BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


7 de noviembre de 2025

Núm. 427

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de nuestro campo y del sector primario que garantiza nuestra soberanía alimentaria.... (Página2)


162/000636 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al rechazo de imposiciones ideológicas y recaudatorias en los municipios de España ... (Página7)


162/000637 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar un marco estatal de actuación en la lucha contra la despoblación y de apuesta por el reequilibrio territorial del medio rural... href='#(Página10)'>(Página10)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su
conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


162/000634


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez Del Río, Tomás Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de nuestro campo y del sector primario que garantiza nuestra soberanía
alimentaria, para su discusión en Pleno.


Exposición de motivos


El sector primario nos da de comer a todos los españoles. Nuestros agricultores y ganaderos son los que llevan la comida a nuestra mesa y, a pesar de todas las trabas impuestas desde las distintas administraciones gobernadas por el
bipartidismo, son los que garantizan nuestra soberanía alimentaria. Hombres y mujeres esforzados que, a pesar de la persecución y el maltrato sistemático, dan vida al mundo rural y trabajan cada día sin descanso para sacar adelante sus
explotaciones, muchas de las cuales han ido pasando de padres a hijos manteniendo una tradición que es el alma y el ser de nuestra Nación.


La encomiable labor que durante generaciones vienen desempeñando nuestros agricultores y ganaderos ha permitido forjar un sector esencial y estratégico para nuestra Nación, con un papel fundamental en términos culturales, demográficos,
sociales, forestales y económicos y especialmente relevante para la España rural y vaciada. La importancia económica del sector primario, en el contexto de la economía nacional, se valora mediante las cifras publicadas por el INE en la Contabilidad
Nacional. Según datos de la Contabilidad Nacional (INE), el Valor Añadido Bruto del sector primario alcanzó los 40.412 millones de euros en 2024, representando el 2,5 % del PIB. Le superan en importancia económica los sectores de la construcción
(5,3 % del PIB), industria (14,2 %) y servicios (69,1 %). Asimismo, se le atribuyen al sector primario 680.200 puestos de empleo equivalentes a tiempo completo, un 1,8 % menos con respecto a 2023, suponiendo el 3,4 % de los ocupados equivalentes a
tiempo completo de España 1.


Junto a la fijación de la población en las zonas rurales, así como el desarrollo económico de la España rural, destaca el enorme impacto que el sector primario tiene en


1 https://www.mapa.gob.es/es/dam/jcr:50ac8588-918c-4321-9feb-d72ae05c72a6/INFORME%20ANUAL_METADATOS.pdf

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términos geoestratégicos y de salud pública, siendo sector clave a la hora de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, cuestiones trascendentales si atendemos al convulso escenario internacional actual, así como al incremento de
las alertas sanitarias 2 detectadas en los últimos años por la entrada masiva de productos extracomunitarios que no cumplen con las mismas exigencias fitosanitarias exigidas a nuestros agricultores y ganaderos.


Además, no podemos olvidar el importantísimo papel que tienen nuestros agricultores y ganaderos -así como los profesionales del sector cinegético y silvícola- en la prevención y extinción de incendios pese al arrinconamiento institucional
que llevan padeciendo durante décadas. A modo de ejemplo, en nuestras explotaciones ganaderas y cinegéticas, el pastoreo permite reducir considerablemente la carga de material combustible. Por su parte, nuestras explotaciones agrícolas, con sus
respectivas tareas de limpieza, labranza y cortafuegos tras las siegas, contribuyen activamente a detener la propagación de llamas 3. Se intuye fácilmente la relevancia de estas funciones tras los devastadores incendios que han arrasado nuestra
Nación durante el pasado verano 4.


Sin embargo, si bien el sector continúa manteniendo un peso considerable para nuestra economía, vemos cómo en apenas una década decenas de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas se han visto abocadas al cierre. Según datos oficiales,
sólo en una década -de 2013 a 2023- España ha perdido más de 180.000 explotaciones 5. Está claro que esta lacra no es más que el resultado directo de políticas que anteponen el fanatismo climático sobre la rentabilidad económica de nuestro campo,
la cual, unida al marcado envejecimiento de nuestro sector primario 6 y a la falta de promoción institucional del relevo generacional, ponen en serio riesgo la propia supervivencia del sector tal y como lo entendemos en un futuro no muy lejano.


