BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


18 de noviembre de 2025

Núm. 433

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión de Asuntos Exteriores


161/002681


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al 50 aniversario de la ocupación del Sahara Occidental ... (Página7)


161/002686


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al relativa al conflicto armado en Sudán y el genocidio en Darfur ... (Página8)


Comisión de Defensa


161/002694


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a corregir el agravio comparativo en la cesión de terrenos de titularidad del Ministerio de Defensa entre las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla,
y a liberar el Cuartel Primo de Rivera (Regimiento de Alcántara) en Melilla en condiciones de equidad ... (Página11)


Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes


161/002692


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la democratización y buen gobierno de los clubes deportivos ... (Página13)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/002691


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la puesta en valor del trabajo de las mujeres rurales, con especial atención a las trabajadoras migrantes, en el campo español ... href='#(Página19)'>(Página19)


161/002697


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la inclusión de una línea específica de ayudas para la adquisición de componentes de agricultura de precisión en el marco del Plan Renove 2025 ... href='#(Página21)'>(Página21)


Comisión de Política Territorial


161/002710


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar la cooperación interterritorial entre la Diputación Provincial de Burgos y la Diputación Foral de Álava y al escrupuloso respeto del
cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Castilla y León ... (Página22)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/002685


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la implantación de las ayudas al


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funcionamiento y a los autónomos en las provincias de Teruel, Soria y Cuenca ... (Página24)


Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


161/002683


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para prorrogar la moratoria de los desahucios y los lanzamientos para hogares vulnerables de forma indefinida ... (Página26)


161/002684


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para prohibir la compra especulativa de viviendas ... (Página27)


Comisión de Sanidad


161/002665


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la defensa de la sanidad pública ante el abandono de las Administraciones y los fallos en los cribados de cáncer ... (Página29)


161/002689


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prevención de lesiones oculares por el uso de punteros láser en menores, jóvenes y en la población general ... href='#(Página32)'>(Página32)


161/002698


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a hacer frente a la crisis sanitaria en las ciudades de Ceuta y Melilla ... (Página34)


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/002699


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a asumir las responsabilidades económicas derivadas de su plena competencia en materia de universidad en las ciudades de
Ceuta y Melilla ... (Página36)


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/002671


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación humanitaria de la población saharaui refugiada ... (Página40)


161/002682


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la inclusión y desarrollo del concepto de salud global en la cooperación española ... (Página42)


Comisión de Juventud e Infancia


161/002688


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prevención de lesiones oculares por el uso de punteros láser en menores, jóvenes y en la población general ... href='#(Página44)'>(Página44)


161/002695


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a la juventud en la preparación para el acceso a la función pública ... (Página46)


161/002696


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre campañas de información y fomento del acogimiento familiar de personas menores tuteladas por las Administraciones públicas ... href='#(Página47)'>(Página47)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Asuntos Exteriores


181/001427


Pregunta formulada por el Diputado José María Sánchez García (GVOX), sobre confirmación acerca de si Koldo García Izaguirre,


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asesor del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos Meco, posee o poseía un pasaporte diplomático ... (Página49)


Comisión de Defensa


181/001444


Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP), sobre horizonte de participación de la SEPI en el futuro de la industria nacional de defensa ... (Página49)


181/001445


Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP), sobre análisis que hace el Gobierno de los actuales contratos industriales en los que está aplicando la industria de defensa española ...
(Página50)


181/001446


Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP), sobre valoración de la situación de la industria de defensa nacional ... (Página50)


181/001447


Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP), sobre situación de la industria de defensa española y actual cadena de producción ante la aplicación del Real Decreto-ley 10/2025 ... href='#(Página50)'>(Página50)


181/001448


Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP), sobre horizonte de los plazos de entrega del 8x8 ... (Página50)


181/001449


Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP), sobre modo en que afecta la actual relación bilateral entre España y Estados Unidos a la industria de defensa ... href='#(Página50)'>(Página50)


181/001450


Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP), sobre perspectivas sobre las capacidades de defensa que tiene que aportar España a la OTAN ... (Página51)


181/001451


Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP), sobre valoración del apoyo del Gobierno a Ucrania ... (Página51)


181/001452


Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP), sobre valoración del Gobierno acerca de la situación de la industria de defensa del aire y del espacio español ... href='#(Página51)'>(Página51)


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


181/001443


Pregunta formulada por los Diputados Javier Merino Martínez (GP) y Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción (GP), sobre motivo por el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha descartado la alternativa ferroviaria Logroño-Miranda
aprobada por el Parlamento de La Rioja en el año 2021 ... (Página51)


181/001462


Pregunta formulada por la Diputada Nerea Renteria Lasanta (GV (EAJ-PNV)), sobre estado actual y planificación a futuro de las inversiones en infraestructuras ferroviarias en Euskadi ... (Página52)


181/001463


Pregunta formulada por los Diputados María Dolores Corujo Berriel (GS), Santana Aguilera, Ada (GS), Rodríguez Suárez, Esther (GS), Diouf Dioh, Luc Andre (GS), Álvarez González, Alicia (GS) y Quintero Hernández, Jonay (GS), sobre avances que
existen en la política del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en materia de movilidad en las islas ... (Página52)


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181/001464


Pregunta formulada por los Diputados Dolores Corujo Berriel (GS), Santana Aguilera, Ada (GS), Rodríguez Suárez, Esther (GS), Diouf Dioh, Luc Andre (GS), Álvarez González, Alicia (GS) y Quintero Hernández, Jonay (GS), sobre objetivos y
prioridades que se han establecido con la tercera adenda al Convenio de Carreteras de Canarias con el Estado ... (Página52)


181/001465


(GS), sobre avances que ha hecho el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en los últimos años en la Red de Carreteras del Estado en Extremadura ... (Página52)


181/001466


Pregunta formulada por el Diputado César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre previsiones que tiene el Gobierno para la mejora del servicio ferroviario en Extremadura ... (Página53)


181/001467


Pregunta formulada por el Diputado César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre pasos que se han dado y pasos previstos para avanzar en el desarrollo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera portuguesa ... href='#(Página53)'>(Página53)


181/001468


Pregunta formulada por los Diputados Álvaro Morales Álvarez (GS) y Peña Camarero, Esther (GS), sobre actuaciones que está impulsando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad ... href='#(Página53)'>(Página53)


181/001469


Pregunta formulada por los Diputados Álvaro Morales Álvarez (GS) y Peña Camarero, Esther (GS), sobre avances en materia de carreteras que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha impulsado en la provincia de Burgos en los
últimos años ... (Página53)


181/001470


Pregunta formulada por el Diputado Luis Antonio Gómez Piña (GS), sobre previsiones acerca de las actuaciones relacionadas con la mejora urbana del PRTR ... (Página53)


181/001471


Pregunta formulada por el Diputado Ignacio López Cano (GS), sobre forma en la que avanza la mesa interadministrativa del tren de la Costa del Sol, constituida entre las Administraciones públicas competentes para impulsar medidas destinadas a
mejorar la movilidad en la Costa del Sol ... (Página54)


181/001472


Pregunta formulada por los Diputados Luisa Sanz Martínez (GS) y Ramos Esteban, César Joaquín (GS), sobre medidas que se han adoptado para impulsar la operativa del aeropuerto de Valladolid tras el anuncio de Ryanair de cancelar sus rutas en
esta infraestructura ... (Página54)


181/001473


Pregunta formulada por el Diputado Isidre Gavin i Valls (GJxCAT), sobre razones que justifican que Aena discrimine al aeropuerto de Barcelona en comparación con el de Barajas en cuanto a personal y recursos para desarrollar sus operaciones
en condiciones de calidad y seguridad ... (Página54)


181/001476


Pregunta formulada por los Diputados Ángel Ibáñez Hernando (GP), Palencia Rubio, Héctor (GP) y Moneo Díez, María Sandra (GP), sobre mantenimiento de los planes de desmantelamiento de Renfe Mercancías, y por tanto del cierre del taller de
material remolcado de Miranda de Ebro el día 30/06/2026 ... (Página54)


181/001477


Pregunta formulada por los Diputados Óscar Ramajo Prada (GP), Palencia Rubio, Héctor (GP) y Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre razón por la que no entrega la documentación solicitada por los miembros del Grupo Parlamentario Popular, tales
como el informe para la supresión de frecuencias AVE en Sanabria, el acuerdo entre


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España y la Unión Europea para tener siete años más de peajes en la AP6, AP51 o AP61, o el primer avance del estudio de actuaciones en estas autopistas tras la finalización de la concesión, vulnerando así los derechos fundamentales
constitucionales de los citados parlamentarios ... (Página55)


181/001478


Pregunta formulada por los Diputados Héctor Palencia Rubio (GP) y Rodríguez Calleja, Patricia (GP), sobre implicaciones que tiene para la futura fecha de finalización del peaje de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 el acuerdo, al que se está
impidiendo acceder a este parlamentario, alcanzado por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero con la Comisión Europea, reflejado en la comunicación de la Comisión de fecha 30/03/2011 en respuesta al non-paper remitido por España el
día 23/12/2010, en la que se afirma textualmente que «la nueva licitación […] se hará por un periodo de 7 años» ... (Página55)


181/001479


Pregunta formulada por los Diputados Cristina Teniente Sánchez (GP), Floriano Corrales, Carlos Javier (GP), Macías Gata, Alfonso Carlos (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre explicación acerca de los
nuevos acuerdos relativos a la conexión ferroviaria Madrid-Lisboa, que contradicen todo lo defendido hasta ahora por el Gobierno, y que dan la razón a lo denunciado por la sociedad extremeña ... (Página55)


181/001480


Pregunta formulada por los Diputados Ana Martínez Labella (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre razón por la que el Gobierno se niega a realizar un estudio de
viabilidad para implantar servicios de Cercanías en Almería, concretamente entre el poniente y la capital ... (Página56)


181/001481


Pregunta formulada por los Diputados María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), Tarno Blanco, Ricardo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre políticas de impulso al transporte colectivo en la provincia de
Sevilla ... (Página56)


181/001482


Pregunta formulada por los Diputados Carina Mejías Sánchez (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX) y Flores Juberías, Carlos (GVOX), sobre valoración del Gobierno acerca de la difícil situación que atraviesa el sector del transporte de
mercancías por carretera en nuestro país ... (Página56)


Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


181/001442


Pregunta formulada por la Diputada Ione Belarra Urteaga (GMx), sobre previsiones del Gobierno acerca de cumplir con la obligación que se deriva para él de lo expuesto en el artículo 47 de nuestra Constitución ... href='#(Página57)'>(Página57)


181/001474


Pregunta formulada por los Diputados Carlos Hernández Quero (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre razón por la que promueve el Gobierno formatos habitacionales precarios, como el «coliving» o el
«cohousing», como solución a la imposibilidad de emancipación de los jóvenes españoles ... (Página57)


181/001475


Pregunta formulada por los Diputados Carlos Hernández Quero (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre razón por la que consideran que la


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intervención en los precios del mercado de la vivienda favorecerá el acabar con la crisis habitacional que hoy padecemos ... (Página57)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/029445


Autor: Bendodo Benasayag, Elías


Vázquez Jiménez, María del Mar


Cortés Carballo, Mario


Garre Murcia, Cristóbal


Pérez Recuerda, Isabel Gema


Gastos de representación de José Luis Ábalos como ministro en sus visitas a Málaga, así como de directivos y altos cargos del Gobierno en sus visitas a la citada ciudad desde el año 2018 ... (Página58)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/002681


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al 50 Aniversario de la ocupación del Sahara
Occidental, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


En las próximas semanas se cumple el 50 aniversario de la Marcha Verde, la cual supuso la escenificación del inicio de la ocupación del territorio del Sahara Occidental.


Tuvo lugar en un momento histórico decisivo para España, puesto que enfrentaba una grave crisis política y social provocada, en gran medida, por la incertidumbre causada por el evidente e inminente final de la dictadura franquista.


En este contexto, España eludió sus responsabilidades como potencia administradora de este Territorio No Autónomo, no procediendo así a llevar a cabo las actuaciones necesarias para el desarrollo de un proceso de descolonización completo que
permitiese la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental.


Por el contrario, Marruecos y Mauritania invadieron el territorio provocando el exilio de gran parte de la población saharaui así como el inicio de una guerra que se libraría hasta 1991. Dicha ocupación tuvo lugar con la connivencia de
España y su necesaria colaboración en determinadas cuestiones.


El Derecho Internacional y, de manera más directa, las resoluciones de Naciones Unidas impusieron a España la obligación de celebrar un referéndum que permitiese al pueblo saharaui ejercer de manera efectiva su derecho inalienable a la
autodeterminación.


Sin embargo, en lugar de asumir el mandato de la ONU, España abandonó el territorio, condenando al pueblo del Sahara Occidental a la ocupación y al exilio en condiciones extremas.


La Marcha Verde supuso el inicio del sufrimiento del pueblo saharaui, al cual siguen sometidos medio siglo después. Desde ese momento las vulneraciones de Derechos Humanos, la represión, las desapariciones forzadas, las detenciones
arbitrarias han sido sistemáticas y sistematizadas, tal y como acreditan numerosos informes realizados por organizaciones internacionales.


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Asimismo, especialmente intensificado en las últimas décadas, el pueblo saharaui sufre el ilegal expolio de los recursos naturales de su territorio, a pesar de la consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en
relación con la cuestión.


A lo anterior cabe añadir el radical cambio de posicionamiento del Gobierno de España ante el conflicto, el cual supuso la ruptura del mayor consenso en la política exterior del Estado.


Esta defensa en contra de los derechos del pueblo del Sahara Occidental entronca directamente con las responsabilidades y obligaciones de España como potencia administradora del territorio. Del mismo modo, desdeña el legítimo derecho del
pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, reconocido, entre otros, por el Derecho Internacional, la Corte Internacional de Justicia, múltiples resoluciones de Naciones Unidas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.


Así mismo, esta nueva posición ignora el sentir de la ciudadanía española, la cual defiende de manera abrumadora el derecho del pueblo del Sahara Occidental a decidir libremente su futuro, condena la ocupación y apoya masivamente a la
población refugiada saharaui.


Por lo expuesto, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno a:


1. Reafirmar el compromiso con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, tal y como establecen las resoluciones de Naciones Unidas, exigiendo al Gobierno de España una política exterior alineada con dichos principios y con el
Derecho Internacional.


2. Exigir el regreso a la senda del Derecho Internacional en relación con el Sahara Occidental, apoyando de manera inequívoca el efectivo ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui mediante un
referéndum.


3. Posicionarse en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, al no contar con el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental.


4. Condenar las vulneraciones de Derechos Humanos cometidas por Marruecos en los territorios ocupados del Sahara Occidental.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de noviembre de 2025.—Gerardo Pisarello Prados y Teslem Andala Ubbi, Diputados.—Enrique Fernando Santiago Romero y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


161/002686


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de
Ley relativa al conflicto armado en Sudán y el genocidio en Darfur, para su tramitación en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


El 15 de abril de 2023 estalló en Sudán un conflicto armado abierto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y la milicia Rapid Support Forces (RSF). Estas últimas fueron creadas en 2013 por el entonces presidente Omar al-Bashir como una
fuerza paramilitar destinada a sofocar las rebeliones en Darfur y otras regiones del país. Las RSF están integradas, en gran medida, por antiguos combatientes de las milicias Janjaweed, a las cuales las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Corte
Penal Internacional (CPI) han acusado de cometer genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la guerra de Darfur (2003-2009), período en el que las poblaciones no árabes de


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la región —principalmente de las etnias Fur, Masalit y Zaghawa— fueron víctimas de masacres, destrucción de aldeas y desplazamientos forzosos.


Tras la revolución popular que derrocó a al-Bashir en 2019, Sudán inició un proceso de transición civil e institucional que alteró el equilibrio de poder entre las SAF y las RSF. Las tensiones derivadas de dicha reestructuración, unidas a
la negativa del comandante de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), a someterse a la autoridad de un mando militar unificado, desembocaron en enfrentamientos armados de gran escala. Lo que comenzó en la capital, Jartum, se extendió rápidamente
al resto del país, especialmente a Darfur, donde las RSF contaban con una sólida base territorial.


La magnitud de la crisis humanitaria en Sudán ha sido descrita por las Naciones Unidas como la más grave del mundo en la actualidad. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 11.5 millones de personas se
encuentran desplazadas dentro del país, 3.2 millones han huido a países vecinos y más de 30 millones —dos tercios de la población sudanesa— necesitan ayuda humanitaria urgente. Según un informe de UNICEF de enero 2025, al menos 24 millones de
personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda y 3,2 millones de niños menores de cinco años sufren malnutrición aguda. En varias regiones, incluidas Darfur y Kordofán, las agencias humanitarias han identificado condiciones de hambruna
generalizada.


Precisamente en Darfur, las RSF han desplegado desde mediados de 2023 una campaña de violencia étnica dirigida contra comunidades no árabes, caracterizada por ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, destrucción de hospitales y
campamentos de desplazados, así como por el uso del hambre y del bloqueo humanitario como armas de guerra. Amnistía Internacional ha advertido que «la historia se está repitiendo» en Darfur y que los ataques siguen un patrón inequívoco de limpieza
étnica.


En mayo de 2024 comenzó el asedio de la ciudad de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, cuando las RSF bloquearon las rutas de acceso humanitario e impidieron la entrada de alimentos, medicinas y combustible. Durante más de 550
días, la ciudad permaneció cercada bajo fuego continuo, con decenas de miles de desplazados atrapados sin posibilidad de asistencia ni evacuación. El 26 de octubre de 2025, las RSF anunciaron la toma completa de El Fasher tras intensos bombardeos y
combates casa por casa.


Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 26.000 personas huyeron de la ciudad en apenas 48 horas, mientras unas 260.000 —la mitad de ellas, niños— quedaron atrapadas. Testimonios de organismos humanitarios, de
la ONU y de medios internacionales como Al Jazeera y The Guardian describen la ejecución de miles de civiles, la existencia de fosas comunes y la destrucción deliberada de barrios habitados por comunidades Fur y Masalit, confirmando la comisión de
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio.


Cabe señalar que el 7 de enero de 2025, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, declaró oficialmente que las Rapid Support Forces y sus milicias aliadas «han cometido genocidio en Sudán».


