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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 409, de 14/10/2025
cve: BOCG-15-D-409
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
14 de octubre de 2025
Núm. 409
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para honrar la memoria de Francisco Expósito Camio, trabajador guipuzcoano víctima del terrorismo ... (Página6)
161/002531 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para honrar la memoria de Demetrio Lesmes Martín, trabajador español víctima del terrorismo ... (Página8)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002544 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a recuperar la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar y rechazar el acuerdo del 11 de junio de 2025 ... (Página10)
161/002548 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la participación de España en la conmemoración del 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos y el refuerzo del vínculo
transatlántico ... (Página13)
161/002549 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar una Europa más autónoma y cohesionada frente a los recientes desafíos globales ... (Página14)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la dotación de nuevas embarcaciones al Servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia ... (Página16)
Comisión de Interior
161/002550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para proceder a la ejecución urgente de las obras de la comisaría de Policía Nacional en Ronda, así como el aumento del catálogo de efectivos ...
(Página19)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002546 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al rescate de la concesión y liberalización del peaje de la AP-9 (Autopista del Atlántico) y de la AP-66 (Autopista del Huerna) ...
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002494 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al cumplimiento de la Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021 y a la realización de una auditoría independiente de las cuentas de la Seguridad
Social ... (Página22)
Comisión de Industria y Turismo
161/002534 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la transparencia y la continuidad del proyecto de refinería de litio verde en Torrelavega (Cantabria) ... (Página25)
161/002541 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar el turismo verde y de interior, vinculado a la movilidad sostenible, vías verdes, movilidad en bicicleta y actividades no contaminantes ...
161/002547 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ejecución y desarrollo de la Planificación de la Red de Transporte en Asturias ... (Página27)
161/002552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso y apoyo de la industria de fabricación de baterías, pilar de la transición energética y eje del nuevo modelo económico de España ...
161/002555 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar liquidez, certidumbre y eficacia industrial en la ejecución de los fondos europeos ... (Página31)
Comisión de Política Territorial
161/002526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la autonomía local y al fortalecimiento del municipio como pilar democrático y territorial del Estado ...
161/002553 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la formación lingüística del personal sanitario en territorios con lengua cooficial ... (Página36)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a poner fin a la presencia de algas invasoras de la especie Rugulopteryx okamurae en la costa española y permitir su comercialización ...
161/002535 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para una planificación sostenible y transparente en el consumo de recursos de la industria de los centros de datos ...
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002554 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso ... (Página43)
Comisión de Cultura
161/002543 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inscripción de la candidatura de la Tauromaquia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO ... (Página47)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002542 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para recuperar la inversión extranjera en España ... (Página48)
161/002551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a potenciar la adopción de herramientas de inteligencia artificial por parte de las pymes ... (Página50)
Comisión de Igualdad
161/002536 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para el refuerzo de los equipos de atención a víctimas de violencias machistas ... (Página52)
161/002537 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la creación del cupo laboral trans ... (Página54)
161/002538 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la creación de registros de objetores y objetoras de conciencia en cumplimiento con la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ... (Página55)
161/002539 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la regularización de las mujeres en contextos de prostitución o víctimas de trata con fines de explotación sexual o de explotación sexual ...
161/002540 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la garantía efectiva del derecho a la educación sexual integral en cumplimiento con la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ... (Página58)
Comisión de Juventud e Infancia
161/002522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al reconocimiento del título de familia numerosa a las unidades familiares con custodia compartida ... (Página59)
161/002532 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de los derechos de los menores migrantes en situación de vulnerabilidad ... (Página61)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar la accesibilidad por rampa en las dependencias de la Guardia Civil ... (Página64)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/002530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para garantizar la calidad de la atención a los españoles en los servicios públicos ... (Página65)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre promover la incorporación de jóvenes al sector del transporte por carretera y mejorar las condiciones laborales de los profesionales ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001387 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre traspaso por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y/o Adif de la titularidad del tramo ferroviario abandonado entre Fraiz y A Moniña al Concello
de Ames para que pueda acometer las actuaciones necesarias y acondicionar el espacio para su uso peatonal como senda verde ... (Página71)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001388 Pregunta formulada por los Diputados Irene Garrido Valenzuela (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), sobre medidas
previstas para frenar el aumento del absentismo laboral, que ya alcanza el 7 % a nivel nacional, especialmente en sectores clave como la industria y la construcción, así como en Comunidades Autónomas que presentan tasas muy por encima de la media
... (Página71)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001385 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre cauces de colaboración y/o coordinación del Gobierno con el Concello de Ribadavia y Augas de Galicia para acometer las actuaciones de la nueva acometida de agua
potable que garantice el abastecimiento a la población ... (Página72)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/001386 Pregunta formulada por los Diputados Isabel María Borrego Cortés (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP),
Fabra Part, Alberto (GP), Moreno Borrás, Cristina (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Lima García, Laura María (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Bayón Rolo, Juan
Andrés (GP), Sayas López, Sergio (GP) y Noriega Gómez, Javier (GP), sobre competencias que va a tener la SAREB en el marco de la Empresa Estatal de Vivienda ... (Página72)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/025260 Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando Alonso Cantorné, Fèlix Rivera Arias, Engracia Valero Morales, Juan Antonio González López, Nahuel Sierra Caballero, Francisco
Certeza acerca de la afirmación de Silvia Prieto en la entrevista emitida el día 14/06/2025 en Radio 5 de RTVE de que la organización Haganá tiene presencia en España y está interconectada con la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI,
así como medidas previstas para que los medios públicos cumplan con los principios de rigor periodístico, pluralidad informativa y respeto de los derechos humanos y opinión acerca de si la emisión de la entrevista se alinea con la posición oficial
de España en relación con el conflicto en Palestina ... (Página73)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/002528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus respectivas condiciones de
Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para honrar la memoria de Francisco
Expósito Camio, trabajador guipuzcoano víctima del terrorismo, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Francisco Expósito Camio, trabajador asesinado por ETA.
El 31 de julio de 2025 se ha cumplido el quincuagésimo aniversario del asesinato de Francisco Expósito Camio por la banda criminal marxista y separatista de ETA. A las doce menos cuarto del día 31 de julio de 1975, Francisco se encontraba
en la parada de taxis de su localidad, Usúrbil (Guipúzcoa) 1, sentado en el asiento trasero del vehículo, con las puertas abiertas debido al sofocante calor de aquel día, leyendo el periódico mientras esperaba a algún cliente. Sin previo aviso, dos
individuos se aproximaron por ambos lados del taxi y dispararon sobre él a quemarropa. No hubo discusión, ni palabra, ni advertencia, sino un frío y alevoso homicidio. Un tercer terrorista les aguardaba en un vehículo, preparado para emprender la
huida.
Desde su domicilio, ubicado a gran proximidad de la parada, su esposa escuchó los disparos. En un principio pensó que se trataba de cohetes, pero la fuerza de las detonaciones, fuera de lo común, le alertó. Al asomarse al balcón, vio el
taxi con los cristales rotos. Bajó de inmediato en auxilio de su marido. Cuando llegó junto a él, lo encontró aún con vida, jadeando, al borde de la muerte. Lo sostuvo entre sus brazos hasta que finalmente falleció. En esos mismos instantes,
pudo apreciar cómo tres jóvenes huían hacia un Mini Morris de color gris, en el que se alejaron en dirección a San Sebastián.
1 https://www.libertaddigital.com/espana/in-memoriam/tres-asesinatos-mas-de-eta-y-una-victima-de-la-masacre-de-la-plaza-republica-dominicana-10070/
A las afueras del pueblo, los asesinos arrojaron octavillas propagandísticas en las que la organización terrorista reivindicaba el crimen y en las que pretendían justificar su asesinato.
Francisco era un hombre del pueblo, arraigado a su tierra, a su familia y a su trabajo. A los 54 años, esposo y padre de cuatro hijas, se ganaba la vida con dignidad como taxista en su localidad. Había sido ciclista profesional entre 1942
y 1953, alcanzando catorce victorias y proclamándose campeón de España de ciclo-cross en 1951, además de tres veces subcampeón 2.
El asesinato de Francisco Expósito Camio no fue acto aislado o fruto del azar. Se enmarca en la estrategia criminal, diseñada por la organización terrorista ETA, que fijaba con premeditación sus objetivos y ejecutaba sus crímenes con
frialdad y vileza. No se trataba de enfrentamientos ni de errores: eran ataques cobardes, selectivos, contra hombres sencillos, trabajadores, arraigados a su tierra, cuya única falta fue no plegarse al odio que se desprendía del fanatismo
separatista de la organización criminal.
Segundo. El reconocimiento necesario.
El desconocimiento de estos crímenes por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada 'Ley de Memoria Democrática' que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y el separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley 'consagra como portaestandartes de la 'memoria democrática' no solo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras
organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo' 3.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
y cobarde en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones...
Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente
enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender la unidad de España; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad y amor a la Patria común.
Francisco Expósito Camio está en este último caso. Ser vasco y español sin plegarse a la barbarie marxista y separatista en cuya vanguardia estaba la actividad asesina de ETA, fue suficiente motivo para ser otra víctima de su larga lista de
crímenes.
Debe subrayarse, en todo caso, que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser
españoles y defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional. De acuerdo con todo ello, cuando se
están cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus familiares; repudiar unánime y contundentemente
2 https://mapadelolvido.blogspot.com/2012/04/francisco-exposito-camio-usurbil.html
3 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124_InformeV.pdf
a la banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en acciones y en principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España como Nación, que es exactamente lo que ETA ha
querido destruir.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su consideración y su respeto por la memoria de Francisco Expósito Camio cincuenta años después de su muerte, y reconoce en su persona a tantos españoles trabajadores y padres de familia caídos como víctimas del odio homicida
de los enemigos de España.
2. Expresa su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por otras
víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Francisco José Alcaraz Martos, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/002531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus respectivas condiciones de
Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para honrar la memoria de Demetrio
Lesmes Martín, trabajador español víctima del terrorismo, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Demetrio Lesmes Martín, trabajador asesinado por ETA.
El 8 de agosto de 2025 se ha cumplido el quincuagésimo aniversario del asesinato de Demetrio Lesmes Martín por la banda criminal marxista y separatista ETA. Demetrio Lesmes Martín, de cincuenta y cinco años, era natural de Sotoserrano
(Salamanca). Estaba casado y era padre de tres hijas de veinte, veinticinco y dieciocho años. Desde 1946 trabajaba en la misma empresa 4, concretamente era empleado de Aceros y Fundaciones
4 https://mapadelolvido.blogspot.com/2012/04/demetrio-lesmes-martin-hemani.html
del Norte, de la empresa Orbegozo S.A.; tras sufrir un accidente laboral en el que había perdido un ojo, desempeñaba funciones de guarda jurado para la citada empresa 5.
Al ser sus ideas contrarias al separatismo, intuía el peligro que corría. Lo había compartido con sus compañeros en numerosas ocasiones. 'Pronto vendrán a por mí', les manifestaba. Cuando fueron asesinados el conductor de autobús Carlos
Arguimberri y el taxista Francisco Expósito, afirmó con serenidad: 'Esos se van acercando'. Había recibido amenazas anónimas, que denunció ante la Guardia Civil. Y ya el 15 de julio del mismo año 1975, los terroristas de ETA habían intentado
acabar con su vida. Aquella noche, mientras se dirigía en coche a su puesto para incorporarse al turno de las diez, fue emboscado en la entrada de la fábrica. Abrieron fuego desde un vehículo, usando pistola y metralleta. En aquella ocasión,
Demetrio Lesmes logró salvarse tirándose al suelo.
Pero el 8 de agosto de 1975, poco después de las dos y veinticinco de la tarde, la organización criminal volvió a manifestar su odio cobarde y traicionero. Dos sicarios de la banda asesina ETA, los mismos del anterior atentado, terminaron
finalmente con su vida. Demetrio volvía a su hogar, como cada jornada, tras cumplir con su trabajo, cuando fue abordado por dos criminales que, tras unas palabras, lo tirotearon vilmente. Uno de ellos le propinó tres disparos con una pistola y,
posteriormente, cuando cayó herido al suelo, el segundo, con una metralleta, lo remató, descargando sobre su cuerpo veinte disparos.
Demetrio Lesmes aún respiraba cuando sus compañeros de trabajo acudieron en su auxilio al oír los disparos. En un intento desesperado por salvar su vida, pararon un vehículo y lo llevaron al hospital; por desgracia, no llegó con vida. Los
autores del atentado huyeron en un vehículo Morris robado previamente en San Sebastián, donde sería encontrado posteriormente, abandonado, en el Paseo de los Fueros de la capital guipuzcoana. En el coche les esperaba un tercer miembro de la banda,
lo que facilitó su huida.
Segundo. El reconocimiento necesario.
El desconocimiento de estos crímenes por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada 'Ley de Memoria Democrática' que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y el separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley 'consagra como portaestandartes de la 'memoria democrática' no solo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras
organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo' 6.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
y cobarde en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones...
Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente
enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender la unidad de España; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad y amor a la Patria común.
5 Pronto vendrán a por mí (9 de agosto de 1975). Pueblo, p. 9.
6 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124_InformeV.pdf
Demetrio Lesmes no fue atacado por sus actos, sino por lo que representaba: un trabajador español patriota que fue fiel a sus principios hasta el final de sus días. Fue víctima de una banda asesina que no buscaba justicia ni libertad, sino
el aniquilamiento de toda conciencia nacional, de todo arraigo y de toda lealtad. Esta acción criminal no fue un acto aislado ni fruto del azar. Formó parte de una estrategia selectiva y calculada de ETA, cuyo objetivo era eliminar, uno a uno, a
todos aquellos que no compartieran su fanatismo ideológico y su odio contra España. No se trataba solo de atacar símbolos del Estado, sino de silenciar a todos los defensores de la unidad nacional.
Debe subrayarse, además, que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser españoles
y defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional. De acuerdo con todo ello, cuando se están
cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus familiares; repudiar unánime y contundentemente a la
banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en acciones y en principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España como Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido destruir.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su consideración y su respeto por la memoria de Demetrio Lesmes Martín cincuenta años después de su muerte, y lo reconoce especialmente en su condición de patriota asesinado por los enemigos de España.
2. Expresa su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por otras
víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Francisco José Alcaraz Martos, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Teófilo Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a recuperar la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar y rechazar el acuerdo del 11 de junio de 2025, para su discusión en la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La salida del Reino Unido de la Unión Europea.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha generado intensos debates y negociaciones, siendo uno de los puntos esenciales de las reuniones entre ambas partes la consideración de fronteras exteriores de la Unión Europea de aquellos
territorios del Reino Unido que lindan terrestremente con el territorio europeo. Esta situación afecta especialmente a Irlanda del Norte y al Peñón de Gibraltar. En el caso concreto de Gibraltar, nuestro país tenía la capacidad de bloquear
cualquier acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, tal y como lo establecía la cláusula número 24 de las Orientaciones del Consejo Europeo para la negociación del Brexit 7. En este mismo sentido, la UE subrayó que los 'acuerdos separados
entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar requerirán la previa aprobación de España' 8.
Segundo. La cuestión de Gibraltar.
A efectos de contextualizar la ya de sobra conocida situación particular de Gibraltar, cabe destacar que el Peñón, 'desde los años sesenta, figura en el listado de las Naciones Unidas como uno de los 'territorios no autónomos pendientes de
descolonización' 9. En este sentido, España ha solicitado en múltiples ocasiones al Reino Unido entablar negociaciones, en cumplimiento de lo dispuesto por dicho organismo internacional y con el fin de llegar a una solución definitiva del
contencioso de Gibraltar 10, única colonia existente en el Viejo Continente.
Así, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Naciones Unidas ha señalado reiteradamente que, 'en el proceso de descolonización de Gibraltar, el principio aplicable no es el de libre determinación de
los pueblos sino el de restitución de la integridad territorial española' 11. Por su parte, la Resolución 1514 (XV), Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, establece en su punto 6, que 'todo intento
encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas' 12. Por tanto, y en virtud de que nuestro país recupere su
integridad territorial, el retomo del ejercicio de la soberanía española sobre Gibraltar debe ser una de las máximas prioridades para el Gobierno de España.
Resulta indispensable una somera mención al origen del conflicto territorial entre ambos países. En el año 1713, ambas naciones suscriben el Tratado de Utrecht, que es el resultado de la Guerra de Sucesión Española. En concreto, mediante
la firma de dicho tratado, España cedía a la Gran Bretaña 'la ciudad y castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen' 13.
Empero, el istmo (como las aguas adyacentes o el espacio aéreo supra yacente) no fue cedido por España, quedando siempre este bajo soberanía española. Así lo recoge el artículo X del citado tratado.
En vista de lo anterior, la mera ocupación de facto continuada por los británicos del istmo y de las aguas adyacentes contraviene las condiciones acordadas en el Tratado de Utrecht
7 https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/gibraltar/Paginas/index.aspx
8 Ibidem.
9 https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/Gibraltar.aspx
10 Cfr. https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/Gibraltar.aspx
11 https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/Gibraltar.aspx
12 Resolución 1514 (XV). Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, punto 6. Disponible [en línea]:
https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/156/42/pdf/nr015642.pdf?token=4tiSHfVq8PwN2iywII&fe=true
13 ORTEGA CARCELÉN, Martín: 'Gibraltar y el Tratado de Utrecht', Real Instituto Elcano, 31 de mayo de 2013. Disponible [en línea]: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/gibraltar-y-el-tratado-de-utrecht/
para la adquisición de soberanía sobre ese territorio, además de resultar ilegítima con arreglo al Derecho Internacional. Por eso, España siempre ha señalado que la ocupación del istmo es ilegal e ilegítima y, por tanto, ha reclamado
siempre su devolución sin condiciones.
A su vez, durante los últimos años, las autoridades municipales de la colonia han agravado considerablemente los incumplimientos de lo acordado en Utrecht, puesto que se han lanzado a una política expansiva de constante crecimiento del
territorio del Peñón, así como a un hostigamiento constante a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas.
En este sentido, cabe reseñar que la colonia británica también se ha convertido en la sede de multitud de empresas y corporaciones que operan en nuestro país gracias a la competencia fiscal desleal que las autoridades gibraltareñas
promueven. Prueba de ello es que el Gobierno español incluye a la colonia en su lista de países y territorios considerados como 'regímenes fiscales perjudiciales' 14. Esto es, paraísos fiscales.
Tercero. La falta de transparencia del ejecutivo y su abulia en la negociación sobre Gibraltar.
Por último, es necesario resaltar la opacidad con la que el Ejecutivo ha llevado a cabo estas negociaciones. En este sentido, ha sido a través de los medios de comunicación por la que las Cortes Generales han conocido el acuerdo ya suscrito
entre el Reino Unido y España. Así, entre los datos que han salido a la luz destaca la eliminación de la 'totalidad de las barreras física, los chequeos y los controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar' 15. A
mayor abundamiento, se suprimirán 'todos los controles en el paso fronterizo entre Gibraltar y La Línea', impidiendo que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan realizar controles en el aeropuerto de Gibraltar, construido
ilegalmente por la colonia, al encontrarse en un territorio que no fue cedido por España en Utrecht.
A tal punto ha llegado la sumisión del Ejecutivo español, que en un proceso negociador que debiese haber sido bilateral entre dos Estados -España y Reino Unido-, se ha incluido al gobierno de rango municipal de la Colonia.
Cuarto. Conclusiones.
Por todo lo señalado urge que el Ejecutivo defienda los intereses de la Nación española y apueste decididamente por la integridad territorial de nuestro país. El gobierno presidido por Pedro Sánchez debe abandonar las tesis de 'prosperidad
compartida', que, hasta la fecha, no han producido más que la dependencia de la comarca del Campo de Gibraltar de la colonia británica. Así, es urgente también la creación de un plan integral para dicha comarca gaditana, que incluya un paquete de
medidas económicas que palien la delicada situación que padecen sus habitantes.
Resulta alarmante que el Gobierno haya cedido voluntariamente su poder de decisión en una cuestión vital para la Nación, y que impide la integridad territorial completa de España.
Por todo lo expuesto supra, deviene necesario que el Gobierno de España exija al gobierno británico el inicio del proceso negociador sobre la recuperación de la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1) Manifiesta su rechazo al acuerdo político pactado entre el Gobierno del Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña en relación con la colonia británica de Gibraltar, y reafirma la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar.
14 Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen consideración de jurisdicciones no cooperativas.
15 Declaración conjunta sobre las negociaciones para un Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar. Disponible [en línea]:
https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Comunicados/Paginas/2025_COMUNICADOS/Declaracion-conjunta-sobre-las-negociaciones-para-un-acuerdo-ue-reino-unido-gibraltar.aspx.
2) Repudia el modo en el que dicho acuerdo ha sido discutido y, en particular, la decisión de incorporar al proceso negociador al llamado Ministro Principal de Gibraltar mientras las cámaras legislativas españolas eran mantenidas en la más
absoluta ignorancia acerca del ritmo y del rumbo de las negociaciones.
3) Lamenta la indolencia del Sr. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que durante meses no ha estimado oportuno dar cuenta de un acuerdo de semejante trascendencia ante el Parlamento español.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a exigir al Reino Unido la recuperación de la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar, al amparo de lo dispuesto por el Derecho Internacional sobre esta cuestión,
adoptando todas las acciones diplomáticas que sean necesarias para la consecución de tal fin. Asimismo, se insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Elaborar un plan de reindustrialización para la Comarca del Campo de Gibraltar al objeto de mejorar la calidad de vida de los españoles y paliar los problemas que adolece la citada demarcación.
2. Luchar contra el blanqueo de capitales, el contrabando y resto de ilícitos que se originan en la colonia y que afectan a España.
3. Recuperar el control de las aguas españolas, ejerciendo nuestra soberanía y terminando con el acoso de los buques de la Colonia sobre los pescadores españoles.
4. Poner todos los medios a su alcance para detener los proyectos en curso encaminados a que Gibraltar gane tierras al mar a costa de las aguas territoriales españolas y con menoscabo del equilibrio ecológico de la zona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-Alberto Asarta Cuevas, Carlos Flores Juberías y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la participación de España
en la conmemoración del 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos y el refuerzo del vínculo transatlántico, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En el año 2026 se conmemorará el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, un acontecimiento fundacional de la primera democracia constitucional moderna. España desempeñó un papel relevante en
aquel momento histórico, prestando apoyo político, militar y económico a las Trece Colonias en su lucha por la libertad. Figuras como Bernardo de Gálvez -distinguido en 2014 como ciudadano honorario de los Estados Unidos y recordado en Pensacola,
Nueva Orleans o Galvez Town por su contribución decisiva- son símbolos compartidos de esa cooperación, que se tradujo en una relación bilateral formalizada pocos años después, en 1785, con el establecimiento de relaciones diplomáticas.
La huella hispana en la historia y la sociedad estadounidenses es profunda, desde los exploradores y misioneros que recorrieron el continente hasta la presencia de ciudades, tradiciones y una lengua común que perdura hasta hoy. Con más de
60 millones de hispanohablantes, el español es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos, constituyendo un espacio cultural de enorme proyección. Esa relación histórica, que ha
conocido momentos de dificultad, se ha consolidado en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI como una alianza estratégica en el marco de la OTAN, de la cooperación bilateral en defensa y seguridad, y de crecientes vínculos
económicos, educativos, científicos y tecnológicos.
Los Estados Unidos son además uno de los principales socios comerciales e inversores de España, y ambos países comparten retos de futuro. Reforzar este lazo bilateral contribuye también al fortalecimiento del vínculo trasatlántico en su
conjunto, tanto en el marco de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica.
Estados Unidos ha invitado formalmente a España a participar en la conmemoración de este aniversario a través de la institución America250. La Embajada de España en Washington y los consulados generales ya están en contacto con esta entidad
y prevén organizar a lo largo de 2026 numerosas actividades conjuntas con contrapartes estadounidenses, poniendo en valor nuestro legado histórico común y reforzando la proyección internacional de España.
