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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 424, de 04/11/2025
cve: BOCG-15-D-424
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de noviembre de 2025
Núm. 424
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002651 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para honrar la memoria de Esteban Maldonado Llorente, Jesús Pascual Martín y Juan Moreno Chamorro, guardias civiles víctimas del terrorismo ...
161/002652 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para honrar la memoria de Germán Aguirre Irasuegui, víctima del terrorismo de ETA ... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la ayuda humanitaria a Sudán ... (Página10)
Comisión de Defensa
161/002633 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la declaración como profesión de riesgo al trabajo que realizan los miembros de las Fuerzas Armadas ... (Página13)
161/002657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la vertebración territorial y empleo vinculados a la defensa ... (Página15)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002660 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la tramitación urgente del Proyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas ...
Comisión de Interior
161/002637 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la criminalización de la protesta contra el genocidio del Gobierno de Israel ... (Página18)
161/002642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la implementación del subsidio por excarcelación ... (Página20)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002629 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la recuperación de las frecuencias ferroviarias con parada en la estación Porta de Galicia de A Gudiña ... (Página21)
161/002643 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al estado del proyecto de reforma de la N-120 a su paso por el municipio de Ponteareas ... (Página24)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002646 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a las horas lectivas de ciencias en primero de Bachillerato en Cataluña ... (Página26)
161/002647 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al reconocimiento y divulgación de la figura y obra de la pedagoga y política Marta Mata Garriga (1926-2006), en el centenario de su nacimiento ...
(Página29)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002632 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para el aumento del coeficiente reductor de la jubilación de los cuerpos penitenciarios ... (Página31)
161/002635 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la actualización de los umbrales de renta en los mínimos familiares y deducciones del IRPF para personas con ascendientes, descendientes o
cónyuges con discapacidad a su cargo ... (Página34)
161/002644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la coherencia en la aplicación en el derecho al asilo ... (Página35)
Comisión de Industria y Turismo
161/002611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el impulso de la actualización de la política industrial ... (Página39)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la licitación del proyecto de remodelación integral del CAMF de Guadalajara ... (Página42)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el establecimiento de bonificaciones o incentivos fiscales, en favor de los productores agrícolas y ganaderos de Lanzarote ...
Comisión de Política Territorial
161/002658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso de políticas públicas que garanticen el acceso a la cultura en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes, mediante marcos de mediación,
sostenibilidad e innovación pública ... (Página45)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002630 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la activación de los concursos en los nudos de transición justa en la provincia de León ... (Página47)
161/002650 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover la inversión en la red de transporte de electricidad y aplicar cambios en la gestión de Red Eléctrica de España ...
161/002662 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al reconocimiento de las comunidades de montes vecinales en mano común como comunidades energéticas ... (Página51)
Comisión de Cultura
161/002628 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación urgente de la Comisión Nacional del Bicentenario del fallecimiento de Goya y su declaración como acontecimiento de
excepcional interés público ... (Página55)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002653 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección y el fomento del comercio local ... (Página57)
Comisión de Sanidad
161/002631 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para promover la detección e identificación temprana de la depresión posparto en el SNS ... (Página59)
161/002636 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de los cribados de cáncer de mama ... (Página62)
161/002648 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al fortalecimiento del abordaje integral de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMID) ... (Página63)
161/002649 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre los cribados del cáncer de mama ... (Página64)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a respetar la iniciativa privada en los centros universitarios ... (Página66)
Comisión de Igualdad
161/002645 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ... (Página68)
Comisión de Juventud e Infancia
161/002638 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho al juego de la población infantil y juvenil ...
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002659 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación de una estrategia estatal para personas con grandes necesidades de apoyo ... (Página76)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002655 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la retirada de dispositivos de control de tráfico por razones de seguridad vial y ciberseguridad ... (Página78)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001424 Pregunta formulada por la Diputada Nerea Renteria Lasanta [GV (EAJ-PNV)], sobre medidas previstas para modernizar los numerosos pasos a nivel de la línea ferroviaria de Adif a su paso por Enkarterri (Bizkaia) ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/029373 Autor: Martínez Barbero, Verónica Lago Peñas, Manuel
Construcción de un nuevo dique en el puerto deportivo de Baiona y su informe de impacto ambiental ... (Página80)
184/029882 Autor: Lorente Anaya, Macarena Romaní Cantera, José Ignacio Gallardo Barrena, Pedro Ignacio Sastre Uyá, Miguel Ángel Floriano Corrales, Carlos Javier
Confirmación acerca de si se ha solicitado algún informe jurídico-diplomático sobre el riesgo que podría tener cualquier modificación en el estatus fronterizo de Gibraltar ... (Página82)
184/029993 Autor: Rego Candamil, Néstor
Publicación del acuerdo firmado entre la Corporación RTVE y Correos sobre las nuevas instalaciones en A Coruña, así como si es posible el acceso a dicho documento ... (Página83)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/002651
Proposición no de Ley ante Comisión
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez en sus respectivas condiciones de
Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para honrar la memoria de Esteban Maldonado Llorente,
Jesús Pascual Martín y Juan Moreno Chamorro, guardias civiles víctimas del terrorismo, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Esteban Maldonado Llorente, Jesús Pascual Martín y Juan Moreno Chamorro, Guardias Civiles asesinados por ETA.
El 5 de octubre de 2025 se ha cumplido el quincuagésimo aniversario del vil y cobarde asesinato de tres miembros de la Guardia Civil -Esteban Maldonado Llorente, Jesús Pascual Martín y Juan Moreno Chamorro a manos de la banda criminal
marxista y separatista ETA.
Aquel domingo 5 de octubre de 1975, una patrulla de la Guardia Civil, al mando del cabo José Gómez Castillo y compuesta por los agentes mencionados, junto al conductor Juan García Lorente, recibió la orden de dirigirse desde el puesto de
Mondragón hasta el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, en cumplimiento de su deber, para retirar una bandera separatista. Tras comprobar que la bandera no escondía ningún explosivo y retirarla, emprendieron el regreso al cuartel de Mondragón.
Sin embargo, a un kilómetro del santuario, los asesinos habían ocultado en un talud, a la derecha de la carretera, una potente carga explosiva de dinamita reforzada con trescientos tornillos, señalada con una marca roja para accionar el artefacto
justo cuando el vehículo de la Guardia Civil pasara sobre él. La bomba fue detonada mediante un mando a distancia. La explosión lanzó el vehículo a más de veinte metros, haciéndole dar numerosas vueltas de campana. En el acto, Esteban Maldonado
Llorente, Jesús Pascual Martín y Juan Moreno Chamorro,
cayeron muertos. Gravemente heridos resultaron el cabo José Gómez Castillo, de 29 años, casado y padre de un hijo, y el agente que conducía el vehículo, Juan García Lorente, de 27 años. El 10 de octubre, la banda criminal ETA reivindicó el
atentado mediante un comunicado remitido a medios de comunicación de París.
Esteban Maldonado Llorente, nacido el 3 de enero de 1955, tenía 20 años. Servía en el puesto de Mondragón, siguiendo la senda de su padre y de su hermano, también guardias civiles. Sus restos reposan en Almería, en el Cabo de Gata, la
tierra de su infancia.
Jesús Pascual Martín Lozano, nacido el 2 de junio de 1950 1, tenía 25 años cuando fue asesinado. Había ingresado en la Guardia Civil en febrero de 1975, apenas concluido el servicio militar. Aquel fatídico día no le correspondía el
servicio, pero cambió el turno para hacer un favor a un compañero.
Juan Moreno Chamorro, nacido el 8 de mayo de 1949, tenía 26 años, y estaba casado y era padre de tres hijos 2.
Segundo. El reconocimiento necesario.
El desconocimiento de estos crímenes por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada 'Ley de Memoria Democrática' que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y el separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley 'consagra como portaestandartes de la 'memoria democrática' no solo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras
organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo 3'.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
y cobarde en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones...
Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA estuvo en todo momento en el odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre
especialmente enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender la unidad de España; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad y amor a la Patria común.
Esteban Maldonado Llorente, Jesús Pascual Martín y Juan Moreno Chamorro eran guardias civiles. Hay que recordar que la Guardia Civil es un Instituto del Ejército fundado por el duque de Ahumada en 1844 cuya función primordial durante casi
dos siglos ha sido velar por la seguridad de los españoles y por el orden público. La Benemérita, como es también conocida, es una institución con un fuerte espíritu de cuerpo, en el que son especialmente apreciadas determinadas virtudes:
sacrificio, disciplina, rectitud, honradez, servicio... pero, por encima de todo, el sentido del honor y el amor a la Patria.
Los tres guardias civiles cayeron en acto de servicio, cumpliendo con su deber hacia España. Su única culpa fue la de servir con lealtad a la Patria y a los españoles. Fueron hombres de honor, conscientes del riesgo que entrañaba cada
servicio, pero firmes con su
1 https://memoria-de-vida.fundacionvt.org/victimas/jesus-pascual-martin.html
2 https://tribunabenemerita.es/index.php/terrorismo/in-memoriam/4086-esteban-maldonado-llorente
3 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124_InformeV.pdf
compromiso. Afrontaron el peligro con valor y dieron su vida por lo que defendían: el orden, la ley y la unidad nacional, todo ello presidido por el sentido del deber.
Debe subrayarse, además, que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser españoles
y defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional. De acuerdo con todo ello, cuando se están
cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus familiares; repudiar unánime y contundentemente a la
banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en acciones y en principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España como Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido destruir.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Expresa su consideración y su respeto por la memoria de los guardias civiles Esteban Maldonado Llorente, Jesús Pascual Martín Lozano y Juan Moreno Chamorro, cincuenta años después de su asesinato, y los reconoce especialmente por el
sacrificio de sus vidas al servicio de España.
2. Manifiesta su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por
otras víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025.-Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez,
Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002652
Proposición no de Ley ante Comisión
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio hoces íñiguez en sus respectivas condiciones de
Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición
no de Ley para honrar la memoria de Germán Aguirre Irasuegui, víctima del terrorismo de ETA, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Germán Aguirre Irasuegui, taxista asesinado por ETA.
El 12 de octubre de 2025 se ha cumplido el quincuagésimo aniversario del asesinato de Germán Aguirre Irasuegui por la banda criminal marxista y separatista de ETA.
El día 12 de octubre de 1975, en la localidad de Villareal de Álava, Germán Aguirre Irasuegui, hombre sencillo, trabajador y padre de familia, fue vilmente asesinado por la organización criminal ETA. A última hora de aquella jornada, se
escucharon en el pueblo varias detonaciones que los vecinos, en su buena fe, creyeron propias de las salvas con la que la Guardia Civil solía honrar a su patrona, que se celebra ese mismo día. Pero no eran salvas de júbilo, sino disparos que iban a
provocar la muerte de un hombre indefenso e inocente. Bajo ningún supuesto podían ser salvas de honor, pues el Instituto Armado se encontraba de luto a causa del asesinato de tres de sus miembros unos días antes en el santuario de Aránzazu.
Pronto, los agentes del orden descubrieron el cuerpo sin vida de Germán Aguirre, tendido en un camino sin salida, cerca del embalse de Santa Engracia. Le habían disparado tres tiros en la nuca, un crimen abyecto no fue siquiera reivindicado
por la banda terrorista en el momento. Sin embargo, años más tarde se hallaron pruebas incautadas al cabecilla etarra José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis, en las que se señalaba a la víctima por haber colaborado con las fuerzas del orden
4.El asesinato de Germán Aguirre Irasuegui no fue acto aislado o fruto del azar. Se enmarca en la estrategia criminal, diseñada por la organización terrorista ETA, que fijaba con premeditación sus objetivos y ejecutaba sus crímenes con frialdad y
vileza. No se trataba de enfrentamientos ni de errores: eran ataques cobardes, selectivos, contra hombres sencillos, trabajadores y arraigados a su tierra, cuya falta fue no plegarse al odio que se desprendía del fanatismo separatista de la
organización criminal.
Segundo. El reconocimiento necesario.
El desconocimiento de estos crímenes por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada 'Ley de Memoria Democrática' que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y el separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley 'consagra como portaestandartes de la 'memoria democrática' no solo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras
organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo' 5.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
y cobarde en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones.,.
4 https://mapadelterror.com/victims/german-aguirre-irasuegui/
5 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124_InformeV.pdf
Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente
enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender la unidad de España; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad y amor a la Patria común. Es el caso de Germán Aguirre,
vasco y español, que no quiso doblegarse ante la imposición separatista y criminal de la banda terrorista.
Debe subrayarse, en todo caso, que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser
españoles y defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional.
De acuerdo con todo ello, cuando se están cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus
familiares; repudiar unánime y contundentemente a la banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en sus acciones y en sus principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España
como Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido destruir.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su consideración y su respeto por la memoria de Germán Aguirre Irasuegui cincuenta años después de su muerte, y reconoce en su persona a tantos españoles trabajadores y padres de familia caídos como víctimas del odio homicida
de los enemigos de España.
2. Expresa su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por otras
víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025.-Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez,
Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
ayuda humanitaria a Sudán, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En 2019, una revuelta popular derrocó al dictador sudanés Omar al-Bashir, buscado por la Corte Penal Internacional por haber cometido crímenes contra la humanidad y por el genocidio en Darfur. Inicialmente, se acordó un Gobierno
civil-militar integrado por distintas sensibilidades, pero un golpe de Estado militar en 2021 y el estallido de la guerra entre el ejército y diversas milicias en 2023 dinamitaron la transición democrática y la celebración de las elecciones
previstas.
La guerra en Sudán ha supuesto la crisis de desplazamiento humanitario más grave del mundo. Hasta septiembre de 2025, ha provocado unos 12 millones de personas desplazadas,incluidos 4 millones que se han visto forzados a abandonar el país
6. 25 millones de personas, tres veces la población de Cataluña, se encuentran en una situación de hambruna de emergencia, de los cuales 16 millones son niños 7.
Durante estos años, se han sucedido las masacres contra población civil inocente, que han dejado cientos de miles de muertos. Un ejemplo trágico es la ciudad de El Fasher, en Darfur del Norte, donde los 260 000 ciudadanos que quedan, 130
000 de los cuales niños, llevan 500 días sometidos a un asedio feroz y sin acceso a ayuda humanitaria 8.
Es especialmente preocupante la vuelta al orden del día de violencia étnica. En noviembre de 2024, 800 personas de la etnia masalit fueron asesinadas en pocos días en la ciudad de Ardamata, en Darfur Occidental. El Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, advirtió que la violencia en Darfur y Jartum recuerda al genocidio de Darfur durante el que se asesinaron a 300 000 personas entre 2003 y 2005. Una opinión compartida por la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional.
También se han generalizado crímenes atroces contra mujeres y niñas. Human Rights Watch ha documentado decenas de agresiones sexuales en grupo a mujeres de entre 7 y 50 años en la ciudad de Habila y la región de Kordofán del Sur, en el sur
del país. Unas denuncias reconocidas por el propio Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.
Los desastres naturales y las enfermedades han agravado una situación ya dramática. Los deslizamientos de tierra del 2 de septiembre y las inundaciones de julio provocaron la muerte de miles de personas y arrasaron docenas de pueblos.
Médicos Sin Fronteras ha documentado el peor brote de cólera en muchos años en el país, con 96 000 casos y al menos 2400 muertos 9.
Así pues, la situación combina un alto nivel de incumplimiento del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, evocativo de décadas de guerra civil, con una emergencia humanitaria alarmante. Ya en 2023, el entonces director de
la oficina de asuntos humanitarios de la ONU calificó a Sudán como una de las peores catástrofes humanitarias de la historia reciente 10.
6 https://data.unhcr.org/en/situations/sudansituation
7 https://www.wfp.org/emergencies/sudan-emergency
8 https://www.unicef.org/press-releases/after-500-days-under-siege-children-sudans-al-fasher-face-starvation-mass
9 Ídem.
10 https://abcnews.go.com/International/sudan-now-worst-huirianitaNan-nightiTiaresrecenthistory/story?id=104173197
Pese a este panorama, el conflicto no está recibiendo la atención internacional que la emergencia del caso requiere.
Por un lado, los Estados no están aportando los 4200 millones de dólares que las Naciones Unidas estima como mínimo para 2025 para atender a los más de 20 millones de personas en riesgo de hambre extrema. La falta de recursos ha obligado al
Programa Mundial de Alimentos a reducir las raciones diarias hasta en un 30 % en las zonas con mayor riesgo de hambre. La operativa es especialmente difícil por la violencia a la que se exponen los trabajadores humanitarios, con episodios como el
asesinato, el pasado 3 de junio, de cinco miembros de un convoy que proporcionaba alimentos a Darfur.
Por otro lado, el conflicto ha sido cronificado por la injerencia externa de actores como el Grupo Wagner, vinculado al régimen de Putin. También se ha acusado a Emiratos Árabes Unidos de reexportar armamento chino hacia Sudán, lo cual
viola el embargo de armas de las Naciones Unidas y alimenta la violencia armada. Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente esta situación, que el Gobierno de Sudán ha llevado a la Corte Internacional de Justicia por complicidad en
genocidio.
España ha impuesto el visado de tránsito a las personas solicitantes de asilo procedentes de Sudán, lo cual hace casi imposible que alcancen esta protección internacional y cierra una de las pocas vías seguras para llegar a Europa. De
hecho, tan solo 145 personas pudieron solicitar asilo en España en 2024.
Por todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Impulsar, en el marco de la Unión Europea, iniciativas de apoyo a una tregua humanitaria, primero, y un alto al fuego después, en Sudán, en la línea de lo solicitado por Estados Unidos, Arabia Saudí y otros actores regionales. Estas
iniciativas deben situar en el horizonte un marco de transición democrática hacia un Gobierno civil escogido por la ciudadanía.
2. Detener la venta de armas a Emiratos Árabes Unidos hasta que se demuestre que cumple con el embargo de armas hacia Darfur, así como investigar envíos ilegales de armas por parte de otros Estados que siguen alimentando el conflicto.
3. Impulsar, en el marco de las Naciones Unidas, un paquete de ayuda humanitaria urgente para Sudán, en respuesta a las peticiones del Programa Mundial de Alimentos y de las agencias sobre el terreno.
4. Impulsar, también en el marco de las Naciones Unidas, una respuesta internacional de protección a la población civil de Sudán, con especial atención a mujeres, niños y niñas y ofreciendo servicios integrales a las víctimas de violencia
sexual.
5. Multiplicar la ayuda de 1,5 millones anunciada por parte del Gobierno el pasado mes de abril de 2025 destinada a ayudar a la población civil de Sudán.
6. Facilitar los procesos de protección internacional para la población civil que se vea obligada a salir del país, estableciendo vías legales y seguras de acceso al procedimiento de protección subsidiaria en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputat Francesc-Marc Álvaro i Vidal, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre l'ajuda
humanitària al Sudan per al seu debat en la Comissió d'Afers Exteriors.
Exposició de motius
El 2019, una revolta popular va enderrocar el dictador sudanès Omar al-Bashir, buscat pel Tribunal Penal Internacional per haver comès crims contra la humanitat i pel genocidi a Darfur. Inicialment es va acordar un govern civil-militar
integrant diferents sensibilitats, però un cop d'estat militar el 2021 i l'esclat de la guerra entre l'exèrcit i diverses milícies el 2023 van dinamitar la transició democràtica i la celebració de les eleccions previstes.
La guerra al Sudan ha suposat la crisi de desplaçament humanitari més greu del món. Fins a setembre de 2025, ha provocat uns 12 milions de persones desplaçades, 4 milions dels quals s'han vist forçats a abandonar el país 11. 25 milions de
persones, tres vegades la població de Catalunya, es troben en una situació de fam d'emergència, 16 milions dels quals nens 12.
Durant aquests anys s'han succeït les massacres contra població civil innocent, que han deixat centenars de milers de morts. Un exemple tràgic n'és la ciutat d'Al Fasher, a Darfur del Nord, on els 260.000 ciutadans que hi queden, 130.000
dels quals nen, porten 500 dies sotmesos a un setge ferotge i sense accés a ajuda humanitària 13.
És especialment preocupant el retorn a l'ordre del dia de violència ètnica. El novembre de 2024, 800 persones de l'ètnia Masalit van ser assassinades en pocs dies a la ciutat d'Ardamata, a Darfur Occidental. L'Alt Comissari de Nacions
Unides per als Refugiats, Filippo Grandi, va advertir que la violència a Darfur i Karthum recorda al genocidi de Darfur durant el qual es van assassinar 300.000 persones entre 2003 i 2005. Una opinió compartida per la fiscalia del Tribunal Penal
Internacional.
També s'han generalitzat crims atroços contra dones i nenes. Human Rights Watch ha documentat desenes d'agressions sexuals en grup a dones d'entre 7 i 50 anys a la ciutat d'Habila i la regió de Kordofan del Sud, al sud del país. Unes
denúncies reconegudes pel propi secretari general de Nacions Unides, António Guterres.
Els desastres naturals i les malalties han agreujat una situació ja dramàtica. Les esllavissades del 2 de setembre i les inundacions del juliol van provocar la mort de milers de persones i van arrasar dotzenes de pobles. Metges sense
fronteres ha documentat el pitjor brot de còlera en molts anys al país, amb 96000 casos i almenys 2400 morts 14.
La situació, doncs, combina un alt nivell d'incompliment amb el dret internacional humanitari i els drets humans, evocatiu de dècades de guerra civil, amb una emergència humanitària alarmant. Ja el 2023, el llavors director de l'oficina
d'assumptes humanitaris de l'ONU va qualificar el Sudan com una de les pitjors catàstrofes humanitàries de la història recent 15.
Malgrat aquest panorama, el conflicte no està rebent l'atenció internacional que l'emergència del cas requereix.
Per un costat, els estats no estan aportant els 4.200 milions de dòlars que Nacions Unides estima com a mínim per aquest 2025 per atendre els més de 20 milions de persones en risc de fam extrem. La falta de recursos ha obligat el Programa
Mundial d'Aliments a reduir les racions diàries fins a un 30 % en les zones amb major risc de fam. L'operativa és especialment difícil per la violència a la qual s'exposen els treballadors humanitaris, amb episodis com l'assassinat el passat 3 de
juny de cinc membres d'un comboi que proporcionava aliments a Darfur.
Per altra banda, el conflicte ha estat cronificat per la ingerència externa d'actors com el Grup Wagner, vinculat al règim de Putin. També s'ha acusat els Emirats Àrabs Units de re-exportar armament xinès cap al Sudan, violant l'embargament
d'armes de Nacions Unides i alimentant la violència armada. Amnistia Internacional ha denunciat repetidament aquesta situació, que el govern del Sudan ha portat al Tribunal Internacional de Justícia per complicitat amb un genocidi.
L'Estat espanyol ha imposat el visat de trànsit a les persones demandants d'asil procedents de Sudan, fent gairebé impossible que assoleixin aquesta protecció
11 https://data.unhcr.org/en/situations/sudansituation
12 https://www.wfp.org/emergencies/sudan-emergency
13 https://www.unicef.org/press-releases/after-500-days-under-siege-children-sudans-al-fasher-face-starvation-mass
14 Idem
15 https://abcnews.go.com/International/sudan-now-worst-humanitarian-nightmares-recenthistory/story?id=104173197
internacional i tancant una de les poques vies segures per arribar a Europa. De fet, tan sols 145 persones van poder sol·licitar asil a Espanya el 2024.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Impulsar en el marc de la Unió Europea iniciatives de suport a una treva humanitària, primer, i un alto al foc després, al Sudan, en la línia del demanat pels Estats Units, Aràbia Saudita i altres actors regionals. Aquestes iniciatives
han de situar a l'horitzó un marc de transició democràtica cap a un govern civil escollit per la ciutadania.
2. Aturar la venda d'armes als Emirats Àrabs Units fins que es demostri que compleix amb l'embargament d'armes cap a Darfur, així com investigar enviaments il·legals d'armes per part d'altres estats que segueixen alimentant el conflicte.
3. Impulsar, en el marc de Nacions Unides, un paquet d'ajuda humanitària urgent al Sudan, responent a les peticions del Programa Mundial d'Aliments i les agències sobre el terreny.
4. Impulsar, també en el marc de Nacions Unides, una resposta internacional de protecció a la població civil del Sudan, amb especial atenció a dones, nens i nenes i oferint serveis integrals a les víctimes de violència sexual.
5. Multiplicar l'ajuda d'1,5 milions anunciada per part del Govern espanyol el passat mes d'abril de 2025 destinada a ajudar la població civil del Sudan.
6. Facilitar els processos de protecció internacional per a la població civil que es vegi obligada a sortir del país, establint vies legals i segures d'accés al procediment de protecció subsidiària a Espanya.'
Congrés dels Diputats, a 24 octubre de 2025.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
Comisión de Defensa
161/002633
A la Mesa de la Comisión de Defensa
D. Alberto Catalán Higueras, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de ley relativa a la declaración como Profesión de Riesgo al trabajo que realizan los miembros de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El servicio que prestan las Fuerzas Armadas es fundamental en nuestra democracia para garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
La primera regla esencial del comportamiento militar queda establecida en el artículo 6.1, de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas: 'La disposición permanente para defender a
España, incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario, constituye su primer y más fundamental deber'.
En el año 2020 se aprobó una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en la que se instaba al Gobierno a 'realizar los estudios e informes necesarios para evaluar y posibilitar la declaración de los policías locales como
profesión de riesgo y su condecoración y derecho, como el resto de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, al reconocimiento de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia en actos de servicios'. El reconocimiento como profesión de riesgo de la de los miembros de las Fuerzas
Armadas sigue sin estar ni tan siquiera planteado.
Ya previamente, el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local, entre
otras ventajas y reconocimientos supuso un coeficiente reductor a la hora de alcanzar la jubilación a los 59 años con el 100% de retribuciones, que beneficia a más de 60.000 policías locales.
Los miembros de las Fuerzas Armadas ingresados con anterioridad a 1 de enero de 2011 están incluidos en el Régimen de Clases Pasivas y los que lo hicieron posteriormente en el Régimen General de la Seguridad Social. Son importantes las
diferencias entre ambos regímenes y apenas se considera la especificidad, singularidad y riesgo de la profesión militar respecto al resto de empleados públicos. En este sentido se publicó el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre
procedimiento condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el
Régimen General de la Seguridad Social. En este caso se mejoraron las prestaciones a los militares del Régimen General de la Seguridad Social igualándolas con aquellos del Régimen de Clases Pasivas.
En el caso de las pensiones de jubilación o retiro a causa de la edad ocurre, especialmente en los subgrupos retributivos C2 (Tropa no permanente), C1 (Tropa permanente) y A2 (Suboficiales), que son más elevadas en el Régimen General de la
Seguridad Social. En Clases Pasivas, cada subgrupo está limitado por su correspondiente haber regulador mientras que en Seguridad Social hay una base máxima de cotización idéntica para todos los subgrupos, de tal forma que en este régimen el
trabajador cotiza por el total de retribuciones que percibe. Así, un empleado público C1 de Seguridad Social puede llegar a percibir de pensión más de 7.000 anuales más que su equivalente en Clases Pasivas (con igual tiempo de servicio).
La misma reciprocidad que estableció el citado Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, para determinadas prestaciones debería promoverse para las pensiones de jubilación o retiro por edad de los miembros de las Fuerzas Armadas incluidos
en Clases Pasivas, mediante una disposición legal que permita a estos militares la cotización por todas las remuneraciones percibidas o un haber regulador incrementado como ya disfrutan otros colectivos de Clases Pasivas (Disposiciones adicionales
primera y cuarta del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado).
El Régimen General de la Seguridad Social permite la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores por razón de la actividad profesional cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y
acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. La actividad profesional del militar o profesión militar no tiene este reconocimiento, por lo que los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden acogerse a los-coeficientes reductores.
Por otro lado, en el Régimen de Clases Pasivas no existen coeficientes reductores, si bien permite la jubilación anticipada a los 60 años y al menos 30 años de servicios, pero implica una pérdida de pensión del 18,27% a no ser que se tengan
35 años de servicio.
En las Fuerzas Armadas se realizan actividades profesionales que están reconocidas con coeficientes reductores en Seguridad Social como puede ser el desempeñado por el personal de vuelo, bomberos, buceadores y aquellos que realizan trabajos
a bordo de buques y embarcaciones. Ostentar la condición militar impide el reconocimiento de los coeficientes reductores correspondientes. Así a un piloto no militar se le reconoce un coeficiente del 0,40 y a otros tripulantes aéreos el 0,30; a
un bombero el 0,20; a un buceador no embarcado el 0,15 y al personal embarcado el 0,30 0 superior.
