BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


28 de octubre de 2025

Núm. 419

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión Constitucional


161/002605


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la convocatoria de un acto solemne de desagravio del Gobierno español al pueblo de Cataluña por el asesinato del Presidente Lluís Companys i Jover ... href='#(Página8)'>(Página8)


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


161/002601


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para respaldar y dar cumplimiento al Manifiesto Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita por la supresión del peaje del Huerna (AP-66)
... (Página12)


Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes


161/002599


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al refuerzo de las becas y ayudas destinadas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo ... (Página15)


Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/002595


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para que el 9 de mayo sea festividad nacional ... (Página19)


161/002598


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al coste de la inmigración masiva ... (Página23)


161/002607


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar y optimizar el servicio de atención al público por parte de la Administración de la Seguridad Social, singularmente en el sistema de cita previa
... (Página26)


Comisión de Industria y Turismo


161/002594


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso y apoyo de la industria española de defensa ... (Página28)


161/002609


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar condiciones globales de viabilidad, así como de apuesta por la modernización de parámetros en los programas de Turismo Social y de
Termalismo del IMSERSO ... (Página30)


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161/002622


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo al sector del calzado y su puesta en valor como pilar competitivo de la economía en la Comunitat Valenciana ... (Página33)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/002602


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las medidas contra la entrada de productos pesqueros ilegales ... (Página36)


161/002603


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, contra el recorte planteado por la Comisión Europea de los fondos de la PAC ... (Página38)


161/002604


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para el reajuste y actualización de los protocolos antiincendios a la realidad del cambio climático, para el fomento y el fortalecimiento de las prácticas agroganaderas en la
prevención de incendios ... (Página39)


161/002615


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fortalecimiento de la posición de España en la defensa de los intereses pesqueros nacionales en el marco de la Unión Europea ... href='#(Página41)'>(Página41)


161/002616


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reconocer el valor estratégico del sector cinegético y favorecer una actividad sostenible de la caza en España como factor esencial de la biodiversidad
... (Página43)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/002600


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Proyecto de Parque Eólico-Fotovoltaico Testeiro do Conso ... (Página46)


161/002617


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ejecución urgente de las actuaciones necesarias para la protección y puesta en valor del río Miño ... (Página50)


161/002618


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para afrontar la política hidrológica a través de un Pacto Nacional del Agua ... (Página51)


161/002624


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el compromiso de España en la lucha contra el cambio climático en la COP 30 ... (Página53)


Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


161/002596


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a una bajada drástica de los impuestos relacionados con la vivienda ... (Página55)


161/002614


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el problema de la vivienda, un compromiso de todos ... (Página57)


Comisión de Cultura


161/002597


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la figura de Gustavo Torner ... (Página58)


161/002612


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad de urgente apoyo


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económico del Gobierno al Consorcio para la Promoción de la Música de A Coruña ... (Página60)


Comisión de Sanidad


161/002606


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la atención específica de la salud de las mujeres ... (Página62)


161/002610


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a financiar debidamente y sin más demora la «Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral
Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible» ... (Página65)


Comisión de Igualdad


161/002608


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para proteger a las víctimas contra los efectos del negacionismo de la violencia de género ... (Página68)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Asuntos Exteriores


181/001390


Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP), Floriano Corrales, Carlos Javier (GP), Velasco Retamosa, José Manuel (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), García Félix, Manuel (GP), Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Cayetana (GP), Celaya Brey, Javier (GP), González Vázquez, Marta (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Navarro López, Pedro (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Román Jasanada, Antonio (GP) y Tarno Blanco, Ricardo (GP), sobre
emisión por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de un pasaporte diplomático a Koldo García Izaguirre ... (Página69)


Comisión de Hacienda y Función Pública


181/001391


Pregunta formulada por los Diputados Ángel Ibáñez Hernando (GP), Puy Fraga, Pedro (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP) y e Luna Tobarra, Llanos (GP), sobre razón por la que el Gobierno ha roto el diálogo social en la Función Pública y ha
dejado sin voz a tres millones de empleados públicos ... (Página70) Pregunta formulada por los Diputados Ángel Ibáñez Hernando (GP), Puy Fraga, Pedro (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP) y De Luna Tobarra, Llanos (GP),
sobre confirmación acerca de si de verdad pretende el Gobierno justificar el incumplimiento de sus compromisos salariales con los empleados públicos con la excusa de la falta de Presupuestos, cuando sí hay dinero para aumentar el número de personal
eventual y altos cargos ... (Página70)


181/001392


Pregunta formulada por los Diputados Ángel Ibáñez Hernando (GP), Puy Fraga, Pedro (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP) y De Luna Tobarra, Llanos (GP), sobre confirmación acerca de si de verdad pretende el Gobierno justificar el
incumplimiento de sus compromisos salariales con los empleados públicos con la excusa de la falta de Presupuestos, cuando sí hay dinero para aumentar el número de personal eventual y altos cargos ... (Página70)


181/001393


Pregunta formulada por los Diputados Ángel Ibáñez Hernando (GP), Puy Fraga, Pedro (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP) y De Luna Tobarra, Llanos (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si es responsable bloquear la negociación
colectiva con los empleados públicos mientras presume de ser un Gobierno «progresista» y «dialogante» ... (Página70)


181/001394


Pregunta formulada por los Diputados Ángel Ibáñez Hernando (GP), Puy Fraga, Pedro (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP) y De Luna Tobarra, Llanos (GP), sobre confirmación acerca de si tiene el Gobierno algún plan real para recuperar el
diálogo social en


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el seno de la Función Pública o si su única respuesta será esperar a que los funcionarios vuelvan a la calle de protestar ... (Página70)


181/001395


Pregunta formulada por los Diputados Ángel Ibáñez Hernando (GP), Puy Fraga, Pedro (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP) y De Luna Tobarra, Llanos (GP), sobre previsiones del Gobierno acerca de asumir alguna responsabilidad política por
haber provocado la mayor crisis de confianza en la Función Pública en décadas ... (Página71)


181/001396


Pregunta formulada por los Diputados Ángel Ibáñez Hernando (GP), Puy Fraga, Pedro (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP) y De Luna Tobarra, Llanos (GP), sobre valoración acerca del hecho de que los tres principales sindicatos de la Función
Pública coincidan en acusar al Gobierno de inacción, bloqueo y falta de compromiso con los empleados públicos ... (Página71)


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


181/001400


Pregunta formulada por los Diputados Carina Mejías Sánchez (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre valoración de la gestión del servicio ferroviario y la respuesta ante los incidentes por parte del
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ... (Página71)


181/001401


Pregunta formulada por los Diputados Carina Mejías Sánchez (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre valoración de la gestión de las competencias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ...
(Página71)


181/001402


Pregunta formulada por los Diputados Carina Mejías Sánchez (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre medidas que está adoptando el Gobierno para mejorar la gestión de las incidencias ferroviarias que
afectan diariamente a miles de usuarios en distintas regiones del país ... (Página72)


181/001403


Pregunta formulada por los Diputados Carina Mejías Sánchez (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre estado actual de ejecución del Plan de Inversión en Carreteras y previsiones reales que existen para su
culminación ... (Página72)


181/001404


Pregunta formulada por los Diputados Carina Mejías Sánchez (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre porcentaje de la Red de Carreteras del Estado que se encuentra en mal estado según los propios
indicadores de conservación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ... (Página72)


181/001405


Pregunta formulada por los Diputados Carina Mejías Sánchez (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre valoración de la eficacia y puntualidad actual del servicio ferroviario y actuaciones previstas para
reducir los retrasos y la cancelación de trenes ... (Página72)


181/001406


Pregunta formulada por la Diputada Inés Granollers Cunillera (GR), sobre estado en que se encuentra el proyecto de la pasarela peatonal sobre la autovía A-2 entre los términos municipales del Palau d'Anglesola y Mollerusa ... href='#(Página73)'>(Página73)


181/001407


Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de prorrogar las subvenciones al transporte ferroviario hasta el año 2026 y, en caso afirmativo, de aplicar la tarifa plana bonificada de Cercanías en
aquellos tramos de Media Distancia y AVANT de Galicia, comparables en distancia o


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tiempo, para evitar la discriminación que supone carecer aún de este servicio ... (Página73)


181/001408


Pregunta formulada por el Diputado Jorge Pueyo Sanz (GSUMAR), sobre confirmación acerca de si ha descartado definitivamente la mejora y ampliación del Cercanías de Zaragoza a Huesca y otras localidades aragonesas, basándose exclusivamente en
el uso de la reducida e ineficiente línea actual e ignorando el enorme potencial del corredor Zaragoza-Huesca ... (Página74)


181/001409


Pregunta formulada por el Diputado Isidre Gavin i Valls (GJxCAT), sobre motivo por el que los trenes del servicio Avant de la línea Lleida-Tarragona-Barcelona vibran de manera excesiva, hasta el punto de que se ha anulado algún servicio y se
han retirado algunos trenes y confirmación acerca de si se debe a averías o al envejecimiento de los trenes, o si es consecuencia de que la vía no se encuentra en buen estado ... (Página74)


181/001410


Pregunta formulada por la Diputada Esther Peña Camarero (GS), sobre estado en que se encuentran las obras del bypass de Olmedo, conocido también como 'U' de Olmedo e inversión prevista, así como afección y beneficios que traerá la puesta en
servicio del citado bypass para las comunicaciones ferroviarias de la provincia de Burgos ... (Página74)


181/001411


Pregunta formulada por la Diputada Milena Herrera García (GS), sobre repercusión de la entrada en vigor del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima y de la resolución de Marina Mercante en lo relativo al cambio temporal de uso
privado a comercial de las embarcaciones de recreo y, específicamente, la repercusión que ha tenido en el ámbito de las Illes Balears ... (Página75)


181/001412


Pregunta formulada por la Diputada Milena Herrera García (GS), sobre valoración acerca del servicio prestado por Salvamento Marítimo en las Illes Balears en el año 2025 ... (Página75)


181/001413


Pregunta formulada por el Diputado Herminio Rufino Sancho Íñiguez (GS), sobre posición de Aragón en términos de inversión en la Red de Carreteras del Estado (RCE) entre los meses de junio de 2018 y agosto de 2025 ... href='#(Página75)'>(Página75)


181/001414


Pregunta formulada por el Diputado César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre balance acerca de la contribución del Gobierno en la recuperación de las infraestructuras tras la DANA de octubre de 2024 en Valencia ... href='#(Página75)'>(Página75)


181/001415


Pregunta formulada por el Diputado César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre balance de la campaña Verano Joven del año 2025 ... (Página75)


181/001416


Pregunta formulada por el Diputado César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre actuaciones que está impulsando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el Corredor Noroeste de Alta Velocidad ... href='#(Página76)'>(Página76)


181/001417


Pregunta formulada por el Diputado Héctor Palencia Rubio (GP), sobre razón por la que el Gobierno no finalizó el peaje de la AP-6, AP-51 y AP-61 en el mes de noviembre de 2024 y habla de finalizarlo en el año 2029, cuando el acuerdo
propuesto y firmado por España con la UE en el mes de marzo de 2011 se compromete a otros 7 años más, es decir al año 2036 ... (Página76)


181/001418


Pregunta formulada por los Diputados Óscar Ramajo Prada (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre número de usuarios de


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vehículos ligeros que se beneficiaron en el año 2024 de las bonificaciones por recurrencia, para más de veinte viajes mensuales, en cada una de las autopistas de peaje AP-6, AP-51, AP-61 y P-71 ... (Página76)


181/001419


Pregunta formulada por el Diputado José Alberto Herrero Bono (GP), sobre mantenimiento por el Gobierno del diseño del Corredor 12: Madrid-Valencia del nuevo Mapa Concesional tal y como se ha publicado en el BOE, en el que se suprimen 77
paradas, de las cuales 13 pertenecen a la provincia de Teruel, tales como Alba, Cella, Santa Eulalia del Campo, Singra, Torrelacarcel, Torremocha del Jiloca, Villafranca del Campo, Villarquemado, Libros, Villastar, Villel, La Puebla del Valverde y
Sarrion ... (Página76)


181/001420


Pregunta formulada por los Diputados Esther Llamazares Domingo (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre medidas previstas ante el dictamen motivado de la Comisión Europea sobre la concesión de la autopista AP-66 (Huerna) ... href='#(Página77)'>(Página77)


181/001421


Pregunta formulada por el Diputado Juan Antonio Rojas Manrique (GP), sobre medidas previstas por el Gobierno para ponerse al día en los pagos derivados de las bonificaciones del 75% para residentes, cuya deuda acumulada supera ya los 700
millones de euros y podría alcanzar los 1.200 millones, y que comprometen la frecuencia de los vuelos y la conectividad de los ciudadanos de los territorios insulares y extrapeninsulares ... (Página77)


181/001422


Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP), García Félix, Manuel (GP) y Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP), sobre plazo que se ha fijado en la adjudicación para la redacción de los proyectos básicos y de
construcción de los cinco tramos del AVE entre Sevilla y Huelva ... (Página77)


Comisión de Industria y Turismo


181/001398


Pregunta formulada por los Diputados Francisco José Conde López (GP), Bravo Baena, Juan (GP), Marí Bosó, José Vicente (GP), Guardiola Salmerón, Mirian (GP), Romaní Cantera, José Ignacio (GP), Lima García, Laura María (GP), Garrido
Valenzuela, Irene (GP), Moraleja Gómez, Tristana María (GP), De las Cuevas Cortés, Félix (GP), Navarro López, Pedro (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Llamazares Domingo, Esther (GP), Moreno Borrás, Cristina (GP), Agüera Gago, Cristina (GP),
Mesquida Mayans, Joan (GP), Pascual Rocamora, Sandra (GP) y Velasco Retamosa, José Manuel (GP), sobre valoración del Gobierno acerca de si puede calificarse de éxito su política industrial, cuando el peso de la industria en el PIB ha caído al mínimo
histórico, pese a disponer de los mayores fondos europeos de la historia ... (Página77)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


181/001399


Pregunta formulada por los Diputados Javier José Folch Blanc (GP), Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP) y Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), sobre fecha prevista por el Gobierno para adoptar los cambios normativos necesarios para
retrasar la implementación del cuaderno digital al día 01/01/2027 ... (Página78)


Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


181/001397


Pregunta formulada por los Diputados Cristóbal Garre Murcia (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Cruz-


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Guzmán García, María Soledad (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Moreno Borrás, Cristina (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Lima García, Laura María (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP),
Argüelles García, Silverio (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP), Sayas López, Sergio (GP) y Noriega Gómez, Javier (GP), sobre valoración del Gobierno del fracaso de su medida estrella para avalar a través del ICO a los jóvenes para el acceso a la
vivienda ... (Página78)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/027003


Autor: Palencia Rubio, Héctor


Rodríguez Calleja, Patricia


Muñoz Abrines, Pedro


Carballedo Berlanga, María Eugenia


Marí Bosó, José Vicente


Ibáñez Hernando, Ángel


Muñoz de la Iglesia, Ester


Marcos Ortega, Milagros


Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio


Pérez Coronado, Pablo


Cuesta Rodríguez, María del Socorro


Cabezón Casas, Tomás


Cantalapiedra Álvarez, María de las Mercedes


Velasco Morillo, Elvira


Tellado Filgueira, Miguel


Conde López, Francisco José


Vázquez Blanco, Ana Belén


Garrido Valenzuela, Irene


Llamazares Domingo, Esther


De las Cuevas Cortés, Félix


Motivo por el que el Gobierno fijó como fecha de finalización de la concesión de la AP-6, AP-51 y AP-61 en el mes de noviembre de 2029, y no noviembre de 2024 ... (Página78)


184/028669


Autor: Álvaro Vidal, Francesc-Marc


Criterios de méritos, idoneidad y transparencia que se han seguido para nombrar a don Eugenio Pereiro como Director General de Coordinación y Estudios y asociación de esta persona con la dirección de infiltraciones policiales en movimientos
cívicos no violentos ... (Página80)


184/028944


Autor: Estrems Fayos, Etna


Opinión del Gobierno acerca del veto de la Federación Española de Baloncesto a la equipación del Club Deportivo Bisbal Bàsquet que se basa en la bandera estelada catalana ... (Página83)


184/029690


Autor: Cofiño Fernández, Rafael


Cumplimiento de la toponimia oficial asturiana en la red de Cercanías ... (Página85)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Comisión Constitucional


161/002605


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los diputados Gabriel Rufián Romero y Francesc-Marc Álvaro, en virtud de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la convocatoria de un acto solemne de desagravio del Gobierno español al pueblo de Cataluña por el asesinato del President Lluís Companys i Jover, para su debate en instancia en la Comisión Constitucional.


Exposición de motivos


El 5 de octubre de 2022, el Senado daba por aprobado de forma definitiva el texto de la Ley de Memoria Democrática, que se había remitido desde el Congreso de los Diputados unos meses antes. Durante el trámite parlamentario se introdujeron
algunas modificaciones en el texto, siendo una de las más significativas la referente a la declaración de ilegalidad del régimen fascista que se implantó en el Estado español entre el período 1936-1978. Cabe recordar que esta era una reivindicación
muy repetida tanto de la sociedad civil, a través del movimiento memorialista, como de partidos políticos antifranquistas, extremo que no se había visto satisfecho por la Ley de 2007.


Fue incluso un argumento fundamental para que Esquerra Republicana, uno de los principales partidos perseguidos por la represión franquista, presentara un texto alternativo al Proyecto de Ley «por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura» y acabara votando en contra de la que sería finalmente la Ley 52/2007.


Aunque el Proyecto de Ley de la actual Ley de Memoria Democrática incluía un reconocimiento general y estudios para la reparación integral de las víctimas, no explicitaba la declaración de ilegalidad del régimen (y, en consecuencia, de los
órganos y estamentos judiciales). No obstante, y fruto de la negociación parlamentaria con Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu, la Ley de Memoria Democrática acabó recogiendo la ilegalidad del régimen, la nulidad de las sentencias y órganos,
y la obligatoriedad de hacer constar las mismas en los expedientes judiciales, así como el derecho a una declaración personal de reconocimiento y reparación.


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Esta ley aprobada por las Cortes Generales sigue la estela de la que ya se aprobó, por unanimidad, el 29 de junio de 2017 en el Parlament de Catalunya, que explicitaba la ilegalidad —y nulidad de sus sentencias— del tribunal de la «Auditoría
de Guerra del Ejército de Ocupación», denominada posteriormente «Auditoría de Guerra de la IV Región Militar», que actuó en el Principado de Cataluña durante el período 1938-1978.


El texto aprobado en el Parlament decía literalmente: «se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas
políticas en Cataluña por el régimen franquista.»


Esta declaración comportó la expedición de certificados de nulidad por parte del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya a las víctimas y/o familiares de estas que lo pidiesen, y a tal efecto se creó un mecanismo
administrativo específico.


En todo el Estado y durante toda la dictadura —desde 1936 hasta 1978— se cuentan por cientos de miles los condenados por motivos ideológicos y políticos. La ley, además, como resultado de la negociación parlamentaria, se abre al estudio de
los represaliados y condenados por motivos políticos hasta más allá de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución de 1978.


Es imprescindible llevar a cabo con urgencia la reparación de las víctimas que establece la ley, tanto porque el tiempo hace que vayan desapareciendo los familiares directos, como porque la derecha española siempre ha obstaculizado la
implementación de cualquier medida de memoria democrática.


Asimismo, por su significación histórica y simbólica, cabe destacar la persecución, sentencia y ejecución del Molt Honorable Sr. Lluís Companys i Jover, President de la Generalitat de Catalunya. El President Companys fue el único jefe de
gobierno democráticamente elegido en ser ejecutado por parte del fascismo en toda Europa y en el mundo.


Tras su detención por parte de la Gestapo, pesaron sobre él las sentencias número 25, de 13 de diciembre de 1939, dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona, y la dictada por el consejo de guerra de
oficiales generales en el procedimiento sumarísimo ordinario número 23.468, que el 14 de octubre de 1940 le condenó a muerte. Fue fusilado el 15 de octubre de 1940 en el Castillo de Montjuïc.


Este asesinato tiene una carga clara y explícita que es necesario reconocer y reparar por parte de un Estado que se dice democrático. En este sentido, después de más de ocho décadas, y en virtud de la aplicación del nuevo marco legal de
memoria democrática, debería establecerse un mecanismo claro de desagravio institucional hacia la figura del President Companys y, simbólicamente, hacia el pueblo de Cataluña.


En fecha 30 de julio de 2024, el Gobierno de la Generalitat hizo público que el Estado español había remitido al Departamento de Justicia, Derechos y Memoria la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal en favor de Lluís Companys i
Jover, en la que se reconoce que los tribunales que le condenaron eran ilegales e ilegítimos, y se declaran ilegítimas y nulas las condenas, sanciones o resoluciones dictadas contra él por razones políticas, ideológicas o de conciencia durante la
Guerra Civil y la posterior dictadura.


Esta declaración recoge explícitamente que Companys fue perseguido por haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unió de Rabassaires, por haber sido fundador de Esquerra Republicana de Catalunya, por
haber proclamado la República el 14 de abril de 1931, y por haber ejercido la Presidencia de la Generalitat durante la Segunda República.


Este reconocimiento formal del Estado constituye un paso imprescindible en la restitución de la dignidad histórica del President Companys y del conjunto del pueblo de


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Cataluña, pero todavía queda pendiente un gesto político y simbólico que exprese, de forma solemne, el desagravio institucional por parte del Gobierno español.


Por todo lo expuesto se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Proceder a la realización de un acto formal de desagravio por parte del Gobierno español hacia el Molt Honorable President de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, sentenciado a muerte por juicio sumarísimo y asesinado por el fascismo
el 15 de octubre de 1940. El mismo reconocimiento y desagravio se hará extensible al pueblo de Cataluña como país representado por el presidente asesinado.


2. Constituir a la mayor brevedad posible y de acuerdo con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya un grupo de trabajo con participación del Gobierno español y el Govern de la Generalitat de Catalunya que acuerde los
términos en los que se llevará a cabo el acto solemne, que en todo caso se efectuará en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación de la presente iniciativa.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2025.—Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.—Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies dels Diputats Gabriel Rufián Romero i Francesc-Marc Álvaro, en virtut de l’establert en l’article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la
convocatòria d’un acte solemne de desgreuge del Govern espanyol al poble de Catalunya per l’assassinat del President Lluís Companys i Jover, per al seu debat en instància a la Comissió de Constitucional.


Exposició de motius


El 5 d’octubre de 2022, el Senat donava per aprovat de manera definitiva el text de la Llei de Memòria Democràtica, que s’havia remès des del Congrés dels Diputats uns mesos abans. Durant el tràmit parlamentari s’introduïren algunes
modificacions al text, essent una de les més significatives la referent a la declaració d’il·legalitat del règim feixista que es va implantar a l’Estat espanyol entre el període 1936-1978. Cal recordar que aquesta era una reivindicació molt
repetida tant de la societat civil, a través del moviment memorialista, com de partits polítics antifranquistes, extrem que no s’havia vist satisfet per la Llei de 2007.


Fins i tot va ser un argument fonamental perquè Esquerra Republicana, un dels principals partits perseguits per la repressió franquista, presentés un text alternatiu al Projecte de Llei «per la qual es reconeixen i amplien drets i
s’estableixen mesures en favor de qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura» i acabés votant en contra de la que seria finalment la Llei 52/2007.


Tot i que el Projecte de Llei de l’actual Llei de Memòria Democràtica incloïa un reconeixement general i estudis per a la reparació integral de les víctimes, no explicitava la declaració d’il·legalitat del règim (i, en conseqüència, dels
òrgans i estaments judicials). No obstant això, i fruit de la negociació parlamentària amb Esquerra Republicana i Euskal Herria Bildu, la Llei de Memòria Democràtica va acabar recollint la il·legalitat del règim, la nul·litat de les sentències i
òrgans, i l’obligatorietat de fer constar


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les mateixes als expedients judicials, així com el dret a una declaració personal de reconeixement i reparació.


Aquesta llei aprovada per les Corts Generals segueix l’estela de la que ja es va aprovar, per unanimitat, el 29 de juny de 2017 al Parlament de Catalunya, que explicitava la il·legalitat —i nul·litat de les seves sentències— del tribunal de
«l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació», denominada posteriorment «Auditoria de Guerra de la IV Regió Militar», que va actuar al Principat de Catalunya durant el període 1938-1978.


El text aprovat al Parlament deia literalment: «es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a
Catalunya pel règim franquista.»


Aquesta declaració va comportar l’expedició de certificats de nul·litat per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a les víctimes i/o familiars d’aquestes que ho demanessin, i a tal efecte es va crear un mecanisme
administratiu específic.


A tot l’Estat i durant tota la dictadura —des de 1936 fins a 1978— es compten per centenars de milers els condemnats per motius ideològics i polítics. La Llei, a més, com a resultat de la negociació parlamentària, s’obre a l’estudi dels
represaliats i condemnats per motius polítics fins més enllà de l’aprovació i entrada en vigor de la Constitució de 1978.


És imprescindible dur a terme amb urgència la reparació de les víctimes que estableix la Llei, tant perquè el temps fa que vagin desapareixent els familiars directes, com perquè la dreta espanyola sempre ha obstaculitzat la implementació de
qualsevol mesura de memòria democràtica.


Així mateix, per la seva significació històrica i simbòlica, cal destacar la persecució, sentència i execució del Molt Honorable Sr. Lluís Companys i Jover, President de la Generalitat de Catalunya. El President Companys fou l’únic cap de
govern democràticament escollit en ser executat per part del feixisme arreu d’Europa i del món.


Després de la seva detenció per part de la GESTAPO, van pesar sobre ell les sentències número 25, de 13 de desembre de 1939, dictada pel Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques de Barcelona, i la dictada pel consell de guerra
d’oficials generals en el procediment sumaríssim ordinari número 23.468, que el 14 d’octubre de 1940 el condemnà a mort. Fou afusellat el 15 d’octubre de 1940 al Castell de Montjuïc.


Aquest assassinat té una càrrega clara i explícita que cal reconèixer i reparar per part d’un Estat que es diu democràtic. En aquest sentit, després de més de vuit dècades, i en virtut de l’aplicació del nou marc legal de memòria
democràtica, hauria d’establir-se un mecanisme clar de desgreuge institucional envers la figura del President Companys i, simbòlicament, envers el poble de Catalunya.


En data 30 de juliol de 2024, el Govern de la Generalitat va fer públic que l’Estat espanyol havia tramès al Departament de Justícia, Drets i Memòria la Declaració de Reconeixement i Reparació Personal en favor de Lluís Companys i Jover, en
la qual es reconeix que els tribunals que el van condemnar eren il·legals i il·legítims, i es declaren il·legítimes i nul·les les condemnes, sancions o resolucions dictades contra ell per raons polítiques, ideològiques o de consciència durant la
Guerra Civil i la dictadura posterior.


Aquesta declaració recull explícitament que Companys fou perseguit per haver estat advocat dels sindicats únics i de la CNT, per haver organitzat la Unió de Rabassaires, per haver estat fundador d’Esquerra Republicana de Catalunya, per haver
proclamat la República el 14 d’abril de 1931, i per haver exercit la Presidència de la Generalitat durant la Segona República.


Aquest reconeixement formal de l’Estat constitueix un pas imprescindible en la restitució de la dignitat històrica del President Companys i del conjunt del poble de Catalunya, però encara resta pendent un gest polític i simbòlic que
expressi, de manera solemne, el desgreuge institucional per part del Govern espanyol.


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Per tot l’exposat es presenta la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a:


1. Procedir a la realització d’un acte formal de desgreuge per part del Govern espanyol envers el Molt Honorable President de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, sentenciat a mort per judici sumaríssim i assassinat pel feixisme el 15
d’octubre de 1940. El mateix reconeixement i desgreuge es farà extensible al poble de Catalunya com a país representat pel president assassinat.


2. Constituir a la major brevetat possible i d’acord amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya un grup de treball amb participació del Govern espanyol i el Govern de la Generalitat de Catalunya que acordi els termes en
què es durà a terme l’acte solemne, que en tot cas s’efectuarà en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present iniciativa.»