En este contexto, diversas organizaciones de derechos humanos han documentado la posible implicación directa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el conflicto armado y en el genocidio perpetrado por las RSF en Darfur. En mayo de 2025,
Amnistía Internacional identificó armamento chino avanzado —incluidos obuses AH-4 y bombas guiadas GB50A— utilizado por las RSF y presuntamente reexportado por los EAU en violación del embargo de armas de la ONU sobre Darfur. Asimismo, en un
estudio de 2024, la organización denunció que nuevos suministros de armas estaban entrando en Darfur a través del aeropuerto de Amdjarass (este de Chad), utilizado por las RSF, señalando a los EAU como una de las principales rutas de tránsito.


Diversos informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Sudán (S/2024/65) y de Amnistía Internacional documentan que las RSF controlan una amplia red económica y financiera basada en la extracción y exportación de oro. Los
Emiratos Árabes Unidos han sido señalados como un actor clave en esta red, con transferencias de material militar hacia las RSF a través de Chad y Libia destinadas a garantizar el


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acceso a los yacimientos auríferos y a infraestructuras estratégicas del mar Rojo, como el puerto de Abu Amama.


En marzo de 2025, el Gobierno de Sudán presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a los EAU de complicidad en genocidio por armar y financiar a las RSF, si bien la causa fue desestimada por falta de
jurisdicción.


Según investigaciones de Reuters y The Guardian, gran parte del oro extraído en Darfur y Kordofán se exporta a Dubái, donde empresas intermediarias lo refinan y comercializan, financiando con ello la adquisición de armamento y suministros
para las RSF. Cabe recordar que Dubái es uno de los mayores centros de comercio de oro del mundo, a pesar de no disponer de yacimientos auríferos explotables comercialmente. Suiza y Turquía figuran como dos de los principales destinos del oro
reexportado desde EUA; al mismo tiempo que España es un socio comercial activo e importante para el país.


Ante la gravedad de los hechos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado diversas resoluciones para responder a la crisis. Además del embargo de armas de la ONU sobre Darfur —renovado hasta 2025—, destacan la Resolución
2736 (13 de junio de 2024), que exige a las RSF el fin inmediato del asedio de El Fasher, la retirada de sus fuerzas de las zonas que amenazan a la población civil y la apertura de corredores humanitarios seguros; y la Resolución 2725 (8 de marzo
de 2024), que prorrogó el mandato del Panel de Expertos sobre Sudán y reforzó las medidas del embargo de armas. A estos instrumentos se suman los pronunciamientos del secretario general de la ONU, António Guterres, quien ha alertado de que la
ofensiva contra El Fasher podría desencadenar una «catástrofe de proporciones genocidas» si la comunidad internacional no actúa con urgencia.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar todos los cambios legales y movilizar todos los recursos que sean necesarios para:


— Reclamar públicamente un alto el fuego inmediato en Sudán y exigir el acceso seguro, rápido y sin restricciones de la ayuda humanitaria a toda la población civil. Asimismo, impulsar, en coordinación con Naciones Unidas, la apertura de
corredores humanitarios seguros en Darfur, con especial atención a la ciudad de El Fasher, bajo supervisión internacional.


— Colaborar activamente en el envío y distribución de ayuda humanitaria, así como en la coordinación de los esfuerzos internacionales dirigidos a garantizar la protección de los civiles y del personal humanitario sobre el terreno.


— Reconocer oficialmente el genocidio en curso en Darfur, en coherencia con las evidencias documentadas por las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos.


— Declarar un embargo inmediato de armas a los Emiratos Árabes Unidos, así como a cualquier Estado, empresa o entidad que esté suministrando armas, financiación o apoyo logístico a la Rapid Support Forces (RSF) o a otras milicias implicadas
en crímenes de genocidio, guerra o de lesa humanidad en Sudán.


— Suspender de manera inmediata la importación de oro procedente de Emiratos Árabes Unidos y de cualquier otro bien cuya procedencia esté vinculada al conflicto armado en Sudán, con el fin de impedir la financiación de grupos responsables de
crímenes de guerra y genocidio.


— Promover la adopción del embargo total de armas a Emiratos Árabes Unidos y la suspensión de las importaciones de oro en el seno de la Unión Europea.


— Apoyar los procesos y mecanismos de rendición de cuentas de los responsables del genocidio y los crímenes en Sudán ante la justicia internacional.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Defensa


161/002694


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a corregir el agravio
comparativo en la cesión de terrenos de titularidad del Ministerio de Defensa entre las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y a liberar el Cuartel Primo de Rivera (Regimiento de Alcántara) en Melilla en condiciones de equidad, para su debate en
la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


La ordenación del suelo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha visto históricamente condicionada por la intensa presencia de instalaciones perteneciente de instalaciones pertenecientes al Ministerio de Defensa, que ocupan una
proporción significativa de sus respectivos territorios.


Más concretamente, en el caso de Melilla, se estima que aproximadamente el 40 % por ciento del suelo está afectado por algún tipo de ocupación o servidumbre militar, lo cual constituye una limitación estructural y persistente para su
desarrollo urbanístico, económico y social.


A pesar de este contexto, de forma absolutamente inopinada mediante Resolución de la Subsecretaría de Defensa de 26 de julio de 2023, publicado en el BOE número 179, de 28 de julio, se aprobó la desafectación de determinados bienes militares
en favor de las Ciudades Autónomas, en el marco de sus respectivos Planes Integrales de Desarrollo Socioeconómico. No obstante, el tratamiento recibido por Ceuta y Melilla en dicho acuerdo resulta objetivamente desigual y discriminatorio, en
perjuicio de esta última:


— Ceuta ha obtenido la desafectación y cesión de tres antiguos acuartelamientos («Coronel Físcer», «Fuentes Pila» y «Otero»), con una superficie de más de 10 hectáreas y un valor estimado de 59.106.000 euros, cedidos gratuitamente y sin
contraprestación.


— Melilla, por el contrario, únicamente ha recibido la desafectación parcial del denominado «núcleo B» del Acuartelamiento Pedro de Estopiñán y Virués, con una extensión de apenas 3,5 hectáreas y un valor estimado de 10.000.000 euros, sin
compromiso claro de cesión urbanística plena, ni calendario cierto de ejecución.


Este tratamiento desigual, tanto en la superficie, como en el valor patrimonial de los suelos liberados en los respectivos territorios, pone de manifiesto un agravio comparativo que carece de justificación técnica e institucional, máxime en
un contexto de extrema limitación de suelo edificable en Melilla.


Ante esta injusta situación, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, D. Juan José Imbroda, ha trasladado reiteradamente su protesta formal al Ministerio de Defensa, mediante sendas cartas de fecha 2024 y febrero de 2025, solicitando
el trato igualitario con Ceuta y proponiendo como medida urgente la liberación del antiguo Cuartel de Primo de Rivera (Regimiento de Alcántara).


Sin embargo, la respuesta ministerial recibida en febrero de 2025 fue decepcionante al no responder a los planteamientos del presidente Imbroda y no corregir la desigualdad generada, intentando justificarse y ampararse en concesiones
demaniales con concesiones restrictivas, sin traspaso pleno de dominio, ni posibilidades reales de desarrollo urbanístico, por tanto, en absoluto comparable a la situación de Ceuta.


El 7 de julio de 2025, el Gobierno anunció públicamente la firma de «un convenio histórico» entre el Ministerio de Defensa y la Ciudad Autónoma de Ceuta con una cesión


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gratuita de 140.000 metros cuadrados (14 hectáreas) de suelo por valor de 59 millones de euros, destinados a viviendas y servicios públicos.


Esto es, se avanza en el profundo agravio comparativo con la ciudad hermana de Melilla, que no ha sido objeto de un tratamiento equivalente, extremo absolutamente incomprensible e injustificable.


Desde el punto de vista constitucional, si bien defensa nacional es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.4.ª de la Constitución Española), su ejercicio debe ser respetuoso con los principios de colaboración leal entre
Administraciones Públicas (art. 3 de la Ley 40/2015), y de equilibrio y solidaridad territorial (138 y 139 CE).


Asimismo, la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, permite tanto la desafectación de bienes de dominio público militar, (art. 145) como su posterior cesión gratuita a otras administraciones públicas por razones de
interés general (arts. 137 y 138), tal y como se ha llevado a cabo en la ciudad de Ceuta.


Desde un punto de vista táctico, la falta de suelo edificable en Melilla impide desarrollar políticas públicas de vivienda, servicios sociales y espacios dotacionales, en definitiva, las medidas necesarias encaminadas a favorecer el
desarrollo socioeconómico de la ciudad de Melilla. Asimismo, contamos con una densidad de población superior a 6700 hab./km2, según datos del INE, muy por encima de la media nacional, e incluso la ciudad de Ceuta. Por tanto, la ciudad de Melilla
padece una presión territorial y social extrema que debe ser atendida, tal y como se ha solicitado de forma reiterada.


A mayor abundamiento, la Agenda Urbana Española 2030, —promovida por el propio Gobierno—, prioriza la regeneración del suelo infrautilizado, el equilibrio territorial y el uso eficiente del suelo. Sin embargo, tales principios se conculcan
en el caso de Melilla, pues existen amplios terrenos infrautilizados en el corazón de la ciudad, que podrían revertir en el interés general.


Por tanto, resulta inadmisible e injustificable este trato discriminatorio, contrario a los principios de justicia interterritorial y buen gobierno. Insistimos en que es urgente adoptar medidas equivalentes a las aplicadas en la ciudad de
Ceuta, y liberar suelo militar en Melilla de forma real, efectiva y útil, esto es, que reinvierta en el mejor interés de los melillenses.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Finalizar el agravio comparativo existente entre Ceuta y Melilla en materia de cesión de terrenos de titularidad del Ministerio de Defensa, garantizando una actuación equitativa y coordinada de ambas ciudades.


2. Proceder a la cesión gratuita, plena y efectiva del Cuartel Fernando de Primo de Rivera (Regimiento de Alcántara) a la ciudad autónoma de Melilla, en condiciones urbanísticas que permitan su uso para viviendas, servicios públicos o
equipamientos sociales, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros que apruebe la desafectación del uso militar, en términos análogos a los establecidos en el convenio suscrito con Ceuta.


3. Acordar con la ciudad autónoma de Melilla la negociación de un convenio específico de cesión patrimonial, conforme al modelo suscrito con Ceuta en julio de 2025, que implique la liberación efectiva de un mínimo 14 hectáreas de suelo
militar, con su respectivo calendario de ejecución, garantías jurídicas y mecanismos de seguimiento de este.


4. Constituir una Comisión Mixta de Seguimiento entre el Ministerio de Defensa y la ciudad de Melilla, con representación paritaria, encargada de la coordinación y supervisión de la ejecución del convenio, así como de garantizar la
transparencia durante todo el proceso.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—Sofía Acedo Reyes, Javier Celaya Brey, Carlos Rojas García y Agustín Conde Bajén, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes


161/002692


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre la democratización y buen
gobierno de los clubes deportivos, para su debate en Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte.


Exposición de motivos


Los clubes de fútbol llevan más de un siglo actuando como mecanismos de vertebración e identificación social. Estos clubes han demostrado ser una forma asociativa de éxito; prueba de ello ha sido el uso político que, especialmente durante
el franquismo, se hizo de ellos, evidenciando su indiscutible relevancia social y política.


Con la Ley 10/1990 del Deporte se obligó a los clubes españoles aparentemente más endeudados a convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), con el objetivo de profesionalizar su gestión y evitar su quiebra. Sin embargo, este
objetivo económico no sólo no se ha cumplido, sino que con los años ha agravado los problemas financieros de muchos clubes históricos de todo el Estado español. Ejemplos hay muchos, pero el Valencia CF o el Hércules CF pueden ser paradigmáticos.
Asociaciones de aficionados como Libertad VCF, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) o SD Europe, entre otras, llevan tiempo planteando este tema.


Las SAD no son empresas ni sociedades anónimas normales, sino que conforman una especie de mercado cautivo, puesto que, a diferencia de las marcas comerciales convencionales, los clubes de fútbol representan para muchas personas vínculos
sentimentales, familiares, culturales o identitarios, es decir, fidelidades intangibles. Ante estas fidelidades, la competencia «de marca» que existe en otros ámbitos económicos o comerciales desaparece.


La conversión forzosa en SAD de 1992 desestructuró socialmente a los clubes, ya que en la mayoría de los casos, y con el paso del tiempo, provocó una fractura entre los propietarios de acciones y las aficiones, las cuales quedaron, y aún hoy
quedan, excluidas de las decisiones que les afectan. Las aficiones se han convertido, por tanto, en ese mercado cautivo. Los y las aficionadas están en manos de propietarios que, en muchas ocasiones, ignoran —cuando no desprecian directamente— el
patrimonio social de los clubes, sea con sus actos o con su pasividad.


Sin embargo, el «imperativo legal» que obligó a la mayor parte de los clubes profesionales a convertirse en SAD excluyó a cuatro clubes privilegiados: el Real Madrid, el FC Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Club Atlético Osasuna de
Pamplona. Este trato diferenciado entre unos pocos clubes y la mayoría resultaba contradictorio con los supuestos objetivos de la ley de 1990. Si el Estado consideraba que el club deportivo no era un buen mecanismo de gestión, resultaba, como
mínimo, inconsistente que existieran cuatro clubes que mantuvieran ese estatus.


Hoy estos cuatro clubes siguen siendo propiedad de sus aficiones, lo que ocurre únicamente porque hace más de treinta años parecían estar bien gestionados. La ley no preveía ningún mecanismo de revisión del estatus de unos y otros. De
hecho, parece evidente que en estos momentos estos cuatro clubes deportivos, que no SAD, distan también mucho de una gestión societaria ejemplar.


Así las cosas, y respecto a la Ley del Deporte de 1990, la Comisión Europea considera que esta ley otorgaba una ayuda estatal ilegal a los cuatro clubes citados. En la Decisión (UE) 2016/2391 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, el
artículo 1 establece que: «[…] Esta ayuda ha sido ejecutada ilegalmente por el Reino de España infringiendo el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y es


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incompatible con el mercado interior». El artículo 4.4 obliga a su vez al Reino de España a modificar la ley de 1990 para adaptarla a esta decisión, modificación que todavía no se ha producido. Sin embargo el FC Barcelona y España
recurrieron con éxito la sentencia.


Existe, eso sí, una nueva Ley del Deporte 39/2022 de diciembre de 2022 que ya no obliga a los clubes profesionales a ser o convertirse en SAD para participar en competiciones profesionales, lo que es positivo. Pero esta ley no contempla
ningún mecanismo para resarcir a los clubes que fueron obligados a convertirse en SAD contra el deseo de sus aficiones en 1990, incluso, contra el criterio de algunos de sus dirigentes y de prácticamente todas sus aficiones. Tampoco establece
ningún mecanismo de reversión de la forma jurídica que permitiera a las aficiones recuperar la legítima «propiedad», o al menos la gestión, de lo que fueron sus clubes. Las enmiendas presentadas entonces, 2022, por Compromís iban en estas dos
líneas de cambio.


La propiedad de los clubes en 1992 fue expropiada a sus aficiones mediante una suerte de privatización o conversión forzada en SAD. La nueva ley de 2022 tampoco muestra ningún interés por compensar a los clubes que no recibieron aquella
«ayuda estatal» por la desigualdad creada a lo largo de los años. Por todo ello, la nueva ley ha generado una sensación de fraude entre gran parte de la ciudadanía y en las aficiones de la mayor parte de los actuales clubes que son SAD. Fue una
clara oportunidad perdida. Otros estados europeos, como Reino Unido, o de la Unión Europea, como Alemania, sí han tenido en cuenta en su legislación reciente estas ideas y los pronunciamientos de las instituciones europeas en la línea de que los
clubes de fútbol son un patrimonio público a proteger, y donde las aficiones y el estado deben participar de forma democrática


De nuevo, la Ley 39/2022 favorece especialmente a los dos clubes más potentes del fútbol español: FC Barcelona y Real Madrid. Consagra así una situación de privilegio que dura ya más de treinta años, en la que el Real Madrid sigue siendo
una simple asociación deportiva mientras el Alcoyano, por ejemplo, es una SAD, como también lo es el Valencia CF o el Levante UD, y los cuatro compiten en las mismas competiciones profesionales.


Por eso, es necesario que una nueva ley contemple la redemocratización y el buen gobierno de los clubes deportivos. Ante la negligente gestión de algunos, esta democratización nunca puede empeorar la situación sino, por el contrario,
contribuir a crear estructuras asociativas que, como antes de la ley de 1990, incorporan e implican a todos los sectores sociales, sin diferencias de estatus económico e ideológico.


Asimismo, estas medidas desincentivarían la mercantilización de las relaciones sociales y reforzaría el carácter transversal y local de los clubes.


Más allá de la forma jurídica que adopten, es necesario incorporar mecanismos de control y mejora de su gobierno. Aunque la ley 39/2022 introduce algunas referencias en esta materia, éstas son insuficientes, puesto que sólo dedica tres
artículos a la cuestión. El buen gobierno de las entidades deportivas debe desarrollarse de una forma más completa, específica y detallada.


Por otra parte, la nueva ley debería contemplar mecanismos de participación de las aficiones en las decisiones de sus clubes, como se ha implantado en otros países. En Alemania, por ejemplo, la conocida ley del «50+1» garantiza que la
afición, constituida como asociación, disponga de la mitad más uno de los derechos de voto de la sociedad anónima que gestiona el equipo profesional. En Reino Unido, la nueva ley de julio de este año sería un modelo a imitar en este sentido, con el
objetivo de hacer modificaciones legales que democraticen y mejoren la gestión de los clubes, desmercantilicen las competiciones y devuelvan cierto control a las aficiones.


Haría falta también que una nueva ley introdujera mecanismos para que la propiedad accionarial de las SAD volviera a los colectivos de aficionados que representan la masa social y real de los clubes.


De hecho, el informe del Parlamento Europeo 2021/1058 (INI) recomienda expresamente el modelo alemán como mecanismo de gestión para los clubes europeos,


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así como la incorporación al mundo del deporte de valores como la solidaridad, la sostenibilidad, la inclusividad, la competencia y la justicia.


Asimismo, debería incluirse en la legislación la potestad de las administraciones públicas para vigilar la gestión de los clubes dado su patrimonio social, como ya ocurre en otros ámbitos económicos y culturales, con el fin de garantizar
transparencia en su gobierno.


Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a impulsar la democratización y la mejora del buen gobierno de los clubes deportivos mediante la elaboración de una ley que contemple los siguientes puntos:


1. Establecimiento de mecanismos reales para que la gestión y/o propiedad de los clubes de fútbol profesionales incluyan sus aficiones.


2. Herramientas que faciliten la toma de decisiones transparentes y democráticas en clubes y competiciones y que éstas incluyan sus aficiones. También el acceso de las aficiones a la información, a la decisión y a la fiscalización, de
clubes y competiciones.


3. Regulación y formas de registro de las entidades y asociaciones que representan a las aficiones de los clubes profesionales.


4. Garantías en el respeto a la competencia real de todos los clubes que participan en las competiciones deportivas profesionales.


5. Mecanismos para que las SAD actuales puedan recuperar su forma de propiedad y/o decisión que tenían antes de 1990.


6. Creación, para cada club, de un Consejo Social o Consejo de la Afición democrático que mantenga un 51 % de la capacidad de decisión, cualquiera que sea su estatus jurídico (aplicación del denominado «modelo alemán» o similar).


7. Más herramientas que garanticen la igualdad en la participación de las mujeres en la práctica deportiva, en la grada y en la dirección de competiciones y de los clubes, tanto femeninos como masculinos, y con independencia de su
adscripción jurídica.


8. Más herramientas que garanticen la igualdad en la participación de las personas con diversidad funcional, tanto en la práctica como en la dirección de los clubes y competiciones.


9. Más herramientas que garanticen la igualdad en la participación del colectivo LGTBI en todos los ámbitos del deporte.


10. Mecanismos de control, internos y externos, que aseguren una adecuada gestión económica y social, independientemente de la forma jurídica de cada club.


11. Determinar la obligación de que las personas o entidades con más del 5 % de la propiedad de una SAD estén radicadas dentro de la Unión Europea.


12. Incorporación de modelos de organización y gestión para la prevención de riesgos jurídicos, económicos y reputacionales (corrupción, administración desleal, etc.) de clubes y competiciones. Test de idoneidad y normas de acceso para la
prevención, fiscalización y acoso de la especulación y corrupción de propietarios y gestores de clubes y de competiciones.


13. Declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de todos los clubes deportivos españoles SAD con más de 100 años de antigüedad.


14. Incorporación de las asociaciones de las aficiones a todos los órganos estipulados en la Ley Antiviolencia 19/2007.


15. Prohibición de disputar competiciones oficiales españolas fuera del estado español. Tampoco y especialmente en estados que no respetan a los derechos humanos.


16. Atribuir al Consejo Superior de Deportes la competencia para el fomento, impulso y supervisión del buen gobierno en las entidades y competiciones deportivas.


17. Determinación de una distribución equitativa, equilibrada y racional de los derechos de televisión entre los clubes profesionales que participan en las


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competiciones, de forma que se fomente la igualdad y la competitividad de toda la competición, y no sólo de determinados clubes.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2025.—Àgueda Micó Micó, Diputada.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


A la Mesa del Congrés


El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei sobre la democratització i bona
governança dels clubs esportius per al seu debat en Comissió d’Educació, Formació Professional i Esport.


Exposició de motius


Els clubs de futbol fa més d’un segle que actuen com a mecanismes de vertebració i identificació social. Aquests clubs han demostrat ser una forma associativa d’èxit; prova d’això ha estat l’ús polític que, especialment durant el
franquisme, es va fer d’ells, evidenciant la seua indiscutible rellevància social i política.


Amb la Llei 10/1990 de l’Esport es va obligar els clubs espanyols aparentment més endeutats a convertir-se en Societats Anònimes Esportives (SAD), amb l’objectiu de professionalitzar-ne la gestió i evitar-ne la fallida. Tanmateix, aquest
objectiu econòmic no sols no s’ha complit, sinó que amb els anys ha agreujat els problemes financers de molts clubs històrics d’arreu de l’Estat espanyol. Exemples n’hi ha molts, però el València CF o l’Hèrcules CF en poden ser paradigmàtics.
Associacions d’aficionats com Libertad VCF, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) o SD Europe, entre altres, fa temps que posen sobre la taula aquesta problemàtica.


Les SAD no són empreses ni societats anònimes normals, sinó que conformen una mena de mercat captiu, ja que, a diferència de les marques comercials convencionals, els clubs de futbol representen per a moltes persones vincles sentimentals,
familiars, culturals o identitaris, és a dir, fidelitats intangibles. Davant aquestes fidelitats, la competència «de marca» que existeix en altres àmbits econòmics o comercials desapareix.


La conversió forçosa en SAD de 1992 va desestructurar socialment els clubs, ja que en la majoria dels casos, i amb el pas del temps, va provocar una fractura entre els propietaris d’accions i les aficions, les quals van quedar, i encara avui
queden, excloses de les decisions que els afecten. Les aficions s’han convertit, per tant, en eixe mercat captiu. Els i les aficionades estan en mans de propietaris que, en moltes ocasions, ignoren —quan no menyspreen directament— el patrimoni
social dels clubs, siga amb els seus actes o amb la seua passivitat.


Tanmateix, l «imperatiu legal» que va obligar la major part dels clubs professionals a convertir-se en SAD va excloure quatre clubs privilegiats: el Reial Madrid, el FC Barcelona, l’Athletic Club de Bilbao i el Club Atlético Osasuna de
Pamplona. Aquest tracte diferenciat entre uns pocs clubs i la majoria resultava contradictori amb els suposats objectius de la llei de 1990. Si l’Estat considerava que el club esportiu no era un bon mecanisme de gestió, resultava, com a mínim,
inconsistent que existiren quatre clubs que mantingueren aquell estatus.


Hui aquests quatre clubs continuen sent propietat de les seues aficions, i això ocorre únicament perquè fa més de trenta anys semblaven estar ben gestionats. La llei no va preveure cap mecanisme de revisió de l’estatus dels uns i dels
altres. De fet, sembla evident que a hores d’ara aquests quatre clubs esportius, que no SAD, disten també molt d’una gestió societària exemplar.


Així les coses, i respecte a la Llei de l’Esport de 1990, la Comissió Europea considera que aquesta llei atorgava una ajuda estatal il·legal als quatre clubs esmentats. En la Decisió (UE) 2016/2391 de la Comissió, de 4 de juliol de 2016,
l’article 1 estableix


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que: «[…] Aquesta ajuda ha estat executada il·legalment pel Regne d’Espanya infringint l’article 108, apartat 3, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i és incompatible amb el mercat interior». L’article 4.4 obliga, al seu torn,
al Regne d’Espanya a modificar la llei de 1990 per adaptar-la a aquesta decisió, modificació que encara no s’ha produït. Tot i això el FC Barcelona i l'estat espanyol recorregueren amb èxit la sentència.


Existeix, això sí, una nova llei de l'Esport 39/2022 de desembre de 2022 que ja no obliga els clubs professionals a ser o a convertir-se en SAD per a participar en competicions professionals, la qual cosa és positiva. Però aquesta llei no
contempla cap mecanisme per a rescabalar els clubs que van ser obligats a convertir-se en SAD contra el desig de les seues aficions el 1990, fins i tot, contra el criteri d’alguns dels seus dirigents i de pràcticament totes les seues aficions.
Tampoc estableix cap mecanisme de reversió de la forma jurídica que permetera a les aficions recuperar la legítima «propietat», o almenys la gestió, del que van ser els seus clubs. Les esmenes presentades aleshores, 2022, per Compromís anaven en
aquestes dues línies de canvi.


La propietat dels clubs el 1992 va ser expropiada a les seues aficions mitjançant una mena de privatització o conversió forçada en SAD. La nova llei de 2022 tampoc mostra cap interés per compensar els clubs que no van rebre aquella «ajuda
estatal» per la desigualtat creada al llarg dels anys. Per tot això, la nova llei ha generat una sensació de frau entre gran part de la ciutadania i en les aficions de la major part dels clubs SAD actuals. Fou una clara oportunitat perduda.
Altres estats europeus, com el Regne Unit, o de la Unió Europea, com Alemanya, sí han tingut en compte en la seua legislació recent aquestes idees i els pronunciaments de les institucions europees en la línia que els clubs de futbol són un patrimoni
públic a protegir, i on les aficions i l'estat han de participar de forma democràtica.


De nou, la llei 39/2022 afavorix especialment els dos clubs més potents del futbol espanyol: FC Barcelona i Real Madrid. Consagra així una situació de privilegi que ja dura més de trenta anys, en la qual el Reial Madrid continua sent una
simple associació esportiva mentre l’Alcoià, per exemple, és una SAD, com també ho és el València CF o el Llevant UD, i tots quatre competeixen en les mateixes competicions professionals.


Per això, és necessari que una nova llei contemple la re-democratització i la bona governança dels clubs esportius. Davant la negligent gestió d’alguns, la seua democratització no pot mai empitjorar la situació sinó, ben al contrari,
contribuir a crear estructures associatives que, com abans de la llei de 1990, incorporen i impliquen tots els sectors socials, sense diferències d’estatus econòmic i ideològic.


Així mateix, aquestes mesures desincentivarien la mercantilització de les relacions socials i reforçaria el caràcter transversal i local dels clubs.


Més enllà de la forma jurídica que adopten, és necessari incorporar mecanismes de control i millora de la seua governança. Encara que la llei 39/2022 introdueix algunes referències en aquesta matèria, aquestes són insuficients, ja que només
dedica tres articles a la qüestió. La governança de les entitats esportives ha de desenvolupar-se d’una manera més completa, específica i detallada.


D’altra banda, la nova llei hauria de contemplar mecanismes de participació de les aficions en les decisions dels seus clubs, com s’ha implantat en altres països. A Alemanya, per exemple, la coneguda llei del «50+1» garanteix que l’afició,
constituïda com a associació, dispose de la meitat més un dels drets de vot de la societat anònima que gestiona l’equip professional. Al Regne Unit, la nova llei de juliol d'enguany seria un model a imitar en aquest sentit, amb l’objectiu de fer
modificacions legals que democratitzen i milloren la gestió dels clubs, desmercantilitzen les competicions i retornen cert control a les aficions.


Caldria també que una nova llei introduïra mecanismes per tal que la propietat accionarial de les SAD retornara als col·lectius d'aficionats que representen la massa social i real dels clubs.


De fet, l’informe del Parlament Europeu 2021/1058 (INI), recomana expressament el model alemany com a mecanisme de gestió per als clubs europeus, així com la incorporació al món de l’esport de valors com la solidaritat, la sostenibilitat, la
inclusivitat, la competència i la justícia.


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Així mateix, s’hauria d’incloure en la legislació la potestat de les administracions públiques per a vigilar la gestió dels clubs atés el seu patrimoni social, com ja ocorre en altres àmbits econòmics i culturals, amb la finalitat de
garantir transparència en la seua governança.


Per tot l’exposat anteriorment, presente la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés acorda instar al Govern de l’Estat a impulsar la democratització i la millora de la governança dels clubs esportius mitjançant l’elaboració d’una llei que contemple els següents punts:


1. Establiment de mecanismes reals perquè la gestió i/o propietat dels clubs de futbol professionals incloguen les seues aficions.


2. Eines que faciliten la presa de decisions transparents i democràtiques en clubs i competicions i que aquestes incloguen les seues aficions. També l'accés de les aficions a la informació, a la decisió i a la fiscalització, de clubs i de
competicions.


3. Regulació i formes de registre de les entitats i associacions que representen les aficions dels clubs professionals.


4. Garanties en el respecte de la competència real de tots els clubs que participen en les competicions esportives professionals.


5. Mecanismes perquè les SAD actuals puguen recuperar la forma de propietat i/o decisió que tenien abans de 1990.


6. Creació, per a cada club, d’un Consell Social o Consell de l’Afició democràtic que mantinga un 51 % de la capacitat de decisió, siga quin siga el seu estatus jurídic (aplicació del denominat «model alemany» o similar»).


7. Més eines que garantisquen la igualtat en la participació de les dones en la pràctica esportiva, a la graderia i en la direcció de competicions i dels clubs, tan femenins com masculins, i amb independència de la seua adscripció jurídica.


8. Més eines que garantisquen la igualtat en la participació de les persones amb diversitat funcional, tant en la pràctica com en la direcció dels clubs i competicions.


9. Més eines que garantisquen la igualtat en la participació del col·lectiu LGTBI en tots els àmbits de l’esport.


10. Mecanismes de control, interns i externs, que asseguren una gestió econòmica i social adequada, independentment de la forma jurídica de cada club.


11. Determinar l’obligació que les persones o entitats amb més del 5 % de la propietat d’una SAD estiguen radicades dins de la Unió Europea.


12. Incorporació de models d’organització i gestió per a la prevenció de riscos jurídics, econòmics i reputacionals (corrupció, administració deslleial, etc.) de clubs i competicions. Test d'idoneïtat i normes d'accés per a la prevenció,
fiscalització i persecució de l'especulació i corrupció de propietaris i gestors de clubs i de competicions.


13. Declaració com a Bé d'Interés Cultural (BIC) de tots els clubs esportius espanyols SAD, amb més de 100 anys d’antiguitat.


14. Incorporació de les associacions de les aficions a tots els òrgans estipulats en la Llei anti-violència 19/2007.


15. Prohibició de disputar competicions oficials espanyoles fora de l'estat espanyol. Tampoc i especialment en estats que no respecten els drets humans.


16. Atribuir al Consell Superior d’Esports la competència per al foment, impuls i supervisió del bon govern en les entitats i competicions esportives.


17. Determinació d'una distribució equitativa, equilibrada i racional dels drets de televisió entre els clubs professionals que hi participen en les competicions, de tal manera que es fomente la igualtat i la competitivitat de tota la
competició, i no només de determinats clubs.»


Congrés, 5 de novembre de 2025.—Àgueda Micó i Micó, Diputada de Compromís.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunt del Grup Parlamentari Mixt.


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Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/002691


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en valor del trabajo de las mujeres rurales, con especial
atención a las trabajadoras migrantes, en el campo español, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La mujer rural constituye uno de los pilares más sólidos sobre los que se asienta la vida en nuestros pueblos y comarcas. Su aportación, históricamente invisibilizada, ha sido y continúa siendo determinante para garantizar la sostenibilidad
económica, social y cultural del medio rural, así como para preservar un modelo de desarrollo equilibrado que atienda a la cohesión territorial y a la igualdad de oportunidades. En las últimas décadas, su papel ha experimentado una transformación
profunda, incorporando con creciente protagonismo funciones de gestión, emprendimiento, innovación y liderazgo en sectores tradicionalmente masculinizados, sin abandonar su implicación en la transmisión de saberes, tradiciones y valores que
conforman la identidad de cada territorio.


En la actualidad, las mujeres rurales participan activamente en la producción agraria y pesca, en la transformación y comercialización de productos, en la diversificación de actividades económicas y en la implantación de prácticas
sostenibles que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Su presencia en el tejido asociativo y cooperativo, así como en iniciativas de economía social, ha permitido abrir nuevos espacios de participación y decisión, fortaleciendo el
papel de la mujer como agente de cambio en el medio rural. Persisten, no obstante, obstáculos que limitan el pleno reconocimiento de su trabajo, como la menor titularidad de explotaciones, la dificultad de acceso a la propiedad de la tierra, la
brecha digital o la desproporción de responsabilidades familiares y de cuidados.


En este contexto, es importante destacar la contribución de las trabajadoras migrantes que desarrollan su laboren el campo español. Procedentes de diversos países, de muy diversas realidades, estas mujeres desempeñan un papel esencial en
campañas agrícolas y en tareas de recolección, aportando su experiencia y esfuerzo en condiciones que, en muchos casos, exigen una notable capacidad de adaptación y resistencia. Su trabajo sostiene la competitividad del sector agroalimentario y
enriquece la diversidad cultural de nuestras comunidades rurales, al tiempo que plantea el reto de garantizar su plena integración social, el acceso a derechos laborales y la igualdad de trato.


España cuenta con un sólido marco normativo que ampara estos objetivos. La Constitución Española, en sus artículos 9.2, 14 y 35, consagra el principio de igualdad y la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que
esta sea real y efectiva. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece medidas específicas para corregir desigualdades y fomentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos. La Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, incorpora la perspectiva de género como elemento transversal en las políticas de desarrollo rural. A ello se suman los compromisos internacionales asumidos por España, como
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 5, relativo a la igualdad de género, y el ODS 8, sobre trabajo decente y crecimiento económico.


El pasado 15 de octubre se conmemoró el nuevo aniversario del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Esta efeméride, celebrada por primera vez en 2008, constituye una ocasión propicia para reconocer públicamente la contribución esencial
de las mujeres rurales al desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad medioambiental, así como para renovar el compromiso de las instituciones


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con la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo. Las mujeres somos las gestoras del territorio, las que promovemos la fijación de población a los municipios de la España rural.


El último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) subraya que la presencia de mujeres migrantes en el medio rural español es un factor determinante para la sostenibilidad demográfica y económica de estos
territorios. Del mismo modo, destaca que la inserción laboral de las mujeres migrantes se concentra en ocupaciones de baja cualificación y limitada estabilidad, con desigualdades salariales y escaso reconocimiento. A ello se añade una carga
significativa de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, junto con barreras estructurales derivadas de la falta de transporte, la brecha digital y el acceso desigual a servicios esenciales.


El estudio identifica que este colectivo desarrolla su actividad principalmente en la agricultura, los servicios domésticos y de cuidados, la hostelería y la limpieza. Aunque su participación es relevante en la mayoría de las campañas
agrícolas, la titularidad de explotaciones es reducida, lo que restringe el acceso a derechos y ayudas. El informe plantea la necesidad de diversificar sus oportunidades profesionales, mejorar el acceso a las tecnologías de la información y
promover su participación activa en la toma de decisiones comunitarias.


A modo de ejemplo, la provincia de Huelva concentra a más de 14.000 mujeres migrantes que participan cada año en la campaña de frutos rojos, desempeñando tareas esenciales en la recolección y manipulado de fresas, arándanos y frambuesas. Su
gran labor permite que Huelva concentre más del 80 % de la producción nacional de fresas y se consolide como principal provincia exportadora del país, contribuyendo de forma decisiva al dinamismo económico del medio rural andaluz y al
posicionamiento internacional del sector agroalimentario español.