Esta efeméride constituye, por tanto, una oportunidad única para reforzar el vínculo atlántico y proyectar al futuro una relación que trasciende coyunturas políticas y gobiernos concretos, cimentada en valores comunes como la democracia, el
Estado de derecho y la defensa de un orden internacional basado en reglas. Es asimismo un momento idóneo para fortalecer la promoción de la lengua española, intensificar la cooperación académica y científica, y abrir nuevas vías de colaboración
económica y cultural. Para ello resulta imprescindible que exista una adecuada coordinación institucional y que España participe con la visibilidad y la relevancia que merece.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Constituir formalmente una Comisión Interministerial para coordinar la participación de España en los actos conmemorativos del 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos, bajo la presidencia del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y con la participación de los ministerios de Defensa, Cultura y Deporte, Educación y Presidencia.
2. Desarrollar un programa cultural y académico durante 2026, en colaboración con America250, que ponga en valor la huella hispana en Estados Unidos y refuerce la cooperación entre universidades e instituciones culturales de ambos países.
3. Impulsar, en colaboración con el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española, la promoción y difusión de la lengua y la cultura españolas en Estados Unidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar una Europa más autónoma
y
cohesionada frente a los recientes desafíos globales, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores
Exposición de motivos
Europa atraviesa un tiempo de crisis encadenadas que han puesto en cuestión nuestro modelo de crecimiento y nuestra capacidad de respuesta estratégica. La injustificada guerra de agresión rusa contra Ucrania, el recrudecimiento de la
violencia en Oriente Medio se combina con una creciente competencia económica y tecnológica entre Estados Unidos y China, que supone un gran reto para la Unión Europea. Todo ello configura un escenario global más incierto y hostil, en el que Europa
debe evitar verse reducida a un mero terreno de juego entre potencias y afirmar su autonomía.
En este marco, el expresidente del Banco Central Europeo y autor del Informe Draghi de 2024 sobre la competitividad europea, Mario Draghi, advirtió el pasado 16 de septiembre en Bruselas que Europa corre el riesgo de 'quedarse atrás' si no
acelera su integración en defensa, industria y digitalización. Recordó que solo se ha implementado el 14 % de sus recomendaciones iniciales y que las necesidades de inversión se han disparado hasta 1,2 billones de euros anuales entre 2025 y 2031,
con una parte pública que casi se ha duplicado hasta los 510.000 millones anuales por el aumento del gasto en defensa. A la vez, mientras Estados Unidos produjo 40 modelos fundacionales de IA y China 15, la Unión apenas alcanzó 3, evidenciando un
retraso tecnológico preocupante.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su Discurso sobre el Estado de la Unión 2025, situó en el centro de la acción comunitaria la competitividad, la seguridad y la innovación tecnológica, anunciando
iniciativas concretas como el Industrial Accelerator Act, el EU Cloud and Al Development Act, o el European Defence Semester para coordinar capacidades militares. Su mensaje fue claro: Europa necesita actuar con rapidez y cohesión para no depender
de terceros países en sectores estratégicos.
España comparte este diagnóstico y debe contribuir a que la Unión pase de ser una potencia reguladora a una potencia de ejecución, capaz de transformar la inversión en autonomía, competitividad y seguridad. Nuestro país tiene intereses
directos en ello: una industria de defensa en crecimiento que debe integrarse en proyectos europeos, una posición energética estratégica que exige reforzar las interconexiones con el resto del continente, y un ecosistema digital que requiere un
marco regulatorio claro, ágil y competitivo para escalar y generar innovación en Europa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno de la Unión Europea, una agenda de integración europea en seguridad y defensa, promoviendo proyectos conjuntos de l+D, producción industrial y despliegue de capacidades militares, con especial atención a la industria
española.
2. Promover un refuerzo del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en áreas clave como ciberseguridad y desinformación.
3. Promover la simplificación regulatoria en el ámbito digital e innovación, instando a la Comisión Europea y al Consejo a respaldar un marco regulatorio inteligente que permita que las empresas españolas y europeas puedan escalar con mayor
facilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002524
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la dotación de nuevas embarcaciones al Servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) es un cuerpo especializado de la Agencia Tributaria que desempeña funciones esenciales en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, el fraude fiscal y otros delitos económicos, especialmente
relevantes en la costa gallega.
En Galicia, que cuenta con más de 1500 kilómetros de litoral, el SVA desempeña un papel fundamental en la seguridad ciudadana en colaboración con otras fuerzas y cuerpos del Estado. Sin embargo, en los últimos años, su situación laboral y
operativa se ha visto afectada debido a diversos factores, principalmente la falta de personal y el envejecimiento de la plantilla sin relevo generacional; la precariedad de las condiciones laborales en una profesión que, a pesar de que es muy
dura, no se considera de riesgo, que tiene una elevada carga de trabajo y sin retribución de horas extraordinarias; la inoperatividad por falta de medios materiales suficientes y adecuados; además de la falta de una adecuada organización de los
operativos.
Estas carencias ponen en riesgo la eficacia del servicio, dificultan la retención del personal cualificado y comprometen su seguridad, además de afectar negativamente la capacidad de respuesta. Cabe recordar que las embarcaciones de las
bases de Ribadeo y Muros fueron dadas de baja, que hay constantes reparaciones en los barcos debido a su antigüedad y que el helicóptero con base en Vigo se encuentra paralizado por motivos de mantenimiento, estando fuera de servicio durante 6 meses
y 1 semana. Asimismo, en el mes de julio hubo una semana en la que todos los buques del SVA estuvieron reparándose en astilleros, dejando la costa sin la debida cobertura y vigilancia.
Resulta evidente, por tanto, la extrema necesidad de renovar la flota de vigilancia aduanera marítima, como viene denunciando el BNG y la representación de los trabajadores y las trabajadoras. Las embarcaciones tienen demasiados años y han
superado con creces el tiempo de servicio previsto para el que fueron diseñadas, pero aún no están siendo sustituidas por nuevas lanchas. Los últimos contratos de suministro de estos barcos están ejecutándose a cuentagotas, con retrasos y
deficiencias estructurales y de estabilidad que se están corrigiendo continuamente, como está sucediendo con las ocho patrulleras de alta velocidad o como ocurrió con la patrullera 'Cóndor'. Además, no está garantizado que ninguno de los nuevos
buques sea destinado a alguna de las bases marítimas gallegas.
Sin embargo, la Agencia Tributaria aún no ha aportado ninguna solución para que las bases en Galicia cuenten con embarcaciones en condiciones adecuadas, pero urge adoptar medidas para garantizar los medios necesarios y que estas sean seguras
para los trabajadores y trabajadoras.
Así, la Agencia Tributaria podría adquirir las embarcaciones mediante licitaciones en las que el objeto se divida en lotes, de tal manera que la construcción no recaiga únicamente en un astillero licitador, y el suministro sea simultáneo por
los distintos adjudicatarios y no como hasta ahora, en que el encargo se hace a un único astillero, y, a pesar del establecimiento de plazos, se van retrasando las entregas pendientes.
No obstante, y para dar una solución ágil a la falta de medios náuticos en Galicia, conviene recurrir a lo dispuesto en el artículo 367 sexies 1.b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que 'podrá autorizarse la utilización
provisional de los bienes o efectos decomisados cautelarmente en los siguientes casos: b) Cuando se trate de efectos especialmente idóneos para la prestación de un servicio público'. Asimismo, el artículo 4.1 de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, que
regula el Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Relacionados, establece que 'en casos determinados, y de forma excepcional y motivada, los bienes del fondo no consistentes en dinero u otros instrumentos de pago al
portador se podrán destinar, a solicitud de los destinatarios y beneficiarios establecidos en el artículo 3.1, a la satisfacción de cualesquiera de las actividades o fines previstos en el artículo 2 de esta ley, previo acuerdo de la Mesa de
Coordinación de Adjudicaciones'.
Por lo tanto, aplicando la normativa, sería factible el uso de las embarcaciones decomisadas. Cabe destacar que el pasado 27 de agosto el propio SVA interceptó 10 embarcaciones en aguas del Estrecho de Gibraltar, las cuales fueron
incautadas y depositadas en los terrenos de 'Isla Verde Exterior' en Algeciras. Estas embarcaciones se encuentran varadas, por tanto, para evitar su deterioro material y funcional, o que generen elevados costes de almacenamiento y conservación,
podrían ser destinadas legalmente, aunque sea temporalmente, a las bases marítimas del SVA en Galicia, mientras no se materializa la renovación de los buques.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Proceder a autorizar la utilización provisional de las embarcaciones incautadas para destinarlas a las bases marítimas del SVA en Galicia, garantizando la operatividad en todas ellas, tal y como permite la legislación procesal.
2. Establecer en los pliegos de condiciones de las licitaciones de los contratos de suministro de embarcaciones para renovar la flota del SVA la división en lotes y la prohibición de adjudicar más de un lote a cualquier licitador, con el
fin de garantizar la entrega simultánea de los buques.
3. Iniciar negociaciones para su transferencia del Servicio de Vigilancia Aduanera a la Xunta de Galicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa a dotación de novas embarcación no Servizo de Vixilancia Aduaneira na Galiza para o seu debate na Comisión de Facenda e Función Pública.
Exposición de motivos
O Servizo de Vixilancia Aduaneira (SVA) é un corpo especializado da Axencia Tributaria que desenvolve funcións esenciais na loita contra o narcotráfico, o contrabando, a fraude fiscal e outros delitos económicos, especialmente relevantes na
costa galega.
Na Galiza, que conta con máis de 1.500 km, de litoral, o SVA desempeña un papel fundamental na seguranza cidadá en colaboración con outras forzas e corpos do Estado. Porén, nos últimos anos, a súa situación laboral e operativa está a verse
afectada debido a diversos factores, principalmente a falta de persoal e o avellentamento do cadro de persoal sen
relevo xeracional; a precarización das condicións laborais nunha profesión que, a pesar do duro exercicio, non está considerada de risco, que conta cunha elevada carga de traballo e sen retribución de horas extraordinarias; a
inoperatividade por falla de medios materiais suficientes e adecuados; ademais da falta dunha adecuada organización dos operativos.
Estas carencias poñen en risco a eficacia do servizo, dificultan a retención de persoal cualificado e comprometen a súa seguranza, ademais de afectar negativamente á capacidade de resposta. Debe lembrarse que foron dadas de baixa as
embarcacións das bases de Ribadeo e Muros, que se producen constantes reparacións dos barcos pola súa antigüidade e que o helicóptero con base en Vigo fica paralizado por razóns de mantemento, chegando a estar 6 meses e 1 semana parado. Así mesmo,
no mes de xullo houbo unha semana na que todas as embarcacións do SVA estiveron de reparacións en estaleiros, quedando a costa sen a debida cobertura e vixilancia.
Resulta evidente, pois a necesidade extrema de renovar a flota marítima de vixilancia aduaneira, como ven denunciando o BNG e a representación dos traballadores e traballadoras. As embarcacións teñen demasiados anos e superan sobradamente o
tempo de servizo previsto para o que foron deseñadas, porén, seguen sen ser substituídas por novas lanchas. Os últimos contratos de subministración destes barcos están executándose a conta gotas, con retrasos e con deficiencias estruturais e de
estabilidade que están a corrixirse continuamente, como está a pasar coas oito patrulleiras de alta velocidade ou como ocorreu coa patrulleira 'condor'. Ademais, non está garantido que se destine ningunha das novas embarcacións a algunha das bases
marítimas galegas.
Porén, a Axencia Tributaria non achegou aínda ningunha solución para que as bases da Galiza conten con embarcacións en condicións adecuadas, mais é urxente adoptar as medidas para garantir os medios precisos e que estes sexan seguros para os
traballadores e traballadoras.
Así, a Axencia Tributaria podería adquirir as embarcacións mediante licitacións nas que o obxecto se divida en lotes, de tal maneira que a construción non recaia só nun estaleiro licitador, e a subministración sexa simultánea polos distintos
adxudicatarios e non como até agora, en que o encargo a un só estaleiro, a pesar do estabelecemento de prazos, vén retrasando as entregas pendentes.
No entanto, e para dar unha solución áxil á falta de medios náuticos na Galiza, considerar a utilización do previsto no artigo 367 sexies 1.b) da Lei de Axuizamento Criminal que estabelece que 'poderá autorizarse a utilización provisional
dos bens ou efectos comisados preventivamente nos seguintes casos: b) Cando se trate de efectos especialmente idóneos para a prestación dun servizo público'. Así mesmo, o artigo 4.1 da Lei 17/2003, de 29 de maio, que se regula o Fondo de bens
comisados por tráfico ilícito de drogas e outros delitos relacionados recolle que 'en casos determinados, e de forma excepcional e motivada, os bens do fondo non consistentes en diñeiro ou outros instrumentos de pagamento ao portador poderanse
destinar, a solicitude dos destinatarios e beneficiarios establecidos no artigo 3.1, á satisfacción de cales queira das actividades ou fins previstos no artigo 2 desta lei, previo acordo da Mesa de Coordinación de Adxudicacións'.
Por tanto, aplicando a normativa, sería factíbel o uso de embarcacións comisadas. Cabe destacar que o 27 de agosto o propio SVA interceptou 10 embarcacións en augas do Estreito de Xibraltar, que foron incautadas e depositadas nos terreos de
'Illa Verde Exterior' en Alxeciras. Estas embarcacións fican varadas, por tanto, para evitar a súa deterioración material e funcional, ou que xeren elevados gastos de depósito e conservación, poderían ser licitamente destinadas, aínda que fose de
forma provisional, ás bases marítimas do SVA na Galiza, mentres non se materializa a renovación das naves.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Proceder a autorizar a utilización provisional das embarcacións incautadas para destinalas ás bases marítimas do SVA na Galiza, asegurando a operatividade en todas elas, tal e como permite a lexislación procesual.
2. Estabelecer nos pregos de condicións das licitacións dos contratos de subministración de embarcacións para renovar a frota do SVA a división en lotes e a prohibición de adxudicar máis dun lote a calquera licitador, co fin de garantir a
entrega simultánea das naves.
3. Inicie as negociacións para a transferencia do Servizo de Vixilancia Aduaneira á Xunta da Galiza.'
En Madrid, a 29 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Interior
161/002550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para proceder a la ejecución urgente
de las obras de la Comisaría de Policía Nacional en Ronda, así como el aumento del catálogo de efectivos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Comisaría de Policía Nacional de Ronda está ubicada junto a la avenida de Málaga, una de las arterias principales de la localidad, y cuenta con una superficie construida de 854 metros cuadrados sobre una parcela de 1.000 metros cuadrados.
Su renovación es una de las asignaturas pendientes de la localidad.
El 8 de enero de 2020, los diputados del Partido Popular en el Congreso se interesaron por las nuevas instalaciones de la Comisaría de Policía de Ronda, un edificio de más de 30 años que se encontraba en un estado deplorable y actualmente en
ruinas.
La respuesta del Gobierno, el 6 de febrero de 2020, fue la siguiente:
'En relación con las preguntas formuladas, se informa que para la Comisaría de Ronda se ha encargado la redacción del proyecto básico y de ejecución de reforma y ampliación de la Comisaría de la Policía Nacional en Ronda, avenida de Málaga
9, Ronda (Málaga). Dicho proyecto se encuentra en estos momentos en la Oficina de Supervisión de Proyectos, pendiente de la obtención de su visto bueno. Las obras del referido proyecto podrán acometerse cuando lo permitan las disposiciones
presupuestarias.'
Sin que desde esa fecha se iniciase ninguna obra de mejora en la Comisaría de Ronda, nuevamente, el 2 de septiembre de 2024, el Gobierno respondió a preguntas de los diputados del Partido Popular afirmando lo siguiente:
'En relación con la pregunta formulada, se señala que los técnicos del Área de Infraestructuras Policiales de la Dirección General de la Policía están actualmente redactando la actualización del proyecto de rehabilitación integral de la
Comisaría Local de Ronda.
Una vez se disponga de dicho proyecto redactado y cuente con el visto bueno de la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio del Interior, se remitirá a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios
para la Seguridad, para que proceda a gestionar la licitación de las obras del proyecto en cuestión. Mientras se ejecutan las obras, se ha trasladado la plantilla al completo a una nueva ubicación, sita en la calle Río Tinto de la localidad de
Ronda, tras un acondicionamiento previo del local. Una vez finalizadas las obras, se volverá a trasladar a todo el personal a su ubicación original.'
Cuando se acaban de cumplir tres años desde que se paralizaron las obras de remodelación de la Comisaría de Policía Nacional de Ronda, el Ministerio del Interior, en lugar
de retomar los trabajos, tal y como ha reclamado el Ayuntamiento y los sindicatos policiales, ha procedido a tapiar todas las puertas y ventanas del inmueble para impedir que puedan acceder a su interior ladrones y okupas, como ha ocurrido
en ocasiones anteriores.
Maleza, vallas improvisadas y ventanas tapiadas para evitar la acción de los vándalos. Esta es la imagen que presenta el edificio de la Comisaría de la Policía Nacional de Ronda, cuyas obras de rehabilitación se encuentran paralizadas desde
hace tres años.
Mientras tanto, los efectivos de la Policía Nacional siguen prestando sus servicios de forma precaria en las instalaciones provisionales que se habilitaron hace ahora aproximadamente tres años, en una nave abandonada del Polígono Industrial,
en unas dependencias que, además de no contar con calabozos para los arrestados (que tienen que ser trasladados a los de la Policía Local), tampoco disponen de un sistema de climatización adecuado, entre otras carencias.
Desde el Ministerio del Interior siguen sin concretar fecha de licitación. Al mal estado de la edificación se suma que el 20 % de la plantilla está de baja y existen vacantes sin cubrir, lo que conlleva una merma importante de los servicios
que se prestan en Ronda, una localidad eminentemente turística y que necesita más presencia policial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la inmediata licitación y ejecución de las obras de la Comisaría de Policía Nacional en Ronda.
2. Ampliar el catálogo de efectivos de la Comisaría de Policía Nacional de Ronda, por la gran afluencia de población flotante que recibe, como consecuencia del enorme potencial turístico que tiene la ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-Isabel Gema Pérez Recuerda, Mario Cortés Carballo y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al rescate de la concesión y
liberalización del peaje de la AP-9 (Autopista del Atlántico) y de la AP-66 (Autopista del Huerna), para para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Los peajes de la AP-66 (Autopista del Huerna) y la AP-9 (Autopista del Atlántico) constituyen desde hace décadas una carga económica para ciudadanos y empresas de Asturias y Galicia, generando un agravio comparativo respecto a otros
territorios en los que el Estado ha liberado peajes en vías de alta capacidad.
La AP-66 es la principal y prácticamente única vía de alta capacidad que conecta Asturias con la Meseta central. Alternativas como la antigua N-630 por el puerto de Pajares no ofrecen condiciones competitivas, especialmente en invierno, lo
que convierte al peaje del Huerna en un cuello de botella obligatorio para mercancías, turismo y movilidad cotidiana con el resto de España.
Por su parte, la AP-9 no solo es la salida natural de Galicia hacia la Meseta, enlazando con la A-6, sino también la columna vertebral interna de la comunidad, vertebrando de sur a norte su litoral atlántico y conectando las principales
ciudades, puertos y áreas industriales. Su carácter estructural para la economía gallega hace que el mantenimiento del peaje penalice tanto la competitividad exterior como la cohesión interna.
La Comisión Europea remitió al Gobierno un Dictamen motivado de fecha 17 de julio en el que solicita a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública. En concreto considera que las prórrogas de las concesiones de
estas autopistas constituyen una modificación sustancial equiparable a la adjudicación de un nuevo contrato de concesión y, por lo tanto, tendrían que haberse sometido a un procedimiento de licitación competitivo, de acuerdo con los principios de
igualdad de trato y transparencia, a los que obligan las directivas en esta materia.
A partir de dicha notificación el Gobierno de España dispuso de un plazo de dos meses para adoptar la respuesta y formular las medidas que estimase necesarias y, en función de las mismas, las autoridades comunitarias podrían elevar la
controversia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Hemos conocido por los medios de comunicación, el 17 de septiembre, que el Gobierno que preside Pedro Sánchez se opuso al Dictamen formulando un recurso con alegaciones ante la Comisión Europea, defendiendo la legalidad de las prórrogas,
pero sin aportar soluciones definitivas ni alternativas reales al cumplimiento de la normativa que garanticen la igualdad de trato con el resto de CCAA.
Esta decisión gubernamental ha causado una enorme decepción a la sociedad asturiana y gallega, que confiaba en que la respuesta a este Dictamen fuera una oportunidad para avanzar en el objetivo del rescate de estas autopistas estatales y la
liberación de los peajes, por entender que esta es la alternativa más ventajosa para el interés público.
Y es que Asturias y Galicia no pueden seguir siendo la excepción en la red estatal de alta capacidad respecto a otros territorios en los que el Estado ha liberado los peajes de autopistas.
No puede el Gobierno desconocer que el coste acumulado de los peajes de la AP-9 y de la AP-66 ha amortizado sobradamente las inversiones iniciales, y que por tanto su mantenimiento supone hoy una penalización injustificada para miles de
familias y empresas.
Además el rescate de estas concesiones y la eliminación de los peajes implicará beneficios ambientales, de seguridad viaria, de calidad de vida, de ahorro de tempo y de competitividad.
Por todas estas razones el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, aprovechando el reciente Dictamen de la Comisión Europea, adopte el acuerdo de iniciar de inmediato la tramitación del rescate de la concesión y liberalización del peaje de la Autopista
del Atlántico AP-9 y de la Autopista del Huerna AP-66, por ser esta la alternativa más ventajosa para el interés público, traer aparejados importantes beneficios sociales, ambientales y de seguridad vial, y por contribuir a la mejora de la calidad
de vida, ahorro de tiempo y mayor competitividad para los usuarios de estas infraestructuras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-Esther Llamazares Domingo, María Mercedes Fernández González, Silverio Argüelles García, Miguel Tellado Filgueira, Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja Gómez, Álvaro
Pérez López, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Cristina Abades Martínez, Ana Belén Vázquez Blanco, Rosa Quintana Carballo, Celso Luis Delgado Arce, Irene Garrido Valenzuela, Pedro Puy Fraga, Juan Andrés Bayón Rolo, Silvia
Franco González y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002494
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa al cumplimiento de la Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021 y a la realización de una auditoría independiente de las cuentas de la Seguridad Social.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 3 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley relativa al cumplimiento de la
Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021 y a la realización de una auditoría independiente de las cuentas de la Seguridad Social, para su debate y aprobación en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, recoge en su Disposición adicional sexta que:
'En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no
contributiva de la Seguridad Socia(...). Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos
conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.'
Este mandato legal no se ha cumplido. Por ello, la auditoría pendiente debería ampliarse al período comprendido entre 1967 y 2024. Cabe recordar que esta exigencia ha sido defendida de forma constante por diferentes plataformas de
pensionistas y, especialmente, por la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE).
Además, el Tribunal de Cuentas reconoció el 22 de marzo de 2022, en comparecencia parlamentaria, que el Estado había hecho uso de las cotizaciones sociales para sufragar gastos ajenos a la esencia contributiva del sistema. La Presidencia
del Tribunal cuantificó en más de 103 690 millones de euros los gastos asumidos por la Seguridad Social entre 1989 y 2018 en partidas que no tendría que haber sido financiadas por la Administración General del Estado.
Estos gastos indebidos incluyen prestaciones de carácter asistencial, políticas fiscales e incentivos al empleo a través de reducciones de cuotas, gastos de funcionamiento de medidas de apoyo a las familias. De acuerdo con las
recomendaciones del Pacto de Toledo, estos conceptos deberían recaer sobre los Presupuestos Generales del Estado, y no sobre las cotizaciones de las personas trabajadoras.
Tal y como establece el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las cotizaciones constituyen un patrimonio único e independiente
del Estado, destinado exclusivamente a la protección social de las personas trabajadoras. Su uso indebido desvirtúa el sistema y pone en riesgo la confianza en su sostenibilidad.
