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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 414, de 21/10/2025
cve: BOCG-15-D-414
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de octubre de 2025
Núm. 414
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Composición de la Diputación Permanente.
Altas y bajas ... (Página6)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002561
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la resignificación y recuperación del Pueblo Viejo de Belchite... (Página6)
161/002583
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración del Pueblo Viejo de Belchite como lugar de memoria democrática... (Página8)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002557
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la situación humanitaria en Gaza y la necesidad de una respuesta firme del Estado español ... (Página11)
161/002564
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, por una propuesta estratégica y de desarrollo para la Línea de la Concepción ... (Página13)
Comisión de Justicia
161/002589
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la modificación urgente de la regulación de los medios alternativos de solución de conflictos en la justicia y el establecimiento de criterios
unificados para todos los órganos judiciales ... (Página17)
Comisión de Interior
161/002559
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a resolver los graves problemas estructurales y operativos que padece el Aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía ...
161/002572
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reducir las cargas burocráticas del proceso de habilitación de los profesionales de la seguridad privada ... (Página20)
161/002573
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar la seguridad en el municipio de Getafe ... (Página21)
161/002574
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de los medios humanos, materiales y de infraestructuras de la Policía Nacional en las Islas Canarias ...
161/002575
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de la Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad por su efecto restrictivo en la aplicación del artículo 36.16 de la
Ley Orgánica 4/2015 y su impacto negativo sobre el principio de autoridad ... (Página25)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002569
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la suspensión del peaje del Huerna (AP-66) ... (Página27)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002565
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para instar al Gobierno a adoptar medidas concretas para la prevención y tratamiento del consumo problemático de suplementación nutricional relacionado con la imagen
corporal) ... (Página28)
Comisión de Industria y Turismo
161/002588
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre las oportunidades de aprovechamiento industrial del alga asiática invasora) ... (Página30)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002566
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para instar al Gobierno a adoptar medidas concretas para la prevención y tratamiento del consumo problemático de suplementación nutricional relacionado con la imagen
corporal ... (Página33)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002578
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a defender en el seno de las instituciones de la Unión Europea la dotación de la Política Agraria Común (PAC) y del Programa de Opciones Específicas
por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) ... (Página34)
161/002579
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para evitar la ampliación de las zonas de veda en el Atlántico Nororiental ... (Página36)
161/002582
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la puesta en valor del trabajo de las mujeres rurales, con especial atención a las trabajadoras migrantes, en el campo español ...
161/002585
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al rechazo de la integración de la Política Agraria Común (PAC) en un fondo presupuestario único de la Unión Europea en defensa de su carácter estratégico, autónomo y
nacionalmente gestionable ... (Página40)
161/002586
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a defender y apoyar al sector vitivinícola español... (Página42)
Comisión de Política Territorial
161/002571
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reforzar el principio de lealtad institucional en las relaciones entre Administraciones públicas ... (Página44)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002562
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de apoyo e impulso del Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF) ... (Página46)
161/002576
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modernización y adaptación de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) para la eliminación de contaminantes emergentes) ...
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002568
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la garantía del derecho a la vivienda en España) ... (Página52)
161/002577
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la comparecencia trimestral de la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana ... (Página54)
Comisión de Cultura
161/002560
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la resignificación y recuperación del Pueblo Viejo de Belchite ... (Página55)
161/002584
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para conmemorar el 425 Aniversario del nacimiento de Baltasar Gracián ... (Página57)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002567
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para garantizar la plena titularidad pública de la SAREB y la movilización de sus activos al servicio del interés general ...
Comisión de Sanidad
161/002558
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al proyecto de Real Decreto por el que se regula el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para la mejora de la calidad de vida de las personas
diagnosticadas de Esclerosis Amiotrófica (ELA) y de aquellas que padecen otras enfermedades o procesos clínicos irreversibles de alta complejidad ... (Página63)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002581
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya,para el reconocimiento de la singularidad y la excelencia del sistema universitario y de investigación de Cataluña ... (Página66)
161/002590
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para la revisión del distrito universitario único y la garantía del acceso equitativo a los estudios de medicina en Cataluña ...
161/002591
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la lucha contra la violencia de género en el ámbito universitario ... (Página76)
161/002592
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del sistema público universitario y la necesaria implicación del Estado en su financiación ... (Página78)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002563
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de la seguridad vial en la carretera N-420 a su paso por Gandesa y la ejecución urgente de la variante ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Sanidad
181/001389
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de si el Gobierno atenderá las alegaciones y propuestas presentadas por los colectivos y organizaciones en el trámite de audiencia e información pública
del proyecto de Real Decreto por el que se regula el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso
irreversible ... (Página81)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/028043
Autor: Martínez Barbero, Verónica
Lago Peñas, Manuel
Operación urbanística del Gobierno local de A Coruña en el borde litoral de la ría do Burgo ... (Página82)
184/028532
Autor: Mercadal Baquero, Pepe
Herrera García, Milena
Información formal realizada por el Consell Insular al Ministerio de Cultura acerca del proyecto de construcción de mejora de la carretera Me-1 en los términos municipales de Maó y Alaior (Menorca) ... (Página85)
184/029268
Autor: Pascual Rocamora, Sandra
Montesinos de Miguel, Macarena
Melgarejo Moreno, Joaquín
Parra Aparicio, Julia
Sánchez Pérez, César
Hoyo Juliá, Belén
Reynal Reillo, Esperanza
De Rosa Torner, Fernando
Gil Santiago, Carlos
Alfonso Silvestre, Alma
Moreno Borrás, Cristina
Fabra Part, Alberto
Clavell López, Óscar
Protocolos de vigilancia y activación que se aplicaron y puntos críticos de la red de barrancos que fueron priorizados en relación con el episodio de lluvias intensas ocurrido en la Comunitat Valenciana entre los días 28, 29 y 30/09/2025,
así como copia de los partes de servicio, registros SAIH y comunicaciones de coordinación emitidos durante dicho episodio, así como el informe de evaluación post-evento si ya existiera ... (Página86)
184/029370
Autor: Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Mejías Sánchez, Carina
Aguirre Gil de Biedma, Rocío
Responsabilidades laborales reales que mantenía la asesora Cristina Álvarez en La Moncloa y su relación y participación respecto a las gestiones de la cátedra de Transformación Social Competitiva dirigida por Begoña Gómez ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Diputación Permanente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Grupo Parlamentario Socialista
(061/000009)
Titulares
Alta:
MARTÍNEZ SALMERÓN, Joaquín ................................................................. 15-10-2025
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/002561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la
resignificación y recuperación del Pueblo Viejo de Belchite, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La localidad de Belchite (comarca de Campo de Belchite, provincia de Zaragoza) fue escenario entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937 de una batalla de las más
crueles de la Guerra Civil Española, causando 5.000 muertos y destruyendo el pueblo casi por completo. Acabada la guerra, el Gobierno del general Franco decidió no reconstruir el pueblo, sino levantar uno nuevo al lado, manteniendo las
ruinas del viejo como recuerdo de la contienda. Durante la dictadura franquista las construcciones del Pueblo Viejo se fueron deteriorando, incluso se extrajeron materiales para utilizarlos en otras obras, sin que se abordara su recuperación ni
mantenimiento.
En enero de 2025, ej Pueblo Viejo de Belchite fue incluido en el Fondo Mundial de los Monumentos (WMF, en sus iniciales en inglés) para su preservación como lugar de memoria y reflexión y por su rico patrimonio cultural. De esta forma, WMF
denuncia enclaves históricos en riesgo de desaparición.
El 18 de noviembre de 2021 mantuvieron una reunión el director general de Agenda Urbana y Arquitectura de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el director general de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, tras la cual se informó de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana colaborará, junto con el Gobierno de Aragón,
en el proyecto y las actuaciones que se ejecutarán para la resignificación y recuperación del Pueblo Viejo de Belchite, con el objetivo de su conversión en un lugar de memoria más allá de lo que ha sido el discurso tradicional, así como en un hito
internacional de memoria democrática.
Por ello, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se consignó una partida de 7 millones de euros para la resignificación y recuperación del Pueblo Viejo de Belchite, que se desarrollaría en un plurianual entre 2022 y
2026. De hecho, en el ejercicio 2022, se incluyó una partida económica de 80.000 euros para lanzar un concurso de ideas, en el que primaran los criterios arquitectónicos para desarrollar posteriormente la intervención. En los ejercicios siguientes
se consignaron 300.000 euros en 2023, 1,5 millones de euros en 2024, 2,2 millones de euros en 2025 y 3 millones de euros en 2026.
El 6 y 7 de junio de 2022 se celebraron en Zaragoza y Belchite unas jornadas con las que se abrió un proceso participativo sobre el futuro del Pueblo Viejo de Belchite. Dicha convocatoria tenía la intención de poner al servicio de la
ciudadanía un foro de debate en el que se tratara la preservación y gestión de Belchite 85 años después de su destrucción, enfocando ese reto desde la perspectiva histórica, analizando la estructura arquitectónica, teniendo en cuenta factores que
inciden sobre la conservación patrimonial y abordando las posibles vías de actuación, incorporando a los principales agentes implicados en este proceso desde el ángulo de la memoria.
Sin embargo, desde entonces no se han conocido más novedades.
La única novedad es que el pasado mes de agosto la asociación Hispania Nostra ha incluido al Pueblo Viejo de Belchite en la Lista Roja del patrimonio, porque «muchas estructuras están en riesgo de derrumbe inminente y estudios alertan de que
en veinte años podrían desaparecer los principales monumentos y todo el casco urbano». Hispania Nostra pone de ejemplo la iglesia del Convento de San Rafael, cuya fachada, separada del resto del edificio, «se sostiene apenas con puntales, mostrando
grietas y pandeo». Asimismo, otros espacios presentan en estos momentos «muros colapsados, bóvedas hundidas y orificios por accesos no controlados», lo que «compromete la seguridad de visitantes y trabajadores, y amenaza estructuras como la iglesia
de San Agustín». También se apuntan a «los efectos del clima, como la borrasca Filomena, que agravó los daños».
Desde Hispania Nostra se reclama que se trabaje por la conservación del Pueblo Viejo de Belchite, como «un lugar con un fuerte valor simbólico y cultural», «un testimonio de la barbarie de la guerra, del olvido institucional y del que corren
los bienes patrimoniales cuando no se acompañan de políticas activas de conservación».
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar sin más demora las inversiones precisas para la resignificación y recuperación del Pueblo Viejo de Belchite, para su puesta en valor como lugar de memoria y garantizar la
conservación de su patrimonio cultural.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2025.Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración del Pueblo Viejo de Belchite como lugar de memoria
democrática, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Durante prácticamente toda la Guerra Civil española, desde julio de 1936 hasta marzo de 1938, Aragón estuvo atravesado de norte a sur por el frente de guerra. Es el conocido como Frente de Aragón. Uno de los puntos más emblemáticos de este
frente se ubicó en la población zaragozana de Belchite, municipio situado a tan solo 49 km de Zaragoza capital. Allí tuvo lugar una de las batallas más simbólicas y cruentas de la guerra civil: la Batalla de Belchite.
En 1935, Belchite era una localidad de apenas 3.810 habitantes, dedicada principalmente a la agricultura de secano. Tras las elecciones municipales de febrero de 1936, fue nombrado alcalde Mariano Castillo, único concejal del PSOE en un
ayuntamiento dominado por la CEDA, lo que generó un fuerte malestar entre los sectores conservadores de la población.
El 20 de julio de 1936, apenas dos días después del golpe de Estado, milicias del bando sublevado recorrieron los pueblos de la comarca, destituyendo a los Ayuntamientos del Frente Popular y comenzando una violenta campaña de persecución,
detenciones y ejecuciones contra quienes eran considerados simpatizantes del gobierno legítimo de la Segunda República y contrarios al nuevo régimen franquista.
En relación con estos hechos, en 2021 se localizó una fosa común en el cementerio de Belchite que contenía más de 150 cadáveres de personas fusiladas por la Falange aquel mismo 20 de julio de 1936. Se estima, además, que otros 200 cuerpos
podrían encontrarse enterrados en los alrededores del cementerio.
Un año después, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937 se produjo la Batalla de Belchite. El enfrentamiento se enmarcaba en la ofensiva del ejército republicano que pretendía aliviar la presión en el frente Norte, tomando
Zaragoza e intentando evitar la caída de Bilbao y Santander. Mientras la 45.ª División Internacional se centró en Zaragoza, la 11.ª y 35.ª se detuvieron en Belchite, donde se habían concentrado varios miles de soldados del ejército sublevado. El
ejército republicano asedió Belchite bajo el durísimo calor del verano aragonés. La batalla se convirtió en un combate calle a calle y casa a casa, lo que provocó miles de muertos, tanto soldados como civiles.
Al asedio y la implacable guerra callejera se sumó el ataque de la aviación sublevada integrada por la Legión Cóndor de la Alemania de Hitler y la Aviación Legionaria de la Italia de Mussolini. Ambas utilizaron el bombardeo de Belchite como
campo de pruebas
de los nuevos tipos de armamento que posteriormente se utilizarían en la Segunda Guerra Mundial.
La batalla de Belchite se saldó finalmente con la toma por los republicanos del pueblo, que quedó completamente arrasado. Se estima que murieron unas 5000 personas, de ambos bandos, en apenas 15 días.
No sería hasta marzo de 1938 cuando, roto el Frente del Ebro, Belchite quedaría definitivamente bajo dominio franquista. Un año después, el 1 de abril de 1939, se declararía oficialmente terminada la guerra.
Pocos meses después, el 23 de septiembre de 1939, un decreto del Ministerio de la Gobernación reguló las localidades dañadas por la guerra en determinadas condiciones. En su artículo 3.2 se establecía que: «Cuando el Estado lo considere
oportuno podrá disponer que se conserven, como huellas gloriosas, la totalidad o parte de algún pueblo, para enseñanza de las generaciones venideras y recuerdo de la heroica Cruzada, acordándolo así en Consejo de Ministros. En tal caso, pasarán a
dominio del Estado los solares y ruinas existentes, mediante las compensaciones correspondientes a sus propietarios».
En este sentido, el decreto de 7 de octubre de 1939 acordó expresamente la adopción «a los efectos de la reconstrucción», de una veintena de localidades españolas. Un tercio de ellas fueron localidades aragonesas y entre ellas se encontraba
Belchite. Cinco días después, el 12 de octubre, el dictador Francisco Franco concedió los títulos de Muy Noble, Leal y Heroica Villa y la distinción de la Cruz Laureada de San Fernando a la localidad de Belchite. No obstante, el régimen franquista
decidió no reconstruir el pueblo, sino que preservó las ruinas como símbolo de la Victoria Nacional y prueba de la «barbarie roja», a la vez que ordenó construir un pueblo nuevo al lado. De tal manera que a la población original se le pasó a
conocer como «Pueblo Viejo de Belchite» por contraposición a «Belchite nuevo».
El nuevo núcleo urbano de Belchite comenzó a construirse en 1940 y las obras se prolongaron hasta 1954. La construcción siguió los principios urbanísticos propios de los pueblos de colonización franquista, con una planificación ordenada de
calles, viviendas de tipología uniforme y la construcción de edificios religiosos, civiles y públicos.
Para su edificación, el régimen franquista empleó como mano de obra forzosa a prisioneros republicanos, que fueron alojados en un campo de concentración cercano. El campo de concentración, conocido en Belchite como «Pequeña Rusia»,
albergaba a unos 1000 presos republicanos, así como a familias de ideología de izquierdas y progresista. Las edificaciones de ese campo todavía hoy continúan en pie.
El nuevo Belchite fue concebido como un símbolo de la Victoria Nacional, lo que se reflejaba en la abundante simbología franquista presente en fachadas, plazas y denominaciones de calles. Si bien la mayoría de estos elementos han sido
eliminados tras la entrada en vigor de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, aún persisten algunos vestigios que no han sido retirados.
La villa de Belchite Viejo fue declarada Bien de Interés Cultural por el gobierno de Aragón y, posteriormente, por acuerdo del Consejo de Gobierno del 8 de febrero de 2022, se amplió su protección a la categoría de Sitio Histórico.
A pesar de su protección como BIC, y de que recibe miles de visitantes anuales (en 2022 se batió el récord de turistas, con 42.706 visitantes), desde el año 2013 se encuentra vallado y solo se admiten las visitas guiadas porque su estado de
deterioro es total puesto que apenas se han podido realizar obras de consolidación.
Ello es debido a una cuestión que todavía quedaba por dilucidar: pese a que el régimen franquista aprobó que pasarían por decreto a dominio del Estado aquellos solares y ruinas existentes en la antigua localidad, mediante las compensaciones
correspondientes a sus propietarios, nunca se pudo determinar si tal decreto llegó a aprobarse por Consejo de Ministros. Por ello, la titularidad de los terrenos quedó en un «limbo legal» que dificultaba cualquier intervención. El propio
Ayuntamiento de Belchite inició, hace unos meses, un expediente de investigación para conocer la titularidad de los edificios y terrenos del Pueblo Viejo que se ha resuelto recientemente, por lo que las
algo más de 12 hectáreas del Pueblo Viejo ya son de titularidad municipal, lo que permitirá avanzar en la restauración de los bienes ubicados en la antigua localidad.
No hay que olvidar que las ruinas del Pueblo Viejo de Belchite son el único monumento español que ha entrado en la lista de los veinticinco enclaves elegidos por la World Monuments Fund por tratarse de un lugar histórico en el que urge su
conservación patrimonial.
Un trabajo en la conservación, en la recuperación de la memoria del Pueblo Viejo de Belchite, así como en la exhumación e identificación de los cadáveres en dicha localidad, que se ha venido impulsando, de forma incansable por asociaciones
memorialistas, especialmente por la Asociación Memorialista de Belchite.
En definitiva, Belchite reúne en una sola localidad numerosos elementos de la Memoria Democrática:
Fue un lugar de represión y represalia temprana contra la población civil, en el que todavía permanecen pendientes de exhumación y de identificación cientos de cadáveres enterrados en varias fosas comunes.
Es un paradigma de la guerra civil española. El asedio y la batalla fueron mitificados y resignificados por ambos bandos. Son numerosos los vestigios trincheras, búnkeres, restos de munición, etc. que se conservan en el término y en
los municipios colindantes.
Es un ejemplo paradigmático de Pueblo Adoptado de Franco, en el que el régimen dictatorial procede a la transformación de una derrota en un símbolo de victoria.
Mantuvo durante casi veinte años un campo de trabajos forzados para prisioneros de guerra y represaliados, y sus familias.
Fue un lugar de experimentación urbanística y social, del que se conserva abundante documentación en los archivos procedentes de la antigua Dirección General de Zonas Devastadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Declarar el Pueblo Viejo de Belchite como Lugar de Memoria Democrática, en virtud de lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
2. Promover, junto al resto de administraciones competentes (Diputación General de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento de Belchite) que el Pueblo Viejo de Belchite sea uno de los símbolos de la brutal represión social,
ideológica y económica que la dictadura franquista ejerció sobre la población local, así como un verdadero lugar de interpretación de lo que significó la Guerra de España.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2025.Marta Gracia Blanco, Artemi Rallo Lombarte y Raúl Díaz Marín, Diputados.Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002557
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley relativa a la situación humanitaria en Gaza y la necesidad de una respuesta firme del Estado español.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación humanitaria en Gaza y la necesidad de una respuesta firme
del Estado español, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La Franja de Gaza atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes. Más de 65.000 personas han perdido la vida, 165.000 han resultado heridas y unas 22.500 sufren lesiones que les han cambiado la vida y requieren servicios de rehabilitación
ahora y en los años venideros. Más de 500.000 personas, aproximadamente una cuarta parte de la población se enfrenta a la hambruna, mientras que el resto sufre niveles de hambre de emergencia, según datos de Naciones Unidas, lo que se traduce en
que casi quinientas personas han muerto de hambre desde que se desató la ofensiva militar. Un millón de personas continúan siendo desplazadas, siendo la mitad menores de edad.
Esta situación, calificada como genocidio por expertos internacionales, por la Relatora Especial de la ONU y por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas, exige una respuesta firme, clara y sin
ambigüedades por parte de la comunidad internacional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado públicamente:
«Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar. Es exterminar a un pueblo que está indefenso. Es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario. Hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos
ganarlas.»
El Gobierno de España ha adoptado medidas valientes y pioneras en Europa, entre ellas:
Embargo legal y permanente de armas a Israel mediante decreto ley.
Prohibición del tránsito por puertos y espacio aéreo español de material militar destinado a Israel.
Denegación de entrada a territorio español a personas implicadas en crímenes de guerra en Gaza.
Prohibición de importar productos de los asentamientos ilegales en Cisjordania.
Aumento de la ayuda humanitaria a Gaza hasta los 150 millones de euros en 2026.
Reconocimiento del Estado de Palestina y defensa activa de la solución de los dos Estados.
Incremento de la financiación a la UNRWA, con una nueva aportación de 4 millones de euros aprobada por el Consejo de ministros.
Promoción de la retirada de España del Festival de Eurovisión 2026 si Israel participa, convirtiéndose en el primer país del grupo Big Five en adoptar esta medida.
A esta respuesta institucional desde hace meses se suma la movilización masiva de la ciudadanía española, que ha demostrado una conciencia ética y política ejemplar. Llevamos tiempo observando desde concentraciones en plazas y universidades
hasta manifestaciones multitudinarias a lo largo y ancho de todo el país, el pueblo español ha alzado la voz por Palestina y por los derechos y libertades de su ciudadanía.
La cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista a España, tras la movilización de más de 100.000 personas en Madrid, simboliza el rechazo ciudadano al genocidio y a la participación del equipo Israel Premier Tech en la competición.
Esta acción pacífica fue una expresión legítima de defensa de los derechos humanos.
Mientras tanto, la oposición permanece en silencio o se limita a declaraciones tibias, evitando condenar con claridad los crímenes cometidos o incluso defiende al gobierno israelí, cargando la responsabilidad sobre las y los palestinos.
Algunos líderes incluso han criticado las movilizaciones ciudadanas, calificándolas de «bochornosas» o han calificado a los participantes de «gentuza», llegando incluso a pretender vincularles con la «kale borroka o el yihadismo». Esta actitud es
irresponsable y profundamente insensible ante el sufrimiento de miles de inocentes, y se basa desde hace meses en provocaciones y en bulos deleznables, que lamentablemente han quedado grabados en la historia.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, expresamos nuestro respeto, admiración y solidaridad con el pueblo palestino, que resiste con dignidad, coraje y esperanza. Nuestra posición es clara y rotunda, por ello apostamos por su lucha por la
vida, la justicia y el derecho a existir que nos interpela como sociedad democrática.
«La historia nos juzgará. Y cuando lo haga, sabrá que España estuvo del lado correcto: del lado de los derechos humanos, de la paz, y de los pueblos que no se rinden.»
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados se reafirma en la posición clara y firme en defensa de los derechos humanos en Gaza y Cisjordania, e insta al Gobierno a:
1. Retorno inmediato al alto el fuego y el trabajo en pro de la aplicación de una solución de dos Estados como la única manera de llevar la paz, la seguridad y la estabilidad para la región.
2. Reiterar la liberación inmediata e incondicional de todos los secuestrados.
3. Exigir a Israel la reanudación total de entrada de ayuda humanitaria en Gaza, volviendo al modelo de entrega que las Naciones Unidas y otras agencias y organizaciones presentes en la zona aplicaban eficazmente.
4. Reforzar la ayuda humanitaria directa a Gaza, priorizando la salud, la educación, la alimentación y la reconstrucción de la Franja.
5. Continuar impulsando en la Unión Europea, entre sus Estados Miembros y en las Naciones Unidas el reconocimiento del Estado de Palestina y la solución de los dos Estados.
6. Rechazar los asentamientos ilegales anunciados por el gobierno israelí, así como la expansión de los existentes, reiterando su ilegalidad conforme al derecho internacional. Denunciar a su vez, la creciente violencia de colonos israelíes
contra palestinos que a menudo cuenta con la pasividad de las fuerzas de seguridad israelíes.
7. Condenar sin ambigüedades, los ataques indiscriminados contra la población civil palestina.
8. Continuar impulsando medidas que apoyen la labor que lleva a cabo la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), esencial para la supervivencia, seguridad y dignidad del pueblo palestino.
9. Reconocer, proteger, respetar y facilitar el derecho a la protesta ciudadana como expresión legítima de un derecho fundamental.
10. Reafirmar la decisión de no participar en el Festival de Eurovisión si Israel forma parte del certamen, como gesto firme en defensa de los derechos humanos y la paz y seguridad en la región.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.María Isabel Moreno Fernández y Sergio Gutiérrez Prieto, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley por una propuesta estratégica y de desarrollo para la Línea de la
Concepción, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La ciudad de La Línea de la Concepción, ubicada en el extremo sur de la Península Ibérica y en la frontera con el Reino Unido, se ha caracterizado históricamente por su condición de territorio de intersección entre dos realidades políticas,
económicas y sociales distintas. Desde finales del siglo XIX, el hecho fronterizo ha explicado y condicionado el desarrollo de La Línea, convirtiéndola en un enclave con particularidades que la diferencian del resto de los municipios del Estado.
La Línea es hoy frontera directa con la única reclamación territorial vigente de España ante las Naciones Unidas, lo que la convierte en víctima de un contencioso de soberanía, y junto con Irlanda del Norte, la única frontera Brexit del continente
europeo.
En la década de 1960, el conflicto diplomático entre España y el Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar derivó en una política de aislamiento impuesta por el régimen franquista, que culminó en 1969 con el cierre de la verja fronteriza.
Durante más de una década, este cierre tuvo consecuencias devastadoras para la economía de La Línea, que dependía en gran medida del trabajo transfronterizo. Miles de linenses vieron truncadas sus oportunidades laborales y se vieron obligados a
emigrar a otras zonas de España o al extranjero. Más de 36.000 personas según estimaciones del consistorio. La reapertura
de la frontera en 1985, en el marco del proceso de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, supuso una nueva etapa, pero no resolvió las profundas desigualdades y vulnerabilidades socioeconómicas de la ciudad.
Hoy día, La Línea sigue siendo una de las ciudades con mayores dificultades económicas y sociales de España, manteniendo una desigualdad y desempleo crónicos. Su tasa de paro supera habitualmente el 30 %, entre las más elevadas del país.
La renta media anual de sus habitantes es de 10.552 euros, una de las más bajas de todo el Estado, en comparación con los 18.316 euros de media nacional. Esta precariedad contrasta con la realidad de Gibraltar, donde el salario medio anual alcanza
los 43.644,24 euros y donde aproximadamente 15.000 personas cruzan diariamente la frontera para trabajar, de las cuales más de 9.000 tienen nacionalidad española y otros 6.000 procedentes de muy diversos lugares de Europa y el mundo. Sin embargo,
estos trabajadores enfrentan una serie de problemáticas, ante la ausencia de un sistema de prestaciones sociales equiparable al español: pensiones bajas, contratos a cero horas, doble imposición tributaria, etc.
La ausencia de un tejido económico propio ha provocado una fuerte dependencia del vecino gibraltareño, especialmente en el sector servicios. El consumo de los visitantes gibraltareños representa un porcentaje muy elevado de las ventas de
muchos pequeños comercios, cifrándose este imput económico en 46 millones de libras anuales en el Campo de Gibraltar. A esto se suma la precariedad laboral en el propio municipio, donde una parte significativa del empleo está marcado por la
temporalidad y la falta de estabilidad, con un tejido local de empresas pequeñas y centradas en el sector servicios, en contraste con una comarca industrializada y con enclaves turísticos de primer nivel. Además, muchos trabajadores se ven
obligados a desempeñar actividades en la economía sumergida, lo que contribuye a la desprotección laboral y a la imposibilidad de acceder a derechos básicos como cotizaciones para la jubilación o prestaciones por desempleo.
Económicamente, La Línea afronta una situación de desventaja estructural. Por un lado, la proximidad de Gibraltar, con un régimen impositivo mucho más favorable, genera una competencia desigual. Por otro lado, un sector logístico e
industrial potente pero cuyas infraestructuras no llegan al municipio, afianzándose en localidades vecinas. La falta de incentivos fiscales en la ciudad limita la inversión privada y la creación de empleo, perpetuando el ciclo de precariedad
económica. Sin un régimen económico especial que compense estas desigualdades, La Línea continuará siendo un municipio con escasa capacidad de desarrollo y generación de riqueza propia.
Por otro lado, la situación fronteriza y la falta de oportunidades han convertido a La Línea en un enclave especialmente vulnerable al narcotráfico. La ciudad es uno de los puertos de acceso de droga en España, dentro de una autopista
internacional que conecta los tráficos ilícitos por toda Europa, lo que ha derivado en un preocupante aumento de las actividades ilícitas y la presencia de redes criminales. La falta de recursos policiales y judiciales dificulta la lucha eficaz
contra el tráfico de estupefacientes, generando una sensación de impunidad y poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Ejemplo de ello fue el asalto al hospital de La Línea en el año 2017, un acontecimiento determinante para la posterior
puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad. Sin embargo, las coordinadoras contra la droga denuncian que aún falta implementar una pata social y educativa contra la «narcocultura». La desigualdad social y el abandono institucional de
determinados barrios ha generado un terreno fértil para estas redes criminales.
El impacto ambiental en La Línea es otro de los problemas que agravan la situación del municipio. El polo químico del Campo de Gibraltar, con una alta concentración de industrias petroquímicas y energéticas, supone un riesgo constante de
contaminación del aire y el agua, afectando directamente la salud de los habitantes de la zona. A esto se suma la presencia de la base militar británica en Gibraltar, que genera un tráfico constante de buques y submarinos, algunos nucleares, donde
se han registrado incidentes con vertidos contaminantes en aguas cercanas a la costa linense. Todo esto
sin que exista protocolo conocido de autoprotección y evacuación para la población. La Línea es el municipio con menor esperanza de vida de España, uno de los pocos que bajan hasta los 79 años de media, cuando la media estatal se sitúa en
83 y la mortalidad y morbilidad del Campo de Gibraltar es una de las más elevadas del país. Además, la gestión de las aguas circundantes al Peñón es hoy uno de los principales escenarios del contencioso de soberanía. La población linense sufre las
consecuencias de esta contaminación y gestión ambientales sin recibir compensaciones económicas, como sí lo hacen otros municipios de la zona, ni planes de mitigación adecuados.
