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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 428, de 11/11/2025
cve: BOCG-15-D-428
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
11 de noviembre de 2025
Núm. 428
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002669
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para poner fin al embargo económico, financiero y comercial de EE. UU. contra el pueblo cubano ... (Página5)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002670
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación de la disposición adicional decimoctava del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, para garantizar la igualdad en el acceso al
complemento para la reducción de la brecha de género en el Régimen de Clases Pasivas ... (Página6)
Comisión de Industria y Turismo
161/002675
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso del sector químico y, en particular, de la química farmacéutica ... (Página7)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002664
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de nuestro campo y del sector primario que garantiza nuestra soberanía alimentaria ... (Página9)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002667
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al rechazo de imposiciones ideológicas y recaudatorias en los municipios de España ... (Página14)
161/002673
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar la cohesión social y territorial en los municipios que se encuentran en riesgo de despoblación ... (Página17)
161/002678
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar un marco estatal de actuación contra la despoblación y de apuesta por el reequilibrio territorial del medio rural ...
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002674
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección del acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias españolas frente a la especulación y la compra masiva por parte de fondos y fortunas
extranjeras ... (Página21)
161/002676
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al control sobre los denominados pisos turísticos y/o viviendas vacacionales en las regiones insulares ... (Página22)
161/002679
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas urgentes contra la ocupación ilegal de viviendas ... (Página25)
161/002680
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 impuesto y diseñado contra las Comunidades Autónomas ... (Página26)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002672
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección de los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán frente a la represión del régimen talibán ...
161/002677
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso y a la rendición de cuentas de programas de transferencia de conocimiento y tecnología agroganadera sostenible en el ámbito de la
cooperación internacional ... (Página30)
Comisión de Igualdad
161/002663
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en apoyo a la periodista feminista Cristina Fallarás y contra la violencia política de género ... (Página32)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002668
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la lucha contra la soledad no deseada de las personas con discapacidad ... (Página33)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/001439
Pregunta formulada por los Diputados Pedro Puy Fraga (GP) y Rodríguez Serra, Santi (GP), sobre opinión del Ministerio de Hacienda acerca de si la medida adoptada está siendo efectiva para eliminar o al menos reducir significativamente el
fraude del IVA en los hidrocarburos dada la compleja aplicación aprobada en la Ley 7/2024, en lugar de a través de un mecanismo ya contrastado con otros sectores en España y en otros países, de aplicación más sencilla, como es la inversión del
sujeto pasivo ... (Página35)
181/001440
Pregunta formulada por los Diputados Pedro Puy Fraga (GP) y Rodríguez Serra, Santi (GP), sobre actuaciones previstas a corto plazo para frenar el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos y garantizar la correcta aplicación de la Ley
7/2024, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la protección de los operadores legales del sector ... (Página35)
181/001441
Pregunta formulada por los Diputados Pedro Puy Fraga (GP) y Rodríguez Serra, Santi (GP), sobre opinión del Ministerio de Hacienda acerca de si desde la aprobación de la Ley 7/2024 se ha avanzado en la reducción del fraude del IVA en el
sector de los hidrocarburos ... (Página36)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001428
Pregunta formulada por el Diputado Alberto Ibáñez Mezquita (GSUMAR), sobre medidas previstas en el corto y medio plazo para aumentar y mejorar los servicios de Media y Larga Distancia en el Corredor Mediterráneo, tanto a través de la
ampliación de las obligaciones de servicio público como a través del aumento de la oferta de servicios comerciales ... (Página36)
181/001429
Pregunta formulada por la Diputada Inés Granollers Cunillera (GR), sobre previsión de recuperar el segundo tramo de vía en la estación de Bellpuig ... (Página36)
181/001431
Pregunta formulada por los Diputados Carina Mejías Sánchez (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre medidas previstas ante el creciente número de ciudades que están optando por no implantar zonas de
bajas emisiones en sus términos municipales ... (Página37)
181/001432
Pregunta formulada por los Diputados Carina Mejías Sánchez (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre medida en que la falta de infraestructuras de transporte y la ineficiencia del sistema ferroviario
están limitando el desarrollo económico y la competitividad de las ciudades españolas ... (Página37)
181/001433
Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre forma en la que propone el Gobierno que se proteja a los trabajadores y se solvente la situación de disfunción administrativa entre Logirail y el Ministerio de Hacienda
que ha llevado a la decisión de eliminar los complementos salariales ad personam especiales de Renfe, afectando a trabajadores en Madrid, Barcelona, Teruel y muchos otros lugares ... (Página37)
181/001434
Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre solución que facilitará el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la complicada situación de la conexión aérea entre Menorca y Madrid, que se está
gestionando como Obligación de Servicio Público (OSP), donde el nivel de la demanda desborda la oferta, existen muchos vuelos sin plaza y se obliga a los menorquines a buscar alternativas más costosas y lentas ...
181/001438
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre medidas que pondrá en marcha el Gobierno para revertir la situación de pérdida de viajeros y conexiones en los aeropuertos gallegos ...
Comisión de Industria y Turismo
181/001430
Pregunta formulada por la Diputada Inés Granollers Cunillera (GR), sobre previsión de ampliar el plazo de ejecución de los proyectos financiados en el marco del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio
Histórico con uso turístico, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ... (Página38)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/001435
Pregunta formulada por el Diputado Javier Rodríguez Palacios (GS), sobre objetivos y principales medidas del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ... (Página39)
181/001436
Pregunta formulada por el Diputado Ignasi Conesa Coma (GS), sobre valoración por el Gobierno del paso que han dado algunas Comunidades Autónomas para declarar las zonas de mercado residencial tensionado en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley por el derecho a la vivienda ... (Página39)
181/001437
Pregunta formulada por el Diputado Gabriel Cruz Santana (GS), sobre pasos que se han dado para la conformación de la nueva Empresa Pública de Vivienda y objetivos que tiene previsto abordar como prioritarios ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las
Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002669
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley para poner fin al embargo económico, financiero y comercial de EE. UU. contra el pueblo
cubano, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Este 29 de octubre la Asamblea General de Naciones Unidas volverá a votar por mayoría abrumadora, una vez más, una resolución condenando las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Cuba.
Esta resolución anual tiene su origen en la Resolución 47/1992 que recordaba ya en 1992 que «sigue en vigor el embargo económico, comercial y financiero contra Cuba [ ] y los graves efectos adversos que esas medidas tienen en el pueblo de
Cuba y los nacionales cubanos que viven en otros países».
El embargo y las sanciones de Estados Unidos han sufrido un endurecimiento desde 2017, que la Administración Trump pretende agravar, a pesar de las reiteradas condenas de la Asamblea General de Naciones Unidas. Son por lo tanto sanciones
unilaterales que violan el derecho internacional y contrarias a la Carta de Naciones Unidas.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente,
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A mantener la posición defendida sistemáticamente en anteriores votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas y votar a favor del cese de las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Cuba como contrarias al derecho
Internacional.
2. A instar al Gobierno de los Estados Unidos a abrir negociaciones bilaterales con el gobierno de Cuba como este viene solicitando, cara a una normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países en el marco de la carta de
Naciones Unidas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.Agustín Santos Maraver, Gerardo Pisarello Prados y Teslem Andala Ubbi, Diputados.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002670
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Águeda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley relativa a la modificación de la
disposición adicional decimoctava del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, para garantizar la igualdad en el acceso al complemento para la reducción de la brecha de género en el Régimen de Clases Pasivas, para su debate en la Comisión
de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 3/2021, de 3 de febrero, introdujo el denominado complemento para la reducción de la brecha de género, modificando tanto el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social como la disposición decimoctava del texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 670/1987, de 30 de abril.
Sin embargo, la regulación actual excluye del derecho a percibir dicho complemento a las personas del Régimen de Clases Pasivas que acceden a la jubilación anticipada de manera voluntaria, lo que constituye una discriminación injustificada y
contraria al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española.
Esta exclusión resulta doblemente discriminatoria. Por una parte, establece una diferencia de trato entre quienes acceden a la jubilación anticipada voluntaria y quienes lo hacen al cumplir la edad ordinaria, sin que exista una razón
objetiva que lo justifique. Por otra, mantiene un trato desigual entre trabajadores del Régimen General y del Régimen de Clases Pasivas, dado que el complemento sí se reconoce a quienes se jubilan anticipadamente en el primer caso, pero no en el
segundo.
Las personas integradas en el Régimen de Clases Pasivas no pudieron optar libremente por su régimen de protección, sino que fueron incluidas en él de manera obligatoria. Además, para acceder a la jubilación anticipada voluntaria se les
exige haber cumplido 60 años y acreditar un mínimo de 30 años de servicios efectivos al Estado, requisitos más exigentes que los del Régimen General. A pesar de ello, se les niega un derecho que tiene por objeto reconocer la aportación demográfica
de las personas progenitoras y compensar la brecha de género acumulada a lo largo de la vida laboral, con independencia del momento del retiro.
El propio Gobierno reconoció en respuesta parlamentaria de 9 de junio de 2021 que «el número de hijos es el criterio objetivo que se utiliza para articular la medida» y que el nuevo complemento «pretende corregir una situación de injusticia
estructural». No obstante, la exclusión de los funcionarios jubilados anticipadamente en el Régimen de Clases Pasivas vacía de contenido esa finalidad correctora, perpetuando una triple discriminación:
Por razón de edad, al penalizar las jubilaciones anticipadas voluntarias;
Por razón de régimen jurídico, al discriminar entre personas trabajadoras del sector público y del privado;
Y por falta de proporcionalidad, al exigir requisitos más estrictos para el acceso a la jubilación sin reconocimiento del complemento.
Por todo ello, resulta necesario modificar la disposición adicional decimoctava del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, suprimiendo los términos «de carácter forzoso» que limitan injustamente el acceso al complemento para
la reducción
de la brecha de género, de modo que todas las personas jubiladas del Régimen de Clases Pasivas que cumplan los requisitos generales puedan acceder a él, con independencia de la modalidad de jubilación.
Por todo lo expuesto anteriormente, presento la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a realizar las siguientes medidas:
1. Modificar la disposición adicional decimoctava del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, suprimiendo los términos «de carácter forzoso» en todos los
apartados en los que figuren, a fin de reconocer el complemento para la reducción de la brecha de género a todas las personas del Régimen de Clases Pasivas que cumplan los requisitos generales, con independencia de la modalidad de acceso a la
jubilación.
2. Establecer los mecanismos necesarios para aplicar dicha modificación con efectos retroactivos desde el 4 de febrero de 2021, fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2021, de 3 de febrero, garantizando así el derecho de las
personas afectadas a percibir el complemento en igualdad de condiciones.
3. Adoptar las medidas reglamentarias y administrativas precisas para asegurar una interpretación homogénea y no discriminatoria de la norma en todos los ámbitos de la Administración General del Estado, evitando situaciones de desigualdad
entre regímenes de protección social.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2025.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria y Turismo
161/002675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso del sector químico y, en particular, de la química farmacéutica,
para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El sector químico constituye uno de los pilares fundamentales de la economía española y europea, tanto por su peso en el conjunto de la industria como por su capacidad de innovación, generación de empleo cualificado y contribución al
desarrollo de otros sectores estratégicos. En España, la industria química representa en torno al 13 % del PIB industrial, con más de 740.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. Además, se trata de uno de los sectores más
internacionalizados, con una balanza comercial positiva y con una alta inversión en l+D+i.
La provincia de Barcelona, y en particular la comarca del Valles Oriental, es uno de los polos industriales más relevantes en este ámbito. El territorio concentra empresas químicas y farmacéuticas de referencia internacional que generan
miles de empleos directos y constituyen un motor de atracción de inversión y talento.
En Parets del Vallés se encuentran compañías como Grifols, líder mundial en hemoderivados y biotecnología, con una planta estratégica para garantizar el suministro
de medicamentos esenciales, o Ferrer, empresa farmacéutica con fuerte inversión en investigación y desarrollo. En Montornés del Vallés opera el centro de BASF, especializado en recubrimientos y pinturas, parte de una de las principales
multinacionales químicas del mundo. En La Roca del Vallés se ubica Arkema, multinacional francesa dedicada a la química avanzada y a los materiales innovadores. En Granollers se encuentra Henkel Ibérica, que más allá de sus marcas de consumo
desarrolla también una actividad química-industrial de primer orden. Todas ellas son ejemplos del peso específico de la comarca en la industria química y farmacéutica, y de su capacidad para competir en mercados globales.