Por todo ello, es urgente e imprescindible que el Gobierno del Estado dé cumplimiento al mandato legal pendiente, realice la auditoría independiente de las cuentas de la Seguridad Social y la presente a la Comisión de Seguimiento y
Evaluación del Pacto de Toledo, ampliando el análisis hasta el año 2024.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Cumplir con lo establecido en la Disposición adicional sexta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, y encargar de forma inmediata una auditoría independiente de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, a cargo del Tribunal de
Cuentas.
2. Ampliar el ámbito temporal de la auditoría al período comprendido entre 1967 y 2024, con el objetivo de garantizar la máxima transparencia y rigor en la identificación de los gastos de naturaleza no contributiva y otros cargos ajenos al
sistema.
3. Presentar los resultados de la auditoría en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, con el objetivo de valorar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de
Pensiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició No de Llei relativa al compliment de la
Disposició Addicional sisena de la Llei 21/2021 i a la realització d'una auditoria independent dels comptes de la Seguretat Social per al seu debat i aprovació a la Comissió de Treball, Economia Social, Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Exposició de motius
La Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, estableix en la seua Disposició addicional sisena que:
'En el termini màxim d'un mes des de l'aprovació d'aquesta llei, el Govern encarregarà l'elaboració d'un informe d'auditoria relatiu als ingressos provinents de les cotitzacions socials i a les despeses de naturalesa contributiva i no
contributivade la Seguretat Social (...). Aquest informe, que es realitzarà en un termini màxim de sis mesos per a la seua elevació a la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo, comprendrà la quantificació d'aquests
conceptes i el seu finançament durant el període comprés entre els anys 1967 i 2019, ambdós inclosos.'
Aquest mandat legal no ha estat complit. Per això, l'auditoria pendent hauria d'ampliar-se al període comprés entre 1967 i 2024. Cal recordar que aquesta exigència ha estat defensada de manera constant per diferents plataformes de
pensionistes i, especialment, per la Coordinadora Estatal per a la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE).
A més, el Tribunal de Comptes va reconéixer el 22 de març de 2022, en compareixença parlamentària, que l'Estat havia fet ús de les cotitzacions socials per a sufragar despeses alienes a l'essència contributiva del sistema. La Presidència
del Tribunal va quantificar en més de 103.690 milions d'euros les despeses assumides per la Seguretat Social entre 1989 i 2018 que en partides que haurien d'haver hagut sigut finançades per l'Administració General de l'Estat.
Aquestes despeses indegudes inclouen prestacions de caràcter assistencial, polítiques fiscals i incentius a l'ocupació a través de reduccions de quotes, despeses de funcionament do mesures de suport a les famílies. D'acord amb les
recomanacions del Pacte del Toledo, aquests conceptes haurien de recaure sobre els Pressupostos Generals de l'Estat, i no sobre les cotitzacions de les persones treballadores.
Tal com estableix l'article 103 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, les cotitzacions constitueixen un patrimoni únic i independent de l'Estat,
destinat exclusivament a la protecció social de les persones treballadores. El seu ús indegut desvirtua el sistema i posa en risc la confiança en la seua sostenibilitat.
Per tot això, és urgent i imprescindible que el Govern de l'estat done compliment al mandat legal pendent, realitze l'auditoria independent dels comptes de la Seguretat Social i la presente a la Comissió de Seguiment i Avaluació del Pacte de
Toledo, ampliant l'anàlisi fins l'any 2024.
Per tot l'exposat anteriorment, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés insta el Govern a:
1. Complir amb allò establir en la Disposició addicional sisena de la Llei 21/2021, de 28 de desembre, i encarregar de manera immediata una auditoria independent dels ingressos i despeses de la Seguretat Social, a càrrec del Tribunal de
Comptes.
2. Ampliar l'àmbit temporal de l'auditoria al període comprés entre 1967 i 2024, amb l'objectiu de garantir la màxima transparència i rigor en la identificació de les despeses de naturalesa no contributiva i altres càrregues alienes al
sistema.
3. Presentar els resultats de l'auditoria en la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo, a fi de valorar les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del Sistema Públic de Pensions.'
Palau del Congrés, 24 de setembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada de Compromís.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria y Turismo
161/002534
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a la transparencia y la continuidad del proyecto de refinería de litio verde en Torrelavega (Cantabria).
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el último punto procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley relativa a la transparencia y la continuidad del proyecto de refinería de litio verde en Torrelavega (Cantabria), para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El proyecto de refinería de litio verde en Torrelavega, inicialmente impulsado por la empresa portuguesa Bondalti a través de su filial Lifthium Energy, fue considerado estratégico para la transición energética y la creación de empleo en la
comarca del Besaya, al producir hidróxido de litio para baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.
Contaba con 21 millones de euros del PERTE VEC III y otros incentivos europeos, reflejando su relevancia industrial y ambiental.
Recientemente, Bondalti ha renunciado a dicha financiación, alegando incompatibilidad con los plazos y condiciones del programa, lo que pone en riesgo la viabilidad del proyecto.
La empresa explora actualmente la posible reubicación del proyecto en Portugal, generando incertidumbre sobre la continuidad de la inversión y los empleos en Torrelavega. Aunque no hay confirmación oficial, la prensa apunta al inicio de los
trámites en Portugal; por otro lado, el presidente de la compañía, João de Mello, afirmó en el medio luso ECO que, de seguir adelante, el proyecto se ubicaría en la localidad de Estarreja, en Aveiro.
Esta situación se enmarca en la crisis industrial histórica de la comarca del Besaya, caracterizada por pérdida de empleo y cierre de empresas, aumentando la vulnerabilidad económica y social de la región.
Por todo ello, es urgente garantizar transparencia y rendición de cuentas sobre las gestiones realizadas por el Gobierno de España y el Gobierno de Cantabria para proteger el proyecto, la inversión y los empleos asociados.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Garantizar la continuidad del proyecto de refinería de litio verde en Torrelavega, adoptando todas las medidas necesarias para mantener la inversión y la creación de empleo en la comarca del Besaya.
- Facilitar transparencia total sobre cualquier negociación o decisión relacionada con la posible reubicación de la planta, incluyendo causas técnicas, económicas o administrativas.
- Coordinar con el Gobierno de Cantabria, promoviendo una política conjunta que garantice la inversión de Bondalti en la planta cántabra.
- Comparecer ante el Pleno, mediante la comparecencia del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, para informar en un plazo máximo de 15 días sobre todas las gestiones realizadas respecto al proyecto, la financiación del PERTE VEC III y
los incentivos ofrecidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el turismo verde y de interior, vinculado a la movilidad sostenible,
vías verdes, movilidad en bicicleta y actividades no contaminantes, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El turismo constituye un pilar fundamental de la economía española. No obstante, el modelo tradicional de turismo masificado y dependiente de medios-contaminantes ha evidenciado sus limitaciones tanto en términos medioambientales como
sociales. En este contexto, se hace imprescindible promover modelos de turismo más respetuosos con el entorno natural y el equilibrio territorial.
El turismo verde, sostenible y ecológico representa una alternativa de desarrollo que favorece la conservación del medio ambiente, la dinamización del mundo rural y la diversificación de la oferta turística. Iniciativas como las vías
verdes, la movilidad ciclista, el senderismo, el ecoturismo o los alojamientos sostenibles, están siendo cada vez más valoradas tanto por la ciudadanía como por visitantes nacionales e internacionales.
De hecho, el impulso de este tipo turismo está teniendo un reconocimiento exitoso, en afluencia y visitas, en todo el norte de España, pero muy especialmente en el País Vasco, dónde, dentro de los fondos New Generation, y bajo el impulso de
la Consejería de Turismo y Consumo del Gobierno Vasco, este turismo se ha configurado como uno de los pilares fundamentales de la oferta turística de Euskadi, dónde cuenta con un aumento creciente de impuso de las administraciones públicas
competentes, el soporte del sector económico,
empresarial y social de las distintas comarcas y territorios vascos. Además, el turismo sostenible está recibiendo el apoyo de la ciudadanía que son más cercanos a su desarrollo y cuya convivencia y calidad de vida es preciso hacer
compatible con la actividad turística.
En Euskadi, como ya he adelantado, la apuesta por el turismo sostenible se ha consolidado como una de las principales actuaciones en torno a la actividad turística por su carácter sostenible -cuidando a las personas residentes en los lugares
visitados y cuidando especialmente el patrimonio natural y cultural de dichos espacios. En ese sentido es especialmente relevante la apuesta interinstitucional, entre las que destaca, la sostenida por el Departamento de Movilidad, Turismo y
Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ha puesto en valor el mapa de vías verdes del territorio guipuzcoano y la vinculación al turismo ecológico con la movilidad sostenible y, en especial, la movilidad en bicicleta,
habiéndose convertido en uno de los destinos europeos destacados de cicloturismo.
Así mismo, la nueva campaña de Turespaña, 'Slow Travel: Think Again', invita a redescubrir España desde una perspectiva pausada, auténtica y consciente. Se promueve un turismo más sostenible que prioriza la calidad frente a la cantidad,
animando a los viajeros a sumergirse en la cultura local, conectar con la naturaleza y disfrutar del patrimonio a un ritmo más lento.
Es por todo ello que desde el Grupo Socialista entendemos que hay una oportunidad para el impulso económico del país y la para la creación de empleo, y apostamos por el apoyo y desarrollo estratégico de este tipo de turismo dentro de las
líneas de actuación, priorizando su sostenimiento y soporte y la creación de nuevos proyectos dentro de las distintas CCAA y territorios competentes, colaborando y coparticipando los mismos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir impulsando, en el marco de la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, el turismo verde y de interior, en colaboración con las comunidades autónomas, las entidades locales y con el resto de las administraciones competentes, el uso
de infraestructuras como las vías verdes, caminos naturales y redes ciclistas seguras.
2. Fomentar el turismo responsable que incluya entre otras: las posibilidades de alojamiento y movilidad sostenible, el transporte no contaminante y las actividades de bajo impacto ambiental.
3. Promover iniciativas de sensibilización sobre los beneficios de un turismo respetuoso con el patrimonio natural y cultural, así como las oportunidades de desarrollo y éxito dentro del sector.
4. Promover la colaboración público-privada en la implementación y el desarrollo del turismo verde y de interior en España, especialmente en su promoción internacional y en la inclusión de España como destino líder en este ámbito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Rafaela Romero Pozo, Pepe Mercadal Baquero, Adriana Maldonado López, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Cristina López Zamora, Andreu Martín Martínez, Andrea Canelo Matito, Noelia Cobo
Pérez, María Dolores Corujo Berriel, Patricia Otero Rodríguez, María Araceli Poblador Pacheco, César Joaquín Ramos Esteban y Obdulia Taboadela Álvarez, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002547
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la ejecución y desarrollo de la Planificación de la Red de Transporte en Asturias.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 6 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la ejecución y desarrollo
de la Planificación de la Red de Transporte en Asturias, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El proceso de descarbonización acelerada de la economía española ha supuesto el cierre de las importantes centrales térmicas asturianas que no solo garantizaban la seguridad de suministro eléctrica en el principado, sino que también eran
generadoras de empleo y riqueza en la comunidad. El abundante recurso eléctrico se ha visto drásticamente reducido en los últimos años, especialmente en los que coinciden con gobiernos de Pedro Sánchez y Adrián Barbón, así de una generación
eléctrica de 12.796 GWh en 2018 (5 % de la generación nacional) se ha pasado a una generación de 7.788 GWh al cierre de 2024 (2,96 % de la generación nacional, o lo que es lo mismo se ha pasado de producir un 20 % más de la energía consumida en el
principado a ser deficitarios en un 10 %.
Una gestión energética nefasta y una transición ecológica que puede poner en riesgo la supervivencia de la industria del Principado de Asturias porque a esta pérdida de generación se le suma la electrificación creciente de la industria,
especialmente la electrointensiva, que demanda nuevas garantías de potencia, seguridad de suministro y una energía de nulas o bajas emisiones de CO2.
Asturias concentra un tejido industrial de alto consumo energético, en especial en el eje de la Comarca de Avilés-Gijón-Siero, donde se asientan empresas tractoras de gran relevancia nacional. La falta de infraestructuras de transporte
eléctrico modernas y suficientemente malladas se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento industrial, la atracción de inversiones y la creación de empleo y es que en Asturias se ha permitido el cierre de importantes centrales de producción
eléctrica sin un acompañamiento en la planificación eléctrica que modifique las redes desde los antiguos centros producción, ahora inservibles hasta la zona de consumo, generando de esta forma importantes carencias en el eje señalado.
La Planificación de la Red de Transporte 2021-2026, aprobada en marzo de 2022 por el Consejo de Ministros, ya incluía como actuación clave el anillo central de 400 kV, con proyectos como el nuevo eje Gozón-Sama y la elevación de tensión de
la línea Soto-Tabiella.
El informe INF/DE/114/21 de la CNMC, de 7 de abril de 2022, otorgó a Red Eléctrica de España autorización administrativa previa y de construcción para la línea Grado-Gozón 400 kV, declarando su utilidad pública y señalando como motivación
principal 'la seguridad de suministro de la zona de Avilés, la reducción de restricciones de generación y la integración de renovables'. La puesta en servicio estaba prevista en 2024, pero a día de hoy la infraestructura sigue sin ejecutarse por la
responsabilidad exclusiva de los órganos administrativos responsables de la planificación y ejecución de la planificación, esto es, el gobierno de España, Red Eléctrica y el Principado de Asturias.
Mientras tanto, el Gobierno ha anunciado en prensa el refuerzo del denominado 'escudo eléctrico', orientado a reposiciones más rápidas del suministro tras apagones. Este anuncio, sin embargo, contrasta con la inacción en Asturias: ningún
escudo sirve si la red no dispone de potencia suficiente para alimentar a la industria. La falta del anillo central no solo impide nuevas inversiones, sino que condiciona el presente de empresas como Asturiana de Zinc, a las que no se les autoriza
toda la potencia que demandan y que supone de facto un estrangulamiento al proceso de descarbonización de la industria asturiana y un cuello de botella para la atracción de nueva industria a una tierra que por la desidia y falta de liderazgo
regional, está perdiendo el tren de la transición ecológica.
El propio Principado de Asturias ha reconocido públicamente que 'sin el anillo eléctrico no se podrían asegurar inversiones'. Esta urgencia fue defendida por el Grupo Popular en la Junta General mediante una Proposición no de Ley debatida
el 5 de febrero de 2025, que fue rechazada por la mayoría parlamentaria socialista y sus socios, pese a la evidencia técnica y regulatoria de la necesidad de la actuación.
Por todo ello, resulta inaplazable que el Gobierno de España asuma su responsabilidad y ejecute las actuaciones de refuerzo previstas en la actual planificación energética, especialmente el Anillo Central Eléctrico de Asturias, elemento
indispensable para garantizar el futuro industrial y energético de la región.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ejecutar sin dilación las actuaciones previstas en la vigente Planificación de la Red de Transporte 2021-2026 en el Principado de Asturias, incluida la construcción del anillo central eléctrico de 400 kV y las conexiones Gozón-Sama y
Soto-Tabiella.
2. Iniciar de forma urgente los trámites necesarios para la ejecución del proyecto del dispositivo 1, en especial los relativos a trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa
de construcción y declaración de utilidad pública.
3. Dar efectividad a la autorización de la CNMC y garantizar la entrada en servicio de la línea Grado-Gozón 400 kV, cuya utilidad pública fue declarada en 2022 y cuya fecha prevista de puesta en marcha era 2024.
4. Asegurar la disponibilidad de potencia suficiente para atender la demanda de las industrias electrointensivas ya implantadas y de nuevos proyectos que pretendan desarrollarse en Asturias.
5. Incorporar en la próxima planificación de la red (horizonte 2031) las actuaciones complementarias necesarias para reforzar el mallado eléctrico en el norte de España, asegurando igualdad de oportunidades competitivas respecto a otros
territorios.
6. Presentar ante esta Comisión de Industria y Turismo, en el plazo máximo de seis meses, un informe detallado sobre el grado de ejecución de las actuaciones de refuerzo
de la red en Asturias, con calendario actualizado, inversiones previstas y responsables de su cumplimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-Esther Llamazares Domingo, Francisco José Conde López, Juan Diego Requena Ruiz, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Silverio Argüelles García, Mirian Guardiola
Salmerón, Laura María Lima García, José Ignacio Romaní Cantera, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, José Vicente Marí Bosó, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel
Velasco Retamosa, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso y apoyo de la industria de fabricación de baterías, pilar de la
transición energética y eje del nuevo modelo económico de España, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La industria de baterías constituye un sector clave en el proceso de transformación productiva que España está acometiendo en el marco de la transición ecológica, la digitalización de la economía y el refuerzo de la autonomía estratégica
industrial. La electrificación del transporte y el desarrollo de una movilidad sostenible dependen de la capacidad para producir baterías avanzadas, eficientes y sostenibles.
España, gracias al impulso del PERTE VEC y a su ecosistema industrial de automoción, cuenta con una oportunidad histórica para consolidar una cadena de valor completa en torno a la producción de baterías. Este programa tiene como objetivo
desarrollar capacidad industrial para la fabricación de baterías destinadas al vehículo eléctrico, incrementar la producción de componentes esenciales como celdas, módulos, BMS o electrolitos, y fomentar la recuperación de materias primas
estratégicas como litio o cobalto.
En el contexto europeo, la Alianza Europea de Baterías y el Plan Estratégico de Acción en Materia de Baterías sitúan a este sector como una prioridad absoluta para garantizar la competitividad de la industria automovilística y liderar la
transición hacia una economía descarbonizada. Europa se enfrenta a un mercado que, a partir de 2025, podría alcanzar los 250.000 millones de euros anuales, lo que exige la puesta en marcha de gigafactorías y un ecosistema integrado de innovación,
sostenibilidad y empleo de calidad.
La industria española de baterías cumple con todos los criterios que deben guiar el nuevo modelo productivo: es intensiva en conocimiento, innovación e inversión en l+D+i; genera empleo de alta cualificación y estable; y contribuye a la
descarbonización de uno de los sectores con mayores emisiones, el transporte. Además, esta industria refuerza la soberanía tecnológica e industrial europea, al tiempo que impulsa la cohesión territorial mediante proyectos de fabricación y reciclaje
distribuidos en distintas comunidades autónomas.
Desde el Gobierno ya se han dado pasos relevantes: el PERTE de movilidad sostenible y conectada, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Estos instrumentos, junto con la
estrategia europea, abren una ventana de oportunidad para situar la industria de baterías como un sector prioritario de inversión, desarrollo y planificación estatal.
En definitiva, España se encuentra en disposición de convertirse en un actor principal en la producción de baterías eléctricas en Europa, integrando sostenibilidad, innovación y
competitividad en un sector llamado a ser uno de los motores de la nueva economía verde y digital.
Prueba de ello son los proyectos que ya están en marcha en nuestro país, en diferentes grados de desarrollo y que han recibido ayudas públicas a través de diferentes vehículos: Volkswagen está levantando en Sagunto, una planta que contará
con una capacidad de producción de celdas de baterías de 40 GWh, ampliables a 60 en un futuro si fuese necesario. La china Envision, hará una gigafactoría en Navalmoral de la Mata (Cáceres). El grupo Stellantis, el mayor fabricante de coches de
España, construirá en Zaragoza de la mano de la china CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, otra planta con una inversión de 4.100 millones. Una de las últimas inversiones anunciadas prevé la creación de más de 450 empleos en una planta
en Navarra de la mano de la empresa surcoreana Hyundai mobis (sexto proveedor mundial del sector de la automoción) con la previsión de fabricar 360.000 sistemas de baterías al año para VW.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en consonancia con el compromiso del Gobierno con la transición ecológica, la reindustrialización verde, el empleo de calidad y la vertebración territorial:
1. Seguir apostando por la fabricación nacional de baterías y poner en valor, las inversiones comprometidas en los proyectos previstos en distintos puntos de nuestra geografía y que son garantía de futuro industrial para nuestro país,
garantizando al mismo tiempo que los procesos de fabricación sean sostenibles y se introduzcan desde su inicio en la economía circular.
2. Continuar impulsando actuaciones y medidas de apoyo a estas inversiones y estudiar la atracción de otras inversiones similares en otros puntos del territorio.
3. Estudiar la realización de acciones conjuntas, en colaboración con las comunidades autónomas, que apoyen la localización de estas empresas de fabricación de baterías y otras industrias estratégicas relacionadas entorno a clústeres ya
existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-Adriana Maldonado López y Pepe Mercadal Baquero, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar liquidez,
certidumbre y eficacia industrial en la ejecución de los fondos europeos, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La industria española atraviesa un momento decisivo donde tiene que competir en una doble transición tecnológica y energética que exige inversión sostenida, seguridad regulatoria y acceso a la financiación pública europea. El Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR) y los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), nacieron para reforzar la productividad, impulsar la innovación y desarrollar capacidades industriales en Europa. Sin embargo, la
experiencia de estos años muestra que la ejecución en España está generando cuellos de botella que amenazan con
dilapidar una oportunidad histórica y, lo que es más grave, con frenar decisiones de inversión privada imprescindibles para modernizar nuestro tejido productivo.
En la recta final de la ejecución del MRR, la incapacidad del Gobierno ha encendido alarmas urgentes en el tejido productivo. La primera alarma son resoluciones favorables que no se traducen en pagos a tiempo. En múltiples convocatorias
del Ministerio de Industria y Turismo, las empresas han recibido resolución definitiva de concesión, pero permanecen meses sin hacerla valer de manera formal y, por tanto, sin obtener desembolso.
Este desfase bloquea la caja, impide iniciar los proyectos y obliga a retrasar, o incluso a renunciar, a inversiones en nuevas líneas productivas, de descarbonización y de digitalización. Es paradigmático lo sucedido en convocatorias
industriales recientes (por ejemplo, automoción), con un elevado porcentaje de proyectos esperando aún las resoluciones de concesión. Si los pagos se retrasan, la ventana de ejecución se comprime y se multiplican las renuncias al no poder asumir el
riesgo financiero y operativo.
La segunda alarma tiene que ver con los posibles retrasos en las convocatorias pendientes de publicación y las resoluciones correspondientes, ahora bajo la tutela de SEPIDES, una vez que el Ministerio de Industria y Turismo ha dejado patente
su incapacidad de gestión. Con los retrasos que se están produciendo en estas convocatorias se estrechan los plazos materiales de ejecución y se eleva el riesgo de pérdida de ayudas. En programas para la descarbonización industrial, la industria
agroalimentaria, los semiconductores o la automoción, la demora en resolver y pagar deja a las empresas con una ventana operativa mínima para culminar inversiones que son complejas (hornos, electrificación de procesos, captura de CO2) que requieren
planificaciones y paradas de planta que no se improvisan.
Son las líneas bajo responsabilidad del Ministerio de Industria y Turismo las que concentran, precisamente, la compresión de calendario y los cuellos de botella administrativos, por lo que es imprescindible exigir al Ministerio obligaciones
de calendario vinculante de resoluciones y pagos, una reprogramación ágil hacia instrumentos con alta demanda y ventanillas abiertas que favorezcan la absorción final en lo que queda de 2025 y hasta la finalización del programa en agosto de 2026.
La Comisión Europea, en su hoja de ruta 'NextGenerationEU-The road to 2026', insta a los Estados Miembros a revisar los Planes antes de finales de 2025 y ofrece medidas de flexibilidad: ampliar las medidas con mayor demanda, sustituir
objetivos inalcanzables, fraccionar proyectos no terminables a tiempo, y reorientar recursos hacia mecanismos como InvestEU o iniciativas STEP (tecnologías estratégicas). Con la nueva adenda anunciada por el Gobierno para noviembre serán ya siete
las modificaciones del Plan de Recuperación y Resiliencia. A pesar de la incapacidad manifiesta del Gobierno, España debe activar ya estas palancas desde el Ministerio de Industria y Turismo para garantizar la ejecución del 100 % de los fondos
asignados al Ministerio y maximizar el impacto industrial.