Ser frontera directa con Gibraltar genera una población flotante, que reside en el municipio todo el año, no reconocida en los datos oficiales de censo y que tiene un impacto directo en la vivienda y en los servicios públicos. Según
estimaciones publicadas por el consistorio, esa población flotante se cifraría en un 30 % de la población censada, lo que elevaría el número de habitantes a más de 75.000 personas. Dos consecuencias claras de esto es la subida en los precios de
alquileres y ventas de vivienda, afectando a su acceso en igualdad para toda la población. Por otro, el consistorio tiene que prestar servicios a una población por la que no recibe ingresos ni en la PIE ni en la PATRICA, provocando una merma en la
calidad de estos y elevando los tributos locales, con el consiguiente impacto en las familias y empresas. La Línea tiene los más elevados de todo el Campo de Gibraltar.
Ante esta situación, la institución municipal y las organizaciones de la sociedad civil han impulsado en los últimos 30 años distintas y reiterativas reclamaciones. En 1991 más de 7.000 personas salen a la calle contra el narcotráfico y
exigiendo soluciones para la ciudad, se constituye entonces la Mesa de Trabajo por La Línea, una plataforma cívica unitaria. En 1999, tras una década de lucha social, el Gobierno Central reconoce la singularidad del municipio con una Carta
Económica Especial, una medida que entonces solo disfrutaban Madrid y Barcelona, por razones de Estado. Una medida que decaería en 2003. En 2011, con una crisis económica muy aguda del Ayuntamiento, los cuatro grupos municipales aprueban un
documento sobre la singularidad del municipio enviado al Gobierno de España. En 2017, se consensúa el Plan Estratégico de Impulso y Desarrollo de la ciudad entre los grupos políticos con representación municipal y la Mesa de Trabajo por La Línea,
con representación vecinal, sindical, empresarial y grupos políticos ausentes del arco municipal.
La firma en 2025 del acuerdo entre España y el Reino Unido, con el acompañamiento de la Unión Europea, constituye un hecho histórico para la ciudad de La Línea de la Concepción y para toda la comarca. La retirada de la valla que separa
España de Gibraltar simbolizará, cuando se produzca, un cambio de época, dejando atrás décadas de aislamiento y dificultades impuestas por la frontera. Este acuerdo, que debe entenderse como un primer paso, debería abrir la puerta a una mayor
integración social y económica, y puede mejorar de manera sustancial la vida cotidiana de miles de linenses que han sufrido durante años los efectos de los vaivenes políticos y diplomáticos.
Sin embargo, este avance no puede hacernos perder de vista los riesgos que conlleva. La eliminación de la valla no resolverá por sí sola problemas estructurales como el desempleo, la desigualdad, el narcotráfico o la presión sobre los
servicios públicos. Del mismo modo, pueden surgir nuevas dificultades derivadas de una mayor permeabilidad de la frontera, que exigirán una respuesta eficaz y coordinada de las administraciones públicas superiores, especialmente del Estado. Por
ello, junto al reconocimiento del carácter histórico del acuerdo, es imprescindible dotar a La Línea de recursos y políticas sólidas que garanticen que este nuevo escenario se traduzca en una mejora real y duradera de las condiciones de vida de su
población.
En este contexto, es urgente que el Estado reconozca la singularidad fronteriza de La Línea de la Concepción, corrigiendo así una deuda histórica con el municipio, adoptando medidas excepcionales que permitan afrontar los desafíos
estructurales de la ciudad, teniendo en cuenta los efectos que puede generar el acuerdo firmado, y garantizando la
estabilidad y derechos de su población ante la incertidumbre económica y social fruto de los vaivenes fronterizos.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Otorgar un reconocimiento institucional por su singularidad fronteriza a La Línea de la Concepción, entendiendo que su desarrollo ha estado condicionado por un contencioso internacional de soberanía, y por tanto su realidad es una
cuestión de Estado.
2. Constituir una Comisión Tripartita, de la que participen Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de La Línea de la Concepción; y con mecanismos reglados de participación ciudadana, para la coordinación de un plan integral
del municipio.
3. Encargar un estudio estratégico que analice la realidad de La Línea con un enfoque multidisciplinar que diagnostique las posibles vías de desarrollo del municipio con el objeto de elaborar un plan integral que ordene y evalúe las
actuaciones necesarias, que se desarrolle durante un máximo de seis meses, se encargue a una entidad con conocimiento exhaustivo de la situación socio-económica de la zona y que incluya medidas económicas que den respuesta a la singularidad
económica de la zona.
4. Desarrollar un plan de apoyo a los trabajadores transfronterizos que garantice la protección de sus derechos laborales y sociales y la equiparación de sus prestaciones a las del resto de trabajadores españoles, en especial las pensiones
de jubilación.
5. Facilitar la homologación de títulos profesionales y académicos que permitan una mayor flexibilidad laboral y evitar la exclusión de trabajadores transfronterizos.
6. Asignar recursos presupuestarios extraordinarios para la modernización de infraestructuras y la mejora de los servicios públicos en La Línea, dotando al municipio de los medios necesarios para su desarrollo sostenible.
7. Crear programas de empleo y formación dirigidos a los jóvenes y desempleados de La Línea, con el objetivo de reducir la dependencia económica de Gibraltar y fomentar la creación de sectores productivos locales.
8. Establecer un sistema de complementos específicos por destino, debido a la singularidad fronteriza del municipio, para todos los cuerpos de funcionarios del Estado, de manera que se reduzca la alta tasa de rotación y se mejoren los
servicios públicos prestados.
9. Poner en marcha medidas que protejan el acceso a una vivienda digna de la población linense de manera que se eviten la creación de una burbuja inmobiliaria y de dinámicas especulativas que eleven indiscriminadamente los precios como
consecuencia de los desequilibrios económicos que se produzcan tras la entrada en vigor del acuerdo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2025.Esther Gil de Reboleño Lastortres, Agustín Santos Maraver y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Justicia
161/002589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley para la modificación urgente de la
regulación de los medios alternativos de solución de conflictos en la justicia y el establecimiento de criterios unificados para todos los órganos judiciales, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 ha supuesto un cambio sustancial en el modelo de resolución de controversias en el orden civil, al establecer los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) como requisito de
procedibilidad obligatorio previo a la interposición de demanda.
Con esta reforma, el Gobierno defiende perseguir la reducción de la litigiosidad, agilizar los procesos y fomentar una cultura del diálogo y del acuerdo, reservando la vía judicial para aquellos asuntos en los que la negociación previa haya
resultado infructuosa. Los MASC se aplican de manera transversal en el orden civil, abarcando procedimientos declarativos, especiales y, en particular, los procesos de familia, donde su utilización podría permitir alcanzar acuerdos más equilibrados
y proteger mejor el interés superior del menor con una buena regulación legal.
No obstante, la aplicación práctica desde la entrada en vigor de la norma, dada la poco depurada configuración legal de este nuevo requisito, ante la negativa ministerial a una verdadera negociación sobre el mejor texto normativo o la
participación de expertos y profesionales en el trámite legislativo para la mejora del proyecto, en particular del requisito de procedibilidad, está planteando dificultades y disparidades interpretativas entre distintos órganos judiciales e
importantes retrasos en procedimientos que, por su naturaleza, deben ser rápidos en defensa de los derechos del justiciable y cuyo amparo se conseguía de forma más rápida antes de la entrada en vigor de la ley.
Las diferencias interpretativas, que se producen, incluso entre juzgados o letrados de administración de justicia del mismo partido judicial, afectan a la acreditación del intento de acuerdo, a la compatibilidad de los plazos con la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y a la aplicación de las excepciones contempladas en la norma. Ello genera inseguridad jurídica, contraviniendo la finalidad de la reforma al generar retrasos e inseguridad, con muy relevantes consecuencias negativas en
algunos procedimientos.
Resulta, por tanto, imprescindible impedir que los MASC se conviertan en un elemento de bloqueo de la justicia, así como garantizar la seguridad jurídica con una unidad de criterios en todo el territorio nacional, a través de protocolos
claros, directrices homogéneas y formación específica de los operadores jurídicos. Sólo de esta manera los MASC podrán consolidarse como un instrumento eficaz de acceso a la justicia y contribuir a la descarga real del sistema judicial. En este
momento, a la vista de los problemas generados en su práctica, se identifican por los profesionales con el bloqueo y perjuicios respecto al amparo de derechos de los demandantes y con retrasos difíciles de justificar a sus representados y
perjudiciales para los legítimos intereses y derechos de los ciudadanos.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), entre otros, ha subrayado la necesidad de avanzar en esta línea, proponiendo la adopción de medidas que aseguren la coherencia y la efectividad del nuevo modelo y es un clamor entre los
profesionales de la justicia.
El Parlament de Catalunya ha pedido también el pasado 7 de octubre que el Gobierno atienda con urgencia a este clamor y modifique la regulación de los MASC de
la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia en materia del Servicio Público de Justicia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la unificación de criterios en la aplicación de los MASC en todo el territorio nacional, mediante reformas normativas y reglamentarias que lo garanticen.
2. Modificar urgentemente las excepciones a los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2025, ampliándolas al menos a los juicios monitorios, a los juicios relativos a reclamaciones de cuotas
impagadas a comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, así como a los juicios de desahucio por cualquiera de las causas previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
3. Elaborar cuanto antes el estatuto de la tercera persona neutral, previo proceso transparente de participación efectiva del CGPJ, de los profesionales de la abogacía y la procura, especialistas en medios adecuados de solución de
controversias, jueces y letrados de la administración de justicia y remitirlo a las Cortes Generales para su aprobación.
4. Trabajar junto al CGPJ, las Comunidades autónomas con competencias en justicia, los Consejos de la abogacía y la procura y los letrados de la administración de justicia en la elaboración de protocolos comunes de actuación para todos los
órganos judiciales, que definan con claridad y flexibilidad la exigencia, acreditación y efectos del intento de MASC.
5. Desarrollar programas de formación específica en materia de MASC dirigidos a jueces, magistrados, letrados de la administración de justicia, fiscales, abogados, procuradores y demás operadores jurídicos.
6. Poner en marcha campañas de información ciudadana que difundan el funcionamiento y ventajas de los MASC como vía eficaz de resolución de conflictos.
7. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto real de los MASC en la reducción de la litigiosidad y en la mejora de la eficiencia del sistema judicial.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2025.Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, María Jesús Moro Almaraz, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Isabel María Borrego Cortés, María Eugenia
Carballedo Berlanga, Agustín Conde Bajén, Fernando de Rosa Torner, Silvia Franco González, Macarena Lorente Anaya, Javier Noriega Gómez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Álvaro Pérez López, Daniel Pérez Osma y José Manuel Velasco Retamosa,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/002559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a resolver los graves
problemas estructurales y operativos que padece el Aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El aeropuerto de Tenerife Sur constituye una infraestructura estratégica para Canarias y para España en su conjunto, siendo una de las principales puertas de entrada del turismo internacional hacia nuestro país. En particular, el mercado
emisor británico representa un pilar fundamental de la economía canaria, y cualquier deficiencia o anormal funcionamiento en los flujos británicos impacta directamente en el mantenimiento de miles de empleos y por tanto en el bienestar de las
familias isleñas.
A este respecto, es necesario subrayar que desde la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), la necesidad de realizar controles de pasaportes más exhaustivos ha agravado una situación que ya con anterioridad era
deficitaria por la falta de personal y la insuficiencia de efectivos en las infraestructuras aeroportuarias. En este sentido, las colas interminables en los controles fronterizos que invaden incluso las zonas operativas del aeródromo proyectan una
imagen impropia de un país con condición de líder mundial en materia turística.
A pesar de las reiteradas denuncias de esta situación persistente por parte de representantes públicos y operadores afectados de la industria aeroportuaria, hasta el día de hoy el Gobierno de España ha mostrado una actitud pasiva y
conformista.
La respuesta institucional se ha limitado a un leve incremento del número de agentes, sin priorizar las inversiones estructurales que Canarias necesita con urgencia.
A esta situación se suma un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo en el aeropuerto de Tenerife Sur (13,7 millones de pasajeros en 2024, con un incremento del 11,4 % respecto a 2023), así como del volumen de operaciones y carga,
lo que refuerza su papel estratégico dentro de la red de Aena y en la economía turística nacional.
Además, no se puede obviar que el Aeropuerto de Tenerife Sur aporta ingresos millonarios para el gestor aeroportuario Aena, cuyo accionariado mayoritario (51 %) corresponde al Estado.
En consecuencia, no resulta aceptable que dichos beneficios no se traduzcan en mejoras tangibles para unas instalaciones que han quedado del todo obsoletas, sobre todo cuando hablamos de un sector tan estratégico y sensible como resulta la
actividad turística para la región ultraperiférica de la que estamos hablando absolutamente dependiente del transporte aéreo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Agilizar, en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), la realización de los estudios técnicos, económicos y de viabilidad necesarios para definir las actuaciones de ampliación, reforma integral o modernización del
aeropuerto de Tenerife Sur, de modo que se posibilite el inicio de los procedimientos de licitación.
2. Reforzar de forma permanente y suficiente la dotación de efectivos de Policía Nacional en los filtros fronterizos de este aeropuerto, garantizando que todos los puestos estén operativos durante la temporada alta y en picos de demanda
para así agilizar el control de pasaportes u otros documentos migratorios.
3. Establecer un mecanismo de coordinación y cooperación efectivo entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Aena de cara a evitar la concentración de vuelos en franjas horarias críticas, mejorando así la gestión
operativa de Tenerife Sur.
4. Presentar, en el plazo máximo de tres meses, un plan de actuación para los aeropuertos canarios que contemple los refuerzos de personal para solucionar la problemática derivada del control de pasaportes y documentación en los filtros
fronterizos, a fin de agilizar los tiempos de paso de los pasajeros, especialmente durante la temporada alta y los picos de demanda.
5. Garantizar por parte del Estado el cumplimiento en tiempo y forma de aquellas cantidades suficientes a abonar a las aerolíneas en concepto de las subvenciones a residentes del 75 % en el precio de los billetes, evitando comprometer o
poner en peligro la conectividad aérea con Canarias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.Juan Antonio Rojas Manrique, Laura Lima García y Ainoha Molina León, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
161/002572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reducir las cargas burocráticas
del proceso de habilitación de los profesionales de la seguridad privada, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La normativa de seguridad privada configura la habilitación del personal de seguridad como uno de los pilares esenciales del control administrativo sobre esta actividad, que complementa la seguridad pública. Se trata de un proceso
administrativo que implica la acreditación de los requisitos de desempeño de cada profesión en el ámbito de la seguridad privada, donde el interés público exige los más altos niveles de rigor.
Es importante señalar que, a pesar de los elevados niveles de desempleo en la economía española en comparación con otros países de nuestro entorno, el mercado laboral presenta una considerable dificultad para cubrir vacantes en determinados
sectores y áreas geográficas. Este fenómeno, que afecta a la construcción, agricultura, hostelería y transporte, es aún más evidente en el sector de la seguridad privada. El significativo tiempo que transcurre desde que un candidato muestra
interés en formar parte del sector hasta que obtiene la tarjeta de identidad profesional, necesaria para acceder a un puesto de trabajo, dificulta notablemente la atracción de talento. Esta dificultad de acceso persiste a pesar de los incrementos
salariales pactados por los agentes sociales en el Convenio Colectivo Estatal, que ascienden a un 10,24 % acumulativo en comparación con los términos vigentes en 2022.
El retraso en el proceso de obtención de la tarjeta de identidad profesional tiene importantes consecuencias para el interés público, manifestándose en la imposibilidad de cubrir servicios crecientemente demandados, como han constatado
diversos usuarios de estos servicios, incluidas muy diversas Administraciones Públicas. Esta realidad provoca que un número significativo de candidatos desista de iniciar el proceso de incorporación al sector, debido al considerable tiempo que debe
transcurrir hasta la obtención de un puesto de trabajo, lo que también limita la capacidad de elección de candidatos idóneos por parte de las empresas de seguridad.
Desde el sector empresarial se estima que este proceso de dilación abarca un plazo de entre cuatro y cinco meses desde que se inicia la tramitación en los servicios policiales, afectando a unos 2.000 futuros profesionales del sector. Este
número ha aumentado en un 20 % en los últimos tres meses, lo que evidencia que el problema, lejos de solucionarse, se está agravando. Este retraso burocrático está condicionado, sin duda, por los escasos recursos humanos y materiales asignados a
este procedimiento, especialmente por el muy limitado número de máquinas expendedoras de las tarjetas de identidad y de personal encargado de dicha tarea.
Sin cuestionar la necesidad de la habilitación administrativa, resulta pertinente señalar que la tarjeta de identidad no constituye un requisito condicionante para dicha habilitación, sino un trámite administrativo posterior. Por lo tanto,
mientras persista esta situación de falta de recursos, sería pertinente regular la posibilidad de obtener una autorización provisional que permita el ejercicio temporal de las funciones profesionales. Esta medida podría implementarse sin menoscabar
el carácter acreditativo y de identificación ante los ciudadanos que debe preservarse, justificando así una modulación de los supuestos y la validez temporal de dicha autorización.
También es necesario señalar que, en otros ámbitos bajo la competencia del Ministerio del Interior, como el permiso de conducir, se ha establecido la obtención de una autorización temporal previa a la obtención del permiso físico. Esta
opción podría extrapolarse al sector de la seguridad privada, lo cual resultaría beneficioso para el interés público.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar a la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía responsable de la emisión de las tarjetas de identidad profesional de seguridad privada de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizarla agilidad en este proceso.
2. Establecer, mediante desarrollo reglamentario, los requisitos que permitan la obtención de una autorización provisional para el ejercicio temporal de los cometidos profesionales de seguridad privada, definiendo en su caso, el periodo de
vigencia o la posible exclusión de aquellos cometidos de especial criticidad o esencialidad que se consideren pertinentes.
3. Reconocer y respaldar institucionalmente el esfuerzo y la profesionalidad de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, avanzando en la mejora de sus condiciones retributivas, como forma de garantizar su dignidad profesional y su
motivación en el desempeño del servicio público.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a reforzar la seguridad en el
municipio de Getafe, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Getafe es uno de los municipios más grandes y poblados de la Comunidad de Madrid, con una población que supera los 185,000 habitantes. Su cercanía a Madrid capital y su situación como importante centro industrial, comercial y de servicios,
le otorgan una alta concentración de personas y actividad económica, lo que puede generar tanto oportunidades como retos en términos de seguridad.
Atendiendo al balance de criminalidad en 2024 hecho público por el Ministerio del Interior, Getafe se sitúa como uno de los municipios más inseguros no solo del sur de la Comunidad de Madrid, sino de toda la región. La misma tendencia
reflejan los datos de
criminalidad publicados respecto al primer trimestre del 2025, situando a Getafe entre los municipios donde más delitos se cometen, hasta un total de 2.215 en los tres primeros meses del año. Sin embargo, el actual Gobierno local niega esta
evidencia evitando tomar medidas al respecto.
Es fundamental que se tomen medidas contundentes y eficaces para hacer frente a este desafío, garantizando que nuestros vecinos puedan vivir en un entorno seguro.
La criminalidad en Getafe, según los datos del propio Ministerio del Interior, ha aumentado en estos últimos seis años. Si comparamos el año 2018 con el año 2024, últimos datos publicados por el Gobierno, observamos como las infracciones
penales pasaron de 8.778 a 8.988, los delitos de tráfico de drogas se han duplicado, así como las riñas tumultuarias, llamando especialmente la atención el incremento de los delitos de carácter sexual, multiplicándose por seis el número de
violaciones y aumentando el resto de los delitos contra la libertad sexual de 82 a 112.
La lucha contra el crimen debe ser integral, abordando tanto la prevención como su respuesta, y debe contar con la participación de la sociedad y las instituciones. Con un enfoque basado en la cooperación, la prevención social, la
tecnología y el fortalecimiento de la seguridad, Getafe puede avanzar hacia una ciudad más segura para todos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar la presencia policial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las calles de Getafe, incrementando los efectivos policiales en las zonas de mayor incidencia delictiva, realizando patrullajes preventivos y
fortaleciendo los dispositivos de seguridad en eventos y zonas de alta afluencia de personas.
2. Llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias, en cooperación con otras administraciones competentes, para adoptar de forma inmediata medidas urgentes que mejoren la seguridad en la ciudad de Getafe.
3. A través del Ministerio del Interior, comprometer la financiación necesaria para aprobar un nuevo catálogo de activos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
4. Mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad, fomentando la colaboración activa entre la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
5. Destinar nuevos recursos para el desarrollo e implementación de tecnologías avanzadas, como cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, sistemas de alerta temprana y otras herramientas que faciliten la identificación de delitos y la
respuesta rápida ante situaciones de inseguridad ciudadana o emergencia.
6. Impulsar campañas de sensibilización y concienciación, así como programas de prevención social, mediante el desarrollo de programas formativos dirigidos a la ciudadanía para promoverla cultura de la denuncia, la colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el respeto por las normas de convivencia y el orden público.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Ana Belén Vázquez Blanco, María Eugenia Carballedo Berlanga y Manuel Cobo Vega, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al incremento de los medios
humanos, materiales y de infraestructuras de la Policía Nacional en las Islas Canarias, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Policía Nacional desarrolla en Canarias una función esencial para el mantenimiento del orden público, la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, el control de fronteras exteriores de la Unión Europea y la gestión de los
flujos migratorios, así como para la prestación de servicios fundamentales de documentación e identificación. Esta labor, de incalculable valor estratégico y social, se realiza en un contexto singular marcado por la condición insular del
territorio, la dispersión geográfica, la elevada afluencia turística y el carácter fronterizo de las islas.
Actualmente, más de 4.000 agentes de Policía Nacional prestan servicio en el archipiélago, cubriendo las necesidades de más de 1.300.000 habitantes y de los millones de turistas que cada año visitan las islas. Asimismo, se encargan de
proteger infraestructuras críticas de primer orden aeropuertos internacionales, puertos marítimos, centrales energéticas en un contexto geoestratégico de especial sensibilidad para España y para el conjunto de la Unión Europea.
Sin embargo, pese a la importancia estratégica de Canarias, los medios humanos, materiales e infraestructurales de la Policía Nacional en el archipiélago presentan graves carencias que afectan de manera directa tanto a la calidad de los
servicios ofrecidos como a las condiciones laborales de los agentes.
Esta situación requiere una intervención decidida por parte de las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de seguridad, igualdad y eficiencia en la administración pública.
El Catálogo de Puestos de Trabajo contempla la creación de una Unidad de Guías Caninos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (compuesta por un subinspector, un oficial y seis policías). Sin embargo, dicha unidad no se encuentra
operativa, obligando a depender de recursos desplazados desde Las Palmas de Gran Canaria, lo que resta eficacia y capacidad de respuesta inmediata.
La ausencia de esta unidad es especialmente grave si consideramos que el volumen de entradas anuales por vía aérea supera los 15 millones de pasajeros y por vía marítima alcanza los 6 millones, siendo críticos los controles antidroga y de
seguridad en eventos multitudinarios.
Sorprende que algunas ciudades y provincias españolas menos pobladas y con menores necesidades estratégicas, dispongan de unidades propias de guías caninos, mientras que Tenerife, una isla de alto valor geoestratégico, carezca de ella.
Por otra parte, la insularidad y la dispersión geográfica de Canarias hacen particularmente difícil el acceso de los ciudadanos a los servicios de documentación y extranjería. Actualmente, los residentes de islas como El Hierro y La Gomera
se ven obligados, en caso de que les sobrevenga alguna urgencia, a trasladarse en ferry o avión para desplazarse a otras islas para la obtención o renovación del Documento Nacional de Identidad, el pasaporte o realizar trámites de extranjería, lo
que supone elevados costes económicos y de tiempo.
El servicio de Unidades Móviles de Documentación funciona mediante fechas concretas y no alcanza a ofrecer un servicio ni siquiera parecido al que podría obtenerse de una oficina abierta todos los días. Además, este servicio itinerante solo
tramita DNI y pasaportes, pues no atiende a extranjeros ni realiza labores relacionadas con la materia propia de extranjería donde la Policía Nacional tiene competencia exclusiva. Por tanto, no instruye expedientes por infracciones de la Ley de
Extranjería, dejando en un limbo legal muchos comportamientos acaecidos en esas islas tanto de ciudadanos extranjeros como españoles.
En consecuencia, la falta de oficinas de extranjería impacta no solo en los ciudadanos, sino también en la eficacia policial para perseguir delitos e infracciones. También preocupa la situación caótica que se vive en El Hierro por la
llegada incesante de inmigrantes irregulares.
Comparativamente, municipios peninsulares como Valcarlos (317 habitantes), Tarancón (15.000 habitantes), Zafra (16.000 habitantes), Huércal-Overa (20.000 habitantes) o Alcañiz (16.000 habitantes), disponen de unidades de documentación, lo
que revela una falta de equidad en la distribución de servicios públicos en el Estado.
La insularidad de Canarias implica que para desplazarse entre islas se requiere medios marítimos o aéreos, con costes y dificultades adicionales que no existen en el territorio peninsular. Por tanto, es urgente la creación de dependencias
de Documentación y Extranjería en El Hierro y La Gomera.
Además, la mayoría de las comisarías de la provincia de Santa Cruz de Tenerife fueron construidas hace más de medio siglo, sin haber sido concebidas para uso policial. Presentan graves deficiencias de accesibilidad, seguridad estructural y
condiciones laborales, afectando tanto a los agentes como a la ciudadanía.
La antigüedad media de las instalaciones es de 1965. Ejemplos destacados de esta situación son:
Comisaría Local de San Cristóbal de La Laguna: edificio de 1925, obsoleto, sin ascensor, con graves problemas de infraestructura y falta de espacio.
Comisaría Local Puerto de la Cruz-Los Realejos: instalada en un antiguo hotel, presenta importantes deficiencias estructurales y de habitabilidad.
Comisarías de Distrito Norte y Sur en Santa Cruz de Tenerife: presentan accesos inadecuados para personas con movilidad reducida, deterioro estructural y condiciones inapropiadas para la prestación de servicios policiales.
Es urgente la construcción de nuevas comisarías modernas y funcionales en La Laguna, Puerto de la Cruz-Los Realejos y los Distritos Norte y Sur de Santa Cruz de Tenerife, así como la renovación de instalaciones en la provincia de Las Palmas.
La Comisaría de Santa Cruz de La Palma presenta también importantes deficiencias estructurales que afectan tanto a la seguridad del edificio como a la operatividad de sus servicios. Entre los problemas más destacados se encuentran la
proliferación de grietas en las fachadas, así como el deterioro avanzado de marcos de puertas y ventanas, muchos de los cuales presentan un estado de carcoma que impide su cierre adecuado. Desde hace años se encuentran aprobadas unas obras para la
construcción de un anexo en una zona actualmente inutilizada (el antiguo garaje de la Comisaría), con el objetivo de ubicar allí las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta actuación permitiría, además de una mejora
en la atención ciudadana, la reorganización de espacios dentro de la Comisaría, liberando áreas para usos policiales y evitando la confluencia de ciudadanos con personal detenido o denunciantes en las oficinas de atención al público (ODAC).
En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria también existen problemas similares, destacando el estado ruinoso de la Comisaría de Distrito Norte, ubicada en un edificio histórico pero inadecuado para funciones policiales modernas.
Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad de más de 380.000 habitantes, carece de un módulo hospitalario policial. Esta situación obliga a destinar numerosos agentes a custodias hospitalarias de detenidos, restando recursos a la seguridad
ciudadana. Se requiere la creación urgente de un módulo hospitalario que optimice los recursos humanos de la plantilla.
Tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, las comisarías de la Policía Nacional enfrentan desafíos en cuanto a infraestructura. En Lanzarote, la demolición de la antigua comisaría y las condiciones del CATE destacan la necesidad de mejoras
urgentes. En Fuerteventura, aunque existen planes y propuestas para nuevas instalaciones, la ejecución de estos proyectos es esencial para garantizar un servicio policial adecuado y condiciones laborales óptimas para los agentes.
En este contexto, el actual complemento salarial por insularidad no compensa adecuadamente el sobrecoste de la vida en Canarias, especialmente en lo relativo al precio de la vivienda y el transporte. Esta situación dificulta la captación y
fidelización de
efectivos de la Policía Nacional, lo que impacta en la estabilidad y calidad del servicio que se presta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar a la provincia de Santa Cruz de Tenerife de una Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional.
2. Crear unidades de Extranjería y Documentación en las islas de El Hierro y La Gomera.
3. Planificar y ejecutar la construcción de nuevas comisarías en La Laguna, Puerto de la Cruz-Los Realejos y Santa Cruz de Tenerife, y la renovación de las dependencias en Las Palmas de Gran Canaria. Así como, acometer las mejoras urgentes
en las comisarías de Lanzarote, Santa Cruz de La Palma y ejecutar los proyectos en Fuerteventura.
4. Estudiar la subida del Baremo de la Policía Nacional para fomentar la permanencia de los agentes procedentes de los territorios extra peninsulares Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla en sus respectivas Comunidades Autónomas
con el fin de garantizarla cobertura de plazas y evitar la fuga de efectivos hacia destinos peninsulares.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Juan Antonio Rojas Manrique, Ana Belén Vázquez Blanco, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Guillermo Mariscal Anaya, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Laura María Lima García, Ainhoa
Molina León, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la revisión de la
Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad por su efecto restrictivo en la aplicación del artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015 y su impacto negativo sobre el principio de autoridad, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La reciente Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad N.º 7/2025 ha generado un notable revuelo en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta instrucción supone un cambio de criterio profundo y disruptivo
respecto a una práctica habitual en la actuación policial: la denuncia del consumo y la tenencia ilícita de estupefacientes en el interior de vehículos particulares, aun cuando estuvieran estacionados.
El fundamento jurídico de la Instrucción se basa en una interpretación estrictamente literal del artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracción grave:
«El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías,
establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.»