La fortaleza de este tejido industrial tiene un efecto tractor sobre el conjunto de la economía local y regional. No solo genera empleo directo de calidad, sino que impulsa a sectores complementarios como la logística, la investigación
universitaria, los servicios tecnológicos avanzados o la formación profesional especializada. Esta interdependencia convierte a la química y a la farmacéutica en un sector estratégico para la cohesión territorial y social del Vallés Oriental y del
conjunto del país.
La importancia de la industria química se refleja también en el contexto nacional. España cuenta con grandes polos de referencia en el ámbito químico y farmacéutico: el eje Barcelona-Tarragona, con el clúster químico de Tarragona y el
ecosistema biomédico de Barcelona; el polo industrial de Huelva en Andalucía, especializado en química básica y de procesos; y el corredor Cantabria-País Vasco, con una larga tradición en química de materiales y energía. Todos ellos aportan
diversidad, especialización y capacidad exportadora a la industria química española.
De cara al futuro, la transición ecológica y digital que afronta Europa exige una fuerte apuesta por la química sostenible y la economía circular. El desarrollo de nuevos materiales, la producción de hidrógeno verde, la gestión eficiente de
residuos o la aplicación de procesos de bajo impacto ambiental son retos y oportunidades en los que la industria química española, y en particular la implantada en la provincia de Barcelona, puede jugar un papel protagonista.
En este contexto, resulta imprescindible que el Congreso de los Diputados manifieste su compromiso con un sector estratégico, apoyando la innovación, la formación, la internacionalización y la cooperación público-privada. Es necesario
reforzar la posición de la industria química en España y, de manera específica, consolidar la fortaleza de la química farmacéutica en la provincia de Barcelona y en el Vallés Oriental, que constituye una de las mejores garantías de futuro para la
competitividad y la calidad del empleo en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan de apoyo a la industria química que incluya medidas de inversión, financiación, innovación y formación profesional especializada.
2. Reforzar el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de la química farmacéutica, especialmente en territorios con fuerte implantación del sector como la provincia de Barcelona y el Vallés Oriental.
3. Potenciar la internacionalización de las empresas químicas españolas, favoreciendo su presencia en cadenas de valor globales y reforzando los instrumentos de apoyo a la exportación.
4. Favorecer la transición ecológica de la industria química mediante programas específicos de economía circular, eficiencia energética, uso de energías renovables y reducción de emisiones.
5. Promover la cooperación público-privada y la colaboración entre clústeres industriales, universidades y centros tecnológicos, con el objetivo de consolidar a España como un referente europeo en química sostenible y farmacéutica
innovadora.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Andrea Canelo Matito, Adriana Maldonado López, Oriol Almirón Ruiz, Carmen Andrés Añón, Francisco Aranda Vargas, Ignasi Conesa Coma, Lídia Guinart Moreno, Juan Carlos Jerez
Antequera, Josep Paré Aregall, María Mercè Perea i Conillas, Arnau Ramírez Carner, Alba Soldevilla Novials, Ferran Verdejo Vicente y José Zaragoza Alonso, Diputados.Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de nuestro campo y del sector primario que garantiza nuestra soberanía
alimentaria, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector primario nos da de comer a todos los españoles. Nuestros agricultores y ganaderos son los que llevan la comida a nuestra mesa y, a pesar de todas las trabas impuestas desde las distintas administraciones gobernadas por el
bipartidismo, son los que garantizan nuestra soberanía alimentaria. Hombres y mujeres esforzados que, a pesar de la persecución y el maltrato sistemático, dan vida al mundo rural y trabajan cada día sin descanso para sacar adelante sus
explotaciones, muchas de las cuales han ido pasando de padres a hijos manteniendo una tradición que es el alma y el ser de nuestra Nación.
La encomiable labor que durante generaciones vienen desempeñando nuestros agricultores y ganaderos ha permitido forjar un sector esencial y estratégico para nuestra Nación, con un papel fundamental en términos culturales, demográficos,
sociales, forestales y económicos y especialmente relevante para la España rural y vaciada. La importancia económica del sector primario, en el contexto de la economía nacional, se valora mediante las cifras publicadas por el INE en la Contabilidad
Nacional. Según datos de la Contabilidad Nacional (INE), el Valor Añadido Bruto del sector primario alcanzó los 40.412 millones de euros en 2024, representando el 2,5 % del PIB. Le superan en importancia económica los sectores de la construcción
(5,3 % del PIB), industria (14,2 %) y servicios (69,1 %). Asimismo, se le atribuyen al sector primario 680.200 puestos de empleo equivalentes a tiempo completo, un 1,8 % menos con respecto a 2023, suponiendo el 3,4 % de los ocupados equivalentes a
tiempo completo de España1.
Junto a la fijación de la población en las zonas rurales, así como el desarrollo económico de la España rural, destaca el enorme impacto que el sector primario tiene en términos geoestratégicos y de salud pública, siendo sector clave a la
hora de garantizar la
1 https://www.mapa.gob.es/es/dam/jcr:50ac8588-918c-4321-9feb-d72ae05c72a6/INFORME%20ANUAL_METADATOS.pdf
seguridad y la soberanía alimentaria, cuestiones trascendentales si atendemos al convulso escenario internacional actual, así como al incremento de las alertas sanitarias2 detectadas en los últimos años por la entrada masiva de productos
extracomunitarios que no cumplen con las mismas exigencias fitosanitarias exigidas a nuestros agricultores y ganaderos.
Además, no podemos olvidar el importantísimo papel que tienen nuestros agricultores y ganaderos así como los profesionales del sector cinegético y silvícola en la prevención y extinción de incendios pese al arrinconamiento institucional
que llevan padeciendo durante décadas. A modo de ejemplo, en nuestras explotaciones ganaderas y cinegéticas, el pastoreo permite reducir considerablemente la carga de material combustible. Por su parte, nuestras explotaciones agrícolas, con sus
respectivas tareas de limpieza, labranza y cortafuegos tras las siegas, contribuyen activamente a detener la propagación de llamas3. Se intuye fácilmente la relevancia de estas funciones tras los devastadores incendios que han arrasado nuestra
Nación durante el pasado verano4.
Sin embargo, si bien el sector continúa manteniendo un peso considerable para nuestra economía, vemos cómo en apenas una década decenas de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas se han visto abocadas al cierre. Según datos oficiales,
sólo en una década de 2013 a 2023 España ha perdido más de 180.000 explotaciones5. Está claro que esta lacra no es más que el resultado directo de políticas que anteponen el fanatismo climático sobre la rentabilidad económica de nuestro campo, la
cual, unida al marcado envejecimiento de nuestro sector primario6 y a la falta de promoción institucional del relevo generacional, ponen en serio riesgo la propia supervivencia del sector tal y como lo entendemos en un futuro no muy lejano.
El tiempo ha demostrado cómo la agenda climática que comparten populares y socialistas tanto en Bruselas como en nuestras instituciones nacionales es una sentencia de muerte para nuestro campo. Durante décadas, el bipartidismo ha dicho
una cosa en España, pero luego ha votado la contraria en Bruselas, que es donde se toman las decisiones. Populares y socialistas han sido implacables con el campo en España, imponiendo toda clase de regulaciones e impuestos a los productores, pero
luego eran sumisos y asumían todo lo que les imponían desde Bruselas.
Prueba paradigmática de este fanatismo medioambiental y climático es el Pacto Verde Europeo (PVE) y toda la normativa desarrollada bajo su paraguas. Este instrumento, unido a los continuos recortes presupuestarios de la PAC y al aumento
exponencial de requisitos medioambientales, representan una sentencia de muerte a un sector primario nacional y europeo ya agonizante desde hace años7.
El futuro de nuestro sector primario dejará de estar en jaque sólo cuando el consenso progre ponga fin al fanatismo climático, palie el aumento exponencial de los costes de producción, acabe con la losa burocrática y la hiperregulación,
garantice el principio de
2 https://www.aenverde.es/las-alertas-sanitarias-en-frutas-y-hortalizas-procedentes-de-terceros-paises-crecieron-un-45-durante-2024/
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agriculhira/se-duplican-las-alertas-sanitarias-por-productos-de-terceros-paises-en-un-ano/
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/crecen-alertas-sanitarias-importacion-productos_0_1891912436.html
3 https://www.asaja.com/asaja-destaca-el-papel-clave-de-agricultores-y-ganaderos-en-la-lucha-contra-los-incendios-y-exige-un-giro-en-las-politicas-forestales/
4 https://www.larazon.es/sociedad/peores-incendios-historia-espana-joaquin-ramirez-experto-fuegos-advierte-que-viene-ser-mucho-peor_2025092468d25d596bl6e40392dad65c.html#.~.text-E
5 https://www.eldebate.com/campo-y-caza/20250227/agricultura-familiar-desangra-espana-pierde-180000-explotaciones-diez-anos_273934.html
https://gaceta.es/economia/el-pacto-verde-europeo-condena-a-la-agricultura-familiar-espana-pierde-mas-de-180-000-explotaciones-en-diez-anos-20250227-1352/?utm_source=chatgpt.com
6 https://www.larazon.es/andalucia/edad-media-agricultores-comunidad-lider-espana-asusta_2025032767e4a65d5c956e00015f6137.html
7 https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/financing/cap-expenditure_es
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-post-2027-next-eu-budget_en?prefLang
preferencia comunitaria, reciprocidad, mercado único y solidaridad financiera para acabar con la competencia desleal y promueva políticas que fomenten realmente el relevo generacional, haciendo atractivo el sector para nuestros jóvenes.
Lejos de ir en esta dirección, muy recientemente hemos podido comprobar cómo el consenso progre vuelve a usar como moneda de cambio a nuestro sector primario: primero con la propuesta de futura PAC, segundo con la culminación de Mercosur y
por último, con la propuesta de modificación del Acuerdo UE-Marruecos.
En primer lugar, la futura reforma de la PAC que plantea la Comisión no sólo supone un recorte adicional del 22 % del presupuesto hasta ahora asignado a la PAC, sino que, de igual modo, pretende acabar con la autonomía presupuestaria que,
hasta ahora, y tras más de sesenta años, ha respaldado a esta política singular. Esto supone menos apoyo directo para los agricultores, menos inversión en modernización y, en definitiva, menos futuro para el campo y para nuestra soberanía
alimentaria.
En segundo lugar, vemos cómo la culminación de Mercosur representa un ejemplo más de cómo Bruselas utiliza a nuestro sector primario como moneda de cambio en acuerdos comerciales con terceros países8, hecho que, en la práctica, solo se ha
traducido en un aumento exponencial de la competencia desleal de productos agroalimentarios extracomunitarios que, en este caso concreto, afectarán especialmente a nuestros productores de vacuno y aves de corral, del azúcar y el arroz, de los
cítricos, de la miel, de los tomates sector ya de por sí sumamente afectado por las importaciones de tomate marroquí y de la remolacha, entre otros muchos.
Por último, la propuesta de modificación del Acuerdo UE-Marruecos es un auténtico ataque a la inteligencia y un despropósito legal y moral de la Comisión de populares y socialistas9. Estamos, de hecho, ante un ejemplo claro de cómo el
consenso progre hace una cosa en Bruselas y dice exactamente lo contrario a nivel nacional, tal y como los españoles pudieron apreciar el pasado jueves 16 de octubre en el Congreso de los Diputados, cuando, gracias a una moción de VOX, la Cámara
Baja rechazaba la maniobra de la Comisión para esquivar el cumplimiento de la sentencia del TJUE10. Todo ello, pese a la firmeza que arroja en la sentencia el propio Tribunal: el acuerdo al que llegaron la UE y Marruecos para extender las
preferencias arancelarias al Sahara Occidental era ilegal. Es demoledor comprobar cómo después de casi 10 años de calvario judicial, la Comisión de Úrsula von der Leyen se pliega una vez más a los intereses de Marruecos11. Los afectados, los de
siempre, nuestros agricultores que tendrán que seguir soportando la competencia desleal de miles de toneladas de productos agrícolas que no han sido producidos con los mismos estándares de producción.