Palau del Congrés dels Diputats, 15 d’ octubre de 2025.—Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.—Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grup Parlamentari Republicà.


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


161/002601


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para respaldar y dar cumplimiento al Manifiesto Alianza por las
Infraestructuras del Estado que Asturias necesita por la supresión del Peaje del Huerna (AP-66), para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.


Exposición de motivos


La exposición de motivos de esta Proposición no de ley reproduce a continuación, y de forma literal, el Manifiesto Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita por la supresión del Peaje del Huerna (AP-66), emitido el 29
de septiembre de 2025.


Manifiesto Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita por la supresión del peaje del Huerna (AP-66)


Los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita declaramos que nuestra comunidad no puede seguir soportando cargas injustas que limitan su desarrollo, penalizan su economía y debilitan la cohesión
territorial.


El peaje de la autopista del Huerna (AP-66), cuya vigencia expiraba en octubre de 2021, fue prorrogado en el año 2000 hasta 2050 por el Gobierno de la Nación. Esta prórroga constituye un agravio histórico que condiciona la vida de miles de
asturianas y asturianos y sitúa a nuestra región en desventaja frente a otros territorios del Estado.


La reciente resolución de la Comisión Europea, dictada el 17 de julio de 2025 en el procedimiento de infracción INFR(2021)4052, confirma lo que venimos denunciando desde hace décadas: las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9
y AP-66 fueron contrarias al Derecho de la Unión Europea y vulneraron los principios de igualdad, transparencia y servicio al interés general.


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Dictamen de la Comisión Europea: irregularidades detectadas


1. Prórrogas sin licitación ni publicidad.


Las ampliaciones de las concesiones (25 años adicionales en la AP-9 y 29 años en la AP-66) modificaron sustancialmente los contratos originales.


Según la jurisprudencia europea, cualquier modificación de este tipo equivale a una nueva adjudicación, que debía haberse sometido a concurso público abierto y transparente. España incumplió este procedimiento, vulnerando la normativa
comunitaria.


2. Vulneración de los principios de igualdad y transparencia


Las concesionarias obtuvieron beneficios desproporcionados: plazos de explotación extraordinariamente largos, ventajas fiscales, rentabilidad asegurada y una posición privilegiada frente a la competencia.


El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2004 que estas decisiones trasladaban los costes al Estado y a los usuarios, mientras se otorgaban beneficios privados injustificados.


3. Uso indebido de la excepción in house.


El Gobierno alegó que, al ser públicas en 2000, las concesionarias podían recibir la prórroga directamente. La Comisión Europea rechazó este argumento porque la privatización de ENAUSA ya estaba en marcha desde 1999. No se trataba de
reforzar la gestión pública, sino de preparar las concesiones para su venta. La excepción fue invocada de manera abusiva.


4. Prórrogas vinculadas a la privatización.


El dictamen demuestra que las prórrogas no respondieron a necesidades de equilibrio económico-financiero, sino a la voluntad de hacer más rentable la privatización de ENAUSA. Sin estas prórrogas, la venta habría sido mucho menos atractiva
para los compradores. La consecuencia directa fue que la ciudadanía quedó sometida durante décadas a un peaje injusto.


Estas irregularidades han tenido un impacto directo en la economía de nuestra región, incrementando artificialmente el coste de las comunicaciones y limitando la competitividad y cohesión territorial de Asturias frente a otras comunidades
autónomas.


El dictamen, emitido en aplicación del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce que Asturias ha sido víctima de un proceso irregular y lesivo para el interés general y constituye la antesala de un
recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).


Compromisos de la Alianza


Con este manifiesto, nos comprometemos a impulsar la movilización política y social, así como a promover todas aquellas iniciativas y actuaciones jurídicas y administrativas necesarias para lograr la supresión del peaje del Huerna.


Para ello, el Gobierno del Principado de Asturias asume el liderazgo de los siguientes compromisos:


1.ª Coordinar actuaciones a todos los niveles.


Promoveremos acciones políticas, jurídicas y administrativas orientadas a consolidar la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita, incorporando a todos los actores políticos, sociales y económicos para reforzar la
posición de Asturias en esta reivindicación común.


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2.ª Movilizar a la sociedad asturiana.


Fomentaremos la participación activa de la ciudadanía, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones empresariales y demás colectivos, garantizando que esta causa cuente con un respaldo amplio y sólido en todos los ámbitos pertinentes.


3.ª Desarrollar una estrategia integral.


Elaboraremos un documento estratégico que recoja de manera exhaustiva la posición de Asturias sobre la supresión del peaje del Huerna, así como toda la documentación técnica y jurídica precisa para su remisión a todos los ámbitos y
procedimientos autonómicos, estatales y europeos pertinentes, con el objetivo de lograr la nulidad de la prórroga.


4.ª Defender la legitimidad europea y la justicia histórica.


Recordaremos constantemente que las prórrogas fueron ilegales y contrarias al interés general, asegurando que esta causa no se plantea como un privilegio, sino como la reparación de un agravio causado por decisiones injustas y contrarias a
derecho.


5.ª Exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el cumplimiento del dictamen europeo.


Reiteraremos la necesidad de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que asuma jurídicamente el dictamen de la Comisión Europea y proceda a la eliminación del peaje de la AP-66, iniciando los procedimientos administrativos a
tal efecto y garantizando la participación activa de Asturias en todo el proceso abierto.


Asimismo, y hasta que concluyan los procedimientos administrativos y/o jurídicos que permitan anular la prórroga y sea efectiva la eliminación del peaje de la AP-66, solicitamos que, para evitar ahondar en la injusticia que supone esta carga
impositiva, se bonifique desde el primer viaje el 100 % del importe a todos los usuarios.


Este manifiesto está abierto al respaldo de toda la sociedad asturiana, así como de cuantos colectivos y entidades deseen sumarse a esta causa común, que no es solo una cuestión económica, sino también un derecho a la igualdad territorial y
a la justicia europea.


Asturias no puede esperar más. Europa ha hablado con claridad: las prórrogas fueron contrarias al derecho y el peaje del Huerna carece de legitimidad.


Por la supresión del peaje del Huerna.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a respaldar y dar cumplimiento al Manifiesto Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita por la supresión del peaje del Huerna (AP-66).»


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.—Rafael Cofiño Fernández, Diputado.—Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


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Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes


161/002599


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo de las becas y ayudas destinadas al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.


Exposición de motivos


Una educación inclusiva y equitativa es un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, así como el bienestar individual y colectivo. Así lo recoge el artículo 27 de la Constitución Española, que señala que toda la
ciudadanía tiene derecho a la educación y que es un deber de los poderes públicos garantizarlo. También el objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace referencia a la educación de calidad como herramienta para reducir la
desigualdad. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), muestra una especial atención hacia el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que se rige
por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, sin discriminación y con igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo y accesibilidad universal para todo el alumnado. Concretamente, en la disposición
adicional cuarta se establece que «las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se
recoge en el artículo 74 de esta Ley».


Según la Comisión de Educación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), no se está cumpliendo la educación inclusiva. De hecho, destacan que falta inversión para dotar de recursos a los centros y medidas
para mejorar la formación al profesorado en la atención a personas con necesidades educativas especiales. La tasa de analfabetismo en este alumnado es seis veces superior a la del alumnado en general, según destaca esta comisión. El Comité de la
ONU para las Personas con Discapacidad advertía en un informe de 2017 que en España se había perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio. En 2019 el mismo órgano seguía mostrando su preocupación por los
escasos avances de España en relación con la educación inclusiva, y en 2024 volvió a reiterar su preocupación, reclamando acabar con el sistema de escolarización en centros especiales, por considerarlas contrarias a la Convención.


La disposición adicional cuarta de la LOMLOE anteriormente mencionada señala que «el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e)
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender
en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».


Teniendo en cuenta la voluntad del Gobierno y del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de apostar por la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo desde los propios centros educativos, cabe suponer
que si en 2024 el Comité de la ONU para Personas con Discapacidad veía escasos avances, y a su vez la Ley da un periodo de diez años para asegurar que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender al alumnado, se deben
adoptar mientras tanto las medidas que sean necesarias para asegurar una atención apropiada


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al alumnado fuera de los centros escolares, motivo principal de la existencia de las becas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (NEE).


Las becas NEE, en la actualidad, no llegan a todos los colectivos. Es el caso del alumnado que requiere servicios de logopedia o psicología y que, aunque no presente ninguna discapacidad, sí tiene dificultades en el habla y/o el lenguaje, o
dificultades en la lectoescritura derivadas de la dislexia o de una mala adquisición de los procesos. Muchas familias no disponen de los recursos necesarios para permitirse los gastos mensuales —que pueden ser superiores a 100 euros— para que los
niños y niñas sean atendidos por profesionales especialistas. Esta situación impide que sus hijos e hijas accedan a los tratamientos y acompañamientos que necesitan para mejorar su rendimiento escolar y permitir su correcto aprendizaje.


Un artículo publicado por la Universidad de Cambrige en 2021 titulado Neurodevelopmental disorders among Spanish school-age children: prevalence and sociodemographic correlates arroja algunos resultados que pueden poner en contexto la
situación en los centros escolares españoles. Con una muestra de casi 7.000 estudiantes de 5 a 17 años, y con variables de género, edad, etapa educativa, tipo de centro, nivel socioeconómico y etnia, estimó que 1.249 de los casi 7.000 alumnos
presentaban criterios para al menos un trastorno del desarrollo (TDAH), y solo 423 habían recibido diagnóstico. En concreto, la prevalencia era del 0,63 % en discapacidad intelectual; 1,05 % en trastornos de la comunicación; 0,70 % en trastorno
del espectro autista 9,92 % en trastorno por déficit de atención e hiperactividad y 10 % en trastorno específico de aprendizaje. El estudio, entre otras conclusiones, subraya que hay una proporción considerable de falta de diagnóstico, e insisten
en la necesidad de programas de detección e intervención temprana.


De los 966.924 alumnos y alumnas que recibieron apoyo educativo en el curso 2022-2023, más de 704.000 fueron atendidos por otras necesidades específicas, es decir, lo que no se engloba dentro de las necesidades asociadas a la discapacidad o
trastornos graves. El alumnado con necesidades educativas especiales supone el 3,3 % del alumnado total de las Enseñanzas de Régimen General no universitarias y el alumnado con otras necesidades específicas el 8,7 %. De los más de 704.000 alumnos
que reciben apoyo educativo ligados a necesidades no consideradas dentro de las especiales, el 36 % son relacionadas con problemáticas derivadas de situaciones de vulnerabilidad socioeducativa; el 7,7 % de trastornos leves y moderados del
desarrollo del lenguaje y la comunicación y el 7,3 % de altas capacidades. El alumnado de otras necesidades específicas representa el 9,8 % del alumnado de centros públicos, el 7,9 % de los concertados, y el 2,2 % de los privados no concertados.
Todo ello son datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.


Según varios estudios, es más probable que los niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo que afectan al aprendizaje no reconocidos tengan un rendimiento académico inferior, experimenten dificultades sociales, emocionales y de
comportamiento y, por lo tanto, aumente el riesgo de fracaso escolar, así como de frustración laboral y en su proceso vital cuando alcancen la edad adulta.


De la misma manera, la intervención temprana ha demostrado mejorar el rendimiento escolar, el comportamiento, las interacciones sociales, cognitivas y las habilidades. Por lo tanto, no solo la identificación temprana es necesaria, sino
también el adecuado tratamiento para permitir un desarrollo óptimo.


En este sentido, las becas y ayudas son importantes para asegurar la universalidad de acceso, la inclusión y la equidad mientras a su vez se despliega el plan establecido en la ley. Las becas y ayudas para alumnos con necesidad específica
de apoyo educativo son convocadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Actualmente, estas ayudas se ofrecen para personas con trastornos específicos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o el
trastorno del espectro del autismo (TEA), así como para el alumnado con alta capacidad intelectual, o con una discapacidad mínima del 33 %, pero no para otras problemáticas


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que también requieren atención profesional, como los trastornos de neurodesarrollo y aprendizaje o aquellos que se sitúan por debajo de la discapacidad acreditada del 33 %.


Si bien es cierto que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha ido ampliando el espectro de beneficiarios a varios colectivos, así como el aumento gradual del total de recursos para ellos, se hace imprescindible que se
tengan en cuenta otros trastornos que no superan el umbral de discapacidad del 33 % porque también requieren tratamiento y seguimiento profesional.


Los poderes públicos tienen la responsabilidad de asegurar la calidad y la inclusión en la enseñanza. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad buscar los mecanismos necesarios para aumentar el presupuesto de becas y ayudas destinadas al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, de tal manera que resulte posible llegar a todo el alumnado que las precise y así reducir el fracaso escolar.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Estudiar la posibilidad de incluir otros trastornos del neurodesarrollo y aprendizaje no contemplados en los requisitos para la obtención de becas y ayudas al estudio impulsadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y
Deportes, con los mecanismos que considerase oportunos para la acreditación.


2. Colaborar con las administraciones educativas competentes para estudiar y dar concreción a las fórmulas adecuadas para garantizar la atención adecuada del alumnado con trastorno de neurodesarrollo y aprendizaje.


3. Continuar con el desarrollo de un Plan para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.


4. Estudiar el refuerzo del criterio de renta familiar en la convocatoria de becas y ayudas NEAE con el objetivo de que sea un criterio determinante una vez acreditada la NEAE, con la finalidad de avanzar hacia la equidad del sistema
educativo.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.—Viviane Ogou i Corbi, Diputada.—Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei relativa al reforç de les beques i ajuts destinats a l’alumnat amb necessitat
específica de suport educatiu, per al seu debat en la Comissió d’Educació, Formació Professional i Esports.


Exposició de motius


Una educació inclusiva i equitativa és un pilar fonamental per garantir la igualtat d’oportunitats, així com el benestar individual i col·lectiu. Així ho recull l’article 27 de la Constitució Espanyola, que estableix que tota la ciutadania
té dret a l’educació i que és deure dels poders públics garantir-la. També l’Objectiu número 4 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible fa referència a l’educació de qualitat com a eina per reduir la desigualtat.


La Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE), posa una especial atenció en l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, seguint principis
d’inclusió i


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participació, qualitat, equitat, no discriminació i igualtat efectiva en l’accés i permanència en el sistema educatiu, així com l’accessibilitat universal per a tot l’alumnat. Concretament, la disposició addicional quarta estableix que «les
administracions educatives vetllaran perquè les decisions d’escolarització garanteixin la resposta més adequada a les necessitats específiques de cada alumne o alumna, d’acord amb el procediment que es recull a l’article 74 d’aquesta Llei».


Segons la Comissió d’Educació del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), no s’està complint amb l’educació inclusiva. De fet, destaquen la manca d’inversió per dotar els centres de recursos suficients i la
necessitat de millorar la formació del professorat en l’atenció a persones amb necessitats educatives especials. La taxa d’analfabetisme en aquest alumnat és sis vegades superior a la de l’alumnat general, segons aquesta comissió.


El Comitè de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat advertia en un informe de 2017 que a Espanya s’ha perpetuat un patró estructural d’exclusió i segregació educativa discriminatòria. El 2019 aquest mateix organisme
continuava mostrant preocupació pels escassos avenços d’Espanya en relació amb l’educació inclusiva, i el 2024 reiterava aquesta preocupació, reclamant posar fi al sistema d’escolarització en centres especials, per considerar-lo contrari a la
Convenció.


La disposició addicional quarta de la LOMLOE esmentada indica que «el Govern, en col·laboració amb les administracions educatives, desenvoluparà un pla perquè, en el termini de deu anys, d’acord amb l’article 24.2.e) de la Convenció sobre
els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides i en compliment de l’objectiu 4 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, els centres ordinaris comptin amb els recursos necessaris per atendre en les millors
condicions l’alumnat amb discapacitat».


Tenint en compte la voluntat del Govern i del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports de donar suport a l’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu des dels mateixos centres educatius, cal suposar que, si
el 2024 el Comitè de l’ONU continuava veient escassos avenços i la llei preveu deu anys per garantir els recursos als centres ordinaris, cal adoptar, mentrestant, mesures per assegurar una atenció adequada a aquest alumnat fora dels centres escolars
—motiu principal de l’existència de les beques per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NESE).


Actualment, aquestes beques no arriben a tots els col·lectius. És el cas de l’alumnat que requereix serveis de logopèdia o psicologia, i que, tot i no presentar cap discapacitat reconeguda, té dificultats en el llenguatge, la parla o
l’adquisició lectoescriptora —com en el cas de la dislèxia. Moltes famílies no disposen dels recursos per costejar els tractaments mensuals, que poden superar els 100 euros, cosa que impedeix l’accés dels infants a l’atenció professional que
necessiten per millorar el seu rendiment escolar i assegurar un aprenentatge adequat.


Un article publicat per la Universitat de Cambridge el 2021 titulat Neurodevelopmental disorders among Spanish school-age children: prevalence and sociodemographic correlates, amb una mostra de gairebé 7.000 estudiants d’entre 5 i 17 anys,
estima que 1.249 alumnes complien criteris per a almenys un trastorn del desenvolupament (com el TDAH), però només 423 estaven diagnosticats. Es recullen prevalences com ara 0,63 % en discapacitat intel·lectual, 1,05 % en trastorns de la
comunicació, 0,70 % en trastorn de l’espectre autista, 9,92 % en trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat i 10 % en trastorn específic de l’aprenentatge.


De l’alumnat que va rebre suport educatiu el curs 2022-2023 (966.924 alumnes), més de 704.000 ho van fer per altres necessitats específiques no associades a discapacitats o trastorns greus. L’alumnat amb necessitats educatives especials
suposa el 3,3 % del total, i el d’altres necessitats específiques el 8,7 %. D’aquest últim grup, un 36 % correspon a situacions de vulnerabilitat socioeducativa, un 7,7 % a trastorns del llenguatge i comunicació lleus o moderats, i un 7,3 % a altes
capacitats. Aquest alumnat


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representa el 9,8 % als centres públics, 7,9 % als concertats i 2,2 % als privats no concertats, segons dades del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports.


Diversos estudis assenyalen que és més probable que infants amb trastorns del neurodesenvolupament no diagnosticats tinguin un rendiment acadèmic inferior, dificultats socials, emocionals i de conducta, amb un risc major de fracàs escolar i
de problemes en la seva vida adulta. D’altra banda, la intervenció precoç millora el rendiment, la conducta, les interaccions socials i les habilitats cognitives.


Per tot això, les beques i ajuts són imprescindibles per garantir l’universalitat, la inclusió i l’equitat mentre es desplega el pla previst a la llei. Tot i que el Ministeri ha anat ampliant els col·lectius beneficiaris, continua essent
necessari incloure altres trastorns que, tot i no assolir el 33 % de discapacitat acreditada, també requereixen intervenció professional.


Els poders públics tenen la responsabilitat d’assegurar una educació de qualitat i inclusiva. És per això que cal ampliar el pressupost destinat a les beques per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per arribar a tot
l’alumnat que ho necessiti i reduir el fracàs escolar.


Per tot això, El Grup Parlamentari Plurinacional Sumar presenta la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés dels Diputats insta el Govern a:


1. Estudiar la possibilitat d’incloure altres trastorns del neurodesenvolupament i de l’aprenentatge no contemplats actualment entre els requisits per accedir a les beques i ajuts a l’estudi impulsats pel Ministeri d’Educació, Formació
Professional i Esports, mitjançant els mecanismes d’acreditació que es considerin oportuns.


2. Col·laborar amb les administracions educatives competents per estudiar i concretar fórmules que garanteixin l’atenció adequada de l’alumnat amb trastorns del neurodesenvolupament i de l’aprenentatge.


3. Continuar amb el desenvolupament del Pla perquè els centres ordinaris comptin amb els recursos necessaris per atendre en les millors condicions l’alumnat amb discapacitat, segons el que estableix la disposició addicional quarta de la
Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre.


4. Estudiar el reforç del criteri de renda familiar en la convocatòria de beques i ajuts per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NESE), amb l’objectiu que aquest criteri sigui determinant un cop acreditada la necessitat,
per avançar cap a un sistema educatiu més equitatiu.»


Palau del Congrés dels Diputats, 14 d’ octubre de 2025.—Viviane Ogou i Corbi, Diputat.—Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.


Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/002595


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193. y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el 9 de mayo sea festividad nacional, para su debate en la
Comisión de Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


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Exposición de motivos


Cada 9 de mayo se conmemora en Europa el aniversario de la Declaración Schuman de 1950, que sentó las bases de la cooperación política y económica que posteriormente daría lugar a la Unión Europea. Esta fecha se celebra como el Día de
Europa, símbolo de paz, unidad y proyecto compartido entre los pueblos europeos. Sin embargo, a diferencia de otras festividades de carácter nacional, esta conmemoración no cuenta con arraigo popular ni está presente en el calendario festivo, lo
que limita su capacidad para generar un vínculo emocional y pedagógico con la ciudadanía.


Desde el restablecimiento de la democracia en 1977, el sentimiento democrático ha sido mayoritario y transversal entre generaciones. No obstante, estudios recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) alertan de un preocupante
cambio de percepción entre la juventud: un 38 % de los menores de 24 años afirma que no le importaría vivir en un régimen «poco democrático» si este le garantizara una «mejor calidad de vida». Este dato pone de manifiesto la necesidad urgente de
fortalecer la educación democrática y europea entre las nuevas generaciones.


La Unión Europea ha demostrado que la democracia, la participación ciudadana y la cooperación multinivel son pilares para garantizar el desarrollo humano, la justicia social, los derechos fundamentales y la mejora continua de la calidad de
vida, si bien queda mucho camino por hacer y aún debe mejorarse la protección a las minorías, independientemente de su situación administrativa, erradicar la pobreza, reducir las desigualdades.


Uno de los principales retos actuales es la desconexión percibida entre la ciudadanía y las instituciones europeas y estatales. Las estructuras institucionales multinivel, si bien complejas, desarrollan una gran cantidad de programas,
fondos y políticas públicas que tienen un impacto directo en la vida diaria de la población —desde la movilidad estudiantil hasta la protección ambiental o la financiación de servicios públicos—. A pesar de ello, muchas veces estas políticas son
desconocidas o percibidas como distantes, debido a déficits en la comunicación institucional.


Esta brecha comunicativa no solo genera desafección, sino que abre espacio a discursos populistas, euroescépticos y autoritarios que cuestionan los valores democráticos, la cooperación internacional y la cultura de paz. A esto se suma la
saturación informativa de la era digital, donde los mensajes institucionales compiten con desinformación, bulos y narrativas que socavan la confianza en las instituciones democráticas.


La construcción europea nos ha demostrado que es, precisamente, a través de la democracia, la participación ciudadana y la cooperación multinivel como se consigue el desarrollo y mejora de la calidad de vida general para la ciudadanía. Sin
embargo, los retos en la comunicación entre instituciones y ciudadanía, dificultan que esta conozca todas las políticas públicas y programas que se desarrollan multinivel, y el impacto directo que estos tienen en sus vidas.


A su vez, años de paz en el continente europeo, se ven amenazados por la invasión rusa de Ucrania y el genocidio en Gaza. Si bien esta situación entronca con hechos históricos como la invasión de Libia con una fuerte implicación de algunos
Estados Miembro de la UE, que ha desencadenado inseguridad y conflicto crónicos en los países del Sahel, o la mala gestión del proceso de construcción de paz en Afganistán, que ha terminado con el retorno Talibán y el retroceso en garantías
democráticas. Europa puede ser un referente de paz e impulsar un proceso de reconocimiento y reparación de colonialismo y neocolonialismo de algunos de sus estados recuperando su coherencia interna. Europa no puede tener una doble vara de medir,
es importante generar conciencia de la cultura de paz y de la resolución diplomática de conflictos y más con una demanda arraigada entre la ciudadanía del respeto al sur global, de la defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia. Todos
valores íntimamente relacionados con la construcción de la Unión Europea y sus instituciones.


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Por ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar propone la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar el reconocimiento, a través de un Proyecto de Ley, en consenso con los agentes sociales y el resto de instituciones del estado, del 9 de mayo, Día de Europa, como festivo en España, permitiendo a la ciudadanía celebrar
activamente los valores fundacionales del proyecto europeo y generando un espacio de reflexión colectiva, educación cívica y vinculación emocional con la Unión Europea.


2. Profundizar en las estrategias de comunicación pública moderna y segmentada, que ofrezcan una mayor difusión de las políticas públicas, programas y fondos desarrollados en el marco europeo y su impacto directo en la vida cotidiana de la
ciudadanía. Estas campañas deberán utilizar activamente redes sociales, plataformas digitales y algoritmos de distribución de contenidos para alcanzar a diversos públicos, especialmente a la juventud y a colectivos tradicionalmente alejados de los
canales institucionales.


3. Incluir, dentro del ámbito competencial curricular y en diálogo con las administraciones educativas competentes, contenidos educativos sobre la Unión Europea, el sistema multilateral y la cultura de paz, que permita a las nuevas
generaciones comprender el funcionamiento de las instituciones europeas, los principios democráticos que las sustentan, el papel de la cooperación internacional y la importancia de la resolución pacífica de los conflictos. Estos contenidos, además,
deberán ser transversales en valores como la equidad, la justicia global, los derechos humanos y la solidaridad internacional.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.—Viviane Ogou i Corbi y Júlia Boada Danés, Diputadas.—Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


El Grup Parlamentari Plurinacional Sumar, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició No de Llei per a el 9 de maig sigui dia festiu nacional, per al seu debat a la Comissió de
Comissió de Treball, Economia Social, Inclusió, Seguretat Social i Migracions


Exposició de motius


Cada 9 de maig es commemora a Europa l'aniversari de la Declaració Schuman de 1950, que va establir les bases de la cooperació política i econòmica que posteriorment donaria lloc a la Unió Europea. Aquesta data se celebra com el Dia
d'Europa, símbol de pau, unitat i projecte compartit entre els pobles europeus. No obstant això, a diferència d'altres festivitats de caràcter nacional, aquesta commemoració no compta amb arrelament popular ni és present en el calendari festiu, la
qual cosa limita la seva capacitat per a generar un vincle emocional i pedagògic amb la ciutadania.


Des del restabliment de la democràcia en 1977, el sentiment democràtic ha estat majoritari i transversal entre generacions. No obstant això, estudis recents del Centre de Recerques Sociològiques (CIS) alerten d'un preocupant canvi de
percepció entre la joventut: un 38 % dels menors de 24 anys afirma que no li importaria viure en un règim «poc democràtic» si aquest li garantís una «millor qualitat de vida». Aquesta dada posa de manifest la necessitat urgent d'enfortir
l'educació democràtica i europea entre les noves generacions.


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La Unió Europea ha demostrat que la democràcia, la participació ciutadana i la cooperació multinivell són pilars per a garantir el desenvolupament humà, la justícia social, els drets fonamentals i la millora contínua de la qualitat de vida,
si bé queda molt camí per fer i encara ha de millorar-se la protecció a les minories, independentment de la seva situació administrativa, erradicar la pobresa, reduir les desigualtats.


Un dels principals reptes actuals és la desconnexió percebuda entre la ciutadania i les institucions europees i estatals. Les estructures institucionals multinivell, si bé complexes, desenvolupen una gran quantitat de programes, fons i
polítiques públiques que tenen un impacte directe en la vida diària de la població —des de la mobilitat estudiantil fins a la protecció ambiental o el finançament de serveis públics—. Malgrat això, moltes vegades aquestes polítiques són
desconegudes o percebudes com a distants, a causa de dèficits en la comunicació institucional.


Aquesta bretxa comunicativa no sols genera desafecció, sinó que obre espai a discursos populistes, euroescèptics i autoritaris que qüestionen els valors democràtics, la cooperació internacional i la cultura de pau. A això se suma la
saturació informativa de l'era digital, on els missatges institucionals competeixen amb desinformació, faules i narratives que soscaven la confiança en les institucions democràtiques.


