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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 417, de 24/10/2025
cve: BOCG-15-D-417
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de octubre de 2025
Núm. 417
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000609
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a una bajada drástica de los impuestos relacionados con la vivienda ... (Página3)
162/000610
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al coste de la inmigración masiva ... (Página5)
162/000611
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para respaldar y dar cumplimiento al Manifiesto Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita por la supresión del peaje del Huerna (AP-66)
... (Página8)
162/000612
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, contra el recorte planteado por la Comisión Europea de los fondos de la PAC ... (Página10)
162/000613
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para el reajuste y actualización de los protocolos antiincendios a la realidad del cambio climático, para el fomento y el fortalecimiento de las prácticas agroganaderas en la
prevención de incendios ... (Página11)
162/000614
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar y optimizar el servicio de atención al público por parte de la Administración de la Seguridad Social, singularmente en el sistema de cita previa
... (Página13)
162/000615
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 40 aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad y de reconocimiento a la figura de Ernest Lluch ... (Página16)
162/000616
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para proteger a las víctimas contra los efectos del negacionismo de la violencia de género ... (Página17)
162/000617
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a financiar debidamente y sin más demora la «Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral
Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible» ... (Página18)
162/000618
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implementar una política migratoria ordenada, legal y humana ... (Página21)
162/000619
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la desafectación del dominio público marítimo-terrestre de los núcleos urbanos, identificados en el anexo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección
y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas ... (Página23)
162/000620
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para seguir eliminando las barreras comunes al ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario, y
reconocido en nuestro ordenamiento jurídico ... (Página26)
162/000621
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el compromiso de España en la lucha contra el cambio climático en la COP 30 ... (Página28)
162/000622
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el reconocimiento a María Corina Machado tras la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 ... (Página30)
162/000623
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la inscripción de la candidatura de la Tauromaquia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO ... (Página32)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a una bajada drástica de los impuestos relacionados con la vivienda, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Asistimos en España a una emergencia habitacional sin precedentes: la oferta de casas se ha desplomado y la demanda española ha sido precarizada y forzada a sufrir competencia desleal. Las ciudades españolas donde se concentran las
oportunidades laborales se han convertido en zonas hostiles, especialmente para los jóvenes españoles, y la inmigración masiva ha inundado nuestros municipios haciéndolos inhabitables o inaccesibles.
Desde 2020, la oferta de vivienda en alquiler permanente ha caído más de la mitad en España (56 %), mientras que los precios se han incrementado un 30 % en este periodo. En 2011, el 70 % de los menores de 35 años eran dueños de sus casas;
hoy solo el 31 %. En los años 90 comprar una casa suponía 3 años y medio de salario bruto anual; hoy, en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Palma supera los 10 años. Y más del 40 % de las familias destinan más del 40 % de sus ingresos a
pagar alquiler. Aun así, el gobierno de Sánchez, con la ayuda del Partido Popular y con la colaboración de las mafias de tráfico de personas, ha importado tres millones de inmigrantes en apenas siete años. El resultado es más precariedad para más
gente.
Además, según un estudio de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), entre el 22-32 % del precio de la vivienda son impuestos. Es decir, mientras los españoles padecen la exclusión residencial, los sucesivos gobiernos
nacionales, autonómicos y municipales del bipartidismo han decidido hacer negocio con su miseria y prácticamente un tercio del importe total de un inmueble es directamente imputable a impuestos o tasas. Es una indecencia que las administraciones
públicas sigan batiendo récords en recaudación mientras los españoles baten récord en infravivienda.
En VOX tenemos claro que para poder llevar a cabo rebajas fiscales de manera masiva con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda de los españoles, tanto en régimen de alquiler como en propiedad, es necesario proceder urgentemente a
un control exhaustivo de nuestras fronteras y, del mismo modo, llevar a cabo la construcción masiva de vivienda pública, así como agilizar administrativamente y promover fiscalmente la construcción masiva de vivienda libre, asegurando la prioridad
nacional en el acceso a la vivienda. De lo contrario, los beneficios fiscales se convertirían en una transferencia de rentas al arrendador/vendedor.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acometer las modificaciones oportunas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con el objetivo de considerar la vivienda habitual de los españoles dentro de los productos y servicios gravados con
el tipo superreducido del IVA.
2. Presionar a la Comisión Europea para modificar la.Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido para poder dotar a los Estados miembros de la Unión de la posibilidad de aplicar a la compra de
vivienda habitual el tipo reducido inferior al 5 % o la exención del IVA.
3. Acometer la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para establecer una
bonificación del 100 % de la cuota tributaria para la compra de vivienda habitual por parte de un español, y hasta entonces, realizar las modificaciones normativas necesarias para permitir su pago en diferido hasta un máximo de 15 años y sin
intereses.
4. Proceder a la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, especialmente urgente en los casos en los que el destino de las transmisiones sea la adquisición de vivienda habitual, en todo el territorio nacional.
5. Suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio mediante la derogación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio y toda su normativa de desarrollo en todo el territorio nacional, impuesto que supone confiscaciones
injustas, duplicadas y desproporcionadas del patrimonio de los españoles.
6. Recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF para que los españoles con préstamo hipotecario vigente para su vivienda habitual puedan deducirse los intereses que abonan y compensar directamente en sus bolsillos la
subida de tipos de interés, favoreciendo la adquisición en propiedad.
7. Extender a toda la Nación la deducción por gastos de alquiler en el IRPF para que todos los españoles con contratos de alquiler puedan deducirse parte de su coste y compensar directamente en sus bolsillos la subida del IPC.
8. Modificar la Ley Reguladora de Haciendas Locales para aumentar los supuestos de bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), como en el caso de las familias en las que uno de los cónyuges decida dedicarse al cuidado de sus
hijos.
9. Impulsar la bonificación al máximo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) los supuestos permitidos por ley, priorizando las familias numerosas, y siempre que se trate de la vivienda habitual.
10. Promover la bonificación al máximo el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para todas aquellas reformas que tengan como objeto facilitar la conciliación familiar en la vivienda habitual, así como adaptar las
viviendas para personas con discapacidad, favoreciendo el arraigo de las familias españolas en sus municipios de toda la vida y priorizando a las familias numerosas y a las personas con discapacidad.
11. Impulsar una exhaustiva revisión de todas las tasas municipales con el objeto de suprimir y/o bonificar todas aquellas tasas involucradas en el proceso edificatorio y que provocan un encarecimiento del precio final de los inmuebles.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío De Meer Méndez y David García Gomis, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley como respuesta al coste de la inmigración masiva, para su discusión ante el Pleno.
Exposición de motivos
España lleva décadas enfrentándose a una emergencia demográfica sin precedentes, con una tasa de natalidad de 1,12 hijos por mujer, lo que representa la segunda tasa de natalidad más baja de la Unión Europea, muy por debajo de la tasa de
reemplazo generacional. Es decir, España va a perder en cada generación el 40 % de su población nativa. En este contexto, hay dos alternativas posibles:
Por un lado, la fórmula del bipartidismo, que consiste en importar de forma masiva y descontrolada culturas incompatibles con la nuestra y con baja cualificación. El resultado no podía ser otro: precarización del mercado laboral, pérdida
de identidad cultural, aumento de la inseguridad y de la criminalidad, degradación de nuestros barrios y aumento del gasto social sin priorizar a los españoles más necesitados.
Por otro lado, la fórmula de VOX, que consiste en fomentar la natalidad para revertir el invierno demográfico, garantizar empleos dignos, facilitar el acceso a una vivienda, bajar impuestos y reindustrializar España. Del mismo modo, esta
fórmula se basa en apoyar a las familias españolas y recuperar el principio básico de que la solidaridad intergeneracional solo puede sostenerse con españoles trabajando y formando familias, en ningún caso a costa de importar mano de obra barata del
extranjero.
El discurso en virtud del cual millones de inmigrantes son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de las pensiones es falso, tal y como demuestra, entre otros, el Informe sobre el Coste de la Inmigración publicado recientemente
por la Fundación Disenso. Los datos demuestran que, salvo en casos muy excepcionales de alta cualificación, la inmigración poco cualificada no compensa el déficit estructural de nuestro sistema sino todo lo contrario. Las estimaciones muestran que
solo a partir de 45.000 euros anuales de salario medio una persona logra una contribución positiva neta a lo largo de su ciclo vital. Según los datos provenientes de la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la
mayoría de sus salarios medios se sitúan entre los 14.000 y los 20.000 euros.
Si aun así aceptáramos la premisa de que la inmigración puede contribuir a la sostenibilidad de las pensiones, lo cierto es que los inmigrantes ya residentes en España presentan tasas de desempleo muy superiores a las de la población nativa,
siendo el caso de los inmigrantes de origen africano muy ilustrativo: su tasa de paro alcanza el 25 %, según los datos del último trimestre de 2024 del INE, mientras que la tasa de paro general en España se sitúa en el entorno del 10 %. Mientras
esta situación no se
corrija y no se logre el pleno empleo entre la población inmigrante ya instalada en nuestro país, no existe justificación para seguir incrementando los flujos de entrada bajo el pretexto de «pagar las pensiones».
La situación se replica en materia de vivienda, donde el impacto inmigratorio está siendo decisivo en la actual emergencia habitacional. Desde 2020, la oferta de vivienda en alquiler permanente ha caído más de la mitad en España (56 %),
mientras que los precios se han incrementado un 30 % en este periodo. Al mismo tiempo, desde que está Sánchez, hay casi 3 millones de inmigrantes más, y esa cifra sigue subiendo. A su vez, en los últimos años se ha triplicado el stock de vivienda
en manos extranjeras y fondos. En 2007, los compradores extranjeros de una vivienda eran sólo el 7,5 % del total, mientras que en 2024 esta cifra se elevó al 20,9 % del total de las operaciones.
España debe adoptar una política migratoria clara y firme: no debe entrar ni un inmigrante más en nuestro país mientras persistan los actuales niveles de desempleo y déficit fiscal asociados, así como una emergencia habitacional severa; no
debe regularizarse a ningún inmigrante ilegal, puesto que ello solo incentiva nuevas llegadas; y debe avanzarse en la deportación de todos aquellos que residan en España de manera ilegal, garantizando así el respeto a la legalidad y la protección
de nuestro Estado de bienestar.
Las pensiones no se defienden con inmigración masiva, se defienden con políticas serias y valientes al servicio de los españoles. La mentira repetida durante años por los gobiernos del PP y del PSOE de que necesitamos millones de
inmigrantes para sostener las pensiones es falsa y los datos muestran exactamente lo contrario: la inmigración poco cualificada no paga las pensiones, es de naturaleza extractiva, detrae más recursos de los que aporta. Resulta contradictorio que
los mismos que mienten afirmando que la inmigración nos pagará las pensiones oculten que las tasas de desempleo de los extranjeros superan holgadamente las de los españoles.