El tiempo ha demostrado cómo la agenda climática que comparten populares y socialistas -tanto en Bruselas como en nuestras instituciones nacionales- es una sentencia de muerte para nuestro campo. Durante décadas, el bipartidismo ha dicho
una cosa en España, pero luego ha votado la contraria en Bruselas, que es donde se toman las decisiones. Populares y socialistas han sido implacables con el campo en España, imponiendo toda clase de regulaciones e impuestos a los productores, pero
luego eran sumisos y asumían todo lo que les imponían desde Bruselas.


Prueba paradigmática de este fanatismo medioambiental y climático es el Pacto Verde Europeo (PVE) y toda la normativa desarrollada bajo su paraguas. Este instrumento, unido a los continuos recortes presupuestarios de la PAC y al aumento
exponencial de requisitos medioambientales, representan una sentencia de muerte a un sector primario nacional y europeo ya agonizante desde hace años 7.


El futuro de nuestro sector primario dejará de estar en jaque sólo cuando el consenso progre ponga fin al fanatismo climático, palie el aumento exponencial de los costes de producción, acabe con la losa burocrática y la hiperregulación,
garantice el principio de preferencia comunitaria, reciprocidad, mercado único y solidaridad financiera para acabar


2


https://www.aenverde.es/las-alertas-sanitarias-en-frutas-y-hortalizas-procedentes-de-terceros-paises-crecieron-un-45-durante-2024/?https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/se-duplican-las-alertas-sanitarias-por-productos-de-tercer
os-paises-en -un-ano/?https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/crecen-alertas-sanitarias-importacion-productos_0_1891912436.html


3 https://www.asaja.com/asaja-destaca-el-papel-clave-de-agricultores-y-ganaderos-en-la-lucha-contra-los-incendios-y-exige-un-giro-en-las-politicas-forestales/


4 https://www.larazon.es/sociedad/peores-incendios-historia-espana-joaquin-ramirez-experto-fuegos-advierte-que-viene-ser-mucho-peor_2025092468d25d596b16e40392dad65c.html


5


https://www.eldebate.com/campo-y-caza/20250227/agricultura-familiar-desangra-espana-pierde-180000-explotaciones-diez-anos_273934.html?https://gaceta.es/economia/el-pacto-verde-europeo-condena-a-la-agricultura-familiar-espana-pierde-mas-de-180
-000-explota ciones-en-diez-anos-20250227-1352/


6 https://www.larazon.es/andalucia/edad-media-agricultores-comunidad-lider-espana-asusta_2025032767e4a65d5c956e00015f6137.html


7 https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/financing/cap-expenditure_es?https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-post-2027-next-eu-budget_en?prefLang=es

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con la competencia desleal y promueva políticas que fomenten realmente el relevo generacional, haciendo atractivo el sector para nuestros jóvenes.


Lejos de ir en esta dirección, muy recientemente hemos podido comprobar cómo el consenso progre vuelve a usar como moneda de cambio a nuestro sector primario: primero con la propuesta de futura PAC, segundo con la culminación de Mercosur y
por último, con la propuesta de modificación del Acuerdo UE-Marruecos.


En primer lugar, la futura reforma de la PAC que plantea la Comisión no sólo supone un recorte adicional del 22 % del presupuesto hasta ahora asignado a la PAC, sino que, de igual modo, pretende acabar con la autonomía presupuestaria que,
hasta ahora, y tras más de sesenta años, ha respaldado a esta política singular. Esto supone menos apoyo directo para los agricultores, menos inversión en modernización y, en definitiva, menos futuro para el campo y para nuestra soberanía
alimentaria.


En segundo lugar, vemos cómo la culminación de Mercosur representa un ejemplo más de cómo Bruselas utiliza a nuestro sector primario como moneda de cambio en acuerdos comerciales con terceros países 8, hecho que, en la práctica, solo se ha
traducido en un aumento exponencial de la competencia desleal de productos agroalimentarios extracomunitarios que, en este caso concreto, afectarán especialmente a nuestros productores de vacuno y aves de corral, del azúcar y el arroz, de los
cítricos, de la miel, de los tomates -sector ya de por sí sumamente afectado por las importaciones de tomate marroquí- y de la remolacha, entre otros muchos.