El reconocimiento y la puesta en valor del trabajo de las mujeres rurales, con especial mención a las trabajadoras migrantes, constituye una obligación moral y política que interpela directamente a las instituciones. Es necesario reforzar
las políticas públicas que favorezcan su visibilidad, su acceso a la formación y a la innovación, su participación en órganos de decisión y su protección frente a cualquier forma de discriminación. La falta de mujeres en el sector cooperativo
agroalimentario, no tanto en lo que a mano de obra se refiere, sino precisamente en los puestos de gobernanza y decisión de las empresas cooperativas agroalimentarias españolas, es un hecho incontestable. Es por ello, que solo será posible
garantizar que el medio rural español avance hacia un modelo más justo, inclusivo y sostenible, en el que las mujeres, sin distinción de origen, ocupen el lugar que legítimamente les corresponde como protagonistas del presente y del futuro de
nuestros pueblos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposisión no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Seguir reconociendo y visibilizando la contribución de las mujeres rurales, y en particular de las trabajadoras migrantes, al desarrollo económico, social y cultural del medio rural español, mediante campañas institucionales y actos
conmemorativos en tomo al 15 de octubre, en el marco del aniversario de la proclamación por la ONU del Día Internacional de las Mujeres Rurales.


2. Seguir impulsando políticas integrales que garanticen la igualdad de oportunidades, el acceso a derechos laborales plenos, la formación y capacitación profesional, así como la participación en órganos de decisión y representación del
sector agrario tanto en las organizaciones profesionales agrarias como en las cooperativas, prestando especial atención a la integración social de las trabajadoras migrantes.


3. Seguir reforzando la protección y las condiciones de vida en el medio rural, asegurando el cumplimiento de la normativa laboral, la mejora de los servicios básicos y la conectividad digital, en coordinación con comunidades autónomas y
entidades locales.


4. Seguir desarrollando y ampliando programas como el Wafira, para mujeres temporeras que cada año vienen a España a la recogida de frutos rojos, y que promueve


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la capacitación y formación de las mujeres para que a su regreso puedan emprender y poner en marcha actividades generadoras de ingresos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2025.—María Luisa Faneca López, Patricia Otero Rodríguez, Iván Cacho Isla, Jonay Quintero Hernández, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Trinidad Carmen Argota Castro, José Luis Aceves
Galindo, Amador Marqués Atés, Joaquín Martínez Salmerón, Marta Trenzano Rubio, María Carmen Sánchez Díaz y Daniel Senderos Oraá, Diputados.—Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/002697


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión de una línea específica de ayudas para la adquisición de
componentes de agricultura de precisión en el marco del Plan Renove 2025, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La agricultura española afronta en la actualidad retos de gran calado vinculados a la competitividad, la sostenibilidad y el relevo generacional. La modernización del sector primario requiere la incorporación de tecnologías que permitan
optimizar el uso de recursos, reducir costes de explotación y garantizar la viabilidad de las explotaciones en un contexto de creciente exigencia medioambiental, sostenibilidad y de adaptación al cambio climático.


La agricultura de precisión constituye un instrumento esencial para alcanzar estos objetivos. La utilización de sistemas de guiado por satélite, sensores de humedad y nutrientes, estaciones agroclimáticas, software de gestión de
explotaciones y otros componentes tecnológicos permite mejorar la eficiencia en el uso de agua, fertilizantes y fitosanitarios, reduciendo la huella ambiental y aumentando la rentabilidad de las explotaciones.


El Plan Renove de maquinaria agrícola, gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha demostrado ser un mecanismo eficaz para la modernización del parque de maquinaria en España. La convocatoria de 2025, dotada con
9,55 millones de euros, incluye por primera vez ayudas específicas para componentes de agricultura de precisión, como ha destacado el propio Ministerio.


El Gobierno de España ha desplegado en los últimos años un esfuerzo notable en apoyo a la digitalización agraria. Se han destinado 230 millones de euros a más de 6.700 proyectos de agricultura de precisión a través del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, movilizando inversión privada adicional y favoreciendo la modernización de regadíos mediante sistemas de monitorización y control digital. Asimismo, en 2025 se han convocado ayudas por un importe superior a 46 millones
de euros para grupos operativos supraáutonómicos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI-Agri), reforzando la innovación y la transferencia tecnológica en el sector.


En el ámbito europeo, la Comisión Europea presentó en julio de 2025 su propuesta para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 (COM (2025) 320 final). Su propuesta incluye una reducción del 22 % en los fondos destinados a la Política
Agraria Común, pasando de 387.000 millones de euros en el periodo 2021-2027 a 302.000 millones. Para España, la asignación mínima prevista en ayudas directas se sitúa en torno a 37.200 millones de euros, según las cifras debatidas en el Consejo de
Ministros de Agricultura de la UE. Este planteamiento ha suscitado un rechazo amplio por parte del


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Gobierno y de las comunidades autónomas, que han advertido de que semejante reducción comprometería la seguridad alimentaria, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad del sector agrario.


En este escenario, resulta imprescindible reforzar los instrumentos nacionales de apoyo, de modo que la transición hacia la digitalización y la sostenibilidad no quede condicionada por la reducción de recursos europeos. La incorporación de
una línea específica de ayudas a la agricultura de precisión en el Plan Renove 2025 constituye una medida estratégica para garantizar que los agricultores españoles puedan acceder a las tecnologías que marcarán la competitividad del futuro y que el
esfuerzo ya realizado por el Gobierno encuentre continuidad y consolidación.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Incluir en el Plan Renove 2025 una línea específica de ayudas destinada a la adquisición e integración de componentes de agricultura de precisión, tales como sistemas de guiado, sensores, estaciones agroclimáticas, software de gestión y
demás tecnologías aplicables a la modernización de las explotaciones.


2. Establecer mecanismos de apoyo complementarios para la formación y el acompañamiento técnico de los agricultores beneficiarios, con el fin de garantizar la correcta implantación y aprovechamiento de estas tecnologías.


3. Coordinar esta línea de ayudas con los programas europeos de digitalización y sostenibilidad agraria, maximizando la captación de fondos comunitarios y evitando solapamientos administrativos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—María Luisa Faneca López, Patricia Otero Rodríguez, Iván Cacho Isla, Jonay Quintero Hernández, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Trinidad Carmen Argota Castro, José Luis Aceves
Galindo, Amador Marqués Atés, Joaquín Martínez Salmerón, Marta Trenzano Rubio, María Carmen Sánchez Díaz y Daniel Senderos Oraá, Diputados.—Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Política Territorial


161/002710


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Proposición no de Ley relativa a fomentar la cooperación interterritorial entre la Diputación Provincial de Burgos y la Diputación Foral de Álava y al escrupuloso respeto del cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Territorial. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a fomentar la cooperación
interterritorial entre la Diputación Provincial de Burgos y la Diputación Foral de Álava y al escrupuloso respeto del cumplimento del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, para su debate en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


Las Juntas Generales de Álava, en su sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, aprobaron la moción número 34/2025, relativa a la incorporación del enclave de Treviño a la provincia de Álava, remitiendo la misma a la Diputación Provincial de
Burgos.


A raíz de esta moción, la Diputación Provincial de Burgos, en aras de garantizar el respeto a los principios jurídicos y de cooperación interinstitucional, ha expresado en numerosas ocasiones que el proceso de integración del enclave de
Treviño en la provincia de Álava debe enmarcarse dentro de los principios de legalidad, respeto a la normativa vigente y, especialmente, a los mecanismos establecidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. De acuerdo con la disposición
transitoria tercera de la reforma de dicho Estatuto (Ley Orgánica 14/2007), se deben cumplir los requisitos establecidos para la segregación de enclaves, lo cual no puede llevarse a cabo de manera precipitada, ni sin el debido consenso
interinstitucional.


La Diputación Provincial de Burgos ha reafirmado siempre su compromiso con la cooperación institucional como fórmula esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos residentes en las áreas limítrofes entre las provincias de
Burgos y Álava.


De hecho, la firma de acuerdos de colaboración entre ambas instituciones ha demostrado ser una herramienta eficaz para el desarrollo de infraestructuras y la prestación de servicios públicos, sin que ello implique la necesidad de alterar los
límites territoriales establecidos. En este sentido, se insta a mantener y fortalecer estos acuerdos, como base para un trabajo conjunto en beneficio de la ciudadanía.


En cuanto a algunas actuaciones unilaterales como por ejemplo la propuesta planteada por las Juntas Generales de Álava sobre la posibilidad de que los habitantes de Treviño accedan a ayudas económicas para cursar estudios en la Universidad
del País Vasco (UPV-EHU), la Diputación Provincial de Burgos ya ha venido manifestado su preocupación porque tal propuesta, si no se fundamenta adecuadamente en el marco jurídico y normativo, podría generar una discriminación injustificada entre los
residentes en distintos territorios de la provincia de Burgos. Y es que la cooperación entre las instituciones educativas debe basarse en principios de igualdad y no discriminación, sin distinción territorial que no responda a una justificación
legal objetiva.


La Diputación Provincial de Burgos ha reiterado que el enclave de Treviño es parte indiscutible del territorio burgalés, con raíces históricas y sociales profundamente vinculadas al conjunto de la provincia. Y que el respeto a los lazos que
unen a Treviño con Burgos es fundamental para preservar la unidad territorial y social, y debe ser tenido en cuenta en todas las discusiones sobre su posible segregación.


Finalmente, siempre se ha reiterado la disposición de la Diputación Provincial de Burgos su disposición a continuar trabajando en el marco de la cooperación institucional con la Diputación Foral de Álava y con todas las administraciones
públicas implicadas, siempre en


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el marco del respeto mutuo, la lealtad institucional y el cumplimiento de la legalidad vigente. De hecho, hasta 2029 hay vigentes un acuerdo marco y un conjunto de convenios firmados entre ambas administraciones, que están llamados a
cumplir con esos objetivos.


Sin embargo, el diputado general de Álava, Ramiro González, en el pleno de control de las Juntas Generales celebradas esta misma semana, acaba de manifestar públicamente, al respecto de esta cuestión que la voluntad del gobierno foral es:
«en primer lugar proteger y reforzar la posición mayoritaria de estas juntas generales expresadas en la moción aprobada el 14 de mayo —eso para el gobierno foral es prioritario—, debemos seguir avanzando con consenso, con el mayor consenso posible;
en segundo lugar respaldar a los vecinos de Treviño y a las decisiones que vayan adoptando en torno a esa mesa institucional que recoge a una gran mayoría de los representantes institucionales de los vecinos de Treviño con la única excepción de los
representantes del Partido Popular; en tercer lugar mantener el carácter temporal del acuerdo marco y los convenios, y mantener que estos cuatro años tienen que ser los cuatro años de solución de esta cuestión: primero porque no podemos mantener
en el tiempo una situación anacrónica que no es normal —no podemos normalizar lo que no es normal— y en segundo lugar porque efectivamente quizás ahora pueda haber una ventana de oportunidad […]».


Dichas manifestaciones sobre «estos cuatro años (2025-2029) tienen que ser los de la solución de esta cuestión […] porque efectivamente ahora pueda haber una ventana de oportunidad» representan una voluntad de acción que podría no tener
ningún tipo de cabida en el marco constitucional ni en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, si lo que se pretende es impulsar algún tipo de procedimiento unilateral de anexión de Treviño a Álava.


Por todo lo expuesto, el Grupo Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Trabajar para que se siga fomentando la cooperación interterritorial entre la Diputación Provincial de Burgos y la Diputación Foral de Álava, con el fin de impulsar una herramienta eficaz para la mejora de los servicios y las
infraestructuras públicas, dentro de los límites de las correspondientes competencias y respetando la autonomía local e intereses públicos de ambas provincias.


2. Defender la legislación vigente en lo relacionado con la pertenencia de Treviño a Burgos, y reafirmando la pertenencia histórica, territorial y social del enclave de Treviño a la provincia de Burgos, bajo el principio del respeto de los
vínculos que unen a los habitantes de Treviño con el resto de la provincia.


3. Rechazar cualquier tipo de vía unilateral de anexión de Treviño a la provincia de Álava, y tomar las medidas legales oportunas ante cualquier proceso que no sea completamente escrupuloso con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2025.—Ángel Ibáñez Hernando, Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag y María Sandra Moneo Díez, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/002685


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
implantación


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de las ayudas al funcionamiento y a los autónomos en las provincias de Teruel, Soria y Cuenca, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


Las provincias de Teruel, Soria y Cuenca presentan una densidad demográfica inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, convirtiéndose en paradigma del desafío demográfico que amenaza a los territorios del interior peninsular.
Para dar respuesta a esa realidad, buscando favorecer la inversión, la Comisión Europea aprobó en abril de 2021, en el marco de las «Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional», un régimen de ayudas especial al que podían acogerse
estas tres provincias, consistentes en la reducción de los costes laborales de hasta un 20 %.


Sin embargo, en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, se decidió aplicar unas ayudas más restrictivas que lo autorizado por la UE. En concreto, en la disposición adicional nonagésima
primera, se incluyó una reducción de cuotas a la Seguridad Social por el ejercicio de una actividad por cuenta ajena en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, pero no sobre los costes laborales en su conjunto, sino solo sobre la aportación
empresarial por contingencias comunes: un 5 % por contrataciones anteriores a la entrada en vigor de la ley y, a partir de su entrada en vigor, un 15 % para contrataciones en municipios con un padrón igual o superior a 1.000 habitantes y un 20 %
para municipios con un padrón inferior a 1.000 habitantes.


Dicha disposición establecía también una cuota reducida aplicable por contingencias comunes y profesionales por el inicio de una actividad por cuenta propia en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel durante el año 2023, consistente en una
cuota única mensual de 80 euros, durante los 36 primeros meses naturales inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.


La experiencia ha demostrado que esas reducciones tan escasas y no sobre el total de los costes laborales, sino solo sobre las contingencias comunes (lo que supone apenas un 1,38 % en lugar del 20 % posible, entre 45 y 60 euros al mes),
apenas ha resultado ser un incentivo eficaz. Además, las ayudas a los autónomos solo tuvieron vigencia de un año, dejando de aplicarse a quienes se dieron de alta a partir del 1 de enero de 2024, excluyendo pues a la mitad del tejido empresarial,
ignorando que son precisamente autónomos quienes prestan los servicios en las zonas despobladas, resultando personal esencial para vivir en el medio rural.


Estas provincias están creciendo a menor ritmo que el resto del Estado, lo que demuestra que las ayudas al funcionamiento no han servido para suponer una ventaja competitiva para ellas. Los escasos resultados obtenidos, debido a la cicatera
aplicación de las ayudas, podrían servir como excusa para eliminarlas en la próxima reforma presupuestaria de la Unión Europea.


Resulta evidente que existe margen para que puedan ampliarse esas ayudas hasta el máximo porcentaje autorizado por la UE, sin que ni siquiera un bum de nuevas empresas en estas provincias pudiera poner en peligro la estabilidad de la
Seguridad Social. Además, parece oportuno evitar el trato desigual que se producía en la Ley de Presupuestos Generales para 2023 entre las empresas de estas tres provincias que tenían actividad antes de la entrada en vigor de la ley y las nuevas
contrataciones indefinidas posteriores. Asimismo, atendiendo a indicadores de cohesión territorial, parece conveniente mantener medidas de discriminación positiva para favorecer a los municipios más pequeños.


La Red SSPA, de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Southern Sparsely Populated Areas), conformada por la Confederación de Empresarios de Cuenca, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y la Confederación de
Empresarios de Teruel, demanda que la aplicación sea igual para todas las empresas, con independencia de que los trabajadores sean nuevas contrataciones o no, entre otras medidas. Además, se ha incidido en la necesidad de que todos los autónomos de


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Cuenca, Teruel y Soria se beneficien igualmente de estas ayudas de funcionamiento sin limitación temporal, y en tanto las provincias no alcancen los 12,5 habitantes por km2.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Ampliar las ayudas al funcionamiento en las provincias de Teruel, Soria y Cuenca, para establecer reducciones en los costes laborales de hasta el 20 % permitido por la Unión Europea, con independencia de que sean nuevas contrataciones o
que ya hubieran tenido actividad previa, porque las ayudas al funcionamiento deben beneficiar al conjunto de la actividad económica de las provincias afectadas, aunque manteniendo una distinción entre los municipios por tamaño: 20 % para menores de
1.000 habitantes, 15 % para los de entre 1.000 y 10.000 y 5 % para los superiores a 10.000.


2. Recuperar de forma permanente el régimen especial para autónomos aplicable a las provincias de Teruel, Soria y Cuenca, que permitía una tarifa plana de 80 euros durante 3 años, con independencia de los ingresos anuales del autónomo en
cuestión, aplicándose con carácter retroactivo a quienes se dieron de alta a partir del 1 de enero de 2024.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2025.—Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


161/002683


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de
Ley para prorrogar la moratoria de los desahucios y los lanzamientos para hogares vulnerables de forma indefinida, para su tramitación en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


El artículo 47 de la Constitución Española establece que todas las personas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y encomienda a los poderes públicos la promoción de las condiciones necesarias para hacer efectivo este
derecho, así como la obligación de impedir la especulación. Sin embargo, resulta evidente que, en la práctica, este mandato constitucional continúa sin cumplirse plenamente en nuestro país.


España atraviesa una situación de emergencia habitacional que afecta ya a millones de personas, especialmente a familias trabajadoras que no pueden acceder a una vivienda a un precio razonable, ni hacer frente al coste del alquiler sin
comprometer la mayor parte de sus ingresos. A esta realidad se suma un fenómeno cada vez más extendido: la adquisición masiva de viviendas por parte de fondos de inversión que imponen condiciones abusivas, incrementos desproporcionados del
alquiler o directamente expulsan a inquilinos de larga duración, incluso cuando estos llevan décadas residiendo en la misma vivienda.


En este contexto, las medidas de protección adoptadas en los últimos años han evitado una catástrofe social aún mayor. El artículo 72 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, prorrogó la suspensión de desahucios y lanzamientos para
hogares


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vulnerables sin alternativa habitacional, continuidad de las medidas aprobadas desde 2020. Según el Informe de Impacto de la Moratoria de Desahucios 2021-2023 elaborado por Observatori DESCA, aproximadamente un 25 % de los lanzamientos
practicados entre 2021 y 2023 fueron suspendidos gracias a la moratoria. Se estima que desde 2020 se han evitado en torno a 58.000 desahucios. Cifras que evidencian que la medida no solo es necesaria, sino imprescindible.