La construcció europea ens ha demostrat que és, precisament, a través de la democràcia, la participació ciutadana i la cooperació multinivell com s'aconsegueix el desenvolupament i millora de la qualitat de vida general per a la ciutadania.
No obstant això, els reptes en la comunicació entre institucions i ciutadania, dificulten que aquesta conegui totes les polítiques públiques i programes que es desenvolupen multinivell, i l'impacte directe que aquests tenen en les seves vides.


Al seu torn, anys de pau en el continent europeu, es veuen amenaçats per la invasió russa d'Ucraïna i el genocidi a Gaza. Si bé aquesta situació entronca amb fets històrics com la invasió de Líbia amb una forta implicació d'alguns Estats
Membre de la UE, que ha desencadenat inseguretat i conflicte crònics als països del Sahel, o la mala gestió del procés de construcció de pau a l'Afganistan, que ha acabat amb el retorn Talibà i el retrocés en garanties democràtiques. Europa pot ser
un referent de pau i impulsar un procés de reconeixement i reparació de colonialisme i neocolonialisme d'alguns dels seus estats recuperant la seva coherència interna. Europa no pot tenir una doble vara de mesurar, és important generar consciència
de la cultura de pau i de la resolució diplomàtica de conflictes i més amb una demanda arrelada entre la ciutadania del respecte al sud global, de la defensa dels drets humans, la pau i la democràcia. Tots valors íntimament relacionats amb la
construcció de la Unió Europea i les seves institucions.


Per això, el Grup Parlamentari Plurinacional Sumar proposa la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés dels Diputats insta el Govern a:


1. Impulsar el reconeixement, a través d’un Projecte de Llei, en consens amb els agents socials i la resta d'institucions de l'estat, del 9 de maig, Dia d'Europa, com a festiu a Espanya, permetent a la ciutadania celebrar activament els
valors fundacionals del projecte europeu i generant un espai de reflexió col·lectiva, educació cívica i vinculació emocional amb la Unió Europea.


2. Aprofundir en les estratègies de comunicació pública moderna i segmentada, que ofereixin una major difusió de les polítiques públiques, programes i fons desenvolupats en el marc europeu i el seu impacte directe en la vida quotidiana de
la ciutadania. Aquestes campanyes hauran d'utilitzar activament xarxes socials, plataformes digitals i algorismes de distribució de continguts per a aconseguir a diversos públics, especialment a la joventut i a col·lectius tradicionalment allunyats
dels canals institucionals.


3. Incloure, dins de l'àmbit competencial curricular i en diàleg amb les administracions educatives competents, continguts educatius sobre la Unió Europea, el sistema multilateral i la cultura de pau, que permeti a les noves generacions
comprendre el funcionament de les institucions europees, els principis democràtics que les sustenten,


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el paper de la cooperació internacional i la importància de la resolució pacífica dels conflictes. Aquests continguts, a més, hauran de ser transversals en valors com l'equitat, la justícia global, els drets humans i la solidaritat
internacional.»


Palau del Congrés dels Diputats, 8 d’ octubre de 2025.—Viviane Ogou i Corbi, Júlia Boada Danés, Diputats.—Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.


161/002598


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley como respuesta al coste de la inmigración masiva, para su discusión en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


España lleva décadas enfrentándose a una emergencia demográfica sin precedentes, con una tasa de natalidad de 1,12 hijos por mujer, lo que representa la segunda tasa de natalidad más baja de la Unión Europea, muy por debajo de la tasa de
reemplazo generacional. Es decir, España va a perder en cada generación el 40 % de su población nativa. En este contexto, hay dos alternativas posibles:


Por un lado, la fórmula del bipartidismo, que consiste en importar de forma masiva y descontrolada culturas incompatibles con la nuestra y con baja cualificación. El resultado no podía ser otro: precarización del mercado laboral, pérdida
de identidad cultural, aumento de la inseguridad y de la criminalidad, degradación de nuestros barrios y aumento del gasto social sin priorizar a los españoles más necesitados.


Por otro lado, la fórmula de VOX, que consiste en fomentar la natalidad para revertir el invierno demográfico, garantizar empleos dignos, facilitar el acceso a una vivienda, bajar impuestos y reindustrializar España. Del mismo modo, esta
fórmula se basa en apoyar a las familias españolas y recuperar el principio básico de que la solidaridad intergeneracional solo puede sostenerse con españoles trabajando y formando familias, en ningún caso a costa de importar mano de obra barata del
extranjero.


El discurso en virtud del cual millones de inmigrantes son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de las pensiones es falso, tal y como demuestra, entre otros, el Informe sobre el Coste de la Inmigración publicado recientemente
por la Fundación Disenso. Los datos demuestran que, salvo en casos muy excepcionales de alta cualificación, la inmigración poco cualificada no compensa el déficit estructural de nuestro sistema sino todo lo contrario. Las estimaciones muestran que
solo a partir de 45.000 euros anuales de salario medio una persona logra una contribución positiva neta a lo largo de su ciclo vital. Según los datos provenientes de la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la
mayoría de sus salarios medios se sitúan entre los 14.000 y los 20.000 euros.


Si aun así aceptáramos la premisa de que la inmigración puede contribuir a la sostenibilidad de las pensiones, lo cierto es que los inmigrantes ya residentes en España presentan tasas de desempleo muy superiores a las de la población nativa,
siendo el caso de los inmigrantes de origen africano muy ilustrativo: su tasa de paro alcanza el 25 %, según los datos del último trimestre de 2024 del INE, mientras que la tasa de


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paro general en España se sitúa en el entorno del 10 %. Mientras esta situación no se corrija y no se logre el pleno empleo entre la población inmigrante ya instalada en nuestro país, no existe justificación para seguir incrementando los
flujos de entrada bajo el pretexto de «pagar las pensiones».


La situación se replica en materia de vivienda, donde el impacto inmigratorio está siendo decisivo en la actual emergencia habitacional. Desde 2020, la oferta de vivienda en alquiler permanente ha caído más de la mitad en España (56 %),
mientras que los precios se han incrementado un 30 % en este periodo. Al mismo tiempo, desde que está Sánchez, hay casi 3 millones de inmigrantes más, y esa cifra sigue subiendo. A su vez, en los últimos años se ha triplicado el stock de vivienda
en manos extranjeras y fondos. En 2007, los compradores extranjeros de una vivienda eran sólo el 7,5 % del total, mientras que en 2024 esta cifra se elevó al 20,9 % del total de las operaciones.


España debe adoptar una política migratoria clara y firme: no debe entrar ni un inmigrante más en nuestro país mientras persistan los actuales niveles de desempleo y déficit fiscal asociados, así como una emergencia habitacional severa; no
debe regularizarse a ningún inmigrante ilegal, puesto que ello solo incentiva nuevas llegadas; y debe avanzarse en la deportación de todos aquellos que residan en España de manera ilegal, garantizando así el respeto a la legalidad y la protección
de nuestro Estado de bienestar.


Las pensiones no se defienden con inmigración masiva, se defienden con políticas serias y valientes al servicio de los españoles. La mentira repetida durante años por los gobiernos del PP y del PSOE de que necesitamos millones de
inmigrantes para sostener las pensiones es falsa y los datos muestran exactamente lo contrario: la inmigración poco cualificada no paga las pensiones, es de naturaleza extractiva, detrae más recursos de los que aporta. Resulta contradictorio que
los mismos que mienten afirmando que la inmigración nos pagará las pensiones oculten que las tasas de desempleo de los extranjeros superan holgadamente las de los españoles.


Con unas cifras desorbitadas de paro, uno de cada cuatro desempleados en España son extranjeros, España no necesita inmigración a corto y medio plazo. No tiene sentido que se insista en importar inmigrantes de forma masiva mientras tenemos
millones de parados españoles y extranjeros.


Actualmente, más de 3,9 millones de inmigrantes viven en nuestra Nación sin trabajar, representando el 58 % del total, alrededor de 7 millones de extranjeros. Si a estas cifras unimos la ausencia de prioridad nacional en el acceso a
cualquier ayuda/prestación pública, observamos cómo no sólo estamos endeudando a los españoles de a pie sino que, además, se están quedando fuera del reparto social. Este patrón no es exclusivo de España. Países con mayor tradición de análisis
sobre el impacto fiscal de la inmigración han llegado a conclusiones similares.


En Dinamarca, el Ministerio de Finanzas publicó un informe exhaustivo en el que se comparaban las aportaciones y gastos asociados a diferentes tipos de inmigración. El resultado fue contundente: los inmigrantes procedentes de países no
occidentales generan cada año un déficit fiscal de más de 4.400 millones de euros. Este saldo negativo persistía incluso en la segunda generación. Por el contrario, los inmigrantes occidentales o altamente cualificados presentaban balances neutros
o ligeramente positivos. Este diagnóstico llevó a Dinamarca a reformular sus políticas migratorias, estableciendo criterios más exigentes para la entrada y acceso a determinadas prestaciones sociales.


En Países Bajos, el CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis llegó a conclusiones similares. Según sus cálculos, los inmigrantes no occidentales y sus descendientes suponían un coste neto de 167.000 euros por persona a lo largo
de su ciclo de vida. El estudio destacaba que, incluso cuando los inmigrantes poco cualificados encontraban empleo, sus aportaciones no lograban compensar el uso de servicios públicos a lo largo de toda la vida. Además, se observaba que los hijos
de inmigrantes poco cualificados tendían a reproducir el mismo patrón, prolongando los déficits fiscales intergeneracionalmente.


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Estos ejemplos demuestran que la cuestión no es estar a favor o en contra de la inmigración en abstracto, sino reconocer y contrastar los efectos concretos y tangibles de los distintos tipos de inmigración. Una inmigración cualificada, con
salarios elevados y alta participación en el mercado laboral puede aportar un saldo positivo o neutro. Sin embargo, la inmigración masiva y poco cualificada, que es la que ha recibido España en las últimas décadas, genera sistemáticamente un
déficit para las cuentas públicas y, por tanto, no puede ser presentada como la solución a nuestros problemas demográficos ni económicos.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:


1. Proceder a la remigración de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación e impedir que puedan acceder a cualquier tipo de ayuda social o servicio público.


2. Proceder a la remigración de cualquier inmigrante legal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como de todo aquel que decida no integrarse en la cultura de la Nación que lo acoge o intente imponer la suya.


3. Auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años con el fin de evitar el fraude y revocar la de todos aquellos que hayan accedido de manera fraudulenta a la misma.


4. Realizar las modificaciones legales oportunas a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a nuestra Nación.


5. Establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la
economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles. En todo caso, el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización.


6. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.


7. Promover incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles. A su vez, establecer criterios de reciprocidad con todos los países que restrinjan de alguna forma la contratación de españoles.


8. Implementar una política migratoria firme, ordenada y de acuerdo con las necesidades de nuestro mercado laboral, asegurando en todo momento la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles, así como la
capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres.


9. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la
inmigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.


10. Establecer un régimen fiscal específico y disuasorio para la adquisición de viviendas por parte de capital extranjero, con el fin de proteger el acceso a la vivienda por parte de los españoles. Los ingresos generados por esta
fiscalidad especial se destinarán íntegramente a financiar bonificaciones fiscales y ayudas directas para jóvenes españoles, así como a la promoción de vivienda protegida de acceso exclusivo para españoles.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.—Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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161/002607


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Proposición no de Ley para mejorar y optimizar el servicio de atención al público por parte de la Administración de la Seguridad Social, singularmente en el sistema de cita previa.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en la misma procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar y optimizar el servicio
de atención al público por parte de la Administración de la Seguridad Social, singularmente en el sistema de cita previa, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


El Tribunal de Cuentas, en su «Informe de Fiscalización sobre la Atención al Ciudadano en el ámbito de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, ejercicio 2023», aprobado por el Pleno el 25 de septiembre de 2025, ha
puesto de manifiesto deficiencias graves en la gestión de los servicios de atención al público que prové esta Administración, y que afectan de manera directa a millones de ciudadanos que recurren diariamente a las oficinas de la Seguridad Social
para ejercer sus derechos y acceder a prestaciones básicas.


El informe revela una modificación sustancial en los últimos años en la prestación del servicio de atención al ciudadano. Así, recoge expresamente, se ha pasado de una interacción basada casi exclusivamente en la atención presencial en
oficinas, hacia otros canales de comunicación, como el telefónico y más recientemente el telemático, impulsado por las innovaciones tecnológicas y circunstancias cambiantes, especialmente el COVID.


No obstante, el Gobierno no ha sido capaz de gestionar oportunamente esta transformación, motivando el informe del Tribunal de Cuentas, consecuencia inmediata de «las quejas de los ciudadanos en relación con los problemas de acceso a los
servicios


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de la Seguridad Social», que impulsó en 2022 el pronunciamiento del Defensor del Pueblo, y que ha supuesto la fiscalización de los procedimientos y sistemas de atención al ciudadano aplicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM).


Tanto en las entidades gestoras como en el servicio común, el Tribunal de Cuentas concluye que concurren criterios coincidentes en la atención al ciudadano: desequilibrios, deficiencias, dificultades, debilidades, desinformación,
insatisfacción, carencias... El informe manifiesta un evidente deterioro del servicio público, derivada de la falta de previsión, de medios y de planificación por parte del Ejecutivo.


En particular, se constatan dificultades en el sistema de cita previa (tanto presencial como telefónico), un instrumento que, lejos de facilitar la atención, se ha convertido en una barrera para los ciudadanos. Esta barrera se deriva, como
acredita el informe, de la falta de planificación y eficiencia, mientras el Gobieno no es capaz de revertir carencias como que los indicadores de gestión del INSS «no permiten conocer la demanda real de atención» o «no dispone de datos sobre los
intentos fallidos en el proceso de obtención de cita previa, ni del número de contactos precisos para su concertación, ni del volumen de personas que no llegaron a tener cita disponible y acudieron a otros canales».


Según el Tribunal de Cuentas, hasta un 20 % de las citas previas en oficinas de la Seguridad Social quedan sin uso por incomparecencia en varias de sus oficinas, y en la mayoría de las más de 400 oficinas analizadas, las incomparecencias
superan el 10 %. A ellos se suma el muy alto el porcentaje de incidencias en el sistema de cita previa, por no hablar de la enorme dificultad que supone lograr obtener una de estas citas por vía telemática.


El Tribunal de Cuentas también advierte de la falta de coordinación y de interoperabilidad entre las distintas entidades del sistema, lo que provoca duplicidades, errores y demoras innecesarias y recomienda, entre otras cuestiones, la
optimización del sistema de cita previa, la simplificación de trámites y la posibilidad de que determinadas prestaciones sean reconocidas de oficio, algo que el Gobierno no ha contemplado ni desarrollado normativamente.


Todas estas deficiencias no son nuevas (de hecho han sido denunciadas por el Partido Popular en numerosas ocasiones los últimos años), pero su persistencia en el tiempo refleja la ineficiencia de la gestión actual del Gobierno en un ámbito
que constituye uno de los pilares del Estado del bienestar. La ausencia de un plan de choque efectivo para mejorar la atención al ciudadano en la Seguridad Social, pese a las reiteradas advertencias de instituciones y organismos, es una muestra del
desinterés y la falta de liderazgo político en una materia esencial para la vida de los españoles.


El Partido Popular considera que es urgente revertir esta situación y recuperar una atención pública eficaz, accesible y de calidad, que devuelva la confianza de los ciudadanos en el adecuado funcionamiento de los servicios públicos
(especialmente en uno de tanta relevancia como éste) y garantice el acceso igualitario a sus derechos sociales, con independencia del lugar de residencia o de la capacidad tecnológica de cada persona.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Elaborar un plan que recoja las reformas necesarias en el ámbito legislativo para facilitar las relaciones de los ciudadanos con la seguridad social, singularmente en el sistema de cita previa.


A tal fin, deberá presentarse ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el plazo máximo de tres meses, un Plan Nacional de Mejora de la Atención Ciudadana en la Seguridad Social, con
estimación presupuestaria, cronograma de ejecución e indicadores de evaluación.


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2. Reforzar todos los medios y canales de atención al ciudadano en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social, promoviendo los avances tecnológicos necesarios para prestar mejor servicios, corrigiendo el conjunto de deficiencias
apreciadas por el Tribunal de Cuentas, simplificando y facilitando los trámites.


Este refuerzo deberá incluir la interoperabilidad de los sistemas informáticos de las distintas entidades (INSS, TGSS e ISM), el rediseño del portal web y la creación de un sistema multicanal accesible (presencial, telefónico y digital), con
especial atención a personas mayores y con discapacidad.


3. Impulsar un plan de choque urgente y potenciar los mecanismos de evaluación de la eficacia y eficiencia en la atención que se presta a los ciudadanos, estableciendo indicadores que proporcionen información oportuna para ello, así como de
los intentos fallidos para interactuar con la Administración de la Seguridad Social.


Dichos indicadores deberán publicarse trimestralmente en el Portal de Transparencia e incluir métricas como: tiempo medio de espera, ratio de atención por empleado, porcentaje de citas fallidas y nivel de satisfacción ciudadana.


4. Promover un plan de formación tecnológica del personal al servicio de la Administración de la Seguridad Social, especialmente de aquellos perfiles destinados a prestar servicios de atención a los ciudadanos.


Asimismo, se promoverá un plan de reubicación de plantillas, con incentivos específicos para la cobertura de plazas en zonas rurales o de difícil cobertura.


5. Garantizar, en todo caso, la atención presencial, especialmente para los colectivos más vulnerables y las zonas rurales, así como para aquellos casos que requieran de mayor asesoramiento.


6. Informar anualmente a la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados sobre los avances y resultados de la ejecución de este plan, garantizando la rendición de cuentas y la
evaluación continua de las medidas adoptadas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Jaime Eduardo de Olano Vela, Irene Garrido Valenzuela, Isabel Gema Pérez Recuerda, Álvaro Pérez López y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Industria y Turismo


161/002594


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso y apoyo de la industria española de defensa, para su debate en
la Comisión de Industria y Turismo.


Exposición de motivos


La industria de defensa constituye un sector estratégico en el proceso de transformación productiva que España debe acometer en el marco de la transición geopolítica internacional, la digitalización de la economía, la modernización
tecnológica y el refuerzo de la autonomía estratégica europea.


España se encuentra hoy en un escenario internacional caracterizado por una creciente inestabilidad, marcada por la beligerancia rusa, el aumento de las amenazas híbridas, la inestabilidad en regiones como el Sahel y los cambios en la
política exterior de los Estados Unidos. Este contexto obliga a nuestro país, y a Europa en su conjunto, a


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reforzar su papel como actor autónomo en materia de seguridad y defensa. La respuesta española se ha articulado a través del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que representa un compromiso claro con la protección
de la ciudadanía, el progreso tecnológico y la consolidación de un espacio europeo de defensa más fuerte y soberano.


España cuenta con empresas de referencia internacional en el sector, como Indra, Airbus Defence & Space, Navantia, Santa Bárbara Sistemas (General Dynamics European Land Systems), Sener, Escribano Mechanical & Engineering y Tecnobit, junto a
un tejido de pymes especializadas en sistemas electrónicos, ciberseguridad, vehículos terrestres, drones, satélites, soluciones duales y equipamientos de alta tecnología. Este ecosistema industrial, distribuido por toda la geografía nacional —con
polos consolidados en Madrid y Sevilla en el ámbito aeroespacial, en Galicia y Cartagena en el naval, en Albacete en helicópteros, o en Asturias y Castilla y León en vehículos terrestres— conforma una red innovadora con capacidad de generar empleo
de calidad, dinamizar el territorio e impulsar la internacionalización.


La industria de defensa en España cumple con todos los criterios que deben guiar el nuevo modelo productivo: es intensiva en conocimiento, en innovación y en inversión en l+D+i; genera empleo estable y altamente cualificado; contribuye al
desarrollo de tecnologías duales con aplicaciones civiles y militares, y se proyecta como motor de cohesión territorial al arraigar industrias avanzadas en diferentes comunidades autónomas. Además, se erige en un pilar clave de la soberanía
industrial y tecnológica europea, reduciendo dependencias externas y favoreciendo la construcción de una Europa más fuerte y autónoma.


El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con una inversión prevista de superior a los 10.000 millones de euros en 2025, tiene como objetivo situar el gasto en defensa en el 2 % del PIB, cumpliendo así los compromisos
adquiridos con la Unión Europea y la OTAN. Este esfuerzo inversor se distribuye de manera equilibrada: un 35 % dedicado a la mejora de las condiciones laborales y del equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas; un 31 % al desarrollo de tecnologías
avanzadas de telecomunicaciones y ciberseguridad; un 19 % a la fabricación y adquisición de nuevos sistemas de defensa y disuasión; un 17 % a reforzar las capacidades para la gestión de emergencias y desastres naturales; y un 3 % a garantizar la
seguridad de las misiones internacionales de paz en las que participa España.


Este Plan no solo busca modernizar nuestras capacidades militares, sino que también constituye una palanca para el crecimiento económico y la innovación tecnológica. Se estima que tendrá un impacto positivo de entre un 0,4 % y un 0,7 % en
el PIB a corto plazo, generará 96.000 empleos directos e indirectos en todo el territorio nacional, y movilizará más de 3.950 millones de euros en proyectos de l+D+i, impulsando áreas como la inteligencia artificial, la computación cuántica, el 5G,
la automatización y la industria de satélites y drones.


La dimensión territorial del Plan es también clave: el 89 % de los recursos financieros se invertirán en España, favoreciendo la descentralización industrial y fomentando la creación de nuevas fábricas, hubs tecnológicos y centros de
innovación en todas las comunidades autónomas. Desde el corredor aeroespacial de Madrid y Sevilla, pasando por el naval de Galicia y Andalucía, hasta el de helicópteros de Albacete y el de vehículos terrestres en Asturias y Galicia, el despliegue
industrial contribuirá a reforzar la cohesión territorial y a generar oportunidades en zonas estratégicas del país.


En paralelo, el Gobierno ha reforzado los instrumentos de gobernanza y coordinación institucional. El Plan se articula en torno al nuevo Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, dependiente de Presidencia del Gobierno, que
integrará a ministerios sectoriales, agencias públicas y representantes de la industria y la academia. Además, contará con un Consejo Asesor formado por empresas, centros de l+D, universidades, startups y agentes sociales, con el objetivo de
canalizar propuestas y garantizar una ejecución alineada con ía estrategia europea.


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El impacto esperado del Plan es múltiple. En el ámbito industrial, permitirá el desarrollo de más de 300 empresas vinculadas a programas de modernización, reforzará las cadenas de valor y fomentará la participación de pymes y startups en
proyectos de envergadura internacional. En el ámbito laboral, consolidará un empleo altamente cualificado y con mejores condiciones salariales. Y en el ámbito tecnológico, situará a España como un referente europeo en el desarrollo de tecnologías
duales, con aplicaciones en sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, la aeronáutica, la automoción o la ciberseguridad.


En definitiva, la industria de defensa española se encuentra ante una oportunidad histórica para convertirse en tractor del cambio estructural de nuestro modelo económico, en motor de innovación y en garantía de soberanía tecnológica y
seguridad para nuestra ciudadanía. El Gobierno, a través del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, ha dado un paso firme en esa dirección, pero el reto ahora es consolidar estos avances con voluntad política, planificación
estratégica e inversión sostenida en el tiempo. La industria de defensa se corresponde con el modelo de país que el gobierno quiere seguir desarrollando: industria de alto valor añadido, alta productividad y cualificación y competitiva en el plano
internacional.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en consonancia con el compromiso del Gobierno plasmado en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa:


1. Seguir modernizando nuestras capacidades de seguridad, defensa y disuasión para garantizar la integridad y seguridad de nuestro territorio y de nuestros ciudadanos.


2. Seguir impulsando la innovación, desarrollo y la formación en tecnologías duales que deben seguir generando nuevo conocimiento científico y técnico, reforzando el crecimiento económico y mejorando el tejido productivo.


3. Estudiar la realización de acciones conjuntas, en colaboración con las comunidades autónomas, en apoyo a los clústeres existentes, como polos estratégicos para el conocimiento y para el crecimiento económico.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2025.—Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Andreu Martín Martínez, Cristina López Zamora, César Joaquín Ramos Esteban, Obdulia Taboadela Álvarez, María Dolores Corujo
Berriel, María Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, Patricia Otero Rodríguez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla y Andrea Canelo Matito, Diputados.—Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/002609


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar condiciones
globales de viabilidad, así como de apuesta por la modernización de parámetros en los programas de Turismo Social y de Termalismo del IMSERSO, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.


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Exposición de motivos


Los programas de Turismo Social del IMSERSO para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas, junto al de Termalismo han constituido a lo largo de varias décadas una política pública de enorme valor social, económica y
cultural que ha pretendido sin duda de un lado, estimular el envejecimiento activo, la mejora de la calidad de vida y el bienestar del grupo de personas de edad más avanzada de nuestro país; al propio tiempo que en paralelo, han servido desde su
inicio como instrumentos determinantes a la hora de contribuir a la dinamización de la actividad económica y desestacionalización de la demanda turística en multitud de zonas repartidas por toda la geografía española durante los periodos de inferior
ocupación o temporada baja, garantizando la capacidad de mantenimiento de plantillas y la no destrucción de puestos de trabajo en nuestros destinos turísticos.


En primer lugar y por lo que se refiere al programa de Turismo Social, resulta preciso recordar que hasta la irrupción de la pandemia y posterior suspensión de ambos programas acordada por decisión del Consejo de Ministros en el año 2020, el
mismo creado en 1985 venía implicando a más de 300 establecimientos hoteleros de nuestro país, la red de agencias de viaje españolas minoristas, el amplio sector de los restaurantes y cafeterías, empresas de transporte, locales de ocio nocturno y
resto de la oferta turística complementaria de los destinos habituales con cuota de afluencia de circuitos IMSERSO, debiéndose resaltar que dicho programa de Turismo Social venía vinculando de manera directa e inducida a aproximadamente 100.000
puestos de trabajo, con un volumen de facturación directa e indirecta de alrededor de 600 millones de euros durante cada temporada.


De otro lado, en lo que respecta al programa de Termalismo, cabría poner en valor aquí el impacto en términos de empleo y ocupación de dicho programa de marcado contenido tanto social como turístico, en el que participan más de 80 balnearios
durante la temporada 2025, generando alrededor de 10.000 puestos de trabajo, —de los cuales se calcula que el 70 % del empleo generado es femenino—, con difícil posibilidad de absorción por parte de otros ámbitos productivos, y sin perder de vista
tampoco el carácter tractor del mismo para con otros sectores como la hostelería, el comercio de proximidad u otros servicios complementarios de los entornos mayoritariamente de la España interior en que se ubican estos centros de salud y bienestar.
En su conjunto, se trata este de un programa con un impacto económico muy superior en cada edición a los 110 millones de euros, y donde se calcula que por cada euro que el Estado invierte, según estudios realizados, recupera alrededor de 2,5 euros.


Efectivamente, sólo procede por consiguiente insistir desde aquí en la importancia del dicho programa de Termalismo como propulsor económico vital en comarcas enteras de la España interior, recordando asimismo que gracias a su desarrollo
cerca de 200.000 personas de media anual disfrutan durante sus turnos de estancia en régimen de pensión completa de los beneficios de las aguas mineromedicinales de los balnearios españoles mediante tratamientos para problemas osteo-articulares o
respiratorios a precios competitivos. Añadir que con el buen propósito de mejorar sus productos, durante las diferentes fases de la pandemia un número significativo de propietarios de balnearios aprovecharon la paralización o pérdida parcial de
actividad para hacer un enorme esfuerzo renovando y modernizando sus instalaciones, recurriendo en muchos casos a la vía del endeudamiento.


En este punto, hay que recordar que con carácter bastante previo al comienzo de la crisis del COVID-19, los distintos operadores turísticos intervinientes en estos programas venían trasladando al Gobierno de Pedro Sánchez la imprescindible
necesidad de iniciar conjuntamente los trabajos de análisis que abriesen paso a una mejora cuantitativa y cualitativa de las condiciones globales de contratación impuestas a nuestros empresarios dado el más que evidente estado de obsolescencia de
las mismas.


