacres y persecuciones de cristianos, promoviendo el reconocimiento
de estos actos como violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
3. Apoyar la creación de mecanismos internacionales de investigación y justicia para documentar, juzgar y sancionar a los responsables de ataques, masacres y crímenes cometidos contra comunidades cristianas en el mundo, ante una realidad
cruel que no cesa.
4. Impulsar campañas de sensibilización y educación en España y en el ámbito europeo, para concienciar sobre la situación de los cristianos perseguidos, y promover una cultura de libertad, respeto y tolerancia hacia todas las confesiones
religiosas.
5. Defender la inclusión de la libertad religiosa y la protección de las minorías cristianas como condición en los acuerdos internacionales de la UE y de España con terceros países, vinculando la cooperación y las relaciones bilaterales al
respeto efectivo de los derechos humanos.
6. Impulsar, a través del Consejo de Europa y de la ONU, la concesión de protección a las comunidades religiosas en situación de riesgo, especialmente en los países donde sufren violencia sectaria o extremismo religioso, con el objetivo de
prevenir la migración forzosa, permitiendo así a las comunidades permanecer en sus hogares y tierras ancestrales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2025.Carlos Javier Floriano Corrales, Maribel Sánchez Torregrosa, Marta González Vázquez, Antonio Román Jasanada, Belén Hoyo Juliá, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Manuel
García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Ricardo Tarno Blanco, Rafael Antonio Hernando Fraile y Ana Martínez
Labella, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002712
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la reciente resolución de la ONU 2797 (2025) sobre el Sáhara Occidental y la necesidad de que el Gobierno del Estado defienda el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, para su debate en la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En 2022, el Gobierno del Estado español cambió su tradicional postura de claro apoyo a la libre autodeterminación del pueblo saharaui para asumir y apoyar las tesis de Marruecos, defendiendo la vía marroquí que niega el derecho a celebrar un
referéndum y apuesta por un plan de autonomía del Sáhara Occidental bajo la soberanía de Marruecos.
En la misma línea, el pasado viernes 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2797 (2025), que vuelve a posponer la solución a la autodeterminación del pueblo saharaui, decidiendo la ampliación del
mandato de la MINURSO (la misión de la ONU) durante un año más, en lugar de seis meses como estaba previsto, además de situar la propuesta marroquí de autonomía como «base» para las negociaciones, considerándola «una de las soluciones más
factibles».
Este texto, promovido por Estados Unidos y sus aliados, se desvía del consenso y del respeto al Derecho Internacional al adoptar como base para las negociaciones la «Propuesta de Autonomía» unilateral de Marruecos, que pretende reconocerle
una soberanía sobre el Sáhara Occidental que no existe. Sin embargo, la resolución no modificó el mandato de la Minurso, que se ha mantenido igual desde 1991, es decir: organizar una consulta en la que el pueblo saharaui decida libremente su
futuro. Lo que hace la nueva resolución es demorarlo, favoreciendo la posición del ocupante, Marruecos, y sus intereses.
Así pues, el documento está plagado de contradicciones que debilitan su eficacia, ya que son el reflejo de presiones y negociaciones basadas en los intereses geoestratégicos del imperialismo y no en los derechos del pueblo saharaui. La
abstención de potencias como China, Rusia y Pakistán, así como la no participación de Argelia, demuestran las profundas divisiones que existen en el seno del Consejo de Seguridad. Un organismo que, conviene recordar, no es representativo de la
pluralidad multipolar que se articula en el seno de la propia ONU.
Pretende ignorar la doctrina consolidada y coherente de las propias Naciones Unidas sobre la descolonización y el derecho a la libre determinación, así como todas las resoluciones sobre el Sáhara Occidental emitidas desde hace años. Cabe
recordar, por ejemplo, la resolución de la ONU de 1963 que define al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonización. De hecho, el Frente Polisario considera que la autodeterminación sigue plenamente vigente, ya que la
resolución no aprueba ninguna autonomía ni cuestiona el derecho de los saharauis a la autodeterminación.
En este ámbito, el Estado español tiene una responsabilidad histórica y resulta irresponsable seguir dejando abandonado al pueblo saharaui. Así, Marruecos continúa siendo quien administra el territorio y con esta nueva resolución ve
reforzada su posición colonialista al tiempo que constriñe el derecho democrático del pueblo saharaui a decidir su futuro. Un pueblo que lleva 34 años esperando a que Naciones Unidas aplique un plan de paz que Marruecos ha obstaculizado
constantemente y que, por la vía de los hechos consumados, llevó a cabo la ocupación de los territorios del Sáhara Occidental.
Sin embargo, los saharauis sufren detenciones arbitrarias, torturas, desalojos, persecución y cárcel. Es un Sáhara ocupado bajo un régimen de represión por parte de Marruecos y en condiciones muy duras e insalubres.
El BNG cree firmemente, al igual que lo hace el pueblo saharaui, que el único camino es la autodeterminación bajo la supervisión de la ONU. La imposición de un plan de autonomía por parte de Marruecos no es una solución para la paz ni para
el cumplimiento del derecho internacional. El pueblo saharaui tiene derecho a decidir su futuro mediante un referéndum y poder vivir como un pueblo libre e independiente. El Gobierno del Estado debería volver a esas posiciones históricas y brindar
su apoyo claro al pueblo saharaui.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Exigir el cumplimiento del Plan de Acuerdo de 1991, que establece el referéndum de autodeterminación como la única vía legítima para resolver el conflicto.
2. Trabajar en el ámbito internacional para que el mandato renovado de la MINURSO hasta octubre de 2026 tenga como objetivo la celebración del referéndum de autodeterminación que permita al pueblo saharaui decidir, libre y democráticamente,
su futuro.
3. Poner fin a su complicidad con Marruecos y cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que anulan los acuerdos de pesca y agricultura entre la Unión Europea y Marruecos que incluyan al Sáhara Occidental por no tener en
cuenta al legítimo representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario, ni contar con su consentimiento.
4. Reclamar el cese inmediato de la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y las empresas europeas e internacionales que colaboran con él.
5. Exigir el cese definitivo de las hostilidades, las agresiones y las continuas vulneraciones de los derechos humanos cometidas por Marruecos contra el pueblo saharaui.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2025.Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á recente resolución da ONU 2797 (2025) sobre o Sáhara Occidental e necesidade de que o Goberno do Estado defenda o dereito á autodeterminación do pobo saharauí para o seu debate na Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En 2022 o Goberno do Estado español mudaba a tradicional postura de claro apoio á libre autodeterminación do pobo saharauí para asumir e apoiar as teses de Marrocos, defendendo a vía marroquí que nega o dereito a realizar un referendo e
aposta por un plan de autonomía do Sáhara Occidental baixo a soberanía de Marrocos.
Nunha liña semellante, o pasado venres 31 de outubro o Consello de Seguranza das Nacións Unidas aprobaba a resolución 2797 (2025) que volve pospor a solución da autodeterminación do pobo saharauí, decidindo a ampliación do mandato da MINURSO
(a misión da ONU) durante outro ano máis, en lugar de seis meses como estaba previsto, alén de situar a proposta marroquí de autonomía como «base» das negociacións, considerándoa «unha das solucións máis factíbeis».
Este texto, promovido polos EUA e os seus aliados, desvíase do consenso e o respecto ao Dereito Internacional ao adoptar como base para as negociacións a unilateral «Proposta de Autonomía» de Marrocos, pretendendo recoñecerlle unha soberanía
sobre o Sáhara Occidental que non existe. Porén, a resolución non cambiou o mandato da Minurso que desde 1991 é a mesma, isto é, organizar unha consulta na que o pobo saharauí decida libremente o seu futuro. O que fai a nova resolución é demoralo,
favorecendo a posición do ocupante, Marrocos, e os seus intereses.
Así, o documento está cheo de contradicións que debilitan a súa efectividade; pois son o reflexo de presións e negociacións en base aos intereses xeoestratéxicos do Imperialismo e non dos dereitos do pobo saharauí. A abstención de
potencias como a China, a Rusia e o Paquistán, así como a non participación de Alxeria, demostran as profundas divisións no seo do Consello de Seguranza. Órgano que, cómpre lembrar, non é representativo da pluralidade multipolar que se articular no
seo da propia ONU.
Pretende ignorar a doutrina consolidada e coherente das propias Nacións Unidas sobre descolonización e o dereito de autodeterminación, e todas as resolucións sobre o Sáhara Occidental emitidas desde hai anos. Cabe lembrar, por exemplo, a
resolución da ONU de 1963 que define o Sáhara Occidental como un territorio non autónomo pendente de descolonización. De feito, a Frente Polisario considera que a autodeterminación sigue plenamente vixente posto que a resolución non aproba ningunha
autonomía, nin cuestiona o dereito dos saharauís á autodeterminación.
Neste ámbito o Estado español ten unha responsabilidade histórica e resulta irresponsábel seguir deixando ao pobo saharauí abandonado. Así, Marrocos segue a ser quen administra o territorio que con esta nova resolución ve reforzada a súa
posición colonialista ao tempo que se constrinxe o dereito democrático do pobo saharauí a decidir o seu futuro. Un pobo que leva 34 anos agardando a que Nacións Unidas aplique un plan de paz que Marrocos obstaculizou constantemente e que pola vía
dos feitos consumados levou a cabo a ocupación dos territorios do Sáhara Occidental.
No entanto, as e os saharauís padecen detencións arbitrarias, torturas, desaloxos, persecucións e cárcere. É un Sáhara ocupado baixo un réxime de represión por parte de Marrocos e nunhas condicións moi duras e insalubres.
O BNG cre firmemente, ao igual que o fai o pobo saharauí, que o único camiño é a libre determinación baixo a supervisión da ONU. A imposición dun plan de autonomía por parte de Marrocos non é solución para a paz e o cumprimento do dereito
internacional. O pobo saharauí ten dereito a decidir o seu futuro mediante un referendo e poder vivir como un pobo libre e independente. O Goberno do Estado debería volver a esas posicións históricas e dar o seu claro apoio ás e os saharauís.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Exixir o cumprimento do Plan de Acordo de 1991, que estabelece o referendo de autodeterminación como única vía lexítima para resolver o conflito.
2. Traballar no ámbito internacional para que o mandato renovado da MINURSO até outubro de 2026, teña como obxectivo a celebración do referendo de autodeterminación que permita ao pobo saharauí decidir, libre e democraticamente, o seu
futuro.
3. Por fin á súa complicidade con Marrocos e cumprir as sentenzas do Tribunal de Xustiza da UE, que anulan os acordos de pesca e de agricultura entre a Unión Europea e Marrocos que inclúan ao Sáhara Occidental por non ter en conta ao
lexítimo representante do Pobo Saharauí, a Fronte Polisario, nin contar co seu consentimento.
4. Reclamar o cesamento inmediato da explotación ilegal dos recursos naturais do Sáhara Occidental por parte de Marrocos e as empresas europeas e internacionais que colaboran con el.
5. Exixir a fin definitiva das hostilidades, agresións e continuadas vulneracións dos dereitos humanos por parte de Marrocos en contra do pobo saharauí.»
En Madrid, a 10 de novembro de 2025.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz do GP Mixto.
Comisión de Justicia
161/002723
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Proposición no de Ley para la anulación de la sentencia y reparación de la figura de Francisco Ferrer i Guardia.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la anulación de la sentencia y reparación de la figura de Francisco
Ferrer i Guàrdia, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Francisco Ferrer Guàrdia, pedagogo y librepensador comprometido con la renovación social y educativa, fue víctima de una de las grandes injusticias de la historia contemporánea de Cataluña y del Estado español.
Ferrer i Guàrdia fue el fundador de la Escuela Moderna, un proyecto pedagógico basado en la razón, la ciencia, la coeducación de sexos y clases sociales y el pensamiento crítico. Defendía una educación laica que rompiera con las cadenas de
la ignorancia, los dogmas y la sumisión, como herramienta de emancipación colectiva.
En 1909, Ferrer i Guàrdia fue condenado, tras su juicio por el Consejo de guerra, a muerte y fusilado en el foso de Santa Eulàlia del castillo de Montjuïc, tras ser juzgado en un consejo de guerra sin garantías y condenado por una acusación
falsa: haber instigado la revuelta de la Semana Trágica. El juicio estuvo marcado por una campaña de represión desde sectores políticos, religiosos y mediáticos. Con su condena, las autoridades de la época quisieron reprimir un modelo que
cuestionaba el orden establecido. La ejecución, sin embargo, fue denunciada internacionalmente como una injusticia evidente, con protestas internacionales en ciudades como París, Londres, Nueva York, Bruselas o Buenos Aires.
Su ejecución provocó una oleada de indignación internacional y puso en evidencia la represión contra las ideas progresistas y la libertad de pensamiento. Hoy, 116 años después, persiste la necesidad moral y política de reconocer la
injusticia cometida y restituir el buen nombre de un hombre que luchó por una educación laica, libre e igualitaria.
Francisco Galcerán asumió la defensa en el consejo de guerra contra Ferrer Guàrdia. Se le concedieron nueve días para fundamentar la defensa y menos de 24 horas para leer los 600 folios del sumario, y durante su defensa no dudó en poner de
manifiesto todas la irregularidades y falta de garantías del proceso ante el mismo consejo, al que llegó a interpelar con las siguientes palabras: «Esta campaña es dirigida principalmente contra la persona de Ferrer por odio y por temor a la
educación dada a la clase obrera, sea en su Escuela Moderna, que lograron tiempo atrás cerrar, sea en la serie de libros publicados por la casa editorial por él fundada, por temor, repito, de que con la ilustración los desesperados se ennoblezcan y
sacudan yugos indignos de la raza humana».
Más de un siglo después, esta condena sigue vigente y nunca ha habido ningún reconocimiento institucional. Este silencio no solo perpetúa la impunidad: niega también la posibilidad de construir una memoria basada en la verdad, la justicia
y la reparación. Anular su sentencia no es solo un acto de justicia histórica: es un paso imprescindible para fortalecer nuestra democracia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dictar una resolución que anule el juicio y la sentencia que condenó a muerte de manera injusta a Francisco Ferrer i Guàrdia en octubre de 1909.
2. El reconocimiento público e institucional de su legado pedagógico, humanista y libertario.
3. La asunción de responsabilidades por parte de las instituciones, en coherencia con los principios de verdad, justicia y reparación que deben guiar toda política de memoria democrática.
4. El impulso de medidas de reparación simbólica, educativa y memorialista.
5. La integración del caso Ferrer Guardia en las políticas públicas de memoria histórica.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2025.Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Defensa
161/002724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reducción de las servidumbres militares en Aragón, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Aragón soporta desde hace décadas una presión militar desproporcionada en relación con su territorio y población. Con un número de militares entre 11.000 y 15.000 (como titulaba recientemente el Heraldo de Aragón), Aragón es la Comunidad
Autónoma con mayor presencia militar por número de habitantes: entre el 0,8 % y el 1 %, multiplicando la ratio de la comunidad con mayor número de militares, que es la de Madrid, con 20.000, lo que supone apenas un 0,28 %. Además, instalaciones
como la base aérea de Zaragoza, el campo de maniobras de San Gregorio o la proximidad con el polígono de tiro de las Bardenas Reales generan impactos sociales, ambientales y económicos que dificultan el desarrollo equilibrado del territorio.
En el caso de Zaragoza, un tercio del término municipal permanece destinado a usos militares. Las explosiones y detonaciones del campo de San Gregorio se escuchan en barrios del norte de la ciudad e incluso en centros escolares, lo que
genera preocupación y molestias constantes en la población. Numerosos accidentes se suceden, tanto explosiones que provocan heridos como incendios que calcinan miles de hectáreas. Según reconoció el propio Gobierno, entre 2006 y 2016 se han
producido en el Campo de San Gregorio 53 incendios con 7.656,50 hectáreas calcinadas. A ello se suma la pérdida de acceso a un valioso patrimonio histórico y cultural, como los castillos del Castellar, Candespina, Alfocea, Miranda o el Picote de
San Martín, que permanece oculto y sin posibilidad de conservación adecuada.
Por otra parte, en la Comunidad Foral de Navarra, las Bardenas Reales, declaradas Parque Natural y Reserva de la Biosfera, constituyen uno de los ecosistemas esteparios más importantes de Europa. Sin embargo, desde 1951 acoge el mayor
polígono de tiro de la OTAN en el continente. En este espacio protegido se realizan periódicamente bombardeos con fuego real, con una total falta de transparencia sobre los materiales empleados y sus efectos sobre la flora, la fauna y la salud
humana. A lo largo de más de seis décadas se han contabilizado decenas de accidentes militares, algunos de ellos con riesgo evidente para municipios navarros del entorno del polígono de tiro, pero también para municipios aragoneses limítrofes como
los de las comarcas de las Cinco Villas o Tarazona y el Moncayo, así como las poblaciones del corredor aéreo existente desde la base aérea militar de Zaragoza, de donde parten todos los aviones que realizan prácticas en el polígono de tiro. Sin
duda, el día más negro fue el 13 de marzo de 2000, cuando dos aviones colisionaron sobre el cielo de Ejea de los Caballeros y se precipitaron en este término municipal aragonés, lo que pudo haber ocasionado una tragedia.
Este modelo de ocupación militar también limita la capacidad de crecimiento económico y urbano de Aragón. En Zaragoza, las servidumbres de la base aérea no solo imponen el control militar del aeropuerto civil o provocan el impacto del paso
de aviones militares en la zona sur de la ciudad, sino que condicionan y limitan la expansión de infraestructuras estratégicas como el propio aeropuerto y la plataforma logística PLAZA. Por no hablar de los accidentes, como el del F-18 que se
estrelló el 19 de mayo de 2023 junto a PLAZA.
En Teruel, el proyecto del aeropuerto, que ha sido un ejemplo de éxito gracias a su consolidación como polo industrial y tecnológico, podría verse comprometido si se orienta hacia usos militares con la implantación del Centro Integral de
Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA), convirtiendo un activo civil en plataforma de entrenamiento militar, lo que supondría retroceder hacia la lógica extractiva que Aragón ha padecido durante décadas.
A todo esto se suma que el 11 de diciembre de 2024 el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno español en Aragón presentaron ante la ministra de Defensa el proyecto de creación en el entorno de la capital
aragonesa de un hub logístico e industrial de Defensa.
Cuando se habla de presión militar sobre un territorio, las referencias al riesgo para la seguridad de la población civil son evidentes: desde el encañonamiento de un joven de 16 años en Jaca en junio de 2020 por cinco militares del
Regimiento Galicia 64 que se encontraban realizando maniobras en el casco urbano de esta localidad hasta el militar que en enero de 2020, en una noche de copas en Zaragoza, propinó un puñetazo a un taxista dejándolo en coma hasta su muerte.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar el proceso de desmantelamiento progresivo y reversión a uso civil de los terrenos ocupados por el campo de maniobras de San Gregorio y el polígono de tiro de las Bardenas Reales.
2. Encargar una auditoría ambiental independiente sobre el estado de los suelos, la flora, la fauna y el patrimonio cultural de los terrenos afectados, que sirva de base para un plan de restauración y recuperación, lo que facilitaría la
posterior declaración de los terrenos liberados en San Gregorio por las autoridades competentes como espacios naturales protegidos, como en el caso del reclamado Parque Estepario del Norte de Zaragoza.
3. Establecer un calendario de reducción de servidumbres militares en Aragón, con mecanismos de seguimiento y participación de las instituciones autonómicas y locales.
4. Aprobar un plan de compensaciones económicas a las administraciones aragonesas afectadas por las mencionadas servidumbres militares sufridas durante décadas.
5. Garantizar el uso civil prioritario de infraestructuras estratégicas, como los aeropuertos de Zaragoza y de Teruel, evitando su subordinación a programas militares, y reforzar su papel como polo de innovación tecnológica e industrial.
6. Reorientar los recursos actualmente destinados a prácticas militares hacia proyectos de desarrollo sostenible, innovación, investigación y mejora de la calidad de vida de la ciudadanía aragonesa.
7. Garantizar la máxima transparencia e información pública sobre las actividades militares que todavía se desarrollen en Aragón durante la transición hacia la plena recuperación civil de los citados espacios.
8. Garantizar la máxima transparencia en cuanto a compromisos económicos y normativos del Gobierno y a participación empresarial en relación con el proyecto de creación en el entorno de Zaragoza de un hub logístico e industrial de Defensa,
así como valorar la implicación en materia de seguridad para la población civil ante la posible implantación de industrias militares.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2025.Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Interior
161/002737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora del sistema de cita previa para la
manifestación de la voluntad de solicitudes de asilo, para su debate y aprobación en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El procedimiento de asilo en España, al igual que en muchos otros países, ha sido tradicionalmente concebido como una cuestión de seguridad, lo que ha prevalecido sobre el reconocimiento del derecho subjetivo de las personas refugiadas a
obtener protección internacional. Esta orientación política del Estado ha generado múltiples restricciones al ejercicio de los derechos de las personas solicitantes de asilo.
A pesar del notable incremento de solicitudes, la legislación española en materia de asilo no se ha actualizado conforme al principio pro persona que rige la defensa y protección de los derechos humanos. Desde hace más de quince años no se
han introducido reformas legislativas que mejoren la situación de las personas refugiadas; por el contrario, las modificaciones realizadas han tendido a mantener o incluso aumentar las barretas de acceso, tanto a la Administración como al ejercicio
efectivo de este derecho humano reconocido en los más altos niveles del ordenamiento internacional.
Según datos del Ministerio del Interior relativos al año 2024, en España se presentaron de 167.366 solicitudes de protección internacional, un 2,5 % más que el año anterior. Estas cifras reflejan el agravamiento de la crisis humanitaria y
de derechos humanos a nivel global, especialmente en América Latina y África, principales regiones de origen de quienes buscan refugio en nuestro país. No obstante, el nivel de protección ofrecido por el Estado español continúa siendo uno de los
más bajos de la Unión Europea: solo el 18,5 % de las solicitudes obtienen una resolución favorable, frente al 46,6 % de media europea.
Por otro lado, en el caso de las personas que se encuentran en territorio español con independencia de su vía de entrada se observa una falta de uniformidad y graves retrasos en los plazos para formular la manifestación de voluntad de
solicitar protección internacional y para su posterior registro. El sistema actual es incapaz de atender el crecimiento sostenido del número de solicitudes, tendencia que previsiblemente continuará en los próximos años.
La inexistencia de procedimientos homogéneos en todo el territorio nacional impide un acceso rápido, en igualdad de condiciones y con las debidas garantías.
En particular, el sistema de cita previa para el registro de solicitudes de asilo ha sufrido un colapso estructural que compromete gravemente el acceso efectivo al procedimiento. De acuerdo con informes de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), esta situación se traduce en tiempos de espera desproporcionados, imposibilidad de obtener cita en numerosas provincias y proliferación de un mercado ilegal de reventa de citas, con precios que oscilan entre 100 y 500 euros,
publicitados incluso en redes sociales como Instagram o TikTok.
Esta práctica genera una discriminación indirecta, calificada en varias ocasiones como racismo institucional, que afecta de forma especial a las personas solicitantes más vulnerables en particular mujeres y personas con cargas familiares.
Tal situación vulnera los principios de acceso efectivo, igualdad y no discriminación, incompatibles con las obligaciones y estándares de diligencia establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1348, relativo al procedimiento común de protección
internacional en el marco del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA).
Resulta, por tanto, imprescindible que la Administración adopte medidas urgentes de refuerzo tecnológico, humano y organizativo que garanticen un acceso real, gratuito y transparente al procedimiento de solicitud de asilo, mientras se
completa la adaptación al nuevo marco normativo europeo.
Cabe recordar que, durante la pandemia de COVID-19, se establecieron medidas excepcionales de acceso a las administraciones públicas mediante sistemas de cita previa telemática, eliminando la atención presencial por motivos sanitarios. Sin
embargo, una vez concluido el estado de emergencia, muchas administraciones continuaron utilizando este sistema sin soporte legal alguno, consolidando un mecanismo que, en la práctica, restringe el ejercicio de derechos.
Desde marzo de 2023, el Ministerio del Interior delegó en las comisarías provinciales de policía la organización del acceso al procedimiento de protección internacional. Esta medida, lejos de resolver los problemas existentes, ha
diversificado las prácticas administrativas sin ofrecer soluciones a los retrasos ni a la falta de citas.
La imposibilidad de acceder a una cita constituye hoy un obstáculo grave: sin ella, no queda constancia informática ni documental de la intención de solicitar asilo. Incluso cuando se logra obtener una cita, las comparecencias ante las
dependencias oficiales se fijan a plazos excesivamente prolongados, en ocasiones superiores a un año.
Este retraso en la formalización y registro de las solicitudes pone en riesgo el principio de no devolución, dejando a muchas personas en un limbo legal durante meses y menoscabando las condiciones de acogida previstas con carácter general.
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Establecer un sistema único y accesible de registro de la manifestación de voluntad mediante la creación de un sistema estatal unificado y permanente, accesible tanto de forma presencial como telemática, que permita registrar
inmediatamente la manifestación de voluntad de solicitar protección internacional, con independencia del lugar de residencia o de la vía de entrada al territorio estatal.
2. Eliminar de las barreras derivadas del sistema actual de cita previa, suprimiendo el requisito de obtención previa de cita como condición indispensable para formalizar la solicitud de asilo, sustituyéndolo por mecanismos flexibles y
garantistas, prohibiendo expresamente la obligatoriedad de firma digital para cita previa online y la externalización de la gestión de citas a plataformas privadas o intermediarios no autorizados.
3. Implementar un refuerzo tecnológico y humano de las oficinas de asilo y refugio con la dotación suficiente de recursos humanos, materiales y tecnológicos en las comisarías y oficinas de asilo, con el fin de reducir los plazos de espera y
asegurar una gestión transparente, gratuita y equitativa del proceso de cita.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2025.Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de
lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a frenar la invasión inmigratoria y los problemas derivados de ésta que padece nuestro país, para su discusión en la
Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. La invasión inmigratoria que sufre España.
Según el Informe de Inmigración Irregular 2024, publicado por el Ministerio del Interior, durante el año pasado arribaron a nuestro país 63.970 inmigrantes ilegales1. Este dato, uno de los más altos de toda la serie histórica, revela la
ineficacia de la acción del Gobierno en materia inmigratoria. Conviene reseñar que entre el año 2020 y el 2024 han llegado a nuestro país más de 235.000 inmigrantes ilegales, mientras que apenas 12.600 han sido expulsados de nuestro país. A estas
cifras habría que sumar las derivadas de la inmigración que, abusando de visados de turismo, se mantienen en España de forma ilegal. Si bien la cifra exacta se desconoce, se estima en varios cientos de miles.
De todo ello se puede deducir la nula voluntad del Gobierno para combatir la inmigración ilegal. Con la aprobación del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social («Reglamento»), el Gobierno promueve e impulsa la llegada de nuevos inmigrantes ilegales. Así, el objeto fundamental de esta reforma es la regularización masiva
de 300.000 inmigrantes ilegales al año durante los próximos tres años2.
En total, 900.000 inmigrantes ilegales serán regularizados gracias a la modificación reglamentaria que ha elaborado el Ejecutivo. Para ello, el nuevo Reglamento flexibiliza hasta el extremo la figura del arraigo. Concretamente, se ha
reducido el periodo de permanencia en España a dos años, a excepción del arraigo familiar que no lo requiere. De esta forma se han reducido a la insignificancia los requisitos exigidos para acogerse a esta figura, que ya funcionaba desde su
concepción como una vía tácita de recompensa por entrar ilegalmente en España, evadiendo así el resto del ordenamiento jurídico y la integridad de las fronteras.
Esto ha profundizado la crisis social y económica que afecta directamente al sostenimiento del Estado de Bienestar, la seguridad, la convivencia y a la propia cohesión nacional. Las políticas inmigratorias descontroladas, unidas a un modelo
de asistencia social que no prioriza a los nacionales, han generado una situación insostenible para millones de familias españolas que, tras décadas de esfuerzo, se ven desplazadas y olvidadas por las propias instituciones que deberían protegerlas.
Además, es de destacar que el mayor gasto social derivado de atender las necesidades de los inmigrantes ilegales se sufraga con los impuestos que pagan los españoles y se detraen de otros gastos necesarios para la Nación.
En este sentido, la remigración, entendida como el retorno a sus países de origen de aquellos inmigrantes que viven principalmente de las ayudas sociales sin contribuir de forma efectiva al sistema productivo, se presenta como una medida
justa y razonable. España no puede seguir sosteniendo, con recursos públicos limitados, a personas que no participan activamente en el desarrollo y mejora de la Nación mientras sus propios ciudadanos afrontan niveles históricos de pobreza,
desempleo, dificultad para acceder a una vivienda digna y una carga impositiva asfixiante.
Lo cierto es que las políticas de fronteras abiertas, reflejadas en una voluntad política de traer a España al máximo número de extranjeros posible, ya fuese retorciendo el ordenamiento jurídico o ignorándolo por completo, han acabado por
manifestarse en la realidad demográfica de nuestro país. Ya hay municipios españoles donde la mayoría de
1 Informe Inmigración Irregular 2024, Ministerio del Interior. Disponible [en línea]:
https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2024/24_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_31-12-2024.pdf
2 Nuevo Reglamento de Extranjería (noviembre 2024) Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
https://www.inclusion.gob.es/documents/20121/0/PRESENTACION+REGLAMENTO+DE+EXTRANIERI%CC%81A.pdf/f4d8d64d-659f-fe9b-a994-f06d0a209a88?t=1732018062326
la población es de origen extranjero. Desde 2018, han llegado a España 2,7 millones de extranjeros y la población española de origen se ha reducido en más de 600.000. Es evidente que las instituciones han elevado al reemplazo demográfico a
la categoría de política de Estado, modelo económico y estrategia electoral. Es igualmente innegable la presión que todo ello genera sobre los servicios públicos.
Resulta, por tanto, imprescindible reorientar las políticas sociales hacia la población nacional que ha conseguido construir durante generaciones, con el fruto de su trabajo y esfuerzo, la prosperidad y los servicios públicos de los que ha
disfrutado España, garantizando que las ayudas públicas se concedan en función del principio de prioridad nacional y de la pertenencia efectiva a su comunidad.
Segundo. Los problemas que padecen los españoles a causa de la nefasta política inmigratoria del gobierno.
Si a este nuevo marco normativo extremadamente laxo, sumamos un aumento exponencial de la criminalidad, nos encontramos ante un cóctel altamente peligroso.
En este sentido, y atendiendo nuevamente a los datos publicados por el Ministerio del Interior, entre el año 2017 y el 2024 los delitos contra la libertad sexual han experimentado un aumento del 81 %3. Es especialmente llamativo el aumento
de las agresiones sexuales con penetración (+277 %). Y es en esta tipología de delitos donde, curiosamente, existe una sobrerrepresentación de la población extranjera. Así, entre los detenidos por delitos contra la libertad sexual, en la franja de
18 a 30 años, el porcentaje de extranjeros asciende hasta el 46,1 %, siendo los marroquíes el mayor grupo (445 de 1.910 detenidos)4. Asimismo, los extranjeros también están sobrerrepresentados en la franja de 31 a 40 años, donde suponen el 50,7 %,
superando a los españoles5.
Todo ello, tiene también su reflejo en el crecimiento constante de la población reclusa extranjera. De los casi 59.000 reclusos, 18.500 son extranjeros. De esta forma, los extranjeros representan más del 31 % de la población reclusa,
cuando apenas suponen el 14 % de la población total de nuestro país6.
En Cataluña, por ejemplo, la mitad de los reclusos son extranjeros, mientras que en Madrid esta cifra alcanza el 42 %7. Así, el colectivo extranjero con mayor presencia en las cárceles españolas es el de los ciudadanos de origen marroquí.
Con 5.471 reclusos, los marroquíes representan el 29,5 % de la población penitenciaria extranjera.
Estos alarmantes datos plantean la necesidad de adoptar medidas contundentes en cualquier política responsable: la deportación de todos los inmigrantes que cometan delitos, con independencia de su situación legal o ilegal. En el actual
contexto de nuestro país, en el que el desproporcionado número de extranjeros que en él residen constituye una amenaza cierta contra la prosperidad de los españoles y contra nuestra identidad como pueblo, es simplemente intolerable que continúen en
territorio español quienes son incapaces de ajustarse a las más básicas normas de convivencia, como son el respeto a la integridad física y moral de las personas.
3 Balance de Criminalidad 2018, 4.º trimestre, p. 323. Disponible [en línea]: https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/prensa/balances-e-informes/2018/informe-balance-2018-4-trimestre.pdf/ y Balance de Criminalidad 2024, 4.º trimestre, p.
497. Disponible [en línea]: https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2024/BALANCE-CRIMINALIDAD-CUARTO-TRIMESTRE-2024.pdf
4 Informes sobre delitos contra la libertad sexual 2023, Ministerio del Interior, p.32. Disponible [en línea]:
https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/INFORME-DELITOS-CONTRA-LA-LIBERTAD-SEXUAL-2023.pdf
5 Ibidem.
6 Estadística Continua de Población (ECP), Instituto Nacional de Estadística, 1 de julio de 2025. Disponible [en línea]: https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECP2T25.htm
7 HERRERO, Jorge: «La nacionalidad extranjera con más reclusos en España: supone casi el 30 % del total de presos foráneos encarcelados», ABC, 19.11.24. Disponible [en línea]:
https://www.abc.es/espana/nacionalidad-extranjera-reclusos-carceles-espana-20241119131725-nt.html
Es cierto que el Código Penal ya contempla con carácter general en su artículo 89 la sustitución, total o parcial, de las penas de prisión superiores a un año impuestas a extranjeros por su expulsión del territorio español. En dicho
precepto, atendiendo a la gravedad de la conducta criminal, se exige en determinados casos que al menos se cumpla parte de la condena de prisión, por exigirlo así la defensa del orden jurídico y la confianza en la vigencia de la norma infringida.
No obstante, el grado de cumplimiento de esta norma es irrisorio. De las condenas de prisión impuestas a extranjeros, un porcentaje muy reducido se sustituye por la expulsión y, de entre ellas, todavía menos son ejecutadas, como evidencia el hecho
de que se haya ido conociendo que multitud de los autores extranjeros de los delitos más horribles cometidos en nuestro país tenían órdenes de expulsión pendientes. Siendo cierto que hay delitos tan graves que no encontrarían en la simple expulsión
un resarcimiento suficiente, es necesario promover reformas tanto de la legislación penal como de la relativa a extranjería, con objeto de asegurar dos propósitos: la expulsión del territorio nacional de extranjero que cometa un delito; así como
el cumplimiento de las penas de prisión en sus países de origen. En todo caso, la indicada reforma penal deberá terminar con la previsión de que las circunstancias del hecho delictivo y las personales de su autor puedan tenerse en cuenta para no
ordenar la expulsión de los delincuentes extranjeros. Y es que, en la práctica, esta previsión ha frustrado que la norma de que sean expulsados tenga verdadera efectividad.