Aun así, la presión del mercado inmobiliario y la insuficiencia estructural de las políticas públicas continúan provocando decenas de miles de desahucios cada año. Solo durante el primer semestre de 2024 se ejecutaron 15.274 desahucios, lo
que demuestra que la legislación vigente sigue priorizando los intereses de grandes propietarios y fondos especulativos frente al derecho constitucional a la vivienda.


No son solo números: son miles de vidas rotas. Recientemente hemos conocido el caso de Mari Carmen, una mujer de 87 años, cuya familia residía en la misma vivienda desde 1956 y que vive bajo un contrato de renta antigua. Tras adquirir el
edificio en 2020, el fondo de inversión propietario exigió una subida del 275 %, pasando de un alquiler aproximado de 500 € mensuales a 2.650 €, muy por encima de su pensión. En octubre de 2024 estuvo a punto de ser desahuciada. La paralización
del lanzamiento solo fue posible gracias a la presión social y a la solidaridad vecinal. Pero los derechos fundamentales no pueden depender de la movilización ciudadana: deben estar protegidos por ley.


Por ello, además de mantener de forma indefinida la moratoria de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, resulta necesario garantizar mecanismos efectivos para proteger a quienes residen bajo contratos de renta
antigua, en su mayoría personas mayores o familias con bajos ingresos, frente a prácticas abusivas de expulsión o incrementos imposibles de asumir. Permitir que estos contratos desaparezcan sin regulación y protección supone, en la práctica,
condenar a miles de personas al desahucio.


La vivienda es un derecho constitucional, no un privilegio ni un bien de especulación. La protección indefinida de los hogares vulnerables frente al desahucio y el mantenimiento del régimen de rentas antiguas para garantizar estabilidad
residencial son medidas necesarias, proporcionales y plenamente coherentes con la Constitución y con la obligación del Estado de garantizar el derecho a una vivienda digna.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno a impulsar todos los cambios legales y movilizar todos los recursos que sean necesarios para:


— Establecer con carácter indefinido la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, que incorpore expresamente en el ámbito de protección de dicha suspensión a los inquilinos e inquilinas
con contratos de renta antigua, garantizando que no puedan ser objeto de desahucio ni de incrementos abusivos que supongan de facto la pérdida de su vivienda habitual.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.


161/002684


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de
Ley


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para prohibir la compra especulativa de viviendas, para su tramitación en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, atribuyendo a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y
establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, así como evitar la especulación. Es decir, la Constitución reconoce tanto el derecho fundamental a la vivienda como la obligación del Estado de garantizarlo. Sin embargo, ese
mandato constitucional no se está cumpliendo en España.


España atraviesa una crisis de vivienda de carácter estructural. La especulación inmobiliaria, y la ausencia de políticas valientes han provocado que millones de personas, especialmente jóvenes y familias trabajadoras, sean incapaces de
acceder a una vivienda en condiciones dignas. Comprar una vivienda se ha convertido en un lujo y alquilar, en muchos casos, en una carga insoportable: más de la mitad de la renta de una familia trabajadora se destina únicamente al pago del
alquiler.


Los datos son alarmantes. En España, solo el 14 % de las hipotecas que se firman son para primera vivienda, y más de la mitad de las viviendas que se adquieren se compran al contado, lo que evidencia que el mercado está siendo acaparado por
fondos de inversión que adquieren viviendas no para residir sino para especular con ellas. Además, en los últimos 20 años, hemos pasado de un escenario en el que más del 50 % de los menores de 30 años tenían una vivienda en propiedad a uno en el
que solo tiene vivienda el 29 %. Asimismo, sabemos que las personas que viven de alquiler en ese tramo de edad han pasado del 35 % a más del 55 %. Con estos datos, no es casual que, según la encuesta de 40dB publicada en febrero de 2025, tres de
cada cuatro españoles apoyen limitar el número de viviendas en propiedad, y un 60 % respalde explícitamente frenar la compra especulativa.


Junto con esta realidad hemos podido ver movilizaciones de miles de personas recorriendo las calles de toda la geografía, reivindicando una acción decidida de los poderes públicos en la intervención del mercado de vivienda para garantizar
derechos.


Hay, por tanto, una mayoría social que apoya políticas de intervención sobre el mercado inmobiliario. Una mayoría social que quiere que la vivienda sea tratada como un derecho y no como un activo financiero y que, en consecuencia, exige a
los poderes públicos que impidan la especulación, tal y como recoge también el artículo 47 de la Constitución.


La situación de emergencia habitacional hace imperativa la intervención en el mercado inmobiliario, para garantizar que se frena la espiral de demanda especulativa, que imposibilita el acceso a la vivienda y genera un modelo económico
insostenible.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno a impulsar todos los cambios legales y movilizar todos los recursos que sean necesarios para:


— Prohibir la compra de vivienda para fines distintos a fijar la residencia del adquirente o sus familiares directos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Sanidad


161/002665


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario VOX


Proposición no de Ley para la defensa de la sanidad pública ante el abandono de las Administraciones y los fallos en los cribados de cáncer.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 3 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
al Grupo Parlamentario proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la sanidad pública ante el abandono de las Administraciones y los fallos en los cribados de cáncer, para su discusión en la Comisión de Sanidad.


Exposición de motivos


La Constitución Española de 1978, en su artículo 41, afirma que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los españoles, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones
de necesidad; y, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios.


A pesar de ello, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han permitido que nuestro sistema sanitario se divida en 17 sistemas sanitarios distintos, descoordinados y que han provocado que la calidad de la atención sanitaria de los
españoles dependa del lugar de España en el que residan.


Los partidos que han debido gestionar la sanidad pública con el fin de mejorarla, ampliarla y garantizar una atención digna y suficiente para todos los pacientes han hecho todo lo contrario. Así, en un proceso de retroceso sin precedentes,
durante varias décadas hemos visto cómo nuestro sistema nacional de salud se iba deteriorando, con listas de espera que iban aumentando hasta niveles insostenibles, con la atención


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primaria colapsada, los profesionales sanitarios maltratados y unos servicios sanitarios colapsados.


Los distintos sistemas sanitarios de las regiones compiten por maquillar unas cifras que en todos los casos son inaceptables, y que por igual suponen un abandono de los pacientes a pesar del gran trabajo de nuestros profesionales sanitarios,
que se encuentran desbordados ante la dejadez y la incompetencia de las distintas administraciones.


Lo ocurrido en toda España en los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix constituye un fracaso sistémico, con fallos graves y repetidos en varias regiones, bajo Gobiernos del PP y del PSOE, que han puesto en riesgo
la seguridad de miles de pacientes y han erosionado la credibilidad en las instituciones. No hablamos de incidencias aisladas, sino de quiebras de confianza y comunicación a todos los pacientes, de desprecio y abandono a las mujeres, de fracaso en
la gestión y organización sanitarias, todo lo cual exige una asunción inmediata de responsabilidades.


En Andalucía, bajo Gobierno del PP, se hicieron públicos por primera vez fallos de comunicación de resultados en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama que afectan a alrededor de 2.317 mujeres con mamografías no concluyentes,
aunque el alcance real del problema aún no se conoce con precisión, especialmente en lo que respecta a la distribución por provincias. Todo ello con el agravante de que un informe del Sistema Andaluz de Salud era conocedor de este error de
protocolos desde hace al menos 3 años, según apunta dicho informe, sin que el gobierno regional del Partido Popular haya puesto remedio. Tras destaparse el escándalo, la Junta ha reconocido la situación, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto
una actuación de oficio, y el Gobierno andaluz ha anunciado un plan de choque con 12 millones de euros y 119 profesionales adicionales. Asimismo, una semana después, el mismo Gobierno regional anunció un plan extraordinario para destinar más de 89
millones de euros a los cribados de cáncer de colon y cuello de útero, lo que supondría la contratación de hasta 586 profesionales del sector de la salud. Según la propia Junta, el 90 % de los casos de fallos de cribados de cáncer de mama se
concentran en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), aunque no se descarta que puedan detectarse nuevas incidencias en otros centros conforme avancen las revisiones internas.


En el plano procedimental, se incumplieron los protocolos andaluces que recogen como referencia 15 días para la lectura y 30 días para la comunicación del resultado de la mamografía de cribado, estándares razonables para la seguridad de
pacientes y la trazabilidad del proceso.


En Castilla-La Mancha, bajo Gobierno del PSOE, según datos aportados por el propio Ejecutivo regional a la prensa, en el área de salud de Talavera de la Reina, 2.500 mujeres quedaron sin convocar a mamografía de cribado durante casi cinco
meses tras el cierre repentino de un centro concertado. La Junta ha retomado las pruebas a través del hospital público y de un proveedor alternativo.


En la Comunidad Valenciana, bajo Gobierno del PP, una inspección interna impulsada por la Consejería actual atribuye al anterior Consejo de Gobierno haber dejado fuera del programa a 167.083 mujeres (aprox. 1 de cada 4 de las que debían ser
convocadas), y ha sido anunciado un plan de refuerzo con nuevos mamógrafos e inversión.


En las Islas Baleares, bajo Gobierno del PP, en 2024 se citó solo al 63,4 % de la población diana; aplicando esa proporción, 2.500 menorquinas de 50-64 años no fueron llamadas a realizar la mamografía de cribado, y la Consejería reconoce la
necesidad de modernizar y automatizar el programa.


En la Comunidad de Madrid, bajo Gobierno del PP, según los datos publicados, el bloqueo de ecografías en centros de salud del sur de la capital por falta de radiólogos, con agendas cerradas, provocó demoras reales que no siempre computan en
listas oficiales y retrasos de dos meses en ecografías hospitalarias (69,5 días en 12 de Octubre y 60,6 en Infanta Sofía).


Esta mala praxis ha afectado gravemente a la cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y perjudicado a todos los pacientes, privados de un cribado seguro,


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oportuno y bien informado, damnificando en especial a las mujeres, que sí han recibido información veraz y actualizada, pero no ya de su estado de salud, lo que merecen, sino del abandono y desprotección a las que han sido sometidas por
Gobiernos tanto del PP como del PSOE, que no merecen.


La gestión de los distintos Gobiernos tanto del PP como del PSOE, negligente y completamente incompetente, exige transparencia inmediata en los programas de detección precoz en el resto de las regiones de España, y que las Consejerías de
Gobiernos, de uno y otro signo, sean fiscalizadas a fin de que situaciones similares no se reproduzcan y garantizar:


(i) transparencia y rendición de cuentas mediante información pública, homogénea y comparable entre territorios sobre cobertura, participación, tiempos de respuesta e indicadores de calidad;


(ii) notificación activa y en plazos clínicos seguros de resultados no concluyentes o sospechosos, con circuitos preferentes para completar estudio.


(iii) protección, acompañamiento y no desatención a lo largo de todo el itinerario de cribado y confirmación diagnóstica, con gestión de casos en colectivos vulnerables; en especial de las mujeres, considerando que el cáncer de mama es el
cáncer más frecuente y la primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres;


(iv) refuerzo de los servicios de radiodiagnóstico, en especial, para sustituciones y picos de demanda, con prioridad para las unidades de mama mediante, entre otras medidas, el aumento de plazas MIR; así como la creación de una bolsa
interterritorial nacional de cobertura de ginecología, radiología y la organización de telerradiología.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Llevar a cabo una auditoría integral del Sistema Nacional de Salud que permita detectar cualquier tipo de fallo en el cribado del cáncer y que sea solucionado de forma inmediata.


2. Asegurar protección, acompañamiento y no desatención durante todo el proceso de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix y confirmación diagnóstica.


3. Remitir a esta Cámara, en el plazo máximo de treinta días, un informe exhaustivo sobre la situación actual de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix en el Sistema Nacional de Salud, que detalle su grado de
implantación, cobertura, recursos y resultados, y publicar dicho informe en el Portal de Transparencia, remitiendo además una copia a la Comisión de Sanidad de esta Cámara y a la Ponencia de Cribado Poblacional del Sistema Nacional de Salud.


4. Implantar mecanismos de notificación activa (teléfono/SMS/app/correo electrónico y postal) con resultado no concluyente o sospechoso dentro de los plazos clínicos recomendados.


5. Exigir la dimisión inmediata de todos los responsables políticos competentes del Ministerio de Sanidad, especialmente en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), en materia sanitaria y depurar todas las responsabilidades
oportunas.


6. Condenar la nefasta gestión de los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista en materia sanitaria, que en un proceso de deterioro sin precedentes han propiciado que miles de pacientes queden expuestos y en peligro
como consecuencia de los fallos en los cribados del cáncer.


7. Implementar de forma inmediata un aumento de medios y personal que permita poner fin a los problemas con los cribados del cáncer sin que otros servicios se vean afectados u otros pacientes desatendidos.


8. Hacer una auditoría integral del Sistema Nacional de Salud que permita conocer con total transparencia sus carencias y llevar a cabo las acciones que sean necesarias


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para revertirías. En especial, se considera prioritario aumentar la inversión sanitaria, especialmente en materia de infraestructuras, con especial atención a las zonas rurales.


9. Reconocer que la división del Sistema Nacional de Salud en 17 sistemas sanitarios diferentes ha sido un grave error que ha propiciado un sistema ineficiente que genera profundas desigualdades y que pone en riesgo la atención sanitaria de
los españoles.


10. Avanzar hacia un Sistema Nacional de Salud que garantice la igualdad y la atención de todos los españoles con todos los recursos necesarios para acabar con las listas de espera, cambiar el modelo de atención primaria para garantizar la
eficacia y la eficiencia convirtiéndola en la verdadera columna vertebral del sistema y su puerta de entrada, así como todas las pruebas diagnósticas que garanticen la salud de los españoles.


a. En este sentido, se considera necesaria la creación de una bolsa interterritorial nacional de cobertura de servicios médicos que permita una gestión eficiente de los recursos, en especial de los relacionados con todas las especialidades
involucradas en el diagnóstico precoz de cáncer.


11. Aumentar de forma inmediata los recursos destinados a mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios, así como la conciliación familiar y la formación continuada para evitar la fuga de talento fuera de la
sanidad pública española.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.—David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/002689


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la prevención de lesiones
oculares por el uso de punteros láser en menores, jóvenes y en la población general, para su debate en la Comisión de Sanidad.


Exposición de motivos


La proliferación del uso inadecuado de dispositivos láser, especialmente punteros y juguetes que incorporan esta tecnología, plantea un problema de salud pública creciente, con implicaciones graves y, en muchos casos, irreversibles para la
salud ocular. Este fenómeno afecta especialmente a los niños y jóvenes, quienes, por desconocimiento y falta de supervisión, utilizan estos dispositivos como entretenimiento.


Diversas asociaciones médicas, instituciones públicas y oftalmólogos han alertado durante años sobre el aumento de lesiones retinianas y maculares causadas por el uso irresponsable de punteros láser. La Sociedad Española de Oftalmología
alertó en octubre de 2023, mediante un comunicado público, del peligro que supone el uso indebido de estos dispositivos, resaltando que pueden generar defectos severos y permanentes en la visión1.


Sin embargo, este problema no es una novedad. En 2018 la Asociación D.O.C.E. Discapacidad Otros Ciegos de España denunció mediante un artículo que el puntero 1 Sociedad Española de Oftalmopediatría. Alerta sobre el uso inadecuado de
punteros láser. Importante leerse las especificaciones de estos dispositivos: «algunos punteros láser no pueden ser utilizados como juguetes». 18 de octubre de 2023. Consultado en formato electrónico en noviembre de 2024 en la siguiente
dirección: https://sedop.es/wp-content/uploads/2023/11/Comunicado-SEDOP-punteros-laser.pdf.


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láser es un peligro real para la vista ya que puede ocasionar daños permanentes en la retina2, como ya había denunciado previamente la Asociación Retina Asturias en noviembre de 2013, alegando que algunos punteros láser pueden causar
lesiones oculares irreversibles3, entre otras.


La fototoxicidad retiniana puede ser causada por diversas fuentes de luz, como la solar, la iluminación quirúrgica y la luz láser. La magnitud de daño funcional y la discapacidad que ocasionan depende básicamente de la zona afectada. Si la
lesión se localiza en la zona central de la mácula, la fóvea, las consecuencias para la función visual pueden ser muy importantes, ya que ocasiona, en muchos casos, la pérdida severa e irreversible de la visión. Si la zona afectada es la parafovea,
se produce una pérdida de visión menos intensa que además suele recuperarse al cabo de unas semanas, ya que en este caso se atribuye a la inflamación y el edema secundario al fototraumatismo. Gracias a los trabajos de investigación realizados en
esta área, hoy en día se sabe que, al margen de la localización y de la gravedad de la lesión, en el caso de los láseres ésta viene determinada por el mal uso del dispositivo. Una longitud de onda inapropiada, una potencia excesiva, un tiempo de
exposición inadecuado y la localización de la lesión son los factores más determinantes4.


Uno de los principales problemas es que los punteros láser resultan especialmente atractivos para los menores debido a su diseño llamativo, colores, capacidad para emitir luces brillantes que captan su atención y bajo coste. Su
comercialización como juguetes fomenta su uso recreativo, muchas veces inapropiado, exponiendo a los niños a riesgos significativos, como la incidencia directa en los ojos o los reflejos en superficies reflejantes. En los últimos años, se ha
documentado un aumento notable de lesiones oculares en menores y jóvenes asociadas al uso de punteros láser. Entre las razones de este fenómeno se encuentran:


— La percepción de estos dispositivos como juguetes inofensivos.


— La comercialización en ferias, bazares y plataformas de comercio online sin el debido control normativo.


— La falta de información accesible y adecuada para los consumidores, incluyendo advertencias explícitas sobre sus riesgos de los dispositivos láser.


Aunque la normativa europea prohíbe la comercialización de dispositivos láser superiores a la clase 2 para uso recreativo desde 2014, y el Real Decreto 1205/2011 establece que los juguetes no deben presentar riesgos para la salud ocular, la
realidad demuestra que estos estándares no se cumplen de manera rigurosa ni efectiva:


— Muchos dispositivos no están etiquetados de manera eficaz, ya que, aunque incluyen advertencias, estas suelen ser insuficientes o poco visibles, lo que provoca que pasen desapercibidas para los consumidores. Como resultado, las personas
no son plenamente conscientes de los riesgos que estos dispositivos representan para la salud ocular, especialmente en el caso de menores.