Dicho artículo, efectivamente, menciona de forma expresa los transportes colectivos, omitiendo cualquier referencia explícita a los vehículos particulares. La Instrucción 7/2025 se limita a trasladar esta omisión a una norma interpretativa
que excluye de la infracción los actos de consumo o tenencia ilícita realizados en el interior de vehículos particulares estacionados, siempre que no estén en tránsito. Según el propio texto, dicha conducta «no sería subsumible en ninguna de las
infracciones administrativas descritas por la citada ley».
Sin embargo, esta postura presenta numerosos problemas de orden práctico, jurídico y social. Hasta la publicación de esta instrucción, era común la intervención y denuncia en estos casos, dado que su inacción generaba escenarios
difícilmente justificables ante la ciudadanía.
Es especialmente grave pensar en la posibilidad de que, frente a un colegio o en un parque infantil, pueda haber vehículos estacionados en los que se consuma droga ante la mirada de menores sin que exista posibilidad legal de sanción. Esta
interpretación crea un vacío legal que atenta contra el principio de prevención y protección del interés público que inspira la Ley de Seguridad Ciudadana.
Además, cabe criticar el tiempo transcurrido hasta la emisión de esta Instrucción, pues han pasado más de diez años desde la promulgación de la Ley 4/2015. Esta demora genera inseguridad jurídica, especialmente al plantear dudas sobre la
validez de miles de sanciones ya impuestas por hechos que ahora se declaran atípicos.
Por otra parte, la Instrucción ignora la vigencia de la Ley 17/1967, de 8 de abril, que establece un marco claro y firme respecto a los estupefacientes. Según dicha norma, en sus artículos 7, 8, 15 y 22, queda prohibido el uso y tenencia de
estas sustancias sin autorización expresa, quedando esta función hoy en día en manos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (según el RD 1275/2011). Aunque esta ley no establece una sanción administrativa directa, sí impone
una prohibición clara que no puede quedar desatendida por una instrucción interna.
La combinación de estas circunstancias conduce a una situación insostenible desde el punto de vista normativo y operativo: existe una conducta prohibida (el consumo y tenencia ilícita), pero no se considera sancionable si se produce en un
vehículo privado estacionado.
Esta contradicción mina la labor de los agentes de seguridad, erosiona el principio de autoridad y genera un mensaje de permisividad que debilita el control y prevención del consumo de drogas en el espacio público.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Revisar y dejar sin efecto la Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por su impacto negativo sobre la interpretación y aplicación del artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015.
2. Promover una reforma legislativa que aclare y amplíe el ámbito de aplicación del artículo 36.16 de la Ley de Seguridad Ciudadana, incluyendo expresamente los vehículos particulares estacionados en la vía pública como espacios donde se
pueda sancionar el consumo y la tenencia ilícita de estupefacientes.
3. Garantizar una interpretación coherente y unificada del marco jurídico nacional en materia de estupefacientes, integrando la Ley 17/1967 dentro del sistema sancionador, y asegurando la intervención de los agentes ante cualquier consumo
no autorizado, con posibilidad de incautación y remisión a la autoridad competente.
4. Establecer directrices para revisar los expedientes sancionadores del pasado relacionados con estas conductas, garantizando seguridad jurídica y coherencia con el principio de legalidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Ana Belén Vázquez Blanco, Juan Antonio Rojas Manrique, Carlos García Adanero, Fernando de Rosa Torner, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Sofía Acedo Reyes, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Beatriz Álvarez Fanjul, María Eugenia Carballedo Berlanga, Manuel Cobo Vega, Félix de las Cuevas Cortés, Llanos de Luna Tobarra, José Ignacio Romaní Cantera, Maribel Sánchez Torregrosa y Elvira Velasco Morillo, Diputados.Ester Muñoz
de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley relativa a la suspensión del peaje del Huerna (AP-66), para su tramitación en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La autopista de peaje AP-66 es la principal vía de comunicación por carretera entre Asturias y la Meseta. Inaugurada en 1983, desde primera hora se cobró un peaje por efectuar ese tránsito, cuya concesión debería haber concluido en 2021.
Sin embargo, en el año 2000, el entonces Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, firmó una prórroga de la concesión del llamado peaje del Huerna hoy situado a la altura de La Magdalena, en La Robla hasta 2050.
Esta prórroga, junto con la que afecta a la gallega AP-9, ha sido recientemente declarada ilegal por la Comisión Europea, abriéndose un período de dos meses para que el Gobierno de España tome las medidas oportunas, evitando así una denuncia
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión ha señalado que la forma en que se efectuó la prórroga de la concesión, sin transparencia, sin publicidad e incumpliendo la normativa comunitaria enmascaró lo que de facto fue un nuevo
contrato.
Así, la sentencia señala que las prórrogas sin concurso público vulneran el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que garantiza la libertad de prestación de servicios y la libre competencia. Además, la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en los asuntos C-438/05 y C-474/06, entre otros, refuerza la obligación de notificar y someter a publicidad cualquier modificación sustancial de una confesión. Cabe señalar, a
mayores y en el ámbito estatal, que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público exige transparencia, concurrencia y motivación en la ampliación o modificación de concesiones. Todos estos asuntos fueron, a juicio de la Sentencia de la Comisión
Europea, ampliamente ignorados por el Gobierno de España, por no hablar del lucro supuesto para la empresa concesionaria derivado de una ampliación ilegal del peaje que, al tiempo, ha supuesto un sobrecoste económico pagado por el conjunto de la
sociedad asturiana.
Y es que el mantenimiento del peaje en la autopista AP-66 constituye una injusticia histórica para Asturias. A lo largo de décadas, tanto transportistas como personas trabajadoras, estudiantes e incluso quienes se desplazaban en un sentido
u otro de la
vía para recibir tratamientos médicos han soportado uno de los peajes más caros de toda España. Mientras otros territorios han visto rescatar sus concesiones o eliminar peajes con fondos públicos, Asturias ha sido condenada a seguir pagando
por atravesar sus propias montañas.
Este agravio puede y debe revertirse acatando la sentencia de la Comisión Europea, pues el sobrecoste acumulado ha repercutido negativamente en el bolsillo de su ciudadanía, pero también de su tejido productivo. El peaje, en una Comunidad
Autónoma que no ha contado con conexión ferroviaria a la meseta de alta velocidad hasta noviembre de 2023, ha actuado como una barrera al desarrollo logístico, comercial y turístico de la región. Además de los efectos inmediatos en las rentas
personales y empresariales de quienes acuden con frecuencia a esta vía fundamental de comunicación con la Meseta, suprimir el peaje es un deber para terminar con un desequilibrio por comparación con otros territorios que han visto rescatados o
eliminados los peajes de sus autopistas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Reconocer la ilegalidad de la prórroga concesional de la autopista AP 66, también conocida como Autopista del Huerna, conforme sentencia de la Comisión Europea.
2. Presentar ante la Comisión Europea las medidas necesarias para la resolución de esta situación en el plazo estipulado dos meses, evitando una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
3. Rescindir o rescatar la concesión, eliminando el peaje en la AP-66, con efectos inmediatos a partir del 1 de enero de 2026, haya o no haya Presupuestos Generales del Estado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar medidas concretas para la prevención y
tratamiento del consumo problemático de suplementación nutricional relacionado con la imagen corporal, para su debate en la Comisión de Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Actualmente la imagen y el rendimiento físico tienen un papel muy relevante en nuestra cotidianidad, y la actividad física se ha convertido en una herramienta indispensable en la promoción de la salud y el bienestar.
No obstante, esta creciente presencia también conlleva presión por alcanzar ciertos estándares estéticos y de rendimiento, que está ocasionando un aumento de conductas compulsivas relacionadas con el deporte, como el consumo excesivo de
suplementación nutricional o la obsesión, por la imagen corporal idealizada.
Este consumo descontrolado de suplementación nutricional, en muchos casos sin supervisión profesional adecuada, puede acabar generando problemas graves de salud, incluyendo efectos secundarios renales y hepáticos, además de crear una
dependencia psicológica hacia estos productos.
Por otro lado, la obsesión con el cuerpo y el perfeccionismo estético, agravado por el impacto de las redes sociales y los estándares de belleza irreales, llevan a muchas personas, especialmente jóvenes, a desarrollar trastornos relacionados
con la imagen corporal, como la vigorexia o la dismorfia corporal.
Es responsabilidad de los poderes públicos velar por la salud integral de los ciudadanos, adoptando medidas que permitan no sólo la prevención de estos trastornos, sino también su tratamiento y reducción. Es crucial fomentar una cultura
deportiva equilibrada y saludable, basada en el respeto por el bienestar físico y mental, y libre de presiones estéticas o comerciales que puedan comprometer la salud de los ciudadanos.
Es fundamental generar el compromiso de velar por una práctica deportiva saludable y segura, que ponga el bienestar físico y mental de los ciudadanos en el centro de su desarrollo, promoviendo medidas efectivas de prevención y tratamiento
para aquellos afectados por trastornos derivados de la presión estética y el consumo indebido de suplementación nutricional.
El objetivo no es otro que el de proteger a quienes realizan actividad física y a la sociedad en general, de aquellas presiones que pueden llevar a desarrollar consumos problemáticos en el ámbito deportivo, y construir un entorno donde el
deporte y el bienestar coexistan en armonía.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar campañas de sensibilización y educación sobre el consumo seguro de suplementación nutricional y la imagen corporal en el deporte:
Creando campañas de concienciación enfocadas en los jóvenes y deportistas en general sobre los riesgos del uso desmesurado de suplementación nutricional y los efectos nocivos de la dismorfia corporal.
Promoviendo contenidos en redes sociales, centros educativos y deportivos que fomenten una imagen corporal saludable, lejos de estándares idealizados o poco realistas.
2. Integrar en los programas de formación de entrenadores y monitores deportivos contenidos sobre la prevención del consumo problemático relacionado con el consumo de suplementación nutricional y la obsesión por la imagen corporal:
Incorporando módulos de formación en los programas oficiales para entrenadores y monitores deportivos sobre cómo identificar y prevenir signos de consumo problemático de suplementación nutricional y dismorfia corporal, y cómo ofrecer apoyo
y acompañamiento a las personas afectadas.
Ofreciendo talleres de actualización continua para entrenadores, con el fin de que puedan ofrecer una orientación equilibrada y saludable a sus deportistas.
3. Promover la investigación en materia de consumo problemático de suplementos alimenticios y dentro de los programas de investigación en salud, salud mental y adicciones ya desarrollados por los distintos Organismos Públicos de
Investigación.
4. Crear programas específicos de apoyo psicológico para personas afectadas por dismorfia corporal y consumo problemático de suplementación nutricional en centros deportivos y de salud pública:
Implementando programas de apoyo psicológico y terapéutico en centros deportivos públicos y en el sistema sanitario público, orientados a personas que sufren dismorfia corporal o consumo problemático de productos de suplementación
nutricional.
Ofreciendo asesoramiento profesional a deportistas y sus familias sobre cómo abordar y reparar estos problemas de manera adecuada y saludable.
5. Promover la cooperación con organismos europeos e internacionales para el desarrollo de políticas y buenas prácticas en el consumo de suplementos nutricionales en el ámbito deportivo:
Trabajando en colaboración con entidades y organismos internacionales para adoptar medidas reguladoras efectivas y compartir buenas prácticas relacionadas con el deporte, la imagen corporal y el consumo de suplementación nutricional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2025.Víctor Gutiérrez Santiago y Amador Marqués Atés, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria y Turismo
161/002588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de Industria, sobre las oportunidades de
aprovechamiento industrial del alga asiática invasora.
Exposición de motivos
La invasión del alga asiática Rugulopteríx okamurae se ha convertido en uno de los principales problemas medioambientales, económicos y sociales que afectan a las costas andaluzas y, cada vez más, a otras zonas del litoral español. Su
llegada a nuestras aguas ha alterado gravemente los ecosistemas marinos, desplazando especies autóctonas, alterando hábitats y generando daños incalculables en la biodiversidad.
Los efectos no se limitan al medio ambiente. La presencia masiva del alga en nuestras costas provoca cuantiosas pérdidas económicas en sectores estratégicos como la pesca artesanal y el turismo, que ven reducida su actividad, incrementados
sus costes y amenazado su futuro. Los pescadores y pescadoras denuncian que cada día se ven obligados a retirar toneladas de algas de sus redes, lo que disminuye sus capturas y aumenta su carga de trabajo, mientras que las playas invadidas por
arribazones suponen un obstáculo para el atractivo turístico de la región.
A ello se suma el impacto económico que asumen los ayuntamientos costeros, que destinan importantes recursos a la retirada del alga sin contar con la capacidad técnica ni financiera suficiente, lo que genera un agravio territorial y social.
Nos encontramos, por tanto, ante un fenómeno que desborda las competencias autonómicas y locales y que exige una respuesta firme y coordinada por parte del Estado.
El problema del alga Rugulopteríx okamurae ya no se circunscribe al litoral andaluz sino que se ha expandido también a otras comunidades autónomas de distinto perfil geográfico lo que lo convierte en un asunto de competencia estatal dado su
carácter
transregional. En Cantabria, por ejemplo, el Ayuntamiento de Noja ha iniciado recientemente labores de retirada del alga invasora asiática que cubre varias playas de. su litoral costa cantábrense, lo que evidencia que la plaga se está
instalando también en el norte peninsular. En el Mediterráneo, provincias como Murcia y Alicante han denunciado la aparición de arribazones o acumulaciones de esta biomasa, y Galicia también muestra signos de impacto en áreas costeras susceptibles.
Este fenómeno creciente trae aparejados efectos comunes: afectación a la pesca artesanal, incremento de costes para ayuntamientos y servicios de limpieza costera, deterioro paisajístico, riesgo para la salud pública cuando las algas se descomponen
y generación de molestias para el turismo. La suma de estas evidencias demuestra que la invasión ha adquirido escala estatal y que las respuestas aisladas autonómicas o locales resultan insuficientes ante la magnitud del desafío ambiental,
económico y social.
La Junta de Andalucía ha sido la primera administración en aprobar una estrategia específica para la gestión del Plan de Gestión de la Biomasa de Rugulopteríx okamurae y su uso, denominada «Estrategia Andaluza de Gestión del Alga Asiática
Rugulopteríx okamurae». Esta estrategia, que llega muy tarde y que ha sido aprobada por la insistencia de movimientos sociales, partidos políticos y la ciudadanía en general, incorpora entre sus objetivos permitir usos comerciales, la recogida
científica de arribazones, y el estudio del alga como fertilizante o bioestimulante agrícola sostenible. Sin embargo presenta fallos notables que reducen su eficacia real: su zonificación no contempla con precisión las costas y fondos marinos más
afectados ni las rutas naturales de dispersión del alga; no atiende adecuadamente la voz ni las condiciones de los pescadores que sufren pérdidas de capturas además de arrastrar algas en sus redes; carece de mecanismos claros para la
comercialización sostenible bajo seguridad sanitaria y ambiental; los plazos y recursos asignados se han considerado insuficientes por los propios municipios afectados; y no prevé con la debida concreción incentivos financieros para los
emprendedores locales entre otros elementos que negativos que se observan en su primera versión, que actualmente está en fase de recibir alegaciones.
Y es que la que era hasta día de hoy un enorme problema para los municipios de las ciudades costeras, turísticas y pesqueras de nuestro país, puede convertirse en una oportunidad de generar una nueva industria que ofrezca alternativas al
monocultivo del turismo y que consiga revitalizar la industria pesquera.
Existen múltiples experiencias piloto y casos concretos que demuestran no sólo la viabilidad técnica de aprovechar esta biomasa invasora sino también su potencial económico, social y ambiental. Por ejemplo, SEPER Tarifa desarrolló el
proyecto SeaSoft con la empresa Eldaplant para fabricar plantillas de calzado a partir del alga fresca; se lograron fabricar miles de prototipos con apenas 300 gramos de alga y se cerró un acuerdo con la multinacional de la moda «Mango» para
producir cuatro millones de unidades, lo que habría supuesto la retirada de más de 1.200 toneladas de biomasa.
También en Tarifa, proyectos agrícolas locales han experimentado cori fertilizantes hechos del alga para mejorar la resistencia de árboles al estrés térmico y con sistemas de riego de cultivos como el aguacate, incorporando elementos de
formación profesional y educación permanente. A nivel universitario, la Universidad de Alicante lidera investigaciones multidisciplinares para extraer de Rugulopterix okamurae compuestos con propiedades antioxidantes y antibacterianas, explorar su
uso en materiales termorreguladores, en envases biodegradables, y en la retención de metales pesados como estrategia de descontaminación. Otra iniciativa destacada es el proyecto Algarikón en Murcia que transforma algas invasoras del Mar Menor en
compost, bioestimulantes y sustratos agrícolas, reduciendo significativamente el uso de fertilizantes minerales y contribuyendo al desarrollo local agrícola. También se han desarrollado campañas de sensibilización innovadoras como la camiseta del
Real Betis, fabricada con fibra textil a partir de algas invasoras, plásticos reciclados y pulpa de madera, dentro de su plataforma «Forever Green», que evidencian cómo la creatividad social y cultural puede servir para visibilizar el problema e
implicar a la ciudadanía en su solución.
La promoción de una industria basada en la economía circular y en la innovación en torno al alga invasora Rugulopterix okamurae constituye no solo una estrategia ambientalmente responsable sino una oportunidad histórica para transformar un
problema en fuente de riqueza, empleo y justicia territorial. Generar una industria sostenible basada en el aprovechamiento de esta biomasa implica cerrar ciclos productivos, reducir residuos, minimizar emisiones de gases de efecto invernadero
derivadas del transporte de algas o de su descomposición, mejorar la salud de los ecosistemas marinos al disminuir la presión sobre especies autóctonas, y restablecer funciones ecológicas esenciales desplazadas por la invasión.
En las zonas costeras turísticas, esta industria puede diversificar la economía local más allá del turismo estacional, generando empleo todo el año, valor para productos artesanales, agrícolas o industriales, fortaleciendo cooperativas
sociales, pymes rurales y redes de economía social. Por ejemplo, la transformación del alga en bioplásticos, biofertilizantes, materiales de construcción sostenible, bioestimulantes agrícolas o incluso en soluciones textiles permite reducir
dependencia de productos sintéticos, disminuir la huella de carbono y estimular innovación tecnológica.
Asimismo, esta cadena de valorización puede generar alianzas entre pescadores que actualmente arrastran algas en sus redes, universidades, centros de investigación, artesanos y empresas locales, lo que alienta políticas de desarrollo local
justo que beneficien a quienes sufren directamente los impactos económicos. Una economía circular bien articulada exige transparencia, trazabilidad, garantías sanitarias, criterios ecológicos estrictos y una gobernanza que integre todas las escalas
municipal, autonómica, estatal pero cuando se pone en marcha con determinación puede transformar territorios perjudicados por la invasión en escenarios de resiliencia y prosperidad sostenible, recuperando biodiversidad, limpiando costas,
conservando paisaje y fortaleciendo comunidades humanas vinculadas al mar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un plan estatal de intervención frente al alga asiática Rugulopterix okamurae que contemple la retirada sistemática de la biomasa en las zonas más
afectadas, coordinado por el Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas afectadas y ejecutado mediante TRAGSA, garantizando la unidad de actuación en todo el territorio estatal, siguiendo el precedente de actuaciones estatales frente a
otras especies invasoras como el camalote en el río Guadiana.
2. Establecer una línea específica de apoyo económico para proyectos de valorización, comercialización y aprovechamiento sostenible del alga asiática, favoreciendo la creación de empleo en el marco de la economía local, e incorporando en
dichos proyectos la participación de los pescadores y pescadoras que sufren directamente los impactos de esta invasión en sus capturas.
3. Fijar, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un sistema de compensaciones al sector pesquero artesanal del Estrecho, que es el que más perjudicado se ha visto con la llegada del alga, con aumento de cuota
extraordinaria y sostenible de atún sedentario del Estrecho, de al menos unas 10 toneladas por barco.
4. Articular un sistema que autorice la compra y la venta del alga que los pescadores traen al puerto por pesca accidental, fijando un precio regulado de un euro por cada kilo de alga.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2025.Esther Gil de Reboleño Lastortres, Diputada.Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar medidas concretas para la prevención y
tratamiento del consumo problemático de suplementación nutricional relacionado con la imagen corporal, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Actualmente la imagen y el rendimiento físico tienen un papel muy relevante en nuestra cotidianidad, y la actividad física se ha convertido en una herramienta indispensable en la promoción de la salud y el bienestar.
No obstante, esta creciente presencia también conlleva presión por alcanzar ciertos estándares estéticos y de rendimiento, que está ocasionando un aumento de conductas compulsivas relacionadas con el deporte, como el consumo excesivo de
suplementación nutricional o la obsesión por la imagen corporal idealizada.
Este consumo descontrolado de suplementación nutricional, en muchos casos sin supervisión profesional adecuada, puede acabar generando problemas graves de salud, incluyendo efectos secundarios renales y hepáticos, además de crear una
dependencia psicológica hacia estos productos.
Por otro lado, la obsesión con el cuerpo y el perfeccionismo estético, agravado por el impacto de las redes sociales y los estándares de belleza irreales, llevan a muchas personas, especialmente jóvenes, a desarrollar trastornos relacionados
con la imagen corporal, como la vigorexia o la dismorfia corporal.
Es responsabilidad de los poderes públicos velar por la salud integral de los ciudadanos, adoptando medidas que permitan no sólo la prevención de estos trastornos, sino también su tratamiento y reducción. Es crucial fomentar una cultura
deportiva equilibrada y saludable, basada en el respeto por el bienestar físico y mental, y libre de presiones estéticas o comerciales que puedan comprometer la salud de los ciudadanos.
Es fundamental generar el compromiso de velar por una práctica deportiva saludable y segura, que ponga el bienestar físico y mental de los ciudadanos en el centro de su desarrollo, promoviendo medidas efectivas de prevención y tratamiento
para aquellos afectados por trastornos derivados de la presión estética y el consumo indebido de suplementación nutricional.
El objetivo no es otro que el de proteger a quienes realizan actividad física y a la sociedad en general, de aquellas presiones que pueden llevar a desarrollar consumos problemáticos en el ámbito deportivo, y construir un entorno donde el
deporte y el bienestar coexistan en armonía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar campañas de sensibilización y educación sobre el consumo seguro de suplementación nutricional y la imagen corporal en el deporte:
Creando campañas de concienciación enfocadas en los jóvenes y deportistas en general sobre los riesgos del uso desmesurado de suplementación nutricional y los éfectos nocivos de la dismorfia corporal.
Promoviendo contenidos en redes sociales, centros educativos y deportivos que fomenten una imagen corporal saludable, lejos de estándares idealizados o poco realistas.
2. Integrar en los programas de formación de entrenadores y monitores deportivos contenidos sobre la prevención del consumo problemático relacionado con el consumo de suplementación nutricional y la obsesión por la imagen corporal:
Incorporando módulos de formación en los programas oficiales para entrenadores y monitores deportivos sobre cómo identificar y prevenir signos de consumo problemático de suplementación nutricional y dismorfia corporal, y cómo ofrecer apoyo
y acompañamiento a las personas afectadas.
Ofreciendo talleres de actualización continua para entrenadores, con el fin de que puedan ofrecer una orientación equilibrada y saludable a sus deportistas.
3. Promover la investigación en materia de consumo problemático de suplementos alimenticios y dentro de los programas de investigación en salud, salud mental y adicciones ya desarrollados por los distintos Organismos Públicos de
Investigación.
4. Crear programas específicos de apoyo psicológico para personas afectadas por dismorfia corporal y consumo problemático de suplementación nutricional en centros deportivos y de salud pública:
Implementando programas de apoyo psicológico y terapéutico en centros deportivos públicos y en el sistema sanitario público, orientados a personas que sufren dismorfia corporal o consumo problemático de productos de suplementación
nutricional.
Ofreciendo asesoramiento profesional a deportistas y sus familias sobre cómo abordar y reparar estos problemas de manera adecuada y saludable.
5. Promover la cooperación con organismos europeos e internacionales para el desarrollo de políticas y buenas prácticas en el consumo de suplementos nutricionales en el ámbito deportivo:
Trabajando en colaboración con entidades y organismos internacionales para adoptar medidas reguladoras efectivas y compartir buenas prácticas relacionadas con el deporte, la imagen corporal y el consumo de suplementación nutricional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2025.Víctor Gutiérrez Santiago y Noelia Cobo Pérez, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a defender en el seno de las
instituciones de la Unión Europea la dotación de la Política Agraria Común (PAC) y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La agricultura en las Regiones Ultraperiféricas (RUP), entre ellas Canarias, es un sector estratégico no solo por su función productiva, sino también por su papel social, territorial y ambiental.
La Unión Europea, consciente de las dificultades específicas derivadas de la lejanía, la insularidad, la fragmentación territorial y la dependencia de mercados exteriores, estableció desde hace décadas un marco específico de apoyo: el
Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), financiado a través del FEAGA y dotado de ficha presupuestaria propia, que tienen como finalidad establecer regímenes específicos de abastecimiento, destinados a paliar los
costes del suministro de productos esenciales para el consumo humano y para la transformación y de insumos agrícolas y medidas de apoyo a la producción agrícola local.
Los POSEI, para las diferentes RUO de la UE, se remontan a 1991 y 1992 y, en el caso de las islas Canarias, el POSEICAN queda establecido por primera vez en el Reglamento 1601/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992.
El POSEI ha constituido la columna vertebral del sostenimiento del sector primario en Canarias, contribuyendo a la cohesión territorial, la seguridad alimentaria, el mantenimiento del paisaje, el empleo rural y la preservación de tradiciones
agrarias singulares. El POSEI ha demostrado ser eficaz para evitar el abandono de tierras agrícolas, sostener empleo rural e identidad cultural y mantener la seguridad alimentaria local. Tiene un impacto presupuestario limitado en el conjunto de
la PAC.
Sin embargo, la propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 presentada por la Comisión Europea el 16 de julio de 2025 plantea un cambio sustancial en la arquitectura presupuestaria comunitaria que pone en riesgo la continuidad y
la especificidad del POSEI y de la PAC en su conjunto.
Entre los elementos más preocupantes destacan la desaparición del carácter blindado de la PAC dentro del presupuesto de la UE, quedando sujeta a la flexibilidad presupuestaria y pudiendo ser utilizada para otros fines, la sustitución de los
fondos diferenciados (FEAGA, FEADER y FEMPA) por un único fondo multifuncional que integra políticas ajenas al ámbito agroalimentario, como la cohesión, la defensa o la migración y la eliminación de los dos pilares tradicionales de la PAC (ayudas
directas y desarrollo rural), diluyendo el carácter común de la política y debilitando su dimensión europea y
A nivel insular preocupa la transformación del POSEI en una intervención ordinaria dentro de los Planes Estratégicos Nacionales, sin asignación presupuestaria específica ni reconocimiento jurídico diferenciado, lo que supondría un grave
retroceso para Canarias y una vulneración del espíritu del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce el derecho a un trato singular de las RUP.
Según la propia documentación pública, esta reforma supondría una reducción estimada de alrededor del 22 % en el presupuesto de la PAC, pasando de los 387.000 millones de euros actuales a unos 302.000 millones, con consecuencias devastadoras
para las regiones más dependientes de estas ayudas. Hay que recordar que el POSEI tiene un impacto presupuestario limitado en el conjunto de la PAC, menor del 1 % del gasto.
El sector primario canario ya ha advertido de los riesgos de esta propuesta, subrayando que, de prosperar, se perdería el reconocimiento específico de sus singularidades productivas, se acentuaría la vulnerabilidad económica del campo
canario y se alimentaría la desafección hacia el proyecto europeo en las RUP, constituyendo un caldo de cultivo para posiciones extremistas y populistas.
El POSEI enfrenta un futuro incierto ante el nuevo MFP 2028-2034, debido a las crecientes demandas presupuestarias en otros sectores. Sin embargo, su relevancia específica, eficacia demostrada y bajo coste relativo son argumentos sólidos
para defender su continuidad y hasta su refuerzo. Es necesario tener en cuenta las demandas
del sector, así como la responsabilidad del Gobierno de España de defender los intereses de nuestras regiones más frágiles.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender en el seno de las instituciones de la Unión Europea la dotación de la Política Agraria Común (PAC) y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034,
evitando los recortes presupuestarios propuestos y garantizando un anclaje específico y blindado para dichas políticas en el marco financiero comunitario.
2. Mantener la PAC y el POSEI como políticas comunes independientes de carácter plenamente europeo, con dos pilares diferenciados (ayudas directas y desarrollo rural), evitando su integración en fondos multisectoriales que diluyen su
especificidad y reducen su eficacia.
3. Asegurar que el reparto de las ayudas del POSEI se preserve bajo la lógica de compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, la lejanía y la fragmentación territorial de Canarias, sin homogeneizar las asignaciones con el resto de
las comunidades autónomas del Estado.
4. Reconocer el papel de la PAC y del POSEI como instrumentos esenciales de la seguridad alimentaria, la autonomía estratégica y la cohesión territorial de la Unión Europea, garantizando su peso relativo dentro del presupuesto comunitario y
reforzando su capacidad anticíclica.
5. Hacer uso, en última instancia, de la capacidad de veto reconocida a los Estados miembros en la aprobación del Marco Financiero Plurianual, en caso de que no se rectifique la propuesta actual, de modo que se obligue a reabrirla
negociación y a debatir de nuevo en los próximos dos años una solución que respete la especificidad de las Regiones Ultraperiféricas y garantice la continuidad del POSEI.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Juan Antonio Rojas Manrique, Ainhoa Molina León, Laura María Lima García, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Guillermo Mariscal Anaya, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Pedro Ignacio
Gallardo Barrena y Javier José Folch Blanc, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para evitar la ampliación de las zonas
de veda en el Atlántico nororiental, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En septiembre de 2022, la Comisión Europea aprobó el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614, que estableció 87 zonas de veda en el Atlántico nororiental para la pesca de fondo. Esta decisión, adoptada sin informes científicos completos ni
una evaluación socioeconómica rigurosa, provocó un duro golpe a la flota española, especialmente a la de arrastre y al palangre de fondo, que constituye una de las artes más selectivas y sostenibles del continente.