Con unas cifras desorbitadas de paro, uno de cada cuatro desempleados en España son extranjeros, España no necesita inmigración a corto y medio plazo. No tiene sentido que se insista en importar inmigrantes de forma masiva mientras tenemos
millones de parados españoles y extranjeros.
Actualmente, más de 3,9 millones de inmigrantes viven en nuestra Nación sin trabajar, representando el 58 % del total, alrededor de 7 millones de extranjeros. Si a estas cifras unimos la ausencia de prioridad nacional en el acceso a
cualquier ayuda/prestación pública, observamos cómo no sólo estamos endeudando a los españoles de a pie sino que, además, se están quedando fuera del reparto social. Este patrón no es exclusivo de España. Países con mayor tradición de análisis
sobre el impacto fiscal de la inmigración han llegado a conclusiones similares.
En Dinamarca, el Ministerio de Finanzas publicó un informe exhaustivo en el que se comparaban las aportaciones y gastos asociados a diferentes tipos de inmigración. El resultado fue contundente: los inmigrantes procedentes de países no
occidentales generan cada año un déficit fiscal de más de 4.400 millones de euros. Este saldo negativo persistía incluso en la segunda generación. Por el contrario, los inmigrantes occidentales o altamente cualificados presentaban balances neutros
o ligeramente positivos. Este diagnóstico llevó a Dinamarca a reformular sus políticas migratorias, estableciendo criterios más exigentes para la entrada y acceso a determinadas prestaciones sociales.
En Países Bajos, el CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis llegó a conclusiones similares. Según sus cálculos, los inmigrantes no occidentales y sus descendientes suponían un coste neto de 167.000 euros por persona a lo largo
de su ciclo de vida. El estudio destacaba que, incluso cuando los inmigrantes poco cualificados encontraban empleo, sus aportaciones no lograban compensar el uso de servicios públicos a lo largo de toda la vida. Además, se observaba que los hijos
de inmigrantes poco cualificados tendían a reproducir el mismo patrón, prolongando los déficits fiscales Ínter generacionalmente.
Estos ejemplos demuestran que la cuestión no es estar a favor o en contra de la inmigración en abstracto, sino reconocer y contrastar los efectos concretos y tangibles de los distintos tipos de inmigración. Una inmigración cualificada, con
salarios elevados y alta participación en el mercado laboral puede aportar un saldo positivo, o neutro. Sin embargo, la inmigración masiva y poco cualificada, que es la que ha recibido España en las últimas décadas, genera sistemáticamente un
déficit para las cuentas públicas y, por tanto, no puede ser presentada como la solución a nuestros problemas demográficos ni económicos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Proceder a la remigración de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación e impedir que puedan acceder a cualquier tipo de ayuda social o servicio público.
2. Proceder a la remigración de cualquier inmigrante legal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como de todo aquel que decida no integrarse en la cultura de la Nación que lo acoge o intente imponer la suya.
3. Auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años con el fin de evitar el fraude y revocar la de todos aquellos que hayan accedido de manera fraudulenta a la misma.
4. Realizar las modificaciones legales oportunas a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a nuestra Nación.
5. Establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la
economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles. En todo caso, el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización.
6. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.
7. Promover incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles. A su vez, establecer criterios de reciprocidad con todos los países que restrinjan de alguna forma la contratación de españoles.
8. Implementar una política migratoria firme, ordenada y de acuerdo con las necesidades de nuestro mercado laboral, asegurando en todo momento la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles, así como la
capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres.
9. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la
inmigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.
10. Establecer un régimen fiscal específico y disuasorio para la adquisición de viviendas por parte de capital extranjero, con el fin de proteger el acceso a la vivienda por parte de los españoles. Los ingresos generados por esta
fiscalidad especial se destinarán íntegramente a financiar bonificaciones fiscales y ayudas directas para jóvenes españoles, así como a la promoción de vivienda protegida de acceso exclusivo para españoles.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000611
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para respaldar y dar cumplimiento al Manifiesto Alianza por las
Infraestructuras del Estado que Asturias necesita por la supresión del peaje del Huerna (AP-66), para su debate en el Pleno del Congreso.
Exposición de motivos
La exposición de motivos de esta Proposición no de ley reproduce a continuación, y de forma literal, el Manifiesto Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita por la supresión del Peaje del Huerna (AP-66), emitido el 29
de septiembre de 2025.
Manifiesto Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita por la supresión del peaje del Huerna (AP-66)
Los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita declaramos que nuestra comunidad no puede seguir soportando cargas injustas que limitan su desarrollo, penalizan su economía y debilitan la cohesión
territorial.
El peaje de la autopista del Huerna (AP-66), cuya vigencia expiraba en octubre de 2021, fue prorrogado en el año 2000 hasta 2050 por el Gobierno de la Nación. Esta prórroga constituye un agravio histórico que condiciona la vida de miles de
asturianas y asturianos y sitúa a nuestra región en desventaja frente a otros territorios del Estado.
La reciente resolución de la Comisión Europea, dictada el 17 de julio de 2025 en el procedimiento de infracción INFR(2021)4052, confirma lo que venimos denunciando desde hace décadas: las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9
y AP-66 fueron contrarias al Derecho de la Unión Europea y vulneraron los principios de igualdad, transparencia y servicio al interés general.
Dictamen de la Comisión Europea: irregularidades detectadas
1. Prórrogas sin licitación ni publicidad.
Las ampliaciones de las concesiones (25 años adicionales en la AP-9 y 29 años en la AP-66) modificaron sustancialmente los contratos originales.
Según la jurisprudencia europea, cualquier modificación de este tipo equivale a una nueva adjudicación, que debía haberse sometido a concurso público abierto y transparente. España incumplió este procedimiento, vulnerando la normativa
comunitaria.
2. Vulneración de los principios de igualdad y transparencia.
Las concesionarias obtuvieron beneficios desproporcionados: plazos de explotación extraordinariamente largos, ventajas fiscales, rentabilidad asegurada y una posición privilegiada frente a la competencia.
El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2004 que estas decisiones trasladaban los costes al Estado y a los usuarios, mientras se otorgaban beneficios privados injustificados.
3. Uso indebido de la excepción in house.
El Gobierno alegó que, al ser públicas en 2000, las concesionarias podían recibir la prórroga directamente. La Comisión Europea rechazó este argumento porque la privatización de ENAUSA ya estaba en marcha desde 1999. No se trataba de
reforzar la gestión pública, sino de preparar las concesiones para su venta. La excepción fue invocada de manera abusiva.
4. Prórrogas vinculadas a la privatización.
El dictamen demuestra que las prórrogas no respondieron a necesidades de equilibrio económico-financiero, sino a la voluntad de hacer más rentable la privatización de ENAUSA. Sin estas prórrogas, la venta habría sido mucho menos atractiva
para los compradores. La consecuencia directa fue que la ciudadanía quedó sometida durante décadas a un peaje injusto.
Estas irregularidades han tenido un impacto directo en la economía de nuestra región, incrementando artificialmente el coste de las comunicaciones y limitando la competitividad y cohesión territorial de Asturias frente a otras comunidades
autónomas.
El dictamen, emitido en aplicación del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce que Asturias ha sido víctima de un proceso irregular y lesivo para el interés general y constituye la antesala de un
recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Compromisos de la Alianza
Con este manifiesto, nos comprometemos a impulsar la movilización política y social, así como a promover todas aquellas iniciativas y actuaciones jurídicas y administrativas necesarias para lograr la supresión del peaje del Huerna.
Para ello, el Gobierno del Principado de Asturias asume el liderazgo de los siguientes compromisos:
1.ª Coordinar actuaciones a todos los niveles.
Promoveremos acciones políticas, jurídicas y administrativas orientadas a consolidar la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita, incorporando a todos los actores políticos, sociales y económicos para reforzar la
posición de Asturias en esta reivindicación común.
2.ª Movilizar a la sociedad asturiana.
Fomentaremos la participación activa de la ciudadanía, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones empresariales y demás colectivos, garantizando que esta causa cuente con un respaldo amplio y sólido en todos los ámbitos pertinentes.
3.ª Desarrollar una estrategia integral.
Elaboraremos un documento estratégico que recoja de manera exhaustiva la posición de Asturias sobre la supresión del peaje del Huerna, así como toda la documentación técnica y jurídica precisa para su remisión a todos los ámbitos y
procedimientos autonómicos, estatales y europeos pertinentes, con el objetivo de lograr la nulidad de la prórroga.
4.ª Defender la legitimidad europea y la justicia histórica.
Recordaremos constantemente que las prórrogas fueron ilegales y contrarias al interés general, asegurando que esta causa no se plantea como un privilegio, sino como la reparación de un agravio causado por decisiones injustas y contrarias a
derecho.
5.ª Exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el cumplimiento del dictamen europeo.
Reiteraremos la necesidad de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que asuma jurídicamente el dictamen de la Comisión Europea y proceda a la eliminación del peaje de la AP-66, iniciando los procedimientos administrativos a
tal efecto y garantizando la participación activa de Asturias en todo el proceso abierto.
Asimismo, y hasta que concluyan los procedimientos administrativos y/o jurídicos que permitan anular la prórroga y sea efectiva la eliminación del peaje de la AP-66,
solicitamos que, para evitar ahondar en la injusticia que supone esta carga impositiva, se bonifique desde el primer viaje el 100 % del importe a todos los usuarios.
Este manifiesto está abierto al respaldo de toda la sociedad asturiana, así como de cuantos colectivos y entidades deseen sumarse a esta causa común, que no es solo una cuestión económica, sino también un derecho a la igualdad territorial y
a la justicia europea.
Asturias no puede esperar más. Europa ha hablado con claridad: las prórrogas fueron contrarias al derecho y el peaje del Huerna carece de legitimidad.
Por la supresión del peaje del Huerna.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a respaldar y dar cumplimiento al Manifiesto Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita por la supresión del peaje del Huerna (AP-66).»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.Rafael Cofiño Fernández, Diputado.Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga y Martina Velarde Gómez integrantes de Podemos, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley contra el recorte planteado por la Comisión Europea de los fondos de la PAC, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La propuesta presupuestaria de la Comisión Europea, que hemos conocido este verano, implica para la Política Agraria Común (PAC) respecto al próximo marco financiero 2028-2034 un recorte de los fondos agrarios de un 22 %, al pasar de 387.000
millones de euros a 302.000 millones.
Esta propuesta de recorte en las políticas agrarias de la UE contrasta con la decisión de quintuplicar el gasto en defensa, por lo tanto, estamos hablando de un trasvase de fondos de las políticas agrarias de soberanía, suficiencia y
seguridad alimentaria hacia las políticas belicistas para alimentar al lobby industrial armamentístico al dictado del Trump y las políticas de guerra.