La de los miembros de las Fuerzas Armadas no está incluida como profesión de riesgo por el Estado, sin embargo, por ejemplo, se les penaliza a la hora de contratar un seguro de
vida, al tener que pagar más por desempeñar su puesto de trabajo militar, y a menudo con exclusiones referidas a su participación en operaciones y misiones en el extranjero.
Es de sentido común considerar la de los miembros de las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo igual que sucede con otras profesiones así reconocidas en España (trabajadores incluidos en el Estatuto Minero, personal de vuelo en trabajos
aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos, miembros de la Ertzaintza y Policías Locales) así como modificar el Régimen de Clases Pasivas para reconocer las peculiaridades y riesgos al ejercer su profesión
igualando sus pensiones de retiro o jubilación por años de servicio con policías locales, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policías Forales (Régimen General de la Seguridad Social).
Igualmente hay que tener en cuenta la degradación de las condiciones de calidad de vida y la peligrosidad en el desarrollo profesional del militar, que conlleva que, según estadísticas del Ministerio de Defensa entre 2011 y 2022, cada 2 días
hubo un militar herido o accidentado en acto de servicio, cada 3 días un militar fue declarado apto con limitaciones como consecuencia de un accidente en acto de servicio, cada 9 días se retiró un militar como consecuencia de un accidente en acto de
servicio y cada 22 días falleció un militar en acto de servicio.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de ley
'La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Declarar como Profesión de Riesgo el trabajo que realizan los miembros de las Fuerzas Armadas.
2. Realizar las modificaciones oportunas en el Régimen de Clases Pasivas que permitan la aplicación de'coeficientes reductores al personal militar.
3. Establecer una disposición legal que permita a los militares incluidos en el Régimen de Clases Pasivas la cotización por todas las remuneraciones percibidas o un haber regulador incrementado como ya disfrutan otros colectivos de Clases
Pasivas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.-Alberto Catalán Higueras, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la vertebración territorial y empleo vinculado a la defensa, para su debate
en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Bien podemos considerar a la Industria de Defensa en España como un elemento crucial en la Base Industrial y Tecnológica de nuestro país. Contribuye, no solo al bienestar económico y al empleo, sino que también proporciona capacidades de
seguridad y defensa nacional a nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndole, así, en un bien estratégico.
Así, la Industria Española de Defensa, además de ser un sector estratégico para la economía, constituye un elemento esencial en el proceso de obtención y mantenimiento de las capacidades militares que nuestras Fuerzas Armadas precisan para
el cumplimiento de las misiones que tienen asignadas, garantizando de este modo intereses esenciales de la defensa tales como la seguridad de suministro, seguridad de la información y autonomía de acción.
Una de las características de la Industria de Defensa es su marcada tendencia innovadora, lo que implica asignar recursos significativos a actividades de investigación, desarrollo e
innovación. Dicha investigación y desarrollo se suelen centraren la creación de productos específicos para las necesidades operativas y requerimientos técnicos de nuestras FAS, suponiendo tales inversiones altos costos fijos y un largo
período de maduración.
Sin lugar a duda, nuestra Industria de Defensa es un claro motor de desarrollo hacia una industria innovadora, próspera y competitiva, siendo también un importante factor de vertebración del territorio y de generación de empleo de alta
calidad. Por todo ello es necesario trabajar por la consolidación de la Industria de Defensa favoreciendo su posicionamiento, tanto nacional como internacional en un mercado altamente competitivo.
Patente es el esfuerzo y el compromiso por parte del Ministerio de Defensa para caminar hacia la autonomía estratégica e impulsar la industria española, cuyo potencial y calidad está fuera de toda duda. Este Gobierno, y especialmente el
Ministerio de Defensa, está firmemente comprometido con el desarrollo vinculado al territorio, la vertebración a través de distintos corredores industriales y en colaboración con las instituciones y las universidades, para contar con la mejor
formación y empleo de calidad y cualificación. Es una apuesta decidida por la cohesión territorial, así como un compromiso con la generación de empleo de calidad en lugares con desequilibrio poblacional.
Y es que hemos de recordar que la inversión en Defensa es una inversión responsable, seria y prudente. Con dicho esfuerzo inversor en Defensa podemos trabajar a favor de la paz, libertad, seguridad y valores democráticos; seguir impulsando
las capacidades de nuestras FAS, así como la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa.
La financiación de la Defensa, entendida como inversión y no como gasto, pretende contribuir a la autonomía estratégica y a la Europa de la Defensa, consolidando una base industrial y tecnológica de la defensa competitiva y sostenible capaz
de proporcionar a la FAS españolas los medios más adecuados.
Esta labor de gestión e inversión en nuestra industria de defensa es fundamental para crear empleo, generar riqueza, prosperidad, y cohesión tanto social como territorial. Dicha inversión mejora y potencia el tejido productivo, la I+D+, así
como la competitividad de las empresas, creando un importante efecto tractor para las industrias del sector.
Este Gobierno y el Ministerio de Defensa están firmemente comprometidos con el desarrollo vinculado al territorio, la vertebración a través de distintos corredores industriales y en colaboración con las instituciones y las universidades,
para contar con la mejor formación y empleo de calidad y cualificación. Y esto, por lo tanto, redunda en la creación de cientos de empleos vinculados a estos corredores, llevando de su mano un impulso para los servicios o el comercio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Maximizar el rendimiento de la inversión en Seguridad y Defensa, potenciando una política industrial de defensa que genere empleo y cohesión territorial, que desarrolle capacidades tecnológicas duales y que potencie la inversión en l+D+i a
la vez que proporciona certidumbre y visibilidad a las empresas del sector;
- Que continué poniendo a disposición de nuestras Fuerzas Armadas las capacidades necesarias para el cumplimiento de las misiones que tienen asignada, sin olvidar el fortalecimiento de la industria nacional, su promoción nivel internacional,
avanzando en la soberanía estratégica de nuestra Seguridad y Defensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025. -María Adrio Taracido, Manuel Arribas Maroto, María Carmen Castilla Álvarez, Ana Cobo Carmona, Luc Andre Diouf Dioh, María Montserrat García Chavarría, Caridad Rives Arcayna,
Javier Rodríguez Palacios, José Antonio Rodríguez Salas, Víctor Javier Ruiz de Diego, María Carmen Sánchez Díaz y Obdulia Taboadela Álvarez, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la tramitación urgente del Proyecto de Ley de Medidas Excepcionales de
Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de septiembre, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, por el que el Estado
asumirá 83.252 millones de euros de deuda autonómica. Se trata de una medida histórica que beneficiará a todas las comunidades autónomas, reducirá el pago de intereses y permitirá destinar más recursos a los servicios públicos fundamentales: la
educación, la sanidad y los servicios sociales.
La propuesta es posible gracias a la buena situación económica y financiera de España, que ha permitido reducir el déficit y la deuda pública, aumentar el empleo y garantizar la estabilidad presupuestaria. En este contexto, la condonación
parcial de la deuda autonómica constituye un acto de responsabilidad institucional, que refuerza la autonomía política y financiera de las comunidades y consolida el Estado del bienestar.
Durante la pasada década, el sobreendeudamiento autonómico se originó por los mecanismos de financiación del Gobierno del Partido Popular, que ofreció préstamos con intereses a las comunidades en plena crisis mientras aprobaba una amnistía
fiscal para defraudadores. Aquella política impuso una carga financiera injusta a los territorios que mantuvieron los servicios públicos esenciales. Este anteproyecto corrige ese desequilibrio, reconociendo especialmente el esfuerzo de las
comunidades infrafinanciadas o con mayor compromiso fiscal.
La condonación se ha diseñado con criterios técnicos, objetivos y transparentes, sin sesgos políticos ni agravios territoriales. De hecho, siete de cada diez euros condonados beneficiarán a comunidades gobernadas por el Partido Popular,
siendo Andalucía la que recibirá la mayor condonación total (18.791 millones), la Comunitat Valenciana la que más percibirá por habitante ajustado (2.284 euros) y Canarias la que verá reducido en mayor proporción su endeudamiento (50 %).
La medida es plenamente compatible con la futura reforma del sistema de financiación autonómica, a la que contribuye aliviando las cargas financieras y nivelando el punto de partida de las comunidades. No altera la deuda total del Estado ni
supone un riesgo fiscal, pero sí representa un salto cualitativo en la cohesión territorial y la estabilidad presupuestaria.
En un momento en que algunos gobiernos autonómicos, como la comunidad de Andalucía, anuncian recortes o ajustes presupuestarios que afectarían a servicios esenciales, resulta inaplazable dotara las comunidades del margen financiero necesario
para evitarlos. Retrasar esta medida supondría mantener la desigualdad y renunciar a una oportunidad de fortalecer el Estado autonómico.
Por todo lo expuesto y en coherencia con los principios de autonomía, solidaridad y responsabilidad financiera, el Congreso de los Diputados debe instar al Gobierno a tramitar con carácter de urgencia este proyecto de ley, que cuenta con
amplio respaldo técnico y político y que beneficiará a la ciudadanía en su conjunto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar y remitir al Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, que permitirá la asunción por parte del Estado de hasta 83.252
millones de euros de deuda autonómica, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo.
2. Garantizar un procedimiento transparente, de carácter voluntario y en igualdad de condiciones para que el Estado asuma esa deuda autonómica.
3. Impulsar paralelamente la reforma del sistema de financiación autonómica, de modo que el nuevo marco refuerce la suficiencia, la equidad y la corresponsabilidad fiscal de todas las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025.-Juan Antonio González Gracia, José Luis Aceves Galindo, Alejandro Soler Mur, Juan Carlos Jerez Antequera, Alicia Álvarez González, José Losada Fernández, Pablo Antuñano Colina,
Gabriel Cruz Santana, Luis Alfonso Rey de las Heras, María Carmen Sánchez Díaz y Marta Trenzano Rubio, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/002637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley sobre la criminalización de la protesta contra el genocidio del Gobierno de Israel, para su tramitación en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Las acciones que está llevando a cabo el Gobierno de Israel contra la población en Gaza constituyen violaciones graves del derecho internacional humanitario que podrían ser calificadas como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e
incluso actos de genocidio, conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Entre ellas, el uso del hambre como arma de guerra, tipificado en el artículo
8.2.b.xxv del Estatuto de Roma; los ataques sistemáticos contra la población civil como actos inhumanos generalizados, en su artículo 7; y la imposición deliberada de condiciones de vida dirigidas a destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico o religioso, en el artículo II.b de la Convención sobre el Genocidio.
En este contexto de graves violaciones de derechos humanos, la sociedad española no ha mirado para otro lado y ha mostrado su rechazo a la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta a España 2025, la cual concluyó después de que
masivas protestas pacíficas pro-Palestina obligaran a suspender la etapa final en Madrid.
Con anterioridad, el público español ya se había manifestado a lo largo de todo el recorrido, en un intento de evitar la normalización deportiva del conflicto a través de la participación de un equipo ciclista, como el Israel-Premier Tech,
utilizado para blanquear el grave genocidio que el Gobierno de Israel está ejecutando en Gaza.
La sociedad española ha dado un gran ejemplo al mundo de hasta dónde se puede llegar ejerciendo el derecho a la manifestación pacífica masiva, entendiendo el derecho a la protesta como una expresión legítima de solidaridad y preocupación
humanitaria, logrando la visibilidad del conflicto y del genocidio perpetrado por Israel en una de las principales citas deportivas del año.
Estos hechos no han pasado desapercibidos para numerosos medios internacionales, que han elogiado que las manifestaciones hayan abierto el debate sobre si es apropiado que equipos vinculados a Estados con acusaciones graves de violaciones de
derechos humanos compitan en grandes eventos deportivos.
Igualmente, resaltan que la protesta ha logrado llamar la atención internacional, usar la Vuelta como plataforma mediática para amplificar la voz de quienes denuncian los terribles crímenes que se están cometiendo en Gaza, destacándose que
no es sólo una manifestación local, sino que se ha insertado en un debate más amplio sobre derechos humanos, responsabilidad internacional y ética deportiva.
Además, estas protestas también pueden forzar a organismos deportivos (como la UCI) a reconsiderar sus políticas de participación, tolerancia versus boicot o sanciones, hechos que podrían marcar importantes precedentes.
Pese a todo eso, apenas tres días después del final de la Vuelta hemos conocido que la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte ha propuesto este miércoles sanciones de entre 3.000 y
4.000 euros a 17 personas implicadas en las protestas pro-Palestina.
Además de las consecuencias económicas, la sanción también conllevaría la prohibición de acceso a cualquier evento deportivo durante un periodo de seis meses. Tales procedimientos administrativos se habrían iniciado a partir de las
identificaciones que la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron en diferentes tramos de la etapa 12 (de Laredo a Los Corrales de Buelna, en Cantabria), la etapa 14 (de Avilés al Alto de La Farrapona, en Asturias) y la etapa 15 (de Vegadeo a
Monforte de Lemos, en Galicia), entre otras.
Junto a ello, hay que recordar que ya en la Vuelta de la pasada edición del año 2024 se produjeron protestas solidarias y pacíficas contra el genocidio en Gaza, en las que numerosos manifestantes portaron banderas de Palestina que fueron
retiradas por orden de la Policía Nacional, con imposición de multas económicas a los manifestantes, sin que, salvo error, a día de hoy, se hayan dejado sin efecto.
En concreto, el domingo 8 de septiembre de 2024 se celebró la final de la 79.ª edición de la Vuelta ciclista, concluyendo también en su etapa final en la ciudad de Madrid. Entre los asistentes, se encontraban varios grupos de personas que
ondeaban banderas y pancartas a favor del pueblo palestino y en solidaridad y apoyo con la resistencia ante el genocidio del Gobierno de Israel, así como también banderas republicanas.
Miembros de la Policía Nacional se acercaron a estos grupos de manifestantes y procedieron a identificarles, simplemente por el hecho de portar dichas banderas y pancartas, y les obligaron a su retirada -hecho que en cambio no sucedió con
otro tipo de banderas, como fue el caso de las banderas israelíes-, además de obligarles a estar en una zona más escondida, lejos de las vallas publicitarias y del recorrido de la carrera. Estos hechos sucedieron principalmente en la calle Gran
Vía, pero también en otras zonas de Madrid como el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, y Hortaleza.
Como resultado de estas identificaciones, hemos conocido que varios de estos manifestantes identificados por la Policía Nacional han sido sancionados por, supuestamente, 'no seguir las indicaciones de los agentes'.
Estos graves precedentes no pueden ser percibidos sino como una intolerable muestra de criminalización de las protestas en solidaridad con el pueblo de Palestina bajo amenaza de sanción económica, lo que repercute en gran medida sobre los
derechos de manifestación y expresión de la población, existiendo un señalamiento particular a las banderas, chapas y pancartas que protestan contra el genocidio sobre Gaza.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a cesar en la criminalización de las protestas pacíficas en solidaridad con el pueblo de Palestina, absteniéndose de incoar y/o tramitar expedientes de naturaleza sancionadora como consecuencia de las citadas
protestas durante todo el recorrido de la Vuelta a España en su edición de 2025; así como, mediante el procedimiento administrativo de revisión de oficio, u otro que se considere oportuno, anule y deje sin efecto alguno las multas y sanciones
impuestas a los y las manifestantes durante las protestas solidarias y pacíficas contra el genocidio en Gaza durante la pasada Vuelta a España del año 2024.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002642
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la implementación del subsidio por excarcelación,
para su debate y aprobación en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, ha supuesto importantes
cambios en la Ley General de la Seguridad Social y, concretamente, en la regulación del subsidio por desempleo cuyos beneficiarios se regulan en el artículo 274.
El apartado 2 del artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social establecía que eran beneficiarios del subsidio por excarcelación las personas liberadas de prisión que reunieran una serie de requisitos y no tuvieran derecho a la
prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad hubiera sido por tiempo superior a seis meses. Se entendían comprendidos en dicha situación a los menores liberados de un centro de internamiento en el que hubieran sido ingresados como
consecuencia de la comisión de hechos tipificados como delito, siempre que, además de haber permanecido privados de libertad por el tiempo antes indicado, en el momento de la liberación fueran mayores de dieciséis años, y a las personas que hubiesen
concluido un tratamiento de deshabituación de su drogodependencia, siempre que el mismo hubiera durado un periodo superior a seis meses y la persona hubiera visto remitida su pena privativa de libertad en aplicación de lo previsto en el artículo 87
del Código Penal.
El artículo segundo del Real Decreto Ley 2/2024 ha derogado dicho apartado del artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social, derogando así el derecho de esas personas a ser beneficiarías del subsidio por excarcelación. El subsidio
por excarcelación se podía tramitar de forma ágil y sencilla, y era una herramienta necesaria para las personas puestas en libertad en su proceso de reinserción social. Tras la reforma, la única alternativa que se deja a estas personas es solicitar
el ingreso mínimo vital, una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas o familias que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
Las personas que han pasado un periodo privadas de libertad han vivido durante un tiempo en un mundo completamente analógico, por lo que carecen en muchos casos de herramientas para gestionar telemáticamente la solicitud del ingreso mínimo
vital, habiendo una brecha digital insalvable. La falta de citas disponibles en las oficinas de la Seguridad Social impide que estas personas puedan acudir presencialmente para solicitar esta prestación, cuya resolución además puede tardar
alrededor de un año frente al mes o dos meses que tardaba en resolverse el subsidio por excarcelación.
El acceso a la protección social constituye un derecho fundamental reconocido tanto en nuestra Carta Magna como en los tratados internacionales ratificados por el Estado. La excarcelación no debe suponer la pérdida automática de este
derecho, especialmente cuando la persona se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Diversos estudios criminológicos demuestran que el apoyo económico y social inmediato tras la excarcelación reduce significativamente las tasas de reincidencia. El subsidio actúa como red de seguridad que permite a la persona concentrarse
en su proceso de reinserción laboral y social.
La reinserción social efectiva constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho y requiere herramientas específicas que faciliten este proceso. El subsidio por excarcelación representa una inversión en cohesión social y prevención de
la delincuencia que beneficia al conjunto de la sociedad.
La eliminación de esta prestación supone un retroceso en las políticas de reinserción y puede generar consecuencias negativas tanto para las personas afectadas como para la seguridad ciudadana en general.
Por todo lo expuesto, consideramos que la derogación del subsidio por excarcelación a las personas liberadas de prisión es un retroceso de derechos de personas que además se encuentran en una situación muy vulnerable, habiéndose eliminado
una herramienta esencial para su reinserción. Desde el GP Plurinacional Sumar defendemos la inclusión social de todas las personas, y consideramos justa y necesaria una política de inserción social y laboral que posibilite que las personas
liberadas de prisión tengan acceso a unos recursos suficientes que les permitan reconstruir sus vidas.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Que se abra un proceso de consulta con expertos en reinserción social, criminología y organizaciones especializadas que evalúe el impacto social y económico de la supresión de esta prestación.
2. Tomar las medidas legislativas necesarias en el ámbito de la normativa de la seguridad social para garantizar la protección social de las personas en proceso de reinserción tras el cumplimiento de condena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002629
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara en vigor, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la
recuperación de las frecuencias ferroviarias con parada en la Estación Porta da Galiza de A Gudiña, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Hasta el 9 de junio, la Estación Porta da Galiza en A Gudiña contaba con una parada con cuatro frecuencias diarias que permitían desplazarse a la Meseta y cinco para viajar hasta Ourense, de lunes a viernes, además de tres en cada sentido
los fines de semana, sábados y domingos, en el AVE.
Sin embargo, en dicha fecha, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible eliminó gran parte de las paradas de la estación de A Gudiña, quedando solo tres en cada sentido y dejándolas en dos los domingos. Esta remodelación ha
supuesto la eliminación de 16 servicios ferroviarios semanales en A Gudiña, un recorte que afecta a un gran número de personas usuarias en esa comarca, pero también de las localidades vecinas de Galicia y de Zamora.
La reducción de servicios en la estación se ve agravada por el hecho de que uno de los trenes suprimidos era el madrugador que permitía llegar a primera hora de la mañana a Madrid y regresar a última hora de la tarde, así como, en sentido
contrario, hacer lo mismo en Ourense.
Con la reorganización de Renfe, A Gudiña ya no cuenta con los trenes de las 8:28 y de las 9:14. Únicamente se mantiene el servicio de media mañana de las 12:08. Por la tarde se ha suprimido el servicio de las 19:27 horas, quedando en
servicio únicamente los trenes de las 15:34 y de las 17:45.
En sentido contrario, desde Madrid, A Gudiña se ha quedado sin la parada de los servicios que salían de Madrid a las 6:15 (se ha retrasado hasta las 8:25) y el último se ha adelantado a las 18:06 (anteriormente era a las 19:27).
Esta reorganización y recorte de frecuencias con paradas en A Gudiña está perjudicando a los habitantes de las comarcas de Valdeorras y Verín y afecta también a las comarcas limítrofes de Zamora, que se han quedado sin esos servicios de
trenes madrugadores y de última hora de la tarde que les permitían realizar gestiones laborales, tratamientos hospitalarios y otros trámites en el mismo día. Sin contar que además daba margen para conectar con otros trenes en dirección a otros
puntos del Estado.
Cabe destacar que la comarca de Valdeorras sufre un importante déficit de servicios ferroviarios, por lo que la supresión de estas paradas se suma a los limitados, casi nulos, servicios en la línea Ourense-Ponferrada-León y entre O Barco y
Ourense, evidenciando la falta de servicios ferroviarios adecuados a las necesidades de movilidad.
Por esta razón, es necesario reforzar los servicios ferroviarios en un área donde este medio de transporte puede jugar un papel importante para la movilidad, como quedó patente en las concentraciones y manifestaciones que tuvieron lugar el
pasado 2 de agosto.
Debe revisarse esta decisión para adoptar medidas que promuevan la cohesión territorial y den respuesta a las necesidades y demandas sociales de incrementar los servicios ferroviarios y las frecuencias en esta comarca, un área claramente
deficitaria de este medio de transporte sostenible, donde actualmente no existen otras alternativas.
El propio Ministerio reconoce que el número de viajeros y viajeras ha aumentado un 40 % en la conexión Galicia-Madrid y que incluso ha aumentado en la parada de Sanabria, por lo tanto, la conclusión es evidente, el tren tiene demanda y
usuarios si existe un servicio adecuado.
Con independencia de que el AVE sea un servicio comercial, se debe garantizar que también cumpla una función de conexión y vertebración territorial, especialmente en aquellas comarcas con un importante déficit de servicios ferroviarios de
media distancia o de proximidad. De esta forma, mantener las frecuencias permitiría paliar el déficit actual y mejorar las conexiones ferroviarias en las comarcas afectadas. El Ministerio debe revisar la decisión y recuperar, como mínimo, los
servicios con parada en la estación de A Gudiña vigentes antes del 9 de junio.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a reponer las frecuencias ferroviarias con parada en la Estación Porta da Galiza-A Gudiña vigentes antes de la remodelación realizada por Renfe el pasado 9 de junio de 2025, recuperando los trenes
madrugadores y de última hora de la tarde en ambos sentidos, facilitando así que el AVE cumpla también una función de vertebración territorial y de cohesión social en la comarca de Valdeorras y zonas próximas, sin servicios adecuados de media
distancia y/o de proximidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei para a
recuperación das frecuencias ferroviarias con parada na Estación Porta da Galiza da Gudiña para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
Até o 9 de xuño pasado, a Estación Porta da Galiza na Gudiña contaba coa parada de catro frecuencias diarias que permitían desprazarse á Meseta e cinco para ir até Ourense, de luns a venres, ademais de tres por sentido nas fins de semana,
sábado e domingo, no tren AVE.
Porén, nesa data, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel eliminou grande parte das paradas na estación da Gudiña, restando só tres por sentido e deixándoos en dous nos domingos. Esta remodelación implicou a eliminación de 16
servizos ferroviarios á semana na Gudiña, un recorte que afecta a un grande número de persoas usuarias nesa comarca, mais tamén nas poboacións veciñas da Galiza e de Zamora.
A redución de servizos na estación vese agravada polo feito de que un dos trens suprimidos era o temperá que permitía chegar á primeira hora da mañá a Madrid e voltar no último da tarde, así como, no sentido contrario, facer o mesmo en
Ourense.
Coa reorganización de Renfe, A Gudiña xa non conta co tren das 8:28h e o das 9:14h. Unicamente se mantén o servizo de media mañá das 12:08h. Pola tarde, suprimiuse o servizo das 19:27, manténdose só os trens das 15:34h e das 17:45h.
No sentido contrario, desde Madrid, A Gudiña ficou sen a parada dos servizos que saían de Madrid ás 6:15h (retrasouse ate as 8:25h) e o último adiantouse ás 18:06h (antes ás 19:27h).
Esta reorganización e recorte de frecuencias con paradas na Gudiña está a prexudicar aos habitantes das comarcas de Valdeorras e Verín e afecta tamén ás comarcas limítrofes de Zamora que ficaron sen aqueles servizos de trens madrugadores e
de última hora da tarde que lles permitían facer xestións laborais, tratamentos hospitalarios, e outros trámites no mesmo día. Sen esquecer que daba marxe para conectar con outros trens en dirección a outras partes do Estado.
Cabe destacar que a comarca de Valdeorras adoece dun importante déficit en servizos ferroviarios, polo que a supresión destas paradas vén a sumarse aos limitados, case nulos, servizos na liña Ourense-Ponferrada-León e entre o Barco e
Ourense, evidenciando a carencia de servizos ferroviarios adecuados ás necesidades de mobilidade.
Por esta razón, é preciso reforzar os servizos ferroviarios nunha área en que este medio de transporte pode cumprir un importante papel para a mobilidade, como ficou de manifesto nas concentracións e manifestacións que se levaron a cabo o
pasado 2 de agosto.
Debe revisarse esta decisión para adoptar medidas que promovan a cohesión territorial e de resposta ás necesidades e demandas sociais de incrementar os servizos ferroviarios e as frecuencias nesta comarca, unha área claramente deficitaria
neste medio de transporte sustentábel, onde de momento non existen outras alternativas.
O propio Ministerio recoñece que o número de viaxeiros e viaxeiras aumentou nun 40 % da conexión Galiza-Madrid e que mesmo se incrementou na parada Sanabria, por tanto, a conclusión é evidente, o tren ten demanda e usuarios se existe un
servizo adecuado.
Con independencia de que o AVE sexa un servizo comercial, debe asegurarse que cumpra tamén unha función de conexión e vertebración territorial, especialmente nestas comarcas cun importante déficit de servizos ferroviarios de media distancias
ou de proximidade. Así, o mantemento das frecuencias permitiría paliar o actual déficit e mellorar as conexións ferroviarias na comarcas afectadas. O Ministerio debe revisar a decisión e recuperar, no mínimo, os servizos con parada na Estación da
Gudiña vixentes antes do 9 de xuño.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso insta o Goberno do Estado a repor as frecuencias ferroviarias con parada na Estación Porta da Galiza - A Gudiña vixentes antes da remodelación realizada por Renfe o pasado 9 de xuño de 2025, recuperando os trens madrugadores e de
última hora da tarde en ambos sentidos, facilitando así que o AVE cumpra tamén unha función de vertebración territorial e cohesión social na comarca de Valdeorras e zonas próximas, sen servizos adecuados de media distancia e ou de proximidade.'
En Madrid, 20 de outubro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz do GP Mixto.
161/002643
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley relativa al estado del proyecto de reforma de la N-120 a su paso por el municipio de Ponteareas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Propuesta no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Transporte,
relativa al estado del proyecto de reforma de la N-120 a su paso por el municipio de Ponteareas.
Exposición de motivos
La carretera N-120, en el tramo que atraviesa el casco urbano de Ponteareas, se ha convertido en una de las zonas más peligrosas de la red estatal en Galicia. Con un volumen de más de 17.000 vehículos al día, esta vía soporta tráfico
intenso, transporte interurbano y desplazamientos locales, atravesando zonas escolares, residenciales y comerciales sin contar con las medidas de seguridad que requiere un entorno urbano. La coexistencia entre peatones y vehículos a alta velocidad
genera un riesgo constante y diario que los ciudadanos ya no pueden tolerar.
La tragedia ha azotado repetidamente a la población de Ponteareas. En noviembre de 2022, un hombre de 23 años perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 645 de la N-120, en un tramo sin iluminación adecuada ni espacio seguro para
peatones. En enero de 2024, una niña resultó herida camino del colegio tras ser atropellada al intentar cruzar la carretera en el kilómetro 644. Estos son solo dos ejemplos -quizás los más mediáticos- de una larga lista de accidentes y siniestros
viales que han sembrado el dolor, la indignación y el miedo en la población local.