Desde el primer momento, el sector pesquero, la Xunta de Galicia y diversas instituciones advirtieron del impacto devastador de esta medida y exigieron al Gobierno de España una actuación contundente en Bruselas. Sin embargo, la respuesta
del Ejecutivo ha sido tardía, insuficiente y reactiva. En lugar de anticiparse y defender con firmeza los intereses de la flota en el seno de la Comisión y el Consejo, el Gobierno se limitó a recurrir la norma, y en junio de 2025 el Tribunal
General de la UE dio la razón a la Comisión.
Ahora, mientras el Gobierno anuncia un recurso de casación, la realidad es que la Comisión Europea planea ampliar estas vedas de 87 a 104 zonas e incluso hasta 115 según algunos escenarios, amenazando directamente la viabilidad de miles de
empleos y el futuro de comunidades costeras enteras. Esta situación demuestra que España ha perdido peso y credibilidad en Bruselas, incapaz de liderar una posición común con otros Estados miembros y de aportar evidencias científicas y
socioeconómicas que frenen una ampliación que carece de proporcionalidad y amenaza con arrasar a una de las flotas más modernas y sostenibles de Europa.
El Gobierno de España no puede seguir escondiéndose detrás de los tribunales ni actuar siempre a remolque de los acontecimientos. Es su obligación política y moral defender en Europa a los pescadores españoles con la misma firmeza con la
que otros países protegen a sus sectores estratégicos. No hacerlo significa condenar a la flota de fondo a un proceso de desmantelamiento forzoso, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, el empleo y el desarrollo económico de las zonas más
dependientes del mar.
Resulta inaceptable que, mientras se multiplica la presión regulatoria desde Bruselas, el Gobierno de España no despliegue todo su potencial diplomático, científico y político para frenar un ataque directo contra la sostenibilidad de nuestro
sector pesquero. La Comisión Europea debe ser consciente de que la pesca de fondo española no puede ser tratada como un chivo expiatorio en la política medioambiental comunitaria.
Por ello, el Gobierno debe abandonar la pasividad, actuar con firmeza y liderar una estrategia clara y contundente en la Unión Europea para impedir la ampliación de estas vedas injustificadas y desproporcionadas, defendiendo así el presente
y el futuro de nuestra flota y de las comunidades costeras que dependen de ella.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar las gestiones diplomáticas y políticas en el ámbito de la Unión Europea para evitar la ampliación de las zonas de veda en el Atlántico nororiental, actualmente fijadas en 87 y que la Comisión Europea pretende ampliar hasta 104.
2. Presentar ante la Comisión Europea informes científicos y socioeconómicos que justifiquen la no necesidad de dicha ampliación, teniendo en cuenta la escasa afección de artes selectivas como el palangre de fondo sobre los ecosistemas
marinos vulnerables.
3. Impulsar una estrategia común con otros Estados miembros afectados, que permita defender una posición equilibrada en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE.
4. Asegurar la participación activa del sector pesquero y de las comunidades autónomas en el diseño de la posición española ante la UE.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Rosa Quintana Carballo, Ainhoa Molina León, César Sánchez Pérez, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del
Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Sergio Sayas López y Ana
Martínez Labella, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en valor del trabajo de las mujeres rurales, con especial
atención a las trabajadoras migrantes, en el campo español, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La mujer rural constituye uno de los pilares más sólidos sobre los que se asienta la vida en nuestros pueblos y comarcas. Su aportación, históricamente invisibilizada, ha sido y continúa siendo determinante para garantizar la sostenibilidad
económica, social y cultural del medio rural, así como para preservar un modelo de desarrollo equilibrado que atienda a la cohesión territorial y a la igualdad de oportunidades. En las últimas décadas, su papel ha experimentado una transformación
profunda, incorporando con creciente protagonismo funciones de gestión, emprendimiento, innovación y liderazgo en sectores tradicionalmente masculinizados, sin abandonar su implicación en la transmisión de saberes, tradiciones y valores que
conforman la identidad de cada territorio.
En la actualidad, las mujeres rurales participan activamente en la producción agraria y pesca, en la transformación y comercialización de productos, en la diversificación de actividades económicas y en la implantación de prácticas
sostenibles que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Su presencia en el tejido asociativo y cooperativo, así como en iniciativas de economía social, ha permitido abrir nuevos espacios de participación y decisión, fortaleciendo el
papel de la mujer como agente de cambio en el medio rural. Persisten, no obstante, obstáculos que limitan el pleno reconocimiento de su trabajo, como la menor titularidad de explotaciones, la dificultad de acceso a la propiedad de la tierra, la
brecha digital o la desproporción de responsabilidades familiares y de cuidados.
En este contexto, es importante destacar la contribución de las trabajadoras migrantes que desarrollan su labor en el campo español. Procedentes de diversos países, de muy diversas realidades, estas mujeres desempeñan un papel esencial en
campañas agrícolas y en tareas de recolección, aportando su experiencia y esfuerzo en condiciones que, en muchos casos, exigen una notable capacidad de adaptación y resistencia. Su trabajo sostiene la competitividad del sector agroalimentario y
enriquece la diversidad cultural de nuestras comunidades rurales, al tiempo que plantea el reto de garantizar su plena integración social, el acceso a derechos laborales y la igualdad de trato.
España cuenta con un sólido marco normativo que ampara estos objetivos. La Constitución Española, en sus artículos 9.2, 14 y 35, consagra el principio de igualdad y la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que
esta sea real y efectiva. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece medidas específicas para corregir desigualdades y fomentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos. La Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, incorpora la perspectiva de género como elemento transversal en las políticas de desarrollo rural. A ello se suman los compromisos internacionales asumidos por España, como
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 5, relativo a la igualdad de género, y el ODS 8, sobre trabajo decente y crecimiento económico.
En este año se conmemora un nuevo aniversario de la proclamación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución 62/136, del 15 de octubre como Día Internacional de las Mujeres Rurales. Esta efeméride,
celebrada por primera vez en 2008, constituye una ocasión propicia para reconocer públicamente la
contribución esencial de las mujeres rurales al desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad medioambiental, así como para renovar el compromiso de las instituciones con la mejora de sus
condiciones de vida y de trabajo. Las mujeres somos las gestoras del territorio, las que promovemos la fijación de población a los municipios de la España rural.
El último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) subraya que la presencia de mujeres migrantes en el medio rural español es un factor determinante para la sostenibilidad demográfica y económica de estos
territorios. Del mismo modo, destaca que la inserción laboral de las mujeres migrantes se concentra en ocupaciones de baja cualificación y limitada estabilidad, con desigualdades salariales y escaso reconocimiento. A ello se añade una carga
significativa de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, junto con barreras estructurales derivadas de la falta de transporte, la brecha digital y el acceso desigual a servicios esenciales.
El estudio identifica que este colectivo desarrolla su actividad principalmente en la agricultura, los servicios domésticos y de cuidados, la hostelería y la limpieza. Aunque su participación es relevante en la mayoría de las campañas
agrícolas, la titularidad de explotaciones es reducida, lo que restringe el acceso a derechos y ayudas. El informe plantea la necesidad de diversificar sus oportunidades profesionales, mejorar el acceso a las tecnologías de la información y
promover su participación activa en la toma de decisiones comunitarias.
A modo de ejemplo, la provincia de Huelva concentra a más de 14.000 mujeres migrantes, procedentes mayoritariamente de Marruecos, que participan cada año en la campaña de frutos rojos, desempeñando tareas esenciales en la recolección y
manipulado de fresas, arándanos y frambuesas. Su gran labor permite que Huelva concentre más del 80 % de la producción nacional de fresas y se consolide como principal provincia exportadora del país, contribuyendo de forma decisiva al dinamismo
económico del medio rural andaluz y al posicionamiento internacional del sector agroalimentario español.
El reconocimiento y la puesta en valor del trabajo de las mujeres rurales, con especial mención a las trabajadoras migrantes, constituye una obligación moral y política que interpela directamente a las instituciones. Es necesario reforzar
las políticas públicas que favorezcan su visibilidad, su acceso a la formación y a la innovación, su participación en órganos de decisión y su protección frente a cualquier forma de discriminación. La falta de mujeres en el sector cooperativo
agroalimentario, no tanto en lo que a mano de obra se refiere, sino precisamente en los puestos de gobernanza y decisión de las empresas cooperativas agroalimentarias españolas, es un hecho incontestable. Es por ello, que solo será posible
garantizar que el medio rural español avance hacia un modelo más justo, inclusivo y sostenible, en el que las mujeres, sin distinción de origen, ocupen el lugar que legítimamente les corresponde como protagonistas del presente y del futuro de
nuestros pueblos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir reconociendo y visibilizando la contribución de las mujeres rurales, y en particular de las trabajadoras migrantes, al desarrollo económico, social y cultural del medio rural español, mediante campañas institucionales y actos
conmemorativos en torno al 15 de octubre, en el marco del aniversario de la proclamación por la ONU del Día Internacional de las Mujeres Rurales.
2. Seguir impulsando políticas integrales que garanticen la igualdad de oportunidades, el acceso a derechos laborales plenos, la formación y capacitación profesional, así como la participación en órganos de decisión y representación del
sector agrario tanto en las organizaciones profesionales agrarias como en las cooperativas, prestando especial atención a la integración social de las trabajadoras migrantes.
3. Seguir reforzando la protección y las condiciones de vida en el medio rural, asegurando el cumplimiento de la normativa laboral, la mejora de los servicios básicos y la conectividad digital, en coordinación con comunidades autónomas y
entidades locales.
4. Seguir desarrollando y ampliando programas como el Wafira, para mujeres temporeras que cada año vienen a España a la recogida de frutos rojos, y que promueve la capacitación y formación de las mujeres para que a su regreso puedan
emprender y poner en marcha actividades generadoras de ingresos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2025.María Luisa Faneca López, Patricia Otero Rodríguez, Iván Cacho Isla, Jonay Quintero Hernández, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Trinidad Carmen Argota Castro, José Luis Aceves
Galindo, Amador Marqués Atés, Joaquín Martínez Salmerón, Marta Trenzano Rubio, María Carmen Sánchez Díaz y Daniel Senderos Oraá, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al rechazo de la integración de la Política Agraria Común (PAC) en un fondo presupuestario único de la Unión Europea
en defensa de su carácter estratégico, autónomo y nacionalmente gestionable, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La Política Agraria Común (PAC) constituye uno de los pilares fundacionales de la Unión Europea y una herramienta clave para garantizar la seguridad alimentaria, la estabilidad del medio rural y el mantenimiento de la actividad agrícola y
ganadera.
Sin embargo, desde la puesta en marcha del Pacto Verde Europeo, y las políticas y estrategias asociadas a este, se han implementado objetivos medioambientales de obligado cumplimiento como condición para acceder a las ayudas, lo que ha
distorsionado su propósito original como mecanismo de apoyo al sector primario. Actualmente, un 40 % del presupuesto de la PAC se destina a objetivos climáticos, lo que ha debilitado su función estructural y su capacidad para sostener rentas
agrarias. Como resultado de todo ello, en 2023 los beneficiarios españoles percibieron 3.475 millones de euros en ayudas, frente a los 4.055 millones abonados en el mismo periodo de 20221; y en 2024, pese a incrementarse el volumen de ayudas, se
redujo el número de beneficiarios2. Además, mientras se imponen metas a los agricultores y ganaderos locales, se permite la importación de productos de terceros países que no cumplen con las normativas a las que se 1
https://coag.org/post/cerealistas-los-grandes-perdedores-del-ano-en-el-campo-esp...
2 https://www.datadista.com/economia/mas-ayudas-menos-beneficiarios-el-1-de-los-pe...
someten nuestros productores, ya sea en términos ambientales, de calidad o en lo referente a la regulación laboral3.
Lejos de corregir esta deriva, la Comisión Europea ha propuesto recientemente integrar la PAC en un fondo presupuestario único junto a otros programas comunitarioscomo los relativos a la cohesión territorial, la transición energética o la
innovación tecnológica4. Una medida de este tipo podría diluir el carácter específico de la PAC y restar capacidad a los Estados miembros para adaptar las ayudas a las necesidades reales de sus agricultores y ganaderos. Asimismo, la orientación
ideológica de sus últimas reformas, vinculadas a la Agenda 2030 y al Pacto Verde Europeo, ha incrementado las exigencias medioambientales sin proteger adecuadamente la competitividad de nuestros productores. Ante este escenario, resulta necesario
impulsar una revisión crítica de la PAC que asegure la defensa de nuestra soberanía alimentaria y refuerce el futuro de nuestro campo.
Esta propuesta de la Unión Europea amenaza con diluir su función estructural y poner en riesgo la sostenibilidad del sector agrario. Supone, además, un nuevo paso en la subordinación del sector agrario a planteamientos ideológicos como el
Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030, en detrimento de los verdaderos objetivos de la PAC: la sostenibilidad del campo, el relevo generacional, la seguridad alimentaria y el equilibrio rural.
En línea con ello, cabe destacar que, en el Consejo de Ministros de Agricultura, 16 Estados miembros entre ellos Italia y Grecia votaron en contra de la propuesta5. A su vez, las principales organizaciones agrarias europeas y españolas
han expresado su frontal oposición a la integración presupuestaria de la PAC6.
Resulta imprescindible, por tanto, rechazar esta propuesta y defender una PAC sólida, dotada de presupuesto propio, gestionada con flexibilidad a nivel nacional y orientada a los verdaderos protagonistas del campo: los agricultores y
ganaderos. España debe actuar con decisión en el seno de la Unión Europea, liderando un bloque de países comprometidos con la soberanía alimentaria, el equilibrio territorial y la defensa de los intereses del medio rural frente a planteamientos
ideológicos ajenos a la realidad productiva.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las acciones necesarias para:
1. Mostrar de forma explícita el rechazo de España a la propuesta de la Comisión Europea de integrar la PAC en un fondo presupuestario común, así como la reducción más del 20 % de su presupuesto en el MFP 2028-2034, y exigir el
mantenimiento de su estatus como política propia, diferenciada y con autonomía presupuestaria.
2. Defender en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo la necesidad de una PAC al servicio de los agricultores y ganaderos europeos, basada en los principios de preferencia comunitaria, estabilidad de rentas, seguridad alimentaria y
desarrollo rural.
3. Promover una alianza con otros Estados miembros, que comparten esta visión estratégica del campo europeo, para conformar un bloque de defensa de la agricultura y la soberanía alimentaria.
3 https://financialfood.es/eurocommerce-pide-a-la-ue-frenar-la-competencia-desleal...
4 https://es.euronews.com/my-europe/2025/07/14/la-comision-europea-planea-fusionar...
5 https://www.democrata.es/economia/rechazo-mayoritario-ue-recortes-pac-propuestos...
6 https://www.agronegocios.es/agronegocios/internacional/el-copa-cogeca-lanza-una-...
4. Oponerse a cualquier intento de supeditar la PAC a los objetivos ideológicos del Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030, garantizando que sus fondos se orienten exclusivamente a fines agrarios y no a estrategias climáticas o de transición
energética ajenas a la producción agrícola y ganadera.
5. Impulsar una revisión integral del actual marco de la PAC, reduciendo la carga burocrática, restaurando la flexibilidad nacional en su aplicación y priorizando el apoyo al productor frente a las macroestructuras agroindustriales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2025.Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/002586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición No de Ley relativa a defender y apoyar al sector vitivinícola español, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
El sector vitivinícola español atraviesa un momento crítico que amenaza tanto su viabilidad económica como la continuidad de una tradición milenaria que forma parte esencial de nuestra identidad cultural y del desarrollo rural. La presente
campaña se prevé especialmente dura: la producción nacional difícilmente alcanzará los 38 millones de hectolitros, muy por debajo de la media de la última década1.
Además, la plaga de mildiu un hongo que ataca la vid y que se manifiesta inicialmente en la aparición de manchas amarillentas en las hojas que preceden al oscurecimiento de los botones florales y la uva2 está devastando explotaciones en
regiones clave como Andalucía, Castilla y León o Castilla-La Mancha. En Andalucía, se calcula que la producción será un 50 % inferior a la del año pasado y, en zonas de Huelva y Málaga, la merma alcanza reducciones de hasta el 80 % de la producción
media3. En Castilla y León, casi la mitad de las hectáreas sembradas están gravemente afectadas y muchas parcelas han perdido toda su uva, con estimaciones que sitúan la cosecha regional un 20 % por debajo de la media, y pérdidas localizadas que
llegan al 85 %4.
A estas dificultades coyunturales se suma un problema estructural: el envejecimiento de los viticultores y la ausencia de relevo generacional. Sin medidas urgentes para atraer y apoyar a los jóvenes formación, acceso a explotaciones,
créditos blandos e incentivos fiscales, gran parte del viñedo español podría quedar sin continuidad en 1 https://elpais.com/economia/2025-09-08/las-olas-de-calor-recortan-la-vendimia.ht...
2 https://www.agro.basf.es/es/Camposcopio/Secciones/Enfermedades-y-plagas/Conoce-e...
3 https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/13530217/09/25/el-calor-y-el-hon...
4 https://cadenaser.com/castillayleon/2025/09/19/la-vendimia-arranca-en-segovia-ma...
pocos años, acelerando la despoblación rural y la pérdida de conocimiento acumulado5. En este sentido, conviene recordar que, durante las últimas décadas, España ha pasado de dedicar más de 1,3 millones de hectáreas al cultivo de la vid a
dedicar menos de 900.0006.
El sector también enfrenta un desafío en el ámbito de la demanda: el consumo interno sigue en retroceso7 y no logra conectar con las nuevas generaciones. A este problema se añaden iniciativas normativas como el Proyecto de Ley de
prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores, cuyo enfoque amenaza con penalizar de forma indiscriminada al sector vitivinícola, ignorando su arraigo cultural, su aportación económica y la posibilidad de promover un consumo adulto,
moderado y responsable8. Lejos de ayudar a reducir y prevenir el alcohol entre menores, este Proyecto lastra la competitividad de un sector fundamental para los intereses de la Nación.
Ante este escenario, resulta imprescindible apostar por políticas activas de apoyo: compensaciones urgentes para los agricultores afectados por plagas y fenómenos climáticos, inversión en investigación contra enfermedades de la vid, fomento
del relevo generacional, impulso decidido al enoturismo como motor de empleo y desarrollo territorial9, campañas de promoción dirigidas a los jóvenes y, en paralelo, medidas para reforzar la seguridad física y digital de bodegas y cooperativas. En
relación con ello, cabe destacar que la subida de los insumos en la producción de vino es un reto constante para el sector, ya que eleva los costes operativos10.
Por último, seguridad física y digital de bodegas y cooperativas debe convertirse en una prioridad. El aumento de robos y actos vandálicos11 han generado miedo entre el sector, que demanda mayor implicación de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado para evitar estas actuaciones ilícitas. Paralelamente, la creciente digitalización de las explotaciones y las empresas bodegueras hace imprescindible proteger datos personales, contables y comerciales frente a ciberataques:
copias de seguridad, sistemas de detección y respuesta, formación en buenas prácticas y planes de recuperación12. Estas actuaciones requieren instrumentos concretos programas y ayudas para modernización de infraestructuras de seguridad, asistencia
técnica y líneas de financiación que permitan a las bodegas, especialmente a las pequeñas y cooperativas, adoptar medidas efectivas sin imponerles cargas financieras inasumibles.
España no puede permitirse dejar caer un sector estratégico que fija población, genera riqueza, sostiene paisajes únicos y proyecta internacionalmente nuestra cultura. Proteger el vino español es proteger nuestra historia, nuestro campo y
nuestro futuro. Por ello, el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para proteger al sector vitivinícola y apoyarlo en un momento crucial para su futuro.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Establecer medidas de apoyo al sector vitivinícola español tales como:
a) Hacer frente a la merma productiva que han traído consigo el mildiu, el calor, las tormentas y la fauna salvaje.
5 https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/vega-baja/noticias/falta-r...
6 https://elpais.com/economia/2025-09-08/las-olas-de-calor-recortan-la-vendimia.ht...
7 https://www.fev.es/memoria2024/123/
8 https://www.tecnovino.com/la-ley-sobre-el-alcohol-genera-polemica-y-rechazo/
9 https://enoturismospain.com/noticias/informe-anual
10 https://www.vinetur.com/2024012577443/el-impacto-de-la-inflacion-en-las-bodegas-...
11 https://www.vinetur.com/2025040786448/las-bodegas-de-tierra-de-barros-sufren-una...
12 https://cysmanagement.com/ciberseguridad-y-vino/
b) Lanzar un nuevo programa de apoyo económico y financiero, destinado a los agricultores afectados por el mildiu.
c) Financiar nuevas líneas de investigación para combatir el mildiu, la filoxera y todas las plagas que afectan a la vid.
2. Elaborar un plan integral de relevo generacional para el sector vitivinícola que incluya medidas específicas para fijar población en la España rural y contemple al menos las siguientes acciones:
a) Otorgar ayudas para la creación o adquisición de explotaciones vitivinícolas por parte de jóvenes agricultores.
b) Impulsar líneas de crédito específicas con bajos intereses para apoyar a los jóvenes emprendedores en el sector vitivinícola.
c) Reducir los impuestos y cargas sociales a aquellas explotaciones vitivinícolas que contraten a jóvenes españoles.
d) Promover centros de formación en la España rural adaptados a las necesidades del sector primario.
e) Fomentar el cooperativismo y el traspaso de conocimiento intergeneracional.
f) Lanzar campañas de promoción del sector vitivinícola que subrayen su importancia cultural y económica entre las generaciones más jóvenes.
3. Retirar el Proyecto de Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en las personas menores de edad, por no responder de manera eficaz al objetivo legítimo de reducir el consumo entre menores, y por penalizar
injustamente al sector vitivinícola.
4. Impulsar el desarrollo del enoturismo en España, elaborando para ello un programa de promoción nacional e internacional, y creando mecanismos de apoyo a las inversiones en la restauración y transformación de las bodegas que tengan como
objetivo permitir el acceso y alojamiento de turistas.
5. Crear un programa de apoyo a la seguridad del sector vitivinícola, que contemple:
a) Refuerzo de patrullas de la Guardia Civil ante la creciente oleada de robos en viñedos y bodegas;
b) Programas de ciberseguridad para bodegas y cooperativas, en colaboración con los organismos especializados en la lucha contra la ciberdelincuencia, tales como el INCIBE, con especial foco en PYMES.
c) Promover planes de control de fauna silvestre para evitar su impacto en la producción agroalimentaria, en especial en el sector vitivinícola, incluyendo compensaciones ágiles por daños y medidas preventivas (cierres, repelentes, gestión
poblacional).»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2025.Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Política Territorial
161/002571
A la Mesa del Congreso De Los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para reforzar el principio de lealtad institucional en las relaciones entre Administraciones Públicas, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
El modelo autonómico diseñado por la Constitución Española de 1978 constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado democrático. Sobre la base de los principios de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político,
la Constitución configuró un sistema descentralizado que ha permitido el desarrollo político, social y económico de las comunidades autónomas en un marco de respeto al interés general.
Dentro de este esquema, la lealtad institucional se erige como un principio imprescindible para la articulación armónica de las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, principio que ha sido reiteradamente subrayado por la
doctrina constitucional y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha recordado en diferentes ocasiones que las instituciones deben cooperar desde el respeto recíproco y con voluntad de servicio a la ciudadanía.
La lealtad institucional implica que ninguna Administración puede orientar su actuación exclusivamente en función de sus intereses particulares o partidistas, sino que debe tener siempre presente el marco común que garantiza la igualdad de
todos los españoles. Supone, además, la obligación de actuar con transparencia, de respetar las competencias propias y ajenas, y de cooperar en la resolución de conflictos en beneficio del interés general. No es un principio meramente retórico,
sino un requisito operativo y jurídico que condiciona la eficacia del Estado autonómico y la confianza mutua entre instituciones.
No obstante, en los últimos años se ha constatado una preocupante degradación de este principio, motivada en gran medida por la actuación del actual Gobierno. El Ejecutivo ha recurrido de forma reiterada a un uso partidista de las
instituciones, priorizando la supervivencia parlamentaria sobre la cohesión territorial y subordinando decisiones estratégicas del Estado a las exigencias coyunturales de sus socios políticos. Las transferencias competenciales o la adopción de
compromisos financieros no se han planteado en clave de eficiencia administrativa o de mejora en la prestación de los servicios públicos, sino como instrumentos de negociación al servicio de una aritmética parlamentaria que responde únicamente a
intereses de corto plazo.
La cesión unilateral de competencias a determinadas comunidades autónomas, la firma de acuerdos bilaterales al margen de los cauces multilaterales previstos en nuestro ordenamiento o la adopción de compromisos financieros de carácter
particular son ejemplos palmarios de un incumplimiento flagrante del deber de lealtad institucional.
Este proceder erosiona gravemente la confianza ciudadana en las instituciones, alimenta la desafección política y abre la puerta a un modelo territorial profundamente asimétrico, donde el acceso a determinados derechos o servicios depende
más de la correlación parlamentaria que de la igualdad consagrada en la Constitución. La consecuencia es un debilitamiento estructural de la arquitectura institucional del Estado, en el que se privilegia a unas comunidades autónomas frente a otras
y se rompe el principio básico de igualdad entre todos los españoles.
A ello se suma la inoperancia de los principales órganos de cooperación intergubernamental. La Conferencia de Presidentes, concebida como espacio de diálogo político de máximo nivel, ha quedado relegada a un papel meramente protocolario,
mientras que las Conferencias Sectoriales, que deberían ser los foros naturales de coordinación administrativa, han sido sistemáticamente marginadas. En su lugar, el Gobierno ha favorecido mesas de negociación bilaterales que responden a intereses
concretos de sus aliados, vaciando de contenido los instrumentos ordinarios de
cooperación y desnaturalizando el principio de multilateralidad que debería presidir el funcionamiento del Estado autonómico.
La consecuencia de esta dinámica es doblemente negativa. Por un lado, debilita la posición institucional de las comunidades autónomas que no cuentan con capacidad de influencia política en el Parlamento, relegándolas a un papel secundario
en el diseño del modelo territorial. Por otro, erosiona la confianza entre Administraciones, fomentando un clima de confrontación que dificulta la cooperación y que convierte el sistema autonómico en un escenario de enfrentamiento permanente en
lugar de un marco de colaboración al servicio de los ciudadanos.
Reforzar el principio de lealtad institucional es, por tanto, una necesidad urgente para salvaguardar la cohesión territorial de España y garantizar la igualdad de todos los españoles. Ello requiere un compromiso firme del Gobierno para
actuar con transparencia, respetar los cauces multilaterales de cooperación y abandonar la práctica de convertir las instituciones en instrumentos de negociación partidista. Solo a través de una actuación leal, objetiva y guiada por el interés
general podrá recuperarse la confianza en el modelo autonómico y asegurar su viabilidad futura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar el principio de lealtad institucional como eje rector en las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.
2. Abstenerse de utilizar las instituciones y los órganos de cooperación territorial como instrumentos de negociación política o de confrontación partidista.
3. Garantizar que los acuerdos intergubernamentales en materia competencial o financiera se adopten siempre en órganos multilaterales y con criterios de transparencia, publicidad y objetividad.
4. Impulsar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan verificar el cumplimiento efectivo del principio de lealtad institucional en las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis María Beamonte Mesa, Antonio Cavacasillas
Rodríguez, María Lourdes Ramírez Martín, Carmelo Barrio Baroja, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo e impulso del Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles
(TNPCF), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF) es una iniciativa global que promueve la eliminación de la producción de combustibles fósiles y la promoción de una transición justa. Ante la evidente necesidad de establecer
mecanismos internacionales que luchen de manera efectiva contra el cambio climático, y teniendo en cuenta la poca predisposición de los firmantes del Acuerdo de París a cumplir con los compromisos, se evidencia la urgencia y la importancia a apoyar
iniciativas como el TNPFC, que deben convertirse en una realidad de sinergias y cooperación para asumir conjuntamente soluciones a una de las amenazas globales más preocupantes a los que se enfrenta el mundo. Este Tratado cuenta con una carta
abierta firmada por parlamentarios y parlamentarias electas de todo el mundo, en la búsqueda de nuevos compromisos y tratados internacionales que complementen el Acuerdo de París. En un contexto donde el negacionismo climático se encuentra en alza,
con dirigentes internacionales que lo promueven y abonan el terreno no solo para no avanzar en la lucha contra el cambio climático sino para retroceder, las herramientas internacionales, como los compromisos de las COPs o el TNPFC, se hacen
indispensables. Ante el negacionismo, datos.
Sobre las causas. El carbón, el petróleo y el gas son responsables de casi el 80 % de todas las emisiones de dióxido de carbono desde la revolución industrial. En 2024 se alcanzó un máximo histórico de emisiones globales de dióxido de
carbono, con aproximadamente 41.600 millones de toneladas (37.400 proceden de los fósiles). Son datos del Global Carbon Budget 2024, que alerta que hay un 50 % de probabilidades de que el calentamiento global supere los 1,5 °C de forma constante en
unos seis años. Se necesitan reducciones del 42 % para 2030 y del 57 % para 2035 para alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, y si no se aumenta la ambición y se cumple con los objetivos marcados, «el mundo se encaminaría
hacia un aumento de la temperatura de entre 2,6 y 3,1 °C a lo largo de este siglo» (Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024 de la ONU).
Sobre las consecuencias. El 2024 fue el año más cálido registrado en el planeta y el primero en el que se superó en conjunto un aumento de 1,5 grados respecto a niveles preindustriales, la misma barrera de aumento de la temperatura pactado
en el Acuerdo de París. Son datos de las principales instituciones que monitorean el clima a nivel mundial. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió el pasado mayo en un nuevo informe que esto no mejorará: las temperaturas continuarán
en niveles récord, con una media global anual cercana a la superficie terrestre entre 2025 y 2029 de entre 1,2 grados y 1,9 superior al promedio del periodo preindustrial.
En consecuencia, nos encontramos en un momento crucial donde debemos actuar con urgencia, aunque el auge del negacionismo climático y la prosa conspiracionista contra la Agenda 2030 van en dirección contraria. La urgencia para adoptar los
mecanismos reales y efectivos, que no queden en papel mojado, es palpable. Lo es a través de las catastróficas consecuencias que dejan los fenómenos extremos cada vez más frecuentes, como la DANA en el País Valencià o los incendios de sexta
generación en el norte-oeste peninsular. Pero no solo en nuestro país: las catástrofes naturales hace años que las llevan sufriendo aquellos que menos han contribuido al cambio climático: países del sur global que encadenan sequías o lluvias
torrenciales que lo arrasan todo.