No obstante, los problemas que genera la inmigración masiva y descontrolada, no se ciñen a la cuestión criminal. Así, con unas cifras desorbitadas de paro, uno de cada cuatro desempleados en España son extranjeros, España no necesita
inmigración a corto y medio plazo. No tiene sentido que se insista en traer inmigrantes de forma masiva mientras tenemos millones de parados españoles y extranjeros.
Actualmente, más de 3,9 millones de inmigrantes viven en nuestra Nación sin trabajar, representando el 58 % del total, de alrededor de 7 millones de extranjeros. Si a estas cifras unimos la ausencia de prioridad nacional en el acceso a
cualquier ayuda/prestación pública, observamos cómo no sólo estamos endeudando a los españoles y condicionando su futuro sino que, además, se están quedando fuera del reparto social.
Finalmente, debe aludirse a una cuestión fundamental para la identidad de una Nación y para la seguridad de un Estado. Se trata de la nacionalidad, que es el vínculo más relevante de cada individuo con su comunidad. En el caso de la
nacionalidad española, ha sido vista durante demasiado tiempo como una simple situación jurídica a la que se accedía mediante el cumplimento de determinados requisitos administrativos. Por ello, es imprescindible un cambio drástico del enfoque con
los poderes públicos abordan esta cuestión. Ostentar la nacionalidad española debe verse como lo que es: como un honor, como un privilegio, y como el título para el ejercicio de los deberes y derechos derivados de la condición de español. Ésta es
la razón por la que este Grupo Parlamentario ha presentado distintas iniciativas parlamentarias para hacer más rigurosos los requisitos para el acceso a la nacionalidad española.
Este principio debe tener también su manifestación en la necesidad de revocar la nacionalidad española concedida a extranjeros que, con su conducta, hayan dempstrado sel: indignos de ostentarla. En la actualidad la regulación de las causas
de pérdida de la nacionalidad en los artículos 24 y 25 del Código Civil hace referencia a supuestos de adquisición o de utilización de otra nacionalidad, o a casos extremos de servicio militar o ejercicio de cargos políticos en Estados extranjeros.
Se impone la necesidad de modificar esta legislación, de tal forma que, respecto de cualquier titular de la nacionalidad española que no lo sea de origen, la comisión de delitos graves, o el intento de imponer el islamismo en nuestro país u otra
conducta que acredite incompatibilidad con nuestro modo de vida, sea considerado como causa de pérdida de esa nacionalidad.
Tercero. Conclusión.
La llegada masiva de inmigrantes, el número ínfimo de expulsiones y el nuevo Reglamento de Extranjería son pruebas más que suficientes de que el Ejecutivo busca la regularización masiva y descontrolada de inmigrantes facilitando así, la
entrada y permanencia en España de cientos de miles de personas sin posibilidad de integración, que evidencia la idea que subyace a la reforma reglamentaria: la disolución de la Nación a través de la sustitución demográfica del pueblo español.
Esta voluntad, tan dañina para los españoles, tiene el objetivo de incorporar al mercado laboral a centenares de miles y con el tiempo, millones de inmigrantes que abaraten, todavía más, la mano de obra en nuestro país, así como la
modificación del censo electoral. De esta forma, se pretende nacionalizar de forma fraudulenta a los inmigrantes que han llegado de forma ilegal a nuestro país, al objeto de obtener centenares de miles de votos que distorsionen el resultado
electoral.
Adicionalmente, es preciso señalar que la mayoría de los inmigrantes ilegales que arriban a nuestro país en la actualidad, provienen de países cuya cultura es incompatible con la nuestra y que no respetan nuestros valores ni nuestro modo de
vida.
En este sentido, y a la vista de los datos expuestos todos ellos procedentes de fuentes oficiales del Estado, que muestran una creciente criminalidad, un abuso del sistema social, así como la dejadez de funciones del Ejecutivo a la hora de
expulsar a los inmigrantes que entran ilegalmente a nuestro país, resulta imperativo aplicar una serie de medidas que acaben con esta política de fronteras abiertas, que no hace sino provocar un daño irreparable a nuestro país.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Derogar el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre.
2. Repatriar a todos los inmigrantes que se encuentran de forma ilegal en nuestro país.
3. Deportar a todos los inmigrantes legales o ilegales que cometan delitos o pretendan imponer el islamismo, así como revocar la nacionalidad y expulsar a todos aquellos que, habiendo adquirido la nacionalidad española, cometan delitos
graves o traten de imponer el islamismo.
4. Impulsar la remigración a sus países de origen de aquellos inmigrantes que vivan de manera continuada de las distintas ayudas y servicios sociales que prestan las administraciones públicas.
5. Con el fin de proteger el empleo y el estado de bienestar de los españoles, y salvo para casos excepcionales y debidamente justificados, suspender los flujos de entrada de inmigrantes en España.
6. Impulsar programas de empleabilidad de españoles en profesiones de difícil cobertura y promover el retorno de aquellos que han tenido que marcharse fuera de España en busca de oportunidades.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002707
A la Mesa de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la subida de
tasas aeroportuarias, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Según ha trascendido públicamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido autorizar a Aena, S.M.E., S.A., en la cual la Administración General del Estado español posee una participación mayoritaria del 51 %
del capital a través de ENAIRE, a aplicar una subida de tasas aeroportuarias cifrada en un 6,5 % a partir del 1 de marzo de 2026.
En el contexto, por tanto, del mayor incremento de tarifas por pasajero que tendrían que afrontar las compañías aéreas desde la operación de salida a bolsa del capital del gestor aeroportuario hace una década, es preciso señalar que el grupo
español Aena es el primer operador aeroportuario del mundo en número de pasajeros, con 309,3 millones registrados en 2024, con una previsión de alcanzar aproximadamente 320 millones de pasajeros en 2025, acompañado incluso de una estimación aún
mayor para el año 2026.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, Aena obtuvo en el pasado ejercicio 2024 un beneficio neto récord de 1.934,2 millones de euros, una cifra que mejoró un 18,6 % el beneficio de 1.630,8 millones de euros logrado en el año 2023,
mientras que el resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzó los 3.510,3 millones de euros, superando en un 16,1 % la cifra del ejercicio 2023.
En este punto, convendría resaltar que producto de la distribución de dividendos correspondientes a los resultados del ejercicio de 2024, el Estado español, en su categoría de accionista de referencia de Aena, ha percibido una cifra superior
a 746 millones de euros en concepto de dividendos, añadiéndose que esta mercantil estatal ha repartido casi 5.000 millones de euros en dividendos desde su salida a bolsa en 2015.
También cabe destacar que el Parlamento de Canarias, en sesión plenaria del 12 y 13 de septiembre de 2023, aprobó una Proposición no de Ley rechazando la subida de las tasas propuestas para el 1 de marzo de 2024. Cuestión que fue obviada
por el operador aeroportuario.
Así las cosas y según las estimaciones conocidas, este aumento tarifario podría reportar unos ingresos adicionales cercanos a 220 millones de euros en el área regulada del gestor aeroportuario. En este escenario, no existen muchas dudas de
que una elevación de tarifas de estas características desincentivaría el crecimiento del tráfico de las compañías hacia las regiones y aeropuertos de nuestro país, especialmente aquellas con un modelo low cost que intentan optimizar al máximo el
coste de sus operaciones para orientar sus políticas comerciales y operar de la manera más competitiva posible.
Pero es que, además, en Canarias volar no es una cuestión de placer o lujo, es una cuestión de absoluta necesidad pues estamos en un territorio fragmentado en el que se hace indispensable el uso del avión para la actividad cotidiana de la
población. Hablamos de asistir a consultas médicas, trámites administrativos, o algo tan básico como asistir al puesto de trabajo, por lo que cualquier subida en este ámbito repercute de forma directa en el bolsillo de todos los canarios y
canarias.
Por todo lo expuesto, con la finalidad de impedir la adopción de decisiones gubernamentales y/o públicas empresariales que se puedan traducir de manera automática en medidas disuasorias para el deseo de viajar y las decisiones de viaje, así
como una fractura en la cohesión territorial de los canarios, los grupos parlamentarios firmantes, presentan la siguiente:
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a la adopción de las siguiente medidas:
1. Rechazar la propuesta de la sociedad Mercantil AENA S.M.E., S.A., sobre el aumento del 6.3 % de las tarifas aeroportuarias.
2. Iniciar las negociaciones con el Gobierno de Canarias, en el seno de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, a fin de consensuar los términos e impulsar la aprobación de la legislación estatal que permita a la Comunidad Autónoma de
Canarias el ejercicio efectivo de las competencias establecidas en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, garantizando:
La plena participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en la planificación y la programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general dentro de AENA (artículo 161.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias).
La participación de las administraciones públicas canarias en el régimen especial de funcionamiento de los puertos y aeropuertos radicados en Canarias calificados de interés general que no sean de competencia autonómica por ser gestionados
directamente por el Estado (artículo 161.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias).
La participación de Canarias en las decisiones que se adopten sobre el establecimiento de tasas, precios o prestaciones públicos patrimoniales que afecten a los aeropuertos canarios (artículo 161.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias).
3. Comprometer en todo caso en el marco del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), para el quinquenio 20272031, un esquema lo más atractivo posible de las tarifas aeroportuarias aplicables con el propósito de no
perjudicar y mejorar la competitividad de los aeropuertos, destinos turísticos de Canarias a nivel internacional, así como no perjudicar la movilidad interior entre las islas, asegurando al propio tiempo la estabilidad, sostenibilidad
económico-financiera y estándares de calidad adecuados para la red aeroportuaria. Aprovechando además, consulta previa que ha de hacerse a las comunidades autónomas y a los cabildos insulares con carácter previo a la redacción del DORA y para
recoger las singularidades de todas las islas, en particular, las de las islas verdes y su realidad socioeconómica acordando unas tasas moduladas y realizando las inversiones necesarias sin que el criterio económico excluya otros como la mejora de
la conectividad y la realidad social de la isla en la que radique el aeropuerto.
4. Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la convocatoria urgente y extraordinaria del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias, como órgano de coordinación aeroportuaria que facilita la participación en
la gestión aeroportuaria de las administraciones públicas y de los principales agentes económicos y sociales, para manifestar el rechazo de Canarias al incremento del 6,5 % de las tarifas aeroportuarias.
5. Hacer llegar el acuerdo alcanzado por el Parlamento de Canarias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
6. Garantizar en cualquier escenario mediante la aplicación del sistema de bonificaciones por razones de interés general la conectividad aérea con el archipiélago canario, pulmones turísticos de la oferta española, absolutamente
dependientes del transporte aéreo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2025.Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002726
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la construcción de la Ronda Oeste en el municipio de Fene, para su debate en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El municipio de Fene cuenta con una singular configuración territorial e industrial, con una alta densidad de población y con la presencia de una de las principales infraestructuras industriales del Estado, Navantia Fene, cuyos terrenos
suman un millón de metros cuadrados, y en los que se fabrican actualmente megaestructuras para la industria eólica marina.
El acceso a estas instalaciones por parte de transporte pesado debe realizarse a través de la carretera N-651 o de AP-9 y AC-115, atravesando zonas urbanas consolidadas, lo que genera importantes problemas de tráfico, de seguridad vial y de
impacto ambiental, además de limitar la capacidad logística de la fábrica.
Sin embargo, tanto el Plan General de Desarrollo Municipal (PXOM) de Fene como el Plan Vial de Galicia incluyen la previsión de una nueva vía de conexión entre el Polígono Industrial Vilar do Colo, en Rego da Moa, y la entrada principal de
Navantia Fene, conocida como Ronda Oeste, que permitiría unir de forma directa la AP-9 con el inicio del Ponte das Pías, también en la N-651, canalizando el tráfico de mercancías y de paso, y reduciendo así la presión sobre el núcleo urbano.
Esta actuación no solo permitiría garantizar una mejor conexión del tráfico pesado de mercancías y un paso seguro para las megaestructuras destinadas a la planta de Navantia, sino también desarrollar políticas de humanización y pacificación
del tráfico en la Avenida Naturais de Fene, el principal eje vial del municipio, mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas y la movilidad peatonal.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Elaborar el estudio informativo y técnico necesario para la construcción de la Ronda Oeste de Fene (A Coruña), que conecta el polígono de Vilar do Colo con la entrada principal del astillero de Navantia Fene.
2. Incluir esta actuación en los planes de infraestructuras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la competitividad industrial en la región de Ferrol.
3. Coordinar este proyecto con el Ayuntamiento de Fene y la Xunta de Galicia, garantizando su integración territorial y la compatibilidad ambiental y urbanística.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2025.Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á
construción da Rolda Oeste no Concello de Fene, para o seu debate na Comisión de Transporte e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
O concello de Fene presenta unha singular configuración territorial e industrial, cunha elevada densidade de poboación e coa presenza dunha das principáis infraestruturas industriáis do Estado, Navantia Fene, cuxos terreos suman un millón de
metros cadrados, e nos que se fabrican actualmente megaestruturas para a industria eólica mariña.
O acceso a estas instalacións por parte de transporte pesado debe realizarse pola estrada N-651 ou da AP-9 e AC-115, atravesando zonas urbanas consolidadas, o que xera importantes problemas de tráfico, seguranza viaria e impacto ambiental,
ademáis de limitar a capacidade loxística da factoría.
Porén, tanto o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Fene, como o Plan de Estradas da Galiza, recollen a previsión dunha nova vía de conexión entre o Polígono Industrial de Vilar do Colo, no Regó da Moa, e a entrada principal de
Navantia Fene, a coñecida como Rolda Oeste, que permitiría unir de forma directa a AP-9 e o inicio da Ponte das Pías, novamente na N-651, canalizando o tráfico de mercadorías e o pasante, e reducindo así a presión sobre o núcleo urbano.
Esta actuación permitiría, non só garantir unha mellor conexión do tráfico pesado de mercadorías e un paso seguro das megaestruturas destinadas á planta de Navantia, senón tamén desenvolver políticas de humanización e calmado do tráfico na
Avenida Naturais de Fene, principal eixo viario do concello, mellorando a calidade de vida da veciñanza e a mobilidade peonil.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Gobernó do Estado a:
1. Elaborar o estudo informativo e técnico necesario para a construción da Rolda Oeste de Fene (A Coruña), conectando o Polígono de Vilar do Colo coa entrada principal do estaleiro de Navantia Fene.
2. Incluir esta actuación nos plans de infraestruturas do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, co obxectivo de mellorar a seguridade viaria e a competitividade industrial da comarca de Ferrol.
3. Coordinar este proxecto co Concello de Fene e a Xunta de Galiza, garantindo a súa integración territorial e a compatibilidade ambiental e urbanística.»
En Madrid, a 12 de novembro de 2025.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz do GP Mixto.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la educación nutricional en los centros escolares, para su debate en
la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Una educación nutricional adecuada en la infancia y la adolescencia puede contribuir a perpetuar los hábitos alimentarios saludables en la vida adulta, mejorando el bienestar físico y disminuyendo el riesgo de enfermedades asociadas a la
alimentación. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 60 % de la población infantil con exceso de peso arrastrará esta circunstancia a la vida adulta. De hecho, según datos del mismo organismo, en 2022 una de cada ocho
personas en el mundo sufría obesidad, y desde 1990 se ha cuadruplicado entre los adolescentes. Y advierte: «La obesidad en la infancia y la adolescencia tiene consecuencias psicosociales adversas; afecta al rendimiento escolar y a la calidad de
vida, a lo que se añaden la estigmatización, la discriminación y la intimidación. Los niños con obesidad tienen muchas probabilidades de ser adultos con obesidad y además corren un mayor riesgo de sufrir ENT en la edad adulta». Las recomendaciones
de la OMS, además de limitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico y realizar actividad física con regularidad, apuntan a la promoción entre los niños una serie de comportamientos en torno a cuestiones como la
alimentación saludable, la actividad física, las conductas sedentarias y el sueño.
La nutrición adecuada es un derecho del niño. La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) reconoce en los artículos 24 y 27 su derecho a gozar del más alto nivel posible de salud y una nutrición adecuada, y las Conclusiones del Consejo
de la Unión Europea Alimentación sana para la infancia: un futuro saludable para Europa (2018/C 232/01) exigen políticas de prevención ambiciosas y eficaces integrando la salud en todas las políticas.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya se ha puesto manos a la obra con una norma que asegura que se sirvan cinco comidas saludables a la semana en todos los centros escolares y que, por tanto, garantiza el acceso a una
alimentación sana, nutritiva y variada en los comedores escolares independientemente del nivel de renta de sus familias. Cabe recordar aquí los últimos datos del estudio Aladino: la mitad de los alumnos y alumnas que pertenecen a familias con
ingresos inferiores a 18.000 euros tienen exceso de peso infantil debido, entre otras razones, a que no pueden permitirse consumir más alimentos saludables como frutas y verduras, ni realizar desayunos completos.
Teniendo en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales, los datos que arrojan los estudios sobre el sobrepeso y la obesidad infantil y la reciente para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros
educativos, es posible ir un paso más allá y que el comedor escolar también se convierta no solo en un espacio saludable y sostenible, sino de aprendizaje sobre la importancia de la alimentación saludable, el conocimiento por parte de los alumnos y
alumnas sobre qué están comiendo en su menú y las razones por las cuales es beneficioso para ellos y ellas y para el medio ambiente, además de sensibilización sobre los efectos en la salud de las comidas saludables y las que no lo son.
La garantía de comedores saludables y sostenibles promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abre una gran oportunidad para que el alumnado entienda la importancia de la educación nutricional, conociendo y
consumiendo in situ los alimentos que mejorarán su salud en el presente y en el futuro: la importancia del consumo diario de fruta y verdura fresca, pescados, legumbres y cereales integrales, y los efectos perjudiciales del consumo excesivo de
bebidas y alimentos azucarados, bebidas energéticas o los alimentos con alto contenido en grasas saturadas y sal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la educación nutricional, en colaboración con las administraciones educativas competentes y en la línea de lo ya
contemplado en los Reales Decretos que establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y Secundaria, con la finalidad de transmitir conocimiento sobre la importancia de la alimentación saludable y sostenible en los
términos del Real Decreto 315/2025 impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2025.Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a l'educació nutricional en els centres escolars, per al seu debat en la
Comissió d'Educació, Formació Professional i Esports.
Exposició de motius
Una educació nutricional adequada en la infància i l'adolescència pot contribuir a perpetuar els hàbits alimentaris saludables a la vida adulta, millorant el benestar físic i disminuint el risc de malalties associades a l'alimentació.
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), al voltant del 60 % de la població infantil amb excés de pes arrossegarà aquesta circumstància a la vida adulta. De fet, segons dades del mateix organisme, el 2022 una de cada vuit persones en el món
patia obesitat, i des de 1990 s'ha quadruplicat entre els adolescents. I adverteix: «L'obesitat a la infància i l'adolescència té conseqüències psicosocials adverses; afecta al rendiment escolar i a la qualitat de vida, al que s'afegeixen
l'estigmatització, la discriminació i la intimidació. Els nens amb obesitat tenen moltes probabilitats de ser adults amb obesitat i a més corren un major risc de patir ENT en l'edat adulta». Les recomanacions de l'OMS, a més de limitar el consum
de begudes ensucrades i aliments d'alt contingut calòric i realitzar activitat física amb regularitat, apunten a la promoció entre els nens una sèrie de comportaments entorn de qüestions com l'alimentació saludable, l'activitat física, les conductes
sedentàries i la son.
La nutrició adequada és un dret del nen. La Convenció sobre els Drets del Nen (1989) reconeix en els articles 24 i 27 el seu dret a gaudir del més alt nivell possible de salut i una nutrició adequada, i les Conclusions del Consell de la
Unió Europea Alimentació sana per a la infància: un futur saludable per a Europa (2018/C 232/01) exigeixen polítiques de prevenció ambicioses i eficaces integrant la salut a totes les polítiques.
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ja ha encetat la feina amb una norma que assegura que se serveixin cinc menjars saludables a la setmana en tots els centres escolars i que, per tant, garanteix l'accés a una alimentació
sana, nutritiva i variada en els menjadors escolars independentment del nivell de renda de les seves famílies. Cal recordar aquí les últimes dades de l'estudi Aladino: la meitat dels alumnes i les alumnes que pertanyen a famílies amb ingressos
inferiors a 18.000 euros tenen excés de pes infantil degut, entre altres raons, al fet que no poden permetre's consumir més aliments saludables com a fruites i verdures, ni realitzar desdejunis complets.
Tenint en compte les recomanacions d'organismes internacionals, les dades que llancen els estudis sobre el sobrepès i l'obesitat infantil i la recent per al foment d'una alimentació saludable i sostenible en centres educatius, és possible
anar un pas més enllà i que el menjador escolar també es converteixi no només en un espai saludable i sostenible, sinó d'aprenentatge sobre la importància de l'alimentació saludable, el coneixement per part dels alumnes i alumnes sobre què estan
menjant en el seu menú i
les raons per les quals és beneficiós per a ells i elles i per al medi ambient, a més de sensibilització sobre els efectes en la salut dels menjars saludables i els que no ho són.
La garantia de menjadors saludables i sostenibles promogut pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 obre una gran oportunitat perquè l'alumnat entengui la importància de l'educació nutricional, coneixent i consumint in situ els
aliments que milloraran la seva salut en el present i en el futur: la importància del consum diari de fruita i verdura fresca, peixos, llegums i cereals integrals, i els efectes perjudicials del consum excessiu de begudes i aliments ensucrats,
begudes energètiques o els aliments amb alt contingut en greixos saturats i sal.
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta el Govern a impulsar l'educació nutricional, en col·laboració amb les administracions educatives competents i en la línia del que ja contempla els Reials Decrets que estableixen l'ordenació i els ensenyaments
mínims de l'Educació Primària i Secundària, amb la finalitat de transmetre coneixement sobre la importància de l'alimentació saludable i sostenible en els termes del Reial decret 315/2025 impulsat pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda
2030.»
Palau del Congrés dels Diputats, 13 de novembre de 2025.Aina Vidal Sáez, Portaveu adjunta primera.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a apoyar a las familias que reciben la prestación
por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME), para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME) fue creada con el propósito de garantizar que los progenitores o cuidadores puedan reducir su jornada laboral para atender a sus hijos gravemente enfermos, sin ver comprometida
de forma drástica su situación económica.
Se trata de una medida que reconoce el derecho de los menores con enfermedades graves o crónicas a recibir los cuidados y la atención continuada de sus padres o tutores, así como la necesidad de apoyar a las familias en un momento de
especial vulnerabilidad.
Sin embargo, la aplicación práctica de esta prestación dista mucho de su espíritu original.
Cada vez son más las familias que denuncian graves dificultades para acceder y mantener la ayuda, debido a criterios restrictivos, interpretaciones arbitrarias y una gestión desigual por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social, que son las entidades encargadas de tramitar y supervisar la CUME.
Además, la desaparición de la figura del mediador del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha dejado a los solicitantes sin una vía rápida y efectiva para resolver los conflictos derivados de los distintos criterios de las
mutuas.
El resultado es que muchas familias se ven obligadas a compatibilizar la atención permanente de a sus hijos e hijas enfermos con litigar para obtener o mantener un derecho que ya les corresponde, con un alto coste emocional, económico y
social.
Igualmente, se ha detectado una grave desigualdad en el tratamiento de los trabajadores autónomos que perciben la prestación CUME. A diferencia de otros supuestos de protección social (como la incapacidad temporal, el riesgo durante el
embarazo o el nacimiento y cuidado de menor), la CUME no figura entre las exclusiones del artículo 309.1 de la Ley General de la Seguridad Social, lo que provoca que las bases de cotización de los autónomos se sometan a regularización anual,
reduciendo indebidamente sus períodos de cotización y situándolos en clara desventaja respecto a los trabajadores por cuenta ajena.
Por todo ello, se hace necesario revisar y reformar el marco normativo y procedimental de la prestación CUME, con el fin de garantizar su correcta aplicación, reforzar la seguridad jurídica de las familias, y asegurar que el acceso a esta
ayuda no dependa del criterio interpretativo de cada entidad gestora, sino de la realidad médica y asistencial de los menores afectados.
Por ello, y en coherencia con los principios de equidad, protección a la infancia y conciliación familiar y laboral, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una reforma del Real Decreto 1148/2011 así como la modificación de la ley general de Seguridad Social, con las siguientes medidas prioritarias:
1. Creación de una figura de mediación vinculada al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), con capacidad de actuación rápida y resoluciones vinculantes, para evitar
la judicialización sistemática de conflictos entre familias y mutuas.
2. Clarificación normativa del concepto de «situación protegida», garantizando que la reducción de jornada y la prestación económica sean derechos independientes y compatibles.
3. Reconocimiento expreso de los ingresos hospitalarios no necesariamente prolongados, incluyendo hospitalización ambulatoria, domiciliaria o en régimen de día, cuando los cuidados directos y continuos sean acreditados por los servicios
médicos públicos.
4. Actualización y carácter abierto del listado de enfermedades graves, incorporando expresamente el Trastorno del Espectro Autista (TEA grado 3 o severo) y evitando interpretaciones restrictivas que excluyen enfermedades raras o
sindrómicas.
5. Refuerzo de la protección de las familias monoparentales, separadas o con custodia compartida, adaptando los periodos de alternancia a la realidad de la convivencia
6. Inclusión plena de las personas trabajadoras a tiempo parcial.
7. Homogeneización y transparencia en el cálculo y actualización de las bases reguladoras, estableciendo formularios y procedimientos comunes para todas las mutuas.
8. Racionalización de las renovaciones médicas, extendiendo la vigencia de los informes en enfermedades crónicas o irreversibles a un periodo mínimo de doce meses, para evitar cargas burocráticas innecesarias sobre las familias y el sistema
sanitario.
9. Establecimiento de sanciones ante incumplimientos reiterados por parte de las mutuas colaboradoras.
10. Modificación del artículo 309.1 de la Ley General de la Seguridad Social, para incluir expresamente la prestación CUME entre los supuestos excluidos de regularización anual de cotizaciones de los trabajadores autónomos, garantizando que
sus bases de cotización adquieran carácter definitivo mientras perciban esta prestación, en igualdad de trato con el resto de las prestaciones de protección social.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.Maribel Vaquero Montero, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.
161/002720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
protección de los derechos de las personas migradas frente al negocio ilegal de las citas de extranjería, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
En los últimos años, el Estado español ha visto el surgimiento de un mercado ilegal para conseguir turnos y citas relacionadas con trámites de extranjería. Este fenómeno incluye redes que utilizan bots para acaparar espacios en las agendas
oficiales, intermediarios que revenden esos espacios en plataformas públicas como Wallapop, Telegram y WhatsApp, y oficinas de gestión que actúan como intermediarios entre las víctimas y las estafas. Las cifras de detenciones y operaciones
policiales indican que no se trata de un problema aislado: se han desarticulado redes entre 2023 y 2025 y se han llevado a cabo detenciones masivas por el bloqueo del sistema y la reventa.
Repasemos a continuación cómo operan estas mafias:
Bots y bloqueos informáticos: Se trata de programas automáticos que aprovechan las citas recién disponibles en los sistemas de gestión y las ocupan en cuestión de segundos, dejando a las personas reales sin la posibilidad de conseguir un
turno.
Reventa y publicación pública: Los espacios que se obtienen se venden a precios que varían desde 50 euros hasta 1.500 euros, dependiendo de la urgencia del trámite (como la renovación de permisos, citas de asilo o huellas). En algunos
casos, se pueden encontrar anuncios en Wallapop y otras redes sociales.
Redes organizadas: Existen estructuras que combinan hackers, intermediarios y gestores (a veces con acceso a información administrativa) que sistematizan la estafa, ofreciendo incluso trámites completos por miles de euros. Las
operaciones policiales han intervenido y detenido a miembros de estas redes.
¿Cuál es el impacto real sobre las personas migradas?
Riesgo de quedarse sin papeles y sin trabajo: La dificultad para conseguir citas a tiempo para renovar permisos puede llevar a la pérdida de empleo, a la imposibilidad de acceder a prestaciones y a una mayor vulnerabilidad frente a
sanciones o expulsiones. Muchas víctimas han relatado haber pagado para evitar quedarse sin trabajo.
Exclusión por barreras digitales y lingüísticas: Muchas personas migradas no dominan las plataformas digitales, no tienen tiempo para la «caza de turnos» o no pueden desplazarse a oficinas físicas que les resultan inaccesibles.
En este contexto, el Estado no puede mirar a otra parte. Cuando el diseño y la gestión de un servicio público generan una barrera tan evidente que se convierte en materia prima para mafias, hablamos de un fallo institucional. La
Administración pública tiene la obligación de garantizar el acceso igualitario a los servicios y la tutela efectiva de los derechos (incluido el derecho a la documentación y al trabajo). No es solo eficiencia administrativa: es justicia social.
Las soluciones deben ser públicas, no mercadearse en el mercado negro.
Por ello, desde los colectivos que defienden los derechos de las personas migradas se reclama la puesta en marcha de medidas como las siguientes:
Refuerzo inmediato de recursos humanos y horarios: más personal en Oficinas de Extranjería, Policía y comisarías; ampliación de turnos y presencia territorial (más puntos para toma de huellas), para que la oferta de citas deje de ser
estructuralmente escasa. (Hay iniciativas provinciales que multiplicaron las citas diarias; ese modelo debe generalizarse).
Protección técnica contra bots y fraude: auditorías de seguridad, sistemas anti-bot robustos, límite por IP y por usuario real, y trazabilidad en la generación de citas. Las detenciones por uso de bots muestran que esto puede
desarticularse si se actúa tecnológicamente.
Regulación y control de intermediarios: prohibir la reventa mercantil de citas y sancionar administrativa y penalmente a quienes se lucren; exigir a despachos y gestores transparencia y registro público de encargos.
Canales accesibles y gratuitos de ayuda: líneas telefónicas con atención en varios idiomas, ventanillas presenciales prioritarias para casos urgentes (pérdida de empleo, renovaciones inmediatas), y asistencia jurídica gratuita en
denuncias por estafa.
Sanción ejemplar y coordinación policial: perseguir a las redes (investigación tecnológica, cooperación con EUROPOL si procede), y perseguir no solo a los «hombres de la calle», sino a los cabecillas y a quienes emplean el acceso
fraudulento a sistemas. Las operaciones policiales ya ejecutadas muestran que la estructura existe y puede atacarse.
Transparencia y datos públicos: paneles municipales o estatales que muestren tiempos medios de espera, número de citas disponibles y plazas liberadas semanalmente; así se reduce la opacidad que alimenta el mercado negro.
Simplificación administrativa: reducir trámites irrelevantes, ampliar plazos razonables de renovación en situaciones de saturación del sistema, y reconocer situaciones documentales mientras se resuelve el problema técnico (presunción de
buena fe), llegando a aprobar el silencio administrativo positivo en favor del solicitante en el plazo que se determine.
No es aceptable que la necesidad de una persona migrada por regularizar su situación se convierta en negocio para mafias. Lo que estamos viendo es la consecuencia lógica de austeridad administrativa, sistemas informáticos insuficientes y
una gestión que prioriza trámites por volumen sin garantizar equidad. Exigimos un Estado que recupere la soberanía del servicio público: más recursos, mejores sistemas, controles reales y sanciones contundentes. No queremos que la desesperación
se convierta en una tarifa más en el mercado negro: queremos justicia, derechos y oficinas que funcionen para todas las personas, sin intermediarios explotadores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con la puesta en marcha de forma inmediata de medidas para erradicar el mercado ilegal de consecución de turnos y citas relacionadas con los trámites de extranjería y para proteger
los
derechos de las personas migradas a acceder a la administración para regularizar su situación. Entre dichas medidas se incluirán las siguientes:
1) continuar con el refuerzo inmediato de recursos humanos y ampliación de horarios,
2) protección tecnológica contra bots y fraude,
3) creación de un mecanismo de control específico de la reventa de citas, coordinación policial para perseguir las redes mafiosas y garantizar la aplicación de la sanciones y penas previstas en la normativa vigente,
4) líneas telefónicas con atención en varios idiomas, ventanillas presenciales prioritarias para casos urgentes y asistencia jurídica gratuita en denuncias por estafa,
5) ampliación de la transparencia y publicidad de la información para acabar con la opacidad de la que viven las mafias,
6) simplificación administrativa y ampliación de plazos para evitar situaciones de saturación del sistema, incluyendo el silencio administrativo positivo en favor del solicitante en el plazo que se determine.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso del empleo y el emprendimiento de las mujeres en el medio rural,
para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El medio rural español representa más del 80 % del territorio nacional y alberga aproximadamente al 20 % de la población. Dentro de este ámbito, las mujeres desempeñan un papel esencial en la sostenibilidad social, económica y
medioambiental.
Así lo reconoce el último informe de ONU Mujeres «Más allá de la pandemia de Covid-19: un plan feminista en favor de la sostenibilidad y justicia social», donde «insta a apoyar los medios de vida de las mujeres rurales» e «invita a todas
las personas a celebrar las contribuciones de estas mujeres en la construcción de la resiliencia climática, la conservación de la biodiversidad y el cuidado de la tierra».
También en España las Administraciones Públicas, los agentes sociales y asociaciones coinciden en el papel vital que desempeñan las mujeres en el desarrollo y la cohesión de las comunidades rurales, contribuyendo a la economía local. Al
respecto, es importante señalar que, según el «Diagnóstico de Igualdad de Género en el Medio Rural», publicado en 2022 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el medio rural residen un total de 7.574.977 personas, de las cuales,
el 49,2 % son mujeres y el 50,8 % son Hombres.
Sin embargo, a pesar de su peso poblacional, casi el 50 % de la población rural, las mujeres siguen enfrentando importantes barreras estructurales para acceder al empleo de calidad y desarrollar iniciativas emprendedoras, sin olvidarnos de
sus mayores dificultades para situarse en el ámbito de la toma de decisiones.
La despoblación, la falta de servicios, la brecha de género, que en el medio rural muchas veces deriva en una doble discriminación, la brecha digital, las cargas de cuidados no remunerados y los estereotipos de género, tan permeabilizados en
el entorno, limitan sus oportunidades y profundizan en la desigualdad, con un claro aumento del riesgo de sufrir violencia de género y enfrentarse a situaciones de mayor vulnerabilidad.