Por último, la propuesta de modificación del Acuerdo UE-Marruecos es un auténtico ataque a la inteligencia y un despropósito legal y moral de la Comisión de populares y socialistas 9. Estamos, de hecho, ante un ejemplo claro de cómo el
consenso progre hace una cosa en Bruselas y dice exactamente lo contrario a nivel nacional, tal y como los españoles pudieron apreciar el pasado jueves 16 de octubre en el Congreso de los Diputados, cuando, gracias a una moción de VOX, la Cámara
Baja rechazaba la maniobra de la Comisión para esquivar el cumplimiento de la sentencia del TJUE 10. Todo ello, pese a la firmeza que arroja en la sentencia el propio Tribunal: el acuerdo al que llegaron la UE y Marruecos para extender las
preferencias arancelarias al Sahara Occidental era ilegal. Es demoledor comprobar cómo después de casi 10 años de calvario judicial, la Comisión de Úrsula von der Leyen se pliega una vez más a los intereses de Marruecos 11. Los afectados, los de
siempre, nuestros agricultores que tendrán que seguir soportando la competencia desleal de miles de toneladas de productos agrícolas que no han sido producidos con los mismos estándares de producción.


Recordemos que Marruecos ya ha superado a España en exportaciones de tomate dentro de la UE, algo absolutamente inaceptable 12. Está claro que las élites de Bruselas quieren convertir a Marruecos en 'la nueva huerta de Europa',
desmantelando para ello a nuestro sector primario, nuestro mundo rural, así como acabando con nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentarias.


La combinación de factores -recortes presupuestarios, desaparición de la PAC como política diferenciada, mantenimiento del Pacto Verde, tratados comerciales lesivos como el de Mercosur y el de Marruecos, y el aumento imparable de los costes
de producción- constituye una auténtica bomba de relojería para el campo europeo. Esto no es una


8 https://www.asaja.com/asaja-denuncia-la-ratificacion-expres-de-los-acuerdos-con-mercosur-y-estados-unidos/?https://www.asaja.com/la-comision-europea-vuelve-a-traicionar-al-campo-mercosur-aranceles-y-china/


9 https://www.asaja.com/asaja-denuncia-que-el-nuevo-acuerdo-ue-marruecos-vulnera-el-derecho-internacional-y-pone-en-riesgo-la-equidad-del-mercado/?https://www.agronewscastillayleon.com/asaja-marruecos-acuerdo-ue/


10 https://www.eldebate.com/campo-y-caza/20251016/congreso-rechaza-modificacion-acuerdo-uemarruecos-incluye-cultivos-sahara-occidental_345332.html


11 https://www.eldebate.com/campo-y-caza/20251022/acuerdo-ue-explotar-sahara-financiara-5000-hectareas-invernaderos-rey-marruecos_346999.html


12


https://gaceta.es/europa/el-tomate-marroqui-supero-en-2024-al-espanol-en-la-ue-estamos-indefensos-por-la-competencia-desleal-que-permite-bruselas-20250408-0245/?https://gaceta.es/espana/los-agricultores-espanoles-se-plantan-anuncian-que-dejar
an-de-produc ir-tomates-por-el-nuevo-acuerdo-de-bruselas-con-marruecos-20251010-0848/

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casualidad, sino el resultado de décadas de políticas dictadas por populares y socialistas en Bruselas, con el aplauso de los partidos que en España han abandonado a nuestros agricultores.


El campo español no puede seguir siendo víctima de las decisiones que toman unos cuantos burócratas que jamás han pisado el campo. Es hora de señalar a los responsables de que nuestra soberanía alimentaria y la supervivencia del campo
español estén en peligro. Urge que PP y PSOE pongan fin, desde todas las instituciones sin distinción, a un fanatismo climático que no ha hecho más que criminalizar a nuestro campo mientras prioriza los intereses de países extracomunitarios.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reconocer la gran labor que desempeñan nuestros agricultores y ganaderos garantizando la fijación de la población y el crecimiento económico en la España rural y abandonada, la seguridad alimentaria a través de la producción de productos
agroalimentarios de máxima calidad, la soberanía alimentaria de nuestra Nación y la prevención de incendios en nuestros montes.


2. Condenar el borrador de propuesta para la futura PAC presentado por la Comisión, exigiendo inmediatamente una nueva propuesta que no contenga recortes presupuestarios, que no priorice los requisitos medioambientales sobre la rentabilidad
económica de las explotaciones agrícolas y que no dilapide la autonomía presupuestaria y política que hasta ahora ha tenido la PAC como política diferenciada al incluirla en el Fondo Común.