Esta propuesta de recorte de los fondos de la PAC, a su vez, lleva aparejada la eliminación del segundo pilar de la PAC, el pilar destinado a las políticas de desarrollo rural y de cohesión territorial, inversiones fundamentales para nuestro
país, que ya cuenta con un déficit estructural en cuanto a las diferencias en el desarrollo territorial de nuestras zonas rurales y los problemas derivados del proceso de despoblación que sufren amplias zonas de nuestros territorios.
La eliminación del «Segundo Pilar» liquidaría, en la práctica, muchas de las ayudas fundamentales para el mantenimiento y la sostenibilidad de nuestro sector primario como son las referidas a la modernización de explotaciones, de regadíos,
para la incorporación de jóvenes al campo o las ayudas al sector ecológico, así como eliminaría ayudas a infraestructuras e intervenciones tan necesarias para la vertebración de nuestros territorios.
La PAC no es solo una ayuda al mantenimiento de rentas de nuestros agricultores y ganaderos, ya de por sí éste un elemento crucial para la rentabilidad y sostenibilidad de nuestro sector primario, solo hace falta recordar que las ayudas a
los productores en nuestro país implican entre un 30 % y un 40 % de las rentas totales, lo es también y sobre todo para la viabilidad de nuestras explotaciones de pequeño y mediano tamaño las de carácter familiar, eje vertebrador esencial de la
cohesión social y territorial de nuestro rural.
La PAC, a día de hoy, aunque manifiestamente mejorable, es una garantía estratégica para la suficiencia y soberanía alimentaria, es condición de posibilidad en el suministro de alimentos seguros, sostenibles y asequibles.
El recorte de las políticas agrarias que plantea la Comisión Europea en pro de las políticas de guerra no es solo un dramático error estratégico que los pueblos de Europa acabaran pagando caro, es un error estructural de la carrera hacia
ninguna parte que nos lleva las políticas belicistas que ponen en riesgo la paz y nuestro futuro.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Rechazar de forma contundente y taxativa, por todos los medios a su alcance, a cualquier tipo de recorte en los fondos asignados a las Políticas Agrarias de la Unión Europea (PAC), así como oponerse frontalmente a la eliminación del
segundo pilar de la PAC.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.Martina Velarde Gómez, Diputada.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga y Martina Velarde Gómez, portavoz de la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación, integrantes de Podemos, presentan, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para el reajuste y actualización de los protocolos antiincendios a la realidad del cambio climático, para el fomento y
el fortalecimiento de las practicas agroganaderas en la prevención de incendios, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La dramática crisis sufrida este verano con el desarrollo de incendios de tercera generación, que han asolado amplios territorios en Castilla y león, Galicia y Extremadura, es la constatación de la evidencia científica respecto a la
agudización de los procesos meteorológicos directamente relacionados a la «crisis climática antropogénica» aumentando de manera incuestionable tanto la virulencia como la cantidad de eventos extremos.
Los aumentos cualitativos y cuantitativos de estos eventos extremos, observados tanto en los promedios mundiales, como en concreto en la temperatura del aire, mares y océanos que circunvalan nuestro país, procesos de deshielo generalizado o
el aumento del promedio mundial del nivel del mar nos revelan con toda su crudeza las alteraciones que está sufriendo nuestro clima global y sus derivadas locales.
Asociados a este calentamiento global también se ha producido de forma clara un aumento de la frecuencia e intensidad de diversos fenómenos climáticos extremos, olas de calor, sequías y precipitaciones intensas se vienen incrementando en
cantidad y virulencia desde la década de los años setenta del siglo pasado.
Este cambio climático de origen antropogénico trae asociado un incremento del peligro meteorológico, así como de las situaciones atmosféricas extremas, estos cambios relacionados con el clima sumados a la situación de abandono de nuestros
territorios rurales, ya sean por los procesos de despoblación como las variables socioeconómicas concretas contribuyen a aumentar la peligrosidad y los daños en el territorio y sus poblaciones.
Este proceso está ocasionado en el caso concreto de España, una de las regiones europeas con mayores impactos potenciales por incrementos del estrés térmico y ciclos de escasez de agua, que en concreto en los últimos 30 años los siniestros
relacionados con el clima han provocado un impacto calculado en 25.000 millones a los que hay que añadir la cuantificación final de los últimos incendios, son un enorme impacto para la economía del nuestro país.
La ola de calor extraordinario que ha atravesado España este verano pasado ha dejado un rastro de más de 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego más de 440 municipios dañados en un rural ya de por sí afectado por décadas de dejadez por
parte de las instituciones públicas, estas temperaturas extremas, desencadenadas y multiplicadas por el cambio climático, crean las condiciones ideales para proyectar, alimentar y extender los incendios forestales.
El daño económico directo de los incendios forestales de agosto de 2025 en España ya supera los 3.800 millones de euros, aunque la Comisión Europea estima un coste anual total de más de 71.600 millones de euros para España (4.5 % del PIB) en
concepto de impactos y costes de este fenómeno. Los daños directos incluyen la destrucción de viviendas y explotaciones agrícolas, así como el coste de las tareas de extinción, que en un solo verano superan los 500 millones de euros.
Los protocolos de actuación ante los incendios forestales deben de actualizarse a la nueva realidades extremas derivadas del cambio climático y a los nuevos ciclos anuales el ejemplo del incendio de la Sierra de la Culebra en Castilla y
León, cuyo protocolo en la comunidad autónoma, a día de hoy, que lleva sin actualizarse desde 1999 y presenta un texto obsoleto sin ninguna mención a la crisis climática devenida del cambio climático ni de los efectos ni comportamientos negativos
para la generación y propagación de los incendios forestales, es un dramático ejemplo de apatía institucional con devastadoras y dramáticas consecuencias hacia el medioambiente las poblaciones locales y el futuro de los territorios.
Es necesario redefinir las etapas de «riesgo alto», lo que implica el despliegue del 100 % de los efectivos y medios disponibles, consecuente con las nuevas situaciones medioambientales y los nuevos marcos temporales adaptados a la realidad
climática.
Así como también debe incorporar una escala en la lucha contra los incendios de esta etapa climática, incorporando las practicas agroganaderas extensivas antincendios en el conjunto del ciclo anual de trabajos de preservación y custodia del
territorio.
En la prevención de incendios es fundamental un territorio vivo, el mantenimiento de los caminos para tareas agrícolas, los depósitos de agua construidos y mantenidos por los agricultores, el cuidado de las parcelas agrícolas y ganaderas, la
planificación de espacios de discontinuidad del combustible, la plantación de especies de baja inflamabilidad y que inhiben el crecimiento de otras especies o especies con un elevado contenido de humedad que retrasan el avance del fuego los llamados
«cortafuegos verdes» también son tareas a desarrollar en los protocolos antiincendios en colaboración con agricultores y ganaderos en nuestros territorios.
Mención especial y entendemos fundamental tiene la necesidad de salvaguardar, extender y desarrollar las potencialidades de la ganadería extensiva, sobre todo los rebaños de cabras y ovejas que desarrollan un papel fundamental para el
control del
exceso de biomasa, el desbroce de caminos, vías pecuarias, y el mantenimiento las áreas de cortafuegos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Al reajuste y actualización de los protocolos antiincendios a la realidad del cambio climático.
El fomento y fortalecimiento estructural en el conjunto de las políticas públicas de las practicas agroganaderas amortiguadoras del cambio climático y la prevención de incendios, especialmente la promoción e impulso de la ganadería en
extensivo para la prevención de incendios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.Martina Velarde Gómez, Diputada.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000614
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley para mejorar y optimizar el servicio de atención al público por parte de la Administración de la Seguridad Social, singularmente en el sistema de cita previa.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión contemplada en la misma procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar y optimizar el servicio
de atención al público por parte de la Administración de la Seguridad Social, singularmente en el sistema de cita previa, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Tribunal de Cuentas, en su «Informe de Fiscalización sobre la Atención al Ciudadano en el ámbito de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, ejercicio 2023», aprobado por el Pleno el 25 de septiembre de 2025, ha
puesto de manifiesto deficiencias graves en la gestión de los servicios de atención al público que prové esta Administración, y que afectan de manera directa a millones de ciudadanos que recurren diariamente a las oficinas de la Seguridad Social
para ejercer sus derechos y acceder a prestaciones básicas.
El informe revela una modificación sustancial en los últimos años en la prestación del servicio de atención al ciudadano. Así, recoge expresamente, se ha pasado de una interacción basada casi exclusivamente en la atención presencial en
oficinas, hacia otros canales de comunicación, como el telefónico y más recientemente el telemático, impulsado por las innovaciones tecnológicas y circunstancias cambiantes, especialmente el COVID.
No obstante, el Gobierno no ha sido capaz de gestionar oportunamente esta transformación, motivando el informe del Tribunal de Cuentas, consecuencia inmediata de «las quejas de los ciudadanos en relación con los problemas de acceso a los
servicios de la Seguridad Social», que impulsó en 2022 el pronunciamiento del Defensor del Pueblo, y que ha supuesto la fiscalización de los procedimientos y sistemas de atención al ciudadano aplicados por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM).
Tanto en las entidades gestoras como en el servicio común, el Tribunal de Cuentas concluye que concurren criterios coincidentes en la atención al ciudadano: desequilibrios, deficiencias, dificultades, debilidades, desinformación,
insatisfacción, carencias... El informe manifiesta un evidente deterioro del servicio público, derivada de la falta de previsión, de medios y de planificación por parte del Ejecutivo.
En particular, se constatan dificultades en el sistema de cita previa (tanto presencial como telefónico), un instrumento que, lejos de facilitar la atención, se ha convertido en una barrera para los ciudadanos. Esta barrera se deriva, como
acredita el informe, de la falta de planificación y eficiencia, mientras el Gobieno no es capaz de revertir carencias como que los indicadores de gestión del INSS «no permiten conocer la demanda real de atención» o «no dispone de datos sobre los
intentos fallidos en el proceso de obtención de cita previa, ni del número de contactos precisos para su concertación, ni del volumen de personas que no llegaron a tener cita disponible y acudieron a otros canales».
Según el Tribunal de Cuentas, hasta un 20 % de las citas previas en oficinas de la Seguridad Social quedan sin uso por incomparecencia en varias de sus oficinas, y en la mayoría de las más de 400 oficinas analizadas, las incomparecencias
superan el 10 %. A ellos se suma el muy alto el porcentaje de incidencias en el sistema de cita previa, por no hablar de la enorme dificultad que supone lograr obtener una de estas citas por vía telemática.