Estos sucesos no son aislados: residentes, familias y colectivos de Ponteareas denuncian una sucesión de accidentes e incidentes viales causados por la falta de pasos de peatones visibles, el deterioro de los márgenes, la iluminación
insuficiente y la ausencia de una ruta peatonal segura. En los últimos meses, cientos de personas se han movilizado, cortando la N-120 en protesta y exigiendo una respuesta urgente del Gobierno español. Las pancartas de las manifestaciones son tan
elocuentes como dolorosas: 'Basta de muertes en la N-120', 'Queremos vivir, no sobrevivir' o 'La carretera no puede seguir pasando por en medio de nuestras casas'.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) es plenamente consciente de esta situación. En marzo de 2023, aprobó el proyecto de construcción de rotondas y acondicionamiento de arcenes en la carretera N-120 en el
municipio de Ponteareas, con un presupuesto base de 3,3 millones de euros. El proyecto incluye la construcción de rotondas, senderos peatonales e iluminación, así como mejoras en la señalización y arcenes, todo ello con el objetivo de reducir la
siniestralidad y proteger la vida de los vecinos. Sin embargo, el Ministerio aún no ha licitado ni iniciado las obras, a pesar de contar con la planificación necesaria y el apoyo político y social.
El propio Ministerio defiende públicamente que la seguridad vial es una prioridad inquebrantable y que se deben priorizar los proyectos donde la vida de las personas esté en riesgo. En sus documentos estratégicos -como la Estrategia de
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030- se establece el principio de 'visión cero', es decir, cero muertes y lesiones graves en las carreteras del Estado. En consonancia con esta política, los tramos urbanos de las carreteras nacionales,
donde el tráfico convive con peatones y ciclistas, deben recibir atención preferente.
El propio ministro Puente afirmó que 'la seguridad no es negociable'. Sin embargo, la falta de implementación inmediata del proyecto en Ponteareas contradice su discurso político. Cada día de inacción es un día en el que miles de personas
-incluidos menores que van al colegio, personas mayores que cruzan la calle o trabajadores que se desplazan a pie- siguen expuestas a un peligro que el Estado ha reconocido formalmente y sabe cómo resolver.
La unanimidad política y social en torno a esta demanda es absoluta. Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Ponteareas, la Diputación Provincial de Pontevedra y múltiples grupos vecinales y educativos exigen acciones inmediatas.
No se trata de una
exigencia partidista, sino de una cuestión de vida o muerte. La responsabilidad recae ahora en el Gobierno de España y el Ministerio competente, que deben demostrar con hechos, no solo con palabras, que su compromiso con la seguridad vial
es real.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a:
1. Asumir como prioridad la ejecución del proyecto de reforma del trazado de la N-120 a su paso por Ponteareas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reducir la accidentalidad y proteger a los peatones y colectivos vulnerables.
2. Proceder a la licitación inmediata de las obras incluidas en el proyecto 'Construcción de rotondas y tratamiento de márgenes', garantizando su total financiación.
3. Establecer un calendario de ejecución verificable que garantice la mayor celeridad en la ejecución del proyecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Manuel Lago Peñas, Diputado.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las horas lectivas de ciencias en primero de bachillerato en
Catalunya, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La aprobación de la LOMLOE fue un paso indispensable para a afianzar un modelo educativo basado en el acento de lo público; la garantía de una educación con valores que transversalmente atraviesa todo el contenido pedagógico, como la
educación sexo-afectiva, los derechos LGTBIQ+ o la igualdad entre hombres y mujeres; o la garantía de la extensión de la educación infantil 0-3 pública. Si bien es una ley que en algunos aspectos tiene margen de mejora, permite tener una base
radicalmente diferente a la anterior ley educativa. La LOMLOE es también la norma que desarrollan los currículos educativos, elaborados en una parte por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y por la otra por las
administraciones educativas autonómicas.
En Cataluña, a raíz de la adecuación del currículo educativo catalán a los decretos elaborados por el Gobierno, ha nacido la Plataforma Ciències en Perill, que está alertando de manera acertada la pérdida que supone en horas lectivas para
aquellas asignaturas relacionadas con las ciencias en primero de bachillerato. Esta plataforma representa a más de mil docentes, más de doscientos claustros adheridos a su manifiesto y tiene el apoyo de numerosos colectivos como sociedades
científicas, facultades universitarias, centros de investigación, colegios profesionales y asociaciones de familias.
Y es que la ciencia ha ido perdiendo peso en el currículo educativo en primero de bachillerato y, en consecuencia, también lo ha ido perdiendo en el catalán. En 2022 ya se perdió una hora lectiva de las cuatro materias principales
científicas (Física, Química, Biología, y Geología y Ciencias Ambientales), pero es que con la propuesta de adaptación del currículo estatal se pretende fusionar Física y Química en una sola materia y Biología
y Geología y Ciencias Ambientales en otra, con 4h cada una. En resumen, se pasa de 12h totales (y con modalidades por separado) a 8h en primero de bachillerato en dos asignaturas, dificultando el itinerario a escoger por el alumnado. En
definitiva, se pierde calidad educativa para las ciencias.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes envió un requerimiento al Departament d'Educació para adecuar el currículo catalán al texto elaborado por el primero. En él se pedía, entre otros aspectos, convertir en materias
optativas las asignaturas de Literatura Catalana y Castellana, cambiar el peso de la cualificación del Treball de Recerca, y fusionar las ciencias pasando de cuatro asignaturas a dos. La Generalitat optó por manifestar que las asignaturas de
literatura continuarían siendo de modalidad y no optativas, en contra de lo que establecía el requerimiento, aunque sí aceptó la fusión de las materias de ciencias.
Catalunya tiene la particularidad de ser el territorio donde menos se fomentan las ciencias en todas las etapas educativas, de ahí la importancia a no disminuir todavía más las horas de modalidad. En primer lugar, se fragmenta el
conocimiento porque el alumnado tiene la obligación de escoger entre materias fusionadas, con menor tiempo dedicado a cada una de ellas, dificulta el desarrollo de una mirada pedagógica de cada materia, se fomentan itinerarios muy difíciles, no
pudiendo profundizar en Química y Biología a la vez, por ejemplo. La disminución de horas fruto de la fusión también impedirá la parte experimental, según señala la comunidad docente, y aumenta la desigualdad entre el alumnado que quiere prepararse
para una etapa universitaria enfocada a las ciencias.
Si bien se es consciente que la gestión curricular recae en las administraciones educativas de las comunidades autónomas, la fusión de las asignaturas científicas viene marcada por la legislación estatal, sin tener en cuenta la
particularidad catalana ni la trayectoria curricular que durante 20 años ha seguido el modelo educativo en Catalunya, con la separación y profundización de las ciencias como materias separadas. Por ello se hace indispensable abrir un diálogo para
conseguir llegar a un acuerdo en ello, teniendo en cuenta la importante movilización pedagógica que se ha desarrollado este último año por esta problemática. Fruto del diálogo entre las administraciones y el mundo educativo es posible llegar a una
solución que no merme la oferta educativa de unas materias tan importantes como son las del ámbito científico.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer de manera urgente un proceso de diálogo con las administraciones educativas en Catalunya con el fin de llegar a un acuerdo sobre la distribución, sin que implique una disminución,
en el primer curso del Bachillerato, de las horas lectivas de las materias optativas de modalidad del ámbito científico. Dicha distribución respetará la normativa vigente sobre distribución competencial y tendrá en consideración la trayectoria
curricular histórica, así como las singularidades del modelo educativo de Cataluña en relación a las materias científicas en todas las etapas educativas. En el proceso de diálogo se prestará especial atención a la voz de la comunidad educativa y a
los argumentos pedagógicos sobre la dotación horaria de las materias en cuestión, y hasta la finalización del mismo las partes se comprometerán a paralizar cualquier implementación que afecte al contenido del diálogo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2025.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Càmera, presenta la següent Proposició no de Llei relativa
a les hores lectives de ciències a primer de batxillerat a Catalunya, per al seu debat a la Comissió d'Educació, Formació Professional i Esports.
Exposició de motius
L'aprovació de la LOMLOE va ser un pas indispensable per a afermar un model educatiu basat en l'accent d'allò públic; la garantia d'una educació amb valors que travessa tot el contingut pedagògic, com l'educació sexe-afectiva, els drets
LGTBIQ+ o la igualtat entre homes i dones; o la garantia de l'extensió de l'educació infantil 0-3 pública. Si bé és una llei que en alguns aspectes té marge de millora, permet tenir una base radicalment diferent de l'anterior llei educativa. La
LOMLOE és també la norma que desenvolupen els currículums educatius, elaborats una part pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i per l'altra per les administracions educatives autonòmiques.
A Catalunya, arran de l'adequació del currículum educatiu català als decrets elaborats pel Govern, ha nascut la Plataforma Ciències en Perill, que està alertant de manera encertada la pèrdua que suposa en hores lectives per aquelles
assignatures relacionades amb les ciències a primer de batxillerat. Aquesta plataforma representa a més de mil docents, més de dos-cents claustres adherits al seu manifest i té el suport de nombrosos col·lectius com societats científiques,
facultats universitàries, centres d'investigació, col·legis professionals i associacions de famílies.
I és que la ciència ha anat perdent pes al currículum educatiu de primer de batxillerat i, en conseqüència, també ho ha anat perdent al català. En 2022 ja es va treure una hora lectiva de les quatre matèries principals científiques (Física,
Química, Biologia, i Geologia i Ciències Ambientals), però és que amb la proposta d'adaptació del currículum estatal es pretén fusionar Física i Química en una sola matèria i Biologia i Geologia i Ciències Ambientals en una altra, amb 4h cadascuna.
En resum, es passa de 12h totals (i en modalitats per separat) a 8h a primer de batxillerat en dues assignatures, dificultant l'itinerari a triar per l'alumnat. En definitiva, es perd qualitat educativa per a les ciències.
El Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports va enviar un requeriment al Departament d'Educació per a adequar el currículum català al text elaborat pel primer. En ell es demanava, entre altres aspectes, convertir en matèries
optatives les assignatures de Literatura Catalana i Castellana, canviar el pes de la qualificació del Treball de Recerca, i fusionar les ciències passant de quatre assignatures a dues. La Generalitat va optar per manifestar que les assignatures de
literatura continuarien sent de modalitat i no optatives, en contra del que establia el requeriment, encara que sí que va acceptar la fusió de les matèries de ciències.
Catalunya té la particularitat de ser el territori on menys es fomenten les ciències en totes les etapes educatives, d'aquí la importància a no disminuir encara més les hores de modalitat. En primer lloc, es fragmenta el coneixement perquè
l'alumnat té l'obligació de triar entre matèries fusionades, amb menor temps dedicat a cadascuna d'elles, dificulta el desenvolupament d'una mirada pedagògica de cada matèria i es fomenten itineraris molt difícils, no podent aprofundir en Química i
Biologia alhora, per exemple. La disminució d'hores fruit de la fusió també impedirà la part experimental, segons assenyala la comunitat docent, i augmenta la desigualtat entre l'alumnat que vol preparar-se per a una etapa universitària enfocada a
les ciències.
Si bé s'és conscient que la gestió curricular recau en les administracions educatives de les comunitats autònomes, la fusió de les assignatures científiques ve marcada per la legislació estatal, sense tenir en compte la particularitat
catalana ni la trajectòria curricular que durant 20 anys ha seguit el model educatiu a Catalunya, amb la separació i aprofundiment de les ciències com a matèries separades. Per això es fa indispensable obrir un diàleg per a aconseguir arribar a un
acord, tenint en compte la important mobilització pedagògica que s'ha desenvolupat aquest últim any per aquesta problemàtica. Fruit del diàleg entre les administracions i el món educatiu és possible arribar a una solució que no minvi l'oferta
educativa d'unes matèries tan importants com són les de l'àmbit científic.
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a establir de manera urgent un procés de diàleg amb les administracions educatives a Catalunya amb la finalitat d'arribar a un acord sobre la distribució, sense que impliqui una disminució, en el
primer curs del Batxillerat, de les hores lectives de les matèries optatives de modalitat de l'àmbit científic. Aquesta distribució respectarà la normativa vigent sobre distribució competencial i tindrà en consideració la trajectòria curricular
històrica, així com les singularitats del model educatiu de Catalunya en relació a les matèries científiques en totes les etapes educatives. En el procés de diàleg es prestarà especial atenció a la veu de la comunitat educativa i als arguments
pedagògics sobre la dotació horària de les matèries en qüestió, i fins a la finalització del mateix les parts es comprometran a paralitzar qualsevol implementació que afecti el contingut del diàleg.'
Palau del Congrés dels Diputats, 23 d'octubre de 2025.-Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.
161/002647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento y divulgación de la figura y obra de la pedagoga y
política Marta Mata Garriga (1926-2006), en el centenario de su nacimiento, para su debate en la Comisión de Educación, Formación profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Marta Mata i Garriga es una figura clave para entender la evolución de la educación del siglo XX en Catalunya y en el Estado español. Su obra y actividad educativa deben situarse en el marco de las tensiones y los dinamismos de la educación
catalana y española durante el siglo pasado. Su trayectoria vital e intelectual están configuradas por una actividad extensa e intensa en una curva ascendente a través de tres etapas: la infancia y la primera juventud (1926-1944), la verdadera
etapa de formación y las primeras experiencias educativas (1944-1965), la madurez y la dedicación al impulso de la renovación pedagógica y la acción política (1985-2006).
La biografía de Marta Mata, desde una perspectiva geográfica, tiene las raíces plantadas en las escuelas municipales de la ciudad de Barcelona y en el pequeño pueblo de Saifores en el Baix Penedés y, más concretamente, en la casa familiar
Cal Mata que actualmente es la sede de la Fundación Marta Mata Garriga. De todas formas, el núcleo alrededor del cual giró su actividad fue Barcelona, el lugar de sus relaciones personales y pedagógicas, el lugar de la creación de la Escuela de
Maestros Rosa Sensat (transformada posteriormente en Asociación de Maestros) y el lugar desde donde construyó una red de relaciones que se extendió por toda Catalunya, Madrid y los diferentes territorios del Estado español y, atravesando fronteras,
se convirtió en un claro ejemplo de internacionalización.
Desde la perspectiva de la actividad educativa directa y práctica, su biografía pasa por la escuela Talitha de María Teresa Codina en Barcelona, el jardín de infancia del pueblo de Santa Oliva en el Baix Penedés, la escuela Ton y Guida de
María Antonia Canals también en Barcelona, la red de escuelas denominada Coordinación escolar, la entidad Rosa Sensat, las 'Escoles d'estiu', el Colectivo de Escuelas para la Escuela Pública Catalana (CEPEPC), la revista Perspectiva escolar, las
editoriales donde trabajó y el colectivo de
grupos y movimientos de renovación pedagógica y las diversas instituciones políticas en las que participó.
En tercer lugar, desde una perspectiva temática, la biografía de Marta Mata Garriga abarcó los dos ámbitos que la identifican: la pedagogía y la política. El compromiso pedagógico y el compromiso político se convirtieron en dos elementos
inseparables que no pueden entenderse el uno sin el otro. Sin miedo a equivocarnos podemos decir que siempre persiguió el objetivo de trasladar los principios de la renovación pedagógica al núcleo del debate político. Quería conseguir que estos
principios se convirtieran en el contenido principal de las argumentaciones y orientaran tanto los programas políticos como las acciones concretas. Y esto lo hizo en diferentes niveles e instituciones, tanto en los grupos socialistas del Parlamento
de Catalunya como en el Congreso y el Senado del Estado español, en el Área de Educación del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona y, en su última etapa, en la presidencia del Consejo Escolar del Estado.
Los ejes de su obra abarcan temáticas pedagógicas y políticas de tanto calado como la educación y la escuela pública, la educación infantil, los derechos del niño, la escuela democrática, la renovación pedagógica, la formación de los
maestros, la lengua y los distintos lenguajes y la biblioteca escolar.
En el año 2026 se cumple el centenario del nacimiento de Marta Mata Garriga, un aniversario que coincidirá también con el vigésimo aniversario de su muerte. Por este motivo la Fundación Marta Mata i Garriga, a través de sus órganos de
gobierno, Patronato y Consejo, han acordado impulsar que el 2026 sea reconocido como Año Marta Mata y que en torno a esta conmemoración se organicen y celebren un conjunto de actividades que, más allá de servir de reconocimiento y memoria del
pasado, sean motivo de debate y de intercambio de conocimientos y experiencias.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer, con motivo del centenario de su nacimiento, la figura y la obra de Marta Mata Garriga como pedagoga y como política.
2. Conmemorar, en colaboración con administraciones autonómicas, en particular, la Generalitat de Catalunya, y locales, así como con entidades y movimientos de la sociedad civil, el centenario del nacimiento de la pedagoga Marta Mata
Garriga a lo largo de 2026, con conferencias, exposiciones, simposios, diálogos y otras actividades educativas en Catalunya, el resto de España y en Latinoamérica.
3. Colaborar con la Fundación Marta Mata Garriga y otras instituciones organizadoras en la realización de un acto y conferencia conmemorativa del centenario sobre la obra pedagógica y política de Marta Mata Garriga en el mismo Congreso de
los Diputados y en el Consejo Escolar del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Josep Paré Aregall, Francisco Aranda Vargas, Oriol Almirón Ruiz, Andrea Canelo Matito, Blanca Cercas Mena, Ignasi Conesa Coma, Lídia Guinart Moreno, Juan Carlos Jerez Antequera,
Marc Lamuà Estañol, Amador Marqués Atés, Valle Mellado Sierra, María Mercè Perea i Conillas, Ferran Verdejo Vicente y José Zaragoza Alonso, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el aumento del coeficiente reductor de la jubilación de los cuerpos
penitenciarios, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El personal de los cuerpos del grupo de servicios penitenciarios que desarrollan servicios en el ámbito de régimen interior del centro penitenciario es el encargado de garantizar la seguridad, el buen orden y la convivencia ordenada del
centro penitenciario, así como de llevar a cabo las actuaciones que hagan falta para asegurar que se prestan los servicios penitenciarios necesarios para garantizar los derechos de las personas internadas a las instituciones penitenciarias y para
exigirles sus obligaciones, de acuerdo con lo que dispone la legislación penitenciaria.
Además de lo anterior el cuerpo penitenciario también lleva a cabo las tareas de control, ejecución y colaboración relacionadas con las unidades y servicios de uso común del establecimiento, que no sean estrictamente unidades de separación
interior, y que a nivel funcional no tienen exclusivamente un contenido de vigilancia y supervisión directa de internos/as, aunque en el desarrollo de los servicios asignados tengan que llevar a cabo funciones de vigilancia y custodia de
aquellos/as.
Para acceder a los cuerpos del grupo de servicios penitenciarios se establecen como requerimientos de acceso la superación de pruebas físicas y psicotécnicas, motivadas por la especialidad y la singularidad de las tareas que estos tienen
encomendadas.
Durante su carrera profesional los miembros de estos cuerpos, que desarrollan principalmente funciones de vigilancia y mantenimiento del orden y de la seguridad de las unidades y de los servicios de los centros y establecimientos
penitenciarios, tienen que mantener unas condiciones idóneas para la prestación del servicio penitenciario, mediante procesos de formación y reciclaje y prácticas profesionales.
El trabajo continuado en un medio cerrado, en contacto directo con la población reclusa, la realización de un régimen horario que abarca las veinticuatro horas del día en diferentes turnos, el enfrentamiento a situaciones de tensión y
conflicto, a situaciones de incertidumbre y de riesgo latente permanente, en que hay que estar siempre atento, podrían generar una situación de estrés físico y psicológico en el personal de estos cuerpos.
Según datos de los sindicatos el personal de servicios penitenciarios es uno de los colectivos que tiene el índice de incidencia por accidente laboral más alto. Los valores de los índices de incidencia del periodo analizado superan con
creces los valores promedio de la economía española y del sector administración pública y defensa, doblando estos valores.
Con respecto a la duración media de las bajas fue superior a la de la media de la economía española y a la del sector de administración pública y defensa en los años 2018 y 2019, y ligeramente superior durante los años 2020 y 2021.
El análisis de los datos de incapacidad temporal por edades muestra que las personas menores de 54 años son las que tienen más bajas por contingencias profesionales y que la duración media de las bajas aumenta con la edad.
Y en este sentido, existe la evidencia de que es muy difícil mantener una adecuada condición psicofísica y llevar a cabo muchas de las funciones y tareas asignadas al
personal de régimen interior a partir de una determinada edad (el índice de siniestralidad extrema y el número y la duración de las bajas por contingencias comunes como hemos visto, aumentan con la edad).
En Catalunya, la plantilla de personal de los cuerpos penitenciarios está muy envejecida (media de edad de 49,56 años, el año 2022). Eso es consecuencia de diferentes circunstancias: traspaso de las competencias en materia de ejecución
penal, de recursos humanos y materiales, a partir del año 1984; despliegue del sistema penitenciario catalán y dimensionado de las plantillas de los centros penitenciarios; durante los primeros años de despliegue del sistema penitenciario catalán,
se incorpora mucho personal; posteriormente, debido a la crisis económica y financiera, que aflora el año 2010, se suspende la oferta de empleo pública y la convocatoria de nuevos procesos selectivos de acceso.
Con carácter general, el envejecimiento de las plantillas de los centros penitenciarios tiene como consecuencia una mayor siniestralidad, derivada de contingencias comunes, una mayor accidentalidad y requiere incrementar el gasto en
sustituciones y refuerzos para poder prestar los servicios, mantener la seguridad de los centros penitenciarios y garantizar los derechos de las personas reclusas.
Renovación de las plantillas, mejora de la calidad del servicio. Vistos los retos actuales y futuros que tiene que encarar la administración penitenciaria, es necesario renovar y rejuvenecer las plantillas de personal de los centros
penitenciarios.
Desde los principales sindicatos se han hecho diversas propuestas de coeficientes reductores y cotización adicional, basándose en la ya aprobada para los cuerpos de las policías locales.
Así, una de las propuestas iría en la dirección de reducir en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como miembros del cuerpo de funcionarios de
prisiones, y de computar el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la
pensión de jubilación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar y valorar el coeficiente reductor para los profesionales de los cuerpos penitenciarios y otras actividades, valorando las condiciones especiales de este lugar de trabajo, corrigiendo
la desigualdad actual, a través del nuevo mecanismo sobre el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a l'augment del coeficient reductor de la jubilació dels cossos penitenciaris,
per al seu debat en la Comissió de Treball, Economia Social, Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Exposició de motius
El personal dels cossos del grup de serveis penitenciaris que desenvolupen serveis en l'àmbit de règim interior del centre penitenciari és l'encarregat de garantir la seguretat, el bon ordre i la convivència ordenada del centre penitenciari,
així com de dur a terme les actuacions que facin falta per a assegurar que es presten els serveis penitenciaris
necessaris per a garantir els drets de les persones internades a les institucions penitenciàries i per a exigirlos les seves obligacions, d'acord amb el que disposa la legislació penitenciària.
A més de l'anterior el cos penitenciari també duu a terme les tasques de control, execució i col·laboració relacionades amb les unitats i serveis d'ús comú de l'establiment, que no siguin estrictament unitats de separació interior, i que a
nivell funcional no tenen exclusivament un contingut de vigilància i supervisió directa d'interns i internes, encara que en el desenvolupament dels serveis assignats hagin de dur a terme funcions de vigilància i custòdia d'aquells i aquelles.
Per a accedir als cossos del grup de serveis penitenciaris s'estableixen com a requeriments d'accés la superació de proves físiques i psicotècniques, motivades per l'especialitat i la singularitat de les tasques que aquests tenen
encomanades.
Durant la seva carrera professional els membres d'aquests cossos, que desenvolupen principalment funcions de vigilància i manteniment de l'ordre i de la seguretat de les unitats i dels serveis dels centres i establiments penitenciaris, han
de mantenir unes condicions idònies per a la prestació del servei penitenciari, mitjançant processos de formació i reciclatge i pràctiques professionals.
El treball continuat en un mitjà tancat, en contacte directe amb la població reclusa, la realització d'un règim horari que abasta les vint-i-quatre hores del dia en diferents torns, l'enfrontament a situacions de tensió i conflicte, a
situacions d'incertesa i de risc latent permanent, en què cal estar sempre atent, podrien generar una situació d'estrès físic i psicològic en el personal d'aquests cossos.
Segons dades dels sindicats el personal de serveis penitenciaris és un dels col·lectius que té l'índex d'incidència per accident laboral més alt. Els valors dels índexs d'incidència del període analitzat superen amb escreix els valors
mitjans de l'economia espanyola i del sector administració pública i defensa, doblegant aquests valors.
Respecte a la durada mitjana de les baixes va ser superior a la de la mitjana de l'economia espanyola i a la del sector d'administració pública i defensa en els anys 2018 i 2019, i lleugerament superior durant els anys 2020 i 2021.
L'anàlisi de les dades d'incapacitat temporal per edats mostra que les persones menors de 54 anys són les que tenen més baixes per contingències professionals i que la durada mitjana de les baixes augmenta amb l'edat.
I en aquest sentit, existeix l'evidència que és molt difícil mantenir una adequada condició psicofísica i dur a terme moltes de les funcions i tasques assignades al personal de règim interior a partir d'una determinada edat (l'índex de
sinistralitat extrema i el número i la durada de les baixes per contingències comunes com hem vist, augmenten amb l'edat).
A Catalunya, la plantilla de personal dels cossos penitenciaris està molt envellida (mitjana d'edat de 49,56 anys, l'any 2022). Això és conseqüència de diferents circumstàncies: traspàs de les competències en matèria d'execució penal, de
recursos humans i materials, a partir de l'any 1984; desplegament del sistema penitenciari català i dimensionat de les plantilles dels centres penitenciaris; durant els primers anys de desplegament del sistema penitenciari català, s'incorpora molt
personal; posteriorment, a causa de la crisi econòmica i financera, que aflora l'any 2010, se suspèn l'oferta d'ocupació pública i la convocatòria de nous processos selectius d'accés.
Amb caràcter general, l'envelliment de les plantilles dels centres penitenciaris té com a conseqüència una major sinistralitat, derivada de contingències comunes, una major accidentalitat i requereix incrementar la despesa en substitucions i
reforços per a poder prestar els serveis, mantenir la seguretat dels centres penitenciaris i garantir els drets de les persones recluses.
Renovació de les plantilles, millora de la qualitat del servei. Vists els reptes actuals i futurs que ha d'encarar l'administració penitenciària, és necessari renovar i rejovenir les plantilles de personal dels centres penitenciaris.
Des dels principals sindicats s'han fet diverses propostes de coeficients reductors i cotització addicional, basant-se en la ja aprovada per als cossos de les policies locals.
Així, una de les propostes aniria en la direcció de reduir en un període equivalent al que resulti d'aplicar el coeficient reductor del 0,20 als anys complets efectivament treballats com a membres del cos de funcionaris de presons, i de
computar el període de temps que resulti reduïda l'edat de jubilació del treballador com cotitzat a l'exclusiu efecte de determinar el percentatge aplicable a la corresponent base reguladora per a calcular l'import de la pensió de jubilació.
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a estudiar i valorar el coeficient reductor per als professionals dels cossos penitenciaris i altres activitats, valorant les condicions especials vinculades a aquests llocs de treball, corregint la
desigualtat actual, a través del nou mecanisme sobre l'establiment de coeficients reductors de l'edat de jubilació.'
Palau del Congrés dels Diputats, 21 d' octubre de 2025.-Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.
161/002635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización de los umbrales de renta en los mínimos
familiares y deducciones del IRPF para personas con ascendientes, descendientes o cónyuges con discapacidad a su cargo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La deducción fiscal en el IRPF para personas ascendientes a cargo contemplada en el artículo 59 de la Ley 35/2006 del IRPF es una medida que permite reducir la cantidad de impuestos que debe abonar el contribuyente al erario público por
convivir y tener a cargo a una persona ascendiente.
En los últimos tiempos, el número de personas beneficiarías de esta deducción se ha desplomado ya que el umbral de renta que da acceso a esta deducción permanece congelado desde el año 2003 según informaba el Gobierno en respuesta
parlamentaria a diputadas del Grupo Sumar. Un pensionista que hoy reciba la pensión mínima ya superaría el umbral vigente de 8.000 euros lo que impediría a su descendiente (contribuyente) aprovechar la deducción por el mínimo por ascendiente
contemplado en el artículo 59 de la Ley 35/2006. De hecho, en respuesta a la pregunta parlamentaria planteada al Gobierno se nos informaba de que:
'el número de declaraciones que aplican el mínimo por ascendientes ha ido decreciendo paulatinamente. De esta forma, en el primer año de vigencia de la actual LIRPF el número de declaraciones con derecho al mínimo por ascendientes era de
353.723 declaraciones, cifra que se ha reducido hasta 119.884 en 2022.'