Así lo pone de manifiesto el reciente estudio también del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que se analizan y cuantifican las importantes brechas de género aún presentes en el sector agrario.
Es cierto que mucho se ha avanzado en la visibilización de la mujer rural y sus dificultades para acceder a mayores cotas de igualdad, fundamentalmente gracias al asociacionismo en el ámbito rural. Al respecto, es conveniente recordar la IV
Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing, donde gracias al asociacionismo se consiguió que se declarara el día 15 de octubre como el día internacional dedicado a las mujeres rurales del mundo. Y también la Ley 35/2011, de 4 de octubre,
sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, que reconoció a la mujer en el mundo rural como copartícipe en la gestión y el trabajo en la explotación agraria, profesionalizando su actividad.
No obstante, desde el compromiso con la igualdad efectiva y el desarrollo territorial equilibrado, es prioritario seguir adoptando medidas específicas para fomentar la empleabilidad, el autoempleo y el liderazgo de las mujeres rurales,
aprovechando el potencial transformador de la economía social, la innovación, el cooperativismo y la digitalización inclusiva, para alcanzar, en paralelo, su mayor participación social.
La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural y la Agenda 2030, dentro del marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia y con el apoyo económico de los Fondos Next
Generation UE, ofrecen un marco propicio que debe ser reforzado mediante acciones concretas desde todos los niveles de la Administración y con la participación de todos los actores implicados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, la participación de los agentes sociales y asociaciones de mujeres y rurales, un plan específico para el fomento
del empleo y el emprendimiento femenino en el medio rural, con inclusión de medidas de capacitación para el liderazgo, que contemple:
1. La continuidad de los programas de formación y recualificación digital orientados a sectores con potencial de crecimiento (economía verde, cuidado de personas, agroindustria sostenible, turismo rural, entre otros).
2. La continuidad de las ayudas al autoempleo y a la creación de empresas lideradas por mujeres.
3. La continuidad de las bonificaciones específicas en las cotizaciones sociales para las autónomas rurales y mujeres emprendedoras en municipios en riesgo de despoblación.
4. Continuar fortaleciendo la presencia y visibilidad de las mujeres rurales en los programas de empleo, formación e inserción laboral gestionados por los Servicios Públicos de Empleo, adaptando los itinerarios a las realidades del
territorio.
5. Facilitar el acceso a financiación, asesoramiento técnico y acompañamiento integral para proyectos liderados por mujeres rurales, con simplificación de los trámites administrativos.
6. Ampliar la cobertura de servicios públicos de proximidad en el medio rural, especialmente en lo relativo a la atención a la dependencia y la infancia, para eliminar uno de los principales obstáculos a la inserción laboral femenina y
permitir una mayor conciliación, así como impulsar medidas de corresponsabilidad.
7. Promover campañas de sensibilización y reconocimiento del papel de las mujeres rurales como agentes clave para la cohesión social, el desarrollo sostenible y la innovación en sus comunidades.
8. Reforzar el seguimiento del cumplimiento de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, y valorar su posible modificación para hacerla más efectiva.
9. Evaluar anualmente el impacto de las medidas implementadas, desagregando por sexo y ámbito territorial, e incorporando la participación de las propias mujeres rurales en el diseño y seguimiento de las políticas públicas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2025.Blanca Cercas Mena, Elisa Garrido Jiménez, Luc Andre Diouf Dioh, Alberto Mayoral de Lamo, Marta Trenzano Rubio y Ada Santana Aguilera, Diputados.Patricia Blanquer Alcaraz y
Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales aplicada al empleo doméstico, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El viernes 14 de noviembre entra en vigor la normativa que obliga a todos los hogares y familias que tengan contratada a una persona que les ayude con las tareas del hogar (limpieza, cuidados, jardinería, etc.) a evaluar los riesgos
laborales a los que podría exponerse a la hora de desarrollar su trabajo. Para cumplir con esta nueva exigencia, el Ministerio de Trabajo ha habilitado una plataforma denominada «Prevención 10» a través de la cual los empleadores, es decir, las
familias, deben de realizar el trámite de evaluar los hipotéticos riesgos que pueden existir en su hogar.
Recordemos, que estamos hablando de familias. Muchas familias para poder trabajar y conciliar necesitan contratar a una tercera persona que les ayude con la casa o con el cuidado de niños, mayores o personas dependientes, de lo contrario,
no podrían trabajar por no poder compaginarlo con sus responsabilidades familiares. Pocas veces se trata de un capricho, sino de una necesidad.
El Gobierno, se empeña en tratar a las familias y a los hogares como si fueran pequeñas empresas, como si fueran micropymes, y se les exige papeleos y burocracia desproporcionada, complicándoles más la vida, en lugar de tratar de
facilitársela como debiera de ser su responsabilidad y objetivo. Las familias que emplean a trabajadoras del hogar, los pensionistas, personas mayores que contratan a alguien que les ayude y les acompañe en sus tareas cotidianas, no tienen por qué
tener conocimientos de prevención de riesgos laborales y muchas de ellas quizás, no tengan la habilidad para realizar ese trámite a través de un ordenador, sin embargo, el Gobierno se empeña en ponerles las cosas cada vez más difíciles.
No se puede pasar por alto, como parece que sí hace el Gobierno, que la relación laboral que une a las empleadas domésticas y a las familias es una relación especial, con muchas peculiaridades. Una de las características más relevantes y
diferenciadoras radica en que en este caso, quien contrata no es una empresa, sino la familia. Las familias españolas no pueden ni deben ser tratadas como entidades mercantiles. La lógica de la prevención empresarial con su burocracia,
auditorías, evaluaciones de riesgos y documentación técnica resulta completamente ajena a la realidad del empleo doméstico en nuestro país y podemos decir, que la normativa actual impuesta por el Gobierno de manera unilateral, no distingue entre un
hogar que contrata unas horas de ayuda semanal y una pyme con trabajadores a su cargo.
La realidad es que el Gobierno, además de exigir el cumplimiento de esta nueva obligación amenazando a los hogares que no cumplan con multas desorbitadas habilita
para ello, una herramienta que no funciona. Es decir, exigen que para el 14 de noviembre todos los hogares que tienen contratada una empleada doméstica tiene que haber registrado el formulario de prevención de riesgos laborales, bajo
amenaza de multa, pero ponen una herramienta defectuosa para poder realizar esta gestión. Es de dominio público que el programa Prevención 10 y el canal habilitado para realizar el trámite ha sido un caos, se ha colapsado en muchos momentos, siendo
imposible para las familias cumplir con el requerimiento exigido por causas ajenas a ellas, sino por causas técnicas achacables únicamente a deficiencias del programa informático del Ministerio.
La consecuencia directa es una inseguridad jurídica creciente, un aumento del empleo irregular ante la complejidad de las exigencias y una presión injustificada sobre miles de familias, muchas de ellas con dependientes, personas mayores o
menores a su cuidado. En lugar de ofrecer soluciones adaptadas y eficaces, el Gobierno opta por trasladar al ámbito familiar un modelo burocrático que ni mejora la protección de las trabajadoras ni favorece la conciliación.
Lo cierto es que con estas medidas, que pretenden proteger al colectivo de trabajadores domésticos, se consigue el efecto contrario. Cada vez hay más trabajadores del sector en la economía sumergida trabajando sin derechos ni garantías.
Según los últimos datos de afiliación de octubre, el mes cerró con 341.428 afiliados en el régimen de los trabajadores del hogar, casi 15.400 personas menos que un año antes (un 4,31 % menos). Desde que gobierna Sánchez se han perdido casi 78.000
afiliados en este régimen.
El Partido Popular defiende con vehemencia, la dignificación del empleo del hogar, la mejora de su protección social y la profesionalización del sector. Sin embargo, estas metas deben alcanzarse a través de normas proporcionadas, realistas
y adaptadas a la naturaleza familiar del empleo doméstico, y no mediante la imposición de obligaciones impropias que ahogan a los hogares y dificultan la contratación regular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Prorrogar la entrada en vigor de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales aplicada al empleo doméstico, al menos, por un año.
2. Teniendo en cuenta la imposibilidad de cumplir con lo exigido por causas imputables únicamente a las herramientas habilitadas por el Gobierno, que se proceda al archivo de oficio de cuantos expedientes sancionadores se hayan podido
proveer por esta causa.
3. Modificar la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales aplicada a las empleadas del hogar, a fin de que las obligaciones impuestas a las familias empleadoras sean proporcionadas y adecuadas a la naturaleza no
empresarial de la relación laboral.
4. Sustituir las obligaciones propias de pymes por un sistema, en materia de prevención de riesgos laborales aplicada al empleo doméstico, simplificado, gratuito, con opción de gestión y tramitación presencial, comprensible y accesible para
los hogares, que garantice una protección real y efectiva de las trabajadoras del hogar sin imponer cargas burocráticas excesivas.
5. Elaborar, en colaboración con los interlocutores sociales y las asociaciones de familias y de empleadas del hogar, una guía práctica de seguridad y salud para el empleo doméstico, basada en recomendaciones y buenas prácticas, no en
exigencias técnicas propias del ámbito empresarial.
6. Promover medidas que fomenten la contratación regular y la estabilidad del empleo del hogar, evitando que cargas excesivas empujen a muchas familias hacia la economía informal.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Jaime Eduardo de Olano Vela, Irene Garrido Valenzuela y María Isabel Prieto Serrano, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/002736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la exigencia de
convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial de Turismo y apuesta por la mejora efectiva de la gobernanza multinivel del turismo español, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El Consejo Español de Turismo (CONESTUR) aprobaba en octubre del pasado año 2024 una Declaración de apoyo al turismo reconociendo el valor aportado por el turismo al conjunto de la sociedad, a la economía y al empleo del país, destacando
entre otros aspectos, la importancia de continuar impulsando acciones que faciliten que el turismo en España profundice en los procesos de gobernanza colaborativa de todos los actores del ecosistema turístico, sobre la base de la diversidad de los
actores que participan en la actividad y la necesidad de impulsar espacios que favorezcan la colaboración entre ellos y que también permitan involucrar a las sociedades de acogida en los procesos de planificación y la toma de decisiones.
No obstante lo anterior, hace escasas fechas hasta trece Comunidades Autónomas que concentran alrededor del 70 % del total del turismo nacional, acogen el 75 % de turistas internacionales, más del 70 % de las pernoctaciones hoteleras del
país, así como el 80 % de las llegadas de vuelos y el 78 % del tráfico aéreo nacional, han suscrito una declaración institucional denominada Declaración de Sevilla, entre cuyos puntos, manifiestan su profunda preocupación ante la política sectorial
desarrollada por el Gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez, proponiendo en sentido inverso y bajo un enfoque constructivo un nuevo marco de colaboración y gestión para reforzar el liderazgo turístico español.
Así las cosas, a través del punto primero de dicha Declaración, las Comunidades Autónomas referidas, gobernadas todas ellas por el Partido Popular, denuncian lo que viene siendo una ruptura del diálogo y ausencia de liderazgo, así como de
quiebra de la lealtad institucional por parte del Gobierno de la Administración Central, evidenciada en el hecho cierto de la falta de convocatoria y celebración de la Conferencia Sectorial de Turismo desde diciembre de 2023, unido a la inacción y
falta de interlocución adecuada con el Ministerio del ramo turístico en lo referente a decisiones claves que afectan de lleno a nuestros destinos turísticos, circunstancia esta que entre otros motivos, han desembocado sin ir más lejos en la firma de
esta Declaración.
Por citar algún ejemplo muy representativo de la situación descrita, cabría hacer alusión al Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento del Registro Nacional y se crea la Ventanilla Única Digital de
Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de
alquiler de alojamientos de corta duración, asunto sobre el cual los Gobiernos autonómicos del Partido Popular solicitaron de manera reiterada e infructuosa la convocatoria de una Conferencia Sectorial monográfica para abordar el complejo
fenómeno de las viviendas de uso turístico y su impacto en nuestro modelo turístico actual con nulo resultado hasta el día de hoy.
Resulta por ello procedente y acertado que en esta disyuntiva de falta de coordinación y colaboración institucional en ámbitos clave justamente cuando el sector turístico español se viene adentrando dentro del ejercicio turístico 2025 en una
nueva fase de crecimiento moderado y desaceleración de la demanda tras años de expansión acelerada, de manera conveniente las Comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura,
Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y Región de Murcia, abogan por facilitar la gobernanza multinivel de cara a la correcta definición de políticas coherentes que sirvan para reforzar y consolidar el liderazgo de España como
segunda potencia turística mundial, exigiendo a tal fin al Gobierno presidido por Pedro Sánchez, el restablecimiento de los foros de cooperación y debate, así como el cese de ataques sistemáticos y/o la adopción de medidas o acciones gubernamentales
que debiliten o lastren a la joya de la corona de la economía española, esto es, al sector turístico.
Por todo lo expuesto, con la finalidad irrenunciable de profundizar en la mejora de todos aquellos mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación público-privada, cuyo óptimo funcionamiento y resultados positivos puedan eventualmente
revertir en favor del liderazgo y posicionamiento competitivo de los destinos turísticos españoles en un contexto geopolítico complejo y tendente a la desaceleración de la demanda turística, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las medidas siguientes:
Proceder de manera inmediata a la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Turismo con la finalidad de asegurar en todo caso la esencial e imprescindible coherencia, coordinación y colaboración entre la Administración General del
Estado, las Comunidades Autónomas, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con atención a los principios de lealtad institucional, cooperación y respeto recíproco en el ejercicio de las competencias que estas Administraciones tienen
atribuidas, dada la prolongada e injustificada ausencia de celebración de este órgano de cooperación en materia turística desde su última reunión llevada a cabo el pasado mes de diciembre del año 2023, así como teniendo en cuenta la actual
coyuntura de estabilización y desaceleración turística.
Impulsar en cualquier escenario la mejora del funcionamiento de todos los canales y foros de gobernanza colaborativa de naturaleza turística, considerando el marco de distribución competencial sobre esta materia, favoreciendo en definitiva
el desarrollo de estrategias y la toma de decisiones conjuntas al objeto de corregir la falta de atención a las demandas y reivindicaciones planteadas desde la inmensa mayoría de Administraciones autonómicas de nuestro país.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Cristina Moreno Borrás, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas
Cortés, Laura María Lima García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa, José Vicente Marí Bosó, Macarena Montesinos de Miguel y Juan Bravo Baena,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, a instancias del diputado Mikel Otero Gabirondo, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
reactivación del mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Gran parte de la industria electrointensiva está pasando por serias dificultades vinculadas, entre otros motivos, al precio de la electricidad. Si bien antes del 28 de abril ya estaban en situación de desventaja competitiva frente a otros
estados del entorno europeo en lo que respecta al coste final de electricidad, la decisión del operador de red de funcionar «en modo reforzado» tras el cero eléctrico, ha propiciado que la factura eléctrica haya aumentado por el coste añadido de los
mecanismos de ajuste.
Teniendo en cuenta que en diversos sectores de la industria electrointensiva el coste de la electricidad supone un porcentaje muy alto del coste de producción, pudiendo en algunos casos superar el 50 %, los aumentos del precio de la
electricidad comprometen seriamente la viabilidad de sectores enteros. Recientemente, ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, el Comité de empresa de ALCOA explicó, con detalle, las consecuencias del precio de la electricidad
en la viabilidad de la empresa. Estos problemas, en algunos casos, se superponen a otros, como los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos. La siderurgia vasca, en concreto, está siendo especialmente afectada ante esta nueva realidad.
Ante esta situación, diversos estados europeos como Francia o Alemania vienen activando diferentes mecanismos de compensación y/o ayuda para mantener en pie sectores estratégicos en sus países. Tomando todo esto en cuenta, el decaído Real
Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico establecía, para el año 2025, un mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva consistente en una reducción del 80 por ciento del
coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad. Dicho mecanismo de apoyo se quedó sin efecto cuando decayó el RDL 7/2025 en el Congreso. Esta Proposición no de Ley pretende recuperarlo al
considerar dicho mecanismo de apoyo un elemento de enorme trascendencia para la viabilidad de sectores industriales estratégicos, sectores con un peso muy relevante en tejidos económicos e industriales como el vasco.
Por todo lo expuesto anteriormente se propone, para su debate y votación, la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Aprobar, antes de que finalice el año 2025, un Real Decreto Ley que recupere las ayudas a la industria electrointensiva en los mismos términos recogidos en el RDL 7/2025.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Mikel Otero Gabirondo, Diputado.Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/002743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los arts. 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reducción del coste eléctrico y mejora de la
competitividad de la industria electrointensiva, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La industria electrointensiva constituye uno de los pilares esenciales del tejido productivo, tanto por su contribución al PIB como por su capacidad de generar empleo estable y de calidad en múltiples territorios. Sin embargo, en los
últimos años se ha intensificado una situación de desventaja estructural respecto a otras economías europeas: el coste eléctrico soportado por la industria en el Estado es significativamente superior al de sus principales competidores, pese a que
el precio mayorista de la electricidad en España se sitúa entre los más bajos de Europa gracias al peso creciente de las energías renovables.
Esta paradoja se explica por una serie de elementos ajenos al mercado mayorista que encarecen de manera desproporcionada la factura eléctrica de los grandes consumidores. Entre ellos, destacan los peajes y cargos regulados, los servicios de
ajuste del sistema, la insuficiente compensación por los costes indirectos del CO2 y un marco regulatorio que no permite a las empresas electrointensivas acceder a energía barata, estable y previsible a largo plazo. Todo ello provoca que los
precios finales pagados por la industria en España superen ampliamente a los vigentes en Francia, Alemania, Países Bajos o los países nórdicos, erosionando gravemente la competitividad internacional de sectores estratégicos como el siderúrgico,
químico, cementero, del aluminio, del papel o del refino.
Mientras nuestros competidores disfrutan de mecanismos de apoyo robustos contratos estables a largo plazo con fuentes energéticas de baja emisión, ayudas máximas a CO2 indirecto permitidas por la normativa europea, exenciones en peajes e
impuestos, así como acceso a programas de flexibilidad y autoconsumo más ágiles, el Estado mantiene un esquema menos ambicioso y más oneroso para sus industrias. Esta situación coloca a la industria en clara desventaja competitiva con respecto a
sus homólogos europeos, justo en un momento crucial de reindustrialización, de transición energética y descarbonización acelerada.
Resulta imprescindible, por tanto, corregir estas asimetrías y dotar a la industria de un marco energético competitivo, acorde con las capacidades renovables existentes y alineado con las mejores prácticas vigentes en la Unión Europea. La
sostenibilidad económica de los sectores electrointensivos, su permanencia y su contribución a la cadena de valor industrial dependen directamente de una acción política decidida y urgente que favoreciendo a este tipo de industrias no suponga una
carga para el resto del sector industrial.
Por todo ello, instamos al Gobierno a:
«1. Garantizar que cada año se destine el 25 % máximo permitido por la normativa Europa de los ingresos de subastas de derechos de emisión para compensar los costes indirectos de CO2.
2. Ampliar los sectores beneficiarios de las compensaciones por CO2 indirecto incluyendo nuevos CNAE en el mecanismo de compensación para actividades industriales en riesgo de deslocalización, como vidrio, ciertos subsectores químicos y
otros identificados como estratégicos.
3. Reducir los cargos y peajes aplicables a los consumidores electrointensivos. Alinear su nivel con los existentes en los países con competencia industrial comparable, incluyendo la exención del 80 % de los peajes de transporte y
distribución.
4. Modificación del impuesto a la generación eléctrica del 7 %_fijando su valor en 0 % para reflejar la desaparición del déficit de tarifa y reducir de manera directa el precio final de la electricidad.
5. Revisar los servicios de ajuste del sistema.
6. Garantizar estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, evitando cambios normativos recurrentes que dificulten la planificación energética de largo plazo por parte de la industria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Maribel Vaquero Montero, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.
161/002744
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo del dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la industria de la automoción en Galiza, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La pérdida de peso de la industria en el PIB gallego es uno de los principales problemas de la economía de Galiza, sin embargo, esa es la tónica a lo largo de los últimos 15 años, en que se vinieron produciendo cierres de empresas y la
reconversión de sectores centrales y, como consecuencia, la pérdida de empleo de calidad, la caída de los salarios y el aumento de la precariedad laboral. Así, Galiza cuenta con una de las mayores tasas de paro del conjunto de Europa 8,86 % en el
último trimestre de 2024 solo superada por Grecia con 9,8 % y, aunque queda por debajo del promedio estatal de 11,2 %, esto se debe única y exclusivamente a la caída demográfica gallega no la acción de los Gobiernos gallego o central.
En el año 2008 existían en Galiza 132 empresas dentro del CNAE 2910 «Fabricación de vehículos a motor», pero en la actualidad restan solo 110, por lo que se perdieron 22 empresas y un total de 24.000 puestos de trabajo en el sector.
Un proceso que ha venido padeciendo el sector de la automoción y que, a pesar de su centralidad en la economía gallega, tuvo que esperar hasta 2024 para que fuera declarado cómo estratégico después de años de inacción de las administraciones
públicas.
El sector de la automoción precisa de un plan que facilite su adaptación a los nuevos escenarios de producción, especialmente la transición al vehículo eléctrico y las exigencias impuestas por la UE que afectarían a las empresas y a la clase
trabajadora. Los fondos europeos, como los Next Generation, destinados precisamente a esa adaptación industrial a las nuevas tecnologías y digitalización, tuvieron una incidencia en Galiza en este sector mucho menor que en otras zonas, recibiendo
105,8 millones para la planta de Vigo. Así, tanto el Gobierno español como el de la Xunta, dieron por válido la apuesta por otros centros en lugar de asegurar el futuro de la automoción gallega, con los correspondientes perjuicios en toda la
industria auxiliar y que, junto con las multas y deberes medioambientales y sociales, van a implicar la pérdida de millares de puestos de trabajo. Por tanto, una vez más, la transición en el sector del automóvil en Galiza no va a ser justa y no va
a asegurar el futuro industrial, pues sitúa a nuestro País en la cola de la innovación y la competitividad, con menos componentes tecnológicas que otras regiones como es el caso de Portugal y lo posiciona en un mal lugar para aprovechar los
mercados y empleos en un ámbito emergente.
Así por ejemplo, una de las cuestiones que ilustra este panorama, tiene que ver con el suelo industrial pues, mientras nos últimos 12 años Portugal puso a disposición de la automoción gallega suelo industrial en las mejores condiciones, los
parques
empresariales en la Galiza siguen vacíos y el nivel de empleo no recupera los niveles anteriores a 2009.
En la actualidad, cientos de personas trabajadoras deben dejar su puesto, por estar incluidos dentro de un ERE o ERTE, al tiempo que las empresas reciben financiación pública procedente de fondos europeos y de la propia Xunta para el
desarrollo de proyectos que, sin embargo, no repercuten en el mantenimiento del empleo en Galiza, sino que se deslocaliza para otros países, antes Portugal y ahora ya a Marruecos o Argelia.
Se produce, por tanto, una creciente precarización y flexibilización de las condiciones laborales, que se suma a la continua destrucción de empleo. El propio Centro Tecnológico de la Galiza, en el que la Xunta depositaba el futuro del
sector en su Plan Director, acaba de anunciar un ERE para 150 personas, poniendo en evidencia su falta de carga de trabajo.
Es fundamental pues, contar con una política industrial de País que garantice un sector de la automoción con futuro y con unas condiciones laborales dignas. Lograrlo pasa necesariamente por impulsar un verdadero plan industrial centrado en
las necesidades de Galiza y que propicie una industria de la automoción fuerte, generadora de empleo y que apoye el conjunto de los sectores que son motores básicos de la economía gallega. Asimismo, se necesita el impulso público, con la
participación de las Administraciones Públicas de forma directa o a través de empresas mixtas y que permitan constituir nuevos proyectos industriales en sectores estratégicos como es la automoción.
Además es preciso exigir la corresponsabilidad de las empresas que recibe financiación pública o subvenciones para que, por un lado, adopten un compromiso de mantenimiento del empleo y de no deslocalización y que, por otro, apuesten por la
fabricación de nuevos modelos, menos contaminantes y con mayor valor añadido, que garanticen la creación de empleo en todo el tejido industrial, especialmente en las empresas de componentes.
También debe apostarse por impulsar el I+D+i en el sector, la especialización de vehículos con un mayor valor añadido, promoción de vehículos eléctricos y la optimización de los procesos productivos, aprovechando las sinergias entre las
factorías principales y secundarias.
Atraer nueva industria para la instalación en Galiza es, asimismo, fundamental. A comenzar por apostar por el proyecto de instalación de una planta de baterías en Galiza, factor que está pesando en el desarrollo del sector de la automoción
y expulsándolo del tablero de la fabricación del coche eléctrico, de forma que resulta más difícil afrontar los cambios. Mas también por agilizar la anunciada instalación, dentro del Plan de Transición Justa, de una factoría de fabricación de
neumáticos en las Pontes. Así como de factorías para fabricación de nuevos componentes de los coches eléctricos, para por freno al proceso salvaje de deslocalización en este ámbito y que hace incrementar la dependencia de la industria de elementos
producidos fuera.
Es preciso poner en marcha medidas para el rejuvenecimiento de los planteles, para lo cual es preciso mantener y fomentar la jubilación parcial, recuperando la edad de acceso a los 60 años. Al tiempo, debe impulsarse la formación y
adaptación al nuevo sistema de fabricación para lo cual es preciso su incorporación dentro de la formación profesional pública.
Paralelamente debe avanzarse en la integración laboral de las personas con capacidades distintas en la cuota de reserva de las empresas, garantizando así la defensa de las personas que, por causas laborales o de enfermedades comunes propias
del sector, quedan en situación de incapacidad, mas también para finalizar con la precariedad y explotación de las personas con capacidades distintas subvencionada con los Centros Especiales de Empleo en el sector de la automoción gallega.
Por último, mas no menos importante, es preciso dar una solución a las necesidades de energía de la industria gallega que pasa, necesariamente, por apostar por una tarifa eléctrica gallega. Aunque Galiza es una gran productora y
excedentaria de energía, el
elevado precio de la electricidad es una rémora en su desarrollo. Es de justicia que, como territorio productor se facilite el acceso en mejores condiciones a las empresas y hogares, favoreciendo la competitividad.
Por todo el expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a, en coordinación y colaboración con la Xunta de Galiza, y dentro de las respectivas competencias de cada una a:
1. Impulsar un Plan Industrial en Galiza que propicie una industria de la automoción fuerte, generadora de empleo y que apoye a los sectores básicos de la economía gallega.
2. Participar, bien directamente bien a través de empresas mixtas, en la constitución de nuevos proyectos industriales en sectores estratégicos como la automoción o las redes de comercialización.
3. Fijar compromisos y exigir corresponsabilidad a las empresas que reciben financiación pública para el mantenimiento del empleo y para apostar por proyectos de fabricación de nuevos modelos, menos contaminantes y con mayor valor añadido
que permitan garantizar la creación de puestos de trabajo en todo el tejido industrial, especialmente en las empresas auxiliares y de componentes.
4. Adoptar medidas que frenen el proceso de deslocalización, principalmente a Portugal y Marruecos, de buena parte de la actividad auxiliar para abaratar costes, al tiempo que aplican rebajas salariales y en las condiciones laborales.
5. Fomentar la instalación de nuevos proyectos industriales en Galiza relacionados con la automoción, siendo fundamental contar con una planta de baterías que permita lograr la competitividad del sector en la fabricación de coches
eléctricos; así como también plantas de fabricación de nuevos componentes para los vehículos eléctricos.
6. Negociar y atraer nuevas compañías del ámbito internacional dentro del sector de la automoción y de la fabricación de coches eléctricos que buscan en este momento a expansión para suya instalación en la Galiza.
7. Facilitar el rejuvenecimiento de los cuadros del personal con el mantenimiento del derecho a la jubilación parcial desde los 60 años ara todos los colectivos que permita nuevas incorporaciones, especialmente de la juventud.
8. Mejorar la interrelación de la formación profesional pública con las necesidades del sector y la adaptación de la clase trabajadora gallega a la nueva realidad tecnológica.
9. Apostar por la integración laboral de las personas con capacidades distintas en la cuota de reserva de las empresas.
10. Impulsar, en el marco de las políticas para la descarbonización y de la transición justa, la concreción del proyecto anunciado para la implantación de una fábrica de neumáticos en el Concello de As Pontes.
11. Establecer un nuevo marco regulador de la energía más justo y estable, una Tarifa Eléctrica Gallega, que haga la industria gallega más competitiva, garantizando precios menores por ser un territorio productor y excedentario de energía.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025. Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á
industria da automoción na Galiza para o seu debate na Comisión de Industria e Turismo.
Exposición de motivos
A perda de peso da industria no PIB galego é un dos principais problemas da economía da Galiza, porén, esa é a tónica ao longo dos últimos 15 anos, en que se viñeron producindo fechamentos de empresas e a reconversión de sectores centrais e,
como consecuencia, a perda de emprego de calidade, a caída dos salarios e o aumento da precariedade laboral. Así, a Galiza conta cunha das maiores taxas de paro do conxunto de Europa 8,86 % no último trimestre de 2024 só superada por Grecia con
9,8 % e, aínda que queda por baixo da media estatal de 11,2 %, isto débese única e exclusivamente á caída demográfica galega non a acción dos Gobernos galego ou central.
No ano 2008 existían na Galiza 132 empresas dentro do CNAE 2910 «Fabricación de vehículos de motor», mais na actualidade restan só 110, polo que perdéronse 22 empresas e un total de 24.000 postos de traballo no sector.
Un proceso que veu padecendo o sector da automoción e que, a pesar da súa centralidade na economía galega, tivo que agardar até 2024 para que fose declarado como estratéxico despois de anos de inacción das administracións públicas.
O sector da automoción precisa dun plan que facilite a súa adaptación aos novos escenarios de produción, especialmente a transición ao vehículo eléctrico e as exixencias impostas pola UE que afectarían ás empresas e á clase traballadora. Os
fondos europeos, como os Next Generation, destinados precisamente a esa adaptación industrial ás novas tecnoloxías e dixitalización, tiveron unha incidencia na Galiza neste sector moito menor que noutras zonas, recibindo 105,8 millóns para a planta
de Vigo. Así, tanto o Goberno español como o da Xunta, deron por válido a aposta por outros centros en lugar de asegurar o futuro da automoción galega, cos correspondentes prexuízos en toda a industria auxiliar e que, xunto coas multas e obrigas
medioambientais e sociais, van implicar a perda de millares de postos de traballo. Por tanto, máis unha vez, a transición no sector do automóbil na Galiza non vai ser xusta e non vai asegurar o futuro industrial, pois sitúa ao noso País na cola da
innovación e a competitividade, con menos compoñentes tecnolóxicas que outras rexións como é o caso de Portugal e posicionándoo nun mal lugar para aproveitar os mercados e empregos nun ámbito emerxente.
Así por exemplo, unha das cuestións que ilustra este panorama, ten a ver co solo industrial pois, mentres nos últimos 12 anos Portugal puxo a disposición da automoción galega chan industrial nas mellores condicións, os parques empresariais
na Galiza seguen baleiros e o nivel de emprego non recupera os niveis anteriores a 2009.
Na actualidade, centos de persoas traballadoras deben deixar o seu posto, por estar incluídos dentro dun ERE ou ERTE, ao tempo que as empresas reciben financiamento público procedente de fondos europeos e da propia Xunta para o
desenvolvemento de proxectos que, porén, non repercuten no mantemento do emprego na Galiza, senón que se deslocaliza para outros países, antes Portugal e agora xa mesmo a Marrocos ou Arxelia.
Prodúcese, por tanto, unha crecente precarización e flexibilización das condicións laborais, que se suma á continua destrución de emprego. O propio Centro Tecnolóxico da Galiza, no que a Xunta depositaba o futuro do sector no seu Plan
Director, ven de anunciar un ERE para 150 persoas, pondo en evidencia a súa falta de carga de traballo.
É fundamental pois, contar cunha política industrial de País que garanta un sector da automoción con futuro e cunhas condicións laborais dignas. Logralo pasa necesariamente por impulsar un verdadeiro plan industrial centrado nas necesidades
da Galiza e que propicie unha industria da automoción forte, xeradora de emprego e que apoie o conxunto dos sectores que son motores básicos da economía galega. Así mesmo, precisase do impulso público, coa participación das Administracións Públicas
de
forma directa ou a través de empresas mixtas e que permitan constituír novos proxectos industriais en sectores estratéxicos como é a automoción.
Ademais é preciso exixir a corresponsabilidade das empresas que recibe financiamento público ou subvencións para que, por un lado, adopten un compromiso de mantemento do emprego e de non deslocalización e que, por outro, aposten pola
fabricación de novos modelos, menos contaminantes e con maior valor engadido, que garantan a creación de emprego en todo o tecido industrial, especialmente nas empresas de compoñentes.
Tamén debe apostarse polo impulso ao I+D+i no sector, a especialización de vehículos cun maior valor engadido, promoción de vehículos eléctricos e a optimización dos procesos produtivos, aproveitando as sinerxias entre as factorías
principais e secundarias.
Atraer nova industria para a instalación na Galiza é, así mesmo, fundamental. A comezar por apostar polo proxecto de instalación dunha planta de baterías na Galiza, factor que está a pesar no desenvolvemento do sector da automoción e
expulsándoo do taboleiro da fabricación do coche eléctrico, de forma que resulta máis difícil afrontar os cambios. Mais tamén por axilizar a anunciada instalación, dentro do Plan de Transición Xusta, dunha factoría de fabricación de pneumáticos nas
Pontes. Así como de factorías para fabricación de novos compoñentes dos coches eléctricos, para por freo ao proceso salvaxe de deslocalización neste ámbito e que fai incrementar a dependencia da industria de elementos producidos fóra.
É preciso pór en marcha medidas para o rexuvenecemento dos cadros de persoal, para o que é preciso manter e fomentar a xubilación parcial, recuperando a idade de acceso aos 60 anos. Ao tempo, debe impulsarse a formación e adaptación ao novo
sistema de fabricación para o que é preciso a súa incorporación dentro da formación profesional pública.
Paralelamente debe avanzarse na integración laboral das persoas con capacidades distintas na cota de reserva das empresas, garantindo así a defensa das persoas que, por causas laborais ou de enfermidades comúns propias do sector, quedan en
situación de incapacidade, mais tamén para rematar coa precariedade e explotación das persoas con capacidades distintas subvencionada cos Centros Especiais de Emprego no sector da automoción galega.