El Tribunal de Cuentas también advierte de la falta de coordinación y de interoperabilidad entre las distintas entidades del sistema, lo que provoca duplicidades, errores y demoras innecesarias y recomienda, entre otras cuestiones, la
optimización del sistema de cita previa, la simplificación de trámites y la posibilidad de que determinadas prestaciones sean reconocidas de oficio, algo que el Gobierno no ha contemplado ni desarrollado normativamente.
Todas estas deficiencias no son nuevas (de hecho han sido denunciadas por el Partido Popular en numerosas ocasiones los últimos años), pero su persistencia en el tiempo refleja la ineficiencia de la gestión actual del Gobierno en un ámbito
que constituye uno de los pilares del Estado del bienestar. La ausencia de un plan de choque efectivo para mejorar la atención al ciudadano en la Seguridad Social, pese a las reiteradas advertencias de instituciones y organismos, es una muestra del
desinterés y la falta de liderazgo político en una materia esencial para la vida de los españoles.
El Partido Popular considera que es urgente revertir esta situación y recuperar una atención pública eficaz, accesible y de calidad, que devuelva la confianza de los ciudadanos en el adecuado funcionamiento de los servicios públicos
(especialmente en uno de tanta relevancia como éste) y garantice el acceso igualitario a sus derechos sociales, con independencia del lugar de residencia o de la capacidad tecnológica de cada persona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Elaborar un plan que recoja las reformas necesarias en el ámbito legislativo para facilitar las relaciones de los ciudadanos con la seguridad social, singularmente en el sistema de cita previa.
A tal fin, deberá presentarse ante la Comisión de Trabajo,Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el plazo máximo de tres meses, un Plan Nacional de Mejora de la Atención Ciudadana en la Seguridad Social, con
estimación presupuestaria, cronograma de ejecución e indicadores de evaluación.
2. Reforzar todos los medios y canales de atención al ciudadano en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social, promoviendo los avances tecnológicos necesarios para prestar mejor servicios, corrigiendo el conjunto de deficiencias
apreciadas por el Tribunal de Cuentas, simplificando y facilitando los trámites.
Este refuerzo deberá incluir la interoperabilidad de los sistemas informáticos de las distintas entidades (INSS, TGSS e ISM), el rediseño del portal web y la creación de un sistema multicanal accesible (presencial, telefónico y digital), con
especial atención a personas mayores y con discapacidad.
3. Impulsar un Plan de choque urgente y potenciar los mecanismos de evaluación de la eficacia y eficiencia en la atención que se presta a los ciudadanos, estableciendo indicadores que proporcionen información oportuna para ello, así como de
los intentos fallidos para interactuar con la Administración de la Seguridad Social.
Dichos indicadores deberán publicarse trimestralmente en el Portal de Transparencia e incluir métricas como: tiempo medio de espera, ratio de atención por empleado, porcentaje de citas fallidas y nivel de satisfacción ciudadana.
4. Promover un Plan de formación tecnológica del personal al servicio de la Administración de la Seguridad Social, especialmente de aquellos perfiles destinados a prestar servicios de atención a los ciudadanos.
Asimismo, se promoverá un plan de reubicación de plantillas, con incentivos específicos para la cobertura de plazas en zonas rurales o de difícil cobertura.
5. Garantizar, en todo caso, la atención presencial, especialmente para los colectivos más vulnerables y las zonas rurales, así como para aquellos casos que requieran de mayor asesoramiento.
6. Informar anualmente a la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados sobre los avances y resultados de la ejecución de este plan, garantizando la rendición de cuentas y la
evaluación continua de las medidas adoptadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.Jaime Eduardo de Olano Vela, Irene Garrido Valenzuela, Isabel Gema Pérez Recuerda, Álvaro Pérez López y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el 40 aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad y de
reconocimiento a la figura de Ernest Lluch, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En 2026 se cumplirán cuarenta años de la aprobación de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril), una norma que transformó la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Aquella ley no fue solo una reforma técnica.
Se trato de un hito político, social y moral. Esta ley establece el marco jurídico para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución. Por primera vez en nuestra historia democrática, la
salud se reconoció como un derecho universal, independiente del nivel de renta, del lugar de residencia o de la situación laboral.
Esa ley dio forma al Sistema Nacional de Salud tal como hoy lo conocemos; un sistema público, equitativo, descentralizado y de acceso gratuito, que se convirtió en la columna vertebral del Estado del bienestar español. Y aquella ley
supuso, no solo una revolución sanitaria, sino, sobre todo, un acto de justicia social.
Detrás de aquel avance estaba la visión de un hombre, Ernest Lluch, Ministro de Sanidad y Consumo en el primer Gobierno de Felipe González. Un economista brillante, profesor y político que hizo del diálogo y la moderación una forma de vida.
Lluch entendió que la democracia no solo debía garantizar libertades políticas, sino también derechos sociales efectivos. Y la sanidad fue uno de ellos.
Pero su influencia social y política fue mucho más allá de la esfera institucional. Ernest Lluch entendía que la libertad solo tiene sentido si se acompaña de justicia social, y ese ejercicio de coherencia entre pensamiento, palabra y
acción le costó la vida. El 21 de noviembre del año 2000 fue asesinado por la banda terrorista ETA. Sin embargo, sus ideas sobrevivieron al odio, y hoy siguen siendo una referencia moral para todos los demócratas.
Su compromiso público también está unido a la Comunitat Valenciana, donde ejerció como catedrático en la Universitat de Valéncia y donde, en su juventud, formó parte de aquel grupo de jóvenes que arriesgaron su libertad para luchar contra el
franquismo y defender la democracia y la cultura valenciana: «Els 10 dAlaquás».
Por eso, el gobierno progresista valenciano decidió rendirle homenaje poniéndole su nombre, en el año 2016, al nuevo complejo sanitario de Campanar. Años más tarde, en el año 2022, también la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Elche hizo lo mismo con su nuevo centro de Salud de Travalón-Ernest Lluch. Ambos símbolos de la sanidad pública que él ayudó a construir. Fueron actos de justicia democrática que trascendían las siglas, y que hoy el Partido Popular, en un acto de
puro sectarismo, quiere borrar de la historia, eliminado su nombre de estas infraestructuras sanitarias.
El espíritu de la Ley General de Sanidad es el mismo que inspiró toda la trayectoria vital y política de Ernest Lluch: la convicción de que lo público protege, iguala y dignifica. Su impulso modernizador situó a España a la altura de los
grandes sistemas europeos y dotó a las Comunidades Autónomas de las herramientas necesarias para desarrollar políticas sanitarias cercanas y de calidad.
Hoy, cuatro décadas después, la mejor forma de honrar ese legado es reivindicar sus valores, frente a las tentaciones de quienes pretenden reducir lo público o borrar su memoria. La Ley General de Sanidad fue una victoria colectiva de la
democracia española. Y su defensa es un deber moral de todas las instituciones
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, consideramos necesario lanzar un mensaje claro, frente a quienes intentan cuestionar nuestra memoria democrática. Por ello, hay
que seguir garantizando el reconocimiento institucional de la figura de Ernest Lluch, que dio su vida por proteger a la sanidad pública, el diálogo y la concordia, como pilares irrenunciables de nuestra democracia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Promover el reconocimiento institucional del 40 aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad, destacando su papel histórico en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Salud, para hacer efectivo el derecho a la salud de
la ciudadanía, y como pilar esencial de nuestro Estado del Bienestar, a través de la celebración de actos conmemorativos, jornadas y exposiciones que difundan el valor de esta ley y su impacto en la modernización del sistema sanitario, con especial
atención a su dimensión social y humana.
2. Reconocer la figura de Ernest Lluch, ministro de Sanidad impulsor de la Ley General de Sanidad, símbolo de diálogo, convivencia y servicio público, como referente ético y político en la construcción del Sistema Nacional de Salud.
3. Defender el papel de los profesionales sanitarios que, desde la entrada en vigor de la Ley General de Sanidad, han contribuido a hacer realidad su espíritu de universalidad y equidad.
4. Asimismo, el Congreso reafirma su compromiso con la defensa de la sanidad pública, gratuita y universal, y con el reconocimiento de quienes, como Ernest Lluch, la hicieron posible.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.Carmen Martínez Ramírez, Alejandro Soler Mur, Patricia Blanquer Alcaraz, María Araceli Poblador Pacheco, Lázaro Azorín Salar, Susana Ros Martínez, Artemi Rallo Lombarte, Marta
Trenzano Rubio, Víctor Camino Miñana y Vicent Manuel Sarrià Morell Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para proteger a las víctimas contra los efectos del negacionismo de la violencia de
género, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el pasado 26 de febrero, se compromete a «Dar la máxima relevancia en la estructura institucional a las políticas contra la violencia de género, fortaleciendo la respuesta
institucional para hacer frente al negacionismo de la violencia de género». El Pacto compromete a toda la sociedad, a las instituciones y a los partidos políticos, a dar cumplimiento a sus 461 medidas. El pasado mes de junio, el ministerio de
Igualdad hizo público el reparto de competencias para el desarrollo de este histórico acuerdo.
La contabilidad de los asesinatos por violencia de género nos da solo una idea de la dimensión del problema al que nos enfrentamos. De hecho, hace tan solo dos décadas que tomamos nota de las mujeres asesinadas y solo una década que hacemos
lo propio con los y las menores asesinadas. Desde 2013, cerca de medio millar de niños y niñas
se han quedado en situación de orfandad porque un hombre, en muchas ocasiones su propio padre, ha matado a su madre.
Son aún demasiadas las mujeres que no denuncian, y demasiadas las que retiran las denuncias por diversas causas. No porque sean falsas, si no por miedo, por terror, por falta de apoyos de su entorno, porque temen ser revictimizadas en el
proceso. Desde la puesta en marcha del teléfono 016, el Servicio de Información y Asesoramiento Jurídico en materia de Violencia contra las mujeres, en 2007, se han recibido casi un millón y medio de llamadas pertinentes.
Surgen, además, nuevas formas de agresión, de control y persecución que, de nuevo, tienen como víctimas a las mujeres, también a las menores de edad. Formas, como la violencia digital, que cuentan con numerosas medidas para prevenirlas y
atajarlas en el mencionado Pacto de Estado.
Frente a este panorama, y a pesar del clamor y del compromiso que supone el Pacto de Estado, las falsedades, las fake news, las manipulaciones de datos y la mala fe de algunos actores políticos y organizaciones sociales que apoyan la
ideología negacionista hacen más difícil, si cabe, el combate contra la violencia machista. Instituciones como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía General del Estado, además de numerosas asociaciones, han alertado y lo siguen haciendo sobre los
efectos perversos e indeseados del negacionismo de la violencia de género.