Son múltiples las soluciones para frenar el aumento de la temperatura global: la promoción de la energía solar, eólica, la protección de bosques y océanos en tanto que sumideros de carbono, las soluciones tecnológicas de captura de carbono
o la reducción de los plásticos. Pero la comunidad científica lo tiene claro: la mejor i más rápida manera de parar el cambio climático es dejar de quemar carbón, petróleo y gas. Acabar con el uso de los combustibles fósiles es esencial para
poner fin a la crisis climática.
El Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF) va en esta dirección. Es por ello que España no solo debería apoyarlo, sino que es imprescindible que tenga una actitud proactiva impulsándolo y fomentando el diálogo con otros
países,
especialmente con aquellos que son emisores principales de gases de efecto invernadero. El cambio climático no entiende de contextos políticos ni de inmovilismo y retardismo, avanza ante el vacío de políticas eficaces y compromisos no
cumplidos. La lucha contra ello sí es político, y el planeta no va a seguir soportando la irresponsabilidad de los que lo habitan.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar una estrategia con medidas concretas que tengan por objetivo apoyar e impulsar el Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF) mediante la cooperación internacional
para prevenir la proliferación de combustibles fósiles, acabar con su infraestructura y reservas existentes y asegurar una transición hacia alternativas limpias y seguras.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.Júlia Boada Danés, Diputada.Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congres dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei de suport i impuls del Tractat de no Proliferació de Combustibles Fòssils (TNPCF),
per al seu debat a la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.
Exposició de motius
El Tractat de no Proliferació de Combustibles Fòssils (TNPCF) és una iniciativa global que promou l'eliminació de la producció de combustibles fòssils i la promoció d'una transició justa. Davant l'evident necessitat d'establir mecanismes
internacionals que lluitin de manera efectiva contra el canvi climàtic, i tenint en compte la poca predisposició dels signants de l'Acord de París a complir amb els compromisos, s'evidencia la urgència i la importància a donar suport a iniciatives
com el TNPFC, que han de convertir-se en una realitat de sinergies i cooperació per a assumir conjuntament solucions a una de les amenaces globals més preocupants als quals s'enfronta el món. Aquest Tractat compta amb una carta oberta signada per
parlamentaris i parlamentàries electes de tot el món, en la cerca de nous compromisos i tractats internacionals que complementin l'Acord de París. En un context on el negacionisme climàtic es troba en alça, amb dirigents internacionals que el
promouen i adoben el terreny no sols per a no avançar en la lluita contra el canvi climàtic sinó per a retrocedir, les eines internacionals, com els compromisos de les COPs o el TNPFC, es fan indispensables. Davant el negacionisme, dades.
Sobre les causes. El carbó, el petroli i el gas són responsables de gairebé el 80 % de totes les emissions de diòxid de carboni des de la revolució industrial. En 2024 es va aconseguir un màxim històric d'emissions globals de diòxid de
carboni, amb aproximadament 41.600 milions de tones (37.400 procedeixen dels fòssils). Són dades del Global Carbon Budget 2024, que alerta que hi ha un 50 % de probabilitats que l'escalfament global superi els 1,5 °C de manera constant en uns sis
anys. Es necessiten reduccions del 42 % per a 2030 i del 57 % per a 2035 per a aconseguir l'objectiu de limitar l'escalfament global a 1,5 °C, i si no s'augmenta l'ambició i es compleix amb els objectius marcats, «el món s'encaminaria cap a un
augment de la temperatura d'entre 2,6 i 3,1 °C al llarg d'aquest segle» (Informe sobre la Bretxa d'Emissions 2024 de l'ONU).
Sobre les conseqüències. El 2024 va ser l'any més càlid registrat en el planeta i el primer en el qual es va superar en conjunt un augment de 1,5 graus respecte a nivells
preindustrials, la mateixa barrera d'augment de la temperatura pactat en l'Acord de París. Són dades de les principals institucions que monitoren el clima a nivell mundial. L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) va advertir el maig
passat en un nou informe que això no millorarà: les temperatures continuaran en nivells rècord, amb una mitjana global anual pròxima a la superfície terrestre entre 2025 i 2029 d'entre 1,2 graus i 1,9 superior a la mitjana del període
preindustrial.
En conseqüència, ens trobem en un moment crucial on hem d'actuar amb urgència, encara que l'auge del negacionisme climàtic i la prosa conspiracionista contra l'Agenda 2030 van en direcció contrària. La urgència per a adoptar els mecanismes
reals i efectius, que no quedin en lletra morta, és palpable. Ho és a través de les catastròfiques conseqüències que deixen els fenòmens extrems cada vegada més freqüents, com la DANA al País Valencià o els incendis de sisena generació en el
nord-oest peninsular. Però no sols al nostre país: les catàstrofes naturals fa anys que les porten sofrint aquells que menys han contribuït al canvi climàtic: països del sud global que encadenen sequeres o pluges torrencials que ho arrasen tot.
Són múltiples les solucions per a frenar l'augment de la temperatura global: la promoció de l'energia solar, eòlica, la protecció de boscos i oceans com a embornals de carboni, les solucions tecnològiques de captura de carboni o la reducció
dels plàstics. Però la comunitat científica ho té clar: la millor i més ràpida manera de parar el canvi climàtic és deixar de cremar carbó, petroli i gas. Acabar amb l'ús dels combustibles fòssils és essencial per a posar fi a la crisi climàtica.
El Tractat de no Proliferació de Combustibles Fòssils (TNPCF) va en aquesta direcció. És per això que Espanya no sols hauria de secundar-ho, sinó que és imprescindible que tingui una actitud proactiva impulsant-ho i fomentant el diàleg amb
altres països, especialment amb aquells que són emissors principals de gasos d'efecte d'hivernacle. El canvi climàtic no entén de contextos polítics ni d'immobilisme i retardisme, avança davant el buit de polítiques eficaces i compromisos no
complerts. La lluita contra això sí que és polític, i el planeta no continuarà suportant la irresponsabilitat dels quals l'habiten.
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta el Govern a dissenyar una estratègia amb mesures concretes que tinguin per objectiu secundar i impulsar el Tractat de no Proliferació de Combustibles Fòssils (TNPCF) mitjançant la cooperació internacional per
a prevenir la proliferació de combustibles fòssils, acabar amb la seva infraestructura i reserves existents i assegurar una transició cap a alternatives netes i segures.»
Palacio del Congrés dels Diputats, 7 de octubre de 2025.Júlia Boada Danés, Diputada.Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de modernización y adaptación de las estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR) para la eliminación de contaminantes emergentes, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La política de agua en España es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como país, por su importancia estratégica en el desarrollo económico y social, por los compromisos medioambientales que hemos adquirido, por los
desafíos de adaptación al cambio climático que debemos atender, por el presente y el futuro de la España rural y, por la cohesión territorial y social de nuestro país.
El agua es un recurso estratégico limitado, cuya gestión sostenible es un pilar fundamental para garantizar la seguridad hídrica, la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico y social. En España, la disponibilidad de agua se
ve afectada por el cambio climático, la sobreexplotación de los acuíferos y la contaminación de los recursos hídricos.
En este contexto, la calidad del agua se ha consolidado como una prioridad estratégica, clave para proteger la salud pública, cumplir con las normativas europeas y preservar el entorno. En los últimos años, ha cobrado especial relevancia el
estudio de los denominados contaminantes emergentes o contaminantes de preocupación emergente (CPE). Aunque muchas de estas sustancias no son nuevas, su detección en concentraciones significativas ha sido posible gracias al avance de técnicas
analíticas más sensibles y precisas. Entre ellas se encuentran residuos de productos farmacéuticos (antibióticos, analgésicos, antidepresivos), cosméticos, microplásticos, hormonas, compuestos químicos industriales e incluso sustancias ilícitas.
Ya en 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció formalmente la importancia de estos contaminantes al incluirlos en sus directrices sobre calidad del agua desde una perspectiva de salud y medio ambiente. En la Unión Europea,
su consideración normativa se inició con la Directiva sobre Aguas de Consumo Humano de 2020, y se ha consolidado con la nueva Directiva de Aguas Residuales Urbanas (TARU), aprobada el 27 de noviembre de 2024 (Directiva UE 2024/3019), que introduce
cambios significativos.
Esta nueva directiva amplía el ámbito de aplicación a más aglomeraciones urbanas pasando de 2.000 habitantes equivalentes (h-e) a 1.000 habitantes equivalentes. Las aglomeraciones entre 1.000 y 2.000 h-e deberán disponer de sistemas de
colectores y conexión de todas las fuentes residuales domésticas y tratamiento secundario para 2035. El tratamiento terciario (eliminación de nitrógeno y fósforo) obligatorio en instalaciones con carga = 150.000 h-e para 2039. Además, establece la
obligación de adaptar progresivamente las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) a tecnologías avanzadas que permitan reducir la presencia de microcontaminantes en el medio acuático exigiendo el tratamiento cuaternario, o avanzado, para
eliminar CPE en las instalaciones que superen esa carga (=150.000 h-e). Su implementación debe estar plenamente operativa para 2045.
Adicionalmente, incorpora objetivos de neutralidad energética en el tratamiento de aguas residuales y se impulsa obligatoriamente la reutilización de aguas residuales tratadas, siempre que sea técnicamente viable y no genere riesgos para la
salud humana o el ambiente.
Uno de los principales retos técnicos es que muchos de estos contaminantes presentan una alta estabilidad química o baja biodegradabilidad, lo que dificulta su eliminación mediante los sistemas convencionales. Las EDAR españolas fueron
diseñadas hace décadas, en un contexto normativo muy diferente, por lo que no están preparadas para afrontar este nuevo escenario.
Frente a este reto, los expertos coinciden en la necesidad de combinar innovación tecnológica, mejora de las capacidades analíticas y un enfoque preventivo que minimice la generación de contaminantes desde su origen. Aunque existen
tecnologías de tratamiento avanzadas disponibles, su implementación masiva conlleva un alto coste operativo y técnico.
La viabilidad económica será un factor clave. La modernización de infraestructuras, la construcción de nuevas EDAR y la operación de sistemas de tratamiento más
complejos requerirán una financiación sólida y sostenible. Para ello, la Directiva incorpora el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que establece que los productores de productos farmacéuticos y cosméticos
principales fuentes de microcontaminantes deberán asumir, al menos, el 80 % de los costes adicionales derivados del tratamiento cuaternario necesario.
España debe afrontar este proceso con una visión integral, que combine inversión pública, colaboración con el sector privado y la implicación de los productores. Es imprescindible impulsar la l+D+i, desarrollar proyectos piloto, reforzar la
monitorización analítica y establecer un marco de financiación equilibrado que incluya fondos estatales, autonómicos, europeos y mecanismos derivados de la RAP.
En resumen, los desafíos que plantea la nueva regulación en la Directiva (TARU) son tanto técnicos como económicos. La respuesta debe pasar por una transformación estructural del sistema de tratamiento de aguas residuales, que permita
cumplir con los estándares europeos más exigentes y garantizar un uso sostenible del agua en beneficio de toda la sociedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un Programa Nacional de Adaptación de EDAR (PNA-EDAR) destinado a la modernización de las estaciones depuradoras de aguas residuales para la eliminación de microcontaminantes, con un calendario de ejecución hasta 2032.
2. Priorizar la actuación en las EDAR que den servicio a más de 150.000 habitantes-equivalentes y en aquellas que presenten mayor riesgo ambiental, incorporando tecnologías de tratamiento avanzado como ozonización, carbón activo granular,
procesos de oxidación avanzada o filtración avanzada.
3. Establecer una financiación adecuada, coordinada entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y fondos europeos, con especial atención a los municipios con menor capacidad financiera.
4. Impulsar un programa de proyectos piloto y de transferencia tecnológica que permita evaluar en condiciones reales de operación las distintas tecnologías de tratamiento, su eficacia, costes y subproductos.
5. Reforzar los protocolos de monitorización analítica de contaminantes emergentes, garantizando metodologías homogéneas a nivel nacional y la publicación periódica de resultados accesibles a la ciudadanía.
6. Presentar en el plazo máximo de seis meses una hoja de ruta nacional, con indicadores de seguimiento y compromisos anuales de ejecución, y remitir al Congreso un informe anual de progreso sobre la implantación del programa.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Joaquín Melgarejo Moreno, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, Raquel Clemente Muñoz, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, Tomás Cabezón Casas,
Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez Torregrosa, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya, Bella Verano Domínguez, Mirian Guardiola Salmerón y Sandra Pascual Rocamora,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley sobre la garantía del derecho a la vivienda en España, para su tramitación en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones
necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Es decir, que, por un lado, nuestra Constitución declara el derecho a la vivienda digna de todas las personas como un precepto constitucional, y, por otro, otorga a
los poderes públicos la obligación de garantizar el cumplimiento de este derecho, así como el de evitar la especulación. A día de hoy es evidente que en España no se está cumpliendo con este mandato constitucional.
Muy al contrario, España está sufriendo una situación de crisis y de emergencia habitacional que está poniendo en jaque el futuro de millones de personas en nuestro país, y que está provocando que cada vez sean más las familias de clase
trabajadora que se ven incapaces de poder acceder a la compra de una vivienda a un precio razonable, así como al pago de un alquiler en condiciones aceptables que no les suponga destinar la mitad o más de sus ingresos totales al pago del mismo. Es
decir, que en España se está produciendo actualmente, a consecuencia de los procesos especulativos que afectan al mercado de la vivienda y la permisividad de los poderes públicos ante ello, un proceso de expulsión de las familias de clase
trabajadora de su derecho constitucional a una vivienda digna.
Según los datos del INE del segundo trimestre de 2025, los precios de la vivienda subieron casi un 13 % respecto al año anterior. La brecha entre la subida de los salarios y el incremento del precio de la vivienda es cada vez mayor. En
2024 el precio por metro cuadrado de una vivienda en alquiler se encareció un 14 %, mientras que los salarios solo subieron un 3,1 %. Esto significa que los ciudadanos y las ciudadanas dedican más de un 47 % de su salario para poder pagar el
alquiler de la vivienda.
Además, en los últimos 20 años, hemos pasado de un escenario en el que más del 50 % de los menores de 30 años tenían una vivienda en propiedad a uno en el que solo tiene vivienda el 29 %. Asimismo, sabemos que las personas que viven de
alquiler en ese tramo de edad han pasado del 35 % a más del 55 %.
La encuesta realizada por 40dB a principios de febrero de 2025 sobre la situación de la vivienda dice que 3 de cada 4 españoles y españolas están a favor de limitar el número de viviendas que puede tener un propietario. Casi a mitad de los
ciudadanos y ciudadanas plantea que el número máximo de viviendas por persona debería ser uno o dos casas. Y el 60 % apoya frenar la compra especulativa.
Junto con esta realidad hemos podido ver movilizaciones de miles de personas recorriendo las calles de toda la geografía, reivindicando una acción decidida de los poderes públicos en la intervención del mercado de vivienda para garantizar
derechos.
Hay, por tanto, una mayoría social que apoya políticas de intervención sobre el mercado inmobiliario. Una mayoría social que quiere que la vivienda sea tratada como un derecho y no como un activo financiero y que, en consecuencia, exige a
los poderes públicos que impidan la especulación, tal y como recoge también el artículo 47 de la Constitución.
La situación de emergencia habitacional hace imperativa la intervención en el mercado inmobiliario, tanto de propiedad como de alquiler, garantizar que se frena la
espiral de demanda especulativa, que imposibilita el acceso a la vivienda y genera un modelo económico insostenible.
Cabe recordar además que, en un mercado de la vivienda completamente insostenible, el fenómeno social conocido como «okupación» (de viviendas por parte de familias que no pueden acceder de otro modo a su derecho a la vivienda), sigue siendo
algo claramente residual en España: según los datos oficiales que aporta el Ministerio del Interior, el número de «okupaciones» lleva dos años cayendo y afectan solamente al 0,057 % de las viviendas totales existentes. Es decir, apenas 15.289
inmuebles se encuentran en esta situación sobre un parque total existente de 26,6 millones de casas. España, pues, no tiene un problema con la ocupación, tiene un problema muy grave con la especulación, y con la expulsión acelerada de las familias
de clase trabajadora del acceso a una vivienda en la que residir, sea en propiedad o sea en alquiler, a precios razonables y compatibles con una vida digna.
A pesar de la existencia de las correspondientes moratorias en materia de desahucios para familias vulnerables tanto para casos de impagos de alquiler como para casos de ejecuciones hipotecarias, la legislación española sigue produciendo
sistemáticamente decenas de miles de desahucios cada año. En el primer semestre del año 2024 se llevaron a cabo 15.274 desahucios. No es cierto, pues, que en España exista hoy una legislación que, más allá de la protección derivada de medidas que
tienen actualmente carácter temporal como es el caso de las moratorias sobre desahucios, sea especialmente protectora del derecho a la vivienda, más bien al contrario: la legislación española actual protege con mucha mayor intensidad los intereses
de los rentistas y grandes propietarios que hacen negocios especulativos con la vivienda, que el derecho de toda persona a tener una vivienda digna en la que poder residir.
La existencia legal en nuestro país de las mal denominas «empresas de desokupación», en realidad grupos organizados con fines de lucro que se dedican a la coacción y extorsión violenta de personas en situación de vulnerabilidad, auténticos
grupos paramilitares, escuadristas y fascistas, que emplean la violencia y el acoso para expulsar ilegalmente a familias que residen de manera legal en sus viviendas, no solo representa una grave anomalía democrática, injustificable en un Estado que
se define constitucionalmente como «social y de derecho», sino que también constituye un ataque violento y legalmente tolerado contra el derecho constitucional a la vivienda. Además, es, ante todo, una amenaza a la seguridad y los derechos
fundamentales de toda la ciudadanía.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a impulsar todos los cambios legales y movilizar todos los recursos que sean necesarios para:
1. Rebajar la cuantía de todos los alquileres un 40 % con respecto a los precios actuales por ley.
2. Prohibir la compra de vivienda para fines distintos a fijar la residencia del adquirente o sus familiares directos.
3. Modificar la duración legal de los contratos de arrendamiento de vivienda pasando de cinco o siete años a indefinidos.
4. La incorporación inmediata de las viviendas de alquiler de temporada y habitaciones a la regulación de la vivienda en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
5. Ilegalizar y desarticular los comandos paramilitares y neonazis, mal llamadas empresas de desokupación, así como para tipificar como delito de odio su actividad escuadrista y parapolicial violenta.
6. Impedir la subasta de vivienda con titularidad pública.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002577
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la comparecencia trimestral de la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en la misma procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la comparecencia trimestral
de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
España atraviesa una crisis de acceso a la vivienda, agravada en los últimos años por la falta de una política eficaz y coherente por parte del Gobierno. Cuando Sánchez llegó al Gobierno en 2018, la vivienda era el 16.º problema para los
españoles. Hoy, según el informe del CIS de septiembre de 2025, se ha convertido en la primera, señalada por un 30,4 % de los ciudadanos. Frente al 2,4 % de hace siete años, este incremento de más de 12 veces refleja el fracaso de la política del
Ejecutivo en esta materia.
La raíz del problema se encuentra en el desajuste entre la demanda creciente de vivienda y la escasez de oferta. El Banco de España estima que a finales de 2025 el déficit residencial alcanzará las 600.000 viviendas. Desde 2021, apenas se
construyen unas 90.000 viviendas al año, frente a un crecimiento de 225.000 hogares anuales. Esta brecha se traduce en un incremento anual del déficit superior a las 100.000 unidades, lo que presiona aún más al mercado.
Como consecuencia, los precios se han disparado. En el segundo trimestre de 2025, la vivienda se encareció un 12,7 % interanual (INE), y desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, los precios tanto de compraventa como de alquiler han subido
más de un 50 %. Asimismo, el alquiler ha alcanzado máximos históricos en prácticamente todas las capitales de provincia, excepto en Cuenca.
La situación es especialmente preocupante para los jóvenes. La tasa de emancipación ha caído hasta el 15,2 %, la más baja registrada, y la edad media para emanciparse supera los 30 años.
En cuanto a la Ley de Vivienda de 2023, sus efectos han sido contraproducentes. En Cataluña, donde se ha aplicado con más rigor, los precios del alquiler han continuado escalando y han expulsado a las clases medias y jóvenes de los centros
urbanos. La oferta de alquiler ha caído drásticamente: por cada seis pisos disponibles antes de la pandemia en Barcelona, ahora solo queda uno.
Además, el 30 % del parque de vivienda en alquiler se ha desplazado al mercado temporal, evidenciando la inseguridad jurídica generada por esta norma.
A ello se suma una inaceptable inejecución presupuestaria. En 2024, el Gobierno dejó sin ejecutar más de 2.800 millones de euros del presupuesto de vivienda (solo se ejecutó el 32,7 % del total asignado). En 2025, hasta el mes de junio, el
Gobierno solo ha ejecutado el 5,3 % del presupuesto, prologando esta falta de ejecución.
También resulta alarmante el crecimiento de la ocupación ilegal, un fenómeno cada vez más extendido. Desde que Sánchez es presidente, las denuncias por ocupación han aumentado un 34,5 %. Solo en 2024 se registraron 16.426 denuncias, de las
cuales un 42 % se produjeron en Cataluña. Además, se estima que un 30 % de las víctimas ni siquiera denuncia por desistimiento ante plazos de desalojo que pueden alargarse hasta los 18 meses. Según los últimos datos disponibles, el número total de
viviendas ocupadas ilegalmente en España supera ya las 100.000.
A pesar de todo lo expuesto, la ministra de Vivienda no ha comparecido en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana desde el 25 de enero de 2024, lo que supone más de un año y medio sin rendir cuentas ante esta Cámara en un contexto de
emergencia habitacional. Resulta imprescindible que la máxima responsable comparezca con regularidad para informar del desarrollo de la política en una de las materias que más preocupa a los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a establecer la comparecencia obligatoria de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana ante la Comisión de Vivienda del Congreso con una periodicidad trimestral, con el fin de realizar
un seguimiento exhaustivo de la política de vivienda del Gobierno, incluyendo información sobre:
Evolución de precios de compraventa y alquiler.
Ejecución presupuestaría en materia de vivienda.
Aplicación de la Ley de Vivienda y sus efectos en el mercado.
Avance de las políticas públicas de promoción de vivienda asequible.
Estado de la ocupación ilegal y medidas adoptadas para su contención.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Sergio Sayas López, Cristina Agüera Gago, Isabel María Borrego Cortés, Miguel Ángel Sastre Uyá y María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/002560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurlnacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la
resignificación y recuperación del Pueblo Viejo de Belchite, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La localidad de Belchite (comarca de Campo de Belchite, provincia de Zaragoza) fue escenario entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937 de una batalla de las más crueles de la Guerra Civil Española, causando 5.000 muertos y
destruyendo el pueblo casi por completo. Acabada la guerra, el Gobierno del general Franco decidió no reconstruir el pueblo, sino levantar uno nuevo al lado, manteniendo las ruinas del viejo como recuerdo de la contienda. Durante la dictadura
franquista las construcciones del Pueblo Viejo se fueron deteriorando, incluso se extrajeron materiales para utilizarlos en otras obras, sin que se abordara su recuperación ni mantenimiento.
En enero de 2025, el Pueblo Viejo de Belchite fue incluido en el Fondo Mundial de los Monumentos (WMF, en sus iniciales en inglés) para su preservación como lugar de memoria y reflexión y por su rico patrimonio cultural. De esta forma, WMF
denuncia enclaves históricos en riesgo de desaparición.
El 18 de noviembre de 2021 mantuvieron una reunión el director general de Agenda Urbana y Arquitectura de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el director general de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, tras la cual se informó de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana colaborará, junto con el Gobierno de Aragón,
en el proyecto y las actuaciones que se ejecutarán para la resignificación y recuperación del Pueblo Viejo de Belchite, con el objetivo de su conversión en un lugar de memoria más allá de lo que ha sido el discurso tradicional, así como en un hito
internacional de memoria democrática.
Por ello, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se consignó una partida de 7 millones de euros para la resignificación y recuperación del Pueblo Viejo de Belchite, que se desarrollaría en un plurianual entre 2022 y
2026. De hecho, en el ejercicio 2022, se incluyó una partida económica de 80.000 euros para lanzar un concurso de ideas, en el que primaran los criterios arquitectónicos para desarrollar posteriormente la intervención. En los ejercicios siguientes
se consignaron 300.000 euros en 2023,1,5 millones de euros en 2024, 2,2 millones de euros en 2025 y 3 millones de euros en 2026.
El 6 y 7 de junio de 2022 se celebraron en Zaragoza y Belchite unas jornadas con las que se abrió un proceso participativo sobre el futuro del Pueblo Viejo de Belchite. Dicha convocatoria tenía la intención de poner al servicio de la
ciudadanía un foro de debate en el que se tratara lapreservación y gestión de Belchite 85 años después de su destrucción, enfocando ese reto desde la perspectiva histórica, analizando la estructura arquitectónica, teniendo en cuenta factores que
inciden sobre la conservación patrimonial y abordando las posibles vías de actuación, incorporando a los principales agentes implicados en este proceso desde el ángulo de la memoria.
Sin embargo, desde entonces no se han conocido más novedades.
La única novedad es que el pasado mes de agosto la asociación Hispania Nostra ha incluido al Pueblo Viejo de Belchite en la Lista Roja del patrimonio, porque «muchas estructuras están en riesgo de derrumbe inminente y estudios alertan de que
en veinte años podrían desaparecer los principales monumentos y todo el casco urbano». Hispania Nostra pone de ejemplo la iglesia del Convento de San Rafael, cuya fachada, separada del resto del edificio, «se sostiene apenas con puntales, mostrando
grietas y pandeo». Asimismo, otros espacios presentan en estos momentos «muros colapsados, bóvedas hundidas y orificios por accesos no controlados», lo que «compromete la seguridad de visitantes y trabajadores, y amenaza estructuras como la iglesia
de San Agustín». También se apuntan a «los efectos del clima, como la borrasca Filomena, que agravó los daños».
Desde Hispania Nostra se reclama que se trabaje por la conservación del Pueblo Viejo de Belchite, como «un lugar con un fuerte valor simbólico y cultural», «un testimonio de la barbarie de la guerra, del olvido institucional y del que corren
los bienes patrimoniales cuando no se acompañan de políticas activas de conservación».
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar sin más demora las inversiones precisas para la resignificación y recuperación del Pueblo Viejo de Belchite, para su puesta en valor como lugar de memoria y garantizar la
conservación de su patrimonio cultural.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2025.Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para conmemorar el 425 Aniversario del nacimiento de Baltasar Gracián, para su
debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
«Europa no ha producido nada más fino ni más complicado en materia de sutileza moral». Con estas palabras definía el filósofo alemán, Friedrich Wilhelm Nietzsche, la obra del escritor aragonés del Siglo de Oro, Baltasar Gracián.
Baltasar Gracián (1601-1658) fue un sacerdote jesuíta, escritor y filósofo español nacido en Belmonte (hoy Belmonte de Gracián en su honor), en la comarca de Calatayud (Zaragoza). Su vida estuvo marcada por una intensa actividad intelectual
y religiosa dentro de la Compañía de Jesús. Tras una rigurosa formación en filosofía, teología y letras en diversas ciudades (Tarragona, Calatayud, Zaragoza, Valencia, Gandía, etc.), destacó como profesor, predicador y autor.
Tuvo numerosos hermanos, muchos de los cuales también ingresaron en órdenes religiosas. Utilizó frecuentemente el nombre de su hermano Lorenzo Gracián para publicar sus obras, lo que generó confusión sobre la autoría y su identidad.
Entre sus principales obras destacan, «El Héroe» (1637), un tratado sobre las virtudes del hombre ideal; «El Político don Fernando el Católico» (1640), figura del gobernante perfecto; «Arte de ingenio/Agudeza y arte de ingenio» (1642
/1648), teoría literaria sobre el ingenio y los conceptos; «El Discreto» (1646), un manual de virtudes humanas centrado en la discreción, «Oráculo manual y arte de prudencia» (1647), una colección de aforismos sobre cómo actuar con sabiduría. Y
«El Criticón» (1651-1657), su obra cumbre, una alegoría filosófica sobre la vida humana.
La única obra que Gracián firmó con su nombre auténtico y que salió con todos los permisos pertinentes de la Compañía se publicó en Zaragoza en 1655, se trata de «El Comulgatorio».
Su obra, profundamente barroca, combina erudición, estilo aforístico y crítica moral. A menudo chocó con las autoridades de la Compañía por publicar sin permiso, lo que le acarreó censuras, castigos e incluso confinamiento. En el colegio
de Graus fue encerrado, vedándole incluso la tinta, el papel y la pluma.
Falleció en Tarazona en 1658, probablemente en la pobreza y bajo la vigilancia de sus superiores. Pese a sus conflictos con la orden, su legado intelectual ha sido ampliamente reconocido y «El Criticón» se considera una de las grandes obras
de la literatura universal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En colaboración con el resto administraciones públicas competentes y las organizaciones de la sociedad civil y cultural, conmemorar el 425 aniversario del nacimiento de Baltasar Gracián, el 8 de enero de 2026, con un programa de
actividades culturales, conferencias, exposiciones, reediciones de obras, etc, para dar a conocer su obra.
2. Reconocer y valorar a Baltasar Gracián como a un gran escritor y pensador cuyo legado intelectual ha sido ampliamente reconocido. Para ello, se propone que los cursos que realiza el Centro UNED de Calatayud se promocionen y extiendan a
nivel nacional.
3. Facilitar el acceso digital al patrimonio literario y artístico de Baltasar Gracián.
4. Impulsar la edición de un sello conmemorativo por la empresa pública Correos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Víctor Javier Ruiz de Diego y Marc Lamuà Estañol, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación
Digital, para garantizar la plena titularidad pública de la SAREB y la movilización de sus activos al servicio del interés general.