Recordemos que Marruecos ya ha superado a España en exportaciones de tomate dentro de la UE, algo absolutamente inaceptable12. Está claro que las élites de Bruselas quieren convertir a Marruecos en «la nueva huerta de Europa», desmantelando
para ello a nuestro sector primario, nuestro mundo rural, así como acabando con nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentarias.
8 https://www.asaja.com/asaja-denuncia-la-ratificacion-expres-de-los-acuerdos-con-mercosur-y-estados-unidos/
https://www.asaja.com/la-comision-europea-vuelve-a-traicionar-al-campo-mercosur-aranceles-y-china/
9 https://www.asaja.com/asaja-denuncia-que-el-nuevo-acuerdo-ue-marruecos-vulnera-el-derecho-internacional-y-pone-en-riesgo-la-equidad-del-mercado/
https://www.agronewscastillayleon.com/asaja-marruecos-acuerdo-ue/
10 https://www.eldebate.com/campo-y-caza/20251016/congreso-rechaza-modificacion-acuerdo-uemarruecos-incluye-cultivos-sahara-occidental_345332.html
11 https://www.eldebate.com/campo-y-caza/20251022/acuerdo-ue-explotar-sahara-financiara-5000-hectareas-invernaderos-rey-marruecos_346999.html
12 https://gaceta.es/europa/el-tomate-marroqui-supero-en-2024-al-espanol-en-la-ue-estamos-indefensos-por-la-competencia-desleal-que-permite-bruselas-20250408-0245/
https://gaceta.es/espana/los-agricultores-espanoles-se-plantan-anuncian-que-dejaran-de-producir-tomates-por-el-nuevo-acuerdo-de-bruselas-con-marruecos-20251010-0848/
La combinación de factores recortes presupuestarios, desaparición de la PAC como política diferenciada, mantenimiento del Pacto Verde, tratados comerciales lesivos como el de Mercosur y el de Marruecos, y el aumento imparable de los costes
de producción constituye una auténtica bomba de relojería para el campo europeo. Esto no es una casualidad, sino el resultado de décadas de políticas dictadas por populares y socialistas en Bruselas, con el aplauso de los partidos que en España
han abandonado a nuestros agricultores.
El campo español no puede seguir siendo víctima de las decisiones que toman unos cuantos burócratas que jamás han pisado el campo. Es hora de señalar a los responsables de que nuestra soberanía alimentaria y la supervivencia del campo
español estén en peligro. Urge que PP y PSOE pongan fin, desde todas las instituciones sin distinción, a un fanatismo climático que no ha hecho más que criminalizar a nuestro campo mientras prioriza los intereses de países extracomunitarios.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer la gran labor que desempeñan nuestros agricultores y ganaderos garantizando la fijación de la población y el crecimiento económico en la España rural y abandonada, la seguridad alimentaria a través de la producción de productos
agroalimentarios de máxima calidad, la soberanía alimentaria de nuestra Nación y la prevención de incendios en nuestros montes.
2. Condenar el borrador de propuesta para la futura PAC presentado por la Comisión, exigiendo inmediatamente una nueva propuesta que no contenga recortes presupuestarios, que no priorice los requisitos medioambientales sobre la rentabilidad
económica de las explotaciones agrícolas y que no dilapide la autonomía presupuestaria y política que hasta ahora ha tenido la PAC como política diferenciada al incluirla en el Fondo Común.
3. Rechazar frontalmente el Pacto Verde Europeo ante las graves consecuencias que ha tenido para la economía española, en especial para nuestro sector primario. De igual modo, promover la derogación de todas las políticas inspiradas en el
Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad, así como realizar un estudio para analizar el negativo impacto económico y social que las políticas derivadas del Pacto
Verde Europeo y de la Agenda 2030 han tenido en España.
4. Favorecer una verdadera conservación del medio natural y del paisaje que conviva con el apoyo y el respeto a la actividad de nuestro sector primario. De igual modo, promover un marco normativo que proteja nuestros suelos agrícolas y
patrimonio natural de la proliferación indiscriminada de energías renovables.
5. Exigir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria y reciprocidad como principios jurídicos de alcance general en todos los acuerdos comerciales, siempre a favor de los intereses del
sector primario español, con el fin de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. A tal fin, se deberá garantizar el principio de reciprocidad a través de la inclusión de cláusulas espejo en todos los productos agrícolas, ganaderos y
pesqueros importados a la UE que deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos medioambientales, climáticos, burocráticos, fitosanitarios y laborales que cumplen los productores españoles.
6. Aumentar los controles en frontera para asegurar que el 100 % de los productos importados cumplen con las normativas internas de la UE y el pago de todo arancel establecido para las operaciones fuera de contingente establecidas en los
respectivos acuerdos comerciales. En este sentido, promover el aumento de la dotación de personal, material y centros de análisis de productos agroalimentarios de los Puestos de Inspección Fronterizos de los Puertos del Estado, especialmente en
aquellos puntos con altas importaciones agropecuarias. En ningún caso se aceptará una declaración
responsable de conformidad del producto por parte del Estado extracomunitario exportador o cualquier otro sujeto que intervenga en la cadena de compraventa del producto.
7. Promover las modificaciones legislativas pertinentes para implementar estándares de etiquetados claros al respecto del origen y procedencia de los productos que llegan a los consumidores y castigar de forma contundente la
comercialización fraudulenta de productos como 'origen España' que no son de origen español.
8. Paralizar con carácter urgente las transferencias de fondos públicos españoles destinados a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y cualquier país extracomunitario que le haga competencia desleal a España, así como exigir la
suspensión de los fondos europeos destinados a financiar su sector agrícola.
9. Suspender inmediatamente el Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la UE, debido al enorme perjuicio económico que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y comunitaria. De igual modo, exigir un informe de impacto
económico y social del acuerdo comercial en el sector primario español y europeo.
10. Mientras no sea efectiva la suspensión de los acuerdos comerciales entre la UE-Marruecos, rechazar la modificación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos para incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental con trato arancelario
preferente, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de octubre de 2024.
11. Rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur en todo aquello que perjudique los intereses de los productores españoles, y concretamente al sector primario, al mundo rural y a sus formas tradicionales de vida. De igual modo, exigir un
informe de impacto económico y social del acuerdo comercial en el sector primario español y europeo.
12. Denunciar ante las instituciones de la UE la opacidad con la que la Comisión Europea ha llevado a cabo la negociación y tramitación del acuerdo Mercosur. Una negociación realizada a espaldas a las naciones europeas, al Parlamento
Europeo y a las asociaciones y organizaciones agrarias.
13. Exigir en el seno de la UE la prohibición de la importación de productos agroalimentarios de terceros países que hayan sido tratados con fitosanitarios prohibidos en el territorio de la UE.
14. Promover una revisión del Sistema Español de Seguros Agrarios para reforzarlo ante las necesidades del campo español.
15. Garantizar una correcta aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que garantice la protección y la rentabilidad de agricultores y ganaderos españoles.
16. Impulsar una verdadera simplificación burocrática y administrativa que tenga como finalidad la reducción sustancial del volumen y complejidad de la tramitación administrativa que soporta nuestro sector primario.
17. Aplazar más allá del 1 de enero de 2027 la puesta en marcha del cuaderno de campo digital hasta que se garantice la completa accesibilidad y seguridad de los sistemas digitales.
18. Favorecer el relevo generacional en el mundo rural apoyando la incorporación de los jóvenes a la actividad agroganadera con medidas que garanticen su permanencia y profesionalización, así como fomentando su incorporación a las
cooperativas agroalimentarias.
19. Impulsar medidas para dignificar la actividad agraria y consagrar su contribución decisiva a la generación de riqueza y empleo, así como reconocer expresamente el papel del cooperativismo agroalimentario en el medio rural español.
20. Promover un Plan Nacional del Agua que contemple la gestión racional de los recursos hídricos aguas pluviales, subterráneas, desaladas, desalobradas y regeneradas en todo el territorio nacional y que, sobre la base de los principios
de solidaridad y bien común, incluya la interconexión de cuencas como medida esencial para hacer frente a los contextos climatológicos adversos y garantice el acceso de todos los españoles al agua sin importar en qué parte de España se encuentren.
21. Promover un Plan Nacional de Regadíos que contribuya a la modernización de superficies favoreciendo un uso más eficaz del agua, así como la reducción del volumen de consumo.
22. Reconocer a la caza como patrimonio cultural común y una actividad esencial para la gestión de las especies y la conservación de nuestro entorno natural, así como el desarrollo socioeconómico de la España rural, así como reconocer el
pastoreo como actividad necesaria para la preservación del campo, el monte y la prevención contra incendios.
23. Poner en marcha una verdadera y nueva estrategia nacional de prevención y gestión de incendios en la que tengan un papel primordial nuestros profesionales de los sectores ganadero, agrícola, cinegético y silvícola.
24. Elaborar un Convenio con todas las regiones de España con el objeto de establecer una licencia única nacional de caza y pesca en aguas continentales, así como la puesta en marcha de medias legislativas necesarias para permitir la
actividad cinegética en los Parques Nacionales.
25. Impulsar la elaboración de un Plan Nacional del Lobo que comprenda un adecuado control cinegético, así como un censo actualizado y un sistema de compensaciones proporcional al perjuicio causado a los ganaderos, así como excluir al lobo
del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial en todos aquellos territorios, sin distinción especialmente aquellas poblaciones situadas al sur del río Duero, donde la proliferación del lobo sea descontrolada y ocasione
continuos perjuicios a nuestros ganaderos. De igual modo, se debe facilitar el control de las poblaciones de jabalíes a través de la actividad cinegética.
26. Exigir a la Comisión Europea el uso de fitosanitarios de utilización excepcional para el control y la erradicación de plagas importadas introducidas en productos procedentes de países extracomunitarios que afectan a la sanidad animal y
vegetal. De igual modo, no prohibir el uso de sustancias fitosanitarias si no se dispone de alternativas eficaces que garanticen la sanidad vegetal y animal.
27. Avanzar en el uso de la ciencia y la tecnología, especialmente, en las nuevas técnicas de edición genómica como herramienta necesaria para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta la agricultura y la ganadería.
28. Creación de un fondo de contingencia para los damnificados por plagas que afectan a la sanidad animal y vegetal cuando las herramientas y los medios utilizados generalmente los que están autorizados que han sido recomendados por las
autoridades no sirven para la prevención, el control o la erradicación de la plaga.
29. Impulsar la elaboración de planes específicos en escuelas y colegios con el objeto de dar a conocer el papel fundamental que desempeña la agricultura y los agricultores en la producción de alimentos, el cuidado del entorno natural y la
conservación del territorio.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernández Ríos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ignacio Hoces Íñiguez, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al rechazo de imposiciones ideológicas y recaudatorias en los municipios de España, para
su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La introducción de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España responde a una imposición ideológica de Bruselas, donde socialistas y populares gobiernan en coalición al servicio de una agenda climática radical y ajena a los intereses
nacionales. Dicha imposición se materializa en la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, que ha condicionado de forma
drástica la movilidad y los hábitos de vida de millones de españoles.
El Gobierno de España, en lugar de defender la soberanía nacional y los intereses de sus ciudadanos, se ha limitado a acatar con alegría las órdenes de Bruselas, mediante la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a implantar ZBE. Bajo la excusa de reducir las emisiones contaminantes un 50 % para 2030, se ha condenado a más de 25 millones de españoles que
residen en 149 municipios1.
Presentadas como supuestas herramientas para proteger el medioambiente, las ZBE se han convertido en un instrumento de castigo a las clases trabajadoras y medias, que necesitan su vehículo para trabajar, llevar a sus hijos al colegio o
atender a sus mayores. Miles de españoles se ven obligados a sustituir sus vehículos por otros «etiquetados» por la Dirección General de Tráfico, con precios inaccesibles para la mayoría un coche eléctrico cuesta de media entre 7.000 y 9.000 euros
más que uno de gasolina2. En definitiva, se trata de una política que discrimina por nivel de renta y restringe la libertad de movimiento, imponiendo un modelo de vida que sólo pueden permitirse unos pocos.