No se trata únicamente de negar la especificidad y el carácter estructural de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, algo ya de por sí suficientemente grave porque persigue desproteger a las mujeres que sufren
esta violencia y empoderar a los maltratadores. Son también dañinos los discursos que implican violencia verbal con carga y trasfondo machista contra mujeres en el ejercicio de su profesión y que se producen generalmente cuando esta implica
exposición pública. Y lo son, de igual manera, la falta de políticas institucionales y la no disposición de recursos suficientes y adecuados para prevenir y combatir esta violencia y reparar a las víctimas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a combatir el negacionismo de la violencia de género y los discursos machistas en cualquiera de sus manifestaciones y por cualquier medio que se produzcan, reconociendo el carácter
estructural y específico de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, y en cumplimiento del recientemente renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.Lídia Guinart Moreno, Diputada.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a financiar debidamente y sin
más demora la «Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible», para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La «Proposición de Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible» fue aprobada con el respaldo unánime de todos los grupos
parlamentarios en el Congreso de los Diputados y en el Senado durante las sesiones plenarias celebradas los días 10 y 23 de octubre de 2024, respectivamente.
La Ley 3/2024, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 31 del referido mes de octubre, tiene como objeto establecer «un marco jurídico que refleje el compromiso de la sociedad y, en particular, de las administraciones
públicas competentes, de asegurar un trato digno, respetuoso y adecuado para las personas incluidas en su ámbito de aplicación, así como sus familias, teniendo en cuenta, particularmente, los reducidos rangos temporales de supervivencia en el caso
de la ELA y otras enfermedades similares».
De igual forma, regula cuestiones como el «reconocimiento de la situación de discapacidad»; el «procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad»; el «procedimiento para la calificación y revisión del grado de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema y para la revisión del programa individual de atención»; la «dotación de recursos necesarios a los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad»; la
«protección de personas cuidadoras de personas en situación de dependencia con un Grado III, Gran Dependencia, reconocido de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia»; la «política de empleo para las personas cuidadoras»; las «actualizaciones normativas específicas para la efectividad de los derechos de las personas afectadas»; la «capacitación y especialización de los
profesionales sanitarios»; el «plazo máximo para la recepción de prestaciones»; la «elaboración de un estudio sobre nuevas ayudas para las personas en situación de electrodependencia»; la «atención sanitaria especializada»; la «prestación de
atención sociosanitaria»; la «incapacidad permanente contributiva»; la «la figura del consumidor vulnerable», y el «Baremo de Evaluación de las Capacidades/Limitaciones en la Actividad».
La Ley 3/2024 contempla también la integración «en el Instituto de Salud Carlos III [de] una estructura que incluirá programas de investigación en ELA que tenga como objeto el fomento de la investigación, el desarrollo, la innovación y la
divulgación y prestación de servicios documentales sobre la propia ELA, así como la coordinación, seguimiento y promoción de avances científicos y sanitarios para la mejora de su diagnóstico y su tratamiento», así como la creación del «Registro
Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas [...] con el objetivo de proporcionar información epidemiológica sobre la incidencia, la prevalencia y los factores determinantes asociados a la enfermedad, así como para facilitar información con la que
orientar la planificación, la gestión sanitaria y la evaluación de las actividades asistenciales, y para proveer los indicadores básicos que permitan la comparación entre comunidades autónomas y con otros países», y la actualización del «documento
de Abordaje de la Esclerosis Lateral Amiotrófica de la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud [aprobado por el pleno del Consejo Interterritorial del mismo Sistema Nacional de Salud el 8 de noviembre de 2017],
para incorporar nuevos hitos y acciones en la atención de las personas con ELA en el Sistema Nacional de Salud, con especial atención en el desarrollo de un plan de cuidados específico vertebrado en Atención Primaria y en enfermería y unidades
específicas».
Todo lo anterior con la finalidad principal de «mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios especializados de aquellas personas que padecen ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible».
La sociedad española valoró entonces de forma positiva la Ley 3/2024, planteando al mismo tiempo la necesidad de que desde el Gobierno de España se garantice la
dotación presupuestaria necesaria para que los avances propuestos puedan ser puestos en práctica de forma plena y efectiva.
En este sentido, y de acuerdo con el «Estudio de costes de ia ELA para las familias en España» elaborado por la Fundación Luzón y publicado en octubre del año pasado, los importes anuales considerando «solamente los costes directos que
actualmente asumen las familias de los enfermos» fluctúan «entre los 184 millones de euros y los 230 millones» y requieren «una financiación específica».
En consecuencia, atendiendo a la valoración realizada desde la Fundación Luzón, así como a las necesidades planteadas desde organizaciones como la «Confederación Nacional de Entidades de ELA» (ConELA) o la «Asociación Española de ELA», el
Grupo Parlamentario Popular registró el 25 de octubre de 2024 la «Proposición no de ley [PNL] relativa a garantizar la dotación adecuada de recursos para asegurar el pleno cumplimiento de la Ley para mejorar la calidad de vida de personas con
Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible».
Esta iniciativa, que instaba al Gobierno «a garantizar, con independencia de que se aprueben o no nuevos Presupuestos Generales del Estado [PGE] para el año 2025, la dotación presupuestaria que resulte necesaria para asegurar que todos los
avances contemplados en la Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible se materializan y son accesibles en condiciones de equidad en
toda España, en tiempo y forma para la totalidad de los afectados», fue aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso de los Diputados celebrado el 19 de diciembre de 2024.
No obstante, el Ejecutivo no presentó propuesta de nuevos PGE, ni habilitó la partida de recursos necesarios en el contexto de las cuentas prorrogadas desde 2023, por lo que el Grupo Parlamentario Popular registró otra PNL el 5 de mayo de
2025, instando en esta ocasión al Gobierno a «a aprobar y distribuir con máxima urgencia la dotación presupuestaria necesaria para asegurar que todos los avances y derechos contemplados en la Ley 3/2024 [...] se materializan con inmediatez, con
carácter retroactivo desde la entrada en vigor de la referida norma y en condiciones de equidad y plena accesibilidad en toda España para la totalidad de los afectados».
Dicha PNL fue aprobada en la sesión plenaria del Congreso celebrada el pasado 28 de mayo con 345 votos a favor y un único voto en contra, correspondiente al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
En esta ocasión, el Ejecutivo reaccionó con la aprobación en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 22 de julio de una subvención de 10 millones de euros, es decir, muy por debajo de los 184-230 millones de euros que son necesarios
según los pacientes.
Por todo lo anterior, y en el contexto del cumplimiento del primer aniversario de la entrada en vigor de la «Ley 3/2024», el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a financiar adecuadamente y sin más demora la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de
alta complejidad y curso irreversible para asegurar que todos los avances y derechos contemplados en la propia ley se materializan de forma efectiva, con carácter retroactivo desde la entrada en vigor de la referida norma y en condiciones de
equidad real y plena accesibilidad para la totalidad de los afectados en toda España.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.Carmen Fúnez de Gregorio, Elvira Velasco Morillo y Antonio Cavacasillas Rodríguez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a implementar una política
migratoria ordenada, legal y humana, para su debate en Pleno.
Exposición de los motivos
Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior relativos a la inmigración ilegal ascienden a más de 27.500 entradas irregulares a través de nuestras costas y fronteras terrestres durante el año 2025, sin tener en cuenta aquellos
que permanecen irregularmente en España tras haber caducado su visado de turista. Recordar que, en 2023 llegaron 56.852 inmigrantes irregulares y el año pasado, en 2024, fueron 63.970.
La situación sigue siendo alarmante en las Islas Canarias, pues concentra el mayor número de llegadas, aproximadamente 13.000, pero también preocupa la consolidación de la ruta argelina hacia Baleares o las llegadas incesantes a otros puntos
de la costa sur española y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que experimentan un aumento exponencial de las cifras de entradas de inmigrantes irregulares.
En este sentido, también el último balance publicado por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de la UE (FRONTEX) señala que España se ha convertido en la principal puerta de entrada de inmigrantes irregulares de toda la
Unión Europea. De enero a septiembre, la agencia europea ha alertado que la ruta que más crece es la ruta del Mediterráneo Occidental que conecta Argelia con el sur de España y Baleares, siendo también preocupante la ruta canaria que, actualmente
se encuentra entre una de las más mortíferas a nivel global.
En este contexto, cabe destacar el colapso del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y de Atención Humanitaria. Los últimos datos que se desprenden de la Oficina de Asilo y Refugio indican que, tan solo en el año 2025, en
España han solicitado protección internacional casi 110.000 personas. Asimismo, al cierre de 2024, el Gobierno dejó sin resolver otras 242.000 solicitudes de protección internacional, suponiendo un aumento del 27 % respecto al año anterior.
Es una evidencia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a la más elemental obligación del Estado: el control de sus fronteras. Como consecuencia de su inexistente política migratoria, las vías irregulares se han convertido en la
regla general y las vías regulares para acceder a nuestro país han quedado totalmente obstruidas por el caos permanente y la falta de personal y recursos en las oficinas de extranjería, así como de unas políticas erráticas que han derivado en un
efecto llamada que alienta el fraude en el sistema de protección internacional, que ha dado carta blanca a las mafias que trafican con personas y que ha provocado el mayor drama humanitario vivido en décadas.
La irresponsabilidad del Gobierno ha llegado hasta tal punto que el Tribunal Supremo ha intervenido mediante un auto judicial para reclamar al Ejecutivo cumplir con su obligación legal de acoger y tutelar a los menores extranjeros no
acompañados solicitantes y beneficiarios de asilo, una obligación que sigue incumpliendo y que retrata la falta de voluntad y capacidad del Gobierno para responder a la situación desesperada que sufren algunos territorios con la llegada de
inmigrantes irregulares, ya sean mayores o menores de edad.
Es preocupante que el presidente del Gobierno siga promocionando las vías de llegadas de inmigrantes irregulares, saturando los recursos de primera asistencia y acogida de las comunidades y ciudades autónomas de llegada, alimentando, de esta
manera, una creciente preocupación por parte de la ciudadanía ante el descontrol actual. Un descontrol que repercute negativamente en la percepción general que tiene la
ciudadanía sobre el fenómeno migratorio y que, perjudica de manera directa a aquellas personas que vienen o pretenden entrar en España de forma legal, que se integran culturalmente y que contribuyen laboralmente al crecimiento económico del
país.
La política migratoria es una política de Estado, que requiere de medidas concretas que no pongan en peligro la cohesión social, que integren a las personas que llegan de forma ordenada y que sean capaces de atraer a quienes de verdad
quieren aportar mediante el trabajo, respetando las leyes y que, a su vez, impidan la entrada de aquellos que no están dispuestos a respetar los valores esenciales como la igualdad, la libertad y el cumplimiento de la ley.