Sin embargo lo anterior, con el paso del tiempo esta situación no ha hecho sino continuar cronificando unas condiciones empresariales desventajosas, absolutamente


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fuera de mercado que se han visto obligados a secundar muchos establecimientos adheridos, al tiempo que otros tantos han perdido el interés, renunciando a seguir trabajando a pérdidas, lo cual ha desembocado incluso en que algunas
Administraciones autonómicas hayan tenido que salir directamente al rescate de los establecimientos alojativos activando ayudas complementarias para poder cuadrar y compensar la raquíticas remuneraciones del Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz,
en el contexto además de los efectos económicos de una escalada inflacionista persistente (registrándose incrementos de costes operacionales muy superiores al 20 % para los establecimientos hoteleros).


Derivado de la circunstancia anterior y recurriendo a algunos ejemplos ilustrativos, en el destino líder Benidorm mientras que en la campaña 2022/2023 participaron 29 establecimientos, de cara la inminente temporada 2025/2026 la cifra rozará
apenas una quincena; en el caso de la participación hotelera de Costa del Sol, actualmente únicamente permanecerían adscritos entre 8 y 9 hoteles en la zona, frente a los 25 que operaban anteriormente.


Así las cosas, sin ir más lejos a finales del pasado mes de abril, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos turísticos (CEHAT) denunciaba públicamente mediante un comunicado que de cara a dicha temporada 2025/2026, el Gobierno de
España a través del IMSERSO volvía a perpetuar la misma dinámica que en pliegos de licitaciones de las convocatorias de temporadas anteriores, continuando sin garantizar un marco económico sostenible para los hoteles y sin valorar el esfuerzo de los
que mantienen el empleo en las zonas turísticas, tratándose sin duda de la principal turoperación del mercado nacional durante la temporada de invierno.


Tampoco se debe obviar que en paralelo, algunos Gobiernos autonómicos han comenzado a diseñar y activar sus propios programas destinados a este colectivo de la población (por citar algunos ejemplos, en el caso de la Xunta de Galicia con el
lanzamiento del programa denominado Carné +65 dirigido a todos sus habitantes de 65 años o más y del que ya disponen más de 600.000 residentes gallegos, además de otras iniciativas como el programa de bonos turísticos Descubre Galicia en Otoño; o
también el programa consolidado de indudable éxito Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid ofertando 350.000 plazas para disfrutar de más de 1.400 itinerarios), sin contar además la oferta creciente por parte de los operadores privados, todo lo
cual en su conjunto no hace sino restar atractivo y acentuar el deterioro progresivo del modelo actual del programa estatal de Turismo Social, en lugar de proceder de manera inmediata a actualizar y modernizar todos sus parámetros, tal como lleva
solicitando sin éxito desde hace años el Partido Popular.


Por todo lo anterior, siendo conscientes de la capilaridad territorial de estos Programas, así como de su trascendencia socioeconómica en términos de mantenimiento de empleo en muchos destinos no sólo del litoral español, sino también de la
España interior, envejecida y con problemas de despoblación, en el curso de un contexto cada vez más complejo para el mercado nacional, al objeto de proceder de manera anticipada a una correcta planificación y actualización equitativa de las
características desfasadas de dichos programas, dignificando en definitiva las condiciones de contratación que se vienen imponiendo a los diferentes operadores y con el único propósito de garantizar en todo caso una óptima concurrencia y
participación de establecimientos hoteleros y balnearios de cara a futuro, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:


1. Garantizar la introducción de un nuevo marco global de actualización y mejora en las condiciones de contratación de las convocatorias de las próximas temporadas de los programas de Turismo Social para personas mayores y mantenimiento del
empleo en


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zonas turísticas, así como de Termalismo del IMSERSO, que posibilite entre otras, la aplicación de precios razonables con valores de mercado, cubriendo inexcusablemente los costos reales de producción de los servicios a prestar, considerando
el significativo encarecimiento generalizado de los costes laborales, de alimentos y bebidas, sobrecostes energéticos, etc., experimentado a lo largo de los últimos años.


2. Ampliar el alcance y la oferta del número de plazas y pernoctaciones a generar tras la reducción prevista en el número de plazas en la presente temporada, descartando en todo caso a futuro la aplicación de suplementos o recargos abusivos
e injustificados a los pensionistas, tal como ocurre en la presente temporada.


3. Cumplir de manera efectiva por parte del IMSERSO los calendarios y plazos de ejecución mediante una planificación adecuada y eficiente, evitando perjuicios operativos y/o pérdida de facturación que se ocasionan a las empresas
participantes por causa de retrasos o demoras recurrentes en la gestión de los programas.


4. Enriquecer desde el punto de vista turístico la programación de la oferta y experiencias dirigidas a los usuarios de los viajes y estancias, apostando al máximo por la desconcentración territorial, así como por la diversificación y
variedad de productos competitivos de calidad adaptados a los gustos y preferencias específicas de esta franja de la población.


5. Fijar con absoluta transparencia mecanismos en el acceso a los programas, favoreciendo una rotación más equitativa y justa en el disfrute de estos recursos y servicios complementarios, así como promoviendo la mayor simplificación y
agilidad posible para los beneficiarios en lo que se refiere al proceso de reserva y gestión de las plazas.


6. Sufragar los costes de traslados de las personas participantes en los viajes del programa de Turismo Social con condición de residentes en islas no capitalinas, al objeto de atender el diferencial económico, evitando desigualdad de
oportunidades o agravios por razón del lugar de residencia; en paralelo, incentivar programación desde las islas no capitalinas donde ya exista una oferta de vuelos y conectividad con el territorio peninsular, contribuyendo tanto a la reducción de
gastos, como a razones de mayor operatividad y comodidad para los casos de personas mayores residentes en islas no capitalinas.


7. Abordar y negociar con la debida antelación y de manera constructiva con operadores hoteleros, balnearios, sector de transportes, agencias de viajes distribuidoras u otros agentes intervinientes o vinculados a estos programas, cualquier
aspecto susceptible de revisión o actualización de los mismos, promoviendo en definitiva su consolidación como casos de éxito en la historia del mercado turístico español.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Miguel Tellado Filgueira, Álvaro Pérez López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Marta González Vázquez, José Vicente Marí Bosó,
Pedro Puy Fraga, Cristina Moreno Borrás, Cristina Abades Martínez, Juan Andrés Bayón Rolo, Celso Luis Delgado Arce, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Rosa Quintana Carballo, Ana Belén Vázquez Blanco, Cristina Agüera Gago,
Laura María Lima García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002622


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al sector del calzado y su puesta en valor como pilar competitivo de la
economía en la Comunitat Valenciana, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.


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Exposición de motivos


La historia del calzado en nuestro país, no se entendería sin la Comunitat Valenciana y no se entendería, sobre todo, sin la provincia de Alicante.


La industria del calzado es un sector extraordinariamente importante en la Comunitat Valenciana, donde desde mediados del siglo XIX se originó una actividad industrial que consumó un sólido entramado empresarial. Dos ejemplos: Elche tiene
más del 40 % de la producción del calzado nacional y Elda ostenta el honor de haber organizado la primera feria internacional del calzado en España en los años 60.


Esta industria del calzado en la Comunitat valenciana engloba el diseño, la fabricación del calzado y sus componentes, la comercialización, la generación de marcas y el empleo del territorio.


Es un sector muy competitivo en los mercados exteriores, con una calidad, diseño e innovación, mundialmente reconocidos. Esta vocación exterior se evidencia en el peso de las empresas exportadoras en toda la industria ligada al mismo
sector.


La fabricación de calzado se concentra en los municipios de Elche, Elda y Villena en Alicante, en Valí de Uxó en Castellón o la Horta Sud en Valencia y en otros municipios de la Comunidad Valenciana. Cada zona tiene una cierta
especialización productiva, correspondiendo por ejemplo a Villena, la fabricación de calzado infantil, a Elda, el calzado de mujer y a Elche una producción más variada.


El sector del cuero y del calzado valenciano da empleo a cerca de 20.000 personas, lo que representa el 6,7 % del empleo generado por la industria valenciana y el 50 % del conjunto del sector a nivel nacional. A esto hay que añadir los
cerca de 17.000 empleos directos e indirectos generados por el sector de los componentes del calzado.


La evolución del empleo en este sector en la Comunitat Valenciana durante el periodo comprendido entre 2015 y 2023 ha sido testigo de una serie de fluctuaciones significativas, reflejando tanto los desafíos inherentes a la industria como los
impactos externos, con ejemplos como la pandemia del COVID-19 o ahora los aranceles de la administración Trump.


No obstante, a partir de 2021 se observaron señales de recuperación, con un aumento notable en el empleo. Esta recuperación sugirió una adaptación gradual del sector a las nuevas condiciones del mercado y a las medidas implementadas durante
la fase de recuperación económica, después de la pandemia.


Así, el PERTE de la economía circular textil, en el que se incluye al sector del calzado, ha ofrecido y ofrece subvenciones para impulsar la innovación y la sostenibilidad del sector dentro del marco del Plan de Recuperación.


De los treinta y ocho proyectos beneficiarios del PERTE Economía Circular en la convocatoria textil nueve son de la Comunidad Valenciana (23,68 % respecto a España) con un total 13.580.304,11 € de (42,78 % respecto a España) con una
inversión directa prevista de 32.047.723,09 €.


De los nueve proyectos beneficiarios, cuatro han sido adjudicados a empresas de tamaño mediano con 2.913.116,56 €, tres a empresas pequeñas con 4.373.263,74 € y dos a grandes empresas no PYME con 5.912.195,96 €.


De los nueve proyectos, seis pertenecen a la categoría de incremento del nivel de protección medioambiental de los beneficiarios y se les han adjudicado 9.207.040,37 €, dos proyectos se dedican a la mejora de la gestión de residuos
procedentes de terceros y se les han adjudicado 4.169.163,53 € y un proyecto se dedica a digitalización y se le han adjudicado 204.100, 21 €.


Este PERTE de economía circular, representa una oportunidad para revitalizar el sector a través de la innovación y la adaptación a las nuevas exigencias de la economía circular. Los proyectos o acciones que se financian son convocatorias de
subvenciones, destinadas a la innovación, a la digitalización y la adopción de modelos de negocio circulares en el sector. Con estos proyectos, el Gobierno busca transformar la cadena de valor del calzado para hacerla más sostenible y competitiva.


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Además, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno va a ampliar el plan del ICEX frente a los aranceles de Estados Unidos de 500 a las 1.000 empresas más exportadoras hacia el país
norteamericano, ante el éxito del programa.


El mercado de Estados Unidos está más cerrado que antes para algunos países y es necesario ver hacia dónde va a ir esa desviación, o qué impacto va a tener, por ejemplo, en los precios o en los productores domésticos. Por lo tanto, hay que
proteger también a nuestro sector productivo en este sentido y eso es lo que está haciendo el Gobierno coordinándose con las comunidades autónomas.


El Gobierno ha abierto la puerta a que las autonomías trabajen con el ICEX en un proyecto piloto, con una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a las PYMEs a acceder de manera intuitiva a todos los servicios que tienen a
disposición.


Nuestras empresas necesitan certidumbre para poder desarrollar sus estrategias de internacionalización, y todos sabemos que el anuncio de la administración Trump lo único que generó fue mucha preocupación e inestabilidad en los mercados.


Por ello, este Gobierno protegerá los intereses de las empresas, para que no pierdan competitividad, y negociará de manera inteligente para tratar de mitigar el impacto arancelario.


La distribución del sector del calzado en la Comunitat Valenciana en términos de porcentaje revela una concentración significativa de trabajadores en la provincia de Alicante, que agrupa al 92,9 % del total de trabajadores en la región.


En términos municipales, sobresalen Elche con casi 8.000 empleados, Elda con 3.000 empleados, Petrer con casi 2.000 empleados y Crevillente con 1.000 empleados, es decir, todos ellos con más de 1.000 empleados. A éstos les siguen Villena,
Sax, Aspe, Monóvar, Pinoso, Almoradí y Catral.


El principal país receptor de calzado y cuero valenciano es Alemania que recibe casi un 14 % de las exportaciones, seguido de Italia con un 12 % y Francia con un 10 %. Por su parte, en cuarto lugar y siendo el primero de los países no
pertenecientes a la Unión Europea, es Estados Unidos, recibiendo casi el 10 % de las exportaciones de cuero y calzado valenciano.


Alguno de los factores competitivos clave del sector del calzado y el cuero, por los que ha sido históricamente reconocido dentro y fuera de España son: «tradición y experiencia», «diseño y creatividad», «calidad y artesanía», «flexibilidad
y adaptabilidad», «innovación tecnológica», «sostenibilidad y responsabilidad social» y «acceso a mercados internacionales», porque la capacidad de exportar y accederá mercados internacionales es un factor clave. La diversificación de los mercados
de exportación y la participación en ferias comerciales internacionales han fortalecido su posición competitiva.


La combinación de estos factores competitivos ha contribuido a posicionar al sector del calzado de la Comunitat Valenciana como un referente en el ámbito nacional e internacional, manteniendo su reputación por la calidad, la creatividad y la
innovación de sus productos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Seguir ayudando y fomentando una economía circular robusta en el sector del calzado para que esta industria pueda continuar innovando en modelos de negocio y reducir el impacto ambiental.


2. Continuar apoyando proyectos de l+D y de impulso a innovaciones empresariales y asesoramiento en proyectos de digitalización y de sostenibilidad ambiental.


3. Promover programas de desarrollo profesional acordes a las tecnologías emergentes, para que el personal esté siempre al frente de la innovación.


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4. Seguir ayudando al sector del calzado en su expansión hacia nuevos mercados internacionales.


5. Seguir impulsando la competitividad de las empresas y la creación de empleo mediante la transformación del modelo productivo.


6. Continuar impulsando la innovación en la sostenibilidad en el sector del calzado dentro del Marco del plan de Recuperación y Resíliencia.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—María Araceli Poblador Pacheco, Adriana Maldonado López, Alejandro Soler Mur y Lázaro Azorín Salar, Diputados.—Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/002602


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las medidas contra la entrada de productos pesqueros ilegales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


Desde el inicio de la profesionalización del marisqueo en Galicia, en la década de los noventa, una de las preocupaciones más relevantes del sector ha sido la lucha contra el furtivismo y disponer de los medios para tratar de erradicarlo o,
al menos, minimizarlo todo lo posible, objetivo en el que coincide el resto del sector del mar. Sin embargo, es evidente que, a día de hoy, la actividad furtiva no ha desaparecido de las rías gallegas; al contrario, en los momentos de mayor crisis
del sector marisquero, es precisamente cuando también parece incrementarse la actividad ilegal.


Así, aunque los controles e incautaciones de pescado y marisco furtivo han aumentado en lo que va de año respecto a 2024, la Consejería del Mar, Guardacostas de Galicia y las cofradías han tenido que pedir la colaboración ciudadana en su
lucha contra el furtivismo durante el verano. Fue precisamente en esa época cuando fuimos conocedores de una incautación de más de 7000 kilos de almejas japonesas contaminadas no aptas para el consumo humano, extraídas en Portugal e incautadas en
Huelva. Las incautaciones son habituales, pero en este caso, es especialmente relevante que el marisco procediera de zonas vedadas al marisqueo, lo que debe hacer saltar todas las alarmas y poner en guardia a los agentes implicados para garantizar
tanto el origen como la trazabilidad de los productos pesqueros y marisqueros, además del cumplimiento de las condiciones sanitarias que deben cumplirse antes de llegar a los consumidores y consumidoras.


En Galicia, por ejemplo, en el verano de 2021 también habían llegado partidas de berberecho portugués contaminado, cuyo principal destino eran las industrias conserveras de nuestro país y que habían provocado la activación del Sistema de
Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea.


Asimismo, los precedentes de importación ilegal de marisco desde Portugal, contaminado o no, son numerosos y en los últimos años, en los que la productividad de las rías gallegas ha descendido drásticamente, las importaciones procedentes de
otros países, incluido Portugal, han crecido significativamente.


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En esta situación, es por tanto más importante que nunca redoblar los esfuerzos contra el furtivismo y contra la importación de productos del mar obtenidos de forma ilegal y en condiciones laborales dudosas y, sobre todo, sanitarias,
especialmente de aquellos países en los que ya se ha detectado en múltiples ocasiones una actividad extractiva ilegal muy relevante.


Esta misma cuestión ha llegado también al Parlamento portugués, donde también se han pedido medidas firmes y urgentes para frenar el furtivismo en determinadas zonas y cuyo producto, se ha demostrado, se destina principalmente a la
exportación.


Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:


1. Intensificar los controles y medios para la lucha contra la importación ilegal de productos del mar.


2. Establecer canales de diálogo y colaboración permanente con las autoridades pesqueras portuguesas para contribuir a la solución del problema del tráfico ilegal de productos del mar y minimizar los daños y consecuencias que de él se
derivan.


3. Desarrollar y ejecutar, en colaboración y coordinación con las autoridades competentes en materia de pesca, campañas de concienciación pública para evitar que los consumidores adquieran productos ilegales.


4. Desarrollar todas las acciones necesarias para amparar y proteger los productos pesqueros y marisqueros gallegos, identificándolos claramente y promocionándolos de forma prioritaria frente a cualquier otro producto de origen extranjero.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Á Mesa do Congreso


O grupo parlamentar mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ás medidas contra a entrada de produtos pesqueiros ilegais, para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.


Exposición de motivos


Desde o comezo da profesionalización do marisqueo na Galiza, nos anos noventa, unha das preocupacións máis relevantes do sector foi a loita contra o furtivismo e dispor dos medios para tratar de erradicalo ou, cando menos, minimizalo todo o
posíbel, obxectivo no que coinciden co resto do sector do mar. Porén, é evidente que, a día de hoxe, a actividade furtiva non desapareceu das rías galegas, ao contrario, nos momentos de maior crise do sector marisqueiro é, precisamente, cando tamén
parece incrementarse a actividade ilegal.


Así, aínda que os controis e os comisos de peixe e marisco furtivo aumentaron no que vai de ano con respecto ao 2024, a propia Consellaría do Mar, Gardacostas da Galiza e confrarías tiveron que chamar á colaboración cidadá no seu combate
contra o furtivismo durante o verán. Foi precisamente nesa época cando fomos coñecedores dun comiso de máis de 7.000 quilos de ameixa xapónica contaminada e non apta para o consumo humano, extraída en Portugal e incautada en Huelva. As
incautacións son habituais, mais neste caso, é especialmente relevante que o marisco procedese de zonas fechadas ao marisqueo, o que debera acender todas as alarmas e pór en garda


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aos axentes implicados para garantir tanto a orixe, como a trazabilidade dos produtos pesqueiros e marisqueiros, ademais do cumprimento das condicións sanitarias que deben cumprir antes de chegar aos consumidores e consumidoras.


Á Galiza, por exemplo, no verán de 2021 chegaran tamén partidas de berberecho portugués contaminado que tiña como destino principal industrias conserveiras do noso país e que provocaran a activación do Sistema de Alerta Rápida para os
Produtos Alimenticios e Pensos (RASFF polas siglas en inglés) da Unión Europea.


Así mesmo, os precedentes de importación ilegal de marisco desde Portugal, contaminado ou non, son numerosos e nestes últimos anos, nos que a produtividade das rías galegas descendeu dun xeito dramático, as importacións doutros países, tamén
de Portugal, medraron significativamente.


Nesta situación é, pois, máis importante que nunca redobrar os esforzos contra o furtivismo e contra a importación de produtos do mar obtidos de xeito ilegal e en dubidosas condicións laborais e, sobre todo, sanitarias, máxime daqueles
países en que xa se ten detectado en múltiples ocasións unha actividade extractiva ilegal moi relevante.


Esta mesma cuestión chegou tamén ao Parlamento portugués, onde se veñen de reclamar tamén medidas firmes e urxentes para frear o furtivismo en determinadas zonas e cuxo produto, tense demostrado, que é destinado fundamentalmente á
exportación.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei


«O Congreso insta o Goberno do Estado a:


1. Intensificar os controis e os medios para a loita contra a importación ilegal de produtos do mar.


2. Establecer canles de diálogo e de colaboración permanente coas autoridades pesqueiras portuguesas para contribuír a solucionar o problema do tráfico de produtos do mar ilegais e minimizar os prexuízos e as consecuencias que del se
derivan.


3. Elaborar e levar a cabo, en colaboración e coordinación coas autoridades competentes en materia de pesca, campañas de concienciación cidadá para evitar que os consumidores e consumidoras adquiran produtos ilegais.


4. Desenvolver todas as accións necesarias para amparar e protexer os produtos pesqueiros e marisqueiros galegos, identificándoos con claridade e promocionándoos prioritariamente sobre calquera outro de procedencia foránea.»


En Madrid, a 14 de outubro de 2025.—Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz do GP Mixto.


161/002603


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga y Martina Velarde Gómez, portavoz de la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación, integrantes de Podemos, presentan, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley contra el recorte planteado por la Comisión Europea de los fondos de la PAC, para su debate ante la comisión de
Agricultura Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados,


Exposición de motivos


La propuesta presupuestaria de la Comisión Europea, que hemos conocido este verano, implica para la Política Agraria Común (PAC) respecto al próximo marco


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financiero 2028-2034 un recorte de los fondos agrarios de un 22 %, al pasar de 387.000 millones de euros a 302.000 millones.


Esta propuesta de recorte en las políticas agrarias de la UE contrasta con la decisión de quintuplicar el gasto en defensa, por lo tanto, estamos hablando de un trasvase de fondos de las políticas agrarias de soberanía, suficiencia y
seguridad alimentaria hacia las políticas belicistas para alimentar al lobby industrial armamentístico al dictado del Trump y las políticas de guerra.


Esta propuesta de recorte de los fondos de la PAC, a su vez, lleva aparejada la eliminación del segundo pilar de la PAC, el pilar destinado a las políticas de desarrollo rural y de cohesión territorial, inversiones fundamentales para nuestro
país, que ya cuenta con un déficit estructural en cuanto a las diferencias en el desarrollo territorial de nuestras zonas rurales y los problemas derivados del proceso de despoblación que sufren amplias zonas de nuestros territorios.


La eliminación del «Segundo Pilar» liquidaría, en la práctica, muchas de las ayudas fundamentales para el mantenimiento y la sostenibilidad de nuestro sector primario como son las referidas a la modernización de explotaciones, de regadíos,
para la incorporación de jóvenes al campo o las ayudas al sector ecológico, así como eliminaría ayudas a infraestructuras e intervenciones tan necesarias para la vertebración de nuestros territorios.


La PAC no es solo una ayuda al mantenimiento de rentas de nuestros agricultores y ganaderos, ya de por sí éste un elemento crucial para la rentabilidad y sostenibilidad de nuestro sector primario, solo hace falta recordar que las ayudas a
los productores en nuestro país implican entre un 30 % y un 40 % de las rentas totales, lo es también y sobre todo para la viabilidad de nuestras explotaciones de pequeño y mediano tamaño las de carácter familiar, eje vertebrador esencial de la
cohesión social y territorial de nuestro rural.


La PAC, a día de hoy, aunque manifiestamente mejorable, es una garantía estratégica para la suficiencia y soberanía alimentaria, es condición de posibilidad en el suministro de alimentos seguros, sostenibles y asequibles.


El recorte de las políticas agrarias que plantea la Comisión Europea en pro de las políticas de guerra no es solo un dramático error estratégico que los pueblos de Europa acabaran pagando caro, es un error estructural de la carrera hacia
ninguna parte que nos lleva las políticas belicistas que ponen en riesgo la paz y nuestro futuro.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Rechazar de forma contundente y taxativa, por todos los medios a su alcance, a cualquier tipo de recorte en los fondos asignados a las Políticas Agrarias de la Unión Europea (PAC), así como oponerse frontalmente a la eliminación del “segundo
pilar” de la PAC.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.—Martina Velarde Gómez, Diputada.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.


161/002604


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga y Martina Velarde Gómez, portavoz de la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación, integrantes de Podemos, presentan, al amparo de lo
dispuesto en el


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artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para el reajuste y actualización de los protocolos antiincendios a la realidad del cambio climático, para el fomento y el
fortalecimiento de las prácticas agroganaderas en la prevención de incendios, para su debate ante la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados.


Exposición de motivos


La dramática crisis sufrida este verano con el desarrollo de incendios de tercera generación, que han asolado amplios territorios en Castilla y León, Galicia y Extremadura, es la constatación de la evidencia científica respecto a la
agudización de los procesos meteorológicos directamente relacionados a la «crisis climática antropogénica» aumentando de manera incuestionable tanto la virulencia como la cantidad de eventos extremos.


Los aumentos cualitativos y cuantitativos de estos eventos extremos, observados tanto en los promedios mundiales, como en concreto en la temperatura del aire, mares y océanos que circunvalan nuestro país, procesos de deshielo generalizado o
el aumento del promedio mundial del nivel del mar nos revelan con toda su crudeza las alteraciones que está sufriendo nuestro clima global y sus derivadas locales.


Asociados a este calentamiento global también se ha producido de forma clara un aumento de la frecuencia e intensidad de diversos fenómenos climáticos extremos, olas de calor, sequías y precipitaciones intensas se vienen incrementando en
cantidad y virulencia desde la década de los años setenta del siglo pasado.


Este cambio climático de origen antropogénico trae asociado un incremento del peligro meteorológico, así como de las situaciones atmosféricas extremas, estos cambios relacionados con el clima sumados a la situación de abandono de nuestros
territorios rurales, ya sean por los procesos de despoblación como las variables socioeconómicas concretas contribuyen a aumentar la peligrosidad y los daños en el territorio y sus poblaciones.


Este proceso está ocasionado en el caso concreto de España, una de las regiones europeas con mayores impactos potenciales por incrementos del estrés térmico y ciclos de escasez de agua, que en concreto en los últimos 30 años los siniestros
relacionados con el clima han provocado un impacto calculado en 25.000 millones a los que hay que añadir la cuantificación final de los últimos incendios, son un enorme impacto para la economía del nuestro país.


La ola de calor extraordinario que ha atravesado España este verano pasado ha dejado un rastro de más de 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego más de 440 municipios dañados en un rural ya de por sí afectado por décadas de dejadez por
parte de las instituciones públicas, estas temperaturas extremas, desencadenadas y multiplicadas por el cambio climático, crean las condiciones ideales para proyectar, alimentar y extender los incendios forestales.


El daño económico directo de los incendios forestales de agosto de 2025 en España ya supera los 3.800 millones de euros, aunque la Comisión Europea estima un coste anual total de más de 71.600 millones de euros para España (4.5 % del PIB) en
concepto de impactos y costes de este fenómeno. Los daños directos incluyen la destrucción de viviendas y explotaciones agrícolas, así como el coste de las tareas de extinción, que en un solo verano superan los 500 millones de euros.


Los protocolos de actuación ante los incendios forestales deben de actualizarse a la nueva realidades extremas derivadas del cambio climático y a los nuevos ciclos anuales el ejemplo del incendio de la Sierra de la Culebra en Castilla y
León, cuyo protocolo en la comunidad autónoma, a día de hoy, que lleva sin actualizarse desde 1999 y presenta un texto obsoleto sin ninguna mención a la crisis climática devenida del cambio climático ni de los efectos ni comportamientos negativos
para la generación y propagación de los incendios forestales, es un dramático ejemplo de apatía institucional con devastadoras y


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dramáticas consecuencias hacia el medioambiente las poblaciones locales y el futuro de los territorios.


Es necesario redefinir las etapas de «riesgo alto», lo que implica el despliegue del 100 % de los efectivos y medios disponibles, consecuente con las nuevas situaciones medioambientales y los nuevos marcos temporales adaptados a la realidad
climática.


Así como también debe incorporar una escala en la lucha contra los incendios de esta etapa climática, incorporando las practicas agroganaderas extensivas antincendios en el conjunto del ciclo anual de trabajos de preservación y custodia del
territorio.


En la prevención de incendios es fundamental un territorio vivo, el mantenimiento de los caminos para tareas agrícolas, los depósitos de agua construidos y mantenidos por los agricultores, el cuidado de las parcelas agrícolas y ganaderas, la
planificación de espacios de discontinuidad del combustible, la plantación de especies de baja inflamabilidad y que inhiben el crecimiento de otras especies o especies con un elevado contenido de humedad que retrasan el avance del fuego los llamados
«cortafuegos verdes» también son tareas a desarrollar en los protocolos antiincendios en colaboración con agricultores y ganaderos en nuestros territorios.