— Se sigue detectando la venta de punteros láser de alta potencia (clases 3 y 4), cuyo uso en entornos no profesionales está estrictamente prohibido, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta en línea. La facilidad para
adquirir estos productos en internet y la falta de supervisión en los canales de distribución agravan el problema, exponiendo a los usuarios, en particular a menores, a riesgos que podrían evitarse.


2 Asociación D.O.C.E. Discapacidad otros ciegos de España. Punteros láser: un peligro real para la vista. 30 de junio de 2018. Consultado en formato electrónico en noviembre de 2024 en la siguiente dirección:
https://asociaciondoce.com/2018/06/30/punteros-laser-un-peligro-real-para-la- vi....


3 Asociación Retina Asturias. Algunos punteros láser pueden causar lesiones oculares irreversibles. 20 de noviembre de 2013. Consultado en formato electrónico en noviembre de 2024 en la siguiente dirección:
https://retinosis.org/algunos-punteros-laser-pueden-causar-lesiones-oculares-irr....


4 Informe proporcionado por el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, párrafos 1 y 2. Noviembre 2024.


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A pesar de que la normativa vigente busca limitar el riesgo, estos láseres, aunque regulados, pueden dañar la retina con exposiciones prolongadas, reflejos en superficies o un uso inadecuado, especialmente entre menores. Su aparente
seguridad crea una falsa confianza, subestimándose el peligro real que representan incluso dentro de los límites establecidos. Numerosos jóvenes han sido atendidos en centros médicos por lesiones oculares causadas por el mal uso de estos
dispositivos, lo que evidencia la gravedad del problema. Esto pone de manifiesto la necesidad de ampliar las medidas de regulación y de sensibilización pública para prevenir lesiones oculares en todos los niveles.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Destinar los recursos humanos, tecnológicos, económicos y estructurales necesarios para prevenir el uso inadecuado de los dispositivos láseres, en especial de los menores y jóvenes, así como sus consecuencias negativas en su salud.


2. Con el consenso real de la sociedad civil y los profesionales sanitarios, con los ámbitos social y educativo, actualizar la normativa vigente en la que se incluye la relacionada con los controles en puntos de venta físicos y online, así
como la relativa a los comercios que incumplan la normativa vigente.


3. Exigir un etiquetado obligatorio en el que la información sobre el uso inadecuado de los dispositivos láseres advierta de forma más clara sobre los riesgos oculares asociados a su uso.


4. Implementar, antes de que concluya el primer trimestre de 2026, campañas educativas, informativas y de sensibilización dirigidas a jóvenes y familias, incluidos los centros educativos, para alertar sobre los peligros de los punteros
láser y promover su uso responsable.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2025.—Marta González Vázquez, Cristina Abades Martínez, Elvira Velasco Morillo, Miguel Ángel Sastre Uyá, Juan Andrés Bayón Rolo, Ana Belén Vázquez Blanco y Carmen Fúnez de Gregorio,
Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002698


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a
hacer frente a la crisis sanitaria en las ciudades en Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Sanidad.


Exposición de motivos


La situación sanitaria en Ceuta y Melilla atraviesa una crisis profunda que afecta directamente al derecho fundamental de sus ciudadanos a recibir una atención sanitaria pública, digna y de calidad.


Han pasado ya casi tres años desde que el Gobierno de España, mediante el Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero, reconociera a ambas ciudades autónomas como territorios de especial complejidad y zonas de «difícil cobertura o desempeño».
Sin embargo, las medidas adoptadas desde entonces han sido insuficientes o inexistentes,


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sin lograr paliar las graves carencias estructurales, organizativas y laborales que sufre el sistema sanitario en ambos territorios.


Entre los problemas más acuciantes destacan la escasez crónica de profesionales médicos, las condiciones laborales discriminatorias respecto a los sanitarios del resto del país y la infrautilización del nuevo Hospital Universitario de
Melilla por falta de personal suficiente.


Este deterioro sostenido desembocó, en marzo de 2023, en una huelga médica que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos calificó como «la más larga del colectivo médico en España» en la historia del Sistema Nacional de Salud.


Sindicatos y colegios profesionales de Ceuta y Melilla llevan años reclamando medidas urgentes ante problemas que se han convertido en estructurales: déficit de profesionales, guardias mal retribuidas y excesivas, envejecimiento de las
plantillas, falta de planificación ante jubilaciones próximas, recorte de pagas extraordinarias, complementos de exclusividad desproporcionados, sobrecarga asistencial y desbordamiento de agendas en Atención Primaria.


En 2023, los médicos de Ceuta elevaron la situación sanitaria de la ciudad a la Fiscalía, mientras que en Melilla, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos trasladó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la denuncia
sobre el deterioro de las condiciones laborales de los facultativos del sistema público.


A esta situación se añade, en Melilla, la incertidumbre sobre la apertura total del nuevo Hospital Universitario, inaugurado por el presidente del Gobierno en junio del año en curso. Seis meses después, el centro continúa funcionando de
manera limitada, con servicios reducidos y sin alcanzar su plena operatividad, lo que ha generado frustración y preocupación entre los profesionales y los ciudadanos.


La sanidad pública constituye uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, y los ciudadanos de Ceuta y Melilla tienen derecho a una asistencia sanitaria en condiciones de igualdad con el resto de los españoles. Es responsabilidad
del Ministerio de Sanidad garantizar esa equidad, mediante una gestión eficiente y adaptada a las necesidades específicas de ambos territorios, y asegurando condiciones laborales y salariales dignas para los profesionales que sostienen el sistema.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:


1. Garantizar la dotación de personal sanitario suficiente para el pleno funcionamiento del nuevo Hospital Universitario de Melilla, priorizando la cobertura de las especialidades más demandadas por la población.


2. Implementar incentivos económicos, formativos y de desarrollo profesional para atraer y retener personal médico en Ceuta y Melilla, en cumplimiento del reconocimiento como zonas de difícil cobertura (Real Decreto 118/2023).


3. Ajustar las retribuciones ligadas a la carrera profesional a la media nacional de las Comunidades Autónomas y asegurar el cumplimiento de las sentencias judiciales que reconocen el derecho de los profesionales interinos a integrarse en
dicha carrera.


4. Desarrollar un plan específico de compatibilidad entre la práctica pública y privada de los médicos en Ceuta y Melilla, eliminando penalizaciones discriminatorias inexistentes en otras Comunidades Autónomas y, en su caso, establecer un
complemento de productividad para los profesionales que la compatibilicen la actividad pública.


5. Corregir la brecha salarial derivada del complemento específico entre de los profesionales sanitarios de INGESA, garantizando igualdad retributiva para quienes desempeñan la misma jornada, responsabilidad y carga asistencial.


6. Incrementar la retribución de las horas de guardia en Ceuta y Melilla hasta equipararlas con la media nacional.


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7. Diseñar e implementar un plan de armonización que garantice la equidad en jornada laboral y retribuciones del personal sanitario de ambas ciudades con respecto al resto del territorio nacional.


8. Adoptar medidas para garantizar la calidad asistencial en Ceuta y Melilla, incluyendo:


— La incorporación de nuevas prestaciones en la cartera de servicios de los hospitales, con el fin de reducir los traslados a la península.


— La limitación de agendas en Atención Primaria, asegurando un mínimo de 10 minutos por paciente e incrementando las plantillas médicas.


— La formalización de convenios del INGESA con otras Comunidades Autónomas, designando hospitales de referencia para prestaciones especializadas.


9. Mayor diligencia y rapidez en la firma de los convenios y su actualización entre INGESA y la Ciudad Autónoma de Melilla que eviten retrasos como los que se han producido en la colaboración para los cribados de cáncer de mama, cérvix y
colón -incluidos en la cartera básica de servicios asistenciales del INGESA- así como para consolidar las iniciativas y programas que está impulsando la Ciudad Autónoma con recursos propios para hacerse cargo del copago farmacéutico y de servicios
asistenciales orientados a aliviar las cargas de los enfermos de ELA y de otras enfermedades neurodegenerativas y de sus familias.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—Sofía Acedo Reyes, Javier Celaya Brey, Carmen Fúnez de Gregorio, Elvira Velasco Morillo y Antonio Cavacasillas Rodríguez, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/002699


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a
asumir las responsabilidades económicas derivadas de su plena competencia en materia de universidad en las ciudades de Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


Los campus universitarios de Ceuta y Melilla, gestionados por la Universidad de Granada (UGR), constituyen una pieza esencial para el desarrollo económico, social y cultural de las ciudades autónomas, así como un elemento clave para
garantizar el acceso a la educación superior en estas Ciudades Autónomas. Sin embargo, la financiación destinada por el Estado para el sostenimiento de estas infraestructuras educativas resulta claramente insuficiente para cubrir los costes reales
de su funcionamiento.


En el ejercicio 2023, el coste estimado para el desarrollo de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado de la Universidad de Granada a impartir en los centros universitarios de Ceuta y Melilla era de 21,6 millones de euros;
en el ejercicio 2024, el coste total de ambos campus ha sido estimado en 24,3 millones de euros y el de este ejercicio 2025 ha importado 24,6 millones de euros, mientras que la aportación estatal consignada en los Presupuestos Generales del Estado
(PGE), tanto para 2023 como para 2024, asciende únicamente a 9,08 millones, una cifra congelada, a


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pesar del incremento de los costes de funcionamiento. Esta infrafinanciación obliga a la Junta de Andalucía, a las Ciudades Autónomas y a la Universidad de Granada a cubrir el déficit con recursos propios, generando una desviación de fondos
que afecta al conjunto del sistema universitario público andaluz y limita la capacidad de inversión en actividades académicas, de investigación y transferencia de conocimiento.


Cabe recordar que el artículo 27 de la Constitución Española reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca. En materia de competencias, el artículo 149 de la C.E. atribuye al Estado la competencia
exclusiva sobre las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Seguidamente, se dispone que las competencias en relación con
las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.


En este sentido, el artículo 53 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma, en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la competencia exclusiva sobre la programación y
la coordinación del sistema universitario andaluz, incluyendo la financiación propia de las universidades públicas andaluzas y, si procede, la gestión de los fondos estatales en materia de enseñanza universitaria.


El Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, determina que constituye el sistema universitario andaluz las Universidades creadas o reconocidas por ley del Parlamento de
Andalucía. En concreto, en cuanto a Universidades públicas, de conformidad con la disposición adicional segunda del mismo texto legal, el sistema universitario andaluz está compuesto por las Universidades públicas de Almería, de Cádiz, de Córdoba,
de Granada, de Huelva, de Jaén, de Málaga, de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía.


La Universidad de Granada es una de las universidades más antiguas y con más prestigio de España. Tanto la Comunidad Autónoma de Andalucía como la Universidad de Granada mantienen una especial vinculación con las Ciudades Autónomas de Ceuta
y de Melilla, que aparece incluso explicitada tanto en su Estatuto de Autonomía, art.228, como en los estatutos de la Universidad de Granada en su artículo 2.


Mediante Protocolo General de 18 de junio de 1999 sobre el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con los centros universitarios dependientes de la Universidad
de Granada ubicados en las Ciudades de Ceuta y Melilla, se establece que en los centros universitarios oficiales autorizados en los territorios de las Ciudades de Ceuta y Melilla, la Administración General del Estado financiará los gastos de
funcionamiento e inversión necesarios para impartir las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios incorporados al Catálogo de títulos Universitarios Oficiales, financiación que se llevará a cabo anualmente, por el Ministerio
con competencias en universidades, a la Universidad de Granada. Dicho Protocolo establece, también, que la mencionada financiación se llevaría a cabo, anualmente, por el Ministerio de Educación y Cultura a la Universidad de Granada, que la
incorporará a su presupuesto ordinario.


En relación con la financiación universitaria la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario dispone que las Comunidades Autónomas deben dotar a sus Universidades Públicas de los recursos económicos necesarios para
garantizar su suficiencia financiera, con respeto según su disposición adicional decimoquinta, a los ámbitos competenciales propios de las universidades y las Comunidades Autónomas atribuidos por sus respectivos Estatutos de Autonomía; en el mismo
sentido, el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades.


Con el objetivo de dar cumplimiento a esta previsión legal, el pasado año 2023, por Acuerdo de 19 de septiembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el período 2023 - 2027, que contó con el informe favorable unánime de


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las 10 Universidades públicas andaluzas. Este Modelo de financiación garantiza y cumple con el principio de suficiencia financiera previsto en el artículo 55 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo y en el artículo 87.3 del Texto
Refundido de la Ley Andaluza de Universidades.


De forma específica, para determinar la financiación de las Universidades públicas, el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2023-2027, prevé que se tendrán en cuenta las
transferencias que la Universidad de Granada recibe de la Administración General del Estado para asegurar la inversión y el funcionamiento de la actividad en los campus de Ceuta y Melilla, atendiendo a su singularidad y especiales características
geográficas, que condicionan los costes de las actividades desarrolladas.


Históricamente, mediante los sucesivos modelos de financiación y la Administración de la Junta de Andalucía, a través de los sucesivos Presupuestos de la Comunidad Autónoma, ha contribuido, en gran parte, a la financiación de los citados
campus universitarios, ubicados fuera del territorio de la Comunidad Autónoma en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.


Los Presupuestos Generales del Estado vienen incluyendo anualmente una partida presupuestaria destinada a compensar los costes de los campus de la Universidad de Granada en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla. Si bien, como hemos
señalado, la cantidad prevista en los Presupuestos Generales del Estado está muy lejos del coste real. La cantidad prevista para los años 2023 y 2024 en los Presupuestos Generales del Estado asciende únicamente a 9,08 millones de euros, lejos del
coste estimado para el 2023 de 21,6 millones de euros y más alejado aún de los 24,3 millones de euros previstos para 2024 o de los 24,6 del 2025, asumiendo la Universidad de Granada un incremento de gastos con fondos propios, procedentes de la
financiación con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, fijados en 11.445.641,29 euros, tras descontar la financiación que aporta la Ciudad Autónoma de Melilla.


Este desajuste en la financiación afecta negativamente al sistema universitario público en su conjunto, ya que obliga a desviar recursos destinados a otras iniciativas que podrían haber impulsado la calidad académica, la investigación y la
transferencia de conocimiento.


Se considera necesario el cumplimiento del Protocolo General de 18 de junio de 1999, sobre el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con los centros
universitarios dependientes de la Universidad de Granada, ubicados en las Ciudades de Ceuta y Melilla, a fin de incrementar la financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con destino a compensar el coste directo vinculado con el
funcionamiento de los mencionados Campus, financiados a través del Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2023-2027.


La universidad no solo es una herramienta esencial para la formación, la investigación y la generación de talento, sino también un auténtico motor económico y social para el futuro de la ciudad.


Desde el Ejecutivo melillense se viene trabajando con determinación para consolidar y ampliar el proyecto universitario, con el objetivo de alcanzar los 5.000 estudiantes en el campus de Melilla. Este objetivo va acompañado de una
planificación realista y sostenida que contempla la puesta en marcha de nuevas titulaciones y la mejora de las infraestructuras universitarias.


En este sentido, se están impulsando proyectos concretos como la rehabilitación del antiguo edificio de Correos, la adecuación del local 33 de la Estación Marítima para uso universitario, la ampliación de las instalaciones de Villegas y la
proyección de una nueva residencia de estudiantes que permita acoger a más alumnado de fuera de la ciudad.


Asimismo, además de otras muchas titulaciones que ya se están impartiendo en el Campus de Melilla (UGR), recientemente se ha aprobado la implantación del Grado en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial y nuevos másteres, con el objetivo
de ofrecer una formación moderna y adaptada a las demandas del mercado laboral y del entorno


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digital. Estas actuaciones reflejan el compromiso del Gobierno local con un modelo de ciudad universitaria abierta, innovadora y con futuro.


Los datos avalan esta estrategia. Según un informe socioeconómico elaborado por la Universidad de Granada, el campus universitario de Melilla representa ya el 4,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) local, una cifra que duplica la media
nacional (2,3 %) y supera al 3 % del campus de Ceuta. Dicho de otro modo, la universidad es uno de los principales motores económicos de Melilla.


Hoy los datos confirman que la universidad de Melilla genera riqueza, empleo y oportunidades. Según ese mismo estudio, cada euro invertido en la Universidad de Granada en Melilla se multiplica por 9,7, lo que demuestra que se trata de una
inversión extraordinariamente rentable para la ciudad, no solo en términos académicos, sino también económicos y sociales.


Sin embargo, este esfuerzo no puede recaer mayoritariamente sobre los recursos propios de las Ciudades Autónomas y de la Junta de Andalucía. La competencia en materia universitaria es exclusiva del Estado y, por tanto, corresponde al
Gobierno de España sufragar el 100 % de los costes derivados del mantenimiento y desarrollo de los campus de Ceuta y Melilla, cuyo presupuesto conjunto asciende actualmente a 25 millones de euros pero que, en los próximos años, se seguirá
incrementando, fundamentalmente en el Campus de Melilla por la ampliación de titulaciones antes mencionadas y la apuesta por seguir incrementando el número alumnos hasta llegar a los 5.000 estudiantes universitarios en la ciudad.


Resulta, por tanto, imprescindible que el Estado asuma plenamente esta responsabilidad, garantizando una financiación adecuada y estable que permita continuar con la expansión universitaria, la mejora de las infraestructuras, la atracción de
talento y la creación de nuevos programas docentes e investigadores.


De la misma manera, resulta necesario otorgar a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla un mayor margen de decisión en materia de implantación de nuevas universidades, tanto públicas como privadas. Dada su singularidad territorial, social
y económica, es fundamental que ambas puedan participar activamente en la planificación universitaria y en la autorización de nuevos centros o titulaciones, de modo que la oferta educativa se adapte a las necesidades reales del territorio, al tejido
productivo local y a su estrategia de desarrollo. Este reconocimiento competencial reforzaría la autonomía institucional de las Ciudades Autónomas y contribuiría a una gestión más eficiente, coordinada y coherente del sistema universitario en los
territorios extrapeninsulares.


Por todo ello, los gobiernos de Ceuta, Melilla y la Junta de Andalucía reclaman una apuesta firme y sostenida por la universidad, como instrumento de progreso, de generación de empleo y de cohesión territorial.