Pues, la residencia y la nacionalidad española debe entenderse como un honor que refleja un compromiso genuino con el país, otorgándose a quienes manifiesten una voluntad real de contribuir activamente a un proyecto común de convivencia en
libertad y respeto mutuo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un sistema de autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo por puntos, transparente y objetivo, que valore la formación, la experiencia, el idioma y la integración, incorporando vías específicas para la contratación en
origen en sectores de difícil cobertura y para la búsqueda de empleo en sectores tensionados, así como un programa de migración circular y contratación temporal coordinado con las Comunidades Autónomas.
2. Modificar el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para reforzar la persecución de los delitos de tráfico de migrantes cometidos en aguas internacionales, reforzando la lucha contra las mafias mediante penas agravadas por
reincidencia, explotación o pertenencia a organización criminal, y extendiendo la responsabilidad penal a quienes colaboren o faciliten medios para dichas actividades ilícitas.
3. Garantizar retornos y expulsiones rápidos y efectivos mediante la aplicación del futuro Reglamento de Retorno de la UE, la revisión de acuerdos con terceros países para asegurar su cumplimiento y la introducción de consecuencias
diplomáticas y/o económicas para quienes lo incumplan, así como establecer la expulsión como regla general ante la comisión de delitos graves o reincidencia dolosa.
4. Reformar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para recuperar el carácter excepcional del arraigo, revisar los requisitos para la reagrupación familiar y
los controles antifraude, eliminar el silencio administrativo positivo en los procedimientos de residencia y trabajo, y exigir la ausencia de antecedentes penales.
5. Modificar la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, para establecer un sistema ágil, riguroso y eficaz, dotando de más medios y personal a las oficinas que tramitan las solicitudes,
para acelerar los plazos de resolución y evitar posibles fraudes en el acceso a la protección internacional.
6. Garantizar la determinación de edad en un máximo de 72 horas de aquellas personas que lleguen de forma irregular declarándose menores extranjeros no acompañados, así como promover el retorno y la reunificación familiar de los menores
mediante acuerdos de colaboración con los países de origen, tipificando penalmente el fraude de edad.
7. Revisar el sistema de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, para vincular su percepción a la búsqueda activa de empleo y a la contribución efectiva al mercado laboral.
8. Reforzar los medios humanos y tecnológicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cooperación operativa con Frontex como fuerza de apoyo, mediante la integración e interoperabilidad de sistemas marítimos, aéreos y
satelitales, para prevenir la inmigración ilegal.
9. Reformar el régimen de concesión de la nacionalidad española para que deje de ser un mero trámite administrativo y se convierta en un reconocimiento al compromiso real con España, su historia, su lengua y sus valores.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2025.Sofía Acedo Reyes, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Maribel Sánchez Torregrosa, Ana Belén Vázquez Blanco, Irene Garrido Valenzuela, María Jesús Moro Almaraz, Fernando de Rosa
Torner, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Carlos Javier Floriano Corrales, Javier Celaya Brey, Jaime Eduardo de Olano Vela, Ángel Ibáñez Hernando y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
162/000619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la desafectación del dominio
público marítimo-terrestre de los núcleos urbanos, identificados en el anexo de la Ley 2/2013, de 19 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 25 de junio de 2025, los responsables en materia de costas de varias comunidades autónomas (Canarias, Murcia, Baleares, Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana) firmaban una declaración conjunta por la defensa del litoral y su
gestión responsable y manifestaban, entre otros temas, la incertidumbre jurídica y social que se estaba generando con los deslindes del Dominio Público Marítimo-Terrestre en numerosos núcleos costeros.
La disposición adicional séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas estableció en su disposición adicional séptima (DA. 7.ª) la
exclusión del dominio público marítimo-terrestre de los terrenos correspondientes a los núcleos de población enumerados en el anexo de la citada ley, y en la en la extensión que se fijaba en la planimetría detallada en el propio anexo.
Relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre son: Serra Grossa, término municipal de Alicante, provincia de Alicante; Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante; Poblado
Marítimo de Xilxes (Castellón), término municipal de Xilxes, provincia de Castellón; Empuriabrava, término municipal de Castelló d'Empuries, provincia de Girona; Platja d'Aro, término municipal de Castell Platja d'Aro, provincia de Girona; Ría
Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva; Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva; Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva; Pedregalejo, término municipal de
Málaga, provincia de Málaga; El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga; Moaña, término municipal de Moaña, provincia de Pontevedra; y Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia.
Como señala la exposición de motivos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, esta exclusión legal pretendía otorgar una solución singular a terrenos de núcleos residenciales que se encuentran en una situación singular: «los terrenos sobre los que
están edificados, por su degradación y sus características físicas actuales, resultan absolutamente innecesarios para la protección o utilización del dominio público marítimo terrestre; además, debe tenerse en cuenta que se encuentran incorporados
al dominio
público marítimo-terrestre por disposición de deslindes anteriores a la Ley de Costas de 1988 y que las propias edificaciones residenciales son también anteriores a 1988; por último, y en conexión con lo anterior, se trata de áreas de
viviendas históricamente consolidadas y altamente antropizadas, cuya situación de inseguridad jurídica arrastrada desde 1988, debe ser resuelta por esta Ley».
La falta de efectividad de la exclusión de estos núcleos del Dominio Público Marítimo-Terrestre ha estado motivada, en parte, por el recurso de constitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre varios
artículos de la Ley. Sin embargo, el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas efectuado por el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 233/2015, de 5 de noviembre, avalaba mayoritariamente la Ley y considera que la DA 7.ª y, por conexión, el anexo, anteriormente mencionados, no son inconstitucionales siempre que las mismas se interpreten de
conformidad con el «fundamento jurídico 14» de la sentencia.
En este sentido, el fundamento jurídico del Tribunal se refería a: «El recto entendimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 de acuerdo con la Constitución permite considerar que sus consecuencias jurídicas no se
extienden a la regulación del completo régimen jurídico que deriva de que los núcleos de población enumerados en el anexo de la Ley han perdido las características naturales que determinaron su inclusión en el dominio público marítimo-terrestre en
virtud de deslindes anteriores. Por el contrario, su virtualidad radica en la identificación, ope legis, de unos terrenos que notoriamente han perdido por obra de la acción del hombre las características de dominio público natural, excluyéndose la
necesidad de esa justificación, que según su propio apartado 4 no implica la efectividad inmediata de la exclusión, siendo solo el presupuesto para la iniciación del expediente que, en su caso, puede terminar con su desafectación. Hemos de atender
asimismo a lo dispuesto en el art. 18.2 LC, a cuyo tenor tal desafectación deberá ser expresa y, antes de proceder a ella, habrán de practicarse los correspondientes deslindes, que según el art. 26.1 del Reglamento de costas de 2014 deben
especificarlos planos que se aprueban, que han de permitir georreferenciar en la cartografía catastral el límite interior del dominio público marítimo-terrestre, así como el de la ribera del mar cuando no coincida con aquel, además de hacer constar
la geolocalización de las servidumbres impuestas a los terrenos colindantes. La disposición impugnada no excluye la aplicación, caso por caso, de todos estos requisitos, que constituyen una exigencia previa e imprescindible para que la situación
jurídica registral tanto de los bienes de dominio público como de las fincas colindantes no perturbe la seguridad jurídica garantizada por el art. 9.3 CE. Del mismo modo, la identificación ope legis de los terrenos que han perdido sus
características naturales no se extiende a excluir la verificación, en cada caso, de que dicha pérdida determina también que ya no son necesarios para la protección o utilización del dominio público, según lo previsto en el art. 17 LC, que exige la
previa declaración de innecesariedad. Todas estas operaciones, lógicamente, requieren la adopción de las correspondientes resoluciones administrativas, siempre susceptibles como ya hemos dicho de control en vía jurisdiccional, como impone el art.
106.1 CE».
El Tribunal Constitucional deja claro que la DA 7.ª no lleva a cabo una exclusión directa de los terrenos sin procedimiento de desafectación previo, pero identifica por disposición de la ley unos espacios que ha perdido las características
de dominio público natural que dan lugar a abrir el correspondiente expediente. Por consiguiente, la exclusión del dominio público marítimo-terrestre se produciría con la correspondiente resolución de desafectación, sin perjuicio de los negocios
jurídicos de transmisión de fincas que se puedan celebrar una vez los terrenos pasen a ser bienes patrimoniales de la administración.
Con posterioridad, el Tribunal Constitucional volvía a decidir sobre la misma materia, a través de la Sentencia 57/2016, de 17 de marzo de 2016, consecuencia del Recurso interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos
preceptos de
la Ley 2/2013, para considerar que esta Disposición era constitucional «siempre que se interpreten en los términos establecidos en el fundamento jurídico noveno».
En este caso, el fundamento jurídico, recordando el fundamento de referencia de la Sentencia 233/2015, dicta que «Tanto los doce enunciados en la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 como cualesquiera otros omitidos en ella,
radiquen en la Comunidad Autónoma de Canarias o no, podrán, a través de los expedientes administrativos legalmente previstos y que han sido someramente recordados en la interpretación conforme del precepto recurrido que acabamos de extractar,
obtener la declaración de que, por las alteraciones sufridas en sus características naturales, no son ya necesarios para la protección o utilización del dominio público y, en consecuencia, la correlativa desafectación». Se entendería que cualquier
otro espacio no queda excluido de una posible desafectación, no que los 12 núcleos identificados en la Ley 2/2013 no estén identificados claramente y sea necesario su exclusión.
Sin embargo, el Gobierno ha querido ver en estas sentencias una justificación para la inacción, para definir como compleja la situación de estos núcleos e incluso para argumentar una posible derogación de la DA 7.ª. La Administración
General del Estado no ha realizado avance alguno desde 2018 para que pueda llegarse a la efectiva transmisión de los terrenos a sus ocupantes. Ni uno solo de los núcleos de población enumerados en el anexo de la Ley han mejorado absolutamente nada
su intolerable incertidumbre.
Hay constancia de un borrador de orden ministerial para establecer el procedimiento de identificación de los interesados a cuyo favor pueda efectuarse la trasmisión, y el negocio jurídico a través del cual deba realizarse dicha transmisión,
de los terrenos a los que se refiere el apartado 2.º de la disposición adicional séptima, de la Ley 2/2013. Sin embargo, el Gobierno ha considerado, empecinado en bloquear cualquier salida y sin que ninguna sentencia haga referencia al respecto,
que la orden no es posible.