Mención especial y entendemos fundamental tiene la necesidad de salvaguardar, extender y desarrollar las potencialidades de la ganadería extensiva, sobre todo los rebaños de cabras y ovejas que desarrollan un papel fundamental para el
control del exceso de biomasa, el desbroce de caminos, vías pecuarias, y el mantenimiento las áreas de cortafuegos.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Al reajuste y actualización de los protocolos antiincendios a la realidad del cambio climático.


— El fomento y fortalecimiento estructural en el conjunto de las políticas públicas de las practicas agroganaderas amortiguadoras del cambio climático y la prevención de incendios, especialmente la promoción e impulso de la ganadería en
extensivo para la prevención de incendios.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.—Martina Velarde Gómez, Diputada.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.


161/002615


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fortalecimiento de la
posición de España en la defensa de los intereses pesqueros nacionales en el marco de la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


España es la principal potencia pesquera de la Unión Europea (UE), tanto por volumen de capturas como por dimensión de su flota, número de empleos directos e indirectos, tejido industrial asociado y valor estratégico para las comunidades
costeras. La actividad pesquera representa no solo una fuente de empleo y riqueza, sino también


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un elemento esencial del equilibrio territorial, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.


Sin embargo, los intereses del sector pesquero español han sufrido un progresivo deterioro en los últimos años en el marco de las decisiones comunitarias, especialmente en lo relativo al reparto de cuotas de pesca, la falta de compensaciones
equitativas en los acuerdos con terceros países, la pérdida de acceso a caladeros tradicionales y la insuficiente defensa del principio de estabilidad relativa.


Todos los años, las negociaciones de cuotas, que tienen lugar en diciembre, en el seno del Consejo de Ministros de Pesca de la UE, donde se acuerdan los límites de captura, los Totales Admisibles de Capturas (o TAC) y las cuotas individuales
por especie para cada país, mantienen en vilo al sector pesquero porque condiciona la actividad de las siguientes campañas.


La salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como BREXIT, supuso una pérdida directa de zonas de pesca tradicionales para la flota española. Aunque los recortes fueron menores de los que se manejaban durante las negociaciones del
Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido, en el sector preocupa el largo plazo, especialmente porque tras el período transitorio habrá que negociar anualmente las cuotas y el acceso a las aguas, generando una importante
incertidumbre para las empresas pesqueras.


De la misma manera, el Consejo decide sobre la firma, la aplicación provisional de los acuerdos y la ejecución de los protocolos, así como sobre el reparto de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros y los países objeto de
acuerdos bilaterales, como Marruecos o Mauritania, condicionando de forma directa la viabilidad del sector. España aporta una parte significativa de la flota que opera en aguas internacionales, especialmente África, pero no siempre obtiene un
retorno equitativo en las negociaciones de la UE.


En el mismo sentido, la UE tiene acuerdos pesqueros con países no miembros, pero participantes en el mercado único a través del Espacio Económico Europeo (EEE) y colabora en diversas áreas políticas, como Noruega, con los que se realiza una
gestión de poblaciones de peces compartidas en el Mar del Norte y el Atlántico nororiental, el acceso a las aguas, el intercambio de posibilidades de pesca o la fijación de los límites de capturas en el Skagerrak y el Kattegat, que se revisan
anualmente.


Además de los acuerdos bilaterales, las relaciones exteriores de la UE en el ámbito de la pesca también comprenden la cooperación multilateral. La UE participa activamente en organizaciones regionales de pesca (ORP), siendo parte
contratante, y otros foros internacionales, que se ocupan de la gestión de la pesca en zonas concretas del mundo. En el caso del Atlántico nororiental, la Unión Europea es parte contratante y forma parte de la Comisión de Pesquerías del Atlántico
del Nordeste (CPANE). La Comisión Europea colabora con otros Estados ribereños, que tienen aguas soberanas adyacentes, y otras partes interesadas para la gestión sostenible de importantes poblaciones pesqueras, como de bacaladilla, arenque noruego
de desove primaveral, caballa y, algunos años, gallineta, cuyas cotas deben de ser aprobadas por la CPANE.


Por todo ello, se hace imprescindible que el Gobierno de España ejerza un liderazgo claro y firme en defensa de nuestros intereses estratégicos, con visión de país y capacidad de influencia ante las instituciones europeas.


Por otra parte, nuestro sector pesquero siempre ha estado dispuesto a colaborar con las Administraciones públicas. Disponen de información técnica y ejercen una importante su influencia a nivel comunitario. Pese a que ha transcurrido más
de dos años desde la aprobación de la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, que incluye mecanismos de cooperación y participación pesqueras, estos no se han puesto en funcionamiento y podrían ayudar en el proceso
de negociación.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reforzar la presencia e influencia de España en los foros de decisión europeos, asegurando una posición firme y coordinada en las negociaciones plurianuales de cuotas pesqueras, basada en criterios científicos, socioeconómicos y de
sostenibilidad.


2. Impulsar una estrategia estatal para la negociación de acuerdos bilaterales de pesca con terceros países, especialmente en África, que garantice el acceso efectivo a caladeros para la flota española y una compensación justa en términos
de esfuerzo pesquero y contrapartida financiera.


3. Solicitar una revisión del modelo de acceso a los recursos compartidos con países no miembros de la UE, como Noruega, con el objetivo de corregir los desequilibrios actuales que perjudican de forma reiterada a la flota española.


4. Impulsar una mayor transparencia y participación del sector pesquero español en los procesos de negociación comunitaria, fortaleciendo la interlocución con las organizaciones representativas y las comunidades autónomas con competencia en
pesca.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Rosa Quintana Carballo, Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Joaquín Melgarejo Moreno, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Ainhoa Molina León, Sergio Sayas
López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Milagros Marcos Ortega, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Manuel García Félix, Óscar Ramajo Prada, Antonio Martínez Gómez y Macarena Montesinos de Miguel,
Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002616


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reconocer el valor estratégico
del sector cinegético y favorecer una actividad sostenible de la caza en España como factor esencial de la biodiversidad, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La caza, como también ocurre con la pesca, es un motor económico rural en la que genera renta y empleo, además de contribuir al mantenimiento de la conservación de los territorios y de la biodiversidad en general.


El estudio sobre la «Evaluación del Impacto Económico y Social de la Caza en España», elaborado por la Fundación Artemisan y la consultora Deloitte, muestra el gran impacto económico de la actividad cinegética en nuestro país. Entre los
datos del estudio hay que destacar el gasto generado, 6.475 millones de euros, un 0,3 % de PIB en el país, y el mantenimiento anual de 186.758 puestos de trabajo, de los cuales 141.261 son empleos directos, indirectos e inducidos.


El Anuario de Estadística Forestal que publica el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, respecto a datos del año 2022, cifra en 568.715 licencias sin contar las licencias interautonómicas. La región que encabeza esta lista
es Andalucía, con 129.714 licencias, seguida de Castilla-La Mancha, con 94.784; y Castilla y León, con 85.429.


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Aproximadamente 42,7 millones de hectáreas son terrenos cinegéticos, entre oferta pública y privada, que se gestionan asegurando la existencia de especies cinegéticas a la vez que se cuida y vigilan los recursos naturales en cada uno de
ellos.


El mundo de la caza sostiene, de por sí, un sector productivo anejo a su actividad directa e indirecta, que incluye compañías de seguros, automoción, servicios técnicos, alojamientos, restaurantes, ropa, calzado, armerías, granjas
cinegéticas, guarderías, servicios veterinarios y alimentación de perros, empresas de organización de cacerías, etc, representa una oferta turística singular para el mundo rural con demanda internacional, y se desarrolla en nuestro ámbito rural,
contribuyendo a combatir el preocupante fenómeno de la despoblación.


En su conjunto, se generan un importante retorno fiscal y de ingresos públicos, entre tasas e impuestos abonados directamente por las personas que realizan dicha actividad, por los gestores de los terrenos, así como la recaudación fiscal
generada por el resto de las actividades y agentes económicos.


Pero, además del aspecto económico, la actividad cinegética contribuye a un desarrollo social y ambiental. Su tradicional faceta como actividad deportiva se combina con la función recreativa agrupándose en sociedades, asociaciones o uniones
de cazadores sin ánimo de lucro, con un profundo calado social. El arraigo de algunas de las modalidades le confieren un carácter cultural.


La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, contempla el ejercicio de la caza y de la pesca compatible con la conservación de los recursos naturales. En este sentido, hay que destacar la contribución
que, desde el sector cinegético, se ofrece a las medidas de control y prevención de episodios de riesgo sanitario como los derivados de enfermedades como mixomatosis, tuberculosis o peste porcina africana. Todas las comunidades autónomas, que
tienen atribuida la competencias Constitucionales según su artículo 148.1.11.ª, reconocen en su legislación o planificación que la actividad cinegética es esencial para el mantenimiento de la biodiversidad, el equilibrio biológico o la gestión
armónica de los hábitats.


Es más, los cazadores se han implicado en la recuperación de especies cinegéticas, como la perdiz roja, en la protección de especies protegidas o en el censo de aves migratorias y otra fauna silvestres, participan en proyectos de
investigación o se implican en la lucha contra los incendios, en actividades de educación y sensibilización.


También existe una imbricación con otras actividades económicas. Representa una oferta turística singular para el mundo rural con demanda internacional, y se desarrolla en nuestro ámbito rural, contribuyendo a combatir el preocupante
fenómeno de la despoblación. En aspectos agrícolas y ganaderos se manifiesta en prácticas como el pastoreo controlado para evitar el crecimiento excesivo de matorrales y la instalación de puntos de agua naturalizados, el mantenimiento de márgenes
arbolados, la creación de franjas de barbecho en campos de cultivo o la restauración de zonas ribereñas, todas orientadas a ofrecer un entorno más propicio para la reproducción y supervivencia de especies cinegéticas.


En definitiva, la caza se reconoce como una actividad económica legítima y legal. En ella se equilibra aspectos sostenibles en sus tres pilares; económico, social y medioambiental, favoreciendo de manera esencial la biodiversidad y
contribuyendo activamente al mantenimiento y de conservación de la naturaleza. Permite el desarrollo sostenible del medio rural y conjuga valores sociales y culturales. Sin embargo, existe se cierne una amenaza continuada y una criminalización
sobre los cazadores y la actividad cinegética.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados reconoce el valor estratégico del sector de la caza como actividad sostenible del territorio y de quienes la practican, considera la caza como un subsector económico muy importante por su capacidad para generar
renta y empleo,


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reconoce el amplio apoyo social con raíces profundas en nuestras tradiciones y valora la caza como instrumento de gestión fundamental para la conservación de la biodiversidad tanto en poblaciones de especies de fauna, como de espacios
naturales.


Asimismo, el Congreso de los Diputados entiende oportuno instar al Gobierno a:


1. Reconocer la actividad cinegética realizada de forma sostenible como una actividad esencial y parte del acervo cultural arraigado en gran parte de la sociedad y reclamamos el respeto de la ciudadanía hacia la misma y el equilibrio y
coexistencia con las necesidades y demandas del mundo urbano.


2. Distinguir la actividad cinegética como una herramienta indispensable para la gestión sostenible de la naturaleza y por los beneficios medioambientales que proporciona sobre la biodiversidad en general, así como para evitar accidentes de
tráfico, daños a la agricultura y la ganadería, o la transmisión de enfermedades entre animales y zoonosis. Destacamos igualmente el compromiso y el apoyo fundamental que prestan los cazadores en la prevención y la lucha contra los incendios
forestales.


3. Recuperar la capacidad de la actividad cinegética para gestionar los recursos naturales del territorio, como el control de las poblaciones de fauna, como herramienta en los planes de gestión sostenible de las especies y siempre de forma
compatible con otros aprovechamientos y funciones del medio natural. Y promoveremos la descatalogación del lobo en el LESPRE, la realización de los controles poblacionales a través de la caza en los espacios naturales protegidos y la gestión
adecuada de depredadores y especies exóticas invasoras.


4. Tener en consideración el impacto normativo de todos los desarrollos legislativos que afecten directamente a la actividad cinegética, buscando soluciones viables y consensuadas con el sector de manera que esta se desarrolle sin
impedimentos y de forma sostenible.


5. Buscar el estatus adecuado para que la tenencia responsable de animales empleados para la actividad cinegética sea conforme a los criterios de bienestar y compatibles con el desarrollo de la caza, en coherencia con las peculiaridades de
su labor, y transmitiendo los verdaderos valores de la actividad cinegética.


6. Defender, dentro del marco de legalidad europeo, las distintas modalidades vinculadas con la actividad cinegética en España, siempre que se desarrollen de forma ordenada bajo criterios técnicos y sostenibles, colaborando con las
organizaciones del sector en el conocimiento, control y mantenimiento del adecuado estado de las poblaciones naturales siempre con base en datos científicos independientes u oficiales sobre el estado de las mismas y apoyaremos al sector cinegético
español ante las autoridades europeas, en aquellas cuestiones que se puedan considerar contrarias al derecho nacional.


7. Colaborar para que todas las personas que intervienen en la actividad cinegética tengan, además de los conocimientos adquiridos por la experiencia, una mayor formación en aspectos como la seguridad, así como sobre el hábitat o de la
producción y manipulación de la caza silvestre y de la carne de caza silvestre tras la caza, colaborando con la protección y conocimiento de nuestro patrimonio natural y fomentando el empleo cinegético cualificado.


8. Contribuir a la participación de representantes del sector en los órganos consultivos donde se toman decisiones que afecten a su actividad, así como tenemos en cuenta las evaluaciones y propuestas de las organizaciones más
representativas sobre el desarrollo de las políticas públicas referidas a la caza.


9. Favorecer la difusión de la imagen social positiva de la actividad cinegética que se realiza de forma sostenible sin criminalizar conductas y generar juicios de valor previos que perjudique su imagen en la sociedad, así como facilitar la
incorporación de nuevos practicantes y mejorar la gestión administrativa.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Rosa Quintana Carballo, Javier José Folch Blanc, Joaquín Melgarejo Moreno, Pedro Ignacio


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Gallardo Barrena, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Ainhoa Molina León, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Milagros Marcos Ortega, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez,
Ana Martínez Labella, Mirian Guardiola Salmerón, Sandra Pascual Rocamora, Bartolomé Madrid Olmo, Agustín Parra Gallego, Manuel García Félix, Óscar Ramajo Prada y Antonio Martínez Gómez, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/002600


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara en vigor, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al Proyecto de Parque Eólico-Fotovoltaico Testeiro do Conso, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El proyecto promovido por FERESVELLO EÓLICA, SL, pretende instalar un parque eólico con 5 aerogeneradores, una planta solar fotovoltaica y las infraestructuras asociadas a los mismos, 11 km de líneas soterradas de 30 kV, 12 km de líneas
aéreas y soterradas de 220 kV, así como una subestación y un centro de seccionamiento, además de las vías de servicio asociadas, es decir, el denominado Testeiro do Conso. Así, el área de implantación afectará a los términos municipales de A
Gudiña, A Mezquita, Viana do Bolo y Vilariño de Conso en Galicia y al de Pías en Zamora, una zona que este verano se vio gravemente afectada por el incendio iniciado en A Esculqueira el 12 de agosto.


El estado del terreno tras los incendios es de extrema vulnerabilidad, por lo que la implantación del parque, con la realización de desmontes para las instalaciones y las infraestructuras de apoyo, contribuirá a un deterioro del suelo y los
acuíferos irreparable. Además, vulneraría lo previsto en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, que establece un plazo de 30 años para el cambio de uso de los terrenos afectados por incendios.


Por otro lado, aunque se promociona como una infraestructura verde y para la producción de energía de fuentes renovables, este proyecto no va a hacer ninguna contribución a la transición ecológica del área en la que se pretende instalar.


De hecho, la comarca de Viana, que engloba los municipios de A Gudiña, A Mezquita, Viana y Vilariño de Conso, con una población de 5.438 habitantes, alberga ya en su territorio cuatro grandes embalses: el de Portas, el de Bao, el de Cenza y
el de San Sebastián/San Agustín, con una potencia instalada superior a los 900 MW. Solo la central de Ponte Bibei-Bao, de 313 MW, generó 650 GWh en 2024, lo que permitiría abastecer a 185.000 hogares, más de los existentes en todo Ourense. Sin
embargo, la energía producida no se destina al consumo próximo, sino que, según datos de REE, en Galicia, el 84,5 % de la generación eléctrica ya procede de fuentes renovables y, en gran parte, se destina a la exportación, es decir, al consumo fuera
de nuestro país.


Por lo tanto, se trata de una comarca que padece desde hace años un fuerte impacto en su territorio con grandes extensiones inundadas y el paso de tendidos de alta tensión, pero no queda ningún beneficio en el lugar, no existe reinversión,
ni lucro para el territorio.


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Es preciso también destacar los importantes impactos ambientales en espacios protegidos y la biodiversidad de la zona, como son las áreas incluidas dentro de la Red Natura 2000 ZEC Macizo Central, ZEP Ribeiras do Río Tuela y afluentes, ZEP
Pena Maseira, ZEP Lago de Sanabria, ZEP Pena Trevinca, ZEPA Pena Trevinca o ZEPA Lago de Sanabria. Asimismo, se verían afectados espacios con protección autonómica como el de Pena Maseira, Pena Trevinca y el Macizo Central.


Además, esta área es el hábitat prioritario de distintas especies vegetales consideradas en riesgo o en peligro, es decir, cuya implantación debe ser conservada, como es el caso de los brezales húmedos atlánticos con E. ciliaris y E.
tetralix, los bosques aluviales con Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, los brezales secos, los brezales endémicos oromediterráneos con retamas o los robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Q. pyrenaica.


En lo que respecta a la fauna, distintas especies en situación de vulnerabilidad verían afectado su hábitat, como es el caso del desmán, el aguilucho pálido, la perdiz pardilla o el aguilucho cenizo, así como otras especies en peligro de
extinción como la perdiz cinerea, el oso pardo o el águila real.


En lo que respecta a la fauna, merece especial consideración el impacto que el parque eólico tendrá sobre los quirópteros, ya que actualmente es la principal causa de mortalidad entre los murciélagos a nivel mundial, comprometiendo así la
conservación de algunas de sus especies. Por tanto, resulta muy relevante la presencia significativa de diferentes quirópteros en el área de implementación propuesta, como el murciélago hortelano, el murciélago orejudo gris, el murciélago de
herradura grande, el murciélago pequeño de herradura, el murciélago ribereño y el murciélago de montaña, todas ellas especies amenazadas.


Resulta, por tanto, evidente que la zona se caracteriza por la presencia de hábitats de interés comunitario, áreas de protección de la diversidad y especies vulnerables, circunstancias que el propio proyecto documenta, pero que son
incompatibles con la instalación del parque. No se puede mantener un nivel mínimo de protección de los hábitats prioritarios, corredores ecológicos entre las zonas protegidas, la fauna y flora si finalmente se autoriza la ubicación del proyecto.


Destaca además que el proyecto no se acompaña del preceptivo estudio de impacto arqueológico, limitándose a referirse al incorporado en otro proyecto previo (el denominado A Gudiña Solar, promovido por Amber Solar Power Veintinueve, SL),
declarado erróneo e incompleto por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia.


El proyecto tampoco toma en consideración los impactos paisajísticos, sociales y económicos en los términos municipales afectados. La localización afectará enormemente al paisaje, a la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, a la
actividad agropecuaria, a la actividad cinegética y al potencial desarrollo del entorno, además de influir de forma evidente en la salud y el bienestar de la población y en el atractivo turístico. Así, además de truncar las posibilidades de
desarrollo económico, la explotación prevista no implicará la creación de empleo más allá de la fase de construcción. Como ya sucedió con la producción hidroeléctrica, la implantación de la gestión en remoto favorecerá que se prescinda totalmente
de empleos locales, además de favorecer el abandono de vías de servicio, obligando a las distintas administraciones locales a asumir su mantenimiento.


Por último, cabe señalar que el proyecto no evalúa el impacto de la línea de alta tensión de 220 kV, un total de 12 km de línea aérea y soterrada. Se limita a detallar dónde se ubicarán las 46 torres de alta tensión e indicar que se prevé
su alineación con los cortafuegos para reducir el impacto sobre el terreno. Pero no se valoran las obras a realizar ni la afectación sobre las vías, carreteras, núcleos o viviendas.


En definitiva, el proyecto del parque Testeiro no repercute, en absoluto, de forma positiva sobre la economía de los habitantes de los términos municipales afectados. No sirve para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones próximas ni
genera riqueza en el territorio; todo lo contrario, contribuye al abandono rural, pues impide la instalación


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de otras iniciativas de aprovechamiento agropecuario, forestal o turístico, sin generar alternativas de empleo a cambio. Todo ello para el mayor lucro de la compañía que lo promueve.


Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:


1. Rechazar la autorización administrativa y ambiental del proyecto Testeiro do Conso que afectará a los términos municipales de A Gudiña, A Mezquita, Viana do Bolo y Vilariño de Conso en Galicia y al de Pías en Zamora por su
incompatibilidad con el mantenimiento de los valores ambientales, patrimoniales, socioeconómicos y paisajísticos del territorio en el que se pretende implantar.


2. Paralizar todos los proyectos para la producción de energía actualmente en tramitación para, en colaboración con la Xunta de Galicia y respetando sus propias competencias en esta materia, realizar una evaluación conjunta del desarrollo
eólico para una planificación adecuada y coordinada de la misma.


3. Elaborar, junto con la Xunta de Galicia y respetando sus competencias, una planificación conjunta asentada en criterios de proporcionalidad, racionalidad y asentada en criterios de proporcionalidad, racionalidad y equilibrio, que proteja
el patrimonio natural y cultural respetando el desarrollo y mantenimiento de las actividades de aprovechamiento agrícola y forestal.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2025.—Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Á Mesa do Congreso


O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao Proxecto do Parque Eólico-Fotovoltaico Testeiro do Conso, para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.


Exposición de motivos


O proxecto promovido por FERESVELLO EÓLICA, SL, pretende instalar un parque eólico con 5 aeroxeneradores, unha planta solar fotovoltaica e as infraestruturas asociadas a estas —11 km de liñas soterradas de 30 kV, 12 km de liñas aéreas e
soterradas de 220 kV, así como unha subestación e un centro de seccionamento—, ademais das vías de servizo asociadas, isto é, o denominado, Testeiro do Conso. Así, a área de implantación afectará aos termos municipais da Gudiña, A Mezquita, Viana
do Bolo e Vilariño de Conso na Galiza e ao de Pías en Zamora, unha zona que este verán foi gravemente afectada polo incendio iniciado na Esculqueira o 12 de agosto.


O estado do terreo despois dos lumes é de extrema vulnerabilidade, polo que, a implantación do parque, coa realización de desmontes para as instalacións e as infraestruturas de apoio contribuirá a un deterioro do solo e os acuíferos
irreparábel. Ademais, vulneraría o previsto na Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes da Galiza, que estabelece un período de 30 anos para o cambio de uso de terreos afectados por incendios.


Por outra parte, aínda que se promociona como unha infraestrutura verde e para a produción de enerxía de fontes renovábeis, este proxecto non vai achegar contribución algunha á transición ecolóxica da área na que se pretende instalar.


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De feito, a comarca de Viana, que engloba aos Concellos da Gudiña, A Mezquita, Viana e Vilariño de Conso, cunha poboación de 5.438 habitantes, alberga xa no seu territorio catro grandes embalses -o das Portas, o de Bao, o de Cenza e o de San
Sebastián/San Agustín-, cunha potencia instaladas superior aos 900 MW. Só a central de Ponte Bibei-Bao, de 313 MW, xerou 650 GWh en 2024, que permitiría abastecer a 185.000 fogares, máis dos existente en todo Ourense. Porén, a enerxía producida
non se destina ao consumo próximo, senón que, segundo os datos de REE, na Galiza, 84,5 % da xeración eléctrica procede xa de fontes renovábeis e, na súa grande parte destinase á exportación, isto é ao consumo fóra do noso País.


Por tanto, trátase dunha comarca que padece desde fai anos un forte impacto no seu territorio con grandes extensións inundadas e o paso de tendidos de alta tensión, mais ningún beneficio queda no lugar, non existe reinversión, nin lucros
para o territorio.


É preciso tamén destacar os importantes impactos ambientais en espazos protexidos e na biodiversidade da zona, como son as áreas incluídas dentro da Rede Natura 2000 —ZEC Macizo Central, ZEP Ribeiras do río Tuela e afluentes, ZEP Pena
Maseira, ZEP Lago de Sanabria, ZEP Pena Trevinca, ZEPA Pena Trevinca ou ZEPA Lago de Sanabria—. Así mesmo, veríanse afectados espazos con protección autonómica como o de Pena Maseira, Pena Trevinca e o Macizo Central.


Alén do mais, esa área é o hábitat prioritario de distintas especies vexetais consideradas en risco ou en perigo, é dicir, cuxa implantación debe ser conservada, como sucede coas breixeiras húmidas atlánticas con E. ciliaris e E. Tetralix,
bosques aluviais con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, breixeiras secas, breixeiras oromediterráneos endémicas con xestas ou carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Q. Pyrenaica.


No referido á fauna, distintas especies en situación vulnerábel verían afectado o seu hábitat, como é o caso da aguaneira, a gatafornela, a charrela ou a tartaraña cincenta, así como tamén outras especies en perigo de extinción como a perdiz
cincenta, o oso pardo ou a aguia real.


No ámbito da fauna, especial consideración merece a afectación que terá o parque eólico sobre os quirópteros, sendo hoxe a primeira causa de mortalidade entre os morcegos a nivel mundial, comprometendo así a conservación dalgunhas das súas
especies. Así pois, é moi relevante a importante presenza de distintos quirópteros na área de implantación proposta como é o morcego das hortas, o morcego orelludo meridional, o morcego grande de ferradura, o morcego pequeno de ferradura, o morcego
das ribeiras e o morcego do monte, todas elas especies ameazadas.


Resulta, por tanto, evidente que a zona caracterízase pola presenza de hábitats de interese comunitario, áreas de protección da diversidade e especies vulnerábeis, circunstancias que o propio proxecto documenta, mais que resulta incompatíbel
coa instalación do parque. Non pode manterse un nivel mínimo de protección dos hábitats prioritarios, corredores ecolóxicos entre as zonas protexidas, a fauna e flora se, finalmente, se autoriza a ubicación do proxecto.


Destaca ademais que o proxecto non acompaña o preceptivo estudo de impacto arqueolóxico, limitándose a referise ao incorporado noutro proxecto previo (o denominado A Gudiña Solar, promovido por Amber Solar Power Veintinueve, SL), declarado
erróneo e incompleto por parte de Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta da Galiza.


O proxecto tampouco ten en consideración os impactos paisaxísticos, sociais e económicos sobre os concellos afectados. A localización, afectará enormemente á paisaxe, á calidade de vida dos veciños e veciñas, á actividade agro gandeira, á
actividade cinexética e ao potencial desenvolvemento do entorno, ademais de influír de forma evidente, na saúde e benestar da poboación e no atractivo turístico. Así, ademais de truncar as posibilidades de desenvolvemento económico, a explotación
prevista non implicará a creación de emprego máis alá da fase de construción. Como xa sucedeu coa produción hidroeléctrica, a implantación da xestión remota, favorecerá que se prescinda totalmente de empregos locais, ademais de favorecer o abandono
das vías de servizo, obrigando ás distintas administracións locais a asumir o seu mantemento.


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Por último cabe destacar que o proxecto non avalía o impacto da liña de alta tensión 220 kV, un total de 12 km de liña aérea e soterrada. Limítase a detallar onde se situarán das 46 torres de alta tensión e a indicar que se prevé o seu
aliñamento coas devasas para reducir o impacto no terreo. Mais non se valoran as obras a realizar, nin a afectación sobre vías, estradas, núcleos ou vivendas.