3. Rechazar frontalmente el Pacto Verde Europeo ante las graves consecuencias que ha tenido para la economía española, en especial para nuestro sector primario. De igual modo, promover la derogación de todas las políticas inspiradas en el
Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad, así como realizar un estudio para analizar el negativo impacto económico y social que las políticas derivadas del Pacto
Verde Europeo y de la Agenda 2030 han tenido en España.


4. Favorecer una verdadera conservación del medio natural y del paisaje que conviva con el apoyo y el respeto a la actividad de nuestro sector primario. De igual modo, promover un marco normativo que proteja nuestros suelos agrícolas y
patrimonio natural de la proliferación indiscriminada de energías renovables.


5. Exigir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria y reciprocidad como principios jurídicos de alcance general en todos los acuerdos comerciales, siempre a favor de los intereses del
sector primario español, con el fin de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. A tal fin, se deberá garantizar el principio de reciprocidad a través de la inclusión de cláusulas espejo en todos los productos agrícolas, ganaderos y
pesqueros importados a la UE que deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos medioambientales, climáticos, burocráticos, fitosanitarios y laborales que cumplen los productores españoles.


6. Aumentar los controles en frontera para asegurar que el 100 % de los productos importados cumplen con las normativas internas de la UE y el pago de todo arancel establecido para las operaciones fuera de contingente establecidas en los
respectivos acuerdos comerciales. En este sentido, promover el aumento de la dotación de personal, material y centros de análisis de productos agroalimentarios de los Puestos de Inspección Fronterizos de los Puertos del Estado, especialmente en
aquellos puntos con altas importaciones agropecuarias. En ningún caso se aceptará una declaración responsable de conformidad del producto por parte del Estado extracomunitario exportador o cualquier otro sujeto que intervenga en la cadena de
compraventa del producto.


7. Promover las modificaciones legislativas pertinentes para implementar estándares de etiquetados claros al respecto del origen y procedencia de los productos que llegan a

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los consumidores y castigar de forma contundente la comercialización fraudulenta de productos como 'origen España' que no son de origen español.


8. Paralizar con carácter urgente las transferencias de fondos públicos españoles destinados a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y cualquier país extracomunitario que le haga competencia desleal a España, así como exigir la
suspensión de los fondos europeos destinados a financiar su sector agrícola.


9. Suspender inmediatamente el Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la UE, debido al enorme perjuicio económico que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y comunitaria. De igual modo, exigir un informe de impacto
económico y social del acuerdo comercial en el sector primario español y europeo.


10. Mientras no sea efectiva la suspensión de los acuerdos comerciales entre la UE-Marruecos, rechazar la modificación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos para incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental con trato arancelario
preferente, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de octubre de 2024.


11. Rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur en todo aquello que perjudique los intereses de los productores españoles, y concretamente al sector primario, al mundo rural y a sus formas tradicionales de vida. De igual modo, exigir un
informe de impacto económico y social del acuerdo comercial en el sector primario español y europeo.


12. Denunciar ante las instituciones de la UE la opacidad con la que la Comisión Europea ha llevado a cabo la negociación y tramitación del acuerdo Mercosur. Una negociación realizada a espaldas a las naciones europeas, al Parlamento
Europeo y a las asociaciones y organizaciones agrarias.


13. Exigir en el seno de la UE la prohibición de la importación de productos agroalimentarios de terceros países que hayan sido tratados con fitosanitarios prohibidos en el territorio de la UE.


14. Promover una revisión del Sistema Español de Seguros Agrarios para reforzarlo ante las necesidades del campo español.


15. Garantizar una correcta aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que garantice la protección y la rentabilidad de agricultores y ganaderos españoles,


16. Impulsar una verdadera simplificación burocrática y administrativa que tenga como finalidad la reducción sustancial del volumen y complejidad de la tramitación administrativa que soporta nuestro sector primario.


17. Aplazar más allá del 1 de enero de 2027 la puesta en marcha del cuaderno de campo digital hasta que se garantice la completa accesibilidad y seguridad de los sistemas digitales.


18. Favorecer el relevo generacional en el mundo rural apoyando la incorporación de los jóvenes a la actividad agroganadera con medidas que garanticen su permanencia y profesionalización, así como fomentando su incorporación a las
cooperativas agroalimentarias.