El fracaso de estas políticas ya ha sido reconocido en otros países europeos. La Asamblea Nacional francesa se ha visto obligada a rectificar y revocar las ZBE ante la evidencia de sus efectos devastadores sobre la economía de las familias
y la libertad de sus ciudadanos3. Sin embargo, en España, el Gobierno continúa adelante con su agenda climática, demostrando una vez más su desconexión total con la realidad social y económica del país.
En la misma línea de imposiciones verdes, Bruselas adoptó la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Para trasponer esta
normativa el Ejecutivo ha establecido un impuesto municipal, que se conoce como tasa de residuos mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Bajo el engañoso principio de «quien contamina,
paga», se obliga a los españoles a asumir íntegramente los costes de la gestión de residuos, descargando sobre los hogares una nueva carga impositiva disfrazada de conciencia ecológica. En 2025, la tasa media asciende a 116,32 euros anuales por
hogar, un incremento del 16,2 % respecto a 2024, muy por encima del IPC y constituyendo la mayor subida de la década. Y lo más grave: esta recaudación ni siquiera cubre el coste total del servicio, lo que anticipa nuevas subidas en los próximos
años4. Su
1 https://blog.parkinglibre.com/que-son-las-zbe-y-por-que-se-estan-implementando-en-las-ciudades-espanolas/
2 https://autoluxmotion.com/electrico-o-gasolina-en-2025-comparativa-real-con-costes-mantenimiento-y-autonomia/
3 https://www.caranddriver.com/es/movilidad/a64912552/francia-adios-zonas-bajas-emisiones/
4 https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20251022/tasa-basuras-media-situa-116-euros-anuales-hogar-mayor-subida-decada-122816103
implantación, sin embargo, ha sido caótica, desigual y opaca, puesto que cada municipio interpreta la ley a su manera, sin criterios comunes, sin transparencia en el cálculo de la tasa y sin mecanismos de compensación para las familias más
vulnerables. El resultado es una profunda desigualdad territorial, inseguridad jurídica y un creciente malestar social.
Frente a este atropello, VOX ha sido la única fuerza política que ha plantado cara a estas imposiciones climáticas. Por ejemplo, ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anule la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones
en todo el municipio de Madrid5. Sin embargo, el Partido Popular que gobierna en la ciudad ha preferido alinearse con las élites de Bruselas, recurriendo dicha resolución judicial6 y manteniendo la misma sumisión ideológica que el PSOE. En la
misma línea, VOX ha sido el único partido que ha defendido a las familias españolas frente a la tasa de basuras, denunciando su carácter confiscatorio y su impacto negativo sobre el bienestar de los españoles7. Por todo lo expuesto, la defensa
lógica y alejada de fanatismos del medio natural no puede servir de excusa para imponer restricciones, tasas y prohibiciones que destruyen la economía doméstica y restringen la libertad individual.
Pese a su discurso de aparente oposición, el Partido Popular ha sido corresponsable de la imposición de estas medidas. En el Congreso de los Diputados votó en contra de la enmienda a a la totalidad presentada por VOX a la Ley 7/2021, de 20
de mayo, e hizo lo propio ante la propuesta de veto a la misma Ley en el Senado, facilitando así la aprobación del marco legal que obliga a implantar las Zonas de Bajas Emisiones. En aquella tramitación parlamentaria, el portavoz popular llegó
incluso a reivindicar el liderazgo de su grupo en la «lucha contra el cambio climático» y su alineamiento con Úrsula von der Leyen y la política de descarbonización total para 2050, evidenciando que PP y PSOE comparten la misma agenda verde dictada
por Bruselas.
Lo mismo ocurrió con la tramitación parlamentaria del proyecto que derivó en la Ley 7/2022, de 8 de abril, origen de las actuales tasas de basuras. El PP se abstuvo ante la enmienda a la totalidad presentada por VOX y votó en contra del
veto en el Senado, escudándose en la necesidad de cumplir las directivas comunitarias, a pesar del evidente perjuicio económico que estas medidas suponen para las familias y las empresas españolas. Por tanto, el Partido Popular ha demostrado no ser
alternativa alguna al modelo ideológico verde impuesto desde Bruselas, sino un colaborador necesario en su ejecución junto con el Partido Socialista Obrero Español.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
A. Manifiesta su disconformidad absoluta con las políticas impuestas por el bipartidismo en Bruselas y su sometimiento al fanatismo verde, que bajo el pretexto de la transición ecológica han promovido un modelo ideológico que limita la
libertad individual, encarece los costes energéticos y de movilidad, y destruye el tejido industrial y social de España.
B. Insta al Gobierno a:
1. Revocar de manera inmediata la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles, así como cualquier otra medida restrictiva
5 https://www.voxespana.es/noticias/el-tsjm-da-la-razon-a-vox-y-tumba-las-zonas-de-bajas-emisiones-de-almeida-20240917?provincia=madrid
6 https://www.elespanol.com/madrid/capital/20240919/almeida-recurre-supremo-sentencia-anula-zonas-bajas-emisiones-madrid/887161398_0.html
7 https://www.eldebate.com/espana/madrid/capital/20251023/sanchazo-toda-regla-critica-tasa-basuras-impuesta-gobierno-une-todos-partidos-madrid_347461.html
derivada de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, por constituir un gravamen injustificado sobre la movilidad de los ciudadanos, encarecer la actividad económica y perjudicar gravemente a la industria
automovilística nacional y al comercio urbano
2. Anular la normativa derivada de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ha introducido nuevos gravámenes estatales y ha impulsado la creación de tasas municipales, como la tasa de
residuos, que penalizan a las familias y al tejido productivo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.Ricardo Chamorro Delmo, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/002673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la cohesión social y
territorial en los municipios que se encuentran en riesgo de despoblación, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En marzo de 2021, aprovechando el impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Gobierno presentó el «Plan 130 Medidas frente al Reto Demográfico», con vigencia para el período 2021-2023. Su puesta en marcha se
concibió con el objetivo de impulsar la cohesión social y territorial mediante intervenciones dirigidas a reducir la brecha entre el mundo rural y urbano, y luchar contra la despoblación en España. Este instrumento de carácter transversal, que ha
recopilado las actuaciones con trascendencia en el mundo rural de cada ministerio, se ha cuantificado en una inversión total de 13.419 millones de euros.
El Plan, que fue anunciado desde el primer momento por el Ejecutivo como un paquete de medidas destinado a dinamizar nuestros municipios y apostar decididamente por la revitalización del medio rural, ha sido sometido al control del Tribunal
de Cuentas, cuyo Informe de Fiscalización número 1643 ha aportado conclusiones demoledoras sobre su ejecución, desmontando y desacreditando uno de los planes más ambiciosos del Gobierno. Fue impulsado con un 75 % de fondos europeos y el resultado
al que ha llegado el citado Tribunal es que el Plan debe ser rediseñado por sus múltiples carencias e incoherencias.
Concretamente, según el órgano fiscalizador, sólo un tercio del presupuesto ha sido utilizado en medidas con alto impacto en el medio rural. 61 de las 158 de ellas han aplicado inversiones específicamente diseñadas para los municipios en
riesgo de despoblación, estimándose un impacto presupuestario de 4.515 millones de euros. En este sentido, las carencias de diseño del Plan, como la falta de indicadores, ha limitado la evaluación de sus resultados por la Secretaría General de Reto
Demográfico. De hecho, la implementación de la estrategia ha tenido algunas limitaciones relevantes: no se ha desarrollado la conexión con la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, no se ha impulsado el
Mecanismo Rural de Garantía previsto en la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas, la Administración General del Estado no ha previsto medidas específicas para los territorios en riesgo de
despoblación, no se ha creado el observatorio del reto demográfico previsto en el Plan y se ha detectado la escasez de medios personales y materiales en organismos competentes para el desarrollo de las actuaciones, como la Secretaría General
para el Reto Demográfico.
Además, el Tribunal de Cuentas ha reconocido que el Plan se ha olvidado de los temas que más preocupan a nuestro medio rural. Se ha empleado más dinero en materia de suministros de energía y agua (un 16,8 %) que en medidas para facilitar el
acceso a la vivienda (un 0,8 %), favorecer la movilidad sostenible (un 1,2 %), crear oportunidades de empleo y emprendimiento (un 5,3 %) o de dinamización cultural (un 1,8 %). Tampoco ha establecido con claridad la delimitación por la que las
medidas ejecutadas contribuían a combatir la despoblación del medio rural, limitando el impacto potencial de la intervención en los municipios en situación de riesgo.
En definitiva, el paquete de medidas con el que el Gobierno pretendía convertir nuestros municipios en «territorios de esperanza» (2021), se ha reducido a un paquete opaco y deficiente de actuaciones, con recursos insuficientes, una
evaluación incompleta, falta de seguimiento y desconexión normativa. La realidad ha impuesto que el Plan 130 ha sido una herramienta incapaz de afrontar una realidad sumamente compleja, demostrando que, para el Gobierno, la lucha contra la
despoblación no es su prioridad y que, en términos estructurales y de inversión, no se ha llevado a cabo ningún avance real en responder a las necesidades de nuestro medio rural.
Por ello, se hace más necesario que nunca integrar en la próxima Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico los elementos necesarios para convertirse en una herramienta verdaderamente transversal, suficientemente
dotada de recursos necesarios y elementos evaluadores objetivos, con una inversión que aborde con efectividad el reequilibrio integral de nuestros pueblos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mejorar el diseño de la nueva estrategia nacional, teniendo en cuenta todas las recomendaciones dictadas por el Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización número 1643 e introduciendo medidas específicas para los territorios en
riesgo de despoblación.
2. Reflejar las principales preocupaciones del medio rural en los ejes de la nueva estrategia nacional, situando la vivienda y la movilidad sostenible como objetivos prioritarios.
3. Asumir el compromiso legal recogido en la Disposición Adicional 6a de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas de la Administración General del Estado para la aplicación
efectiva del Mecanismo Rural de Garantía.
4. Presentar en el plazo de seis meses un análisis sobre la oportunidad, alcance y aplicación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, impulsando, en su caso, las modificaciones que sean precisas, previa presentación
del correspondiente informe en las Cortes Generales.
5. Desarrollar y aprobar un estatuto básico de los pequeños municipios para garantizar un marco regulatorio adecuado a las necesidades del medio rural.
6. Instar a los órganos competentes de la Unión Europea para que impulsen una mejor delimitación de los territorios que puedan acogerse a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
7. Impulsar la coordinación y colaboración con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones para garantizar la eficacia de las medidas de la nueva estrategia nacional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2025. Raquel Clemente Muñoz, Carmen Fúnez de Gregorio, Ana Isabel Alós López, César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno, Juan Diego Requena Ruiz, Miguel Ángel Quintanilla Navarro,
Esther Llamazares Domingo, Tomás Cabezón Casas, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez Torregrosa, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya y Bella Verano Domínguez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un marco estatal de
actuación contra la despoblación y de apuesta por el reequilibrio territorial del medio rural, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
España comparte a día de hoy con una gran parte de Europa la coexistencia de dos procesos opuestos: la concentración de población y actividad en áreas urbanas, y un marcado estancamiento de la mayor parte del territorio, con especial
hincapié en las zonas rurales y los pequeños municipios. Según Eurostat, somos el país con más zonas despobladas de Europa, y nos situamos en la llamada «zona cero de la despoblación», por ser la más deshabitada de todo el sur de Europa:
provincias como Teruel tienen una densidad de población de 9,14 habitantes/km2, muy por debajo del umbral establecido por la Unión Europea para calificarla en riesgo de despoblación, que es de 12,5 habitantes/km2.
La despoblación es un fenómeno generalizado que afecta a cerca del 50 % de los municipios españoles. Este fenómeno incide con mayor intensidad sobre los municipios más pequeños y sobre las áreas menos pobladas. De hecho, a pesar de que la
población española ha pasado de 41,1 millones de habitantes a más de 48,6 millones en lo que llevamos de siglo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 3 de cada 4 municipios han perdido habitantes en la última década. Además, tanto
Eurostat como las encuestas realizadas por la Comisión Europea y el Comité de Protección Social, el 61 % de los municipios españoles tienen menos de 1.000 habitantes, y 19 provincias españolas están entre las menos densas de Europa. Por su parte,
el informe publicado por la Fundación Adecco en 2024 refleja que, a partir de 2010, el envejecimiento en España se ha disparado, alcanzando un récord del 142 %, experimentando así un crecimiento de 5 puntos porcentuales con respecto a 2023.