En definitiva, o proxecto do parque Testeiro non repercute, en absoluto, de forma positiva sobre a economía dos habitantes dos concellos afectados. Non sirve para o desenvolvemento socioeconómico das poboacións próximas nin xera riqueza no
territorio, todo o contrario, contribúe ao abandono rural, pois impide a instalación doutras iniciativas de aproveitamento agrogandeiro, forestal ou turístico, sen xerar alternativas de emprego a cambio. Todo iso para maior lucro da compañía que o
promove.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei


«O Congreso insta o Goberno do Estado a:


1. Rexeitar a autorización administrativa e ambiental do proxecto Testeiro do Conso que afectará aos Concellos da Gudiña, A Mezquita, Viana do Bolo e Vilariño de Conso na Galiza e ao de Pías en Zamora pola súa incompatibilidade co
mantemento dos valores ambientais, patrimoniais, socioeconómicos e paisaxísticos do territorio en que se pretende implantar.


2. Paralizar todos os proxectos para a produción de enerxía en tramitación actualmente para, en colaboración coa Xunta da Galiza e respectando as súas competencias propias nesta materia, realizar unha valoración conxunta do desenvolvemento
eólico para unha planificación adecuada e coordinada desta.


3. Elaborar xunto coa Xunta da Galiza e respectando as súas competencias, unha planificación conxunta asentada en criterios de proporcionalidade, racionalidade e a asentada en criterios de proporcionalidade, racionalidade e equilibrio, que
protexa o patrimonio natural e cultural respectando o desenvolvemento e mantemento de actividades de aproveitamento agrícola e forestal.»


En Madrid, a 13 de outubro de 2025.—Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz do GP Mixto.


161/002617


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ejecución urgente de las
actuaciones necesarias para la protección y puesta en valor del río Miño, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El río Miño es una de las grandes referencias naturales y culturales de Galicia. A su paso por el tramo internacional, constituye un espacio de enorme valor ambiental, patrimonial y socioeconómico, con una singular importancia tanto para el
ecosistema como para el desarrollo local de las comarcas que atraviesa.


El Gobierno gallego lleva años demostrando su compromiso con la protección y puesta en valor del río Miño, impulsando actuaciones en materia de saneamiento, conservación ambiental, promoción turística y apoyo al deporte náutico. Sin
embargo, persisten determinadas problemáticas que, por su naturaleza transfronteriza y


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multisectorial, exigen una actuación más coordinada entre administraciones y organismos competentes.


Entre los retos pendientes destacan: el análisis de los efectos de las oscilaciones de caudal sobre la fauna piscícola; la proliferación de especies exóticas invasoras; la sedimentación del lecho fluvial debido a la prohibición de
dragado; las dificultades de navegación; y la necesidad de una actualización normativa para la navegación y transporte fluvial de pasajeros.


El Grupo Parlamentario Popular considera que el río Miño debe seguir siendo un motor de desarrollo sostenible, una referencia de equilibrio ambiental y un ejemplo de cooperación institucional entre Galicia y Portugal.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Dar respuesta desde el Ministerio para la Transición Ecológica a la solicitud de reunión formulada por los alcaldes de todos los municipios afectados, para abordar diversas problemáticas en el ámbito de sus competencias sobre el Tramo
Internacional del Río Miño.


2. Analizar el cumplimiento del caudal ecológico mínimo y el impacto de las oscilaciones bruscas de caudal en el Tramo Internacional del Río Miño y sobre la fauna piscícola fluvial.


3. Abordar, en colaboración con el resto de administraciones, incluidas las autoridades portuguesas, la prevención y control de especies exóticas e invasoras, tanto en el espejo de agua como en las márgenes del río, para preservar la
biodiversidad autóctona.


4. Promover ante los organismos competentes la recuperación del dragado controlado y ambientalmente sostenible del Tramo Internacional del Río Miño como herramienta para garantizar la navegabilidad y la seguridad.


5. Facilitar a los municipios y particulares el cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión de la biomasa.


6. Actualizar el reglamento de navegación en el río Miño, teniendo en cuenta la evolución de las actividades recreativas y deportivas y la diversidad de embarcaciones.


7. Solicitar un refuerzo de la inspección y control de las embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, exigiendo el cumplimiento de las garantías de seguridad, legales y fiscales, y fomentando la cooperación con la administración
portuguesa para garantizar un servicio seguro, ordenado y reglamentado.


8. Reforzar la protección estructural y patrimonial de las “pesqueiras” existentes en el río.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Rosa Quintana Carballo, Irene Garrido Valenzuela, Pedro Puy Fraga, Juan Andrés Bayón Rolo, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Marta González Vázquez, Tristana
María Moraleja Gómez, Álvaro Pérez López, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela y Cristina Abades Martínez, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002618


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para afrontar la política hidrológica a través de un
Pacto Nacional del Agua, para su debate en Comisión de Transición Ecológica y reto Demográfico.


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Exposición de motivos


El agua es un recurso natural esencial para la vida, la agricultura, la industria, el medio ambiente y el desarrollo sostenible de nuestro país. España, como país mediterráneo, presenta una acusada variabilidad hidrológica, con períodos
prolongados de sequía, escasez estructural en determinadas cuencas y desequilibrios territoriales en la disponibilidad del recurso.


La política del agua en España empezó a considerarse estratégica a finales del siglo XIX, pero adquirió una verdadera dimensión nacional y estructural a lo largo del siglo XX. Durante la democracia se ha trabajado para contribuir al
desarrollo de una política del agua adecuada a este marco constitucional y al sistema político de distribución de competencias entre las diferentes Administraciones públicas. Ahora, finalizando el primer cuarto del siglo XXI, la política de agua en
España sigue siendo uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como país.


La planificación hidrológica ha jugado un papel fundamental de la política del agua en España y en la Unión Europea. El proceso técnico y normativo mediante el cual se analiza la disponibilidad, usos y demandas de agua en una cuenca
hidrográfica, se plasma en los planes hidrológicos para garantizar un uso sostenible y eficiente del recurso. Sin embargo, algunos procesos de planificación se han aprobado con retraso y sin unanimidad, se ha denunciado un déficit de participación
real y el ritmo de ejecución de los planes no siempre ha sido satisfactorio, siendo habitual que se enfrente a problemas técnicos, políticos y sociales que dificultan su efectividad.


Las sequías son más intensas y recurrentes. La última gran sequía en España comenzó en 2021, alcanzó su punto más grave en 2023 y la escasez perduró hasta bien entrado 2025. Muy al contrario, están siendo más frecuentes los episodios
extraordinarios de precipitaciones local o regionalmente intensas. Como ejemplo la dana de 2024 en la provincia de Valencia, se puso de manifiesto que no se trata únicamente de garantizar el abastecimiento. Debemos estar preparados y proteger a
las personas ante fenómenos extremos.


En ambos casos, sequía o inundaciones, se ha puesto de manifiesto la falta de infraestructuras para la regulación y es necesario acometer inversiones, mejorar el modelo de gestión y planificar en base a la ciencia, una política del agua
inteligente, proactiva, eficaz y eficiente, sin ningún condiciónate ideológico.


Los escenarios se orientan a una creciente escasez de recursos hídricos, mayor presión climática y desequilibrios territoriales, y garantizar la disponibilidad de agua tiene una importancia estratégica en el desarrollo económico y social,
por los compromisos medioambientales que hemos adquirido, por los desafíos de adaptación al cambio climático que debemos atender, por el presente y el futuro de la España rural, por la cohesión territorial y social.


En un escenario en el que la sequía en gran parte del continente europeo genera preocupación, la Comisión Europea ha expresado una profunda preocupación por la gestión del agua y ha adoptado una nueva «Estrategia de Resiliencia Hídrica» para
abordar los crecientes desafíos relacionados con el agua en Europa, para mejorar la seguridad hídrica para las personas, la economía y el medio ambiente. Entre las acciones comprometidas por la Estrategia está garantizar una financiación adecuada y
movilizar inversiones tanto públicas como privadas.


Por todo ello, se hace necesario un Pacto Nacional del Agua, para ordenar de manera coherente las actuaciones prioritarias y dar un impulso a las infraestructuras pendientes. Un gran acuerdo de Estado, político y también social, que vaya
más allá de los enfoques locales y el cortoplacismo de los ciclos electorales. Reconoce el agua como un recurso nacional clave para la cohesión social y el desarrollo económico. Este debe ser el eje de actuación, sin perder de vista nuestros
compromisos y obligaciones en otros ámbitos de la política de agua, pero debemos aspirar a definir una política del agua sin complejos y, si es necesario, a la revisión de la Planificación Nacional.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional en materia de agua, basado en el acuerdo y consenso con todas las Comunidades Autónomas, en el que se defina su
participación en el modelo de gobernanza, con la participación de regantes y todos los sectores afectados, que dé cumplimiento a los objetivos medioambientales, respuesta a los déficits hídricos y garantice la disponibilidad de agua en el futuro,
desde la solidaridad y la cohesión territorial.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Joaquín Melgarejo Moreno, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, Raquel Clemente Muñoz, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, Tomás Cabezón Casas,
Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez Torregrosa, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Guillermo Mariscal Anaya y Bella Verano Domínguez, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002624


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el compromiso de España en la lucha contra el cambio climático en la COP30,
para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El cambio climático continúa siendo la mayor amenaza global que enfrenta la humanidad. Sus efectos, cada vez más evidentes, ponen en riesgo la estabilidad de los ecosistemas, la seguridad alimentaria y la salud de millones de personas en
todo el mundo. En esta COP la salud pública está cobrando protagonismo respecto a las anteriores, se pone a las personas en el centro del debate. En este contexto, la respuesta multilateral y coordinada entre países es más urgente que nunca.


La 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil, llega en un momento crucial para el planeta. Por primera vez, la cumbre climática más
importante del mundo tendrá lugar en el corazón de la Amazonia, la mayor selva tropical del planeta y uno de los principales sumideros de carbono. Esta ubicación no solo tiene un valor simbólico, sino que representa una llamada a la acción:
proteger los ecosistemas que sostienen la vida en la Tierra.


La COP30 marca también el décimo aniversario del Acuerdo de París, lo que ofrece una oportunidad para evaluar los avances logrados y, sobre todo, para reconocer la magnitud de los desafíos pendientes. Desde la firma del acuerdo, las
proyecciones de calentamiento global han descendido de casi 5 °C a menos de 3 °C, gracias a los compromisos internacionales. Sin embargo, esta mejora sigue siendo insuficiente para cumplir el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1,5
°C. En Belém, los países presentarán una tercera ronda de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que deberán ser más ambiciosas y concretas que las anteriores.


La Presidencia brasileña ha definido esta edición como «la COP de la implementación», subrayando la necesidad de pasar de los compromisos a la acción.


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Entre los principales temas de negociación destacan el fortalecimiento del objetivo global de adaptación, el aumento de la financiación climática para los países en desarrollo y el impulso a una transición justa que garantice que nadie quede
atrás. Además, se celebrará un diálogo sobre la puesta en marcha de los resultados del balance mundial, elemento esencial para orientar los esfuerzos colectivos hacia una acción climática más eficaz.


La Agenda de Acción de la COP30 se estructura en torno a seis grandes ejes temáticos que implican a gobiernos, empresas, inversores, ciudades y sociedad civil. El primero de ellos, la transición en los sectores de energía, industria y
transporte busca triplicar la capacidad renovable, duplicar la eficiencia energética y avanzar hacia el abandono progresivo de los combustibles fósiles. El segundo eje, dedicado a la gestión sostenible de bosques, océanos y biodiversidad, pretende
frenar la deforestación y restaurar los ecosistemas degradados. El tercero se centra en la transformación de la agricultura y los sistemas alimentarios, apostando por la agricultura sostenible y el acceso equitativo a la alimentación.


El cuarto eje aborda la construcción de resiliencia en ciudades, infraestructuras y recursos hídricos, con una atención especial a la gobernanza, el desarrollo urbano sostenible y la gestión del agua. El quinto promueve el desarrollo humano
y social, impulsando la salud, la educación, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Finalmente, un sexto eje transversal actúa como catalizador: la financiación, la tecnología y la capacitación se erigen como pilares indispensables
para acelerar todas las demás transformaciones.


La COP30 también se inspira en el concepto indígena brasileño de «mutirão», que significa comunidad que trabaja unida por una causa común. Este espíritu resume el propósito de la cumbre: fomentar la cooperación, el intercambio de
soluciones y la corresponsabilidad global ante la crisis climática. La acción colectiva es la única vía para alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible e inclusivo.


El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha hecho un llamado a que esta conferencia impulse NDC más transformadoras, refuerce el liderazgo local y promueva el papel de las comunidades, los pueblos indígenas, las mujeres y
los jóvenes como agentes esenciales del cambio. La acción climática, si se gestiona con visión de futuro, puede ser una poderosa herramienta de desarrollo: genera empleo, mejora la salud pública, impulsa la igualdad y protege los medios de vida de
las poblaciones más vulnerables.


En definitiva, la COP30 de Belém no es solo una cumbre más, sino una encrucijada histórica. A diez años del Acuerdo de París y veinte años desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, el mundo debe pasar de las promesas a los
resultados. La cooperación internacional, el multilateralismo y la ambición colectiva serán determinantes para redefinir la trayectoria global hacia un futuro bajo en carbono, más justo y resiliente. La Amazonia, símbolo de vida y equilibrio, será
el escenario donde el planeta decida si está dispuesto a trabajar unido para asegurar su propio porvenir.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Mantener la ambición y el compromiso demostrado por nuestro país en el seno de la Unión Europea y en la próxima conferencia de las partes de naciones unidas, que se celebra en Brasil, en la lucha contra el cambio climático.


2. Seguir siendo un ejemplo a nivel mundial, en restauración de ecosistemas, en protección del medio ambiente, en despliegue de renovables, que anime a seguir nuestros pasos a otros países desarrollados y que sirva de modelo para los países
en vías de desarrollo, dando a conocer los resultados obtenidos por nuestro país.


3. Continuar aportando recursos y asesoramiento a países con menores capacidades económicas o tecnológicas para que puedan continuar avanzando en su


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transición a las energías limpias o en su adaptación a las consecuencias del cambio climático.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Isabel María Pérez Ortiz, María de las Nieves Ramírez Moreno, Arnau Ramírez Carner y Luis Alfonso Rey de las Heras, Diputados.—Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


161/002596


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a una bajada drástica de los impuestos relacionados con la vivienda, para su discusión en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


Asistimos en España a una emergencia habitacional sin precedentes: la oferta de casas se ha desplomado y la demanda española ha sido precarizada y forzada a sufrir competencia desleal. Las ciudades españolas donde se concentran las
oportunidades laborales se han convertido en zonas hostiles, especialmente para los jóvenes españoles, y la inmigración masiva ha inundado nuestros municipios haciéndolos inhabitables o inaccesibles.


Desde 2020, la oferta de vivienda en alquiler permanente ha caído más de la mitad en España (56 %), mientras que los precios se han incrementado un 30 % en este periodo. En 2011, el 70 % de los menores de 35 años eran dueños de sus casas;
hoy solo el 31 %. En los años 90 comprar una casa suponía 3 años y medio de salario bruto anual; hoy, en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Palma supera los 10 años. Y más del 40 % de las familias destinan más del 40 % de sus ingresos a
pagar alquiler. Aun así, el gobierno de Sánchez, con la ayuda del Partido Popular y con la colaboración de las mafias de tráfico de personas, ha importado tres millones de inmigrantes en apenas siete años. El resultado es más precariedad para más
gente.


Además, según un estudio de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), entre el 22-32 % del precio de la vivienda son impuestos. Es decir, mientras los españoles padecen la exclusión residencial, los sucesivos gobiernos
nacionales, autonómicos y municipales del bipartidismo han decidido hacer negocio con su miseria y prácticamente un tercio del importe total de un inmueble es directamente imputable a impuestos o tasas. Es una indecencia que las administraciones
públicas sigan batiendo récords en recaudación mientras los españoles baten récord en infravivienda.


En VOX tenemos claro que para poder llevar a cabo rebajas fiscales de manera masiva con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda de los españoles, tanto en régimen de alquiler como en propiedad, es necesario proceder urgentemente a
un control exhaustivo de nuestras fronteras y, del mismo modo, llevar a cabo la construcción masiva de vivienda pública, así como agilizar administrativamente y promover fiscalmente la construcción masiva de vivienda libre, asegurando la prioridad
nacional en el acceso a la vivienda. De lo contrario, los beneficios fiscales se convertirían en una transferencia de rentas al arrendador/vendedor.


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Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Acometer las modificaciones oportunas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con el objetivo de considerar la vivienda habitual de los españoles dentro de los productos y servicios gravados con
el tipo superreducido del IVA.


2. Presionar a la Comisión Europea para modificar la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido para poder dotar a los Estados miembros de la Unión de la posibilidad de aplicar a la compra de
vivienda habitual el tipo reducido inferior al 5 % o la exención del IVA.


3. Acometer la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para establecer una
bonificación del 100 % de la cuota tributaria para la compra de vivienda habitual por parte de un español, y hasta entonces, realizar las modificaciones normativas necesarias para permitir su pago en diferido hasta un máximo de 15 años y sin
intereses.


4. Proceder a la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, especialmente urgente en los casos en los que el destino de las transmisiones sea la adquisición de vivienda habitual, en todo el territorio nacional.


5. Suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio mediante la derogación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, y toda su normativa de desarrollo en todo el territorio nacional, impuesto que supone confiscaciones
injustas, duplicadas y desproporcionadas del patrimonio de los españoles.


6. Recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF para que los españoles con préstamo hipotecario vigente para su vivienda habitual puedan deducirse los intereses que abonan y compensar directamente en sus bolsillos la
subida de tipos de interés, favoreciendo la adquisición en propiedad.


7. Extender a toda la Nación la deducción por gastos de alquiler en el IRPF para que todos los españoles con contratos de alquiler puedan deducirse parte de su coste y compensar directamente en sus bolsillos la subida del IPC.


8. Modificar la Ley Reguladora de Haciendas Locales para aumentar los supuestos de bonificación del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), como en el caso de las familias en las que uno de los cónyuges decida dedicarse al cuidado de sus
hijos.


9. Impulsar la bonificación al máximo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en los supuestos permitidos por ley, priorizando las familias numerosas, y siempre que se trate de la vivienda habitual.


10. Promover la bonificación al máximo el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para todas aquellas reformas que tengan como objeto facilitar la conciliación familiar en la vivienda habitual, así como adaptar las
viviendas para personas con discapacidad, favoreciendo el arraigo de las familias españolas en sus municipios de toda la vida y priorizando a las familias numerosas y a las personas con discapacidad.


11. Impulsar una exhaustiva revisión de todas las tasas municipales con el objeto de suprimir y/o bonificar todas aquellas tasas involucradas en el proceso edificatorio y que provocan un encarecimiento del precio final de los inmuebles.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.—Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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161/002614


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el problema de la vivienda, un compromiso de todos, para su debate en la
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


Es evidente que el acceso a la vivienda es uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país y en el que todas las administraciones y todas las formaciones políticas tenemos el deber y la obligación de colaborar.


El artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, mandatado a todos los poderes públicos en la obligación constitucional de dar contenido a ese derecho. Uno de los instrumentos más
eficaces es la promoción del parque de vivienda social, para responder, además especialmente, a los colectivos de personas vulnerables que tienen muy difícil el acceso a una vivienda por este y otros motivos.


Hemos de reconocer que para muchos jóvenes y familias de nuestro país es muy difícil acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler. La situación es tan grave como compleja es abordarla. Afrontar el problema requiere implicar al
conjunto de los poderes públicos del Estado, especialmente al legislativo y al ejecutivo en todos los ámbitos territoriales, estatal, autonómico y local.


Se trata de que la política de vivienda sea estructural y no coyuntural. Por eso, los y las socialistas trabajamos para que la vivienda sea el quinto pilar del bienestar lo que, en la actualidad, requiere de medidas firmes que permitan a
millones de ciudadanos desarrollar su proyecto de vida, especialmente a nuestros jóvenes que son quienes más sufren los rigores de la situación actual.


Está iniciativa pretende impulsar una serie de medidas en las que han de implicarse todos los poderes públicos para constituir un amplio parque de vivienda protegida para facilitar a la mayoría social de nuestro país el acceso a la vivienda.


La población española ha crecido en más de ocho millones y medio desde 2000, es decir, más de un 21 % en apenas un cuarto de siglo. Este boom demográfico junto a la reducción del tamaño de los hogares y otros factores hacen que haya una
demanda importante de nuevas viviendas, especialmente asequible.


Aunque en los últimos 5 años España ha incrementado el parque de vivienda protegida de un 2,5 % al 3,4 %, consideramos que nuestro país tiene que acercarse a la media de países europeos en los que un 9 % de la vivienda tiene regímenes
similares, llegándose en algunos casos al 20 %. Incrementar ese parque y evitar su desamortización, como ocurrió en las últimas décadas, permitirá contar con más viviendas con precios asequibles que contribuirán a atemperar los del mercado libre.


La forma más adecuada para conseguir ese objetivo es que la legislación autonómica garantice que el régimen de vivienda protegida tenga un carácter permanente. No obstante, consideramos que puede haber otras fórmulas que también garanticen
dicho carácter en todo el territorio nacional, con independencia de la renuencia legislativa de algunas comunidades autónomas. Se trata de garantizar la igualdad entre los españoles también en este ámbito.


Asimismo, aumentar la implicación del Estado en la promoción de vivienda protegida, a través de la Empresa Pública de Vivienda, reforzará y complementará la actuación de comunidades autónomas y entidades locales para alcanzar, al menos, ese
9 % de vivienda protegida en nuestro país.


El nuevo Plan Estatal de vivienda, dotado con 7.000 millones de euros será el primero que se apruebe bajo el paraguas de la Ley de Vivienda, y supondrá un cambio


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de paradigma en las políticas públicas de vivienda: la vivienda es un derecho y no un bien de mercado. Pero para alcanzar este objetivo es necesario además el compromiso de todas las Administraciones competentes en materia de vivienda.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a seguir fortaleciendo el diálogo y la colaboración con todas las administraciones públicas con el objetivo de:


1. Impulsar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que prevé triplicar la inversión en políticas de vivienda, el 60 % aportado por el Estado y el 40 % por las comunidades autónomas, responsables de la competencia en vivienda, para alcanzar
progresivamente un parque público de vivienda en línea con los estándares de la UE.


2. Proteger de forma permanente las viviendas que se financien con fondos públicos para evitar futuras especulaciones sobre viviendas protegidas, tanto en el alquiler como en la venta.


3. Impulsar un sistema de datos públicos y fiables, al alcance de toda la ciudadanía, para favorecer la información transparente y clara a través de la colaboración con las CC. AA.


4. Seguir insistiendo en la necesidad de que las Administraciones públicas ejerzan sus competencias e incrementen la inversión en políticas públicas de vivienda, en línea con el compromiso asumido por el Gobierno central.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Ignasi Conesa Coma, Rafaela Romero Pozo, Álvaro Morales Álvarez, Javier Rodríguez Palacios, Vicent Manuel Sarrià Morell, Luis Antonio Gómez Piña, Víctor Camino Miñana, Gabriel
Cruz Santana, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Isabel María Pérez Ortiz, Arnau Ramírez Carner y Alberto Rojo Blas, Diputados.—Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Cultura


161/002597


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la figura de Gustavo
Torner, para su debate en ia Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


El maestro Gustavo Torner fue el artista español que convirtió la materia en pensamiento y el pensamiento en forma. Autodidacta e ingeniero técnico forestal en su juventud, nació en Cuenca el 13 de julio de 1925 y falleció en la misma
ciudad el 6 de septiembre de 2025, a los cien años.


Su pulso nace en la precisión, pues aprendió a mirar con la exactitud del botánico: las láminas para la Flora Forestal de España educaron su mirada en la textura y la proporción. Muy pronto la naturaleza dejó de ser tema para convertirse
en método. Naturaleza y conocimiento caminaron juntos en su obra: la corteza, la roca, el musgo o el mineral pasaron del catálogo científico a convertirse en arte visual.


En los años cincuenta, Torner comienza un diálogo con la abstracción que jamás abandona. Roca (1956) abre una senda informalista en la que el óleo se mezcla con


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arena, fibras vegetales o feldespato; el cuadro deja de ser superficie para ser estrato, memoria y tiempo. Sus viajes a Francia e Italia (1950) y la amistad con Antonio Saura consolidan una vocación que comprendía el arte como
investigación: medir la luz y los materiales para localizar un orden secreto.


A mediados de los sesenta, su lenguaje se vuelve más complejo: reemplaza el lienzo por madera o metal, incorpora objetos y volúmenes —nylon, cartón, piel sintética— y construye montajes de fuerte acento escenográfico. Nace entonces una
serie cardinal, los Homenajes a artistas del pasado (desde 1965), donde, como apuntó Fernando Zóbel, se despliega ese «mundo equívoco y borgesiano» en el que la apariencia interroga a la realidad y los contrarios se tocan. En paralelo, el escultor
—que había aprendido el comportamiento de la luz entre los bosques— pone sus piezas al sol y al viento: desde el monumento conmemorativo del Congreso Mundial Forestal (1966) en la serranía conquense hasta obras que son ya parte del mapa emocional
de Madrid, como La rectitud de las cosas (1980).


Torner fue también museógrafo y diseñador: su trazo riguroso reformuló salas y narrativas expositivas, y su sensibilidad para la vidriera, la escenografía o la obra gráfica definió una forma de modernidad sobria y hospitalaria. Junto a
Zóbel y Gerardo Rueda, integró la llamada escuela conquense, que contribuye decisivamente a institucionalizar el arte moderno en España. Además, la creación del Museo de Arte Abstracto Español (Casas Colgadas, Cuenca, 1966), museo nacido desde los
artistas para los ciudadanos y primer museo de arte contemporáneo de España en su momento, convirtió una ciudad de piedra y cielo en capital de la abstracción y tendió un paisaje cultural común entre generaciones y territorios. Posteriormente,
ubicado en el antiguo templo gótico del Convento de San Pablo, se levantará el Espacio Torner, recuerdo monumental de su figura y obra en Cuenca.


Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y las Grandes Cruces de Isabel la Católica y de Alfonso X el Sabio, Torner llegó a los cien años con la
misma ética que lo sostuvo siempre: buscar la proporción y la claridad, hacer de la belleza un método de conocimiento, abrir la modernidad a la vida cotidiana. Sus exposiciones, individuales o colectivas, nacionales o internacionales, constituyen
un relato historiográfico de la abstracción española entre los años 50 y 80 y más allá, contando con obras de su firma instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, además de las aludidas anteriormente.


Su biografía, escrita entre Cuenca y Madrid, entre el paisaje y la ciudad, entre el taller y el museo, pertenece por derecho propio a la historia del arte europeo. Así, es necesario y oportuno celebrar un homenaje a su figura y convocar, en
el año de su fallecimiento y el centenario de su existencia, a la sociedad española para agradecer lo que nos entregó: un canon de sobriedad, inteligencia y libertad.


Por todo ello el Grupo Popular propone la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Administraciones públicas competentes y los agentes del sector cultural a:


1. Llevar a cabo un homenaje a nivel nacional de la figura de Gustavo Torner, junto con la Administración local y autonómica, la Fundación Torner, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca,
para la promoción y difusión de su legado artístico en toda España, en reconocimiento a su contribución decisiva a la modernidad artística española, a su papel en la institucionalización del arte abstracto y a la proyección internacional de su obra
en pintura, escultura y museografía, en el marco de la conmemoración del centenario de su nacimiento.


2. Impulsar una gran exposición Gustavo Torner en, al menos, dos sedes, Cuenca y Madrid, coordinada y programada dentro del mismo ejercicio cultural, con itinerancia que


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garantice el acceso efectivo en ambas ciudades, y prestando especial atención a la conmemoración de los 100 años del artista.


3. Digitalizar, catalogar y preservar el archivo y legado documental de Gustavo Torner, asegurando su interoperabilidad y acceso en los repositorios digitales del Ministerio, y promover convocatorias de investigación orientadas a su obra y
contextos (informalismo, esculturas públicas, museografía).