Por último, mais non menos importante, é preciso dar unha solución ás necesidades de enerxía da industria galega que pasa, necesariamente, por apostar por unha tarifa eléctrica galega. Aínda que a Galiza é unha grande produtora e
excedentaria de enerxía, o elevado prezo da electricidade é unha rémora no seu desenvolvemento. É de xustiza que, como territorio produtor se facilite o acceso en mellores condicións ás empresas e fogares, favorecendo a competitividade.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a, en coordinación e colaboración coa Xunta da Galiza, e dentro das respectivas competencias de cada unha a:
1. Impulsar un Plan Industrial na Galiza que propicie unha industria da automoción forte, xeradora de emprego e que apoie aos sectores básicos da economía galega.
2. Participar, ben directamente ben a través de empresas mixtas, na constitución de novos proxectos industriais en sectores estratéxicos como a automoción ou as redes de comercialización.
3. Fixar compromisos e exixir corresponsabilidade ás empresas que reciben financiamento público para o mantemento do emprego e para apostar por proxectos de fabricación de novos modelos, menos contaminantes e con maior valor engadido que
permitan garantir a creación de postos de traballo en todo o tecido industrial, especialmente nas empresas auxiliares e de compoñentes.
4. Adoptar medidas que freen o proceso de deslocalización, principalmente a Portugal e Marrocos, de boa parte da actividade auxiliar para abaratar custos, ao tempo que aplican rebaixas salariais e nas condicións laborais.
5. Fomentar a instalación de novos proxectos industrias na Galiza relacionados coa automoción, sendo fundamental contar cunha planta de baterías que permita lograr a competitividade do sector na fabricación de coches eléctricos; así como
tamén plantas de fabricación de novos compoñentes para os vehículos eléctricos.
6. Negociar e atraer novas compañías do ámbito internacional dentro do sector da automoción e da fabricación de coches eléctricos que buscan neste momento a expansión para súa instalación na Galiza.
7. Facilitar o rexuvenecemento dos cadros do persoal co mantemento do dereito á xubilación parcial desde os 60 anos ara todos os colectivos que permita novas incorporacións, especialmente da mocidade.
8. Mellorar a interrelación da formación profesional pública coas necesidades do sector e a adaptación da clase traballadora galega á nova realidade tecnolóxica.
9. Apostar pola integración laboral das persoas con capacidades distintas na cota de reserva das empresas.
10. Impulsar, no marco das políticas para a descarbonización e da transición xusta, a concreción do proxecto anunciado para a implantación dunha fábrica de pneumáticos no Concello das Pontes
11. Estabelecer un novo marco regulador da enerxía máis xusto e estábel, unha Tarifa Eléctrica Galega, que faga a industria galega máis competitiva, garantindo prezos menores por ser un territorio produtor e excedentario de enerxía.»
En Madrid, a 14 de novembro de 2025.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz do GP Mixto.
161/002747
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley para la elaboración de una Estrategia Nacional de Industria Net-Zero y Materias Primas Críticas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 6 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de una Estrategia
Nacional de Industria Net-Zero y Materias Primas Críticas, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
A lo largo de la próxima década, nuestro país tendrá que afrontar la descarbonización de su economía y reindustrializarse para asegurar la autonomía estratégica, la competitividad nacional y unos niveles adecuados de prosperidad y empleo
estable. La Ley Europea de Industria Net-Zero (Net-Zero Industry Act, NZIA), aprobada en 2024, fija el objetivo de producir en la Unión Europea, antes de 2030, al menos el 40 % de las tecnologías limpias necesarias para la transición energética.
Al mismo tiempo, el Reglamento de Materias Primas Críticas establece que, en 2030, la UE deberá extraer el 10 %, procesar el 40 % y reciclar el 15 % de los minerales estratégicos que consume. De esta forma, los Estados miembros se verán
obligados a presentar planes nacionales creíbles. Sin embargo, España, país con la mayor potencia renovable instalada y la cuarta economía de la zona euro, sigue sin disponer de una estrategia integral que permita conjugar energía asequible y
competitiva, industria de fabricación de tecnologías verdes y seguridad en el suministro de materiales críticos.
La ausencia de una senda estratégica del Gobierno, coincide con un deterioro objetivo de nuestro atractivo inversor industrial. La inversión extranjera neta cayó un -74 % en el primer trimestre de 2025 (1.432 M frente a 5.448 M en el
primer trimestre de 2024), marcando un valor mínimo desde 2015, al tiempo que la productividad por trabajador retrocedía un -0,7 % respecto a 2018, mientras en la UE27 crecía un +1,6 %.
Este deterioro productivo se traduce en salarios estancados y en la pérdida de tejido industrial. Según los datos de las Empresas Inscritas en la Seguridad Social, desde junio de 2018 se han destruido 8.247 empresas de la industria
manufacturera.
A pesar de que España posee fortalezas indiscutibles, como un abundante recurso solar y eólico, con precios mayoristas eléctricos que podrían ser de los más competitivos de la UE, desarrollos portuarios y logísticos estratégicos entre el
Atlántico y el Mediterráneo, minerales como litio, wolframio o tierras raras y un conjunto de centros tecnológicos y universidades altamente cualificados, estas ventajas se diluyen a consecuencia de trámites que duplican los plazos legales,
inseguridad jurídica y la inexistencia de un plan nacional de prospección y producción de minerales.
Potenciar la industria estratégica es imprescindible para aumentar la productividad y el bienestar, como también lo es convertir a España en un auténtico polo de actividad industrial en todo el territorio nacional, a través de energía
competitiva y seguridad de suministro de materias primas. No es razonable que España desaproveche su potencial renovable para reindustrializarse con energía limpia.
La oportunidad la tenemos delante. La demanda europea de electrolizadores, baterías y componentes fotovoltaicos superará los 200.000 M de inversión anual hasta 2030. Captar tan sólo una décima parte, implicaría para España alrededor de
20.000 M anuales y un salto en términos de productividad.
Pero la realidad está muy lejos de ese escenario. El PERTE ERHA apenas ha comprometido un tercio de su dotación y su ejecución efectiva no alcanza el 20 %. En el caso del PERTE de Semiconductores, la situación es aún más preocupante: el
Gobierno tan solo ha adjudicado el 5 % de su presupuesto total.
Proyectos clave avanzan con lentitud por falta de coordinación administrativa, cuellos de botella normativos o incertidumbre sobre la demanda. Al mismo tiempo, Estados Unidos despliega la Inflation Reduction Act (IRA) y atrae inversión;
Canadá y Australia replican estímulos e incluso Marruecos se vuelca con la captación de inversiones
industriales y anuncia free-zones de hidrógeno. Si España quiere consolidar su liderazgo energético y evitar quedar relegada a ser un exportador de chips y productos baratos, debe actuar ya y con visión de cadena de valor completa.
De ahí la necesidad de contar con una Estrategia Nacional de Industria Net-Zero y Materias Primas Críticas 2030 que asegure unos precios de la electricidad competitivos para polos industriales (mediante contratos por diferencias), se fomente
la colaboración público-privada y la coinversión para impulsar la fabricación de tecnologías limpias, hidrógeno verde, equipamiento renovable y el aprovechamiento de tierras raras.
Por ello, un consorcio público-privado de prospección y producción de materiales críticos es imprescindible para identificar, extraer y procesar litio, cobre, tierras raras y níquel bajo los estándares ambientales europeos.
Además, España debe reprogramar los fondos europeos para asegurar su plena absorción antes de agosto de 2026, primando proyectos que cuenten con coinversión privada, ventanilla única y evaluación ex post de empleo y productividad.
Una estrategia así, responde a la lógica de autonomía estratégica abierta defendida por la UE: diversificar fuentes sin caer en proteccionismo y asegurar cadenas críticas sin comprometer el libre comercio. Permite, además, aprovechar el
potencial de las Comunidades Autónomas para especializarse. Aragón y Castilla-La Mancha en hidrógeno, Comunidad Valenciana y Galicia en automoción, Andalucía y Extremadura en críticos metálicos, País Vasco y Navarra en eólica offshore, Cataluña y
Madrid en microchips y semiconductores, etc.
La productividad se correlaciona estadísticamente de manera estrecha con la intensidad tecnológica y el capital físico de la industria. Según el Banco de España, las empresas que realizan actividades de l+D presentan una productividad media
(valor añadido por empleado) de un 19-22 % superior a la de las empresas que no innovan, manteniendo constantes tamaño, sector y capital humano.
Al mismo tiempo, el coste del capital disminuye cuando existe certidumbre regulatoria, cada día de reducción en la tramitación administrativa incrementa la rentabilidad interna de los proyectos entre 0,05 y 0,1 puntos.
Los desembolsos del MRR deben completarse antes de agosto de 2026, la NZIA y la Critical Raw Materials Act fijan para 2027 la presentación de los planes nacionales y la reforma del marco fiscal europeo exigirá consolidación presupuestaria.
Todo conduce a una estrategia integral que permita alinear fondos europeos, presupuestos nacionales y colaboración privada, evitando las improvisaciones habituales del Gobierno y solapamientos.
Aprobar una Estrategia Nacional de Industria Net-Zero y Materias Primas Críticas no es un capricho, sino una condición sine qua non para que la transición energética genere empleo estable, mejoras en los salarios reales y nos proporcione una
imprescindible autonomía estratégica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar en un plazo máximo de doce meses una Estrategia Nacional de Industria Net-Zero y Materias Primas Críticas 2030 alineada con la Net-Zero Industry Act y el Reglamento de Materias Primas Críticas, que fije la meta de elevar el
peso de la industria al 20 % del PIB, y defina objetivos anuales verificables de creación de empleo, inversión y reducción de emisiones.
2. Aprovechar plenamente las ayudas y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, fomentando los proyectos de fabricación de tecnologías net-zeroysus cadenas de valor industríales, a través de la creación inmediata de una
ventanilla única con un plazo máximo de resolución de seis meses que agilice la presentación y aprobación de dichos proyectos.
3. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y desde la cooperación público-privada, la prospección, extracción y refinado de materias críticas, garantizando en todo momento los estándares medioambientales.
4. Solicitar la comparecencia semestral del Ministro de Industria y Turismo para hacer un seguimiento y evaluación de los proyectos estratégicos en el ámbito de las materia primas fundamentales y, de manera especial, de los siete proyectos
identificados por la Comisión Europea.
5. Impulsar mecanismos que garanticen precios de la energía competitivos y estables, especialmente para las industrias electrointensivas, que contribuyan a reducir su huella de carbono.
6. Presentar ante la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados un informe anual sobre el grado de cumplimiento de la Estrategia, detallando inversiones comprometidas, volumen de materias primas procesadas, empleo creado
y efecto sobre la productividad, con audiencia previa, si así lo solicitan, de los agentes sociales y de las Comunidades Autónomas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Guillermo Mariscal Anaya, Juan Bravo Baena, José Vicente Marí Bosó, Francisco José Conde López, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Esther Llamazares
Domingo, Silverio Argüelles García, Mirian Guardiola Salmerón, Laura María Lima García, José Ignacio Romaní Cantera, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel
Velasco Retamosa, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre incentivos ligados a la
movilidad eléctrica en un programa MOVES IV, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La lucha contra el cambio climático, la mejora de la calidad del aire y la transición hacia una economía baja en emisiones constituyen pilares fundamentales de las políticas públicas tanto a nivel europeo como nacional. En este contexto, la
descarbonización del sector del transporte responsable en 2024 del 33,3 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España resulta prioritaria. Sólo el transporte por carretera representó el 31,2 %, después de incrementarse en un
2 % respecto a 2023. Es decir, lejos de mejorar, sus emisiones continúan aumentando.
El sector del transporte es, además, uno de los principales contribuyentes a las arcas públicas, con una recaudación cercana a los 40.000 millones de euros en 2024 derivados de los distintos impuestos asociados a la adquisición y uso de
vehículos, los carburantes y otros servicios vinculados a la movilidad.
En este contexto, el sector de la automoción está realizando un esfuerzo decisivo para avanzar en la electrificación del parque y contribuir a los objetivos de reducción de emisiones, pero esta transición implica costes significativos para
fabricantes, concesionarios y usuarios, que requieren un marco de apoyo por parte de la Administración. La realidad es que la introducción de nuevas obligaciones regulatorias
en materia climática está incrementando la presión sobre los costes de la actividad del sector.
En este sentido, es fundamental el apoyo a la industria, especialmente, al sector de la automoción a través de incentivos eficaces a la electrificación y ayudas que permitan acelerar la adopción del vehículo eléctrico sin trasladar todo el
peso de la transición al consumidor y a la industria.
Las herramientas clave para avanzar hacia un modelo de movilidad más limpio y sostenible son tanto las ayudas directas como una fiscalidad en positivo que favorezca los vehículos electrificados.
El Programa MOVES I, el Programa MOVES II y el Programa MOVES III, aprobados mediante Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero; Real Decreto 659/2020, de 16 de junio; y Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, respectivamente, impulsados por
el Gobierno de España y gestionados a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) vienen contemplando ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, así como para la instalación de puntos de recarga, con el
objetivo de acelerar la penetración del vehículo eléctrico en el parque móvil español.
Tras el Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el año 2025, se prorroga la vigencia del MOVES III hasta el 31 de diciembre de este año 2025,
con una dotación presupuestaria de 400 M, pero sin modificaciones sustanciales del programa, salvo una leve mejora en la tramitación documental para subvenciones inferiores a 100.000 euros.
Asimismo, el referido Real Decreto-ley prorroga un año más la deducción por adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible y puntos de recarga, prevista en la disposición adicional quincuagésima octava de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, de forma que se aplique a las adquisiciones, cantidades entregadas a cuenta o instalaciones efectuadas durante el año 2025.
Sin embargo, desde su puesta en marcha en 2019 el MOVES ha mostrado una ejecución irregular, con retrasos significativos en el abono de ayudas, fuertes disparidades en la gestión autonómica y un alcance limitado en algunos segmentos de la
población. Estos obstáculos están frenando el desarrollo de la movilidad eléctrica y la confianza de los consumidores, especialmente en un contexto económico marcado por la inflación y la incertidumbre.
El mercado español de vehículos eléctricos e híbridos enchufables permaneció estancado el año pasado. En 2024, la cuota de mercado de los vehículos electrificados fue del 11,4 %, por debajo del año anterior y muy lejos de los objetivos
marcados por el PNIEC, que prevé alcanzar los 5,5 millones de eléctricos circulando en 2030.
Durante el 2024 se habían vendido 115.935 nuevos turismos electrificados, una cifra que representa un incremento respecto a las 113.784 unidades del año anterior, un raquítico +1,8 %, pero muy lejos del objetivo de 280.000 ventas marcado
para este año para poder cumplir con los objetivos de descarbonización del Fitx55.
A pesar del significativo crecimiento de matriculaciones de vehículos electrificados durante 2025, la realidad es que, con datos cerrados a septiembre del presente año, en el indicador de penetración del vehículo electrificado, España está
en el pelotón de cola de la UE, con un 18,5 %, frente al 35,9 % de Portugal, el 24,3 % de Francia y el 28,4 % de Alemania. La media UE-27, está en 25,1 %. Por tanto, actualmente estamos más cerca de países como Hungría, Grecia, Italia, Polonia o
al República Checa, algo impropio con un país que es la segunda potencia europea del automóvil y la novena a nivel mundial.
El objetivo ahora no puede ser solo crecer respecto al ejercicio anterior sino acercarnos e incluso superar la media europea, si queremos corresponder al potencial de nuestra industria de automoción y a nuestra capacidad de generar
electricidad limpia, para que nuestro país pueda ser un hub de electrificación y de atracción de inversiones.
Los planes de incentivos, centrados en el programa MOVES III, no han funcionado por razones ampliamente compartidas por asociaciones del sector, CCAA y usuarios:
No hay ayudas directas en factura. El consumidor debe abonar el importe íntegro del vehículo y esperar meses o años por el reembolso, generando desconfianza y barreras financieras.
La tramitación es excesivamente compleja, descentralizada, con falta de una ventanilla única y una enorme lentitud administrativa. Actualmente, la gestión descentralizada del programa ha generado disparidades en los plazos de tramitación y
abono de las ayudas, así como diferencias en los requisitos exigidos según la comunidad autónoma. Esto ha creado una situación de inequidad entre ciudadanos de distintos territorios y ha restado eficacia al programa.
Los fondos no son suficientes para las rentas medias que compran vehículos seminuevos o híbridos básicos. El alto coste de los vehículos eléctricos nuevos dificulta el acceso de muchas familias a esta tecnología. Incluir ayudas para
vehículos eléctricos de ocasión, certificados y con garantías, permitiría ampliar la base de beneficiarios. Además, es imprescindible fomentar adicionalmente la instalación de infraestructuras de recarga en municipios pequeños y zonas rurales, así
como en edificios residenciales, para acabar con la brecha territorial y facilitar una transición justa.
Por último, señalar que el vehículo pesado para el transporte de mercancías y personas ha sido el gran olvidado. Tiene unos objetivos concretos que cumplir en 2030, 2035 y 2040, que son inalcanzables teniendo en cuenta la escasa cuota de
electrificación actual, especialmente en el largo recorrido. Sin embargo, no tiene ayudas directas desde que finalizó el programa de renovación de flotas en abril de 2024 y tampoco acciones fiscales contundentes.
Respecto a la infraestructura de recarga, también arrastramos un retraso significativo respecto a nuestros vecinos europeos, ya que a la falta de eficiencia de las ayudas se añaden las dificultades administrativas para obtener el acceso y
conexión a la red eléctrica cuando se trata de infraestructura de recarga pública.
Datos recientes de la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) muestran que España es uno de los países con menor tasa de infraestructura de recarga ultrarrápida de la Unión Europea. De 2024 a 2025, hubo un crecimiento del
3,3 %, para que los automóviles eléctricos puros (BEVs) representen un 8.5 % de todos los vehículos nuevos registrados en el país. Sin embargo, solamente hubo un crecimiento del 5 % en infraestructura de recarga ultrarrápida, cargadores con
potencias superiores a 150 kW que pueden llegar hasta 400 kW y permiten reducir drásticamente los tiempos de carga para equipararlo a la de los combustibles fósiles. En total, en el último año, se ha alcanzado una cifra de 2.076 puntos de recarga
ultrarrápida de acceso público instalados, tras una inversión de 90 millones de euros.
Dado que los operadores carecen de información detallada sobre la capacidad disponible en diferentes ubicaciones, se les impide identificar los puntos más estratégicos para estaciones de recarga, con el riesgo de que se instale
infraestructura en lugares poco útiles o inaccesibles para los usuarios y con un sobrecoste ineficiente, tanto desde el punto de vista de la instalación como desde el punto de vista de la infraestructura de red eléctrica necesaria para el
suministro.
Por otro lado, las concesiones para áreas de servicio de autopistas, autovías y carreteras públicas se limitan a periodos de entre cinco y siete años, claramente insuficiente para el nivel de inversión y el uso previsto de la recarga
ultrarrápida en estos primeros años de despliegue de la movilidad eléctrica.
A ello se suma la ausencia de un enfoque territorial equilibrado ya que las licitaciones actuales tienden a concentrarse en ubicaciones de alta demanda, dejando sin cobertura zonas de menor tráfico o menor rentabilidad inmediata, denominadas
«zonas sombra», a pesar de su importancia estratégica para garantizar la conectividad interurbana y la cohesión territorial.
Todo lo anterior, en la práctica, relega la recarga ultrarrápida a un papel secundario dentro de los contratos concesionales y poco costo/eficiente para desarrollar una red nacional equilibrada, con un enfoque que resulta incompatible con
los objetivos marcados por la normativa europea AFIR, que persigue un despliegue homogéneo y competitivo de la red de recarga de alta potencia.
En definitiva, por todo lo expuesto hasta ahora, y como acredita el barómetro de electromovilidad presentado por ANFAC en el tercer trimestre de 2025, España sigue a la cola de los principales Estados miembros de la UE en electromovilidad.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que la electrificación del transporte debe abordarse desde una política pública seria, eficaz, transparente y con vocación de permanencia. Para ello, es fundamental corregir las ineficiencias de la
actual situación para garantizar un esquema de ayudas previsible, suficiente y duradero que mantenga la equidad territorial y refuerce los mecanismos de apoyo a ciudadanos y empresas que apuestan por esta tecnología. La estrategia tiene que
centrarse en la reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética, contribuir a la seguridad vial y dinamizar la industria de producción nacional.
Para lograr estos objetivos se precisa incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil español, a través de una alternativa que pueda ser autosuficiente
desde un punto de vista presupuestario, con dotación suficiente para garantizar continuidad en el tiempo, así como su aplicación en el momento de la compra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar la creación un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico Español complementario a los planes de incentivación de compra de vehículos eléctricos, que permita el descuento en el momento de la compra, y que contribuya a
la renovación de vehículos de combustión antiguos por vehículos de cero o bajas emisiones.
El Plan fijará como objetivo la retirada y sustitución de vehículos con una mayor antigüedad y de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóviles y motos), por el riesgo que suponen para la seguridad vial y por su efecto
contaminador.
Además de los vehículos nuevos, también podrá beneficiarse del apoyo económico la adquisición de vehículos de ocasión o usados cuya motorización sea de Euro 6d.
2. Aprobar un plan de medidas fiscales, que incluya:
a. La reducción temporal del IVA en la adquisición de vehículos electrificados y de bajas emisiones, siguiendo modelos implantados en países como Noruega, Alemania y Países Bajos.
b. Deducciones en el IRPF por adquisición de vehículos electrificados y por inversión en infraestructuras de recarga.
3. Elaborar y ejecutar un Plan de Despliegue de una Red Nacional de Infraestructuras de Recarga Pública con mecanismos de concurrencia competitiva, en colaboración con Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que permita cumplir de manera
costo/eficiente los requerimientos de la normativa comunitaria relativa a distancias máximas para ubicación de instalaciones de recarga para vehículos eléctricos, biocombustibles, combustibles sintéticos y de hidrógeno.
4. Evaluar mecanismos de ayuda e incentivos fiscales para el afrontar el coste del suministro de carga rápida y ultrarrápida, dirigidos especialmente a usuarios intensivos y profesionales, Pymes y autónomos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.José Alberto Herrero Bono, José Vicente Marí Bosó, Francisco José Conde López, Maribel Sánchez Torregrosa y Tristana María Moraleja Gomez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La prestación por el cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave (CUME) es una prestación de la Seguridad Social destinada a padres, madres o tutores legales que necesitan reducir su jornada laboral para poder cuidar de manera directa,
continua y permanente a un menor con una enfermedad grave que requiere hospitalización o tratamiento médico de larga duración. La reducción de jornada tiene que ser, como mínimo, del 50 % y puede llegar hasta el 99 % de la jornada habitual. La
CUME es un subsidio que compensa la pérdida de ingresos y permite mantener el vínculo con el trabajo, a la vez que se garantizan los cuidados necesarios al menor.
Esta prestación es una herramienta fundamental de conciliación familiar y laboral, que alivia la pérdida de ingresos que supone reducir la jornada en situaciones tan singulares. Permite que las familias no tengan que elegir entre el cuidado
de su hijo o hija y su estabilidad económica. Sin embargo, la realidad muestra que la prestación es todavía muy desconocida. Muchas familias, por falta de información y por la escasa difusión institucional, desconocen su existencia y, ante el
diagnóstico de una enfermedad grave, se ven abocadas a decisiones extremas: reducir la jornada sin percibir ninguna ayuda o dejar de trabajar. Esta situación genera un gran sufrimiento personal y económico y acentúa la desigualdad entre las
familias que reciben la prestación y las que no.
El límite general de la CUME está en los 18 años, aunque recientemente se han introducido ampliaciones: se puede reconocer la prestación hasta los 23 años cuando la enfermedad haya sido diagnosticada antes de la mayoría de edad, y hasta los
26 años en casos de discapacidad igual o superior al 65 %. A pesar de estas ampliaciones, todavía se excluyen casos de enfermedades que requieren una necesidad de cuidados constantes una vez cumplidos los 18 años.
Otro de los grandes obstáculos es el listado de enfermedades reconocidas. El catálogo actual es limitado y deja fuera a muchas situaciones que requieren cuidados constantes. Familias con niños con trastornos del neurodesarrollo,
enfermedades neurológicas raras o crónicas que necesitan tratamientos de larga duración pueden quedar excluidas simplemente porque su enfermedad no aparece en el catálogo oficial. Por ejemplo, los trastornos del espectro autista de nivel 3
requieren dedicación y apoyo permanente, pero no están explícitamente contemplados.
La CUME se concede inicialmente por un mes y es prorrogable siempre que se mantenga la necesidad de cuidados, acreditada con informe médico. Actualmente, el sistema de prórrogas prevé un primer período de un mes, una ampliación de dos meses
y posteriores prórrogas cada cuatro meses. Esta constante renovación y la obligación de
aportar informes médicos reiterados genera angustia e incertidumbre para familias que ya viven en una situación límite. Las prórrogas deberían ser más largas y adaptadas a la realidad de cada enfermedad para evitar que los familiares tengan
que justificar constantemente lo que es evidente: que su hijo o hija sigue necesitando cuidados.
La CUME es una herramienta muy valiosa, pero por lo expuesto anteriormente, se hace evidente la necesidad de hacer mejoras sustanciales para que cumpla su objetivo: que ninguna familia se vea obligada a escoger entre cuidar a un niño con
una enfermedad grave y mantener el trabajo y, por tanto, los ingresos.
Por todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Mejorar la difusión y la accesibilidad de la prestación CUME para garantizar que todas las familias con menores afectados por enfermedades graves reciban información clara, completa y accesible sobre los requisitos, procedimientos y
derechos asociados a esta prestación.
2. Ampliar el catálogo de enfermedades graves reconocidas a efectos de la prestación CUME, incorporando trastornos del neurodesarrollo graves, enfermedades raras o crónicas que requieran cuidados constantes o tratamientos de larga duración
y otras patologías que, según criterio médico, comporten cuidados constantes.
3. Extender la edad máxima de cobertura de la prestación más allá de los 18 años, para aquellos casos en los que el menor, una vez alcanzada la mayoría de edad, continúe requiriendo cuidados directos y permanentes, independientemente del
grado de discapacidad reconocido.
4. Simplificar y flexibilizar el sistema de prórrogas estableciendo prórrogas automáticas o la obligación de aportar informes médicos solo cuando existan cambios sustanciales en la situación clínica.
5. Garantizar la compatibilidad de la prestación con otras medidas de apoyo a la conciliación familiar, así como ampliar la cobertura económica en casos de familias monoparentales o con rentas bajas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2025.Jordi Salvador i Duch, Diputado.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputat Jordi Salvador i Duch, a lempara del que sestableix en larticle 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la prestació, per
cura de menors amb càncer o malaltia greu, per al seu debat en la Comissió de Drets Socials i Consum.
Exposició de motius
La prestació per la cura de menors amb càncer o malaltia greu (CUME) és una prestació de la Seguretat Social destinada a pares, mares o tutors legals que necessiten reduir la seva jornada laboral per a poder tenir cura directa, contínua i
permanent dun menor amb una malaltia greu que requereix hospitalització o tractament mèdic de llarga durada. La reducció de jornada ha de ser, com a mínim, del 50 % i pot arribar fins al 99 % de la jornada habitual. La CUME és un subsidi que
compensa la pèrdua dingressos i
permet mantenir el vincle amb la feina, alhora que es garanteixen les cures necessàries al menor.
Aquesta prestació és una eina fonamental de conciliació familiar i laboral, que alleugereix la pèrdua dingressos que suposa reduir la jornada en situacions tan singulars. Permet que les famílies no hagin de triar entre la cura del seu fill
o filla i la seva estabilitat econòmica. Tanmateix, la realitat mostra que la prestació és encara molt desconeguda. Moltes famílies, per manca dinformació i per lescassa difusió institucional, desconeixen la seva existència i, davant el
diagnòstic duna malaltia greu, es veuen abocades a decisions extremes: reduir la jornada sense percebre cap ajuda o deixar de treballar. Aquesta situació genera un gran patiment personal i econòmic i accentua la desigualtat entre les famílies que
reben la prestació i les que no.
El límit general de la CUME és als 18 anys, tot i que recentment shan introduït ampliacions: es pot reconèixer la prestació fins als 23 anys quan la malaltia hagi estat diagnosticada abans de la majoria dedat, i fins els 26 anys en casos
de discapacitat igual o superior al 65 %. Tot i aquestes ampliacions, encara sexclouen casos de malalties que requereixen una necessitat de cures constants un cop complerts els 18 anys.
Un altre dels grans obstacles és el llistat de malalties reconegudes. El catàleg actual és limitat i deixa fora moltes situacions que requereixen cures constants. Famílies amb infants amb trastorns del neurodesenvolupament, malalties
neurològiques rares o cròniques que necessiten tractaments de llarga durada poden quedar excloses simplement perquè la seva malaltia no apareix al catàleg oficial. Per exemple, els trastorns de lespectre autista de nivell 3 requereixen dedicació i
suport permanent, però no estan explícitament contemplats.
La CUME es concedeix inicialment per un mes i és prorrogable sempre que es mantingui la necessitat de cures, acreditada amb informe mèdic. Actualment, el sistema de pròrrogues preveu un primer període dun mes, una ampliació de dos mesos i
posteriors pròrrogues cada quatre mesos. Aquesta renovació constant i lobligació daportar informes mèdics reiterats genera angoixa i incertesa per a famílies que ja viuen en una situació límit. Les pròrrogues haurien de ser més llargues i
adaptades a la realitat de cada malaltia, evitant que els familiars hagin de justificar constantment allò que és evident: que el seu fill o filla continua necessitant cures.
La CUME és una eina molt valuosa, però per lexposat anteriorment, es fa evident la necessitat de fer millores substancials perquè compleixi el seu objectiu: que cap família es vegi obligada a escollir entre cuidar un infant amb malaltia
greu i mantenir la feina i, per tant, els ingressos.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Millorar la difusió i laccessibilitat de la prestació CUME, garantint que totes les famílies amb menors afectats per malalties greus rebin informació clara, completa i accessible sobre els requisits, el procediments i els drets
associats a aquesta prestació.
2. Ampliar el catàleg de malalties greus reconegudes a efectes de la prestació CUME, incorporant-hi trastorns del neurodesenvolupament greus, malalties rares o cròniques que requereixin cures constants o tractaments de llarga durada i
altres patologies que, segons criteri mèdic, comportin cures constants.
3. Estendre ledat màxima de cobertura de la prestació més enllà dels 18 anys, per aquells casos on el menor, un cop assolida la majoria dedat, continuï requerint cures directes i permanents, independentment del grau de discapacitat
reconegut.
4. Simplificar i flexibilitzar el sistema de pròrrogues establint pròrrogues automàtiques o lobligació daportar informes mèdics només quan hi hagi canvis substancials en la situació clínica.
5. Garantir la compatibilitat de la prestació amb altres mesures de suport a la conciliació familiar, així com ampliar la cobertura econòmica en casos de famílies monoparentals o amb rendes baixes.»
Congres dels Diputats, a 12 de novembre de 2025.Jordi Salvador i Duch, Diputado.Gabriel Rufián Romero, Portaveu G. P. Republicá.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002706
A La Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implementación de
medidas en defensa del consumo del zumo de naranja recién exprimido 100 % natural, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
España es uno de los principales productores de naranjas del mundo, el sexto con aproximadamente el 5 % de la producción, y el primer productor de cítricos de la Unión Europea (60 %). No hay que olvidar que el sector citrícola español
produce entre 6 y 7 millones de toneladas de cítricos anuales.
El sector citrícola español lleva atravesando unos años de crisis y vulnerabilidad por una serie de factores que amenazan su sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Entre las amenazas nos encontramos la ausencia de reciprocidad con países extracomunitarios, la importación de fruta que amenaza con plagas y enfermedades vegetales, lo que se traduce en un estado de alerta fitosanitaria continuada que pone
en peligro a nuestra agricultura, y la falta de rentabilidad de las explotaciones, dados los bajos precios pagados a los productores frente los altos costes de producción, unido a unos años con una bajada en la producción. Esta situación está
provocando una aceleración sin precedentes del abandono de los campos, con los graves efectos medioambientales que conlleva.
Respecto al consumo, tampoco la situación es positiva, la evolución muestra una tendencia a la baja. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, durante la campaña 2023/2024, el consumo de naranjas cayó un 14,6 %
respecto a la media de los últimos cinco años.
Por otra parte, cada año se transforman en zumo 100 % exprimido aproximadamente 1,3 millones de toneladas de naranjas y clementinas que, por distintas razones no pueden destinarse al mercado de fruta fresca. La industria del zumo genera
valor añadido a la producción primaria, ayuda a reducir el desperdicio alimentario, es un ejemplo de circularidad al aprovechar cada parte de la fruta para otros usos y ayuda a reforzar la sostenibilidad del sector citrícola, al aprovechar al máximo
los recursos disponibles. Aunque el consumo sigue siendo alto, la tendencia parece ser de descenso o de estancamiento en cuanto a volumen global de zumos de naranja, especialmente frente a años anteriores.
Esta caída del consumo, tanto de naranjas como de sus zumos, puede atribuirse a múltiples motivos (cambios de preferencias de sabores, precio, etc.) pero sin lugar a duda, una de las más preocupantes, son los cambios de hábitos de consumo
como consecuencia de infinidad de campañas de desinformación, especialmente incisivas con el consumo de zumo que afecta tanto al sector productor como transformador. Nos
referimos al zumo natural 100 % exprimido, y que no contiene azucares añadidos según el Real Decreto 781/2013, por lo que este zumo tan sólo tiene los azúcares presentes en la pieza de fruta original, a diferencia de los otros tipos de
zumos. Un vaso de zumo de naranja 100 % exprimido de 150 ml, aporta alrededor de un 2-3 % de las calorías diarias en forma de azúcares en una dieta de 2000 kcal, cumpliendo con creces las directrices de la OMS.
Está claro que la primera opción siempre debe ser la fruta fresca entera, pero el zumo 100 % constituye la mejor alternativa para quienes, por hábitos o preferencias, encuentra dificultades para consumir la fruta entera. Según el Reglamento
(CE) 1924/2006, este zumo puede etiquetarse como fuente de vitamina C, folato y potasio, junto a otras vitaminas y minerales y una amplia gama de compuestos bioactivos propios de los cítricos, en especial flavonoides, como la hesperidina y la
narirutina, que conllevan efectos antioxidantes y antiinflamatorios. El zumo de naranja, especialmente cuando es natural y 100 % exprimido, está presente en la rica dieta mediterránea, siempre que se consuma con moderación y como parte de un patrón
alimentario equilibrado. Es una forma fácil de hidratarse y, en definitiva, un alimento de alto valor en términos nutricionales, avalado por la evidencia científica.