En cualquier caso, esta situación enquistada se está convirtiendo en un problema. Se están produciendo problemas e inseguridad jurídica para los propietarios denegando la inscripción registral de títulos pretendidamente traslativos del
dominio privado, mientras que la cartografía del propio ministerio reconoce las líneas especiales de delimitación en estos núcleos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar los procedimientos de desafectación del Dominio Público Marítimo- Terrestre de los núcleos urbanos de: Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga; El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga;
Serra Grossa, término municipal de Alicante, provincia de Alicante; Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante;, Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón), término municipal de Xilxes, provincia de Castellón;
Empuriabrava, término municipal de Castelló d'Empuries, provincia de Girona; Platja d'Aro, término municipal de Castell Platja d'Aro, provincia de Girona; Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva; Caño del Cepo,
término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva; Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva; Moaña, término municipal de Moaña, provincia de Pontevedra; y Oliva, término municipal de Oliva, provincia de
Valencia, identificados en el anexo de la Ley 2/2013, de 19 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en los términos indicados en la Sentencia del Tribunal Constitucional
233/2015, de 5 de noviembre, o impulse las modificaciones legislativas y
administrativas necesarias para la efectiva exclusión de dichos terrenos del Dominio Público Marítimo-Terrestre.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.Elías Bendodo Benasayag, María del Mar Vázquez Jiménez, Mario Cortés Carballo, Cristóbal Garre Murcia, Isabel Gema Pérez Recuerda, Carlos Gil Santiago, Bella Verano Domínguez y
Manuel García Félix, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para seguir eliminando las barreras comunes al ejercicio efectivo del derecho de
las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario, y reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos es clave para garantizar la salud, la autonomía, la libertad y la dignidad de las mujeres.
La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho reconocido tanto en nuestra legislación como en la legislación internacional en materia de derechos humanos. Fue en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El
Cairo, 1994, donde se introduce el término salud sexual y reproductiva, y se reconoce que los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos de las mujeres. Esta idea se refuerza en la Plataforma de Acción de Beijing,
acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995, donde se establece que: «los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad,
incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia».
Este año se cumplen 40 años de la despenalización en 1985 del aborto. Desde entonces, la legislación sobre la IVE en nuestro país ha avanzado mucho, gracias a la lucha del movimiento feminista, que situó el derecho al aborto como elemento
indispensable del avance social y democrático hacía la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y a los gobiernos socialistas y progresistas que la hicieron realidad. Todo ello, a pesar del cuestionamiento sistemático, tanto por partidos
políticos, como por sectores sociales reaccionarios.
No fue hasta el año 2010 cuando fue aprobada la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que establece el marco normativo para garantizar este derecho, hasta la semana
14 a petición de la mujer embarazada, y por causas médicas hasta la semana 22 de gestación.
Esta ley ha marcado un avance sin precedentes en la protección de los derechos reproductivos en nuestro país, que se ha visto reforzado posteriormente mediante la aprobación de dos normas: la Ley Orgánica 4/2022, que tipifica como delito
las conductas de acoso contra las mujeres que acuden a las clínicas, y la Ley Orgánica 1/2023, que, entre otras reformas importantes, quiere mejorar la accesibilidad de la IVE en el sistema sanitario público.
Para ello, modifica lo relativo a las medidas para garantizar la prestación sanitaria pública, incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), y establece la creación de registros de personas objetaras de
conciencia en cada Comunidad Autónoma, solo con efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación.
La constitucionalidad de esta reforma ha quedado avalada mediante la Sentencia 92/2024, de 18 de junio, del Tribunal Constitucional, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por VOX a diversos preceptos, y que subrayó que
el establecimiento de estos registros no es discriminatorio para los profesionales sanitarios.
También, se ha de señalar la Sentencia 151/2014, de 25 de septiembre, del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular en relación con la Ley Foral de Navarra 16/2010, de 8 de noviembre,
por la que se crea el registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, que desestimaba la práctica totalidad del recurso, considerando que la inclusión de los profesionales en el registro es necesaria para
garantizar el derecho a la objeción.
En este último año, el Ministerio de Sanidad ha impulsado, en el marco del Consejo Interterritorial y con el acuerdo de las Comunidades Autónomas, la aprobación del Protocolo específico para la creación del registro de personas objetaras de
conciencia. Se trata de un documento de consenso para la creación de los diferentes registros de personas objetaras que incluye los datos mínimos requeridos, y su posterior utilización conforme a la legislación europea en materia de protección de
datos. También se ha aprobado la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con la finalidad establecer protocolos homogéneos, formación específica y circuitos asistenciales coordinados en el conjunto
del sistema sanitario.
A pesar de los importantes avances antes expuestos, todavía persisten desafíos para la plena integración de la IVE en el sistema público.
Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha hecho público un informe sobre la «Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad» (2015- 2024) que corrobora esta situación.
En 2024 cerca del 79 % de las IVE se hicieron en centros privados. Asimismo, este informe pone de relieve importantes desigualdades entre Comunidades Autónomas, señalando que solo 5 comunidades están por encima del 50 % de IVEs realizadas
en centros públicos. Aun así, muestra un aumento sostenido del número de interrupciones realizadas en centros públicos, siendo en 2024 cerca del 22 %.
Este informe, argumenta posibles perjuicios derivados de que la prestación se haga en mayor medida en centros privados, como es menos libertad de elección, la pérdida de la continuidad en el binomio embarazo-aborto, sobre todo, en los
abortos más avanzados, o la paradoja de que 3 de cada 4 mujeres a la que se realiza una IVE se les informa en un centro sanitario público, y sin embargo, a 4 de cada 5 se les practica el aborto en un centro privado.
Según el informe «El Aborto en España: Barreras y Retos para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo» elaborado por el Ministerio de Igualdad y hecho público en septiembre de este año, persisten barreras a la hora de
garantizar de manera efectiva el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Estas dificultades afectan especialmente a colectivos de mujeres en situación de vulnerabilidad, como mujeres jóvenes, migrantes, con discapacidad o
en situación administrativa irregular.
Entre otras barreras, destaca la falta de rigor y de registros en la aplicación de la objeción de conciencia. En estos momentos, faltan tres Comunidades Autónomas por ponerlos en marcha, a las que el Ministerio de Sanidad recientemente les
ha dado un plazo de dos meses para su implementación y cumplimiento de la legislación vigente.
La objeción de conciencia está regulada como un derecho individual del profesional sanitario directamente implicado en la práctica asistencial de la IVE, no siendo en ningún caso un derecho institucional. El estudio señala que, a pesar de
ello, en la práctica se producen situaciones en las que profesionales, alegando la objeción de conciencia, se niegan a facilitar la información o a gestionar la derivación, lo que constituye un obstáculo añadido.
También señala la falta de protocolos homogéneos, la escasa formación de los profesionales sanitarios concernidos, la persistencia de estigma social e institucional,
junto a un déficit en el acceso a la información, tanto para las usuarias como para el personal sanitario.
La reforma de 2023 suprimió el plazo obligatorio de reflexión y la obligación de recibir información sobre ayudas para continuar con el embarazo, medidas que ponían en cuestión la libre decisión de las mujeres, e introdujo un nuevo artículo
18 bis, para que los poderes públicos ofrezcan información pública sobre el proceso, normativa y las condiciones sobre la IVE.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos necesario seguir eliminando las barreras comunes al ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario, y reconocido en nuestro
ordenamiento jurídico.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno, en el marco de sus competencias, a:
1. Impulsar las medidas necesarias para remover los obstáculos existentes en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario público, y garantizar de manera efectiva la igualdad, universalidad y calidad en el
desarrollo de la prestación.
2. Continuar desarrollando los mecanismos necesarios para que las Comunidades Autónomas, en el marco del Protocolo específico aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y de acuerdo con las legislación vigente,
implementen y actualicen los registros oficiales de profesionales objetares de conciencia en cada Servicio de Salud, que permita organizar de forma adecuada los equipos no objetares, y asegure equipos médicos no objetares en todos los niveles
asistenciales de acuerdo a criterios de equidad territorial.
3. Promover la formación continuada del personal sanitario que actualice los conocimientos técnicos y fomente un enfoque respetuoso, basado en derechos y con perspectiva de género. Para ello, difundir la Guía Común del Sistema Nacional de
Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), para mejorar los conocimientos y habilidades en relación con la atención sanitaria a la IVE, promoviendo actitudes que permitan los mejores estándares de calidad y equidad en el acceso y
atención sanitaria en el conjunto del SNS.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.Carmen Martínez Ramírez y Andrea Fernández Benéitez, Diputadas.Montse Mínguez García y Maribel García López, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el compromiso de España en la lucha contra el cambio climático en la COP 30,
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El cambio climático continúa siendo la mayor amenaza global que enfrenta la humanidad. Sus efectos, cada vez más evidentes, ponen en riesgo la estabilidad de los ecosistemas, la seguridad alimentaria y la salud de millones de personas en
todo el
mundo. En esta COP la salud pública está cobrando protagonismo respecto a las anteriores, se pone a las personas en el centro del debate. En este contexto, la respuesta multilateral y coordinada entre países es más urgente que nunca.
La 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil, llega en un momento crucial para el planeta. Por primera vez, la cumbre climática más
importante del mundo tendrá lugar en el corazón de la Amazonia, la mayor selva tropical del planeta y uno de los principales sumideros de carbono. Esta ubicación no solo tiene un valor simbólico, sino que representa una llamada a la acción:
proteger los ecosistemas que sostienen la vida en la Tierra.
La COP30 marca también el décimo aniversario del Acuerdo de París, lo que ofrece una oportunidad para evaluar los avances logrados y, sobre todo, para reconocer la magnitud de los desafíos pendientes. Desde la firma del acuerdo, las
proyecciones de calentamiento global han descendido de casi 5 °C a menos de 3 °C, gracias a los compromisos internacionales. Sin embargo, esta mejora sigue siendo insuficiente para cumplir el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1,5
°C. En Belém, los países presentarán una tercera ronda de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que deberán ser más ambiciosas y concretas que las anteriores.
La Presidencia brasileña ha definido esta edición como «la COP de la implementación», subrayando la necesidad de pasar de los compromisos a la acción. Entre los principales temas de negociación destacan el fortalecimiento del objetivo
global de adaptación, el aumento de la financiación climática para los países en desarrollo y el impulso a una transición justa que garantice que nadie quede atrás. Además, se celebrará un diálogo sobre la puesta en marcha de los resultados del
balance mundial, elemento esencial para orientar los esfuerzos colectivos hacia una acción climática más eficaz.
La Agenda de Acción de la COP30 se estructura en torno a seis grandes ejes temáticos que implican a gobiernos, empresas, inversores, ciudades y sociedad civil. El primero de ellos, la transición en los sectores de energía, industria y
transporte busca triplicar la capacidad renovable, duplicar la eficiencia energética y avanzar hacia el abandono progresivo de los combustibles fósiles. El segundo eje, dedicado a la gestión sostenible de bosques, océanos y biodiversidad, pretende
frenar la deforestación y restaurar los ecosistemas degradados. El tercero se centra en la transformación de la agricultura y los sistemas alimentarios, apostando por la agricultura sostenible y el acceso equitativo a la alimentación.