Si bien es cierto que ha habido importantes incrementos de las pensiones, especialmente, en los últimos años en los que ha habido un gobierno de coalición progresista, también lo es que la inflación y su impacto en el coste de la vida
también lo ha hecho.
Solo en los últimos dos años las pensiones mínimas contributivas y no contributivas han crecido más de un 15 %. Sin embargo, por poner un ejemplo, el umbral de ingresos delascendiente en el IRPF no se ha actualizado (art. 59 Ley del IRPF)
y, en consecuencia, considerando que en la mayoría de los casos las pensiones mínimas actuales y algunas de las no contributivas ya han superado los 8.000 euros netos al año, muchos familiares
quedan excluidos de la deducción fiscal aunque siguen conviviendo y sosteniendo económicamente a sus familiares dependientes.
El beneficio que supone ver cómo las pensiones de menor cuantía, como son las mínimas contributivas y las asistenciales, aumentan, se ve empañado por la pérdida del derecho a la deducción fiscal que alivia parcialmente la situación económica
de las personas que se ocupan de sus padres, hermanos o hijos dependientes.
Asimismo, esta situación afecta también a quienes tienen a su cargo descendientes menores de 25 años o con discapacidad, cualquiera que sea su edad (artículo 58 de la Ley 35/2006), así como a los contribuyentes con cónyuge con discapacidad
(artículo 81 bis), ya que el límite de rentas establecido para poder aplicar los mínimos familiares y las deducciones correspondientes permanece igualmente congelado desde hace más de veinte años. Ello provoca que muchas familias que asumen los
gastos derivados del cuidado de sus hijos menores de veinticinco años o con discapacidad sin ingresos suficientes, o de cónyuges con discapacidad, queden injustamente excluidas de estos beneficios fiscales pese a encontrarse en una situación de
dependencia económica real.
Por ello, la actualización de estos umbrales debe aplicarse de forma coherente y uniforme a los distintos supuestos de cargas familiares previstos en la Ley 35/2006 del IRPF, vinculando el límite de rentas al 80 % del Salario Mínimo
Interprofesional, un indicador objetivo y actualizado que garantizaría una aplicación más justa, equitativa y ajustada al espíritu de la norma.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar los beneficios fiscales para las personas que tienen a su cargo a personas ascendientes de más de 65 años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, descendientes menores de 25
años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, así como cónyuges con discapacidad situando el umbral contemplado en los artículos 58, 59 y 81 bis de la Ley 35/2006 del IRPF como ingresos máximos del familiar o persona dependiente al menos en el
80% del Salario Mínimo Interprofesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Engracia Rivera Arias y Carlos Martín Urriza, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la coherencia en la aplicación en el derecho al asilo, para su
discusión en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social, Inclusión, Migraciones y Economía Social.
Exposición de motivos
La invasión de Rusia a Ucrania iniciada hace más de tres años suscitó una gran ola de solidaridad por parte de la ciudadanía europea, de los estados y de las propias instituciones de la Unión Europea. Tanto es así que en la propia web del
Consejo Europeo leemos:
'La posición de la UE es de total solidaridad con Ucrania y con el pueblo ucraniano. En respuesta a la agresión de Rusia, la UE ha mostrado su unidad y su fuerza y ha proporcionado a Ucrania un apoyo humanitario, político, financiero y
material coordinado.'
Ciertamente, la invasión a Ucrania es contraria al derecho internacional y una guerra sin justificación. Más allá de las denuncias, la UE activó todos los mecanismos de solidaridad disponibles en su acervo jurídico y por ello desde un
inicio aplicó la Directiva de Protección Temporal. De hecho, en una fecha tan temprana como el 4 de marzo de 2022, apenas dos semanas después de la agresión rusa, el Consejo lanza la Decisión de Ejecución (UE)2022/382, en aplicación de la Directiva
2001/55/CE de protección temporal. Se trata de un mecanismo de protección internacional a nivel europeo para ciudadanos/as ucranianos/as que se ha visto prorrogado hasta marzo de 2026, que les concede protección inmediata y colectiva.
En este marco de solidaridad europeo, España no queda atrás e impulsa la 'Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto de
Ucrania'. Gracias a esta orden nuestro país acoge a cientos de miles de ucranianos desde el inicio del conflicto. De hecho, desde el inicio de la guerra, según datos del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, a 31 de marzo de
2025 se habían acogido a asilo 320.012 personas provenientes de Ucrania en España.
El caso de Ucrania no es el único que ha activado una respuesta por parte de España respecto a la acogida y asilo de personas cuyos países se encuentran en conflicto. El 5 de marzo de 2019, España aprobó conceder a los ciudadanos
venezolanos la residencia por razones de Protección Internacional de Carácter Humanitario, en los términos previstos en el artículo 37.B) de la Ley 12/2009 de 30 de octubre y el artículo 125 del Reglamento de la LO 4/2000 de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España, y su integración social, aprobado por RD 557/2011 de 20 de abril.
La solidaridad mostrada con las personas provenientes de Ucrania o Venezuela no se han reflejado de la misma manera en otros conflictos que afectan directamente a Europa y a España. La prensa se hacía eco hace unos días del Informe anual de
Seguridad Nacional 2024 remitido al Congreso recientemente. En el informe se ofrecen datos muy significativos sobre las personas que tratan de llegar a nuestro país por vía marítima. De las 62054 personas que llegaron durante 2024 por dicha vía,
casi 3 de cada 4 provendrían de algún país del Sahel.
Como es bien conocido por la UE, el Sahel es un área que lleva años atravesada por el conflicto. Como indica El Índice de terrorismo Global de 2025, el 51 % de las víctimas mortales de terrorismo a nivel mundial están en la zona del Sahel.
Burkina Faso es el país más afectado del mundo por este fenómeno y la región cuenta con 5 países entre los 10 más golpeados por el terrorismo. La zona fronteriza de Liptako Gourma entre Mali, Níger y Burkina Faso es conocida por ser de las más
violentas del mundo.
La situación de los países del Sahel ha sido reconocida por la propia UE destinando ingentes recursos monetarios a través de varios instrumentos como el ya finalizado Fondo Fiduciario de Emergencia para África. Se han dedicado recursos vía
proyectos como los EUCAP Sahel, EUTM, el proyecto de apoyo al G5 o el proyecto GARSI Sahel, de impactos desiguales.
Sin embargo, y a pesar de que estas mismas nacionalidades consiguen tasas de reconocimiento de protección internacional muy elevadas -el año 2024 Malí obtuvo una tasa de reconocimiento del 99,35% y Burkina Faso del 93,96 %-, el principal
reto es que estas personas solo pueden llegar por vía marítima, en vez de poder solicitar protección internacional en origen, poniendo sus vidas en grave peligro y agravando la crisis humanitaria que viven las Islas Canarias. Por poner un ejemplo,
el 96% de los solicitantes de protección internacional de Malí lo hicieron en territorio nacional o en el puesto fronterizo, o si lo miramos a la inversa solo 51 de los 1345 solicitantes lo hicieron en embajada o consulado.
Esta situación se ve agravada por la imposición de visados de tránsito, lo que dificulta aún más la llegada a través de vías seguras en situaciones de peligro, dado que los términos son muy largos y caros -no se trata en exclusiva del coste
del visado, sino también de la corrupción de la empresa intermediarias GSL-. Esta situación se extiende
incluso a las personas con pasaportes expedidos por la autoridad palestina, siendo profundamente conocido que estas personas están viviendo un genocidio.
La incoherencia entre las políticas de acogida entre unos conflictos u otros es manifiesta. Si una persona proviene de Ucrania o Venezuela, la política en nuestro país facilita su acogida. En cambio, si la persona procede de Mali o Burkina
Faso, Haití, Siria o Yemen, la situación cambia radicalmente e incluso el tratamiento informativo es abordado de otra manera, como problema de seguridad y no como asunto sujeto a solidaridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a profundizar en la coherencia de sus políticas de migración y asilo asegurando un tratamiento igualitario en la protección internacional a todas las personas provenientes de conflictos que
supongan un riesgo de sufrir daños graves para su vida o integridad física a través de las siguientes vías:
1. Proponiendo en el seno del Consejo Europeo la aplicación de las disposiciones previstas en la Directiva 2001/55/CE de protección temporal en otros contextos de conflicto donde sea necesario como podrían ser el Sahel, la República
Democrática del Congo o el Cuerno de África.
2. Estudiando vías de aplicación unilatera de mecanismos similares a los contemplados en la Directiva 2001/55/CE.
3. Permitiendo y reforzando la atención en embajadas y consulados para aquellos solicitantes en cuyos países tengan temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado
grupo social, de género u orientación sexual o en su caso tengan el riesgo de sufrir daños por los que pudieran acogerse a la protección subsidiaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Viviane Ogou i Corbi, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la coherència en l'aplicació en el dret a l'asil per a la seva discussió en
la Comissió de Treball, Seguretat Social, Inclusió, Migracions i Economia Social.
Exposició de motius
La invasió de Rússia a Ucraïna iniciada fa més de tres anys va suscitar una gran ona de solidaritat per part de la ciutadania europea, dels estats i de les pròpies institucions de la Unió Europea. Tant és així que en la pròpia web del
Consell Europeu llegim:
'La posició de la UE és de total solidaritat amb Ucraïna i amb el poble ucraïnès. En resposta a l'agressió de Rússia, la UE ha mostrat la seva unitat i la seva força i ha proporcionat a Ucraïna un suport humanitari, polític, financer i
material coordinat.'
Certament, la invasió a Ucraïna és contrària al dret internacional i una guerra sense justificació. Més enllà de les denúncies, la UE va activar tots els mecanismes de solidaritat disponibles en el seu patrimoni jurídic i per això des d'un
inici va aplicar la Directiva de Protecció Temporal. De fet, en una data tan primerenca com el 4 de març de 2022, a penes dues setmanes després de l'agressió russa, el Consell llança la Decisió d'Execució (UE)2022/382, en aplicació de la Directiva
2001/55/CE de protecció temporal. Es tracta d'un mecanisme de protecció internacional a nivell europeu per a ciutadans/as ucraïnesos/as
que s'ha vist prorrogat fins a març de 2026, que els concedeix protecció immediata i col·lectiva.
En aquest marc de solidaritat europeu, Espanya no queda enrere i impulsa la 'Ordre *PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es desenvolupa el procediment per al reconeixement de la protecció temporal a persones afectades pel conflicte
d'Ucraïna'. Gràcies a aquesta ordre el nostre país acull a centenars de milers d'ucraïnesos des de l'inici del conflicte. De fet, des de l'inici de la guerra, segons dades del Ministeri de Seguretat Social, Inclusió i Migracions, a 31 de març de
2025 s'havien acollit a asil 320.012 persones provinents d'Ucraïna a Espanya.
El cas d'Ucraïna no és l'únic que ha activat una resposta per part d'Espanya respecte a l'acolliment i asil de persones els països de les quals es troben en conflicte. El 5 de març de 2019, Espanya va aprovar concedir als ciutadans
veneçolans la residència per raons de Protecció Internacional de Caràcter Humanitari, en els termes previstos en l'article 37.B) de la Llei 12/2009 de 30 d'octubre i l'article 125 del Reglament de la EL 4/2000 d'11 de gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya, i la seva integració social, aprovat per RD 557/2011 de 20 d'abril.
La solidaritat mostrada amb les persones provinents d'Ucraïna o Veneçuela no s'han reflectit de la mateixa manera en altres conflictes que afecten directament a Europa i a Espanya. La premsa es feia eco fa uns dies de l'Informe anual de
Seguretat Nacional 2024 remès al Congrés recentment. En l'informe s'ofereixen dades molt significatives sobre les persones que tracten d'arribar al nostre país per via marítima. De les 62054 persones que van arribar durant 2024 per aquesta via,
gairebé 3 de cada 4 provindrien d'algun país del Sahel.
Com és ben conegut per la UE, el Sahel és una àrea que porta anys travessada pel conflicte. Com indica L'Índex de terrorisme Global de 2025, el 51% de les víctimes mortals de terrorisme a nivell mundial estan en la zona del Sahel. Burkina
Faso és el país més afectat del món per aquest fenomen i la regió compta amb 5 països entre els 10 més colpejats pel terrorisme. La zona fronterera de Liptako Gourma entre Mali, Níger i Burkina Faso és coneguda per ser de les més violentes del món.
La situació dels països del Sahel ha estat reconeguda per la mateixa UE destinant ingents recursos monetaris a través de diversos instruments com el ja finalitzat Fons Fiduciari d'Emergència per a Àfrica. S'han dedicat recursos via
projectes com els EUCAP Sahel, EUTM, el projecte de suport al G5 o el projecte GARSI Sahel, d'impactes desiguals.
No obstant això, i a pesar que aquestes mateixes nacionalitats aconsegueixen taxes de reconeixement de protecció internacional molt elevades - l'any 2024 Mali va obtenir una taxa de reconeixement del 99,35% i Burkina Faso del 93,96%-, el
principal repte és que aquestes persones només poden arribar per via marítima, en comptes de poder sol·licitar protecció internacional en origen, posant les seves vides en greu perill i agreujant la crisi humanitària que viuen les Illes Canàries.
Per posar un exemple, el 96% dels sol·licitants de protecció internacional de Mali ho van fer en territori nacional o en el lloc fronterer, o si el mirem al revés només 51 dels 1345 sol·licitants ho van fer en ambaixada o consolat.
Aquesta situació es veu agreujada per la imposició de visats de trànsit, la qual cosa dificulta encara més l'arribada a través de vies segures en situacions de perill, atès que els termes són molt llargs i cars - no es tracta en exclusiva
del cost del visat, sinó també de la corrupció de l'empresa intermediàries GSL. Aquesta situació s'estén fins i tot a les persones amb passaports expedits per l'autoritat palestina, sent profundament conegut que aquestes persones estan vivint un
genocidi.
La incoherència entre les polítiques d'acolliment entre uns conflictes o altres és manifesta. Si una persona prové d'Ucraïna o Veneçuela, la política al nostre país facilita el seu acolliment. En canvi, si la persona procedeix de Mali o
Burkina Faso, Haití, Síria o Iemen, la situació canvia radicalment i fins i tot el tractament informatiu és abordat d'una altra manera, com a problema de seguretat i no com a assumpte subjecte a solidaritat.
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a aprofundir en la coherència de les seves polítiques de migració i asil assegurant un tractament igualitari en la protecció internacional a totes les persones provinents de conflictes que suposin un
risc de sofrir danys greus per a la seva vida o integritat física a través de les següents vies:
1. Proposant en el si del Consell Europeu l'aplicació de les disposicions previstes en la Directiva 2001/55/CE de protecció temporal en altres contextos de conflicte on sigui necessari com podrien ser el Sahel, la República Democràtica del
Congo o la Banya d'Àfrica.
2. Estudiant vies d'aplicació unilateral de mecanismes similars als contemplats en la Directiva 2001/55/CE.
3. Permetent i reforçant l'atenció en ambaixades i consolats per a aquells sol·licitants en els països dels quals tinguin temors fundats de persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat
grup social, de gènere o orientació sexual o si és el cas tinguin el risc de sofrir danys pels quals poguessin acollir-se a la protecció subsidiària.'
Palau del Congrés dels Diputats, 22 d'octubre de 2025.-Viviane Ogou i Corbi, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.
Comisión de Industria y Turismo
161/002611
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre el impulso de la actualización de la política industrial.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria y Turismo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano a instancia de la diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de la actualización de la política industrial, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La actual Ley de Industria, aprobada en 1992, respondía a un contexto económico y tecnológico completamente diferente del actual. Era una época previa en internet, a la globalización digital y a la emergencia climática. Hoy, más de tres
décadas después, el mundo ha cambiado profundamente y el marco legal vigente ha quedado obsoleto para afrontar los retos industriales del siglo XXI.
El tejido productivo europeo vive una transformación acelerada, marcada por tres grandes vectores: la transición ecológica y energética, la revolución tecnológica y digital y la recuperación de la soberanía industrial y estratégica. Estos
cambios exigen un nuevo marco normativo moderno, flexible y capaz de acompañar a empresas, territorios y personas trabajadoras en esta nueva etapa.
La industria sigue siendo un pilar fundamental del progreso económico y social. Contribuye al PIB y tiene la capacidad de generar empleo estable y bien remunerado y de impulsar la innovación. Sin embargo, su importancia va más allá de las
cifras: es un instrumento de cohesión territorial y un elemento clave para garantizar la soberanía económica y reducir dependencias externas.
La pandemia y la crisis de las cadenas de suministro evidenciaron la vulnerabilidad de esta dependencia. El convulso contexto internacional y, en particular, la guerra en Ucrania, ha puesto de manifiesto la necesidad de una autonomía
estratégica en materia energética e industrial. Por eso, el nuevo Proyecto de Ley de Industria y de Autonomía Estratégica, aprobado por el Consejo de Ministros a finales de 2024 y remitida al Congreso, es una gran oportunidad para reforzar la
resiliencia económica y preparar al país ante los grandes retos globales.
Sin embargo, su tramitación parlamentaria se encuentra bloqueada, sin avances significativos, a pesar del amplio consenso sobre su necesidad. Este retraso supone una oportunidad perdida para situar al Estado español en línea con la nueva
política industrial europea, que, a través del Green Deal Industrial Plan y la Ley de Industria Net-Zero, impulsa la producción limpia, la innovación verde y la soberanía energética.
La futura ley debe permitir modernizar el marco normativo, simplificar la burocracia y ofrecer un entorno competitivo, sostenible y resiliente. Debe impulsar la transición hacia una economía descarbonizada, la digitalización y la innovación
tecnológica y, a la par, asegurar que dichos procesos sean socialmente justos y no dejen a nadie atrás.
La descarbonización industrial es más que un objetivo ambiental: es una oportunidad para reindustrializar con futuro. Apostar por las energías renovables, la economía circular y la investigación en tecnologías limpias aumenta la
competitividad, genera empleo cualificado y mejora la salud y el bienestar de las comunidades.
El texto legislativo en tramitación tiene que incorporar también una visión territorial de la industria. Esta no se concentra solo en las grandes áreas metropolitanas, sino que se encuentra en las comarcas, en los polígonos de proximidad y
en sectores vinculados al territorio, como la agroindustria, la energía verde, la química o los materiales avanzados, que son claves para el desarrollo equilibrado del país.
Para que esta transformación sea real, es necesaria una infraestructura moderna, innovación local y formación profesional vinculada a la realidad productiva. La formación, la cualificación y el talento industrial son elementos esenciales:
no hay industria del futuro sin personas preparadas. Es imprescindible conectar la formación profesional con las necesidades de los ecosistemas productivos y reforzar la colaboración entre universidades y empresas.
En definitiva, el desbloqueo de la nueva Ley de Industria es urgente e imprescindible para garantizar que el Estado español avance hacia una industria verde, digital, innovadora y arraigada al territorio, capaz de generar prosperidad, empleo
de calidad y cohesión social en todo el país.
Por todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Asegurar que el desarrollo reglamentario y la aplicación de la futura Ley de Industria respeten plenamente el marco competencial de la Generalitat de Catalunya y el resto de administraciones públicas autonómicas y locales, en materia de
industria, energía, formación profesional y desarrollo económico.
2. Promover una política industrial estatal de colaboración con las comunidades autónomas, especialmente con aquellas que disponen de planes o estrategias propias de reindustrialización, con el objetivo de evitar crear duplicidades a nivel
estatal, aprovechar sinergias, asegurar la financiación necesaria de las comunidades autónomas y garantizar un desarrollo territorial equilibrado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre l'impuls de
l'actualització de la política industrial, per al seu debat en la Comissió d'Industria i Turisme.
Exposició de motius
L'actual Llei d'Indústria, aprovada l'any 1992, responia a un context econòmic i tecnològic completament diferent de l'actual. Era una època prèvia a internet, a la globalització digital i a l'emergència climàtica. Avui, més de tres
dècades després, el món ha canviat profundament i el marc legal vigent ha quedat obsolet per afrontar els reptes industrials del segle XXI.
El teixit productiu europeu viu una transformació accelerada, marcada per tres grans vectors: la transició ecològica i energètica, la revolució tecnològica i digital i la recuperació de la sobirania industrial i estratègica. Aquests canvis
exigeixen un nou marc normatiu modern, flexible i capaç d'acompanyar empreses, territoris i persones treballadores en aquesta nova etapa.
La indústria continua sent un pilar fonamental del progrés econòmic i social. Contribueix al PIB i te la capacitat degenerar ocupació estable, ben remunerada i impulsar la innovació. Però la seva importància va més enllà de les xifres: és
un instrument de cohesió territorial i un element clau per garantir la sobirania econòmica i reduir dependències externes.
La pandèmia i la crisi de les cadenes de subministrament van evidenciar la vulnerabilitat d'aquesta dependència. El convuls context internacional i, en particular la guerra a Ucraïna, ha posat de manifest la necessitat d'una autonomia
estratègica en matèria energètica i industrial. Per això, el nou Projecte de Llei d'Indústria i d'Autonomia Estratègica, aprovat pel Consell de Ministres a finals de 2024 i remesa al Congrés, és una gran oportunitat per reforçar la resiliència
econòmica i preparar el país davant els grans reptes globals.
Tanmateix, la seva tramitació parlamentària es troba bloquejada, sense avenços significatius, malgrat l'ampli consens sobre la seva necessitat. Aquest retard suposa una oportunitat perduda per situar l'Estat espanyol en línia amb la nova
política industrial europea, que, a través del Green Deal Industrial Plan i la Llei d'Indústria Net-Zero, impulsa la producció neta, la innovació verda i la sobirania energètica.
La futura llei ha de permetre modernitzar el marc normatiu, simplificar la burocràcia i oferir un entorn competitiu, sostenible i resilient. Ha d'impulsar la transició cap a una
economia descarbonitzada, la digitalització i la innovació tecnològica, assegurant alhora que aquests processos siguin socialment justos i no deixin ningú enrere.
La descarbonització industrial és més que un objectiu ambiental: és una oportunitat per reindustrialitzar amb futur. Apostar per les energies renovables, l'economia circular i la recerca en tecnologies netes augmenta la competitivitat,
genera ocupació qualificada i millora la salut i el benestar de les comunitats.
El text legislatiu en tramitació ha d'incorporar també una visió territorial de la indústria. Aquesta no es concentra només a les grans àrees metropolitanes, sinó que es troba a les comarques, als polígons de proximitat i en sectors
vinculats al territori, com l'agroindústria, l'energia verda, la química o els materials avançats, que són claus per al desenvolupament equilibrat del país.
Perquè aquesta transformació sigui real, cal infraestructura moderna, innovació local i formació professional vinculada a la realitat productiva. La formació, la qualificació i el talent industrial són elements essencials: no hi ha
indústria del futur sense persones preparades. És imprescindible connectar la formació professional amb les necessitats dels ecosistemes productius i reforçar la col·laboració entre universitats i empreses.
En definitiva, el desbloqueig de la nova Llei d'Indústria és urgent i imprescindible per garantir que l'Estat espanyol avanci cap a una indústria verda, digital, innovadora i arrelada al territori, capaç de generar prosperitat, ocupació de
qualitat i cohesió social en tot el país.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Assegurar que el desenvolupament reglamentari i l'aplicació de la futura Llei d'Indústria respectin plenament el marc competencial de la Generalitat de Catalunya i la resta d'administracions públiques autonòmiques i locals, en matèria
d'indústria, energia, formació professional i desenvolupament econòmic.
2. Promoure una política industrial estatal de col·laboració amb les comunitats autònomes, especialment amb aquelles que disposen de plans o estratègies pròpies de reindustrialització, amb l'objectiu d'evitar crear duplicitats a nivell
estatal, aprofitar sinergies, assegurar el finançament necessari de les comunitats autònomes i garantir un desenvolupament territorial equilibrat.'
Congrés dels Diputats, a 22 octubre de 2025.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la licitación del proyecto de
remodelación integral del CAMF de Guadalajara, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Guadalajara, inaugurado en 1988, constituye un recurso público del IMSERSO para la atención directa, especializada e integral de personas en situación de dependencia, tanto
en régimen
residencial como de centro de día. El centro dispone de 112 plazas residenciales y 25 plazas de estancia diurna y cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales.
En agosto de 2023 se anunció la licitación del expediente 489/2023, destinada a la redacción del proyecto básico y de ejecución de la remodelación integral del CAMF, con un presupuesto superior al millón de euros, adaptado al Modelo de
Atención Integral y Centrado en la Persona (MAICP). En la justificación de ese proyecto en 2023 se hacía referencia, entre otros motivos, a la existencia de deficiencias estructurales graves señaladas en un informe de evaluación (riego de
desprendimiento, evacuación, protección contra incendios) y su necesaria reparación.
Sin embargo, en junio de 2024 el IMSERSO resolvió renunciar a la adjudicación por falta de financiación asegurada en ejercicios futuros según manifestaba el acta de resolución de la renuncia a adjudicar el contrato.
La necesidad de acometer esta remodelación se ha visto reforzada por los graves incidentes ocurridos en junio de 2025, cuando, debido a tormentas en Guadalajara, se produjeron filtraciones y caídas de techos en habitaciones y dependencias
comunes, obligando a evacuar residentes a otras estancias del centro.
Por otra parte, causa enorme preocupación el abandono del centro, sin invertir de modo suficiente en las infraestructuras, con una preocupante infrautilización del centro, que, pese a tener capacidad para 130 personas, cuenta en la
actualidad con apenas 76 residentes, sin nuevos ingresos en los últimos años o con protestas de los trabajadores exigiendo la cobertura de todas las plazas de la plantilla. Todo ello lleva a que surjan dudas acerca de las previsiones que tiene el
gobierno sobre el futuro de este centro.
Debido a la situación del centro, resulta inaplazable licitar la remodelación integral del CAMF de Guadalajara, garantizando la financiación suficiente y estable para su ejecución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder de forma inmediata a la nueva licitación del concurso de redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de la remodelación integral del CAMF de Guadalajara, conforme al modelo MAICP.
2. Garantizar la dotación presupuestaria plurianual suficiente para la redacción del proyecto básico y ejecución de las obras, asegurando su finalización en los plazos previstos y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.
3. Adoptar medidas urgentes de conservación y reparación en el centro para evitar riesgos de habitabilidad y seguridad hasta la finalización de las obras de remodelación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025.-Antonio Román Jasanada y Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002634
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
establecimiento de bonificaciones o incentivos fiscales, en favor de los productores agrícolas y ganaderos de Lanzarote, [toda vez que la isla ha sido declarada por la FAO, como única isla de Europa, Sistema Importante del Patrimonio Agrícola
Mundial (SIPAM)], para su debate en Comisión.
Los agrosistemas de Lanzarote -como el enarenado natural de La Geria, los enarenados artificiales y el jable- constituyen sistemas agrícolas tradicionales que han permitido el desarrollo de la agricultura en un entorno árido. Este sistema,
reconocido recientemente por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), es un ejemplo de agricultura resiliente, respetuosa con el territorio y adaptada al cambio climático.
No obstante, este modelo productivo presenta rendimientos económicos y productivos sensiblemente inferiores a los de otros territorios.
A modo de ejemplo, en el cultivo de la papa bajo enarenado, en Lanzarote se obtienen rendimientos de aproximadamente 15 t/ha, mientras que en otras zonas con sistemas de regadío más intensivos pueden alcanzarse hasta 52 t/ha. En el caso de
la viña, en áreas como La Geria se obtienen 1.100-1.500 kg/ha, y en enarenados artificiales alrededor de 2.500 kg/ha; sin embargo, en otras zonas productoras del país (p. ej., Castilla-La Mancha) los rendimientos pueden llegar hasta 14.000 kg/ha,
entre otros motivos por su cultivo en regadío intensivo.
Estos bajos rendimientos están estrechamente relacionados con los siguientes factores:
- Tamaño de las parcelas. El reducido tamaño dificulta la mecanización, alcanzar la UTA (Unidad de Trabajo Agrario) necesaria para garantizar la rentabilidad y la implantación de cultivos extensivos.
- El enarenado. La capa de picón propia de los enarenados artificiales complica la mecanización, especialmente la recolección (que debe realizarse manualmente) y las labores de abonado.