En los últimos años, el zumo de naranja ha sido objeto de una campaña de desinformación en medios digitales, con numerosos titulares sensacionalistas que alertan sobre supuestos riesgos para la salud, sin base científica sólida. Estas
publicaciones, centradas en generar clics, perjudican tanto al sector citrícola como a los consumidores, al distorsionar la imagen del zumo de naranja 100 % exprimido. Ante esta situación, el Comité de Gestión de Cítricos trabaja activamente para
contrarrestar la desinformación mediante la difusión para combatir la desinformación y proporcionar contenidos educativos y pedagógicos. Como parte de sus esfuerzos, en 2025 lanzaron la campaña «Nada más que zumo» (www.nadamasquezumo.com), con un
enfoque educativo para revalorizar el zumo natural y defender su papel dentro de la cadena agroalimentaria.
La desinformación alimentaria, en formas de fake news o mensajes de influencers, circula por las redes sociales afectando cada vez a mayor número de productos. Poner en duda las formas de producir o el beneficio para la salud impacta en la
reputación corporativas de las empresas productoras, la imagen de los alimentos, hábitos nutricionales y la salud pública.
Por este motivo, más que nunca, es necesario que todo este trabajo de pedagogía que tiene que hacer el sector, se vea apoyado por el Gobierno y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, promoviendo campañas nacionales de promoción
y apoyo para poner en valor el zumo natural 100 % exprimido, un alimento producido en España, altamente nutritivo, y que goza de unas propiedades especialmente saludables en nuestra dieta, que complementa la ingesta de fruta fresca, y que cuenta con
los avales y evidencia científica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a combatir la desinformación y los bulos, protegiendo así a los productores y a la industria transformadora del zumo de naranja natural 100 % exprimido, e impulsar un programa nacional de
promoción y comunicación que destaque su valor nutritivo y saludable como parte esencial de la dieta mediterránea, integrándolo en la Estrategia Nacional de Alimentación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2025.Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Rosa Quintana Carballo, Joaquín Melgarejo Moreno, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Ainhoa Molina León, Sergio Sayas
López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Milagros Marcos Ortega, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Antonio Martínez Gómez y Manuel García
Félix, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002714
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las medidas que debe adoptar el Gobierno ante los previsibles recortes de los TAC y las cuotas de pesca de la UE para 2026 y su afectación sobre la flota pesquera gallega, por su debate en la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Como cada año, la Comisión Europea dio a conocer recientemente su propuesta de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas pesqueras, en este caso para 2026. La negociación de las cuotas pesqueras es un momento de gran importancia para la
flota pesquera gallega, especialmente ahora, después de años de sufrir recortes y vedas por parte de la UE que hacen imposible el mantenimiento de la actividad pesquera, con limitaciones cada vez mayores y con costes que superan los ingresos.
La propuesta de la Comisión Europea tiene que ver, entre otras cosas, con las posibilidades de pesca de distintas poblaciones pesqueras en el Atlántico en aguas ibéricas, en las zonas IXa, desde Finisterre hasta el Golfo de Cádiz, y VIIIc,
desde Finisterre hacia el norte, que afectan a Galicia, y que se decidirán en la cumbre del Consejo de Ministros de Pesca de la UE, que se celebrará los días 11 y 12 del próximo mes de diciembre.
En principio, el organismo europeo propone mantener la cuota de merluza en aguas ibéricas. Respecto del gallo, se indica una subida del 12 % y respecto del rape, un recorte del 2 %, cuando este año experimentaron incrementos en la cuota del
22,8 % y del 16,8 % respectivamente.
Para el jurel, se prevé una reducción del 5 % en la cuota en la zona comprendida entre Finisterre y el Golfo de Cádiz, y al sector pesquero gallego le preocupan las previsiones de un recorte del 26 % en la cuota de abadejo y del 28 % en la
de lenguado, dos especies de gran interés para las flotas gallegas.
A la espera de las cuotas de pesca para las especies en aguas compartidas con el Reino Unido, concretamente en el Gran Sol, la mayor inquietud para la flota gallega, especialmente la de cerco, proviene de la propuesta del CIEM que recomienda
un recorte del 70 % en la cuota de caballa y del 41 % en la de lirio, lo que afectaría principalmente a la pesca de arrastre de litoral.
Con carácter general, cabe señalar que la escasez de cuotas de las principales especies para la flota gallega en los últimos años no mejorará de aquí a 2026. Por el contrario, los recortes que se prevén para el abadejo, el lenguado, la
caballa o el lirio supondrán un golpe muy duro para el sector pesquero gallego.
Las perspectivas para el próximo año de la flota gallega vuelven a ser alarmantes, ya que con esta propuesta su viabilidad futura se ve comprometida una vez más. Por un lado, las vedas en las 87 zonas pueden incluso aumentar, y por otro, el
mismo escenario o incluso peor para la distribución de los TAC para 2026, no ofrecen garantías para el futuro del sector pesquero de Galicia.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno y, en concreto, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a defender en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE, previsto para el mes de diciembre de 2025, una posición que garantice la viabilidad y
la sostenibilidad de la actividad y la flota pesquera gallega y:
1. Reclamar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 11 de enero de 2024, que reconoce la importancia de abordar las cuestiones sociales y económicas, y no solo las ambientales, a la hora de fijar cuotas para las
diferentes especies.
2. Vetar cualquier reducción de cuotas que no se ajuste a las sentencias del TJUE citadas anteriormente o que afecte gravemente a la flota pesquera gallega, especialmente la costera.
3. Anticipar las medidas de cobertura económica de la flota afectada por la posible reducción de cuotas.
4. Instar a la UE a tomar medidas para impedir la entrada en el mercado europeo de caballa y jurel procedentes de países del norte de Europa que se autoasignan cuotas para estas especies.
5. Llevar a cabo una gestión interna de las cuotas que corresponda en cada caso, que impida la distorsión que se produce en la actualidad entre las distintas zonas del Estado y que no sea causa de especulaciones sobre las posibilidades de
pesca ni a la discriminación que se ha producido hasta ahora.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ás medidas a adoptar polo Goberno ante os previsíbeis recortes de TACs e cotas de pesca da UE para o 2026 e afectación á frota pesqueira galega para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
Como cada ano, a Comisión Europea deu a coñecer recentemente a súa proposta de Totais Admisíbeis de Captura (TAC) e cotas pesqueiras, neste caso para 2026. A negociación das cotas pesqueiras é un momento de grande importancia para a frota
pesqueira galega, especialmente agora, despois de anos padecendo recortes e vedas por parte da UE que fan imposíbel o mantemento da actividade pesqueira, con cada vez máis limitacións e con custos que superan aos ingresos.
A proposta da Comisión Europea ten a ver, entre outras, coas posibilidades de pesca de distintas poboacións pesqueiras no Atlántico en augas ibéricas, nas zonas IXa, de Fisterra ao Golfo de Cádiz, e VIIIc, de Fisterra para o norte, que
afectan á Galiza, e que se decidirán na cimeira do Consello de Ministros de Pesca da UE, a celebrar os días 11 e 12 do vindeiro mes de decembro.
En principio, o organismo europeo propón manter a cota de pescada en augas ibéricas. Para o rapante indica unha suba de 12 % e para o peixe sapo un recorte de 2 %, cando neste ano experimentaron incrementos na cota de 22,8 % e de 16,8 %
respectivamente.
Para o xurelo prevén unha redución da cota de 5 % na zona que vai de Fisterra até o Golfo de Cádiz e preocupan ao sector pesqueiro galego as previsións de recorte de 26 % na cota de abadexo e a rebaixa en 28 % da cota de linguado, dúas
especies de moito interese para as frotas galegas.
Quedando aínda pendentes por coñecer as cotas de pesca de especies en augas compartidas co Reino Unido, nomeadamente no Gran Sol, a maior intranquilidade para a frota galega, especialmente a do cerco, vén da man da proposta do ICES que
recomenda un recorte de 70 % na cota da xarda e de 41 % na do lirio, que afectaría principalmente ao arrastre de litoral.
Con carácter xeral, hai que sinalar que a escaseza de cotas nas principais especies para a frota galega dos últimos anos non vai mellorar para o 2026. Moi ao contrario, os recortes que se prognostican para o abadexo, o linguado, a xarda ou
o lirio, implicarán un durísimo golpe para o sector pesqueiro galego.
As perspectivas pois volven ser alarmantes de cara ao vindeiro ano para a frota galega que con esta proposta volve ver comprometida a súa viabilidade futura. Por un lado, as vedas nas 87 zonas que poden incluso aumentar, e por outro, o
mesmo guión ou aínda peor para a distribución dos TACs para o 2026, non ofrecen garantías de futuro ao sector da pesca da Galiza.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno e, concretamente ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a defender no Consello de Ministros de Pesca da UE previsto para o mes de decembro de 2025 unha posición que asegure a viabilidade e a
sustentabilidade da actividade e da frota pesqueira galega e:
1. Reclamar o cumprimento do ditado pola sentenza do Tribunal de Xustiza da UE do 11 de xaneiro de 2024, no que se recoñece a importancia de atender ás cuestións sociais e económicas e non só ás ambientais á hora de fixar das cotas nas
distintas especies.
2. Vetar calquera redución das cotas que non vaia na liña das sentenzas do TJUE mencionada ou que afecten gravemente á frota pesqueira galega, especialmente de baixura.
3. Avanzar nas medidas de cobertura económica da frota que se vexa afectada pola posíbel redución das cotas.
4. Instar á UE a tomar medidas para impedir a entrada no mercado europeo de xarda e xurelo procedente de países do norte de Europa que se autoasignan cotas destas especies.
5. Levar a cabo unha xestión interna das cotas que correspondan en cada caso que impida a distorsión que se produce na actualidade entre as distintas zonas do Estado e que non sexa causa de especulación das posibilidades de pesca e da
discriminación que se vén producindo ata o de agora.»
En Madrid, a 11 de novembro de 2025.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz do GP Mixto.
161/002715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez Del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a proteger al sector ganadero ante el aumento de brotes de dermatosis nodular contagiosa, para su discusión en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La dermatosis nodular contagiosa es un virus que afecta a los bóvidos y, al provocar fiebre, extenuación, edemas cutáneos, inflamación en sus ganglios y nodulos en la piel, en sus membranas mucosas y en sus órganos internos, puede resultar
mortal1. Además, es un virus tremendamente contagioso, pudiéndose dar por contacto directo entre animales o a través de insectos que propaguen la enfermedad a explotaciones cercanas2.
En consecuencia, la dermatosis nodular contagiosa se incluye en el Anexo II del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016. Esto la encuadra dentro de las enfermedades de categoría A y, de acuerdo
con el Reglamento delegado (UE) 2020/687 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019, «tras la confirmación oficial de un brote de una enfermedad de categoría A en un establecimiento (...), todos los animales (...) que haya en el establecimiento
afectado se matarán lo antes posible in situ, dentro del establecimiento, de tal modo que se evite cualquier riesgo de propagación del agente patógeno de categoría A durante la matanza y después de esta».
Además, según el Reglamento de ejecución (UE) 2021/1070 de la Comisión de 28 de junio de 2021, «en caso de confirmación de un brote de infección por el virus de la DNC en bovinos, la autoridad competente (...) llevará a cabo una vacunación
contra la mencionada enfermedad (...) que se aplique a todos los bovinos y sus descendientes que estén en cautividad en la zona donde se lleva a cabo la vacunación, independientemente de su sexo, edad y estado gestacional o productivo, de acuerdo
con las instrucciones del fabricante».
Por todo ello, cuando el 3 de octubre se detectó un primer foco de dermatosis nodular contagiosa en una explotación ganadera de la comarca del Alto Ampurdán, se sacrificaron los 123 terneros de la explotación afectada. Además, también hubo
de fijarse un perímetro de seguridad de 20 kilómetros en torno a ella y se inmovilizaron 93.000 animales de la zona de acuerdo con lo que dicta el Anexo V del Reglamento delegado (UE) 2020/687 de la Comisión de 17 de diciembre de 20193. Dos semanas
después se detectó un nuevo caso en una granja de la comarca del Geronés y, por tanto, fuera del perímetro de restricción; lo que obligó a recalcular el radio de vigilancia de la enfermedad y a acelerar el proceso de vacunación4. Sin embargo, esto
no fue suficiente, el virus continuó expandiéndose y la enfermedad se ha detectado ya en dieciocho explotaciones de la provincia de Gerona en las que se han sacrificado sus 2.500 cabezas de ganado al tiempo que se ha inmovilizado a 150.000 animales
de granjas cercanas5.
Dada la gravedad de la situación, algunos ganaderos ya piden «que se vacune de manera generalizada en toda España»6 y, pese a que no se han detectado casos fuera de Cataluña, son varias las regiones que han impuesto medidas drásticas ante el
avance de la enfermedad. Así, Cantabria adoptó medidas extraordinarias el 20 de octubre suspendiendo ferias, concursos, subastas y cualquier concentración de animales, así como la actividad del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. También
estableció la obligatoriedad de desinfectar los vehículos de transporte ganadero en cada salida o entrada de la región al tiempo que prohibía la entrada en Cantabria de animales
1 https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/dermatosis-nodular-contagiosa/dermatosis_nodular_cont
2 https://www.elmundo.es/cataluna/2025/10/04/68e0ed26fc6c83c15a8b4598.html
3 https://elpais.com/espana/catalunya/2025-10-23/la-dermatosis-nodular-afecta-ya-a-17-granjas-de-girona-y-ha-obligado-a-sacrificar-2500-animales.html
4 https://www.telecinco.es/noticias/catalunya/20251017/dermatosis-nodular-contagiosa-extiende-girona-modifican-radio-vigilancia_18_016888888.html
5 https://www.lavanguardia.com/vida/20251026/11196653/virus-vacia-granjas.html
6 https://elpais.com/economia/2025-10-27/el-virus-que-amenaza-las-explotaciones-de-vacuno-en-girona-la-sensacion-tras-el-sacrificio-de-los-animales-no-se-puede-describir-con-palabras.html
procedentes de zonas infectadas o sometidas a restricciones de movimientos7. Un día después, Asturias implemento medidas preventivas similares para combatir la enfermedad en la región, incluyendo la suspensión de todas las ferias y eventos
ganaderos, así como el cierre del mercado de La Pola de Siero y el aislamiento de las granjas que recibieran animales procedentes de áreas de riesgo8.
Castilla y León también se sumó a estas medidas y canceló ferias y mercados de ganado para evitar la expansión de la enfermedad. Asimismo, exigió limpiar, desinfectar y desinsectar los vehículos de transporte ganadero, así como controlar
las mosquiteras, los estiércoles, las zonas encharcadas y la estabulación en las explotaciones de ganado bovino9. Galicia hizo lo propio y también obligará a desinsectar todos los animales y todos los vehículos de transporte de ganado que realicen
movimientos de entrada en la región, así como a inmovilizar todo el ganado de las granjas en las que estos tengan lugar después de reclamar una estrategia coordinada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que hasta el momento no ha
llegado10. Finalmente, Extremadura ha sido la última región en sumarse a estas medidas y ha suspendido la presencia de ganado en ferias, concursos, certámenes, romerías, mercados o cualquier concentración incluida la Feria Agroganadera de Trujillo,
obligando asimismo a desinfectar y desinsectar los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de la región y prohibiendo la entrada de animales procedentes de zonas restringidas por causa de la dermatosis nodular contagiosa11.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Aprobar un plan de choque sanitario inmediato que garantice la vacunación gratuita y masiva del ganado frente a la dermatosis nodular contagiosa, reforzando los servicios veterinarios en las zonas más afectadas para contener la
propagación del virus.
2. Garantizar la disponibilidad suficiente de vacunas para asegurar su distribución territorial inmediata y gratuita en el caso de que la situación epidemiológica lo aconseje.
3. Establecer un paquete extraordinario de ayudas económicas, dotado de los recursos necesarios, para compensar el impacto de la enfermedad en las explotaciones ganaderas, incluyendo indemnizaciones por mortalidad, abortos y pérdidas de
producción de leche.
4. Establecer una comunicación directa y permanente con las organizaciones profesionales agrarias, con los colegios de veterinarios, con las cooperativas y con las asociaciones ganaderas, con el fin de garantizar el flujo continuo de
información y la participación del sector primario en las decisiones que adopte el Gobierno.
5. Aplicar medidas de flexibilidad temporal en la PAC para las explotaciones de bovino afectadas por la dermatosis nodular contagiosa, así como reducir los módulos del IRPF correspondientes a dichas explotaciones.
6. Reforzar el sistema nacional de vigilancia epidemiológica, asignando nuevos recursos que permitan mejorar la vigilancia activa, la detección precoz y el diagnóstico rápido de la enfermedad en todo el territorio nacional.
7. Impulsar una campaña nacional de información y sensibilización dirigida al sector ganadero, orientada a la prevención, detección de síntomas, vacunación y protocolos de
7 https://www.europapress.es/cantabria/noticia-cantabria-suspende-ferias-obliga-desinfectar-vehiculos-expansion-dermatosis-nodular-20251020111803.html
8 https://www.democrata.es/agricultura-alimentacion/asturias-implementa-medidas-drasticas-dermatosis-nodular-incluyendo-cierre-mercado-pola/
9 https://www.eldebate.com/espana/castilla-y-leon/20251023/castilla-leon-cancela-ferias-mercados-ganado-evitar-expansion-dermatosis-nodular_347589.html
10 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2025/10/23/galiciablinda-vacas-frente-dermatosis-nodular-contagiosa/00031761209455523561412.htm
11 https://www.juntaex.es/w/agricultura-suspende-la-presencia-de-ganado-en-ferias-concursos-o-romerias-como-medida-de-prevencion-por-la-dermatosis-nodular-contagiosa
actuación ante la dermatosis nodular contagiosa, contando para ello con los profesionales del sector.
8. Garantizar la máxima agilidad en la ejecución de todas las medidas, asegurando que las ayudas, los protocolos y la distribución de vacunas lleguen de forma rápida y efectiva a las explotaciones ganaderas, con el fin de mitigar el impacto
sanitario y económico de la enfermedad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2025.Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/002731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la Política Pesquera Común, para su debate en la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea, nacida durante la década de 1970 ante la necesidad de una gestión conjunta de los recursos marinos, ha evolucionado desde un modelo centrado en el acceso equitativo a los caladeros y la
viabilidad económica del sector, hacia una estrategia integral de sostenibilidad y protección ambiental. A través de sucesivas reformas, destacando las producidas en 2002 y 2013, se incorporaron criterios científicos para las cuotas de Captura,
mecanismos de regionalización y herramientas de modernización de la flota. Hoy, del mismo modo que la PAC, la PPC se alinea con la sostenibilidad económica y ambiental, priorizando la trazabilidad alimentaria y la protección de las comunidades
costeras, en un marco que conjuga aprovechamiento racional de los océanos y equidad territorial.
El pasado mes de julio de 2025, se presentó la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) por la Comisión Europea. El borrador ha abierto el procedimiento para debatir y alcanzar el acuerdo del presupuesto de la UE para el
próximo septenio 2028-2034, que ha generado un profundo malestar entre el sector primario español.
La Comisión ha propuesto el nuevo MFP para el periodo 2028-2034 con un volumen global de 2 billones , distribuido en tres pilares principales: agricultura, pesca, cohesión y política social con 865.000 M; competitividad, investigación,
innovación y defensa con 410.000 M y Acción exterior (incluidos 100.000 M para Ucrania) con 200.000 M. En pesca, el actual presupuesto dotado con 6.100 M para el periodo 2021-2027, el cual ya sufrió un recorte de 105 M en la última revisión
presupuestaria, prevé una reducción a tan solo 2.000 M.
En este contexto, ante la próxima negociación de la Política Pesquera Común, el Ministro Luis Planas compareció el pasado 30 de octubre de 2025 ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso de los Diputados. El
Ministro fijó tres objetivos prioritarios de cara a la compleja negociación europea: mantener la estructura y personalidad propias de la PAC y la PPC; restaurar la dotación presupuestaria disminuida; y evitar la cofinanciación obligatoria de los
elementos básicos de la PAC.
Con todo, subrayó que la actual propuesta «no permite asegurar los objetivos de estabilidad ni la renovación de la flota pesquera del siglo XXI».
A su vez, admitió la complejidad de la reforma pesquera y destacó la posición española como primer país pesquero de la Unión Europea, junto con la apuesta del sector por un
Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), que equilibra la sostenibilidad económica y la ambiental. «Esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer», resaltó, al tiempo que reclamaba que la nueva Política Pesquera Común ponga el acento en la
rentabilidad del sector. «Hemos hecho un esfuerzo brutal desde el punto de vista de la sostenibilidad y ha sido positivo, pero ahora debemos recuperar elementos que garanticen la rentabilidad».
Por último, puso de relieve la determinación del Gobierno de España en la defensa desplegada durante los últimos años para proteger a nuestro sector primario: «Si defendemos con claridad y firmeza nuestros intereses nacionales y los de
nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y comunidades costeras, podremos lograr un buen resultado.» En definitiva, la PPC y la PAC han contribuido desde su origen a la cohesión y vertebración de la identidad europea; su posible desarticulación
entrañaría riesgos en materia de seguridad alimentaria, rentabilidad de agricultores y ganaderos y la estabilidad del sector pesquero.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reiterar ante la Comisión Europea y al Parlamento Europeo su rechazo categórico a la propuesta financiera que supone un recorte sustancial de dos tercios de los recursos destinados a la Política de Pesca Común (PPC) con respecto al marco
anterior.
2. Defender ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo el mantenimiento de la estructura y la personalidad propias de la PPC y su dotación con fondos acotados específicamente y suficientes para hacer frente a los desafíos del sector
pesquero que tiene por delante como la descarbonización o el relevo generacional
3. Trasladar a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, ante la próxima negociación del MFP, su relación estrecha con la evaluación de la PPC, y la necesidad de que se lleven a cabo las reformas necesarias para mantener y reforzar el
FEMPA como fondo específico para la pesca y acuicultura europea que permita impulsar la instalación de nuevas tecnologías a bordo, garantizar condiciones de trabajo seguras y dignas, atraer nuevo talento mediante el relevo generacional y mantener la
competitividad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2025.María Luisa Faneca López, Patricia Otero Rodríguez e Iván Cacho Isla, Diputadas.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no Ley sobre el sector oleícola español, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
Exposición de motivos
El 26 de noviembre se celebra el Día Mundial del Olivo, proclamado por la UNESCO en 2019 y conmemorado cada año como reconocimiento a un árbol que simboliza la paz, la sabiduría y la armonía. El Grupo Parlamentario Socialista, aprovechando
que la Comisión se celebrará ese día, quiere conmemorar en el Congreso de los Diputados y Diputadas esta fecha y poner en valor el trabajo que viene realizando, realiza y la visión de futuro del Gobierno de España para con el sector del olivar
español porque no es posible entender la historia, la economía y el paisaje de una buena parte de nuestro país sin el olivar.
El sector oleícola es mucho más que una actividad agrícola; es un eje socioeconómico, cultural y medioambiental de primer orden. España es, indiscutiblemente, la potencia mundial del aceite de oliva porque nuestro país lidera la
producción, la calidad y la exportación del mismo.
España es líder mundial en producción, con una producción con cerca del 40 % de la producción mundial en una campaña media. Según el Informe mensual de la situación de mercado del sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), relativo a la campaña 2024/25, con datos a 30 de septiembre de 2025, la producción de aceite de oliva en España alcanzó las 1.419.127 toneladas, con unas existencias finales de campaña de
209.079 toneladas, un consumo interior estimado de 495.779 toneladas y unas exportaciones de 1.025.521 toneladas.
Y este producto es uno de nuestros emblemas en el exterior, pues es uno de los que más contribuye al saldo positivo de nuestra balanza comercial.
Los informes de situación de mercado del MAPA confirman que, en la campaña 2024/25, las exportaciones de aceite de oliva superaron el millón de toneladas, lo que consolida a España como primer exportador mundial y socio estratégico de la
Unión Europea en este ámbito.
Esta posición hegemónica es fruto del trabajo diario de miles de agricultores, agricultoras y de la innovación constante de nuestras almazaras y cooperativas. Con sus 2,8 millones de hectáreas (24 % de la superficie mundial), el olivar da
empleo y fija población en el medio rural, especialmente en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Por lo que respecta al empleo, el sector del olivar es un soporte socioeconómico esencial en las zonas rurales. Más de 350.000 agricultores en España cultivan olivos, a lo que se suman unos 15.000 empleos directos en la industria de
elaboración (almazaras, orujeras, envasado). Además, cada campaña olivarera genera más de 32 millones de jornales de trabajo, un volumen de empleo agrario estacional sin parangón en nuestro país. Sin olvidar el papel irremplazable que desempeña en
el mantenimiento del paisaje, la prevención de la erosión y la lucha contra el cambio climático.
Es, también, la base de la Dieta Mediterránea, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su valor nutricional, haciendo de nuestro AOVE un superalimento cuyo prestigio crece cada día a nivel mundial.
No en vano es una referencia global de calidad, pues hoy en día el 75 % del aceite total producido es aceite de oliva virgen, es decir puro zumo de aceituna. Y el 41 % del total es aceite de oliva virgen extra.
Además, no hay que olvidar que España cuenta con 31 denominaciones de origen protegidas y 2 indicaciones geográficas de aceites de oliva virgen extra. Cada una de ellas con sus variedades y matices particulares.
A pesar de que nos encontramos en un momento de intensos desafíos y profundas transformaciones, el sector oleícola opera en un mercado globalizado con una volatilidad creciente, influenciada por factores climáticos, geopolíticos y
comerciales.
En la actual campaña 2025/2026 se espera una producción suficiente que permita un abastecimiento fluido del mercado nacional y de nuestras exportaciones. Además, la tendencia de consumo está al alza a nivel global.
Apoyar el avance sostenible del sector agroalimentario es el objetivo marcado en la Estrategia Nacional de Alimentación impulsada por el Gobierno de España y presentada públicamente por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Pérez-Castejón, en febrero de este año 2025.
En esta estrategia impulsada por el Gobierno de España, el sector oleícola es uno de los más relevantes, y unos de los que presenta mayor potencial de crecimiento a largo plazo. El consumo a nivel mundial se ha duplicado desde los años 90
al compás del desarrollo productivo y se prevé que la producción siga aumentando en la cuenca mediterránea en los próximos años.
Las acciones de promoción están jugando un papel estratégico y forman parte de las prioridades del MAPA en apoyo al sector facilitando, así, el consumo interior, en la UE y en terceros países.
Por ello es importante remarcar que, con el fin de seguir garantizando la estabilidad del mercado oleícola, MAPA ha aprobado recientemente una nueva norma de comercialización del aceite de oliva, publicada en el BOE el 28 de octubre de 2025.
Esta normativa, de aplicación excepcional y coyuntural, se enmarca en las posibilidades que brinda el artículo 167 bis de la OCM única de la UE para regular la oferta en sectores agrícolas específicos.
En esencia, la Orden establece un mecanismo de retirada temporal de producto del mercado en caso de sobreoferta sustancial, con el objetivo de prevenir desplomes de precios y distorsiones en campañas de producción excepcionalmente alta. La
condición para activar esta medida es estricta: que la suma de existencias iniciales más la producción estimada de la campaña supere en un 120 % la media de las seis campañas anteriores. Solo de darse esa circunstancia (exceso de oferta muy por
encima de la normalidad), la Administración, previa consulta al sector y a las Comunidades Autónomas, podría ordenar retirar un porcentaje de la producción cosechada para almacenarla hasta la campaña siguiente o destinarla a usos no alimentarios.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Garantizar que el sector del olivar cumpla con los parámetros de la triple sostenibilidad: económica, social y ambiental, por tanto, que:
Se refuerce la lucha contra el cambio climático con el uso eficiente del agua y el desarrollo de prácticas de agricultura de conservación y regenerativa que mitiguen la erosión y capturen carbono.
Se siga mejorando en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar el equilibrio entre los operadores y asegurar que el valor generado se reparta de forma justa, ofreciendo una rentabilidad digna a los olivareros.
2. Potenciar una mayor incorporación de innovación y digitalización debido a que las nuevas tecnologías (agricultura de precisión, big data, blockchain, almazaras 5.0, entre otras) son clave para optimizar costes, mejorar la trazabilidad y
aumentar la calidad del producto final.
3. Seguir trabajando en la diferenciación (olivar tradicional, ecológico, denominaciones de calidad, etc.); así como en la información al consumidor y en la promoción para impulsar una demanda que reconozca los valores de los aceites
españoles a nivel nacional e internacional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.María Luisa Faneca López, Patricia Otero Rodríguez e Iván Cacho Isla, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
garantía
de un futuro viable de la pesca catalana, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El litoral catalán acoge desde hace generaciones un sector pesquero que no solo supone una actividad económica significativa, sino que está repleto de valores sociales, culturales y ambientales. Las modalidades de pesca artesanal y de
arrastre del Mediterráneo catalán han hecho posible, a lo largo del tiempo, que nuestras lonjas, pueblos costeros y mercados cuenten con pescado y marisco de proximidad y calidad. Este producto no es un simple alimento: forma parte de nuestro
legado gastronómico y de comunidad.
En los últimos años, el sector ha realizado un importante esfuerzo para adaptarse a modelos más sostenibles: reducción del esfuerzo pesquero, incorporación de técnicas más selectivas, y programas de modernización de flotas. Asimismo, se ha
manifestado un compromiso con la preservación de los recursos marinos y su entorno, consciente de que el futuro de la pesca depende también de la salud de los ecosistemas marinos.
Sin embargo, ahora, y en un momento clave para la economía local y el consumo doméstico, el sector se encuentra ante una realidad alarmante: gran parte de la flota catalana de pesca de arrastre ya ha agotado los días de trabajo y/o las
cuotas asignadas. Concretamente, el 80 % de la flota de arrastre catalana, unos 196 embarcaciones, permanece amarrada, sin posibilidad legal de salir a pescar, debido al límite de días de pesca impuesto por la normativa europea.
La campaña de Navidad es tradicionalmente una de las temporadas gastronómicas de mayor demanda de pescado y marisco: gamba roja, langostino, rape, entre otros productos, son fundamentales en las comidas festivas. Las informaciones
recientes alertan de que, si no se toman medidas urgentes, podría darse falta de producto local de temporada y un aumento de la dependencia de pescado importado de lejos, con las consecuencias que ello conlleva: menor valor añadido al territorio,
dificultades para el mantenimiento de la actividad pesquera y riesgos para el tejido socioeconómico costero.
Desde la Administración catalana, se ha advertido que la política pesquera comunitaria del Mediterráneo, con la aplicación de cuotas y restricciones de días de pesca muy exigentes, está poniendo en riesgo la continuidad del sector. El
consejero del área ha afirmado que «cuando un pescador abandona, no vuelve» y ha recalcado que instituciones centenarias como las lonjas podrían desaparecer si no se revierte la situación.
Por su parte, desde el Gobierno de España se asegura que no habrá desabastecimiento, y que se está negociando con la Comisión Europea la prórroga o modificación de los días de pesca para 2025. Sin embargo, el hecho de que estas medidas
todavía no estén concretadas genera incertidumbre en el sector y en el consumo: una demora o inadecuación de las resoluciones podría provocar que el producto local no esté disponible en las semanas de mayor demanda, con repercusiones negativas
sobre los pescadores, el comercio local y el consumidor.
Así pues, se configura un escenario en el que se entrecruzan varios factores de riesgo: por un lado, la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos, por otro, la urgencia de salvaguardar la viabilidad económica y
social de un sector que emplea, que vertebra pueblos costeros, y que mantiene viva una parte esencial de nuestra cultura alimentaria. No se trata exclusivamente del «cuánto» de capturas, sino del «cómo» y «quién» las hace, del mantenimiento de un
tejido humano, de actividad y de identidad que estaría amenazado si la normativa deja sin margen de actuación al pescador.
Resulta urgente e imprescindible adoptar medidas complementarias dirigidas a preservar y reforzar el sector pesquero catalán, garantizar los productos de proximidad en las mesas de Navidad y asegurar que la pesca sostenible se traduzca
también en empleo, valor añadido y futuro para las comunidades marítimas.
Por todo esto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Adoptar las acciones necesarias para garantizar la ampliación de días extraordinarios de pesca para que la flota catalana pueda salir a pescar hasta finales de año y evitar una falta de producto de temporada.
2. Negociar con la Comisión Europea y con los Estados miembros del Mediterráneo un régimen transitorio que permita a las flotas del litoral catalán, especialmente las que emplean modalidades de arrastre y otras tradicionalmente utilizadas,
mantener la actividad durante la campaña de Navidad, dada su relevancia para la economía local, el abastecimiento alimenticio y el consumo habitual de pescado.
3. Solicitar a la Comisión Europea la revisión de las propuestas de reducción de días de pesca en el Mediterráneo teniendo en cuenta la rápida evolución de la flota, el envejecimiento de los pescadores, la necesidad de abastecimiento y el
impacto socioeconómico en el territorio.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Teresa Jordà i Roura, a lempara del que sestableix en larticle 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la garantia d'un
un futur viable de la pesca catalana, per al seu debat en la Comissió dAgricultura, Pesca i Alimentació.
Exposició de motius
El litoral català, acull des de fa generacions un sector pesquer que no només suposa una activitat econòmica significativa, sinó que està ple de valors socials, culturals i ambientals. Les modalitats de pesca artesanal i darrossegament del
Mediterrani català han fet possible, al llarg del temps, que les nostres llotges, pobles costaners i mercats comptin amb peix i marisc de proximitat i qualitat. Aquest producte no és un simple aliment: és part del nostre llegat gastronòmic i de
comunitat.
En els darrers anys, el sector ha fet un esforç important per adaptar-se a models més sostenibles: reducció de lesforç pesquer, incorporació de tècniques més selectives, i programes de modernització de flotes. Així mateix, sha manifestat
un compromís amb la preservació dels recursos marins i del seu entorn, conscient que el futur de la pesca depèn també de la salut dels ecosistemes marins.
Tanmateix, ara, i en un moment clau per a leconomia local i per al consum domèstic, el sector es troba davant duna realitat alarmant: gran part de la flota catalana de pesca darrossegament ja ha esgotat els dies de feina i/o les quotes
assignades. Concretament, el 80 % de la flota darrossegament catalana, uns 196 embarcacions, roman amarrada, sense possibilitat legal de sortir a pescar, a causa del límit de dies de pesca imposat per la normativa europea.