Contar en las dos ciudades con una universidad fuerte implica un futuro mejor para sus jóvenes, además de un motor económico sólido. Por ello, para que la educación superior sea un eje central del desarrollo económico y social de las
ciudades debe ir acompañada del apoyo y la financiación del Estado.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Asumir la financiación estatal íntegra, de gastos de funcionamiento e inversión, de los Campus de Ceuta y Melilla de la Universidad de Granada, que actualmente están mayoritariamente asumiendo tanto la Junta de Andalucía como las
Ciudades Autónomas.


2. Compensar, con carácter retroactivo, las aportaciones presupuestarias realizadas por la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía durante los últimos 5 años para el mantenimiento y funcionamiento de los campus de la Universidad de
Granada en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.


3. Derogar o, en su caso, abordar una modificación del Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, por el que se regula la creación, reconocimiento y autorización de


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universidades y centros universitarios, con el fin de otorgar a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla un mayor margen de decisión en la implantación de nuevas universidades, tanto públicas como privadas.


4. Garantizar la financiación de la actividad investigadora de las universidades públicas españolas, en una senda sostenida de crecimiento, mediante la participación de manera decidida en la financiación del sistema público universitario,
conforme al Plan de financiación de las Universidades públicas españolas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—Sofía Acedo Reyes, Javier Celaya Brey, Carlos Rojas García, María Lourdes Ramírez Martín, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Óscar Clavell López y Jaime Miguel
de los Santos González, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/002671


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Proposición no de Ley relativa a la situación humanitaria de la población saharaui refugiada.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 4 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación humanitaria de
la población saharaui refugiada, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


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Exposición de motivos


La situación de la población refugiada saharaui continúa siendo, casi medio siglo después del inicio del contencioso del Sáhara Occidental, una de las crisis humanitarias más prolongadas del mundo. Más de 173.000 saharauis sobreviven desde
hace décadas en los campamentos de Tinduf, en el oeste de Argelia, en condiciones extremas y con una dependencia casi total de la ayuda internacional para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud, agua y educación.


El último informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental (A/80/290), correspondiente al periodo entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, es preocupante: los niveles de malnutrición aguda alcanzan
el 13 % y el retraso en el crecimiento infantil supera el 30 %. Mujeres y niños son los principales afectados por esta crisis humanitaria.


España mantiene una responsabilidad histórica y moral con el pueblo saharaui. Esta responsabilidad se ha expresado tradicionalmente a través de un compromiso estable en el marco de la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria y el
respaldo a las resoluciones de Naciones Unidas. Sin embargo, el cambio unilateral de posición adoptado por el presidente del Gobierno en marzo de 2022, al expresar su apoyo al plan de autonomía marroquí como «la base más seria, creíble y realista»
para la resolución del conflicto, ha supuesto una ruptura con el consenso histórico que, durante más de cuatro décadas, había guiado la política exterior española respecto al Sáhara Occidental.


La cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria en favor del pueblo saharaui, que había sido un eje constante de la acción exterior española, se ha visto afectada tras ese cambio de postura unilateral e inexplicable del presidente del
Gobierno. Informes de la ONU, como el ya citado en este texto, diversas ONGs y otras entidades de la sociedad civil española han advertido del deterioro de las condiciones de vida en los campamentos, donde la inseguridad alimentaria, el déficit
sanitario y la precariedad educativa se han agravado en los últimos años.


El incumplimiento por parte del Gobierno de los mandatos emanados de esta Cámara evidencia el olvido del Gobierno al pueblo saharaui. Las necesidades de esta población son urgentes, estructurales y previsibles; requieren planificación,
estabilidad y una respuesta humanitaria que garantice el acceso a alimentos, agua, servicios de salud y educación básica.


Asimismo, las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reafirman la necesidad de contar con el consentimiento del pueblo saharaui en los acuerdos económicos y comerciales que afecten al territorio del Sáhara
Occidental, subrayan la importancia de respetar el derecho internacional en la acción exterior europea y española. España, como Estado miembro de la Unión Europea, debe ser garante del cumplimiento de estas decisiones judiciales y de las
resoluciones de Naciones Unidas, preservando los principios de legalidad internacional, justicia y solidaridad que inspiran nuestra política exterior.


En definitiva, el Congreso de los Diputados no puede permanecer ajeno al deterioro de la situación de la población saharaui refugiada, ni a la erosión de la posición tradicional de España basada en el consenso, la neutralidad activa y la
defensa del derecho internacional. Resulta imprescindible reafirmar el compromiso humanitario y político de nuestro país con el pueblo saharaui, impulsar una cooperación eficaz y transparente y exigir al Gobierno de España el cumplimiento de los
acuerdos y resoluciones parlamentarias en vigor.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Cumplir con los Presupuestos Generales del Estado vigentes, que contemplan una partida extraordinaria de 7 millones de euros destinada a apoyar a la población saharaui refugiada.


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2. Garantizar el respeto al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas en todas las actuaciones y decisiones del Gobierno relativas al Sáhara Occidental.


3. Defender en el seno de la Unión Europea el respeto pleno a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el Sáhara Occidental.


4. Presentar ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo un informe de sobre los fondos ejecutados y los resultados obtenidos en materia de ayuda humanitaria a la población refugiada saharaui, realizados por parte del
Gobierno desde 2021 hasta 2025.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2025.—Carmelo Barrio Baroja, Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Raquel Clemente Muñoz, Javier José Folch
Blanc, Silvia Franco González, Macarena Lorente Anaya, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Elvira Velasco Morillo, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002682


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión y desarrollo del concepto de salud global en la cooperación
española, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Exposición de motivos


En el último siglo, la esperanza de vida no ha dejado de crecer en los llamados países desarrollados, o Norte Global, gracias, en gran medida, a la investigación biomédica, la innovación farmacéutica, al cambio de hábitos, promoviendo una
vida sana y el bienestar y a la mejora y aplicación de conocimientos técnicos a este campo. Las vacunas, los antibióticos, los tratamientos o los avances quirúrgicos han logrado que enfermedades incurables hace 100 años se puedan tratar o incluso
no lleguen a desarrollarse.


En la actualidad, los estudios señalan que un 70 % de la mejora en supervivencia por cáncer o el 47 % de las muertes evitadas en enfermedades cardiovasculares son directamente atribuibles a los nuevos tratamientos. Estos avances reflejan el
enorme potencial que supone la investigación y la innovación para transformar la salud global. No obstante, ese progreso no se distribuye de forma equitativa en todo el mundo: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 240 millones de
personas contraen malaria cada año, un millón mueren de tuberculosis, las enfermedades tropicales desatendidas no se detectan con la debida antelación y las resistencias a los antibióticos se han convertido ya en una de las diez amenazas para la
salud pública mundial.


Asimismo, existen en el mundo enfermedades para las que siguen sin existir tratamientos o medidas de prevención eficaces, enfermedades muchas veces transmitidas por vectores que proliferan en otros entornos siendo el sur de Europa un área
especialmente afectada por este fenómeno.


Nuestra posición geoestratégica confiere a España un papel clave en la lucha frente al avance de este tipo de enfermedades y consciente de ello, nuestro país ya ha desarrollado iniciativas que lo sitúan entre los países líderes de la salud
global; en concreto nos referimos a un gran conjunto de iniciativas como nuestra incorporación al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y la mayor presencia de España en el ámbito global, en materias como la donación
de vacunas para


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la COVID- 19 o Mpox o el desarrollo de nuevas estrategias, como el futuro Real Decreto que desarrolla el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas para la Salud Pública o la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.


Es importante destacar la propuesta que el Gobierno español en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Sevilla ha defendido sobre una posible reforma de la gobernanza global de la salud, con el
objetivo de que sea multinivel y que otorgue a la OMS un papel central en dicha gobernanza. Defendemos una gobernanza más inclusiva, solidaria, eficiente y transparente, que responda a la igualdad de género y al respeto de los derechos humanos,
máxime en el contexto actual. Estar preparados y tener capacidad de respuesta rápida en lo que concierne a la salud global es vital para la seguridad, la estabilidad, la prosperidad y defensa. La salud global requiere cooperación internacional
como claramente pudimos comprobaren la pandemia. La salud global es un claro ejemplo de la interdependencia en la que vivimos y su enfoque debe estar dirigido a reducir las desigualdades y desequilibrios de los que hablábamos en cuanto acceso a la
salud y desde luego es intersectorial ya que involucra salud, comercio, economía, agricultura, medio ambiente, clima, educación, investigación, innovación y seguridad.


Igualmente, es fundamental comprender que el mundo se enfrenta a nuevas enfermedades tal y como reconoce la recién aprobada Estrategia Española de Salud Global 2025-2030 desarrollada por los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación y, el de Ciencia, innovación y Universidades y el Ministerio de Sanidad. Enfermedades que pueden desembocaren nuevas crisis de salud pública, enfermedades graves que muchas veces todavía no tienen cura, como el Ébola, cuya investigación
sólo es posible en laboratorios especiales y escasos a nivel mundial, los llamados laboratorios de máxima seguridad biológica (BSL-4, también conocidos como P4).


Afortunadamente nuestro país cuenta con un ecosistema de innovación en salud global muy maduro y eminentemente público, pero resulta fundamental dinamizarlo y mejorarlo creando una equipación robusta a largo plazo, que maximice las
colaboraciones que ya se están dando en el entorno de salud global.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reforzar las capacidades de nuestro país en el ámbito de la salud global, potenciando la investigación y la innovación en salud global incluyendo las infraestructuras especificas más punteras para que puedan contribuir a nuestra
autonomía estratégica y de capacidad de respuesta ante crisis sanitarias que afecten a la salud y seguridad públicas.


2. Incluir dichas capacidades de manera transversal en las Estrategias de cooperación internacional que se vayan diseñando para maximizar nuestro potencial de autoprotección, autosuficiencia y de desarrollo de la salud de los países socios
de la cooperación española y a nivel global de una manera equitativa y solidaria.


3. Fomentar proyectos de investigación, incluyendo la salud global como un área clave dentro de futuros programas que se vayan a desarrollar para el fomento de la l+D+i en salud y cooperación internacional.


4. Continuar apoyando y desarrollando el concepto de salud global, elemento primordial para mejorar la salud de todos y todas, que requieren de un multilateralismo eficaz para que la salud siga ocupando un lugar destacado en la agenda
internacional.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2025.—María Luisa García Gurrutxaga, Susana Ros Martínez, Luc Andre Diouf Dioh, María Isabel Moreno Fernández, Gabriel Blanco Arrúe, Olvido de la Rosa Baena, Lídia Guinart Moreno,
Cristina López Zamora, José Losada Fernández, Jonay Quintero Hernández, David Serrada Pariente y Alba Soldevilla Novials, Diputados.—Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Juventud e Infancia


161002688


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la prevención de lesiones
oculares por el uso de punteros láser en menores, jóvenes y en la población general, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.


Exposición de motivos


La proliferación del uso inadecuado de dispositivos láser, especialmente punteros y juguetes que incorporan esta tecnología, plantea un problema de salud pública creciente, con implicaciones graves y, en muchos casos, irreversibles para la
salud ocular. Este fenómeno afecta especialmente a los niños y jóvenes, quienes, por desconocimiento y falta de supervisión, utilizan estos dispositivos como entretenimiento.


Diversas asociaciones médicas, instituciones públicas y oftalmólogos han alertado durante años sobre el aumento de lesiones retinianas y maculares causadas por el uso irresponsable de punteros láser. La Sociedad Española de Oftalmología
alertó en octubre de 2023, mediante un comunicado público, del peligro que supone el uso indebido de estos dispositivos, resaltando que pueden generar defectos severos y permanentes en la visión1.


Sin embargo, este problema no es una novedad. En 2018 la Asociación D.O.C.E. Discapacidad Otros Ciegos de España denunció mediante un artículo que el puntero láser es un peligro real para la vista ya que puede ocasionar daños permanentes
en la retina2, como ya había denunciado previamente la Asociación Retina Asturias en noviembre de 2013, alegando que algunos punteros láser pueden causar lesiones oculares irreversibles3, entre otras.


La fototoxicidad retiniana puede ser causada por diversas fuentes de luz, como la solar, la iluminación quirúrgica y la luz láser. La magnitud de daño funcional y la discapacidad que ocasionan depende básicamente de la zona afectada. Si la
lesión se localiza en la zona central de la mácula, la fóvea, las consecuencias para la función visual pueden ser muy importantes, ya que ocasiona, en muchos casos, la pérdida severa e irreversible de la visión. Si la zona afectada es la parafovea,
se produce una pérdida de visión menos intensa que además suele recuperarse al cabo de unas semanas, ya que en este caso se atribuye a la inflamación y el edema secundario al fototraumatismo. Gracias a los trabajos de investigación realizados en
esta área, hoy en día se sabe que, al margen de la localización y de la gravedad de la lesión, en el caso de los láseres ésta viene determinada por el mal uso del dispositivo. Una longitud de onda inapropiada, una potencia excesiva, un tiempo de
exposición inadecuado y la localización de la lesión son los factores más determinantes4.


Uno de los principales problemas es que los punteros láser resultan especialmente atractivos para los menores debido a su diseño llamativo, colores, capacidad para emitir 1 Sociedad Española de Oftalmopediatría. Alerta sobre el uso
inadecuado de punteros láser. Importante leerse las especificaciones de estos dispositivos: «algunos punteros láser no pueden ser utilizados como juguetes». 18 de octubre de 2023. Consultado en formato electrónico en noviembre de 2024 en la
siguiente dirección: https://sedop.es/wp-content/uploads/2023/11/Comunicado-SEDOP-punteros-laser.pdf.


2 Asociación D.O.C.E. Discapacidad Otros Ciegos de España. Punteros láser: un peligro real para la vista. 30 de junio de 2018. Consultado en formato electrónico en noviembre de 2024 en la siguiente dirección:
https://asociaciondoce.com/2018/06/30/punteros-laser-un-peligro-real-para-la-vis...


3 Asociación Retina Asturias. Algunos punteros láser pueden causar lesiones oculares Irreversibles. 20 de noviembre de 2013. Consultado en formato electrónico en noviembre de 2024 en la siguiente dirección:
https://retinosis.org/algunos-punteros-laser-pueden-causar-lesiones-oculares-irr...


4 Informe proporcionado por el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, párrafos 1 y 2. Noviembre 2024.


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luces brillantes que captan su atención y bajo coste. Su comercialización como juguetes fomenta su uso recreativo, muchas veces inapropiado, exponiendo a los niños a riesgos significativos, como la incidencia directa en los ojos o los
reflejos en superficies reflejantes. En los últimos años, se ha documentado un aumento notable de lesiones oculares en menores y jóvenes asociadas al uso de punteros láser. Entre las razones de este fenómeno se encuentran:


— La percepción de estos dispositivos como juguetes inofensivos.


— La comercialización en ferias, bazares y plataformas de comercio online sin el debido control normativo.


— La falta de información accesible y adecuada para los consumidores, incluyendo advertencias explícitas sobre sus riesgos de los dispositivos láser.


Aunque la normativa europea prohíbe la comercialización de dispositivos láser superiores a la clase 2 para uso recreativo desde 2014, y el Real Decreto 1205/2011 establece que los juguetes no deben presentar riesgos para la salud ocular, la
realidad demuestra que estos estándares no se cumplen de manera rigurosa ni efectiva:


— Muchos dispositivos no están etiquetados de manera eficaz, ya que, aunque incluyen advertencias, estas suelen ser insuficientes o poco visibles, lo que provoca que pasen desapercibidas para los consumidores. Como resultado, las personas
no son plenamente conscientes de los riesgos que estos dispositivos representan para la salud ocular, especialmente en el caso de menores.


— Se sigue detectando la venta de punteros láser de alta potencia (clases 3 y 4), cuyo uso en entornos no profesionales está estrictamente prohibido, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta en línea. La facilidad para
adquirir estos productos en internet y la falta de supervisión en los canales de distribución agravan el problema, exponiendo a los usuarios, en particular a menores, a riesgos que podrían evitarse.


A pesar de que la normativa vigente busca limitar el riesgo, estos láseres, aunque regulados, pueden dañar la retina con exposiciones prolongadas, reflejos en superficies o un uso inadecuado, especialmente entre menores. Su aparente
seguridad crea una falsa confianza, subestimándose el peligro real que representan incluso dentro de los límites establecidos. Numerosos jóvenes han sido atendidos en centros médicos por lesiones oculares causadas por el mal uso de estos
dispositivos, lo que evidencia la gravedad del problema. Esto pone de manifiesto la necesidad de ampliar las medidas de regulación y de sensibilización pública para prevenir lesiones oculares en todos los niveles.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Destinar los recursos humanos, tecnológicos, económicos y estructurales necesarios para prevenir el uso inadecuado de los dispositivos láseres, en especial de los menores y jóvenes, así como sus consecuencias negativas en su salud.


2. Con el consenso real de la sociedad civil y los profesionales sanitarios, con los ámbitos social y educativo, actualizar la normativa vigente en la que se incluye la relacionada con los controles en puntos de venta físicos y online, así
como la relativa a los comercios que incumplan la normativa vigente.


3. Exigir un etiquetado obligatorio en el que la información sobre el uso inadecuado de los dispositivos láseres advierta de forma más clara sobre los riesgos oculares asociados a su uso.


4. Implementar, antes de que concluya el primer trimestre de 2026, campañas educativas, informativas y de sensibilización dirigidas a jóvenes y familias, incluidos los


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centros educativos, para alertar sobre los peligros de los punteros láser y promover su uso responsable.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2025.—Marta González Vázquez, Cristina Abades Martínez, Elvira Velasco Morillo, Miguel Ángel Sastre Uyá, Juan Andrés Bayón Rolo, Ana Belén Vázquez Blanco y Carmen Fúnez de Gregorio,
Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002695


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente la Proposición no de
Ley sobre apoyo a la juventud en la preparación para el acceso a la función pública, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.


Exposición de motivos


Cuando una persona joven se plantea su futuro laboral, una de las opciones que puede contemplar es la de tratar de acceder a un empleo público. Son muchas y muy variadas las razones que pueden hacer que una persona decida opositar a una
plaza en el sector público. La Administración ofrece un entorno de trabajo diverso e inclusivo con todas las personas, dentro de un amplio abanico de sectores y en constante innovación. Además, brinda la posibilidad de desarrollar una carrera
profesional exitosa y satisfactoria, con estabilidad laboral y buenas condiciones de trabajo. A ello hay que añadir la posibilidad de desarrollar una vocación de servicio público, desempeñando un trabajo que tendrá impacto en la vida de las
personas.