- Cultivo de secano. Las producciones en Lanzarote son mayoritariamente de secano (no existe una red de riego agrícola generalizada) y, donde hay riego localizado, los aportes hídricos se consideran de apoyo, no constituyen un regadío
intensivo.
- Labores extraordinarias. Además de las labores agrícolas ordinarias, deben realizarse otras específicas, como la excavación en los enarenados naturales -extraer picón del fondo del hoyo para evitar el enterramiento de la viña- y los
aportes de arena-picón o 'refrescado' para recuperar la capacidad higroscópica del enarenado cuando pierde sus cualidades.
- Mayores costes de producción. Los precios de los insumos agrícolas y ganaderos en Lanzarote son superiores a los de las islas capitalinas y, con mayor motivo, al territorio peninsular, lo que incide, directa e indirectamente, en una menor
rentabilidad.
Por todo ello, y atendiendo a que las particularidades de estos agrosistemas afectan a todos los cultivos que en ellos se producen, resulta justificable establecer medidas fiscales específicas -de ámbito autonómico y, en su caso, estatal-
que compensen estas desventajas estructurales, respetando los principios del artículo 31 de la Constitución Española (igualdad, generalidad y capacidad económica), la LOFCA y la normativa de ayudas de Estado de la UE.
A título ilustrativo, puede tomarse como referencia el tratamiento fiscal de la agricultura ecológica, que -por su contribución ambiental y sanitaria- dispone de índices correctores específicos en el régimen de estimación objetiva (módulos)
del IRPF, lo que se traduce en una menor tributación efectiva.
Ejemplo orientativo (viña, estimación objetiva):
- Ingresos del producto: 10.000 .
- Índice de rendimiento neto (ejemplo para viña): 0,16 ? Rendimiento base: 1.600 .
- Índice corrector por agricultura ecológica: 0,95.
- Índice corrector propuesto 'territorio SIPAM': 0,90.
- Rendimiento neto de módulos resultante: 1.368 .
Actualmente existen varios territorios españoles reconocidos por la FAO como SIPAM, siendo Lanzarote el único de naturaleza insular. En justicia, el campesinado de estos
territorios no solo debe recibir el reconocimiento por conservar estos sistemas agrícolas ancestrales, sino también una compensación económica en el ámbito fiscal por un trabajo que trasciende la mera producción de alimentos y protege un
patrimonio agrícola y paisajístico singular.
Por todo ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
Promover la creación de un índice corrector específico 'territorios SIPAM' en el régimen de estimación objetiva de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales -u otros mecanismos equivalentes en los regímenes de determinación del
rendimiento o de cuotas que resulten aplicables-, con una horquilla orientativa de 0,80-0,90, para reconocer los sobrecostes y menores rendimientos estructurales de estos sistemas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.-Cristina Valido García, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Política Territorial
161/002658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de políticas públicas que garanticen el acceso a la cultura en
municipios rurales de menos de 5.000 habitantes, mediante marcos de mediación, sostenibilidad e innovación pública, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Tal como establece el artículo 44.1 de la Constitución Española, 'los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho'. Este mandato constitucional debe garantizarse en condiciones de igualdad
en todo el territorio, también en aquellos municipios rurales que enfrentan una posición estructural de desventaja.
En España persisten importantes desequilibrios territoriales y demográficos que dificultan el ejercicio efectivo de este derecho en amplias zonas rurales, especialmente en municipios de menos de 5.000 habitantes, donde la escasez de
infraestructuras, recursos técnicos y estructuras estables limita el acceso continuado a servicios y programas culturales. Esta situación repercute negativamente en la igualdad de oportunidades, el bienestar de la ciudadanía y la cohesión
territorial.
Cabe decir que el 80 % de los 8.132 municipios de España no superan los 5.000 habitantes. Más aún, en España más de 5.000 municipios tienen menos de 1.000 habitantes. La precariedad de medios tanto económicos como materiales y personales
es mayor cuanto más pequeño es el municipio, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos sufren de una alta tasa de masculinización y sobreenvejecimiento.
En los municipios, también en los más pequeños, la cultura desempeña un papel estratégico no solo como bien simbólico, sino también como motor de cohesión social, activación comunitaria, sostenibilidad territorial e innovación democrática.
Para que su despliegue sea posible y sostenido en el tiempo, se requieren políticas públicas adaptadas a la escala local, formuladas a partir de un conocimiento profundo de los contextos rurales,
y articuladas mediante modelos de mediación cultural, colaboración interinstitucional y transferencia de conocimiento.
En los últimos años, proyectos impulsados desde el Gobierno, CCAA, universidades, consorcios público-comunitarios y entidades locales han demostrado la necesidad y viabilidad de estrategias específicas para la acción cultural rural, que
integren criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, promuevan fórmulas de gobernanza abierta y se apoyen en instrumentos de innovación pública basados en evidencias científicas.
Estas políticas deben contemplar, asimismo, un enfoque inclusivo que garantice el acceso a la cultura en condiciones de equidad, atendiendo a la diversidad de la ciudadanía rural. La participación cultural de las mujeres, de los jóvenes y
personas mayores, de las personas racializadas o de orígenes culturales diversos, de las personas LGTBI o de las de quienes sufren de alguna discapacidad puede estar aún más limitada en zonas rurales. En todo caso, la participación cultural es sin
ninguna duda un instrumento de visibilización y empoderamiento para las y los vecinos, de mejora del conocimiento mutuo, el arraigo y la autoestima. Es una herramienta poderosa para la construcción de sociedades más cohesionadas y con mayor
bienestar y, en consecuencia, una política imprescindible en la lucha contra la despoblación.
Esta iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (en particular, los ODS 10, 11 y 17), el Pilar Europeo de Derechos Sociales y las estrategias del Pacto Verde Europeo, que reconocen la cultura como eje
transversal del desarrollo sostenible y la cohesión territorial. La Agenda 2030 reconoce la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. En concreto, el ODS 11.4 y la meta 11.a hacen referencia a la necesidad de apoyar vínculos económicos,
sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante la planificación nacional y regional del desarrollo.
Por todo ello, resulta necesario que el Gobierno continúe impulsando acciones estructuradas y coordinadas que refuercen la capacidad de las administraciones locales y autonómicas para garantizar el acceso a la cultura en el medio rural,
mediante el diseño, prueba e implementación de políticas públicas adaptadas a su realidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Profundizar en la Estrategia Estatal de Impulso Cultural en Municipios Rurales, en especial en los menos de 5.000 habitantes, en colaboración con comunidades autónomas, diputaciones, comarcas y ayuntamientos, desarrollando nuevas líneas
de acción específicas, criterios de sostenibilidad y mecanismos de seguimiento adecuados a la realidad del medio rural.
2. Continuar favoreciendo en dicha Estrategia el establecimiento y reconocimiento de instrumentos de mediación cultural como estructuras técnicas y metodológicas que permitan articular la relación entre ciudadanía, administraciones y
agentes culturales, fomentando la continuidad, accesibilidad y adaptación territorial de la acción cultural.
3. Continuar promoviendo programas de innovación pública y transferencia de conocimiento entre la comunidad científica y las administraciones públicas, que faciliten el diseño, evaluación y mejora de políticas culturales basadas en
evidencias y orientadas al contexto rural.
4. Seguir ahondando en la incorporación de la dimensión territorial y rural en las políticas culturales y en la planificación, financiación y evaluación de la acción cultural pública.
5. Continuar impulsando líneas específicas de financiación y acompañamiento técnico para proyectos culturales en municipios rurales, en las que se prioricen la sostenibilidad a medio y largo plazo, el trabajo en red y la cooperación entre
administraciones, ciudadanía y tejido cultural.
6. Fomentar la colaboración de las administraciones estatal y autonómicas con los pequeños municipios para garantizar el acceso equitativo a la cultura en todo el territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Marta Gracia Blanco y Andrea Canelo Matito, Diputadas.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la activación de los concursos en
los nudos de transición justa en la provincia de León, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La provincia de León ha sido uno de los territorios más afectados por el cierre de las minas de carbón y las centrales térmicas, lo que ha provocado un profundo declive socioeconómico y demográfico en la comarca del Bierzo, Laciana y la
Montaña Central Leonesa. Estas zonas han sufrido el impacto directo de dichos cierres, con la pérdida de miles de empleos directos e indirectos, sin que hasta la fecha se haya logrado articular una alternativa económica real y sostenible.
La transición energética, que debía suponer una oportunidad para la reindustrialización y el desarrollo de nuevas actividades sostenibles, ha resultado hasta ahora fallida. En la Zona de Transición Justa Bierzo-Laciana y en la Zona de
Transición Justa Montaña Central Leonesa-La Robla no se ha conseguido sustituir de manera solvente ni el empleo ni la actividad económica perdidos con el cierre de la minería y las térmicas. Además, los mecanismos de apoyo han llegado tarde y de
forma insuficiente. La ausencia de alternativas industriales y la falta de proyectos tractores vinculados a la nueva economía verde han agravado el desequilibrio territorial, dejando a estas zonas sin opciones reales de futuro.
La normativa del sector eléctrico (Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica y el
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica) establecen la figura de los concursos de nudos de transición justa (NTJ) como mecanismo para otorgar la capacidad de
acceso a la red disponible en los mismos primando beneficios socioeconómicos y medioambientales. En el último listado actualizado de diciembre, aparecen 28 nudos en total, aunque solo 23 cumplen actualmente las condiciones necesarias.
En septiembre de 2024 REE avanzó los nudos para celebrar los primeros concursos en los nudos de transición justa, localizados en siete CCAA; se encuentran en siete comunidades autónomas: Andalucía, Comunidad de Madrid, Aragón, Castilla y
León, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha.
En diciembre, se señalaba que el concurso de Meirama (Galicia), se esperaba fuera convocado 'muy pronto', y serviría como prueba piloto para el desbloqueo de los nudos identificados por Red Eléctrica de España (REE) como susceptibles de
convocatoria.
Se publicó en el BOE el pasado 26 de diciembre la convocatoria de los tres primeros concursos, con 1.544 MW de capacidad de acceso a la red, cuyo plazo de presentación de
solicitudes terminó el 27 de febrero; en Asturias, el concurso del nudo de transición justa de Narcea 400 kV y el de La Pereda 220 kV; y en Galicia, el de Meirama 220 kV.
Es decir, pese a los años transcurridos desde que se aprobó la normativa, no se ha activado ningún concurso de los NTJ existentes en la provincia de León, quedando en papel mojado los fines que se dicen pretender de dar alternativa de
desarrollo económico y social a las comarcas afectadas por los cierres.
Además, la red de transporte eléctrico en León, diseñada para evacuar energía y no para consumirla, limita el desarrollo de proyectos electro intensivos. Es urgente reforzar la red con posiciones de consumo en nudos estratégicos,
permitiendo así la instalación de industrias que generen empleo y valor añadido para las zonas afectadas por el cierre de las minas y las centrales térmicas.
Por último, resulta inaceptable la selectividad y falta de transparencia en los concursos de demanda eléctrica, como el reciente acceso exprés concedido a grandes corporaciones, mientras se margina a provincias como León, como se pone de
relieve en la noticia titulada: 'El Gobierno salva 'in extremis' más de 6.600 millones en inversiones de Mercedes Benz, Stellantis o Moeve con un acceso exprés a la red eléctrica' 16.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Activar sin dilación los concursos en los NTJ de León: Compostilla 220 kV, Compostilla 400 kV, La Robla 400 kV, Montearenas 400 kV y Montearenas 220 kV, priorizando proyectos renovables asociados a proyectos industriales que generen
beneficios socioeconómicos y medioambientales claros: empleo, formación, inversión territorial y reducción del impacto ambiental.
2. Reforzar la red de transporte eléctrico, tal y como ha solicitado la Junta de Castilla y León, incorporando y reforzando posiciones de consumo en los nudos para facilitar proyectos electro intensivos y equilibrar la capacidad entre
generación y demanda.
3. Convocar concursos de acceso a demanda eléctrica en las subestaciones de la red de transporte de la provincia de León de forma generalizada, inmediata y transparente, garantizando igualdad de oportunidades para proyectos industriales,
logísticos y de servicios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.-Silvia Franco González y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover la inversión en la red de transporte de electricidad y aplicar cambios en la gestión de Red Eléctrica de España, para su
discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El sistema eléctrico español atraviesa una crisis estructural evidente que se ha puesto de manifiesto en el hecho de que el 83,4 % de sus puntos de conexión están saturados;
16 https://www.elmundo.es/economia/empresas/2025/04/25/680a37d9e4d4d837468b45ac.html
impidiendo con ello atender las nuevas solicitudes de suministro, conectar nueva demanda a la red de distribución eléctrica y garantizar el desarrollo económico de España. Esto evidencia, además, que el modelo eléctrico del Gobierno no es
fiable y que existe un colapso que bloquea y amenaza cientos de proyectos empresariales con una inversión potencial conjunta de 60.000 millones de euros 17.
Esta situación es consecuencia directa de decisiones políticas negligentes derivadas de la aplicación ciega y dogmática de la agenda climática en España. Así, de un tiempo a esta parte se han priorizado los criterios ideológicos sobre los
técnicos y, en la planificación energética, se han antepuesto las consignas verdes a la seguridad del suministro. El colapso de la red es, en última instancia, el resultado de años de negligencia en los que no se han llevado a cabo las inversiones
necesarias, no se han reforzado los puntos críticos y no se ha dotado al sistema del respaldo que exigen las energías renovables.
El fracaso de estas políticas marcó su máximo exponente durante el gran apagón que dejó a oscuras la totalidad de la Península Ibérica el 28 de abril de 2025 18. Las explicaciones que se dieron entonces fueron contradictorias entre sí y
pusieron de manifiesto el colapso institucional que se vivió tras el suceso 19. Mientras tanto, algunos expertos apuntaron desde el principio al modelo energético del Gobierno y lo presentaron como una de las principales causas del apagón. A su
juicio, la integración masiva de energías renovables en el mix energético hizo que la pérdida de generación desencadenase una caída de frecuencia que la red no pudo compensar a tiempo, dado que las renovables no aportan inercia al sistema y esta es
clave para evitar apagones ante alteraciones bruscas de tensión 20. Como resultado de todo ello, la partida destinada a los ajustes del sistema se acerca ya a los 800 millones de euros, incidiendo en la factura energética de las familias y la
Industria 21.
En todo caso, el Gobierno y Red Eléctrica de España deberían haber previsto esta posibilidad, a la vista de que, ya en diciembre de 2023, algunos medios señalaban que 'España quedaría sumida en el caos y los apagones serían el pan nuestro de
cada día' 22 argumentando que 'las actuales redes eléctricas no están preparadas para un escenario de generación eléctrica super atomizado, con centenares de plantas dispersas' 23. Resulta evidente, por tanto, que España no cuenta con el necesario
respaldo que proporcionan las fuentes de energía síncronas capaces de asegurar la estabilidad de un mix cada vez menos fiable. Así las cosas, el sistema eléctrico español es, en la actualidad, un sistema tremendamente inestable, vulnerable e
incapaz de garantizar la soberanía energética de nuestro país. A ello han contribuido el Pacto Verde Europeo, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
La responsabilidad de la red de transporte energético en España recae en Red Eléctrica de España, entidad de la cual el Gobierno posee el 20 % de participación a través de la SEPI 24. En concreto, el artículo 34 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico establece que 'Red Eléctrica de España, SA, actuará como transportista único desarrollando la actividad en régimen de exclusividad'. En consecuencia, el modelo monopolista instaurado en España concentra en 'un
transportista único integrado con el operador del sistema' la ejecución del desarrollo de la red de transporte 25. Por este motivo, la responsabilidad última de la saturación del sistema eléctrico español y del gran apagón que tuvo lugar el 28 de
abril es de Red Eléctrica de España y de Beatriz Corredor, su presidenta. Cabe destacar al respecto que los estatutos sociales de la compañía señalan que 'el
17 https://www.elmundo.es/economia/empresas/2025/09/09/68bfcd71fdddffbd718b459e.html
18 https://elpais.com/economia/2025-04-28/apagon-electrico-masivo-en-espana.html
19 https://elpais.com/expres/2025-06-19/de-quien-fue-la-culpa-del-apagon-el-choque-de-versiones-entre-red-electrica-y-el-gobierno.html
20 https://vivolt.com/renovables-apagon
21 https://www.elmundo.es/economia/empresas/2025/10/02/68dbbabae9cf4a0c038b4599.html
22 https://www.larazon.es/economia/gobierno-reconoce-riesgo-apagones-espana-cierre-nuclear_20231217657e48dff03b8e0001f23efd.html
23 Ibidem.
24 https://www.redeia.com/es/accionistas-e-inversores/la-accion/accionariado
25 https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2024/07/red-electrica-el-modelo-de-operacion-del-sistema
Consejo designará de entre sus miembros a su presidente' 26, por lo que el Gobierno podría aprovechar su peso en la compañía para adoptar las medidas que permitan destituirla.
Por todo ello, se hace necesario impulsar una revisión profunda del marco legislativo actual que incluya la suspensión de todas las normas que pongan en riesgo la estabilidad y la seguridad de la red eléctrica española. Asimismo, también es
imprescindible exigir responsabilidades a los gobiernos que han fomentado la energía renovable sin dotar a la red eléctrica de las herramientas necesarias para garantizar el suministro y la soberanía energética de España; y reclamar al Ejecutivo
que impulse la destitución de la presidenta de Red Eléctrica de España por su responsabilidad en el gran apagón.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Analizar la capacidad de la red española de transporte de electricidad y promover las medidas necesarias para dotar a España de un sistema eléctrico acorde a sus necesidades.
2. Promover la puesta en marcha de infraestructuras que mejoren la red de transporte de electricidad para poner fin a los persistentes cortes en el suministro eléctrico y a las limitaciones a la inversión en nuestro país.
3. Impulsar las modificaciones regulatorias necesarias al objeto de aportar mayor estabilidad y claridad al sector eléctrico:
a. Obligar a Red Eléctrica de España a declarar el estado de carga de todos los nodos de la red eléctrica, a publicar la información referente a la potencia eléctrica disponible, así como a explicitar y justificar los criterios de asignación
de las inversiones.
b. Derogar la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética por obstaculizar el aprovechamiento de los recursos naturales de España y limitar su desarrollo energético e industrial.
c. Derogar el Pacto Verde Europeo y revertir todas las políticas que prioricen criterios ideológicos sobre la seguridad y estabilidad del suministro eléctrico.
d. Diseñar una regulación energética que tenga como principio rector el suministro asequible, seguro y continuo de electricidad, relegando la imposición de objetivos de descarbonización que comprometen la producción española.
e. Revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) eliminando su sesgo ideológico y adaptándolo a las necesidades reales y estratégicas de España.
4. Desarrollar una estrategia de refuerzo del sistema eléctrico español frente a ataques, fallos técnicos o fenómenos naturales que puedan provocar el colapso o una caída 'a cero' del sistema. Para ello será necesario, al menos:
a. Defender el desarrollo de un mix energético equilibrado y diversificado, que proporcione solidez al sistema, evitando la dependencia de tecnologías intermitentes o poco maduras.
b. Revisar de forma urgente la estructura del sistema eléctrico para garantizar la independencia y robustez internodal y evitar los fallos en cascada.
c. Asegurar una capacidad de generación suficiente y estable para afrontar picos de demanda y evitar interrupciones, anteponiendo la estabilidad del sistema a los objetivos de descarbonización.
26 https://www.ree.es/sites/default/files/modificacion_estatutossociales_130313_v1.pdf
5. Impulsar la destitución de la presidenta de Red Eléctrica Española por su deficiente gestión de la operadora y por su responsabilidad en el gran apagón del 28 de abril.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, José María Figaredo Álvarez-Sala y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo del dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa al reconocimiento de las comunidades de montes vecinales en mano común como comunidades energéticas, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La producción, distribución y consumo de energía eléctrica es un sector estratégico de la economía a día de hoy. Sin embargo, en lugar de caminar hacia una regulación que ponga esa producción al servicio de la ciudadanía, como riqueza
generada a partir de un bien público, el actual contexto económico y legal facilita que se haya convertido en un bien muy costoso y sometido a los vaivenes y a los intereses del mercado. La actual regulación del sector energético provoca
movimientos especulativos y un régimen de oligopolio en que unas pocas empresas tienen el control de casi toda la cadena del sector eléctrico, lo que genera beneficios multimillonarios para un reducido grupo de actores y graves perjuicios para la
mayoría social. La escalada de los precios de la energía eléctrica que se produjo a lo largo del año 2021 y en los primeros meses del 2022 es una de las caras más visibles de un sistema injusto, una realidad que tiene un importante impacto negativo
en los sectores económicos, en las Pymes, y en los hogares.
Por todo esto, el BNG defiende cambios estructurales en el modelo energético que pasan por la intervención pública en el sector, medidas de reducción del precio, supresión de los denominados beneficios caídos del cielo o la creación de una
tarifa eléctrica gallega que permita reducir el precio de la luz atendiendo a la condición de Galiza de excedentaria en energía eléctrica.
Al mismo tiempo, defendemos un modelo de producción alternativo, distribuido y de proximidad que, facilite un mayor grado de socialización y democratización del acceso a la energía y una suerte de empoderamiento energético ciudadano.
Ejemplo de estas políticas son las llamadas comunidades energéticas. Figura ya incorporada al derecho comunitario, a través de la Directiva (UE) 2018/2001 y en 2019 con la Directiva (UE) 2019/944 con las que se regula el concepto de las
'comunidades energéticas locales' y las figuras jurídicas de las 'comunidades de energías renovables' y de las 'comunidades ciudadanas de energía'. Estas entidades se definen como 'cualquier asociación, cooperativa, sociedad, organización sin ánimo
de lucro u otra entidad jurídica dedicada a la generación distribuida y a la realización de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o agregador a nivel local'.
Estas figuras jurídicas fueron trasladadas a la legislación española mediante el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, en el que se
modifica determinados aspectos de la Ley 24/2013 del sector eléctrico. En esta norma, se definen las Comunidades de Energías Renovables como 'entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente
controladas por socios o miembros que están situados en las cercanías de los proyectos de energías renovables
que sean propiedad de estas entidades jurídicas, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o entidades locales, incluidos los ayuntamientos, y cuya finalidad primordial sea suministrar de beneficios medioambientales, económicos o
sociales a sus socios o miembros, o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras'. Las comunidades energéticas pueden desarrollar las siguientes actividades:
- Generación de energía procedente de fuentes renovables.
- Servicios de eficiencia y rehabilitación energética.
- Suministro, consumo, agregación y almacenamiento de energía, y potencialmente distribución.
- Prestación de servicios de recargo de vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos.
Si bien esta figura jurídica forma parte de la legislación comunitaria y estatal, está pendiente su efectiva transposición mediante el desarrollo de muchos de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros que deben regular las comunidades
energéticas locales y su participación en el sector energético.
Debido a la indefinición legal de muchas materias en este ámbito, existen muchas trabas y restricciones que dificultan la creación de comunidades locales de energía. La falta de seguridad jurídica está provocando la ralentización de
proyectos, que muchas veces tienen que ser tramitados como proyectos de autoconsumo para salvar el vacío legal.
No ámbito gallego, las comunidades de montes vecinales en mancomún se dirigieron al gobierno central solicitando su inclusión en la figura jurídica de las 'comunidades energéticas', ya que con la actual regulación no pueden actuar como
tales, por la falta de consideración de este tipo de propiedad propio de Galiza que combina su naturaleza privada y colectiva.
Su regulación se encuentra, fundamentalmente, en la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común. Son considerados como bienes indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables, por ser propiedad de la
comunidad de vecinos. Así, la propiedad de los montes vecinales es de naturaleza privada pero colectiva, correspondiendo su titularidad dominical y aprovechamiento, sin asignación de cupos, al conjunto de los vecinos titulares con casa abierta y
residencia habitual en las entidades de población a las que tradicionalmente estuviera adscrito su aprovechamiento.
Cabe destacar que, aproximadamente, la quinta parte del territorio gallego, unas 650.000 hectáreas, corresponde a monte vecinal en mano común, gestionado por unas 3.000 comunidades de montes. Esto demuestra claramente, que no es solo una
señal de identidad cultural, sino también un importante factor económico y de producción en el medio rural.
Ahora, muchas comunidades de montes están intentando diversificar la actividad productiva y la utilización de las figuras de las comunidades energéticas para lograr riqueza en medio rural, abastecer de energía e incluso dar servicios a los
núcleos y aldeas dentro de la comunidad es una gran oportunidad. Esta iniciativa puede ser un motor económico y, además, facilita dar nuevos usos al monte comunal.
Sin embargo, falta de encaje de esta figura propia del Derecho Civil de Galiza, en la legislación estatal, hace que se le dificulte el acceso a ayudas, subvención o mismo al reconocimiento como promotores, exigiéndoles acudir a otras figuras
asociativas.
El BNG considera básico que, además de la regulación efectiva y favorable de las comunidades energéticas, las instituciones públicas deben actuar cómo impulsoras, promotoras y fomentadoras de este modelo distribuido y de proximidad, como
alternativa social al modelo intensivo y depredador de los grandes polígonos energéticos de iniciativa privada que están literalmente amenazando e invadiendo amplias zonas de la geografía gallega y, en este cambio, el papel de las comunidades de
montes es fundamental, por lo que deben eliminarse todas las trabas y facilitar su pleno reconocimiento jurídico, también para la promoción de comunidades energéticas.
Por todo el expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a regular las comunidades energéticas de base ciudadana, especialmente las radicadas en el ámbito rural para dar respuesta las demandas y necesidades reales y que se reconozca a las comunidades de
montes vecinales en mano común que así lo soliciten, como comunidades energéticas de pleno derecho segundo lo dispuesto en los artículos 12 bis y siguientes de la Ley 24/2013.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao recoñecemento das comunidades de montes veciñais en man común como comunidades enerxéticas, para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
A produción, distribución e consumo de enerxía eléctrica é un sector estratéxico da economía a día de hoxe. Porén, en lugar de camiñar cara unha regulación que poña esa produción ao servizo da cidadanía, como riqueza xerada a partir dun ben
público, o actual contexto económico e legal facilita que se convertese nun ben moi custoso e sometido aos vaivéns e aos intereses do mercado. A actual regulación do sector enerxético provoca movementos especulativos e un réxime de oligopolio en
que unhas poucas empresas teñen o control de case toda a cadea do sector eléctrico, o que xera beneficios multimillonarios para un reducido grupo de actores e graves prexuízos para a maioría social. A escalada dos prezos da enerxía eléctrica que se
produciu ao longo do ano 2021 e nos primeiros meses do 2022 é unha das caras máis visíbeis dun sistema inxusto, unha realidade que ten un importante impacto negativo nos sectores económicos, nas PeMEs, e nos fogares.
Por todo isto, o BNG defende cambios estruturais no modelo enerxético que pasan pola intervención pública no sector, medidas de redución do prezo, supresión dos chamados beneficios caídos do ceo ou a creación dunha tarifa eléctrica galega
que permita reducir o prezo da luz atendendo á condición da Galiza de excedentaria de enerxía eléctrica.
Ao mesmo tempo, defendemos un modelo de produción alternativo, distribuído e de proximidade que facilite un maior grao de socialización e democratización do acceso á enerxía e unha sorte de empoderamento enerxético cidadán. Exemplo destas
políticas son as chamadas comunidades enerxéticas. Figura xa incorporada ao dereito comunitario, a través da Directiva (UE) 2018/2001 e en 2019 coa Directiva (UE) 2019/944 coas que se regula o concepto das 'comunidades enerxéticas locais' e as
figuras xurídicas das 'comunidades de enerxías renovábeis' e das 'comunidades cidadás de enerxía'. Estas entidades defínense como 'calquera asociación, cooperativa, sociedade, organización sen ánimo de lucro ou outra entidade xurídica dedicada á
xeración distribuída e á realización de actividades dun xestor de rede de distribución, subministrador ou agregador a nivel local'.
Estas figuras xurídicas foron trasladadas á lexislación española mediante o Real Decreto Lei 23/2020, de 23 de xuño, polo que se aproban medidas en materia de enerxía e noutros ámbitos para a reactivación económica, en que se modifica
determinados aspectos da Lei 24/2013 do sector eléctrico. Nesta norma, defínense as Comunidades de Enerxías Renovábeis como 'entidades xurídicas baseadas na participación aberta e
voluntaria, autónomas e efectivamente controladas por socios ou membros que están situados nas proximidades dos proxectos de enerxías renovábeis que sexan propiedade destas entidades xurídicas, cuxos socios ou membros sexan persoas físicas,
pemes ou entidades locais, incluídos os concellos, e cuxa finalidade primordial sexa fornecer de beneficios medioambientais, económicos ou sociais aos seus socios ou membros, ou ás zonas locais onde operan, en lugar de ganancias financeiras'. As
comunidades enerxéticas poden desenvolver as seguintes actividades:
- Xeración de enerxía procedente de fontes renovábeis.