La campanya de Nadal és tradicionalment una de les temporades gastronòmiques de major demanda de peix i marisc: gamba vermella, llagostí, rap, entre altres productes, són centrals en els àpats festius. Les informacions recents alerten que,
si no es prenen mesures urgents, podria donar-se una manca de producte local de temporada i un augment de la dependència de peix importat de lluny, amb les conseqüències que això
comporta: menor valor afegit al territori, dificultats per al manteniment de lactivitat pesquera i riscos per al teixit socioeconòmic costaner.
Des de lAdministració catalana, sha advertit que la política pesquera comunitària del Mediterrani, amb laplicació de quotes i de restriccions de dies de pesca molt exigents, està posant en risc la continuïtat del sector. El conseller de
làrea ha afirmat que «quan un pescador abandona, no torna» i ha subratllat que institucions centenàries com les llotges podrien desaparèixer si no es reverteix la situació.
Per part seva, des del Govern dEspanya sassegura que no hi haurà desabastiment, i que sestà negociant amb la Comisión Europea la pròrroga o modificació dels dies de pesca per al 2025. Tot i això, el fet que aquestes mesures encara no
estiguin concretades genera incertesa al sector i al consum: una demora o inadequació de les resolucions podria provocar que el producte local no estigui disponible en les setmanes de major demanda, amb repercussions negatives sobre els pescadors,
el comerç local i el consumidor.
Així doncs, es configura un escenari en el qual sentrecreuen diversos factors de risc: per una banda, la necessitat de garantir la sostenibilitat dels recursos marins, per laltra, la urgència de salvaguardar la viabilitat econòmica i
social dun sector que dóna feina, que vertebra pobles costaners, i que manté viva una part essencial de la nostra cultura alimentària. No es tracta exclusivament del «quant» de captures, sinó del «com» i «qui» les fa, del manteniment dun teixit
humà, dactivitat i didentitat que estaria amenaçat si la normativa deixa sense marge dactuació al pescador.
Resulta urgent i imprescindible adoptar mesures complementàries dirigides a preservar i reforçar el sector pesquer català, garantir els productes de proximitat a les taules de Nadal i assegurar que la pesca sostenible es tradueixi també en
ocupació, valor afegit i futur per a les comunitats marítimes.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Adoptar les accions necessàries per garantir lampliació de dies extraordinaris de pesca perquè la flota catalana pugui sortir a pescar fins al final de lany i evitar una manca de producte de temporada.
2. Negociar amb la Comissió Europea i amb els estats membres del Mediterrani un règim transitori que permeti a les flotes del litoral català, especialment les que empren modalitats darrossegament i altres tradicionalment utilitzades,
mantenir lactivitat durant la campanya de Nadal, atesa la seva rellevància per a leconomia local, labastiment alimentari i el consum habitual de peix i marisc en aquestes dates.
3. Sol·licitar a la Comissió Europea la revisió de les propostes de reducció de dies de pesca al Mediterrani tenint en compte la ràpida evolució de la flota, lenvelliment dels pescadors, la necessitat dabastiment i limpacte socioeconòmic
al territori.»
Congrés dels Diputats, a 14 novembre de 2025.Teresa Teresa Jordà i Roura, Portaveu del G. P. Republicá.
Comisión de Política Territorial
161/002730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa
del autogobierno de las comunidades autónomas, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
España es un país diverso y plural. Este hecho motiva el convencimiento de garantizar su unidad mediante el reconocimiento y respeto a la autonomía de las comunidades y regiones que lo conforman. Territorios con singularidades
lingüísticas, históricas y culturales que nos compete proteger.
Precisamente el respeto a la singularidad es una línea fundamental que ha marcado la acción de Gobierno en las últimas legislaturas en materia de política territorial, autonómica y municipal. Un compromiso que implica la conjugación de
mecanismos de cooperación bilaterales con mecanismos multilaterales.
En este sentido, el Gobierno de España avanza en el traspaso a las comunidades autónomas de funciones y servicios que, en muchos casos, quedaron paralizados durante el periodo entre 2011-2018.
Desde junio de 2018 se han convocado comisiones bilaterales con 8 CCAA, algunas tras décadas sin reunirse (Asturias: 18 años; La Rioja: 30 años), y se han alcanzado 39 acuerdos con Cataluña, La Rioja, Canarias, País Vasco y Asturias.
Además, se han celebrado 25 reuniones de Comisiones Mixtas de Transferencias con 14 CCAA que se han concretado en importantes acuerdos de traspasos de funciones y servicios como el traspaso de las competencias en ordenación y gestión del litoral a
Galicia, Baleares, Canarias y País Vasco, o los traspasos de sanidad penitenciaria y gestión de tráfico a Navarra, instituciones penitenciarias al País Vasco y la gestión de becas y ayudas al estudio a Cataluña.
La cooperación, la co-cobernanza y el diálogo entre territorios constituyen elementos esenciales para avanzar en igualdad, siempre desde el respeto a la pluralidad de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1) Continuar trabajando con voluntad de diálogo con las Comunidades Autónomas en el proceso de descentralización inherente al modelo autonómico diseñado por la Constitución Española.
2) Seguir profundizando en el desarrollo competencial de las Comunidades Autónomas, dentro de los Estatutos de Autonomía y la Constitución, mediante la transferencia y delegación de competencias.
3) Continuar avanzando en el fortalecimiento del autogobierno de las Comunidades Autónomas que redundará en mejoras de los servicios que se prestan a la ciudadanía.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2025.Andrea Canelo Matito e Irene Jódar Pérez, Diputadas.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
conversión en autovía de la carretera N-432 Badajoz-Córdoba-Jaén-Granada, como actuación
estratégica de cohesión y vertebración territorial, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La conversión en autovía de la N-432 (A-81) constituye una actuación estratégica para la cohesión territorial entre Extremadura y Andalucía, reforzando la integración funcional de las provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada dentro del
sistema estatal de comunicaciones y del marco de equilibrio interterritorial. Durante más de dos décadas, instituciones autonómicas, diputaciones, ayuntamientos, plataformas ciudadanas y agentes socioeconómicos del conjunto del corredor han
reclamado esta infraestructura como elemento esencial de vertebración territorial y de oportunidad para los territorios del interior.
La planificación territorial evidencia que la autovía debe ejecutarse en su totalidad, evitando fragmentaciones que comprometan la continuidad territorial del eje y la coherencia con los instrumentos de ordenación del territorio vigentes en
ambas comunidades autónomas. La modernización integral del corredor Badajoz-Granada no solo responde a necesidades de movilidad, sino a la obligación de garantizar un marco territorial equilibrado en el que municipios y comarcas no queden relegados
por infraestructuras insuficientes.
La N-432 figura entre las carreteras con mayor siniestralidad de España, especialmente en sus tramos a la altura de Badajoz, donde entre 2019 y 2023 se alcanzaron índices superiores en más de diez veces a la peligrosidad media nacional.
Solo en 2024 la siniestralidad grave aumentó un 17,51 %. Estos datos ponen de manifiesto la urgencia de una intervención que combine la mejora de la seguridad vial con la garantía de igualdad territorial para las comarcas tradicionalmente
periféricas.
Esta infraestructura es fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades entre territorios, mejorar la movilidad interprovincial, impulsar el turismo, favorecer el desarrollo socioeconómico y combatir la despoblación. La autovía A-81
debe entenderse como un vector de cohesión territorial nacional, plenamente alineado con las competencias estatales en materia de estructura territorial, desarrollo regional equilibrado y coordinación con otras administraciones.
Los avances recientes, como la Declaración de Impacto Ambiental para el tramo Badajoz-Zafra, deben situarse dentro de una planificación territorial integrada que incluya financiación, calendario cierto y coordinación eficaz con las
administraciones territoriales afectadas, evitando nuevos agravios o tratamientos dispares entre provincias. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, así como el Partido Popular de Extremadura y de la provincia de Badajoz ha defendido siempre
la necesidad inaplazable de ejecutar la autovía de forma íntegra y continua, sin soluciones intermedias que perpetúen el desequilibrio territorial existente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar de manera definitiva la conversión integral de la carretera nacional N-432 en la autovía A-81, desde Badajoz hasta Granada, garantizando la financiación necesaria y asegurando la coherencia territorial del trazado, en
consonancia con los objetivos de cohesión y equilibrio interterritorial entre Extremadura y Andalucía.
2. Contratar, dentro del ejercicio 2025, la redacción de los proyectos de ejecución para todos los tramos pendientes, integrándolos en una planificación territorial continua y coordinada con las administraciones autonómicas y locales,
evitando soluciones inconexas que comprometan la unidad territorial del corredor.
3. Establecer un calendario de planificación y ejecución con plazos y objetivos técnicos definidos, priorizando el tramo de Badajoz por ser uno de los puntos con mayor accidentalidad grave y mortal en la red estatal.
4. Dotar las partidas presupuestarias necesarias para garantizar la realización progresiva y ágil de toda la autovía, atendiendo a criterios de equidad territorial y respondiendo a las demandas de los ciudadanos, ayuntamientos y plataformas
de las provincias afectadas.
5. Priorizar esta actuación en la estrategia nacional de seguridad vial, infraestructura y vertebración, abordando de inmediato los tramos con mayor índice de siniestralidad y riesgo de accidentes mortales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Antonio Cavacasillas Rodríguez, Alfonso Carlos Macías Gata, Carlos Javier Floriano Corrales, Cristina Teniente Sánchez, Elías Bendodo Benasayag y Antonio Román Jasanada,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los grupos parlamentarios Euskal Herria Bildu, Republicano Y Plurinacional Sumar, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas de
refuerzo de las políticas públicas para hacer frente a la emergencia climática, para su debate en la Comisión de transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha confirmado recientemente, en su último informe, que el ritmo del calentamiento global se ha acelerado de manera preocupante. Los últimos años constituyen el quinquenio más cálido desde que
existen registros, y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha alcanzado un máximo histórico superior a las 420 partes por millón, niveles no vistos en más de tres millones de años. Esta acumulación no solo continúa creciendo, sino
que lo hace a un ritmo más rápido que en décadas anteriores, impulsada por la persistencia del uso de combustibles fósiles y la degradación de los ecosistemas naturales.
Al mismo tiempo, la propia OMM advierte de un fenómeno preocupante: los sumideros naturales de carbono bosques, suelos y océanos están perdiendo capacidad de absorción, debido al calentamiento, la deforestación, la erosión y la alteración
de los ciclos biogeoquímicos. Es más, muchos de los eventos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático hacen que estos sumideros se conviertan en bombas de carbono: los incendios de 2025 han emitido en el Estado español más de la mitad
de las emisiones capturadas en el suelo, el equivalente, por ejemplo, a una cuarta parte de las emisiones anuales del transporte, uno de los sectores más emisores. Así, cada año, una fracción mayor de las emisiones humanas permanece en la
atmósfera, amplificando el efecto invernadero y reduciendo los márgenes de actuación disponibles.
En este contexto, la emergencia climática se manifiesta con especial intensidad en la Península Ibérica y, de forma aún más acusada, el Mediterráneo occidental donde el calentamiento se acelera con mayor rapidez. Según la Agencia Estatal de
Meteorología y el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, la temperatura media ha aumentado ya más de 1,7 ºC desde mediados del siglo XX y las proyecciones apuntan a un incremento
adicional de entre 2 y 4 ºC a lo largo de este siglo si no se reducen de forma drástica las emisiones. La región ibérica es, por ello, una de las zonas más vulnerables de Europa ante los impactos del cambio climático: sequías prolongadas,
reducción del caudal de los ríos, pérdida de suelo fértil, incendios forestales de gran magnitud y episodios de lluvias torrenciales cada vez más intensos. Pero es que, además, los informes del Banco de España y de la Agencia Europea de Medio
Ambiente estiman que el impacto económico del cambio climático podría suponer una pérdida de entre el 1,5 % y 3 % del PIB anual a mediados de siglo, con especial incidencia en las regiones mediterráneas. Pero más allá de las cifras, los costes de
la inacción se traducen en pérdida de bienestar, deterioro de la salud y aumento del riesgo para la vida.
En este escenario, no actuar con suficiencia ya no es una opción. El negacionismo climático, que niega la evidencia científica, y el retardismo, que reconoce el problema, pero pretende posponer las soluciones, constituyen hoy una amenaza
directa para la seguridad, el bienestar, la economía y la democracia. Permitir que esas posiciones impulsadas por la ultraderecha y por intereses corporativos contrarios al bien común bloqueen la acción climática sería una irresponsabilidad
histórica. Combatir el negacionismo y el retraso deliberado en la acción climática es una cuestión de supervivencia, justicia y defensa de la verdad frente a la desinformación.
Pero el desafío climático no se superará solo con diagnósticos certeros. Es una cuestión de tiempo, escala y mayorías. Tiempo, porque cada año perdido agrava los daños y encarece las soluciones: el momento de actuar es ahora, antes de que
los impactos sean irreversibles. Escala, porque ya no bastan los proyectos piloto ni las medidas testimoniales: la transformación debe ser estructural, abarcar todos los sectores y alcanzar a toda la sociedad. Mayorías, porque sin el apoyo social
amplio y consciente que impulse y sostenga la transición, ninguna política será duradera ni justa. Necesitamos construir una mayoría climática, social y política, que respalde la acción decidida frente al cambio climático y asegurar que las
políticas públicas climáticas trabajen en favor de las mayorías sociales, especialmente de las personas más vulnerables.
La acción climática requiere una visión transversal que sitúe la adaptación como uno de los ejes centrales, junto a la mitigación, de todas las políticas públicas. La adaptación, efectivamente, no sustituye a la mitigación. Como establece
el art. 7.4 del Acuerdo de París, un incremento de los niveles de mitigación puede reducir la necesidad de esfuerzos adicionales de adaptación, y un aumento de las necesidades de adaptación puede entrañar mayores costos de adaptación. Sin embargo,
es inaplazable reforzar las políticas destinadas a reducir la vulnerabilidad de las personas, las infraestructuras y los sistemas naturales ante impactos inevitables.
Adaptarse significa anticiparse: planificar la gestión del agua, reforzar la gestión forestal, rediseñar las ciudades para resistir el calor extremo, proteger la costa frente a la erosión y el ascenso del nivel del mar, fortalecer la
sanidad pública ante nuevos riesgos y garantizar la seguridad alimentaria y energética de la población.
Pero ni la adaptación ni la mitigación son ya únicamente una defensa frente a una emergencia acuciante, sino que se han convertido en el motor de la revolución industrial y de la transformación productiva de nuestro siglo. La tecnología
limpia, la infraestructura climática y la industria verde son los pilares, presentes y futuros, del desarrollo económico, de la prosperidad, de la soberanía energética, de la soberanía política y del refuerzo del Estado de Bienestar y sus
instituciones. En este momento decisivo, que no estará eternamente a nuestra disposición, renunciar a dar pasos acelerados en esta senda implicaría ignorar la profundidad de esta revolución global verde, desengancharse de una oleada
reindustrializadora planetaria, dilapidar cualquier posibilidad de prosperidad redistributiva para las próximas décadas e ignorar las inmejorables condiciones de partida que toda la Península Ibérica tiene para encarnar un papel protagonista en esta
transformación.
Esta tarea solo será posible mediante la acción coordinada de todas las administraciones públicas, desde los gobiernos locales hasta las comunidades
autónomas y la Administración General del Estado, con una colaboración efectiva basada en información compartida, coherencia normativa y recursos suficientes. La emergencia climática exige cooperación, responsabilidad y compromiso común.
Y, por supuesto, una financiación suficiente para impulsar las múltiples medidas estructurales necesarias.
Ahora bien, los impactos y responsabilidades no se distribuyen por igual. El cambio climático es también una cuestión de desigualdad. Quienes menos recursos tienen son quienes más sufren sus efectos desde la precariedad hídrica y
energética hasta la exposición a olas de calor y fenómenos extremos mientras que la mayor parte de las emisiones históricas procede de sectores y actores que han acumulado beneficios y riqueza. Esto exige reconocer el principio de
responsabilidades diferenciadas: quienes más emiten y quienes más capacidad económica poseen deben contribuir más en la transición ecológica y en la reparación de daños, para que la respuesta climática sea socialmente justa y democráticamente
sostenible.
En este sentido, la responsabilidad de asumir los costes materiales de este proceso debe recaer de forma prioritaria, aparte de en el conjunto de las administraciones públicas, en quienes disponen de mayores capacidades económicas y en los
actores más contaminantes o con mayor impacto ambiental. Las empresas y sectores con mayores emisiones deben contribuir de manera justa y proporcional a la reducción, la transición energética y la restauración ambiental, tanto a través de su propia
actividad como a través de nuevos mecanismos de recaudación pública, como lo que se conoce por «tasa Zucman», propuesta por el economista Gabriel Zucman en un informe para la presidencia brasileña del G20. Los costes de la transformación ecológica
no pueden recaer únicamente sobre las espaldas de las clases populares y trabajadoras, que ya soportan de manera más directa las consecuencias del cambio climático desde la precariedad energética hasta la exposición a fenómenos extremos. A nivel
estatal, una medida de este tipo afectaría a unos pocos cientos de personas y podría recaudar entre 400 y 1.000 millones de euros anuales, dependiendo de diversos factores. La recaudación de esta tasa adicional a los ultrarricos se debería destinar
a incrementar los presupuestos de mitigación y adaptación climática, y el de avanzar en una financiación socialmente justa de los mismos. Además, deberíamos defender la internacionalización de esta medida para que ese suelo impositivo fuese europeo
e, idealmente, mundial, en consonancia con la propuesta de Gabriel Zucman y los recientes avances en cooperación impositiva internacional.
Las medidas que se presentan a continuación responden a este propósito: acelerar las políticas de mitigación, fortalecer la resiliencia de la Península Ibérica, proteger sus ecosistemas y su población y asegurar que cada política pública
contribuya activamente a la construcción de un territorio más seguro, habitable y sostenible.
Por todo lo expuesto anteriormente se propone, para su debate y votación, la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la adaptación y la rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos, combinando soluciones pasivas (ventilación cruzada, sombreamiento, aislamiento y cubiertas verdes) con sistemas de climatización de alta eficiencia
y bajas emisiones como las bombas de calor, la aerotermia o la geotermia.
2. Crear una ayuda de carácter progresivo, que pueda cubrir hasta el 100 % del coste de la instalación, para garantizar que todos los hogares cuenten con un sistema de refrigeración o aire acondicionado.
3. Consolidar la legislación laboral con altos estándares de seguridad climática y dotar de medios y formación específicamente climáticos a la inspección de trabajo.
4. Promover el despliegue de una capa verde-azul de infraestructura urbana. El tendido verde incluiría corredores de sombra, áreas verdes, fachadas y techos vegetales.
El tendido azul abarcaría la renaturalización de ríos urbanos, fuentes públicas, playas fluviales y sistemas de nebulización.
5. Presentar, en el plazo de tres meses, una propuesta fiscal alineada con la «tasa Zucman», con el objetivo de establecer un suelo impositivo del 2 % anual al patrimonio neto de las personas con una riqueza superior a los 100 millones de
euros.
6. Reformular el impuesto extraordinario a los beneficios de las empresas energéticas en un impuesto ambiental finalista y permanente a los beneficios de las empresas fósiles (extracción, refino, importación). Este impuesto, selectivo y
bajo el principio de quien contamina paga, nutriría un Fondo para financiar las políticas de adaptación y de transición justa.
7. Vincular el Fondo Social para el Clima a la ley de comercio de derechos de emisión, blindando política y normativamente el uso de estos fondos para inversiones estructurales en adaptación.
8. Acompañar la transición alimentaria y productiva necesaria para convertir el sistema alimentario en un aliado en la mitigación del cambio climático, sosteniendo modelos productivos fundamentales para el mantenimiento de los servicios
ecosistémicos suministrados por el sector primario. Reforzando, entre otras medidas, el apoyo a la ganadería extensiva o a la agricultura ecológica y regenerativa, y mejorando los servicios básicos en el entorno rural.
9. Establecer un Sistema Estatal de Pago por Servicios Ambientales y de Seguridad (PSAS), con el objetivo político de que los ecosistemas se conviertan en el Sexto Pilar del Estado del Bienestar. Los ecosistemas son infraestructuras
críticas, además de bienes públicos, y su cuidado activo debe responder a principios de interés general.
10. Proteger y restaurar ecosistemas marinos y costeros mediante un plan específico de conservación de posidonias y cetáceos, reducción del impacto de la actividad turística y de la contaminación, acabar con la pesca destructiva, y creación
de áreas marinas protegidas con gestión participativa. A esto se suma la necesidad de reforzar el compromiso con el 30 % de protección marina, incluyendo al menos un 10 % de protección estricta, en línea con la Estrategia de Biodiversidad de la UE
y las demandas de más de quince organizaciones ecologistas.
11. Impulsar la adaptación climática de las instituciones, promoviendo el relevo generacional y la formación certificada de funcionarios en materia climática; creando bolsas de recursos administrativos y una bolsa interadministrativa de
talento climático público; desarrollando una capa administrativa de datos climáticos operativos en acceso abierto e interoperable.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2025.Mikel Otero Gabirondo y Eloi Badia Casas, Diputados.Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo
Parlamentario Republicano y Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Cultura
161/002741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
inclusión y presencia obligatoria de cuota de música en lengua oficial no castellana en las radiofórmulas del Estado, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La diversidad lingüística es uno de los rasgos definidores del Estado español. Según el artículo 3 de la Constitución Española, el castellano es la lengua oficial del Estado, pero también se reconoce que «las demás lenguas españolas serán
también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos» y que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».
Este mandato constitucional ha tenido concreción normativa en diversas leyes estatales y autonómicas, entre ellas la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, que introduce cuotas específicas para garantizar la
presencia de las lenguas cooficiales en los catálogos de los servicios audiovisuales a petición, así como en la oferta de operadores lineales de televisión. Sin embargo, la norma deja fuera a un sector con enorme capacidad de penetración cultural y
social: la radio musical, especialmente las emisoras de radiofórmula de ámbito estatal.
Es imprescindible garantizar espacios para la pluralidad y el reconocimiento de la diversidad lingüística. La música en lengua catalana, vasca, gallega u occitana goza actualmente de una calidad y proyección internacional incuestionables.
La existencia de multitud de grupos y artistas de gran éxito que hacen música en catalán, en gallego, en euskera; o propuestas emergentes en occitano y asturiano (pese a no ser oficiales en el conjunto del Estado, pero gozar de protección
estatutaria), demuestran que existe una escena musical dinámica y con una base de público fiel. Sin embargo, su presencia en las radios de ámbito estatal de formato radiofórmula es prácticamente inexistente.
Esta ausencia implica una desigualdad de oportunidades para los creadores que optan por expresarse en su lengua y limita el derecho de la ciudadanía a acceder, en condiciones de equidad, a su propia cultura y lengua.
Los datos de volumen poblacional ponen de manifiesto que más de 10 millones de personas en el Estado tienen una lengua oficial propia distinta del castellano como lengua inicial, habitual o preferente. Estas cifras evidencian que existe un
mercado potencial amplio y diverso que, no obstante, queda infrarrepresentado en la oferta radiofónica de ámbito estatal.
La falta de presencia de estas lenguas en las radios musicales de formato radiofórmula reduce las oportunidades de escucha de sectores musicales emergentes, que ven restringida su difusión y, por tanto, sus oportunidades de crecimiento. La
radio sigue siendo uno de los canales más influyentes para el descubrimiento de nueva música, especialmente entre los públicos jóvenes.
Por todo ello, y en coherencia con lo que la propia Ley General de Comunicación Audiovisual ya estableció en materia de doblaje, subtitulación y presencia de lenguas cooficiales en el audiovisual televisivo y bajo demanda, resulta necesario
ampliar esta obligación a las emisiones radiofónicas musicales lineales, estableciendo una cuota mínima del 5 % de música en lenguas oficiales distintas del castellano dentro de la programación musical de las emisoras de radiofórmula de ámbito
estatal.
Este porcentaje en la línea de las garantías ya establecidas en la Ley General Audiovisual para el resto de contenidos audiovisuales garantizaría una presencia estable y significativa de estas lenguas, a la vez que abre la puerta a una
mayor pluralidad, diversidad y representación cultural en el ámbito radiofónico. No sólo se trata de hacer justicia con las lenguas oficiales y con los creadores que las utilizan, sino también de cumplir con el mandato constitucional de respeto y
protección del patrimonio lingüístico.
En consecuencia, y con el fin de adaptar la normativa vigente a la realidad sociolingüística y cultural de nuestro país, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Promover la modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, para incluir la obligación de que los operadores radiofónicos de formato radiofórmula de ámbito estatal garanticen al menos un 5 % de música
en lenguas oficiales del Estado distintas del castellano en su programación lineal musical.
2. Garantizar que esta cuota se aplique de forma efectiva y verificable, mediante mecanismos de control y seguimiento por parte de las autoridades reguladoras en materia audiovisual, con informes periódicos sobre su cumplimiento.
3. Impulsar medidas de apoyo y promoción para que las empresas radiofónicas puedan conocer e incorporar de forma fácil y eficiente el catálogo de artistas y producciones musicales en catalán, gallego, euskera y occitano, en colaboración con
entidades públicas y privadas del sector musical.
4. Fomentar la diversidad y la cohesión cultural mediante campañas de sensibilización que pongan en valor la riqueza de la música en las distintas lenguas oficiales, para contribuir así a la normalización y difusión de este patrimonio
inmaterial entre el conjunto de la ciudadanía.
5. Incorporar esta medida en las políticas públicas de fomento de la música y de la industria cultural, estableciendo líneas específicas de apoyo a la producción, difusión e internacionalización de la música en lenguas cooficiales, en
colaboración con las administraciones autonómicas competentes, de acuerdo con el marco de los derechos culturales y lingüísticos reconocidos en los artículos 3, 20 y 44 de la Constitución Española.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputat Francesc-Marc Álvaro i Vidal, a lempara del que sestableix en larticle 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la inclusió
i presència obligatòria de quota de música en llengua oficial no castellana a les radiofórmules de lEstat, per al seu debat en la Comissió de Cultura.
Exposició de motius
La diversitat lingüística és un dels trets definidors de lEstat espanyol. Segons larticle 3 de la Constitució Espanyola, el castellà és la llengua oficial de lEstat, però també es reconeix que «les altres llengües espanyoles seran també
oficials a les respectives comunitats autònomes dacord amb els seus Estatuts» i que «la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques dEspanya és un patrimoni cultural que serà objecte despecial respecte i protecció».
Aquest mandat constitucional ha tingut concreció normativa en diverses lleis estatals i autonòmiques, entre elles la Llei 13/2022, de 7 de juliol, General de Comunicació Audiovisual, que introdueix quotes específiques per garantir la
presència de les llengües cooficials en els catàlegs dels serveis audiovisuals a demanda, així com en loferta doperadors lineals de televisió. No obstant això, la norma deixa fora un sector amb capacitat de penetració cultural i social enorme:
la ràdio musical, especialment les emissores de radiofórmula dàmbit estatal.
És imprescindible garantir espais per a la pluralitat i per al reconeixement de la diversitat lingüística. La música en llengua catalana, basca, gallega o occitana gaudeix actualment duna qualitat i una projecció internacional
inqüestionables. Lexistència de
multitud de grups i artistes de gran èxit que fan música en català, en gallec, en basc; o propostes emergents en occità i asturià (tot i no ser oficials en el conjunt de lEstat, però gaudir de protecció estatutària), demostren que hi ha
una escena musical dinàmica i amb una base de públic fidel. Malgrat això, la seva presència en les ràdios dàmbit estatal de format radiofórmula és pràcticament inexistent.
Aquesta absència implica una desigualtat doportunitats per als creadors que opten per expressar-se en la seva llengua i limita el dret a la ciutadania a accedir, en condicions dequitat, a la seva pròpia cultura i llengua.
Les dades de volum poblacional posen de manifest que més de 10 milions de persones a lEstat tenen una llengua oficial pròpia diferent del castellà com a llengua inicial, habitual o preferent. Aquestes xifres evidencien que hi ha un mercat
potencial ampli i divers que, tanmateix, queda infrarepresentat en loferta radiofònica dàmbit estatal.
La manca de presència daquestes llengües a les ràdios musicals de format radiofórmula redueix les oportunitats descolta de sectors musicals emergents, que veuen restringida la seva difusió i, per tant, les seves oportunitats de creixement.
La ràdio continua essent un dels canals més influents per a la descoberta de nova música, especialment entre els públics joves.
Per tot això, i en coherència amb el que la mateixa Llei General de Comunicació Audiovisual ja va establir en matèria de doblatge, subtitulació i presència de llengües cooficials a laudiovisual televisiu i sota demanda, resulta necessari
ampliar aquesta obligació a les emissions radiofòniques musicals lineals, establint una quota mínima del 5 % de música en llengües oficials diferents del castellà dins la programació musical de les emissores radiofórmula dàmbit estatal.
Aquest percentatge en la línia de les garanties ja establertes a la Llei General Audiovisual per la resta de continguts audiovisuals garantiria una presència estable i significativa daquestes llengües, alhora que obre la porta a una major
pluralitat, diversitat i representació cultural en làmbit radiofònic. No es tracta només de fer justícia amb les llengües oficials i amb els creadors que les utilitzen, sinó també de complir amb el mandat constitucional de respecte i protecció del
patrimoni lingüístic.
En conseqüència, i per tal dadaptar la normativa vigent a la realitat sociolingüística i cultural del nostre país, es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta el govern espanyol a:
1. Promoure la modificació de la Llei 13/2022, de 7 de juliol, General de Comunicació Audiovisual, per incloure lobligació que els operadors radiofònics de format radiofórmula dàmbit estatal garanteixin almenys un 5 % de música en
llengües oficials de lEstat diferents dels castellà en la seva programació lineal musical.
2. Garantir que aquesta quota sapliqui de manera efectiva i verificable, mitjançant mecanismes de control i seguiment per part de les autoritats reguladores en matèria audiovisual, amb informes periòdics sobre el seu compliment.
3. Impulsar mesures de suport i promoció perquè les empreses radiofòniques puguin conèixer i incorporar de manera fàcil i eficient el catàleg dartistes i produccions musicals en català, gallec, basc i occità, amb col·laboració amb entitats
públiques i privades del sector musical.
4. Fomentar la diversitat i la cohesió cultural mitjançant campanyes de sensibilització que posin en valor la riquesa de la música en les diferents llengües oficials, contribuint així a la normalització i difusió daquest patrimoni
immaterial entre el conjunt de la ciutadania.
5. Incorporar aquesta mesura en les polítiques públiques de foment de la música i de la indústria cultural, establint línies específiques de suport a la producció, difusió i internacionalització de la música en llengües cooficials, en
col·laboració amb les
administracions autonòmiques competents, dacord amb el marc dels drets culturals i lingüístics reconeguts als articles 3, 20 i 44 de la Constitució espanyola.»
Congrés dels Diputats, a 14 novembre de 2025.Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.Gabriel Rufián Romero, Portaveu del G. P. Republicá.
Comisión de Sanidad
161/002716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez De Millán Parro, David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a compensar en el IRPF a los españoles afectados de talidomida, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
De entre todas las desigualdades que sufren los españoles como consecuencia de un Sistema Nacional de Salud fraccionado y que genera desigualdades en función de la región de residencia, una de las más graves es la que han sufrido las
víctimas de la talidomida en España: un fármaco administrado de manera habitual en España a partir de los años 50 y a lo largo de varias décadas a embarazadas con náuseas1.
Los afectados por la talidomida en España no han logrado ejecutar la sentencia contra la farmacéutica Grünenthal para obtener una indemnización judicial, ya que el Tribunal Supremo rechazó en 2023 el último recurso de los afectados, cerrando
la vía judicial para una condena directa contra la empresa.
Por este motivo, el Estado se hizo cargo, de alguna manera, de responder a la necesidad de reconocimiento y apoyo solidario a las personas afectadas por la sustancia activa causante de las malformaciones, a través del Real Decreto 574/2023,
de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985.
Sin embargo, la asociación de víctimas (AVITE) ha denunciado que el Gobierno está incumpliendo sentencias firmes que obligan al IMSERSO a pagar estas ayudas reconocidas, lo que ha llevado a reclamar una reunión urgente y a la denuncia del
incumplimiento gubernamental en septiembre de 2025.
Por otro lado, los afectados por la talidomida en España que han logrado recibir las ayudas prometidas han recibido con indignación la retención deaproximadamente el 47 % de sus indemnizaciones por parte de Hacienda, la cual es aplicada como
si fueran «rendimientos del trabajo» y descontada directamente, sin que el afectado tenga que esperar a su declaración de la Renta. Esta medida ha sido rechazada por las asociaciones de víctimas, que denuncian que afecta de manera desproporcionada
a los afectados más perjudicados y que se aplica incluso a personas que nunca han trabajado debido a las secuelas del fármaco.
Las ayudas se han convertido pues, en otra negra lotería para estos afectados y que supone un agravio comparativo con otros grupos de afectados como, por ejemplo, los de VIH, que no tienen que soportar este impuesto.
Sólo algunas regiones como Navarra o País Vasco incluyeron las rentas recibidas por los afectados de la Talidomida como exentas de tributación por IRPF.
1 https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/talidomida.
Con esta PNL se pretende lograr que los afectados por este medicamento reciban una compensación a través del IRPF para aminorar los perjuicios que padecen a nivel económico: desde las dificultades para percibir ingresos suficientes mediante
su trabajo para su sustento y el de su familia hasta los cuidados y ayudas que muchas veces precisan en su día a día como consecuencia de su realidad corporal, así como evitar que se penalice fiscalmente a los que reciben las ayudas que se les
deben.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Compensar vía IRPF a todos los españoles afectados por la talidomida en España durante el período 1950-1985 por cualquier renta, ganancia patrimonial, pensión o ayuda pública de cualquier tipo y en cualquier concepto que se reciba
mediante una deducción en el tramo estatal por los cuidados médicos y asistenciales que recibe el paciente para el tratamiento de su discapacidad.
2. Considerar, a efectos fiscales, exentas en el IRPF las ayudas previstas en el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante
el período 1950-1985, así como cualquier renta, ganancia patrimonial, pensión o ayuda pública de cualquier tipo y en cualquier concepto que se reciba como afectado por la talidomida.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2025.David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Etna Estrems Fayos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el precio del
alquiler de habitaciones que deben afrontar los universitarios, para su debate en la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación.
Exposición de motivos
En los últimos meses, el acceso al alojamiento para estudiantes universitarios se ha vuelto cada vez más complicado en las capitales universitarias de Cataluña. Según informes recientes, las habitaciones para estudiantes han experimentado
subidas de precio de aproximadamente un 14 % con la llegada del curso académico.