Todo lo anterior pone de manifiesto que España sufre una despoblación estructural; una pirámide poblacional profundamente envejecida, un tejido social rural debilitado y una pérdida sin precedentes de capital humano, poniendo en riesgo la
sostenibilidad de los servicios básicos, la viabilidad económica del medio rural y la preservación cultural y medioambiental de los pequeños municipios de nuestro país.
En 2021, el Gobierno aprobó el «Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico» (el «Plan de 130 Medidas»), dotado inicialmente con 10.000 millones de euros, y ampliado posteriormente hasta superar los 13.000 millones. Sin
embargo, a pesar de la magnitud de las cifras presupuestarias, el impacto real de esta hoja de ruta
ha sido muy limitado. Según varias estimaciones, de los 2.800 millones de euros aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tan solo un 5,4 % del total han ido destinados a medidas específicas orientadas
a fijar población en los municipios más afectados, ahondando aún más en un desequilibrio con respecto a los entornos urbanos y que, sobre todo, no resuelve los factores estructurales que están propiciando el abandono territorial.
La oleada sin precedentes de incendios sufrida este verano en gran parte de nuestro medio rural ha puesto de manifiesto que este abandono no solo repercute en cuestiones demográficas y sociales, sino que constituye en sí un factor de riesgo
en materia ambiental y de protección civil. El abandono de cultivos, las limitaciones en el desarrollo y la promoción del sector agrario, el cierre de explotaciones ganaderas y la desaparición de actividades tradicionales de mantenimiento del monte
y del paisaje, unido a la falta de relevo generacional debilitan, por un lado, la economía local del medio rural y, por otro, llevan a la pérdida de la gestión del territorio y la reducción de infraestructuras rurales, incrementando el riesgo de
aparición y propagación del fuego.
Esta realidad revela que la lucha contra la despoblación no puede abordarse de una forma aislada, sino que está directamente vinculada a la gestión sostenible del ecosistema rural y su revitalización. Las políticas públicas estatales no han
sido capaces de generar una conexión directa entre inversión, fijación de población y protección ambiental. De hecho, la dispersión en la aplicación de las medidas, la escasa ejecución de la hoja de ruta planteada por el Gobierno y la ausencia de
una evaluación de resultados en términos de transparencia han evidenciado la dejadez del Ejecutivo en la lucha contra el reto demográfico. Porque la despoblación y los incendios forestales responden a un mismo déficit estructural: el abandono del
territorio. Es preciso emprender una verdadera política que permita convertir el reto demográfico en una herramienta necesaria, útil y transversal para crear un futuro de libertad, desarrollo social y cohesión territorial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar un marco global de actuación de lucha contra la despoblación y apuesta por el reequilibrio territorial como elementos determinantes para estructurar medidas de ámbito estatal que reviertan la situación de abandono del medio
rural.
2. Ligar la acción política y normativa del Gobierno y de la Administración General del Estado a la evaluación de su impacto en el territorio y la sociedad rural.
3. Desarrollar un Plan Nacional de Conectividad que garantice a todos los municipios del medio rural el acceso a una conexión de alta velocidad, permita tramitar en su conjunto el plan 5G de despliegue rural Único Redes Activas, acelere los
permisos de despliegue de banda ancha en los núcleos rurales y asegure la cobertura en todo el territorio para cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de conectividad de los territorios.
4. Facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de las familias que elijan vivir en el mundo rural, facilitando el cuidado de niños y mayores en aquellos municipios con menos población, implantando la gratuidad total de la
educación infantil de 0 a 3 años, y creando espacios de conciliación donde no haya escuelas infantiles.
5. Asegurar la prestación de los servicios básicos con una financiación adecuada y el despliegue de las medidas que fomenten la eficacia en su prestación y su adaptación a las necesidades del medio rural.
6. Poner en marcha un Plan Estatal de Vivienda concreto para las zonas rurales para atraer y fijar población, mediante incentivos y ayudas para la rehabilitación de inmuebles y el incremento de oferta de viviendas en los núcleos rurales.
7. Planificar actuaciones que eviten el aislamiento de los habitantes del medio rural, modernizando la red de infraestructuras viarias, desplegando un plan de choque para
mejorar el servicio en la movilidad, optimizando los Fondos de Cohesión y los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y planificando de manera coordinada con las Administraciones Públicas competentes la dotación
adecuada de los nuevos mapas concesionales de servicio de transporte regular de personas por carretera de competencia estatal y autonómica.
8. Apostar por la flexibilización de los trámites administrativos y burocráticos, facilitando la relación e interacción de los ciudadanos y empresas de los núcleos rurales con las Administraciones Públicas.
9. Establecer un plan de acción que apueste por la oferta de empleo femenino, impulse la incorporación real de la mujer en los sectores productivos tradicionales y promueva el emprendimiento femenino en el medio rural.
10. Garantizar la atención y el despliegue prioritario de los medios necesarios para mantener las funciones sociales básicas, la seguridad y el suministro de los municipios rurales en situaciones de catástrofe o emergencia.
11. Fomentar actuaciones que promuevan la innovación del tejido productivo rural, el relevo generacional, la retención y atracción de jóvenes al medio rural.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Raquel Clemente Muñoz, Carmen Fúnez de Gregorio, Ana Isabel Alós López, César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno, Juan Diego Requena Ruiz, Miguel Ángel Quintanilla Navarro,
Esther Llamazares Domingo, Tomás Cabezón Casas, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez Torregrosa, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya y Bella Verano Domínguez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección del acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias españolas frente a la especulación y la compra masiva por parte de fondos y
fortunas extranjeras, para su discusión en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de España. Los jóvenes españoles y las familias, de la cada vez más exigua clase media, ven cada vez más lejos la posibilidad de adquirir una
vivienda en propiedad, condición básica para formar una familia, alcanzar estabilidad vital y desarrollar un proyecto de vida propio.
En este sentido, la cifra de jóvenes propietarios de sus casas ha pasado del 56 % al 27 % entre 2006 y 2024, lo que supone una caída de más del 50 % en una década1. Paralelamente, ha crecido de manera notable el número fondos y fortunas
extranjeras que adquieren propiedades en nuestros país un 19,3 % de compras realizadas por extranjeros
1 https://www.elmundo.es/economia/2025/07/18/6877bcb721efa0df508b45a0.html
en 2025, frente al 7,6 % en 20072, fenómeno que contribuye a tensionar los precios y a expulsar del mercado a aquellos españoles que desean acceder a su primera vivienda.
Estas cifras no son simples datos económicos: reflejan un drama humano. La imposibilidad de comprar una vivienda impide a miles de españoles emanciparse, formar una familia y alcanzar la autonomía necesaria para desarrollar un proyecto de
vida. Sin propiedad, no hay arraigo; sin arraigo, no hay comunidad ni estabilidad social. En este contexto, una clase media precarizada y fiscalmente asfixiada observa cómo los impuestos a la compra de vivienda se convierten en una auténtica
muralla fiscal que bloquea el acceso a la propiedad, en especial para los jóvenes.
Muchos lamentan hoy la expansión de las grandes fortunas extranjeras, que acaparan el mercado inmobiliario. Sin embargo, si esos fondos están llevando a cabo una concentración de la propiedad es porque adquieren lo que los españoles ya no
pueden permitirse adquirir. Los poderes públicos deben valorar el bienestar de los españoles y facilitarles formar nuevas familias por encima de los rendimientos económicos de empresas que operan desde fuera de nuestro país. Es, por lo tanto, un
contrasentido que los españoles que desean iniciar un proyecto de vida y formar una familia tenga que soportar la misma carga fiscal que un fondo internacional o un inversor extranjero, cuyo único objetivo es maximizar sus beneficios.
España necesita un cambio de rumbo que devuelva la vivienda a su función natural y prioritaria: garantizar el hogar y la estabilidad de las familias españolas, y no servir como simple instrumento financiero.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. La recaudación resultante se destinará a bonificaciones y exenciones fiscales para la compra de
vivienda por parte de españoles y a la construcción de vivienda protegida.
2. Eximir de los impuestos asociados a la compra de vivienda habitual y reinversión en vivienda habitual por parte de un español, y hasta entonces, realizar las modificaciones pertinentes para permitir el pago diferido de los impuestos
asociados a la compra de vivienda hasta un máximo de 15 años y sin intereses, con el objetivo de favorecer el acceso a la propiedad.
3. Suprimir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en todo el territorio nacional, especialmente en los casos en los que el destino de la propiedad objeto de transmisión sea la adquisición de vivienda habitual.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al control sobre los denominados pisos turísticos y/o viviendas
vacacionales en las regiones insulares, para ser debatida en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
2 https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2025/10/16/867772-los-extranjeros-compran-mas-de-71-000-viviendas-en-espana-en-el-primer-semestre-con
Exposición de motivos
La evolución del mercado de la vivienda en los territorios insulares se ha convertido en uno de los desafíos estructurales más relevantes para las políticas públicas de cohesión territorial y de acceso a la vivienda. La singularidad
geográfica y económica de los archipiélagos ha generado una presión sostenida sobre el parque residencial que exige un análisis preciso y una respuesta coordinada entre las distintas administraciones.
En este contexto, resulta especialmente significativa la información aportada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Estadística Experimental sobre la Medición del Número de Viviendas Turísticas, publicada en mayo de 2025.
Según dicho informe, en España existen más de 350.000 viviendas de uso turístico, lo que equivale al 1,4 % del parque total de viviendas, con una concentración significativamente superior en los territorios insulares. En las Illes Balears, esta
proporción asciende al 5,6 %, mientras que en Canarias alcanza el 6,2 %, más del triple de la media nacional. En términos absolutos, el Archipiélago Canario concentra alrededor de 67.000 viviendas vacacionales y las Islas Baleares registran 25.073
viviendas turísticas, con una media de 6,17 plazas por unidad, frente a las 4,19 de Canarias.
Según el Consejo General del Notariado, mediante el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en junio de 2025 la compraventa de viviendas en España creció un 5,9 % interanual hasta 68.128 operaciones, y el precio medio alcanzó
los 1.906 /m2, con un aumento del 8,0 % respecto a junio de 2024. Por territorios, el precio por m2 subió con especial intensidad en Canarias (+13,2 %) y liles Balears (+8,6 %), mientras que el volumen de compraventas descendió en Canarias (-8,1
%) y avanzó en liles Balears (+2,7 %). En paralelo, los préstamos para adquisición de vivienda repuntaron en España un 16,6 %, con alzas también en ambos territorios insulares.
Esta realidad está suponiendo un crecimiento del precio de la vivienda, en compra y alquiler, inasumible para muchos hogares, con efectos de expulsión de residentes de sus entornos habituales. Es una problemática que se observa en toda
España, pero que se recrudece en los territorios insulares, agravando la situación de miles de familias que observan cómo desde el año 2014 el precio de la vivienda ha subido en torno a un 80 % frente al 18 % de la revalorización de los salarios.
Uno de los factores que estimula la subida del precio de la vivienda es, sin duda, la proliferación, legal y también ilegal, de los denominados pisos turísticos. Esta situación está generando un malestar visible en nuestras ciudades. Las
manifestaciones que se promueven en todo el territorio nacional por el derecho a la vivienda y, en particular, en Illes Balears y Canarias, ponen de manifiesto la necesidad de abordar una estrategia que sitúe el derecho a una vivienda digna por
encima de la especulación inmobiliaria.
En nuestro país, la preocupación por la vivienda ha escalado de forma nítida en la opinión pública: de acuerdo con el Barómetro del CIS de octubre de 2025, la vivienda concentra el 37,1 % de las menciones entre los tres primeros problemas
del país. En paralelo, los diagnósticos estructurales confirman la profundidad del fenómeno: según Provivienda, 5.580.255 hogares se encuentran en exclusión residencial y más de 250.000 hogares de rentas intermedias caen en pobreza severa tras
pagar la vivienda; de acuerdo con el Banco de España, una parte relevante de los inquilinos supera el umbral de esfuerzo del 30 % de los ingresos destinado al alquiler. Estos datos, sostenidos en informes oficiales y solventes, acreditan la
necesidad de una respuesta coordinada por parte de las administraciones competentes para garantizar el derecho a una vivienda digna, con atención específica a los territorios insulares, donde la presión del mercado residencial resulta especialmente
acusada.