4. Promover la proyección internacional de la figura y la obra de Gustavo Torner a través de Acción Cultural Española (AC/E), la Red de Museos Estatales y el Instituto Cervantes, así como la promoción y difusión del Espacio Torner en el
ámbito internacional.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.—Beatriz Jiménez Linuesa, Daniel Pérez Osma, María Soledad Cruz-Guzmán García, Carmen Fúnez de Gregorio, Borja Sémper Pascual, Eduardo Carazo Hermoso, Antonio Martínez Gómez,
Carmen Navarro Lacoba, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Antonio Román Jasanada, María Pilar Alía Aguado, Agustín Conde Bajén y José Manuel Velasco Retamosa, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/002612


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de urgente
apoyo económico del Gobierno al Consorcio para la Promoción de la Música de A Coruña, para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


En octubre de 2024, el Grupo Parlamentario Popular ya denunció la grave situación económica del Consorcio para la Promoción de la Música de A Coruña y presentó en la Comisión de Cultura la Proposición no de Ley 161/001429, en la que instaba
al Gobierno a implicarse en la financiación y apoyo institucional de la entidad para garantizar la continuidad de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), su Escuela Municipal de Música y la Orquesta Joven, entre otras formaciones. Aquella
iniciativa, rechazada por la Comisión, solicitaba al Ejecutivo un respaldo económico e institucional similar al que reciben otras entidades culturales de relevancia nacional como el Liceu, el Palau de la Música o los programas de música clásica y
lírica en Bilbao y Oviedo.


Nueve meses más tarde, la situación se ha deteriorado gravemente, tal y como publicó el 22 de julio de 2025 el periódico La Voz de Galicia. La deuda acumulada por el Consorcio para la Promoción de la Música, que arrastra retrasos en los
pagos a proveedores de ejercicios anteriores, ha obligado a suspender el concierto de la Orquesta Joven programado para el 22 de agosto de este año, afectando directamente a las formaciones juveniles y a la programación cultural de la ciudad. Así
mismo, la programación artística de la temporada 2025-2026 está siendo revisada con recortes significativos, incluyendo ajustes en la contratación de artistas invitados, para intentar salvar la viabilidad del proyecto. En concreto, se han recortado
en un 45 % los cachés de los artistas que van a colaborar con la Orquesta durante este año, y un 40 % a los que puedan colaborar en la próxima temporada. Se han caído ya de ese programa en preparación toda una serie de solistas y directores. Pero
lo más trágico es la afectación que estos recortes van a tener en los programas didácticos y de promoción de la música entre el público más joven.


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La Orquesta Sinfónica de Galicia, que nació en 1992, había conseguido en estas tres décadas de historia reconocimiento y prestigio nacional e internacional, siendo considerada como una de las más importantes orquestas sinfónicas de Europa,
tanto por su calidad interpretativa como por las destacadas figuras vinculadas a su dirección. Figuras del prestigio de Sabas Calvillo, en su primer año de vida, Víctor Pablo Pérez, desde 1993 a 2013 y Dima Slobodeniuk, hasta hace dos años, se han
sucedido en la dirección, estando hoy al frente Roberto González Monjas.


Puntualmente grandes batutas internacionales, como las de Lorin Maazel, Gustavo Dudamel, Ton Koopman, Sir Neville Marriner, Christoph Eschenbach o Eliahu Inbal, se pusieron al frente de la orquesta, destacando su enorme capacidad
interpretativa y su calidad sonora. Esas cualidades quedan ya demostradas y registradas para la posteridad en las numerosas grabaciones de compositores clásicos y contemporáneos, con una particular atención también a la música contemporánea
gallega. Destacan entre estas las grabaciones de Igor Stravinski realizadas durante la etapa de la dirección de Slobodeniuk, o la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonin Dvorak. Así mismo, la calidad de la Orquesta ha permitido que grandes figuras
internacionales del panorama musical hayan pasado por su sede, como Anne-Sophie Mutter en el violín, Maurizio Pollini, Yuja Wang o Krystian Zimmermann al piano y, entre las voces, las de Plácido Domingo, Mirella Freni, Bryn Terfel o Juan Diego
Flórez.


El Consorcio para la Promoción de la Música de A Coruña, también fundado en 1992, había construido un ecosistema cultural único a través del programa Son Futuro, impulsando la formación musical desde edades tempranas con su Escuela Municipal
de Música, Coros infantil, juvenil y sénior, y su Orquesta Joven. Hoy todo esto, y principalmente la parte didáctica, infantil y juvenil, está en peligro por la gravísima situación económica heredada por los actuales gestores.


El Consorcio gestiona un presupuesto de 9,5 millones de euros anuales, sostenido principalmente por el Concello de A Coruña (3,3 M€), la Xunta de Galicia (3 M€) y la Diputación de A Coruña (1,5 M€), además de aportaciones privadas. Sin
embargo, los gastos de personal (8 M€) y de alquiler del Palacio de la Ópera (casi 1 M€) dejan un margen mínimo para programación, promoción y captación de público y patrocinio, comprometiendo la sostenibilidad del proyecto.


La pandemia del COVID-19 supuso un parón importante en los ingresos con el confinamiento primero y la reducción de los aforos después, produciéndose graves dificultades financieras que es evidente que el Consorcio no ha sido capaz de superar
aún. Las instituciones vinculadas a la comisión de gobierno instaron a la gerencia a elaborar un plan estratégico con el objeto de analizar detalladamente la situación y proponer un plan de crisis con un horizonte de actuaciones y reducción de
gastos que permita iniciar el proceso de recuperación. Hoy, con un gerente nuevo al frente, se ponen en marcha las primeras medidas de ese plan estratégico. Y es con este objetivo por delante que se plantea aumentar los apoyos institucionales.


La ausencia de apoyo del Gobierno central, a diferencia de su implicación en otras instituciones culturales de similar relevancia, amenaza con poner en riesgo una orquesta que es patrimonio cultural, educativo y artístico de todos los
españoles, que ahora se encuentra en peligro real de desaparición, tirando por la borda todos los logros de estas tres décadas pasadas. Es imprescindible una colaboración económica del Gobierno central, pues el resto de las instituciones públicas
ya aportan cantidades importantes al presupuesto anual. Ahora se trata de la supervivencia de una institución fundamental en la ciudad, y en la Comunidad Autónoma, imprescindible para que las generaciones más jóvenes continúen su educación musical
y enriquezcan su amor a la música.


Por otro lado, el Gobierno ha aprobado recientemente el Real Decreto 772/2025, de 2 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para la promoción de las artes escénicas y musicales en el año
2025, por un total de más de 8,4 millones de euros, entre las que no se encuentra el Consorcio para la Promoción de la Música en A Coruña, a pesar de que el Gobierno diga reconocer como uno de los pilares más importantes de su política cultural el
apoyo a proyectos que


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contribuyen a la promoción, protección y difusión de la música en cualquiera de sus manifestaciones, y que en su virtud, el INAEM, justifique la concesión directa de las subvenciones concedidas por las excepcionales circunstancias en las que
han de realizarse, la urgencia en su desarrollo, el interés público, social y cultural, etc.


Estas ayudas directas, no previstas en los PGE, suponen no solo la toma de decisiones de forma arbitraria e incondicionada, sino también agravios comparativos ante un injusto reparto de fondos, sin posibilidad alguna de poder competir por
estos en licitaciones bajo criterios objetivos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:


1. Asignar de manera urgente e inmediata una partida presupuestaria extraordinaria destinada al Consorcio para la Promoción de la Música de A Coruña, con el fin de saldar deudas con proveedores y garantizar el mantenimiento de la
programación de la Orquesta Sinfónica de Galicia y sus formaciones vinculadas durante la temporada 2025-2026.


2. Incorporar a la Orquesta Sinfónica de Galicia y al Consorcio para la Promoción de la Música a los programas estatales de apoyo a instituciones culturales de excelencia, en condiciones equiparables a otras entidades de relevancia nacional
e internacional.


3. Impulsar la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia en las programaciones culturales nacionales e internacionales coordinadas por el Gobierno, como giras oficiales, festivales o representaciones en el extranjero, financiadas en
parte por el Estado, para aumentar visibilidad e ingresos.


4. Dotar, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, a la Orquesta Sinfónica de Galicia de una ayuda anual, tal y como reciben el Liceu o el Palau de la Música, adecuada a su grave situación económica y suficiente para el
mantenimiento de la actividad desarrollada hasta ahora, tanto a nivel concertístico como didáctico, con especial atención a los programas para niños y niñas y adolescentes, la Escuela Municipal de Música, Coros infantil, juvenil y sénior, y Orquesta
Joven.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Marta González Vázquez, Miguel Tellado Filgueira, Álvaro Pérez López, Tristana María Moraleja Gómez y María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Sanidad


161/002606


A la Mesa del Congreso


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada de Compromìs Àgueda Micó i Micó, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre la atención específica de la
salud de las mujeres, para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad.


Exposición de motivos


Vivimos en una sociedad que arrastra una estructura patriarcal que ha condicionado todos los ámbitos del conocimiento, también al médico. La medicina moderna, tal y como se ha desarrollado durante siglos, ha tomado como referencia el cuerpo
masculino como patrón universal, lo que ha tenido consecuencias graves en la comprensión, diagnóstico


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y tratamiento de numerosas enfermedades que afectan específica o mayoritariamente a las mujeres.


Las mujeres no sólo han sido infrarrepresentadas en los ensayos clínicos, sino que muchas de sus patologías han sido sistemáticamente menospreciadas o interpretadas bajo sesgos de género. Cuando un síntoma no encaja con los patrones
masculinos estudiados, con demasiada frecuencia se cuestiona, se minimiza o se atribuye a causas emocionales, ansiosas o psicosomáticas. Este sesgo no es sólo una cuestión teórica: se traduce en retrasos en el diagnóstico, tratamientos inadecuados
y, en definitiva, sufrimiento y desigualdad real.


Un ejemplo paradigmático es la fibromialgia, un síndrome que afecta principalmente a las mujeres —que concentran cerca del 90 % de los casos diagnosticados— y que cursa con dolor musculoesquelético generalizado, fatiga crónica, trastornos
del sueño, dificultad de concentración y múltiples síntomas asociados como el síndrome del intestino irritable, cefaleas o hipersensibilidad sensorial. La falta de formación específica en esta enfermedad hace que muchas pacientes deban peregrinar
por consultas durante años antes de obtener un diagnóstico, y que sufran incomprensión o incluso estigmatización por parte del propio sistema sanitario.


Sin embargo, la fibromialgia no es el único caso. Enfermedades como la endometriosis, que afecta a alrededor de una de cada diez mujeres en edad fértil, siguen siendo diagnosticadas con una media de retraso de 7 a 9 años. Esta enfermedad
provoca dolores intensos, alteraciones menstruales e infertilidad, pero a menudo se considera un «dolor menstrual normal», lo que agrava el sufrimiento y retrasa el tratamiento adecuado.


Otras condiciones como el síndrome de ovarios poliquísticos (SOP), el linfedema y el lipedema —que afectan gravemente a la calidad de vida y la autoestima de muchas mujeres— o los trastornos derivados de la perimenopausia y la menopausia,
con impactos físicos, emocionales y metabólicos, siguen sin disponer de protocolos homogéneos y actualizados en todo el Sistema Nacional de Salud.


A todo esto hay que añadir la falta de investigación sobre salud de las mujeres, tanto en el ámbito clínico como en el de la salud pública. La inversión en estudios específicos sobre estas patologías sigue siendo insuficiente, y los datos
disponibles a menudo se encuentran dispersos o sin perspectiva de género. Asimismo, la formación en medicina y enfermería todavía no incorpora de forma transversal el enfoque de género en la salud, perpetuando los sesgos en la práctica clínica.


Por ello, es necesaria una actuación decidida de las instituciones públicas para corregir esta desigualdad estructural y garantizar que las mujeres reciben una atención sanitaria plena, justa y adaptada a su realidad biológica y social.
Reconocer la diferencia no es discriminar, sino posibilitar la igualdad real.


Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:


1. Incorporar de forma transversal la perspectiva de género en todas las políticas de salud, especialmente en los ámbitos de formación, investigación, diagnóstico y atención clínica.


2. Impulsar la formación obligatoria y continuada para todo el personal sanitario, tanto de atención primaria como especializada, así como para los tribunales médicos, sobre enfermedades que afectan mayoritariamente a las mujeres o que
presentan manifestaciones diferentes según el sexo biológico, incluyendo la fibromialgia, la endometriosis, el síndrome de ovarios poliquísticos, lipedema, el linfedema y los trastornos derivados de la perimenopausia y la menopausia.


3. Promover la creación de una red de unidades multidisciplinares especializadas en la atención integral de las enfermedades específicas o prevalentes en mujeres, con


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equipos formados por médicas y médicos, psicólogas, fisioterapeutas, nutricionistas y personal de enfermería, para garantizar un abordaje holístico y personalizado.


4. Fomentar la investigación biomédica con perspectiva de género, aumentando la dotación presupuestaria destinada a proyectos sobre salud de las mujeres y asegurando la inclusión equitativa de mujeres en los ensayos clínicos.


5. Establecer protocolos comunes de diagnóstico y tratamiento en todo el Sistema Nacional de Salud para estas patologías, con especial atención a la detección precoz ya la reducción del tiempo medio de diagnóstico.


6. Garantizar el reconocimiento de la fibromialgia y sensibilización social sobre las enfermedades que afectan a las mujeres, para combatir el estigma, favorecer la detección temprana y promover la comprensión y el apoyo emocional.


7. Impulsar la coordinación entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y los colegios profesionales para integrar todas estas medidas dentro del Plan Estratégico de Salud de las Mujeres y realizar un seguimiento periódico.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.—Àgueda Micó Micó, Diputada.—Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


A la Mesa del Congrés


El Grup Parlamentari Mixt, a instancia de la diputada de Compromís Àgueda Micó i Micó, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició No de Llei sobre l’atenció específica de la salut
de les dones per al seu debat i aprovació en la Comissió de Sanitat.


Exposició de motius


Vivim en una societat que arrossega una estructura patriarcal que ha condicionat tots els àmbits del coneixement, també el mèdic. La medicina moderna, tal com s’ha desenvolupat durant segles, ha pres com a referència el cos masculí com a
patró universal, la qual cosa ha tingut conseqüències greus en la comprensió, el diagnòstic i el tractament de nombroses malalties que afecten específicament o majoritàriament a les dones.


Les dones no només han estat infrarepresentades en els assajos clínics, sinó que moltes de les seues patologies han sigut sistemàticament menystingudes o interpretades sota biaixos de gènere. Quan un símptoma no encaixa amb els patrons
masculins estudiats, massa sovint es qüestiona, es redueix o s’atribueix a causes emocionals, ansioses o psicosomàtiques. Este biaix no és només una qüestió teòrica: es tradueix en retards diagnòstics, tractaments inadequats i, en definitiva, en
patiment i desigualtat real.


Un exemple paradigmàtic és la fibromiàlgia, un síndrome que afecta principalment les dones —prop del 90 % dels casos diagnosticats— i que cursa amb dolor musculoesquelètic generalitzat, fatiga crònica, trastorns del son, dificultat de
concentració i múltiples símptomes associats com el síndrome de l’intestí irritable, cefalees o hipersensibilitat sensorial. La manca de formació específica en esta malaltia fa que moltes pacients hagen de peregrinar per consultes durant anys abans
d’obtenir un diagnòstic, i que patisquen incomprensió o fins i tot estigmatització per part del propi sistema sanitari.


No obstant això, la fibromialgia no és l’únic cas. Malalties com l’endometriosi, que afecta al voltant d’una de cada deu dones en edat fèrtil, continuen sent diagnosticades amb una mitjana de retard de 7 a 9 anys. Esta malaltia provoca
dolors intensos, alteracions menstruals i infertilitat, però sovint es considera un «dolor menstrual normal», la qual cosa agreuja el sofriment i retarda el tractament adequat.


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Altres condicions com la síndrome d’ovaris poliquístics (SOP), el limfedema i el lipedema —que afecten greument la qualitat de vida i l’autoestima de moltes dones— o els trastorns derivats de la perimenopausia i la menopausia, amb impactes
físics, emocionals i metabòlics, continuen sense disposar de protocols homogenis i actualitzats a tot el Sistema Nacional de Salut.


A tot això cal afegir la manca de recerca sobre salut de les dones, tant en l’àmbit clínic com en el de la salut pública. La inversió en estudis específics sobre aquests patologies continua sent insuficient, i les dades disponibles sovint
es troben disperses o sense perspectiva de gènere. Així mateix, la formació en medicina i infermeria encara no incorpora de manera transversal l’enfocament de gènere en la salut, perpetuant els biaixos en la pràctica clínica.


Per això, cal una actuació decidida de les institucions públiques per a corregir esta desigualtat estructural i garantir que les dones reben una atenció sanitària plena, justa i adaptada a la seua realitat biològica i social. Reconéixer la
diferència no és discriminar, sinó fer possible la igualtat real.


Per tot el que s’ha exposat anteriorment es presenta la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés insta el Govern de l’Estat a:


1. Incorporar de manera transversal la perspectiva de gènere en totes les polítiques de salut, especialment en els àmbits de formació, recerca, diagnòstic i atenció clínica.


2. Impulsar la formació obligatòria i continuada per a tot el personal sanitari, tant d’atenció primària com especialitzada, així com per als tribunals mèdics, en relació amb les malalties que afecten majoritàriament les dones o que
presenten manifestacions diferents segons el sexe biològic, incloent-hi la fibromiàlgia, l’endometriosi, la síndrome d’ovaris poliquístics, la síndrome de la fatiga crònica, el lipedema, el limfedema i els trastorns derivats de la perimenopausa i la
menopausa.


3. Promoure la creació d’una xarxa d’unitats multidisciplinàries especialitzades en l’atenció integral de les malalties específiques o prevalents en dones, amb equips formats per metgesses i metges, psicòlogues, fisioterapeutes,
nutricionistes i personal d’infermeria, per garantir un abordatge holístic i personalitzat.


4. Fomentar la investigació biomèdica amb perspectiva de gènere, augmentant la dotació pressupostària destinada a projectes sobre salut de les dones i assegurant la inclusió equitativa de dones en els assajos clínics.


5. Establir protocols comuns de diagnòstic i tractament en tot el Sistema Nacional de Salut per a aquestes patologies, amb especial atenció de la detecció precoç i a la reducció del temps mitjà de diagnòstic.


6. Garantir el reconeixement de la fibromiàlgia i sensibilització social sobre les malalties que afecten les dones, per combatre l’estigma, afavorir la detecció primerenca i promoure la comprensió i el suport emocional.


7. Impulsar la coordinació entre el Ministeri de Sanitat, les comunitats autònomes i els col·legis professionals per a integrar totes aquestes mesures dins del Pla Estratègic de Salut de les Dones i fer-ne un seguiment periòdic.»


Palau del Congrés dels Diputats, 14 d’ octubre de 2025.—Àgueda Micó Micó, Diputat.—Néstor Rego Candamil, Portaveu del Grup Parlamentari Mixt.


161/002610


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,


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presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a financiar debidamente y sin más demora la «Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de
alta complejidad y curso irreversible», para su debate en la Comisión de Sanidad.


Exposición de motivos


La «Proposición de Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible» fue aprobada con el respaldo unánime de todos los grupos
parlamentarios en el Congreso de los Diputados y en el Senado durante las sesiones plenarias celebradas los días 10 y 23 de octubre de 2024, respectivamente.


La Ley 3/2024, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 31 del referido mes de octubre, tiene como objeto establecer «un marco jurídico que refleje el compromiso de la sociedad y, en particular, de las Administraciones
públicas competentes, de asegurar un trato digno, respetuoso y adecuado para las personas incluidas en su ámbito de aplicación, así como sus familias, teniendo en cuenta, particularmente, los reducidos rangos temporales de supervivencia en el caso
de la ELA y otras enfermedades similares».


De igual forma, regula cuestiones como el «reconocimiento de la situación de discapacidad»; el «procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad»; el «procedimiento para la calificación y revisión del grado de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema y para la revisión del programa individual de atención»; la «dotación de recursos necesarios a los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad»; la
«protección de personas cuidadoras de personas en situación de dependencia con un Grado III, Gran Dependencia, reconocido de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia»; la «política de empleo para las personas cuidadoras»; las «actualizaciones normativas específicas para la efectividad de los derechos de las personas afectadas»; la «capacitación y especialización de los
profesionales sanitarios»; el «plazo máximo para la recepción de prestaciones»; la «elaboración de un estudio sobre nuevas ayudas para las personas en situación de electrodependencia»; la «atención sanitaria especializada»; la «prestación de
atención sociosanitaria»; la «incapacidad permanente contributiva»; la «la figura del consumidor vulnerable», y el «Baremo de Evaluación de las Capacidades/Limitaciones en la Actividad».


La Ley 3/2024 contempla también la integración «en el Instituto de Salud Carlos III [de] una estructura que incluirá programas de investigación en ELA que tenga como objeto el fomento de la investigación, el desarrollo, la innovación y la
divulgación y prestación de servicios documentales sobre la propia ELA, así como la coordinación, seguimiento y promoción de avances científicos y sanitarios para la mejora de su diagnóstico y su tratamiento», así como la creación del «Registro
Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas [...] con el objetivo de proporcionar información epidemiológica sobre la incidencia, la prevalencia y los factores determinantes asociados a la enfermedad, así como para facilitar información con la que
orientar la planificación, la gestión sanitaria y la evaluación de las actividades asistenciales, y para proveer los indicadores básicos que permitan la comparación entre comunidades autónomas y con otros países», y la actualización del «documento
de ‘Abordaje de la Esclerosis Lateral Amiotrófica de la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud’ [aprobado por el pleno del Consejo Interterritorial del mismo Sistema Nacional de Salud el 8 de noviembre de 2017],
para incorporar nuevos hitos y acciones en la atención de las personas con ELA en el Sistema Nacional de Salud, con especial atención en el desarrollo de un plan de cuidados específico vertebrado en Atención Primaria y en enfermería y unidades
específicas».


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Todo lo anterior con la finalidad principal de «mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios especializados de aquellas personas que padecen ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible».


La sociedad española valoró entonces de forma positiva la Ley 3/2024, planteando al mismo tiempo la necesidad de que desde el Gobierno de España se garantice la dotación presupuestaria necesaria para que los avances propuestos puedan ser
puestos en práctica de forma plena y efectiva.


En este sentido, y de acuerdo con el «Estudio de costes de la ELA para las familias en España» elaborado por la Fundación Luzón y publicado en octubre del año pasado, los importes anuales considerando «solamente los costes directos que
actualmente asumen las familias de los enfermos» fluctúan «entre los 184 millones de euros y los 230 millones» y requieren «una financiación específica».


En consecuencia, atendiendo a la valoración realizada desde la Fundación Luzón, así como a las necesidades planteadas desde organizaciones como la «Confederación Nacional de Entidades de ELA» (ConELA) o la «Asociación Española de ELA», el
Grupo Parlamentario Popular registró el 25 de octubre de 2024 la «Proposición no de ley [PNL] relativa a garantizar la dotación adecuada de recursos para asegurar el pleno cumplimiento de la Ley para mejorar la calidad de vida de personas con
Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible».


Esta iniciativa, que instaba al Gobierno «a garantizar, con independencia de que se aprueben o no nuevos Presupuestos Generales del Estado [PGE] para el año 2025, la dotación presupuestaria que resulte necesaria para asegurar que todos los
avances contemplados en la “Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible” se materializan y son accesibles en condiciones de equidad en
toda España, en tiempo y forma para la totalidad de los afectados», fue aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso de los Diputados celebrado el 19 de diciembre de 2024.


No obstante, el Ejecutivo no presentó propuesta de nuevos PGE, ni habilitó la partida de recursos necesarios en el contexto de las cuentas prorrogadas desde 2023, por lo que el Grupo Parlamentario Popular registró otra PNL el 5 de mayo de
2025, instando en esta ocasión al Gobierno a «a aprobar y distribuir con máxima urgencia la dotación presupuestaria necesaria para asegurar que todos los avances y derechos contemplados en la Ley 3/2024 [...] se materializan con inmediatez, con
carácter retroactivo desde la entrada en vigor de la referida norma y en condiciones de equidad y plena accesibilidad en toda España para la totalidad de los afectados».


Dicha PNL fue aprobada en la sesión plenaria del Congreso celebrada el pasado 28 de mayo con 345 votos a favor y un único voto en contra, correspondiente al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.


En esta ocasión, el Ejecutivo reaccionó con la aprobación en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 22 de julio de una subvención de 10 millones de euros, es decir, muy por debajo de los 184-230 millones de euros que son necesarios
según los pacientes.


Por todo lo anterior, y en el contexto del cumplimiento del primer aniversario de la entrada en vigor de la «Ley 3/2024», el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a financiar adecuadamente y sin más demora la “Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de
alta complejidad y curso irreversible” para asegurar que todos los avances y derechos contemplados en la propia ley se materializan de forma efectiva, con carácter retroactivo


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desde la entrada en vigor de la referida norma y en condiciones de equidad real y plena accesibilidad para la totalidad de los afectados en toda España.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Carmen Fúnez de Gregorio, Elvira Velasco Morillo y Antonio Cavacasillas Rodríguez, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Igualdad


161/002608


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para proteger a las víctimas contra los efectos del negacionismo de la violencia de
género, para su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el pasado 26 de febrero, se compromete a «Dar la máxima relevancia en la estructura institucional a las políticas contra la violencia de género, fortaleciendo la respuesta
institucional para hacer frente al negacionismo de la violencia de género». El Pacto compromete a toda la sociedad, a las instituciones y a los partidos políticos, a dar cumplimiento a sus 461 medidas. El pasado mes de junio, el ministerio de
Igualdad hizo público el reparto de competencias para el desarrollo de este histórico acuerdo.


La contabilidad de los asesinatos por violencia de género nos da solo una idea de la dimensión del problema al que nos enfrentamos. De hecho, hace tan solo dos décadas que tomamos nota de las mujeres asesinadas y solo una década que hacemos
lo propio con los y las menores asesinadas. Desde 2013, cerca de medio millar de niños y niñas se han quedado en situación de orfandad porque un hombre, en muchas ocasiones su propio padre, ha matado a su madre.


Son aún demasiadas las mujeres que no denuncian, y demasiadas las que retiran las denuncias por diversas causas. No porque sean falsas, si no por miedo, por terror, por falta de apoyos de su entorno, porque temen ser revictimizadas en el
proceso. Desde la puesta en marcha del teléfono 016, el Servicio de Información y Asesoramiento Jurídico en materia de Violencia contra las mujeres, en 2007, se han recibido casi un millón y medio de llamadas pertinentes.


Surgen, además, nuevas formas de agresión, de control y persecución que, de nuevo, tienen como víctimas a las mujeres, también a las menores de edad. Formas, como la violencia digital, que cuentan con numerosas medidas para prevenirlas y
atajarlas en el mencionado Pacto de Estado.


Frente a este panorama, y a pesar del clamor y del compromiso que supone el Pacto de Estado, las falsedades, las fake news, las manipulaciones de datos y la mala fe de algunos actores políticos y organizaciones sociales que apoyan la
ideología negacionista hacen más difícil, si cabe, el combate contra la violencia machista. Instituciones como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía General del Estado, además de numerosas asociaciones, han alertado y lo siguen haciendo sobre los
efectos perversos e indeseados del negacionismo de la violencia de género.


No se trata únicamente de negar la especificidad y el carácter estructural de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, algo ya de por sí suficientemente grave porque persigue desproteger a las mujeres que sufren
esta violencia y empoderar a los maltratadores. Son también dañinos los discursos que


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implican violencia verbal con carga y trasfondo machista contra mujeres en el ejercicio de su profesión y que se producen generalmente cuando esta implica exposición pública. Y lo son, de igual manera, la falta de políticas institucionales
y la no disposición de recursos suficientes y adecuados para prevenir y combatir esta violencia y reparar a las víctimas.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a combatir el negacionismo de la violencia de género y los discursos machistas en cualquiera de sus manifestaciones y por cualquier medio que se produzcan, reconociendo el carácter
estructural y específico de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, y en cumplimiento del recientemente renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Lídia Guinart Moreno, Diputada.—Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Comisión de Asuntos Exteriores


181/001390


Carlos Rojas García, Carlos Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán
Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco.