En los últimos cinco años, en España se ha producido un extraordinario aumento de la oferta de empleo público que ha situado el número de plazas convocadas en cifras de record.


El acceso a la función pública mediante oposición implica una fase de preparación que puede suponer una carga económica considerable, especialmente para las personas jóvenes que carecen de recursos propios o apoyo familiar suficiente. Una
parte de la juventud encuentra dificultades para asumir los gastos relacionados con los costes de academias especializadas, temarios, tasas de examen y, en algunos casos, la necesidad de realizar desplazamientos o residir en otras ciudades. Ello
implica que muchas personas jóvenes no puedan plantearse la opción de opositar.


Esta circunstancia supone una quiebra de los principios de equidad e igualdad de oportunidades que impide que el mérito y la capacidad sean verdaderamente los criterios determinantes en el acceso al empleo público.


Con la finalidad de eliminar las barreras socioeconómicas que pueden impedir a muchas personas dedicarse a la preparación de una oposición, el Gobierno de España ha puesto en marcha una serie de becas y ayudas económicas destinadas a
facilitar el acceso al empleo público.


El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ofrece becas destinadas a sufragar los gastos ocasionados por la preparación de pruebas selectivas para el ingreso, por turno libre, en los Cuerpos de la Administración General del
Estado y en la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional del subgrupo A1, adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública y gestionados por el INAP.


Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha establecido ayudas económicas para la preparación de oposiciones en las Carreras


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Judicial y Fiscal, así como para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y el Cuerpo de Abogados del Estado. Recientemente, el Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria de una nueva edición de las Becas SERÉ para
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los cuerpos más altos de la Administración de Justicia. Esta nueva convocatoria contará con una dotación global de 15,6 millones de euros y permitirá conceder 1.300 becas, con una cuantía
individual de 12.000 euros al año durante un máximo de cuatro años.


A su vez, en mayo de 2025, el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se
regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. Esta reforma amplía y moderniza las carreras judicial y fiscal. Su objetivo es promover la igualdad de oportunidades en el
acceso de los profesionales al sistema judicial, reforzar las plantillas de fiscales, jueces y magistrados, mejorar su promoción profesional y garantizar la excelencia. Entre las medidas destacadas de este Proyecto de Ley se encuentra que los
opositores a la carrera judicial, a la carrera fiscal, a la Abogacía del Estado o a letrado de la Administración de Justicia tendrán derecho a solicitar una beca pública equivalente, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional durante cuatro años
para que puedan preparar las oposiciones. Además, se crearán centros públicos de preparación.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar desarrollando medidas de apoyo a la juventud en la preparación para el acceso a la función pública, en línea con las ayudas económicas directas destinadas a minorar los gastos
derivados de la preparación de oposiciones y estudiando posibles medidas, en el marco de la estrategia Consenso por una Administración Abierta para la preparación y orientación de la población joven a las oposiciones para el acceso a la función
pública.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Víctor Camino Miñana y Emilia Almodóvar Sánchez, Diputados.—Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/002696


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre campañas de información y fomento del acogimiento familiar de personas
menores tuteladas por las Administraciones públicas, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.


Exposición de motivos


Cuando los niños y las niñas se encuentran, por diferentes circunstancias, en situación de guarda o tutela por las Entidades Públicas de Protección a la Infancia, la Ley establece que el acogimiento familiar debe ser prioritario sobre el
acogimiento residencial. Con ello, se persigue que la infancia tenga un desarrollo emocional más sano y mejores vínculos afectivos.


La competencia en materia de protección a la infancia recae en las comunidades y ciudades autónomas, quienes disponen de normativa reguladora propia para este tipo de situaciones.


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La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de Julio, ambas de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, realizaron una profunda revisión de las medidas de protección. Es destacable la
modificación del Código Civil que se llevó a cabo para incluir el artículo 172 ter, que establece el acogimiento familiar como preferente y, únicamente, «no siendo este posible o conveniente para el interés del menor» cabría el acogimiento
residencial.


En el año 2021 entró en vigor la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Y en 2022 se aprobó el Plan de acción contra la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes del sistema de protección a la infancia que, entre otras cuestiones, recoge el compromiso compartido por todas las instituciones para que, antes de 2026, ningún niño o niña menor de 6 años en situación de guarda o tutela por las
Entidades Públicas de Protección a la Infancia viva en un recurso residencial y que, antes de 2031, ningún niño o niña menor de 10 años vivirá en un centro residencial.


El Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (20222030), aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de julio de 2022, establece el objetivo de «Desinstitucionalización», con la meta de que en 2030 no haya
ningún niño o niña menor de 10 años del sistema de protección que viva en un recurso residencial y que no haya centros de más de 30 plazas (salvo en primera acogida).


Por su parte, la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad-Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030), obliga también a promover alternativas al acogimiento residencial y que éste se dé en unas condiciones
más garantistas para los derechos de las personas que viven en este tipo de modelos. De esta iniciativa se extrae la necesidad de una atención más cercana y personalizada, que prima el contacto y la participación de la persona en situación de
acogimiento en la comunidad en la que se encuentra.


En el ámbito de la Unión Europea, la Recomendación (UE) 2024/1238 de la Comisión, de 23 de abril de 2024, sobre el desarrollo y el refuerzo de los sistemas integrados de protección de la infancia que redunden en el interés superior del niño
insta a los Estados a «garantizar que todos los niños, en toda su diversidad, puedan disfrutar de los mismos derechos de acceso a la protección y disfrute de ella en todos sus territorios».


En este marco, resulta necesario intensificar los esfuerzos por parte de las administraciones públicas para que el acogimiento familiar de las y los menores tutelados sea conocido y normalizado por la sociedad en general y, al mismo tiempo,
fomentar que cada vez más familias se ofrezcan para el acogimiento de personas menores de edad necesitadas de protección.


Procede, para ello, la realización de campañas como la que lanzó el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en 2019, bajo el lema «Tú serás mi hogar».


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar campañas sobre el acogimiento familiar de las y los menores tutelados por las Entidades Públicas de Protección a la Infancia, con el objetivo de fomentar que esta medida de
protección a la infancia se conozca y se normalice por parte de la sociedad en general, así como impulsar el incremento del número de familias que se ofrecen para el acogimiento de personas menores de edad necesitadas de protección.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—Esther Rodríguez Suárez y Emilia Almodóvar Sánchez, Diputadas.—Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Comisión de Asuntos Exteriores


181/001427


A la Mesa del Congreso de los Diputados


José María Sanchez García, Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


¿Confirma el Gobierno que el asesor del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos Meco, Koldo García Izaguirre, posee o poseía un pasaporte diplomático?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2025.—José María Sánchez García, Diputado.


Comisión de Defensa


181/001444


Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Cuál es el horizonte de participación de la SEPI en el futuro de la industria nacional de defensa?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.


50


181/001445


Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Cuál es el análisis que hace el Gobierno de los actuales contratos industriales en los que está aplicando la industria de defensa española?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.


181/001446


Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Cómo valora la situación de la industria de defensa nacional?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.


181/001447


Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Cuál es la situación de la industria de defensa española y actual cadena de producción ante la aplicación del Real Decreto-ley 10/2025?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.


181/001448


Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Cuál es el horizonte de los plazos de entrega del 8x8?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.


181/001449


Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Cómo afecta la actual relación bilateral España-Estados Unidos a la industria de defensa?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.


51


181/001450


Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Cuáles son las perspectivas sobre las capacidades de defensa que tiene que aportar España a la OTAN?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.


181/001451


Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Cómo valora el apoyo del Gobierno a Ucrania?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.


181/001452


Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Cómo valora el Gobierno la situación de la industria de defensa del aire y del espacio español?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Carlos Rojas García y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


181/001443


Javier Merino Martínez y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Por qué motivo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha descartado la alternativa ferroviaria Logroño-Miranda aprobada por el Parlamento de La Rioja en el año 2021?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Javier Merino Martínez y Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Diputados.


52


181/001462


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Nerea Renteria Lasanta, diputada por Bizkaia y adscrita al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta oral al
Gobierno para su respuesta en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.


¿Cuál es el estado actual y la planificación a futuro de las inversiones en infraestructura ferroviaria en Euskadi?


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2025.— Nerea Rentería Lasanta, Diputada.


181/001463


María Dolores Corujo Berriel, Luc André Diouf Dioh, Ada Santana Aguilera, Alicia Álvarez González, Esther Rodríguez Suárez y Jonay Quintero Hernández, Grupo Parlamentario Socialista.


¿Qué avances existen en la política del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en materia de movilidad en las islas?


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2025.—María Dolores Corujo Berriel, Luc Andre Diouf Dioh, Ada Santana Aguilera, Alicia Álvarez González, Esther Rodríguez Suárez y Jonay Quintero Hernández, Diputados.


181/001464


María Dolores Corujo Berriel, Luc André Diouf Dioh, Ada Santana Aguilera, Alicia Álvarez González, Esther Rodríguez Suárez y Jonay Quintero Hernández, Grupo Parlamentario Socialista.


¿Qué objetivos y prioridades se han establecido con la tercera adenda al Convenio de Carreteras de Canarias con el Estado?


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2025.—María Dolores Corujo Berriel, Luc Andre Diouf Dioh, Ada Santana Aguilera, Alicia Álvarez González, Esther Rodríguez Suárez y Jonay Quintero Hernández, Diputados.


181/001465


César Joaquín Ramos Esteban, Grupo Parlamentario Socialista.


¿Podría informar de los avances que ha hecho el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en los últimos años en la red de carreteras del Estado en Extremadura?


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.—César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.


53


181/001466


César Joaquín Ramos Esteban, Grupo Parlamentario Socialista.


¿Qué previsiones tiene el Gobierno para la mejora del servicio ferroviario en Extremadura?


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.—César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.


181/001467


César Joaquín Ramos Esteban, Grupo Parlamentario Socialista.


¿Qué pasos se han dado y se está previsto dar para avanzar en el desarrollo de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa?


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.—César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.


181/001468


Álvaro Morales Álvarez y Esther Peña Camarero, Grupo Parlamentario Socialista.


¿Qué actuaciones está impulsando el Ministerio de Transportes en el Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2025.—Álvaro Morales Álvarez y Esther Peña Camarero, Diputados.


181/001469


Álvaro Morales Álvarez y Esther Peña Camarero, Grupo Parlamentario Socialista.


¿Cuáles han sido los avances en materia de carreteras que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha impulsado en la provincia de Burgos en los últimos años?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2025.—Álvaro Morales Álvarez y Esther Peña Camarero, Diputados.


181/001470


Luis Antonio Gómez Piña, Grupo Parlamentario Socialista.


¿Qué previsiones se tienen para las actuaciones relacionadas con la mejora urbana del PRTR?


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.—Luis Antonio Gómez Piña, Diputado.


54


181/001471


Ignacio López Cano, Grupo Parlamentario Socialista.


¿Cómo avanza la Mesa Interadministrativa del Tren de la Costa del Sol, constituida entre las administraciones públicas competentes para impulsar medidas destinadas a mejorar la movilidad en la Costa del Sol?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2025.—Ignacio López Cano, Diputado.


181/001472


Luisa Sanz Martínez y César Joaquín Ramos Esteban, Grupo Parlamentario Socialista.


¿Qué medidas se han adoptado para impulsar la operativa del Aeropuerto de Valladolid tras el anuncio de Ryanair de cancelar sus rutas en esta infraestructura?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Luisa Sanz Martínez y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.


181/001473


Isidre Gavín i Valls, Grupo Parlamentario Junts Per Catalunya.


¿Cuáles son las razones que justifican que AENA discrimine al aeropuerto de Barcelona en comparación con el de Barajas, en cuanto a personal y recursos para desarrollar sus operaciones en condiciones de calidad y seguridad?


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—Isidre Gavin i Valls, Diputado.


Isidre Gavín i Valls, Grup Parlamentari Junts Per Catalunya.


Quines són les raons que justifiquen que AENA discrimini l'aeroport de Barcelona en comparació amb el de Barajas, tant en personal com en recursos per desenvolupar en condicions de qualitat i seguretat les seves operacions?


Congrés dels Diputats, 6 de noviembre de 2025.—Isidre Gavin i Valls, Diputat.


181/001476


Ángel Ibáñez Hernando, María Sandra Moneo Díez y Héctor Palencia Rubio, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Mantiene el ministerio sus planes de desmantelamiento de Renfe mercancías, y por tanto el cierre del taller de material remolcado de Miranda de Ebro el 30 de junio de 2026?


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—Ángel Ibáñez Hernando, Héctor Palencia Rubio y María Sandra Moneo Díez, Diputados.


55


181/001477


Óscar Ramajo Prada, Elvira Velasco Morillo y Héctor Palencia Rubio, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Por qué el ministerio no entrega la documentación solicitada por los parlamentarios del GPP, vulnerando sus derechos fundamentales constitucionales, tales como el informe para la supresión de frecuencias AVE en Sanabria, el acuerdo entre
España y UE para tener 7 años más de peajes en la AP6, AP51 o AP61, o el primer avance del estudio de actuaciones en estas autopistas tras la finalización de la concesión?


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—Óscar Ramajo Prada, Héctor Palencia Rubio y Elvira Velasco Morillo, Diputados.


181/001478


Héctor Palencia Rubio y Patricia Rodríguez Calleja, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Qué implicaciones tiene para la futura fecha de finalización del peaje de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 el acuerdo —al que se está impidiendo acceder a este parlamentario— alcanzado por el Gobierno de España presidido por José Luis
Rodríguez Zapatero con la Comisión Europea, reflejado en la comunicación de la Comisión de fecha 30 de marzo de 2011 en respuesta al non-paper remitido por España el 23 de diciembre de 2010, en la que se afirma textualmente que «la nueva
licitación... se hará por un período de 7 años»?


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—Héctor Palencia Rubio y Patricia Rodríguez Calleja, Diputados.


181/001479


Cristina Teniente Sánchez, Carlos Javier Floriano Corrales, Alfonso Carlos Macía Gata, Antonio Cavacasillas Rodríguez y Héctor Palencia Rubio, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Cómo puede explicar el ministerio los nuevos acuerdos con relación a la conexión ferroviaria Madrid-Lisboa, que contradicen todo lo defendido hasta ahora por el gobierno, y que dan la razón a lo denunciado por la sociedad extremeña?


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—Cristina Teniente Sánchez, Carlos Javier Floriano Corrales, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Cavacasillas Rodríguez y Héctor Palencia Rubio, Diputados.


56


181/001480


Ana Martínez Labella, Rafael Antonio Hernando Fraile, Maribel Sánchez Torregrosa y Héctor Palencia Rubio, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Por qué el Gobierno se niega a realizar un estudio de viabilidad para implantar servicios de cercanías en Almería, concretamente entre el poniente y la capital?


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—Ana Martínez Labella, Maribel Sánchez Torregrosa, Rafael Antonio Hernando Fraile y Héctor Palencia Rubio, Diputados.


181/001481


María Soledad Cruz-Guzmán García, Ricardo Tarno Blanco, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Héctor Palencia Rubio, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Cuáles han sido las políticas de impulso al transporte colectivo en la provincia de Sevilla?


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—María Soledad Cruz-Guzmán García, Ricardo Tarno Blanco, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Héctor Palencia Rubio, Diputados.


181/001482


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Carina Mejías Sánchez, Patricia Rueda Perelló y Carlos Flores Juberías, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).


Dirigida a Ministro de Transportes Sostenible.


¿Cómo valora el Gobierno la dificil situación que atraviesa el sector del transporte de mercancías por carretera en nuestro país?


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2025.—Carina Mejías Sánchez, Patricia Rueda Perelló y Carlos Flores Juberías, Diputados.


57


Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


181/001442


La Diputada de Podemos lone Belarra Urteaga y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta oral en la Comisión de Vivienda.


Dirigida a Secretario de Estado de Vivienda Sr. David Lucas.


¿Cuándo piensa el Gobierno cumplir con la obligación que se deriva para él de lo expuesto en el artículo 47 de nuestra Constitución?


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.—Ione Belarra Urteaga, Diputada.


181/001474


A la Mesa del Congreso


Diputados: Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).


Dirigida a Ministra de Vivienda y Agenda Urbana.


¿Por qué promueve el Gobierno formatos habitacionales precarios, como el «coliving» o el «cohousing», como solución a la imposibilidad de emancipación de los jóvenes españoles?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2025.—Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.


181/001475


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).


Dirigida a Ministra de Vivienda y Agenda Urbana.


¿Por qué consideran que la intervención en los precios del mercado de la vivienda favorecerá acabar con la crisis habitacional que hoy padecemos?


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2025.—Ignacio Hoces Íñiguez, Ricardo Ricardo Chamorro Delmo y Carlos Hernández Quero, Diputados.


58


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/029445


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Bendodo Benasayag, Elías (GP)


Vázquez Jiménez, María del Mar (GP)


Cortés Carballo, Mario (GP)


Garre Murcia, Cristóbal (GP)


Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)


Gastos de representación de José Luis Ábalos como ministro en sus visitas a Málaga, así como de directivos y altos cargos del Gobierno en sus visitas a la citada ciudad desde el año 2018.


Acuerdo:


Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Elías Bendodo Benasayag, María del Mar Vázquez Jiménez, Mario Cortés Carballo, Cristóbal Garre Murcia y Gema Pérez Recuerda, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.


— ¿Cuáles han sido los gastos de representación de José Luis Ábalos como ministro del Gobierno de España en sus visitas a Málaga en los años 2018, 2019, 2020 y 2021?


— ¿Qué gastos de representación registró el ministro José Luis Ábalos con motivo de su visita a Málaga el 10 de septiembre de 2019 con motivo de un acto en el Aeropuerto de Málaga?


— ¿Qué gastos de representación registró el ministro José Luis Ábalos con motivo de su visita a Torremolinos el 21 de octubre de 2019 con motivo de un acto en el Palacio de Congresos de esta ciudad?


— ¿Cuáles han sido los gastos de representación de directivos y altos cargos del Gobierno de España en sus visitas a Málaga en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025?


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2025.—Elías Bendodo Benasayag, María del Mar Vázquez Jiménez, Mario Cortés Carballo, Cristóbal Garre Murcia e Isabel Gema Pérez Recuerda, Diputados.