Exposición de motivos
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancada (en adelante, SAREB) se constituyó en noviembre de 2012 como sociedad anónima con el objetivo de adquirir y gestionar los activos inmobiliarios deteriorados y los
créditos problemáticos de las cajas de ahorro intervenidas por el FROB. Su creación fue una de las exigencias del Memorando de Entendimiento (MoU) sobre política financiera firmado entre el Reino de España y la popularmente denominada TROIKA
(Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) en julio de ese mismo año a fin de poder solicitar ayuda a los Fondos de Rescate Europeos (Mecanismo Europeo de Estabilidad: MEDE) para poder ser utilizados en la
capitalización de bancos y cajas españolas hasta un importe máximo de 100.000 M. De estos fondos, el FROB utilizó 39.468 M para recapitalizar BFA-Bankia más las cajas de ahorro nacionalizadas (CatallunyaBank, NovaCaixaGalicia, Caja España-Duero,
Caja3) y los bancos nacionalizados (Banco de Valencia, Banco Gallego, Liberbank, y Banco MareNostrum).
SAREB se dotó inicialmente con unos fondos propios de 1.200 M (300 M de capital social más 900 M de prima de emisión) y deuda subordinada convertible (3.600 M) al 8 % de interés anual convertible en capital ante la insuficiencia de este
por acumulación de pérdidas. El reparto accionarial quedó configurado del siguiente modo: el FROB suscribió y desembolsó un 45 % del capital (550,9 M) y el 55 % restante quedó en manos de entidades financieras y aseguradoras privadas, destacando
Banco Santander (22,23 %) y CaixaBank (12,24 %). En conjunto el FROB desembolsó 1.811 M
en la creación de la SAREB, 540 M como accionista y 1.271 M de deuda subordinada convertible.
Con estos recursos, la entidad inició su actividad en 2012 mediante la adquisición masiva de activos procedentes de las entidades nacionalizadas. En su primer ejercicio, la sociedad adquirió 106.856 inmuebles y 90.618 activos financieros.
El precio de compra fue fijado por el Banco de España en 50.781 M sobre la base de las estimaciones de valor realizadas en las pruebas de resistencia (stress test) a que sometió al sistema bancario español en 2012, que contemplaba inicialmente un
horizonte temporal de dos años (2012-2014), posteriormente ampliado hasta 2027, coincidiendo con el horizonte de 15 años previsto para la sociedad. Esto suponía que los precios de transferencia estaban relacionados con datos macroeconómicos
proyectados y optimistas sobre el futuro y no con la situación real de cada uno de los activos adquiridos por la SAREB. En este sentido, más del 55 % de los préstamos transferidos estaban calificados como de «dudoso cobro» por las entidades
transmitentes y sus posibilidades de recobro dependían esencialmente del valor de las garantías reales que los soportaban. Aun así, se transfirieron a la SAREB, y esta compró préstamos por 3.934 M de «recuperación remota» cuyo valor real era cero
por carecer de respaldo de algún tipo de garantía real, con impagos superiores a tres años o en situación concursal.
Del importe del precio de transferencia de los activos, 39.438 M correspondían a créditos a promotores incluidos los 3.934 M sin garantías y con impagos superiores a tres años o en situación concursal, cuyo valor real era cero y 11.343
M a activos inmobiliarios (terrenos y suelo con distintas calificaciones urbanísticas incluida la rústica, así como inmuebles en distintos grados de desarrollo). La contraprestación se articuló a través de bonos emitidos por la SAREB, avalados por
el Estado y referenciados al euríbor, con opción unilateral de renovación anual por parte de la SAREB. Dichos bonos se distribuyeron entre las siguientes entidades cedentes: Bankia (22.317 M), Catalunya Banc (6.708 M), Novacaixagalicia (5.096
M), Banco de Valencia (1.961 M), BMN (5.819 M), Caja España-Duero (3.117 M), Liberbank (2.917 M), Caja3 (2.212 M) y Banco Gallego (610 M).
En la presentación de la sociedad, el entonces ministro de Economía afirmó que el «banco malo no costará dinero público» y que, aunque se previeran pérdidas iniciales, estas se recuperarían en un horizonte de 15 años. Al mismo tiempo, el
director general del FROB presentó un plan de negocio que anticipaba una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 14-15 % en un escenario conservador en ese mismo plazo.
Sin embargo, las expectativas iniciales contrastaron muy pronto con una realidad operativa mucho más problemática. La gestión de la SAREB fue deficiente desde el inicio, pese a que el Banco de España diseñó una normativa contable «ad hoc»
(Circular 5/2015) que permitía estimar las pérdidas de valor de los préstamos e inmuebles por grupos de activos en lugar de hacerlo individualmente, como es la regla general en la Unión Europea, lo cual facilitó compensar las minusvalías de los
activos deteriorados con posibles plusvalías de otros. Este método contable permitió diferir el registro de pérdidas, incluidas aquellas correspondientes a los 3.934 M en préstamos adquiridos sin ningún valor real, consumiendo desde el principio
la totalidad del patrimonio de SAREB (1.200 M) y el 75 % de los bonos subordinados convertibles (3.600 M). Pese a la gravedad de este hecho, resultó menos significativo que otro aún más relevante, cuya responsabilidad correspondía exclusivamente
al consejo de administración.
El 2 de agosto de 2013, la entidad contrató un derivado (permuta de intereses o Interest Rate Swap, IRS) por un importe nocional de 42.221 M el mayor de toda la eurozona en aquel momento cuyo valor disminuía progresivamente en función del
saldo de los bonos emitidos, cuyo riesgo de subida de tipos de interés se pretendía cubrir. La decisión resultaba sorprendente dado el contexto de expansión monetaria aplicada por el Banco Central Europeo.
Ello supuso que, apenas tres meses después de su contratación, con una bajada de tipos de 0,25 puntos porcentuales, el derivado generara a la entidad unas pérdidas de 380 M, que se incrementaron hasta 2.709 M al cierre de 2014, consumiendo
por sí mismo la totalidad del patrimonio de la sociedad.
Si esta circunstancia ya era gravísima y evidenciaba la falta de pericia de los administradores de la sociedad, el calificativo debería elevarse a infausto al constatar que el derivado fue contratado con un grupo de bancos del que los dos
principales accionistas y consejeros de SAREB representaban el 60 %. Tal decisión no solo revela un severo conflicto de intereses que se agravaría posteriormente con la contratación de los denominados servicers vinculados a estos bancos, sino que
además permitió que, apenas un año y medio después de la creación de la sociedad, ambos bancos ya habían recuperado su inversión en el capital y los bonos convertibles de SAREB gracias a las ganancias obtenidas con dicho derivado.
La gestión interna también reflejaba las mismas deficiencias y conflictos de interés que habían caracterizado las decisiones financieras. En 2014, la SAREB presentaba ya una situación de quiebra técnica reconocida (activos por 51.300 M y
pasivos por 53.000 M), y ello sin incluir las pérdidas no registradas en la cartera de préstamos sin garantías ya mencionadas anteriormente. La renuncia de la presidenta en enero de 2015 y su sustitución por el hasta entonces consejero delegado
también con escasa experiencia en el ámbito inmobiliario dieron lugar a un nuevo conflicto de intereses. Poco después, la expresidenta fue nombrada consejera de Banco Santander, uno de los bancos accionistas de la SAREB, que además había sido
contraparte en el citado derivado. Este hecho resultaba especialmente grave, dado que su incorporación al consejo del banco se produjo en calidad de «consejera independiente», cargo que aún ejerce.
A final de 2015, el patrimonio negativo de la entidad ascendía a 3.162 M, con 47.600 M de activos y 50.700 M de pasivos. En marzo de 2016, con el objetivo de restablecer el equilibrio patrimonial, se procedió a convertir en capital 2.170
M de deuda subordinada convertible. Aun así, durante el ejercicio 2016 el patrimonio volvió a ser negativo, al registrarse pérdidas por 3.289 M en las carteras de préstamos, buena parte de ellas derivadas de créditos sin garantía alguna. Como
resultado, el patrimonio neto al cierre de 2016 continuaba en terreno negativo por 2.657 M, con 44.100 M en activos frente a 46.700 M en pasivos.
Las pérdidas continuaron acumulándose en los ejercicios siguientes hasta alcanzar en 2024 un patrimonio negativo por 16.464 M (12.600 M de activos frente a 29.100 M de pasivos).
La deficiente gestión global de la entidad, plasmada en la lenta venta de suelo y viviendas en un contexto de fuerte demanda y subida de precios, én la sobrevaloración inicial de los activos promovida por la Troika y el Banco de España, y en
la persistencia de conflictos de interés vinculados a la contratación del derivado y a la gestión de activos por entidades pertenecientes a los propios accionistas privados, como por ejemplo, Solvía (Banco Sabadell), Altamira (Banco Santander) y
Servihabitat (Caixabank), configura, en su conjunto, una situación de quiebra práctica desde el segundo año de su creación.
En fechas recientes, ha trascendido en medios que la SAREB está negociando la renovación de los contratos con los servicers Hipogés perteneciente al fondo estadounidense KKR, que además participa en la promoción inmobiliaria en los
territorios ocupados ilegalmente por Israel en Palestina y Anticipa (de Blackstone), garantizándoles compensaciones por cada vivienda que sea transferida a la entidad pública Sepes. Este tipo de acuerdos revelan una garantía implícita de ingresos
al sector privado, aun cuando los activos sean objeto de transferencia pública, y consolidan uno de los problemas estructurales del modelo: el riesgo moral y la captura del gestor privado, que queda protegido frente a decisiones soberanas de
interés público.
Este episodio confirma que los problemas estructurales de la SAREB no son un legado del pasado, sino una continuidad en el tiempo de una gestión privatizada de lo
público. Mientras se blindan beneficios a servicers privados, el Estado asume los costes financieros y los riesgos patrimoniales.
Recordemos que, en 2021, el Comité Técnico de Cuentas Nacionales (formado por el INE, el Banco de España y la IGAE) reclasificó a SAREB dentro del perímetro de las Administraciones Públicas, lo que incrementó la deuda pública en 34.145 M.
Con ello, el coste acumulado para el Estado incluidas las participaciones en el capital y la deuda subordinada ya perdidas superará los 20.000 millones de euros, cerca de la mitad del valor total de los activos adquiridos en 2012. A esta cifra se
suman los 28.000 millones de euros de deuda cuya amortización dependerá de la evolución futura de las desinversiones.
Las consecuencias de la nefasta gestión no solo son económicas sino también sociales. Como se ha señalado anteriormente, la lenta desinversión de activos inmobiliarios por parte de la SAREB ha tenido un impacto directo y negativo sobre el
mercado de la vivienda. Un reciente informe de Ignacio Ezquiaga, publicado por Funcas, denuncia la escasa movilización de suelo en manos de la entidad. Desde 2014, los precios han experimentado incrementos sostenidos en un contexto en el que una
parte sustancial del stock de suelo y vivienda permanecía infrautilizada o retenida, en lugar de movilizarse para ampliar la oferta. Esta infrautilización de un patrimonio público de carácter indirecto ha contribuido a agravar la actual crisis
habitacional, marcada por el aumento de los precios de compra y alquiler, la reducción del parque de vivienda asequible y la persistencia de situaciones de vulnerabilidad residencial.
Desde 2016, se han adoptado distintas medidas legales para evitar la disolución de la SAREB pese a su situación patrimonial, y en 2022 se autorizó que la participación pública pudiera alcanzar la mayoría del capital, incorporando, además, el
principio de sostenibilidad y utilidad social. Tras esta reforma, el Estado, a través del FROB, intentó adquirir el 100 % de la sociedad. El procedimiento incluyó una valoración del patrimonio neto y de los flujos futuros previsibles, y culminó
con una oferta de canje de 0,01 euros por cada 39.710 acciones, un valor simbólico derivado del patrimonio negativo de la entidad. Solo aceptaron la oferta accionistas que representaban el 4,24 % del capital.
Este hecho hace que persista una anomalía democrática: el Estado ha asumido de facto los riesgos y costes sistémicos, mientras accionistas privados mantienen participaciones de capital y capacidad de influencia en la junta. Esta situación
alimenta dudas sobre la primacía efectiva del interés público.
Desde su puesta en marcha ya hubo advertencias muy tempranas sobre los riesgos de conflictos de interés. En noviembre de 2012, el Banco Central Europeo (BCE) advirtió expresamente que la entrada de bancos sanos como accionistas de la SAREB
podía generar conflictos al obligar a los propios accionistas a vender sus inmuebles mientras, al mismo tiempo, participaban del órgano gestor del banco malo. En concreto, el director de servicios jurídicos del BCE señaló que ese doble papel podría
generar incentivos incompatibles entre la misión pública del vehículo y los intereses privados de los bancos accionistas. Esa advertencia inicial ya anticipaba una de las fallas estructurales del modelo de gobierno corporativo de la SAREB.
Ante esta situación, el precedente del Banco Popular resulta especialmente relevante. En 2017, la entidad fue objeto de una resolución ejecutada por la Junta Única de Resolución, que no otorgó margen de decisión a los accionistas y culminó
en la transmisión íntegra del banco a Banco Santander por el precio simbólico de un euro. La intervención se justificó por razones de interés público, la estabilidad financiera y la protección del erario, prevaleciendo estos objetivos sobre
cualquier capacidad de veto de los socios privados. Este precedente demuestra que, cuando concurren razones de interés general y riesgo sistémico, la conservación de derechos accionariales no puede impedir la adopción de soluciones definitivas.
En el caso de la SAREB, concurren condiciones aún más evidentes: el Estado ha asumido la totalidad de los riesgos y de la deuda de la entidad, los activos están vinculados a una función pública esencial como es la vivienda, y los grupos
privados
conservan una influencia que no se corresponde ni con su aportación económica ni con el interés general.
A ello se añade el marco jurídico introducido por el Real Decreto-ley 1/2022. Este prevé que el FROB pueda alcanzar una posición mayoritaria en el capital de la SAREB sin que esta adquiera la condición de sociedad mercantil estatal. Se
afirma que la entidad, como instrumento de resolución con horizonte de liquidación en 2027, debe seguir sometida al derecho privado, si bien sujeta al régimen de contratación que corresponda conforme a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
Este diseño tiene consecuencias relevantes. Aunque no se la califique como sociedad mercantil estatal o entidad pública empresarial, el hecho de que su deuda haya sido incorporada al perímetro de las Administraciones Públicas y que el FROB
ejerza su control implica que la SAREB debe aplicar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y ausencia de conflicto de interés en la contratación. En la práctica, el mantenimiento de una categoría híbrida ha permitido preservar
estructuras de gestión y contratación más próximas al interés de los antiguos accionistas privados que al mandato público. En definitiva, la configuración actual de la entidad plantea la necesidad de redefinir su naturaleza jurídica para garantizar
la plena alineación con el interés general.
Si SAREB fuera una sociedad mercantil estatal (SME), estaría plenamente sometida a las obligaciones de control presupuestario, supervisión de la IGAE, límites retributivos, transparencia y régimen íntegro de contratación pública. Si se
configurara como entidad pública empresarial (EPE), quedaría integrada en el sector público institucional, con dependencia ministerial, rendición de cuentas reforzada y plena articulación con las políticas públicas. La situación actual, sin
embargo, mantiene una gobernanza tutelada pero no plenamente pública, dificultando tanto la rendición de cuentas como la alineación con los objetivos sociales y financieros del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Adoptar de forma inmediata las medidas normativas y societarias necesarias para garantizar la plena titularidad pública de la SAREB, procediendo a la adquisición por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de la
totalidad de su capital social. A tal efecto, se impulsará la salida de las entidades financieras privadas de su accionariado, eliminando así cualquier posible conflicto de intereses, y se promoverá la reconfiguración jurídica de la SAREB como
Entidad Pública Empresarial, integrada en el sector público institucional y plenamente sometida a los principios de interés general, transparencia, control presupuestario y rendición de cuentas.
2. Acelerar el traspaso de activos inmobiliarios de SAREB a SEPES, garantizando su movilización para vivienda social y asequible conforme a criterios de necesidad habitacional.
3. Reconvertir Arqura Homes en un instrumento público de promoción de vivienda, asegurando su control por parte del Estado e impidiendo su venta o privatización, de forma que sus capacidades para promocionar y gestionar vivienda se pongan
al servicio de la creación de un parque público de vivienda social y asequible.
4. Suspender las prórrogas o renovaciones de los contratos suscritos por SAREB con los denominados servicers privados (Hipogés y Anticipa, entre otros), garantizando que cualquier contratación futura se someta a los principios de
publicidad, concurrencia y transparencia, y evitando la concesión de compensaciones económicas por traspasos de activos al sector público o al SEPES.
5. Realizar una revisión y auditoría integral de los contratos y encargos celebrados por SAREB con empresas pertenecientes a su antiguo accionariado o vinculadas a los mismos, con el fin de comprobar que los precios, condiciones y servicios
contratados se ajustaron a los valores de mercado y al principio de buena administración. En caso de
detectarse posibles perjuicios para el patrimonio público o incumplimientos del deber de diligencia de los administradores, el Gobierno deberá impulsar las actuaciones judiciales o administrativas que correspondan para la recuperación de los
recursos públicos y la depuración de responsabilidades.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Carlos Martín Urriza, Candela López Tagliafico y Teslem Andala Ubbi, Diputados.Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Sanidad
161/002558
A La Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa al proyecto de Real Decreto por el que se regula el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para la mejora de la calidad de vida de las personas diagnosticadas de Esclerosis Amiotrófica (ELA) y de aquellas que
padecen otras enfermedades o procesos clínicos irreversibles de alta complejidad, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Tras años de espera y lucha, el 31 de octubre de 2025 se publicaba en el BOE la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta
complejidad y curso irreversible. Sin embargo, un año después de esa publicación, aún está pendiente la aprobación del reglamento que debe desarrollar y precisar el articulado, para facilitar y permitir su aplicación. Así, la disposición final
séptima de la Ley 3/2024 delega en el Gobierno la aprobación de una norma que defina los criterios establecidos en el artículo 2 de la citada Ley, por lo que el desarrollo reglamentario es fundamental para determinar qué personas pueden beneficiarse
de las medidas previstas.
Cabe destacar que el borrador de texto presentado por el Gobierno no atiende las necesidades y demandas de los distintos colectivos y organizaciones de personas afectadas por enfermedades o procesos con curso irreversible y características
similares a las de la ELA, las cuales dependen de la concreción del Reglamento para poder acogerse a los beneficios reconocidos por la Ley.
La Ley establece que su ámbito de aplicación incluye a las personas diagnosticadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a las que padecen otras enfermedades neurológicas irreversibles, siempre que se cumplan los requisitos de ser una
enfermedad irreversible y grave, que exista ausencia de respuesta a los tratamientos, necesidad de cuidados complejos continuos y rápida progresión clínica.
Ante el proyecto de Real Decreto presentado, diferentes colectivos, asociaciones y personas interesadas enviaron alegaciones al Ministerio, al considerar que el texto subvierte el espíritu de la Ley. La normativa propuesta está generando
profunda preocupación entre las personas que deberían estar amparadas por la norma, quienes, en su gran mayoría, quedarían fuera de la aplicación de la misma, además de generar inseguridad entre los y las profesionales de la salud obligados a ir en
contra del juramento hipocrático si quieren favorecer a las personas enfermas a acceder a los beneficios legales de la llamada Ley ELA.
Entre las alegaciones presentadas, principalmente exigen que el anexo se ajuste al mandato de la ley y proteja las patologías incluidas, manteniendo, como prevé el Reglamento, la apertura a otras patologías no contempladas.
Consideran esencial que los llamados criterios operativos de definición no tengan que cumplirse de forma acumulativa, sino que la inclusión en cualquiera de las categorías sea suficiente para acceder a la protección legal.
Es especialmente relevante el punto que regula el criterio del artículo 2.2.a) sobre la condición de irreversible y la esperanza de vida, precepto que debe ser revisado, pues pasa de exigir una reducción significativa de la esperanza de
vida, de acuerdo con lo establecido en la Ley ELA, a fijar una esperanza de vida inferior a 24-36 meses, sin entender esta reducción extrema que ahora contempla el Reglamento. Se deben por tanto mantener los requisitos exigidos por la ley, es
decir, graves daños estructurales y funcionales sin mejoría significativa con tratamientos y reducción significativa de la esperanza de vida.
Asimismo, los criterios del apartado b) también deben establecerse de forma alternativa y no necesariamente acumulativa, y debe matizarse el segundo punto, para establecer la falta de acceso a una alternativa terapéutica autorizada, no su
inexistencia, criterio claramente mucho más restrictivo.
Reclaman también que, con respecto al uso de dispositivos de soporte funcional o vital, no sea necesario justificar el uso prolongado o la asistencia continuada para las ABVD. Creen que tener una necesidad diaria de uno u otro debería ser
suficiente.
Solicitan también que el deterioro funcional se demuestre mediante juicio clínico, sin exigir pérdida de autonomía en múltiples ABVD, considerando que la mera constatación del deterioro debería ser suficiente.
El Gobierno debe atender las alegaciones que le han trasladado las distintas entidades y garantizar la aplicación de las disposiciones de la Ley también a las personas afectadas por otras enfermedades degenerativas con una evolución similar
a la de la ELA, reflejando efectivamente el espíritu original de la ley y proporcionando mayor seguridad al personal sanitario y asistencial, a las familias y a las propias personas enfermas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a mejorar el proyecto de Reglamento, contemplado en la disposición final séptima de la Ley 3/2024, de 30 de octubre (Ley ELA), que define los criterios establecidos en el artículo 2 de la Ley,
teniendo en cuenta las alegaciones presentadas por los colectivos y organizaciones e incorporando, como mínimo, las siguientes cuestiones:
1. Revisar el Anexo con el listado de patologías para que cumpla con el mandato de la Ley y cubra las patologías incluidas, manteniendo la apertura a otras patologías no catalogadas.
2. Proporcionar criterios de aplicación no acumulativos para su aplicación.
3. Incorporar el criterio de reducción significativa de la esperanza de vida, de acuerdo con la Ley ELA, y no el requisito de reducción extrema.
4. Eliminar la exigencia de uso prolongado de dispositivos de soporte funcional o vital o de asistencia continuada para las ABVD, considerándose suficiente la acreditación de la necesidad diaria de unos u otra.
5. Que el deterioro funcional pueda demostrarse mediante juicio clínico sin requerir pérdida de autonomía en múltiples ABVD, siendo suficiente la mera constatación del deterioro.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao proxecto de Real Decreto que regula o ámbito de aplicación da Lei 3/2024, do 30 de outubro, co fin de mellorar a calidade de vida das persoas diagnosticadas con Esclerose Amiotrófica (ELA) e de quen padece outras enfermidades ou procesos
clínicos de alta complexidade e irreversibilidade para o seu debate na Comisión de Sanidade.
Exposición de motivos
Despois de anos de espera e loita, o 31 de outubro de 2025, o BOE publicaba a Lei 3/2024, de 30 de outubro, para mellorar a calidade de vida de persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica e outras enfermidades ou procesos de alta complexidade
e curso irreversíbel. Porén, un ano despois desa publicación, segue pendente a aprobación do regulamento que debe desenvolver e concretar o articulado, para facilitar e permitir a súa aplicación. Así, a Disposición final sétima da Lei 3/2024,
delega no Goberno a aprobación dun regulamento que defina os criterios estabelecidos no artigo 2 da mencionada Lei, sendo por tanto fundamental o desenvolvemento regulamentario para determinar que persoas poden beneficiarse das medidas previstas.
Cabe destacar que o borrador de texto presentado por parte do Goberno non cumpre coas necesidades e demandas dos distintos colectivos e organizacións para as persoas afectadas por enfermidades ou procesos de curso irreversíbel e
características semellantes ás da ELA, que dependen da concreción do Regulamento para poder acollerse ás prestacións recoñecidas pola Lei.
A Lei estabelece que o seu ámbito de aplicación inclúe a persoas diagnosticadas con Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e a quen padeza outras enfermidades neurolóxicas irreversíbeis, sempre que se cumpran os requisitos de tratarse dunha
enfermidade irreversíbel e grave, que exista unha ausencia de resposta a tratamentos, necesidade de coidados complexos continuados e unha rápida progresión clínica.
Á vista do proxecto de Real Decreto presentado, distintos colectivos e asociacións e persoas interesadas enviaron ao Ministerio alegacións, por considerar que o texto subverte o espírito da Lei. A regulación proposta está a xerar unha fonda
preocupación entre as persoas ás que a norma debería amparar que, na súa grande maioría, quedaría fóra da aplicación da norma, ademais de xerar inseguridade entre os e as profesionais da saúde obrigadas a ir en contra do xuramento hipocrático se
queren favorecer que as persoas enfermas podan acceder ás prestacións legais da chamada Lei ELA.
Entre as alegacións presentadas demandan, principalmente que o anexo cumpra o mandato da lei e que blinde as patoloxías incluídas, mantendo, como prevé o Regulamento, a apertura a outras patoloxías non listadas.
Consideran imprescindíbel que os chamados criterios operativos de definición non se teñan que cumprir de forma acumulativa senón que a inclusión en algunha das categorías debe ser suficiente para o acceso á protección legal.
É especialmente relevante o punto que regula o criterio do artigo 2.2.a) sobre a condición irreversíbel e a esperanza de vida, precepto que debe revisarse, pois pasa de exixir unha redución significativa da esperanza de vida, conforme ao
fixado na Lei ELA a fixar unha expectativa de vida inferior a 24-36 meses, sen que se entenda esta redución extrema que contempla agora o Regulamento. Deberan manterse pois os requisitos exixidos pola lei, isto é dano estrutural e funcional grave
sen mellora significativa cos tratamentos e unha redución significativa da esperanza de vida.
Así mesmo, os criterios do apartado b) deben estabelecerse tamén de forma alternativa e non acumulativa necesariamente, e matizar o punto segundo, para estabelecer a falta de acceso a unha alternativa terapéutica autorizada, non a non
existencia, criterio, claramente, moito máis restritivo.
Reclaman tamén que no relativo ao uso de dispositivos de soporte funcional ou vital, que non sexa necesario xustificar o uso prolongado, nin axuda continuada para as ABVD. Consideran que o feito de ter unha necesidade diaria duns ou doutros
debería ser suficiente.
Así mesmo, piden que o deterioro funcional se poida acreditar por xuízo clínico, sen requirir perda de autonomía en múltiples ABVD, considerando que a mera constatación do deterioro debería ser suficiente.
O Goberno debe atender as alegacións trasladadas polas distintas entidades e asegurar a aplicación das previsións da Lei tamén ás persoas afectadas por outras enfermidades dexenerativas de curso semellante ao da ELA, recollendo efectivamente
o espírito orixinario da lei e dando maior seguranza ao persoal sanitario, asistencial, ás familias e ás propias persoas enfermas.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a mellorar o proxecto de Regulamento, contemplado na disposición final sétima da Lei 3/2024, de 30 de outubro (Lei ELA), que define os criterios estabelecidos no artigo 2 da Lei, tendo en conta as
alegacións presentadas por colectivos e organizacións e, no mínimo, incorporando as seguintes cuestións:
1. Revisar o Anexo coa listaxe de patoloxías para que cumpra o mandatado pola Lei e blinde as patoloxías incluídas, mantendo a apertura a outras patoloxías non listadas.
2. Prever criterios de aplicación non acumulativos para a súa aplicación.
3. Incorporar o criterio da redución significativa da esperanza de vida, conforme á Lei ELA, e non o requirimento dunha redución extrema.
4. Eliminar a exixencia do uso prolongado de dispositivos de soporte funcional ou vital ou da axuda continuada para as ABVD, considerando suficiente a acreditación da necesidade diaria duns ou doutros.
5. Que o deterioro funcional se poida acreditar por xuízo clínico sen requirir perda de autonomía en múltiples ABVD, sendo suficiente coa mera constatación do deterioro.»
En Madrid, a 7 de outubro de 2025.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz do GP Mixto.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Josep Pagès i Massó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades, una Proposición no de Ley para el reconocimiento de la singularidad y la excelencia del sistema universitario y de investigación de Catalunya.
Exposición de motivos
En las últimas décadas, Catalunya ha consolidado un sistema de investigación e innovación que lo ha situado entre los países más avanzados del sur de Europa en producción científica, transferencia tecnológica y atracción de talento. Gracias
a una idiosincrasia propia, basada en la colaboración entre universidades, centros de investigación, administración pública y sector privado, el ecosistema catalán del
conocimiento ha sabido combinar la excelencia científica con la capacidad de generar crecimiento económico, progreso social y bienestar para la ciudadanía.
Este modelo, impulsado desde una visión estratégica compartida y sostenido por décadas de esfuerzo colectivo, ha permitido que varias universidades catalanas se sitúen entre las mejores del mundo y que el sistema científico catalán haya
podido captar por méritos propios una parte muy significativa de los fondos europeos destinados a la investigación en el conjunto del Estado español. Catalunya se ha convertido así, a pesar del desinterés y la dejadez de los Gobiernos españoles, en
un auténtico hub de conocimiento, innovación y talento, con instituciones de referencia internacional como el Barcelona Supercomputing Center, el Sincrotró ALBA, y el conjunto de los centros CERCA.
La fortaleza de este sistema rae en su singularidad y en la interacción constante entre la investigación académica y el tejido productivo. La capacidad de transferir conocimiento hacia las pequeñas y medianas empresas, la promoción de la
innovación aplicada y el desarrollo de la deep tech son pilares esenciales para consolidar una economía basada en el valor añadido, la sostenibilidad y la competitividad internacional. En un mundo donde la innovación es el principal motor del
progreso, Catalunya no se puede permitir perder su posición de liderazgo científico y tecnológico.
Aun así, el mantenimiento y la expansión de este sistema requieren un compromiso renovado en materia de financiación, planificación y reconocimiento institucional. Es imprescindible aumentar la inversión en I+D+i hasta equipararla a los
estándares de los países europeos más avanzados, asegurando una dotación estable, plurianual y suficiente que permita consolidar el personal investigador, modernizar las infraestructuras científicas y universitarias y garantizar la competitividad
internacional de nuestro sistema.
La retención, atracción y retorno del talento son, igualmente, elementos fundamentales para garantizar la excelencia futura del sistema. La ampliación de los programas del Govern de la Generalitat, junto con un plan de carrera profesional
estable para el personal investigador, son instrumentos esenciales para mantener la competitividad internacional y favorecer la estabilidad laboral y el reconocimiento del mérito científico. Catalunya es, y tiene que continuar siendo un polo de
atracción para los mejores investigadores del mundo, ofreciendo condiciones dignas y un entorno científico abierto, europeo e innovador.