La IGAE evidencia en sus publicaciones mensuales que necesitamos un entorno de reprogramación y cambios de crédito muy intensos en las secciones vinculadas a política industrial y transición energética. Hasta final de julio de 2025, sólo se
han liberado pagos por 2.001 millones de euros, lo que representa apenas el 10,6 % de los 18.774 millones de euros de créditos definitivos del MRR previstos para este año, a pesar de tener presupuestados 15.400 M menos que en 2024. Ni reduciendo
los fondos casi un 50 %, el Gobierno es capaz de mejorar su eficacia gestora.
En el Extracto de las Estadísticas de Ejecución (agosto 2025) se observa un elevado volumen de incorporaciones de remanentes y créditos generados por ingresos europeos, señal de que los ajustes administrativos continúan avanzado 2025,
mientras la materialización de los pagos efectivos a beneficiarios finales sigue tensionada por la secuencia 'resolución-concesión-desembolso'. Esto justifica las alarmas de las empresas y cómo las resoluciones de los proyectos se dilatan en el
tiempo y las empresas no reciben los pagos a tiempo, lo que exige con urgencia la concreción de calendarios de pago vinculantes y anticipos para no estrangular la caja de las empresas industriales.
Además, el informe más reciente de Funcas sobre los Next Generation señala la brecha entre desembolsos recibidos de la UE y ejecución interna efectiva. A mediados de 2025, España figura entre los países que han recibido más transferencias
europeas, pero tan solo
'menos de un tercio' de los créditos se han transformado en pagos reales, con una tasa de ejecución decreciente. Funcas advierte que esta paradoja de ser líder en Bruselas, pero un rezagado con la economía real, amenaza el impacto
transformador de los fondos y aumenta el riesgo de no agotar a tiempo el tramo de subvenciones y, sobre todo, los préstamos, si no se acelera drásticamente la gestión. Por tanto, también se justifica la alarma de las industrias sobre los retrasos
en resoluciones y en convocatorias por venir.
Será especialmente critico programar de forma realista los picos de pagos del PRTR y evitar la concentración de desembolsos a finales de ejercicio. En el ámbito industrial, con inversiones intensivas en capital y plazos de instalación
largos, que se retrasen pagos a finales de 2025 equivaldría a forzar renuncias o ejecuciones ineficientes, comprometiendo el efecto tractor en cadenas de valor y proveedores.
A ello se suma un problema estructural de tramitación y burocracia con plazos reales de muchos procedimientos que triplican los plazos legales, con esperas de más de un año para autorizaciones clave. La falta de ventanilla única efectiva,
la heterogeneidad documental y la inseguridad en la resolución de expedientes multiplican costes y tiempos, desincentivando la inversión industrial, especialmente en pymes. Estas ineficiencias, han sido ampliamente diagnosticadas por la Alianza por
la Competitividad de la Industria.
Esta doble alarma, tiene impactos muy concretos: liquidez (las empresas no pueden adelantar inversiones intensivas en capital), calendario industrial (la ventana hasta 2026 es insuficiente si las concesiones y pagos se siguen retrasando) y
decisiones de inversión (incertidumbre que se traduce en cancelaciones o renuncias), dañando cadenas de valor estratégicas como la automoción, la alimentación, los semiconductores o inversiones vinculadas a la descarbonización.
Cabe recordar de nuevo al Ministerio de Industria y Turismo que el objetivo no es 'gastar por gastar', sino invertir bien y a tiempo para reforzar capacidades productivas, innovación y empleo de calidad. Para ello, la política industrial
debe lograr un calendario de resoluciones y pagos previsible y vinculante y una simplificación radical de trámites y autorizaciones que reduzcan los plazos reales y la carga administrativa. Todo ello con máxima transparencia, evaluación de impacto
y rendición de cuentas.
El Grupo Parlamentario Popular ha venido advirtiendo de estas carencias de gestión y proponiendo medidas para que los fondos europeos impulsen la reindustrialización, la productividad y la cohesión territorial, en línea con la agenda europea
de autonomía estratégica abierta. Corregir los fallos de ejecución no es un fin partidista, es una necesidad económica y social para no perder la inversión privada que decide dónde localizar plantas, proveedores y empleo.
España aún está a tiempo de enderezar el rumbo, pero exige la publicación de calendarios de pagos y resoluciones, habilitar ventanillas abiertas y una reprogramación realista de los recursos hacia las líneas más demandadas del Ministerio de
Industria y Turismo. Muchas inversiones, hoy con una enorme incertidumbre de que puedan ser una realidad, podrían ejecutarse a tiempo si se resuelven rápidamente las convocatorias pendientes y se refuerza la capacidad de gestión.
Es prioritario evitar el 'efecto precipicio' en 2026. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Publicar, en el plazo de dos meses, un calendario vinculante para lo que resta de 2025 y 2026 de resoluciones y pagos de los PERTEs dependientes del Ministerio de Industria y Turismo, con fechas de resoluciones provisionales,
resoluciones de concesión y pagos, actualización mensual y comparecencia trimestral ante esta Comisión de Industria y Turismo sobre su cumplimiento.
2. Implantar ventanillas permanentes en los programas consolidados del Ministerio de Industria y Turismo y publicar un calendario indicativo de convocatorias MRR del
Ministerio hasta agosto de 2026, con evaluaciones periódicas que reduzcan picos y mejoren la preparación de proyectos.
3. Impulsar procedimientos extraordinarios de simplificación para la recta final del MRR, aplicando, dentro del marco legal, procedimientos simplificados en las convocatorias que deban cerrarse antes de agosto de 2026, como por ejemplo la
tramitación electrónica prioritaria, para lograr plazos de resolución reducidos.
4. Reprogramar de manera inmediata créditos no adjudicados en las convocatorias publicadas, créditos no ejecutados por renuncias de las empresas, y créditos con riesgo de no ejecución en los programas existentes, a inversiones con alta
demanda y capilaridad, priorizando proyectos técnicamente solventes y tractores.
5. Convertir el segundo bloque del MRR (préstamos) dependientes del Ministerio de Industria y Turismo en instrumentos de coinversión atractivos para el tejido empresarial, con efecto multiplicador y foco en cadenas de valor industriales
estratégicas.
6. Impulsar la flexibilidad de elegibilidad y plazos para asegurar la ejecución y evitar asignaciones poco eficientes y transformadoras en las últimas convocatorias del MRR.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-Francisco José Conde López, Juan Bravo Baena, José Vicente Marí Bosó, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Esther Llamazares Domingo, Silverio Argüelles García,
Mirian Guardiola Salmerón, Laura María Lima García, José Ignacio Romaní Cantera, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel Velasco
Retamosa, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial
161/002526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la defensa de la autonomía
local y al fortalecimiento del municipio como pilar democrático y territorial del Estado, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La Constitución Española, en su artículo 137, establece que 'el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan', reconociendo a estas entidades autonomía para la gestión de
sus respectivos intereses. El artículo 140 garantiza la autonomía de los municipios y asegura que su gobierno sea de elección democrática. Asimismo, el artículo 142 proclama que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para
el desempeño de las funciones que la ley les atribuya.
Estos preceptos no son meras declaraciones, sino la esencia de nuestro modelo territorial. El municipio constituye la piedra angular de la organización del Estado, el primer espacio de ejercicio de la democracia y la institución más próxima
a la ciudadanía. Allí donde se gobierna de cerca, se gobierna mejor; allí donde los vecinos encuentran respuestas inmediatas, se fortalece la confianza en las instituciones.
El municipio es la primera puerta de la democracia, la administración que escucha, que atiende y que resuelve los problemas cotidianos con eficacia y cercanía. Allí donde
hay un municipio fuerte, hay cohesión y allí donde hay un municipio vivo, hay igualdad de oportunidades.
Sin embargo, el actual Gobierno ha mostrado una preocupante falta de atención hacia la administración local. En lugar de impulsar un marco de apoyo estable, ha convertido a los municipios en víctimas de la improvisación y la ausencia de una
estrategia clara. La insuficiencia financiera de las entidades locales se ha visto agravada por la inflación, la presión fiscal y la falta de reformas que refuercen su capacidad de gestión.
Al mismo tiempo, los ayuntamientos siguen asumiendo competencias impropias sin recursos suficientes, algo que genera una situación de asfixia que limita su eficacia. Además, el Gobierno ha recurrido en demasiadas ocasiones a cargar a los
municipios con nuevas obligaciones sin dotación presupuestaria adecuada, obligándolos a gestionar con parches lo que exige soluciones de fondo. Frente a esta realidad, es imprescindible abrir una etapa de verdadera lealtad institucional que sitúe a
los municipios en el lugar que les corresponde: como el primer eslabón del Estado, con competencias claras, financiación suficiente y un papel reforzado en la actual gobernanza multinivel.
España afronta retos demográficos, sociales y económicos de enorme calado: la despoblación en el medio rural, la presión migratoria en áreas urbanas, el encarecimiento de los servicios básicos, la digitalización pendiente o la transición
energética. Ninguno de estos desafíos podrá afrontarse con éxito si no se fortalecen los municipios como garantes de la igualdad real entre españoles, vivan donde vivan.
Sin municipios fuertes no hay cohesión territorial posible. El abandono del actual Gobierno solo debilita la estructura de España y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Es urgente poner fin a esta situación y apostar de
forma decidida por el refuerzo de la autonomía local, dotando a los ayuntamientos de los medios, la seguridad jurídica y la capacidad de gestión que les corresponden para servir con eficacia a sus vecinos.
Los municipios no son un apéndice secundario de la organización territorial, son la base sobre la que se levanta la democracia. Reforzarlos es fortalecer España; debilitarlos es abrir la puerta a la desigualdad y la fragmentación. Este
debe ser un objetivo compartido por todos: garantizar que los municipios, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, dispongan de los recursos y las herramientas necesarias para seguir siendo motor de cohesión, igualdad y futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar el papel del municipio en la organización territorial del Estado, conforme a los artículos 137 y 140 de la Constitución, situándolo en el centro de la política territorial como institución esencial de la democracia y garante de
la unidad, la igualdad y la cohesión.
2. Impulsar una reforma consensuada del sistema de financiación local, en aplicación del artículo 142 de la Constitución, para garantizar recursos suficientes, estables y equitativos que permitan a los ayuntamientos prestar servicios de
calidad en condiciones de igualdad en todo el país.
3. Asegurar la participación de los municipios en los mecanismos de gobernanza multinivel, de manera que los acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas incorporen la voz de la administración local, a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias.
4. Impulsar un plan específico para pequeños y medianos municipios, especialmente los afectados por la despoblación, que contemple inversiones, digitalización, servicios de proximidad e incentivos para la fijación de población.
5. Establecer un compromiso estable y vinculante con la autonomía local, garantizando a los ayuntamientos los medios, la seguridad jurídica y la capacidad de gestión necesarios para ejercer con plenitud sus competencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Luis María Beamonte Mesa, Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Antonio Cavacasillas
Rodríguez, María Lourdes Ramírez Martín, Carmelo Barrio Baroja, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la formación lingüística del personal sanitario en territorios con lengua
cooficial, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
El acceso a la sanidad pública en condiciones de equidad y calidad es un derecho fundamental que debe garantizarse a toda la ciudadanía. Una comunicación efectiva entre pacientes y profesionales sanitarios es clave para un diagnóstico
preciso, una atención adecuada y un trato humanizado. En los territorios con lengua cooficial, la atención sanitaria en la lengua materna de los pacientes no solo es un derecho reconocido en los Estatutos de Autonomía, sino también un factor
determinante para la seguridad y el bienestar de las personas atendidas.
La falta de conocimiento suficiente de la lengua cooficial por parte de algunos profesionales sanitarios puede suponer una barrera en la asistencia, generando incomprensión en el paciente, dificultades en la transmisión de síntomas o
instrucciones médicas y, en consecuencia, una merma en la calidad del servicio. Esta situación se acentúa en ámbitos como la atención primaria, donde la comunicación cercana con el paciente es fundamental, así como en servicios de salud mental,
pediatría o geriatría, donde la capacidad de expresión en la lengua propia puede influir de manera significativa en la confianza y la efectividad del tratamiento.
Para garantizar un acceso sanitario igualitario y sin barreras lingüísticas, es necesario impulsar planes de formación que permitan a los profesionales adquirir o mejorar sus competencias lingüísticas en las lenguas cooficiales del
territorio donde ejercen. La implementación de estos planes debe basarse en criterios de voluntariedad, adaptabilidad y reconocimiento profesional, asegurando que los sanitarios dispongan de recursos suficientes para formarse sin que ello suponga
una sobrecarga en su labor asistencial.
Desde los gobiernos socialistas, tanto a nivel estatal como autonómico, se han impulsado medidas para reforzar la calidad del sistema sanitario público y avanzar en el reconocimiento de la diversidad lingüística. En este sentido, es
imprescindible seguir trabajando en coordinación con las comunidades autónomas para dotar al personal sanitario de las herramientas necesarias que garanticen una atención eficaz y respetuosa con los derechos lingüísticos de los pacientes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Promover, en coordinación con las comunidades autónomas con lengua cooficial, planes de formación lingüística dirigidos a los profesionales sanitarios, con el objetivo de mejorar su capacidad de atención en la lengua propia del
territorio.
2. Fomentar la integración de la formación en lenguas cooficiales dentro de los programas de actualización y capacitación continua del personal sanitario, garantizando su acceso de manera gratuita y voluntaria.
3. Impulsar acuerdos con universidades y colegios profesionales, en coordinación con las comunidades autónomas con lengua cooficial, para incorporar módulos específicos sobre competencia lingüística en las lenguas cooficiales dentro de la
formación de grado y posgrado en Ciencias de la Salud.
4. Apoyar el desarrollo de materiales didácticos, recursos digitales y programas de formación adaptados a las necesidades del personal sanitario, facilitando su aprendizaje de manera flexible y compatible con su actividad asistencial.
5. Evaluar de forma periódica la implementación y efectividad de estos planes formativos, con la participación de los profesionales sanitarios y las administraciones autonómicas, para garantizar su utilidad y adaptación a la realidad de
cada territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-Andrea Canelo Matito, Diputada.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Retro Demográfico
161/002529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló, Blanca Armario González, Carlos Hernández Quero, Juan José Aizcorbe Torra, Carina Mejías Sánchez, Emilio Del Valle Rodríguez, Ricardo Chamorro
Delmo, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Joaquín Robles López, Lourdes Méndez Monasterio, David García Gomis, José María Sánchez García, Alberto Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y Rocío de Meer Méndez, en sus respectivas
condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a poner fin a la
presencia de algas invasoras de la especie Rugulopteryx okamurae en la costa española y permitir su comercialización, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
España es un país costero que posee una biodiversidad marina envidiable y algunas de las playas más emblemáticas del mundo. Sin embargo, buena parte de su costa se está viendo amenazada por la presencia de una plaga de algas invasoras de la
especie Rugulopteryx okamurae. De procedencia asiática, se reproduce con facilidad y resiste condiciones ambientales de lo más diversas por lo que, pese a llegar a las costas de Ceuta en 2015, no tardó en cruzar el Estrecho de Gibraltar para llegar
a la costa andaluza 16 y
16 https://www.lavozdigital.es/provincia/alga-asiatica-problema-persiste-playas-cadiz-20240511115857-ntv.html
después a Galicia 17, Asturias 18, Cantabria 19, y Cataluña 20. Así, en apenas diez años, la capacidad reproductora de esta alga le ha permitido extenderse por buena parte de la costa española y cubrir sus playas para alterar el equilibrio
de su fondo marino, devastar su biodiversidad y lastrar el desarrollo económico y social de estas regiones al destruir reclamos turísticos de primer nivel y acabar con numerosas especies pesqueras. Cabe destacar que estas dos actividades económicas
son las principales fuentes de ingresos de las zonas afectadas por su presencia.
Por otra parte, la gestión de esta alga tiene un impacto económico muy significativo para las administraciones locales dado que los ayuntamientos han tenido que retirar de sus playas millones de toneladas de los residuos que genera.
De hecho, entre 2015 y 2018, se extrajeron de ellas entre 100.000 y 200.000 toneladas de algas, una cifra que en 2019 ascendió a 250.000 y alcanzó las 300.000 entre 2022 y 2023 21.
Sin embargo, buena parte de estos gastos podrían evitarse si se permitiera la comercialización del alga, algo que tan solo requiere voluntad política al existir ya informes que plantean aprovecharla con fines compostables, energéticos o
agrarios 22. Así, se ha demostrado que es rica en polisacáridos, haciéndola apta para servir como fertilizante para las vides 23 y para luchar contra la oruga del Parque de los Alcornocales 24. Además, presenta un alto contenido de cobre por lo
que podría servir como fungicida contra enfermedades como el mildiu y el oidio; dos de las plagas más peligrosas a las que se enfrenta el mencionado cultivo 25. Por otro lado, el alga también podría tener usos cosméticos o farmacéuticos dado que,
además de polisacáridos azufrados, también contiene una cantidad destacable de polifenoles 26, En línea con ello, hay asociaciones y empresas que han visto la oportunidad de convertir estos residuos en plantillas para calzado, desarrollando así
nuevos proyectos empresariales que podrían impulsar la economía de las zonas afectadas 27.
En cualquier caso, el Gobierno se negó en 2022 a establecer la necesaria estrategia de control y erradicación de la plaga y se escudó en el artículo 7 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras para defender que la inclusión del alga en el referido catálogo 'conlleva la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio' 28. Sin embargo, el mencionado artículo también afirma que 'esta
prohibición podrá quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la autoridad competente, cuando sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad de las personas, o con fines de control o erradicación, en el marco de
estrategias, planes y campañas que, a tal efecto, se aprueben'.
No obstante, el Gobierno podría permitir la comercialización de esta alga cuando, además, la Estrategia de control del alga Rugulopteryx Okamurae que aprobó en 2022 reconoce las dificultades que existen para combatir la plaga y menciona su
posible uso como
17 https://www.farodevigo.es/arousa/2025/05/31/alga-asiatica-invasora-acomoda-galicia-118015744.html
18 https://www.ecoticias.com/naturaleza/alga-invasora-rugulopteryx-okamurae-playas-asturias
19 https://cadenaser.com/cantabria/2025/09/17/el-gobierno-de-cantabria-recoge-9240-toneladas-de-alga-asiatica-en-noja-y-berria-ser-castro-urdiales/
20 https://cadenaser.com/baleares/2025/02/12/ el-alga-invasora-asiatica-sigue-imparable-su-avance-por-la-costa-de-levante-y-el-mediterraneo-radio-ibiza/
21 https://www.eldebate.com/sociedad/sociedad-medio-ambiente/20240526/alga-asiatica-invasora-expansion-espana-estos-son-graves-impactos-ecosistema_198447.html
22 https://elpais.com/chma-y-medio-ambiente/2025-07-29/10000-kilos-de-alga-asiatica-invasora-retirados-de-las-playas-de-cadiz-en-48-horas.html
23 https://agronoma.sevilla.abc.es/ noticias/cultivos/uva/alga-asiatica-fertilizante/
24 https://ciudaddetarifaahninuto.com/articulo/destacados-inferior/el-alga-invasora-el-mejor-fertilizante-para-los-alcornocales-ante-la-seca/
25 https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2024/05/03/66322ef2e4d4d8101a8b45a0.html
26 https://www.abc.es/espana/emdalucia/cadiz/sevi-laboratorio-suizo-apuesta-alga-asiatica-invasora-para-crear-linea-productos-cosmeticos-202110041253_noticia.html
27 https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-utilizan-alga-invasora-para-fabricar-plantillas-zapatos-y-abono-ecologico-202108160904_noticia.html
28 https://www.abc.es/espana/andalucia/cadiz/sevi-gobierno-deniega-comercializacion-alga-asiatica-mvasora-estrecho-202206101942_noticia.html
materia prima en la fabricación de productos fertilizantes o cosméticos 29. Además, Jessika Roswall -comisaria europea de Medioambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva-, en respuesta a una pregunta formulada por Mireia
Borrás -eurodiputada de VOX-, señaló que el artículo 19.2 del Reglamento (UE) No 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras
establece que el uso comercial de este tipo de algas 'podrá permitirse temporalmente como parte de las medidas de gestión destinadas a la erradicación, control poblacional o contención de dichas especies' 30.
En conclusión, ante esta situación de crisis es necesario exigir responsabilidades a las autoridades competentes e impulsar con urgencia las políticas que las comunidades locales exigen para proteger el espacio común que es nuestro litoral.
De mantenerse esta situación, decenas de playas españolas corren el riesgo de perder su valor paisajístico, social y económico, al verse comprometidos los recursos pesqueros, el turismo local y el patrimonio natural de estas regiones.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las acciones necesarias para:
1. Autorizar, facilitar y fomentar la comercialización del alga invasora Rugulopteryx okamurae en los términos expuestos en la normativa vigente y desde una perspectiva de control de su llegada a nuestras costas.
2. Retirar y poner fin a la presencia de algas invasoras de la especie Rugulopteryx okamurae en la costa española.
3. Aprobar medidas de apoyo a los sectores productivos afectados por la presencia del alga invasora Rugulopteryx okamurae en las playas de España para mitigar los diversos efectos negativos causados por ella.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, Patricia Rueda Perelló, Blanca Armario González, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Carlos Hernández Quero, Juan José Aizcorbe Torra, Carina Mejías Sánchez,
Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Joaquín Robles López, Lourdes Méndez Monasterio, José María Sánchez García, Alberto Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, Diputados.-María José Rodríguez
de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/002535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para una planificación sostenible y transparente en el consumo de recursos
de la industria de los centros de datos, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Generar 100 palabras en ChatGPT le cuesta al planeta el equivalente a una botella de agua y al consumo de 14 bombillas LED durante una hora. Si el 10 % de la población activa
29 https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/publicaciones/estrategias/estrategia_rokamurae_cs_28072022_tcm30-543560.pdf
30 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002548-ASW_ES.pdf
en Estados Unidos usara este servicio semanalmente, el consumo sería igual al abastecimiento de agua de una ciudad de un millón de habitantes durante un día y medio y supone un consumo energético de todos los hogares de Washington DC durante
20 días. Así lo desvela un estudio de la Universidad de California recogido en un informe de The Washington Post del pasado mes de septiembre. Recientemente hubo un pico en el uso de la IA a raíz del fenómeno viral de convertir una foto en una
ilustración manga (Studio Ghibli). ChatGPT anunció que se habían sumado un millón de usuarios en tan solo una hora. En total, se calcula que más de 700 millones de personas utilizan esta herramienta de inteligencia artificial. National Geographic
entrevistó a varios expertos para un artículo en el que afirmaban que cada una de las imágenes con el filtro de Studio Ghibli consume entre 0,01 y 0,1 kilovatios la hora, el equivalente a una cuchara de agua por cada imagen. Si tenemos en cuenta
los datos anteriores aportados por ChatGPT, el consumo de agua es realmente preocupante. La razón por la que estos centros de datos consumen tanta cantidad de agua puede ser menos intuitiva que en lo referente a la potencia energética. Los centros
de datos generan grandes cantidades de calor al realizar miles de cálculos simultáneos, y esto hace sobrecalentar los servidores albergados en ellos. Para evitarlo se requiere un enfriamiento constante, y ahí entra en juego el agua, variable según
la tecnología aplicada, como los sistemas que la utilizan para transferir el calor hacia torres de refrigeración.
Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), los centros de datos fueron responsables de cerca del 1 % del consumo global de energía a finales de 2019, sin contar la minería de criptomonedas, que también vive entre estas
instalaciones. También según la propia Comisión Europea, el consumo energético de los centros de datos en la UE creció casi un 42 % entre 2010 y 2018, lo que supuso un 2,8 % de la demanda. Los datos publicados sobre el consumo no son
proporcionados precisamente por las corporaciones dueñas de las instalaciones, ya que existe un problema alarmante en cuanto a la transparencia de los datos que manejan en relación con su consumo de energía y agua. Según algunos investigadores,
esta opacidad se puede deber a que no quieren normas medioambientales más duras, que implicarían más inversión e innovación para disminuir el consumo de recursos.