En los últimos tres años, el alquiler de habitaciones se ha encarecido un 62 % en la ciudad de Barcelona. Se ha pasado de los 383 euros al mes de media en el año 2022 a los 648 euros al mes en la actualidad. En algunos casos, se han
detectado alquileres que llegan a los 2.500 euros mensuales, mientras que por la parte baja, no bajan de los 500 euros mensuales.
La situación en las demás capitales universitarias catalanas es similar. En Girona, el precio medio mensual del alquiler de las habitaciones es de 400 euros, en Tarragona de 370 euros y en Lleida de 320 euros.
La situación en la ciudad de Girona es cada vez más crítica. La oferta de alojamiento para estudiantes universitarios es insuficiente para cubrir la demanda creciente. Según datos recientes, la ciudad cuenta actualmente con unas 700 plazas
en residencias universitarias, pero la demanda supera ampliamente esa cifra. Se calcula que unas 150 personas se han quedado sin alojamiento en el inicio del curso 2025-2026. Esta escasez de plazas refleja un déficit estructural de cerca de 5.000
camas en la ciudad, según estimaciones sectoriales, y convierte a Girona en la ciudad universitaria con una mayor tasa de estudiantes por plaza de residencia.
En cuanto a los precios, oscilan entre los 400 y 550 mensuales en la mayoría de las residencias, aunque algunas opciones pueden superar los 600 mensuales. Estas tarifas, similares a las del mercado de alquiler de habitaciones privadas,
sitúan a los estudiantes en posición de vulnerabilidad, especialmente teniendo en cuenta que el precio medio del alquiler de un piso en Girona ha subido hasta los 827 mensuales, un 22 % más que el año anterior. La falta de oferta asequible obliga
a muchos estudiantes a buscar alternativas fuera de la ciudad o a compartir vivienda en condiciones precarias.
Esta tendencia agrava la percepción de que la vivienda constituye un obstáculo económico para muchos estudiantes, que llegan incluso a descartar universidades en función del coste de las habitaciones o alquileres disponibles.
El precio de la vivienda se ha convertido en un factor determinante a la hora de elegir la carrera universitaria. Está claro que esta situación crea desigualdad entre los jóvenes que residen en Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida y los
que deben ir a vivir para poder cursar las carreras universitarias.
Paradójicamente, esta situación se ha producido con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda que fija un tope de precios del alquiler. Esto es así porque los propietarios han encontrado mecanismos para eludir la
regulación fijada en la normativa.
Efectivamente, la Ley fija topes para los alquileres de larga duración, de 5 a 7 años, pero no para los contratos de uno a once meses o por habitaciones, que se han convertido en la brecha de los especuladores para seguir haciendo negocio
con la vivienda.
Aparte de los precios y de la imposibilidad de acceder a una vivienda, la práctica de ofrecer alquileres de corta duración se ha convertido en un problema añadido para los estudiantes porque no pueden contar con una situación estable, se ven
obligados a cambiar de vivienda constantemente, sobre todo cuando se acercan los meses de verano y los propietarios finalizan los contratos para ponerlos en el mercado.
Precisamente, Esquerra Republicana de Catalunya presentó una Proposición de Ley al Congreso de los Diputados para regular el alquiler de habitaciones y de temporada.
Por todo esto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Regular el precio de los alquileres de temporada y de habitaciones de acuerdo con la Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporal y alquiler de habitaciones (núm. Expe. 122/000136).
2. Tomar medidas urgentes para acabar con las desigualdades que causan los precios de la vivienda entre los estudiantes universitarios.
3. Tomar medidas urgentes para que la imposibilidad de conseguir una vivienda deje de ser un factor de discriminación por razón de clase en el acceso a estudios universitarios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2025.Etna Estrems Fayos, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Etna Estrems Fayo, a lempara del que sestableix en larticle 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre el preu del lloguer
dhabitacions que han dafrontar els universitaris, per al seu debat en la Comissió de Ciència, Universitats i Innovació.
Exposició de motius
En els darrers mesos, laccés a lallotjament per a estudiants universitaris sha tornat cada vegada més complicat a les capitals universitàries de Catalunya. Segons informes recents, les habitacions per a estudiants han experimentat
pujades de preu daproximadament un 14 % amb larribada del curs acadèmic.
Els últims tres anys, el lloguer dhabitacions sha encarit un 62 % a la ciutat de Barcelona. Sha passat dels 383 euros al mes de mitjana lany 2022 als 648 euros al mes en lactualitat. En alguns casos, shan detectat lloguers que
arriben als 2.500 euros mensuals, mentre que per la part baixa, no baixen dels 500 euros mensuals.
La situació a les altres capitals universitàries catalanes és semblant. A Girona, el preu mitjà mensual del lloguer dhabitacions és de 400 euros, a Tarragona de 370 euros i a Lleida de 320 euros.
La situació a la ciutat de Girona cada vegada és més crítica. Loferta dallotjament per a estudiants universitaris és insuficient per cobrir la demanda creixent. Segons dades recents, la ciutat disposa actualment dunes 700 places en
residències universitàries, però la demanda supera àmpliament aquesta xifra. Es calcula que unes 150 persones shan quedat sense allotjament a linici de curs 2025-2026. Aquesta escassetat de places reflecteix un dèficit estructural de prop de
5.000 llits a la ciutat, segons estimacions sectorials, i converteix Girona en la ciutat universitària amb una taxa més alta destudiants per plaça de residència.
Pel que fa als preus, oscil·len entre 400 i 550 mensuals a la majoria de residències, tot i que algunes opcions poden superar els 600 mensuals. Aquestes tarifes, similars a les del mercat de lloguer dhabitacions privades, situen els
estudiants en posició de vulnerabilitat, especialment tenint en compte que el preu mitjà del lloguer dun pis a Girona ha pujat fins als 827 mensuals, un 22 % més que lany anterior. La manca doferta assequible obliga molts estudiants a buscar
alternatives fora de la ciutat o a compartir habitatge en condicions precàries.
Aquesta tendència agreuja la percepció que lhabitatge constitueix un obstacle econòmic per a molts estudiants, que fins i tot arriben a descartar universitats en funció del cost de les habitacions o lloguers disponibles.
El preu de lhabitatge sha convertit en un factor determinant a lhora descollir la carrera universitària. És clar que aquesta situació crea desigualtat entre els joves que resideixen a Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida i els que hi
han danar a viure per poder cursar les carreres universitàries.
Paradoxalment, aquesta situació sha produït amb la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel Dret a lHabitatge que fixa un topall dels preus de lloguer. Això és així perquè els propietaris han trobat mecanismes per eludir la regulació fixada en la
normativa.
Efectivament, la Llei fixa topalls per als lloguers de llarga durada, de 5 a 7 anys, però no per als contractes dun a onze mesos o per habitacions, que shan convertit en lescletxa dels especuladors per continuar fent negoci amb
lhabitatge.
A banda dels preus i de la impossibilitat daccedir a un habitatge, la pràctica doferir lloguers de curta durada sha convertit en un problema afegit per als estudiants perquè no poden comptar amb una situació estable, es veuen obligats a
canviar dhabitatge constantment, sobretot quan sacosten els mesos destiu i els propietaris els tallen els contractes per posar-los al mercat turístic, i haver dafrontar els increments subsegüents.
Precisament, Esquerra Republicana de Catalunya va presentar una Proposició de Llei al Congrés dels Diputats per regular el lloguer dhabitacions i de temporada.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Regular el preu dels lloguers de temporada i dhabitacions dacord a la Proposició de Llei per la regulació dels contractes de lloguer temporal i lloguer dhabitacions (núm. Expe. 122/000136).
2. Prendre mesures urgents per acabar amb les desigualtats que els preus de lhabitatge causen entre els estudiants universitaris.
3. Prendre mesures urgents perquè limpossibilitat d'aconseguir un habitatge deixi de ser un factor de discriminació per raó de classe en l'accés als estudis universitaris.»
Congres dels Diputats, a 10 de novembre de 2025.Etna Estrems Fayos, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portaveu G. P. Republicá.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de la misión médica en zonas de crisis y conflicto y
fortalecimiento del derecho internacional humanitario, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La atención médica es un derecho que no debe ser puesto en peligro por ningún motivo, ni siquiera en crisis humanitarias y en conflictos armados. El Derecho Internacional Humanitario y la salvaguarda de los Derechos Humanos (DDHH) imponen
una serie de obligaciones como respetar y proteger al resto al sanitario y humanitario, sus equipos, medios de transporte y hospitales y asegurar que los heridos y los enfermos reciban, en la medida de lo posible. La atención medica que requieren,
estas obligaciones están amparadas también por los Convenios de Ginebra de 1949 y por las Resoluciones 2286 (2016) y 2573 (2021) aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas junto a la Resolución WHA46.39, adoptada por la Asamblea
Mundial de la Salud en 1993.
A pesar de estos reconocimientos, nos encontramos ante una situación crítica en la que, lejos de disminuir, los ataques contra las misiones médicas hospitales, clínicas, ambulancias y personal sanitario no cesan, afectando a miles de
personas en situación de enorme vulnerabilidad que carecen de acceso a la asistencia médica básica en momentos de extrema necesidad.
Según la OMS, entre enero de 2024 y agosto de 2025 se han documentado 2.450 ataques contra la atención sanitaria en 21 países o territorios con un resultado de 2.060
muertos y 2.395 heridos entre pacientes y sanitarios, sobre todo en Sudán, Ucrania y Gaza. Los ataques, ya sean deliberados o resultado de acciones indiscriminadas, o de errores, privan a la población civil de un servicio esencial cuando
sus necesidades son extraordinarias como consecuencia de la violencia directa o del grave deterioro de sus condiciones de vida. El problema va más allá del ataque al personal sanitario y de la destrucción física de instalaciones médicas,
situaciones que resultan en el desmantelamiento de sistemas enteros de atención sanitaria y cuyas consecuencias se extenderán durante generaciones.
Como representantes de la ciudadanía, deberíamos ser capaces de entender que la protección de la misión médica debe ser una prioridad global que afecta no sólo a las organizaciones humanitarias que operan en zonas de conflicto, sino también
a los principios humanitarios fundamentales, a la ética médica y a la dignidad humana. En virtud de los compromisos adquiridos por la comunidad internacional, no podemos permitir que se sigan socavando los principios fundamentales del Derecho
Internacional Humanitario.
En todo conflicto las partes implicadas no sólo deben abstenerse de atacar las instalaciones, el personal y los medios de transporte médicos, sino que deben tomar medidas activas para garantizar que estos puedan cumplir su función esencial
de salvar vidas. El Derecho Internacional Humanitario exige la protección de los centros y del personal sanitarios, el trato humano de los heridos y los enfermos, y prohíbe el uso indebido de los centros y vehículos sanitarios con fines militares.
Su instrumentalización pone en riesgo a la población civil y debilita la protección de los servicios de salud en los conflictos armados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar los actos de violencia, ataques y amenazas contra los heridos y enfermos, el personal sanitario y el personal humanitario dedicado exclusivamente a misiones médicas, sus medios de transporte y equipos, los hospitales y otros
establecimientos sanitarios sujetos a protección y que constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, y exigir el fin inmediato de esas prácticas.
2. Continuar su labor proactiva en favor del establecimiento de mecanismos internacionales de investigación independientes, así como profundizar en los ya existentes e igualmente, permitir determinar las circunstancias en las que se
producen los ataques a las instalaciones y misiones médicas, con vistas a mejorar la rendición de cuentas estableciendo acciones claras que combatan la impunidad.
3. Seguir afianzando en el seno de los organismos internacionales la adopción de los mecanismos existentes, así como promover nuevos mecanismos para garantizar la protección efectiva del personal sanitario y de las infraestructuras médicas
en zonas de conflicto, además de favorecer la prestación de la atención sanitaria en diferentes situaciones mediante la, opción de exenciones humanitarias en la legislación interna, conforme a lo establecido por la Resolución 2286 (2016) y 2573
(2021) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
4. Fortalecer la diplomacia humanitaria, haciendo un esfuerzo decidido para proteger y defender a todos los organismos y entidades que promueven actividades humanitarias estrictamente imparciales, a fin de garantizar el acceso a la
asistencia médica de manera segura y sin trabas.
5. Reforzar los mecanismos de supervisión y aplicación del Derecho Internacional Humanitario, asegurando que los centros sanitarios sigan siendo espacios seguros.
6. Reforzar la formación sobre las normas que protegen la prestación de asistencia sanitaria y sobre las sanciones aplicables, así como los derechos y responsabilidades de todo el personal de atención sanitaria, incluyendo los principios
éticos.
7. Impulsar acciones de difusión y sensibilización sobre la protección de la misión médica, dirigidas a la población en general y a los sectores especializados.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2025.María Luisa García Gurrutxaga, Susana Ros Martínez, Luc Andre Diouf Dioh, Mª Isabel Moreno Fernández, Gabriel Blanco Arrué, Olvido de la Rosa Baena, Lídia Guinart Moreno,
Cristina López Zamora, José Losada Fernández, Jonay Quintero Hernández, David Serrada Pariente y Alba Soldevilla Novials, Diputados.Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Juventud e Infancia
161/002704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley sobre la incorporación a la Seguridad Social de las personas acogedoras especializadas de
dedicación exclusiva, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia modificó la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer que, en aquellos casos en los que los niños y las niñas se encuentren, por diferentes circunstancias, en situación de guarda o tutela por las Entidades Públicas de Protección a la Infancia, el acogimiento
familiar debe ser prioritario sobre el acogimiento residencial. Con ello se persigue que la infancia tenga un desarrollo emocional más sano y mejores vínculos afectivos.
Por otra parte, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fue modificada por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que daba una nueva redacción al artículo 20. Esta nueva redacción recoge la figura del acogimiento especializado, entendiendo por tal el que se desarrolla en una familia en la
que alguna o algunas de las personas que integran la unidad familiar dispone de cualificación, experiencia o formación específica para desempeñar esta función respecto de personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales, pudiendo
percibir por ello una compensación.
Se establece, además, que el acogimiento especializado podrá ser de dedicación exclusiva cuando así se determine por la Entidad Pública por razón de las necesidades y circunstancias especiales del niño, niña o adolescente en situación de ser
acogido, percibiendo en tal caso la persona o personas designadas como acogedoras una compensación en atención a dicha dedicación.
Por otra parte, la disposición adicional novena de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia establece que, reglamentariamente, el Gobierno determinará el alcance y
condiciones de la incorporación a la Seguridad Social de las personas que sean designadas como acogedoras especializadas de dedicación exclusiva, a las que se refiere el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en el régimen que les
corresponda, así como los requisitos y procedimiento de afiliación, alta y cotización.
En este marco, resulta necesario culminar el desarrollo reglamentario que regule los requisitos y procedimiento para la afiliación, alta y cotización de las personas acogedoras
especializadas de dedicación exclusiva que perciben una compensación económica por esta actividad. Este avance, sin duda, redundará en el desarrollo de este tipo de acogimiento y, en consecuencia, de la mejora de la protección de las niñas,
niños y adolescentes que la necesiten.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar reglamentariamente el alcance y condiciones de la incorporación a la Seguridad Social de las personas que sean designadas como acogedoras especializadas de dedicación exclusiva,
previstas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Régimen que les corresponda, así como los requisitos y
procedimiento de afiliación, alta y cotización.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.Emilia Almodóvar Sánchez, Lázaro Azorín Salar, Víctor Camino Miñana, Gabriel Blanco Arrúe, Esther Rodríguez Suárez, Oriol Almirón Ruiz, Ana Cobo Carmona, Olvido de la Rosa Baena,
M.ª Isabel Moreno Fernández, Jonay Quintero Hernández, Inés Plaza García y Ada Santana Aguilera, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reducir impuestos y burocracia a
los autónomos y fomentar el emprendimiento juvenil, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
El Gobierno de España planteó en el cuarto trimestre de 2025 una nueva subida de las cuotas de cotización a la Seguridad Social para los trabajadores autónomos a partir de 2026. Según la propuesta, las cuotas aumentarían entre un 4 % y un
35 %, dependiendo del tramo de ingresos, provocando incrementos entre 17 y más de 200 euros al mes. Así, un autónomo que ingrese 670 euros mensuales o menos debería pagar una cuota mínima de 217 euros al mes, una cifra que hace inviable la
subsistencia de miles de pequeños emprendedores y trabajadores por cuenta propia. Esta medida supondría, una vez más, un nuevo sablazo a los españoles que sostienen con su esfuerzo el tejido productivo de nuestro país.
La propuesta fue rechazada de forma contundente por las principales asociaciones de autónomos. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, calificó esta subida de «sablazo
inasumible para muchos autónomos», advirtiendo de que la medida obviaba «la realidad de quienes generan empleo y riqueza en España».
Lejos de favorecer la actividad económica, esta subida se suma a un entorno fiscal cada vez más asfixiante. La clase media española (motor económico y social del país) se encuentra en un proceso de empobrecimiento continuado. El salario
modal en España apenas alcanza los 15.989 euros anuales, y el 67 % de la población percibe rentas inferiores a 29.000 euros al año.
Esta situación afecta de manera especialmente grave a los jóvenes: España se encuentra a la cola de Europa en emprendimiento juvenil, con solo un 2,4 % de jóvenes entre 25 y 34 años que son empresarios, una de las tasas más bajas de la
OCDE. Las dificultades para emprender, las cuotas elevadas y la falta de incentivos están expulsando del mercado a una generación que debería ser protagonista del relevo productivo y de la innovación económica del país.
Pese a esta realidad, el Gobierno insiste en incrementar la presión fiscal («tara positiva») sobre quienes más contribuyen a la economía real, en lugar de impulsar políticas que incentiven la productividad y la creación de riqueza.
Según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), un 47,8 % de la población española declara tener dificultades para llegar a fin de mes. En este contexto, subir impuestos y cuotas a los
autónomos resulta socialmente insostenible y económicamente contraproducente.
El tejido productivo (formado mayoritañamente por autónomos y pymes) está siendo desplazado por la falta de incentivos, el aumento de la burocracia y el incremento de cargas fiscales. Además, esta subida de cuotas se plantea sin consenso
político ni social: no hay acuerdos para los Presupuestos Generales del Estado, ni para aprobar reformas estructurales, pero sí los hay para imponer nuevos sacrificios a quienes mantienen el país en marcha.
Frente a este modelo de más impuestos y más trabas, el Partido Popular propone una alternativa real y europea: La aplicación de la Directiva (UE) 2020/285, que permite implantar el llamado régimen de IVA franquiciado. Esta norma, que ya se
aplica en la mayoría de los países de la Unión Europea, permitiría que los autónomos y pequeñas empresas con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros queden exentos de declarar y pagar el IVA trimestral, simplificando sus obligaciones fiscales.
De hecho, España es actualmente el único país del entorno europeo que aún no ha aplicado plenamente esta Directiva, pese a que el plazo de transposición expiró el 31 de diciembre de 2024.
La implantación de este régimen supondría un alivio inmediato para cientos de miles de autónomos, reduciría la carga burocrática y administrativa, y permitiría centrar los esfuerzos en crear valor y empleo.
En definitiva, el Partido Popular defiende un modelo económico que apueste por los jóvenes, por el trabajo, la productividad y la libertad de empresa, frente a un modelo de más impuestos, más trabas y menos oportunidades. Porque no se trata
de recaudar más, sino de permitir que los españoles puedan producir, crecer y vivir mejor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aplicar la Directiva (UE) 2020/285, estableciendo el régimen de IVA franquiciado para autónomos y pequeñas empresas con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales, de modo que queden exentos de declarar y pagar el IVA trimestral,
reduciendo así la presión fiscal sobre el tejido productivo y los nuevos emprendedores.
2. Simplificar las obligaciones fiscales, sustituyendo las declaraciones trimestrales por dos semestrales, y por una única declaración en el caso de nuevos autónomos durante su primer semestre de actividad, favoreciendo especialmente el
emprendimiento joven y el inicio de nuevos proyectos empresariales.
3. Reducir la burocracia y el papeleo que lastra la actividad de los autónomos, favoreciendo un sistema más ágil, simple y orientado a la creación de riqueza, empleo y oportunidades para los jóvenes emprendedores.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Miguel Ángel Sastre Uyá, Juan Bravo Baena, Carmen Fúnez de Gregorio, Ana Isabel Alós López, Beatriz Jiménez Linuesa, Cristina Abades Martínez, Juan Andrés Bayón Rolo, Violante
Tomás Olivares, Beatriz Álvarez Fanjul, Óscar Clavell López, Ainhoa
Molina León, Sandra Pascual Rocamora, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco, Bella Verano Domínguez, Raquel Clemente Muñoz, Mirian Guardiola Salmerón, Daniel Pérez Osma y Patricia Rodríguez Calleja,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/002719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Andrés Alberto Rodriguez Almeida, Carina Mejías Sánchez Y Rocío Aguirre Gil de Biedma, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para denunciar la corrupción del Gobierno y su colonización de las instituciones públicas, para su discusión en la Comisión para la
auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
En los últimos tiempos, los españoles observan con estupefacción e indignación los continuos casos de corrupción y sus detalles escabrosos en los telediarios y titulares de prensa de cada día. La trama PSOE es el nombre de pila común a una
multitud de corruptelas con distintos apellidos: el caso Begoña Gómez, el caso Santos Cerdán, el caso Deley Rodríguez, el caso hidrocarburos, el caso David Sánchez, el caso Alvaro García Ortiz, el caso Leire Diez, el caso Mediador, el caso
Isofotón, la corrupción moral del Gobierno a la hora de negociar la investidura de Pedro Sánchez con Junts mediante la amnistía como moneda de cambio y un largo etcétera.
De hecho, parece que el fenómeno de la corrupción era ya un modus vivendi para Pedro Sánchez y el resto del PSOE desde antes de tomar posesión como presidente de Gobierno en junio de 2018, como se está demostrando en el caso Koldo1.
A las actividades corruptas se suma la táctica de colonización de las instituciones públicas por parte de personas afines o estrechamente vinculados a los partidos que conforman el Gobierno, especialmente el PSOE. En el ámbito de RTVE, por
ejemplo, su alineamiento con el Gobierno es algo evidente tras los últimos nombramientos de los miembros de su Consejo de Administración. Además, se aumentaron de 11 a 15 mediante el Real Decreto-ley 5/2024, de 22 de octubre, por el que se modifica
la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación RTVE, el cual fue convalidado en el hemiciclo, para mayor escarnio, el día que
decenas de miles de españoles sufrieron las consecuencias de la DANA. Dado que la mayoría 11 se elige por el Congreso de los Diputados, donde actualmente el PSOE y sus aliados tienen mayoría, el Gobierno se aseguró así su control. En
consecuencia, se ha profundizado aún más en la ideologización de RTVE y en la manipulación mediática de los españoles
1 «Según la UCO, entre 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto mediante transferencias como en metálico, de su expartido»:
https://www.democrata.es/actualidad/uco-apunta-entregas-psoe-abalos-efectivo-respaldo-documental-informacion-aportada-partido/
en pro de los intereses del PSOE, de la extrema izquierda y del separatismo desde la radiotelevisión pública2.
Este caso no es el único. El Gobierno lleva años realizando una política de nombramientos partidistas en puestos directivos y estratégicos del Estado en cuya posesión deberían estar personas de reconocido prestigio por su servicio a los
intereses de España, y no a los intereses del PSOE y de sus aliados de la extrema izquierda y del separatismo. Hay ejemplos a raudales:
1. Magistrados del Tribunal Constitucional (el exministro de Justicia de Pedro Sánchez y el presidente, Cándido Conde-Pumpido, quien fue Fiscal General del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero) y vocales del Consejo General del Poder
Judicial (con la necesaria complicidad del PP);
2. miembros del Consejo de Estado (Magdalena Valerio y Carmen Calvo, nombradas sucesivamente presidentes cuando no reunían los requisitos legales para ello el nombramiento de la primera ha llegado a ser anulado judicialmente3);
3. el Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz, acusado por la comisión de un delito de revelación de secretos en un procedimiento penal y cuyo mandato ha estado presidido por un constante ejercicio de partidismo y sectarismo;
4. el Tribunal de Cuentas, cuya actual presidente, Enriqueta Chicano, fue candidata al Senado por el PSOE en el año 2000, actualmente despierta.dudas sobre los motivos reales de su nombramiento por su estrecha relación con Santos Cerdán4:
«el objetivo era tapar la financiación ilegal del PSOE o no fiscalizar el crowdfunding de Sánchez»5;
5. el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, bajo cuya dirección la entidad ha perdido todo su prestigio y rigurosidad demoscópica;
6. el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, quien fuera entre 2018 y 2021 secretario de Estado de Comunicación;
7. la presidente de la SEPI, Belén Gualda, quien ejerció varios cargos en la Junta de Andalucía durante los Gobiernos socialistas entre 2008 y 2019 y colaboradora estrecha de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero;
8. el actual presidente de Correos, Pedro Saura, cuyo nombre aparece en los informes de la investigación de la UCO sobre la trama de corrupción en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante el mandato de José Luis
Ábalos, así como su predecesor, Juan Manuel Serrano Quintana, quien antes de ser presidente entre 2018 y 2023 ejerció desde 2014 como jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE;
9. el presidente de AENA, Mauri Lucena, quien fue diputado del PSC en el Parlamento de Cataluña entre 2012 y 2015;
10. la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, señalada por su responsabilidad en el apagón eléctrico del pasado 28 de abril de 2025, que afectó a España, Portugal y Francia, fue ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez
Zapatero;
11. la presidencia de Paradores de Turismo de España está en manos de Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de Pedro Sánchez entre 2021 y 2023;
2 Solo en 2024 y 2025, RTVE destinó 24.124.636,52 euros para la producción de magacines políticos de claro sesgo izquierdista: Mañaneros 360, Malas lenguas y Directo al grano, producidas por La Cometa, Big Bang Media y La Osa,
respectivamente.
3 https://elpais.com/espana/2025-03-20/magdalena-valerio-regresa-como-consejera-al-consejo-de-estado-tras-anular-el-supremo-su-designacion-como-presidenta.html
4 https://gaceta.es/espana/asi-se-gano-enriqueta-chicano-la-presidencia-del-tribunal-de-cuentas-para-perseguir-a-vox-20250704-1104/
5 https://www.libertaddigital.com/espana/2025-09-21/santos-cerdan-exigio-a-enriqueta-chicano-para-presidir-el-tribunal-de-cuentas-7297962/
12. la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se encuentra bajo la presidencia y dirección de Isabel Valldecabres Ortiz, exdirectora del gabinete de la vicepresidente Carmen Calvo entre 2018 y 2021;
13. y hasta 40 entidades públicas sólo a nivel nacional6 (Administración General del Estado) se encuentran bajo la supervisión y responsabilidad de personalidades cercanas al PSOE no por su mérito, capacidad o experiencia sino por su
cercanía a altos cargos de ese partido.
A todo ello se suman casos como los de Leire Diez, exmilitante del PSOE y actualmente imputada por tráfico de influencias y cohecho y quien ha formado parte de una trama con empresarios y abogados con el objeto de influir en la acción de la
Justicia y obtener información comprometedora de miembros de la Guardia Civil y fiscales anticorrupción. Su fin: favorecer los intereses procesales y políticos del PSOE.
Como se ve, hay un elemento común a toda lo anteriormente referenciado: el ansia de poder y control de todas las esferas públicas con el fin de perpetuarse en La Moncloa. Como respuesta firme y contundente, VOX no ha dejado de denunciar
desde la calle, desde los tribunales y desde su entrada en las instituciones a un auténtico «Gobierno de la mafia» a través de multitud de acciones en tales ámbitos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cesar en sus continuos ataques a la Justicia, y colaborar plenamente en el esclarecimiento de la trama de corrupción en el seno del Partido Socialista Obrero Español que vincula a numerosos miembros del Gobierno y a la familia y entorno
más cercano de su Presidente.
2. Cesar, por medio de su Presidente, a la Vicepresidente primera del Gobierno y ministra de Hacienda por su responsabilidad política derivada de las gravísimas sospechas de corrupción que recaen sobre su ministerio.
3. Cesar, por medio de su Presidente, al ministro del Interior y a la Directora General de la Guardia Civil por su manifiesta dejación de funciones en la defensa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ante los ataques
recibidos y especialmente frente a las operaciones urdidas por una militante del Partido Socialista Obrero Español contra dicha unidad y sus mandos.
4. Abandonar su inaceptable actitud de colonización de las principales instituciones del Estado por personas afines a los partidos que lo soportan en esta Cámara.
5. Manifestar el más absoluto respeto por la actuación de todos los servidores públicos, y garantizar la imparcialidad y profesionalidad de dicha actuación para esclarecer y perseguir las posibles acciones delictivas mencionadas.
6. Poner fin a la gravísima degradación institucional promovida desde el Gobierno de la Nación, la cual amenaza con romper la unidad y la igualdad de los españoles y quebrar nuestro Estado de Derecho.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2025.Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Rocío Aguirre Gil de Biedma, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
6 https://www.eldebate.com/espana/20240623/sanchez-coloniza-40-entidades-publicas-lideradas-socialistas-afines_207394.html
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ángel López Maraver, Francisco José Alcaraz Martos, Manuel Mariscal Zabala, David García Gomis y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a realizar mejoras en el tramo de la A-77a en la provincia de Alicante y el resto de tramos
más peligrosos en España para reducir la siniestralidad vial, para su discusión en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Es una máxima universal que en materia de seguridad vial uno de los objetivos más importantes es reducir las probabilidades de siniestralidad vial. A la hora de abordar el trazado de un tramo de carretera este es sin duda uno de los
criterios que se tienen en cuenta. En España, aunque se toma en consideración este aspecto cuando se van a acometer labores de diseño, construcción y conservación de nuestra red viaria, la existencia de puntos negros es todavía hoy en día habitual,
desgraciadamente.
Según la DGT, los puntos negros en la Red de Carreteras del Estado son aquellos tramos kilométricos concretos donde los accidentes con heridos y fallecimientos son más habituales de lo normal por sus altos niveles de peligrosidad para los
conductores, ya sea por su localización, por las complicaciones del trazado o por otra clase de singularidades (falta de visibilidad, v. gr.).
De acuerdo con el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA)1, elaborado a partir de los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el tramo de carretera con más accidentes y víctimas de España se sitúa en
Alicante. Concretamente, en la A-77a: «El documento sitúa así a la provincia de Alicante en el centro del mapa de la siniestralidad vial en España. En concreto, revela que el kilómetro cero de la autovía A-77a es el punto con mayor número de
accidentes y víctimas de toda la Red de Carreteras del Estado. El informe toma los datos registrados entre 2019 y 2023 en este tramo de carretera, donde se acumulan 104 accidentes de tráfico que dejaron un total de 150 personas heridas o
fallecidas. De este modo, este punto de la A-77a en Alicante es el más conflictivo de las carreteras de España, en cifras absolutas»2.
Asimismo, la AEA señala que, en este punto kilométrico cero de la A-77a, el IMD, es decir, la Intensidad Media Diaria de tránsito de vehículos es de 36.304. Esto significa que miles de conductores se arriesgan sobremanera cada día en este
tramo. Se trata de una cantidad de vehículos muy por encima del segundo tramo más peligroso de la provincia, el punto kilométrico 730 de la N-340 (8.974)3. Igualmente, si se toma por magnitud comparativa el del número de heridos o víctimas
mortales: 150 frente a 304.
De esta manera, la AEA llama la atención sobre la necesidad de abordar mejoras en este tramo de carretera y tantos otros donde la siniestralidad vial es elevada. Es más, la AEA denuncia que es responsabilidad del Gobierno y no de los
españoles hacer frente a esta situación: «(los datos) reflejan un problema estructural de congestión y diseño vial, más que de imprudencia individual. La combinación de tráfico interurbano y urbano, junto con la confluencia de varios ramales,
incrementa el riesgo de colisiones y salidas de
1 https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/epi/public/content/file/original/2025/1021/11/270-carreteras-comunidades-2025-pdf-3.pdf
2 https://www.todoalicante.es/alicante-provincia/tramo-carretera-accidentes-victimas-alicante-20251021115325-nt.html
3 https://aeaclub.org/carreteras-mas-peligrosas-comunidad-valenciana/.
4 Idem.
vía»5. Para resolver este problema, la AEA propone: «mejorar la señalización, la visibilidad y la fluidez del tráfico en tramos de este tipo, donde un pequeño error o una distracción pueden desencadenar choques en cadena»6.
En definitiva, resulta esencial tomar cuantas medidas sean necesarias para reducir la siniestralidad en ese tramo mortal de la A-77a dado su elevado número de incidentes de tráfico, como ha contabilizado la AEA con datos oficiales.
Asimismo, el Gobierno debe esforzarse por reducir los heridos y víctimas de tráfico en todos los puntos negros de la geografía nacional7 a fin de que los españoles puedan transitar por ellos con la máxima tranquilidad y la mayor seguridad vial
posible.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar cuantas medidas sean necesarias en materia de señalización, visibilidad y fluidez del tráfico, así como cualquier obra y mejoras adecuadas, en el tramo de la A-77a de la provincia de Alicante para reducir la siniestralidad vial
en el mismo.
2. Actualizar la información disponible sobre los tramos con mayor siniestralidad de la red de carreteras de España, con el objetivo de prevenir a los conductores mientras no se realicen las mejoras y obras necesarias para reducir su
peligrosidad.
3. A nivel nacional, impulsar cuantas medidas sean necesarias para reducir la siniestralidad en los puntos negros identificados por la DGT, incluyendo, entre otras, mejoras en el trazado de las carreteras, así como en las señalización de
las mismas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2025.Ángel López Maraver, Francisco José Alcaraz Martos, Manuel Mariscal Zabala, David García Gomis y José María Sánchez García, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002746
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo del dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la construcción de la Rolda Oeste en el Concello de Fene para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El Concello de Fene presenta una singular configuración territorial e industrial, con una elevada densidad de población y con la presencia de una de las principales infraestructuras industriales del Estado, Navantia Fene, cuyos terrenos
suman un millón de metros cuadrados, y en los que se fabrican actualmente megaestruturas para la industria eólica marina.
El acceso a estas instalaciones por parte de transporte pesado debe realizarse por la carretera N-651 o de la AP-9 y AC-115, atravesando zonas urbanas consolidadas, lo que
5 https://www.todoalicante.es/alicante-provincia/tramo-carretera-accidentes-victimas-alicante-20251021115325-nt.html
6 Idem.
7 https://aeaclub.org/puntos-negros/.
genera importantes problemas de tráfico, seguridad vial e impacto ambiental, además de limitar la capacidad logística de la factoría.