El fomento de la innovación tecnológica tiene que ir acompañado de un impulso decidido al emprendimiento científico. Por eso, es imprescindible facilitar la inversión públicoprivada centrada en la deep tech, destinada a promover las fases
iniciales del desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento y la cooperación entre universidades, centros tecnológicos y empresas. La consolidación y el fortalecimiento de los centros tecnológicos catalanes es una prioridad para dar
respuesta a las necesidades del tejido industrial y productivo del país. Catalunya se encuentra ante una oportunidad histórica para liderar la revolución del conocimiento, transformando su capacidad científica en prosperidad compartida. La
transición hacia una economía basada en la innovación, la digitalización y la sostenibilidad tiene que descansar sobre un sistema de investigación sólido, autónomo y plenamente financiado.
Reforzar la singularidad y excelencia del sistema universitario y de investigación e innovación catalán es hoy fundamental para garantizar la prosperidad, la sostenibilidad, la competitividad y el bienestar de Catalunya en un mundo
globalizado, dinámico y exigente. Hacen falta políticas, marcos normativos y programas que consoliden este sistema singular catalán, competitivo y excelente, convirtiéndolo en eje vertebrador del futuro del país.
Por todo esto, el Congreso de los Diputados reconoce la importancia estratégica del sistema catalán de investigación e innovación, e insta el Gobierno español a invertir y ejecutar activamente los proyectos con las instituciones catalanas
para garantizar el desarrollo, la estabilidad y la competitividad, en beneficio del progreso científico, tecnológico y social de Catalunya.
Proposición no de Ley
«1. El Congreso de los Diputados reconoce formalmente la singularidad y excelencia del sistema universitario y de investigación de Catalunya como principal hub científico del sur de Europa, poniendo en valor su presencia destacada a los
rankings estatales e internacionales, así como su capacidad de atracción de talento y recursos europeos. Además, se reconoce Catalunya como centro neurálgico de la supercomputación a Europa, con infraestructuras de referencia como el
supercomputador MareNostrum 5, que impulsan la investigación científica y tecnológica con conexiones energéticas esenciales para consolidar este liderazgo estratégico. Catalunya, a pesar de representar solo el 0,1 % de la población mundial, aporta
aproximadamente el 1 % de la producción científica global, hecho que refleja su alta eficiencia y excelencia en investigación e innovación.
2. El Congreso de los Diputados insta en el Gobierno español al inmediato cumplimiento delacuerdo alcanzado en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF) de julio de 2024, por el cual está comprometido a transferir
anualmente 150 millones de euros para la financiación de la investigación y el desarrollo en Catalunya, recordando que en 2024 solo se transfirió una parte de estos fondos (40,7 millones de euros), generando un déficit pendiente de 109,3 millones.
Este importe pendiente, sumado a la transferencia correspondiente en 2025, se tiene que hacer efectivo en el plazo de tres meses para garantizar la continuidad y estabilidad del sistema catalán de investigación, incluyendo la red de centros CERCA e
infraestructuras estratégicas como lo Barcelona Supercomputing Center, el Sincrotró Alba, y otros proyectos clave para la innovación y competitividad del país.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a hacer efectivo el traspaso en el plazode seis meses de las becas universitarias y los fondos asociados, bloqueado desde hace 24 años, en cumplimiento de la Sentencia 188/2011 del
Tribunal Constitucional, para que Catalunya pueda establecer un sistema propio de becas salario que asegure el acceso en condiciones de equidad en todo el estudiantado catalán.
4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a establecer en el plazo de seis mesesla planificación, la priorización y la localización de futuras infraestructuras científico-técnicas estratégicas estatales de acuerdo con el
criterio del peso relativo de Catalunya respecto al conjunto del Estado español en producción científica, transferencia de conocimiento, innovación empresarial y captación de fondos europeos de investigación, con el objetivo de reforzar el
equilibrio territorial y la eficiencia de la inversión pública en I+D+i.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Josep Pagès i Massó, Diputado.Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instàncies del diputat Josep Pagès i Massó, dacord amb el que sestableix en larticle 139 i següents del Reglament de la Cambra, presenta per al seu debat a la Comissió de Ciència, Innovació i
Universitats, una Proposició no de Llei per al reconeixement de la singularitat i excel·lència del sistema universitari i de recerca de Catalunya.
Exposició de motius
En les darreres dècades, Catalunya ha consolidat un sistema de recerca i innovació que lha situat entre els països més avançats del sud dEuropa en producció científica, transferència tecnològica i atracció de talent. Gràcies a una
idiosincràsia pròpia, basada
en la col·laboració entre universitats, centres de recerca, administració pública i sector privat, lecosistema català del coneixement ha sabut combinar lexcel·lència científica amb la capacitat de generar creixement econòmic, progrés
social i benestar per a la ciutadania.
Aquest model, impulsat des duna visió estratègica compartida i sostingut per dècades desforç col·lectiu, ha permès que diverses universitats catalanes se situïn entre les millors del món i que el sistema científic català hagi pogut captar
per mèrits propis una part molt significativa dels fons europeus destinats a la investigació en el conjunt de lEstat espanyol. Catalunya sha convertit així, malgrat el desinterès i la deixadesa dels Governs espanyols, en un autèntic hub de
coneixement, innovació i talent, amb institucions de referència internacional com el Barcelona Supercomputing Center, el Sincrotró ALBA, i el conjunt dels centres CERCA.
La fortalesa daquest sistema rau en la seva singularitat i en la interacció constant entre la recerca acadèmica i el teixit productiu. La capacitat de transferir coneixement cap a les petites i mitjanes empreses, la promoció de la
innovació aplicada i el desenvolupament de la deep tech són pilars essencials per consolidar una economia basada en el valor afegit, la sostenibilitat i la competitivitat internacional. En un món on la innovació és el principal motor del progrés,
Catalunya no es pot permetre perdre la seva posició de lideratge científic i tecnològic.
Tanmateix, el manteniment i lexpansió daquest sistema requereixen un compromís renovat en matèria de finançament, planificació i reconeixement institucional. És imprescindible augmentar la inversió en R+D+I fins a equiparar-la als
estàndards dels països europeus més avançats, assegurant una dotació estable, plurianual i suficient que permeti consolidar el personal investigador, modernitzar les infraestructures científiques i universitàries i garantir la competitivitat
internacional del nostre sistema.
La retenció, atracció i retorn del talent són, igualment, elements fonamentals per garantir lexcel·lència futura del sistema. Lampliació dels programes del Govern de la Generalitat, juntament amb un pla de carrera professional estable per
al personal investigador, són instruments essencials per mantenir la competitivitat internacional i afavorir lestabilitat laboral i el reconeixement del mèrit científic. Catalunya és, i ha de continuar sent un pol datracció per als millors
investigadors del món, oferint condicions dignes i un entorn científic obert, europeu i innovador.
El foment de la innovació tecnològica ha danar acompanyat dun impuls decidit a lemprenedoria científica. Per això, és imprescindible facilitar la inversió públicoprivada centrada en la deep tech, destinada a promoure les fases inicials
del desenvolupament tecnològic, la transferència de coneixement i la cooperació entre universitats, centres tecnològics i empreses. La consolidació i lenfortiment dels centres tecnològics catalans és una prioritat per donar resposta a les
necessitats del teixit industrial i productiu del país. Catalunya es troba davant una oportunitat històrica per liderar la revolució del coneixement, transformant la seva capacitat científica en prosperitat compartida. La transició cap a una
economia basada en la innovació, la digitalització i la sostenibilitat ha de descansar sobre un sistema de recerca sòlid, autònom i plenament finançat.
Reforçar la singularitat i excel·lència del sistema universitari i de recerca i innovació català és avui fonamental per garantir la prosperitat, la sostenibilitat, la competitivitat i el benestar de Catalunya en un món globalitzat, dinàmic i
exigent. Calen polítiques, marcs normatius i programes que consolidin aquest sistema singular català, competitiu i excel·lent, convertint-lo en eix vertebrador del futur del país.
Per tot això, el Congrés dels Diputats reconeix la importància estratègica del sistema català de recerca i innovació, i insta el Govern espanyol a invertir i executar activament els projectes amb les institucions catalanes per garantir-ne el
desenvolupament, lestabilitat i la competitivitat, en benefici del progrés científic, tecnològic i social de Catalunya.
Proposició no de Llei
«1. El Congrés dels Diputats reconeix formalment la singularitat i excel·lència del sistema universitari i de recerca de Catalunya com a principal hub científic del sud d'Europa, posant en valor la seva presència destacada als rànquings
estatals i internacionals, així com la seva capacitat d'atracció de talent i recursos europeus. A més, es reconeix Catalunya com a centre neuràlgic de la supercomputació a Europa, amb infraestructures de referència com el supercomputador
MareNostrum 5, que impulsen la investigació científica i tecnològica amb connexions energètiques essencials per consolidar aquest lideratge estratègic. Catalunya, tot i representar només el 0,1 % de la població mundial, aporta aproximadament l'1 %
de la producció científica global, fet que reflecteix la seva alta eficiència i excel·lència en recerca i innovació.
2. El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a limmediat compliment de l'acord assolita la Comissió Mixta dAfers Econòmics i Fiscals (CMAEF) de juliol de 2024, pel qual està compromès a transferir anualment 150 milions d'euros per
al finançament de la recerca i el desenvolupament a Catalunya, recordant que l'any 2024 només es va transferir una part d'aquests fons (40,7 milions d'euros), generant un dèficit pendent de 109,3 milions. Aquest import pendent, sumat a la
transferència corresponent a l'any 2025, s'ha de fer efectiu en el termini de tres mesos per garantir la continuïtat i estabilitat del sistema català d'investigació, incloent-hi la xarxa de centres CERCA i infraestructures estratègiques com el
Barcelona Supercomputing Center, el Sincrotró Alba, i altres projectes clau per a la innovació i competitivitat del país.
3. El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a fer efectiu el traspàs en el termini de sismesos de les beques universitàries i els fons associats, bloquejat des de fa 24 anys, en compliment de la Sentència 188/2001 del Tribunal
Constitucional, per tal que Catalunya pugui establir un sistema propi de beques salari que asseguri laccés en condicions dequitat a tot lestudiantat català.
4. El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a establir en el termini de sis mesos laplanificació, la priorització i la localització de futures infraestructures cientificotècniques estratègiques estatals dacord amb el criteri del
pes relatiu de Catalunya respecte al conjunt de l'Estat espanyol en producció científica, transferència de coneixement, innovació empresarial i captació de fons europeus de recerca, amb l'objectiu de reforçar l'equilibri territorial i l'eficiència
de la inversió pública en I+D+I.»
Congrés dels Diputats, 9 d´octubre de 2025.Josep Pagès i Massó, Diputat.Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del GP Junts per Catalunya.
161/002590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Josep Pagès i Massó, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades una Proposición no de Ley para la revisión del distrito universitario único y la garantía del acceso equitativo a los estudios de medicina en Cataluña.
Exposición de motivos
I
El actual modelo de acceso universitario al Estado se basa en el distrito universitario único, que permite a cualquier estudiante solicitar el acceso a cualquier centro universitario del Estado, con independencia del territorio donde haya
cursado sus
estudios previos. Aunque se planteó como una herramienta para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de acceso a los estudios universitarios, en Cataluña ha generado graves desequilibrios, especialmente en los estudios de
medicina, donde casi la mitad del alumnado proviene de otras comunidades y una parte importante no se queda a trabajar en Cataluña tras la graduación.
De esta manera, aunque el distrito universitario único se presentó como una garantía de igualdad de oportunidades y movilidad, la experiencia acumulada durante más de dos décadas demuestra que, en el caso de Cataluña, ha generado efectos
contrarios al principio de equidad en el acceso a los estudios universitarios de los estudiantes catalanes y al retorno social de la inversión pública en educación superior. Centrándonos en los centros de titularidad pública, en las facultades de
medicina catalanas, aproximadamente un 46 % del alumnado procede de otras comunidades autónomas y en menor grado de fuera del Estado. En universidades como la de Lleida (UdL) o Rovira i Virgili (URV) este porcentaje se mueve en los últimos años
alrededor del 70 % según datos publicados por la propia Generalitat de Catalunya (Plan de acción para la mejora de la atracción y fidelización de profesionales en el sistema de salud de Catalunya de 2023).
Esta situación comporta que no exista retorno a la sociedad catalana de la inversión pública que ha requerido la formación de estas personas. Si bien no hay estadísticas oficiales que midan con precisión cuántos de los estudiantes de
medicina se quedan en Cataluña después de graduarse, la Encuesta MIR Catalunya (Médicos de Cataluña, 2024) revela que un 70 % de los médicos internos residentes se plantean abandonar la sanidad pública catalana después de completar su formación, y
casi un 40 % no se ve trabajando en ella en un horizonte de dos años, lo que pone de relieve un riesgo real de fuga de talento y de pérdida del retorno de la inversión pública.
En definitiva, la implantación del distrito único en Cataluña ha comportado que la inversión pública en formación médica que se realiza en las universidades catalanas no revierte en la sociedad catalana, puesto que la gran mayoría de los
estudiantes del resto del Estado y extranjeros formados en Cataluña con la financiación destinada a las universidades catalanas acaban ejerciendo fuera del territorio catalán.
Por último, el derecho de acceso del alumnado catalán a los estudios universitarios catalanes en condiciones equitativas se ve también afectado por la desigualdad entre territorios en la valoración académica de los estudios preuniversitarios
y en las pruebas de acceso universitarias. Los diferentes territorios del Estado divergen ostensiblemente en cuanto al nivel de exigencia académica y valoran de acuerdo con criterios diferentes, situando al alumnado catalán en desventaja para
acceder a las facultades de medicina catalanas, y esto, habiendo superado una evaluación más rigurosa.
Esta situación explica que pese al prestigio y reconocimiento internacional de las universidades catalanas, el sistema de salud catalán sufre una situación de déficit estructural de profesionales sanitarios, con elevadas tasas de jubilación
y dificultades para cubrir puestos en atención primaria y hospitales comarcales, lo que pone en riesgo su sostenibilidad. Asimismo, el fenómeno se produce en un contexto de emergencia lingüística, con una insuficiente presencia del catalán en la
docencia, las prácticas clínicas y la atención sanitaria. La llegada masiva de alumnado sin conocimientos previos de la lengua agrava esta realidad y reduce el uso del catalán en espacios universitarios y asistenciales.
II
El Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce competencias propias en materia educativa y universitaria, incluyendo la planificación de la oferta de titulaciones, la gestión del sistema universitario y la determinación de los procedimientos
de admisión, así como la garantía de la lengua catalana como lengua vehicular. Sin embargo, la aplicación uniforme del distrito universitario único impide a la Generalitat organizar el acceso a sus universidades de acuerdo con sus necesidades
sociales, sanitarias y lingüísticas, de forma proporcionada a la inversión realizada y garantizando el derecho de acceso a los estudios universitarios de los estudiantes catalanes.
Por todo ello, es necesario revisar a fondo el modelo actual de acceso universitario, habilitando instrumentos que garanticen una verdadera equidad en el ejercicio del derecho de acceso a los estudios universitarios de los estudiantes
catalanes, y la vía para ello es el restablecimiento de la capacidad de decisión de Cataluña en materia de acceso universitario. En definitiva, se propone la derogación parcial del distrito universitario único estatal y el establecimiento de un
distrito universitario propio de forma que los criterios de acceso a los estudios universitarios se establezcan desde Cataluña, cuestión especialmente relevante en titulaciones de alta demanda como medicina y demás titulaciones del ámbito
sociosanitario.
Complementariamente al establecimiento del distrito universitario propio para Cataluña, y de forma transitoria, se propone reservar hasta el 80 % de los lugares de los estudios universitarios para alumnado residente o formado en Cataluña.
La inmediata adopción de esta medida es imprescindible para garantizar el derecho de acceso a los estudios universitarios de los estudiantes catalanes en los próximos años, especialmente en aquellas titulaciones donde la demanda supera ampliamente
la oferta como las del ámbito sociosanitario, así como para asegurar el retorno a la sociedad catalana de la inversión pública realizada por las instituciones públicas catalanas en formación universitaria y la preservación del uso efectivo del
catalán como lengua vehicular en los estudios y las prácticas.
En definitiva, se trata de preservar el derecho de los estudiantes catalanes a formarse y trabajar en su país, de garantizar que la inversión pública realizada revierta en la sociedad catalana y de proteger la lengua y el autogobierno en los
ámbitos universitario y sanitario.
Proposición no de Ley
«1. El Congreso de los Diputados reconoce el derecho de los estudiantes catalanes a acceder a los estudios universitarios en Cataluña en situación de equidad y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y de formarse y
trabajar en su país.
2. El Congreso de los Diputados reconoce que la inversión pública en enseñanza universitaria en Cataluña debe revertir en la sociedad catalana y especialmente en la protección de la lengua y la prestación de servicios públicos de calidad en
Cataluña.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reformar el marco legislativo en materia de universidades para que Cataluña, mediante la implantación de un distrito universitario propio para Cataluña, recupere la capacidad de establecer
sus propios criterios de acceso universitario y pueda garantizar con equidad el ejercicio del derecho de acceso a los estudios universitarios de los estudiantes catalanes, especialmente en titulaciones de alta demanda e interés estratégico como
medicina y las demás titulaciones del ámbito sociosanitario.
4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a que, de forma transitoria y hasta el establecimiento del distrito universitario propio para Cataluña, fije una reserva del 80 % de los puestos para el alumnado formado o residente
en Cataluña en los estudios universitarios del ámbito sociosanitario. La inmediata adopción de esta medida es imprescindible para garantizar el derecho de acceso a los estudios universitarios de los estudiantes catalanes en los próximos años,
especialmente en aquellas titulaciones donde la demanda supera ampliamente la oferta, como medicina y el resto de titulaciones del ámbito sociosanitario, así como para asegurar el retorno a la sociedad catalana de la inversión pública realizada en
formación universitaria y la preservación del uso efectivo del catalán como lengua vehicular en los estudios y las prácticas.
5. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a realizar las reformas normativas necesarias para que la Generalitat pueda llevar a cabo en el curso 2026-2027 las siguientes actuaciones:
1. Establecer pruebas de aptitud personal (PAP) para los estudios de Medicina, complementarias a la nota de acceso, que se realicen en catalán y valoren las competencias más adecuadas para la formación médica.
2. Elaborar un informe oficial sobre el origen del alumnado de medicina, el uso de las lenguas docentes y el grado de arraigo profesional posterior, como base para planificar la formación y las necesidades sanitarias en Cataluña.
3. Garantizar el uso efectivo del catalán como lengua vehicular en los estudios universitarios y exigir un conocimiento suficiente para realizar las prácticas clínicas en el sistema sanitario público.
6. Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno español:
1. A hacer efectivo el traspaso en el plazo de seis meses de las becas universitarias y los fondos asociados, atascado desde hace 24 años, en cumplimiento de la Sentencia 188/2001 del Tribunal Constitucional, para que Cataluña pueda
establecer un sistema propio de becas salario que asegure el acceso en condiciones de equidad a todo el estudiantado catalán.
2. A hacer efectivo el traspaso en el plazo de seis meses de las competencias para la homologación de los títulos de especialistas extracomunitarios para evitar el colapso actual, instaurando un sistema más ágil de homologaciones de títulos
para estos profesionales que cumplan con los requisitos legalmente establecidos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2025.Josep Pagès i Massò, Diputado.Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instàncies del diputat Josep Pagès i Massó, dacord amb el que sestableix en larticle 139 i següents del Reglament de la Cambra, presenta per al seu debat a la Comissió de Ciència, Innovació i
Universitats, una Proposició no de Llei per a la revisió del districte universitari únic i la garantia de laccés equitatiu als estudis de medicina a Catalunya.
Exposició de motius
I
El model actual daccés universitari a lEstat es basa en el districte universitari únic, que permet a qualsevol estudiant sol·licitar laccés a qualsevol centre universitari de lEstat, amb independència del territori on hagi cursat els
estudis previs. Tot i que es va plantejar com una eina per garantir la igualtat en lexercici del dret daccés als estudis universitaris, a Catalunya ha generat desequilibris greus, especialment en els estudis de medicina, on gairebé la meitat de
lalumnat prové daltres comunitats i una part important no shi queda a treballar un cop graduat.
En efecte, encara que el districte universitari únic es va presentar com una garantia digualtat doportunitats i mobilitat, lexperiència acumulada en més de dues dècades demostra que, en el cas de Catalunya, ha generat uns efectes
contraris al principi dequitat en laccés als estudis universitaris dels estudiants catalans i al retorn social de la inversió pública en educació superior. Centrant-nos en els centres de titularitat pública,
en les facultats de medicina catalanes, aproximadament un 46 % de lalumnat procedeix daltres comunitats autònomes i en un grau menor de fora de lEstat. En universitats com la de Lleida (UdL) o la Rovira i Virgili (URV) aquest
percentatge es mou en els darrers anys al voltant del 70 % segons dades publicades per la pròpia Generalitat de Catalunya (Pla dacció per a la millora de latracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya de 2023).
Aquesta situació comporta que no hi hagi retorn a la societat catalana de la inversió pública que ha requerit la formació daquestes persones. Si bé no hi ha estadístiques oficials que mesurin amb precisió quants dels estudiants de medicina
es queden a Catalunya després de graduar-se, lEnquesta MIR Catalunya (Metges de Catalunya, 2024) revela que un 70 % dels metges interns residents es plantegen abandonar la sanitat pública catalana després de completar la seva formació, i gairebé un
40 % no es veu treballant en ella en un horitzó de deu anys, cosa que posa en relleu un risc real de fuga de talent i de pèrdua del retorn de la inversió pública.
En definitiva, la implantació del districte únic a Catalunya ha comportat que la inversió pública en formació mèdica que es realitza en les universitats catalanes no reverteix en la societat catalana, ja que la gran majoria dels estudiants
de la resta de lEstat i estrangers formats a Catalunya amb el finançament destinat a les universitats catalanes acaben exercint fora del territori català.
Finalment, el dret daccés de lalumnat català als estudis universitaris catalans en condicions equitatives es veu també afectat per la desigualtat entre territoris en la valoració acadèmica dels estudis preuniversitaris i en les proves
daccés universitàries. Els diferents territoris de lEstat divergeixen ostensiblement quant al nivell dexigència acadèmica i valoren dacord amb criteris diferents, situant lalumnat català en desavantatge per a accedir a les facultats de
medicina catalanes, i això, bo i havent superat una avaluació més rigorosa.
Aquesta situació explica que malgrat el prestigi i reconeixement internacional de les universitats catalanes, el sistema de salut català pateix una situació de dèficit estructural de professionals sanitaris, amb elevades taxes de jubilació i
dificultats per a cobrir llocs en atenció primària i hospitals comarcals, cosa que posa en risc la seva sostenibilitat. Alhora, el fenomen es produeix en un context demergència lingüística, amb una presència insuficient del català en la docència,
les pràctiques clíniques i latenció sanitària. Larribada massiva dalumnat sense coneixements previs de la llengua agreuja aquesta realitat i redueix lús del català als espais universitaris i assistencials.
II
LEstatut dAutonomia de Catalunya reconeix competències pròpies en matèria educativa i universitària, incloent la planificació de loferta de titulacions, la gestió del sistema universitari i la determinació dels procediments dadmissió,
així com la garantia de la llengua catalana com a llengua vehicular. No obstant, laplicació uniforme del districte universitari únic impedeix a la Generalitat ordenar laccés a les seves universitats dacord amb les seves necessitats socials,
sanitàries i lingüístiques, de forma proporcionada a la inversió realitzada i garantint el dret daccés als estudis universitaris dels estudiants catalans.
Per tot això, cal revisar a fons el model actual daccés universitari, tot habilitant instruments que garanteixin una veritable equitat en lexercici del dret daccés als estudis universitaris dels estudiants catalans, i la via per fer-ho és
el restabliment de la capacitat de decisió de Catalunya en matèria daccés universitari. En definitiva, es proposa la derogació parcial del districte universitari únic estatal i lestabliment dun districte universitari propi de manera que els
criteris daccés als estudis universitaris sestableixin des de Catalunya, qüestió especialment rellevant en titulacions dalta demanda com medicina i la resta de titulacions de làmbit sociosanitari.
Complementàriament a lestabliment del districte universitari propi per a Catalunya, i de manera transitòria, es proposa reservar fins al 80 % dels llocs dels estudis
universitaris per a alumnat resident o format a Catalunya. La immediata adopció daquesta mesura és imprescindible per a garantir el dret daccés als estudis universitaris dels estudiants catalans en els propers anys, especialment en
aquelles titulacions on la demanda supera àmpliament loferta com les de làmbit sociosanitari, així com per a assegurar el retorn en la societat catalana de la inversió pública realitzada per les institucions públiques catalanes en formació
universitària i la preservació de lús efectiu del català com a llengua vehicular en els estudis i les pràctiques.
En definitiva, es tracta de preservar el dret dels estudiants catalans a formar-se i treballar al seu país, de garantir que la inversió pública realitzada reverteixi en la societat catalana i de protegir la llengua i lautogovern en els
àmbits universitari i sanitari.
Proposició no de Llei
«1. El Congrés dels Diputats reconeix el dret dels estudiants catalans a accedir als estudis universitaris a Catalunya en situació dequitat i dacord amb els principis digualtat, mèrit i capacitat i de formar-se i treballar en el seu
país.
2. El Congrés dels Diputats reconeix que la inversió pública en ensenyament universitari aCatalunya ha de revertir en la societat catalana i especialment en la protecció de la llengua i la prestació de serveis públics de qualitat a
Catalunya.
3. El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a reformar el marc legislatiu en matèriaduniversitats per tal que Catalunya, mitjançant la implantació dun districte universitari propi per a Catalunya, recuperi la capacitat destablir
els seus propis criteris daccés universitari i pugui garantir amb equitat lexercici del dret daccés als estudis universitaris dels estudiants catalans, especialment en titulacions dalta demanda i dinterès estratègic com medicina i la resta de
titulacions dels àmbits sociosanitari.
4. El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a que, de forma transitòria i fins alestabliment del districte universitari propi per a Catalunya, fixi una reserva del 80 % dels llocs per a lalumnat format o resident a Catalunya en
els estudis universitaris de làmbit sociosanitari. La immediata adopció daquesta mesura és imprescindible per a garantir el dret daccés als estudis universitaris dels estudiants catalans en els propers anys, especialment en aquelles titulacions
on la demanda supera àmpliament loferta, com medicina i la resta de làmbit sociosanitari, així com per a assegurar el retorn en la societat catalana de la inversió pública realitzada en formació universitària i la preservació de lús efectiu del
català com a llengua vehicular en els estudis i les pràctiques.
5. El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a realitzar les reformes normativesnecessàries per tal que la Generalitat pugui dur a terme en el curs 2026-2027 les següents actuacions:
1. Establir proves daptitud personal (PAP) per als estudis de Medicina, complementàries a la nota daccés, que es facin en català i valorin les competències més adequades per a la formació mèdica.
2. Elaborar un informe oficial sobre lorigen de lalumnat de medicina, lús de les llengües docents i el grau darrelament professional posterior, com a base per planificar la formació i les necessitats sanitàries a Catalunya.
3. Garantir lús efectiu del català com a llengua vehicular en els estudis universitaris i exigir-ne el coneixement suficient per a les pràctiques clíniques en el sistema sanitari públic.
6. Així mateix, el Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol:
1. A fer efectiu el traspàs en el termini de sis mesos de les beques universitàries i els fons associats, encallat des de fa 24 anys, en compliment després de la Sentència 188/2001 del Tribunal Constitucional, per tal que Catalunya pugui
establir un sistema propi de beques salari que asseguri laccés en condicions dequitat a tot lestudiantat català.
2. A fer efectiu el traspàs en el termini de sis mesos de les competències per a Ihomologació dels títols d'especialistes extracomunitaris per evitar el col·lapse actual, instaurant un sistema més àgil d'homologacions de títols per a
aquests professionals que compleixin amb els requisits legalment establerts.»
Congrés dels Diputats, 10 d´octubre de 2025.Josep Pagès i Massó, Diputat.Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del GP Junts per Catalunya.
161/002591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la lucha contra la violencia de género en el ámbito universitario, para su
debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La violencia de género continúa siendo una de las manifestaciones más brutales de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. En otras palabras, las mujeres son agredidas y asesinadas por el
mero hecho de ser mujeres. La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación, tiene una naturaleza estructural.
La Encuesta sobre la Violencia de Género en la Unión Europea (UE) ofrece datos detallados recogidos entre septiembre de 2020 y marzo de 2024, que permiten conocer mejor la experiencia de las mujeres en toda la UE. Los resultados no dejan de
ser alarmantes: una de cada tres mujeres en la UE ha sufrido violencia de género desde los 15 años. Además, cabe destacar que alrededor del 30 % de las mujeres han vivido situaciones de violencia física o amenazas y/o violencia sexual a lo largo
de su vida; mientras que el 13 % ha sufrido violencia física o amenazas sin violencia sexual, y el 17 % ha sufrido violencia sexual.
En el caso de España, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 34.684 mujeres fueron víctimas de violencia de género en el año 2024. La tasa de mujeres víctimas de violencia de género fue de 1,6 por cada 1.000 mujeres de 14 o
más años. Del total de mujeres víctimas de violencia de género, el 39,9 % mantenían una relación de pareja o expareja de hecho con el hombre denunciado y el 37,8 % eran novias o exnovias.
Los datos en nuestro país, si bien han mejorado ligeramente respecto al año anterior (en porcentaje, el número de mujeres víctimas de violencia de género disminuyó un 5,2 % respecto a 2023), no dejan de ser escalofriantes. La violencia de
género es un grave problema social que impele a los poderes públicos a actuar para su efectiva erradicación.
El 26 de febrero de 2025 se aprobó en el Congreso de los Diputados el II Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. En él se declara que la violencia contra las mujeres «comprende todos los actos de violencia basados en el género
que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica, o económica, así como cualquier otra forma de violencia que afecte a las mujeres. También se entiende como violencia contra las mujeres
las amenazas de realización de dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o en la privada».