De hecho, Ecologistas en Acción ha alertado que la burbuja de los centros de datos ignora los límites planetarios y agrava la crisis climática e hídrica y ha exigido una planificación acorde con las necesidades reales y los límites del
planeta. 'En el caso de España, la potencia a finales de este año se situaba entre 300 Mw y 350 Mw, unas instalaciones que se pretenden como mínimo quintuplicar en 2030 ascendiendo a unas cifras entre 1.000 y 1.750 Mw. Esto significaría un consumo
anual entre 8,8 Twh y 15,33 Twh, lo que implica entre el 3,4 % y el 5,9 % del total de energía eléctrica consumida en España'.
En cuanto al consumo de agua, en un país con un estrés hídrico importante, Ecologistas en Acción señala que 'En Talavera de la Reina, el pico del consumo de un centro de datos proyectado será de 120 litros por segundo, lo que equivale a más
de la mitad del consumo total de la ciudad si funcionara a plena potencia todo el año y supondría un 7 % del total de agua disponible en esa zona. En Aragón, el consumo de agua de los centros de datos en el mes de julio equivaldría al consumo de
una población de 95.000 personas, que, aunque existan actividades productivas más consumidoras de agua, no deja de ser un consumo que impacta en regiones con un riesgo severo de sequía y desertificación'. En el caso de Talavera de la Reina, el
informe ambiental aprobado apuntaba que toda la instalación consumirá algo más de 500 millones de litros de agua al año. Fruto del proyecto de Talavera de la Reina nació también el colectivo Tu nube seca mi río, que busca visibilizar el impacto
medioambiental de los centros de datos. Este colectivo alertaba que el consumo energético de los centros de datos es tan grande que llega a igualar el consumo de toda la industria de la aviación, suponiendo un 14 % de las emisiones de gases de
efecto invernadero, además de la carga desproporcionada que tendrá el consumo en las infraestrcuturas públicas. Ponen el ejemplo de Irlanda, donde supondrá el 30 % del gasto nacional. Coinciden también en que hay cifras dispares en cuanto a
consumo de agua, pero calculan que consumen 500.000 litros de agua potable, datos medios de consumo que tiene una ciudad.
'Como es agua potable, esto entra en competición con las necesidades de agua para beber de la población', explican en una entrevista.
Estos datos contrastan con las informaciones que da en una entrevista reciente la patronal de los centros de datos en España, Spain DC, aunque no ofrece datos concretos del consumo de agua. Esta asociación está impulsada por centros de
datos neutrales, es decir aquellos que no están asociados a una sola empresa, sino que los clientes pueden elegir instalar y manejar sus propios servidores, aunque también son socios Amazon y Microsoft. De hecho, desde la asociación se apunta que
la nueva generación de centros de datos no tiene consumo de agua directamente, sino un circuito cerrado de la dimensión de cinco piscinas olímpicas. Sus estimaciones comparan el consumo de agua con la industria del azulejo, suponiendo el 1 % de lo
que consume esta industria, aunque no hay mayor concreción. Las empresas de inteligencia artificial llevan tiempo anunciando reiterativamente su compromiso con el desarrollo de l+D para diseñar circuitos cerrados de agua, que permitirían su
reutilización. Es el caso del free air cooling, y Microsoft asegura que tiene un consumo de agua casi nulo. No obstante, ahora mismo Google solo consigue reutilizar el 20 % del agua que consume.
Un estudio encargado por la Dirección General de energía (DG ENER) de la Comisión Europea de abril de 2025 concluye que hay un aumento continuo de la eficiencia, pero a ritmos diferentes. El desafío, dicen, radica en las arquitecturas
diversas y las especializaciones de las cargas de trabajo. El estudio prevé llegar a una refrigeración híbrida que hará aumentar la eficiencia del servidor, al reducir o eliminar la necesidad de ventiladores. 'La optimización sigue siendo
relevante', concluye el estudio, que apuesta por la miniaturización de los circuitos de los chips o mejoras en la memoria, aunque 'no se vislumbra una revolución evidente en la eficiencia', con una tasa de crecimiento promedio del 26 % anual en SERT
2 para todos los sistemas.
La nube digital, que alberga desde la economía digital hasta mensajes, búsquedas en internet y uso de IA y redes sociales, no es algo intangible y desvinculado del mundo real. Son datos, la nueva materia prima estratégica del siglo XXI, y
requieren un procesamiento, un lugar físico en el que existir: los centros de datos, el lugar donde se procesan, almacenan, intercambian y gestionan datos digitales. El control y la gestión de los datos, y su traducción física en estos centros, se
han convertido en un aspecto estratégico de las compañías tecnológicas y empresas que precisen digitalización, que hoy en día son casi todas. Un artículo de José Luis Marín, Error 404: todo lo que no sabemos sobre los centros de datos europeos,
para el Orden Mundial, desgrana y resume la importancia de este sector en auge. En él se señala que existen casi 2.000 centros de datos entre los veintisiete países de la Unión Europea, según Cloudscene, proveedor de servicios en la nube
australiano. En Estados Unidos y Canadá hay más de 3.000. Para poder ver su importancia estratégica y económica, señala dos datos: cinco de los diez fondos de inversión inmobiliarios más importantes ya los tienen en su cartera de activos, y la
inversión en Europa creció un 58 % en 2021.
La Comisión Europea, en su Comunicación titulada Configurar el futuro digital de Europa, puso de relieve la necesidad de lograr unos centros de datos altamente eficientes desde el punto de vista energético y sostenible, así como de adoptar
medidas de transparencia en cuanto a la huella ambiental de los operadores de telecomunicaciones. Se han aprobado dos regulaciones en este sentido. Por un lado, la Directiva (UE) 2023/1791, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia
energética, concretamente, y entre otros, su artículo 12, referente a los centros de datos (actualmente en transposición), y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, de 14 de marzo de 2024, relativo a la primera fase del establecimiento de un régimen
de evaluación común de la Unión para centros de datos. Además, el Código de Conducta para la eficiencia energética de los centros de datos es una iniciativa voluntaria creada por el Centro Común de Investigación (JRC, Joint Research Centre) en
respuesta al creciente consumo energético en los centros de datos y al consiguiente impacto medioambiental, económico y de seguridad del suministro energético que se deriva. El objetivo es informar y alentar a los operadores y propietarios de
centros de datos para que reduzcan el consumo de energía de una manera rentable sin
comprometer las funciones críticas de estas instalaciones. Informar y alentar conlleva una voluntariedad que la experiencia demuestra de manera clara insuficiente, especialmente cuando se apelan a las grandes empresas.
En España han proliferado en poco tiempo y de manera muy acelerada numerosos proyectos de centros de datos por varias razones -desde 2022 se han lanzado al menos una treintena de proyectos. Primero, por el bajo coste en relación con otros
países en cuanto al suelo y a la energía; en segundo lugar, por el potencial energético del territorio en cuanto a energías renovable y, por último y no menos importante, por su situación geográfica y la conectividad con el resto del mundo en
cuanto a la red de cables submarinos, las arterias de las telecomunicaciones. Amazon, Google, Meta y Microsoft ya han desplegado sus primeros proyectos, especialmente en Aragón, y pretenden ampliarlos a corto plazo. Hay que tener en cuenta que
muchos de estos proyectos, pertenecientes a las cinco grandes tecnológicas mundiales (Google, amazon, Facebook, Apple y Microsoft) son centros hiperscalares, que permiten un crecimiento constante y que, cuando llegan a la región -como Amazon Web
Service en Aragón- se organizan en forma de clúster, según explica Tu nube seca mi río.
La proliferación de los centros de datos en España y su interés estratégico por parte de las grandes corporaciones, sumado a la opacidad en el consumo de recursos, hace concluir que se requiere un despliegue de mecanismos públicos y
democráticos urgentes que garanticen que el previsible consumo ingente de energía y agua no va a impactar negativamente en la ciudadanía. Condicionar el acceso de esta nueva industria a que sean absolutamente sostenibles y no acentúen el estrés
hídrico al que gran parte del país está sometido es de vital importancia. No se pueden activar políticas de restricción de agua, que cada vez serán más frecuentes en un contexto de emergencia climática, mientras las grandes empresas, por su
condición de estratégicas, consumen cantidades desorbitadas de este recurso. Las grandes infraestructuras de energías renovables deben ser planificadas y tener un retorno no solo para las corporaciones sino para las poblaciones que viven en la
zona. Es por ello por lo que se requiere no solo una planificación adecuada de todo ello, sino unos condicionantes claves para la nueva industria digital, con estudios de impacto ambiental que sean transparentes y claros. Las inversiones de las
grandes corporaciones no pueden estar por encima del derecho a la ciudadanía a sus propios recursos, unos recursos que son un bien común y que cada vez serán más escasos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar y publicar, con participación pública, una planificación general de la industria de los centros de datos acorde con las necesidades reales y los límites finitos de recursos del territorio. En él se debe contemplar el impacto
medioambiental y de seguridad de suministro energético que se derivan de los centros ya existentes, sus ampliaciones y aquellos que se puedan proyectar en el futuro. Así mismo, debe contemplarse el posible impacto sobre otras proyecciones de
crecimiento industrial en la misma zona u otras cercanas al área donde se quisiera instalar un centro de datos.
2. Fomentar la sostenibilidad medioambiental de los centros de datos que se instalan en nuestro país, implementando la refrigeración natural (o free cooling); supervisando el uso de energía; reciclando y reutilizando equipos (con especial
atención de las materias primas críticas que contienen y de cuyo consumo son intensivos); consolidar los servidores (apagar los servidores inutilizados); mejorando la gestión del aire (para refrigerar y evitar la recirculación del aire caliente de
los sistemas informáticos); implementando sistemas de certificación de edificios ecológicos. Es decir, impulsar los mecanismos necesarios, junto a las demás administraciones competentes, para establecer el requisito de sostenibilidad ambiental
como requisito vinculante, tanto para los nuevos centros de datos como para los ya operativos. Este requisito debe establecer la obligatoriedad de no perjudicar de ningún modo los recursos energéticos e hídricos de la población, especialmente en
momentos de
escasez, así como la obligatoriedad de que el proyecto de centro de datos sea autosuficiente y sostenible en materia ambiental.
3. Priorizar la transposición de la Directiva (UE) 2023/1791 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, relativo a la primera fase de establecimiento de un régimen e evaluación común de la Unión para
centros de datos, haciendo de obligado cumplimiento por parte de las empresas a ofrecer la información de su consumo energético e hídrico, en aras de concluir su rendimiento energético y de sostenibilidad, elemento indispensable para que las
administraciones públicas puedan determinar si el proyecto de instalación de centros de datos es sostenible o perjudicial para la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2025.-Júlia Boada Danés, Juan Antonio Valero Morales y Jorge Pueyo Sanz, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Etna Estrems Fayo, al amparo de lo que se establece en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las
cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En los últimos años, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos para gran parte de la población. La escalada de los precios tanto en el mercado de compra como en el de alquiler, junto con la falta de políticas
públicas eficaces, ha agravado la situación, especialmente para los jóvenes, la gente mayor, las personas migrantes y los colectivos más vulnerables. En este contexto, las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso emergen como modelo
alternativo y sostenible que garantiza el derecho a la vivienda, promueve la participación ciudadana y fomenta la creación de comunidades cohesionadas.
Las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso, también llamadas de vivienda colaborativa, cohousing o covivenda, siguen el principio de propiedad colectiva, manteniendo la cooperativa el dominio pleno o el derecho de superficie
del inmueble y adjudicando el uso de la vivienda o el alojamiento a las personas socias, con los principios de adquisición a coste, no especulación y vida colaborativa, tal como se ha desarrollado en diferentes normativas autonómicas y políticas
públicas locales, como por ejemplo el convenio ESAL de la ciudad de Barcelona.
Recientemente, se aprobó una Proposición No de Ley en esa misma comisión que reconocía la importancia de las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso. No obstante, esta iniciativa debe concretarse con medidas fiscales y
financieras más definidas y con las reformas legislativas necesarias para definir y desarrollar normativamente este modelo.
Por este motivo, esta Proposición No de Ley pretende avanzar de forma integral en los retos que afrontan las cooperativas de viviendas en régimen de cesión del derecho de uso. Este modelo, basado en la propiedad colectiva y la gestión
democrática, ofrece una solución innovadora y socialmente responsable a la crisis de la vivienda, contribuyendo a la sostenibilidad urbana ya la reducción de la especulación inmobiliaria. Sin embargo, para
que este modelo alcance su pleno potencial, es imprescindible adoptar medidas concretas en los siguientes ámbitos:
Es necesario establecer un marco fiscal favorable que incentive la creación y desarrollo de cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso.
El acceso al suelo es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de proyectos cooperativos. Por ello, se propone, además de la cesión de suelo público tal y como ya se expresó en la proposición no de ley anterior al respecto,
fomentar la cesión de los derechos de superficie a las cooperativas de viviendas en régimen de cesión del derecho de uso, priorizando su uso para fines sociales definidos según los estándares normativos y garantizando la asequibilidad de las
viviendas. Esta medida debe ir acompañada de un marco legal claro que regule los procedimientos de cesión y asegure la transparencia en la adjudicación.
Reformas legislativas: es urgente adaptar el marco jurídico para desarrollar políticas públicas que incluyan este modelo, regularlo y blindar su interés general de forma permanente. Es necesario eliminar las barreras que dificultan la
creación y la gestión de cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso. Esto incluye la simplificación de trámites administrativos, la clarificación de la normativa urbanística y la creación de un estatuto jurídico específico para este tipo
de entidades.
Financiación: es importante desarrollar una línea de ayudas en crédito y financiación que facilite el acceso a este modelo con las aportaciones iniciales y reduzca la barrera que esto supone para muchas personas que podrían y quisieran
apostar por este modelo de viviendas de propiedad colectiva y vida colaborativa.
En definitiva, esta proposición no de ley busca consolidar y expandir un modelo de vivienda que prioriza el bienestar colectivo por encima del lucro individual, promueve la participación ciudadana y contribuye a la construcción de ciudades
más justas y sostenibles. Las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso representan una alternativa real y viable a la crisis de la vivienda, siendo responsabilidad de las instituciones públicas apoyarla y facilitar su desarrollo. Por
todo ello, se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para impulsar este modelo, garantizando así el derecho a una vivienda digna y asequible para todas las personas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Modificar la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, para desarrollar la regulación del modelo y blindar el interés general de manera permanente, en elementos clave como evitar la adjudicación del dominio pleno o del derecho de
superficie, o de otro derecho real, a las personas socias, permitir la transmisión de los inmuebles solo a cooperativas de la misma subclase y regular las aportaciones sociales de acuerdo con los principios de coste y no especulación.
2. Realizar las transferencias de fondos necesarias a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda para impulsar la vivienda cooperativa en cesión de uso y planificar políticas públicas de acuerdo con este modelo.
3. Modificar la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre el Régimen Fiscal de las Cooperativas, por considerar las cooperativas en cesión de uso especialmente protegidas, viviendas o alojamientos de forma indefinida, sin enajenar la propiedad
ni adjudicarla a sus socios y socias.
4. Impulsar bonificaciones fiscales en la tributación local (IBI e ICIO) en colaboración con los entes locales correspondientes por los proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso.
5. Impulsar y promover la implementación de instrumentos de captación y gestión de suelo y patrimonio con una dimensión público-comunitaria que permitan a las administraciones
públicas competentes en materia de vivienda aumentar la vivienda cooperativa en cesión de uso y el parque de vivienda social y asequible, de forma similar a las experiencias de los Community Land Trust existentes en otros países.
6. Garantizar a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda la financiación necesaria para reducir las aportaciones iniciales de todos los proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso, facilitando su asequibilidad
y su inclusión social, y para fomentar y desarrollar el modelo.
7. Ofrecer a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda la financiación suficiente para el desarrollo de proyectos piloto de vivienda cooperativa en cesión de uso que no hayan recibido ningún otro tipo de ayuda a la
promoción con fondos del Estado.
8. Ofrecer la opción de reaval a las sociedades de garantía recíproca autonómicas por parte de Cersa, Compañía Española de Reafianzamiento, para promover la prestación de avales que faciliten la financiación de los proyectos de este modelo.
9. Reconocer y promover la vivienda cooperativa en cesión de uso para personas mayores con servicios y espacios compartidos (o co-vivienda senior) en el marco de la estrategia de desinstitucionalización a nivel estatal, así como aquellos
proyectos dirigidos a otros colectivos con necesidades específicas, como las personas con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-Etna Estrems Fayos, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Etna Estrems Fayo, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre les cooperatives
d'habitatges en règim de cessió d'ús per al seu debat en la Comissió d'Habitatge i Agenda Urbana.
Exposició de motius
En els darrers anys, l'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals reptes per a una gran part de la població. L'escalada dels preus tant en el mercat de compra com en el de lloguer, juntament amb la manca de polítiques
públiques eficaces, ha agreujat la situació, especialment per als joves, la gent gran, les persones migrants i els col·lectius més vulnerables. En aquest context, les cooperatives d'habitatges en règim de cessió d'ús emergeixen com un model
alternatiu i sostenible que garanteix el dret a l'habitatge, promou la participació ciutadana i fomenta la creació de comunitats cohesionades.
Les cooperatives d'habitatges en règim de cessió d'ús, també anomenades d'habitatge col·laboratiu, cohousing o covivenda, segueixen el principi de propietat col·lectiva, mantenint la cooperativa el domini ple o el dret de superfície de
l'immoble i adjudicant l'ús de l'habitatge o l'allotjament a les persones sòcies, i els principis d'adquisició a cost, no especulació i vida col·laborativa, tal com s'ha desenvolupat en diferents normatives autonòmiques i polítiques públiques
locals, com per exemple el conveni ESAL de la ciutat de Barcelona.
Recentment, es va aprovar una Proposició No de Llei en aquesta mateixa comissió que reconeixia la importància de les cooperatives d'habitatges en règim de cessió d'ús. No obstant això, aquesta iniciativa ha de concretar-se amb mesures
fiscals i financeres més definides i amb les reformes legislatives necessàries per definir i desenvolupar normativament aquest model.
Per aquest motiu, aquesta Proposició no de Llei pretén avançar de manera integral en els reptes que afronten les cooperatives d'habitatges en règim de cessió del dret d'ús. Aquest model, basat en la propietat col·lectiva i la gestió
democràtica, ofereix una solució innovadora i socialment responsable a la crisi de l'habitatge, alhora que contribueix a la
sostenibilitat urbana i a la reducció de l'especulació immobiliària. Tanmateix, perquè aquest model assoleixi el seu ple potencial, és imprescindible adoptar mesures concretes en els àmbits següents:
És necessari establir un marc fiscal favorable que incentivi la creació i el desenvolupament de cooperatives d'habitatges en règim de cessió d'ús.
L'accés al sòl és un dels principals obstacles per al desenvolupament de projectes cooperatius. Per això, es proposa, a més de la cessió de sòl públic tal com ja es va expressar en la proposició no de llei anterior sobre aquest tema,
fomentar la cessió dels drets de superfície a les cooperatives d'habitatges en règim de cessió del dret d'ús, prioritzant-ne l'ús per a fins socials definits segons els estàndards normatius i garantint l'assequibilitat dels habitatges. Aquesta
mesura ha d'anar acompanyada d'un marc legal clar que reguli els procediments de cessió i asseguri la transparència en l'adjudicació.
Reformes legislatives: és urgent adaptar el marc jurídic per desenvolupar polítiques públiques que incloguin aquest model, regular-lo i blindar-ne l'interès general de manera permanent. Cal eliminar les barreres que dificulten la creació i
la gestió de cooperatives d'habitatges en règim de cessió d'ús. Això inclou la simplificació de tràmits administratius, la clarificació de la normativa urbanística i la creació d'un estatut jurídic específic per a aquest tipus d'entitats.
Finançament: és important desenvolupar una línia d'ajudes en crèdit i finançament que faciliti l'accés a aquest model amb les aportacions inicials i redueixi la barrera que això suposa per a moltes persones que podrien i voldrien apostar
per aquest model d'habitatges de propietat col·lectiva i vida col·laborativa.
En definitiva, aquesta Proposició No de Llei busca consolidar i expandir un model d'habitatge que prioritza el benestar col·lectiu per damunt del lucre individual, promou la participació ciutadana i contribueix a la construcció de ciutats
més justes i sostenibles. Les cooperatives d'habitatges en règim de cessió d'ús representen una alternativa real i viable a la crisi de l'habitatge, i és responsabilitat de les institucions públiques donar-hi suport i facilitar-ne el
desenvolupament. Per tot això, s'insta el Govern a adoptar les mesures necessàries per impulsar aquest model, garantint així el dret a un habitatge digne i assequible per a totes les persones.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a:
1. Modificar la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives, per desenvolupar la regulació del model i blindar-ne l'interès general de manera permanent, en elements clau com evitar l'adjudicació del domini ple o del dret de superfície, o
d'un altre dret real, a les persones sòcies, permetre la transmissió dels immobles només a cooperatives de la mateixa subclasse i regular les aportacions socials d'acord amb els principis de cost i no especulació.
2. Realitzar les transferències de fons necessàries a les administracions públiques competents en matèria d'habitatge per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús i planificar polítiques públiques d'acord amb aquest model.
3. Modificar la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre el Règim Fiscal de les Cooperatives, per considerar les cooperatives en cessió d'ús especialment protegides, sempre que mantinguin la propietat dels habitatges o allotjaments de manera
indefinida, sense alienar la propietat ni adjudicar-la als seus socis i sòcies.
4. Impulsar bonificacions fiscals en la tributació local (IBI i ICIO) en col·laboració amb els ens locals corresponents pels projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús.
5. Impulsar i promoure la implementació d'instruments de captació i gestió de sòl i patrimoni amb una dimensió públic-comunitària que permetin a les administracions públiques competents en matèria d'habitatge augmentar l'habitatge
cooperatiu en cessió
d'ús i el parc d'habitatge social i assequible, de manera similar a les experiències dels Community Land Trust existents en altres països.
6. Garantir a les administracions públiques competents en matèria d'habitatge el finançament necessari per reduir les aportacions inicials de tots els projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, facilitant-ne l'assequibilitat i la
inclusió social, i per fomentar i desenvolupar el model.
7. Oferir a les administracions públiques competents en matèria d'habitatge el finançament suficient per al desenvolupament de projectes pilot d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús que no hagin rebut cap altre tipus d'ajuda a la promoció
amb fons de l'Estat.
8. Oferir l'opció de reaval a les societats de garantia recíproca autonòmiques per part de Cersa, Companyia Espanyola de Reafiançament, per promoure la prestació d'avals que facilitin el finançament dels projectes d'aquest model.
9. Reconèixer i promoure l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús per a persones grans amb serveis i espais compartits (o cohabitatge sènior) en el marc de l'estratègia de desinstitucionalització a nivell estatal, així com també aquells
projectes dirigits a altres col·lectius amb necessitats específiques, com les persones amb discapacitat.'
Congrés dels Diputats, a 3 octubre de 2025.-Etna Estrems Fayos, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del G. P. Republicá.
Comisión de Cultura
161/002543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inscripción de la
candidatura de la Tauromaquia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural reconoce que la Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en
nuestra historia y en nuestro acervo cultural común, como así lo demuestran las partidas de Alfonso X el Sabio, que ya en el siglo XIII contemplaban y regulaban esta materia.
Las fiestas o espectáculos taurinos incluyen a las corridas de toros y a un numeroso conjunto de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro, que a su vez comprenden lo que se entiende por 'Tauromaquia'. Todo esto es signo
de identidad colectiva, y ello justifica que su preservación corresponda y competa a todos los poderes públicos.
La Tauromaquia es una manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías en la que se resaltan valores profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de
control de la fuerza bruta. La universalidad de la fiesta de los toros alcanza a los mundos artísticos donde ha sido acogida y la de las obras que ha producido en las demás artes, como las plásticas, la literaria, el cine, etc y en el léxico.
La Tauromaquia conforma un incuestionable patrimonio cultural inmaterial español, que no ostentamos en exclusiva, sino que compartimos con otros lugares como Portugal, Iberoamérica y el sur de Francia.
Comprende asimismo todo un conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas en torno al espectáculo taurino, que van desde la crianza y selección del toro de lidia, a la confección de la indumentaria de los
toreros, la música de las corridas, el diseño y producción de carteles, y que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar; y en un diálogo fluido y cercano entre público y artista.