Según el índice de Precios de Vivienda (IPV) del INE correspondiente al segundo trimestre de 2025, el encarecimiento de la vivienda mantiene un ritmo muy elevado en España, con una variación anual del 12,7 % y un aumento trimestral del 4,0
%. En el detalle territorial, las liles Balears registran una tasa anual del 11,7 % y Canarias del 11,6 %, ambas en un rango alto y muy próximo a la media nacional, lo que confirma la persistencia de tensiones en los mercados insulares. Estos
resultados, junto con la
distinta tracción entre vivienda nueva (12,1 %) y vivienda de segunda mano (12,8 %), subrayan la necesidad de medidas coordinadas que compatibilicen la actividad económica con el acceso a una vivienda digna en los archipiélagos.
En esta misma línea, y reforzando el diagnóstico anterior, el índice Tinsa IMIE General y Grandes Mercados, publicado en marzo de 2025, señala que el precio de la vivienda en los territorios insulares avanza a un ritmo muy superior al del
conjunto del país: mientras el promedio nacional registró un 8,5 % interanual, las islas alcanzaron el 14,1 %, con un incremento mensual del 2 % frente a avances más moderados en el resto del territorio. Esta convergencia de evidencias
estadísticas confirma una presión estructural sobre el mercado residencial insular, donde la demanda vinculada al uso turístico y la limitada disponibilidad de suelo intensifican la dificultad de acceso a la vivienda para la población residente.
La misma dinámica se observa en el conjunto de la Unión Europea, que ha avanzado en herramientas comunes para mejorar la transparencia y la capacidad regulatoria de los Estados miembros. De acuerdo con el Reglamento 2024/1028 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, que modifica el Reglamento 2018/1724, se establece un marco uniforme para la
recogida, verificación e intercambio de información entre plataformas y autoridades públicas con el fin de aumentar la transparencia del sector y facilitar la adopción de respuestas de política adecuadas. El acto fue aprobado por el Consejo en
marzo de 2024 y publicado en el Diario Oficial el 29 de abril de 2024, constituyendo el referente europeo para el desarrollo de registros interoperables y procedimientos estandarizados de reporte en los Estados miembros.
Es muy necesario, por tanto, que cada país cuente con su propio registro nacional que permita una mejor gestión de estos servicios y una toma de decisiones informada. En aplicación de este Reglamento, el Gobierno de España anunció la
creación de un registro único de viviendas de uso turístico compatible con los registros que actualmente tienen las comunidades autónomas, e impulsó su implantación con el objetivo de asegurar la trazabilidad de la oferta y su adecuada supervisión
por las administraciones competentes.
El Gobierno de España está tomando medidas en un asunto prioritario para la agenda política y para la ciudadanía, pero se necesita de más impulso y de la implicación de los distintos actores que pueden influir en el marco regulatorio. Por
su parte, el resto de las administraciones deben asimismo seguir adoptando otras medidas complementarias, en el marco de sus competencias, para que el turismo sea sostenible y no cercene el derecho a la vivienda de las personas residentes,
especialmente en los territorios insulares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir aplicando el Reglamento de alquileres de corta duración para facilitar por parte de las administraciones competentes la ordenación y la no proliferación de viviendas turísticas en zonas residenciales tensionadas, garantizando el
derecho a una vivienda asequible.
2. Trabajar con las plataformas de alquileres turísticos y de corta duración, junto con el resto de administraciones competentes, para la aplicación del registro único de viviendas de corta duración y la retirada de las viviendas que no
cuenten con la correspondiente licencia, de dichas plataformas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.María Dolores Corujo Berriel e Ignasi Conesa Coma, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas
urgentes contra la ocupación ilegal de viviendas, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La ocupación ilegal de viviendas constituye hoy un grave problema en nuestro país que afecta miles de propietarios, comunidades de vecinos y pequeños arrendadores, generando situaciones de desamparo legal, pérdida patrimonial y conflictos de
convivencia que el Gobierno no está resolviendo.
Las denuncias por ocupación ilegal han aumentado desde 2018 en un 34,5 %. Cataluña concentra más del 40 % del total de casos, pero el fenómeno se ha extendido por todo el territorio nacional.
A pesar de este contexto, el Gobierno ha optado reiteradamente por minimizar el problema. En sede parlamentaria, el presidente del Gobierno llegó a calificar la ocupación ilegal como un fenómeno sobredimensionado por los «bulos y la
desinformación». Este tipo de afirmaciones ignora la realidad de las víctimas, propietarios y familias que padecen las consecuencias y refuerza la percepción de desprotección que sufre la ciudadanía.
El problema se ha visto agravado por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda y otras decisiones legislativas, como las prórrogas de las medidas «extraordinarias» previstas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
vigente desde 2020, donde se articula la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos, incluso en el caso de viviendas ocupadas sin título, que ha dado lugar al fenómeno de la inquiokupación, dificultando aún más la
recuperación de los inmuebles por parte de sus propietarios, incluso en casos de impago prolongado.
Frente a esta situación, resulta inaceptable que una iniciativa parlamentaria clave, como la Proposición de Ley Orgánica del GPP contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal ya admitida a trámite y aprobada en el Senado siga
bloqueada en el Congreso de los Diputados por sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas: más de 60 prórrogas desde febrero de 2024, lo que impide su debate y tramitación democrática.
El 95 % de los arrendadores en España son pequeños propietarios. Sin garantías jurídicas suficientes, muchos de ellos optan por no sacar sus viviendas al mercado, agravando la escasez de oferta y dificultando el acceso a la vivienda por
parte de la ciudadanía.
Combatir la ocupación ilegal y la inquiokupación no es incompatible con proteger a las personas en situación de vulnerabilidad: a un ocupa se le desaloja; a una persona vulnerable se la protege, pero sin que se pueda trasladar esa
obligación al particular.
Por ello, resulta urgente una reforma legislativa integral que garantice la defensa de la propiedad privada y la convivencia en los entornos vecinales.
En esta línea, cabe destacar que el Parlament de Cataluña aprobó el pasado mes de abril una moción presentada por el Partido Popular, con el apoyo de distintos partidos, en la que se reclama la adopción de medidas eficaces contra la
ocupación ilegal, con acuerdos como instar al Gobierno de España a estudiar y facilitar la aprobación de las modificaciones legales necesarias que permitan desalojar, en el plazo de veinticuatro horas, un inmueble ocupado de forma delincuencial. De
lo contrario, permitir la tramitación parlamentaria y apoyar las proposiciones de ley en trámite en el Congreso de los Diputados de reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que
tienen como objetivo garantizar el desalojo de un inmueble ocupado en el plazo máximo de veinticuatro horas.
La lucha contra la ocupación ilegal no es una cuestión de ideología, sino de justicia y de defensa de la ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Luchar de manera contundente contra la ocupación ilegal, derogando toda normativa que la ampare.
2. Impulsar las reformas necesarias para erradicarla de manera eficaz y permitir el desalojo inmediato de las viviendas ocupadas, combatiendo especialmente las mafias organizadas que la promueven.
3. Defender a los legítimos propietarios y garantizar la seguridad jurídica.
4. Mostrar el respeto que merece el grave problema de la ocupación ilegal, evitando relativizarlo o minimizar el drama que sufren miles de ciudadanos, comunidades de vecinos y pequeños propietarios afectados por esta situación.
5. Dejar sin efecto la suspensión de desahucios y lanzamientos vigente, garantizando la protección de las personas en situación de vulnerabilidad sin trasladar la responsabilidad de la Administración Pública a los propietarios particulares.
6. Proteger la convivencia vecinal pacífica y respetuosa, dado que la ocupación ilegal genera deterioro de los espacios comunes, degradación urbana e inseguridad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Cristina Agüera Gago, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Isabel María Borrego Cortés, María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Cristóbal Garre Murcia,
Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García y Juan Andrés Bayón Rolo, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan Estatal de Vivienda
2026-2030 impuesto y diseñado contra las Comunidades Autónomas, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Tras la comparecencia de la Ministra de Vivienda sobre el documento de Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que ha sometido el gobierno a consulta pública, y que representa las bases para las políticas públicas de vivienda que se aplicarán los
próximos cinco años, el grupo parlamentario popular somete a debate y votación esta PNL, que permita debatir las cuestiones más controvertidas, dado que el gobierno se niega a incorporar las propuestas presentadas por las Comunidades Autónomas con
medidas pragmáticas y eficaces, pese a que ostentan importantísimas competencias en esta materia y son las responsables de ejecutar el Plan.
Es costumbre de este Gobierno disimular sus políticas más radicales entre palabras amables, buenos deseos y presuntas buenas intenciones. Pero cuando se analizan las
medidas, se descubre una política de vivienda que pretende un profundo cambio social en la forma que tenemos los españoles de acceder a una vivienda, pues aplica recetas que han demostrado su fracaso allá donde se han implantado. Las
medidas que proponen se dirigen a reforzar la intervención del Estado en el mercado del alquiler pese a que ha hundido la oferta, a amparar la ocupación e inquiocupación y a hacer a los ciudadanos cada vez más dependientes del Estado.
Los expertos coinciden. El problema es de falta de oferta, con un déficit de 700.000 viviendas en España, que se agrava por la regulación. La intervención de precios es contraproducente y lesiva como señalan los economistas de la Comisión
Europea, y hunde la oferta e inflan los precios, como señala el Consejo General de Economistas y FEDEA.
Los expertos llevan años advirtiendo de las nefastas consecuencias de medidas regulatorias e intervencionistas y, conforme el gobierno ha ido desplegándolas, se ha ido demostrando con datos que efectivamente sus consecuencias eran
demoledoras. Ha sido la crónica de una muerte anunciada, que ha elevado el problema de la vivienda como primera preocupación de los españoles.
Sin embargo, el Gobierno sigue empeñado en desplegar su errónea hoja de ruta, impulsado por las presiones y amenazas de sus socios más extremistas, entre acusaciones de tibieza e insuficiente radicalismo ideológico. Y de esta manera han
sacado a consulta pública un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 de profunda inspiración ideológica y radical, que profundiza en las medidas que agudizan los problemas y que condenan a toda una generación de jóvenes a la precariedad, como está
quedando demostrado incluso en la publicidad ministerial.
El Gobierno ha elaborado el Plan Estatal de Vivienda contra las CCAA, imponiendo su ideología, sin sentido de Estado y sin atender a la experiencia que demuestra que sus medidas profundizan en la crisis de vivienda, sin aportar solución
alguna.
La falta de diálogo se ha puesto de manifiesto en que las comunidades autónomas han conocido el contenido del Plan Estatal cuando se ha abierto el proceso de consultas en el mes de septiembre, no habiendo incorporado ninguna de sus
propuestas de las que disponía el gobierno desde el mes de julio.
La falsedad de sus pretendidas buenas intenciones se demuestra con sus acciones. Cuando aprobaron la Ley de Vivienda, el Tribunal Constitucional derogó varios artículos por invadir competencias autonómicas. Ahora los replican mediante el
condicionamiento de los fondos, en una clara maniobra de chantaje.
Intentaron imponer por ley la protección permanente de las viviendas públicas y protegidas y el TC lo impidió. Ahora lo hacen por la vía de los hechos al condicionar los fondos a que se adopte esta medida.
Intentaron imponer por ley las zonas de mercado tensionado y finalmente tuvieron que dejarlo en opcional por previsible inconstitucionalidad. Ahora tratan de obligar a declarar zonas de mercado tensionado por la vía de los hechos,
condicionando la concesión de fondos a lugares donde se aplique esta medida.
Es decir, que lo que la ley no les permite imponer, lo tratan de condicionar mediante el chantaje y con el dinero de todos los españoles.