¿Emitió el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación un pasaporte diplomático a Koldo García Izaguirre?


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.—Carlos Rojas García, Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.


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Comisión de Hacienda y Función Pública


181/001391


Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra.


¿Por qué el Gobierno ha roto el diálogo social en la Función Pública y ha dejado sin voz a tres millones de empleados públicos?


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2025.—Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.


181/001392


Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra.


¿De verdad pretende el Gobierno justificar el incumplimiento de sus compromisos salariales con los empleados públicos con la excusa de la falta de presupuestos, cuando sí hay dinero para aumentar el número de personal eventual y altos
cargos?


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2025.—Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.


181/001393


Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra.


¿Considera el Gobierno responsable bloquear la negociación colectiva con los empleados públicos mientras presume de ser un Gobierno «progresista» y «dialogante»?


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2025.—Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.


181/001394


Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra.


¿Tiene el Gobierno algún plan real para recuperar el diálogo social en el seno de la Función Pública o su única respuesta será esperar a que los funcionarios vuelvan a la calle a protestar?


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2025.—Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.


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181/001395


Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra.


¿Va a asumir el Gobierno alguna responsabilidad política por haber provocado la mayor crisis de confianza en la Función Pública en décadas?


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2025.—Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.


181/001396


Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra.


¿Qué valoración hace el Gobierno del hecho de que los tres principales sindicatos de la Función Pública coincidan en acusar al Gobierno de inacción, bloqueo y falta de compromiso con los empleados públicos?


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2025.—Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


181/001400


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).


¿Cómo valora el Gobierno de España la gestión del servicio ferroviario y la respuesta ante los incidentes por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.


181/001401


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).


¿Cómo valora el Gobierno de España la gestión de las competencias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.


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181/001402


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juderías y Patricia Rueda Perelló, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).


¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para mejorar la gestión de las incidencias ferroviarias que afectan diariamente a miles de usuarios en distintas regiones del país?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.


181/001403


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).


¿Cuál es el estado actual de ejecución del Plan de Inversión en Carreteras y qué previsiones reales existen para su culminación?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.


181/001404


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).


¿Cuál es el porcentaje de la red de carreteras del Estado que se encuentra en mal estado según los propios indicadores de conservación del Ministerio?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.


181/001405


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).


¿Cómo valora el Gobierno la eficacia y puntualidad actual del servicio ferroviario y qué actuaciones tiene previstas para reducir los retrasos y cancelaciones de trenes?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.


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181/001406


Inés Granollers Cunillera.


¿En qué estado se encuentra el proyecto de la pasarela peatonal sobre Autovía A-2 entre los términos municipales del Palau d'Anglesola y Mollerusa?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Inés Granollers Cunillera, Diputada.


Inés Granollers Cunillera.


En quin estat es troba el projecte de la passarel·la per als vianants sobre Autovia A-2 entre els termes municipals del Palau d'Anglesola i Mollerusa?


Congrés dels Diputats, a 16 d’ octubre de 2025.—Inés Granollers Cunillera, Diputada.


181/001407


El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Nestor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:


¿Prorrogarán las subvenciones al transporte ferroviario hasta 2026 y, en caso afirmativo, están dispuestos a aplicar la tarifa plana bonificada de cercanías en aquellos tramos de media distancia y AVANT de Galicia comparables en distancia o
tiempo para evitar la discriminación que supone carecer aún de este servicio?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Néstor Rego Candamil, Diputado.


O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:


Prorrogará as bonificacións no transporte ferroviario para 2026 e, de ser así, está en disposición de aplicar a tarifa plana bonificada de cercanías naqueles tramos de media distancia e AVANT na Galiza que por distancia ou tempo son
equiparábeis para evitar a discriminación que implica carecer aínda dese servizo?


En Madrid, a 16 de outubro de 2025.—Néstor Rego Candamil, Deputado.


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181/001408


Jorge Pueyo Sanz.


¿Ha descartado definitivamente la mejora y ampliación del Cercanías de Zaragoza a Huesca y otras localidades aragonesas, basándose exclusivamente en el uso de la reducida e ineficiente línea actual e ignorando el enorme potencial del
corredor Zaragoza-Huesca?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Jorge Pueyo Sanz, Diputado.


181/001409


Isidre Gavín i Valls.


¿Por qué motivo los trenes del servicio AVANT de la línea Lleida-Tarragona-Barcelona vibran de manera excesiva, hasta el punto de que se ha anulado algún servicio y se han retirado algunos trenes?


¿Se debe a averías o al envejecimiento de los trenes, o es consecuencia de que la vía no se encuentra en buen estado?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Isidre Gavin i Valls, Diputado.


Isidre Gavín i Valls.


Per quin motiu els trens del servei AVANT de la línia Lleida-Tarragona-Barcelona vibren de manera excessiva, fins al punt que s’ha anul·lat algun servei i s’han retirat alguns trens?


Es deu a avaries o a l’envelliment dels trens, o és conseqüència que la via no es troba en bon estat?


Congrés dels Diputats, a 17 d’ octubre de 2025.—Isidre Gavin i Valls, Diputat.


181/001410


Esther Peña Camarero.


Respecto al bypass de Olmedo, conocido también como «U» de Olmedo:


¿En qué estado se encuentran las obras de esta infraestructura?


¿Qué inversión está prevista?


¿Qué afección y beneficios traerá la puesta en servicio de este bypass para las comunicaciones ferroviarias de la provincia de Burgos?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Esther Peña Camarero, Diputada.


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181/001411


Milena Herrera García.


¿Cuál ha sido la repercusión de la entrada en vigor del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima y de la resolución de Marina Mercante en lo relativo al cambio temporal de uso privado a comercial de las embarcaciones de recreo y
específicamente cuál ha sido la repercusión en el ámbito de las Illes Balears?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Milena Herrera García, Diputada.


181/001412


Milena Herrera García.


¿Qué valoración hace el Ministerio del servicio prestado por Salvamento Marítimo en las Illes Balears este año 2025?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Milena Herrera García, Diputada.


181/001413


Herminio Sancho Íñiguez.


¿Cuál es la posición de Aragón en términos de inversión en la Red de Carreteras del Estado (RCE) entre junio de 2018 y agosto de 2025?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Diputado.


181/001414


César Joaquín Ramos Esteban.


¿Puede realizar un balance en que ha contribuido el Gobierno en la recuperación de las infraestructuras tras la dana de octubre de 2024 en Valencia?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.


181/001415


César Joaquín Ramos Esteban.


¿Puede hacer un balance de la Campaña Verano Joven de 2025?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.


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181/001416


César Joaquín Ramos Esteban.


¿Qué otras actuaciones están impulsando el Ministerio de Transportes en el Corredor Noroeste de Alta Velocidad?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.


181/001417


Héctor Palencia Rubio.


¿Por qué el Gobierno no finalizó el peaje de la AP-6, AP-51 y AP-61 en noviembre de 2024 y habla de finalizarlo en 2029, cuando el acuerdo propuesto y firmado por España con la UE en marzo 2011 se compromete a otros 7 años más, es decir
2036?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Héctor Palencia Rubio, Diputado.


181/001418


Óscar Ramajo Prada y Héctor Palencia Rubio.


¿Cuántos usuarios de vehículos ligeros se beneficiaron en el año 2024 de las bonificaciones por recurrencia —para más de veinte viajes mensuales— en cada una de las autopistas de peaje AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Óscar Ramajo Prada y Héctor Palencia Rubio, Diputados.


181/001419


José Alberto Herrero Bono.


¿Mantiene el Gobierno de España el diseño del Corredor 12: Madrid-Valencia del nuevo Mapa Concesional tal y como se ha publicado en el BOE, en el que que se suprimen 77 paradas en los pueblos de todo el trayecto y de las cuales, 13
pertenecen a la provincia de Teruel, tales como la de Alba, Celia, Santa Eulalia del Campo, Singra, Torrelacarcel, Torremocha del Jiloca, Villafranca del Campo, Villarquemado, Libros, Villastar, Villel, La Puebla del Valverde y Sarrion?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—José Alberto Herrero Bono, Diputado.


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181/001420


Esther Llamazares Domingo y Héctor Palencia Rubio.


¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno ante el dictamen motivado de la Comisión Europea sobre la concesión de la autopista AP-66 (Huerna), en particular, si va a mantener o eliminar el peaje?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Esther Llamazares Domingo y Héctor Palencia Rubio, Diputados.


181/001421


Juan Antonio Rojas Manrique.


¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para ponerse al día en los pagos derivados de las bonificaciones del 75 % para residentes, cuya deuda acumulada supera ya los 700 millones de euros y podría alcanzar los 1.200 millones, y que
comprometen la frecuencia de los vuelos y la conectividad de los ciudadanos de los territorios insulares y extrapeninsulares?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Juan Antonio Rojas Manrique, Diputado.


181/001422


Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix y Soledad Cruz Guzmán.


¿Qué plazo se ha fijado en la adjudicación para la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos del AVE entre Sevilla y Huelva?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix y María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputados.


Comisión de Industria y Turismo


181/001398


Francisco José Conde López, Juan Bravo Baena, José Vicente Marí Bosó, Miriam Guardiola Salmerón, José Ignacio Romaní Cantera, Laura María Lima García, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Félix de las Cuevas Cortés, Pedro
Navarro López, Guillermo Mariscal Anaya, Esther Llamazares Domingo, Cristina Moreno Borrás, Cristina Agüera Gago, Joan Mesquida Mayans, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel Velasco Retamosa.


¿Considera el Gobierno que puede calificarse de éxito su política industrial, cuando el peso de la industria en el PIB ha caído al mínimo histórico, pese a disponer de los mayores fondos europeos de la historia?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Francisco José Conde López, Juan Bravo Baena, José Vicente Marí Bosó, Mirian Guardiola Salmerón, José Ignacio Romaní Cantera, Laura María Lima García, Irene Garrido Valenzuela,
Tristana María Moraleja Gómez, Félix de las Cuevas Cortés, Pedro


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Navarro López, Guillermo Mariscal Anaya, Esther Llamazares Domingo Cristina Moreno Borrás, Cristina Agüera Gago, Joan Mesquida Mayans, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel Velasco Retamosa, Diputados.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


181/001399


Javier Folch Blanc, Pedro Gallardo Barrena y María del Socorro Cuesta Rodriguez.


Ante la decisión de la Comisión Europea de retrasar la aplicación del cuaderno digital al 1 de enero de 2027, ¿cuándo adoptará el Gobierno los cambios normativos necesarios para retrasar su implementación?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena y María del Socorro Cuesta Rodríguez, Diputados.


Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


181/001397


Cristóbal Garre Murcia, Isabel María Borrego Cortés, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá, María Soledad Cruz-Guzmán García, Alberto Fabra Part, Cristina Moreno Borrás, Carlos Gil Santiago, Laura Lima García,
Celso Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo, Sergio Sayas López y Javier Noriega Gómez.


¿Cuál es la valoración del Gobierno del fracaso de su medida estrella para avalar a través del ICO a los jóvenes para el acceso a la vivienda?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.—Cristóbal Garre Murcia, Isabel María Borrego Cortés, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá, María Soledad Cruz-Guzmán García, Alberto Fabra Part,
Cristina Moreno Borrás, Carlos Gil Santiago, Laura María Lima García, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo, Sergio Sayas López y Javier Noriega Gómez, Diputados.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/027003


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Palencia Rubio, Héctor (GP)


Rodríguez Calleja, Patricia (GP)


Muñoz Abrines, Pedro (GP)


Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP)


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Marí Bosó, José Vicente (GP)


Ibáñez Hernando, Ángel (GP)


Muñoz de la Iglesia, Ester (GP)


Marcos Ortega, Milagros (GP)


Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)


Pérez Coronado, Pablo (GP)


Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP)


Cabezón Casas, Tomás (GP)


Cantalapiedra Álvarez, María de las Mercedes (GP)


Velasco Morillo, Elvira (GP)


Tellado Filgueira, Miguel (GP)


Conde López, Francisco José (GP)


Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)


Garrido Valenzuela, Irene (GP)


Llamazares Domingo, Esther (GP)


De las Cuevas Cortés, Félix (GP)


Motivo por el que el Gobierno fijó como fecha de finalización de la concesión de la AP-6, AP-51 y AP-61 en el mes de noviembre de 2029, y no noviembre de 2024.


Acuerdo:


Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Héctor Palencia Rubio, Patricia Rodríguez Calleja, Pedro Muñoz Abrines, María Eugenia Carballedo Berlanga, José Vicente Marí Bosó, Ángel Ibáñez Hernando, Ester Muñoz de la Iglesia, Milagros Marcos Ortega, José Antonio Bermúdez de Castro
Fernández, Pablo Pérez Coronado, María del Socorro Cuesta Rodriguez, Tomás Cabezón Casas, Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Elvira Velasco Morillo, Miguel Tellado Filgueira, Francisco José Conde López, Ana Belén Vázquez Blanco, Irene Garrido
Valenzuela, Esther Llamazares Domingo y Félix de las Cuevas Cortés, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.


El Gobierno de España adjudicó en noviembre de 2024 la redacción del estudio informativo A30239002270, titulado «Actuaciones para adaptar la AP-6, AP-51 y AP- 61 a un escenario sin peajes», un proyecto destinado a analizar las alternativas
ante la «previsible» futura finalización de la concesión actual, que el Gobierno fijó en la fecha más lejana, noviembre de 2029.


Por lo que preguntamos:


1. ¿Por qué motivo el Gobierno fijó como fecha de finalización de la concesión de la AP-6, AP-51 y AP-61 el mes de noviembre de 2029, y no noviembre de 2024?


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2. ¿Cómo justifica la elección del plazo más lejano hasta noviembre de 2029?


En virtud del derecho reconocido en el artículo 111 de la Constitución Española y del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se solicita que cada una de las preguntas formuladas sea respondida de forma diferenciada,
precisa y completa, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de las funciones de control parlamentario.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Héctor Palencia Rubio, Patricia Rodríguez Calleja, Pedro Muñoz Abrines, María Eugenia Carballedo Berlanga, José Vicente Marí Bosó, Ángel Ibáñez Hernando, Ester Muñoz de la
Iglesia, Milagros Marcos Ortega, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Pablo Pérez Coronado, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Tomás Cabezón Casas, Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Elvira Velasco Morillo, Miguel Tellado Filgueira, Francisco
José Conde López, Ana Belén Vázquez Blanco, Irene Garrido Valenzuela, Esther Llamazares Domingo y Félix De las Cuevas Cortés, Diputados.


184/028669


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Álvaro Vidal, Francesc-Marc (GR)


Criterios de méritos, idoneidad y transparencia que se han seguido para nombrar a don Eugenio Pereiro como Director General de Coordinación y Estudios y asociación de esta persona con la dirección de infiltraciones policiales en movimientos
cívicos no violentos.


Acuerdo:


Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr.
Diputado autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El diputado Francesc-Marc Álvaro Vidal del Grupo Parlamentario Republicano, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas y solicita su
contestación por escrito.


Exposición de motivos


El 15 de septiembre de 2025 se anunció que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, proponía a Eugenio Pereiro Blanco como nuevo Director General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior. Este cargo —considerado el
«número


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tres» del departamento— acumula competencias estratégicas que incluyen la coordinación de dispositivos policiales, la supervisión de la protección de infraestructuras críticas y ciberseguridad, así como la gestión de los fondos reservados,
un ámbito especialmente sensible y de difícil control democrático.


El nombramiento de Pereiro no puede ser analizado solo en clave de trayectoria profesional o experiencia en materia policial. Hay que tener en cuenta que, como responsable de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional, fue el máximo
dirigente bajo el que se impulsaron y ejecutaron operaciones de infiltración en movimientos sociales, juveniles, sindicales y políticos. Estas prácticas —que han sido ampliamente documentadas por los medios de comunicación y denunciadas por
entidades de derechos humanos— consisten en la introducción de agentes encubiertos en organizaciones cívicas y activistas, no vinculadas a actividades terroristas, sino al ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de asociación, de
expresión y de protesta.


El uso sistemático de la infiltración policial en movimientos sociales genera serias inquietudes en una democracia avanzada, ya que supone:


— Una potencial vulneración del derecho de reunión y asociación recogidos en la Constitución.


— Una criminalización del activismo pacífico, que lo equipara de facto con amenazas terroristas o de seguridad nacional.


— Una falta de transparencia y de control judicial suficiente sobre operaciones que pueden alterar la vida política y social.


En este contexto, resulta alarmante que una persona identificada con estas estrategias sea situada ahora al frente de un organismo que concentra poder en materia de seguridad interior y control presupuestario. No solo se trata de un
nombramiento personal, sino de un mensaje político sobre la dirección del Ministerio del Interior y sus prioridades: si se reforzará la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos civiles, o si se consolidará una línea de
tolerancia con prácticas de dudosa legitimidad democrática.


Por todo lo expuesto, se plantean las siguientes preguntas parlamentarias:


1. ¿Puede explicar el Gobierno qué criterios de méritos, idoneidad y transparencia se han seguido para nombrar a Eugenio Pereiro como Director General de Coordinación y Estudios, más allá de la confianza personal del ministro del Interior?


2. ¿Tiene el Gobierno conocimiento y asume responsabilidad respecto a las operaciones de infiltración en movimientos sociales y políticos autorizadas o ejecutadas durante la etapa en la que Eugenio Pereiro fue máximo responsable de la lucha
antiterrorista?


3. ¿Considera el Gobierno que es democráticamente aceptable que una persona asociada con la dirección de infiltraciones policiales en movimientos cívicos no violentos gestione ahora los fondos reservados y la planificación de políticas de
seguridad nacional?


4. ¿Puede detallar el Gobierno qué protocolos de autorización, seguimiento y rendición de cuentas se han aplicado y se aplicarán en las operaciones de infiltración policial y si estos protocolos son compatibles con la jurisprudencia europea
en materia de derechos humanos?


5. ¿Está dispuesto el Gobierno a facilitar al Parlamento información desclasificada sobre el número, la naturaleza y los objetivos de las infiltraciones policiales en movimientos sociales bajo la dirección de Eugenio Pereiro?


6. ¿Tiene previsto el Gobierno impulsar una reforma legal o reglamentaria que prohíba de forma explícita las infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos que no estén vinculados a actividades criminales o terroristas, para
garantizar el respeto a los derechos fundamentales?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.


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A la Mesa del Congrés dels Diputats


El diputat Francesc-Marc Álvaro Vidal del Grup Parlamentari Republicà, a l’empara del que es disposa en l'article 185 i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern espanyol les següents preguntes, sol·licitant la seva resposta per
escrit.


Exposició de motius


El 15 de setembre de 2025 es va anunciar que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, proposava a Eugenio Pereiro Blanco com a nou Director General de Coordinación y Estudios del Ministeri de l’Interior. Aquest càrrec
—considerat el «número tres» del departament— acumula competències estratègiques que inclouen la coordinació de dispositius policials, la supervisió de la protecció d’infraestructures crítiques i ciberseguretat, així com la gestió dels fons
reservats, un àmbit especialment sensible i de difícil control democràtic.


El nomenament de Pereiro no pot ser analitzat només en clau de trajectòria professional o experiència en matèria policial. Cal tenir en compte que, com a responsable de la lluita antiterrorista de la Policia Nacional, va ser el màxim
dirigent sota el qual es van impulsar i executar operacions d’infiltració en moviments socials, juvenils, sindicals i polítics. Aquestes pràctiques —que han estat àmpliament documentades pels mitjans de comunicació i denunciades per entitats de
drets humans— consisteixen en la introducció d’agents encoberts en organitzacions cíviques i activistes, no vinculades a activitats terroristes, sinó a l’exercici de drets fonamentals com la llibertat d’associació, d’expressió i de protesta.


L’ús sistemàtic de la infiltració policial en moviments socials genera serioses inquietuds en una democràcia avançada, ja que suposa:


— Una vulneració potencial del dret de reunió i associació recollits a la Constitució.


— Una criminalització de l’activisme pacífic, equiparant-lo de facto amb amenaces terroristes o de seguretat nacional.


— Una manca de transparència i de control judicial suficient sobre operacions que poden alterar la vida política i social.


En aquest context, resulta alarmant que una persona identificada amb aquestes estratègies sigui situada ara al capdavant d’un organisme que concentra poder en matèria de seguretat interior i control pressupostari. No es tracta només d’un
nomenament personal, sinó d’un missatge polític sobre la direcció del Ministeri de l’Interior i les seves prioritats: si es reforçarà la transparència, la rendició de comptes i el respecte als drets civils, o si es consolidarà una línia de
tolerància amb pràctiques de dubtosa legitimitat democràtica.


Per tot l’exposat es plantegen les properes preguntes parlamentàries:


1. Pot explicar el Govern quins criteris de mèrits, idoneïtat i transparència s’han seguit per nomenar Eugenio Pereiro com a Director General de Coordinación y Estudios, més enllà de la confiança personal del ministre de l’Interior?


2. Té el Govern coneixement i assumeix responsabilitat respecte a les operacions d’infiltració en moviments socials i polítics autoritzades o executades durant l’etapa en què Eugenio Pereiro va ser màxim responsable de la lluita
antiterrorista?


3. Considera el Govern que és democràticament acceptable que una persona associada amb la direcció d’infiltracions policials en moviments cívics no violents gestioni ara els fons reservats i la planificació de polítiques de seguretat
nacional?


4. Pot detallar el Govern quins protocols d’autorització, seguiment i rendició de comptes s’han aplicat i s’aplicaran en les operacions d’infiltració policial, i si aquests protocols són compatibles amb la jurisprudència europea en matèria
de drets humans?


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5. Està disposat el Govern a facilitar al Parlament informació desclassificada sobre el nombre, la naturalesa i els objectius de les infiltracions policials en moviments socials sota la direcció d’Eugenio Pereiro?


6. Té previst el Govern impulsar una reforma legal o reglamentària que prohibeixi de manera explícita les infiltracions policials en moviments socials i polítics que no estiguin vinculats a activitats criminals o terroristes, per garantir
el respecte als drets fonamentals?


Congrés dels Diputats, 17 de octubre de 2025.—Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.


184/028944


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Estrems Fayos, Etna (GR)


Opinión del Gobierno acerca del veto de la Federación Española de Baloncesto a la equipación del Club Deportivo Bisbal Bàsquet que se basa en la bandera estelada catalana.


Acuerdo:


Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la
Sra. Diputada autora de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


La Diputada Etna Estrems Fayos del Grupo Parlamentario Republicano, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas y solicita su contestación por
escrito.


Exposición de motivos


La Federación Española de Baloncesto ha vetado la equipación oficial del Club Deportivo Bisbal Bàsquet, que se basa en la bandera estelada catalana.


El motivo de este veto es, según la Federación Española de Baloncesto, la vulneración de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del deporte, así como de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte.


Estas normas prohíben el uso de banderas o pancartas que inciten al odio o a la discriminación. Sin embargo, la estelada no supone incitación alguna al odio ni a la discriminación, mientras que su prohibición puede constituir una
vulneración de la libertad de expresión.


El Club Deportivo Bisbal Bàsquet lleva ocho años utilizando esta equipación de manera oficial y en competiciones de ámbito estatal de la misma categoría (Segunda FEB,


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la tercera división estatal), sin que hasta ahora haya sido vetada. Ni el Club entiende esta decisión de la Federación Española.


Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas al Gobierno español para su contestación por escrito:


1. ¿Cuál es la opinión del Gobierno español sobre el veto de la Federación Española de Baloncesto en la equipación del Club Deportivo Bisbal Bàsquet?


2. ¿El Gobierno español considera justificado prohibir la presencia de la bandera estelada en una equipación deportiva?


3. ¿Tiene previsto el Gobierno actuar para evitar que las federaciones deportivas se extralimiten en la interpretación de las prohibiciones relativas a banderas y símbolos?


4. ¿Tiene previsto el Gobierno español impulsar modificaciones legislativas para garantizar que símbolos democráticos y no discriminatorios como la bandera estelada no puedan ser prohibidos en el ámbito deportivo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2025.—Etna Estrems Fayos, Diputada.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


La Diputada Etna Estrems Fayos del Grup Parlamentari Republicà, a l'empara del que es disposa en l'article 185 i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern espanyol les següents preguntes, sol·licitant la seva resposta per
escrit.


Exposició de motius


El Club Esportiu Bisbal Bàsquet ha vist vetada per part de la Federació Espanyola de Bàsquet la seva equipació oficial, que es basa en la bandera estelada catalana.


El motiu d’aquest veto és, segons la Federació Espanyola de Bàsquet, la vulneració de la Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l’Esport, així com de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la
Intolerància en l’Esport.


Aquestes normes prohibeixen l’ús de banderes o pancartes que incitin a l’odi o a la discriminació. Tanmateix, l’estelada no suposa cap incitació a l’odi ni discriminació, mentre que prohibir-la pot constituir una vulneració de la llibertat
d’expressió.


El Club Esportiu Bisbal Bàsquet ja fa vuit anys que utilitza aquesta equipació de manera oficial i en competicions d’àmbit estatal de la mateixa categoria (Segona FEB, la tercera divisió estatal), sense que fins ara hagi estat vetada. Ni el
Club no entén aquesta decisió de la Federació Espanyola.


Per tot l’exposat, es formulen les següents preguntes al Govern espanyol per a ser respostes per escrit:


1. Quina és l’opinió del Govern espanyol sobre el veto de la Federació Espanyola de Basquet a l’equipació del Club Esportiu Bisbal Bàsquet?


2. El Govern espanyol considera justificat prohibir la presència de la bandera estelada en una equipació esportiva?


3. Té previst el Govern actuar per evitar que les federacions esportives s’extralimitin en la interpretació de les prohibicions relatives a banderes i símbols?


4. Té previst el Govern espanyol impulsar modificacions legislatives per garantir que símbols democràtics i no discriminatoris com la bandera estelada no puguin ser prohibits en l’àmbit esportiu?


Congrés dels Diputats, 13 d´octubre de 2025.—Etna Estrems Fayos, Diputada.


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184/029690


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Cofiño Fernández, Rafael (GSUMAR)


Cumplimiento de la toponimia oficial asturiana en la red de Cercanías.


Acuerdo:


Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A finales de 2023 entidades y colectivos del ámbito de la defensa de la llingua asturiana llamaron la atención sobre multitud de deficiencias en el uso de la toponimia oficial en materia de señalética, cartelería, avisos por megafonía y
comunicaciones al público en el conjunto de la red ferroviaria gestionada por Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en Asturies). Tras ello, la situación se subsanó. Sin embargo, de nuevo las entidades en defensa de la llingua
asturiana hacen notar la atención sobre las deficiencias en la adopción de la toponimia oficial a la lo largo de la red gestionada por Adif. En concreto, la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana ha denunciado que las pantallas de la Estación
del Norte de Oviedo no emplean la toponimia oficial.


Hay que recordar que el cumplimiento de la toponimia oficial no es únicamente una muestra de compromiso con la recuperación del patrimonio sociocultural de Asturies, sino que se trata de un imperativo legal, tal y como establecen la Ley 1/98
de 23 de marzo de Uso y Promoción del Asturiano, el decreto 38/2002 de 4 de abril por el que se regula la Xunta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias y el Decreto 98/2002 de 18 de julio por el que se establece el procedimiento de
recuperación y fijación de la toponimia asturiana.


Por todo lo anteriormente se plantean las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta escrita:


— ¿Es consciente el Ministerio competente de que las pantallas informativas de la Estación del Norte de Uviéu vulneran la toponimia oficial asturiana recogida en la normativa previamente citada? ¿Se extiende esa vulneración al resto de
pantallas informativas de la red ferroviaria gestionada por Adif en Asturies? ¿Qué acciones prevé para subsanarlo?


— ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la toponimia oficial asturiana en materia de señalética, cartelería, comunicaciones y avisos a lo largo de la red ferroviaria gestionada por Adif en Asturies?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.—Rafael Cofiño Fernández, Diputado.