Sin embargo, tanto el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Fene, como el Plan de Carreteras de Galiza, recogen la previsión de una nueva vía de conexión entre el Polígono Industrial de Vilar do Colo, en el Rego da Moa, y la entrada
principal de Navantia Fene, la conocida cómo Rolda Oeste, que permitiría unir de forma directa la AP-9 y el inicio de la Ponte das Pías, nuevamente en la N-651, canalizando el tráfico de mercancías y el pasante, y reduciendo así la presión sobre el
núcleo urbano.
Esta actuación permitiría, no solo garantizar una mejor conexión del tráfico pesado de mercancías y un paso seguro de las megaestruturas destinadas a la planta de Navantia, sino también desarrollar políticas de humanización y calmado del
tráfico en la Avenida Naturales de Fene, principal eje viario del ayuntamiento, mejorando la calidad de vida del vecindario y la movilidad peatonal.
Por todo el expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Elaborar el estudio informativo y técnico necesario para la construcción de la Rolda Oeste de Fene, conectando el Polígono de Vilar do Colo con la entrada principal del astillero de Navantia Fene.
2. Incluir esta actuación en los planes de infraestructuras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de mejorar la seguridad viaria y la competitividad industrial de la comarca de Ferrol.
3. Coordinar este proyecto con el Concello de Fene y la Xunta de Galiza, garantizando su integración territorial y la compatibilidad ambiental y urbanística.
4. Paralelamente, prever el desarrollo de actuaciones de humanización e integración en la trama urbana de la travesía de la N-651 en el Concello de Fene.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á construción da Rolda Oeste no Concello de Fene para o seu debate na Comisión de Seguranza Viaria.
Exposición de motivos
O concello de Fene presenta unha singular configuración territorial e industrial, cunha elevada densidade de poboación e coa presenza dunha das principais infraestruturas industriais do Estado, Navantia Fene, cuxos terreos suman un millón de
metros cadrados, e nos que se fabrican actualmente megaestruturas para a industria eólica mariña.
O acceso a estas instalacións por parte de transporte pesado debe realizarse pola estrada N-651 ou da AP-9 e AC-115, atravesando zonas urbanas consolidadas, o que xera importantes problemas de tráfico, seguranza viaria e impacto ambiental,
ademais de limitar a capacidade loxística da factoría.
Porén, tanto o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Fene, como o Plan de Estradas da Galiza, recollen a previsión dunha nova vía de conexión entre o Polígono Industrial de Vilar do Colo, no Rego da Moa, e a entrada principal de
Navantia Fene, a
coñecida como Rolda Oeste, que permitiría unir de forma directa a AP-9 e o inicio da Ponte das Pías, novamente na N-651, canalizando o tráfico de mercadorías e o pasante, e reducindo así a presión sobre o núcleo urbano.
Esta actuación permitiría, non só garantir unha mellor conexión do tráfico pesado de mercadorías e un paso seguro das megaestruturas destinadas á planta de Navantia, senón tamén desenvolver políticas de humanización e calmado do tráfico na
Avenida Naturais de Fene, principal eixo viario do concello, mellorando a calidade de vida da veciñanza e a mobilidade peonil.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Elaborar o estudo informativo e técnico necesario para a construción da Rolda Oeste de Fene, conectando o Polígono de Vilar do Colo coa entrada principal do estaleiro de Navantia Fene.
2. Incluír esta actuación nos plans de infraestruturas do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, co obxectivo de mellorar a seguridade viaria e a competitividade industrial da comarca de Ferrol.
3. Coordinar este proxecto co Concello de Fene e a Xunta de Galiza, garantindo a súa integración territorial e a compatibilidade ambiental e urbanística.
4. Paralelamente prever o desenvolvemento de actuacións de humanización e integración na trama urbana da travesía da N-651 no concello de Fene.»
En Madrid, a 14 de novembro de 2025.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz do GP Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001490
Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Carlos Rojas García, Belén Hoyo Juliá y Carlos Floriano Corrales, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿A qué personas ha concedido el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pasaportes diplomáticos desde el año 2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Carlos Rojas García, Belén Hoyo Juliá y Carlos Floriano Corrales, Diputados.
Comisión de Defensa
181/001495
Fèlix Alonso Cantorné, Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.
¿Tiene intención el Gobierno de subsanar el grave perjuicio que se origina al cónyuge de un suboficial que fallezca, a partir de los 58 años Grupo A2 y antes del día de su pase a la situación de reserva y ascenso al empleo de teniente, por
contradicción entre Leyes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2025.Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
Fèlix Alonso Cantorné, Grup Parlamentari Plurinacional Sumar.
¿Té intenció el Govern de subsanar el grau perjudici que sorigina al cònjuge dun suboficial que mori, a partir dels 58 anys Grup A2 i abans del dia del seu pas a la situació de reserva i ascens al lloc de tinent, per contradicció entre
lleis?
Palau del Congrés dels Diputats, a 13 de novembre de 2025.Fèlix Alonso Cantorné, Diputat.
181/001496
Fèlix Alonso Cantorné, Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.
¿Tiene intención el Gobierno de iniciar los trámites para la modificación de la Ley 46/2015 de modo que reconozca lo siguiente: «Ascenso de suboficiales al empleo de teniente que hayan prolongado la vida laboral, después de haber cumplido
los 58, 59 y 61 años, con antigüedad tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha en que cumplieron dicha edad» y, por lo tanto se reconozca el ascenso a título póstumo en caso de fallecimiento, de manera que su cónyuge tenga derecho a la
pensión de viudedad calculada conforme al Grupo A1?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2025.Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
Fèlix Alonso Cantorné, Grup Parlamentari Plurinacional Sumar.
¿Té intenció el Govern diniciar els tràmits per a la modificació de la Llei 46/2015 de manera que reconegui el següent: «Ascens de suboficials al lloc de tinent que hagin perllongat la vida laboral, després dhaver complert els 58, 59 y 61
anys, amb antiguïtat, temps de serveis i efectes econòmics des de la data en què es va complir lesmentada edat i, per tant, es reconegui lascens a títol pòstum en cas de mort, de manera que el cònjugue tingui dret a la pensió de viudetat calculada
conforma al Grup A1?
Palau del Congrés dels Diputats, a 13 de novembre de 2025.Fèlix Alonso Cantorné, Diputat.
181/001497
Fèlix Alonso Cantorné, Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.
¿Tiene intención el Gobierno de promover las acciones oportunas e inmediatas que permitan a los actuales militares de complemento en situación de Reserva de Especial Disponibilidad reincorporarse voluntariamente a Unidades dentro del área
geográfica en la que tengan ubicado su domicilio para permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de pase a la reserva y sin ningún tipo de limitación por razón de empleo, cubriendo puestos de la estructura de los Ejércitos o el Órgano Central
de la Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2025.Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
Fèlix Alonso Cantorné, Grup Parlamentari Plurinacional Sumar.
¿Té intenció el Govern de promoure les acció oportunes i immediates que permetin als militars actuals de complement en situació de Reserva dEspecial Disponibilitat reincorporar-se voluntàriament a Unitats dins de làrea geogràfica en la que
tinguin ubicat el seu domicili per romandre a les Forces Armades fins ledat de passada a la reserva i sense cap mena de limitació per raó de feina, cobrint els llocs de lestructura dels Exèrcits o lÒrgan Central de la Defensa?
Palau del Congrés dels Diputats, 13 de novembre de 2025.Fèlix Alonso Cantorné, Diputat.
181/001498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alberto Teófilo Asarta Cuevas.
Dirigida a Ministra de Defensa.
¿Cómo pretende el Gobierno, en este caso el Ministerio de Defensa, paliar el déficit en plantillas en todos los cuerpos y escalas, debido a la falta de atractivo de la Carrera Militar entre nuestros jóvenes por las condiciones económicas y
laborales que éste lleva aparejada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Alberto Asarta Cuevas, Diputado.
181/001499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alberto Teófilo Asarta Cuevas.
Dirigida a Ministra de Defensa.
¿Cuál es el estado actual de los Programas Especiales de Modernización, especialmente los relativos al Spike, el SILAM y, sobre todo, el VCR 8x8 Dragón,
necesario y fundamental para la operatividad y seguridad de los miembros del Ejército de Tierra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Alberto Asarta Cuevas, Diputado.
181/001500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alberto Teófilo Asarta Cuevas.
Dirigida a Ministra de Defensa.
¿Qué planes tiene el Ministerio de Defensa para llegar a la cifra de 140.000 efectivos en las Fuerzas Armadas, que es lo que se estima necesario para la operatividad y los compromisos adquiridos por España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2025.Alberto Asarta Cuevas, Diputado.
181/001501
Txema Guijarro García, Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.
El Ministerio de Defensa ha anunciado la concesión de créditos por valor de 14.200 millones de euros para financiar 30 programas de la industria militar, con la participación de Navantia, Indra y Airbus en el 98 % de los fondos; se trata de
la mayor partida presupuestaria dedicada a este fin, por ello se pregunta:
¿Cuáles son los 30 programas y en qué medida cumplen los compromisos de capacidades asumidos por el Ministerio de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2025.Txema Guijarro García, Diputado.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001492
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Elaborará el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el estudio informativo y técnico necesario para la construcción de la denominada Ronda Oeste, que conectará el Polígono de Vilar do Colo con la entrada principal del astillero
Navantia Fene?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2025.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Elaborará o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel o estudo informativo e técnico necesario para a construción da denominada Rolda Oeste que permitirá conectar o Polígono de Vilar do Colo coa entrada principal do estaleiro de
Navantia Fene?
En Madrid, a 12 de novembro de 2025, Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz do GP Mixto.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001484
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Qué medidas pondrá en marcha el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para paliar los efectos negativos para la flota pesquera gallega de confirmarse los recortes anunciados en el acuerdo del Consejo de Ministros de la UE sobre
cuotas y TAC para 2026?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2025.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Que medidas porá en marcha o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para paliar os efectos negativos para a frota pesqueira galega de confirmárense os recortes anunciados no acordo do Consello de Ministros da UE sobre as cotas e
TACs para 2026?
En Madrid, a 21 de noviembre do 2025.Néstor Rego Candamil, Diputado do BNG Portavoz do GP Mixto.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001489
Juan Antonio Rojas Manrique, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acabar al 100 % la obra de la ampliación de la depuradora de Santa Cruz de Tenerife que lleva acumulados 3 años de retrasos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.Juan Antonio Rojas Manrique, Diputado.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/001485
María Soledad Cruz-Guzmán García, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
¿A qué espera el Gobierno para reorientar su política de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputada.
181/001486
Miguel Ángel Sastre Uyá, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué piensa ofrecer el Gobierno a los jóvenes para que comprar una vivienda deje de ser una misión imposible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.Miguel Ángel Sastre Uyá, Diputado.
181/001487
Cristina Agüera Gago, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Está el Gobierno preocupado por la okupación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.Cristina Agüera Gago, Diputada.
181/001488
Sergio Sayas López, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Entiende el Gobierno la diferencia entre imponer y consensuar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.Sergio Sayas López, Diputado.
181/001491
A la Mesa del Congreso
Alberto Ibáñez Mezquita, Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Dirigida a Secretario de Estado de Vivienda.
¿Tiene previsto el Gobierno de España prorrogar la moratoria antidesahucios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2025.Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.
181/001493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
¿Qué políticas de vivienda se pueden hacer con 52.000 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2025.Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/028437
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Valero Morales, Juan Antonio (GSUMAR)
Opinión del Gobierno acerca de si los deslindes de dominio público de los humedales de la Janda en su día aprobados por el Estado son plenamente válidos y en consecuencia existen miles de hectáreas de terrenos de dominio público hidráulico
de titularidad estatal que actualmente están ocupados sin concesión y acciones previstas al respecto.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr.
Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, el miembro de la cámara que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
Exposición de motivos
El Gobierno de España ha venido manifestando, a través de reiteradas declaraciones públicas de responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de documentos como el «Plan Estratégico de Humedales a 2030»
(aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó, en su reunión de 23
de noviembre de 2022 y publicitado mediante Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente) su voluntad de poner en marcha actuaciones para la recuperación de humedales en la zona de la laguna de la Janda
(Cádiz), en concreto el citado Plan Estratégico de Humedales se marca como objetivo la restauración, antes de 2030, de al menos 1.000 ha de la antigua Laguna.
El principal escollo para el cumplimento de dicho objetivo es la disponibilidad de terrenos para restaurar, dado que, en la actualidad, a pesar de la existencia de una Sentencia del Tribunal Supremo (S. 23 noviembre de 1967 Cont. Adm. Sala
3.ª) que da plena validez a los deslindes de dominio público en su día efectuados y aprobados por el Estado, los mismos están a día de hoy íntegramente ocupados por explotaciones agrícolas intensivas en manos de privados (los cuales no cuentan con
títulos concesionales del dominio público, ya que estos fueron rescatados por el Estado mediante un Decreto del Jefe del Estado de 29 de noviembre de 1946) que se oponen a cualquier proyecto de restauración de humedales.
Esta ocupación de 6.165 Has. de terrenos públicos al margen de la Ley, que constituye la mayor usurpación de terrenos públicos de todo el Estado español, ha venido siendo reiteradamente denunciada ante las administraciones por grupos
conservacionistas y ecologistas. Fruto de estas denuncias se tramitó por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, administración que tiene en este caso transferidas las competencias en defensa, recuperación y gestión
del dominio público al encontrarse la Janda en una cuenca intracomunitaria andaluza, un expediente de investigación para determinar la existencia de terrenos de dominio público en la antigua laguna de la Janda. La Resolución de fecha 6/10/2023 que
puso fin a dicho expediente de investigación concluye que los deslindes, pese a haber sido su validez ratificada por Sentencia del Tribunal Supremo, fueron realizados con carácter «instrumental» para facilitar la desecación y no con carácter
«atributivo o declarativo de la titularidad» y en consecuencia deduce la inexistencia de dominio público hidráulico en los terrenos objeto de investigación. Pese a ello, la propia Resolución recoge que el pronunciamiento acerca de la existencia o
inexistencia de dominio público hidráulico está reservado por Ley a la titularidad estatal, y que, por tanto, le corresponde a la Administración General del Estado, como única competente para definir y delimitar su propio patrimonio.
Dicho expediente de investigación patrimonial y su Resolución fueron remitidas por la Junta de Andalucía a la Dirección General de Patrimonio del Estado en octubre de 2023, sin que desde entonces ninguna instancia de la administración
estatal haya emitido pronunciamiento alguno por escrito al respecto de la existencia de terrenos de dominio público en la Laguna de la Janda.
Pese a que el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Sr. Hugo Morán, de manera verbal en sendas reuniones mantenidas en 2024 y 2025 con representantes de las entidades conservacionistas y ecologistas, e igualmente en el informe emitido el
28/01/2021 por la Coordinadora del Área de Disposiciones e Informes de la Dirección General de Agua del Ministerio, se ha reconocido por parte de la administración del Estado la existencia de dominio público hidráulico en la antigua laguna de la
Janda ello no se ha comunicado en ningún momento y de manera oficial y por escrito a la Junta de Andalucía, por lo que dicho gobierno autonómico sigue sin reconocer la existencia de dicho dominio público y en consecuencia entiende que no tiene
obligación de recuperar dichos terrenos hoy día explotados agrícolamente por grandes empresas privadas. Esta inexistencia «oficial» de terrenos de dominio público y la actitud de sus actuales ocupantes, apoyada por la Junta de Andalucía, de
rechazar cualquier proyecto de restauración de humedales en la Laguna de la Janda, impide en la práctica llevar a término el objetivo recogido en el Plan Estratégico de Humedales a 2030 de restaurar antes de dicho año al menos 1.000 ha de la antigua
Laguna.
¿Tiene constancia el Gobierno de España de la existencia de terrenos en el área de los humedales de La Janda que, según los deslindes aprobados en su día, figuran como
dominio público hidráulico, y que actualmente de encuentran ocupados o explotados por particulares?
En caso de que el Gobierno reconozca la existencia de dichos terrenos de dominio público, ¿qué acciones va a desarrollar para comunicar de manera oficial a la Junta de Andalucía la existencia de dichos terrenos ocupados al margen de la ley
y, en consecuencia, de lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y las transferencias competenciales entre Estado y Junta de Andalucía, su obligación de proceder a su recuperación?
¿Qué acciones tiene previstas el Gobierno de España desarrollar en la comarca de la Janda, en el marco del proyecto «LIFE Humedales» recientemente aprobado por la Comisión Europea para el desarrollo de los objetivos del Plan Estratégico de
Humedales a 2030?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2025.Juan Antonio Valero Morales, Diputado.
184/030729
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rego Candamil, Néstor (GMx)
Servicios de interés económico general prestados por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y publicación del contrato programa.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en la pregunta 1, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001351).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno para su contestación por escrito relativas a los Servicios de Interés Económico General prestados por la Sociedad Estatal Correos y publicación del contrato programa.
La disposición adicional octava de la Ley 43/2010 recoge los servicios de interés económico general prestados por la Sociedad Estatal Correos como operador designado por el Estado. En el Real Decreto Ley 9/2024, de 23 de diciembre, el
Gobierno incorporó una nueva Disposición Adicional Octava que modificaba esta Disposición, pero finalmente esta norma no fue convalidada y, por lo tanto, la reforma dejó de estar vigente.
Sin embargo, volvió a introducir esta materia en la Disposición Adicional Octava de la Ley 6/2025, de 28 de julio, de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para la
regularización de las inversiones en los elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de viviendas en las Islas Canarias.
Esta ley, que concierne al sistema fiscal de Canarias, incluye los Servicios de interés económico general prestados por la Sociedad Estatal Correos y, entre sus puntos, establece que «un contrato programa plurianual concretará las
prestaciones y establecerá las condiciones adicionales a las del plan para la prestación del servicio postal universal, que justifican el pago de una compensación por los mismos».
Señala que el primer contrato programa deberá suscribirse en el mes siguiente a la entrada en vigor de esta disposición y señala que «el primer contrato programa podrá prever que los servicios de interés económico general se presten por las
filiales de la Sociedad Estatal».
De conformidad con esta disposición, cualquier actividad que Correos pretenda desarrollar como parte de los SIEG deberá estar expresamente incluida en el contrato programa, contar con la autorización del Gobierno y deberá cumplir con los
principios de transparencia, control y justificación de la compensación pública exigidos por la normativa comunitaria y del Estado español.
En la presentación del acuerdo con AXA el pasado mes de febrero, el presidente de la Sociedad Estatal afirmó que «este proyecto se enmarcaría dentro de los denominados Servicios de Interés Económico General (SIEG)», en particular en el
apartado relativo a la accesibilidad a los servicios financieros básicos.
Preocupa tanto al personal de Correos como al BNG que esto implique exigir a las personas empleadas de una empresa pública como es Correos que vendan seguros de una compañía privada específica, como es AXA, como si se trataran de un Servicio
de Interés Económico General, encomendándoles una función de agentes comerciales para esa empresa. Además, dado que aún no se ha hecho público el contrato programa ni el catálogo de prestaciones que definen los SIEG atribuidos a Correos, no es
posible verificar si la venta de seguros de AXA está amparada o si la condición de SIEG se está utilizando indebidamente para actividades privadas.
Además, según el Real Decreto 451/2012, en su artículo 8.1, corresponde a la SEPI ejercer la tutela financiera y de supervisión de las sociedades mercantiles estatales, garantizando el uso adecuado de los fondos públicos.
En resumen, el BNG considera de suma importancia que la Sociedad Estatal aclare con transparencia si los seguros AXA están o no contemplados como un SIEG y que el personal esté debidamente informado sobre las obligaciones al respecto.
Correos tiene futuro en Galicia, cumple, ya en el momento actual y puede seguir cumpliendo, una función social muy importante, especialmente en el ámbito rural, pero si se apuesta por recuperar realmente otras funciones, además del
cumplimiento de la atención al servicio postal universal, como son los de banca, telefonía o incluso seguros, pero siempre desde una perspectiva pública y no meramente comercial. Para ello, es necesario mantener y reforzar su presencia en el
territorio, así como dotarlo de personal suficiente para prestar adecuadamente todos los servicios.
Por los motivos expuestos, el BNG formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno:
1. [ ]
2. ¿Ya ha remitido o tiene previsto remitir una copia del contrato programa a la organización sindical CIG después de haberla solicitado por escrito? ¿En caso negativo, cuáles son las razones?
3. ¿Puede el Gobierno facilitar el catálogo detallado de los servicios y actividades incluidos en la denominación SIEG, indicando si se integra en ellos la comercialización de seguros de AXA u otros productos financieros?
4. ¿En caso de que estén incluidos los seguros AXA, puede facilitar la resolución administrativa que declara la actividad mencionada como SIEG, así como información sobre el órgano competente que la aprueba y el régimen de financiación o
compensación pública aplicable?
5. ¿A cuánto asciende la cuantía que Seguros AXA entregó a Correos para la prestación de este servicio?
6. ¿Con los importantes problemas que atraviesa el servicio postal universal, con numerosas deficiencias y carencias, ha evaluado la sobrecarga que supondrá para el personal restante tener que asumir tareas adicionales?
7. ¿Apostará por fortalecer el sistema postal, el personal y las oficinas para prioritariamente cumplir con las obligaciones del servicio postal universal?
8. ¿Apostará por recuperar realmente otras funciones, además del cumplimiento de la atención al servicio postal universal siempre desde una perspectiva pública y no meramente comercial?
9. ¿Mantendrá y reforzará su presencia en el territorio, dotando las oficinas del personal suficiente para atender todos los servicios adecuadamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2025.Néstor Rego Candamil, Diputado.
Á Mesa do Congreso
O deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito ao Grupo Parlamentar Mixto, ao abeiro do estabelecido no artigo 185 e seguintes do Regulamento do Congreso, formula as seguintes preguntas dirixidas ao Goberno
para a súa resposta escrita relativas aos Servizos de Interese Económico Xeral prestados pola Sociedade Estatal Correos e publicación do contrato programa.
A Disposición Adicional Octava de la Lei 43/2010, recolle os Servizos de interese económico xeral prestados pola Sociedade Estatal Correos como operador designado polo Estado. No Real Decreto Lei 9/2024, de 23 de decembro, o Goberno
incorporaba unha nova Disposición Adicional Octava que modificaba esta Disposición mais finalmente esta norma non foi convalidada e, por tanto, a reforma deixou de estar vixente.
Porén, volveu introducir esta materia na Disposición Adicional Octava na Lei 6/2025, de 28 de xullo, de modificación da Lei 19/1994, de 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, para a regularización das
inversións nos elementos patrimoniais afectos á actividade de arrendamento de vivendas nas Illas Canarias.
Nesta lei que atinxe ao sistema fiscal de Canarias, incluíu os Servizos de interese económico xeral prestados pola Sociedade Estatal Correos e, entre os seus puntos recolle que «un contrato programa plurianual concretará as prestacións e
estabelecerá as condicións adicionais ás dos plan para a prestación do servizo postal universal, que xustifican o abono da compensación por estes».
Sinala que o primeiro contrato programa deberá subscribirse no mes seguinte á entrada en vigor desta disposición e sinala que «o primeiro contrato programa poderá prever que os servizos de interese económico xeral se presten polas filiais da
Sociedade Estatal».
Conforme a esta Disposición, calquera actividade que Correos pretenda desenvolver como parte dos SIEG debe estar expresamente incluída no contrato programa, contar coa autorización do Goberno e deberá cumprir cos principios de transparencia,
control e xustificación de compensación públicas exixidos na normativa comunitaria e na do Estado español.
Na presentación do acordo con AXA en febreiro pasado, o Presidente da Sociedade Estatal afirmou que «este proxecto se enmarcaría dentro dos denominados Servizos de Interese Económico Xeral (SIEG), en particular no apartado relativo á
accesibilidade a servizos financeiros básicos.
Preocupa tanto ao persoal de Correos como ao BNG, que isto implique exixir ás persoas empregadas dunha empresa pública como é Correos, a vender os seguros dunha empresa privada determinada, como é AXA, como se dun Servizo de Interese
Económico Xeral se tratase, encomendándolles unha función de axentes comerciais para esa empresa. Ademais, dado que aínda non se fixo público o contrato programa nin o catálogo de prestacións que definen os SIEG atribuídos a Correos, non é posíbel
verificar se a venda de seguros AXA está amparado ou se se está a utilizar indebidamente a condición de SIEG para actividades privadas.
Ademais, segundo o Real Decreto 451/2012, no seu artigo 8.1 corresponde á SEPI exercer a tutela financeira e de supervisión das sociedades mercantís estatais, garantindo o uso adecuado de fondos públicos.
En definitiva, o BNG considera de suma importancia que a Sociedade Estatal aclare con transparencia se os seguros AXA están ou non contemplados como un SIEG e se informe adecuadamente ao persoal, sobre as obrigas a este respecto.
Correos ten futuro na Galiza, cumpre, xa no momento actual e pode seguir a cumprir, unha función social moi importante, especialmente no rural, máis, se se aposta por recuperar realmente outras funcións, ademais do cumprimento da atención ao
servizo postal universal, como son os de banca, telefonía ou mesmo seguros, mais sempre desde unha perspectiva pública e non meramente comercial. Para iso é preciso manter e reforzar a súa presenza no territorio, así como dotalo persoal suficiente
para atender todos os servizos adecuadamente.
Polos motivos expostos, o BNG formula as seguintes preguntas dirixidas ao Goberno:
1. [ ]
2. Remitiu xa ou ten pensado remitir copia do contrato programa á organización sindical CIG despois de tela solicitado por escrito? En caso negativo cales son as razóns?
3. Pode o Goberno facilitar o catálogo detallado dos servizos e actividades incluídos baixo a denominación SIEG, indicando se se integra neles a comercialización de seguros AXA ou doutros produtos financeiros?
4. No caso de estaren incluídos os seguros AXA, Pode achegar a resolución administrativa que declara a citada actividade como SIEG así como información sobre o órgano competente que o aproba e o réxime de financiamento ou compensación
pública aplicábel?
5. A canto ascende a contía que os Seguros AXA entregou a Correos para a prestación deste servizo?
6. Cos importantes problemas que arrastra o servizo postal universal, con moitas deficiencias e carencias avaliou a sobrecarga que implicará para o persoal restante atender tarefas engadidas?
7. Apostará polo reforzo do sistema postal, o persoal e as oficinas para prioritariamente cumprir coas obrigas de servizo postal universal?
8. Apostará por recuperar realmente outras funcións, ademais do cumprimento da atención ao servizo postal universal sempre desde unha perspectiva pública e non meramente comercial?
9. Manterá e reforzará a súa presenza no territorio, dotando as oficinas do persoal suficiente para atender todos os servizos adecuadamente?
Madrid, 13 de novembro de 2025.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG no Congreso.
OTROS TEXTOS
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000007
La Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(430) Objetivo de estabilidad presupuestaria.
Autor: Gobierno
Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2026.
Acuerdo:
Someter a la deliberación del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERÍODO 2026-2028 PARA SU REMISIÓN A LAS CORTES GENERALES, Y EL
LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2026
El presente acuerdo trae por causa el cumplimiento del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativo al «Establecimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas». Este artículo señala en su apartado primero que corresponde al Gobierno la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los
tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Asimismo, el apartado segundo establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la
regla de gasto recogida en su artículo 12, que se articula como referencia para tener en cuenta por la Administración Central y cada una
de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus presupuestos.
Por su parte, el artículo 15.6 de la Ley Orgánica 2/2012, señala que el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales acompañado de
las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de dicho artículo 15. En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los
objetivos propuestos por el Gobierno.
Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los
ratifica por mayoría simple. Si son rechazados, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.
Señalado lo anterior, es preciso hacer referencia a algunos elementos que anteceden y establecen el punto de partida en el que se sitúa este Acuerdo.
En el año 2024, se dieron dos hitos relevantes en el ámbito fiscal europeo: por un lado, se produjo el pleno restablecimiento del marco de supervisión fiscal europeo y de las reglas fiscales con la desactivación de la cláusula general de
salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que había sido activada en 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y, por otro lado, se adoptó un nuevo marco europeo de gobemanza económica, con el objetivo de garantizar unas finanzas
públicas sostenibles y de promover la creación de empleo en un marco de crecimiento sostenible e integrador en todos los Estados miembros.
En cumplimiento del nuevo marco de gobemanza económica y fiscal de la Unión Europea, el 15 de octubre de 2024 el Gobierno remitió a la Comisión Europea el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo. Dicho Plan, que presentó un escenario de
consolidación a siete años al incluir medidas adicionales, garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas, incluyendo una senda de crecimiento robusta y equilibrada, permitiendo reducir el déficit y la ratio deuda-PIB. El citado Plan Fiscal y
Estructural fue validado por la Comisión Europea el 26 de noviembre de 2024 y, posteriormente, el 21 de enero de 2025 por el Consejo de la Unión Europea.
Asimismo, con la entrada en vigor del nuevo marco de gobemanza se establece un nuevo reporte anual, que deben elaborar los Estados miembros y remitir a la Comisión Europea antes del 30 de abril de cada año. Se trata de un informe de
seguimiento de los compromisos fiscales y en materia de política económica adquiridos en el Plan Fiscal y Estructural. En cumplimiento de este marco el pasado 30 de abril se presentó a la Unión Europea el Informe de Progreso Anual del Reino de
España para el año 2025 en el que se recogen previsiones presupuestarias, de deuda y de regla de gasto para 2024 y 2025.
España mantiene un compromiso sólido y responsable con la sostenibilidad de las finanzas públicas, plasmado en una trayectoria fiscal a medio plazo prudente, con unas políticas presupuestarias que han permitido, por un lado, un proceso de
recuperación y crecimiento económico y, por otro, la adopción de las necesarias medidas de protección social y apoyo a los colectivos más vulnerables. En 2024 se cumplió el objetivo de déficit por quinto año consecutivo cerrando el año con un
déficit del 2,9 %, sin contar con las medidas para paliar los efectos personales y económicos de la catástrofe de la DANA.
Las proyecciones económicas del Gobierno sitúan el crecimiento del PIB en el 2,9 por ciento para 2025 y en el 2,2 por ciento para 2026. Estas previsiones confirman la sólida evolución de la economía española en un contexto de incertidumbre
internacional. De hecho, el pasado 14 de octubre el Fondo Monetario Internacional volvió a revisar al alza el crecimiento económico de España, situando a nuestro país como líder entre las principales económicas avanzadas y previendo que en 2026
España crecerá el doble que nuestros principales socios. Las agencias de calificación se han hecho eco de este fuerte avance económico y en las últimas semanas Moodys, Standard & Poors y Fitch han mejorado el rating de la deuda pública española.
Con todos estos elementos, el presente Acuerdo del Consejo de Ministros se enmarca en el nuevo marco de gobemanza fiscal de la Unión Europea y en un contexto plurianual de crecimiento económico sólido, coherente con una trayectoria a medio
plazo de estabilidad presupuestaria y el fortalecimiento de las finanzas de las administraciones públicas españolas.
En el ámbito territorial interno, para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de Comunidades Autónomas el Ministerio de Hacienda remitió la propuesta de objetivos para el periodo 2026-2028 al Consejo de Política
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que fue objeto de informe favorable en su sesión de 17 de noviembre de 2025, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, habiéndose
remitido, también a estos efectos, a la Comisión Nacional de Administración Local con fecha 17 de noviembre de 2025.
En la fijación del objetivo de deuda pública se ha mantenido la coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido, conforme el artículo 15.3 de la citada Ley Orgánica.
De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2012, este Acuerdo del Consejo de Ministros incluye asimismo el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2026 que ascenderá a 216.177 millones de
euros.
Al presente Acuerdo se acompaña el informe en el que se evalúa la situación económica prevista para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos, así como las recomendaciones y opiniones emitidas
por las instituciones de la Unión Europea, tal como establece el artículo 15 de la citada Ley.
En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 18 de noviembre de 2025,
ACUERDA
1. El objetivo de estabilidad presupuestaria de los ejercicios 2026, 2027 y 2028 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que figura en el Anexo I que se acompaña.
2. El objetivo de deuda pública de los ejercicios 2026,2027 y 2028 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, que figura en el Anexo II que se acompaña.
3. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española que se recoge en el Anexo III.
4. El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, remitirá a las Cortes Generales el presente Acuerdo, tal y como se establece en el artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
5. Este acuerdo de Consejo de Ministros se acompaña de un informe en el que se evalúa la situación económica que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos.
6. El límite máximo de gasto no financiero del Estado en 2026 se fija en 216.177 millones de euros.
De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio de Hacienda informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas sobre
el límite máximo de gasto no financiero del Estado de 2026.
ANEXO I
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO 2026-2028
Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-2010 (En porcentaje del PIB)
2026
2027
2028
Administración Central
-1,8
-1,5
-1,4
Comunidades Autónomas
-0,1
-0,1
-0,1
Entidades Locales
0,0
0,0
0,0
Seguridad Social
-0,2
-0,2
-0,1
Total Administraciones Públicas
-2,1
-1,8
-1,6
ANEXO II
OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA PARA EL PERIODO 2026-2028
(Deuda PDE en porcentaje del PIB)
2026
2027
2028
Administración Central y Seguridad Social
80,0
79,8
79,6
Comunidades Autónomas (*)
19,6
18,9
18,3
Entidades Locales
1,3
1,3
1,2
Total Administraciones Públicas
100,9
100,0
99,1
(*) Estos objetivos de deuda pública se podrán rectificar por el importe efectivo de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación que se produzca durante cada uno de los ejercicios, siempre que no se destine a financiar
vencimientos de deuda o déficit del ejercicio respectivo y por el endeudamiento que se autorice para financiar desviaciones de déficit de ejercicios anteriores. Asimismo, se podrán rectificar por el incremento de endeudamiento destinado a cubrir
las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados en respuesta a la situación de emergencia derivada de la depresión aislada en niveles altos (DANA) acaecida el 27 de octubre de 2024.
Los objetivos de endeudamiento se podrán rectificar por la reducción del nivel de endeudamiento neto por aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en
relación con el superávit presupuestario y sus reglas especiales de desarrollo. Finalmente, podrá tenerse en cuenta la concurrencia de cualesquiera circunstancias que, no afectando al cumplimiento de los objetivos de déficit ni al cumplimiento de
la regla de gasto, pudieran afectar a los límites de deuda y no derivaran de decisiones discrecionales de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el Ministerio de Hacienda.
ANEXO III
REGLA DE GASTO PARA EL PERIODO 2026-2028
Tasa de referencia nominal (% variación anual)
2026
2027
2028
3,5
3,4
3,2