Exige que las comunidades cofinancien el Plan, sin haber consensuado con ellas las políticas a financiar. Es decir, pretende que paguen el 40 % de unas medidas que no han propuesto y con las que no están de acuerdo. Quiere obligar así a
las CCAA a reconducir sus políticas de vivienda a la hoja de ruta que marca el gobierno central, renunciando así al ejercicio de sus competencias y al mandato recibido de sus ciudadanos.
Por otra parte, no aclaran cómo van a destinar 4.200 millones de euros a un nuevo Plan sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Es un nuevo brindis al sol, más cosmético que real, justo lo contrario de lo que necesitan los
ciudadanos, que son soluciones.
Vistas la grave situación de la vivienda en España y las maniobras gubernamentales para condicionar la autonomía y las políticas de las comunidades, oídas las
intervenciones de la referida ministra y ante la falta de cualquier respuesta a los temas planteados, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abrir un diálogo constructivo con las CCAA, escuchando y negociando con ellas hasta alumbrar un nuevo borrador de Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que realmente ofrezca soluciones eficaces para el problema, y permita a los ciudadanos
contemplar con esperanza el futuro residencial de este país.
2. Dejar de lado el autoritarismo y la unilateralidad en el diseño del Plan.
3. Modificar sustancialmente el proyecto de Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 eliminando del borrador todas las medidas de corte ideológico y todos condicionamientos coactivos que pretenden limitar la autonomía y las políticas de las
Comunidades Autónomas en el legítimo ejercicio de sus competencias y sus asignaciones presupuestarias.
4. No condicionar la aplicación de los fondos del Plan al establecimiento de zonas de mercado tensionado que ha demostrado ya su fracaso.
5. No imponer la protección pública permanente en el desarrollo de distintos programas y en la asignación de fondos, toda vez que el Tribunal Constitucional ya anuló la protección permanente de la ley de vivienda recurrida por distintas
CCAA.
6. No determinar la aportación económica de las CCAA sin contar con ellas, que ya vienen destinando presupuestos muy superiores a sus propias políticas de vivienda conforme al mandato recibido de sus ciudadanos.
7. Incluir en el Plan medidas para acabar con la ocupación e inquiocupación, que es un drama social para muchas familias que no pueden recuperar su propiedad.
8. Realizar un compromiso público de no aprobar ningún Plan Estatal de Vivienda que no esté cimentado en un consenso públicamente declarado entre el gobierno central y las comunidades autónomas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Cristina Agüera Gago, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Isabel María Borrego Cortés, María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Cristóbal Garre Murcia,
Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García y Juan Andrés Bayón Rolo, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de los
derechos de las mujeres y niñas en Afganistán frente a la represión del régimen talibán, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional.
Exposición de motivos
Desde la toma del poder por el régimen talibán en agosto de 2021, Afganistán se ha convertido en el epicentro de una represión sistemática, planificada y sostenida contra las mujeres y las niñas, que han visto desaparecer sus derechos
fundamentales, su
autonomía personal y su presencia en la vida pública. El país vive hoy bajo un régimen de violencia estructural de género, en el que la exclusión y la invisibilidad de las mujeres son políticas de Estado.
Diversos organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, la Unión Europea y Amnistía Internacional, han documentado las restricciones draconianas impuestas por el régimen, que afectan gravemente al acceso de las mujeres a la
educación, el empleo, la movilidad, la atención sanitaria, la participación social y la libertad de expresión.
Entre las disposiciones más recientes destaca la prohibición de que las mujeres hablen en público o utilicen medios de transporte si no están acompañadas de un hombre, conforme a la llamada «ley sobre el vicio y la virtud», promulgada en
agosto de 2024. A ello se suma la prohibición de que las viviendas habitadas por mujeres tengan ventanas hacia la calle, una medida que simboliza el aislamiento absoluto y la negación de cualquier vínculo con el exterior, expresión extrema de un
sistema de control social basado en el miedo.
Estas políticas que incluyen la expulsión de mujeres de las escuelas, universidades, espacios públicos, empleos y organizaciones no gubernamentales han sido calificadas como un auténtico «apartheid de género», una forma de crimen de lesa
humanidad que institucionaliza la discriminación por razón de sexo. La violencia contra las mujeres en Afganistán no es solo tolerada: es promovida por el propio Estado talibán, que las ha despojado de su dignidad, de su identidad y de su futuro.
Las consecuencias humanitarias son devastadoras. Las mujeres y niñas afganas sufren exclusión social, educativa y laboral, pobreza extrema y una inseguridad crónica. Su vulnerabilidad se agrava en situaciones de emergencia, como desastres
naturales o crisis sanitarias, donde las normas culturales y religiosas les impiden recibir asistencia o ser rescatadas con prontitud. El reciente terremoto de 2024 evidenció esta realidad, cuando decenas de mujeres murieron sin poder abandonar sus
hogares por miedo a ser castigadas o repudiadas.
A esta tragedia se suma el retorno forzoso de miles de familias refugiadas desde países vecinos, especialmente Pakistán e Irán, en condiciones humanitarias precarias. Mujeres y niñas que habían encontrado refugio temporal vuelven a un país
donde su vida y su libertad están en riesgo, sin redes de apoyo ni garantías de protección.
La comunidad internacional no puede permanecer impasible ante esta persecución de género. La respuesta no debe limitarse a la condena, sino orientarse a la acción efectiva, sostenida y coordinada, reforzando los esfuerzos de la cooperación
española a través de la AECID y en el marco de la política europea de cooperación y derechos humanos para proteger y empoderar a las mujeres y niñas afganas.
Es necesario garantizar que toda ayuda humanitaria española se canalice bajo estrictos criterios de transparencia y rendición de cuentas, evitando cualquier colaboración con el régimen talibán, y priorizando a las organizaciones de mujeres y
de la sociedad civil afgana que actúan, a menudo con enorme riesgo personal, por la defensa de los derechos fundamentales.
En este contexto, España debe desempeñar un papel activo en la defensa de las mujeres afganas, tanto en los foros internacionales como en el seno de la Unión Europea, asegurando que la política exterior española siga anclada en la promoción
de los derechos humanos, la igualdad y la libertad como ejes esenciales de nuestra acción exterior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar de manera firme y expresa la represión y vulneración sistemática de los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán por parte del régimen talibán; trasladar esta condena en todos los foros internacionales pertinentes; y
exhortar a la
comunidad internacional a mantener presión constante sobre el régimen talibán para garantizar los derechos humanos fundamentales de mujeres y niñas.
2. Promover programas internacionales específicos para la asistencia humanitaria y protección de mujeres y niñas en Afganistán, con especial atención a emergencias y retornos forzados.
3. Solicitar la inclusión efectiva y significativa de mujeres afganas en todos los procesos de diálogo internacional sobre Afganistán, asegurando su participación en la toma de decisiones y en la reconstrucción del país, conforme a las
resoluciones y recomendaciones de la Unión Europea y Naciones Unidas.
4. Apoyar la documentación, denuncia y seguimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas en Afganistán, especialmente aquellas que afectan a mujeres y niñas, ante instancias internacionales competentes, y respaldar iniciativas
jurídicas internacionales que exijan responsabilidades al régimen talibán por crímenes de género.
5. Garantizar que la ayuda humanitaria española se canalice exclusivamente a través de organismos multilaterales y organizaciones humanitarias independientes, bajo estrictos controles de transparencia y rendición de cuentas, evitando
cualquier contacto o colaboración directa con el régimen talibán y priorizando el apoyo a organizaciones de mujeres y de la sociedad civil afgana.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2025.Silvia Franco González, Esperanza Reynal Reillo, Carmelo Barrio Baroja, Javier Noriega Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Raquel Clemente
Muñoz, Javier José Folch Blanc, Macarena Lorente Anaya, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Elvira Velasco Morillo, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso y a la rendición
de cuentas de programas de transferencia de conocimiento y tecnología agroganadera sostenible en el ámbito de la cooperación internacional, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La cooperación internacional con los países en vía de desarrollo en materia agroganadera es fundamental para promover un desarrollo sostenible, reducir la pobreza rural y fortalecer la seguridad alimentaria global.
En ese sentido, España cuenta con un sector agroganadera de enorme prestigio internacional, fruto del esfuerzo de generaciones de agricultores y ganaderos que han sabido modernizar sus explotaciones, mejorar su competitividad y apostar por
la sostenibilidad.
Pese a ello, el actual Gobierno no ha sabido aprovechar este potencial en el terreno de la cooperación internacional, limitando la capacidad de España para contribuir al desarrollo sostenible de terceros países y renunciando, en
consecuencia, a un papel de liderazgo en el ámbito agroganadera a nivel global. Mientras otros socios europeos y organismos internacionales como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el FIDA (Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola),
intensifican sus esfuerzos en la transferencia de conocimiento, España permanece rezagada, con iniciativas dispersas y sin una estrategia clara que involucre al sector agroganadera nacional.
Por otra parte, la cooperación en materia agroganadera se incluye dentro de la política española de cooperación para el desarrollo de los últimos años. Es más, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y
la Solidaridad Global incluye entre sus objetivos «Apoyar la seguridad alimentaria, así como una agricultura y sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, incluida la pesca y la agricultura familiar».
La transferencia de buenas prácticas y el intercambio de experiencias son herramientas de cooperación de alto valor añadido que, además de mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en los países receptores, proyectan la imagen de
España como un socio sólido, fiable y comprometido.
Es hora de pasar de la retórica a los hechos y de abandonar la inacción que caracteriza a este Gobierno. La cooperación internacional necesita proyectos concretos, ambiciosos y bien financiados, en los que España pueda y deba ejercer un
papel protagonista.
Finalmente, resulta imprescindible reforzar la rendición de cuentas y la transparencia en todos los programas de cooperación agroganadera, garantizando la evaluación de resultados, la coherencia con las políticas nacionales y europeas y la
información pública sobre el uso de los recursos destinados a estos fines. Solo mediante una gestión transparente y evaluable se asegurará que la cooperación española sea eficaz, sostenible y compatible con la defensa de los intereses estratégicos
del sector agroalimentario nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar e impulsar, en colaboración con la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), programas específicos de cooperación internacional centrados en la transferencia de conocimiento y tecnología
agroganadera sostenible.
2. Realizar una evaluación previa del impacto de las producciones beneficiadas por programa de cooperación y del impacto de la competitividad sobre las producciones agroalimentarias españolas.
3. Establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia en los programas de cooperación agroganadera, incluyendo la presentación de informes anuales de seguimiento y evaluación de resultados ante las Cortes Generales, y
la creación de indicadores verificables de eficacia y coherencia con los intereses del sector agroalimentario español.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Carmelo Barrio Baroja, Raquel Clemente Muñoz, Javier José Folch
Blanc, Silvia Franco González, Macarena Lorente Anaya, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Elvira Velasco Morillo, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/002663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta lone Belarra Urteaga, y Martina Velarde Gómez, integrantes de Podemos, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley en apoyo a la periodista feminista Cristina Fallarás y contra la violencia política de género, para su tramitación ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
La periodista y escritora Cristina Fallarás es una de las voces más reconocidas del periodismo feminista en España. Desde hace años, ha contribuido de forma decisiva a visibilizar las violencias machistas en general y las violencias
sexuales en particular, impulsando iniciativas ciudadanas tan relevantes como el movimiento #Cuéntalo en 2018, que permitió a miles de mujeres compartir sus vivencias en primera persona, y el #SeAcabó en 2023, que volvió a poner en el centro el
poder transformador de la palabra colectiva frente al silencio impuesto por el patriarcado.
Por todo ello, Cristina Fallarás ha sido objeto constante de campañas de acoso y señalamiento público, la última, impulsada desde el partido político Vox, que ha lanzado una página web en la que se utiliza su imagen sin consentimiento e
incita a sus seguidores a denunciarla por un supuesto «delito de odio», además de recabar datos personales y captar afiliaciones. Esta actuación, realizada por una formación con representación institucional, constituye una represalia desde una
posición de poder frente al ejercicio legítimo de la libertad de expresión y opinión de una autora feminista y es una manifestación clara de violencia política de género, reconocida en la Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas
2022-2025 y definida como aquella ejercida mediante acciones hostiles, intimidatorias o de descrédito con el fin de disuadir a las mujeres de participar en la vida pública.