Pero, además del aspecto cultural, la Tauromaquia tiene una indudable trascendencia como actividad económica y empresarial, de dación de bienes y servicios al mercado, produce un flujo económico que se traduce en miles de puestos de trabajo.
La Tauromaquia constituye un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos y dispersos como son el empresarial, el fiscal, el agrícola-ganadero, el medioambiental, el social, el alimentario, el
industrial o el turístico, entre otros.
Para seguir profundizando en la preservación de los conocimientos y saberes que supone esta manifestación artística es indispensable dar un paso más y promover el reconocimiento de sus valores mediante su inscripción en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.
La propia ley citada, en su disposición final primera, relativa a reformas normativas y desarrollo reglamentario, instaba a que el Gobierno impulsará las reformas normativas necesarias para recoger, dentro de la legislación española, el
mandato y objetivos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.
En este momento resulta crucial tal reconocimiento para la salvaguarda de la tauromaquia, ante la amenaza de que su rechazo pueda ser utilizado como moneda de cambio para satisfacer a grupos políticos que proponen la derogación de esta ley
para construir identidades nacionalistas y crear discursos, sin perjuicio de que se reconozca que, en una sociedad heterogénea, parte de la sociedad no la comparta. Pero después de todos estos años, y en particular desde que se aprobara la ley de
2013, las estadísticas sí nos demuestran que existe un consenso y una afición viva que podrá ser legítimamente rechazada por algunos, pero no prohibida ni censurada.
Por todo ello, el Grupo Popular, propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la
inscripción de la candidatura de la Tauromaquia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Jaime Miguel de los Santos González, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel
García Félix, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco, Óscar Clavell López, Raquel Clemente Muñoz y María Pilar Alía Aguado, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre medidas para recuperar la inversión extranjera en España, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El pasado 28 de abril, en el marco del primer foro internacional para reforzar la atracción de la inversión extranjera directa en España, el ministro de economía afirmó que 'España se ha convertido en un centro internacional de inversión'
liderando la atracción de inversión directa por segundo año consecutivo.
El ministro Cuerpo insistió en ese liderazgo en atracción de inversión extranjera en la sesión de control del 18 de junio, justo dos días antes de que la Secretaría de Estado de Comercio -que depende de su ministerio- publicara los datos de
inversión extranjera que mostraron un desplome en la inversión bruta del 50 % respecto al mismo período del año anterior: 3.456 millones de euros en el primer trimestre de 2025 frente a 6.941 millones de euros del primer trimestre de 2024.
En términos de inversión neta, que incluye también la desinversión, la caída es aún mayor, 74 %, 1.432 M en el primer trimestre de 2025 frente a 5.448 M en el primer trimestre de 2024; es el peor dato desde 2014 y refleja la falta de
confianza de los inversores en el gobierno de Sánchez.
Lejos de reconocer esta realidad y tomar medidas para revertiría, el ministro Cuerpo ha mantenido su discurso triunfalista en todos los foros en los que ha intervenido. Sin ir más lejos, el 11 de septiembre en un foro de inversores
japoneses les dijo: 'No tengo que convencerlos, porque sus inversiones ya están en España, pero el mensaje principal es que España es el país en el que hay que estar, dentro de Europa y también del mundo por muchas razones'.
Diez días después, la Secretaría de Estado de Comercio -que depende del ministerio de economía- publicó los datos de inversión extranjera del segundo trimestre de 2025 que pusieron de relieve que continuaba la caída de la inversión
extranjera bruta en España que ya es del -60.4 % en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior: 8.476,5 M en el primer semestre de 2025 frente a 21.407,6 M en el primer semestre de 2024.
Pero también mostraba otro dato que dejaba en evidencia al ministro Cuerpo en su intervención en Japón; frente al 'no tengo que convencerlos, porque sus inversiones ya están en España' pronunciado en un correcto japonés del que presumió el
ministro, la realidad es que la inversión extranjera de Japón en España fue cero en este segundo trimestre de 2025 y que, en lo que llevamos de año, ha caído un 92,4 %: 19,8 millones de euros en el primer semestre de 2025 frente a 260,8 millones de
euros en el mismo período de 2024.
El análisis de la inversión extranjera por país de origen muestra un resultado demoledor: el giro del gobierno hacia China se ha traducido en un aumento de la inversión de este país de 209 millones de euros, pasando de 65 millones de euros
en 2024 a 274 millones de euros en 2025. En cambio, la inversión de Reino Unido en España se ha reducido en 3.349 millones de euros, la de Noruega en 1.453 millones de euros, la de estados Unidos en 1.223 millones de euros o la de Alemania en 1.113
millones de euros, por poner los ejemplos más relevantes.
La desconexión de este gobierno con la realidad económica de nuestro país quedó evidenciada nuevamente en la sesión de control del 24 de septiembre cuando la vicepresidenta Montero preguntó: '¿De donde sacan ustedes el dato de que no hay un
incremento de la inversión extranjera sino un decaimiento de esa inversión?,¿de dónde lo sacan?'. La respuesta es sencilla: de la Secretaría de Estado de Comercio, que los publica trimestralmente a través de su plataforma Datainvex. La duda es
¿de dónde saca la vicepresidenta Montero que la inversión extranjera está subiendo?
Estos datos son preocupantes, aunque no deberían sorprender a nadie, porque: ¿quién se va a fiar de un país en el que la presentación de los Presupuestos Generales del Estado se negocia fuera de España entre un prófugo de la Justicia y un
asalariado de una narco-dictadura porque el anterior interlocutor está en la cárcel por corrupción?
¿Quién va a arriesgar su dinero en un país en el que el gobierno interviene empresas privadas -Indra, Telefónica, Prisa, Talgo...- incluso contra el criterio de los reguladores nacionales y europeos -OPA de BBVA sobre Sabadell-
¿Quién quiere invertir en un país en el que la mujer del presidente está a un paso del banquillo de los acusados por corrupción, el hermano del presidente se sentará en el banquillo de los acusados por tráfico de influencias, la mano derecha
del presidente en el PSOE está en la cárcel acusado de corrupción y pertenencia a organización criminal y su predecesor y ex ministro está acusado de los mismos delitos y a un paso de sentarse en el banquillo de lo acusados?
La inversión extranjera es el canal más importante de trasmisión de la tecnología y la innovación; sin innovación, no hay mejoras de productividad ni ganancias de competitividad; y, sin estas, no hay crecimiento sostenible ni empleo de
calidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Abandonar el sectarismo ideológico y el intervencionismo empresarial, proporcionando un marco regulatorio estable que devuelva a la iniciativa privada el protagonismo económico que le corresponde;
- superar la parálisis legislativa actual, empezando por presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, como requisito necesario para dar certidumbre a los inversores nacionales y extranjeros;
- y poner en marcha una agenda económica que vuelva a poner el foco en la productividad y la competitividad, como herramientas imprescindibles para transformar nuestro modelo productivo y generar riqueza para las familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-José Vicente Marí Bosó, Pedro Puy Fraga, Jaime Eduardo de Olano Vela, Francisco José Conde López y Juan Bravo Baena, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a potenciar la adopción de herramientas de inteligencia artificial por
parte de las pymes, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La expansión de la inteligencia artificial (IA), y especialmente de la inteligencia artificial generativa, está suponiendo un antes y un después en muchos campos, entre ellos el de la productividad empresarial, con herramientas capaces de
automatizar procesos, mejorar rutinas, o desarrollar trabajos de forma mucho más eficiente, que tienen la capacidad de impactar muy positivamente en el día a día de las empresas.
Una de las virtudes de la IA es que es una tecnología que puede integrarse casi en cualquier sector productivo, y es por ello que su adopción está aumentando rápidamente. Esta capacidad de penetración y de optimización de la toma de
decisiones tan transversal es lo que explica también su enorme impacto económico. Así, según datos de un informe reciente de IDC, empresa considerada como el principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, la inteligencia artificial
generará el 3,5 % del PIB global en 2030, estimándose además que cada nuevo dólar invertido en soluciones y
servicios de IA relacionados con los negocios obtendrá un retorno de 4,6 dólares en la economía global.
La adopción temprana de estas tecnologías puede, por tanto, suponer un factor diferencial para fortalecer la economía y preparar al tejido empresarial para los retos y oportunidades que plantea la transformación digital, permitiendo a las
empresas generar nuevas oportunidades de negocio a través de servicios de valor añadido donde la IA proporcione un valor diferencial. Por esta razón la Comisión Europea estableció, como uno de los objetivos de la Década Digital de Europa, que el 75
% de las empresas europeas utilice IA, computación en la nube o análisis de macrodatos.
Los datos disponibles muestran que se ha iniciado la senda, pero aún queda camino por andar. Así, de acuerdo con la información de Eurostat, la adopción de IA por parte de las empresas de la UE de al menos 10 empleados se incrementó desde
el 7,7 % en 2021 hasta el 13,5 % en 2024. En el caso de España, partíamos del mismo porcentaje en 2021, el 7,7 %, para llegar al 11,4 % en 2024. Pese a que estamos por debajo de la media europea, la tendencia es positiva, ya que la intensidad se
ha incrementado en 1,8 puntos porcentuales respecto a 2023, y además en los últimos cuatro años ha crecido de forma sostenida el porcentaje de empresas españolas que emplean IA.
El informe publicado por el ONTSI en el mes de abril de este año, relativo a Indicadores de uso de inteligencia artificial en España, nos muestra una radiografía de la relación que tienen las empresas de nuestro país con el uso de la IA, que
está muy condicionada por el tamaño de las mismas: a mayor número de personas empleadas, mayor adopción de IA. Los datos muestran que en 2024 el 44 % de las empresas de más de 249 personas utiliza inteligencia artificial; en las medianas (de 50 a
249 personas), su adopción es menos de la mitad que en las de mayor tamaño, un 20,6 %; entre las pequeñas (de 10 a 49 personas), sólo el 8,6 % cuenta con esta tecnología y por último, en las microempresas (menos de 10 personas), la penetración de
la IA apenas alcanza el 7 %.
Resulta necesario conocer cuáles son las razones por las que las empresas más pequeñas no apuestan por esta tecnología. El informe citado más arriba ha analizado este aspecto, y revela como principal motivo la falta de conocimiento
(expresado por el 78,9 % de las empresas a partir de 10 empleados), seguido a amplia distancia por la falta de claridad sobre las consecuencias legales de la IA. Los otros dos motivos de cierto peso que las empresas manifiestan son las dificultades
en la disponibilidad o calidad de los datos, la percepción de unos altos costes o la preocupación por respetar la protección de datos.
Por otro lado, recientemente el Banco de España también ha publicado un informe con los resultados de una investigación sobre adopción de inteligencia artificial en las empresas españolas, partiendo de la Encuesta sobre la Actividad
Empresarial que este organismo realiza regularmente. Los motivos considerados como obstáculo que se desprenden de este estudio son, en primer lugar, la falta de personal cualificado, (45,8 %), seguido por la percepción de los elevados costes de
adopción (40,8 %) y la indisponibilidad de los datos necesarios para implementar soluciones basadas en IA (37,8 %).
El Gobierno de España ha sido pionero en el establecimiento de medidas orientadas a aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. La Estrategia IA 2024, establecida por el Ministerio de Transformación Digital, y las
líneas de actuación marcadas en dicho plan establecen como una de sus prioridades la implantación de la IA en todos los sectores económicos. Dicha Estrategia incluye explícitamente un epígrafe identificado como Palanca número 6, dedicado a ayudar a
la expansión de la IA en el sector privado, singularmente en Pequeñas y Medianas Empresas. Entre las actuaciones propuestas se incluyen los programas Kit Digital y Kit Consulting, con una dotación total de 3.067 millones de euros, que tienen como
objetivo promover la digitalización de medianas, pequeñas empresas, microempresas y autónomos/as, y contribuir a modernizar el tejido productivo español. Estos dos programas permiten, entre otras opciones, implantar soluciones de inteligencia
artificial
para las pymes. En concreto Kit Consulting, en su primer año de vida, ha otorgado más de 17.400 ayudas.
También en los últimos años ha habido avances en cuanto a la formación de especialistas en IA desde el ámbito público. El Real Decreto 279/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Inteligencia Artificial
y Big Data, posteriormente modificado por el Real Decreto 497/2024, ha posibilitado que desde el ámbito de la Formación Profesional se forme a especialistas en esta materia, y actualmente este título se imparte en institutos de todas las Comunidades
Autónomas.
En este contexto, resulta necesario continuar fomentando la formación y la sensibilización sobre el potencial de la IA, así como seguir facilitando el acceso a soluciones digitales que puedan mejorar la productividad y competitividad de las
empresas españolas. Todo ello, garantizando su alineación con los estándares y regulaciones europeas, de forma que la implantación de estas tecnologías se realice de manera accesible, segura y ética.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar la prórroga de iniciativas como Kit Digital y Kit Consulting a partir de 2026, especialmente en lo relativo a la adopción de herramientas de IA por parte de pequeñas y medianas empresas.
2. Reforzar los servicios de asesoramiento público con perfiles especializados en IA y conocimiento del tejido productivo local, en el marco de las oficinas Acelera Pyme.
3. En coordinación con las Comunidades Autónomas, ampliar las plazas públicas de formación profesional dirigidas a formar especialistas en inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas, como computación en la nube y análisis de
microdatos.
4. En colaboración con organismos como las Cámaras de Comercio, realizar campañas de información y difusión sobre las ventajas de incorporar la IA en la empresa, qué herramientas existen para su adopción segura y eficiente, y para exponer
casos de éxito que puedan servir de ejemplo.
5. Impulsar materiales públicos y accesibles que, tomando como referencia las plantillas comunes y directrices de la Comisión Europea, faciliten a las pymes la identificación de normativas aplicables y el desarrollo de análisis de riesgos y
evaluaciones de impacto sobre derechos fundamentales, en el marco del Reglamento de IA y la normativa nacional en tramitación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2025.-Luisa Sanz Martínez, Patricia Blanquer Alcaraz, Pablo Antuñano Colina, Alberto Rojo Blas, Gonzalo Redondo Cárdenas, Trinidad Carmen Argota Castro, Valle Mellado Sierra, Ferran
Verdejo Vicente, Adriana Maldonado López, Alicia Álvarez González, José Antonio Rodríguez Salas y Guillermo Hita Téllez, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/002536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su portavoz adjunta, lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su tramitación ante la Comisión de Igualdad, para el refuerzo de los equipos de atención a víctimas de violencias machistas.
Exposición de motivos
Las políticas contra las violencias machistas solo son eficaces si cuentan con recursos económicos y humanos suficientes, pero la realidad es que la atención directa a las víctimas descansa sobre los hombros de profesionales que trabajan con
sobrecarga crónica, precariedad y condiciones laborales insuficientes para sostener un acompañamiento de calidad.
A pesar de los avances normativos de los últimos años, como la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, el despliegue real de estos derechos en los territorios está profundamente condicionado por
la disponibilidad y estabilidad del personal especializado. Prueba de ello son las recientes movilizaciones y huelgas protagonizadas por trabajadoras de los servicios de atención a la violencia machista en comunidades autónomas como la de Madrid,
donde denuncian que no pueden más, sin sustituciones, sin tiempo para el duelo o el autocuidado, sin personal que cubra las noches, los fines de semana o las emergencias. Estas profesionales no solo acompañan a mujeres y niñas supervivientes en
momentos críticos, sostienen día a día la infraestructura de la lucha contra las violencias machistas.
El pasado mes de abril, la Conferencia Sectorial de Igualdad acordó el reparto de 180 millones de euros para políticas contra la violencia de género. Estos fondos, transferidos por el Ministerio de Igualdad a las comunidades autónomas,
deben tener como prioridad la contratación y estabilización del personal que trabaja en la atención a las víctimas, garantizando condiciones laborales dignas y plantillas suficientes para cubrir las necesidades reales.
El Gobierno de España tiene la responsabilidad no solo de transferir fondos, sino de establecer criterios claros y vinculantes para que estos recursos se destinen al corazón de las políticas públicas: las personas que las hacen posibles.
No podemos permitir que la atención a las víctimas se colapse mientras millones de euros quedan sin ejecutar o se destinan a partidas accesorias. Es hora de poner en el centro a quienes salvan y cuidan.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer como criterio prioritario en el reparto de fondos estatales a las comunidades autónomas para la lucha contra la violencia machista la contratación, ampliación y mejora de los equipos profesionales que prestan atención directa
a las víctimas, asegurando una dotación adecuada y estable de personal en los diferentes servicios de intervención y acogida.
2. Garantizar en futuras convocatorias de la Conferencia Sectorial de Igualdad un porcentaje suficiente y finalista de estos fondos con destino específico al refuerzo de personal especializado, incluyendo psicólogas, abogadas, trabajadoras
sociales, mediadoras interculturales, educadoras, profesionales de la intervención comunitaria y otras figuras clave.
3. Impulsar mecanismos de seguimiento y evaluación transparentes sobre el uso de estos fondos, en coordinación con las comunidades autónomas, que permitan conocer con detalle la evolución de las plantillas, la cobertura de servicios y el
impacto real en la calidad de la atención a las víctimas.
4. Reforzar el compromiso político del Gobierno con la dignificación de las condiciones laborales del personal de atención a víctimas de violencias machistas, reconociendo su labor como esencial para la garantía de derechos fundamentales y
como pilar de las políticas públicas feministas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley relativa a la creación del cupo laboral trans, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Según la Agencia de los Derechos Humanos de la Unión Europea (FRA), el 42 % de las personas trans ha sufrido discriminación en el trabajo o en la búsqueda de uno. La encuesta 'Hacia centros de trabajo inclusivos' elaborada por UGT concluye
que el 75 % de las personas trans consideran que el hecho de ser trans es un inconveniente para buscar empleo. El estudio exploratorio sobre la inserción sociolaboral de las personas trans realizado por el Ministerio de Igualdad en el año 2022
cifra la tasa de desempleo de las personas trans en el 46,5 %. Además, en este mismo estudio se recoge que la mayoría de las personas trans empleadas tienen una formación y cualificación superior al puesto de trabajo que desempeñan y que tan solo
el 24,7 % se benefició de recursos dirigidos a la inserción laboral para el colectivo trans.
La Ley 4/2023, de 28 de febrero, de XXXX recoge la necesidad tanto de desarrollar estrategias como de implantar medidas para favorecer la integración e inserción laboral de las personas trans, incluida la adopción de subvenciones que
favorezcan la contratación de las personas trans en situación de desempleo y los planes específicos para fomentar el empleo de las personas.
Al igual que se ha hecho con las mujeres en la ley de paridad, cuando una parte de la población sufre discriminación por su identidad de género, el deber del Estado es aplicar medidas de acción positiva que solucionen la discriminación que
existe debido al acceso de las personas trans al mercado laboral. Por ello, creemos que es importante adoptar medidas que vayan más allá como es el cupo laboral trans, una medida que garantizaría que al menos el 1 % de todos los puestos de la
Administración Pública estén reservados para personas trans.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto Legislativo 5/201 5, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y cuantas leyes sean necesarias
para garantizar que, en las ofertas de empleo público, se reservará un cupo no inferior al uno por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas trans, considerando como tales a las definidas en el artículo 3 de la Ley 4/2023, de 28 de
febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002538
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a la creación de registros de objetores y objetoras de conciencia en cumplimiento con la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 4 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este
acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley relativa a la creación de registros de objetores y objetoras de conciencia en cumplimiento con la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual
y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un pilar fundamental para la autonomía de las mujeres y, por eso, el aborto es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. El movimiento feminista fue el motor de cambio entonces y lo volvió a ser en 2023, cuando se aprobó la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica
la anterior para blindar derechos y ampliar libertades. Esta reforma incluye medidas clave como la recuperación del derecho a abortar para mujeres de 16 y 17 años sin autorización paterna, la supresión de los tres días obligatorios de reflexión o
el reconocimiento de incapacidades temporales vinculadas a la salud menstrual.
Sin embargo, a pesar de la legislación vigente, 15 años después, este derecho sigue estando condicionado según el territorio y siendo inaccesible en muchas ocasiones. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2023 se registraron 103.097
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), lo que representa un aumento del 4,8 % respecto a 2022 y la cifra más alta de la última década, pero el 81,45 % de los procedimientos se llevaron a cabo en
centros privados. Esta situación no refleja una preferencia de las mujeres, sino una consecuencia de la falta de garantías en el sistema público de salud, donde la objeción de conciencia colectiva de los equipos sanitarios actúa como una
barrera estructural.
La Ley Orgánica 1/2023 incluyó un mecanismo esencial para garantizar que la interrupción libre del embarazo se pueda practicar en la sanidad pública: la creación de registros de objetores y objetoras de conciencia en cada servicio de salud,
tal y como establece el artículo 19 ter. Este instrumento, amparado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, permite planificar recursos humanos suficientes y evitar que la objeción de conciencia individual se convierta en una forma de
veto colectivo. Porque el derecho a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres a una atención sanitaria segura y gratuita.
Dos años después de su aprobación, estos registros no se han puesto en marcha. Ni el Ministerio de Sanidad ha cumplido con el mandato legal ni las comunidades autónomas han avanzado decididamente en garantizar este derecho. Esta inacción
institucional supone una vulneración de la ley y una grave irresponsabilidad en un contexto internacional donde los derechos sexuales y reproductivos están siendo atacados y cuando España no es ajena a esta ola reaccionaria viendo propuestas como
las de Vox de establecer protocolos para escuchar el latido fetal o de exigir ecografías obligatorias. Ante esta amenaza a los avances conquistados, es urgente blindar el derecho al aborto y garantizar que pueda ejercerse en todos los territorios,
sin discriminaciones, sin obstáculos. Tenemos la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y de defender una sanidad pública y feminista.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha, de forma inmediata, la creación en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de registros de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto
de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en cumplimiento con el artículo 19 ter de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
2. Garantizar que dichos registros sean operativos, funcionales y actualizados en todos los servicios de salud autonómicos, asegurando que en cada centro público existan profesionales disponibles para garantizar el derecho al aborto en
condiciones de igualdad y equidad territorial.
3. Establecer mecanismos de coordinación y supervisión con las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para asegurar el cumplimiento efectivo de la ley en todo el territorio estatal.
4. Rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados sobre el grado de implementación de los registros, detallando los pasos dados, los obstáculos encontrados y las medidas adoptadas para resolverlos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 1 93 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la regularización de las mujeres en contextos de prostitución o víctimas de trata con fines de explotación sexual o
de explotación sexual, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres que atenta contra la dignidad y la libertad, y se encuentra indisolublemente
unida a la prostitución, que es el objetivo principal de esta forma de trata.
En nuestro país se han desarrollado distintos planes para abordar esta problemática, pero aún no existe una legislación específica para abordar la trata y la explotación sexual. Esta situación dificulta que se conozca realmente la magnitud
del problema pues no existen datos fiables sobre las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución o son víctimas de trata o explotación sexual. Si atendemos a los datos de Cruz Roja, el 96 % de las mujeres que atendieron en el año 2023
víctimas de trata y explotación sexual se encontraban en situación irregular. Por su parte, Médicos del Mundo afirma que solo la mitad de las mujeres que atendieron en 2023 quisieron facilitar su situación administrativa, de ellas, el 42 % se
encuentra en situación irregular.
El debate en torno a la prostitución dentro de las diferentes corrientes teóricas feministas se ha erigido como uno de los más irreconciliables y es precisamente esta falta de consenso la que hace que existe una inacción en cuanto a las
políticas públicas se refiere. Durante el anterior Gobierno de Coalición, el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero aprobó el I Plan de Inserción Sociolaboral para mujeres en contextos de prostitución, trata o explotación sexual. Es
gracias a este plan que las organizaciones como Médicos del Mundo pueden seguir desarrollando su labor y recabando los datos que tenemos disponibles que nos muestran que el principal problema de las mujeres en contextos de prostitución, trata y
explotación sexual es muchas veces que, al encontrarse en una situación a administrativa irregular, no tienen garantizados todos sus derechos como ciudadanas. Es por esto que no pueden acceder a trabajos, vivienda, sanidad, educación y todos los
servicios sociales disponibles.