El cuarto eje aborda la construcción de resiliencia en ciudades, infraestructuras y recursos hídricos, con una atención especial a la gobernanza, el desarrollo urbano sostenible y la gestión del agua. El quinto promueve el desarrollo humano
y social, impulsando la salud, la educación, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Finalmente, un sexto eje transversal actúa como catalizador: la financiación, la tecnología y la capacitación se erigen como pilares indispensables
para acelerar todas las demás transformaciones.
La COP30 también se inspira en el concepto indígena brasileño de «mutiráo», que significa comunidad que trabaja unida por una causa común. Este espíritu resume el propósito de la cumbre: fomentar la cooperación, el intercambio de
soluciones y la corresponsabilidad global ante la crisis climática. La acción colectiva es la única vía para alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible e inclusivo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha hecho un llamado a que esta conferencia impulse NDC más transformadoras, refuerce el liderazgo local y promueva el papel de las comunidades, los pueblos indígenas, las mujeres y
los jóvenes como agentes esenciales del cambio. La acción climática, si se gestiona con visión de futuro, puede ser una poderosa herramienta de desarrollo: genera empleo, mejora la salud pública, impulsa la igualdad y protege los medios de vida de
las poblaciones más vulnerables.
En definitiva, la COP30 de Belém no es solo una cumbre más, sino una encrucijada histórica. A diez años del Acuerdo de París y veinte años desde la entrada en vigor
del Protocolo de Kioto, el mundo debe pasar de las promesas a los resultados. La cooperación internacional, el multilateralismo y la ambición colectiva serán determinantes para redefinir la trayectoria global hacia un futuro bajo en
carbono, más justo y resiliente. La Amazonia, símbolo de vida y equilibrio, será el escenario donde el planeta decida si está dispuesto a trabajar unido para asegurar su propio porvenir.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Mantener la ambición y el compromiso demostrado por nuestro país en el seno de la Unión Europea y en la próxima conferencia de las partes de naciones unidas, que se celebra en Brasil, en la lucha contra el cambio climático.
2. Seguir siendo un ejemplo a nivel mundial, en restauración de ecosistemas, en protección del medio ambiente, en despliegue de renovables, que anime a seguir nuestros pasos a otros países desarrollados y que sirva de modelo para los países
en vías de desarrollo, dando a conocer los resultados obtenidos por nuestro país.
3. Continuar aportando recursos y asesoramiento a países con menores capacidades económicas o tecnológicas para que puedan continuar avanzando en su transición a las energías limpias o en su adaptación a las consecuencias del cambio
climático.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.Isabel María Pérez Ortiz, María de las Nieves Ramírez Moreno, Arnau Ramírez Carner y Luis Alfonso Rey de las Heras, Diputados.Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento a María Corina
Machado tras la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 10 de octubre, el Comité Noruego del Nobel concedió el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, figura clave del liderazgo democrático venezolano. Con este galardón se reconoce no solo a una mujer excepcional, sino a una
líder legítima, valiente y cohesionadora, que ha encarnado la esperanza del pueblo venezolano frente a una dictadura criminal instaurada por Hugo Chávez y perpetuada por Nicolás Maduro, desde hace más de un cuarto de siglo en Venezuela.
La trayectoria de María Corina Machado es sinónimo de lucha por la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en un país devastado por la corrupción, la represión y el crimen organizado. Ingeniera industrial y madre de tres
hijos, fundadora del partido Vente Venezuela y cofundadora de la ONG Súmate, Machado lleva más de dos décadas enfrentando con firmeza al chavismo. Fue diputada nacional, la más votada del país en 2010, y desde entonces ha sufrido inhabilitaciones
políticas, agresiones, detenciones arbitrarias, allanamientos, persecución judicial, prohibición de salida del país y vigilancia constante. En enero de 2025, tras una ilegal detención, pasó a la clandestinidad y su entorno ha sido objeto de una
represión implacable.
El 22 de octubre de 2023, María Corina ganó las elecciones primarias de la oposición venezolana con el 93 % de los votos. Su victoria fue inmediata y brutalmente respondida
por el régimen con una inhabilitación por 15 años. Lejos de replegarse, con altura de miras y sentido de Estado, María Corina apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien venció a Maduro en las elecciones del 28 de julio de 2024.
El régimen, como era previsible, desconoció los resultados y endureció la represión. Las detenciones, amenazas y restricciones se intensificaron desde entonces.
El Premio Nobel de la Paz 2025 es el reconocimiento de la comunidad internacional a una mujer que no se ha rendido. Su lucha pacífica, su compromiso irrestricto con la democracia y su capacidad de aglutinar a una sociedad devastada, pero
con esperanza la convierten en un ejemplo para el mundo libre.
Frente a esa claridad moral y ese reconocimiento a través del Nobel de la Paz, el Gobierno de España ha optado por el silencio más vergonzoso. Ni una felicitación, ni un comunicado, ni una palabra. Ni del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ni de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Mientras el mundo reconoce el coraje de una mujer que encarna la lucha por la libertad, el Gobierno calla ante su persecución, se esconde tras la ambigüedad y renuncia a la
defensa de los valores democráticos.
Este silencio cómplice tiene rostro y nombre: José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno ha actuado durante años como defensor del régimen de Maduro. Ha negado la existencia de crímenes de lesa humanidad y ha blanqueado la
dictadura venezolana con su presencia y sus palabras.
Desde España, no cabe ni el silencio ni la equidistancia. María Corina Machado encarna la dignidad frente a la tiranía, el coraje frente al miedo, la verdad frente a la propaganda y la esperanza frente al régimen de Maduro. La concesión
del Premio Nobel de la Paz a María Corina nos obliga a actuar con claridad, con coherencia y con compromiso.
Apoyar a María Corina Machado es respaldar la legalidad democrática frente a la arbitrariedad, el Estado de Derecho frente a la represión, y la voz de un pueblo frente al ruido de la propaganda. Es, en definitiva, defender los valores que
fundamentan nuestra Constitución, nuestra pertenencia a la Unión Europea y nuestra condición de democracia plena.
España no puede permanecer al margen. Esta Cámara debe hablar alto y claro, con María Corina Machado, con la democracia venezolana, y con quienes, pese al miedo, siguen eligiendo la libertad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Expresar su satisfacción por la Decisión del Comité Noruego del Nobel de conceder el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, símbolo de la defensa de la libertad, los derechos humanos y la democracia en Venezuela.
2. Manifestar un respaldo firme y sin ambigüedades a las fuerzas democráticas venezolanas agrupadas en la Plataforma Unitaria, y en particular a su líder, María Corina Machado.
3. Reiterar la condena firme e inequívoca a la dictadura de Nicolás Maduro, responsable de violaciones sistemáticas de derechos humanos, represión política y empobrecimiento del pueblo venezolano.
4. Exigir el cumplimiento inmediato del mandato del Congreso de los Diputados, aprobado el 11 de septiembre de 2024, de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela.
5. Exigir el cumplimiento del mandato del Congreso de los Diputados aprobado el 19 de diciembre de 2024, de adherirse a la demanda presentada en 2018 y dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para que avance en la Situación
Venezuela 1, reclamando expresamente a la Sala de Cuestiones Preliminares la emisión de una orden
de arresto contra Nicolás Maduro y los jerarcas de su régimen responsables de crímenes de lesa humanidad.
6. Exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, y en particular de todos los ciudadanos españoles, o de doble nacionalidad, encarcelados de manera arbitraria.
7. Renovar el compromiso de España con los valores de libertad, justicia y dignidad humana, reafirmando que la política exterior española debe alinearse de manera clara y sin ambigüedades con las democracias liberales y nunca con las
dictaduras.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Miguel Tellado Filgueira, Belén Hoyo Juliá, Macarena Montesinos de Miguel, Álvaro Pérez López, Carlos Javier Floriano Corrales y Manuel
García Félix, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la
inscripción de la candidatura de la Tauromaquia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural reconoce que la Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en
nuestra historia y en nuestro acervo cultural común, como así lo demuestran las partidas de Alfonso X el Sabio, que ya en el siglo XIII contemplaban y regulaban esta materia.
Las fiestas o espectáculos taurinos incluyen a las corridas de toros y a un numeroso conjunto de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro, que a su vez comprenden lo que se entiende por «Tauromaquia». Todo esto es signo
de identidad colectiva, y ello justifica que su preservación corresponda y competa a todos los poderes públicos.
La Tauromaquia es una manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías en la que se resaltan valores profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de
control de la fuerza bruta. La universalidad de la fiesta de los toros alcanza a los mundos artísticos donde ha sido acogida y la de las obras que ha producido en las demás artes, como las plásticas, la literaria, el cine, etc. y en el léxico.
La Tauromaquia conforma un incuestionable patrimonio cultural inmaterial español, que no ostentamos en exclusiva, sino que compartimos con otros lugares como Portugal, Hispanoamérica y el sur de Francia.
Comprende así mismo todo un conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas en torno al espectáculo taurino, que van desde la crianza y selección del toro de lidia a la confección de la indumentaria de los
toreros, la música de las corridas, el diseño y producción de carteles, y que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar; y en un diálogo fluido y cercano entre público y artista.
Pero, además del aspecto cultural, la Tauromaquia tiene una indudable trascendencia como actividad económica y empresarial, de dación de bienes y servicios al mercado, produciendo un flujo económico que se traduce en miles de puestos de
trabajo.
La Tauromaquia constituye un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos como son el empresarial, el fiscal, el agrícola-ganadero, el medioambiental, el social, el alimentario, el industrial o el
turístico, entre otros.
Para seguir profundizando en la preservación de los conocimientos y saberes que supone esta manifestación artística es indispensable dar un paso más y promover el reconocimiento de sus valores mediante su inscripción en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.
La propia ley citada, en su artículo 5, relativo medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado, insta a que el Gobierno impulse los trámites necesarios para la solicitud de la inclusión de la
Tauromaquia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un mandato legal que este Gobierno no ha cumplido.
En este momento, por tanto, resulta crucial tal reconocimiento para la salvaguarda de la tauromaquia, ante la amenaza de que su rechazo pueda ser utilizado como moneda de cambio para satisfacer a grupos políticos que proponen la derogación
de esta ley para construir identidades nacionalistas y crear discursos divisores, sin perjuicio de que se reconozca que, en una sociedad heterogénea, parte ella no la comparta. Pero después de todos estos años, y en particular desde que se aprobara
la ley de 2013, las estadísticas sí demuestran que existe un consenso y una afición viva que podrá ser legítimamente rechazada por algunos, pero no prohibida ni censurada, por lo cual debe ser al menos reconocida y protegida, también a nivel
internacional, mostrando el paisaje cultural común de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la
inscripción de la candidatura de la Tauromaquia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2025.María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel García Félix, Jaime Miguel de los
Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco, Óscar Clavell López, Raquel Clemente Muñoz, María Pilar Alía Aguado y Macarena Montesinos de Miguel,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.