19. Impulsar medidas para dignificar la actividad agraria y consagrar su contribución decisiva a la generación de riqueza y empleo, así como reconocer expresamente el papel del cooperativismo agroalimentario en el medio rural español.


20. Promover un Plan Nacional del Agua que contemple la gestión racional de los recursos hídricos -aguas pluviales, subterráneas, desaladas, desalobradas y regeneradas- en todo el territorio nacional y que, sobre la base de los principios
de solidaridad y bien común, incluya la interconexión de cuencas como medida esencial para hacer frente a los contextos climatológicos adversos y garantice el acceso de todos los españoles al agua sin importar en qué parte de España se encuentren.


21. Promover un Plan Nacional de Regadíos que contribuya a la modernización de superficies favoreciendo un uso más eficaz del agua, así como la reducción del volumen de consumo.


22. Reconocer a la caza como patrimonio cultural común y una actividad esencial para la gestión de las especies y la conservación de nuestro entorno natural, así como el desarrollo

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socioeconómico de la España rural, así como reconocer el pastoreo como actividad necesaria para la preservación del campo, el monte y la prevención contra incendios.


23. Poner en marcha una verdadera y nueva estrategia nacional de prevención y gestión de incendios en la que tengan un papel primordial nuestros profesionales de los sectores ganadero, agrícola, cinegético y silvícola.


24. Elaborar un Convenio con todas las regiones de España con el objeto de establecer una licencia única nacional de caza y pesca en aguas continentales, así como la puesta en marcha de medias legislativas necesarias para permitir la
actividad cinegética en los Parques Nacionales.


25. Impulsar la elaboración de un Plan Nacional del Lobo que comprenda un adecuado control cinegético, así como un censo actualizado y un sistema de compensaciones proporcional al perjuicio causado a los ganaderos, así como excluir al lobo
del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial en todos aquellos territorios, sin distinción -especialmente aquellas poblaciones situadas al sur del río Duero-, donde la proliferación del lobo sea descontrolada y ocasione
continuos perjuicios a nuestros ganaderos. De igual modo, se debe facilitar el control de las poblaciones de jabalíes a través de la actividad cinegética.


26. Exigir a la Comisión Europea el uso de fitosanitarios de utilización excepcional para el control y la erradicación de plagas importadas introducidas en productos procedentes de países extracomunitarios que afectan a la sanidad animal y
vegetal. De igual modo, no prohibir el uso de sustancias fitosanitarias si no se dispone de alternativas eficaces que garanticen la sanidad vegetal y animal.


27. Avanzar en el uso de la ciencia y la tecnología, especialmente, en las nuevas técnicas de edición genómica como herramienta necesaria para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta la agricultura y la ganadería.


28. Creación de un fondo de contingencia para los damnificados por plagas que afectan a la sanidad animal y vegetal cuando las herramientas y los medios utilizados -generalmente los que están autorizados- que han sido recomendados por las
autoridades no sirven para la prevención, el control o la erradicación de la plaga.


29. Impulsar la elaboración de planes específicos en escuelas y colegios con el objeto de dar a conocer el papel fundamental que desempeña la agricultura y los agricultores en la producción de alimentos, el cuidado del entorno natural y la
conservación del territorio.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernández Ríos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


162/000636


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ignacio Hoces Íñiguez, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al rechazo de imposiciones ideológicas y recaudatorias en los municipios de España, para su
discusión en Pleno.


Exposición de motivos


La introducción de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España responde a una imposición ideológica de Bruselas, donde socialistas y populares gobiernan en coalición al

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servicio de una agenda climática radical y ajena a los intereses nacionales. Dicha imposición se materializa en la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a
una atmósfera más limpia en Europa, que ha condicionado de forma drástica la movilidad y los hábitos de vida de millones de españoles.


El Gobierno de España, en lugar de defender la soberanía nacional y los intereses de sus ciudadanos, se ha limitado a acatar con alegría las órdenes de Bruselas, mediante la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a implantar ZBE. Bajo la excusa de reducir las emisiones contaminantes un 50 % para 2030, se ha condenado a más de 25 millones de españoles que
residen en 149 municipios 13.


Presentadas como supuestas herramientas para proteger el medioambiente, las ZBE se han convertido en un instrumento de castigo a las clases trabajadoras y medias, que necesitan su vehículo para trabajar, llevar a sus hijos al colegio o
atender a sus mayores. Miles de españoles se ven obligados a sustituir sus vehículos por otros 'etiquetados' por la Dirección General de Tráfico, con precios inaccesibles para la mayoría -un coche eléctrico cuesta de media entre 7.000 y 9.000 euros
más que uno de gasolina- 14. En definitiva, se trata de una política que discrimina por nivel de renta y restringe la libertad de movimiento, imponiendo un modelo de vida que sólo pueden permitirse unos pocos.


El fracaso de estas políticas ya ha sido reconocido en otros países europeos. La Asamblea Nacional francesa se ha visto obligada a rectificar y revocar las ZBE ante la evidencia de sus efectos devastadores sobre la economía de las familias
y la libertad de sus ciudadanos 15. Sin embargo, en España, el Gobierno continúa adelante con su agenda climática, demostrando una vez más su desconexión total con la realidad social y económica del país.


En la misma línea de imposiciones verdes, Bruselas adoptó la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Para trasponer esta
normativa el Ejecutivo ha establecido un impuesto municipal, que se conoce como tasa de residuos mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Bajo el engañoso principio de 'quien contamina,
paga', se obliga a los españoles a asumir íntegramente los costes de la gestión de residuos, descargando sobre los hogares una nueva carga impositiva disfrazada de conciencia ecológica. En 2025, la tasa media asciende a 116,32 euros anuales por
hogar, un incremento del 16,2 % respecto a 2024, muy por encima del IPC y constituyendo la mayor subida de la década. Y lo más grave: esta recaudación ni siquiera cubre el coste total del servicio, lo que anticipa nuevas subidas en los próximos
años 16. Su implantación, sin embargo, ha sido caótica, desigual y opaca, puesto que cada municipio interpreta la ley a su manera, sin criterios comunes, sin transparencia en el cálculo de la tasa y sin mecanismos de compensación para las familias
más vulnerables. El resultado es una profunda desigualdad territorial, inseguridad jurídica y un creciente malestar social.


Frente a este atropello, VOX ha sido la única fuerza política que ha plantado cara a estas imposiciones climáticas. Por ejemplo, ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anule la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones
en todo el municipio de Madrid 17. Sin embargo, el Partido Popular que gobierna en la ciudad ha preferido alinearse con las élites de Bruselas, recurriendo dicha resolución judicial 18 y manteniendo la misma


13 https://blog.parkinglibre.com/que-son-las-zbe-y-por-que-se-estan-implementando-en-las-ciudades-espanolas/


14 https://autoluxmotion.com/electrico-o-gasolina-en-2025-comparativa-real-con-costes-mantenimiento-y-autonomia/


15 https://www.caranddriver.com/es/movilidad/a64912552/francia-adios-zonas-bajas-emisiones/


16 https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20251022/ tasa-basuras-media-situa-116-euros-anuales-hogar-mayor-subida-decada-122816103


17 https://www.voxespana.es/noticias/el-tsjm-da-la-razon-a-vox-y-tumba-las-zonas-de-bajas-emisiones-de-almeida-20240917?provincia=madrid


18 https://www.elespanol.com/madrid/capital/20240919/almeida-recurre-supremo-sentencia-anula-zonas-bajas-emisiones-madrid/887161398_0.html

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sumisión ideológica que el PSOE. En la misma línea, VOX ha sido el único partido que ha defendido a las familias españolas frente a la tasa de basuras, denunciando su carácter confiscatorio y su impacto negativo sobre el bienestar de los
españoles 19. Por todo lo expuesto, la defensa lógica y alejada de fanatismos del medio natural no puede servir de excusa para imponer restricciones, tasas y prohibiciones que destruyen la economía doméstica y restringen la libertad individual.


Pese a su discurso de aparente oposición, el Partido Popular ha sido corresponsable de la imposición de estas medidas. En el Congreso de los Diputados votó en contra de la enmienda a a la totalidad presentada por VOX a la Ley 7/2021, de 20
de mayo, e hizo lo propio ante la propuesta de veto a la misma Ley en el Senado, facilitando así la aprobación del marco legal que obliga a implantar las Zonas de Bajas Emisiones. En aquella tramitación parlamentaria, el portavoz popular llegó
incluso a reivindicar el liderazgo de su grupo en la 'lucha contra el cambio climático' y su alineamiento con Úrsula von der Leyen y la política de descarbonización total para 2050, evidenciando que PP y PSOE comparten la misma agenda verde dictada
por Bruselas.