Cabe destacar que la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual reconoce en su artículo tercero la trata con fines de explotación sexual como un tipo de violencia sexual, dando acceso a sus víctimas
todos los derechos que recoge la ley. Además, el Gobierno y las Comunidades y Ciudades Autónomas aprobaron en la Conferencia Sectorial de Igualdad de 27 de mayo de 2022 el procedimiento para la acreditación administrativa de la condición de víctima
de trata de seres humanos y/o explotación sexual que daba cumplimiento al artículo 47 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania. Este artículo establece que: 'Las posibles situaciones vinculadas a la trata de seres humanos y a la explotación sexual, incluidas las derivadas del desplazamiento de personas que huyen del conflicto armado en
Ucrania, podrán acreditarse a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por entidades sociales especializadas debidamente reconocidas por las Administraciones Públicas competentes
en la materia. Dicha condición la ostentan aquellas entidades que colaboran formalmente con las Administraciones Públicas en la atención a este sector, a través de una subvención pública, un contrato o convenio específicos, o a través de un
protocolo oficial u otro instrumento formal en materia de trata o explotación sexual. Esta acreditación dará acceso a los derechos de información y derivación a recursos asistenciales establecidos en la normativa estatal y en el artículo 12 del
Convenio de Varsovia y, en caso de cumplir el resto de requisitos, al Ingreso Mínimo Vital'.
Sin embargo, a día de hoy, esta acreditación no está funcionando por lo que estamos viendo como muchas de esas mujeres que, especialmente cuando se encuentran en
situación irregular, muchas veces tienen miedo de acudir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado están quedando desamparadas por un Estado que no está cumpliendo con sus obligaciones de proteger a estas víctimas.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regularizar de manera extraordinaria a todas las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, trata o explotación sexual en nuestro país.
2. Desarrollar cuantos mecanismos, planes o protocolos sean necesarios para que la acreditación para víctimas de explotación sexual funcione tal y como recoge nuestro ordenamiento jurídico.
3. Encargar estudios e informes que muestren un verdadero mapa de la situación de las mujeres en contextos de prostitución, víctimas de trata o explotación sexual en nuestro país. Los datos deberán aparecer debidamente desagregados
prestando especial atención a la situación administrativa de estas mujeres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su portavoz adjunta, lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su tramitación ante la Comisión de Igualdad para la garantía efectiva del derecho a la educación sexual integral en cumplimiento con la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Exposición de motivos
La educación sexual no es una opción ideológica ni un privilegio, es un derecho, una política de salud pública imprescindible y una herramienta clave en la construcción de una sociedad libre de violencias. Así lo reconocen organismos
internacionales de Naciones Unidas como la UNESCO o la OMS, que han subrayado la necesidad de garantizar una educación sexual integral basada en los derechos humanos y en el respeto de la diversidad y la igualdad desde las primeras etapas
educativas. Esta educación debe formar parte de los contenidos escolares obligatorios y estar adecuadamente financiada y evaluada.
Así, la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en su Capítulo III, establece un conjunto de medidas en
el ámbito de la educación y la sensibilización que comprometen a los poderes públicos a garantizar una formación integral y transversal en salud sexual y reproductiva en todo el sistema educativo, como recoge su artículo 9.
Pero, a pesar de su mandato legal claro que, además, viene a reforzar lo recogido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, la implantación de este derecho sigue siendo
profundamente desigual y frágil. Algunas comunidades autónomas no han desarrollado planes efectivos y otras incluso bloquean o eliminan contenidos por presión de fuerzas reaccionarias. La falta de
formación del profesorado, de recursos y de evaluaciones impide que este derecho se materialice en la experiencia real del alumnado.
De hecho, según la Fundación Fad Juventud, en 2023 casi la mitad de los y las adolescentes y jóvenes en España de entre 16 y 29 años declaran no haber recibido educación sexual funcional ni por parte de sus familias ni en su centro escolar.
Todo ello deja a las infancias y adolescencias expuestas a una educación informal dominada por los estereotipos machistas y por los discursos de odio que circulan sin freno en las redes sociales, y las consecuencias son graves: falta de
referentes positivos sobre el consentimiento, la identidad o la diversidad, relaciones marcadas por la desigualdad, baja percepción del riesgo ante las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y aumento de las violencias sexuales entre jóvenes.
Frente a quienes intentan boicotear derechos y desmantelar políticas públicas con perspectiva feminista, el Estado tiene la responsabilidad de actuar con firmeza. Garantizar una educación sexual integral y de calidad no es solo cumplir con
la ley, es una inversión a futuro por una sociedad igualitaria y libre de violencias.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la plena aplicación del artículo 9 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo,
elaborando, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan estatal de implantación efectiva de la educación sexual integral en el sistema educativo, desde la etapa infantil hasta el bachillerato y la Formación Profesional (FP).
2. Impulsar que la educación sexual sea obligatoria, transversal y adaptada a cada etapa, con enfoque de género, derechos, diversidad y prevención de las violencias machistas, en colaboración con expertas en salud sexual, pedagogía
feminista y derechos LGTBIQA+.
3. Dotar al profesorado de formación específica y permanente en salud sexual y reproductiva, conforme a los criterios establecidos en el artículo 10 de la misma ley, y garantizar que todos los centros educativos cuenten con profesionales
capacitados y recursos adecuados.
4. Combatir el negacionismo, los discursos de odio y la desinformación promovida por sectores reaccionarios que intentan eliminar la educación sexual de las aulas, defendiendo públicamente su valor como política feminista de Estado y como
derecho del alumnado.
5. Desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan conocer el grado de cumplimiento del derecho a la educación sexual en cada territorio, identificando desigualdades y corrigiendo incumplimientos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Juventud e Infancia
161/002522
A la Mesa de la Juventud e Infancia
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
reconocimiento del título
de familia numerosa a las unidades familiares con custodia compartida, para su debate en esta comisión.
Exposición de motivos
La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, reconoce expresamente en su artículo 2.c) el derecho de las unidades familiares con custodia compartida a ostentar el título de familia numerosa. Sin embargo, en la
práctica, este derecho no se garantiza de manera uniforme, ya que si bien unas Administraciones suelen ampararse en lo dispuesto en el artículo 3.3 de la citada ley para denegar el título a uno de los progenitores, lo que supone una interpretación
restrictiva y contraria al espíritu de la norma, otras no realizan tal restricción.
En la actualidad en los casos de unidades familiares con custodia compartida encontramos distintas aplicaciones de la citada Ley y de su Reglamento aprobado mediante real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre en Comunidades Autónomas como
Murcia, que reconoce la posibilidad de expedición del título a ambos progenitores, en los términos indicados.
Así en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, se viene aplicando un criterio de alternancia temporal por años -pares para un progenitor e impares para otro- como fórmula para la concesión del título. Este sistema de 'sorteo' resulta
arbitrario, ajeno al marco legal y contrario al principio de igualdad y al interés superior de los menores.
Ha de indicarse que ni en la Ley 40/2003 ni su reglamento de desarrollo -el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre- contempla esta fórmula de alternancia o exclusividad. Muy al contrario, el artículo 6.1 del citado reglamento establece
que 'el título de familia numerosa será expedido por la Administración competente, a solicitud del padre, la madre o el ascendiente que tenga a su cargo a los hijos'. En los casos de custodia compartida, ambos progenitores tienen a su cargo legal y
efectivo a los hijos, por lo que cumplen con los requisitos exigidos para ostentar el título.
Es más como se ha manifestado con anterioridad, cada Comunidad Autónoma siempre que respete el marco de la legislación básica estatal y dentro de su ámbito competencial adopta criterios diferentes (como la alternancia anual del título de
familia numerosa como el reconocimiento del título de familia numerosa a las unidades familiares con custodia compartida).
La jurisprudencia incluso avala ni imponer o establecer como criterio 'exclusivo' la alternancia.
La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 14 de octubre de 2021 (Rec. 5548/2020), afirma que:
'No cabe imponer una alternancia en la titularidad del título de familia numerosa en los supuestos de custodia compartida. Ambos progenitores reúnen las condiciones legales y tienen derecho individual a ostentar el título.'
En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 3 de febrero de 2021 (Rec. 51/2020):
'La negativa de la Administración a otorgar el título al padre en régimen de custodia compartida, por haberlo expedido previamente a la madre, es contraria al ordenamiento jurídico.'
Incluso el Defensor del Pueblo, en su Informe Anual de 2021, calificó el sistema de alternancia como 'arbitrario, injustificado y contrario al principio de igualdad', reiterando la necesidad de reconocer el título de forma simultánea a ambos
progenitores en régimen de custodia compartida.
El propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 manifestó su voluntad de corregir esta situación mediante el proyecto de la conocida 'Ley de Familias', cuyo anteproyecto fue presentado ante el Congreso de los Diputados el 29
de febrero
de 2024. No obstante, la tramitación de dicha norma se encuentra paralizada, sin que se haya producido un avance efectivo salvo medidas laborales parciales adoptadas por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio.
Por todo ello, y en virtud de un reconocimiento efectivo del principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la CE en consonancia con el artículo 39, a fin de garantizar los derechos de las familias y evitar discriminaciones
innecesarias, exige una actuación decidida por parte del Gobierno.
Por todo lo expuesto se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Realizar las actuaciones necesarias para reconocer el derecho a ostentar el título de familia numerosa a ambos progenitores en régimen de custodia compartida, sin imponer criterios de alternancia, turnos, sorteos ni exclusividades,
revisando el criterio administrativo actualmente aplicado conforme a los principios constitucionales de igualdad, legalidad, protección a la familia y marco básico estatal.
2. Aprobar al igual que se hizo con el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que incluyó varias medidas que estaban previstas en el proyecto de la Ley de Familias, un nuevo Real Decreto Ley que recoja esta realidad familiar así como
otras nuevas realidades familiares al objeto de recocer el derecho a ostentar el título de familia numerosa a los progenitores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2025.-Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto,
161/002532
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley para la defensa de los derechos
de los menores migrantes en situación de vulnerabilidad para su debate en la Comisión de Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Los valores y principios como la solidaridad, la dignidad y el respeto a los derechos humanos constituyen pilares fundamentales de la convivencia democrática y del Estado social. La pobreza, las guerras, la persecución política o religiosa
y la vulneración sistemática de los derechos humanos obligan a muchas familias y, especialmente, a menores, a abandonar su país de origen en busca de seguridad y de un futuro digno.
Los menores migrantes en situación de vulnerabilidad, y de manera concreta los no acompañados, son niños y niñas que llegan a nuestro territorio después de atravesar mares y fronteras en condiciones extremas. No representan ninguna amenaza:
son, sencillamente, niños que reclaman protección, acogida y oportunidades de futuro. Cualquier intento de criminalizarlos o convertirlos en un problema de seguridad responde a un discurso insolidario y racista que degrada a la democracia y
erosiona la convivencia.
En los últimos meses, hemos visto con preocupación cómo determinadas administraciones autonómicas han hecho un uso partidista de este fenómeno, asumiendo el relato de la extrema derecha y utilizando una cuestión humanitaria de primer orden
para la confrontación política con el Gobierno del Estado. Además, estas mismas administraciones han derivado responsabilidades hacia los ayuntamientos, muchos de
ellos con recursos muy limitados, poniendo en riesgo la calidad de la atención y trasladando una carga que corresponde a las comunidades autónomas y al estado.
La dotación económica anunciada por el Gobierno de España, ligada al reciente reparto aprobado mediante Real Decreto-ley 2/2025, solo cubre parcialmente los costes de los primeros meses de acogida. Para garantizar una protección efectiva,
es necesario un incremento sustancial y estable de la financiación estatal que asegure una respuesta coordinada y sostenida en el tiempo, con recursos suficientes y adecuados.
Asimismo, resulta imprescindible reforzar y acelerar la puesta en marcha de las infraestructuras sociales y residenciales previstas en los planes autonómicos, desarrollando programas de inclusión educativa, sanitaria y social que aseguren el
acceso a derechos básicos y oportunidades reales de integración.
El Estado español, como estado que ha vivido históricamente la emigración de miles de ciudadanos y ciudadanas, tiene el deber moral y político de garantizar que estos niños reciben el trato humano y digno que merecen.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a implantar las siguientes medidas:
1. Reforzar el sistema estatal de financiación destinado a la acogida e inclusión de los menores migrantes en situación de vulnerabilidad, asegurando una dotación suficiente, estable y sostenida en el tiempo que cubra realmente todas las
necesidades de atención.
2. Garantizar la coordinación efectiva entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los municipios, de forma que las competencias en materia de servicios sociales y protección de menores sean ejercidas por cada
nivel de gobierno de forma responsable, sin trasladar de forma injusta la carga a los ayuntamientos, especialmente a los de menor población y recursos.
3. Impulsar programas de inclusión social y educativa que aseguren a estos menores el acceso a la educación, la sanidad, el ocio y el conjunto de derechos que garantizan una ciudadanía plena.
4. Acelerar la puesta en marcha y ejecución de infraestructuras sociales y residenciales destinadas a la infancia y la adolescencia, con especial atención a las contempladas en los planes autonómicos de servicios sociales, asegurando un
despliegue equitativo en todo el territorio del Estado.
5. Promover un rechazo explícito de los discursos racistas y xenófobos que criminalizan a los menores migrantes, estableciendo como línea institucional del Estado la defensa de los valores de solidaridad, dignidad y respeto a los derechos
humanos.
6. Coordinar las acciones entre todos los ministerios implicados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei per a la defensa dels drets dels
menors migrants en situació de vulnerabilitat per al seu debat en la Comissió d'Infància i Adolescència.
Exposició de motius
Els valors i els principis com la solidaritat, la dignitat i el respecte als drets humans constitueixen pilars fonamentals de la convivència democràtica i de l'Estat social. La
pobresa, les guerres, la persecució política o religiosa i la vulneració sistemàtica dels drets humans obliguen a moltes famílies i, especialment, menors, a abandonar el seu país d'origen buscant seguretat i un futur digne.
Els menors migrants en situació de vulnerabilitat, i de manera particular els no acompanyats, són xiquets i xiquetes que arriben al nostre territori després de travessar mars i fronteres en condicions extremes. No representen cap amenaça:
són, senzillament, infants que reclamen protecció, acollida i oportunitats de futur. Qualsevol intent de criminalitzar-los o convertir-los en un problema de seguretat respon a un discurs insolidari i racista que degrada la democràcia i erosiona la
convivència.
En els darrers mesos, hem vist amb preocupació com determinades administracions autonòmiques han fet un ús partidista d'aquest fenòmen, assumint el relat de l'extrema dreta i utilitzant una qüestió humanitària de primer ordre per a la
confrontació política amb el Govern de l'Estat. A més, aquestes mateixes administracions han derivat responsabilitats cap als ajuntaments - molts d'ells amb recursos molt limitats- posant en risc la qualitat de l'atenció i traslladant una càrrega
que correspon a les comunitats autònomes i a l'estat.
La dotació econòmica anunciada pel Govern d'Espanya, lligada al recent repartiment aprovat mitjançant el Reial decret-llei 2/2025, només cobreix parcialment els costos dels primers mesos d'acollida. Per a garantir una protecció efectiva,
cal un increment substancial estable del finançament estatal que assegure una resposta coordinada i sostinguda en el temps, amb recursos suficients i adequats.
Alhora, resulta imprescindible reforça i accelerar la posada en marxa de les infraestructures socials i residencials previstes en els plans autonòmics, i desplegar programes d'inclusió educativa, sanitària i social que asseguren l'accés a
drets bàsics i oportunitats reals d'integració.
L'estat espanyol, com a estat que ha viscut històricament l'emigració de milers de ciutadans i ciutadanes, té el deure moral i polític de garantir que aquests infants reben el tracte humà i digne que mereixen.
Per tot l'exposat anteriorment, presente la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés acorda instar al Govern de l'Estat a realitzar les següents mesures:
1. Reforçar el sistema estatal de finançament destinat a l'acollida i inclusió dels menors migrants en situació de vulnerabilitat, assegurant una dotació suficient, estable i sostinguda en el temps que cobrisca realment totes les
necessitats d'atenció.
2. Garantir la coordinació efectiva entre l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i els municipis, de manera que les competències en matèria de serveis socials i protecció de menors siguen exercides per cada nivell de
govern de forma responsable, sense traslladar de manera injusta la càrrega als ajuntaments, especialment als de menor població i recursos.
3. Impulsar programes d'inclusió social i educativa que asseguren a aquests menors l'accés a l'educació, la sanitat, l'oci i el conjunt de drets que garanteixen una ciutadania plena.
4. Accelerar la posada en marxa i execució d'infraestructures socials i residencials destinades a la infància i l'adolescència, amb especial atenció a les contemplades en els plans autonòmics de serveis socials, assegurant-ne un
desplegament equitatiu en tot el territori de l'Estat.
5. Promoure un rebuig explícit dels discursos racistes i xenòfobs que criminalitzen els menors migrants, i establir com a línia institucional de l'Estat la defensa dels valors de solidaritat, dignitat i respecte als drets humans.
6. Coordinar les accions entre tots els Ministeris implicats.'
Congrés, 1 d´octubre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grup Parlamentari Mixt.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la accesibilidad por
rampa en las dependencias de la Guardia Civil, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La accesibilidad universal no debe ser un mero principio inspirador, sino una obligación legal y moral que garantice la plena inclusión y autonomía de todas las personas, especialmente de aquellas con discapacidad. El acceso a dependencias
públicas, como los cuarteles y comandancias de la Guardia Civil, debe realizarse en igualdad de condiciones, sin obstáculos físicos ni arquitectónicos que impidan o dificulten su uso por personas con movilidad reducida.
En diversos acuartelamientos, se han instalado plataformas elevadoras verticales para personas con discapacidad. Sin embargo, estos dispositivos -habitualmente justificados como solución técnica- han demostrado ser ineficientes, propensos a
averías y carentes de la funcionalidad que garantice un uso autónomo y digno. En muchos casos, dichas plataformas permanecen averiadas durante largos periodos, donde lleva fuera de servicio más de dos años, imposibilitando el acceso a las
instalaciones.
La realidad demuestra que estas plataformas no han supuesto, en muchos casos, una mejora en la accesibilidad a los cuarteles para las personas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida, sin responder a los principios de
accesibilidad universal ni al enfoque de derechos humanos que debe regir toda política pública en esta materia. Por ello, sería deseable que las personas con discapacidad no fuesen tratadas como sujetos pasivos a la hora de acceder a espacios
públicos, como pueden ser las dependencias de la Guardia Civil.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos la necesidad de promover soluciones estructurales, permanentes y plenamente accesibles como las rampas de acceso, que permiten a las personas con movilidad reducida desplazarse una
mayor autonomía y seguridad. Esta medida, además, se alinea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la legislación estatal en materia de accesibilidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar a las dependencias de la Guardia Civil que tengan atención a la ciudadanía durante todo el día de unos mejores accesos a sus instalaciones para las personas con movilidad reducida, mediante la instalación de rampas estructurales
permanentes, como solución prioritaria y preferente frente al uso de plataformas elevadoras.
2. Sustituir progresivamente las plataformas elevadoras existentes en los acuartelamientos de la Guardia Civil por sistemas de acceso basados en rampas u otras soluciones arquitectónicas que permitan el uso autónomo y seguro de las
instalaciones por parte de las personas con movilidad reducida.
3. Elaborar, en el plazo de seis meses, un plan de evaluación técnica y calendarización para la adaptación física del mayor número posible de dependencias de la Guardia Civil, bajo los criterios de accesibilidad universal, y con
participación del sector de la discapacidad.
4. Asegurar que todas las nuevas infraestructuras públicas incluidas futuras obras o rehabilitaciones en acuartelamientos, integren elementos arquitectónicos que garanticen el principio de accesibilidad universal'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2025.-María Lourdes Ramírez Martín, María Mercedes Fernández González, Violante Tomás Olivares, María Sandra Moneo Díez, Silverio Argüelles García, María del Socorro Cuesta
Rodríguez, Esther Llamazares Domingo, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez, Javier Noriega Gómez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Isabel Gema Pérez Recuerda y Juan Andrés Bayón Rolo, Diputados.-Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/002530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Andrés Alberto Rodriguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la calidad de la atención a los españoles en los servicios públicos, para su discusión en la Comisión para la auditoría de la
calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
Año tras año, los españoles son testigos de la pérdida de calidad en la atención de los servicios públicos. Es una constante la escasez de personal, el aumento de los tiempos de espera o la concertación de citas en fechas muy lejanas. La
falta de disponibilidad de la Administración Pública para con los españoles no es propia de países de nuestro entorno.
Los ejemplos que ilustran este fenómeno son numerosos. En materia sanitaria, por ejemplo, cada año se repiten las informaciones sobre la falta de personal facultativo y de enfermería. Esta situación supone un grave riesgo para el óptimo
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, en general, y para la salud de los pacientes, en concreto, quienes experimentan retrasos en su atención, diagnóstico y tratamiento. Además, el Consejo General de Enfermería denuncia también la
desigualdad entre regiones, consecuencia de la transferencia de la competencia de Sanidad a las mismas 31.
Asimismo, en lo referente a los tiempos de espera para ser atendido por los servicios médicos de Atención Primaria o por un especialista, la atención se retrasa por semanas y meses. De acuerdo con el más reciente Barómetro Sanitario del CIS
y del Ministerio de Sanidad, publicado en julio de 2025 32, casi el 80 % de los españoles no es atendido por su médico de familia en las 48h siguientes a su solicitud. Igualmente, la media del tiempo de espera para ser recibido por el especialista
se eleva a 140 días, casi cinco meses.
Esta situación en la que los españoles padecen esta dilatación en los tiempos de espera y una enorme carencia de medios logísticos y de personal, contrasta con la del presidente del Gobierno, quien disfruta de un equipo médico cada vez más
numeroso: actualmente hay
31 https://www.consejogeneralenfermeria.org/profesion/guias-clinicas/send/20-notas-de-prensa/2684-el-consejo-general-de-enfermeria-denuncia-la-desigual-implementacion-de-las-especialidades-de-enfermeria-en-las-cc-aa
32 https://www.abc.es/sociedad/espanoles-esperan-cuatro-meses-colonoscopia-dos-ecografia-20250709124715-nt.html
casi 30 personas dedicadas a cuidar el estado de salud de Pedro Sánchez cuando en 2018 eran sólo 15 33. Además, el presidente del Gobierno tiene a su disposición también 2 UCI móvil y 3 unidades médicas 34. Un ejemplo más de cómo este
Ejecutivo no protege ni vela por el bien común de los españoles sino únicamente por su propio interés y bienestar.
En el ámbito de la dependencia se repite este fenómeno con creces: los trámites para acceder a una prestación o servicio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se alargan por mucho tiempo. Según el último informe
del Observatorio Estatal de la Dependencia 35, actualmente casi 300.000 personas están a la espera de ver resueltas sus instancias. Además, la desigualdad entre territorios es igualmente abismal: mientras regiones como Canarias representan el 35,4
% de los solicitantes cuya tramitación está pendiente de resolución, en Aragón sólo son el 1,5 %. También hay diferencias alarmantes en el tiempo medio de resolución: en Andalucía, Murcia y Canarias es más de 1 año, frente a otras como Castilla y
León y País Vasco (menos de cuatro meses). 'Estas diferencias reflejan, según los autores del informe, la falta de un modelo común coordinado desde el Estado y un entramado burocrático que ralentiza gravemente la atención' 36. De hecho, el propio
informe señala que hasta 900.000 personas han fallecido en España durante estos tiempos de espera.
Igualmente, cabe mencionar los problemas de personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo encargado de gestionar el sistema de protección por desempleo: se encuentra con una plantilla que ha perdido más de 3.000
empleados en apenas 10 años y un sistema informático inoperativo que impide la gestión tanto de citas presenciales como de la solicitud telemática de las prestaciones, lo que supone un grave retraso para los trabajadores en su acceso a la prestación
por desempleo 37.