- Servizos de eficiencia e rehabilitación enerxética.
- Subministro, consumo, agregación e almacenamento de enerxía, e potencialmente distribución.
- Prestación de servizos de recarga de vehículos eléctricos ou doutros servizos enerxéticos.
Se ben esta figura xurídica forma parte da lexislación comunitaria e estatal, está pendente a súa efectiva transposición mediante o desenvolvemento dos aspectos xurídicos, técnicos e financeiros que deben regular as comunidades enerxéticas
locais e a súa participación no sector enerxético.
Debido a indefinición legal de moitas materias neste ámbito, existen moitas trabas e restricións que dificultan a creación de comunidades locais de enerxía. A falta de seguranza xurídica está a provocar a ralentización de proxectos, que
moitas veces teñen que ser tramitados como proxectos de autoconsumo para salvar o baleiro legal.
No ámbito galego, as comunidades de montes veciñais en mancomún dirixíronse ao goberno central solicitando a súa inclusión na figura xurídica das 'comunidades enerxéticas', xa que coa actual regulación non poden actuar como tales, pola falta
de consideración deste tipo de propiedade propio da Galiza que combina a súa natureza privada e colectiva.
A súa regulación encóntrase, fundamentalmente, na Lei 13/1989, de 10 de outubro, de montes veciñais en man común. Son considerados como bens indivisíbeis, inalienábeis, imprescriptíbeis e inembargábeis, por ser propiedade da comunidade de
veciños. Así, a propiedade dos montes veciñais, é de natureza privada mais colectiva, correspondendo a súa titularidade dominical e aproveitamento, sen asignación de cupos, ao conxunto dos veciños titulares con casa aberta e residencia habitual nas
entidades de poboación ás que tradicionalmente estivese adscrito o seu aproveitamento.
Cabe destacar que, aproximadamente, a quinta parte do territorio galego, unhas 650.000 hectáreas, corresponde a monte veciñal en man común, xestionado por unhas 3.000 comunidades de montes. Isto ven demostrar claramente, que non é só un
sinal de identidade cultural, se non tamén un importante factor económico e de produción no medio rural.
Agora, moitas comunidades de montes están intentando diversificar a actividade produtiva e, a utilización das figuras das comunidades enerxéticas para lograr riqueza no medio rural, abastecer de enerxía e mesmo dar servizos aos núcleos e
aldeas dentro da comunidade, é unha grande oportunidade. Esta iniciativa pode ser un motor económico e, ademais, facilita dar novos usos ao monte comunal.
Porén, falta de encaixe desta figura propia do Dereito Civil da Galiza na lexislación estatal, fai que se lle dificulte o acceso a axudas, subvención ou mesmo ao recoñecemento como promotores, exixíndolles acudir a outras figuras
asociativas.
O BNG considera básico que, máis alá da regulación efectiva e favorábel das comunidades enerxéticas, as institucións públicas deben actuar como impulsoras, promotoras e fomentadoras deste modelo distribuído e de proximidade, como alternativa
social ao modelo intensivo e depredador dos grandes polígonos enerxéticos de iniciativa privada que están literalmente ameazando e invadindo amplas zonas da xeografía galega e, nesta mudanza, o papel das comunidades de montes é fundamental, polo que
deben removerse todos os atrancos e facilitar o seu pleno recoñecemento xurídico, tamén para a promoción de comunidades enerxéticas.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso insta o Goberno do Estado a regular as comunidades enerxéticas de base cidadá, especialmente as radicadas no ámbito rural que dea resposta as demandas e necesidades reais e que se recoñeza ás comunidades de montes veciñais en man
común que así o soliciten como comunidades enerxéticas de pleno dereito segundo o disposto nos artigos 12 bis e seguintes da Lei 24/2013.'
En Madrid, a 24 de outubro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz do GP Mixto.
Comisión de Cultura
161/002628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación urgente de la
Comisión Nacional del Bicentenario del fallecimiento de Goya y su declaración como acontecimiento de excepcional interés público, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Francisco de Goya (1746-1828), que nació en Fuendetodos (Zaragoza), es uno de los aragoneses más ilustres de la historia, cuya tierra natal marcó su formación y gran parte de su genial obra.
La obra de Goya resulta una de las más influyentes de la pintura europea entre el siglo XVIII y XIX. Comenzó con encargos religiosos y decorativos en Zaragoza, como los frescos del Coreto del Pilar y la Cartuja de Aula Dei, en un estilo
tardobarroco e italianizante aprendido durante su estancia en Roma. Tras su llegada a Madrid, sus cartones para tapices en la Real Fábrica de Santa Bárbara mostraron escenas costumbristas llenas de luz y movimiento, que lo hicieron popular entre la
corte de Carlos III y Carlos IV.
Se consolidó como retratista de la aristocracia y de la familia real. Obras como La familia de Carlos IV (1800) o La condesa de Chinchón son ejemplos de su talento para captar el carácter psicológico de los retratados, en una línea
naturalista que instauró Diego de Velázquez en España. Sus famosos grabados en series como Los Caprichos (1799), Los Desastres de la guerra (1810-1820) o La Tauromaquia (1815-1816) combinan virtuosismo técnico y crítica social, anticipando el arte
moderno. De ellos restan sus famosos álbumes, el A (Sanlúcar) y B (Madrid) sobre sátira de costumbres sociales, el C (Inquisición), E (denominado de bordes negros), y el F (Visiones de España). En ellos se observa su espíritu crítico, racionalismo
ilustrado y transformación conforme avanzó la guerra de independencia y su exilio en Burdeos.
Al final de sus días, su pintura se volvió más libre, subjetiva y oscura, las Pinturas Negras (1819-1823), murales que decoraban su Quinta del Sordo, y las litografías de Los Toros de Burdeos son su testamento artístico, donde se mezcla la
violencia, la superstición y la condición humana con un lenguaje pictórico adelantado a su tiempo. Por todo ello, Goya es considerado un precursor del romanticismo y del expresionismo, puente entre el arte moderno y contemporáneo.
Con motivo del Bicentenario de su fallecimiento (1828-2028), el Gobierno de Aragón, una vez constituida la comisión autonómica, ha solicitado al Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, la creación inmediata de la Comisión Nacional del
Bicentenario del
fallecimiento de Goya y, también, la declaración de tal efeméride como acontecimiento de excepcional interés público. Un acontecimiento que el actual Gobierno no ha incluido en el Real Decreto-ley 8/2025, de 8 de julio, por el que se
declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público.
El objetivo es promover la necesaria colaboración interinstitucional en el desarrollo de políticas culturales para llegar al mayor número posible de ciudadanos, y ser punto de partida institucional de la mayor conmemoración cultural del
gobierno aragonés.
El Gobierno de Aragón ya ha iniciado esta labor con el desarrollo de los primeros hitos del Plan Director del Bicentenario, como la puesta en marcha del Centro Goya, en el edificio de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar, uno de sus
principales proyectos; la exposición 'Goya del Museo al Palacio' en el Palacio de la Aljafería; la compra del retrato de José de Cistué y Coll pintado por Goya y que forma parte de la colección del Museo de Huesca; o las exposiciones que han
comenzado a itinerar por el territorio junto a la Fundación Goya en Aragón.
La propuesta de crear una Comisión nacional, adscrita al Ministerio de Cultura, pretende contar con relevantes instituciones nacionales como este Ministerio, el Ayuntamiento de Madrid, el Museo Nacional del Prado, la Biblioteca Nacional de
España, el Museo de Historia de Madrid, la Ermita de San Antonio de la Florida, la Basílica de San Francisco el Grande, la Fundación Casa de Alba, Patrimonio Nacional (Palacio Real), la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Banco de
España y la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, así como la presidencia de honor de este organismo corresponderá a SSMM los Reyes. Una colaboración que no es solo organizativa, sino que refleja la trayectoria nacional de Goya en la Corte y su
legado como símbolo del paisaje cultural común de España.
Se persigue, además, una proyección internacional, contando con los países que Goya visitó (Italia y Francia), con espacios relacionados con su vida, viviendas, sitios que le inspiraron y los distintos museos y espacios que albergan obras
del pintor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La creación inmediata de la Comisión Nacional del Bicentenario del fallecimiento de Goya, bajo la presidencia de honor de SSMM los Reyes.
2. El impulso, en colaboración con el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española, de la promoción de la obra y figura de Goya en el ámbito internacional, en particular con Francia e Italia, entre otros.
3. Declarar 'Bicentenario del fallecimiento de Goya' como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, incluyéndolo en el próximo Real Decreto a tal efecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Luis María Beamonte Mesa, Raúl Cuevas Larrosa, Pedro Navarro López, Ana Isabel Alós López, Javier José Folch Blanc, Raquel Clemente Muñoz, José
Alberto Herrero Bono, Borja Sémper Pascual, Jaime Miguel de los Santos González, Beatriz Jiménez Linuesa, Eduardo Carazo Hermoso, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel García Félix, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio,
Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Carina Mejías Sánchez y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección y el fomento del comercio local, para su discusión en la Comisión de Economía, Comercio y
Empresa.
Exposición de motivos
El comercio de proximidad constituye una de las bases fundamentales del tejido productivo español, encarnando los valores de esfuerzo, tradición, servicio y arraigo a nuestras ciudades. Estos establecimientos no solo son generadores de
empleo y riqueza, sino que son también vertebradores de los barrios y de los pueblos. El 45 % de los comercios son de autónomos sin asalariados y el 54 % restante tienen menos de diez empleados a cargo. Solo el 1,8 % de los comercios tienen más de
10 asalariados a cargo 27.
Sin embargo, este modelo está siendo gravemente amenazado por una combinación de factores: una presión fiscal y burocrática asfixiante, la competencia desleal de grandes plataformas extranjeras y políticas públicas equivocadas, en
detrimento de los autónomos y pequeños empresarios españoles.
Ejemplo de ello es el número de comercios que componen el sector actualmente en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a comienzos de 2024 el número de comercios se redujo en 51.062 desde 2019. Solo en el último
año se destruyeron 8.153 comercios, de los cuales 9.771 eran sin asalariados a cargo 28. Con datos más actualizados por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en junio de 2025 se redujeron en 9.184 los comercios
afiliados de menos de diez empleados.
Por otro lado, el Índice del Comercio al por menor elaborado por el INE muestra cómo, en el pasado mayo, los comercios 'unilocalizados' tuvieron una actividad a precios constantes un 2,5 % inferior a los niveles del mismo mes del 2018, y los
dedicados al sector de la alimentación, un 13,1 % por ciento menor. Las cifras que muestra el INE son aún más alarmantes si se comparan con el año 2005, con una caída del 33,2 %, y del 38,4 % para los especializados en alimentación 29.
Si bien las competencias en materia de comercio recaen en buena medida en las administraciones regionales y locales, la Administración General del Estado tiene una responsabilidad directa sobre las cargas que soportan los pequeños comercios
y que afectan directamente a su viabilidad.
En este sentido, en cuanto a los factores que afectan al comercio de cercanía, en primer lugar, el Gobierno ha incrementado los costes por cotizaciones obligatorias por encima del incremento de cualquier otro coste laboral. En concreto, el
aumento en el primer trimestre de este año comparado con el mismo periodo de 2018 ha sido del 29,5 % 30. Además, la inflación 31 ha supuesto un ajuste de los márgenes que, añadido a una demanda nacional estancada 32, afecta especialmente a este
tipo de negocios debido a su menor
27 Directorio Central de Empresas (DIRCE) https://www.ine.es/up/XGSVDT1Ni5
28 Ibid.
29 https://www.ine.es/up/bLAh8pKpi1
30 https://www.ine.es/up/WfGWb2oc
31 Según el INE, desde junio de 2018 a junio de 2025, los precios se han incrementado un 22,16 % y el de los alimentos un 39,3 %. https://www.ine.es/up/GR8gBXRZiY
32 Según Eurostat, el consumo final de los hogares apenas ha aumentado hasta 2025 un 0,3 % con respecto al nivel registrado en el año 2018. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/cddc5ad8-7bcd-4cdb-a207-32a660234cb7?lang=en
estructura y poder de negociación con proveedores 33. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en junio del presente ejercicio se han perdido 9.184 puestos de trabajo autónomo en el comercio en el último año y
58.759 desde el mismo mes de 2018 34.
A la rigidez del mercado y al encarecimiento de los costes se suma una presión fiscal que sigue apretando al pequeño comerciante. En primer lugar, la negación del Gobierno a ajustar las tarifas del IRPF a la inflación. Además, hay que
señalar todos los impuestos medioambientales que tienen que soportar estos pequeños negocios de cercanía 35: impuesto a los envases de plástico no reutilizables en lo relativo a las bandejas de carne y pescado, film transparente o envases de un
solo uso y la tasa por recogida y gestión de residuos comerciales. Estas cargas fiscales y administrativas suponen que los autónomos tengan que destinar hasta 193 días al año de su actividad exclusivamente al pago de impuestos 36. Como colofón, se
añade la repercusión del nuevo impuesto al CO2 en transporte por carretera o el aumento de los costes logísticos por la imposición de las denominadas Zonas de Bajas Emisiones 37.
A este escenario se incorpora ahora la obligación de llevar cabo la factura electrónica 38 y el Verifactu 39 entre 2026 y 2027, dos imposiciones que requieren de herramientas tecnológicas complejas, costosas y pensadas para grandes
estructuras empresariales. Los negocios soportarán un coste de entre 20 y 100 euros al mes para la implantación del Verifactu y sanciones por incumplimientos que podrían alcanzar los 150.000 euros 40.
Lejos de facilitar la actividad económica, las Administraciones públicas han construido una estructura normativa que actúa como un verdadero impuesto silencioso. En total, el comercio minorista resulta ser el más afectado, con más de 390
normativas distintas sobre horarios comerciales 41, regulaciones autonómicas contradictorias y requisitos administrativos que varían según el territorio, volviendo a generar serias desigualdades entre los españoles. Esta sobrecarga normativa genera
un coste de oportunidad de 70.000 millones de euros al año 42. Todo ello, lleva a situar a España como uno de los países de la Unión Europea con mayores barreras a este comercio 43.
Como consecuencia, cada traba, coste añadido y normativa asfixiante impuesta al comercio de proximidad se convierte en una ventaja competitiva para las grandes plataformas digitales extranjeras, que operan con menores obligaciones fiscales,
recursos tecnológicos ilimitados y una posición dominante en el mercado 44. Esta dinámica no solo destruye el tejido comercial local, sino que concentra el poder económico en manos de grandes corporaciones que no tributan en España y que, en última
instancia, drenan riqueza y empleo fuera de nuestras fronteras.
Ante esta realidad, urge articular una respuesta decidida que no se limite a declaraciones simbólicas, sino que se traduzca en reformas eficaces. El comercio local necesita menos trabas, menos impuestos y más confianza institucional. Es
imprescindible
33 https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2024/08/31/66d214fee5fdea6e6b8b4570.html
34 https://w6.seg-social.es/PXWeb/sq/d9288a6c-f1b9-4446-a928-562afd2fac48
35 Aprobados por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.
36 https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/autonomos/autonomos-españoles-destinan-193-dias-pagar-impuestos/20250228141113041264.html
37 https://www.diariodecastillayleon.es/palencia/250121/96857/zona-bajas-emisiones-palencia-comercio-preocupado-impacto.html
38 Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
39 https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/sistemas-informaticos-facturacion-verifactu/cuestiones-generales.html
40 https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/hacienda-alerta-pymes-autonomos-150-000-euros-multa-cumplen-requisito-julio-20250719_3186059.html
41 https://juandemariana.org/wp-content/uploads/2025/05/CURVA-DE-LAFFER-REGULATORIA-.pdf
42 https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/laboral/sobrecarga-regulatoria-actua-como-impuesto-silencioso-autonomos-pymes/20250605130959043041.html
43 Ibid.
44 https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/todo-digital/pequenos-comercios-alertan-peligro- plataformas-ahora-temu-desembarca-espana/20250425172457042287.html
reducir la carga normativa y fiscal, garantizar una implantación digital que sea justa y vaya en consonancia con las capacidades de cada negocio.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Defender el comercio local y el producto nacional frente a las grandes multinacionales y franquicias que eluden sus obligaciones fiscales, comercian con los datos digitales cosechados en España, e impiden a nuestros pequeños comerciantes
acceder al mercado en condiciones de igualdad.
2. Revisar la regulación de las grandes plataformas tecnológicas y de distribución, asegurando que tributen en España, respeten los derechos del consumidor y no utilicen prácticas de dumping ni abuso de posición dominante.
3. Reducir la presión fiscal y burocrática sobre el pequeño comercio, eliminando tasas abusivas y simplificando los procedimientos administrativos que dificultan la actividad diaria del autónomo y la pyme.
4. Poner en marcha líneas de ayudas directas al comercio local y pequeños negocios, incluyendo bonos descuento para el consumo de proximidad, con el objetivo de reactivar la demanda local y fidelizar al cliente.
5. Asegurar la protección comercial en barrios tradicionales, zonas rurales y centros históricos, donde se priorice la instalación y mantenimiento del comercio local, con beneficios fiscales y apoyo logístico.
6. Eliminar la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades, para que no supongan una barrera al comercio local, permitiendo el acceso de proveedores, clientes y trabajadores de pequeños negocios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Carina Mejías Sánchez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Sanidad
161/002631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover la detección e identificación temprana de la depresión posparto en el
SNS, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El nacimiento de un bebe conlleva cambios importantes en la vida de las mujeres, tanto a nivel físico y bioquímico, como psicológico y social. Llegado ese momento, las mujeres deben adquirir nuevas habilidades y responsabilidades, además de
asumir un nuevo rol social que puede llegar a producir situaciones de estrés y altos niveles de autoexigencia.
Todo esto, asociado a la presencia de distintos factores, también a la falta de corresponsabilidad en los cuidados, hacen que el puerperio sea un periodo de gran vulnerabilidad para la aparición de trastornos del estado de ánimo.
Respecto a estos trastornos se refiere la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual calcula que una de cada cinco mujeres presenta problemas de salud mental a largo del embarazo y /o el primer año postnatal.
Según el artículo 'Salud materno-infantil y salud mental perinatal. Un ámbito de mejora en la Sanidad española', 'La presencia de problemas de salud mental en las madres se ha asociado a problemas en el desarrollo infantil y a un aumento de
la incidencia de psicopatologías en la infancia y alo largo de la vida, por lo cual la correcta identificación y tratamientos de dicho problema constituye una Estrategia de Salud Pública'.
Los estudios sitúan que la salud mental perinatal está directamente relacionada con el bienestar, la armonía o equilibrio psíquico y somático necesario para el óptimo desarrollo personal, mental y social desde la etapa periconcepcional hasta
la posnatal.
En su dimensión biopsicosocial, la salud mental perinatal incluye a la madre, al bebe, al padre y a toda la unidad familiar, los cuales requieren ser cuidadas desde la etapa antenatal a la postnatal, al menos, hasta los 3 años.
Las cifras muestran que en torno a un 60-85 % de mujeres que dan a luz manifiestan presentar ciertos síntomas de apariencia depresiva en los primeros días del puerperio. Esta afección es comúnmente conocida como tristeza postparto, y se
caracteriza por síntomas de intensidad leve que desaparecen de forma autolimitada sin necesidad de atención médica ni psicológica, a pesar de la elevada incidencia de problemas afectivos en el posparto, entre los que destaca la depresión (DPP), que
a lo largo del tiempo derivan en afectaciones más graves.
Los trastornos del estado de ánimo durante la gestación y el postparto son variados, y pueden ir desde cortos periodos de fragilidad, crisis de llanto e irritabilidad (denominado tristeza postparto), a situaciones más graves e incapacitantes
como la propia DPP o la psicosis puerperal.
Entre las dos situaciones anteriores encontramos la depresión postparto (DPP), la cual es la más predominante en las mujeres que dan a luz.
La DPP no se diferencia en cuanto a síntomas de una depresión en cualquier otro momento de la vida, pero su importancia radica en los grandes perjuicios que puede acarrear ya no solo para la madre (configuración de la identidad materna),
sino también para el bebé (vínculo madre-bebé, desarrollo y salud mental infantil) y el resto de los miembros de la familia, y/o a nivel laboral. Caracterizándose fundamentalmente por: tristeza, pérdida de interés en las actividades cotidianas,
disminución de la energía, pérdida de confianza y autoestima, sentimiento de culpa, disminución de la concentración, perturbación del sueño y apetito, ideas de muerte y/o suicidio.
Hasta el momento y debido a multitud de barreras, la DPP es una patología que permanece invisible y tiende incluso a ser ocultada o infravalorada. El estigma con el que cuentan las afectaciones psiquiátricas, la vergüenza o el temor a la
crítica, la dificultad por parte de las madres de definir como 'enfermedad' el malestar psicológico que sufren, la creencia de que la depresión se supera con fuerza de voluntad, la consideración de que el malestar que sufren es algo 'normal' en la
experiencia de la maternidad, hacen que la DPP sea una patología difícilmente diagnosticada y en consecuencia, susceptible de un tratamiento insuficiente, el cual mantenido en el tiempo resulta muy significativo y grave.
La idealización que socialmente se hace de la maternidad, favorece el estigma y retrasa que estas mujeres pidan ayuda. Si una mujer con DPP, no recibe ayuda profesional y/o no cuenta con apoyo sociofamiliar, esta situación puede agravarse y
llegar a convertirse en un problema crónico o recurrente, teniendo unas consecuencias devastadoras a varios niveles, y puede suponer el comienzo de un trastorno depresivo recurrente que afecte gravemente a su calidad de vida.
Por el contrario, cuando la mujer es tratada y recibe la ayuda adecuada, la DPP es algo temporal y se puede alcanzar una recuperación completa, pudiendo la mujer llevar una vida totalmente plena y feliz en la que la DPP haya sido únicamente
un episodio de su pasado.
Diagnosticar la DPP no es tarea fácil, ya que su sintomatología puede confundirse con algunos comportamientos normales de adaptación al puerperio. Debido a esto, hay
aproximadamente un 50 % de casos de esta patología que no son diagnosticados, por estos motivos, ni tratados adecuadamente.
Llama la atención que este trastorno tan frecuente no se diagnostique, a pesar de que su prevalencia es mayor que la de otras patologías obstétricas a las que se da una mayor importancia en la práctica clínica, como la preeclampsia, el parto
prematuro o la diabetes gestacional.
En la actualidad, se evidencian carencias en la implementación del derecho a la atención de la salud mental en la etapa perinatal según las recomendaciones de la OMS, como un seguimiento durante el embarazo por un único profesional
estableciendo una relación de confianza médico-paciente, establece también recomendación de trabajo de grupos de mujeres durante el embarazo, las visitas a domicilio para comprobar la salud de la madre y su bebe en su entorno natural.
Tras las revisiones de diversos artículos empíricos con relación a la DPP, se vislumbra el hecho de que se trata de un problema sanitario e importante a nivel de salud pública, y sobre el cual queda aún camino que recorrer, ya que es un
problema invisible y desconocido por falta de información en la sociedad y en la mujer en particular, un problema que ha sido durante años ocultado por las propias madres y sus familiares.
Atender adecuadamente por parte de la sanidad pública a las mujeres, es inaplazable, garantizando el derecho a una atención integral para la salud materno-infantil, a fin de implementar un derecho humano básico, como es el derecho al
disfrute del mayor nivel de salud mental y física que resulte posible a las mujeres en sus procesos de maternidad, así como a sus bebes e hijos de corta edad.
Se ha de hacer hincapié en la necesidad de un diagnóstico correcto y un adecuado acompañamiento para favorecer el bienestar de las mujeres, y reducir el impacto familiar y social de estas situaciones.
Recientemente, el Ministerio de Sanidad a través del Comisionado de Salud Mental, y junto con las Comunidades Autónomas, ha incorporado en la actualización del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, una línea estratégica (6) relativa a la
salud mental perinatal, de la infancia y de la adolescencia. De manera que se ha incorporado la atención específica al período perinatal, con un enfoque integral e interdisciplinar, dentro de las actuaciones prioritarias en Salud Mental en este
periodo temporal, y para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con Comunidades Autónomas, a:
1. Impulsar acciones relacionadas con la salud mental de las mujeres y el vínculo materno en todas las etapas del período perinatal, especialmente en Atención Primaria y de acuerdo con una perspectiva comunitaria y de equidad, como:
- Promover campañas preventivas en salud mental perinatal.
- Establecer procedimientos de detección sistemática, integrando la detección de situaciones de vulnerabilidad a tener problemas de salud mental en el período perinatal, como la situación socioeconómica, la discapacidad, tener un trastorno
mental grave o ser víctima de violencia de género, entre otras.
- Establecer protocolos de intervención en red de cuidados.
2. Promover la formación y las buenas prácticas entre los profesionales sanitarios, sobre salud mental en las etapas del periodo perinatal, implicados en la atención a la mujer en sus procesos de maternidad y a sus bebes, especialmente de
Atención Primaria.
3. Registrar y dar a conocer los recursos comunitarios dentro y fuera de la asistencia sanitaria, relacionados con la salud mental de las mujeres en todas las etapas del período perinatal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2025.-Emilia Almodóvar Sánchez, Víctor Camino Miñana, Carmen Andrés Añón, María Luisa Faneca López, Margarita Martín Rodríguez, Carmen Martínez Ramírez, M.ª Isabel Moreno Fernández,
Modesto Pose Mesura, Caridad Rives Arcayna, María Sainz Martín, Emilio Sáez Cruz y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, Martina Velarde Gómez y Javier Sánchez Serna, integrantes de Podemos, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre la situación de los cribados de cáncer de mama, para su tramitación en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
En los últimos meses se ha conocido que miles de mujeres con resultados sospechosos de cáncer de mama no fueron informadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), impidiendo el seguimiento diagnóstico y el tratamiento precoz de posibles
casos de cáncer. Se cifra en más de 2000 mujeres afectadas por este caso, decenas de ellas desarrollaron la enfermedad y no recibieron el tratamiento adecuado desde el momento en el que se podría haber realizado y e, incluso, ha habido personas que
han fallecido de la enfermedad sin haber sido informadas.
La Junta de Andalucía tiene vigente desde 2021 un contrato con la compañía Centro de Diagnóstico Granada, SA, valorado en 5,4 millones de euros para la realización de estas pruebas debido a 'la falta de medios propios'. Unos acuerdos que el
Gobierno andaluz utiliza continuamente en distintos servicios sanitarios dentro de su estrategia de crear un sistema de 'colaboración público-privada'.
Este hecho no sólo constituye una grave vulneración del derecho a la salud y a la información sanitaria, reconocidos en la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, sino que además afecta de forma directa a la salud y
bienestar de los y las pacientes. Una dilación desmesurada en una resonancia, analítica o mamografía puede derivar en la reducción de las posibilidades de su tratamiento o, incluso, en el empeoramiento del estado de un/a paciente.
Por desgracia, esta situación no es un error aislado, sino consecuencia del plan de privatización y de la falta de inversión en recursos humanos y tecnológicos que los gobiernos del Partido Popular llevan a cabo en las regiones donde
gobiernan, donde vemos que los sistemas de cribado están privatizados.
El modelo de externalización y privatización de los servicios sanitarios encarece significativamente los costes de la prestación de servicios para garantizar el beneficio de las empresas privadas que prestan el servicio, generando profundas
descoordinaciones y poniendo, con ello, en peligro la salud de la población.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una investigación independiente desde el Ministerio de Sanidad sobre lo que ha ocurrido con los cribados de Cáncer de mama en Andalucía y en el resto de las Comunidades Autónomas.
2. Adoptar las medidas normativas adecuadas para garantizar que las pruebas diagnósticas de prevención del cáncer se realicen con medios propios de los servicios públicos de salud.