La educación, en todas sus etapas, siempre será una herramienta indispensable en la lucha contra la violencia de género. No en vano, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género dedica un apartado del capítulo sobre medidas de
sensibilización y prevención al ámbito educativo.
En el Pacto de Estado se incluyen numerosas medidas dirigidas específicamente a las universidades. En efecto, las universidades no están exentas de constituir espacios donde se manifiesta la violencia de género, siendo necesaria la efectiva
implementación de medidas ad intra que garanticen entornos académicos libres de violencia, discriminación y acoso. Pero también son instituciones que deben servir para instruir a las nuevas generaciones en valores de igualdad y sensibilizar en la
lucha contra la violencia de género, así como para sentar las bases en la capacitación de los y las profesionales en cuya labor profesional intersecciona la violencia de género: profesiones jurídicas (abogacía, judicatura, fiscalía, etc.),
periodismo, medicina, psicología, trabajo social, docencia, etc.
Todas y cada una de las medidas concretas del Pacto de Estado son fundamentales para alcanzar el objetivo último: construir universidades que, como espacios de formación y convivencia, sean entornos libres de violencia, donde se promueva la
igualdad y se erradiquen todas las formas de discriminación y acoso por razón de género.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir desplegando las políticas públicas necesarias para cumplir con las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que estén vinculadas con el ámbito
universitario, las cuales se pueden categorizar en las siguientes líneas de actuación:
En coordinación con las comunidades autónomas, las universidades y las administraciones educativas competentes, mejorar y actualizar la formación inicial y permanente en materia de violencia de género del profesorado, tanto en la profesión
de Maestro o Maestra como en el de docente de Educación Secundaria.
Ayudar a las víctimas de violencia de género mediante la implementación de acciones positivas en el procedimiento de homologación y equivalencia de títulos y estudios extranjeros de las víctimas de explotación sexual o trata con fines de
explotación sexual, y de las víctimas de violencia de género. También en la concesión de becas y ayudas al estudio, eximiendo del cumplimiento de umbral académico cuando se encuentre en una situación de violencia de género o sexual.
En coordinación con las comunidades autónomas y las universidades, mejorar y reforzar las Unidades de Igualdad de Género en las universidades para dotarles de mayores recursos económicos y presupuestos propios, con el objetivo de que
puedan participar en la realización de estudios y organizar campañas de prevención en los Campus Universitarios.
Promover el equilibrio entre hombres y mujeres en los órganos directivos y colegiados de las universidades, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de representación paritaria.
En coordinación con las comunidades autónomas, las universidades y las administraciones educativas competentes, fomentar proyectos de investigación con perspectiva de género e investigaciones académicas que profundicen en la comprensión de
la violencia contra las mujeres y la violencia vicaria.
Fomentar la presencia de contenidos sobre violencia de género y violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, incluida aquellas que tengan su origen en entornos digitales, en los planes de estudios de las facultades donde se
imparta medicina, psicología, enfermería, farmacia, magisterio, trabajo social, derecho, periodismo, recursos humanos, así como en las escuelas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2025.Roberto García Morís, Obdulia Taboadela Álvarez y Marta Gracia Blanco, Diputados.Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del sistema
público universitario y la necesaria implicación del Estado en su financiación, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El sistema público universitario español es un pilar fundamental de nuestra sociedad. A través de la docencia, la investigación, la transferencia y su compromiso con el territorio, las universidades constituyen herramientas transformadoras
en las que se desarrollan capacidades críticas e innovadoras que impulsan el desarrollo económico, científico y cultural de nuestro país.
Somos conscientes de que para que nuestras universidades alcancen las mayores cotas de excelencia han de contar una financiación adecuada. La inversión en educación superior no es un gasto, sino una apuesta por el futuro. Las CCAA donde
gobierna el Partido Popular tienen un firme compromiso con la financiación de las universidades públicas, poniendo en valor el incremento de la financiación autonómica durante los últimos años.
Por el contrario, no puede predicarse el mismo compromiso por parte del Gobierno con la financiación de nuestras universidades, y ello a pesar de que el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario
(LOSU) establece que «el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública».
La aportación del Estado a la financiación de las Universidades públicas es prácticamente nula, dejando todo el peso a las CCAA, bajo un modelo de financiación basado en la fórmula yo, Gobierno, invito y tú, Comunidad Autónoma, pagas, que
utiliza como herramienta de confrontación, como se ha puesto en evidencia a cuenta de la firma del convenio María Goyri con las CCAA, para la financiación de las plazas de Ayudante Doctor y su estabilización, que corre a cargo esencialmente de las
CCAA; a lo que se une la manifiesta incompetencia del Ministerio liderado por Morant en la gestión en el ámbito de las convocatorias postdoctorales, especialmente con lo sucedido con los contratos Margarita Salas y María Zambrano; o de los fondos
europeos en el ámbito universitario, generando un alto grado de frustración, como fue la cancelación de las ayudas en investigación en el área de Inteligencia Artificial en diciembre de 2024.
La ministra Morant, secretaria general del PSPV-PSOE en la Comunidad Valenciana, tampoco ha desplegado en el ámbito universitario todas las ayudas necesarias para la comunidad universitaria como consecuencia de los daños ocasionados por la
DANA el pasado 29 de octubre.
De otro lado, el último informe de la Fundación CYD 2024, presentado el 15 de enero de 2025, señala que actualmente, el 67 % del gasto en educación superior en España proviene del sector público, un porcentaje inferior al 76 % de la UE, y la
proporción del gasto público en educación superior respecto al gasto público total en España es del 2,19 %, por debajo de la media de la UE (2,44 %) y la OCDE (2,72 %). A pesar de este diferencial en cifras, lo más relevante, según el informe, es
la ausencia de una estrategia integral de asignación de recursos. Solo al establecer prioridades claras y diseñar un modelo de financiación que se base en la excelencia académica, la colaboración con el sector privado y la capacidad de respuesta a
las demandas de una economía basada en el conocimiento, se podrá maximizar el impacto de un aumento significativo de la inversión.
Resalta, asimismo, la importancia de tener un enfoque estratégico que priorice y fortalezca el papel de las universidades en el ámbito de la innovación y el desarrollo.
Para ello, se identifican las prioridades estratégicas: aumentar la inversión, atraer y retener talento, mejorar la empleabilidad, asegurar la transferencia del conocimiento, impulsar la internacionalización, garantizar el acceso equitativo
y acelerar la transformación digital.
Financiación necesaria de la que ya advirtió la CRUE en diciembre de 2023, en su informe monográfico «Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario». La monografía calculaba 3.135 millones de euros adicionales necesarios
para la aplicación del citado artículo 55, apartado 2, de la LOSU, que establece el compromiso de alcanzar una financiación pública, como mínimo, del 1 % del PIB del conjunto del Estado en materia universitaria. Y se advertía que el objetivo de
gasto público no se había consultado con las haciendas autonómicas.
Por último, la aprobación del Real Decreto Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y
acreditación institucional de centros universitarios, y otros, establece que el gasto que las medidas puedan suponer a las universidades públicas y a las CCAA, no será objeto de compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Un
Real Decreto que genera gran inseguridad jurídica, de cuestionada legalidad, que exige criterios ajenos a la calidad del sistema universitario y que frenará la competitividad de la universidad española, y que debe ser por ello retirado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la financiación de las universidades públicas en una senda sostenida de crecimiento, mediante la participación de manera decidida en la financiación del sistema público universitario, de conformidad con lo manifestado en la
Comisión del plan de financiación de las Universidades públicas españolas.
2. Convocar con carácter urgente la Conferencia General de Política Universitaria para detallar su aportación económica, plazos, cuantía y fórmula por la que se transferirá esa financiación a las universidades
3. Abrir una negociación sobre la aportación del Estado a la financiación del sistema público universitario de manera transparente, en igualdad de condiciones y de forma multilateral.
4. Aprobar un programa de fortalecimiento de la Investigación que permita aumentar las partidas destinadas a proyectos de investigación, contratación de personal investigador y modernización de infraestructuras científicas.
5. Apoyar los programas Margarita Salas y María Zambrano.
6. Crear un PERTE universitario para que nuestras universidades públicas no pierdan una oportunidad histórica. Los fondos europeos han de ser una oportunidad para invertir en la transformación digital y la sostenibilidad de nuestras
universidades.
7. Establecer un diálogo con las CCAA antes de afrontar cualquier reforma que afecte a las competencias que tienen atribuidas, imputando un coste muy elevado para las universidades públicas.
8. Ejercer las competencias que le corresponde en relación a los Campus de Ceuta y de Melilla y asumir la integridad de su financiación.
9. Retirar el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de
centros universitarios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2025.Óscar Clavell López, Pedro Navarro López y Jaime Miguel de los Santos González, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición sobre la mejora de la seguridad vial en la
carretera N-420 a su paso por Gandesa y la ejecución urgente de la variante, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La carretera N-420, eje vertebrador del interior tarraconense y corredor estratégico entre las comarcas del sur de Cataluña y el interior peninsular, atraviesa el núcleo urbano de Gandesa, capital de la Terra Alta. Soporta un elevado
volumen de tráfico pesado que condiciona la seguridad, la calidad de vida y la salubridad de sus habitantes.
En este contexto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó en agosto de 2023 el contrato de redacción del proyecto de trazado y construcción de la variante de Gandesa a la empresa TPF Getinsa Eurostudios, S.L., por un
importe de 820.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Este plazo concluyó en febrero de 2025, sin que se haya comunicado la finalización del trabajo ni la aprobación del proyecto.
A este respecto, el Gobierno tan solo ha reconocido en su respuesta oficial al Grupo Parlamentario Popular que el proyecto se encuentra en fase de redacción y que se han completado únicamente los trabajos iniciales de recopilación de datos,
levantamiento topográfico y análisis de alternativas. Esta declaración confirma que el contrato ha superado su periodo de vigencia y que el proceso se encuentra fuera de plazo, lo cual evidencia una falta de cumplimiento de los compromisos asumidos
y un nuevo retraso en una infraestructura declarada prioritaria por el propio Ministerio.
Mientras tanto, Gandesa continúa expuesta al paso constante de vehículos pesados por el centro urbano, con consecuencias directas sobre la seguridad de peatones y conductores. La estrechez de los márgenes, la escasa señalización y la
ausencia de medidas provisionales de calmado del tráfico agravan una situación que ya ha derivado en accidentes graves. El 15 de julio de 2025, un atropello múltiple en la avenida de Catalunya, tramo urbano de la N-420, causó la muerte de una mujer
y dejó otra herida de menor gravedad, lo que evidenció de nuevo los riesgos estructurales de esta travesía.
La falta de ejecución de la variante compromete la seguridad vial y el desarrollo económico y social de la comarca. La Terra Alta necesita una red de comunicaciones moderna y segura que favorezca su competitividad y garantice la cohesión
del conjunto provincial. Cada mes de demora prolonga un riesgo evitable y posterga la acometida de una solución que ponga fin a las deficiencias técnicas.
Por tanto, resulta imprescindible que el Gobierno adopte medidas inmediatas y coordinadas con el Ayuntamiento de Gandesa y la Generalitat de Catalunya para proteger a los vecinos mientras se completa la tramitación del proyecto, y que
garantice la transparencia sobre los plazos de redacción, aprobación y ejecución de la obra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Finalizar y aprobar con carácter urgente el proyecto de trazado y construcción de la variante de la N-420 a su paso por Gandesa e incluirla como actuación prioritaria en la programación de inversiones del Ministerio de Transportes y
Movilidad Sostenible.
2. Evaluar periódicamente el impacto del tráfico pesado en el núcleo urbano de Gandesa, con indicadores de siniestralidad, ruido y contaminación, y remitir los informes resultantes a la Comisión sobre Seguridad Vial.
3. Coordinar la actuación de conservación y seguridad vial de la N-420 en la provincia de Tarragona, priorizando los tramos con mayor concentración de accidentes o con afección directa a zonas habitadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2025.María Elisa Vedrina Conesa, Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Antonio Rojas Manrique, Tristana María
Moraleja Gómez, Cristina Abades Martínez, Alma Alfonso Silvestre, Mario Cortés Carballo, Carlos García Adanero, José Alberto Herrero Bono, Ángel Ibáñez Hernando, Juan Luis Pedreño Molina, Daniel Pérez Osma, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena
Ruiz, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Sanidad
181/001389
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Atenderá el Gobierno las alegaciones y propuestas presentadas por los colectivos y organizaciones en el trámite de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se regula el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024,
de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y de las que padecen otras enfermedades o procesos clínicos de alta complejidad e irreversibles para permitir su aplicación
efectiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Atenderá o Goberno as alegacións e propostas presentadas polos colectivos e organizacións no trámite de audiencia e información pública do proxecto de Real Decreto que regula o ámbito de aplicación da Lei 3/2024, do 30 de outubro, co fin de
mellorar a calidade de vida de persoas diagnosticadas con Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e de
quen padece outras enfermidades ou procesos clínicos de alta complexidade e irreversíbeis para permitir a súa aplicación efectiva?
En Madrid, a 7 de outubro de 2025.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/028043
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martínez Barbero, Verónica (GSUMAR)
Lago Peñas, Manuel (GSUMAR)
Operación urbanística del Gobierno local de A Coruña en el borde litoral de la ría do Burgo.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta 1 por
versar sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, relativa al ámbito competencial de un ente territorial no sometido al control de la Cámara, comunicando este acuerdo a los autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, presenta las siguientes preguntas relativas a la operación urbanística del gobierno local de A Coruña en el borde litoral de la ría do
Burgo y dirigidas al Gobierno y para las cuales solicita respuesta escrita.
El 5 de noviembre de 2021 el Pleno del Ayuntamiento de A Coruña adoptó el acuerdo de «Suspensión cautelar de la tramitación de planeamiento de desarrollo, instrumentos de equidistribución, urbanización y licencias en el ámbito del API S-35
Ría del Burgo», (Diario Oficial de Galicia de 17.12.2020), acuerdo que comprendía la suspensión de la tramitación del planeamiento de desarrollo e instrumentos de equidistribución y urbanización de los polígonos incluidos en el ámbito, y de las
correspondientes licencias de nueva edificación, parcelación y demolición; todo ello con el fin de incoar el expediente de estudios y análisis de parámetros para una posible Modificación Puntual del PGOM en el ámbito API S-35 (planeamiento
incorporado del PGOM de 1998 y modificado en este sector el 01.10.2008).
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña, en sesión celebrada el 3 de marzo de 2022, aprobaba a continuación el documento borrador de la «Modificación Puntual API S-35 Ría do Burgo», junto con su Documento Ambiental
Estratégico;
El principal objetivo de la modificación lo constituía la definición de una nueva ordenación del ámbito bajo los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible y de cohesión social, fundamentada en los principios desarrollados en
el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, las determinaciones de la Ley de Costas, la Estrategia de Adaptación al cambio climático de la
costa de España y la «Nueva Agenda Urbana» (Habitat III, 2016) de la ONU, a los cuales habría que añadir la Agenda Urbana de España, la Agenda Territorial Europea y la Nueva Carta de Leipzig.
Informe ambiental estratégico emitido por la Xunta de Galicia.
Con fecha 17 de junio de 2022, la Xunta de Galicia emite el preceptivo informe ambiental estratégico, no observando necesario someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria el borrador de modificación puntual aprobado
por el Ayuntamiento de A Coruña.
En dicho informe se recoge cómo el área de planeamiento incorporado S35 Ría do Burgo se sitúa en el sureste de la ciudad de A Coruña, al lado de la ría del Burgo. Abarca terrenos del frente costero comprendido entre el dique sur de la playa
de Oza, el límite municipal con el ayuntamiento de Culleredo y la Avenida del Pasaje (AC-12). Superficie del ámbito: 420.614,46 m2.
El ámbito forma parte de la fachada marítima de la ciudad de A Coruña, tratándose de un espacio singular desde el punto de vista paisajístico, puesto que constituye la fachada de entrada a la ciudad y, debido a su posición topográfica,
resulta visible desde amplias zonas (desde el ayuntamiento de Oleiros en el este y el ayuntamiento de Culleredo en el sur, las carreteras AC12 y AC211, así como desde el Monte Alfeirán al oeste).
Abarca un tramo urbano costero muy antropizado y heterogéneo, donde conviven edificaciones colectivas (A Pasaxe, Xubias de Arriba) con grandes equipamientos (hospital materno infantil o el centro educativo Santa María del Mar), pequeños
barrios de viviendas unifamiliares (Xubias de Abaixo), edificios catalogados, huertas de cultivo, zonas industriales en desuso (astilleros Valiña, conservera Celta) y vías de comunicación.
Los terrenos delimitados se insertan casi en su totalidad en el área continua de ordenación del Plan de ordenación del litoral de Galicia (POL), excepto pequeñas incidencias del área de protección costera (extremo norte) y del área de
protección intermareal (tramo paralelo a la línea ferroviaria del borde costero).
El ámbito no forma parte de espacios naturales protegidos, sin embargo, el entorno próximo disfruta de valores naturales y paisajísticos. La ría del Burgo está identificada en el Inventario de Humedales de Galicia como complejo húmedo y, a
pesar de estar sometida a una fuerte presión humana, constituye un enclave de interés para aves acuáticas. El conjunto de la ría acaba de ser sometido durante estos dos últimos años a un intenso trabajo de dragado para su recuperación ambiental y
marisquera por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.
El PGOM vigente catalogó varios bienes del patrimonio cultural existentes en el ámbito.
El propio borrador de la modificación puntual aprobado por la Junta de Gobierno Local justificaba esta necesidad (punto 6 de la memoria informativa) en base al agotamiento de los plazos de ejecución de la ordenación vigente y el deber de su
adaptación a la normativa urbanística actual, así como a distintas estrategias y documentos internacionales que aconsejan un cambio en el desarrollo urbano.
La alternativa 3 (seleccionada) partía del análisis de las anteriores alternativas y procuraba rebajar la presión urbanística, rebajando la edificabilidad desde los 0,72 vigentes hasta 0,239 m2/m2, con la consiguiente reducción de la
superficie de aprovechamiento, que en el plan vigente está en 92.563,69 m2 y quedaría reducida
hasta los 32.020,00 m2, y proyectándose un total de 241 nuevas viviendas (en la modificación del 2008 se preveían 633), una reducción del 62,5 %.
La propuesta también preveía la creación de una senda litoral metropolitana peatonal y ciclista frente a la ría que comunique la playa de Oza con O Burgo, de un nuevo viario que enlaza el Hospital Materno con la zona del Pasaje, así como de
un área de rehabilitación integral que incluiría edificaciones de la barriada de las Xubias de Abaixo.
En una inaplazable estrategia para una mejora sustancial de la movilidad metropolitana, el trazado ferroviario actual debe preservarse para la puesta en marcha con urgencia de un nuevo servicio de proximidad/cercanías en la cuenca de la ría.
En el informe ambiental, el Instituto de Estudios del Territorio señala que los efectos sobre el paisaje que cabe esperar de la Modificación son, en general, positivos, al prever la liberación de la frente litoral con la creación de un
espacio público de calidad, la apuesta por la movilidad sostenible, la recuperación de ámbitos y edificaciones degradadas y la reducción de la edificabilidad.
A su vez, el órgano de Patrimonio Cultural autonómico valora positivamente el estudio detallado sobre el contexto y desarrollo histórico de la zona y los bienes del patrimonio cultural identificados, así como la propuesta de catalogación de
nuevos bienes.
El Convenio firmado por el Gobierno municipal de A Coruña y la mercantil Castro de Oza, S.L. el 30 de julio de 2024.
En el Diario Oficial de Galicia número 158 del pasado 19 de agosto se anunció, podríamos decir que con total sorpresa, para información pública el Convenio urbanístico mixto de planeamiento y ejecución urbanística para la renovación urbana y
puesta en valor del espacio litoral de los polígonos RB1, RB2 y RB3 y de los núcleos Xubias de Arriba y Xubias de Abaixo de la ría do Burgo, suscrito entre la Alcaldesa y el representante de la mercantil y autorizado por la Junta de Gobierno Local
el mismo 30 de julio de este año.
Señala el convenio que es su objeto «la agilidad de la gestión urbanística» posibilitada por la existencia de una propiedad única o mayoritaria sobre los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), mediante la exclusión de los ámbitos
descritos de la Modificación puntual del PGOM que había iniciado el propio Gobierno municipal, habilitando así un plan especial a presentar y ejecutar por la propia mercantil, que ha ido adquiriendo desde su reciente constitución por el fondo de
inversión GINKO PARTICIPATIONS III S.A.R.L. el total de parcelas descritas en el convenio durante, casualmente, los dos años de «parón» en la tramitación de la modificación puntual del PGOM que, con informe ambiental autonómico positivo, el
Gobierno local nunca ha llevado a aprobación inicial del Pleno.
De forma clara figura en el convenio como obligación del Ayuntamiento (Estipulación Novena, i.), adoptar los acuerdos y disposiciones necesarias para excluir todos los ámbitos objeto de este de la Modificación Puntual del PXOM API S-35 Ría
do Burgo.
Diferentes colectivos vecinales están denunciando en el trámite de información pública la falta de transparencia por parte del gobierno municipal en la información disponible del convenio, especialmente en lo referido a los acuerdos
conciliatorios sobre el polígono de Astilleros Valiña. Todos los grupos municipales de la oposición suscribieron en el Pleno del pasado 12 de septiembre una moción conjunta para la suspensión inmediata de este convenio.
Pero lo que es realmente sorprendente es la decisión del gobierno municipal de dejar en manos de un fondo inversor el planeamiento y ejecución urbanística de gran parte de este delicado sector urbano de la ría, cuando había iniciado una
ambiciosa modificación del planeamiento general del ámbito para formular nuevos parámetros urbanísticos más sostenibles.
Se pone en riesgo la potestad urbanística municipal, el interés general, ante el mero interés particular de un fondo privado que pretende transformar a su antojo una pieza clave del territorio litoral de la ría, obligando a la Administración
municipal a desistir, privatizándola, de su iniciativa de modificación del PGOM.
Competencias en materia de litoral y dominio público marítimo-terrestre, ferroviarias, de protección general del medio ambiente e incluso de estrategia de país en la Nueva
Agenda Urbana, parecen ponerse en entredicho ante esta actuación urbanística «de otra época», que está desatando serias preocupaciones en sectores del área.
1. [ ]
2. ¿Qué planes de trabajo tiene el Gobierno en materia ferroviaria para convertir el trazado ferroviario que transcurre por la ría de O Burgo para activar un tren de proximidad o cercanías entre A Coruña y Betanzos?
3. ¿Qué planes de trabajo tiene el Gobierno para impulsar una senda litoral que conecte Culleredo desde el paseo de O Burgo en A Pasaxe con la playa de Oza en A Coruña?
4. ¿Considera el Gobierno que estos planes de trabajo serían compatibles con el convenio suscrito por el Gobierno local de A Coruña, mencionado en la exposición de estas preguntas, y que obligan al Ayuntamiento a desistir de la modificación
puntual del PGOM que había iniciado en noviembre de 2021 y que contaba con el preceptivo informe ambiental autonómico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.Verónica Martínez Barbero y Manuel Lago Peñas, Diputados.
184/028532
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Mercadal Baquero, Pepe (GS)
Herrera García, Milena (GS)
Información formal realizada por el Consell Insular al Ministerio de Cultura acerca del proyecto de construcción de mejora de la carretera Me-1 en los términos municipales de Maó y Alaior (Menorca).
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la última pregunta por
versar sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, relativa al ámbito competencial de un ente territorial no sometido al control de la Cámara, comunicando este acuerdo a los autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Pepe Mercadal Baquero y Dña. Milena Herrera García, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito:
El Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca ha aprobado de manera definitiva el proyecto de construcción de mejora de la carretera Me-1 entre los puntos kilométricos 5+700 y 7+700, en los términos municipales de Maó y Alaíor que
comprenden el tramo de Rafal Rubí. Esta actuación está situada dentro de uno de los componentes que conforman la Declaración de Patrimonio Mundial a la «Menorca Talayòtica». Teniendo en cuenta que el Gobierno de España, a través del Ministerio de
Cultura, es el interlocutor con la UNESCO y quien responde ante el organismo por la gestión de lugares Patrimonio Mundial: ¿Ha informado formalmente el Consell Insular al Ministerio de Cultura sobre dicho proyecto? ¿Ha remitido el Consell Insular
el proyecto al Ministerio de Cultura? [ ]
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2025.Pepe Mercadal Baquero y Milena Herrera García, Diputados.
184/029268
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Pascual Rocamora, Sandra (GP)
Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Melgarejo Moreno, Joaquín (GP)
Parra Aparicio, Julia (GP)
Sánchez Pérez, César (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Reynal Reillo, Esperanza (GP)
De Rosa Torner, Fernando (GP)
Gil Santiago, Carlos (GP)
Alfonso Silvestre, Alma (GP)
Moreno Borrás, Cristina (GP)
Fabra Part, Alberto (GP)
Clavell López, Óscar (GP)
Protocolos de vigilancia y activación que se aplicaron y puntos críticos de la red de barrancos que fueron priorizados en relación con el episodio de lluvias intensas ocurrido en la Comunitat Valenciana entre los días 28, 29 y 30/09/2025,
así como copia de los partes de servicio, registros SAIH y comunicaciones de coordinación emitidos durante dicho episodio, así como el informe de evaluación post-evento si ya existiera.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el punto 2, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001308).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Dipitados
Sandra Pascual Rocamora, Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Esperanza Reynal Reillo, Fernando de Rosa Torner, Carlos Gil Santiago, Alma Alfonso Silvestre,
Cristina Moreno Borrás, Alberto Fabra Part y Óscar Clavell López pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss, del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
En relación con el episodio de lluvias intensas ocurrido en la Comunitat Valenciana entre los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2025, con aviso rojo en la provincia de Valencia el 29 de septiembre y aviso naranja en la provincia de
Castellón:
1. ¿Qué protocolos de vigilancia y activación se aplicaron (niveles, umbrales SAIH/CHJ, coordinación con 112 GVA y ayuntamientos) y qué puntos críticos de la red de barrancos fueron priorizados, incluyendo los localizados en I Horta Sud,
La Ribera y La Safor, así como en el litoral norte y sur de Castellón?
2. [ ]
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.Sandra Pascual Rocamora, Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Esperanza Reynal Reillo, Fernando de
Rosa Torner, Carlos Gil Santiago, Alma Alfonso Silvestre, Cristina Moreno Borrás, Alberto Fabra Part y Óscar Clavell López, Diputados.
184/029370
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX)
Mejías Sánchez, Carina (GVOX)
Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX)
Responsabilidades laborales reales que mantenía la asesora Cristina Álvarez en La Moncloa y su relación y participación respecto a las gestiones de la cátedra de Transformación Social Competitiva dirigida por Begoña Gómez.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firmas presentadas mediante escrito número de registro 84706, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los señores Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Rocío Aguirre Gil de Biedma, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
Exposición de motivos
Según se informa, la UCO de la Guardia Civil ha constatado en su investigación que, Cristina Álvarez, asesora en La Moncloa, intercambió hasta 121 correos con el exvicerrector Juan Carlos Doadrio para tareas vinculadas a la gestión
académica, financiera y de patrocinio de la cátedra dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Tales correos incluyen, v, gr., «búsqueda de fondos, listado de proveedores, adendas de los convenios suscritos con empresas del
Ibex 35, etc.»1 cuyo objeto eran obtener financiación privada para la denominada cátedra de Transformación Social Competitiva, entre otros fines. En varios de esos correos estaba en copia Begoña Gómez.
En relación con los datos mencionados, se formulan las siguientes preguntas:
1. De acuerdo con la información de la que dispone el Gobierno, ¿qué responsabilidades laborales reales mantenía la asesora Cristina Álvarez en La Moncloa y cuál era su relación y participación respecto a las gestiones de la cátedra de
Transformación Social Competitiva dirigida por Begoña Gómez?
2. De acuerdo con la información de la que dispone el Gobierno, ¿Cristina Álvarez gestionaba principalmente los asuntos privados de Begoña Gómez, especialmente los relativos a la cátedra de Transformación Social Competitiva? ¿Qué otras
tareas realizaba para los asuntos privados de Begoña Gómez?
3. De acuerdo con la información de la que dispone el Gobierno, ¿qué otras comunicaciones, más allá de los correos electrónicos, ha mantenido Cristina Álvarez con entidades privadas con el fin de obtener financiación privada para esta
cátedra de Transformación Social Competitiva? ¿Con qué entidades privadas, en concreto?
4. De acuerdo con la información de la que dispone el Gobierno, ¿qué controles y auditorías internas se han realizado respecto al uso de cuentas personales y profesionales de Cristina Álvarez en gestiones institucionales de la cátedra de
Transformación Social Competitiva?
5. ¿Qué personas del actual Gobierno, concretamente del gabinete del presidente del Gobierno o del ministro de la Presidencia, han validado o supervisado de las gestiones llevadas a cabo por Cristina Álvarez?
6. ¿A qué cargo superior reportaba Cristina Álvarez, con qué regularidad y de qué forma?
7. De acuerdo con la información de la que dispone el Gobierno, ¿en qué fechas y bajo qué circunstancias se produjo la intervención directa de la asesora Cristina Álvarez en la negociación de acuerdos y organización de actos de la cátedra?
8. ¿Contaba Cristina Álvarez con permiso para abandonar su puesto de trabajo y acudir a estas reuniones y negociaciones? ¿Cuál era el horario de trabajo y el lugar donde se realizaba?
1 https://www.elmundo.es/espana/2025/09/29/68da559321efa0816e8b4585.html
9. ¿Cuántas reuniones mantuvo Cristina Álvarez con empresas que dependen de la regulación del Gobierno? ¿Con qué finalidad? ¿Estaban autorizadas estas reuniones por parte de alguien de Presidencia del Gobierno?
10. ¿Cuáles eran las funciones de Cristina Álvarez como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno? ¿Qué funciones desempeñaba? ¿Cuáles eran sus objetivos profesionales? ¿Qué tipo de informes ha elaborado
en este cargo? ¿A qué departamento o cargo enviaba tales informes y documentos? ¿Con qué equipo contaba para el desempeño de estas funciones? ¿Cuántos empleados dependían de ella para el desarrollo de sus responsabilidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2025.Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Rocío Aguirre Gil de Biedma, Diputados.