Por otra parte, los españoles sufren también la falta de medios en las Administraciones Públicas en el sector de la seguridad vial: los centros de exámenes de conducir experimentan severos colapsos por falta de examinadores y las
convocatorias de las pruebas de conducción se posponen varios meses por este motivo 38. En la región madrileña, por ejemplo, uno de los territorios con mayor número de aspirantes al carné de conducir, el número de examinadores de la DGT en Móstoles
se ha reducido en casi un 30 % (103 a 74) 39.
Uno de los grupos más vulnerables, nuestros mayores, también se exponen peligrosamente a esta pérdida de la calidad asistencial de los servicios públicos. Las residencias de mayores y los centros de día experimentan casos sangrantes de
falta de personal, afectando a la debida atención y acompañamiento de los usuarios 40. A mayor abundamiento, las tendencias demográficas españolas apuntan a un sostenido envejecimiento de la población y crecimiento de la franja de edad de los 65
años o más. Por tanto, este problema inevitablemente empeorará si no se pone solución: 'Es imperativo que se avance en la consolidación de un marco normativo estable, que permita a las residencias y centros de día adaptarse a las transformaciones
demográficas y tecnológicas sin perder la esencia humana que caracteriza a la atención sociosanitaria' 41.
Asimismo, existe un fuerte deterioro de la seguridad debido al abandono por parte del Gobierno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que carecen de efectivos y medios suficientes. Sindicatos y asociaciones han denunciado esta
situación, especialmente agravada por el aumento de la inmigración ilegal. Interior ha ofertado este año
33 https://www.elconfidencial.com/espana/2025-07-09/moncloa-aumentar-personal-sanitario-cuida-salud-sanchez 4168526/
34 Ibid.
35 https://www.abc.es/sociedad/listas-espera-dependencia-crecen-286000-personas-esperan-20250707132825-nt.html
36 Ibid.
37 https://elpais.com/economía/2025-06-29/colapso-en-el-sepe-la-dificil-mision-de-conseguir-cita-para-la-prestacion-por-desempleo.html
38 https://www.jaenhoy.es/jaen/falta-examinadores-jaen-carne-conducir_0_2004378884.html
39 https://motor.elpais.com/conducir/el-centro-de-examenes-de-la-dgt-de-mostoles-al-borde-del-colapso/
40 https://dependenda.info/noticia/8205/actualidad/la-angustía-por-cubrir-turnos-y-plantillas:-el-drama-diario-en-recursos-humanos-de-las-residencias-de-personas-mavores.html
41 Ibid.
solo 3.118 plazas de Guardia Civil 42, la mitad de las necesarias, lo que dejará un déficit de hasta 1.800 agentes entre 2022 y 2025. En las Islas Baleares, por ejemplo, Formentera cuenta con apenas 25 guardias civiles para toda la isla 43,
lo que dificulta sobremanera ofrecer un servicio público óptimo, especialmente en los momentos del año de temporada alta.
Los ejemplos de esta pérdida de calidad no se limitan a los aquí expuestos. También suceden en ámbitos como el de los transportes: se han multiplicado los incidentes en los últimos años en la red ferroviaria. Desde que Óscar Puente asumió
la cartera de Transportes, se ha registrado un notable aumento de fallos, averías y eventos graves en la red ferroviaria: caídas de tensión en catenarias 44, robos de cable que paralizan trenes 45, estancamientos prolongados de convoyes que
provocan retrasos superiores a dos horas 46, e incluso descarrilamientos 47, son solo algunos ejemplos de esta preocupante situación. A ello se suma la reciente modificación por parte de RENFE de su compromiso de puntualidad, que supone una rebaja
en las obligaciones del operador público frente a los derechos de los viajeros, y reduce drásticamente las indemnizaciones por retrasos que se venían abonando por la entidad pública a los usuarios 48. Para mayor escarnio, el ministro Óscar Puente
ha advertido recientemente que en los próximos años vamos a ver más incidencias como estas 49.
Asimismo, en el sector aeroportuario los españoles también sufren un grave deterioro del servicio público: aumentan considerablemente los retrasos en el control de pasaportes ante la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado 50. En consecuencia, miles de usuarios pierden vuelos. A mayor abundamiento, estos fallos han provocado la pérdida de prestigio de aeropuertos españoles como Barajas en los rankings internacionales y su descenso hasta casi 30 puestos en
sólo un año 51.
Como se ve, infraestructuras e importantes servicios públicos, que antaño no sufrían problemas de entidad en su prestación, ahora destacan por su deterioro y escasez de medios humanos y materiales. Los españoles merecen una mejor atención
por parte de los servicios públicos: pagamos impuestos propios de países nórdicos y tenemos servicios e infraestructuras propias de países tercermundistas.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para garantizar un nivel de calidad óptimo en la prestación de los servicios públicos y de atención al ciudadano, con el fin de asegurar una administración
ágil y accesible, entre otras:
1. En materia sanitaria, hacer frente a la escasez de personal facultativo y de enfermería, así como armonizar a la baja en toda España los dilatados tiempos de espera en el ámbito de la Atención Primaria y medicina especializada.
2. En materia de atención a la dependencia, reducir los tiempos de los trámites para acceder a una prestación o servicio del Sistema para la Autonomía y Atención a la
42 https://jucil.es/ oferta-empleo-publico-solo-cubre-mitad-necesidades-reposicion-guardia-civil/
43 https://www.infobae.com/espana/2025/04/08/los-guardias-civiles-denuncian-la-falta-de-efectivos-en-islas-baleares-de-cara-a-semana-santa-y-el-verano-un-paraiso-para-los-delincuentes/
44 https://www.elmundo.es/economía/2025 707/01/68637b4721efa0391c8b45a7.html
45 https://www.rtve.es/noticias/20250504/robo-cable-toledo-adif-califica-sabotaie-provoca-demoras-trenes-larga-distancia-ave-avant/16565416.shtml
46 https://www.20minutos.es/noticia/5708557/0/incidencia-ave-madrid-sevilla-provoca-jornada-caos-retrasos-alta-velocidad-ocho-trenes-afectados/
47 25 descarrilamientos confirmados por el Ministerio durante el año 2023. https://www.transportes.gob.es/recursos mfom/ciaf memoriaanual-linea_2023.pdf
48 https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13153641/12/24/renfe-gasto-la-mitad-en-indemnizaciones-por-retraso-en-2024-tras-cambiar-su-politica.html
49 https://www.telemadrid.es/programas/ 120-minutos/Oscar-Puente-vaticina-dos-anos-mas-de-incidencias-en-AVE-v-Cercanias-por-la-llegada-de-nuevos-trenes-2-2813138668-20250904012709.html
50 https://elpais.com/espana/2025-07-02/caos-en-barajas-ante-el-colapso-del-control-de-pasaportes-de-la-t4-por-falta-de-efectivos-v-un-fallo-informatico.html
51 https://www.eldebate.com/espana/madrid/20250704/caos-baraias-asi-cae-espana-ranking-puntualidad-aerea 313802.html
Dependencia (SAAD) y afrontar la falta de personal para mejorar la calidad asistencial en las residencias de mayores y los centros de día.
3. En materia de Administraciones Públicas, hacer frente a las graves deficiencias del servicio en ámbitos clave para el buen desarrollo de la atención a los españoles en tiempo y forma como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o
los centros de exámenes de la DGT, entre otras.
4. Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de medios logísticos y personales suficientes con el fin de garantizar la seguridad de los españoles en todo el territorio nacional.
5. En materia de infraestructuras ferroviarias, poner fin a los numerosos incidentes y retrasos en los últimos años, especialmente en la España rural, abandonada por los sucesivos gobiernos, para garantizar la cohesión territorial y el
desarrollo rural.
6. En los aeropuertos, analizar de manera exhaustiva y con carácter prioritario la situación de los controles de pasaportes en toda la red aeroportuaria española, a fin de evitar que se produzcan aglomeraciones y retrasos que deterioren el
servicio, afecten a la imagen de los aeropuertos españoles y comprometan la seguridad de los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo que se establece en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
promover la incorporación de jóvenes al sector del transporte por carretera y mejorar las condiciones laborales de los profesionales, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Recientemente el Gobierno español ha anunciado la elaboración de un nuevo Real Decreto que prevé otorgar ayudas de hasta 2000 euros para obtener el carné de conducir C y D, los relativos a la conducción profesional de camiones y autobuses
respectivamente.
Este programa de ayudas está integrado en el Plan Reconduce, elaborado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para fomentar la entrada de nuevos conductores en un sector que necesita con urgencia contratar a más de 30 000
transportistas y a 4700 conductores de autobús para poder hacer frente a la demanda.
El déficit de profesionales, como ya ha puesto sobre la mesa Esquerra Republicana con anterioridad, colocan al sector en una posición de clara vulnerabilidad. Además, la falta de conductores de autobús dificulta también la ampliación de la
red de transporte público, retrasando aún más la transición ecológica.
Sin embargo, desde las asociaciones de transportistas señalan que estas ayudas solo beneficiarían a un 1 % de los nuevos profesionales que se necesitan en el transporte por carretera. Piden una mayor ambición por parte del Ministerio de
Transportes, que las ayudas lleguen al mayor número de personas, y que permitan romper con la barrera económica que supone acceder a estas titulaciones. Las entidades del sector también solicitan una segunda línea de ayudas en forma de cheques para
la formación, puesto que favorecería la entrada de jóvenes conductores nuevos.
No puede ser que haya jóvenes que no puedan acceder a una profesión con tan alta demanda de nuevos conductores. Con más del 60 % de los transportistas con una edad por encima de los 50 años, el envejecimiento de la plantilla es alarmante.
Asimismo, las condiciones laborales actuales desalentan el relevo generacional, condenando al sector a un futuro insostenible. Hay que añadir la competencia desleal, las tarifas injustas y la falta de protección legal, que agravan esta crisis
estructural perjudicando la seguridad y la salud de los profesionales, que son un pilar esencial para la industria, la economía estatal, y la transición hacia una movilidad verde.
Por todo esto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Ampliar el alcance de las ayudas para la obtención de los permisos de conducir profesionales C y D, con el objetivo de que lleguen al mayor número posible de personas y contribuyan realmente a cubrir las necesidades del sector del
transporte por carretera.
2. Establecer un plan integral para la incorporación de nuevos conductores y conductoras profesionales, con medidas específicas para favorecer la entrada de jóvenes, mujeres y personas desempleadas.
3. Crear una segunda línea de ayudas en forma de cheques de formación, que permita financiar total o parcialmente los cursos necesarios para obtener los permisos C y D y otros certificados profesionales vinculados al transporte por
carretera.
4. Garantizar un calendario claro y transparente para la implementación de ayudas y asegurar procedimientos sencillos, accesibles y digitales para su solicitud.
5. Prever la ampliación de la dotación presupuestaria del programa en caso de que la demanda supere las previsiones iniciales, para evitar que ninguna persona interesada quede excluida por falta de fondos.
6. Impulsar una estrategia de mejora de las condiciones laborales de los profesionales del transporte por carretera, que incluya medidas para combatir la competencia desleal, asegurar tarifas justas y mejorar la protección legal, laboral y
sanitaria de los trabajadores y trabajadoras del sector.
7. Fomentar la colaboración con las asociaciones profesionales y el sector del transporte, para diseñar conjuntamente las políticas públicas de apoyo al relevo generacional y la profesionalización del sector.
8. Impulsar un encargo de gestión en el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) para la realización de los exámenes teóricos y prácticos de los permisos C y D en Cataluña, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio, reducir la carga de
trabajo de los examinadores de la DGT y garantizar una mayor agilidad en las pruebas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2025.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
El. Grup Parlamentari republicà, a instàncies de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre promoure
la incorporació de joves al sector del transport per carretera i millorar les condicions laborals dels professionals per al seu debat en la Comissió sobre Seguretat Vial.
Exposició de motius
Recentment el govern espanyol ha anunciat l'elaboració d'un nou Reial Decret que preveu atorgar ajudes de fins a 2.000 per obtenir el permís de conduir C i D, els relatius a la conducció professional de camions i autobusos respectivament.
Aquest programa d'ajudes està integrat al Plan Reconduce, elaborat des del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, per fomentar l'entrada de nous conductors en un sector que necessita amb urgència contractar més de 30.000
transportistes i a 4.700 conductors d'autobús per poder fer front a la demanda.
El dèficit de professionals, com ja ha posat sobre la taula Esquerra Republicana amb anterioritat, col·loquen el sector en una posició de clara vulnerabilitat. A més a més, la falta de conductors d'autobús també dificulta l'ampliació de la
xarxa de transport públic, endarrerint encara més la transició ecològica.
Des de les associacions de transportistes, però, assenyalen que aquestes ajudes només beneficiarien a un 1 % dels nous professionals que es necessiten al transport per carretera. Demanen més ambició per part del Ministeri de Transports, que
les ajudes arribin al major nombre de persones, i que permetin trencar amb la barrera econòmica que suposa accedir a aquestes titulacions. Les entitats del sector també demanen una segona línia d'ajudes en forma de xecs per a la formació, ja que
afavoriria l'entrada de joves conductors nous.
No pot ser que hi hagi joves que no puguin accedir a una professió amb una demanda tan alta de nous conductors. Amb més del 60 % dels transportistes superen els 50 anys, l'envelliment de la plantilla és alarmant. Alhora, les condicions
laborals actuals desencoratgen el relleu generacional, condemnant el sector a un futur insostenible. Cal afegir-li la competència deslleial, les tarifes injustes i la manca de protecció legal, que agreugen aquesta crisi estructural malmetent la
seguretat i la salut dels professionals, que són un pilar essencial per a la indústria, l'economia estatal, i la transició cap a una mobilitat verda.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Ampliar l'abast de les ajudes per a l'obtenció dels permisos de conduir professionals C i D, amb l'objectiu que arribin al màxim nombre possible de persones i contribueixin realment a cobrir les necessitats del sector del transport per
carretera.
2. Establir un pla integral per a la incorporació de nous conductors i conductores professionals, amb mesures específiques per afavorir l'entrada de joves, dones i persones desocupades.
3. Crear una segona línia d'ajudes en forma de xecs de formació, que permeti finançar totalment o parcialment els cursos necessaris per obtenir els permisos C i D i altres certificats professionals vinculats al transport per carretera.
4. Garantir un calendari clar i transparent per a la implementació de les ajudes i assegurar procediments senzills, accessibles i digitals per a la seva sol·licitud.
5. Preveure l'ampliació de la dotació pressupostària del programa en cas que la demanda superi les previsions inicials, per evitar que cap persona interessada quedi exclosa per manca de fons.
6. Impulsar una estratègia de millora de les condicions laborals dels professionals del transport per carretera, que inclogui mesures per combatre la competència deslleial, assegurar tarifes justes i millorar la protecció legal, laboral i
sanitària dels treballadors i treballadores del sector.
7. Fomentar la col·laboració amb les associacions professionals i el sector del transport, per tal de dissenyar conjuntament les polítiques públiques de suport al relleu generacional i la professionalització del sector.
8. Impulsar un encàrrec de gestió al Servei Català de Trànsit (SCT) per a la realització dels exàmens teòrics i pràctics dels permisos C i D a Catalunya, amb l'objectiu de millorar l'eficiència del servei, reduir la càrrega de treball dels
examinadors de la DGT i garantir una major agilitat en les proves.'
Congrés dels Diputats, a 29 setembre de 2025.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del G. P. Republicá.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001387
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Está en disposición el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y/o ADIF a proceder al traspaso de la titularidad del tramo ferroviario abandonado entre Fraiz y A Moniña al Concello de Ames para que pueda acometer las actuaciones
necesarias y acondicionar el espacio para su uso peatonal como senda verde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Está en disposición o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel e/ou ADIF de proceder ao traspaso da titularidade do tramo ferroviario abandonado entre Fraiz e A Moniña ao Concello de Ames para que este acometa as actuacións
necesarias e acondicionar o espazo para o uso peonil como senda verde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001388
Irene Garrido Valenzuela, Gema Pérez Recuerda, Jaime Eduardo de Olano Vela Maria Isabel Prieto Serrano y Rafael Belmonte Gómez
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para frenar el aumento del absentismo laboral, que ya alcanza el 7 % a nivel nacional, especialmente en sectores clave como la industria y la construcción, así como en comunidades autónomas que
presentan tasas muy por encima de la media?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2025.-Irene Garrido Valenzuela, Isabel Gema Pérez Recuerda, Jaime Eduardo de Olano Vela, María Isabel Prieto Serrano y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001385
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Está dispuesto el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, a establecer cauces de colaboración y/o coordinación con el Concello de Ribadavia y Augas da Galiza para acometer las actuaciones de la nueva acometida de
agua potable que garantice el abastecimiento a la población?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Ten disposición o Goberno a través da Confederación Hidrográfica Miño Sil de estabelecer canles de colaboración e/ou coordinación co Concello de Ribadavia e Augas da Galiza para acometer as actuacións da nova acometida de auga potábel que
garanta o abastecemento á poboación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/001386
Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Miguel Angel Sastre Uyá, María Soledad Cruz-Guzman Garcia, Alberto Fabra Prat, Cristina Moreno Borrás, Carlos Gil Santiago, Laura María Lima
García, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Arguelles Garcia, Juan Andrés Bayón Rolo, Sergio Sayas López y Javier Gómez Noriega
¿Qué competencias va a tener SAREB en el marco de la Empresa Estatal de Vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2025.-Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá, María Soledad Cruz-Guzmán García, Alberto Fabra Part,
Cristina Moreno Borrás, Carlos Gil Santiago, Laura María Lima García, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo, Sergio Sayas López y Javier Gómez Noriega, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/025260
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando (GSUMAR)
Alonso Cantorné, Fèlix (GSUMAR)
Rivera Arias, Engracia (GSUMAR)
Valero Morales, Juan Antonio (GSUMAR)
González López, Nahuel (GSUMAR)
Sierra Caballero, Francisco (GSUMAR)
Certeza acerca de la afirmación de Silvia Prieto en la entrevista emitida el día 14/06/2025 en Radio 5 de RTVE de que la organización Haganá tiene presencia en España y está interconectada con la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI,
así como medidas previstas para que los medios públicos cumplan con los principios de rigor periodístico, pluralidad informativa y respeto de los derechos humanos y opinión acerca de si la emisión de la entrevista se alinea con la posición oficial
de España en relación con el conflicto en Palestina.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la nueva pregunta
añadida en la reformulación en sustitución de las preguntas quinta y sexta del texto original, dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, comunicando este acuerdo a los
autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
El pasado 14 de junio, Radio 5 de RTVE emitió una entrevista de Sasi Alami en el programa de 'Código Crystal' a Silvia Prieto, a quien presentó como una agente de la división Haganá del Mosad, especialista en ciberseguridad e inteligencia,
directora de Ciber Israel Systems y colaboradora de 'El Semanal de Israel'. Durante la entrevista, Sasi Alami describió a Haganá como una 'organización de defensa de la población judía contra los residentes árabes', cuando fue una organización
paramilitar ilegalizada y considerada terrorista por el Mandato Británico de Palestina desde su fundación en 1920.
Por su parte, la entrevistada describió Haganá como la rama de un árbol llamado Mosad, añadiendo que lo tenemos también en España y está conectado a la defensa de Israel, e interconectado con la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI.
Esta afirmación, de ser cierta,
plantea serios interrogantes sobre la naturaleza y alcance de la colaboración entre la inteligencia y los cuerpos de seguridad del Estado con una organización paramilitar extranjera.
A lo largo de la entrevista, la agente del sionismo hizo afirmaciones que constituyen una explícita apología del genocidio en Palestina, vinculando el islam con el terrorismo y equiparando antisionismo a antisemitismo, deshumanizando
sistemáticamente a la población gazatí. Estas declaraciones buscaban justificar los crímenes de guerra, el bloqueo de la ayuda humanitaria a Gaza, la limpieza étnica y el exterminio total del pueblo palestino.
Entre las citas más flagrantes destacamos:
8:20 'La visión propalestina está haciendo mucho efecto y la propaganda palestina está haciendo que mucha gente crea en el islam extremo'.
15:50 'Si la gente de a pie pone banderas [palestinas] en sus casas, gente normal y corriente, pone banderitas en sus casas y se olvida del 11M, y se olvida de la Rambla y se olvida de todo lo que ha pasado aquí con los yihadistas, van a
tener que lamentar lo que hay aquí. No están viendo el peligro'.
18:00 'Actualmente hay un antisemitismo de vuelta parecido al del 1933 con los 11 principios de Goebbels. [...] También lo vimos el 7 de octubre, donde se obvio a las mujeres por parte de los movimientos feministas. Como eran judías no se
dijo nada'.
24:00 'Es que esto se hubiera parado el 8 de octubre si hubieran devuelto los rehenes, porque si Israel hubiera querido el 8 de octubre masacra Gaza entera. Si mañana cogen y devuelven los rehenes, creo que quedan 59, la mitad vivos, la
mitad muertos. Si ellos devuelven los rehenes, mañana se acaba el conflicto. Pero es que están sufriendo un asedio de comida, pero tienen muchísima comida aún, no tienen para meses, pero claro, lo tiene Ha más. Pero bueno, es un asedio, los
asedios que se hacen toda la vida, ¿no? Agua, comida. No, pero y están quejándose, pero no liberan los rehenes. Entonces, si ellos liberan los rehenes, se acaba el conflicto, pero no quieren liberar los rehenes, no quieren hacer acuerdos. Han
estado mandando durante toda la guerra. Ellos han estado poniendo las condiciones. Entonces, no sé cómo va a acabar esto. Ojalá los que queden vivos puedan llegar a sus familias, porque hay personas pasándolo muy mal. Los están torturando
también. Entonces, a los rehenes. Entonces, lo que queremos es que los liberen. Si los liberan, mañana ya no hay conflicto en Gaza. Pero es que luego hay otro problema, porque los gazatíes no pueden estar ahí, porque mañana van a volver a hacer
lo mismo, porque no aprenden, porque ellos están adoctrinados desde pequeños, no pueden estar en la frontera al lado de Israel, porque mañana o pasado van a volver a hacer lo mismo. Entonces ese es otro de los problemas añadidos.'
Estas declaraciones no solo pretenden justificar los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la población gazatí, sino que también pretenden criminalizar el movimiento de solidaridad con Palestina, basado en la defensa de los derechos
humanos, el derecho internacional y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, así como deslegitimar cualquier crítica a Israel y fomentar la islamofobia.
Resulta inadmisible que un medio público español sirva a los intereses propagandísticos del sionismo, blanqueando una organización perpetradora del actual exterminio y que históricamente ha cometido crímenes contra la humanidad tanto dentro
de Palestina como internacionalmente, y justificando los ataques militares del Estado sionista que se están produciendo sobre Gaza, pero también sobre Cisjordania, el Líbano, Siria o Irán, victimizando a los criminales y criminalizando a las
víctimas para justificar los crímenes y los ataques militares sobre poblaciones civiles.
Ante la gravedad de los hechos y la responsabilidad de RTVE como servicio público, es imperativo que el Gobierno de España se pronuncie y clarifique la situación.
¿Puede el Gobierno confirmar o desmentir la afirmación de la señora Silvia Prieto de que la organización Haganá tiene presencia en España y está interconectada con la Guardia Civil y la Policía Nacional?
En caso afirmativo, ¿cuál es la naturaleza y el alcance de dicha interconexión o colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español y Haganá mencionada por la entrevistada?
¿Se ha evaluado la legalidad y la adecuación ética de cualquier posible relación o intercambio de información con una organización como Haganá, que fue ilegalizada y considerada terrorista por el Mandato Británico de Palestina?
¿Cuál es la valoración del Gobierno de España sobre la entrevista emitida en Radio 5 de RTVE el pasado 14 de junio a la señora Silvia Prieto, en la que se hicieron afirmaciones que justifican acciones y discursos que podrían constituir
apología del genocidio, la islamofobia y la deshumanización del pueblo palestino?
[...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2025.-Enrique Fernando Santiago Romero, Fèlix Alonso Cantorné, Engracia Rivera Arias, Juan Antonio Valero Morales, Nahuel González López y Francisco Sierra Caballero, Diputados.