3. Impulsar la derogación de la Ley 15/97 y de las previsiones en la Ley de Contratos del Sector Público que amparan la privatización y externalización de los servicios sanitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Javier Sánchez Serna y Martina Velarde Gómez, Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fortalecimiento del abordaje integral de las enfermedades inflamatorias
inmunomediadas (IMID), para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Las enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMID, por sus siglas en inglés) comprenden un grupo heterogéneo de patologías crónicas y altamente discapacitantes, que comparten un origen común: una alteración del sistema inmunológico que
provoca una inflamación persistente con consecuencias multisistémicas. Si hablamos de pacientes en edad pediátrica, se trata de unas patologías que no solo van a influir en su crecimiento y desarrollo físico y psíquico, sino que van a tener un gran
recorrido en años hasta dar lugar a las complicaciones mencionadas.
Entre las IMID más prevalentes se encuentran la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la psoriasis el lupus eritematoso sistémico, afectando en conjunto a más de tres millones de personas en España -según un
estudio epidemiológico realizado por la Asociación de Personas con Enfermedades Crónicas Inflamatorias Inmunomediadas (UNiMiD), en 2017-, incluyendo más de 50.000 niños, niñas y adolescentes. A esta realidad hay que sumar la posibilidad de que en
un mismo paciente puedan concurrir varias patologías IMID, o de que presenten comorbilidades que empeoren aún más su calidad de vida. Esto pone de manifiesto la necesidad de un modelo de atención integral, personalizado, basado en un abordaje
multidisciplinar y coordinado para este perfil de paciente, que aborde tanto sus condiciones autoinmunes como sus comorbilidades asociadas.
En muchos casos, se trata de enfermedades con un estigma asociado a las personas que las padecen, pues pueden manifestarse en forma de afección a la piel, de diarreas con incontinencia o de dificultades en el movimiento, entre otras.
Estas patologías presentan una significativa carga sanitaria, económica y social. Su impacto en la calidad de vida de las personas afectadas se manifiesta en múltiples ámbitos, desde la salud mental hasta la vida académica, laboral y
familiar. Además, conllevan un notable coste económico para el sistema sanitario y para la sociedad, estimado en más de 12.000 millones de euros anuales.
Por su parte, sobre la población infanto-juvenil las IMID no solo afectan en el retraso de la escolarización, sino en toda la esfera de salud mental de niños, niñas y adolescentes.
Estas circunstancias pueden conllevar una mayor vulnerabilidad a ciertas formas de acoso o discriminación. Hay que ser consciente de que, sobre todo, en la etapa de la adolescencia, cualquier situación de diferencia respecto al grupo puede
suponer un mayor riesgo de problemas de salud mental y de problemáticas en el entorno escolar, como el acoso.
Especialistas y pacientes coinciden en señalar al diagnóstico precoz como uno de los principales retos asistenciales que existen actualmente en torno al abordaje y la gestión de las IMID en nuestro país. Un diagnóstico temprano puede evitar
secuelas importantes. También abogan por impulsar un nuevo modelo asistencial basado en la implementación de unidades multidisciplinares en todas las comunidades autónomas, de modo que se garantice una asistencia integral del paciente con IMID
desde la consideración del mismo como un paciente crónico complejo o pluripatológico.
En este contexto, se puede concluir que existe una clara necesidad de sensibilización social en torno a las patologías IMID. Favorecer su conocimiento y fomentar la concienciación en el ámbito laboral, educativo y profesional de los y las
pacientes ayudaría a combatir el estigma asociado a este tipo de patologías y, también, contribuiría a mejorar las perspectivas tanto sanitarias como sociales, personales y económicas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a:
1. Impulsar, a través de la Red de Escuelas de Salud, con la participación de las instituciones sanitarias, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes, el rol y la misión de las Escuelas de Salud como espacios esenciales en
materia formativa y de acompañamiento para pacientes, familiares y cuidadores de personas con enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMID), con el objetivo de mejorar su conocimiento, autonomía y calidad de vida.
2. Promover el desarrollo campañas de sensibilización social sobre las enfermedades inflamatorias inmunomediadas, con especial atención a la lucha contra el estigma que recae sobre las personas afectadas, y la visibilización de aquellas
patologías IMID que resultan menos conocidas por la población general.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2025.-Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Víctor Camino Miñana, María Luisa Faneca López, Margarita Martín Rodríguez, Carmen Martínez Ramírez, M.ª Isabel Moreno Fernández,
Modesto Pose Mesura, Caridad Rives Arcayna, Emilio Sáez Cruz, María Sainz Martín y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002649
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley sobre los cribados del cáncer de mama, para su debate y
aprobación en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
En las últimas semanas se han difundido informaciones profundamente preocupantes sobre fallos en la gestión y el seguimiento del programa de cribado de cáncer de mama en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que habrían afectado a mujeres con resultados 'no concluyentes' (BI-RADS 0) que no fueron oportunamente recitadas ni informadas, con el consiguiente riesgo para su salud y para la confianza en el sistema
público. Tales hechos, de confirmarse, podrían haber comprometido el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE) y la seguridad de las pacientes.
Los datos conocidos apuntan a que decenas de mujeres no recibieron a tiempo la citación o la información necesaria para completar su diagnóstico. Algunas de ellas podrían haber visto agravado su pronóstico por retrasos evitables, lo que
reviste una especial gravedad en el caso de un cáncer cuya detección precoz es determinante para la supervivencia. Como consecuencia de la gravedad de los hechos, la Consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía tuvo que dimitir. Posteriormente el
presidente de la Junta, Juan Moreno Bonilla provocó mucho más malestar entre las afectas, al realizar unas declaraciones en las que apelaba a no generar 'ansiedad' entre las mujeres andaluzas, declaraciones desafortunadas que minimizan la angustia
de las afectadas y trasladan la responsabilidad desde la gestión institucional hacia las propias pacientes.
Este episodio ha puesto en evidencia los riesgos de la descoordinación, la opacidad y la falta de control de calidad en los sistemas de información sanitaria, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión, transparencia y
gestión de los datos. El sistema público de salud -y especialmente los programas de cribado- deben ofrecer confianza, rigor y trazabilidad. Las pacientes tienen derecho a saber, en tiempo y forma, los resultados de sus pruebas y las actuaciones
que se derivan de ellas.
Asimismo, recientes informes periodísticos han alertado de que varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, no publican los datos de las pruebas diagnósticas en las listas de espera, lo que impide conocer la demora real en
mamografías, radiografías y otras pruebas clave y oculta posibles fallos sistémicos de gestión y seguimiento. Esta opacidad informa de un déficit estructural de transparencia en el sistema sanitario autonómico que compromete la rendición de cuentas
y dificulta la labor de supervisión estatal.
Sin perjuicio de que la organización, gestión y ejecución de dicho programa corresponde a la Junta de Andalucía -en el marco de sus competencias sanitarias-, el Gobierno de España ostenta, conforme al artículo 149.1.16.ª de la Constitución,
la competencia sobre las bases y la coordinación general de la sanidad. A través del Ministerio de Sanidad y de la normativa estatal (Ley 14/1986, General de Sanidad; Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; y Ley
33/2011, General de Salud Pública), el Estado debe garantizar la cohesión, la equidad, la calidad y la seguridad en todo el territorio, así como ejercer las funciones de coordinación interterritorial -mediante el Consejo Interterritorial del SNS- y
de alta inspección para verificar el cumplimiento de las bases y requerir la información necesaria.
En ese marco, corresponden al Ministerio, entre otras, las tareas de requerir datos e indicadores comparables, fijar estándares comunes e impulsar medidas correctoras cuando existan riesgos para la salud pública o desviaciones graves en la
calidad asistencial, velando al mismo tiempo por la transparencia, la trazabilidad de los procesos asistenciales y la protección de datos de las personas afectadas, y coordinando las actuaciones con la Comunidad Autónoma competente y con las
autoridades judiciales cuando proceda.
Debido a la gravedad sanitaria y social del asunto, para asegurar la rendición de cuentas, la reparación a las personas afectadas y la prevención de su repetición en un futuro, se presenta la siguiente:
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Requerir formalmente a la Junta de Andalucía, en el marco de las funciones de coordinación y alta inspección del Sistema Nacional de Salud, la remisión de los
indicadores del programa de cribado de cáncer de mama contemplados en el Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema nacional de Salud aprobado en la Ponencia de Cribados del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como una evaluación de la magnitud de los problemas detectados en la gestión y seguimiento del cribado de cáncer de mama en Andalucía.
2. Impulsar, en coordinación con la Junta de Andalucía, un plan de atención y reparación integral para las mujeres afectadas, que garantice la atención preferente, la notificación doble con acuse de recibo, el apoyo psicosocial y el
refuerzo de los canales de reclamación y acompañamiento.
3. Promover en el seno de la Ponencia de Cribado Poblacional de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la actualización de las recomendaciones sobre el desarrollo e implementación del
programa de cribado de cáncer de mama en el Sistema Nacional de salud conforme a las guías internacionales de calidad en cribados de cáncer de mama y las directrices europeas sobre cribados.
4. Mejorar, en colaboración con las comunidades autónomas y a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la elaboración de indicadores de las listas de espera diagnósticas, incluyendo la lista de espera de pruebas
diagnósticas, garantizando que los datos sean accesibles, actualizados y comparables entre territorios.
5. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la creación de un Sistema de Información de Cribados poblaciones del Sistema Nacional de Salud que permita
conocer la evolución de dichos programas, proporcionar información a la Red Estatal de Vigilancia en salud Pública y determinar la influencia de los determinantes sociales de la salud en la accesibilidad al cribado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025.-Esther Gil de Reboleño Lastortres, Engracia Rivera Arias y Alda Recas Martín, Diputadas.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, José Ramírez del Río y Jacobo González-Robatto Perote, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a respetar la iniciativa privada en los centros universitarios, para su discusión en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Las universidades constituyen uno de los pilares fundamentales del sistema educativo y, al mismo tiempo, en ellas se culmina la formación académica. Se configuran como el espacio por excelencia para la generación, preservación y transmisión
del conocimiento, y en ellas se prepara a los alumnos para que puedan ejercer con solvencia la profesión a la que aspiran.
Desde su origen en la Edad Media como estudios generales, estas instituciones han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la humanidad, siendo motores de avances científicos, escenarios de reflexión filosófica, y centros de
difusión del saber a lo largo de los siglos. No puede olvidarse ese origen de la Universidad, que es una pura
creación de la Europa del Medievo. La Universidad encarna perfectamente la simbiosis entre la fe cristiana y la cultura grecorromana que constituye la columna vertebral de la civilización occidental.
En este contexto, tanto las universidades públicas como las privadas cumplen un papel esencial y complementario. Las universidades privadas, en particular, han contribuido a ampliar la oferta educativa, facilitar el acceso a la enseñanza
superior y fomentar la excelencia académica. Lejos de ser 'chiringuitos educativos' 45, como despectivamente las ha calificado el presidente del Gobierno - quien, además, ha cursado estudios en centros privados 46-, estas instituciones han
demostrado su capacidad para ofrecer formación de calidad, contar con claustros docentes cualificados y desarrollar investigación de gran valor.
El artículo 27 de la Constitución consagra tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza, y reconoce, en su apartado 10 la autonomía de las universidades. Estas garantías constitucionales parecen incomodar al Gobierno de
Pedro Sánchez, que en un nuevo intento de desviar la atención de los españoles ante los escándalos de corrupción que le acorralan, y de paso crear nuevos enfrentamientos, divisiones sociales y alentar una pretendida lucha de clases, ha emprendido
una ofensiva contra los centros universitarios privados mediante el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y
acreditación institucional de centros universitarios y otras normas conexas de igual rango.
En virtud de esta reforma, el Gobierno pretende endurecer significativamente los requisitos que deben cumplir las universidades con la clara intención de comprometer la viabilidad de las instituciones privadas. Entre las nuevas exigencias
que se plantean, caben destacar: alcanzar un mínimo de 4.500 alumnos en un plazo de cinco años, ofrecer alojamiento al 10 % de su alumnado y disponer de titulaciones en al menos tres de las cinco grandes ramas del conocimiento 47. Esta última
condición, además de constituir un criterio arbitrario, supone un claro obstáculo a la especialización académica 48. Al menos uno de estos tres requisitos no es cumplido por 26 universidades privadas, lo que representa la mitad de las existentes en
España 49.
Además de estas imposiciones, que tienen carácter retroactivo y vulneran derechos ya adquiridos por parte de las universidades, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación debe emitir informes vinculantes para autorizar la
apertura de nuevos centros universitarios, incluso para aquellos cuya tramitación ya está en curso, algo que hasta ahora no era obligatorio. Esta medida afecta directamente a diez centros privados que actualmente se encuentran en condiciones de
iniciar su actividad docente en regiones como Madrid, Extremadura, Aragón, Baleares y Canarias 50. La propuesta del Gobierno ha sido objeto de críticas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que considera que el proyecto
impone condiciones discriminatorias e innecesarias a los centros universitarios privados. Asimismo, advierte que la normativa proyectada introduce barreras que dificultan la entrada de nuevos actores en el sistema universitario sin garantizar una
mejora efectiva en la calidad educativa, además de subrayar la ausencia de indicadores claros y medibles que permitan evaluar objetivamente los efectos que tendría la aplicación de los criterios propuestos 51.
Esta ofensiva contra las universidades privadas por parte del Gobierno no solo constituye un ataque directo a la iniciativa privada en el ámbito docente, sino que además
45 https://www.abc.es/sociedad/sanchez-aprobara-ley-20250331125237-nt.html
46 https://gaceta.es/espana/sanchez-su-hermano-y-cuatro-ministros-estudiaron-en-una-universidad-privada-20250401-1043/
47 https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/Participación-Publica/Audiencia-e-informacion-publica/2025/PRD_CRAU.HTML
48 https://www.abc.es/sociedad/gobierno-quiere-universidades-privadas-visto-bueno-abrir-2025507140007-nt.html
49 https://www.abc.es/sociedad/mitad-universidades-privadas-incumplen-requisitos-nuevo-decreto-20250421183808-nt.html#vca=modulo-rel-uno&vso=abc&vmc=noticias- rel&vh=sociedad
50 Ibidem.
51 https://www.eldebate.com/sociedad/20250613/competencia-enmienda-gobierno-decreto-contra-universidades-privadas-exige-requisitos-discriminatorios_307281.html
vulnera el derecho de los estudiantes españoles a elegir libremente el modelo que mejor se adecúe a sus expectativas formativas y profesionales.
Limitar arbitrariamente esa libertad, imponer trabas sin justificación objetiva y obstaculizar la apertura o continuidad de centros privados de calidad supone comprometer gravemente la competitividad del sistema universitario. Por ello,
resulta imperativo exigir al Gobierno a que ponga fin a esta hostilidad, respete la libertad educativa y se enfoque en garantizar la excelencia académica y la convivencia entre universidades públicas y privadas.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Respetar la iniciativa privada en el ámbito de la educación universitaria, así como la actividad de los centros docentes privados, ajustándose de esta manera al principio de autonomía universitaria incluido en el artículo 27 de la
Constitución.
2. Garantizar el derecho de los estudiantes españoles a elegir libremente el modelo de centro universitario que prefieran.
3. Promover las medidas necesarias al objeto de asegurar que la formación de los estudiantes no se vea comprometida por injerencias políticas, garantizando la libertad de cátedra y la erradicación del adoctrinamiento ideológico del sistema
universitario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025.-Carlos Hernández Quero, José Ramírez del Río y Jacobo González-Robatto Perote, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/002645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley con motivo del 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El 17 de diciembre de 1999, mediante la resolución 54/134, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha para la reflexión
colectiva y, sobre todo, para la renovación del compromiso político y social con la erradicación de una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos.
Los asesinatos machistas constituyen la forma más extrema de una violencia estructural que somete a las mujeres en todos los ámbitos de su vida. Estas violencias tienen su origen en un sistema patriarcal que, a pesar de los avances legales,
sigue sin garantizar una igualdad real y efectiva. Un sistema que mantiene roles diferenciados, resta credibilidad y autoridad a las mujeres, las cosifica y consolida patrones culturales que reproducen estereotipos de género.
Una cultura que sigue legitimando la violencia y la impunidad y que permite que las mujeres sean todavía objeto de abuso, acoso, explotación y agresiones sexuales, como
las violaciones en grupo, que constituyen una de las expresiones más brutales del dominio patriarcal.
La violencia machista mata, pero también empobrece, excluye y silencia. Es un problema político de primer orden que exige voluntad, recursos y compromiso institucional. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, en 2024 fueron
asesinadas 50 mujeres por violencia de género en España. Solo 14 de ellas habían denunciado previamente al agresor. Además, 9 menores fueron asesinados junto a sus madres y 18 víctimas eran madres de niños y niñas menores de edad. Desde 2003,
1381 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y, desde 2013, 65 niños y niñas también han sido víctimas mortales de esta violencia.
A estas cifras se añaden las agresiones sexuales que, en 2024, alcanzaron una media de 14 violaciones diarias y 55 delitos sexuales denunciados cada día, con un incremento de casi 5 puntos respecto al año anterior. En el País Valenciano,
como en otros, las agresiones sexuales con penetración han aumentado en un 30 % en solo un año. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea estima que más de una de cada cinco mujeres en España (22 %) ha sufrido violencia física o
sexual por parte de su pareja, y que solo una minoría denuncia los hechos.
Ante esta realidad, el Estado tiene la obligación de actuar con determinación. La aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) supuso un avance fundamental, pero su desarrollo ha sido desigual entre territorios y sus
recursos insuficientes para atender a la complejidad de las violencias machistas actuales. Es urgente reforzar el marco estatal con una segunda fase del Pacto de Estado, dotada de financiación estable, mecanismos de evaluación independientes y
participación efectiva del movimiento feminista.
Asimismo, debe garantizarse la aplicación integral de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ampliando su alcance a todas las formas de violencia contra las mujeres, en coherencia con el
Convenio de Estambul, que España ratificó en el año 2014.
La lucha contra la violencia machista no puede concebirse como una política sectorial, sino como una cuestión estructural que atraviesa la justicia, la sanidad, la educación, el trabajo, la cultura y la comunicación. Implica también abordar
las violencias obstétricas, la precarización de las trabajadoras del hogar y de los cuidados, la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niñas.
Del mismo modo, es imprescindible reforzar la prevención mediante la educación afectivo-sexual en todos los niveles educativos, garantizar una atención integral a las víctimas y asegurar una respuesta eficaz ante los errores de los sistemas
de protección, como los detectados en el sistema COMETA de seguimiento de agresores con pulsera telemática, cuya fiabilidad ha sido recientemente cuestionada.
El 25 de noviembre no solo debe ser un día de conmemoración, sino un recordatorio de que la igualdad y la vida de las mujeres dependen de la responsabilidad colectiva y del compromiso firme de las instituciones democráticas.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a realizar las siguientes medidas:
1. Impulsar y aprobar un II Pacto de Estado contra la Violencia de Género y Machista, que refuerce y actualice el marco de actuación del primero, con financiación estable y participación activa de las comunidades autónomas, entidades
feministas, agentes sociales y administraciones locales.
2. Elaborar y poner en marcha un Plan Estatal Integral contra las Violencias Sexuales que aborde la prevención, la atención y la reparación de las víctimas, en coordinación con las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, los servicios
sociales y las organizaciones feministas.
3. Reforzar la protección integral y el acompañamiento efectivo a las víctimas, garantizando el acceso a ayudas económicas, vivienda digna, atención sanitaria, apoyo psicológico, formación e inserción laboral.
4. Asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las Oficinas de Denuncia y Atención a las Víctimas de Violencia de Género, los 365 días del año, evitando su cierre en fines de semana o festivos.
5. Garantizar una atención obstétrica respetuosa y libre de violencia, y la plena efectividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo el acceso al aborto seguro, libre y gratuito dentro del sistema sanitario
público, de acuerdo con las Leyes Orgánicas 2/2010 y 1/2023.
6. Promover la protección de los derechos y la regularización administrativa de las mujeres migrantes, especialmente aquellas víctimas de violencia machista o de tráfico con fines de explotación sexual, asegurando su acceso a los recursos
públicos de protección y atención.
7. Velar por el cumplimiento efectivo de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y de los cuidados, en aplicación del Convenio 189 de la OIT, y reconocer el valor social y económico esencial de su trabajo.
8. Incorporar la educación afectivo-sexual y en igualdad en todos los centros educativos, desde la primera infancia, como herramienta fundamental para prevenir la violencia machista y fomentar relaciones igualitarias y respetuosas.
9. Reforzar las acciones estatales para la erradicación del proxenetismo y del tráfico de mujeres y niñas, mediante políticas judiciales, sociales y de inserción laboral que garanticen la protección y reparación de las víctimas.
10. Garantizar la transparencia y la eficacia del sistema COMETA, mediante la
contratación urgente de una auditoría externa e independiente que evalúe su adjudicación, implantación, funcionamiento y fiabilidad, así como las incidencias detectadas en los distintos territorios.
11. Publicar de forma inmediata la información relativa a las incidencias del sistema COMETA, incluyendo:
a. Número de víctimas afectadas.
b. Procedimientos judiciales alterados o sobreseídos.
c. Tipología de errores (localización, cobertura, manipulación, etcétera).
d. Duración real de las incidencias y protocolos de respuesta activados.
12. Apoyar las movilizaciones convocadas por el movimiento feminista con motivo del 25 de noviembre y reconocer públicamente su papel esencial en la defensa y conquista de los derechos de las mujeres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei amb motiu del 25 de novembre, Dia
Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, per al seu debat en la Comissió d'Igualtat.
Exposició de motius
El 17 de desembre de 1999, mitjançant la resolució 54/134, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data per a la reflexió
col·lectiva i,
sobretot, per a la renovació del compromís polític i social amb l'eradicació d'una de les vulneracions més greus dels drets humans.
Els assassinats masclistes constitueixen la forma més extrema d'una violència estructural que sotmet les dones en tots els àmbits de la seua vida. Aquestes violències tenen el seu origen en un sistema patriarcal que, tot i els avanços
legals, continua sense garantir una igualtat real i efectiva. Un sistema que manté rols diferenciats, resta credibilitat i autoritat de les dones, les cosifica i consolida patrons culturals que reprodueixen estereotips de gènere.
Una cultura que continua legitimant la violència i la impunitat, i que permet que les dones siguen encara objecte d'abús, assetjament, explotació i agressions sexuals, com les violacions en grup, que constitueixen una de les expressions més
brutals del domini patriarcal.
La violència masclista mata, però també empobreix, exclou i silencia. És un problema polític de primer ordre que exigeix voluntat, recursos i compromís institucional. Segons les dades de la Fiscalia General de l'Estat, l'any 2024 van ser
assassinades 50 dones per violència de gènere a Espanya. Només 14 d'elles havien denunciat prèviament l'agressor. A més, 9 menors van ser assassinats junt amb les seues mares i 18 víctimes eren mares de xiquets i xiquetes menors d'edat. Des de
2003, 1.381 dones han estat assassinades per les seues parelles o exparelles i, des de 2013, 65 xiquets i xiquetes també han estat víctimes mortals d'aquesta violència.
A aquestes xifres s'hi afegeixen les agressions sexuals, que el 2024 van arribar a una mitjana de 14 violacions diàries, i 55 delictes sexuals denunciats cada dia, amb un increment de quasi 5 punts respecte a l'any anterior. En el País
Valencià, com en altres, les agressions sexuals amb penetració han augmentat un 30 % en només un any. L'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea estima que més d'una de cada cinc dones a Espanya (22 %) ha patit violència física o sexual per
part de la seua parella, i que només una minoria denuncia els fets.
Davant aquesta realitat, l'Estat té l'obligació d'actuar amb determinació. L'aprovació del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (2017) va suposar un avanç fonamental, però el seu desenvolupament ha estat desigual entre territoris i
els seus recursos insuficients per a atendre la complexitat de les violències masclistes actuals. És urgent reforçar el marc estatal amb una segona fase del Pacte d'Estat, dotada de finançament estable, mecanismes d'avaluació independents i
participació efectiva del moviment feminista.
Així mateix, s'ha de garantir l'aplicació integral de la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, ampliant el seu abast a totes les formes de violència contra les dones, en coherència amb el
Conveni d'Istanbul, que Espanya va ratificar l'any 2014.
La lluita contra la violència masclista no es pot concebre com una política sectorial, sinó com una qüestió estructural que travessa la justícia, la sanitat, l'educació, el treball, la cultura i la comunicació. Implica també abordar les
violències obstètriques, la precarització de les treballadores de la llar i de les cures, l'explotació sexual i el tràfic de dones i xiquetes.
De la mateixa manera, és imprescindible reforçar la prevenció mitjançant l'educació afectivosexual en tots els nivells educatius, garantir una atenció integral a les víctimes i assegurar una resposta eficaç davant els errors dels sistemes de
protecció, com els detectats al sistema COMETA de seguiment d'agressors amb polsera telemàtica, la fiabilitat del qual ha estat recentment qüestionada.
El 25 de novembre no ha de ser només un dia de commemoració, sinó un recordatori que la igualtat i la vida de les dones depenen de la responsabilitat col·lectiva i del compromís ferm de les institucions democràtiques.
Per tot l'exposat anteriorment, presente la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés acorda instar al Govern de l'Estat a realitzar les següents mesures:
1. Impulsar i aprovar un II Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i Masclista, que reforce i actualitze el marc d'actuació del primer, amb finançament estable i
participació activa de les comunitats autònomes, entitats feministes, agents socials i administracions locals.
2. Elaborar i posar en marxa un Pla Estatal Integral contra les Violències Sexuals, que aborde la prevenció, l'atenció i la reparació de les víctimes, en coordinació amb les forces de seguretat, el sistema judicial, els serveis socials i
les organitzacions feministes.
3. Reforçar la protecció integral i l'acompanyament efectiu a les víctimes, garantint l'accés a ajudes econòmiques, habitatge digne, atenció sanitària, suport psicològic, formació i inserció laboral.
4. Assegurar el funcionament ininterromput de les Oficines de Denúncia i Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, els 365 de l'any, evitant el seu tancament en caps de setmana o festius.
5. Garantir una atenció obstètrica respectuosa i lliure de violència, i la plena efectivitat dels drets sexuals i reproductius de les dones, incloent l'accés a l'avortament segur, lliure i gratuït dins del sistema sanitari públic, d'acord
amb les Lleis Orgàniques 2/2010 i 1/2023.
6. Promoure la protecció dels drets i la regularització administrativa de les dones migrants, especialment aquelles víctimes de violència masclista o de tràfic amb fins d'explotació sexual, assegurant el seu accés als recursos públics de
protecció i atenció.
7. Vetllar pel compliment efectiu dels drets laborals de les treballadores de la llar i de les cures, en aplicació del Conveni 189 de l'OIT, i reconéixer el valor social i econòmic essencial del seu treball.
8. Incorporar l'educació afectivosexual i en igualtat en tots els centres educatius, des de la primera infància, com a eina fonamental per a prevenir la violència masclista i fomentar relacions igualitàries i respectuoses.
9. Reforçar les accions estatals per a l'eradicació del proxenetisme i del tràfic de dones i xiquetes, mitjançant polítiques judicials, socials i d'inserció laboral que garantisquen la protecció i reparació de les víctimes.
10. Garantir la transparència i l'eficàcia del sistema COMETA, mitjançant la contractació urgent d'una auditoria externa i independent, que avalue la seua adjudicació, implantació, funcionament i fiabilitat, així com les incidències
detectades als diferents territoris.
11. Publicar de manera immediata la informació relativa a les incidències del sistema COMETA, incloent:
a. Nombre de víctimes afectades.
b. Procediments judicials alterats o sobreseguts.
c. Tipologia d'errades (localització, cobertura, manipulació, etcètera).
d. Duració real de les incidències i protocols de resposta activats.
12. Donar suport a les mobilitzacions convocades pel moviment feminista amb motiu del 25 de novembre i reconéixer públicament el seu paper essencial en la defensa i conquesta dels drets de les dones.'
Palau del Congrés dels Diputats, 22 d'octubre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portaveu del Grup Parlamentari Mixt.
Comisión de Juventud e Infancia
161/002638
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento efectivo
del derecho al
juego de la población infantil y juvenil, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso
Exposición de motivos
El juego, reconocido como un derecho en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, es considerado factor imprescindible en un desarrollo físico y emocional equilibrado y saludable. Así lo afirma la literatura científica, que,
desde múltiples perspectivas, ha teorizado el juego como elemento clave en la adquisición de competencias sociales o emocionales, en el fomento de la creatividad o en la habilidad de resolución de problemas. Diversas vías de investigación recientes
han resaltado la correlación entre la resolución de conflictos entre iguales y el desarrollo de competencias sociales, así como una mayor comprensión de los sentimientos del Otro 52. También se puede destacar el impacto del juego como factor de
promoción de la salud infantil, muy particularmente en lo que hace a su salud mental; en efecto, multitud de evidencias sugieren que el juego creativo puede ejercer un papel protector frente al estrés y a la depresión 53. Otras investigaciones han
sugerido que el 'juego arriesgado', al aire libre, tiene efectos positivos en diversos indicadores de salud, incluyendo la salud social y la gestión de conductas agresivas 54.