Ella no es la única víctima. Las mujeres periodistas y comunicadoras, especialmente aquellas que asumen posiciones críticas, feministas o de izquierdas, enfrentan día a día este tipo de violencias específicas. El medio Público ha
documentado en un reportaje reciente cómo han sido avergonzadas públicamente y hasta amenazadas de muerte frente a la indiferencia institucional otras profesionales como Marina Lobo, Laura Arroyo o Sarah Santaolalla. Estas experiencias reafirman
que el acoso no es aleatorio ni individual: surge de un patrón misógino y político, coordinado para erosionar la credibilidad, generar aislamiento y obligar al repliegue de las voces feministas. Una estrategia de disciplinamiento político.
Cabe destacar que, si bien la Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025 incorporó por primera vez la violencia política como una forma de violencia machista, su inclusión no se ha visto reflejada en la última
renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2025). Esta omisión supone un retroceso preocupante en el reconocimiento institucional de un fenómeno que afecta de forma directa a muchas mujeres que participan en la esfera pública.
Resulta urgente subsanar esta laguna y avanzar hacia una respuesta integral.
Ante esta situación, y siendo que estos ataques tienen un impacto profundo no solo en su vida personal, sino también en la calidad democrática del conjunto de la sociedad, resulta imprescindible una respuesta institucional clara y
contundente, que proteja el
derecho de las mujeres a participar en la vida pública y garantice que ninguna sufra represalias por ejercer su libertad de expresión o por denunciar las violencias machistas.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar rotundamente las campañas de acoso y deslegitimación contra periodistas, políticas, y activistas feministas y expresar su apoyo y solidaridad con Cristina Fallarás, poniendo en valor su contribución a la lucha contra las
violencias machistas y a la defensa de los derechos de las mujeres.
2. Reafirmar el compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia machista y con la defensa del derecho de las mujeres a participar libremente en la vida política, social y mediática.
3. Reconocer explícitamente la violencia política de género como una forma de violencia machista en línea con la Relatoría de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres de 2024.
4. Incorporar de manera explícita la violencia política de género en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, garantizando su reconocimiento, seguimiento y dotación presupuestaria en coherencia con su inclusión en la Estrategia
Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025.
5. Fortalecer el Observatorio Estatal de Violencia contra las Mujeres con un módulo específico sobre violencia política y digital.
6. Impulsar un protocolo estatal de prevención y atención frente a esta violencia política de género y sus formas específicas inspirado en las buenas prácticas iberoamericanas con mecanismos de denuncia, protección y reparación.
7. Promover campañas públicas de sensibilización sobre el impacto de la violencia política contra las mujeres en la calidad democrática y en el derecho a la participación.
8. Explorar la incorporación de medidas legislativas para sancionar y prevenir la violencia política de género en línea con las experiencias legislativas de América Latina.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la soledad
no deseada de las personas con discapacidad, para su debate en Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El sentimiento de soledad no deseada constituye en la actualidad uno de los principales retos sociales y de salud pública en España. Su impacto es particularmente severo entre las personas con discapacidad, que presentan un riesgo mucho
mayor de aislamiento y cronificación de esta situación en comparación con el resto de la población.
El «Estudio sobre discapacidad y soledad no deseada en España», elaborado por el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada y presentado por Fundación ONCE en octubre de 2024, revela datos que exigen una respuesta urgente. Según esta
investigación, una de cada dos personas con discapacidad, el 50,6 %, sufre soledad no deseada, frente al 15,8 % de quienes no tienen discapacidad. Además, en el 73 % de los casos la soledad se prolonga durante más de tres años, lo que refleja un
carácter crónico que agrava sus consecuencias.
La prevalencia de la soledad es mayor entre las mujeres con discapacidad, que alcanzan el 54,3 %, y afecta de manera significativa a los jóvenes de entre 18 y 29 años, con un 65,7 %, así como a las personas mayores de 65 años, con un 64,1 %.
El estudio también pone de manifiesto que la soledad no deseada es más frecuente en los entornos urbanos, donde llega al 56,5 % en las grandes ciudades, frente al 41,4 % que se registra en los municipios rurales de menor tamaño.
El problema se agudiza en quienes viven solos, especialmente cuando esta situación no es elegida, alcanzando el 78,2 %, así como entre quienes se encuentran en situación de pobreza, con un 57,8 %, o tienen mala salud, en cuyo caso la
prevalencia asciende al 77,2 %. A ello se suman los mayores índices de soledad detectados en personas con discapacidad en situación de desempleo o incapacidad laboral y en aquellas que han sufrido acoso laboral, escolar o de pareja, con un 58,9 %.
Más de la mitad de las personas que sufren soledad afirman tener menos contacto familiar del que desearían y manifiestan incomodidad a la hora de pedir ayuda, lo que refuerza el círculo de aislamiento.
La relación entre soledad y salud mental es igualmente alarmante: el 50,9 % de las personas con discapacidad que experimentan soledad no deseada han tenido pensamientos suicidas o autolesivos, frente al 23,7 % de quienes no sufren esta
situación. Este dato evidencia que la soledad no deseada no es solo un problema emocional o relacional, sino que incide de forma directa en el bienestar, la salud y la calidad de vida, generando además mayores necesidades de atención
sociosanitaria. Si bien en los últimos años el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un Marco Estratégico Estatal frente a la Soledad, todavía no se ha aprobado. La falta de un calendario claro, de recursos específicos y de una coordinación
efectiva entre los distintos niveles de la Administración y el tercer sector ha limitado hasta el momento el impacto de dichas iniciativas. Resulta imprescindible, por tanto, dar un paso decidido para convertir los anuncios en políticas públicas
tangibles y sostenidas en el tiempo.
La cronificación de la soledad en las personas con discapacidad profundiza las desigualdades y limita su participación plena en la vida social, económica y comunitaria. El fortalecimiento de los servicios de proximidad, el desarrollo de
programas comunitarios, el acceso a la educación y al empleo, la promoción de la salud mental y la creación de espacios accesibles para la socialización son elementos esenciales para revertir esta realidad.
Con la presente Proposición no de Ley se pretende reconocer la soledad no deseada de las personas con discapacidad como un problema social prioritario, visibilizar su magnitud, impulsar la coordinación entre administraciones públicas y
organizaciones del tercer sector, y promover medidas concretas que favorezcan la prevención, la detección y el acompañamiento. Solo a través de un compromiso firme de las instituciones será posible garantizar el derecho de todas las personas, con
independencia de sus capacidades, a vivir de manera digna, autónoma e integrada en la comunidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar la elaboración y aprobación del Marco Estratégico Estatal frente a la Soledad, incorporando de forma prioritaria un enfoque específico hacia las personas con discapacidad y dotándolo
de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para su plena implementación, en coordinación con las comunidades autónomas, las entidades locales y las organizaciones del tercer sector, con el objetivo de garantizar medidas eficaces de
prevención, detección temprana,
acompañamiento y apoyo comunitario, prestando especial atención a quienes se encuentran en situación vulnerable de aislamiento involuntario.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.Ana Isabel Alós López, María Mercedes Fernández González, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo Díez, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo, Esther Llamazares Domingo,
Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García, María Lourdes Ramírez Martín y Violante Tomás Olivares, Diputados.Ester Muñoz
de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/001439
Pedro Puy Fraga y Santi Rodríguez Serra, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Cree el Ministerio de Hacienda que la medida adoptada está siendo efectiva para eliminar o al menos reducir significativamente el fraude del IVA en los hidrocarburos dada la compleja aplicación aprobada en la Ley 7/2024, en lugar de a
través de un mecanismo ya contrastado con otros sectores en España y en otros países, de aplicación más sencilla, como es la inversión del sujeto pasivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Pedro Puy Fraga y Santi Rodríguez Serra, Diputados.
181/001440
Pedro Puy Fraga y Santi Rodríguez Serra, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno a corto plazo para frenar el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos y garantizar la correcta aplicación de la Ley 7/2024, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la
protección de los operadores legales del sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Pedro Puy Fraga y Santi Rodríguez Serra, Diputados.
181/001441
Pedro Puy Fraga y Santi Rodríguez Serra, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Considera el Ministerio de Hacienda que desde la aprobación de la Ley 7/2024 se ha avanzado, y en qué medida y cuantía, en la reducción del fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Pedro Puy Fraga y Santi Rodríguez Serra, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001428
A la Mesa del Congreso
Alberto Ibáñez Mezquita, Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Dirigida al Secretario de Estado de Movilidad.
¿Qué medidas concretas tiene previsto tomar el Ministerio de Transportes en el corto y medio plazo para aumentar y mejorar los servicios de media y larga distancia en el corredor mediterráneo, tanto a través de ampliación de las obligaciones
de servicio público como a través del aumento de la oferta de servicios comerciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2025.Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.
181/001429
Inés Granollers Cunillera, Grupo Parlamentario Republicano.
Dirigida al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
¿Tienen previsto recuperar el segundo tramo de vía en la Estación de Bellpuig?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2025.Inés Granollers Cunillera, Diputada.
Inés Granollers Cunillera, Grup Parlamentari Republicà.
Dirigida a Ministre de Transports i Mobilitat Sostenible.
Tenen previst recuperar el segon tram de via a l'Estació de Bellpuig?
Congrés dels Diputats, a 29 octubre de 2025.Inés Granollers Cunillera, Diputada.
181/001431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno ante el creciente número de ciudades que están optando por no implantar Zonas de Bajas Emisiones en sus términos municipales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2025.Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.
181/001432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
¿En qué medida la falta de infraestructuras de transporte y la ineficiencia del sistema ferroviario están limitando el desarrollo económico y la competitividad de las ciudades españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2025.Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.
181/001433
Fèlix Alonso Cantorné, Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Aparentemente, una disfunción administrativa entre Logirail y el Ministerio de Hacienda ha llevado a la decisión de eliminar los complementos salariales ad personam especiales de Renfe, afectando a trabajadores en Madrid, Barcelona, Teruel y
muchos otros lugares. ¿Cómo propone el Gobierno que se proteja a los trabajadores y se solvente esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2025.Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
181/001434
Fèlix Alonso Cantorné, Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
La conexión aérea entre Menorca y Madrid se está gestionando como Obligación de Servicio Público (OSP). Sin embargo, el nivel de demanda desborda la oferta y los menorquines se ven perjudicados, con muchos vuelos sin plaza, y teniendo que
buscar
alternativas más costosas y lentas. ¿Qué solución facilitará el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a esta complicada situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2025.Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
181/001438
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Qué medidas pondrá en marcha el Gobierno para revertir la situación de pérdida de viajeros y conexiones en los aeropuertos gallegos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Que medidas vai pór en marcha o Goberno para reverter a situación de perda de viaxeiros e conexións nos aeroportos galegos?
En Madrid, a 31 de outubro de 2025.Néstor Rego Candamil, Deputado.
Comisión de Industria y Turismo
181/001430
Inés Granollers Cunillera, Grupo Parlamentario Republicano.
Dirigida a Secretaria de Estado de Turismo.
¿Tienen prevista la ampliación del plazo de ejecución de los proyectos financiados en el marco del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, incluido en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2025.Inés Granollers Cunillera, Diputada.
Inés Granollers Cunillera, Grup Parlamentari Republicà.
Dirigida a Secretària dEstat de Turisme.
Tenen prevista la ampliació del termini d'execució dels projectes finançats en el marc del Programa de Millora de la Competitivitat i Dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic, inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (PRTR)?
Congrés dels Diputats, a 29 octubre de 2025.Inés Granollers Cunillera, Diputada.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/001435
Javier Rodríguez Palacios, Grupo Parlamentario Socialista.
¿Cuáles son los objetivos y las principales medidas del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Javier Rodríguez Palacios, Diputado.
181/001436
Ignasi Conesa Coma, Grupo Parlamentario Socialista.
¿Cómo valora el Gobierno el paso que han dado algunas Comunidades Autónomas para declarar las zonas de mercado residencial tensionado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley por el derecho a la vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Ignasi Conesa Coma, Diputado.
181/001437
Gabriel Cruz Santana, Grupo Parlamentario Socialista.
Sobre la Empresa Pública de Vivienda. ¿Qué pasos se han dado para la conformación de la nueva empresa y qué objetivos tiene previsto abordar como prioritarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.Gabriel Cruz Santana, Diputado.