Lo mismo ocurrió con la tramitación parlamentaria del proyecto que derivó en la Ley 7/2022, de 8 de abril, origen de las actuales tasas de basuras. El PP se abstuvo ante la enmienda a la totalidad presentada por VOX y votó en contra del
veto en el Senado, escudándose en la necesidad de cumplir las directivas comunitarias, a pesar del evidente perjuicio económico que estas medidas suponen para las familias y las empresas españolas. Por tanto, el Partido Popular ha demostrado no ser
alternativa alguna al modelo ideológico verde impuesto desde Bruselas, sino un colaborador necesario en su ejecución junto con el Partido Socialista Obrero Español.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados:


A. Manifiesta su disconformidad absoluta con las políticas impuestas por el bipartidismo en Bruselas y su sometimiento al fanatismo verde, que bajo el pretexto de la 'transición ecológica' han promovido un modelo ideológico que limita la
libertad individual, encarece los costes energéticos y de movilidad, y destruye el tejido industrial y social de España.


B. Insta al Gobierno a:


1. Revocar de manera inmediata la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles, así como cualquier otra medida restrictiva derivada de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética, por constituir un gravamen injustificado sobre la movilidad de los ciudadanos, encarecer la actividad económica y perjudicar gravemente a la industria automovilística nacional y al comercio urbano


2. Anular la normativa derivada de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ha introducido nuevos gravámenes estatales y ha impulsado la creación de tasas municipales, como la tasa de
residuos, que penalizan a las familias y al tejido productivo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, Patricia Rueda Perelló e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.


19 https://www.eldebate.com/espana/madrid/capital/20251023/sanchazo-toda-regla-critica-tasa-basuras-impuesta-gobierno-une-todos-partidos-madrid_347461.html

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un marco estatal de
actuación en la lucha contra la despoblación y de apuesta por el reequilibrio territorial del medio rural, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


España comparte a día de hoy con una gran parte de Europa la coexistencia de dos procesos opuestos: la concentración de población y actividad en áreas urbanas, y un marcado estancamiento de la mayor parte del territorio, con especial
hincapié en las zonas rurales y los pequeños municipios. Según Eurostat, somos el país con más zonas despobladas de Europa, y nos situamos en la llamada 'zona cero de la despoblación', por ser la más deshabitada de todo el sur de Europa:
provincias como Teruel tienen una densidad de población de 9,14 habitantes/km2, muy por debajo del umbral establecido por la Unión Europea para calificarla en riesgo de despoblación, que es de 12,5 habitantes/km2.


La despoblación es un fenómeno generalizado que afecta a cerca del 50% de los municipios españoles. Este fenómeno incide con mayor intensidad sobre los municipios más pequeños y sobre las áreas menos pobladas. De hecho, a pesar de que la
población española ha pasado de 41,1 millones de habitantes a más de 48,6 millones en lo que llevamos de siglo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 3 de cada 4 municipios han perdido habitantes en la última década. Además, tanto
Eurostat como las encuestas realizadas por la Comisión Europea y el Comité de Protección Social, el 61 % de los municipios españoles tienen menos de 1.000 habitantes, y 19 provincias españolas están entre las menos densas de Europa. Por su parte,
el informe publicado por la Fundación Adecco en 2024 refleja que, a partir de 2010, el envejecimiento en España se ha disparado, alcanzando un récord del 142 %, experimentando así un crecimiento de 5 puntos porcentuales con respecto a 2023.


Todo lo anterior pone de manifiesto que España sufre una despoblación estructural; una pirámide poblacional profundamente envejecida, un tejido social rural debilitado y una pérdida sin precedentes de capital humano, poniendo en riesgo la
sostenibilidad de los servicios básicos, la viabilidad económica del medio rural y la preservación cultural y medioambiental de los pequeños municipios de nuestro país.


En 2021, el Gobierno aprobó el 'Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico' (el 'Plan de 130 Medidas'), dotado inicialmente con 10.000 millones de euros, y ampliado posteriormente hasta superar los 13.000 millones. Sin
embargo, a pesar de la magnitud de las cifras presupuestarias, el impacto real de esta hoja de ruta ha sido muy limitado. Según varias estimaciones, de los 2.800 millones de euros aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, tan solo un 5,4 % del total han ido destinados a medidas específicas orientadas a fijar población en los municipios más afectados, ahondando aún más en un desequilibrio con respecto a los entornos urbanos y que, sobre todo, no resuelve
los factores estructurales que están propiciando el abandono territorial.


La oleada sin precedentes de incendios sufrida este verano en gran parte de nuestro medio rural ha puesto de manifiesto que este abandono no solo repercute en cuestiones demográficas y sociales, sino que constituye en sí un factor de riesgo
en materia ambiental y de protección civil. El abandono de cultivos, las limitaciones en el desarrollo y la promoción del sector agrario, el cierre de explotaciones ganaderas y la desaparición de actividades tradicionales de mantenimiento del monte
y del paisaje, unido a la falta de relevo generacional debilitan, por un lado, la economía local del medio rural y, por otro,

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llevan a la pérdida de la gestión del territorio y la reducción de infraestructuras rurales, incrementando el riesgo de aparición y propagación del fuego.


Esta realidad revela que la lucha contra la despoblación no puede abordarse de una forma aislada, sino que está directamente vinculada a la gestión sostenible del ecosistema rural y su revitalización. Las políticas públicas estatales no han
sido capaces de generar una conexión directa entre inversión, fijación de población y protección ambiental. De hecho, la dispersión en la aplicación de las medidas, la escasa ejecución de la hoja de ruta planteada por el Gobierno y la ausencia de
una evaluación de resultados en términos de transparencia han evidenciado la dejadez del Ejecutivo en la lucha contra el reto demográfico. Porque la despoblación y los incendios forestales responden a un mismo déficit estructural: el abandono del
territorio. Es preciso emprender una verdadera política que permita convertir el reto demográfico en una herramienta necesaria, útil y transversal para crear un futuro de libertad, desarrollo social y cohesión territorial.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Implementar un marco global de actuación de lucha contra la despoblación y apuesta por el reequilibrio territorial como elementos determinantes para estructurar medidas de ámbito estatal que reviertan la situación de abandono del medio
rural.


2. Ligar la acción política y normativa del Gobierno y de la Administración General del Estado a la evaluación de su impacto en el territorio y la sociedad rural.


3. Desarrollar un Plan Nacional de Conectividad que garantice a todos los municipios del medio rural el acceso a una conexión de alta velocidad, permita tramitar en su conjunto el plan 5G de despliegue rural Único Redes Activas, acelere los
permisos de despliegue de banda ancha en los núcleos rurales y asegure la cobertura en todo el territorio para cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de conectividad de los territorios.


4. Facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de las familias que elijan vivir en el mundo rural, facilitando el cuidado de niños y mayores en aquellos municipios con menos población, implantando la gratuidad total de la
educación infantil de 0 a 3 años, y creando espacios de conciliación donde no haya escuelas infantiles.


5. Asegurar la prestación de los servicios básicos con una financiación adecuada y el despliegue de las medidas que fomenten la eficacia en su prestación y su adaptación a las necesidades del medio rural.


6. Poner en marcha un Plan Estatal de Vivienda concreto para las zonas rurales para atraer y fijar población, mediante incentivos y ayudas para la rehabilitación de inmuebles y el incremento de oferta de viviendas en los núcleos rurales.


7. Planificar actuaciones que eviten el aislamiento de los habitantes del medio rural, modernizando la red de infraestructuras viarias, desplegando un plan de choque para mejorar el servicio en la movilidad, optimizando los Fondos de
Cohesión y los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y planificando de manera coordinada con las Administraciones Públicas competentes la dotación adecuada de los nuevos mapas concesionales de servicio de transporte
regular de personas por carretera de competencia estatal y autonómica.


8. Apostar por la flexibilización de los trámites administrativos y burocráticos, facilitando la relación e interacción de los ciudadanos y empresas de los núcleos rurales con las Administraciones Públicas.


9. Establecer un plan de acción que apueste por la oferta de empleo femenino, impulse la incorporación real de la mujer en los sectores productivos tradicionales y promueva el emprendimiento femenino en el medio rural.

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10. Garantizar la atención y el despliegue prioritario de los medios necesarios para mantener las funciones sociales básicas, la seguridad y el suministro de los municipios rurales en situaciones de catástrofe o emergencia.


11. Fomentar actuaciones que promuevan la innovación del tejido productivo rural, el relevo generacional, la retención y atracción de jóvenes al medio rural.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2025.-Raquel Clemente Muñoz, Carmen Fúnez de Gregorio, Ana Isabel Alós López, César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.