El 11 de junio del pasado 2024 se celebró el Primer Día Internacional del Juego, una iniciativa promovida por las Naciones Unidas que recuerda que millones de niños y niñas en el mundo ven restringido su derecho al juego, bien por
encontrarse con entornos insalubres y peligrosos, por los obstáculos en el acceso de los niños a los espacios públicos o a la naturaleza, exigencias de éxito académico, falta de inversión en oportunidades culturales y artísticas o el creciente papel
de los medios electrónicos. El juego está presente como derecho en sí mismo en la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, iniciativa que impulsan UNICEF España y sus aliados para que los municipios prioricen a la infancia y adolescencia en sus
políticas 55. El derecho al juego y al tiempo libre también forma parte de otros proyectos de desarrollo social, como la iniciativa 'Jugar sin más', promovida por la Plataforma de Infancia 56.
En el marco de la Agenda 2030, los derechos de la infancia y el derecho al juego deben entenderse como un eje transversal vinculado con múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Destaca especialmente el ODS 11 'Ciudades y
comunidades sostenibles' y, en particular, su meta 11.7, que insta a proporcionar de aquí a 2030 acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, 'en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad
y las personas con discapacidad'. La planificación urbana y la creación de entornos de juego deben, por tanto, alinearse con este compromiso internacional. Asimismo, el ODS 4 sobre educación de calidad contempla en su meta 4.2 la garantía de que
todas las niñas y niños tengan acceso a un desarrollo de la primera infancia y a una educación preescolar de calidad, lo cual incluye, de manera implícita, el reconocimiento del juego como una herramienta educativa fundamental durante los primeros
años de vida. Estas metas refuerzan la obligación de los poderes públicos de garantizar entornos urbanos que fomenten el juego libre y equitativo como parte integral de una infancia saludable, creativa y protegida.
Iniciativas como las referidas son fundamentales para orientar las políticas públicas hacia determinadas complejidades estructurales relativas a la oferta de ocio infantil y juvenil en España. En primer lugar, hay que recordar que algo más
de un tercio de los
52 Cao, Y., Wang, H., Lv,Y., y Xie, D. (2023). The influence of children's emotional comprehension on peer conflict resolution strategies. Frontiers in Psychology, 14. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10043184/
53 Dodd, H.F., Nesbit R.J.y FitzGibbon, L. (2023). Child's Play: Examiningthe Association Between time Spent Playingand Child Mental Health. ChildPsychiatryHum Dev54,1678-1686. https://doi.org/10.1007/s10578-022-01363-2
54 Daher, Carolyn, 'El juego como intervención de salud pública en las ciudades' (2019) en https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/el-juego-como-intervencion-de-salud-publica-en-las-ciudades.
55 https://ciudadesamigas.org/primer-dia-internacional-juego/
56 https://www.plataformadeinfancia.org/jugar-sin-mas-campana-de-plataforma-de-infancia-sobre-el-derecho-al-juego-y-al-tiempo-libre/
niños, niñas y adolescentes de España viven en riesgo de pobreza 57, con las consiguientes dificultades que ello conlleva para acceder en condiciones de equidad al juego y al ocio. No en vano la población en mayor riesgo de vulnerabilidad
suele vivir en barrios con menor cantidad de espacios verdes y zonas de juego que las disponibles en barrios de mayor renta. La insuficiencia de la red pública de ludotecas española, denunciada por autores y colectivos, dificulta paliar esta
limitación, situación que contrasta con la integración de las ludotecas en la red de bibliotecas públicas en países como Finlandia o Noruega. Cabe destacar, igualmente, la falta de un registro nacional unificado de ludotecas en España, lo que
dificulta estimar las alternativas de las que disponen las personas usuarias en caso de mal tiempo o falta de instalaciones viables al aire libre.
En todo caso, y según la guía Aiju del Instituto Tecnológico del producto infantil y ocio, el 82 % de los niños y niñas no cumplen con la recomendación de jugar más de una hora al día en espacios abiertos. Por otra parte, el estudio
'Entornos urbanos amigables con la adolescencia' (UNICEF) lamenta que la población adolescente quede a menudo invisibilizada en la planificación urbana, carente de espacios públicos adecuados para el juego, la práctica deportiva informal o las
actividades recreativas al aire libre 58. Dos grandes elementos contribuyen a dificultar el acceso de niños, niñas y adolescentes a zonas de juego adecuadas: la expansión del tráfico y la destrucción de espacios verdes, consecuencias ambas de una
planificación urbanística que tiende a priorizar el beneficio económico sobre la función social del espacio urbano, vulnerando el más elemental derecho a la ciudad. En 2023 la entidad Ciudades que Caminan publicó un dato muy significativo: el 68 %
del espacio público está destinado a vehículos aparcados o en circulación, distribuyéndose un 22 % entre personas, árboles, y vehículos mal aparcados 59. Otros estudios alertan sobre la desaparición de árboles en capitales españolas, o la pérdida
de zonas verdes, relacionadas con una mayor salud pulmonar en niños y niñas 60. También se debe destacar, desde la perspectiva de la salud pública, las consecuencias de la falta de contacto con espacios naturales y la pérdida de sus efectos
promotores de la salud, demostrados por numerosas investigaciones, tales como la reducción del estrés 61, la mejora en el nivel de concentración de niños diagnosticados con TDAH 62, o el incremento de la creatividad y el talento artístico 63. Estos
hallazgos reafirman las tesis sostenidas por Francesco Tonucci relativas al fomento de la creatividad, el valor cognitivo del juego con riesgo controlado, y la necesidad de diseñar los parques y espacios de juego infantiles de modo que no sean todos
iguales.
El citado informe publicado por UNICEF también lamentaba la falta de inclusividad de los parques infantiles, así como la relativa escasez de estudios acerca de las experiencias del juego desde la perspectiva de la infancia con discapacidad.
No cabe duda de que en los últimos tiempos ha aumentado la conciencia pública respecto a la deuda de la sociedad y de las administraciones públicas para con las personas con discapacidad, como puso de manifiesto la reforma del artículo 49 de la
Constitución el 17 de febrero de 2024. Esa reforma enfatizó la necesidad de avanzar hacia un marco de autonomía personal e inclusión social para las personas con discapacidad, destacando, entre otros aspectos, la importancia de crear entornos que
sean universalmente accesibles para todas las personas. Sin embargo, cabe destacar que entidades del tercer sector denuncian reiteradamente la escasez de parques infantiles adaptados para niños y niñas con
57 https://www.plataformadeinfancia.org/documfinto/anaLisis-de-la-encuesta-de-condiciones-de-vida-con-enfoque-de-infancia-2025/
58 https://resourcecentre.savethechiLdren.net/pdf/4787.pdf/
59 https://ciudadesquecaminan.org/accion/callegrafias/
60 https://www.isglobal.org/en/-/los-ninos-y-ninas-que-viven-en-barrios-mas-verdes-presentan-una-mejor-funcion-pulmonar
61 Corraliza, J.A. y Collado, S. (2011). 'La naturaleza cercana como moderadora del estrés infantil' en Psicothema, 23, 2, 221-226.
62 Faber Taylor, A. y Kuo, F.E. (2008) Children with Attention Déficits Concéntrate Betterafter Walkin the Park. Journal of Attention Disorders 12,5,402-409. https://doi.org/10.1177/1087054708323000
63 Johnson, S.A., Snow, S., Lawrence, M.A.,y Rainham D.G.C. (2019). Quasi-RandomizedTrialof Contact with Nature and Effectson Attention in Children. Frontiers in Psychology, 10. https://doi.Org/10.3389/fpsyg.2019.02652
discapacidad, una barrera contra la igualdad particularmente notable que requeriría un mayor compromiso de todas las autoridades competentes. Igualmente, hay que recordar que para una parte de la infancia con discapacidad los entornos
digitales constituyen la única dimensión del juego a la que pueden acceder, de manera que se debe profundizar tanto en la calidad y variedad de herramientas offline y online a su disposición, como en la seguridad de estas.
Sin duda, queda mucho camino por recorrer para alcanzar la plena igualdad en la oferta de espacios de ocio público infantil y adolescente. Es necesario, por ejemplo, incorporar una perspectiva de género que evite asimetrías en la ocupación
de los espacios lúdicos, o considerar las dificultades específicas a las que se enfrentan las infancias migrantes, que a menudo ven denegado su acceso a los espacios de ocio por no disponer de algún tipo de documentación. Por otra parte, resulta
igualmente imprescindible trabajar en la adaptación de los parques y espacios de juego al cambio climático, de manera que se apueste por materiales resistentes al calor y que se habiliten infraestructuras con zonas de sombra. En el diseño de los
planes de ordenación urbanística se debe tener en cuenta que los espacios de juego estén lo más próximos que resulte posible tanto a zonas verdes como a fuentes de agua, para facilitar la integración con la naturaleza y mitigar el impacto del calor.
En esta misma línea, la planificación urbanística también debería considerar la adopción de medidas para alejar el tráfico rodado de las zonas de juego, incrementando así la seguridad de estos espacios y aminorando el impacto de la contaminación del
aire en los y las menores.
En diversas comunidades autónomas y municipios de nuestro país ya se vienen realizando acciones destinadas a mejorar la promoción de la salud y participación de la infancia con la orientación que se señala en esta proposición no de ley.
Algunas de ellas pueden consultarse con más detalle en el proyecto de Localiza Salud 64 donde se recoge un inventario de estas o en iniciativas como la Guía de recomendación de activos en el sistema sanitario, publicada por el Observatorio de Salud
de Asturias 65.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Sumar presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar una Estrategia sobre el Derecho al Juego en la Infancia, impulsada desde el Ministerio de Juventud e Infancia en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, contando con la participación de niños, niñas,
adolescentes, asociaciones, entidades y especialistas que trabajen en este ámbito.
2. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, la mejora e implementación de la red pública de parques y espacios de ocio y juego.
3. Fomentar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, la creación de espacios verdes en las ciudades para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que estipulan que haya entre 10
y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y que estén a menos de 300 metros de distancia de su hogar. Igualmente, promover la creación y acceso a fuentes de agua (zonas azules) que contribuyan a mitigar el calor.
4. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, la creación de zonas de juego y ocio al aire libre adecuadas a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, universalmente accesibles e inclusivas, lo
más cercanas posible a zonas verdes y azules, exentas de contaminación, con instalaciones elaboradas con materiales resistentes al calor, dotadas de espacio de sombra y con ofertas de juego diversas y variadas.
5. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, la progresiva adaptación de las zonas de juego y ocio ya existentes a las
64 https://localizasalud.sanidad.gob.es/maparecursos/main/index
65 https://obsaludasturias.com/obsa/guia-de-recomendacion-de-activos-en-el-sistema-sanitario/
necesidades de la infancia con discapacidad, ampliando la oferta y las formas de juego. Aumentar la oferta lúdica para la infancia con discapacidad que solo pueda acceder al juego a través de pantallas y seguir reforzando su seguridad y
accesibilidad.
6. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, una planificación de la movilidad urbana sostenible que contemple medidas de tráfico rodado destinadas a reducir los niveles de contaminación y el riesgo en
las proximidades de escuelas, parques y zonas de ocio, estableciendo zonas de prioridad para el juego infantil.
7. En colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, recoger en un espacio toda la información disponible acerca de la oferta y espacios públicos de ocio y juego infantil y juvenil públicos y difundir esa información con
objeto de poner estos recursos a disposición de los y las menores y de sus familias. Facilitar que este espacio visibilice y contribuya a potenciar la red de buenas prácticas y experiencias participadas relativas al derecho al juego disponibles en
cada comunidad autónoma y entidad local.
8. Poner en marcha, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, campañas de sensibilización que promuevan espacios de juego en comunidad y al aire libre como espacios seguros y protectores, promuevan el contacto
de niños, niñas y adolescentes con los espacios naturales, impulsen la recuperación de juegos tradicionales que mantengan la cultura y la identidad de cada territorio, y difundan los recursos públicos disponibles.
9. Fomentar y facilitar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, la prescripción social en atención primaria, poniendo a disposición de profesionales y familias las herramientas indicadas para identificar y
prescribir espacios y zonas de ocio adecuadas, adaptadas a las necesidades de cada menor, universalmente accesibles y seguras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Rafael Cofiño Fernández, Viviane Ogou i Corbi y Nahuel González López, Diputados.-Jorge Pueyo Sanz y Verónica Martínez Barbero, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de una
Estrategia Estatal para personas con grandes necesidades de apoyo, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo constituyen un grupo especialmente vulnerable dentro del conjunto de la ciudadanía. Su situación requiere una respuesta integral, coherente y coordinada desde los poderes
públicos, orientada a garantizar su plena inclusión social, el respeto a su dignidad y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Sin embargo, en la actualidad, la atención que reciben estas personas se caracteriza por una notable
desigualdad territorial, una fragmentación competencial y una insuficiencia de recursos y apoyos que impiden asegurar la igualdad de oportunidades en todo el Estado.
La parálisis cerebral no es una enfermedad, sino una condición permanente que afecta a la movilidad, la comunicación y, en muchos casos, a las funciones cognitivas, sensoriales
y de salud general. Quienes presentan grandes necesidades de apoyo requieren asistencia continua, accesibilidad universal, servicios especializados y apoyos personalizados que les permitan desarrollar una vida autónoma, participativa y
digna. Estos apoyos no pueden depender del lugar de residencia ni de la capacidad económica de las familias, sino que deben considerarse un derecho universal garantizado por el Estado en virtud de los principios de equidad, cohesión social y
justicia.
Actualmente, la respuesta institucional varía de forma significativa entre comunidades autónomas, lo que genera graves desigualdades en el acceso a recursos esenciales como la atención temprana, la educación inclusiva, los servicios de
promoción de la autonomía personal, la asistencia personal, la atención sanitaria especializada o el acceso a vivienda y empleo protegido. Esta disparidad territorial vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución
Española y contradice los compromisos asumidos por España al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), especialmente en lo referente al derecho a la vida independiente, la inclusión
comunitaria y la participación plena en la sociedad (artículos 19 y 28).
Por todo ello, resulta urgente y necesario que el Gobierno de España impulse una Estrategia Estatal específica para las Personas con Parálisis Cerebral y Grandes Necesidades de Apoyo, elaborada en diálogo con el movimiento asociativo y en
coordinación con las comunidades autónomas. Esta Estrategia debe tener como objetivos:
1. Reconocer y visibilizar las particularidades de la parálisis cerebral y las grandes necesidades de apoyo, incorporando su realidad de forma transversal en todas las políticas públicas.
2. Garantizar la equidad territorial en el acceso a los apoyos y servicios, estableciendo estándares mínimos de calidad y dotaciones básicas en todo el territorio nacional.
3. Asegurar la sostenibilidad y suficiencia de los recursos, incrementando la financiación pública y promoviendo una coordinación efectiva entre los ámbitos sanitario, social, educativo y laboral.
4. Fomentar la formación y especialización de los profesionales que intervienen en la atención a estas personas, así como la sensibilización de la sociedad sobre sus capacidades y derechos.
5. Potenciar la autonomía personal y la vida independiente, facilitando el acceso a la asistencia personal, la tecnología de apoyo y los servicios centrados en la persona.
6. Apoyar a las familias cuidadoras, garantizando el descanso, la conciliación y los recursos necesarios para su bienestar emocional, social y económico.
Una Estrategia Estatal de este tipo no solo contribuiría a cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y discapacidad, sino que consolidaría un modelo de sociedad más justa, inclusiva y solidaria. El
reconocimiento de la parálisis cerebral y de las grandes necesidades de apoyo como una prioridad política y social debe traducirse en medidas concretas, coordinadas y evaluables que garanticen una vida digna a todas las personas, sin excepción ni
discriminación por razón de territorio.
En definitiva, la puesta en marcha de una Estrategia Estatal no es solo una cuestión de políticas públicas; es un deber ético, un compromiso con la igualdad y una expresión real del valor de la dignidad humana como fundamento de nuestro
Estado social y democrático de derecho.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar una Estrategia Estatal para las grandes necesidades de apoyo, que reconozca las particularidades de las personas con parálisis cerebral y que garantice su derecho a una vida digna,
dotándola de los
recursos necesarios para que las Comunidades Autónomas puedan ofrecer los apoyos precisos en todo el territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025. -Ana Isabel Alós López, María Mercedes Fernández González, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo Díez, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo, Esther Llamazares
Domingo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García, María Lourdes Ramírez Martín y Violante Tomás Olivares,
Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez De Millán Parro, Ángel López Maraver, Francisco José Alcaraz Martos y Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la retirada de dispositivos de control de tráfico por razones de seguridad vial y ciberseguridad, para su discusión en la Comisión sobre
Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El objetivo de lograr un espacio de seguridad tanto en el ámbito físico como online es fundamental en el sector de la seguridad vial. No sólo es necesario conseguir una red de carreteras del Estado y del resto de las administraciones
públicas óptimas, rehabilitadas y cuyo trazado facilite los desplazamientos de los españoles: también conviene dotar de mecanismos de seguridad a toda la infraestructura a través de las oportunidades que proporcionan las tecnologías de la
información.
En este sentido, la red de cámaras, radares e instrumentos de medición y control de la velocidad de los vehículos en nuestras carreteras son medios críticos para la seguridad vial y la ciberseguridad de España.
Desde 2022, la Dirección General de Tráfico ('DGT'), policías de ámbito regional y numerosos ayuntamientos han instalado cámaras y radares de velocidad de fabricación y tecnología china que podrían plantear problemas de ciberseguridad, así
como lesionar la soberanía española en materia de datos. Esta tecnología -al igual que otras de empresas como Huawei e Hikvision-, ha sido vetada en países como Estados Unidos, Dinamarca, Países Bajos y Lituania, todos ellos miembros de la OTAN,
además de Australia, nación occidental aliada de España: 'Dahua [empresa china de videovigilancia cuyos sistemas están presentes en España desde 2022] se encuentra en la lista negra de la Defensa de EE. UU. como empresa militar china que opera en
el país norteamericano y que supone riesgos máximos para la seguridad' 66.
De esta manera, si tales países han rechazado la contratación de los servicios y productos de estas empresas por prudencia y por motivos de seguridad nacional, conviene que España asuma la misma actitud escéptica. En caso contrario se
podrían provocar graves riesgos en materia de ciberseguridad.
66 https://theobjective.com/espana/2025-08-11/trafico-utiliza-camaras-radares-fotomultas-chinos-vetados/
Asimismo, hay peligro de que empresas chinas, por sus conexiones con el Gobierno de su país con un creciente potencial en materia de ciberespionaje 67, puedan colaborar en tareas de vigilancia y recopilación de datos que pongan en riesgo los
intereses de España. De hecho, el informe anual de ciberamenazas (Global Threat Report), publicado en febrero de 2025, ya ha advertido de cómo entidades estatales chinas se apoyan en grupos de hackers para hacer ataques coordinados a
infraestructuras críticas de otros estados u organizaciones:
'Las actividades de ciberespionaje desarrolladas por grupos de hackers relacionados con China aumentó un 150 % el año pasado, un 300% si nos fijamos en industrias como el sector financiero, los medios de comunicación o la ingeniería [...] Lo
que marca la diferencia en estos equipos (de hackers) es que, a diferencia de otras bandas criminales, tienen abundantes recursos económicos y disponibilidad de medios e infraestructuras estatales, lo que les permite elaborar ataques complejos,
coordinados y veloces [...] En 2020, por ejemplo, el CNI alertó de que hackers chinos habían robado información sobre la vacuna española' 68.
Asimismo, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas ('CIFAS') tiene informes en los que igualmente expresa preocupación por los riesgos a los que se exponen los miembros del Ejército español que usen 'ciertas tecnologías fabricadas
por empresas chinas' 69.
Esta preocupación debe trasladarse también al ámbito de la seguridad vial. La red de carreteras del Estado es una infraestructura crítica para la seguridad nacional de España y acceder a información inmediata sobre la misma o sobre sus
usuarios puede poner en riesgo la seguridad de los conductores españoles, además de nuestros intereses nacionales.
Así pues, es clave conocer e invertir en medidas para minimizar los siguientes riesgos con el fin de garantizar la seguridad vial:
- Vulnerabilidades que podrían afectar y comprometer la precisión y fiabilidad de las sanciones por velocidad debido a fallos o errores de fábrica de estos productos de origen chino.
- Inseguridad para los conductores ante dispositivos no homologados por organismos nacionales, europeos o directamente vetados por naciones aliadas.
- Riesgos de ciberseguridad y posible acceso no autorizado a datos sensibles como matrículas, movimientos y ubicación de ciudadanos, que podrían ser utilizados para fines aviesos por estos grupos de hackers o entidades estatales 70.
- Inseguridad jurídica, al depender España de tecnologías que han sido prohibidas en otras naciones aliadas por su peligrosidad y opacidad.
- Pérdida de soberanía tecnológica y control sobre infraestructuras críticas de seguridad vial, con la potencial transferencia de información delicada a países extranjeros con intereses contrarios a los de España.
Por todo ello, es preciso retirar todos aquellos dispositivos de control de tráfico en España cuya procedencia e incumplimiento de estándares mínimos de seguridad puedan suponer un riesgo severo para la seguridad vial y nacional de España.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una auditoría técnica y jurídica independiente sobre todos los dispositivos de control de tráfico de origen extranjero instalados en España, con especial atención a los de procedencia china.
67 https://elpais.com/tecnologia/2025-02-27/china-se-consolida-como-la-gran-superpotencia-del-ciberespionaje.html
68 Ídem.
69 https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/informes-inteligencia-militar-espanola-alertan-riesgo-camaras-drones-chinos/20250822115613977397.html
70 https://theobjective.com/espana/política/2025-09-03/china-usa-rastreo-etnico-huawei-hikvision-huawei/
2. Suspender de forma inmediata la compra, instalación y renovación de contratos de radares y cámaras de vigilancia fabricados o con componentes chinos vetados internacionalmente por motivos de seguridad nacional y ciberseguridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2025.-Ángel López Maraver, Francisco José Alcaraz Martos y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001424
Nerea Renteria Lasanta, diputada por Bizkaia y adscrita al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta oral al
gobierno para su respuesta en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Ante los graves problemas de seguridad y tráfico que se están dando en los numerosos pasos a nivel de la línea ferroviaria de Adif a su paso por Enkarterri (Bizkaia), ¿qué medidas contempla tomar el gobierno para modernizar dicha red?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Nerea Renteria Lasanta, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/029373
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martínez Barbero, Verónica (GSUMAR)
Lago Peñas, Manuel (GSUMAR)
Construcción de un nuevo dique en el puerto deportivo de Baiona y su informe de impacto ambiental.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este
acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, presenta las siguientes preguntas relativas a la construcción de un nuevo dique en el puerto deportivo de Baiona y su informe de impacto
ambiental dirigidas al Gobierno y para las que solicita respuesta escrita.
La pasada primavera se retomó el proyecto de construcción de un nuevo dique en el puerto deportivo de Baiona, un proyecto promovido por Nauplia Capital, que incluye una explanada de más de 4000 m2, un edificio de servicios de unos 900 m2 y
un estacionamiento con capacidad para 220 plazas. Las obras comenzaron el 19 de mayo de 2025, generando preocupación entre la ciudadanía y colectivos ecologistas por los posibles impactos negativos sobre el ecosistema marino, las corrientes, las
playas próximas (Santa Marta y A Ladeira, esta última integrada en la Red Natura 2000) y los usos tradicionales del litoral.
La documentación ambiental que actualmente invoca la empresa promotora, en concreto el informe de impacto ambiental de 2002, podría estar desfasada respecto a la normativa vigente y al estado actual del litoral y de los ecosistemas
afectados. Desde entonces, la regulación ambiental ha cambiado y el conocimiento científico sobre los efectos sobre las corrientes, la erosión, las praderas de zosteras marinas y los hábitats protegidos ha aumentado, lo que plantea dudas fundadas
sobre la validez y suficiencia de la documentación presentada.
Además, la falta de transparencia en la tramitación y acceso a la información también fue señalada por el Defensor del Pueblo y por los grupos locales, que reclaman una evaluación ambiental independiente, así como mecanismos de supervisión y
control por parte de las administraciones competentes para garantizar la legalidad, la protección ambiental y la participación ciudadana.
Ante esta situación, resulta imprescindible que el Gobierno aclare su conocimiento del proyecto, la vigencia de los informes ambientales existentes y las medidas que está dispuesto a adoptar para garantizar la protección del dominio público
marítimo-terrestre, la legalidad administrativa y la transparencia informativa.
1. ¿Considera el Gobierno que el informe de impacto ambiental de 2002 sigue estando vigente?
2. ¿Representa este proyecto el modelo de infraestructuras del Ministerio de Transición Ecológica?
3. ¿Qué informes o valoraciones nuevas han presentado la empresa promotora o las administraciones competentes que actualicen los datos de base usados en el informe de 2002?
4. ¿Va el Gobierno a requerir una nueva evaluación ambiental y a suspender de inmediato las obras si se detectan incumplimientos documentales o si se constata que la
documentación aportada por la empresa promotora no contiene datos suficientes o actualizados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.-Verónica Martínez Barbero y Manuel Lago Peñas, Diputados.
184/029882
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Lorente Anaya, Macarena (GP)
Romaní Cantera, José Ignacio (GP)
Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP)
Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP)
Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Confirmación acerca de si se ha solicitado algún informe jurídico-diplomático sobre el riesgo que podría tener cualquier modificación en el estatus fronterizo de Gibraltar.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en la iniciativa, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001333).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Macarena Lorente Anaya, Ignacio Romaní Cantera, Pedro Gallardo Barrena, Miguel Ángel Sastre Uyá y Carlos Floriano Corrales, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Dado el alcance diplomático y jurídico que podría tener cualquier modificación en el estatus fronterizo de Gibraltar, resulta esencial conocer si el Ejecutivo ha recabado asesoramiento especializado antes de adoptar una posición definitiva.
- ¿Se ha solicitado algún informe jurídico-diplomático sobre este riesgo? [...].
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2025.-Macarena Lorente Anaya, José Ignacio Romaní Cantera, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Miguel Ángel Sastre Uyá y Carlos Javier Floriano Corrales, Diputados.
184/029993
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rego Candamil, Néstor (GMx)
Publicación del acuerdo firmado entre la Corporación RTVE y Correos sobre las nuevas instalaciones en A Coruña, así como si es posible el acceso a dicho documento.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en la iniciativa, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001334).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno para su respuesta por escrito.
En la pregunta registrada el pasado 22 de junio, el BNG solicitó información sobre el traslado de la sede territorial de TVE a A Coruña. Entre las diferentes cuestiones planteadas se encontraba la referida al contenido del Convenio suscrito
entre CRTVE y Correos en relación con las nuevas instalaciones y sobre la aportación, si fuera posible, de una copia del mismo. Sin embargo, en la respuesta no se hace referencia a esta cuestión.
Por los motivos expuestos, el BNG plantea las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno:
1. ¿Se ha publicado el acuerdo firmado entre CRTVE y Correos sobre las nuevas instalaciones?
2. ¿De ser así, dónde puede accederse a este documento?
3. [...]
4. ¿De no ser posible, puede indicar las causas por las que no es posible facilitar [...] acceso a la documentación referida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
Á Mesa do Congreso
O deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito ao Grupo Parlamentar Mixto, ao abeiro do estabelecido no artigo 185 e seguintes do Regulamento do Congreso, formula as seguintes preguntas dirixidas ao Goberno
para a súa resposta escrita.
Na pregunta rexistrada o pasado 22 de xuño o BNG solicitaba información en relación ao traslado da sede territorial da TVE na Coruña. Entre as distintas cuestións formuladas estaba a referida ao contido do Convenio asinado entre a CRTVE e
Correos en relación ás novas instalacións e sobre a achega, de ser posíbel, dunha copia deste. Porén, na resposta non se fai referencia a esta cuestión.
Polos motivos expostos, o BNG formula as seguintes preguntas dirixidas ao Goberno:
1. Foi publicado o convenio asinado entre CRTVE e Correos en relación coas novas instalacións?
2. De ser así, onde pode accederse a este documento?
3. [...]
4. De non ser posíbel, pode indicar as causas polas que non é posíbel facilitar [...] acceso á documentación referida?
Madrid, a 23 de outubro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado.