Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 405, de 07/10/2025
cve: BOCG-15-D-405
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de octubre de 2025
Núm. 405
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural ... (Página10)
161/002510 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el proceso de mutación constitucional impulsado por el Gobierno ... (Página12)
161/002511 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la motivación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía ... (Página14)
Comisión de Defensa
161/002520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la desconexión total de los sistemas de seguridad y defensa israelíes ... (Página16)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002484 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reforzar la infraestructura digital del Portal de Acceso a la Información Pública mediante auditorías externas, monitorización en tiempo real
y planes de contingencia efectivos ... (Página18)
161/002490 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la reforma del sistema de financiación para un trato justo ... (Página20)
161/002492 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al copago farmacéutico ... (Página24)
161/002493 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la mejora de la fiscalidad a agricultores y ganaderos de pequeñas explotaciones económicas agrarias de secano en comarcas de interior y montañosas ...
Comisión de Interior
161/002482 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la utilización de espacios públicos, calles, plazas y soportes de entidades locales para enaltecer o reivindicar a ETA y a sus terroristas ...
161/002483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la exclusión de la Guardia Civil de la aplicación del Código Penal Militar en tiempos de paz ... (Página35)
161/002506 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para el reconocimiento y reparación de las víctimas de los últimos fusilamientos del franquismo, para garantizar la aplicación plena de la Ley de Memoria
Democrática y reforzar la justicia frente a los crímenes de la dictadura y la Transición ... (Página36)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002487 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ejecución del proyecto de glorieta en la carretera N-II para mejorar la conexión de La Puebla de Alfindén ...
161/002499 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el transporte de instrumentos musicales de grandes dimensiones en trenes de Alta Velocidad ... (Página39)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la garantía de igualdad de oportunidades en las actividades extraescolares y complementarias en el sistema educativo público ...
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002486 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la financiación del sistema de atención a la dependencia ... (Página44)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002489 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la promoción de una dieta saludable en detrimento de las dietas milagro ... (Página46)
161/002491 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la adopción de medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de agua para un uso agrario y ganadero sostenible y de proximidad ...
161/002495 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al etiquetado obligatorio del origen del arroz ... (Página54)
161/002498 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la limitación de precios de los alimentos básicos y la garantía del derecho a una alimentación digna ... (Página56)
161/002508 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la estabilidad y la supervivencia del sector pesquero ... (Página59)
161/002512 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, relativa a la quema controlada de restos vegetales ... (Página62)
161/002514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección del sector hortofrutícola español ... (Página64)
Comisión de Política Territorial
161/002516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a favor del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática con la participación de las comunidades autónomas ... (Página66)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002513 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la agilización máxima de actuaciones e inversiones pendientes en el embalse de Montearagón, así como las inversiones complementarias en
materia de tratamiento de aguas ... (Página69)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002481 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al derecho de retracto en la cesión de créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual a terceras personas o entidades ...
161/002488 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a limitar el alquiler de habitaciones de uso turístico por las comunidades de propietarios ... (Página75)
161/002515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para conocer, y solucionar de manera urgente, la problemática de la ocupación e inquiocupación en España ... (Página76)
Comisión de Cultura
161/002496 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reforma y la rehabilitación de la Ciudad del Artista Fallero de Valencia como distrito cultural y creativo ... (Página79)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002509 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, para la protección de los consumidores frente al fraude en los pagos ... (Página81)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002505 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el denominado Trío de Eclipses ... (Página85)
Comisión de Igualdad
161/002485 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la prevención y atención de la soledad no deseada en mujeres y mayores de 65 años ... (Página86)
161/002501 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la puesta en marcha de un plan de ayudas para favorecer la reincorporación de las mujeres al mercado laboral tras una excedencia por
cuidado de hijos o de un familiar ... (Página87)
161/002502 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para exigir responsabilidades y una auditoría urgente sobre los fallos del sistema COMETA ... (Página89)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002500 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, relativa a la ampliación de la Orden IET/543/2012 para la protección ante la radiación ultravioleta ... (Página90)
161/002517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la digitalización y el mantenimiento de los centros de examen desplazados para las pruebas de obtención del permiso de conducir ...
161/002518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la urgente necesidad de actuar ante el grave deterioro de la red viaria española y su incompatibilidad con la Estrategia de Seguridad
Vial 2030 ... (Página94)
161/002519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la carretera N-431 en la provincia de Huelva ... (Página95)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001368 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Javier Floriano Corrales (GP), Velasco Retamosa, José Manuel (GP), Rojas García, Carlos (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), García Félix, Manuel (GP), Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), Celaya Brey, Javier (GP), González Vázquez, Marta (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Navarro López, Pedro (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Román Jasanada, Antonio (GP) y Tarno Blanco, Ricardo (GP),
sobre garantías del Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar de una equiparación real de la presión fiscal que permita acabar con la distorsión que la colonia genera en la zona ... (Página97)
181/001369 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Javier Floriano Corrales (GP), Velasco Retamosa, José Manuel (GP), Rojas García, Carlos (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), García Félix, Manuel (GP), Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), Celaya Brey, Javier (GP), González Vázquez, Marta (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Navarro López, Pedro (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Román Jasanada, Antonio (GP) y Tarno Blanco, Ricardo (GP),
sobre forma en que se garantizará, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar, el ejercicio de las competencias Schengen en esas aguas por parte de España ante el riesgo de un efecto llamada migratorio con
la desaparición de la Verja ... (Página97)
181/001370 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Javier Floriano Corrales (GP), Velasco Retamosa, José Manuel (GP), Rojas García, Carlos (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), García Félix, Manuel (GP), Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), Celaya Brey, Javier (GP), González Vázquez, Marta (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Navarro López, Pedro (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Román Jasanada, Antonio (GP) y Tarno Blanco, Ricardo (GP),
sobre confirmación acerca de si se arbitra en el Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar un sistema de compensación justo para la Seguridad Social española, y al mismo tiempo, respetuoso con los derechos de nuestros trabajadores ...
181/001371 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Javier Floriano Corrales (GP), Velasco Retamosa, José Manuel (GP), Rojas García, Carlos (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), García Félix, Manuel (GP), Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), Celaya Brey, Javier (GP), González Vázquez, Marta (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Navarro López, Pedro (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Román Jasanada, Antonio (GP) y Tarno Blanco, Ricardo (GP),
sobre interés que tiene para España el facilitar la operatividad del aeródromo militar de Gibraltar construido sobre suelo español ilegalmente ocupado, legalizando su uso y facilitando operaciones con el resto de la Unión Europea, hoy restringidas
... (Página98)
181/001372 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Javier Floriano Corrales (GP), Velasco Retamosa, José Manuel (GP), Rojas García, Carlos (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), García Félix, Manuel (GP), Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), Celaya Brey, Javier (GP), González Vázquez, Marta (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Navarro López, Pedro (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Román Jasanada, Antonio (GP) y Tarno Blanco, Ricardo (GP),
sobre garantías que tiene España en el Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar para que la colonia detenga los rellenos ilegales destinados a proyectos inmobiliarios, muy graves desde el punto de vista medioambiental, sobre territorio
español y revierta los ya ejecutados ... (Página98)
181/001373 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Javier Floriano Corrales (GP), Velasco Retamosa, José Manuel (GP), Rojas García, Carlos (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), García Félix, Manuel (GP), Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), Celaya Brey, Javier (GP), González Vázquez, Marta (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Navarro López, Pedro (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Román Jasanada, Antonio (GP) y Tarno Blanco, Ricardo (GP),
sobre monto del fondo de cohesión para el Campo de Gibraltar previsto en el Acuerdo de Nochevieja ... (Página99)
181/001374 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Javier Floriano Corrales (GP), Velasco Retamosa, José Manuel (GP), Rojas García, Carlos (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), García Félix, Manuel (GP), Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), Celaya Brey, Javier (GP), González Vázquez, Marta (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Navarro López, Pedro (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Román Jasanada, Antonio (GP) y Tarno Blanco, Ricardo (GP),
sobre mejoras concretas que incluye el Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar en el ámbito de la protección del medio ambiente, siendo esta una de las principales reivindicaciones del Campo de Gibraltar ...
181/001375 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Javier Floriano Corrales (GP), Velasco Retamosa, José Manuel (GP), Rojas García, Carlos (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), García Félix, Manuel (GP), Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), Celaya Brey, Javier (GP), González Vázquez, Marta (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Navarro López, Pedro (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Román Jasanada, Antonio (GP) y Tarno Blanco, Ricardo (GP),
sobre medidas efectivas que incluye el Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar para evitar un mayor incremento del contrabando de tabaco que genera graves pérdidas a la Hacienda española ... (Página100)
181/001376 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Javier Floriano Corrales (GP), Velasco Retamosa, José Manuel (GP), Rojas García, Carlos (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), García Félix, Manuel (GP), Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), Celaya Brey, Javier (GP), González Vázquez, Marta (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Navarro López, Pedro (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Román Jasanada, Antonio (GP) y Tarno Blanco, Ricardo (GP),
sobre razón por la que no se nombró un Delegado Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el Campo de Gibraltar desde el cese del último en el cargo en el mes de enero de 2024 ...
Comisión de Interior
181/001350 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP), sobre modificaciones concretas que se han introducido en la instrucción número 10/2025 mediante la cual se actualiza el
procedimiento integral de la detención policial e impacto directo que tienen estos cambios en la protección de los agentes durante sus intervenciones ... (Página100)
181/001351 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP), sobre medidas urgentes que piensa implementar el Gobierno para proteger a los empleados públicos de los centros
penitenciarios teniendo en cuenta la cifra alarmante de agresiones que sufren estos funcionarios, concretamente un 126 % más desde el año 2018 ... (Página101)
181/001352 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP), sobre razón por la que no se implementaron medidas adicionales de protección policial para proteger a las más de 4.000
mujeres que actualmente disponen de ese recurso como víctimas de violencia de género, teniendo en cuenta que el Gobierno había sido advertido en reiteradas ocasiones sobre los fallos en el sistema de localización y aviso de las pulseras antimaltrato
... (Página101)
181/001377 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP), sobre número de contratos vigentes del Ministerio del Interior con empresas de Israel ...
181/001378 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP), sobre cantidad que ha pagado el Ministerio del Interior por la rescisión del contrato de balas con la empresa israelí IMI
SYSTEMS LTD y fecha en que se ha producido dicho pago ... (Página101)
181/001379 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), González Vázquez, Marta (GP) y Quintana Carballo, Rosa (GP), sobre número de identificaciones realizadas, número de detenidos y número de denuncias, tanto penales
como administrativas, en cada una de las etapas de La Vuelta ... (Página102)
181/001380 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), González Vázquez, Marta (GP) y Quintana Carballo, Rosa (GP), sobre número de efectivos planificados originariamente para cubrir la carrera y su paso por las
distintas localidades y número de efectivos en que se incrementó el dispositivo a partir de la primera etapa que concluyó en el País Vasco ... (Página102)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001349 Pregunta formulada por los Diputados Celso Luis Delgado Arce (GP) y Llamazares Domingo, Esther (GP), sobre posición del Gobierno en relación con el dictamen motivado de la Comisión Europea en el que solicita a España que respete
las normas de la Unión Europea en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión de las autopistas del Atlántico AP-9 y del Huerna AP-66 ... (Página102)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001364 Pregunta formulada por los Diputados María Isabel Prieto Serrano (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Torres Tejada, María (GP) y Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), sobre medidas previstas para mejorar la coherencia de las
normas y simplificarlas a fin de propiciar y favorecer un marco de actuación en las relaciones laborales más dinámico y eficiente para las empresas, especialmente las pymes que son las que generan el 70 % del empleo en nuestro país ...
181/001365 Pregunta formulada por los Diputados María Isabel Prieto Serrano (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Torres Tejada, María (GP) y Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), sobre valoración respecto a la opinión emitida por el Banco
de España en su último informe sobre la normativa densa y fragmentada que eleva costes a las empresas y dificulta el emprendimiento, con los consiguientes efectos negativos en el mercado laboral ... (Página103)
181/001366 Pregunta formulada por los Diputados María Isabel Prieto Serrano (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Torres Tejada, María (GP) y Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), sobre opinión acerca de si el incremento notable del
absentismo laboral en los últimos años, con una tasa del 7 % en el primer trimestre del año 2025, lo que implica que 1,5 millones de trabajadores no acude a su puesto de trabajo cada día, está afectando de forma negativa al funcionamiento del
mercado laboral en nuestro país ... (Página103)
181/001367 Pregunta formulada por los Diputados María Isabel Prieto Serrano (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Torres Tejada, María (GP) y Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), sobre opinión acerca de si el incremento notable del
absentismo laboral en los últimos años, con una tasa del 7 % en el primer trimestre del año 2025, lo que implica que 1,5 millones de trabajadores no acude a su puesto de trabajo cada día, requiere de una respuesta inmediata por parte de los poderes
públicos ... (Página103)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001353 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre confirmación acerca de si en la próxima planificación de la red de transporte eléctrico se reforzarán veinte subestaciones
y se crearán cuatro subestaciones nuevas en Euskadi, incrementando la capacidad de acceso y conexión en alrededor de 5.000 MW ... (Página104)
181/001354 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre compromisos ya alcanzados con otras Comunidades Autónomas, además de Euskadi, para incrementar la capacidad de acceso y
conexión en la red de transporte eléctrico que discurre por sus territorios ... (Página104)
181/001355 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre elaboración de la propuesta inicial de la Planificación de la red de transporte eléctrico 2025-2030 a que se refiere el
artículo quinto de la Orden TED/1375/2023, de 21 de diciembre ... (Página104)
181/001356 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre fechas previstas de sometimiento al Congreso así como de aprobación por el Gobierno de la Planificación de la Red de
Transporte para el próximo sexenio ... (Página104)
181/001357 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre confirmación acerca de si se ha emitido informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la
planificación inicial de la Red de Transporte Eléctrico para el próximo sexenio ... (Página105)
181/001358 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre criterios previstos para el reparto entre las Comunidades Autónomas de los recursos adicionales anunciados con el proyecto
de Real Decreto que regulará las inversiones en redes de transporte y distribución eléctrica ... (Página105)
181/001359 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre estado de ejecución en que está la planificación vigente de la red de transporte eléctrico 2021-2026 ...
181/001360 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre previsiones acerca de solapar las inversiones de la planificación de la red de transporte eléctrico en el año 2026 con
actuaciones procedentes de la planificación vigente 2021-2026 y la de 2026-2030 que se anuncia para el próximo sexenio ... (Página105)
181/001361 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre confirmación acerca de si el aumento anunciado de los límites de inversión para la planificación de la red de transporte
eléctrico supone que la planificación nueva retrocede de nuevo a la fase de propuestas iniciales ... (Página106)
181/001362 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre garantías de participación equitativa de todos los actores del sistema, incluidas las Comunidades Autónomas, en la
inversión adicional habilitada para la planificación de la red de transporte eléctrico para el próximo sexenio ... (Página106)
181/001363 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre cumplimiento por el Gobierno de los plazos y los procedimientos de la planificación vinculante de la red de transporte
eléctrico establecidos en la normativa ... (Página106)
Comisión de Sanidad
181/001348 Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre situación en la que está la Atención Primaria en nuestro Sistema Nacional de Salud ...
Secretaría General
292/000020 Acuerdo de 16 de septiembre de 2025, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de convocatoria de seis becas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con el Parlamento.
Convocatoria ... (Página107)
Designación de los miembros del Jurado ... (Página116)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las
Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/002503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. La vida, presupuesto de todos los demás derechos.
El derecho de 'todos' a la vida, reconocido en el artículo 15 de la Constitución Española de 1978, no es un derecho subjetivo entre otros, sino que es el primero y más fundamental de los derechos. La vida constituye, así, el presupuesto
necesario de toda facultad humana; sin ella no hay persona, y sin existencia de la persona ningún derecho de ella puede predicarse.
La censurable trayectoria del Tribunal Constitucional (TC) en esta materia no puede hacer olvidar el pronunciamiento que estableció en su Sentencia 53/1985, de 11 de abril, respecto al derecho a la vida del no nacido: (...) 'se deduce que
si la Constitución protege la vida con la relevancia a que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del
desarrollo de la vida misma; por lo que de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en
dicho precepto constitucional'.
En consecuencia, como derecho primero y origen de todos los demás, la vida ha de ser firmemente defendida desde el instante de la concepción hasta su término natural, sin que jamás un acto humano de voluntad pueda poner fin a la vida de un
ser humano inocente. Menos aún, si cabe, puede admitirse un derecho a provocar la muerte.
Segundo. La cultura de la muerte, máxima amenaza contra el derecho a la vida.
La indisponibilidad de la vida humana es uno de los principios fundamentales que conforman el ethos que es a su vez el sustrato espiritual y cultural en que se basa toda la
civilización occidental y cristiana de la que España es parte. No es casualidad, por tanto, que las fuerzas cuyo propósito es la desintegración de esa civilización hayan tenido como uno de sus principales objetivos la abolición de este
principio de la conciencia social. Esta tendencia al oscurecimiento del carácter inviolable de la vida humana ha sido promovida por distintas ideologías revolucionarias como el anarquismo, el comunismo, el socialismo y el progresismo, y han
terminado por configurar la llamada 'cultura de la muerte', cuyas manifestaciones más importantes han sido las políticas de la izquierda a favor de la legalización del aborto y la eutanasia.
Como en los demás países occidentales, en España el aborto siempre ha sido considerado como una conducta antijurídica contemplada en las leyes penales. En la etapa de la codificación, ya desde la promulgación del primer Código Penal de 1822
y hasta el actual de 1995 consta la tipificación del delito de aborto, como manifestación de la necesidad de proteger la vida humana dependiente con normas punitivas. Las políticas legislativas de la izquierda relativas a esta cuestión se han
orientado a una progresiva disminución de la protección jurídica del concebido y no nacido, desde la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, a la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez para radicalizar la
actualmente vigente Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta última establece un plazo de catorce semanas en el cual libremente se puede poner fin a la vida del nasciturus que habita en el seno materno, imponiendo de esta manera un sistema de aborto libre que deja totalmente desprotegida la vida
del concebido en ese período inicial del embarazo; un sistema que el Partido Popular, en su segundo período de mayoría absoluta (2011-2015), mantuvo, aplicó y consolidó, con la única matización de que las menores de dieciséis y diecisiete años no
pudieran abortar sin el consentimiento de sus padres o representantes legales.
Posteriormente, la mencionada Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, impulsada como se ha dicho por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y en especial por sus aliados comunistas, ha modificado la citada Ley Orgánica de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 2010 en el sentido de radicalizar aún más una norma ya de por sí extremista, con medidas como la eliminación de la citada necesidad de autorización por los padres o representantes legales
del aborto de las menores de dieciséis y diecisiete años, o como la restricción de la objeción de conciencia del personal sanitario.
La misma alianza de socialistas y comunistas impulsó la aprobación de la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica el Código Penal para tipificar como delito el rezo frente a las inmediaciones de clínicas abortivas,
vulnerando así los derechos a la libertad religiosa y a las libertades de expresión y manifestación; eran los mismos que poco antes, en 2021, habían promovido la modificación del Código Penal para asegurar la impunidad de los 'piquetes' violentos
en caso de huelga.
Pero la cultura de la muerte no se ha detenido en el aborto, sino que, como ya se ha señalado, ha tenido como uno de sus principales objetivos la legalización de la eutanasia, lo que consiguió con la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de
regulación de la eutanasia; ésta convierte en una obligación del Estado el privar de su vida a quien lo pida.
Finalmente, debe recordarse la absolutamente reprensible conducta del TC en esta cuestión. No solamente ha traicionado desde hace décadas su función de asegurar los derechos fundamentales de los más débiles. Aún peor, desde la asunción de
su presidencia por Cándido Conde-Pumpido en enero de 2023, dicho Tribunal, además de validar las mencionadas Leyes orgánicas de eutanasia, prohibición de rezos en clínicas abortistas y aborto de 2023, ha pretendido hacer del aborto y de la eutanasia
derechos fundamentales ex novo, pese a carecer de cualquier apoyo en el texto constitucional. Con ello ha pretendido nada menos que impedir toda futura legislación dirigida a aumentar el grado de protección de la vida humana, lo cual, aparte de su
maldad intrínseca, supone elevar los mandatos de la cultura de la muerte a la categoría de ideología oficial del Estado, en detrimento del más esencial pluralismo político.
Tercero. La dignidad humana como principio de un nuevo rumbo.
El fin último de toda acción política debe ser encaminar la misma hacia la consecución del bien común, el cual tiene como presupuesto necesario el respeto a la dignidad humana y a los derechos que le son inherentes a la persona, entre los
que se encuentra como primero y supremo la vida.
Es necesario que la actividad de los poderes públicos cambie drásticamente de rumbo asumiendo plenamente la defensa de la vida como un principio fundamental. Así, frente a la promoción del aborto desarrollada en las últimas décadas, procede
la aplicación de nuevas políticas que garanticen la información, apoyo y alternativas necesarias para todas aquellas madres con un embarazo problemático o inesperado. Y, en lugar de regular y dispensar la fatídica práctica de la eutanasia, es
preciso aprobar una ley de cuidados paliativos que asegure tanto la asistencia sanitaria digna como el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos. Asimismo, se deben habilitar medidas de apoyo económico, social e institucional a
familiares y cuidadores.
Este nuevo rumbo asentará sólidamente las políticas públicas sobre bases respeto a la dignidad humana, que son condición indispensable para la existencia de una comunidad política verdaderamente legítima y apta para procurar el bien común y
la seguridad y prosperidad del pueblo español.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Defender el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y acabar con la cultura de la muerte, comenzando, en coherencia con tales fines, por impulsar la derogación de la Ley de la Eutanasia y la Ley del aborto libre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el proceso de mutación
constitucional impulsado por el Gobierno, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La Constitución Española de 1978 culminó la transición de nuestro país de la dictadura a la democracia y representó un ejemplar esfuerzo de consenso y pacto entre diferentes, con el respaldo mayoritario de las fuerzas políticas y de la
sociedad civil.
Este texto fundacional configuró a España como un Estado social y democrático de Derecho, comprometido con un sistema liberal basado en la separación de poderes y en una estructura territorial que reconoce la diversidad territorial de
España, en el marco de la unidad de la Nación española.
Desde sus orígenes, el modelo constitucional ha tenido enemigos acérrimos. Uno de los principales fue el terrorismo de ETA, derrotado gracias a la firmeza del Estado y de la sociedad española. Otro, el intento de golpe institucional
protagonizado por el independentismo catalán en 2017, contenido y desactivado por el Estado de Derecho, con el respaldo de las instituciones y de la ciudadanía.
Sin embargo, tras esa derrota, el actual Gobierno ha decidido dar una segunda oportunidad política tanto a los herederos del brazo político de ETA como a los responsables del golpe de Estado en Cataluña. Lo ha hecho por necesidad
parlamentaria. Y con ellos ha puesto en marcha un proceso de mutación constitucional que pretende sustituir la España de ciudadanos libres e iguales por una España fragmentada en base a agravios identitarios, privilegios fiscales, desigualdades
económicas y cesiones políticas de todo tipo. Es la lógica del 'divide y vencerás' aplicada desde el poder.
Más recientemente, la amenaza al orden constitucional ha adoptado formas propias del populismo en dos vertientes. Por un lado, el populismo de izquierdas, canalizado por Podemos a partir del 15M, que propugnaba una democracia plebiscitaria
sin contrapesos institucionales y una identificación excluyente entre pueblo y opción política. Por otro, el populismo independentista catalán, que a través del 'procés' sostuvo que una exigua mayoría parlamentaria podía situarse por encima del
marco legal, de los controles jurisdiccionales y de cualquier límite institucional.
Derrotada la vía de la ruptura unilateral, el Gobierno ha emprendido una ofensiva contra el orden constitucional por una vía distinta: la de una mutación encubierta, impulsada con mayorías simples y coyunturales, al margen de los grandes
consensos y mayorías cualificadas que exige cualquier transformación estructural del sistema.
En este camino, el PSOE y el Gobierno han asumido postulados del populismo, como el concepto de 'lawfare', con el objetivo de deslegitimar al Poder Judicial e imponer una lógica decisionista, subordinando los fallos judiciales a la voluntad
de las mayorías parlamentarias.
Desde esa óptica, el Gobierno ha promovido la amnistía, a pesar de haberla rechazado anteriormente por inmoral e inconstitucional. Esta medida ha pasado de ser considerada ilegal a legal sin que haya mediado cambio alguno en la ley vigente,
rompiendo el principio de igualdad ante la ley.
Junto con la reforma del Código Penal de 2022 -que eliminó el delito de sedición y rebajó el de malversación-, estas decisiones han desactivado la capacidad de respuesta del Estado ante ataques al orden constitucional.
El Tribunal Constitucional, intervenido mediante la incorporación de altos cargos procedentes del Gobierno, ha asumido igualmente la lógica del 'lawfare', avalando la ley de amnistía y anulando parcialmente condenas firmes, como las del caso
de los ERE en Andalucía, en beneficio de los socios del Ejecutivo.
Simultáneamente, el Gobierno ha degradado las funciones del poder legislativo, abusando del Real Decreto-ley, introduciendo enmiendas ajenas al objeto de las leyes y prorrogando indefinidamente los Presupuestos Generales del Estado, lo que
priva al Parlamento de su facultad de control del gasto público y deteriora su función deliberativa.
Estas regresiones alteran gravemente el modelo de democracia liberal y el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución.
A ello se suman acuerdos que comprometen el modelo territorial, como la negociación de un sistema de financiación singular (cupo) para Cataluña o la cesión de competencias exclusivas del Estado -como fronteras e inmigración- a la
Generalitat, quebrando los principios de igualdad, unidad y solidaridad.
Se retrocede así hacia un modelo de tipo confederal, basado en privilegios identitarios y desequilibrios fiscales, que no está previsto en la Constitución de 1978 ni cuenta con el respaldo de la soberanía nacional.
Todo ello ocurre en paralelo a ataques, simbólicos y materiales, contra elementos vertebradores de la convivencia democrática: la lengua común española, la memoria de las víctimas del terrorismo, o el principio de legalidad. Desde el uso
de pinganillos en el Congreso hasta la aceptación de la Diada como fiesta institucional en la Cámara, pasando por la desobediencia a sentencias firmes sobre el castellano en la educación o la negociación de un sistema judicial propio en Cataluña,
todo apunta a un proceso sistemático de descomposición del marco constitucional.
Estas realidades, en conjunto, constituyen una reconfiguración material del orden constitucional sin reforma formal alguna. Afectan al principio de legalidad, a la igualdad
entre ciudadanos, a la unidad territorial y a la separación de poderes. No son meras decisiones políticas: son pasos calculados hacia una mutación constitucional encubierta, ejecutada desde el poder mediante acuerdos coyunturales y sin la
legitimidad reforzada que exige cualquier reforma constitucional.
Esta es la gran operación que promueve el Gobierno: si la Transición fue una reforma legítima -de la dictadura a la democracia-, el sanchismo representa una mutación ilegítima -de una democracia plena hacia una democracia fallida-.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a detener y revertir el proceso de mutación constitucional encubierta iniciado desde 2018, que supone la vulneración de los principios de igualdad ante la ley, separación de poderes,
unidad nacional y solidaridad entre españoles establecidos en nuestro vigente orden constitucional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Miguel Tellado Filgueira, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Pedro Muñoz Abrines, Jaime Eduardo de Olano Vela, Rafael Antonio Hernando
Fraile, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Manuel Cobo Vega, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Isabel María Borrego Cortés, Nacho Martín Blanco, María Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la motivación de la Ley Orgánica
1/2024, de 10 de junio, de amnistía, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
En la XIV Legislatura, tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el Gobierno promovió con carácter urgente una Ley Orgánica de Amnistía dirigida a extinguir las responsabilidades penales, administrativas y contables vinculadas
al procés independentista catalán de 2017.
Dicha ley de amnistía fue impulsada como parte de un acuerdo político con Junts per Catalunya, cuyos votos eran imprescindibles para la investidura del presidente del Gobierno.
Según el relato oficial, la medida se justificaba en aras de la 'convivencia' y la 'reconciliación' en Cataluña -un supuesto objetivo de interés general. Sin embargo, esta tesis ha sido ampliamente cuestionada tanto en instancias nacionales
como europeas.
La Comisión Europea, en sus alegaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ha expresado serias reservas sobre la naturaleza de esta ley. En primer lugar, subraya que no responde a un interés general reconocido, sino
que persigue la impunidad de actores políticos específicos -los socios que sostienen al Ejecutivo- a cambio de su apoyo, en lugar de un verdadero interés público.
Adicionalmente, la Comisión ha criticado el procedimiento acelerado con que se aprobó la norma: se tramitó por vía de urgencia, sin consulta pública ni informes de órganos consultivos independientes, vulnerando principios básicos del Estado
de Derecho como la separación de poderes y la independencia judicial. Esta celeridad, según Bruselas,
eludió deliberadamente los contrapesos institucionales, reforzando la sospecha de que la amnistía obedeció a urgencias políticas particulares más que a un proceso deliberativo transparente.
Los propios protagonistas y beneficiarios de la norma han reconocido abiertamente su autoría e interés directo en la misma, lo que corrobora su carácter de autoamnistía. En sesión de la Comisión Constitucional del Congreso del 28 de febrero
de 2025, el diputado de Junts per Catalunya, Josep Pagés i Massó, aclaró a los diputados que la Ley de Amnistía no fue iniciativa del Gobierno por sí solo. En respuesta a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en dicha Comisión, dijo,
literalmente: 'Usted imputa la amnistía al señor Bolaños. Yo le vuelvo a decir que la redacción actual de la ley de amnistía, la redacción final nos la tiene que imputar a nosotros; nosotros, con Junts per Catalunya, somos los responsables de que
la redacción de la amnistía sea la que es.' Más claro, más nítido, más explícito, imposible.
Fueron los propios dirigentes implicados en el Procés quienes intervinieron decisivamente en la elaboración del texto legal por el que se les amnistiaba. En la misma línea, el secretario general de Junts y exconseller Jordi Turull -él mismo
beneficiario de la amnistía- ha presumido públicamente de haber participado en la redacción de la ley. En una entrevista concedida el 27 de junio de 2025, Turull afirmó textualmente: 'Yo participé en la redacción de la ley [de Amnistía], es
clarísima', reconociendo sin ambages su rol como coautor del texto legal.
Otro elemento táctico que desmonta la pretendida neutralidad de la amnistía es la declaración judicial del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, encargado de las negociaciones con Junts. Cerdán reconoció ante el Tribunal
Supremo, en su comparecencia del 30 de junio, de 2025, que negoció la ley de amnistía directamente con Caries Puigdemont y su partido en Bruselas como moneda de cambio 'esencial' para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.
Esta confesión -realizada bajo investigación judicial- desmiente el relato gubernamental según el cual la amnistía obedecía a razones de Estado o al interés general. Por el contrario, queda acreditado que fue concebida como una exigencia
política de parte, indispensable para mantener en el poder al actual Gobierno. Dicho en otras palabras, se trató de un trueque político: la mayoría parlamentaria garantizaba la continuidad del Ejecutivo, y este garantizaba la impunidad penal de
sus apoyos parlamentarios.
Estas declaraciones permiten entender mejor el denominado 'cambio de opinión' del Gobierno y del principal partido que lo sustenta, el PSOE. Un Gobierno y un partido que defendieron durante años el carácter inconstitucional y políticamente
indeseable de una medida como la amnistía.
Así, el actual presidente del Gobierno declaró en una entrevista en 2022 'El independentismo pide la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que no entra en la legislación ni en la Constitución española'.
La ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, expresó su opinión con la siguiente contundencia en una entrevista radiofónica de 2019: 'La amnistía está prohibida en nuestra Constitución. Absolutamente prohibida. En nuestra constitución
y en todas las democracias', 'La amnistía es anular, literalmente, todo el trabajo que ha hecho otro poder. Nuestra Constitución lo prohíbe expresamente'.
Y el ex ministro de Justicia del Gobierno, Juan Carlos Campo, firmó en junio de 2021 un informe motivando los indultos concedidos a los líderes del Procés en el que argumentaba que: 'A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional,
que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito'.
Esta era la opinión firme del PSOE y del Gobierno, desde el punto de vista político y jurídico, como demuestra el hecho de que Calvo y Campo no solo no fueran apartados por su presunta ignorancia jurídica desde que Sánchez 'descubrió' la
repentina constitucionalidad de la amnistía sino que hayan sido situados, precisamente, a dos puestos institucionales fundamentales para velar por la observancia de la Constitución y del ordenamiento jurídico.
Esa firme interpretación jurídica no fue, por tanto, desmentida doctrinalmente sino que varió en cuanto se hicieron patentes las necesidades de apoyo parlamentario para el Gobierno.
Pero también la interpretación política manifestada por Sánchez y el resto del Gobierno y del PSOE. Porque si la verdadera motivación de la Ley Orgánica de Amnistía fuese la 'reconciliación' y la recuperación de la 'convivencia' en
Cataluña, los cambios de opinión del Gobierno y del PSOE solo podrían entenderse si reconociesen haber estado antes firmemente posicionados en contra de dicha reconciliación y de dicha convivencia.
En virtud de los hechos expuestos -documentados con declaraciones de los implicados, informes europeos y actas parlamentarias- se concluye que la Ley de Amnistía aprobada en 2023/2024 no es una medida de concordia general, sino una ley
negociada, redactada e impulsada por sus beneficiarios para anular sus procedimientos judiciales pendientes a cambio de un apoyo parlamentario. Esta conclusión no es una valoración partidista, sino un dato objetivo respaldado por las propias
palabras de sus promotores.
Por todo lo anterior, resulta ineludible que los poderes públicos asuman la realidad de lo ocurrido. La calidad democrática exige llamar a las cosas por su nombre, más aún tratándose de un precedente tan grave: un gobierno sustentado en
una mayoría parlamentaria coyuntural se otorgó a sí mismo y a sus aliados una amnistía a la medida de sus necesidades. Solo desde el reconocimiento expreso de este hecho -como paso previo a cualquier rectificación- podrá restablecerse la confianza
de la ciudadanía en el Estado de Derecho y en la igualdad de todos ante la ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados reconoce y asume que la motivación que impulsó la elaboración, tramitación y aprobación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía y el cambio de criterio sobre ella por parte del Gobierno, no fue
otra que la obtención del apoyo de determinados partidos políticos, liderados por personas beneficiarías de la misma que participaron en su redacción, a la investidura del candidato Pedro Sánchez.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Miguel Tellado Filgueira, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Pedro Muñoz Abrines, Jaime Eduardo de Olano Vela, Rafael Antonio Hernando
Fraile, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Manuel Cobo Vega, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Isabel María Borrego Cortés, Nacho Martín Blanco, María Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/002520
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la desconexión total de los sistemas de seguridad y defensa
israelíes, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Hace dos años el Gobierno de España se comprometió a suspender las licencias de exportación de material militar con destino definitivo a Israel.
En marzo de este año, la Secretaría de Estado de Comercio Exterior hizo público un informe en su comparecencia en la Comisión de Defensa donde revelaba que España había vendido a Israel armamento 'no letal' por casi 50 millones en 18 meses,
aunque asegurando que el material suministrado entre enero de 2023 y junio de 2024 no tenía como destino final Israel.
En mayo de este año el Congreso aprobó la toma en consideración de una Proposición de Ley por la que se reforma la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, introduciendo
la figura del embargo y su régimen jurídico.
Por otro lado, la ministra de Defensa anunció la voluntad del Gobierno de establecer una desconexión de todos los programas de defensa en el que estuvieran implicadas empresas o patentes israelíes.
Este compromiso ha supuesto, entre otros, que se haya anulado la publicación del anuncio de adjudicación de los siguientes contratos:
1. El contrato para el suministro de 168 sistemas de misiles anticarro Spike LR2, con un importe de 237 millones de euros, adjudicado el 22 de noviembre de 2023 a la sociedad de capital israelí PAP Tecnos Innovación SAU (expediente
2023/0150E).
2. El contrato para el suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM), valorado en 576 millones de euros, adjudicado el 15 de diciembre de 2023 a la unión temporal de empresas Escribano Mechanical & Engineering SLU y
Rheinmetall Expal Munitions SAU, con participación de la compañía israelí Elbit Systems (expediente 2023/0304E).
3. El Acuerdo Marco POD Designador para sistemas de combate aéreo, por un total de 207 millones de euros, adjudicado el 26 de febrero de 2024 a Rafael Advanced Defense Systems LTD y formalizado el 23 de abril de 2024 (expediente
2023/0283E).
Finalmente, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros, el Real Decreto Ley el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina). Este,
entre otras cuestiones, prohíbe las exportaciones destinadas a Israel y las importaciones originarias de Israel' de material de defensa, productos y tecnologías de doble uso y de material policial y de seguridad, así como deniega las solicitudes de
autorización de tránsito.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Hacer público, en el menor tiempo posible, un cronograma de sustitución de todos los programas de seguridad y defensa en los que hayan intervenido bienes, tecnologías o patentes israelíes.
2. Consolidar el compromiso para modernizar las Fuerzas Armadas, de modo que al menos el 80 % de los fondos presupuestados para programas de defensa se ejecuten en España y el 90 % en la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reforzar la infraestructura
digital del Portal de Acceso a la Información Pública mediante auditorías externas, monitorización en tiempo real y planes de contingencia efectivos, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El derecho de acceso a la información pública constituye la piedra angular de una democracia moderna y participativa. El Portal de la Transparencia, al amparo de la Carta de Servicios aprobada por Resolución de 21 de octubre de 2021, se
erige como instrumento clave para materializar este principio. Sin embargo, los resultados de diciembre de 2024 muestran que el boletín de novedades alcanzó solo al 75 % de los suscriptores, debido a un fallo en el Sistema de Información Masiva
(SIM) que carecía de mecanismos de redundancia y de un plan de recuperación automatizado eficaz. Esta carencia dejó a gran parte de la ciudadanía sin alertas cruciales sobre modificaciones normativas y de procedimiento, minando así su capacidad de
supervisión y denuncia.
La plataforma de Gestión Estadística de Transparencia (GESAT) tampoco cumplió con las expectativas: registró un 92 % de cumplimiento en la publicación de estadísticas mensuales frente al 95 % comprometido, producto de la falta de
validaciones automáticas y de sistemas de alerta ante anomalías en la extracción de datos. Eso supuso que un mes entero de datos incorrectos precisara corrección manual, poniendo en entredicho la fiabilidad de las cifras que el Gobierno utiliza
para referirse a la 'e-administración de vanguardia' de la que, de forma reiterada, presumen.
El déficit técnico-operativo descrito no puede entenderse aisladamente como un incidente fortuito: refleja la ausencia de una gobernanza digital sólida que combine un roadmap tecnológico claro, auditorías externas independientes y
protocolos de disasterrecovery periódicos. Mientras el Ejecutivo alardea de la transformación digital, los fallos reiterados exhiben una desconexión grave entre los anuncios oficiales y la operativa real del Portal, que ni siquiera es paliada al no
existir comparecencias parlamentarias para rendir cuentas sobre estos episodios.
Por otra parte, a nivel internacional, España obtuvo 56 puntos sobre 100 en el índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, situándose en el puesto 46 entre 180 países, por debajo de la media de la Unión Europea
(64 puntos). Esta posición revela un déficit de confianza de la ciudadanía en las instituciones y sugiere que la opacidad y los errores sistemáticos en los mecanismos de transparencia alimentan la percepción de corrupción en nuestro país.
El contraste entre la aspiración oficial de un 'Gobierno abierto' y la realidad operacional del Portal crea un efecto bumerán: los ciudadanos, al detectar disfunciones en el envío de boletines y en la calidad de las estadísticas, perciben
que se eluden responsabilidades y se prioriza la imagen sobre la eficiencia. Este fenómeno acaba erosionando la credibilidad del Ejecutivo y, por ende, de otras instituciones y deja entrever la voluntad real de rendir cuentas.
Además, la falta de dashboards de monitorización accesibles al público priva a la sociedad de indicadores en tiempo real sobre la situación del Portal. En las democracias avanzadas, la publicación de métricas de disponibilidad y resolución
de incidencias se debe realizar de forma continua, lo que además de fortalecer el control ciudadano, impulsa también la mejora de los sistemas. En España, sin embargo, no existe aún un portal de transparencia tecnológica que muestre el 'latido' de
SIM y GESAT.
La ausencia de simulacros semestrales de recuperación ante desastres y de pruebas de carga periódicas puede exponer al sistema a caídas prolongadas en momentos de alta demanda, como sucedió en diciembre de 2024, tal y como recoge el Informe
de situación del cumplimiento de compromisos de la Carta Servicios del Portal de la Transparencia (Datos a fecha 31/12/2024). La ley exige un restablecimiento del servicio en menos de dos horas, pero sin ejercicios prácticos que midan la capacidad
de respuesta, no hay garantía de cumplimiento real de ese estándar.
El coste reputacional y operativo de estas deficiencias es elevado. Cada interrupción del boletín o cada retraso en estadísticas implica un desfase en la toma de decisiones de la oposición, de los medios de comunicación y de las
organizaciones de la sociedad civil. Además, compromete la posibilidad de interpelar al Ejecutivo con datos sólidos sobre su gestión, debilitando así la labor de control parlamentario.
Por todo ello, resulta necesario revisar y reforzar de manera urgente la infraestructura de SIM y GESAT. Es imprescindible someter ambos subsistemas a auditorías externas anuales que incluyan pruebas de carga bajo máxima demanda, auditorías
de ciberseguridad y evaluaciones de los planes de recuperación ante desastres, así como publicar esos informes semestralmente en el Portal de la Transparencia y convocar comparecencias en la Comisión competente para informar de los resultados y
planes de mejora.
Solo así se podrá restaurar la confianza ciudadana y avanzar hacia un auténtico modelo de administración 100 % digital, seguro y responsable, que cumpla no solo con la letra, sino con el espíritu de los compromisos de la Carta de Servicios y
de la Constitución Española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar auditorías externas anuales para SIM y GESAT, que incluyan pruebas de carga en escenarios de máxima demanda, auditorías de ciberseguridad y revisión de los planes de recuperación ante desastres, garantizando la independencia de
los evaluadores.
2. Implementar un sistema de monitorización en tiempo real con paneles de control públicos (dashboards) que muestren disponibilidad, latencia, incidencias y tiempos de restauración, y que active alertas automáticas a los responsables
políticos y técnicos.
3. Formalizar y documentar planes de contingencia y recuperación que incluyan simulacros semestrales, con objetivos de restauración del servicio en menos de dos horas y protocolos claros de escalado de incidencias.
4. Publicar semestralmente en el Portal de la Transparencia los informes de auditoría, los resultados de los simulacros y los planes de mejora derivados, acompañados de una comparecencia en la Comisión de Transparencia para evaluar avances
y asignar responsabilidades.
5. Dotar presupuestariamente de manera específica los recursos necesarios para el mantenimiento, la actualización tecnológica y la formación continua de los equipos encargados de SIM y GESAT, asegurando la sostenibilidad y escalabilidad de
las plataformas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Ángel Ibáñez Hernando, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Puy Fraga, José Enrique Núñez Guijarro, Carmelo Barrio Baroja, María Pilar Alía Aguado, Félix
de las Cuevas Cortés, Carlos Gil Santiago, Alfonso Carlos Macías Gata, José Vicente Marí Bosó, Pedro Muñoz Abrines y Álvaro Pérez López, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002490
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Águeda Mico i Mico de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley relativa a la reforma del sistema
de financiación para un trato justo, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El actual modelo de financiación de las quince comunidades autónomas (CA) de régimen común fue acordado en 2009, con el compromiso de revisarlo al cabo de cinco años. Desde el año 2014 está siendo prorrogado, a pesar de sus importantes
carencias y haber sufrido las consecuencias de la última crisis financiera, la crisis de la deuda pública, y el aumento de la inflación. Una prórroga por inacción de gobiernos presididos tanto por el PP (desde el año 2014 hasta junio de 2018) como
por el PSOE (desde junio de 2018).
Es en enero de 2017 que, por presión de los presidentes autonómicos, se convoca la Conferencia de Presidentes y se acuerda comenzar los trabajos para la reforma. Siete años después de que la Conferencia de Presidentes comenzará el proceso
de reforma del sistema de financiación autonómica, después del informe de la comisión de expertos designada por el gobierno del Estado, y del dictamen del Comité Técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el gobierno central no ha hecho
ninguna propuesta completa, dejando pasar una época de fuerte aumento de la recaudación de tributos después de haber superado la Gran Recesión y la pandemia (entre los años 2022 y 2023 se ha aumentado la recaudación por la administración central en
más de 40.000 millones de euros). Esta prórroga a partir de la celebración de la Conferencia de Presidentes en enero de 2017, supone un incumplimiento normativo. Y ahora, ya comenzado en 2025 no se puede volver a empezar el proceso de un nuevo
dictamen del Comité Técnico Permanente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Ya es el momento de conocer las propuestas de reforma, tanto del gobierno de España como del principal partido de la oposición (PP). El Grupo Parlamentario de Compromís en las Cortes Valencianas presentó en 2023 una proposición de ley de
reforma del sistema de financiación autonómica (trato justo) solicitando su traslado a la Mesa del Congreso de los Diputados.
El sistema de financiación autonómica acordado en 2009 ha generado un problema de insuficiencia general para todas las CA, concretado en la diferencia entre la financiación efectivamente recibida cada año y la financiación por habitante
ajustado que hubieran tenido que recibir si la acordada el año base (2007) se hubiera mantenido estable entre 2008 y 2022.
Además, el actual sistema de financiación autonómica presenta un grave problema de equidad en la distribución de los fondos. La financiación efectiva homogénea por habitante ajustado de la comunidad mejor tratada es un 32 % superior a la
financiación de la peor tratada, la Comunidad Valenciana. Los recursos que recibimos, de los impuestos que pagamos por habitante, son inferiores a la media del conjunto de las CA. Somos la sexta CA en capacidad tributaria, pero bajamos hasta el
último lugar (quincena) en recursos facilitados por el sistema de financiación. Todo esto con una renta per cápita muy inferior a la media de las CA.
La consecuencia es evidente, acercarse a la media del gasto público de las CA solo ha sido posible con deuda, del que pagamos intereses. De acuerdo con diferentes informes de los expertos en la materia, alrededor del 78 % de la deuda
pública de la Generalitat Valenciana es consecuencia de la insuficiencia general del actual sistema de financiación y de la infrafinanciación respecto de la media de las CA sufrido por el pueblo valenciano.
Hay que recordar ahora y aquí que el Congreso de los Diputados aprobó el 22 de marzo de 2017 una Proposición no de Ley en los siguientes términos: 'El Gobierno de
España analizará los déficits de financiación que han soportado de manera recurrente las comunidades autónomas, y su impacto sobre la deuda autonómica, a fin de poner en marcha el mecanismo de compensación previsto en la LOFCA (artes. 2.º y
6.º). Igualmente, El Pleno del Senado en su sesión del día 17 de mayo de 2023 aprobó a propuesta 'Que proceda a Implantar mecanismos de compensación previstos en la LOFCA por los déficits de financiación soportados de manera recurrente por las
comunidades autónomas'.
La imposibilidad de financiar el estado del bienestar y las políticas de dinamización económica ha sido una de las causas que la renta por habitante de las Valencianas y valencianos haya pasado del 95 % de la media española a primeros del
siglo XXI al 87 % de la actualidad.
Por todo el expuesto anteriormente, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a realizar las siguientes medidas:
1. Reformar el sistema de financiación autonómica acordado en 2009, para comenzar la negociación de cara a configurar una mayoría suficiente, respetando los siguientes criterios:
- Utilizar la población de derecho para el cálculo de las necesidades de financiación de las comunidades autónomas.
- Simplificar la estructura de los Fondos que contempla el actual sistema de financiación autonómica, manteniendo solo el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), y eliminándose el Fondo de Suficiencia Global (FSG) y
los Fondos de Convergencia (*Conv.).
- Mantener el porcentaje de nivelación en el 75 % de la capacidad tributaria de las diferentes comunidades autónomas (nivelación horizontal).
- Revisar el sistema de cálculo de la recaudación normativa de las comunidades autónomas sobre los tributos cedidos tradicionales.
- Aumentar los recursos del sistema de financiación autonómica para compensar la actual insuficiencia para cubrir sus necesidades de financiación. El modelo del año 2009 realizó una estimación de estas necesidades de las comunidades
autónomas y calculó qué porcentaje de cesión de impuestos les permitiría conseguir una recaudación de acuerdo con estas, pero tantos años sin revisar el sistema y las diferentes crisis económicas sufridas, exigen actualizar la estimación,
(nivelación vertical).
- Sustituir las transferencias del Estado, tanto las relativas a los diferentes Fondos que proponemos eliminar, como los adicionales requeridos para recuperar el equilibrio vertical explicado en su punto anterior, por el aumento del
porcentaje de cesión de los instrumentos tributarios (IRPF, IVA, Impuestos Especiales, Impuesto especial sobre la electricidad, etc.).
- Para facilitar la implantación de esta reforma, ninguna comunidad autónoma verá reducida su financiación en términos absolutos, por lo cual se crea un Fondo de Compensación Transitorio.
- Impulsar la reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que se convierta en un verdadero instrumento de cogobernanza, para lo cual hay que revisar su sistema de presentación, debate y votación de las cuestiones de carácter
económico y financiero que afectan en las comunidades autónomas.
2. Mientras no se produzca la reforma del sistema de financiación autonómica que viene aplicándose desde el año 2009, de manera inmediata aprobar una partida destinada a compensar aquellas comunidades autónomas que cuentan con una
financiación anual por habitante por debajo de la media (calculada como resultado de agregar la última información definitiva comunicada por el Ministerio de Hacienda en las comunidades autónomas: entregas por anticipado del ejercicio +
liquidaciones recibidas en el ejercicio - devolución liquidaciones negativas en el ejercicio - competencias no homogéneas; en
términos normativos). Este proceso para corregir las desviaciones existentes continuará en los años sucesivos, hasta que la financiación por habitante a competencias homogéneas de todas las comunidades autónomas de régimen común se iguale.
3. Comenzar, inmediatamente, el proceso para la compensación de la deuda de las comunidades autónomas, consecuencia de la insuficiencia de financiación transversal sufrida por todas las comunidades autónomas de régimen común, así como las
insuficiencias específicas derivadas de la infrafinanciación relativa de determinadas comunidades autónomas, y su impacto en la deuda autonómica desde la entrada en vigor del modelo de financiación autonómica del año 2001.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei relativa a la reforma del sistema de
finançament per a un tracte just per al seu debat en la Comissió d'Hisenda i Funció Pública.
Exposició de motius
L'actual model de finançament de les quinze comunitats autònomes (CA) de règim comú va ser acordat en 2009, amb el compromís de revisar-lo al cap de cinc anys. Des de l'any 2014 està sent prorrogat, malgrat les seues importants carències i
haver patit les conseqüències de la darrera crisi financera, la crisi del deute públic, i l'augment de la inflació. Una pròrroga per inacció de governs presidits tant pel PP (des de l'any 2014 fins juny de 2018) com pel PSOE (des de juny de 2018).
És en gener de 2017 que, per pressió dels presidents autonòmics, es convoca la Conferència de Presidents i s'acorda encetar els treballs per a la reforma. Set anys després que la Conferència de Presidents encetarà el procés de reforma del
sistema de finançament autonòmic, després de l'informe de la comissió d'experts designada pel govern de l'Estat, i del dictamen del Comité Tècnic del Consell de Política Fiscal i Financera, el govern central no ha fet cap proposta completa, deixant
passar una època de fort augment de la recaptació de tributs després d'haver superat la Gran Recessió i la pandèmia (entre els anys 2022 i 2023 s'ha augmentat la recaptació per l'administració central en més de 40.000 milions d'euros). Esta
pròrroga a partir de la celebració de la Conferència de Presidents en gener de 2017, suposa un incompliment normatiu. I ara, ja encetat l'any 2025 no es pot tornar a començar el procés d'un nou dictamen del Comité Tècnic Permanent del Consell de
Política Fiscal i Financera.
Ja és el moment de conèixer les propostes de reforma, tant del govern d'Espanya com del principal partit de l'oposició (PP). El Grup Parlamentari de Compromís a les Corts Valencianes va presentar l'any 2023 una proposició de llei de reforma
del sistema de finançament autonòmic (tracte just) sol·licitant el seu trasllat a la Mesa del Congrés dels Diputats.
El sistema de finançament autonòmic acordat l'any 2009 ha generat un problema d'insuficiència general per a totes les CA, concretat en la diferència entre el finançament efectivament rebut cada any i el finançament per habitant ajustat que
hagueren hagut de rebre si l'acordada l'any base (2007) s'haguera mantingut estable entre 2008 i 2022.
A més a més, l'actual sistema de finançament autonòmic presenta un greu problema d'equitat en la distribució dels fons. El finançament efectiu homogeni per habitant ajustat de la comunitat més ben tractada és un 32 % superior al finançament
de la pitjor tractada, la Comunitat Valenciana. Els recursos que rebem, dels impostos que paguem per habitant,
són inferiors a la mitjana del conjunt de les CA. Som la sisena CA en capacitat tributària, però baixem fins al darrer lloc (quinzena) en recursos facilitats pel sistema de finançament. Tot això amb una renda per càpita molt inferior a la
mitjana de les CA.
La conseqüència és evident, apropar-se a la mitjana de la despesa pública de les CA sols ha estat possible amb deute, del que paguem interessos. D'acord amb diferents informes dels experts en la matèria, al voltant del 78 % del deute públic
de la Generalitat Valenciana és conseqüència de la insuficiència general de l'actual sistema de finançament i de l'infrafinançament respecte de la mitjana de les CA patit pel poble valencià.
Cal recordar ara i ací que el Congrés dels Diputats va aprovar el 22 de març de 2017 una Proposició no de Llei en els següents termes: 'El Govern d'Espanya analitzarà els dèficits de finançament que han suportat de manera recurrent les
comunitats autònomes, i el seu impacte sobre el deute autonòmic, a fi de posar en marxa el mecanisme de compensació previst en la LOFCA (arts. 2n i 6é). Igualment, El Ple del Senat en la seua sessió del dia 17 de maig de 2023 va aprovar a proposta
'Que procedisca a Implantar mecanismes de compensació previstos en la LOFCA pels dèficits de finançament suportats de manera recurrent per les comunitats autònomes'.
La impossibilitat de finançar l'estat del benestar i les polítiques de dinamització econòmica ha estat una de les causes que la renda per habitant de les Valencianes i valencians haja passat del 95 % de la mitjana espanyola al principi del
segle XXI al 87 % de l'actualitat.
Per tot l'exposat anteriormente, presente la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés acorda instar al Govern de l'Estat a realitzar les següents mesures:
1. Reformar el sistema de finançament autonòmic acordat l'any 2009, per a encetar la negociació de cara a configurar una majoria suficient, respectant els següents criteris:
- Utilitzar la població de dret per al càlcul de les necessitats de finançament de les comunitats autònomes.
- Simplificar l'estructura dels Fons que contempla l'actual sistema de finançament autonòmic, tot i mantenint sols el Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals (FGSPF), i eliminant-se el Fons de Suficiència Global (FSG) i els Fons de
Convergència (FConv.).
- Mantenir el percentatge d'anivellament en el 75 % de la capacitat tributària de les diferents comunitats autònomes (anivellament horitzontal).
- Revisar el sistema de càlcul de la recaptació normativa de les comunitats autònomes sobre els tributs cedits tradicionals.
- Augmentar els recursos del sistema de finançament autonòmic per a compensar l'actual insuficiència per a cobrir les seues necessitats de finançament. El model de l'any 2009 va realitzar una estimació d'estes necessitats de les comunitats
autònomes i va calcular quin percentatge de cessió d'impostos els permetria aconseguir una recaptació d'acord amb estes, però tants anys sense revisar el sistema i les diferents crisis econòmiques patides, exigeixen actualitzar l'estimació.
(anivellament vertical).
- Substituir les transferències de l'Estat, tant les que ja fa als diferents Fons que proposem eliminar, com els addicionals requerits per a recuperar l'equilibri vertical explicat al punt anterior, per l'augment del percentatge de cessió
dels instruments tributaris (IRPF, IVA, Impostos Especials, Impost especial sobre l'electricitat, etc.).
- Per a facilitar la implantació d'esta reforma, cap comunitat autònoma veurà reduït el seu finançament en termes absoluts, per la qual cosa es crea un Fons de Compensació Transitori.
- Impulsar la reforma del Consejo de Politica Fiscal y Financiera, perquè es convertisca en un veritable instrument de cogovernança, per a la qual cosa cal revisar el seu sistema de presentació, debat i votació de les qüestions de caràcter
econòmic i financer que afecten a les comunitats autònomes.
2. Mentre no es produisca la reforma del sistema de finançament autonòmic que ve aplicant-se des de l'any 2009, de manera immediata aprovar una partida destinada a compensar aquelles comunitats autònomes que compten amb un finançament anual
per habitant per davall de la mitjana (calculada com a resultat d'agregar l'última informació definitiva comunicada pel Ministeri d'Hisenda a les comunitats autònomes: lliuraments a compte de l'exercici + liquidacions rebudes en l'exercici -
devolució liquidacions negatives en l'exercici - competències no homogènies; en termes normatius). Este procés per a corregir les desviacions existents continuarà en els anys successius, fins que el finançament per habitant a competències
homogènies de totes les comunitats autònomes de règim comú s'iguale.
3. Encetar, immediatament, el procés per a la compensació del deute de les comunitats autònomes, conseqüència de la insuficiència de finançament transversal patit per totes les comunitats autònomes de règim comú, així com les insuficiències
específiques derivades de l'infrafinançament relatiu de determinades comunitats autònomes, i el seu impacte en el deute autonòmic des de l'entrada en vigor del model de finançament autonòmic de l'any 2001.'
Congrés, 24 de setembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada de Compromís.- Néstor Rego Candamil, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002492
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó de Compromís, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al copago farmacéutico, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
En el año 2012 el Gobierno del Estado español del Partido Popular impuso, mediante el Real Decreto-ley 16/2012, el copago farmacéutico para la totalidad de la población sin hacer ningún tipo de distinciones por motivos de capacidad económica
ni situación de vulnerabilidad. Un copago que, en realidad, es un repago. Con esta medida se abrió la puerta a la pobreza farmacológica, generando que las personas o familias con dificultades económicas tengan problemas para acceder a productos
farmacéuticos necesarios para su salud.
Con la llegada del Gobierno del Botànic en 2015 -compuesto por Compromís y el PSPV- se implementaron medidas para conseguir reducir el impacto del copago farmacéutico sobre diferentes colectivos, en especial por aquellos con rentas más
bajas. Así, el Botànic desarrolló sucesivos decretos a lo largo de las dos legislaturas para recuperar y ampliar los derechos en materia sanitaria, y ofrecer apoyo económico a las personas afectadas por una medida que el Partido Popular implementó
en 2012, estando además en uno de los momentos más críticos de la crisis económica de 2008.
Una de las primeras medidas implementadas por el Botànic fue el establecimiento de la compensación del copago farmacéutico de manera progresiva a todas las personas que se encuentran por debajo del índice de calidad de vida.
De este modo, siguiendo una constante ampliación de los colectivos beneficiarios, hoy en día se pueden beneficiar de estas ayudas todas las personas que disponen de unos ingresos inferiores al salario mínimo, los pensionistas con ingresos
bajos, las familias con menores con rentas bajas, las personas desocupadas con rentas inferiores a los 18.000 euros en el año, las familias monomarentales con rentas bajas y las personas con diversidad funcional. Además, donante especial apoyo a
los pensionistas: algunos de ellos ahora, con la revalorización de las pensiones, han tenido que hacer frente a un mayor
gasto en productos farmacéuticos; esto ha ocasionado que la revalorización de las pensiones en vez de ofrecerles un incremento de la capacidad económica, haya acontecido en un mayor gasto en medicamentos.
En definitiva, más de 1.200.000 personas beneficiarias de estas ayudas y de la ampliación de sus derechos al País Valenciano. Unas ayudas que, además, suponen un coste de casi 50 millones de euros al año para la Generalitat Valenciana,
haciendo que además de ser la comunidad peor financiada, tenga que hacer frente a gastos que tendrían que ser soportados por el estado español.
El objetivo de esta medida de Compromís, al frente de las políticas sociales en la Generalitat Valenciana durante las dos pasadas legislaturas, era avanzar para que ninguna persona se quede sin poder hacer frente al copago farmacéutico y,
por lo tanto, con dificultades para seguir un tratamiento que mejora su salud. A consecuencia de estas medidas, se consiguió que además haya mejorado la adherencia al tratamiento de las personas beneficiarias, pues ha disminuido el número de
tratamientos abandonados y la cantidad de tratamientos no iniciados.
Sin embargo, no tenemos que perder la perspectiva que la medida que implementó la Generalitat Valenciana es para paliar los efectos que el Real Decreto-ley 16/2012 generó implantando el repago y teniendo como efectos el incremento de
personas con condiciones de la pobreza farmacológica; medidas que no se pueden eliminar hasta la derogación del repago farmacéutico.
Por todo lo expuesto, vemos imprescindible la derogación del Real Decreto-ley 16/2012 y, a la vez, la implementación de políticas que amplían el número de colectivos beneficiarios hasta que la derogación de este Real decreto ley sea
efectiva.
Por todo esto se presenta la siguiente
Propuesta de resolución
'El Congreso acuerda instar en el Gobierno del Estado a realizar las siguientes medidas:
1. Implementar los cambios normativos necesarios para erradicar la pobreza farmacológica en todo el Estado español, y recuperar derechos en materia sanitaria eliminando la adopción de medidas que implican un copago de los productos
farmacológicos, derivados del Real Decreto-ley 16/2012. Mientras tanto, implementar medidas que amplíen la cobertura, especialmente entre las personas potencialmente beneficiarias de las ayudas a compensar el copago farmacéutico, como ha estado
haciendo la Generalitat Valenciana y otras comunidades autónomas, con el fin de seguir reduciendo los posibles casos de pobreza farmacológica que dificultan el acceso a productos farmacéuticos perjudicando su salud.
2. Estudiar la compensación a la Generalitat Valenciana, y al resto de comunidades autónomas que han implementado medidas en este sentido, el coste que el Real Decreto-ley 16/2012 ha supuesto para proteger farmacológicamente los grupos de
población que la referida medida ha abandonado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó de Compromís, presenta la següent Proposició no de Llei relativa al copagament farmacèutic, per al seu debat en Comissió d'Hisenda i Funció Pública.
Exposició de motius
A l'any 2012 el Govern de l'Estat espanyol del Partit Popular va imposar, mitjançant el Reial Decret-llei 16/2012, el copagament farmacèutic per a la totalitat de la població sense fer cap tipus de distincions per motius de capacitat
econòmica ni situació de vulnerabilitat. Un copagament que, en realitat, és un repagament. Amb aquesta mesura es va obrir la porta a la pobresa farmacològica, generant que les persones o famílies amb dificultats econòmiques tinguen problemes per
accedir a productes farmacèutics necessaris per a la seua salut.
Amb l'arribada del Govern del Botànic a l'any 2015 -composat per Compromís i el PSPV- es van implementar mesures per aconseguir reduir l'impacte del copagament farmacèutic sobre diferents col·lectius, en especial per aquells amb rendes més
baixes. Així, el Botànic va desenvolupar successius decrets al llarg de les dues legislatures per tal de recuperar i ampliar els drets en matèria sanitària, i oferir suport econòmic a les persones afectades per una mesura que el Partit Popular va
implementar en 2012, estant a més en un dels moments més crítics de la crisi econòmica de 2008.
Una de les primeres mesures implementades pel Botànic va ser l'establiment de la compensació del copagament farmacèutic de manera progressiva a totes les persones que es troben per baix de l'índex de qualitat de vida.
D'aquesta manera, seguint una constant ampliació dels col·lectius beneficiaris, hui en dia es poden beneficiar d'aquestes ajudes totes les persones que disposen d'uns ingressos inferiors al salari mínim, els pensionistes amb ingressos
baixos, les famílies amb menors amb rendes baixes, les persones desocupades amb rendes inferiors als 18.000 euros a l'any, les famílies monomarentals amb rendes baixes i les persones amb diversitat funcional. A més, donant especial suport als
pensionistes: alguns d'ells ara, amb la revalorització de les pensions, han hagut de fer front a una major despesa en productes farmacèutics; açò ha ocasionat que la revalorització de les pensions en compte d'oferir-los un increment de la
capacitat econòmica, haja esdevingut en una major despesa en medicaments.
En definitiva, més d'1.200.000 persones beneficiàries d'aquestes ajudes i de l'ampliació dels seus drets al País Valencià. Unes ajudes que, a més, suposen un cost de vora 50 milions d'euros a l'any a la Generalitat Valenciana, fent que a
més de ser la comunitat pitjor finançada, haja de fer front a despeses que haurien de ser suportades per l'estat espanyol.
L'objectiu d'esta mesura de Compromís, al capdavant de les polítiques socials a la Generalitat Valenciana durant les dues passades legislatures, era avançar per a que cap persona es quede sense poder fer front al copagament farmacèutic i,
per tant, amb dificultats per seguir un tractament que millore la seua salut. A conseqüència d'aquestes mesures, es va aconseguir que a més a més haja millorat l'adherència al tractament de les persones beneficiàries, doncs ha disminuït el nombre
de tractaments abandonats i la quantitat de tractaments no iniciats.
No obstant això, no hem de perdre la perspectiva que la mesura que va implementar la Generalitat Valenciana és per a pal·liar els efectes que el Reial Decret-llei 16/2012 va generar implantant el repagament i tenint com a efectes l'increment
de persones amb condicions de la pobresa farmacològica; mesures que no es poden eliminar fins la derogació del repagament farmacèutic.
Per tot l'exposat, veiem imprescindible la derogació del Reial Decret-llei 16/2012 i, alhora, la implementació de polítiques que amplien el nombre de col·lectius beneficiaris fins que la derogació d'aquest Reial Decret-Llei siga efectiva.
Per tot això es presenta la següent
Proposta de resolució
'El Congrés acorda instar al Govern de l'Estat a realitzar les següents mesures:
1. Implementar els canvis normatius necessaris per a erradicar la pobresa farmacològica en tot l'Estat espanyol, i recuperar drets en matèria sanitària eliminant l'adopció de mesures que impliquen un copagament dels productes farmacològics,
derivats del Reial Decret-llei 16/2012. Mentrestant, implementar mesures que amplien la cobertura, especialment entre les persones potencialment beneficiàries de les ajudes a compensar el copagament farmacèutic, com ha estat fent la Generalitat
Valenciana i altres comunitats autònomes, amb la finalitat de continuar reduint els possibles casos de pobresa farmacològica que dificulten l'accés a productes farmacèutics perjudicant la seua salut.
2. Estudiar la compensació a la Generalitat Valenciana, i a la resta de comunitats autònomes que han implementat mesures en este sentit, el cost que el Reial Decret-llei 16/2012 ha suposat per a protegir farmacològicament els grups de
població que la referida mesura ha abandonat.'
Congrés, 24 de setembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada de Compromís.- Néstor Rego Candamil, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002493
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre la mejora de la fiscalidad a
agricultores y ganaderos de pequeñas explotaciones económicas agrarias de secano en comarcas de interior y montañosas, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
En muchas comarcas de interior del País Valenciano, la producción agrícola es mayoritariamente de secano (olivos, almendros, viña y algarrobos, principalmente), y en amplias zonas asentadas en terrazas abancaladas, con dificultades para su
cultivo. Es lo que, a tal efecto, podemos denominar agricultura de montaña o semi montañosa.
Esta actividad se lleva a cabo por un perfil muy concreto de agricultores, mayoritariamente minifundistas con propiedad de una sola parcela, circunstancia que ya de por sí, y con sus condiciones, dificulta enormemente la productividad.
Son propietarios de fincas en las cuales se mantienen los cultivos principalmente por el amor por sus tierras, y por el mantenimiento a través de generaciones de lazos y tradiciones familiares. Y el producto final obtenido, como el aceite,
suele ser a su vez repartido entre los miembros de la familia que ayudan a su recolección manual.
Además, la propiedad de las parcelas y su cultivo pasa generalmente de padres a hijos y constituye un nexo de unión familiar en la recogida de las cosechas que se hace en común y, habitualmente, en los fines de semana, manteniéndose así en
el territorio, un ecosistema sostenible y de alto valor ambiental.
Actualmente, esta actividad que es residual para muchos de los dueños de estas tierras, se realiza por agricultores a los cuales les supone un porcentaje mínimo de sus ingresos anuales pero que si se cuentan los costes, los resultados son
negativos. Hablamos de personas jubiladas y pensionistas, trabajadores por cuenta ajena con otra actividad laboral de carácter principal, que tienen explotaciones de una reducida dimensión,
y que llevan sus cosechas a Cooperativas agroalimentarias más próximas a cambio de una retribución por su aportación, que compensa los costes.
Resaltar también aquí a las cooperativas agrarias que juegan un papel principal en el desarrollo y dinamismo de los territorios, y de forma más concreta en los pueblos y municipios de zonas de montaña y de interior.
Esta forma de producción necesita que se prevea un trato que recoja su especificidad, también en materia tributaria, porque la actual situación provoca en la mayoría de casos que la fiscalidad resulte adversa al mantenimiento de la actividad
productiva.
En este sentido se hace necesario articular una serie de reformas tributarias que, atendiendo a la actual realidad de esta actividad agrícola, favorezcan que con un escaso impacto recaudatorio, se obtengan resultados y efectos
socioeconómicos positivos y muy importantes como son: el fomento del cooperativismo, el restringir la actividad económica sumergida, el alivio en la presión fiscal a los pequeños agricultores y ganaderos, la reducción del porcentaje de abandono de
campos y explotaciones agrarias, y el establecimiento de incentivos económicos para las zonas rurales con riesgo de despoblación.
La situación actual, para agricultores no profesionales de explotaciones en minifundio de zonas de secano, en comarcas de interior montañosas del País Valenciano, y socios de cooperativas agrarias, es la siguiente:
1. La Cooperativa les emite una autofactura en virtud del Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca sometida a retención (2 %). Este hecho les supone la obligación de presentar el MODELO 100-declaración por IRPF.
2. La gran mayoría de los socios cooperativistas, por sus ingresos económicos no estarían obligados a presentar la declaración de la renta.
3. Sin embargo, el único límite previsto para los rendimientos de actividad económica se encuentra en el artículo 96 de la Ley 35/2006 que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en concreto, en el último párrafo del
apartado 2.º:
'En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, del capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y
pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.'
4. Al tratarse de límite conjunto, los contribuyentes que obtengan una pensión, nómina o rendimiento del trabajo por reducido que sea durante el año -aunque facturan un euro en concepto de otra actividad económica- quedan obligados a
presentar la declaración anual por IRPF, sin tener en cuenta los costes de la actividad agrícola.
5. En líneas generales, los organismos públicos que abonan las pensiones consideradas rendimientos del trabajo no practican retención a las rentas más bajas (como pensiones mínimas). Y, en muchos casos, estas personas no estarían obligadas
a presentar su declaración anual, o a pagar por su declaración de la renta, si no tuviesen este beneficio de la actividad agrícola.
6. Esta situación ha propiciado que estos pequeños productores, ante esta fiscalidad adversa, o bien abandonan el campo por su escasa rentabilidad y dejan las explotaciones del sector primario, o bien acudan a entidades privadas que los
recogen la producción agrícola en economía sumergida, puesto que a estos compradores se los permite no declarar la procedencia de las cosechas.
Desde hace muchos años, las cooperativas vienen sufriendo bajas continuadas fundamentalmente por la fiscalidad adversa que sufren los socios.
Una gran cantidad de las personas que se ocupan de estos cultivos son agricultores a tiempo parcial y jubilados, que al depositar sus cosechas -en el caso del olivo- en la almazara de la cooperativa supone que, por las mismas, se les paga el
precio acordado por el aceite que deposita para la comercialización en la cooperativa mediante una factura y a los socios se los cobra lo que retiran para su autoconsumo familiar, todo esto tal como está legalmente estipulado.
Esta situación anteriormente descrita les supone fiscalmente pagar IRPF, cuando por su nivel de ingresos conjunto no tendrían que presentar ni declaración de la renta al no llegar al umbral correspondiente por la situación indicada.
Tener ingresos agrícolas supone tener que presentar la declaración fiscal, y pagar a veces por importes superiores a los que obtienen por sus cosechas, penalizando injusta e innecesariamente su actividad económica, y desincentivando el
mantenimiento de las explotaciones agrarias.
En el País Valenciano, con una gran tradición minifundista, la situación se reproduce en muchas localidades y se trata de un problema muy generalizado, que incrementa el deterioro constante que afecta el jefe en las situaciones comentadas y
agravia otros problemas, como el del relevo generacional de las explotaciones agrarias y pone en peligro la continuidad de la labor de las Cooperativas agrícolas.
Entendemos que manteniendo esta situación todos salimos perjudicados, la sostenibilidad del entorno, las cooperativas agrícolas que defienden las producciones, la economía circular, el asentamiento de la población en su lugar de origen, la
fiscalidad de los propios 'agricultores' que soportan una carga desigual con el resto de los ciudadanos.
Presentamos la siguiente propuesta, para que se efectúan las oportunas modificaciones que permiten corregir la situación descrita, y revertir los efectos perversos que actualmente se están generando, con el propósito de conseguir una serie
de impactos positivos:
- Reducir la economía sumergida en el sector primario, principalmente en aquellas actividades que con competencia desleal inciden en el deterioro de las producciones minifundistas.
- Fomentar el cooperativismo agroalimentario y la economía circular.
- Incentivar la sucesión en la titularidad de las explotaciones, facilitando el relevo generacional en la actividad agraria.
- Incrementar la sostenibilidad en el territorio y la fijación de la población en las comarcas de interior del País Valenciano.
- Dotar de mayor justicia fiscal el tratamiento de los ingresos de las actividades en los sectores primarios de nuestra economía, eliminando cargas y trabas fiscales y administrativas de su actividad.
Esta situación requiere una solución urgente, a incorporar en la próxima Ley de Presupuestos del Estado para 2026, que entre en vigor en fecha del próximo 1 de enero, porque en caso contrario la difícil situación por la cual atraviesa el
cultivo por su escasa rentabilidad se verá agraviado por causas ajenas a la producción agrícola, en este caso, de tipo fiscal.
Consideramos que la situación económica de las personas que se encargan de mantener la sostenibilidad de nuestros entornos, y la diversidad de la flora y fauna que habita en ellos, no puede deteriorarse por una desigualdad fiscal que se
circunscribe a tener otro pagador no habitual (dependiente de las cosechas anuales) de pequeños importes o subvenciones que de media no suelen llegar a 3.000 euros brutos anuales.
Una parte del sector cooperativo agrícola valenciano ya ha denunciado estas circunstancias, que colocan en una situación crítica a muchas cooperativas, puesto que la disminución de socios disminuye la rentabilidad y la viabilidad de las
propias cooperativas que son fundamentales para el mantenimiento de los cultivos.
Hay que recordar que mantener una situación desfavorable para la viabilidad de estas explotaciones agrarias condena al minifundismo a su desaparición, pero por las características específicas del territorio, esto no provocará que aparezcan
explotaciones de mayores dimensiones, y ni mucho menos latifundios, sino que conducirá al abandono de las fincas agrícolas en las zonas de interior.
Es por eso que, en las circunstancias descritas, y para este perfil de agricultores se tendría que excluir de presentar declaración por debajo de un umbral de producción, dado que son explotaciones de autoconsumo en muchos casos.
Sin duda, se pueden dar alternativas que, desde el apoyo fiscal, nos tienen que conducir a una situación en la cual agricultores a tiempo parcial no tengan que abandonar
sus explotaciones por un problema tributario que, sin duda, tendría que tener una solución. Se trata de valorar el esfuerzo de agricultores a tiempo parcial que mantienen sus campos en zonas de interior, que de otra manera pasarían a ser
campos abandonados proclives a convertirse en bosques.
Por todo el expuesto anteriormente se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Hacienda y Función Pública insta el Gobierno a realizar las siguientes medidas:
1. Modificar la legislación tributaria, reguladora de las actividades económicas agrarias y la que establece las obligaciones tributarias formales, respecto de los contribuyentes con ingresos agrícolas inferiores a 3.000 euros anuales de
ingresos por todos los conceptos (cosechas, derechos de la PEC, subvenciones).
2. Exonerar de tributar, declarando exento y eliminando también la obligación de presentar la declaración anual por IRPF, a las rentas agrícolas en rendimientos agrícolas inferiores a 3.000 euros, por explotaciones de secano en zonas de
interior, montañosas o semi montañosas.
3. Incorporar, con carácter de urgencia, las anteriores modificaciones a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, a fin de que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2026.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei sobre la millora de la fiscalitat a
agricultors i ramaders de xicotetes explotacions econòmiques agràries de secà en comarques d'interior muntanyenques per al seu debat i aprovació en la Comissió d'Hisenda i Funció Pública.
Exposició de motius
En moltes comarques d'interior del País Valencià, la producció agrícola és majoritàriament de secà (oliveres, ametlers, vinya i garroferes, principalment), i en àmplies zones assentades en terrasses abancalades, amb dificultats per al seu
conreu. És el que, a este efecte, podem denominar agricultura de muntanya o semi muntanyenca.
Esta activitat es du a terme per un perfil molt concret d'agricultors, majoritàriament minifundistes amb propietat d'una sola parcel·la, circumstància que ja per si mateix, i amb les seues condicions, dificulta enormement la productivitat.
Són amos de finques en les quals es mantenen els cultius principalment per l'amor per la seua terra, i pel manteniment a través de generacions de llaços i tradicions familiars. I el producte final obtingut, com l'oli, sol ser al seu torn
repartit entre els membres de la família que ajuden a la seua recol·lecció manual.
A més a més, la propietat de les parcel·les i el seu cultiu passa generalment de pares a fills i constituïx un nexe d'unió familiar en la recollida de les collites que es fa en comú i, habitualment, en els caps de setmana, mantenint-se així
en el territori, un ecosistema sostenible i d'alt valor ambiental.
Actualment, esta activitat que és residual per a molts dels amos d'estes terres, es realitza per agricultors als quals els suposa un percentatge mínim dels seus ingressos anuals, però que si es compten els costos, els resultats són negatius.
Parlem de persones
jubilades i pensionistes, treballadors per compte alié amb una altra activitat laboral de caràcter principal, que tenen explotacions d'una reduïda dimensió, i que porten les seues collites a Cooperatives agroalimentàries més pròximes a canvi
d'una retribució per la seua aportació, que compensa els costos.
Ressaltar també ací a les cooperatives agràries que juguen un paper principal en el desenvolupament i dinamisme dels territoris, i de forma més concreta als pobles i municipis de zones de muntanya i d'interior.
Esta forma de producció necessita que es preveja un tracte que arreplegue la seua especificitat, també en matèria tributària, perquè l'actual situació provoca en la majoria de casos que la fiscalitat resulte adversa al manteniment de
l'activitat productiva.
En este sentit es fa necessari articular una sèrie de reformes tributàries que, atenint-nos a l'actual realitat d'esta activitat agrícola, afavorisquen que amb un escàs impacte recaptatori, s'obtinguen resultats i efectes socioeconòmics
positius i molt importants com són: el foment del cooperativisme, restringir l'activitat econòmica submergida, l'alleujament en la pressió fiscal als xicotets agricultors i ramaders, la reducció del percentatge d'abandó de camps i explotacions
agràries, i l'establiment d'incentius econòmics per a les zones rurals amb risc de despoblació.
La situació actual, per a agricultors no professionals d'explotacions en minifundi de zones de secà, en comarques d'interior muntanyenques del País Valencià, i socis de cooperatives agràries, és la següent:
1. La Cooperativa els emet una autofactura en virtut del Règim Especial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca sotmesa a retenció (2 %). Este fet els suposa l'obligació de presentar el MODEL 100- declaració per IRPF.
2. La gran majoria dels socis cooperativistes, pels seus ingressos econòmics no estarien obligats a presentar la declaració de la renda.
3. No obstant això, l'únic límit previst per als rendiments d'activitat econòmica es troba en l'article 96 de la Llei 35/2006 que regula l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en concret, en l'últim paràgraf de l'apartat 2n:
'En cap cas hauran de declarar els contribuents que obtinguen exclusivament rendiments íntegres del Treball, del capital o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues
patrimonials de quantia inferior a 500 euros.'
4. En tractar-se de límit conjunt, el contribuent que aconseguisquen una pensió, nòmina o rendiment del treball per reduït que siga durant l'any -encara que facturen 1 euro en concepte d'una altra activitat econòmica- queden obligats a
presentar la declaració anual per IRPF, sense tindre en compte els costos de l'activitat agrícola.
5. En línies generals, els organismes públics que abonen les pensions considerades rendiments del treball no practiquen retenció a les rendes més baixes (com a pensions mínimes). I, en molts casos, estes persones no estarien obligades a
presentar la seua declaració anual, o a pagar per la seua declaració de la renda, sinó tingueren este benefici de l'activitat agrícola.
6. Esta situació ha propiciat que estos xicotets productors, davant esta fiscalitat adversa, o bé abandonen el camp per la seua escassa rendibilitat i deixen les explotacions del sector primari, o bé acudisquen a entitats privades que els
arrepleguen la producció agrícola en economia submergida, ja que a estos compradors se'ls permet no declarar la procedència de les collites.
Des de fa molts anys, les cooperatives van patint baixes continuades fonamentalment per la fiscalitat adversa que patixen els socis.
Una gran quantitat de les persones que s'ocupen d'estos cultius són agricultors a temps parcial i jubilats, que en depositar les seues collites -en el cas de l'olivera- en l'almàssera de la cooperativa suposa que, per les mateixes se'ls paga
el preu acordat a l'oli que diposita per a la comercialització en la cooperativa mitjançant una factura i als
socis se'ls cobra el que retiren per al seu autoconsum familiar, tot això tal com està legalment estipulat.
Esta situació anteriorment descrita els suposa fiscalment pagar IRPF, quan pel seu nivell d'ingressos conjunt no haurien de presentar ni declaració de la renda com que no arriben al llindar corresponent per la situació indicada.
Tindre ingressos agrícoles els suposa haver de presentar la declaració fiscal, i pagar a vegades per imports superiors als que obtenen per les seues collites, penalitzant injustament i innecessària la seua activitat econòmica, i
desincentivant el manteniment de les explotacions agràries.
Al País Valencià, amb una gran tradició minifundista, la situació es reprodueix en moltes localitats i es tracta d'un problema molt generalitzat, que incrementa el deteriorament constant que afecta el cap en les situacions comentades i
agreuja altres problemes, com el del relleu generacional de les explotacions agràries i posa en perill la continuïtat de la labor de les Cooperatives agrícoles.
Entenem que amb el manteniment d'esta situació tots eixim perjudicats, la sostenibilitat de l'entorn, les cooperatives agrícoles que defensen les produccions, l'economia circular, l'assentament de la població en el seu lloc d'origen, la
fiscalitat dels propis 'agricultors' que suporten una càrrega desigual amb la resta dels ciutadans.
Presentem la següent proposta, perquè s'efectuen les oportunes modificacions que permeten corregir la situació descrita, i revertir els efectes perversos que actualment s'estan generant, amb el propòsit d'aconseguir una sèrie d'impactes
positius:
- Reduir l'economia submergida en el sector primari, principalment en aquelles activitats que amb competència deslleial incideixen en la deterioració de les produccions minifundistes.
- Fomentar el cooperativisme agroalimentari i l'economia circular.
- Incentivar la successió en la titularitat de les explotacions, facilitant el relleu generacional en l'activitat agrària.
- Incrementar la sostenibilitat en el territori i la fixació de la població a les comarques d'interior del País Valencià.
- Dotar de major justícia fiscal el tractament dels ingressos de les activitats en els sectors primaris de la nostra economia, eliminant càrregues i traves fiscals i administratives de la seua activitat.
Esta situació requereix una solució urgent, a incorporar en la pròxima Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2026, que entre en vigor en data del pròxim 1 de gener, perquè en cas contrari la difícil situació per la qual travessa el cultiu
per la seua escassa rendibilitat es veja agreujat per causes alienes a la producció agrícola, en este cas, de tipus fiscal.
Considerem que la situació econòmica de les persones que s'encarreguen de mantindre la sostenibilitat dels nostres entorns, i la diversitat de la flora i fauna que habita en ells, no pot deteriorar-se per una desigualtat fiscal que se
circumscriu a tindre un altre pagador no habitual (depenent de les collites anuals) de xicotets imports o subvencions que en mitjana no solen arribar a 3.000 euros bruts anuals.
Una part del sector cooperatiu agrícola valencià ja ha denunciat estes circumstàncies, que col·loquen en una situació crítica a moltes cooperatives, ja que la disminució de socis disminueix la rendibilitat i la viabilitat de les mateixes
cooperatives que són fonamentals per al manteniment dels cultius.
Cal recordar que mantindre una situació desfavorable per a la viabilitat d'estes explotacions agràries condemna al minifundisme a la seua desaparició, però per les característiques específiques del territori, això no provocarà que apareguen
explotacions de majors dimensions, i ni molt menys latifundis, sinó que conduirà a l'abandó de les finques agrícoles en les zones d'interior.
És per això que, en les circumstàncies descrites, i per a este perfil d'agricultors s'hauria d'excloure de presentar declaració per sota d'un llindar de producció, donat que són explotacions d'autoconsum en molts casos.
Sense dubte, es poden donar alternatives que, des del suport fiscal, ens han de conduir a una situació en la qual agricultors a temps parcial no hagen d'abandonar les seues explotacions per un problema tributari que sense dubte hauria de
tindre una solució. Es tracta de valorar l'esforç d'agricultors a temps parcial que mantenen els seus camps en zones d'interior, que d'una altra manera passarien a ser camps abandonats proclius a convertir-se en boscos.
Per tot el que s'ha exposat anteriorment es presenta la següent
Proposició no de Llei
'La Comissió d'Hisenda i Funció Pública insta el Govern a realitzar les següents mesures:
1. Modificar la legislació tributària, reguladora de les activitats econòmiques agràries i la que estableix les obligacions tributàries formals, respecte dels contribuents amb ingressos agrícoles inferiors a 3.000 euros anuals d'ingressos
per tots els conceptes (collites, drets de la PAC, subvencions).
2. Exonerar de tributar, declarant exempt i eliminant també l'obligació de presentar la declaració anual per IRPF, a les rendes agrícoles en rendiments agrícoles inferiors a 3.000 euros, per explotacions de secà en zones d'interior,
muntanyenques o semi muntanyenques.
3. Incorporar, amb caràcter d'urgència, les anteriors modificacions a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2026, a fi que entre en vigor a partir de l'1 de gener de 2026.'
Congrés, 24 de setembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Interior
161/002482
A la Mesa de la Comisión de Interior
D. Alberto Catalán Higueras, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la utilización de espacios públicos, calles, plazas y soportes de entidades locales para enaltecer o reivindicar a ETA y a sus terroristas, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Deslegitimar el terrorismo y la violencia que ETA ejerció durante décadas en España es fundamental para promover la convivencia pacífica, la memoria y los derechos humanos en la sociedad española, así como para reconocer y honrar a las
víctimas de la banda terrorista. Este mandato cívico interpela a toda la ciudadanía, pero es inexcusable para los poderes públicos. Lamentablemente aún existen lugares donde se utilizan los espacios públicos, calles, plazas y soportes de entidades
locales como programas de fiestas, bandos municipales, etc. para enaltecer o reivindicar a ETA y a sus terroristas. Lo acontecido todos los veranos en diferentes localidades de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra,
fundamentalmente en las fiestas patronales, es inadmisible en un Estado de Derecho y en una democracia.
El Observatorio de la Radicalización del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), en el que se documentan todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo de etarra, registró el año pasado un
total de 421 actos de apoyo a ETA. Del total de los actos realizados, 158 tuvieron lugar en Vizcaya, 145 en Guipúzcoa, 60 en Navarra, 24 en Álava, 23 en otras provincias y 11 en el extranjero, sobre todo en el sur de Francia.
Durante este verano, ha constatado un total de 135 actos de apoyo a ETA. Es preocupante que, en 26 de ellos, todos organizados en municipios gobernados por EH Bildu, fueron las propias entidades locales las que facilitaron su realización,
incluyéndolos en los programas oficiales de fiestas. El resto fue promovido directamente por EH Bildu y SORTU como partidos políticos, así como por asociaciones del entorno de la izquierda abertzale como SARE. Las asociaciones de víctimas
denuncian la apropiación indebida por parte de la izquierda abertzale de los espacios festivos para la difusión de sus mensajes de legitimación del terrorismo y de apoyo a los terroristas.
Es inmoral e inaudito que las instituciones públicas colaboren en la organización de actos que justifican el terrorismo de ETA y demandan impunidad para sus asesinos. En otros países europeos, también en el nuestro, son impensables
manifestaciones públicas para pedir la excarcelación de terroristas yihadistas. No podemos acostumbrarnos a que este tipo de actos sí se produzcan en España.
Estos actos de apoyo a ETA incluyen pancartas, pintadas y carteles con los rostros de miembros de la organización encarcelados, acompañados de mensajes que reclaman su excarcelación ('Etxera', 'A casa'), así como brindis, bailes y conciertos
en los que se ensalza su figura. Como denuncian las víctimas, su presencia en charangas o 'txosnas' favorecen que las nuevas generaciones asimilen una visión distorsionada de lo que fue el terrorismo, presentando a los miembros de ETA como héroes
dignos de reconocimiento y merecedores de impunidad, no como asesinos y terroristas.
Este tipo de mensajes promueven la idea de que las condenas por asesinatos y otros crímenes fueron injustas y que su excarcelación es un objetivo legítimo. Cualquier demócrata debería mostrar su preocupación porque la juventud reciba estas
consignas, ya que aumentan el riesgo de radicalización violenta y constituyen una amenaza para el futuro de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados:
1. Condena todos los actos de apoyo o enaltecimiento del terrorismo que reivindican a ETA y los homenajes a sus terroristas y asesinos presos que se vienen realizando especialmente en los meses de verano, como ha vuelto a suceder este año
2025. Asimismo, denuncia y rechaza que haya entidades locales que se presten u organicen este tipo de actos.
2. Insta al Gobierno de España a comprometerse a trabajar en la reparación de las víctimas del terrorismo etarra, evitando humillaciones y ataques a su memoria, estableciendo medidas para sancionar y terminar con los actos de apoyo,
enaltecimiento y homenaje a los terroristas ETA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Alberto Catalán Higueras, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002483
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, esta Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a
la exclusión de la Guardia Civil de la aplicación del Código Penal Militar en tiempos de paz.
Exposición de motivos
La aprobación del vigente Código Penal Militar, norma comprendida en la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, estuvo marcada por realizarse años después de que se hubieran aprobado las normas reguladoras del régimen disciplinario de la
Guardia Civil y de los derechos y deberes de sus miembros, véase la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil y la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los
miembros de la Guardia Civil. El nuevo Código Penal Militar no tuvo en consideración, en ese momento, la experiencia en la aplicación del régimen disciplinario aprobado en el año 2007 y la dureza de su configuración, que garantizaba y garantiza, en
todo momento, la preservación de los bienes jurídicos propios del origen militar de la Guardia Civil.
Por eso, tras años de aplicación de las normas disciplinarias propias de la Guardia Civil se puede valorar como innecesario el régimen de aplicación previsto en el Código Penal Militar vigente a los miembros de la Guardia Civil, y ello en
tanto no contribuye a la mejor realización de las misiones que la Guardia Civil tiene encomendada al servicio de la ciudadanía.
La aplicación de la redacción dada al apartado 5 del artículo 1 del actual Código Penal Militar -además de no respetar los principios de taxatividad y certeza- ha supuesto que los y las guardias civiles puedan ser objeto de condena penal e
ingresen en prisión militar por hechos acaecidos en el cumplimiento de funciones policiales e incluso cuando no están de servicio y no tienen su condición de guardia civil activada. Ello a pesar de que muchas de la acciones u omisiones establecidas
como delitos militares -con idéntica tipificación en el ámbito disciplinario- ya encuentran suficiente reproche sancionador en los diversos ¡lícitos y sanciones disciplinarias que se relacionan en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de
régimen disciplinario de la Guardia Civil. Son numerosos los casos que en los últimos años se han incoado por parte de la jurisdicción militar en los que se piden penas de prisión a agentes de la Guardia Civil por aplicación del vigente artículo
1.5 de Código penal Militar, siendo relevante el último caso en el que un agente de la Guardia Civil va a ser juzgado por un tribunal militar de Santa Cruz de Tenerife por un supuesto de delito de incumplimiento del deber de residencia, solicitando
la fiscalía togada una pena de 6 meses de prisión, siendo que los hechos, además de jurídicamente discutibles, no debieran pasar de un mero procedimiento disciplinario administrativo.
Es por ello que se plantea la presente Proposición no de Ley, ante la necesidad de impulsar la adaptación las normas penales a la realidad social, ante la obligación de preservación de los derechos fundamentales y libertades públicas de las
mujeres y de los hombres que integran la Guardia Civil, ante la idoneidad de contribuir a la mejor y más eficaz prestación del servicio público de seguridad ciudadana, y todo ello con el objetivo de establecer de una vez por todas que solo y
exclusivamente en los casos tasados en el apartado 4 del artículo 1 del Código Penal Militar, éste será de aplicación a los miembros de la Guardia Civil, estableciendo que en ningún caso se aplicará el Código Penal Militar en relación con hechos
sucedidos fuera de servicio. Por todo lo expresado, resulta imprescindible modificar la actual Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, en relación con los extremos que se indican en esta exposición de motivos.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a impulsar los cambios legales oportunos para que, a los miembros de la Guardia Civil, al igual que a los demás integrantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no se les aplique el Código Penal
Militar en tiempos de paz, con todos los efectos procesales o penitenciarios que ello supone.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley para el reconocimiento y reparación de las víctimas de los últimos fusilamientos del franquismo, para garantizar la aplicación plena de la Ley de Memoria Democrática y reforzar la justicia frente a los crímenes de
la dictadura y la Transición, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El 27 de septiembre de 1975, en Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos, cinco jóvenes antifranquistas, Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz (todos ellos militantes del FRAP), y Juan Paredes
Manot 'Txiki' y Ángel Otaegui Etxeberria (militantes de ETA pm), fueron ejecutados tras consejos de guerra sumarísimos sin garantías procesales. Constituyeron las últimas penas de muerte de la dictadura franquista, dictadas apenas dos meses antes
de la muerte del dictador.
A día de hoy, cincuenta años después, la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, ha permitido la anulación de las condenas de Xosé Humberto Baena (agosto de 2025) y José Luis Sánchez-Bravo (octubre de 2024), a través de las Declaraciones de
Reconocimiento y Reparación Personal. Sin embargo, tres de los fusilados, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegui, aún no cuentan con resolución administrativa expresa de anulación.
La represión en el año 1975 no se limitó a aquellos cinco fusilamientos: al menos 28 asesinatos de Estado fueron documentados ese año, junto a más de 3.600 detenciones, estados de excepción, torturas sistemáticas a manos de la BPS, la DGS y
la Guardia Civil, y una censura generalizada. El franquismo no terminó con la muerte de Franco. La violencia política y la represión se prolongaron durante la Transición, con decenas de víctimas de las fuerzas policiales, de la extrema derecha y
de grupos parapoliciales, sin que hasta la fecha se haya hecho justicia. Como ha señalado el periodista Mariano Sánchez Soler, entre 1975 y 1983 se produjeron 591 muertes por violencia política; de ellas, 188 corresponden a lo que denomina
violencia política de origen institucional, es decir, ejecuciones, asesinatos y violencias desplegadas o amparadas por el propio aparato del Estado.
Precisamente para arrojar luz sobre esta etapa, la Ley de Memoria Democrática, en su disposición adicional decimosexta, preveía la creación de una comisión técnica encargada de estudiar las vulneraciones de derechos humanos ocurridas entre
la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983. Dicha comisión fue finalmente constituida por el Consejo de Ministros en abril de 2024, con especialistas de reconocido prestigio en historia, derecho penal y derechos
humanos, y deberá presentar sus conclusiones en 2025. Es fundamental que el trabajo de esta comisión no quede en el aire, sino que se convierta en ley para garantizar sus efectos de verdad, justicia y reparación.
La Ley de Memoria Democrática supuso un avance respecto a la de 2007: reconoce la ilegitimidad de los tribunales franquistas, establece un régimen sancionador contra la apología del franquismo. Sin embargo, persisten graves déficits: las
anulaciones de condenas siguen dependiendo de la solicitud de familiares; la Ley de Secretos Oficiales de 1968 impide el acceso a archivos esenciales y, junto a ello, persisten obstáculos jurídicos que perpetúan la impunidad de los crímenes del
franquismo y de la violencia política de la Transición.
España no ha incorporado plenamente el principio de legalidad internacional reconocido en el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni ha
ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ello provoca que los crímenes cometidos antes de 2004 no sean reconocidos como crímenes internacionales y se declaren prescritos.
Igualmente, los recursos de revisión en la Ley de Enjuiciamiento Criminal han cerrado la puerta a querellas presentadas por crímenes de la dictadura y la Transición, mientras que la Ley 25/2014, de Tratados Internacionales, no garantiza el
cumplimiento efectivo de los dictámenes de órganos de Naciones Unidas que reiteradamente han señalado la obligación del Estado español de investigar y reparar.
Por todo ello, se hace necesario reforzar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, completar la reparación de todas las víctimas y avanzar en reformas legales que garanticen verdad, justicia y reparación.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Completar las reparaciones pendientes procediendo de oficio a la anulación de las condenas de Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegui Etxeberria, garantizando así que todas las víctimas de los fusilamientos del 27-S
de 1975 reciban reconocimiento y reparación plena, estableciendo mecanismos que permitan la tramitación automática de estas declaraciones sin necesidad de solicitud previa por parte de familiares, evitando que la reparación dependa solo de la
iniciativa de víctimas o allegados.
2. Dar continuidad a la Comisión Técnica creada en abril de 2024 en virtud de la disposición adicional decimosexta de la Ley de Memoria Democrática, garantizando que sus conclusiones se traduzcan en una norma con rango de ley que reconozca
y repare a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983.
3. Reforzar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática:
Asegurando el cumplimiento estricto del régimen sancionador frente a la apología del franquismo y de la dictadura.
Prohibiendo actos públicos de exaltación franquista, como las marchas del 20N, aplicando la ley antes de que se produzcan, no solo mediante sanciones a posteriori.
Garantizando que lugares emblemáticos de la represión, como la antigua Dirección General de Seguridad (actual sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol), sean declarados Lugares de Memoria Democrática.
4. Impulsar las reformas legales necesarias en materia de justicia y memoria con el objetivo de:
Modificar la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal para incorporar el principio de legalidad internacional recogido en el art. 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el art. 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
Ratificar plenamente la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, asegurando su aplicación retroactiva.
Modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir la revisión de resoluciones firmes que inadmitieron querellas por crímenes franquistas, así como la ejecución de dictámenes de órganos de tratado internacionales.
Reformar la Ley de Tratados Internacionales (25/2014) para establecer la obligatoriedad del cumplimiento de dictámenes y resoluciones de órganos de tratado y mecanismos de Naciones Unidas.
Aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales que garantice el acceso a información relativa a violaciones de derechos humanos, prohibiendo expresamente que estas puedan ser clasificadas como secretas.
Aprobar la ley de Bebés Robados que se ha tramitado en el Congreso de los Diputados durante varias legislaturas.
Derogar la Ley de Amnistía de 1977 para poner fin a la impunidad de los crímenes franquistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ejecución del proyecto
de glorieta en la carretera N-ll para mejorar la conexión de La Puebla de Alfindén, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Puebla de Alfindén, ubicada en la Comarca Central de Zaragoza y a tan solo 18 kilómetros de la capital aragonesa, se sitúa en la margen izquierda del río Ebro, en las proximidades de la desembocadura del río Gállego. Su cercanía a
Zaragoza ha favorecido un notable desarrollo industrial en el municipio, con un incremento de la participación de la mano de obra en el sector que ha pasado del 30 % al 80 %. Este dinamismo refleja un potencial de crecimiento aún considerable,
consolidando a La Puebla de Alfindén como un enclave estratégico para la actividad económica de la zona.
La actividad industrial del municipio se distribuye en tres polígonos, con una estructura empresarial diversa y en expansión, gracias a la existencia de suelo urbanizable. Entre estos destaca el polígono BTV-ALFINDÉN, ubicado en el km 335
de la carretera N-ll, con una superficie de 100.700 metros cuadrados, 65 empresas instaladas y dotación completa de infraestructuras como suministro eléctrico, gas, red de saneamiento, depuradora y colectores.
En este contexto, es prioritario acometer mejoras que optimicen la conectividad entre los polígonos industriales y refuercen la seguridad vial en el entorno. Por ello, el proyecto de construcción de una rotonda en la carretera N-ll, que
facilite el acceso entre los polígonos de La Puebla de Alfindén y BTV, resulta esencial.
El planeamiento urbano previo de La Puebla ya contemplaba la construcción de cinco rotondas partidas destinadas a canalizar el tráfico en el tramo urbano de la N-ll. No obstante, hasta la fecha únicamente se han ejecutado dos, una en el
acceso al polígono Malpica-Alfindén y otra en el acceso al casco urbano.
Actualmente, el tramo de la N-ll en el que se proyectó la glorieta constituye una zona de alto riesgo. La elevada conflictividad del tráfico, unida a la realización habitual de giros a la izquierda sin atención a la señalización, ha
provocado un aumento de la peligrosidad y la aparición recurrente de accidentes.
Conscientes de este problema y en línea con los criterios técnicos establecidos por la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, se redactó un proyecto orientado a solventar este punto crítico de la N-ll. Tras la tramitación
administrativa correspondiente, el Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén aprobó inicialmente dicho proyecto el 10 de marzo de 2015, y de forma definitiva el 7 de mayo del mismo año, con un presupuesto para su ejecución de 522.503,41 euros.
La construcción de una glorieta cerrada no solo mejorará el acceso al polígono BTV, sino que permitirá habilitar una nueva vía de entrada al polígono Malpica-Alfindén. Esta actuación beneficiará a más de 400 empresas, contribuirá a
preservar y fomentar el empleo en la zona y facilitará la atracción de nuevas inversiones productivas.
Además, esta actuación cuenta con el respaldo del tejido empresarial local, al facilitar los accesos a los polígonos industriales, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad vial. Todo ello se traduce en una mayor
eficiencia logística y un notable ahorro energético.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar de manera firme la ejecución definitiva del proyecto de glorieta en la N-ll para el acceso al polígono BTV- Alfindén, agilizando su desarrollo e incorporando en los Presupuestos
Generales del Estado las partidas económicas necesarias'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Pedro Navarro López, Luis María Beamonte Mesa, Raúl Cuevas Larrosa, Héctor Palencia Rubio y José Alberto Herrero Bono, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002499
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre el transporte de instrumentos
musicales de grandes dimensiones en trenes de alta velocidad, para su debate y aprobación en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Comunidad Valenciana es, históricamente, tierra de músicos. Las bandas y sociedades musicales constituyen una de las expresiones culturales y sociales más arraigadas en nuestro territorio, reconocidas no solo por su aportación artística,
sino también por su función de cohesión comunitaria y de formación de nuevas generaciones de jóvenes intérpretes. Gracias al esfuerzo y al talento, muchas de estas jóvenes promesas acceden a orquestas y formaciones musicales de ámbito estatal e
internacional, lo que comporta la necesidad de realizar frecuentes desplazamientos para ensayos, conciertos y estancias formativas.
Estos desplazamientos suelen tener que realizarse con instrumentos musicales de grandes dimensiones, como contrabajos o violonchelos. Se trata de herramientas imprescindibles para la práctica musical profesional y académica, pero que,
paradójicamente, encuentran grandes dificultades para su transporte en trenes de alta velocidad. Varias operadoras ferroviarias imponen restricciones o prohibiciones que impiden el acceso de estos instrumentos a sus unidades, alegando motivos de
tamaño,
incluso cuando las personas intérpretes están dispuestas a adquirir un billete adicional para garantizar la seguridad y comodidad del resto de pasajeros.
Esta situación genera graves consecuencias: familias y músicos se ven obligados a acudir al vehículo privado, con el impacto económico y ambiental que ello comporta, agravado cuando se trata de menores de edad o jóvenes sin carnet de
conducir, que necesitan el acompañamiento familiar para poder asistir a ensayos, conciertos y formaciones.
Resulta incoherente que, en un momento en que el fomento de la movilidad sostenible es un objetivo estratégico, se limite el acceso al transporte público de un elemento que no es un simple objeto personal, sino una herramienta de trabajo
esencial para el ejercicio de una actividad cultural de interés público. Además, las actuales prohibiciones suponen una barrera para la igualdad de oportunidades, el desarrollo del talento artístico y el derecho de acceso a la cultura.
Es especialmente paradójico que se establezcan trabas al transporte de instrumentos musicales mientras sí se permite el transporte de otros objetos de dimensiones similares, como bicicletas o esquís, en muchos casos con condiciones más
favorables. Esto pone de manifiesto la necesidad de una revisión normativa que atienda a la singularidad de los instrumentos musicales de grandes dimensiones.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno de España a:
1. Reconocer la singularidad de los instrumentos musicales de grandes dimensiones, como contrabajos o violonchelos, y equipararlos a otros objetos voluminosos (bicicletas, esquís, etc.) en lo que se refiere a las condiciones de transporte
en servicios ferroviarios de alta velocidad.
2. Abrir un proceso de diálogo con las operadoras ferroviarias para revisar las actuales normativas y establecer condiciones que faciliten el transporte de instrumentos musicales de grandes dimensiones, especialmente cuando se trata de
menores de edad o jóvenes intérpretes.
3. Impulsar una política específica de apoyo al desplazamiento de estudiantes de música, jóvenes intérpretes y profesionales que deben viajar con instrumentos musicales por motivos formativos, artísticos o profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei sobre el transport d'instruments
musicals de grans dimensions en trens d'alta velocitat, per al seu debat i aprovació a la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible.
Exposició de motius
El País Valencià és, històricament, terra de músics. Les bandes i societats musicals constitueixen una de les expressions culturals i socials més arrelades en el nostre territori, reconegudes no sols per la seua aportació artística, sinó
també per la seua funció de cohesió comunitària i de formació de noves generacions de joves intèrprets. Gràcies a
l'esforç i al talent, moltes d'aquestes joves promeses accedeixen a orquestres i formacions musicals d'àmbit estatal i internacional, la qual cosa comporta la necessitat de realitzar desplaçaments freqüents per a assajos, concerts i estades
formatives.
Aquests desplaçaments solen haver de fer-se amb instruments musicals de grans dimensions, com ara contrabaixos o violoncels. Es tracta d'eines imprescindibles per a la pràctica musical professional i acadèmica, però que, paradoxalment,
troben grans dificultats per al seu transport en els trens d'alta velocitat. Diverses operadores ferroviàries imposen restriccions o prohibicions que impedeixen l'accés d'aquests instruments a les seues unitats, al·legant motius de mida, fins i tot
quan les persones intèrprets estan disposades a adquirir un bitllet addicional per garantir la seguretat i comoditat de la resta de passatgers.
Aquesta situació genera greus conseqüències: famílies i músics es veuen obligats a recórrer al vehicle privat, amb l'impacte econòmic i ambiental que això comporta, agreujat quan es tracta de menors d'edat o joves sense carnet de conduir,
que necessiten l'acompanyament familiar per a poder assistir a assajos, concerts i formacions.
Resulta incoherent que, en un moment en què el foment de la mobilitat sostenible és un objectiu estratègic, es limite l'accés al transport públic d'un element que no és un simple objecte personal, sinó una eina de treball essencial per a
l'exercici d'una activitat cultural d'interés públic. A més, les prohibicions actuals suposen una barrera per a la igualtat d'oportunitats, el desenvolupament del talent artístic i el dret d'accés a la cultura.
És especialment paradoxal que s'establisquen traves al transport d'instruments musicals mentre sí es permet el transport d'altres objectes de dimensions similars, com bicicletes o esquís, en molts casos amb condicions més favorables. Això
posa de manifest la necessitat d'una revisió normativa que atenga la singularitat dels instruments musicals de grans dimensions.
Per tot l'exposat, es proposa la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés insta el Govern d'Espanya a:
1. Reconéixer la singularitat dels instruments musicals de grans dimensions, com contrabaixos o violoncels, i equiparar-los a altres objectes voluminosos (bicicletes, esquís, etc.) pel que fa a les condicions de transport en serveis
ferroviaris d'alta velocitat.
2. Obrir un procés de diàleg amb les operadores ferroviàries per revisar les actuals normatives i establir condicions que faciliten el transport d'instruments musicals de grans dimensions, especialment quan es tracta de menors d'edat o
joves intèrprets.
3. Impulsar una política específica de suport al desplaçament d'estudiants de música, joves intèrprets i professionals que han de viatjar amb instruments musicals per motius formatius, artístics o professionals.'
Palau del Congrés, 24 de setembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002497
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre la garantía de igualdad de
oportunidades en las actividades extraescolares y complementarias en el sistema
educativo público, para su debate en Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte.
Exposición de motivos
La educación pública es uno de los pilares básicos del Estado social y democrático de derecho. No obstante, la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo se ve comprometida cada vez que se trasladan a las familias costes que
deberían ser asumidos por la administración.
Uno de estos ámbitos es el de las actividades complementarias y extraescolares. Excursiones, salidas culturales, talleres, actividades musicales, artísticas o deportivas, así como programas de aprendizaje de idiomas o refuerzo educativo
forman parte de la vida cotidiana del alumnado y son un componente esencial de su formación integral. No son lujos, sino herramientas pedagógicas y de socialización imprescindibles, que amplían los horizontes culturales y educativos de las nuevas
generaciones.
Sin embargo, la realidad es que, hoy en día, la participación en estas actividades depende demasiado a menudo de la capacidad económica de las familias. Los precios de determinadas excursiones o actividades extraescolares pueden suponer una
carga inasumible para muchas familias, especialmente en un contexto de crisis social y económica marcado por el encarecimiento de la vivienda, de la energía y de los bienes de primera necesidad.
Esta situación genera desigualdades profundas: alumnos que se ven obligados a quedarse en el centro mientras sus compañeros y compañeras participan en una actividad formativa; familias que deben elegir entre que los hijos e hijas puedan
disfrutar de un viaje cultural o pagar el recibo de la luz; y un sistema educativo que, en lugar de ser palanca de igualdad, corre el riesgo de reproducir y ampliar las brechas sociales.
Desde Compromís defendemos un modelo educativo público, inclusivo y equitativo, en el que el origen social o la cuenta corriente de los padres no determine el acceso a ninguna oportunidad educativa. La educación debe ser un derecho
universal y completo, lo que implica garantizar la gratuidad real no sólo de la enseñanza en el aula, sino también de todas aquellas actividades que forman parte del proceso educativo y de crecimiento personal del alumnado.
Además, las actividades extraescolares cumplen un papel fundamental en la conciliación laboral y familiar, especialmente en caso de madres y padres con horarios extensos o precarios. El Estado y las administraciones públicas tienen el deber
de ofrecer respuestas que ayuden a equilibrar la vida personal, familiar y laboral, y las actividades educativas fuera del horario lectivo son una de las mejores herramientas para conseguirlo.
Por último, cabe recalcar que estas actividades son también un instrumento de inclusión y cohesión social. El acceso universal a talleres de música, deporte, artes plásticas o idiomas no solo mejora las competencias del alumnado, sino que
también permite descubrir talentos, crear vínculos y fomentar valores de convivencia y cooperación. En cambio, limitar su acceso en función de los recursos económicos genera segregación y exclusión.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a llevar a cabo las medidas siguientes:
1. Garantizar, mediante un marco normativo estatal, la gratuidad efectiva de las actividades complementarias y extraescolares organizadas dentro de los centros educativos públicos, de forma que ningún alumno quede excluido por razones
económicas.
2. Dotar un fondo específico y estable, transferido a las comunidades autónomas, para financiar las actividades extraescolares y excursiones escolares en centros públicos, asegurando una distribución justa que atienda a la diversidad
territorial y social.
3. Impulsar programas de becas o ayudas directas a las familias para actividades complementarias y extraescolares, priorizando aquéllas en situación de vulnerabilidad económica o social.
4. Promover convenios con ayuntamientos y entidades locales para reforzar la oferta de actividades culturales, deportivas y educativas gratuitas o subvencionadas, facilitando también el uso de instalaciones públicas fuera de hora escolar.
5. Reconocer el valor de las actividades extraescolares como herramienta de conciliación familiar y laboral, integrando esta perspectiva en el diseño de políticas públicas de educación e igualdad.
6. Asegurar la inclusión y accesibilidad universal de las actividades extraescolares y complementarias, adaptándolas a la diversidad funcional, cultural y social del alumnado, y promoviendo su participación en condiciones de igualdad.
7. Establecer mecanismos de transparencia y control para garantizar que los centros educativos disponen de los recursos necesarios y que las familias no deben asumir ningún coste que comprometa la igualdad de oportunidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei sobre garantia d'igualtat
d'oportunitats en les activitats extraescolars i complementàries en el sistema educatiu públic per al seu debat en Comissió d'Educació, Formació Professional i Esport.
Exposició de motius
L'educació pública és un dels pilars bàsics de l'Estat social i democràtic de dret. No obstant això, la igualtat d'oportunitats dins el sistema educatiu es veu compromesa cada vegada que es traslladen a les famílies costos que haurien
de ser assumits per l'administració.
Un d'aquests àmbits és el de les activitats complementàries i extraescolars. Excursions, eixides culturals, tallers, activitats musicals, artístiques o esportives, així com programes d'aprenentatge d'idiomes o reforç educatiu, formen part
de la vida quotidiana de l'alumnat i són un component essencial de la seua formació integral. No són luxes, sinó eines pedagògiques i de socialització imprescindibles, que amplien els horitzons culturals i educatius de les noves generacions.
Tanmateix, la realitat és que, hui en dia, la participació en aquestes activitats depén massa sovint de la capacitat econòmica de les famílies. Els preus de determinades excursions o de les activitats extraescolars poden suposar una càrrega
inassumible per a moltes famílies, especialment en un context de crisi social i econòmica marcat per l'encariment de l'habitatge, de l'energia i dels béns de primera necessitat.
Aquesta situació genera desigualtats profundes: alumnes que es veuen obligats a quedar-se al centre mentre els seus companys i companyes participen en una activitat formativa; famílies que han de triar entre que els fills i filles puguen
gaudir d'un viatge cultural o pagar el rebut de la llum; i un sistema educatiu que, en lloc de ser palanca d'igualtat, corre el risc de reproduir i ampliar les bretxes socials.
Des de Compromís defensem un model educatiu públic, inclusiu i equitatiu, en què l'origen social o el compte corrent dels pares no determine l'accés a cap oportunitat educativa. L'educació ha de ser un dret universal i complet, i açò
implica garantir la gratuïtat real no sols de l'ensenyament en l'aula, sinó també de totes aquelles activitats que formen part del procés educatiu i de creixement personal de l'alumnat.
A més, les activitats extraescolars compleixen un paper fonamental en la conciliació laboral i familiar, especialment en el cas de mares i pares amb horaris extensos o precaris. L'Estat i les administracions públiques tenen el deure
d'oferir respostes que ajuden a equilibrar la vida personal, familiar i laboral, i les activitats educatives fora de l'horari lectiu són una de les millors eines per a aconseguir-ho.
Finalment, cal subratllar que aquestes activitats són també un instrument d'inclusió i cohesió social. L'accés universal a tallers de música, esport, arts plàstiques o idiomes no sols millora les competències de l'alumnat, sinó que també
els permet descobrir talents, crear vincles i fomentar valors de convivència i cooperació. En canvi, limitar-ne l'accés en funció dels recursos econòmics genera segregació i exclusió.
Per tot l'exposat anteriorment, presente la següent
Proposició no de Llei
El Congrés acorda instar al Govern de l'Estat a realitzar les següents mesures:
'1. Garantir, mitjançant un marc normatiu estatal, la gratuïtat efectiva de les activitats complementàries i extraescolars organitzades dins dels centres educatius públics, de manera que cap alumne quede exclós per raons econòmiques.
2. Dotar un fons específic i estable, transferit a les comunitats autònomes, per a finançar les activitats extraescolars i excursions escolars en centres públics, assegurant una distribució justa que atenga la diversitat territorial i
social.
3. Impulsar programes de beques o ajudes directes a les famílies per a activitats complementàries i extraescolars, prioritzant aquelles en situació de vulnerabilitat econòmica o social.
4. Promoure convenis amb ajuntaments i entitats locals per reforçar l'oferta d'activitats culturals, esportives i educatives gratuïtes o subvencionades, facilitant també l'ús d'instal·lacions públiques fora de l'hora escolar.
5. Reconéixer el valor de les activitats extraescolars com a eina de conciliació familiar i laboral, integrant aquesta perspectiva en el disseny de polítiques públiques d'educació i igualtat.
6. Assegurar la inclusió i accessibilitat universal de les activitats extraescolars i complementàries, adaptant-les a la diversitat funcional, cultural i social de l'alumnat, i promovent la seua participació en condicions d'igualtat.
7. Establir mecanismes de transparència i control per a garantir que els centres educatius disposen dels recursos necessaris i que les famílies no han d'assumir cap cost que comprometa la igualtat d'oportunitats.'
Congrés, 24 de setembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.- Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre la financiación del sistema de atención a la dependencia, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La Unión Europea es la región más envejecida del mundo y la tendencia apunta que a que cada vez lo será más. Como es lógico, este envejecimiento poblacional se traduce en un incremento de la ciudadanía en edad dependiente, que necesita y
demanda asistencia para realizar actividades básicas de la vida cotidiana. La atención de este colectivo de población se convierte en un reto para todos los poderes públicos y requiere una respuesta firme y adaptada al modelo actual de nuestra
sociedad.
Para dar respuesta a esta situación se aprobó, con amplia mayoría, la Ley estatal 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que surge con el objetivo de regular
las condiciones para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia (SAAD) con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas.
Este es el marco normativo aprobado hace casi veinte años en el que se recogen los derechos de los ciudadanos, pero también los deberes de todas las administraciones implicadas.
Dos décadas después de la aprobación de la conocida como Ley de la Dependencia, el sistema tiene algunas deficiencias que están lejos de corregirse. La principal tiene que ver con el problema estructural de la financiación.
La Ley fija que el gasto de los servicios y prestaciones debe asumirse al 50 % entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, algo que nunca sucedió y que actualmente sigue sin corregirse.
El creciente esfuerzo inversor por parte de las administraciones autonómicas, y también de la local, para atender a la ciudadanía, no tiene la misma correspondencia por parte del Gobierno Central. De esta forma lo reconoce el propio
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en la Memoria de análisis del marco normativo del anteproyecto de Ley que modifica las leyes de Discapacidad y de Dependencia: '... La financiación originalmente planteada por la Memoria de la
Ley de Dependencia no se alcanzó, ni en términos absolutos, ni en términos relativos al cumplimiento del objetivo de financiación del 50 %'.
Esta es una cita literal de un documento presentado a las Comunidades Autónomas a comienzos de marzo en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Es decir, el Gobierno Central reconoce que no aporta lo que tiene
que aportar por Ley. Eso va en detrimento de los servicios que reciben los ciudadanos y perjudica directamente las arcas municipales y autonómicas.
Además de no aportar la financiación adecuada, a lo que se dedica el Gobierno central es a hacer modificaciones normativas sin tener en cuenta al resto de administraciones, que son las competentes y las que gestionan la mayoría de los
servicios sociales.
Así, entre otras modificaciones, en julio del año 2023 el Gobierno central publicó un Real Decreto (RD 675/2023, de 18 de julio) por el que se modifica el sistema de prestaciones en dependencia, de forma unilateral y sin contar con las
Comunidades Autónomas. Y, año y medio después, el pasado febrero, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presentó un anteproyecto de ley que reforma la Ley de Dependencia y la ley de Discapacidad.
Ambos cambios conllevan obligaciones al resto de Administraciones sin ir acompañadas de la correspondiente financiación, esto es, sin ningún tipo de ayuda presupuestaria estatal.
La teleasistencia pasa a ser un derecho subjetivo, se amplían las cuantías de las prestaciones y se hacen modificaciones directas en el Servicio de Ayuda a domicilio lo que repercute en los ayuntamientos. El Gobierno central propone,
además, incrementar las
intensidades del servicio al aumentar las horas mínimas para atender a una persona en situación de dependencia. Y amplía las acciones a realizar en dicho servicio, ya que ahora también contempla tareas fuera del hogar (para ir a la compra,
al médico o al centro de día, por ejemplo).
Todo esto lleva consigo un encarecimiento del servicio, más necesidades de personal y modificar los contratos en vigor que tienen los Ayuntamientos con las empresas prestadoras del Servicio.
Incrementar este servicio como quiere imponer el Ejecutivo Central sin tener en cuenta a las Comunidades Autónomas que son las que financian su mayor parte, ni a los municipios que son los que lo gestionan, requiere de más recursos y de más
personal. Dos requisitos indispensables ignorados por el Gobierno Central.
No se pueden imponer más obligaciones a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos sin que la reforma venga acompañada de la financiación necesaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar una memoria económica concreta y detallada en la que se evalúe y determine el coste de las modificaciones que contempla la reforma de la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
2. No aplicar ninguna modificación de la LAPAD hasta que el gobierno no cumpla con la cofinanciación prevista en la ley del 50 % para que la participación de las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central sea equitativa'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Patricia Rodríguez Calleja, Silverio Argüelles García, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Raquel Clemente Muñoz, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Beatriz Jiménez Linuesa,
Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez, María Sandra Moneo Díez, Agustín Parra Gallego, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002489
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó de Compromís, y de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley para la promoción de una dieta
saludable en detrimento de las dietas milagro, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Actualmente, la presión social para conseguir el estándar de belleza es muy alta, y conduce a una sensación constante de insatisfacción corporal, de frustración por el peso y de continúas comparaciones. Este ideal de belleza está en todas
partes, asociando el estar delgado o delgada a conceptos como felicidad, atractivo o éxito. Esta constante presión comporta, en muchos casos y con especial incidencia en las personas más jóvenes, una mala y deficiente alimentación.
El cuerpo tiene tres mecanismos para bajar de peso: perder líquidos (con dietas diuréticas), perder masa muscular (dietas hipocalóricas severas) y perder grasa (combinando una buena dieta y una actividad física regular). El tercer
mecanismo es el más lento pero también el más efectivo y saludable. Desgraciadamente, muchas personas descartan este procedimiento para bajar de peso y recurren a las llamadas 'dietas milagro', aquellas que tienen una restricción calórica muy
severa, con importantes desequilibrios en nutrientes y que, por lo tanto, aportan muy poca energía y presentan un importante riesgo para la salud. Estas dietas, que cada día aparecen en programas de televisión, en revistas de moda o en redes
sociales, excluyen numerosos alimentos que son necesarios para el organismo y provocan una adquisición perjudicial en relación a los hábitos saludables. Se denominan 'dietas milagro' porque prometen rápidos resultados en poco de tiempo, pero la
realidad es que no provocan ningún beneficio ni en la pérdida de peso, ni en una alimentación saludable ni en buenos hábitos para la salud; de hecho no son dietas personalizadas, y no están adaptadas a las necesidades específicas de cada persona.
La presión estética en los medios de comunicación y, cada vez más, en las redes sociales conduce -como afirman numerosos expertos en nutrición y alimentación- a un aumento del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes,
diferentes tipos de cáncer, problemas renales y hepáticos u osteoporosis, entre otras. Todo esto se explica porque son dietas desequilibradas y se quedan lejos de satisfacer las necesidades nutricionales. De hecho, es que muchas de estas dietas lo
que hacen es eliminar un grupo concreto de alimentos (como la dieta Dukan que elimina los carbohidratos) o que se basan en un alimento concreto, privando al organismo de la ingesta de los nutrientes que pueden generar los alimentos eliminados. Es
preocupante el riesgo que supone para la población, pues se calcula que un 31 % de las personas con sobrepeso en el estado español han seguido en algún momento alguna de las modalidades de las dietas milagro.
Desde la Academia Española de Nutrición y Dietética señalan que entre el 85 % y el 90 % de las personas que han perdido peso gracias a las dietas milagro lo recuperan en el año. Y más del 90 % vuelven a su peso pasado un año y medio o,
incluso, ganan más peso por el efecto rebote.
A las dietas milagro se suman los medicamentos para adelgazar, los brebajes depurativos y ayunos en la alimentación, todo sin ningún tipo de control de un nutricionista o experto en alimentación
Generalmente, las personas que practican este tipo de dietas las repiten cada 6 meses, con 6 meses de descanso. Esto, en la práctica, es que una persona de enero a junio siga una dieta hiperproteica, para después dejar de comer hidratos de
carbono, lácteos, verduras y frutas, legumbres o algunos tipos de cereales. Y, de nuevo, el resto del año, vuelve a comer variado y equilibrado. Significa no consumir alimentos saludables que el organismo necesita durante la mitad del año.
Fomentar unos buenos hábitos alimentarios es la solución a estas dietas que son nocivas para la salud y que son seguidas por muchas personas. Nuestra dieta de base, mediterránea, combina la variedad y el equilibrio de los alimentos con el
ejercicio físico, el descanso y la convivencia social, y su popularidad se ha extendido por todo el mundo gracias a que cuenta con múltiples beneficios para la salud. Está formada por frutas y verduras de temporada, por cereales y legumbres, que
cuenta con el aceite de oliva como una grasa saludable, y dónde también encontramos frutos secos o pescado azul. De hecho, la dieta mediterránea fue reconocida por la UNESCO como uno de los elementos de la lista representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta dieta se fundamenta, tal y como explica la Fundación Dieta Mediterráneo, en:
1. Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición, dado que es un alimento rico en vitamina E, betacarotenos y ácidos grasos monoinsaturados con propiedades cardioprotectoras.
2. Consumir alimentos de origen vegetal en abundancia, como por ejemplo frutas, verduras, legumbres, etcétera. Las verduras, hortalizas y frutas son la principal fuente de vitaminas, minerales y fibra de nuestra dieta y además aportan una
gran cantidad de agua. Pueden, además, prevenir enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
3. El pan y los alimentos procedentes del cereal, como ahora la pasta y el arroz y sus productos integrales, tienen que formar parte de la alimentación diaria por su composición rica en carbohidratos.
4. Alimentos poco procesados, frescos y de temporada, son los más adecuados.
5. Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogurt y quesos dado que son excelentes fuentes de proteínas de alto valor biológico.
6. La carne roja se tiene que consumir con moderación, y las carnes procesadas en cantidades pequeñas.
7. Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación. El pescado azul se recomienda como mínimo una o dos veces a la semana; y los huevos, que contienen proteínas de muy buena calidad, grasas y muchas vitaminas y minerales.
8. La fruta fresca tendría que ser el postre habitual.
9. El agua es la bebida por excelencia de la dieta mediterránea.
10. Realizar actividad todos los días es tan importante como comer adecuadamente.
Con una buena y rica alimentación, como la que aporta la dieta mediterránea, la población obtiene importantes beneficios para la salud, sin necesidad recurrir a dietas que tienen efectos nocivos y consecuencias graves.
Además, la dieta mediterránea incorpora muchos productos de proximidad, generando una buena relación a lo largo de toda la cadena alimentaria, y favoreciendo a los agricultores y ganaderos.
Si bien, es cierto que tenemos que invertir esfuerzos al asegurar y garantizar que todas las personas puedan acceder a los alimentos básicos que conforman la dieta mediterránea, dado que nos encontremos en un contexto en que no todo el mundo
puede hacer frente al encarecimiento de precios de frutas, verduras, pescado y/o carne fresca.
Por todo lo expuesto anteriormente se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación insta el Gobierno a realizar las siguientes medidas:
1. Dar más promoción a la dieta mediterránea, a partir de campañas específicas, para ayudar al consumidor en la elección de alimentos y bebidas que conforman dietas nutritivas, saludables y sostenibles.
2. Crear campañas informativas para difundir las consecuencias nocivas de las dietas inapropiadas y de las dietas milagro, y cómo estas actúan como un factor de riesgo para sufrir enfermedades.
3. Dar más promoción a las frutas y verduras propias y explicar las de cada temporada para una buena difusión en la sociedad.
4. Asegurar el acceso a todas las personas a una alimentación saludable y sostenible, a la adquisición de los productos que componen la base de la dieta mediterránea. Implicar y coordinar a todos los Ministerios con competencias sobre el
acceso a una alimentación saludable y sostenible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei per a la promoció d'una dieta
saludable en detriment de les dietes miracle per al seu debat i aprovació en la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Exposició de motius
Actualment, la pressió social per aconseguir l'estàndard de bellesa és molt alta, i conduïx a una sensació constant d'insatisfacció corporal, de frustració pel pes i de contínues comparacions. Este ideal de bellesa està a tot arreu,
associant estar prim o prima a conceptes com felicitat, atractiu o èxit. Esta constant pressió comporta, en molts casos i amb especial incidència en les persones més joves, una mala i deficient alimentació.
El cos té tres mecanismes per a baixar de pes: perdre líquids (amb dietes diürètiques), perdre massa muscular (dietes hipocalòriques severes) i perdre grassa (combinant una bona dieta i una activitat física regular). El tercer mecanisme és
el més lent però també el més efectiu i saludable. Malauradament, moltes persones descarten este procediment per a baixar de pes i recorren a les anomenades 'dietes miracle', aquelles que tenen una restricció calòrica molt severa, amb importants
desequilibris en nutrients i que, per tant, aporten molt poca energia i presenten un important risc per a la salut. Estes dietes, que cada dia apareixen en programes de televisió, en revistes de moda o en xarxes socials, exclouen nombrosos aliments
que són necessaris per a l'organisme i provoquen una adquisició perjudicial pel que fa als hàbits saludables. S'anomenen 'dietes miracle' perquè prometen ràpids resultats en poc de temps, però la realitat és que no provoquen cap benefici ni en la
pèrdua de pes, ni en una alimentació saludable ni en bons hàbits per a la salut; de fet no són dietes personalitzades, i no estan adaptades a les necessitats específiques de cada persona.
La pressió estètica en els mitjans de comunicació i, cada cop més, en les xarxes socials conduïx -com afirmen nombrosos experts en nutrició i alimentació- a un augment del risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis, diferents tipus de
càncer, problemes renals i hepàtics o osteoporosi, entre altres. Tot això s'explica perquè són dietes desequilibrades i es queden lluny de satisfer les necessitats nutricionals. De fet, és que moltes d'estes dietes el que fan és eliminar un grup
concret d'aliments (com la dieta Dukan que elimina els carbohidrats) o que ese basen en un aliment concret, privant a l'organisme de la ingesta dels nutrients que poden generar els aliments eliminats. És preocupant el risc que suposa per a la
població, perquè es calcula que un 31 % de les persones amb sobrepés a l'estat espanyol han seguit en algun moment alguna de les modalitats de les dietes miracle.
Des de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica assenyala que entre el 85 % i el 90 % de les persones que han perdut pes gràcies a les dietes miracle el recuperen a l'any. I més del 90 % tornen al seu pes passat un any i mig o, inclús,
guanyen més pes per l'efecte rebot.
A les dietes miracle se sumen els medicaments per a aprimar, els brevatges depuratius i dejunis en l'alimentació, tot sense cap mena de control d'un nutricionista o expert en alimentació.
Generalment, les persones que practiquen este tipus de dietes les repetixen cada 6 mesos, amb 6 mesos de descans. Açò, en la pràctica, és que una persona de gener a juny seguisca una dieta hiperproteica, per a després deixar de menjar
hidrats de carboni, lactis, verdures i fruites, llegums o alguns tipus de cereals. I, de nou, la resta de l'any, torna a menjar variat i equilibrat. Significa no consumir aliments saludables que l'organisme necessita durant la meitat de l'any.
Fomentar uns bons hàbits alimentaris és la solució a estes dietes que són nocives per a la salut i que són seguides per moltes persones. La nostra dieta de base, la mediterrània, combina la varietat i l'equilibri dels aliments amb
l'exercici físic, el descans i la convivència social, i la seua popularitat s'ha estès per tot el món gràcies al fet que compta amb múltiples beneficis per a la salut. Està formada per fruites i verdures de temporada, per cereals i llegums, que
compta amb l'oli d'oliva com un greix saludable, i on també trobem fruits secs o peix blau. De fet, la dieta mediterrània va ser reconeguda per la UNESCO com un dels elements de la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat. Esta dieta es fonamenta, tal com explica la Fundació Dieta Mediterrània, en:
1. Utilitzar l'oli d'oliva com a principal greix d'addició, donat que és un aliment ric en vitamina E, betacarotens i àcids grassos monoinsaturats amb propietats cardioprotectores.
2. Consumir aliments d'origen vegetal en abundància, com ara fruites, verdures, llegums, etcètera. Les verdures, hortalisses i fruites són la principal font de vitamines, minerals i fibra de la nostra dieta i ens aporten una gran quantitat
d'aigua. Poden, a més a més, previndre malalties cardiovasculars i alguns tipus de càncer.
3. El pa i els aliments procedents del cereal, com ara la pasta i l'arrós i els seus productes integrals, han de formar part de l'alimentació diària per la seua composició rica en carbohidrats.
4. Aliments poc processats, frescos i de temporada, són els més adequats.
5. Consumir diàriament productes lactis, principalment iogurts i formatges donat que són excel·lents fonts de proteïnes d'alt valor biològic.
6. La carn vermella s'ha de consumir amb moderació, i les carns processades en quantitats xicotetes.
7. Consumir peix en abundància i ous amb moderació. El peix blau es recomana com a mínim una o dos vegades a la setmana; i els ous, que contenen proteïnes de molt bona qualitat, greixos i moltes vitamines i minerals.
8. La fruita fresca hauria de ser les postres habituals.
9. L'aigua és la beguda per excel·lència de la dieta mediterrània.
10. Realitzar activitat tots els dies és tan important com menjar adequadament.
Amb una bona i rica alimentació, com la que aporta la dieta mediterrània, la població obté importants beneficis per a la salut, sense necessitat recórrer a dietes que tenen efectes nocius i conseqüències greus.
A banda, la dieta mediterrània incorpora molts productes de proximitat, generant una bona relació al llarg de tota la cadena alimentària, i afavorint als agricultors i ramaders.
Si bé, és cert que hem d'invertir esforços a assegurar i garantir que totes les persones puguen accedir als aliments bàsics que conformen la dieta mediterrània, donat que ens trobem en un context en què no tothom pot fer front a l'encariment
de preus de fruites, verdures, peix i/o carn fresca.
Per tot el que s'ha exposat anteriorment es presenta la següent
Proposició no de Llei
'La Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació insta el Govern a realitzar les següents mesures:
1. Donar més promoció a la dieta mediterrània, a partir de campanyes específiques, per ajudar al consumidor en l'elecció d'aliments i begudes que conformen dietes nutritives, saludables i sostenibles.
2. Crear campanyes informatives per difondre les conseqüències nocives de les dietes inapropiades i de les dietes miracle, i com estes actuen com un factor de risc per a patir malalties.
3. Donar més promoció a les fruites i verdures pròpies i explicar les de cada temporada per una bona difusió en la societat.
4. Assegurar l'accés a totes les persones a una alimentació saludable i sostenible, a l'adquisició dels productes que componen la base de la dieta mediterrània. Implicar i coordinar a tots els Ministeris amb competències sobre l'accés a
una alimentació saludable i sostenible.'
Palau del Congrés, 24 de setembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002491
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley para la adopción de medidas
urgentes para garantizar el abastecimiento de agua para un uso agrario y ganadero sostenible y de proximidad, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El verano de 2024 fue extraordinariamente duro para muchas comarcas valencianas afectadas por una sequía que se agravia fruto de una emergencia climática severa, que comporta extremas condiciones meteorológicas y escasas lluvias, y lluvias
torrenciales en otoño; pero la sequía también tiene mucho que ver con el incremento desorbitado de población que sufren algunas comarcas como consecuencia del turismo, es el caso de la Marina Alta (País Valencià). El modelo que tenemos de turismo
depredador supone un agravio de la escasez de recursos hídricos, con pocas garantías para la población de las zonas receptoras de turismo.
La situación de sequía ha afectado al suministro humano, pero también al riego agrario y al uso para la ganadería.
La sequía está afectando, y continuará afectando, al suministro de agua para el riego agrario y para las explotaciones ganaderas. La afectación a los regadíos implica que las producciones están teniendo calibres inferiores al habitual; los
agricultores han tenido que incrementar el riego por las altas temperaturas y la escasez de lluvias, pero esto en vez de solucionar la situación de emergencia, solo está ocasionando un incremento en los costes de regadío al no poder usar aguas
superficiales por las restricciones y tener que utilizar pozos y motores aumentando el coste energético (afectado también por la inexistencia de la doble tarificación de riego). Se incrementan, pues, los costes económicos y ambientales de lucha
contra las plagas al no llover y con el calor se incrementa el ataque de las plagas.
En el secano la situación está siendo también alarmante, al no tener producción de olivar, y el cereal se encuentra en la tercera campaña consecutiva con una bajada de la producción y en muchas zonas ni siquiera ha germinado la semilla. En
el caso de los frutos secos, se repite el patrón, con una reducción de la producción que también se replica en la viña.
Además, hay que incidir que a todo esto se añade que el olivar y la viña ni siquiera han recibido ayudas para paliar los efectos de la sequía y de la guerra de Ucrania por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con una
evidente marginación de unos sectores frente otros.
La ganadería extensiva - vacuno, ovino y cabruno- es de las que más está sufriendo las consecuencias por la sequía. Las bases y abrevaderos que hay por las zonas de pasto no tienen agua y se ha pedido en reiteradas ocasiones que se
abastezcan as poblaciones con cisternas de agua.
La sequía, además, también tiene consecuencias en el consumo habitual de agua. En diferentes municipios valencianos, a lo largo del verano, se ha restringido su consumo y el
suministro se ha tenido que hacer mediante camiones cisterna o repartiendo garrafas ante la imposibilidad de acceso a agua potable. El incremento de la población que sufren algunas comarcas como consecuencia del turismo agravia todavía más
la situación, como el caso de la Marina Alta al País Valencià. En esta comarca, se están construyendo además 448 viviendas de lujo en el PAI Medina-Llíber, que hacen uso de un recurso escaso como es el agua, al cual no tiene acceso la población, ni
tampoco los agricultores y ganaderos de la zona.
Todo esto mientras que desde marzo de 2024 la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene declarado el estado de emergencia en la comarca referida por falta de agua, por la salinización de los acuíferos.
La situación no es mucho mejor en algunas comarcas del norte, como el Alt Palància, en Morella en la comarca dels Ports; tampoco en municipios como Altura, Costur o la Pobla de Benifassà. En la Sénia-Maestrat y Palancia-Valls también están
en situación de emergencia, y en alerta a Mijares-Plana de Castelló, Serpis y Vinalopó-Alacantí.
En el caso de Sénia-Maestrat, Palancia-Les Valls y Marina Alta, cumplen los requisitos del artículo 92 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, donde se desarrolla la figura de declaración de la situación excepcional por sequía
extraordinaria. Sobre esto, la Confederación Hidrográfica del Júcar el mes de abril de 2024 acordó solicitar en el Gobierno del Estado español incluir la demarcación dentro del ámbito y poder adoptar medidas excepcionales contra la sequía, pero
desde el Gobierno todavía no se ha actuado.
Por todo el expuesto anteriormente se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta el Gobierno a realizar las siguientes medidas:
1. Elaborar un plan integral que garantice el suministro permanente de agua para la ganadería y la agricultura sostenibles y de proximidad, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad y la continuidad de las actividades ganaderas y
agrícolas.
2. Desarrollar infraestructuras hídricas, en colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo de tener almacenamiento de agua en puntos
estratégicos de las zonas de interior, facilitando el acceso al recurso en épocas de escasez para las actividades ganaderas y agrícolas sostenibles.
3. Identificar y explotar acuíferos subterráneos que puedan ser utilizados de manera sostenible para el suministro de agua a las explotaciones ganaderas y agrícolas sostenibles, y de proximidad, en épocas de sequía y falta de agua,
especialmente en aquellas zonas de alta incidencia turística en los meses más secos.
4. Implementar sistemas que permitan la recogida y almacenamiento de aguas pluviales y excedentes durante las épocas de abundancia con el fin de utilizarlas en momentos de déficit hídrico.
5. Dar prioridad en las medidas a las demarcaciones con altos índices de sequía, así como en aquellas zonas receptoras de turismo en época estival.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei per a l'adopció de mesures urgents
per a garantir
l'abastiment d'aigua per a un ús agrari i ramader sostenible i de proximitat per al seu debat i aprovació en la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Exposició de motius
L'estiu del 2024 va estar extraordinàriament dur per a moltes comarques valencianes afectades per una sequera que s'agreuja fruit d'una emergència climàtica severa, i que comporta extremes condicions meteorològiques amb escasses pluges en
estiu i amb pluges torrencials a la tardor; però la sequera també té molt a veure amb l'increment desorbitat de població que pateixen algunes comarques a conseqüència del turisme, és el cas de la Marina Alta (País Valencià). El model que tenim de
turisme depredador suposa una un agreujament de l'escassetat de recursos hídrics, amb poques garanties per a la població de les zones receptores de turisme.
La situació de sequera ha afectat el subministre humà, però també al reg agrari i a l'ús per a la ramaderia.
La sequera està afectant, i continuarà afectant, al subministrament d'aigua per al reg agrari i per a les explotacions ramaderes. L'afectació als regadius implica que les produccions estan tenint calibres inferiors a l'habitual; els
agricultors han hagut d'incrementar el reg per les altes temperatures i l'escassetat de pluges, però açò en compte de solucionar la situació d'emergència, només està ocasionant un increment en els costos de regadiu com que no es poden usar aigües
superficials per les restriccions i haver d'utilitzar pous i motors augmentant el cost energètic (afectat també per la inexistència de la doble tarifació de reg). S'incrementen, doncs, els costos econòmics i ambientals de lluita contra les plagues
al no ploure i amb la calor s'incrementa l'atac de les plagues.
En el secà la situació està sent també alarmant, perquè la producció de l'olivar, i el cereal es troba en la tercera campanya consecutiva amb una baixada de la producció i en moltes zones ni tan sols ha germinat la llavor. En el cas dels
fruits secs, es repeteix el patró, amb una reducció de la producció que també es réplica en la vinya.
A més a més, cal incidir que a tot açò s'afegeix que l'olivar i la vinya ni tan sols han rebut ajudes per pal·liar els efectes de la sequera i de la guerra d'Ucraïna per part del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb una evident
marginació d'uns sectors enfront d'altres.
La ramaderia extensiva - boví, oví i cabrum- és de les que més està patint les conseqüències per la sequera. Les bases i abeuradors que hi ha per les zones de pastura no tenen aigua i s'ha demanat en reiterades ocasions que s'abastiren les
poblacions amb cisternes d'aigua.
La sequera, a més a més, també té conseqüències en el consum habitual d'aigua. En diferents municipis valencians, al llarg de l'estiu, s'ha restringit el seu consum i el subministrament s'ha hagut de fer mitjançant camions cisterna o
repartint marraixes, davant la impossibilitat d'accés a aigua potable. L'increment de la població que pateixen algunes comarques com a conseqüència del turisme agreuja encara més la situació, com el cas de la Marina Alta, al País Valencià. En esta
comarca, s'estan construint, a més a més, 448 vivendes de luxe en el PAI Medina-Llíber, que fan ús d'un recurs escàs com és l'aigua, a la qual no té accés la població, ni tampoc els agricultors i ramaders de la zona.
Tot això mentre que des de març de 2024 la Confederació Hidrogràfica del Xúquer tenia declarada l'estat d'emergència en la comarca referida per falta d'aigua, per la salinització dels aqüífers.
La situació no és molt millor a algunes comarques del nord, com l'Alt Palància, a Morella a la comarca dels Ports; tampoc a municipis com Altura, Costur o la Pobla de Benifassà. A la Sénia-Maestrat i Palància-Valls també estan en situació
d'emergència, i en alerta a Mijares-Plana de Castelló, Serpis i Vinalopó-Alacantí.
En el cas de Sénia-Maestrat, Palància-Les Valls i Marina Alta, compliixen els requisits de l'article 92 del Reglament de la Planificació Hidrològica, on es desenvolupa la figura de declaració de la situació excepcional per sequera
extraordinària. Envers això, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer el mes d'abril de 2024 va acordar sol·licitar al
Govern de l'Estat espanyol incloure la demarcació dins de l'àmbit i poder adoptar mesures excepcionals contra la sequera, però des del Govern encara no s'ha actuat.
Per tot el que s'ha exposat anteriorment se presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés insta el Govern a realitzar les següents mesures:
1. Elaborar un pla integral que garantisca el subministrament permanent d'aigua per a la ramaderia i l'agricultura sostenible i de proximitat, amb l'objectiu d'assegurar la sostenibilitat i la continuïtat d'este tipus d'activitats agràries
i ramaderes.
2. Desenvolupar infraestructures hídriques, en col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic amb l'objectiu de tindre emmagatzematge d'aigua en punts
estratègics de les zones d'interior, facilitant l'accés al recurs en èpoques d'escassetat per a les activitats ramaderes i agrícoles sostenibles.
3. Identificar i explotar aquifers subterranis que puguen ser utilitzats de manera sostenible per al subministrament d'aigua a les explotacions ramaderes i agrícoles sostenibles, i de proximitat, en èpoques de sequera i falta d'aigua,
especialment en aquelles zones d'alta incidència turística en els mesos més secs.
4. Implementar sistemes que permeten la recollida i emmagatzematge d'aigües pluvials i excedents durant les èpoques d'abundància amb la finalitat d'utilitzar-les en moments de dèficit hídrics.
5. Donar prioritat en les mesures a les demarcacions amb alts índexs de sequera, així com a aquelles zones receptores de turisme en època estival.'
Palau del Congrés, 24 de setembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002495
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley relativa al etiquetado obligatorio
del origen del arroz, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector arrocero valenciano constituye no solo una actividad económica esencial para miles de familias, sino también un elemento clave en la preservación de nuestro patrimonio natural y cultural, especialmente en espacios como el Parque
Natural de la Albufera o la Marjal Pego-Oliva. Sin embargo, en la actualidad su continuidad está gravemente amenazada por la importación masiva de arroz procedente de terceros países, muchas veces producido en condiciones laborales, ambientales y
sanitarias que no respetan los estándares exigidos en la Unión Europea.
Durante los últimos meses se han registrado entradas de hasta 14 000 toneladas de arroz por el puerto de Valencia en poco más de una semana, destinadas a empresas que posteriormente envasan ese arroz y lo distribuyen a grandes superficies
comerciales. En demasiadas ocasiones, el etiquetado del producto no indica su origen real y se limita a informar que ha sido 'envasado en España', utilizando incluso imágenes y referencias a la cultura valenciana que inducen a confusión al
consumidor.
Esta práctica tiene un doble impacto. Por una parte, competencia desleal hacia los arroceros y arroceras valencianas obligados a vender por debajo del coste de producción; por otra parte, un engaño al consumidor, que puede pensar que
adquiere arroz valenciano cuando en realidad se trata de producto importado.
El Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria al consumidor no exige actualmente la indicación obligatoria del origen del arroz, salvo si la omisión puede inducir a error. Esto genera un vacío legal que contrasta con el
trato otorgado a otros productos como la carne, la miel, las frutas frescas o el aceite de oliva, donde sí es obligatorio indicar su origen.
Por todo ello, resulta urgente que España defienda ante la Unión Europea la inclusión del arroz en la lista de productos con obligación de indicar claramente su origen, como medida de transparencia, defensa de la producción local y garantía
de una competencia justa.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso acuerda instar al Gobierno del Estado a llevar a cabo las medidas siguientes:
1. Promover ante la Comisión Europea la modificación del Reglamento (UE) 1169/2011 para que se haga obligatorio el etiquetado del país de origen del arroz, con independencia del lugar de envasado.
2. Impulsar iniciativas legislativas y diplomáticas que garanticen la reciprocidad en las condiciones de producción, laborales, ambientales y sanitarias entre la Unión Europea y los terceros países exportadores de arroz.
3. Trasladar este acuerdo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, a la Generalitat Valenciana y a las principales organizaciones representativas del
sector arrocero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instancia de la diputada Agueda Mico i Mico, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei relativa a l'etiquetatge obligatori
de l'origen de l'arrós per al seu debat en Comissio d'Agricultura, Pesca i Alimentacio.
Exposició de motius
El sector arrosser valencia constitueix no sols una activitat económica essencial per a milers de famílies, sino també un element clau en la preservacio del nostre patrimoni natural i cultural, especialment en espais com el Parc Natural de
l'Albufera o la Marjal Pego-Oliva. Tanmateix, en l'actualitat la seua continuítat esta greument amenazada per la importacio massiva d'arros procedent de paísos tercers, moltes vegades produít sota condicions laborals, ambientals i sanitaries que no
respecten els estandards exigits a la Unio Europea.
Durant els últims mesos s'han registrat entrades de fins a 14.000 tones d'arros pel port de Valéncia en poc més d'una setmana, destinades a empreses que posteriorment envasen aquest arros i el distribueixen a grans superfícies comercials.
En massa ocasions,
l'etiquetatge del producte no indica el seu origen real i es limita a informar que ha estat 'envasat a Espanya', utilitzant fins i tot imatges i referéncies a la cultura valenciana que indueixen a confusio al consumidor.
Aquesta practica té un doble impacte. D'una banda, competéncia deslleial cap als arrossers i arrosseres valencianes obligades a vendre per sota del cost de produccio; d'altra banda, un engany al consumidor, que pot pensar que adquireix
arros valencia que en realitat es tracta de producte importat.
El Reglament (UE) 1169/2011 sobre la informacio alimentaria al consumidor no exigeix actualment la indicacio obligatória de l'origen de l'arros, excepte si l'omissio pot induir a error. Azó genera un buit legal que contrasta amb el tracte
atorgat a altres productes com la carn, la mel, les fruites fresques o l'oli d'oliva, on sí és obligatori indicar-ne l'origen.
Per tot aixó, resulta urgent que l'estat espanyol defense davant la Unio Europea la inclusio de l'arros en la llista de productes amb obligacio d'indicar-ne clarament l'origen, com a mesura de transparéncia, defensa de la produccio local i
garantia d'una competéncia justa.
Per tot l'exposat anteriorment, presente la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés acorda instar al Govern de l'Estat a realitzar les següents mesures:
1. Promoure davant la Comissio Europea la modificacio del Reglament (UE) 1169/2011 perqué es faza obligatori l'etiquetatge del país d'origen de l'arros, amb independéncia del lloc d'envassament.
2. Impulsar iniciatives legislatives i diplomatiques que garantisquen la reciprocitat en les condicions de produccio, laborals, ambientals i sanitaries entre la Unio Europea i els paísos tercers exportadors d'arros.
3. Traslladar aquest acord per part del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentacio, a la Comissio d'Agricultura, Pesca i Alimentacio del Congrés, a la Generalitat Valenciana i a les principals organitzacions representatives del sector
arrosser.'
Congrés, 24 de setembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada de Compromís.- Néstor Rego Candamil, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002498
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con el artículo 193 y siguiente del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre la limitación de precios de
los alimentos básicos y la garantía del derecho a una alimentación digna, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En los últimos años, el alza desmedida del precio de los alimentos básicos ha golpeado con especial dureza a las familias trabajadoras, las personas pensionistas y la juventud. Según datos del INE, la alimentación ha encabezado las subidas
del IPC, convirtiendo la cesta de la compra en un lujo para muchos hogares. Este encarecimiento no responde al aumento de los costes de producción agraria, sino fundamentalmente a las prácticas especulativas de grandes intermediarios y superficies
comerciales que concentran el mercado y fijan precios abusivos.
Comer es un derecho, no una mercancía. Pero la realidad es que, en el conjunto del Estado y en la Comunidad Valenciana, miles de familias se ven obligadas a recortar su cesta de la compra, a prescindir de alimentos frescos o sustituir
productos básicos por opciones de peor calidad, simplemente porque los precios se han disparado. Esta realidad no es fruto de la casualidad, ni de una supuesta ley natural de mercados: es el resultado de un modelo económico injusto, que pone los
intereses de los oligopolios por encima de las necesidades de la gente.
La inflación alimentaria ha golpeado a las familias trabajadoras y a las personas más vulnerables, mientras que las grandes superficies y los intermediarios siguen batiendo récords históricos de beneficios. Mientras una familia monomarental
ve cómo el litro de leche ha subido más de un 30 % en dos años, o una familia con dos criaturas no puede llenar la nevera de fruta y verdura fresca, las multinacionales de la distribución han incrementado sus márgenes. Esto es, sencillamente, una
transferencia de renta de los bolsillos de la mayoría a las cajas registradoras de unos pocos.
Desde Compromís sabemos que la crisis de precios en la alimentación es resultado de la inacción o connivencia durante décadas, que han permitido la concentración del mercado en pocas manos. No es admisible que cuatro cadenas de
supermercados puedan marcar los precios de todo un país, condicionando tanto la vida cotidiana de las familias como la supervivencia de nuestro campo.
La Comunidad Valenciana conoce bien las consecuencias de este modelo. Nuestros agricultores y ganaderos, que con su esfuerzo garantizan productos de calidad, ven cómo los pagan por debajo de los costes de producción, mientras las
consumidoras pagan tres o cuatro veces más por esos alimentos en el supermercado. Una situación que condena a la desaparición del sector primario y al mismo tiempo agrava la precariedad de las familias trabajadoras.
No es un problema de oferta y demanda, sino de expolio social. Es la demostración de que, si no existe un control público y regulación, los grandes oligopolios utilizan la inflación como una excusa para multiplicar beneficios a costa de las
familias trabajadoras.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Establecer un mecanismo de control y limitación de los precios de una cesta básica de alimentos saludables y esenciales, leche, pan, huevos, aceite, arroz, legumbres, fruta y verdura de temporada, etcétera, de acuerdo con criterios de
coste de producción y precio justo.
2. Crear un observatorio independiente de precios de la alimentación que supervise la cadena de valor y detecte prácticas abusivas de los grandes intermediarios y superficies comerciales.
3. Reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que ningún producto agrícola o ganadero se pague por debajo de los costes de producción, estableciendo sanciones ejemplares por incumplimientos.
4. Promover el consumo de proximidad y circuitos cortos de comercialización, impulsando los mercados municipales, las cooperativas de consumo y el acceso de productos valencianos y de temporada a los centros educativos, hospitales y
comedores sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei sobre la limitació de preus dels
aliments bàsics i garantia del dret a una alimentació digna per al seu debat a la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Exposició de motius
En els darrers anys, l'alça desmesurada del preu dels aliments bàsics ha colpejat amb especial duresa les famílies treballadores, les persones pensionistes i la joventut. Segons dades de l'INE, l'alimentació ha encapçalat les pujades de
l'IPC, convertint la cistella de la compra en un luxe per a moltes cases. Aquest encariment no respon a l'augment dels costos de producció agrària, sinó fonamentalment a les pràctiques especulatives dels grans intermediaris i superfícies comercials
que concentren el mercat i fixen preus abusius.
El menjar és un dret, no una mercaderia. Però la realitat és que, al conjunt de l'Estat i al País Valencià, milers de famílies es veuen obligades a retallar la seua cistella de la compra, a prescindir d'aliments frescos o substituir
productes bàsics per opcions de pitjor qualitat, simplement perquè els preus s'han disparat. Aquesta realitat no és fruit de la casualitat, ni d'una suposada llei natural de mercats: és el resultat d'un model econòmic injust, que posa els
interessos dels oligopolis per damunt de les necessitats de la gent.
La inflació alimentària ha colpejat a les famílies treballadores i a les persones més vulnerables, mentre que les grans superfícies i els intermediaris continuen batent rècords històrics de beneficis. Mentre una família monomarental veu com
el litre de llet ha pujat més d'un 30 % en dos anys, o una família amb dos criatures no pot omplir la nevera de fruita i verdura fresca, les multinacionals de la distribució han incrementat els seus marges. Açò és, senzillament, una transferència
de renda de les butxaques de la majoria a les caixes registradores d'uns pocs.
Des de Compromís sabem que la crisi de preus en l'alimentació és resultat de la inacció o la connivència durant dècades, que han permés la concentració del mercat en poques mans. No és admissible que quatre cadenes de supermercats puguen
marcar els preus de tot un país, condicionant tant la vida quotidiana de les famílies com la supervivència del nostre camp.
El País Valencià coneix bé les conseqüències d'aquest model. Els nostres llauradors i ramaders, que amb el seu esforç garanteixen productes de qualitat, veuen com els paguen per davall dels costos de producció, mentre les consumidores
paguen tres o quatre vegades més per eixos aliments al supermercat. Una situació que condemna a la desaparició del sector primari i alhora agreuja la precarietat de les famílies treballadores.
No és un problema d'oferta i demanda, sinó d'espoli social. És la demostració que, si no hi ha un control públic i regulació, els grans oligopolis utilitzen la inflació com una excusa per a multiplicar beneficis a costa de les famílies
treballadores.
Per tot l'exposat anteriorment, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés insta el Govern a:
1. Establir un mecanisme de control i limitació dels preus d'una cistella bàsica d'aliments saludables i essencials - llet, pa, ous, oli, arròs, llegums, fruita i verdura de temporada, etcèterad'acord amb criteris de cost de producció i
preu just.
2. Crear un observatori independent de preus de l'alimentació que supervise la cadena de valor i detecte pràctiques abusives dels grans intermediaris i superfícies comercials.
3. Reforçar la Llei de la Cadena Alimentària per a garantir que cap producte agrícola o ramader es pague per davall dels costos de producció, i establir sancions exemplars per incompliments.
4. Promoure el consum de proximitat i circuits curts de comercialització, impulsant els mercats municipals, les cooperatives de consum i l'accés de productes valencians i de temporada als centres educatius, hospitals i menjadors socials.'
Palau del Congrés, 24 de setembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
estabilidad y la supervivencia del sector pesquero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector pesquero, y de forma particular la flota catalana, vive desde hace meses una situación marcada por la incertidumbre y la preocupación derivada de las políticas europeas de reducción del esfuerzo pesquero. A partir de 2020, la
Comisión Europea inició un proceso de reducción progresiva del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo Occidental, que entre 2020 y 2024 ha supuesto una disminución acumulada del 40 % de la capacidad pesquera, medida en días de pesca. Esta reducción
se intensificó en 2025, con una reducción del 78 % respecto a la situación inicial, después de que finalizara el plazo establecido para alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) de las cinco especies de referencia, objetivo que no se había
alcanzado plenamente.
Este escenario ha generado una intensa preocupación en el sector y ha provocado movilizaciones en todo el litoral catalán y español, poniendo en alerta a las cofradías y las comunidades costeras que dependen directamente de esta actividad.
Las negociaciones posteriores han permitido alcanzar un acuerdo que mantenía el cómputo de 130 días de pesca, como en 2024. Sin embargo, muchas embarcaciones, a la hora de la verdad, no han podido disfrutar realmente de estos días, bien por
condiciones técnicas, procedimientos administrativos o exigencias sobrevenidas. Además, este número estaba condicionado a la aplicación de diversas medidas técnicas de sostenibilidad como el cambio obligatorio de redes, la introducción de vedas
temporales o la incorporación de tecnologías innovadoras como las llamadas puertas voladoras. El Gobierno del Estado asumió el compromiso de financiar estas transformaciones para garantizar la viabilidad del sector.
Sin embargo, la experiencia acumulada durante 2025 ha evidenciado que estas soluciones no han sido suficientes para dar estabilidad real a la flota catalana. En muchas cofradías, los patrones mayores han alertado de que los días asignados
podrían agotarse antes del otoño, lo que obligaría a un paro forzoso de meses, con consecuencias graves sobre los ingresos de las familias y la continuidad de las embarcaciones
Este clima de incertidumbre se agrava aún más por la falta de seguridad jurídica y por una gestión administrativa que el sector considera deficiente en los últimos años, lo que dificulta la planificación de la actividad y compromete su
sostenibilidad a medio plazo.
A este escenario hay que añadir el contexto europeo. El Tribunal General de la Unión Europea ha avalado recientemente la prohibición de la pesca de fondos en ochenta y siete zonas protegidas del Atlántico, rechazando los recursos
presentados por el Estado español y por diversas organizaciones del sector. Aunque esta decisión no afecta directamente a todas las aguas del Mediterráneo, consolida una línea política europea marcadamente restrictiva, que pone el énfasis casi
exclusivamente en los criterios medioambientales, sin incorporar con suficiente fuerza el impacto económico y social que estas medidas tienen sobre las comunidades pesqueras. El Gobierno español interpuso un recurso de casación
ante el Tribunal de Justicia de la UE, reclamando un mejor equilibrio entre la sostenibilidad ecológica y la justicia social. En cualquier caso, la incertidumbre se mantiene, y el mensaje que llega al sector sigue siendo de desconfianza y
resignación. La sostenibilidad socioeconómica es fundamental, junto con la sostenibilidad biológica de los recursos pesqueros, y no se puede seguir priorizando una sin garantizar la otra.
Cataluña afronta además problemas estructurales que agravan aún más la situación. En los últimos veinticinco años, la flota pesquera se ha reducido a la mitad. El relevo generacional es escaso y la carga burocrática asociada a la actividad
se ha convertido en un freno añadido para muchos profesionales del sector. Todo ello genera un panorama de precariedad y descontento generalizado. Pese a los avances innegables en términos de sostenibilidad biológica, como la regeneración
constatada de la gamba roja gracias al uso de redes más selectivas, los costes de esta transición recaen de manera desproporcionada sobre los pescadores y sus familias, que ven comprometida su viabilidad económica y su futuro profesional.
Ante este escenario, se hace más necesario que nunca abrir un debate político e institucional a fondo que sitúe en el centro la defensa de un sector que es parte fundamental de nuestro tejido económico, social y cultural, que garantiza
producto fresco y de proximidad, y que contribuye de forma activa a mantener viva la identidad marinera de Cataluña.
Por todo esto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Garantizar la plena cobertura financiera de las medidas técnicas impuestas a la flotade arrastre del Mediterráneo, incluyendo el cambio de redes, la instalación de puertas voladoras y cualquier otra adaptación necesaria, asegurando que
no recaiga sobre las cofradías y los pescadores el coste de la transición.
2. Garantizar la máxima transparencia y claridad en la gestión y comunicación de los días disponibles para la pesca, estableciendo mecanismos ágiles y fiables para que todas las embarcaciones sepan con antelación cuándo pueden salir al mar
y evitar así la incertidumbre actual que dificulta la organización de su actividad.
3. Defender ante la Unión Europea una aplicación flexible y proporcional de la normativa, que incorpore criterios socioeconómicos y garantice la viabilidad de las comunidades pesqueras catalanas.
4. Exigir a la Comisión Europea que tenga en cuenta las especificidades geográficas, ecológicas y económicas del litoral catalán, diferenciando entre zonas y modalidades de pesca, evitando una regulación uniforme que ponga en riesgo la
actividad en territorios singulares como el Delta del Ebro.
5. Reforzar las líneas de apoyo específico al relevo generacional y a la simplificación administrativa, con programas de formación, incentivos fiscales y medidas para garantizar que la profesión pesquera siga siendo una opción de futuro
para las nuevas generaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Teresa Jordà i Roura, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre l'estabilitat i
la supervivència del sector pesquer per al seu debat en la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Exposició de motius
El sector pesquer, i de manera particular la flota catalana, viu des de fa mesos una situació marcada per la incertesa i la preocupació derivada de les polítiques europees de reducció de l'esforç pesquer. A partir de l'any 2020, la Comissió
Europea va iniciar un procés de reducció progressiva de l'esforç pesquer al Mediterrani Occidental, que entre 2020 i 2024 ha suposat una disminució acumulada del 40 % de la capacitat pesquera, mesurada en dies de pesca.
Aquesta retallada es va intensificar l'any 2025, amb una reducció del 78 % respecte a la situació inicial, després que finalitzés el termini establert per assolir el rendiment màxim sostenible (RMS) de les cinc espècies de referència,
objectiu que no s'havia assolit plenament.
Aquest escenari va generar una forta preocupació al sector i va desembocar en mobilitzacions arreu del litoral català i espanyol, posant en alerta les confraries i les comunitats costaneres que depenen directament d'aquesta activitat. Les
negociacions posteriors van permetre assolir un acord que mantenia el còmput de 130 dies de pesca, com l'any 2024. Tanmateix, moltes embarcacions, a l'hora de la veritat, no han pogut gaudir realment d'aquests dies, ja sigui per condicions
tècniques, procediments administratius o exigències sobrevingudes. A més, aquest nombre estava condicionat a l'aplicació de diverses mesures tècniques de sostenibilitat, com el canvi obligatori de xarxes, la introducció de vedes temporals o la
incorporació de tecnologies innovadores com les anomenades portes voladores. El Govern de l'Estat va assumir el compromís de finançar aquestes transformacions per tal de garantir la viabilitat del sector.
Tanmateix, l'experiència acumulada durant el 2025 ha evidenciat que aquestes solucions no han estat suficients per donar estabilitat real a la flota catalana. En moltes confraries, els patrons majors han alertat que els dies assignats es
podrien esgotar abans de la tardor, fet que obligaria a una aturada forçosa de mesos, amb conseqüències greus sobre els ingressos de les famílies i la continuïtat de les embarcacions. Aquest clima d'incertesa s'agreuja encara més per la manca de
seguretat jurídica i per una gestió administrativa que el sector considera deficient en els darrers anys, cosa que dificulta la planificació de l'activitat i en compromet la sostenibilitat a mitjà termini.
A aquest escenari cal afegir-hi el context europeu. El Tribunal General de la Unió Europea ha avalat recentment la prohibició de la pesca de fons en vuitanta-set zones protegides de l'Atlàntic, rebutjant els recursos presentats per l'Estat
espanyol i per diverses organitzacions del sector. Tot i que aquesta decisió no afecta directament totes les aigües del Mediterrani, consolida una línia política europea marcadament restrictiva, que posa l'èmfasi gairebé exclusivament en els
criteris mediambientals, sense incorporar amb prou força l'impacte econòmic i social que aquestes mesures tenen sobre les comunitats pesqueres. El Govern espanyol ha interposat un recurs de cassació davant el Tribunal de Justícia de la
UE, reclamant un millor equilibri entre la sostenibilitat ecològica i la justícia social. En qualsevol cas, la incertesa es manté, i el missatge que arriba al sector continua sent de desconfiança i resignació. La sostenibilitat
socioeconòmica és fonamental, juntament amb la sostenibilitat biològica dels recursos pesquers, i no es pot continuar prioritzant una sense garantir l'altra.
Catalunya afronta, a més, problemes estructurals que agreugen encara més la situació. En els darrers vint-i-cinc anys, la flota pesquera s'ha reduït a la meitat.
El relleu generacional és escàs, i la càrrega burocràtica associada a l'activitat s'ha convertit en un fre afegit per a molts professionals del sector. Tot plegat genera un panorama de precarietat i de descontentament generalitzat. Malgrat
els avenços innegables en termes de sostenibilitat biològica, com la regeneració constatada de la gamba vermella gràcies a l'ús de xarxes més selectives, els costos d'aquesta transició recauen de manera desproporcionada sobre els pescadors i les
seves famílies, que veuen compromesa la seva viabilitat econòmica i el seu futur professional.
En aquest escenari, es fa més necessari que mai obrir un debat polític i institucional a fons que situï al centre la defensa d'un sector que és part fonamental del nostre teixit econòmic, social i cultural, que garanteix producte fresc i de
proximitat, i que contribueix de manera activa a mantenir viva la identitat marinera de Catalunya.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Garantir la plena cobertura financera de les mesures tècniques imposades a la flota d'arrossegament del Mediterrani, incloent-hi el canvi de xarxes, la instal·lació de portes voladores i qualsevol altra adaptació necessària, assegurant
que no recaigui sobre les confraries i els pescadors el cost de la transició.
2. Garantir la màxima transparència i claredat en la gestió i comunicació dels dies disponibles per a la pesca, establint mecanismes àgils i fiables perquè totes les embarcacions sàpiguen amb antelació quan poden sortir a la mar i evitar
així la incertesa actual que dificulta l'organització de la seva activitat.
3. Defensar davant la Unió Europea una aplicació flexible i proporcional de la normativa, que incorpori criteris socioeconòmics i garanteixi la viabilitat de les comunitats pesqueres catalanes.
4. Exigir a la Comissió Europea que tingui en compte les especificitats geogràfiques, ecològiques i econòmiques del litoral català, diferenciant entre zones i modalitats de pesca, i evitant una regulació uniforme que posi en risc
l'activitat en territoris singulars com el Delta de l'Ebre.
5. Reforçar les línies de suport específic al relleu generacional i a la simplificació administrativa, amb programes de formació, incentius fiscals i mesures per garantir que la professió pesquera continuï essent una opció de futur per a
les noves generacions.'
Congrés dels Diputats, 25 de setembre de 2025.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu Adj. GP Republicà.
161/002512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Isidre Gavín i Valls, al amparo de lo que establece el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación, una Proposición no de Ley relativa a la quema controlada de restos vegetales.
Exposición de motivos
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, introdujo restricciones significativas a la quema de restos vegetales con una finalidad medioambiental loable, pero con consecuencias no previstas
que han afectado gravemente al sector agrario y forestal, especialmente en el medio rural. La aplicación rígida de la normativa ha dejado a muchos agricultores y silvicultores son alternativas viables para gestionar dichos restos, lo que resulta
especialmente gravoso para pequeñas explotaciones y municipios que carecen de recursos económicos e infraestructuras adecuadas.
La prohibición generalizada ha generado impactos económicos desproporcionados, incrementando los costes de gestión hasta niveles que comprometen la viabilidad de las explotaciones, además de imponer cargas administrativas excesivas. Al
mismo tiempo, la
acumulación de biomasa derivada de la falta de alternativas aumenta paradójicamente el riesgo de incendios forestales más intensos, al tiempo que se genera un trato desigual hacia los territorios rurales y de montaña, donde las opciones de
gestión son más costosas y limitadas.
La quema controlada de restos vegetales, cuando se realiza bajo condiciones meteorológicas seguras y con medidas de supervisión adecuadas, constituye una práctica reconocida internacionalmente como herramienta de gestión agrícola y forestal.
Sus beneficios incluyen la reducción de riesgo de incendios, la mejora de la fertilidad del suelo, el control de plagas y enfermedades y el mantenimiento de la sostenibilidad económica de explotaciones que cumplen un papel esencial en la
preservación del territorio y en la soberanía alimentaria.
La experiencia comparada demuestra que es posible compatibilizar la protección ambiental con la viabilidad del sector primario, estableciendo períodos y condiciones específicas para la quema controlada. En este sentido, resulta
imprescindible reformar la Ley 7/2022 para introducir un marco normativo proporcionado y realista que permita la quema responsable de restos vegetales en condiciones de seguridad, garantizando así un equilibrio entre la protección ambiental, el
desarrollo rural y la cohesión territorial.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a impulsar la reforma de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a fin de que permita la quema controlada y responsable de restos
vegetales durante los meses del año considerados de bajo riesgo de incendios, con el objetivo de facilitar la gestión sostenible de los residuos agrícolas y forestales y reducir la carga administrativa y económica sobre los agricultores y los
pequeños ayuntamientos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Isidre Gavin i Valls, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancies del diputat Isidre Gavín i Valls, a l'empara del que estableix l'article 193 i ss del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
una Proposició no de Llei relativa a la crema controlada de restes vegetals.
Exposició de motius
La Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, va introduir restriccions significatives a la crema de restes vegetals amb una finalitat mediambiental lloable, però amb conseqüències no previstes que
han afectat greument el sector agrari i forestal, especialment al medi rural. L'aplicació rígida de la normativa ha deixat molts agricultors i silvicultors sense alternatives viables per gestionar aquestes restes, cosa que resulta especialment
costosa per a petites explotacions i municipis que no tenen recursos econòmics i infraestructures adequades.
La prohibició generalitzada ha generat impactes econòmics desproporcionats i ha incrementat els costos de gestió fins a nivells que comprometen la viabilitat de les explotacions a més d'imposar càrregues administratives excessives. Alhora,
l'acumulació de biomassa derivada de la manca d'alternatives augmenta paradoxalment el risc d'incendis forestals més intensos, alhora que es genera un tracte desigual cap als territoris rurals i de muntanya, on les opcions de gestió són més costoses
i limitades.
La crema controlada de restes vegetals, quan es fa sota condicions meteorològiques segures i amb mesures de supervisió adequades, constitueix una pràctica reconeguda internacionalment com a eina de gestió agrícola i forestal. Els beneficis
inclouen la reducció del risc d'incendis, la millora de la fertilitat del sòl, el control de plagues i malalties i el manteniment de la sostenibilitat econòmica d'explotacions que compleixen un paper essencial en la preservació del territori i en la
sobirania alimentària.
L'experiència comparada demostra que és possible compatibilitzar la protecció ambiental amb la viabilitat del sector primari i establir períodes i condicions específiques per a la crema controlada. En aquest sentit, és imprescindible
reforma la Llei 7/2022 per introduir un marc normatiu proporcionat i realista que permeti la crema responsable de restes vegetals en condicions de seguretat, garantint així un equilibri entre la protecció ambiental, el desenvolupament rural i la
cohesió territorial.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a impulsar la reforma de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, a fi que permeti la crema controlada i responsable de restes vegetals durant
els mesos de l'any considerats de baix risc d'incendis, amb l'objectiu de facilitar la gestió sostenible de residus agrícoles i forestals i reduir la càrrega administrativa i econòmica sobre els agricultors i els petits ajuntaments.'
Congrés dels Diputats, 26 de setembre de 2025.-Isidre Gavin i Valls, Diputat.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grup Parlamentari Junts per Catalunya.
161/002514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección del sector hortofrutícola español, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
El sector hortofrutícola es uno de los grandes pilares del sector agroalimentario español por su contribución al PIB, por su capacidad de generar empleo y por su papel estratégico en la defensa de la seguridad y la soberanía alimentaria de
España. El valor de su producción superó los 15.861 millones de euros en 2022 y ello representó el 1,15 % del PIB de España 1. Además, el sector hortofrutícola empleó a 280.000 personas aquel año; unas cifras nada desdeñables 2.
Sin embargo, el sector se encuentra asediado por la competencia desleal de productos extracomunitarios que incumplen los requisitos fitosanitarios, laborales y medioambientales exigidos en la UE. Esta situación distorsiona el mercado y
perjudica gravemente a España; un país que ha liderado durante muchos años la producción y exportación de productos hortofrutícolas frescos, pero que abandonó el año pasado el selecto grupo de los diez
1 https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agrícolas/frutas-y-hortalizas/informacion_general
2 https://efeagro.com/radiografia-sector-hortofruticola-espanol/
principales productores mundiales de frutas y hortalizas tras ser adelantado por países como Indonesia o Egipto 3.
Este hecho ha venido motivado por las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo que han traído a España la limitación drástica en el uso de productos fitosanitarios, la obligatoriedad de dejar tierras en barbecho y la imposición de normas
ecológicas sin respaldo científico. Todo ello ha estrangulado al sector primario español y lo ha sumido en una severa crisis estructural que se pone de manifiesto en el abandono de tierras y en la reducción del número de explotaciones agrarias. De
hecho, según la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas del INE, el número de explotaciones se redujo en España un 12,4 % entre 2020 y 2023 4.
Así, como resultado de años de políticas nefastas para los intereses nacionales, la importación española de frutas y hortalizas se incrementó en 2024 un 6 % interanual y superó los cuatro millones de toneladas. De ellas, algo más de la
mitad tuvieron su origen en países extracomunitarios y Marruecos ocupó la primera posición en volumen de frutas y verduras exportadas a España con más de 455.086 toneladas 5. Los datos, sin embargo, son aún más preocupantes en 2025 dado que la
importación hortofrutícola española desde Marruecos supuso en enero el 50 % de lo adquirido a terceros países y tuvo un valor superior a los 150 millones de euros -creciendo un 12 % con respecto al mismo periodo del año anterior 6-. No en vano, la
producción del país alauita resulta tremendamente competitiva gracias a las exigencias de los organismos comunitarios a los productos europeos que incrementan sobremanera sus costes.
En consecuencia, desde el sector llevan años exigiendo la imposición de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales 7. Sin embargo, ni el acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos 8 ni el acuerdo de libre comercio entre la UE y
Mercosur 9 -pendiente aún de ratificación- contemplan el principio de reciprocidad y no exigen los mismos requisitos a los productores extracomunitarios que a los productores europeos. En el caso del acuerdo de libre comercio entre la UE y
Mercosur, los cítricos brasileños podrían poner en riesgo la producción española de estos productos de concretarse el progresivo desarme arancelario previsto, para las frutas y hortalizas importadas desde los países integrados en el Mercosur 10.
En consecuencia, los agricultores españoles exigen reforzar los controles fronterizos dado que las frutas y hortalizas procedentes de países extracomunitarios suelen contener residuos que suponen una amenaza para la salud de los consumidores
españoles 11. Asimismo, desde el sector también se exige la implementación de un etiquetado obligatorio en el que se indique claramente el origen de los productos. Además, en relación con ello, los agricultores denuncian que el reetiquetado de
productos es una práctica fraudulenta muy habitual en provincias como Almería en la que en los últimos cinco años se han dado más de sesenta incumplimientos de la normativa legal de etiquetado en mercancías procedentes de Marruecos 12.
Por todo ello, resulta imprescindible impulsar nuevas iniciativas que permitan asegurar el futuro del sector hortofrutícola español y ello pasa por reivindicar el producto nacional, favorecer el consumo de productos locales, reforzar los
controles fronterizos, cumplir el principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales, implementar un sistema de
3 https://gaceta.es/espana/marruecos-afianza-su-posicion-en-el-mercado-hortofruticola-espanol-y-alcanza-los-1-000-millones-de-euros-en-exportaciones-20250324-1308/
4 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/EEEA2023.htm
5 https://www.agronewscastillayleon.com/importacion-frutas-hortaliz/
6 https://www.agronegocios.es/agronegocios/nacional/las-importaciones-hortofruticolas-espanolas-crecen-un-14-en-enero-con-marruecos-como-principal-proveedor/
7 https://www.newtral.es/clausulas-espejo-agricultura/20240209/
8 https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/euro-mediterranean-association-agreement-between-the-eu-and-morocco.html
9 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_24_6244
10 https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/sectores-andaluces-afectados-mercosur/
11 https://elpais.com/economia/2024-04-29/el-sector-hortofruticola-entre-dos-fuegos.html
12 https://www.diariodealmeria.es/almeria/batalla-no-cesa-fraude-etiquetado_0_2002496267.html
etiquetado que permita identificar el origen de los productos y derogar tanto el Pacto Verde Europeo como las políticas que de él se derivan.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, con carácter prioritario, las siguientes medidas orientadas a proteger al sector hortofrutícola español frente al aumento de las importaciones de países terceros que no cumplen los
estándares exigidos en la Unión Europea:
1. Defender la producción nacional de frutas y hortalizas reduciendo la dependencia estructural de importaciones extracomunitarias y fomentando el consumo de productos de proximidad.
2. Impulsar en las instituciones de la Unión Europea el estricto cumplimiento del principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales, garantizando que los productos procedentes de terceros países cumplan las mismas exigencias
fitosanitarias, laborales y medioambientales que los exigidos a los productores europeos.
3. Reformar el sistema de etiquetado para asegurar la identificación clara del origen de los productos agroalimentarios, especialmente en el sector hortofrutícola.
4. Reforzar los puntos de inspección fronteriza, con la dotación del personal y material necesario, para poder luchar contra los fraudes en la entrada de productos, garantizar el correcto etiquetado y trazabilidad del producto, así como el
cumplimiento de los requisitos comunitarios.
5. Promover una derogación de todas las políticas impuestas por el Pacto Verde Europeo que afectan negativamente al sector agroalimentario, priorizando una conservación del medio natural que tenga en cuenta la realidad productiva nacional y
la soberanía alimentaria.
6. Establecer un sistema eficaz de defensa comercial ante la entrada masiva de productos por debajo del precio de coste, garantizar el equilibrio de la cadena alimentaria y limitar los abusos en la fijación de precios.
7. Rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur, en todo aquello que perjudique los intereses de los productores españoles, y concretamente al sector primario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Política Territorial
161/002516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley a favor del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática con la participación de
las comunidades autónomas, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Durante el último año, nuestro país ha vivido una sucesión de fenómenos extremos que evidencian con claridad el avance del cambio climático. Episodios como la DANA de
octubre de 2024, o las intensas olas de calor y los devastadores incendios forestales del pasado agosto en este 2025, han dejado tras de sí un rastro de destrucción y pérdida de vidas humanas, directamente vinculadas al deterioro climático.
Nuestro planeta está experimentando cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano y la biosfera. Las alteraciones en el clima causadas por la actividad humana ya están afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos en todas las regiones del mundo.
Este año se han superado récords de temperatura, con máximas en algunas provincias de hasta 46 grados y medias 2,5 grados superiores a las que se registraban, por ejemplo, a principios de siglo. Así, en los últimos cinco años las muertes
por calor en España han crecido un 17 %. Las sequías prolongadas se han extendido hasta afectar al 40 % del territorio español. Y los incendios han arrasado una superficie el triple de grande.
El informe anual de la AEMET confirma esta tendencia: 2024 fue el tercer año más cálido desde 1961, y junto a 2022 y 2023, conforma una secuencia de años excepcionalmente cálidos. La temperatura media ha subido 1,69 °C desde el inicio de
la serie histórica. Además, el mar que rodea nuestras costas ha alcanzado temperaturas récord, con consecuencias directas sobre la biodiversidad marina y los ecosistemas costeros.
No lo olvidemos, el 29 de octubre se produjo un extraordinario episodio de lluvias torrenciales asociado a una DANA en la provincia de Valencia, que provocó una gran riada. Se produjeron grandes daños personales y materiales. Las lluvias
torrenciales y la evolución de los incendios forestales hacia fenómenos más intensos e imprevisibles son síntomas de un sistema climático alterado. La ciencia lo confirma: el vínculo entre el calentamiento global y la virulencia de los incendios
es indiscutible. La gestión reactiva del fuego ha dejado de ser suficiente; es urgente apostar por la prevención, la restauración del paisaje y la adaptación al nuevo contexto climático.
Además de los daños ecológicos, estos incendios han afectado infraestructuras, viviendas y cultivos, obligando a evacuar poblaciones enteras y generando importantes costes en labores de extinción y recuperación. La magnitud de las
superficies quemadas, más de 380.000 ha, y el impacto social y económico subrayan la necesidad urgente de reforzar las políticas de prevención, vigilancia y respuesta ante este tipo de emergencias.
Por provincias, Ourense es la que más hectáreas quemadas ha registrado, en torno a 138.789 hectáreas, lo que supone un 19,1 % de su superficie provincial. Le sigue León (71.058 ha, 4,6 % de su superficie), Zamora (46.703 hectáreas, que
suponen el 4,4 %) y Cáceres (30.645 hectáreas, un 1,5 % de la superficie provincial). Sin olvidarnos tampoco de otras provincias muy castigadas como Salamanca (11.254 hectáreas), Badajoz (10.963) o Palencia (8.500).
Igualmente, debemos destacar la huella devastadora en el patrimonio natural de España, con más de 160.000 hectáreas de espacios protegidos arrasadas por incendios forestales, especialmente dentro de la Red Natura 2000, la mayor red europea
de conservación ambiental. Entre estas hectáreas se han comprometido áreas críticas para la supervivencia de 395 especies protegidas, entre ellas el urogallo, la cigüeña negra y el oso pardo. Así como lugares emblemáticos como Las Médulas, la
Montaña Palentina y el bosque de Peloño han sufrido daños irreparables. Esta pérdida trasciende lo inmediato: es una amenaza directa a nuestra biodiversidad, a nuestra cultura y a nuestra identidad como país.
El impacto sobre la salud pública también está científicamente avalado. Las olas de calor, la proliferación de vectores transmisores de enfermedades y los cambios en los patrones de lluvia y sequía están generando nuevos riesgos sanitarios.
Las pérdidas humanas son devastadoras: más de 20.000 personas han fallecido en los últimos cinco años por causas relacionadas con el clima extremo y el coste económico de esta emergencia climática es creciente. Negar esta realidad es
irresponsable. El cambio climático representa una amenaza directa para la seguridad, la salud y el bienestar de la ciudadanía. Frente a ello, es imprescindible una respuesta colectiva, basada en el conocimiento científico, el compromiso político y
la implicación activa de toda la sociedad.
El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, impulsado por el Gobierno de España, propone una hoja de ruta ambiciosa y duradera, que trascienda ciclos políticos y
diferencias territoriales. Este acuerdo busca reforzar la capacidad de adaptación y respuesta ante los impactos climáticos, protegiendo a las personas, la economía y el entorno natural. Porque más allá de la polarización y el negacionismo
que nos circundan es preciso abordar este desafío al que nos enfrentamos desde una altura de miras que trascienda lo ideológico e involucre a toda la sociedad española, no solo desde el ámbito institucional o el de las fuerzas políticas, sino
también desde el compromiso de una sociedad civil cuyos miembros, todos y todas, somos los primeros damnificados por esta emergencia.
Un pacto que se fundamenta en el conocimiento científico, la anticipación y la cooperación institucional con el objetivo de proteger a la ciudadanía, nuestra economía y la rica biodiversidad española. Para ello, propone un marco compartido
de compromisos que garantizan el interés general y el bien común, que transitan desde la gestión de agua y bosques, a la prioridad de las personas más vulnerables, la disposición de las mejores condiciones de trabajo para los servicios de
emergencia, hasta el desarrollo de una nueva cultura de prevención.
Las comunidades autónomas desempeñan un papel estructural en la arquitectura institucional del Estado, al ejercer competencias esenciales en materia de medioambiente, gestión de emergencias, agricultura y ordenación del territorio. Su
participación activa en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática no solo es necesaria, sino estratégica para garantizar la eficacia de las políticas climáticas. En este sentido, se hace ineludible reforzar la cooperación
interinstitucional, articulando mecanismos de coordinación que aseguren una acción conjunta, coherente y territorialmente equilibrada en la lucha contra el cambio climático.
En situaciones de emergencia, como las provocadas por los recientes incendios forestales, la ciudadanía exige una respuesta institucional que esté a la altura de la gravedad del momento. No hay espacio para la fragmentación ni para la
inercia burocrática. La lealtad institucional no es una opción, sino una obligación democrática: implica actuar con responsabilidad, con vocación de servicio público y con la firme voluntad de cooperar entre administraciones, independientemente de
su signo político. La eficacia en la gestión de crisis requiere coordinación, compromiso y una visión compartida que anteponga el interés general a cualquier cálculo partidista. Solo desde esa altura de miras es posible construir una respuesta
sólida, justa y duradera.
Con el horizonte de construir una España más resiliente, segura y próspera en el nuevo contexto climático, esta hoja de ruta invita a todas las administraciones, fuerzas políticas, agentes sociales y ciudadanía a participar activamente en su
desarrollo. La magnitud y recurrencia de fenómenos extremos -incendios, sequías, inundaciones- exige abandonar enfoques fragmentarios y avanzar hacia un Pacto de Estado que comprometa a todas las administraciones en una estrategia común, basada en
la ciencia, la planificación territorial y la justicia intergeneracional.
Es momento de actuar con unidad, responsabilidad y visión de futuro. La emergencia climática exige una política sostenida, transversal y comprometida, que involucre a todas las administraciones, fuerzas políticas, agentes sociales y
ciudadanía.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Reconoce, de acuerdo con las evidencias científicas y los pronunciamientos de los principales foros y organizaciones internacionales, la situación de emergencia climática a la que hoy se enfrenta el planeta, y particularmente reconoce su
impacto en nuestro país, e identifica y reconoce esta emergencia, derivada del proceso de cambio climático al que nos enfrentamos, como la mayor amenaza que la humanidad tiene que afrontar y corregir en las próximas décadas.
2. Insta al Gobierno a mantener y reforzar su liderazgo en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional, promoviendo una acción climática ambiciosa, coherente y
solidaria en los foros multilaterales, y defendiendo con firmeza los compromisos globales en materia de sostenibilidad y justicia climática.
3. Insta al Gobierno a continuar promoviendo, desde el diálogo constructivo y el compromiso firme, con las fuerzas políticas parlamentarias y administraciones públicas un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, entendido como una
herramienta estratégica imprescindible para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, que exigen una acción coordinada, ambiciosa y sostenida frente a los efectos del cambio climático.
4. Apela, en coherencia con la acción del Gobierno, a las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, a reforzar y ampliar sus actuaciones en materia de acción climática, dotándose de los recursos normativos y económicos
necesarios para afrontar con eficacia la lucha contra el cambio climático.
5. Insta al Gobierno y anima a las comunidades autónomas, en sus respectivos territorios, a fomentar la participación activa de las entidades sociales, así como de instituciones públicas y privadas, en el proceso de construcción y
desarrollo del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, promoviendo espacios de diálogo permanente que permitan enriquecer sus contenidos, fortalecer el consenso y asegurar su arraigo en el conjunto de la sociedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2025.-Andrea Canelo Matito, Diputada.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la agilización máxima de
actuaciones e inversiones pendientes en el Embalse de Montearagón, así como las inversiones complementarias en materia de tratamiento de aguas, para su debate en Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El embalse de Montearagón está siendo una obra hidráulica eterna, con sobrecostes disparados y plazos incumplidos. La primera piedra la colocó Josep Borrell cuando era Ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente, en el Gobierno de Felipe
González (1994). A fecha actual, dicho embalse sigue sin estar operativo.
El embalse ha multiplicado su presupuesto, y aun así sigue sin dar servicio y sin cumplir la misión para la que fue proyectado: Mejorar el suministro de agua para la ciudad de Huesca e incrementar las dotaciones de agua para los regadíos
para los miles de hectáreas que se han de ver beneficiadas.
La construcción ha sufrido numerosas paralizaciones, y el aumento de costes se ha multiplicado por cuatro.
Su construcción acabó en 2006, y tuvieron que pasar cuatro años hasta que comenzó su llenado. Se volvió a paralizar en el año 2013 al observarse que estaban activos unos deslizamientos en la ladera izquierda de la cola del pantano, y no fue
hasta el año 2018 cuando se iniciaron las obras correctoras.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), reemprendió la puesta en carga del embalse en enero de 2024, y si no surgen contratiempos, alcanzará la cota máxima dentro de tres años.
La capacidad total del embalse es de 51,5 Hm3, de los cuales 31,90 Hm3 se destinarán al regadío, 5 Hm3 al abastecimiento complementario de la ciudad de Huesca, y otros 5 Hm3 para el mantenimiento de caudales ecológicos.
En verano de 2025 se prevé soltar agua para abastecimiento, riego, y caudal ecológico, y terminadas las pruebas de carga, se deberá solicitar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que apruebe la entrada en funcionamiento
del embalse de Montearagón.
En enero de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dio el visto bueno medioambiental a la conducción de agua desde el embalse de Montearagón a la capital oscense. Se está a la espera de que se liciten unas
obras para las que el Gobierno Central comprometió 22 millones de euros en septiembre de 2022.
A fecha de hoy, el embalse sigue sin fecha de puesta en servicio.
Dicho embalse iba acompañado de la construcción de una planta potabilizadora, y fue con fecha 18 de abril de 2006, cuando el Instituto Aragonés del Agua encargaba a la empresa pública Sodemasa, la realización de un proyecto de construcción
de la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) para la ciudad de Huesca.
En mayo de 2006 se firmó un convenio entre el IAA y el Ayuntamiento de Huesca, donde se determinaba que el IAA proyectaría las instalaciones adecuadas de la potabilizadora, para aumentar la cantidad y la calidad del agua de boca. Dicho
convenio, firmado por el Consejero Alfredo Boné, que actuaba a su vez en calidad de Presidente del IAA y el Alcalde de Huesca, Fernando Elboj, ponía de manifiesto la obligación de los ayuntamientos del suministro de agua potable a sus vecinos.
A su vez, la Ley 6/2001 de Ordenación y Participación de la Gestión del Agua, atribuyó a la CCAA de Aragón las competencias sobre abastecimiento, saneamiento y depuración; además de programación, promoción, aprobación y ejecución de obras
hidráulicas declaradas de su interés, encomendando al IAA la elaboración, licitación, adjudicación y dirección de obras relacionadas con el ciclo del agua.
Actualmente la captación de agua se realiza, entre otras, desde Vadiello y, tras su cloración, se distribuye a la red.
Tras la sequía de 2005 se realizaron obras de emergencia para impulsar aguas del Cinca desde el embalse de Valdabra.
El agua captada desde Vadiello se almacena en dos depósitos: el de Vadiello y el de Loporzano; situados en cota 605 y 575 respectivamente. Aquí es donde se produce su cloración y su conducción a la red de Huesca, a través de tuberías de
fibrocemento.
Para garantizar más si cabe el abastecimiento de agua de la ciudad, el Ayuntamiento está abordando el proyecto de abastecimiento de agua desde el manantial de San Julián de Banzo.
En un encuentro mantenido en 2021, entre el Alcalde de Huesca, Luis Felipe y el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se acordó retomar el proyecto de abastecimiento de agua a la ciudad de Huesca desde el embalse.
El Secretario de Estado reconoció que el proyecto fue declarado de interés general del Estado y del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, y debería ponerse en marcha de forma inmediata. También se anunció que sería la empresa estatal
Acuaes la que iniciaría de forma inmediata la actualización del proyecto para someterlo a la declaración de impacto ambiental.
Visto lo anterior, la actual Alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y los responsables de la Corporación municipal han solicitado en reiteradas ocasiones el mantener una reunión con el Ministerio, a efectos de solicitar la información,
canalizar las preocupaciones de la población y de los regantes y ver las posibles vías de solución, sin que hasta la fecha haya sido posible mantener ninguna reunión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, las medidas necesarias y urgentes para agilizar al máximo todas las actuaciones pendientes,
tanto en el embalse de Montearagón como las inversiones complementarias pendientes en materia de tratamiento de aguas.
2. Promover los contactos y reuniones pertinentes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el Ayuntamiento de Huesca para informar sobre la puesta en marcha de las acciones necesarias para acometer las obras pendientes
hasta su finalización'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Javier José Folch Blanc, Ana Isabel Alós López, César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, Raquel Clemente
Muñoz, Sergio Sayas López, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz, Tomás Cabezón Casas, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez Torregrosa y Bella Verano Domínguez,
Diputados.-Esther Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002481
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo previsto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa al derecho de retracto en la cesión de créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual a terceras personas o entidades, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Lograr la materialización efectiva del derecho a una vivienda digna y su reconocimiento como derecho fundamental en nuestra sociedad es una de las preocupaciones y reivindicaciones permanentes del BNG a lo largo de toda su historia.
Pero esta defensa siempre se ha topado con la influencia de los grandes poderes económicos del Estado español que han hecho de la construcción una de las principales actividades económicas especulativas que, mediante una política de hechos
consumados, y de la implicación de las entidades financieras en el seno del negocio, han adquirido la condición de sistémicas y la influencia necesaria para, a su favor, posponer y restringir la esfera de protección política y legal del derecho a la
vivienda, que debería haber sido protegido para mantener a salvo un bien irreemplazable que, junto al trabajo, resulta central para construir y desarrollar un proyecto de vida.
El acceso a una vivienda en propiedad, para la gran mayoría de las personas, especialmente las clases populares, solo es posible a través del recurso a una hipoteca. Así, el mercado hipotecario, con el apoyo de multitud de factores, desde
los culturales, a las grandes campañas de publicidad, pasando por la falta de alternativas, llegó a ser uno de los dos principales negocios de la banca en el Estado español.
Pero el principal elemento de disuasión ha sido la revalorización segura del bien hipotecado y, por tanto, la convicción de que hipotecarse no solo facilitaba el acceso a la vivienda de forma segura sino que además era un buen negocio.
La crisis financiera de 2008 acabó de forma dramática para muchas familias con todas esas certezas. En este contexto, la gestión de la crisis de espaldas a las mayorías sociales, liderada en el Estado español por el Partido Popular,
facilitó y abarató los despidos y bajó salarios y pensiones y, en consecuencia, muchas personas vieron reducidos o se quedaron sin ingresos que les permitieran pagar las cuotas mensuales de su hipoteca y, como en una pesadilla, el valor de mercado
de su vivienda bajó, lo que impidió que fuera suficiente para liquidar la hipoteca.
Los desalojos fueron numerosos y constantes durante muchos años y los bancos vendieron, para limpiar balances, a veces con pérdidas de hasta el 80 % del valor en libros, los créditos morosos o dudosos a otras entidades financieras que
mantuvieron el derecho a reclamar el 100 % del crédito a las personas deudoras. Se trataba de apostar cuánto serían capaces de recuperar. Un juego de especuladores y usureros, en el que las viviendas de las familias no eran más que fichas en la
mesa de juego.
Situaciones como las descritas, derivadas de aquella crisis, todavía se arrastran en la actualidad, al mismo tiempo que observamos como crece una nueva ola de especulación en relación con la vivienda sin que se hayan tomado medidas de calado
para proteger el derecho a una vivienda digna.
Es necesario reforzar la caracterización política y jurídica de la vivienda como un auténtico derecho fundamental de las personas y, junto con las medidas dirigidas a garantizar el acceso a una vivienda, como aumentar el parque público de
alquiler, actuar también para poner a salvo de la especulación financiera la vivienda habitual.
Sin perjuicio de otras medidas estratégicas y operativas necesarias para alcanzar este objetivo, es preciso adoptar medidas específicas en el ámbito de la regulación de la cesión de créditos, en la medida en que muchos créditos hipotecarios
destinados a la adquisición de vivienda están afectados por la normativa general civil.
Por tanto, resulta necesario acometer, como mínimo, la reforma pertinente de la regulación del derecho de retracto en los créditos litigiosos, para reforzar la protección del derecho a la vivienda, buscando soluciones legales que permitan
introducir vías adicionales a las previstas actualmente en el Código Civil para favorecer el ejercicio del derecho de retracto en la cesión de créditos hipotecarios cuando el bien hipotecado sea la vivienda habitual de una persona física, con el
objetivo de proteger las viviendas habituales de prácticas especulativas y usurarias.
Ciertamente, en el caso de los créditos hipotecarios litigiosos que hayan transmitido en bloque desde entidades bancarias a otras entidades financieras, existe la posibilidad de ejercer el retracto y extinguir el crédito ante la nueva
entidad financiera titular (artículo 1535 del Código Civil).
Sin embargo, la jurisprudencia viene recalcando el carácter restrictivo del ejercicio de estos retractos y, por tanto, conforme a la regulación vigente, está impidiendo la posibilidad que deberían tener las personas titulares de créditos
hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual de liquidarlos cuando se transmiten de una entidad financiera a otra, sobre todo cuando esta transmisión se realiza en bloque, es decir, en un conjunto o cartera de créditos.
Además, también es preciso ampliar los plazos para posibilitar de forma efectiva el ejercicio de este derecho de retracto al permitirse únicamente durante un plazo de 9 días desde la reclamación del pago e, incluso, que los créditos no
litigiosos puedan acogerse a este derecho de retracto.
Todo ello, para facilitar que muchas personas y unidades familiares o de convivencia puedan limitar la cesión y extensión de créditos hipotecarios concedidos en plena burbuja inmobiliaria y que mantengan las gravosas consecuencias que supone
tener que mantener vivos créditos hipotecarios elevados ante el descenso del valor de las viviendas construidas en esa etapa especulativa inmobiliaria.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a acometer la reforma del derecho de retracto en el supuesto de cesión de créditos hipotecarios cuando el destino del préstamo y de la garantía hipotecaria sea la vivienda habitual de una persona
física o unidad familiar o de convivencia, de forma que:
1. Se amplíe el ejercicio de este derecho a los créditos hipotecarios no litigiosos, y que, en todos los casos, se aumente hasta los 3 meses el plazo para el ejercicio del derecho.
2. Se inicien los trámites para proceder a la reforma de la normativa civil para el caso de créditos incluidos en una cesión en bloque, de modo que se permita también el ejercicio del retracto de aquellos créditos individuales incluidos en
una cesión de un conjunto de créditos o carteras de créditos, imponiendo al cedente la obligación de individualizar y cuantificar el crédito individual cuando así lo reclame la persona deudora dentro del plazo de tres meses para el ejercicio del
derecho de retracto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao dereito de retracto na cesión de créditos hipotecarios destinados á adquisición de vivenda habitual a terceiras persoas ou entidades para o seu debate na Comisión de Vivenda e Axenda Urbana.
Exposición de motivos
Lograr a materialización efectiva do dereito á unha vivenda digna e o seu recoñecemento como dereito fundamental na nosa sociedade é unha das preocupacións e reivindicacións permanentes do BNG ao longo de toda a súa historia.
Mais esta defensa sempre topou coa influencia dos grandes poderes económicos do Estado español que fixeron da construción unha das principais actividades económicas especulativas que, a través dunha política de feitos consumados, e da
implicación das entidades financeiras no cerne do negocio, gañaron a condición de sistémicos e a influencia necesarias para, ao seu favor, postergar e restrinxir a esfera de protección política e legal do dereito á vivenda, que debera ter sido
protexida para manter a salvo un ben insubstituíbel que, xunto co traballo, resulta central para construír e desenvolver un proxecto de vida.
O acceso a unha vivenda en propiedade, para a grande maioría das persoas especialmente as clases populares, só é posíbel a través do recurso a unha hipoteca. Así, o mercado hipotecario, apoiado en multitude de factores, desde os culturais,
ás grandes campañas de publicidade, pasando pola falta de alternativas, chegou a ser un dos principais negocios da banca no Estado español.
Mais o principal elemento de disuasión foi a segura revalorización do ben hipotecado e, por tanto, a convicción de que hipotecarse non só facilitaba o acceso á vivenda de forma segura senón que, ademais, era un bo negocio.
A crise financeira do 2008 rompeu, dun xeito dramático para moitas familias, todas esas certezas. Nese contexto, a xestión da crise de costas ás maiorías sociais, pilotada no Estado español polo Partido Popular, facilitou e abaratou os
despedimentos e baixou salarios e pensións e, en consecuencia, moitas persoas viron reducidos ou quedaron sen ingresos que lles permitisen enfrentar o pagamento das cotas mensuais da súa hipoteca e, como nun pesadelo, o valor de mercado da súa
vivenda baixou, o que impedía que xa non chegaba para liquidar a hipoteca.
Os despexos foron numerosos e constantes durante moitos anos e os bancos venderon para limpar balances, ás veces con perdas de mesmo un 80 % do valor en libros, os créditos morosos ou dubidosos a outras entidades financeiras que mantiñan o
dereito de reclamar o 100 % do crédito ás persoas debedoras. Tratábase de apostar a canto serían capaces de recuperar. Un xogo de especuladores e usureiros, en que as vivendas das familias non eran máis que as fichas na mesa de xogo.
Situacións coma as descritas derivadas daquela crise, aínda se arrastran na actualidade, ao mesmo tempo que observamos como medra unha nova vaga de especulación en relación coa vivenda sen que se teñan tomado medidas de calado para protexer
o dereito a unha vivenda digna.
Cómpre reforzar a caracterización política e xurídica da vivenda como auténtico dereito fundamental das persoas e, xunto coas medidas dirixidas a garantir o acceso a unha vivenda, como aumentar o parque público de aluguer, tamén actuar para
manter a salvo da especulación financeira a vivenda habitual.
Sen prexuízo doutras medidas estratéxicas e operativas necesarias para atinxir ese obxectivo, é preciso adoptar medidas específicas no ámbito da regulación da cesión de créditos, na medida que moitos créditos hipotecarios con destino á
adquisición de vivenda están afectados pola normativa xeral civil.
Por tanto, é necesario acometer, no mínimo, a reforma puntual da regulación do dereito de retracto nos créditos litixiosos, para reforzar a protección do dereito á vivenda, procurando solucións legais que permitan introducir vías adicionais
ás previstas actualmente no Código Civil para favorecer o exercicio do dereito de retracto na cesión de créditos hipotecarios cando o ben hipotecado sexa a vivenda habitual dunha persoa física, co obxectivo de protexer as vivendas habituais das
prácticas especulativas e usurarias.
Certamente, no caso de créditos hipotecarios litixiosos que foran transmitidos en bloque desde as entidades bancarias a outras entidades financeiras, existe a posibilidade de exercer o retracto e extinguir o crédito ante a nova entidade
financeira titular (artigo 1535 do Código Civil).
Porén, a xurisprudencia vén resaltando o carácter restritivo do exercicio destes retractos e, por iso, conforme a regulación vixente, está impedindo a posibilidade que deberían ter as persoas titulares de créditos hipotecarios con destino á
adquisición de vivenda habitual de liquidalos cando se transmiten de unha entidade financeira a outra, sobre todo cando esta transmisión se realiza en bloque, é dicir, nun conxunto ou carteira de créditos.
Alén diso, tamén é preciso estender os prazos para posibilitar dunha forma efectiva o exercicio deste dereito de retracto ao permitirse unicamente nun prazo de 9 días desde a reclamación do pagamento e, mesmo, que poidan ser merecedores
deste dereito de retracto os créditos non litixiosos.
Todo iso, para facilitar que moitas persoas e unidades familiares ou de convivencia poidan limitar a cesión e extensión de créditos hipotecarios concedidos en plena burbulla inmobiliaria e que manteñan as consecuencias gravosas que supoñen
ter que manter vivos créditos hipotecarios elevados ante o descenso do valor das vivendas construídas nesa etapa especulativa inmobiliaria.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso insta o Goberno do Estado a acometer a reforma do dereito de retracto no suposto de cesión de créditos hipotecarios cando o destino do préstamo e a garantía hipotecaria sexa a vivenda habitual dunha persoa física ou unidade
familiar ou de convivencia, de xeito que:
1. Se amplíe o exercicio deste dereito aos créditos hipotecarios non litixiosos, e que, en todos os casos, se aumente até os 3 meses o prazo para o exercicio do dereito.
2. Se inicien os trámites para proceder á reforma da normativa civil para o caso dos créditos incluídos nunha cesión en bloque, de xeito que se permita tamén o exercicio do retracto daqueles créditos individuais incluídos nunha cesión dun
conxunto de créditos ou carteiras de créditos, impondo ao cedente a obriga de individualizar e cuantificar o crédito individual cando así llo reclame a persoa debedora dentro do prazo de tres meses para o exercicio do dereito de retracto.'
Madrid, 19 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz Adxunto do GP Mixto.
161/002488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a limitar el alquiler de habitaciones de uso turístico por las comunidades de propietarios, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El pasado 3 de abril entró en vigor la reforma del artículo 17 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (Ley de Propiedad Horizontal), efectuada por la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero,
de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Esta reforma introduce cambios significativos en la regulación de la actividad de alquiler turístico en el seno de las comunidades de propietarios. Se modifica el apartado 12 del artículo 17 para establecer la obligatoriedad de obtener la
aprobación expresa de la comunidad de propietarios para la realización de actividades turísticas en viviendas, con una mayoría de tres quintas partes para la autorización y, de forma excepcional, para el incremento de gastos comunes.
Esta modificación, que permite que la comunidad de vecinos, con el voto de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, pueda acordar limitar o vetar
esta actividad, supone un avance fundamental para la convivencia y la protección del derecho al descanso de los residentes.
La actividad turística en viviendas a que hace referencia la Ley de Propiedad Horizontal es la recogida en la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que dice:
'Artículo 5. Arrendamientos excluidos.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: e) 'La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por
cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística?.'
Con este marco normativo, se aprecia que la actividad de uso turístico a que refiere la LPH es la cesión de la vivienda en su totalidad y, por tanto, no se contempla de forma explícita la modalidad de alquiler de habitaciones en esa vivienda
como alquiler independiente. Esta laguna legal genera una situación de incertidumbre y potencial conflicto en las comunidades de vecinos, ya que esta práctica, aunque con menor impacto que el alquiler de la vivienda completa, también puede alterar
la convivencia y los servicios comunitarios.
El alquiler por habitaciones, al igual que el de la vivienda completa, o quizás más si cabe, puede generar un trasiego constante de personas ajenas a la comunidad, un uso intensivo de zonas comunes (ascensores, portales), un incremento del
ruido y, en definitiva, una alteración de la tranquilidad y la seguridad del entorno residencial.
Por ello, se hace necesario complementar la reciente reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos cuenten con las herramientas necesarias para regular no solo el alquiler de la vivienda de uso turístico
completa, sino también la de sus habitaciones. Esta medida proporcionaría seguridad jurídica a los propietarios y a los inquilinos, y garantizaría que el derecho de los residentes a la convivencia pacífica no se vea menoscabado.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar las modificaciones normativas necesarias para que se incluya el alquiler por habitaciones en la actual regulación recogida en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos cuando se refiere a la cesión temporal
de uso de la totalidad de una vivienda como actividad de vivienda de uso turístico.
2. Que la nueva modificación legislativa faculte a las comunidades de propietarios, para limitar o vetar el ejercicio de la actividad de alquiler por habitaciones en las viviendas de la comunidad, exigiendo un quorum de mayorías del total
de propietarios que les permitan ejercer esta facultad.
3. Llevar a cabo esta modificación en el menor plazo posible, con el fin de proporcionar a las comunidades de vecinos la seguridad jurídica y las herramientas necesarias para una gestión efectiva de la convivencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2025.-Víctor Camino Miñana, Rafaela Romero Pozo, Álvaro Morales Álvarez, Ignasi Conesa Coma, Javier Rodríguez Palacios, Luis Antonio Gómez Piña, Vicent Manuel Sarriá Morell, Isabel
María Pérez Ortiz, Gabriel Cruz Santana, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Arnau Ramírez Carner y Alberto Rojo Blas, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para conocer, y solucionar de manera urgente, la problemática de la ocupación e inquiocupación en España, para su discusión en la Comisión de Vivienda y Agenda
Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Las cifras de la ocupación de viviendas
Existe una enorme falta de rigor y voluntad política a la hora de contabilizar el número de ocupaciones que se producen en España. No existe un cálculo exacto y preciso, capaz de valorar fehacientemente la magnitud de este problema. A la
situación de inacción por parte de las autoridades competentes se le suma una de inseguridad jurídica y lentitud en los procedimientos, provocando que la mayoría de las personas víctimas de la ocupación ilegal opten por otros cauces resolutivos para
sus situaciones particulares 13.
En lo relativo a la ocupación, el Consejo General de Poder Judicial contabilizó 16.426 'hechos conocidos por allanamiento/usurpación de inmuebles' en 2024, un 7,4 % más que en el año anterior 14. Estas denuncias por ocupación ilegal de
inmuebles, sin embargo, hacen solo referencia a los procedimientos por vía penal, dejando fuera a los procedimientos por vía civil, a aquellos amparados por los artículos 250.1.2 (precario)
13 https://theobjective.com/sociedad/2025-02-18/llamadas-plataforma-afectados-okupacion-disparan/
14 https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/datos?tvpe=iaxi&title=Allanamiento%20/%20Usurpaci%C3%B3n%20inmuebles&path=/Datos11/
o 250.1.7 (sobre derechos reales) de la Ley de Enjuiciamiento Civil 15, así como las querellas o denuncias que se interponen directamente ante los Juzgados de Instrucción.
En lo que respecta a la inquiocupación, encontramos que los datos escasean y las cifras oficiales son prácticamente inexistentes. Algunas regiones, sin embargo, advierten que la mayoría de los casos son de este tipo. Según fuentes
extraoficiales, los casos de inquiocupación han crecido un 75% en la Comunidad de Madrid en 2025 16. Otras fuentes afirman que en el año 2023 se produjeron en España unas 61.000 inquiocupaciones, pero las operaciones realizadas para llegar a esta
cifra son de dudosa veracidad 17.'
Por último, según los últimos datos disponibles los 'delitos de usurpación y allanamiento de inmuebles cometidos por extranjeros se han multiplicado por diez en el último lustro: de 447 en 2018, primer año del Gobierno de Pedro Sánchez, a
4.903 en 2023' 18. Es decir, que desde que el actual presidente del Gobierno tomó posesión en 2018, los delitos por usurpación y allanamiento de inmuebles cometidos por extranjeros alcanzaron el 52% en 2023, siendo estos un 6,6 veces más proclives
a cometer este tipo de delitos que los españoles.
En conclusión, a pesar de contar con datos e informaciones contrastables, las cifras totales del fenómeno se antojan incompletas y no reflejan la situación real a la que nos enfrentamos, siendo previsiblemente mucho más preocupante de lo que
el Gobierno y entidades propagandísticas afines promulgan.
Segundo. Un problema más allá de la amenaza a la propiedad privada
Las diversas formas de ocupación, que suponen como hemos visto una gran preocupación para los españoles, tienen también un impacto en diversos ámbitos, más allá de la amenaza que supone para el derecho a la propiedad de los propietarios.
A lo mencionado anteriormente, para la contabilidad total del impacto de la ocupación, habría que añadir el número de viviendas que no se ofertan por miedo a ser ocupadas o aquellas que están ocupadas, pero cuya ocupación no se denuncia ante
la previsión de una falta de acción rápida y eficaz por parte de las autoridades, a pesar de las cada vez más numerosas demandas de seguridad jurídica 19.
Y es que la principal consecuencia de las diversas formas de ocupación es su incidencia en la oferta de viviendas disponibles en el mercado. Esto se traduce en una reducción drástica del número de viviendas disponibles en el mercado
inmobiliario, que conduce a una escasez de oferta que implica la subida de precios y, al final de todo, a la exclusión del mercado de alquiler de quienes menos tienen, es decir, de aquellos a los que, en teoría, se quería proteger.
En tal sentido, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda o el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y
sus prórrogas, son dos ejemplos que, de facto, amparan la ocupación e inquiocupación, al ordenar la 'suspensión de lanzamientos' en situaciones de supuesta vulnerabilidad sin expresar los requisitos de esta. Es más, el mismo presidente del Gobierno
reconocía en unas conversaciones filtradas que 'conforme voy conociendo el acuerdo con Unidas Podemos sobre desahucios más me inquieta. Da la sensación de que es un negociazo para la okupación y para los grandes tenedores' 20, haciendo referencia
al Real Decreto-ley mencionado anteriormente. Es decir, a pesar de ser conocedor de los nocivos efectos del decreto, promovió y ratificó su aprobación.
15 https:/www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
16 https://www.eldiariodemadrid.es/articulo/actualidad/denuncias-inquiokupacion-disparan-madrid-2025-aumento-75-llamadas-112-nuevos-casos-dramaticos-como-catalina-mostoles/20250511174323099633.html
17 https://elpais.com/espana/2025-02-23/inquiokupacion-el-caos-con-los-datos-de-la-ultima-campana-de-vivienda-del-pp.html
18 https://theobjective.com/espana/2024-04-29/okupas-extranjeros-multiplican-con-sanchez/
19 https://blogprofesional.fotocasa.es/inseguridad-juridica-problemas-mercado-alquiler-espana/
20 https://www.eldebate.com/economía/20250513/sanchez-reconocio-medidas-inmobiliarias-negociazo-okupacion-dias-antes-aprobarla_296444.html
Lo cierto es que, lo que el Gobierno solo se atreve a decir en privado, se ha convertido en un problema de primer nivel por la tolerancia con la que la ocupación es admitida por la práctica totalidad de los partidos políticos. Las
consecuencias de tolerar la ocupación afectan a las normas de convivencia y urbanidad de la comunidad, el bloque o el barrio en el que hay una vivienda ocupada, que se convierte en un foco de inseguridad, delincuencia, venta y consumo de drogas o
degradación. Los pisos ocupados son, en la amplia mayoría de los casos, un refugio para los delincuentes, pese a los relatos que quiere vender la izquierda.
Además, la ocupación y la inquiocupación son situaciones incompatibles con el acceso a una vivienda estable y en condiciones, indignas en un Estado que se predica social. El texto constitucional ordena, dentro los principios rectores de la
política social y económica, en su art. 47 a los poderes públicos (no a los particulares) a que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada. De
esta forma, cargar sobre los propietarios el contenido del art. 47 del texto constitucional se traduce en una injusticia y una dejación de funciones por el Gobierno.
En definitiva, la inseguridad jurídica, la incertidumbre sobre la verdadera dimensión de los casos de ocupación e inquiocupación, o el efecto negativo de la inmigración masiva en la vivienda, que, entre otras cosas, tensiona todavía más el
mercado al multiplicar la demanda en un momento de escasez de oferta, contribuyen a aumentar la inseguridad que experimentan los cada vez menos españoles que son propietarios de una vivienda y quieren alquilarla-así como el resto de españoles, que
se ven afectados indirectamente-, exacerbando los problemas que experimenta España respecto a la situación actual de emergencia habitacional.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acabar con todas las formas de ocupación ilegal e inquiocupación.
2. Desarrollar las medidas legislativas necesarias para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas en alquiler.
3. Compensar fiscalmente a todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por el fenómeno de la ocupación y cuyas situaciones no se hayan resuelto satisfactoriamente con motivo de las leyes que protegen y defienden al ocupador en
detrimento del propietario.
4. Definir la inquiocupación con el objetivo de poder obtener datos reales sobre la situación de este fenómeno en España.
5. Elaborar un registro nacional, riguroso, veraz y accesible de los casos de ocupación e inquiocupación, con el fin de adoptar las medidas necesarias que conduzcan a la erradicación de este fenómeno.
6. Priorizar y garantizar el acceso de los españoles a una vivienda en propiedad, promoviendo las condiciones necesarias para revertir la tendencia de inseguridad e inestabilidad habitacional.
7. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 del texto constitucional, y poner a disposición de los españoles vivienda social, recursos y alternativas habitacionales, impidiendo que los legítimos propietarios titulares del derecho
de propiedad privada tengan que asumir las cargas derivadas de la ocupación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2025.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cultura
161/002496
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre la reforma y la
rehabilitación de la Ciudad del Artista Fallero de Valencia como distrito cultural y creativo, para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Ciudad Fallera de Valencia es uno de los espacios más emblemáticos para el sector artístico y cultural de las fallas, patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO desde 2016. Este barrio, que ocupa una extensión de cerca de 8
hectáreas, ha sido históricamente el núcleo de la creación de fallas, una expresión cultural que combina tradición, arte, artesanía e innovación, y que genera un impacto económico directo e indirecto relevante para la ciudad de Valencia y el
conjunto del territorio valenciano.
No obstante, la Ciudad del Artista Fallero, sufre graves deficiencias históricas en sus infraestructuras y equipamientos. Según los documentos del Ayuntamiento de Valencia 'Estudios previos para la consulta y participación ciudadana.
Revisión de la ordenación urbanística en el barrio del artista fallero', se detectan carencias significativas en los espacios de trabajo de los artistas falleros, que presentan condiciones inadecuadas para el ejercicio de su actividad. Este informe
también pone en evidencia la necesidad de modernizar las infraestructuras para adaptarlas a las exigencias medioambientales y urbanísticas actuales, y resalta la falta de espacios para la formación y la difusión cultural. En la actualidad el
Ayuntamiento de Valencia está dando continuidad a diversas iniciativas urbanísticas iniciadas en el pasado mandato para intervenir en el conjunto del barrio al que da nombre la ciudad del Artista Fallero.
Por otra parte, el proyecto estratégico 'Ciudad Fallera: bases estratégicas para la recuperación y la transformación' propone una reforma integral basada en cuatro pilares fundamentales: la rehabilitación y ampliación de los talleres
artísticos, la creación de un centro de formación especializada en artes y oficios falleros, la potenciación de la Ciudad Fallera como polo de atracción cultural y la implantación de medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental en el barrio.
Si bien este proyecto no especifica una cifra concreta de inversión inicial, se desprende de la magnitud de las acciones propuestas la necesidad de una dotación presupuestaria significativa para abordar las actuaciones urgentes.
La importancia de la Ciudad del Artista Fallero trasciende las fronteras locales, dado que las fallas son un fenómeno cultural de alcance internacional que desde 2016 está incluido en el listado representativo del Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO. La inversión en su rehabilitación no sólo garantizaría la continuidad de este patrimonio, sino que también contribuiría a la creación de empleo, al fomento del polo cultural y al refuerzo del tejido económico y social de la
ciudad.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, resulta imprescindible contar con el apoyo de las administraciones públicas para impulsar una inversión significativa que permita reformular y rehabilitar la Ciudad del Artista Fallero, garantizando
su funcionalidad y proyección como referente cultural y artístico haciendo de esta zona singular un auténtico distrito cultural y creativo.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Emplazar a todas las administraciones públicas implicadas -el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España- a coordinarse y poner
recursos destinados a la compra, reforma, rehabilitación y modernización de la Ciudad del Artista Fallero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Àgueda Micó i Micó, de Compromís, i de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta aquesta Proposició no de Llei sobre la reforma i rehabilitació de
la Ciutat de l'Artista Faller de València com a districte cultural i creatiu per al seu debat i aprovació la Comissió de Cultura.
Exposició de motius
La Ciutat Fallera de València és un dels espais més emblemàtics per al sector artístic i cultural de les falles, un patrimoni immaterial reconegut per la UNESCO des de 2016. Aquest barri, que ocupa una extensió de prop de 8 hectàrees, ha
estat històricament el nucli de la creació de falles, una expressió cultural que combina tradició, art, artesania i innovació, i que genera un impacte econòmic directe i indirecte rellevant per a la ciutat de València i el conjunt del territori
valencià.
No obstant això, la Ciutat de l'Artista Faller, pateix greus deficiències històriques en les seues infraestructures i equipaments. Segons els documents de l'Ajuntament de València 'Estudios previos para la consulta y participación
ciudadana. Revisión de la ordenación urbanística en el barrio del artista faller', es detecten mancances significatives en els espais de treball dels artistes fallers, que presenten condicions inadequades per a l'exercici de la seua activitat.
Aquest informe també posa en evidència la necessitat de modernitzar les infraestructures per adaptar-les a les exigències mediambientals i urbanístiques actuals, i ressalta la falta d'espais per a la formació i la difusió cultural. En l'actualitat
l'Ajuntament de València està donant continuïtat a diverses iniciatives urbanístiques iniciades el passat mandat per a intervindre al conjunt del barri al que dona nom la ciutat de l'Artista Faller.
D'altra banda, el projecte estratègic 'Ciutat Fallera: bases estratègiques per a la recuperació i la transformació' proposa una reforma integral basada en quatre pilars fonamentals: la rehabilitació i ampliació dels tallers artístics, la
creació d'un centre de formació especialitzada en arts i oficis fallers, la potenciació de la Ciutat Fallera com a pol d'atracció cultural, i la implantació de mesures per garantir la sostenibilitat ambiental del barri. Si bé aquest projecte no
especifica una xifra concreta d'inversió inicial, es desprèn de la magnitud de les accions proposades la necessitat d'una dotació pressupostària significativa per a abordar les actuacions urgents.
La importància de la Ciutat de l'Artista Faller transcendeix les fronteres locals, atès que les falles són un fenomen cultural d'abast internacional que des de 2016 està inclòs al llistat representatiu del Patrimoni Immaterial de la
Humanitat per la UNESCO. La inversió en la seua rehabilitació no només garantiria la continuïtat d'aquest patrimoni, sinó que també contribuiria a la creació d'ocupació, al foment del pol cultural i al reforç del teixit econòmic i social de la
ciutat.
Tenint en compte aquestes circumstàncies, resulta imprescindible comptar amb el suport de les administracions públiques per impulsar una inversió significativa que permeta reformular i rehabilitar la Ciutat de l'Artista Faller, garantint la
seua funcionalitat i projecció com a referent cultural i artístic fent d'esta zona singular un autèntic districte cultural i creatiu.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern d'Espanya a:
1. Emplaçar a totes les administracions públiques implicades -l'Ajuntament de València, la Generalitat Valenciana i el Govern d'Espanya- a coordinar-se i posar recursos destinats a la compra, reforma, rehabilitació i modernització de la
Ciutat de l'Artista Faller.'
Palau del Congrés, 24 de setembre de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara en vigor, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
protección de los consumidores frente al fraude en los pagos, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El rápido avance de las nuevas tecnologías ha facilitado un gran incremento en el número de transacciones financieras que se realizan de forma virtual. Esta tendencia obliga a actualizar constantemente tanto el marco regulatorio como los
mecanismos de supervisión actuales, con el fin de prevenir riesgos para la estabilidad financiera, la protección de datos o el fraude.
Es precisamente en el ámbito del fraude donde las cifras de reclamaciones por parte de los consumidores afectados no dejan de aumentar. Según el Banco Central Europeo, el valor de los operaciones fraudulentas alcanzó los 4300 millones de
euros en 2022, un ritmo que se mantuvo en el primer semestre de 2023. Estas operaciones se basan en estafas, a menudo a través de la usurpación de la identidad, para inducir a comprar productos, pedir préstamos, invertir en activos o transferir
fondos de forma fraudulenta.
En España, las reclamaciones al Banco de España alcanzaron un máximo histórico en el primer semestre de 2024. Buena parte del incremento de los últimos años es directamente atribuible a las estafas en los pagos con tarjeta y las
transferencias, que supusieron más de 12.000 expedientes el pasado año.
Si bien es cierto que los consumidores pueden denunciar estos casos en canales del Banco de España, se topan con un muro a la hora de intentar que los bancos les devuelvan el dinero estafado. Un 37% de las reclamaciones mencionadas no se
admitieron con el argumento de que los bancos no tienen responsabilidad sobre los pagos autorizados por los clientes. Y esto es así pese a que la autorización a menudo es el resultado de haber sido víctima de una estrategia de ingeniería social.
Si bien es cierto que existen sentencias judiciales que avalan que se devuelva el dinero a los consumidores víctimas de engaño, también instan a revisar la legislación europea para ofrecer una mayor protección.
La norma europea clave en este ámbito es la Ley de Servicios de Pago. En la versión en vigor, de 2015, esta directiva introdujo requisitos de doble autenticación para validar operaciones, e impuso a los bancos la responsabilidad en los
pagos fraudulentos salvo que se pruebe que el usuario habría tenido un comportamiento negligente. Esta ley introdujo una mayor seguridad en el sistema financiero de la UE, como prueba el hecho de que el porcentaje de fraude a día de hoy es 10 veces
mayor cuando una de las contrapartes
se encuentra fuera de la UE y se ampara en normas de autenticación más laxas. Ahora bien, el hecho de determinar qué significa un comportamiento negligente y la concreción del régimen de responsabilidad siguen siendo cuestiones sin
resolver.
Las instituciones europeas están actualmente inmersas en la negociación para actualizar esta ley, tratando de no perder la batalla contra las estrategias de fraude que no cesan de evolucionar. La propuesta de la Comisión Europea de hacia
dónde debería ir esta reforma refuerza las medidas de autenticación e implica en la lucha contra el fraude a un mayor número de agentes. En este sentido, dos de los elementos clave de la negociación en curso son la definición de hasta dónde llega
la responsabilidad de los bancos para resarcir en las operaciones fraudulentas y qué se considera una negligencia del consumidor.
Pero este debate también debe esclarecer si las grandes plataformas tecnológicas asumen alguna responsabilidad por las estafas derivadas de los anuncios o mensajes en sus redes. Al no ser actualmente responsables del reembolso de las
operaciones fraudulentas, estas plataformas tienen pocos incentivos para colaborar con las entidades financieras para atajar este problema. Según varios estudios, hasta el 60 % del fraude autorizado en la Unión Europea se origina en Meta o en
plataformas parte de su grupo. Sin embargo, en el caso de España, la principal proporción de estafas originadas en redes sociales provienen de X.
Por último, otra herramienta importante en el caso del Estado español será la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Este organismo centrará en las reclamaciones en los ámbitos bancario, de seguros
y de inversión, abarcando así buena parte de las operaciones en las que el fraude es más habitual. Será particularmente relevante que también establezca un criterio claro sobre el mencionado régimen de responsabilidad en los casos de estafa.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Exigir, en las negociaciones entre las instituciones europeas sobre la nueva regulación de los servicios de pago, que en casos de fraude en los pagos se garantice el derecho de los consumidores al reembolso. Esta garantía deberá incluir
los casos de pagos autorizados, teniendo en cuenta que ser víctima de una estafa profesional no puede considerarse un caso de negligencia por parte del consumidor.
2. Impulsar, junto con el Banco de España y otras entidades públicas, así como las entidades de crédito y las plataformas como Meta, Instagram o X, campañas de educación financiera para ayudar a los consumidores a identificar los diferentes
tipos de estafas. Estas campañas de educación financiera deberán centrarse particularmente en las nuevas formas de ingeniería social y deberán ofrecer herramientas para empoderar a los consumidores. Asimismo, deberán recomendar buenas prácticas en
materia de protección de las cuentas, de validación de las operaciones, de establecimiento de límites permitidos en transferencias y otras medidas de prevención de riesgos.
3. Exigir una mayor supervisión en las plataformas sociales y redes de mensajería de los contenidos relativos a estafas en pagos. Está documentado cómo muchas de estas estafas están directamente ligadas a contenido ilegal y/o engañoso
publicado en redes sociales, a menudo contraviniendo la normativa estatal y comunitaria.
4. Exigir a las plataformas, bancos, proveedores de servicios de pago y administraciones públicas un mayor intercambio de información para identificar las operaciones fraudulentas, bloquearlas y evitar que se repitan.
5. Valorar la creación de un fondo de garantía que resarza una parte de los importes estafados a los consumidores, financiado con aportaciones de los operadores del sector financiero. En paralelo al resto de medidas propuestas, este fondo
deberá servir para incentivar a las entidades a reducir el volumen total de fraude mientras se dota de mayor protección a los consumidores.
6. Velar por que todas las iniciativas legislativas relevantes en el ámbito financiero incluyan la perspectiva de la protección al consumidor, particularmente a los más vulnerables, en el ámbito de las estafas y el fraude en pagos. En
concreto, la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero deberá ser una herramienta clave para asegurar que los bancos cumplen con los estándares europeos en esta materia y ofrecen herramientas adecuadas a los
colectivos vulnerables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per la protecció
dels consumidors envers el frau en pagaments per al seu debat en la Comissió d'Economia, Comerç i Transformació Digital.
Exposició de motius
El ràpid avenç de les noves tecnologies ha facilitat un gran increment en el nombre de transaccions financeres dutes a terme virtualment. Aquesta tendència obliga a actualitzar constantment tant el marc regulatori com els mecanismes de
supervisió presents, per tal de prevenir riscos d'estabilitat financera, protecció de dades o frau.
És precisament en l'àmbit del frau que les xifres de reclamacions per part de consumidors afectats no deixen d'augmentar. Segons el Banc Central Europeu, el valor d'operacions fraudulentes va ser de 4300 milions d'euros el 2022, un ritme
que es va mantenir el primer semestre de 2023. Aquestes operacions es basen en estafes, sovint a partir d'usurpacions d'identitat, per induir a comprar productes, demanar préstecs, invertir en actius o transferir fons de forma fraudulenta.
A l'estat espanyol, les reclamacions al Banc d'Espanya van situar-se en un màxim històric el primer semestre de 2024. Una bona part de l'increment dels darrers anys és directament atribuïble a les estafes en pagaments amb targeta i
transferències, que representaren més de 12.000 expedients l'any passat.
Tot i poder denunciar aquests casos en canals del Banc d'Espanya, els consumidors es topen amb un mur a l'hora d'intentar que els bancs els retornin els diners estafats. Un 37% de les reclamacions esmentades van ser inadmeses amb l'argument
que els bancs no tenen responsabilitat sobre pagaments autoritzats pels clients. I això malgrat que l'autorització sovint és resultat d'haver estat víctima d'una estratègia d'enginyeria social. Si bé existeixen sentències judicials avalant que es
retornin els diners a consumidors víctimes d'engany, també remeten a reformar la legislació europea per oferir una major protecció.
La norma europea clau en aquest àmbit és la Llei de Serveis de Pagament. En la versió vigent, de 2015, aquesta directiva va introduir requisits de doble autenticació per validar operacions, i va imputar als bancs la responsabilitat en
pagaments fraudulents tret que es provi que l'usuari ha tingut un comportament negligent. Aquesta llei va introduir una major seguretat al sistema financer de la UE, com prova el fet que el percentatge de frau avui en dia és 10 vegades més gran
quan una de les contraparts es troba fora de la UE i es beneficia de normes d'autenticació més laxes. Ara bé, la determinació de què significa un comportament negligent i la concreció del règim de responsabilitat continuen sent qüestions sense
resoldre.
Les institucions europees es troben actualment immerses en la negociació per actualitzar aquesta llei, tot intentant no perdre la batalla contra estratègies de frau que evolucionen constantment. La proposta de la Comissió Europea de cap a
on hauria d'anar
aquesta reforma reforça les mesures d'autenticació i implica en la lluita contra el frau a un major nombre d'operadors. En aquest sentit, dos dels elements claus de la negociació en curs són la definició de fins on arriba la responsabilitat
dels bancs per rescabalar operacions fraudulentes i què es considera una negligència del consumidor.
Però aquest debat també ha d'esclarir si les grans plataformes tecnològiques assumeixen alguna responsabilitat per estafes provinent d'anuncis o missatges en les seves xarxes. Al no ser en l'actualitat responsables pel reemborsament
d'operacions fraudulentes, aquestes plataformes tenen pocs incentius per cooperar amb entitats financeres per acabar amb el problema. Segons diversos estudis, fins al 60% del frau autoritzat a la Unió Europea s'origina a Meta o a plataformes part
del seu grup. En el cas de l'Estat espanyol, no obstant, la major proporció d'estafes originades en xarxes socials provenen d'X.
Finalment, una altra eina important en el cas de l'Estat espanyol serà la futura Autoritat administrativa independent de defensa del client financer. Aquest organisme centralitzarà les reclamacions en els àmbits bancari, d'assegurances i
d'inversió, cobrint bona part de les operacions on el frau és més habitual. Serà especialment rellevant que també fixi un criteri clar sobre l'esmentat règim de responsabilitat en casos d'estafa.
Per tot el que s'ha exposat, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Exigir, en les negociacions entre les institucions europees sobre la nova regulació de serveis de pagament, que en casos de frau en pagaments es garanteixi el dret dels consumidors a ser reemborsat. Aquesta garantia ha d'incloure casos
de pagaments autoritzats, tenint en compte que ser víctima d'estafes professionals no es pot considerar un cas de negligència per part del consumidor.
2. Impulsar, juntament amb el Banc d'Espanya i d'altres entitats públiques, així com entitats de crèdit i plataformes com Meta, Instagram o X, campanyes d'educació financera per ajudar els consumidors a identificar diferents tipus
d'estafes. Aquestes campanyes d'educació financera han de centrar-se especialment en noves formes d'enginyeria social i han d'oferir eines per empoderar els consumidors. També han de recomanar bones pràctiques en matèria de protecció de comptes,
de validació d'operacions, d'establiment de límits permesos en transferències i altres mesures de prevenció de riscos.
3. Exigir una major supervisió a les plataformes socials i xarxes de missatgeria dels continguts relatius a estafes en pagaments. Està documentat com moltes d'aquestes estafes estan directament lligades a contingut il·legal i/o enganyós
publicat en xarxes socials, sovint contravenint la normativa estatal i comunitària.
4. Exigir a plataformes, bancs, proveïdors de serveis de pagament i administracions públiques un major intercanvi d'informació per identificar operacions fraudulentes, bloquejar-les i evitar-ne la repetició.
5. Valorar la creació d'un fons de garantia que rescabali una part de les quantitats estafades a consumidors, finançat amb aportacions d'operadors del sector financer. En paral·lel a la resta de mesures proposades, aquest fons ha de servir
per incentivar les entitats a reduir el volum total de frau mentre es dota de major protecció als consumidors.
6. Vetllar perquè totes les iniciatives legislatives rellevants en l'àmbit financer incloguin la perspectiva de protecció al consumidor, especialment aquells més vulnerables, en l'àmbit d'estafes i frau en pagaments. En concret, la futura
Autoritat administrativa independent de defensa del client financer ha de ser una eina clau per assegurar que els bancs compleixen els estàndards europeus en aquesta matèria i ofereixen eines adequades a col·lectius vulnerables.'
Congrés dels Diputats, 25 de setembre de 2025.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el
denominado Trío de Eclipses, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El denominado 'Trío de Eclipses' es un fenómeno astronómico único y extraordinario que se podrá observar desde España. La previsión es que, tanto el 12 de agosto de 2026 como el 2 de agosto de 2027, se produzcan dos eclipses solares totales
y el 26 de enero de 2028, un eclipse anular. El eclipse total de 2026 es especialmente interesante, ya que desde el primer decenio del siglo XX no se había visto un eclipse total en la Península Ibérica y España será, en esta ocasión, el único
territorio habitado desde el que podrá contemplarse.
El Trío de Eclipses captará la atención de la comunidad científica y también la del conjunto de la ciudadanía, provocando la llegada de turistas desde todas las partes del mundo a los mejores lugares de observación. Oviedo, León, Bilbao,
Huesca, Teruel, Zaragoza, Valencia o A Coruña, son algunas de las plazas desde donde mejor se podrá observar el fenómeno astronómico del próximo agosto de 2026. La expectación es máxima; no en vano, en muchas de estas ciudades ya se están
organizando eventos, con participación público-privada, para explotar la experiencia desde una perspectiva científica, pero también lúdica y pedagógica. Un ejemplo lo encontramos en A Coruña, ciudad en la que se celebrará el Congreso New Frontiers
in Cosmology, organizado por la Universidade da Coruña, con la colaboración de la Fundación Simons y el Centro de Física Cosmológica de Berkeley.
La llegada de cientos de miles de turistas internacionales y la previsión de desplazamientos masivos hacia los lugares de observación plantea retos logísticos y de seguridad para las administraciones públicas que no pueden obviarse. Por
este motivo, el pasado mes de julio se aprobó en Consejo de Ministros la constitución de una Comisión interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses 2026-2027-2028.
La Comisión, que reúne a un total de 13 ministerios, celebró en agosto su primera reunión presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. En ella, se definieron las prioridades para el trabajo coordinado y el
desarrollo de las siguientes tareas:
- Anticipación y gestión de riesgos para la salud pública.
- Anticipación y gestión de riesgos para el medio ambiente.
- Coordinación de servicios de prevención y protección civil.
- Coordinación entre todas las administraciones públicas del Estado.
- Movilidad.
- Definición y preparación de puntos de observación.
- Divulgación científica e información a la ciudadanía.
- Promoción del turismo.
El objetivo del Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas y los municipios, es garantizar la seguridad y la logística de una oportunidad histórica para la observación astronómica y la divulgación científica. Para ello, es
fundamental ser efectivos y trabajar de forma coordinada con el objetivo de anticipar, prevenir riesgos y, en definitiva,
lograr que los eclipses sean un fenómeno que coloque a nuestro país en la escena global de la divulgación científica y de la promoción del astroturismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Reconoce la oportunidad histórica que el fenómeno astronómico denominado Trío de Eclipses supone para la observación astronómica y la divulgación científica en nuestro país.
2. Insta al Gobierno a continuar desplegando las actuaciones necesarias para la efectiva preparación, organización y coordinación del Trío de Eclipses, en colaboración con las comunidades autónomas y los municipios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Roberto García Morís y Obdulia Taboadela Álvarez, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/002485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prevención y atención de la
soledad no deseada en mujeres y mayores de 65 años, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La soledad no deseada es un problema creciente de salud pública que afecta de manera particular a las mujeres mayores de 65 años. Tiene graves consecuencias en la salud física y mental, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares,
depresión, ansiedad y deterioro cognitivo. Además, fomenta la exclusión social y reduce la calidad de vida, convirtiéndose en una amenaza para el bienestar de quienes la padecen.
Las mujeres mayores enfrentan una serie de factores que agravan su vulnerabilidad a la soledad. La viudez, menores ingresos económicos y desigualdades estructurales las colocan en una posición de mayor riesgo de aislamiento. Los cambios en
los modelos familiares, la urbanización y la digitalización también han reducido las oportunidades de interacción social, haciendo que muchas mujeres mayores se sientan desconectadas de la sociedad. Frente a esta realidad, es fundamental que el
Estado y la sociedad en su conjunto implementen medidas concretas para prevenir, detectar y abordar este problema.
Para comprender y abordar la soledad en mujeres mayores, es esencial adoptar un enfoque multidimensional. Desde la perspectiva cognitiva, la soledad surge cuando existe una brecha entre las relaciones sociales que una persona desea y las
que realmente mantiene. Desde el interaccionismo, se entiende que la soledad no se limita a la ausencia de compañía, sino a la falta de vínculos significativos dentro de la comunidad. La visión psicodinámica resalta el impacto emocional que tiene
la falta de relaciones interpersonales, mientras que, desde el existencialismo, se reconoce que la soledad forma parte de la condición humana, aunque, cuando no es elegida, puede ser fuente de sufrimiento y deterioro.
El impacto de la soledad no deseada en la salud de las mujeres mayores es significativo. Además de aumentar la prevalencia de trastornos como la depresión y la ansiedad, este fenómeno puede acelerar el deterioro físico, contribuyendo a la
malnutrición, la inactividad, la pérdida de autonomía y el riesgo de caídas. Asimismo, fomenta la invisibilización de las mujeres mayores, reforzando estereotipos negativos sobre la vejez y perpetuando la idea de que son una carga para la sociedad,
al asociar la vejez únicamente con dependencia y declive, lo que genera una visión distorsionada de la etapa final de la vida. Es fundamental cambiar esta percepción y reconocer su papel activo en la comunidad.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, consideramos que es el momento de adoptar un enfoque político serio y comprometido que aborde la soledad no deseada en mujeres mayores desde una perspectiva integral. No podemos permitir que este
problema siga creciendo sin una respuesta efectiva. La vejez debe vivirse con dignidad, autonomía y bienestar, y para ello, es imprescindible garantizar que las mujeres mayores cuenten con los recursos y apoyos necesarios para mantenerse conectadas
con la sociedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incorporar la identificación de la soledad en los protocolos de Atención Primaria y Hospitalaria, garantizando evaluaciones periódicas a mujeres en riesgo, y capacitar al personal sanitario en perspectiva de género para mejorar la
detección y atención de este problema.
2. Fomentar programas de voluntariado y acompañamiento, promoviendo redes de apoyo intergeneracional donde las mujeres mayores puedan compartir experiencias y conocimientos con otras generaciones.
3. Incluir la soledad no deseada en mujeres mayores como una prioridad en la agenda pública y en los planes estratégicos de igualdad.
4. Desarrollar estudios periódicos sobre la incidencia y evolución de la soledad en mujeres mayores, asegurando una evaluación continua del impacto de las políticas implementadas para mejorar su efectividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2025.-Julia Parra Aparicio, Jaime Miguel de los Santos González, Carmen Fúnez de Gregorio, Sofía Acedo Reyes, Cristina Agüera Gago, Alma Alfonso Silvestre, Beatriz Álvarez Fanjul,
Óscar Clavell López, Mirian Guardiola Salmerón, Antonio Martínez Gómez, Patricia Rodríguez Calleja y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha de un
plan de ayudas para favorecer la reincorporación de las mujeres al mercado laboral tras una excedencia por cuidado de hijos o de un familiar, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La conciliación de la vida laboral y familiar sigue siendo uno de los principales retos de nuestra sociedad. En España, son mayoritariamente las mujeres quienes asumen las responsabilidades de cuidado, lo que repercute negativamente en su
desarrollo profesional y en su estabilidad económica.
Según las estadísticas más recientes, casi el 90 % de las excedencias por cuidado de hijos o familiares en España son solicitadas por mujeres (INE, 2024). Según la EPA del 2.º trimestre de 2025 la tasa de paro femenino (11,50%) sigue
superando en más de dos puntos la masculina (9,20%), y la tasa de actividad femenina (54,39 %) continúa casi 10 puntos por debajo de la masculina (63,93 %). Y como denuncian los sindicatos (Informe de brecha salarial de CCOO 2025), la brecha
salarial permanece en torno al 19,6 %, con un impacto directo en sus pensiones futuras.
Cuando una mujer decide -o se ve obligada- a dejar temporalmente su empleo para cuidar a sus hijos menores o familiares, su retorno se convierte en una carrera de obstáculos que incluye, entre otras cuestiones, la pérdida de antigüedad, de
oportunidades de promoción y de actualización profesional y, en ocasiones, a la falta de interés de las empresas en su contratación por sus responsabilidades familiares.
En el caso de las mujeres autónomas, la situación es aún peor ya que, tras una excedencia, deben asumir cuotas elevadas a la Seguridad Social justo en el momento más frágil de su actividad, lo que provoca que muchas abandonen sus proyectos o
no puedan retomarlos.
Esta situación no solo afecta al desarrollo profesional y personal de las mujeres, sino que también supone una pérdida de talento para el conjunto de la sociedad y un freno al crecimiento económico. Garantizar una reincorporación laboral
justa y efectiva es, por tanto, una prioridad para alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres, así como para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad.
A nivel europeo, la Comisión Europea ha subrayado la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo con enfoque de género, así como de adoptar medidas que permitan garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en
el mercado laboral. La Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores, marca un camino claro que España debe seguir consolidando con medidas efectivas y tangibles, como el
permiso parental retribuido de ocho semanas para el cuidado del menor hasta que cumpla ocho años. Es evidente que tras la aprobación del RD-ley 9/2025 estamos aun lejos de cumplir con los objetivos marcado por la Directiva.
En todo caso, resulta necesario poner en marcha medidas específicas que apoyen a las mujeres en su regreso al mercado laboral, especialmente a través de incentivos a la contratación y el apoyo a las trabajadoras autónomas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a facilitar la reincorporación de las mujeres al mercado laboral tras una excedencia por cuidado de hijos o de un familiar que incluya las siguientes medidas:
1. Un plan de ayudas a las empresas que contemple incentivos a su contratación durante 24 meses.
2. Apoyo a las trabajadoras autónomas mediante el establecimiento de una cuota cero en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante los 24 meses siguientes a su alta en la Seguridad Social, en los mismos supuestos de
reincorporación tras una excedencia por cuidado de hijos o familiares.
3. Campañas de información y sensibilización, dirigidas tanto a las empresas como a las trabajadoras, con el objetivo de dar a conocer estas medidas y fomentar su utilización, así como promover la igualdad efectiva en el ámbito laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Patricia Rodríguez Calleja, Jaime Miguel de los Santos González, Sofía Acedo Reyes, Silvia Franco González, Beatriz Álvarez Fanjul, Óscar Clavell López y Cristina Teniente
Sánchez, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para exigir responsabilidades y una
auditoría urgente sobre los fallos del sistema COMETA, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones -violencia de género, violencia sexual, prostitución y trata con fines de explotación sexual- constituye la expresión más inaceptable de desigualdad en una sociedad democrática
como la nuestra. La protección de las víctimas y la defensa de su dignidad debe ser una prioridad innegociable de todas las instituciones.
El sistema de dispositivos telemáticos de control conocido como COMETA es una de las principales herramientas para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual, al permitir la vigilancia efectiva
del cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento. Sin embargo, tras el cambio del prestador del servicio en 2023, se han detectado fallos graves en la migración de datos y en el funcionamiento de los dispositivos, lo que ha supuesto la
pérdida de información histórica, problemas de localización y cobertura, e incluso casos en los que los agresores pudieron quitarse las pulseras sin dificultad.
Tal y como han denunciado fiscalías especializadas, sindicatos policiales, jueces de violencia sobre la mujer, abogadas y abogados especializados en violencia de género, estas incidencias han provocado sobreseimientos provisionales,
absoluciones de agresores y una grave desprotección de las víctimas. El propio Observatorio de Violencia del CGPJ advirtió en su día del riesgo de adjudicar el contrato a empresas sin experiencia suficiente en este ámbito. Además, la gestión
política de esta crisis por parte del Ministerio de Igualdad ha sido claramente insuficiente. Se han intentado minimizar los problemas hablando de incidencias 'puntuales', cuando en realidad se han prolongado durante meses y han puesto en riesgo a
miles de mujeres.
A esta situación se suma un contexto de absoluta falta de ejemplaridad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo Ejecutivo se ha visto salpicado por escándalos sexuales y conductas impropias que han provocado la indignación social y el
descrédito institucional. Mientras se minimizaban los fallos del sistema COMETA, que ponían en riesgo la vida de miles de mujeres, dirigentes socialistas se veían envueltos en episodios bochornosos que han ocupado titulares y que muestran la doble
moral de un Gobierno que se presenta como adalid del feminismo mientras tolera o silencia conductas machistas y abusivas en su propio entorno.
La credibilidad del Ejecutivo en materia de igualdad y protección de las mujeres está gravemente comprometida. No se puede exigir confianza en un Gobierno que abandona a
las víctimas con dispositivos que fallan, al tiempo que se ve manchado por escándalos de naturaleza sexual que agravan aún más la sensación de desprotección e impunidad.
La gravedad de los hechos exige explicaciones públicas, depuración de responsabilidades y, sobre todo, garantías de que el sistema COMETA funcione con los más altos estándares de seguridad y eficacia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Exige el cese inmediato de la Ministra de Igualdad, como máxima responsable política de la gestión negligente del sistema COMETA y de la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual.
2. Exige al Gobierno de España la contratación inmediata de una auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema COMETA, incluyendo tanto la fase de adjudicación como la de
implantación y el periodo actual de servicio.
3. Insta a los Ministerios de Igualdad y del Interior a publicar de manera inmediata y detallada todos los datos relativos a los fallos del sistema con especificación, al menos, de los siguientes extremos:
a. Número de víctimas que han sufrido fallos en los dispositivos de seguimiento telemático del sistema COMETA.
b. Número de procedimientos judiciales que se han visto afectados por fallos absolutorios o sobreseimientos provisionales.
c. Tipología de fallos detectados (localización, cobertura, manipulación de dispositivos, etc.).
d. Duración real de las incidencias y protocolos de respuesta activados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Patricia Rodríguez Calleja, Jaime Miguel de los Santos González, Sofía Acedo Reyes, Silvia Franco González, Beatriz Álvarez Fanjul, Óscar Clavell López y Cristina Teniente
Sánchez, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancia de la diputada Marta Madrenas i Mir, en atención a lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión sobre Seguridad
Vial, una Proposición no de Ley relativa a la ampliación de la Orden IET/543/2012 para la protección ante la radiación ultraviolada.
Exposición de motivos
El Xeroderma Pigmentosum (XP) es una enfermedad rara que comporta una extrema sensibilidad a la radiación ultravioleta (UV). Las personas que la padecen deben protegerse rigurosamente tanto en su vestimenta como en su entorno, incluyendo
los vehículos en los que se desplazan.
Actualmente, la normativa vigente (Orden IET/543/2012, de 14 de marzo) establece una excepción a la prohibición general de instalar filtros o láminas en el campo de visión frontal del conductor. Esta excepción permite su instalación
únicamente a las personas diagnosticadas de lupus eritematoso sistémico, reconociendo la necesidad de una protección extraordinaria frente a la radiación UV.
Sin embargo, la misma necesidad se produce en el caso de los pacientes con Xeroderma Pigmentosum, cuya vulnerabilidad a la radiación ultravioleta es aún más severa. El hecho de no contemplar su supuesto en la norma vigente genera una
situación de discriminación y desprotección.
Asimismo, la enfermedad de la Xeroderma Pigmentosum suele ser diagnosticada durante la primera infancia, antes de los tres años, por lo que es necesario determinar que también deberá ampliarse la protección de esta regulación a coches
titularidad de familiares o cuidadores de la persona afectada.
Además, otros colectivos también sufren una exposición que les es especialmente dañina a la radiación solar en sus desplazamientos: personas con otras patologías asociadas a una elevada sensibilidad a la radiación UV (cánceres de piel,
enfermedades metabólicas raras como la porfiria, entre otros), pacientes inmunodeprimidos (personas sometidas a tratamiento albinismo, bebés y niños de corta edad, personas con historial de lesiones precancerosas o antecedentes de melanoma,
profesionales del transporte (camioneros, conductores de autobuses, taxis y vehículos de reparto) y trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales que pasan largas jornadas en vehículos expuestos al sol.
Por razones de salud pública, equidad y no discriminación, resulta imprescindible que el Gobierno amplíe esta regulación para garantizar la seguridad y la protección de todos estos colectivos. Ahora bien, la experiencia ha demostrado que el
procedimiento vigente es demasiado centralizado y pesado, lo que supone un obstáculo para las personas afectadas. Por eso es necesario que la gestión y resolución de estas autorizaciones recaiga en las comunidades autónomas, que son las
administraciones más cercanas y las que disponen de las competencias en materia sanitaria y de servicios a la ciudadanía. Sólo así podrá asegurarse un procedimiento ágil, accesible y adaptado a la realidad territorial, garantizando a la vez la
coordinación técnica con la Dirección General de Tráfico y las estaciones de ITV para su verificación y control.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Modificar la Orden IET/543/2012, de 14 de marzo, para ampliar su ámbito de aplicación a todas las personas y colectivos que acrediten, mediante informe médico justificativo, una alta vulnerabilidad a la radiación ultravioleta, incluyendo
expresamente: personas diagnosticadas de Xeroderma Pigmentosum (XP), personas con otras (cáncer de piel, enfermedades metabólicas raras, inmunodepresión, albinismo, etc.), bebés y niños de corta edad, personas con historial de lesiones cutáneas
precancerosas, profesionales del transporte y otros colectivos con exposición laboral continuada al sol, así como a sus parientes o cuidadores.
2. Autorizar la instalación de filtros de rayos ultravioleta (UV) en el campo de visión frontal del conductor (180° hacia delante), en las mismas condiciones técnicas establecidas actualmente, ampliando su aplicación a los colectivos
anteriormente citados.
3. Reformar el procedimiento administrativo de concesión para que la gestión, instrucción y resolución de las autorizaciones corresponda plenamente a las comunidades autónomas, estableciendo mecanismos de coordinación técnica con la
Dirección General de Tráfico y las estaciones de ITV únicamente a efectos de control y verificación, garantizando así una tramitación ágil, cercana y adaptada a la realidad territorial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Marta Madrenas i Mir, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancia de la diputada Marta Madrenas i Mir, d'acord amb allò establert als articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta per al seu debat a la Comissió sobre Seguretat Viària, una
Proposició no de Llei relativa a l'ampliació de l'Ordre IET/543/2012 per a la protecció davant la radiació ultraviolada.
Exposició de motius
El Xeroderma Pigmentosum (XP) és una malaltia rara que comporta una extrema sensibilitat a la radiació ultraviolada (UV). Les persones que la pateixen han de protegir-se rigorosament tant en la seva vestimenta com en el seu entorn,
incloent-hi els vehicles en què es desplacen.
Actualment, la normativa vigent (Ordre IET/543/2012, de 14 de març) estableix una excepció a la prohibició general d'instal·lar filtres o làmines en el camp de visió frontal del conductor. Aquesta excepció permet la seva instal·lació
únicament a les persones diagnosticades de lupus eritematós sistèmic, reconeixent la necessitat d'una protecció extraordinària davant la radiació UV.
Tanmateix, la mateixa necessitat es produeix en el cas dels pacients amb Xeroderma Pigmentosum, la vulnerabilitat dels quals a la radiació ultraviolada és encara més severa. El fet de no contemplar el seu supòsit en la norma vigent genera
una situació de discriminació i desprotecció.
Per afegiment, la malaltia de la Xeroderma Pigmentosum sol ser diagnosticada durant la primera infància, abans dels tres anys, per la qual cosa és necessari determinar que també s'haurà d'ampliar la protecció d'aquesta regulació a cotxes
titularitat de familiars o cuidadors de la persona afectada.
A més, altres col·lectius també pateixen una exposició que els és especialment nociva a la radiació solar en els seus desplaçaments: persones amb altres patologies associades a una elevada sensibilitat a la radiació UV (càncers de pell,
malalties metabòliques rares com la porfíria, entre d'altres), pacients immunodeprimits (persones sotmeses a tractaments oncològics, trasplantats o amb VIH), persones amb albinisme, nadons i infants de curta edat, persones amb historial de lesions
precanceroses o antecedents de melanoma, professionals del transport (camioners, conductors d'autobusos, taxis i vehicles de repartiment) i treballadors i treballadores de serveis essencials que passen llargues jornades en vehicles exposats al sol.
Per raons de salut pública, equitat i no discriminació, resulta imprescindible que el Govern ampliï aquesta regulació per garantir la seguretat i la protecció de tots aquests col·lectius. Ara bé, l'experiència ha demostrat que el
procediment vigent és massa centralitzat i feixuc, fet que suposa un obstacle per a les persones afectades. Per això és necessari que la gestió i resolució d'aquestes autoritzacions recaigui en les comunitats autònomes, que són les administracions
més properes i les que disposen de les competències en matèria sanitària i de serveis a la ciutadania. Només així es podrà assegurar un procediment àgil, accessible i adaptat a la realitat territorial, garantint alhora la coordinació tècnica amb la
Direcció General de Trànsit i les estacions d'ITV per a la seva verificació i control.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a:
1. Modificar l'Ordre IET/543/2012, de 14 de març, per ampliar el seu àmbit d'aplicació a totes les persones i col·lectius que acreditin, mitjançant informe mèdic justificatiu, una alta vulnerabilitat a la radiació ultraviolada, incloent-hi
expressament: persones diagnosticades de Xeroderma Pigmentosum (XP), persones amb altres patologies que comportin una elevada sensibilitat a la radiació UV (càncer de pell, malalties metabòliques rares, immunodepressió, albinisme, etc.), nadons i
infants de curta edat, persones amb historial de lesions cutànies precanceroses, professionals del transport i altres col·lectius amb exposició laboral continuada al sol, així com als seus parents o cuidadors.
2. Autoritzar la instal·lació de filtres de raigs ultraviolats (UV) en el camp de visió frontal del conductor (180º cap endavant), en les mateixes condicions tècniques establertes actualment, ampliant-ne l'aplicació als col·lectius
anteriorment esmentats.
3. Reformar el procediment administratiu de concessió perquè la gestió, instrucció i resolució de les autoritzacions correspongui plenament a les comunitats autònomes, establint mecanismes de coordinació tècnica amb la Direcció General de
Trànsit i les estacions d'ITV únicament a efectes de control i verificació, garantint així una tramitació àgil, propera i adaptada a la realitat territorial.'
Congrés dels Diputats, 25 de setembre de 2025.-Marta Madrenas i Mir, Diputada- Míriam Nogueras i Camero, Portaveu GP Junts per Catalunya.
161/002517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la digitalización y el
mantenimiento de los centros de examen desplazados para las pruebas de obtención del permiso de conducir, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Los centros de examen desplazados para las pruebas de conducción han sido históricamente un instrumento clave para garantizar el acceso equitativo de todos los ciudadanos a la obtención del permiso de conducir, especialmente para quienes
residen en municipios pequeños o zonas rurales.
En los últimos años, el proceso de modernización llevado a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT) ha apostado por la digitalización progresiva de las pruebas teóricas de conducción. Esta medida persigue objetivos legítimos, como la
mejora de la eficiencia y la homogeneización de los procedimientos. Sin embargo, su implantación está generando dificultades en numerosos territorios, al exigir que los exámenes se realicen únicamente a través de medios informatizados, lo que ha
obligado a muchos aspirantes a trasladarse a otras localidades con instalaciones adaptadas.
En muchos casos, estas nuevas condiciones están suponiendo un obstáculo para los ciudadanos de municipios que carecen de los recursos técnicos y económicos necesarios para adaptar sus infraestructuras a la prestación de este servicio público
esencial. En la práctica, las exigencias de la DGT -como la de disponer de conectividad adecuada, climatización, mobiliario específico o equipos informáticos- están siendo trasladadas a los ayuntamientos, imponiendo una carga económica a las
entidades locales y sin que exista una financiación suficiente por parte del Estado para aliviarla.
Esta situación es especialmente preocupante en los municipios de menor tamaño, donde la sostenibilidad financiera es limitada y la prestación de servicios básicos ya es un reto constante. Además, esta forma de proceder debilita la
cooperación institucional y puede derivar en una recentralización encubierta que perjudique el equilibrio territorial, contradiciendo el principio de cohesión territorial que debe guiar la acción del Gobierno, y chocando frontalmente con los
compromisos en materia de reto demográfico. No tiene sentido promover políticas para fijar población en el medio rural mientras se dificulta el acceso a servicios tan fundamentales como el de obtener el permiso de conducir.
En consecuencia, consideramos necesario que el Gobierno adopte medidas urgentes para garantizar que el proceso de digitalización de las pruebas de conducción se lleve a cabo respetando el principio de equidad, sin trasladar cargas indebidas
a los ayuntamientos, y asegurando que los ciudadanos de todos los territorios puedan acceder en igualdad de condiciones a este servicio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la continuidad y el adecuado funcionamiento de los centros de examen desplazados para las pruebas teóricas y prácticas de conducir en todos aquellos municipios que actualmente cuentan con este servicio, evitando que la
digitalización de los procedimientos suponga un obstáculo para los ciudadanos de zonas rurales o con menor densidad de población.
2. Asegurar que los ayuntamientos no asuman cargas económicas, técnicas ni materiales derivadas de las nuevas exigencias vinculadas a la digitalización, garantizando que dichas competencias sean ejercidas y financiadas por la Administración
General del Estado a través de la Dirección General de Tráfico.
3. Impulsar líneas específicas de financiación, dirigidas a las entidades locales, para que puedan acometer las adaptaciones necesarias que permitan mantener operativo el servicio sin poner en riesgo su equilibrio presupuestario.
4. Establecer mecanismos de diálogo y colaboración institucional con las entidades locales y autonómicas implicadas, incluyendo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de manera que cualquier decisión relativa a la
organización y funcionamiento de los centros de examen se adopte con consenso y transparencia.
5. Evaluar el impacto territorial y social de estas medidas, prestando especial atención a su incidencia en la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y la igualdad de oportunidades, para garantizar que la modernización del
sistema de exámenes de conducción no derive en una discriminación por razón del lugar de residencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix, María Elisa Vedrina Conesa, Juan Antonio Rojas Manrique, Raúl Cuevas Larrosa, Tristana María Moraleja Gómez, Cristina Abades
Martínez, Alma Alfonso Silvestre, Mario Cortés Carballo, Carlos García Adanero, José Alberto Herrero Bono, Ángel Ibáñez Hernando, Juan Luis Pedreño Molina, Daniel Pérez Osma, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Alma Alfonso Silvestre y
Raquel Clemente Muñoz, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley Relativa a la urgente necesidad de
actuar ante el grave deterioro de la red viaria española y su incompatibilidad con la Estrategia de Seguridad Vial 2030, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El reciente informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha puesto de manifiesto que la red viaria española se encuentra en la peor situación registrada desde los años ochenta: más del 50 % de nuestras carreteras presentan
deterioros de carácter grave o muy grave. Según los datos del citado informe, el deterioro sostenido de las infraestructuras viarias, especialmente desde el año 2018, evidencia la falta de acción del Gobierno de España en el ámbito de la
conservación y mantenimiento de la red viaria por la que millones de españoles circulan cada día. Concretamente, en los dos últimos
años, el número de kilómetros con deterioros muy graves se ha triplicado (de los 13.000 kilómetros en 2022 a los 34.000 en 2025), experimentando un deterioro anual del 8 %.
El deterioro de nuestras carreteras choca frontalmente con los compromisos adquiridos por el Gobierno en el apartado dedicado a 'Vías Seguras' de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, que establece como prioritarias el potenciamiento del uso
de procedimientos de gestión de la seguridad de las infraestructuras (punto 4.2); la evaluación del nivel de seguridad de la red viaria (punto 4.3); la promoción de una gestión del tráfico segura, sostenible e inteligente (punto 4.4); y la toma
de conciencia sobre la importancia de la inversión en infraestructura y de una dotación adecuada de medios técnicos y humanos (punto 4.7).
La inacción del Ejecutivo en estos puntos no solo está poniendo en riesgo la seguridad vial de millones de conductores, sino que además desacredita su propia Estrategia, vaciándola de contenido y credibilidad. Cabe recordar al respecto que,
en el marco de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, el Gobierno aprobó un Plan de Actuaciones 2024-2025, concretando las líneas estratégicas en acciones reales, e incluyendo medidas sobre tramos de alta siniestralidad, infraestructuras seguras o
tecnologías aplicadas a la movilidad. Sin embargo, la realidad del estado actual de las carreteras demuestra que dicho plan no se está implementando con el rigor y la eficacia necesarios para frenar el deterioro de la red ni garantizar el
cumplimiento de los objetivos europeos y nacionales en seguridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Elaborar en un plazo máximo de seis meses un Plan Nacional de Conservación Viaria en colaboración con todas las Administraciones públicas competentes, que establezca las prioridades de actuación, y la identificación de tramos críticos
objetivos medibles alineados con la Estrategia de Seguridad Vial 2030, para su presentación ante la Comisión sobre Seguridad Vial.
2. Impulsar la evaluación del nivel de seguridad de toda la red viaria estatal en el marco del Plan anterior, adoptando para ello metodologías basadas en datos objetivos y tecnología avanzada, tal y como promueve la Estrategia de Seguridad
Vial 2030.
3. Integrar los resultados y avances del Plan en los informes anuales de seguimiento de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 para garantizar un control parlamentario periódico sobre su cumplimiento.
4. Estudiar los instrumentos financieros y administrativos necesarios para garantizar la viabilidad del futuro Plan Nacional de Conservación Viaria, empleando para ello todos los mecanismos que garanticen una planificación efectiva y
realista de su ejecución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix, María Elisa Vedrina Conesa, Juan Antonio Rojas Manrique, Raúl Cuevas Larrosa, Tristana María Moraleja Gómez, Cristina Abades
Martínez, Alma Alfonso Silvestre, Mario Cortés Carballo, Carlos García Adanero, José Alberto Herrero Bono, Ángel Ibáñez Hernando, Juan Luis Pedreño Molina, Daniel Pérez Osma, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Alma Alfonso Silvestre y
Raquel Clemente Muñoz, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la carretera N-431 en la provincia de Huelva, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La carretera N-431 es una vía de titularidad estatal fundamental para la provincia de Huelva. Conecta numerosos municipios, vertebra la costa occidental, facilita la comunicación con Portugal y constituye un eje estratégico para el turismo,
la agricultura, la industria y la movilidad diaria de miles de ciudadanos.
Pese a su importancia, la N-431 se encuentra en un estado de deterioro alarmante. El firme presenta baches, grietas y socavones que ponen en peligro la seguridad vial. Las quejas son constantes y diarias, trasladadas tanto por los
ciudadanos como por los ayuntamientos y colectivos sociales, que advierten de la peligrosidad de la vía y de la elevada siniestralidad en varios de sus tramos. Prueba de ello radica en los datos publicados por un reciente informe de Automovilistas
Europeos Asociados (AEA), que revela que, entre los años 2018 y 2022, la N-431 ha acaparado varios de los 'puntos negros' de las carreteras onubenses. Concretamente, varios de sus tramos han registrado un índice de Peligrosidad Medio (IPM) superior
a 82, es decir, diez veces por encima de la media nacional, que se sitúa en 8,2.
El Gobierno de España ha anunciado inversiones que no resuelven el problema estructural de deterioro, en la medida en que ninguna actuación puntual puede ofrecer garantías de seguridad ni solucionar la situación general.
La provincia de Huelva no puede seguir relegada en materia de infraestructuras viales. Por ello, se requiere un plan integral de intervención que dé respuesta a las necesidades de seguridad vial y que reconozca el papel estratégico que
desempeña para el desarrollo social y económico de la provincia. No basta con la implementación de medidas de carácter temporal o para resolver cuestiones puntuales, sino que es necesario adoptar un enfoque global que atienda a la magnitud del
problema y garantice soluciones eficaces y duraderas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Elaborar un estudio técnico riguroso y completo sobre el estado actual de la carretera N-431 en la provincia de Huelva, que identifique los tramos más deteriorados y peligrosos, y que establezca las prioridades de actuación en materia de
seguridad vial, firme, señalización y accesos.
2. Incorporar los resultados de dicho estudio a la planificación de actuaciones en la red estatal de carreteras y a los Presupuestos Generales del Estado, con el objetivo de que las intervenciones no se limiten a obras puntuales, sino que
respondan a un plan integral de mejora de la N-431.
3. Coordinar las actuaciones de mejora con el resto de Administraciones Públicas competentes, de manera que las intervenciones sean coherentes, ágiles y respondan a las necesidades reales de los usuarios.
4. Informar periódicamente y con transparencia a la ciudadanía y las Administraciones públicas implicadas sobre el curso de los proyectos de mejora y su grado de ejecución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix, María Elisa Vedrina Conesa, Juan Antonio Rojas Manrique, Raúl Cuevas Larrosa, Tristana María Moraleja Gómez, Cristina Abades
Martínez, Alma Alfonso Silvestre, Mario Cortés Carballo, Carlos García Adanero, José Alberto Herrero Bono, Ángel Ibáñez Hernando, Juan Luis Pedreño Molina, Daniel Pérez Osma, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Alma Alfonso Silvestre y
Raquel Clemente Muñoz, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001368
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Carlos Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán
Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco
¿Garantiza el Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar una equiparación real de la presión fiscal que permita acabar con la distorsión que la colonia genera en la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.
181/001369
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Carlos Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán
Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco
¿Cómo se garantizará, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar, el ejercicio de las competencias Schengen en esas aguas por parte de España ante el riesgo de un efecto llamada migratorio con la
desaparición de la Verja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.
181/001370
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Carlos Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán
Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco
¿Se arbitra en el Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar un sistema de compensación justo para la Seguridad social española, y al mismo tiempo, respetuoso con los derechos de nuestros trabajadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.
181/001371
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Carlos Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán
Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco
¿Qué interés tiene para España el facilitar la operatividad del aeródromo militar de Gibraltar construido sobre suelo español ilegalmente ocupado, legalizando su uso y facilitando operaciones con el resto de la UE, hoy restringidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.
181/001372
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Carlos Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pabló Hispán
Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco
¿Qué garantías tiene España en el Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar para que la colonia detenga los rellenos ilegales destinados a proyectos inmobiliarios
-muy graves desde el punto de vista medioambiental- sobre territorio español y revierta los ya ejecutados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.
181/001373
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Carlos Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pabló Hispán
Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco
¿Cuál es el monto del Fondo de Cohesión para el Campo de Gibraltar previsto en el Acuerdo de Nochevieja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.
181/001374
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Carlos Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pabló Hispán
Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco
¿Qué mejoras concretas incluye el Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar en el ámbito de la protección del medio ambiente, siendo esta una de las principales reivindicaciones del Campo de Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.
181/001375
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Carlos Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pabló Hispán
Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco
¿Qué medidas efectivas incluye el Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar para evitar un mayor incremento del contrabando de tabaco que genera graves pérdidas a la Hacienda española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.
181/001376
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Carlos Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pabló Hispán
Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco
¿Por qué no se nombró un Delegado Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el Campo de Gibraltar desde el cese del último en el cargo en enero de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.
Comisión de Interior
181/001350
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Sánchez Ojeda
¿Cuáles son las modificaciones concretas que se han introducido en la Instrucción número 10/2025 mediante la cual se actualiza el procedimiento integral de la detención policial y qué impacto directo tienen estos cambios en la protección de
los agentes durante sus intervenciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Diputados.
181/001351
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Sánchez Ojeda
¿Qué medidas urgentes piensa implementar el Gobierno para proteger a los empleados públicos de los centros penitenciarios, teniendo en cuenta la cifra alarmante de agresiones que sufren estos funcionarios, concretamente un 126% más desde el
año 2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Diputados.
181/001352
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Sánchez Ojeda
¿Por qué no se implementaron medidas adicionales de protección policial para proteger a las más de 4.000 mujeres que actualmente disponen de ese recurso como víctimas de violencia de género, teniendo en cuenta que el Gobierno había sido
advertido en reiteradas ocasiones sobre los fallos en el sistema de localización y aviso de las pulseras antimaltrato?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Diputados.
181/001377
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Sánchez Ojeda
¿Cuál es el número de contratos vigentes del Ministerio del Interior con empresas de Israel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Diputados.
181/001378
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Sánchez Ojeda
¿Cuánto ha pagado el Ministerio del Interior por la rescisión del contrato de balas con la empresa israelí IMI SYSTEMS LTD y en qué fecha se ha producido dicho pago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Diputados.
181/001379
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Ana Belén Vázquez Blanco, Marta González Váquez y Rosa Quintana Carballo
¿Cuál es el número de identificaciones realizadas en cada etapa de La Vuelta, número de detenidos en cada etapa y número de denuncias tanto penales como administrativas en cada una de las etapas de La Vuelta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Ana Belén Vázquez Blanco, Marta González Vázquez y Rosa Quintana Carballo, Diputadas.
181/001380
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Ana Belén Vázquez Blanco Marta González Váquez y Rosa Quintana Carballo
¿Cuál fue el número de efectivos planificados originariamente, por etapas, para cubrir la carrera y su paso por las distintas localidades y el número de efectivos en que se incrementó el dispositivo, por etapas, para cubrir la carrera y su
paso por las distintas localidades a partir de la primera etapa que concluyó en el País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2025.-Ana Belén Vázquez Blanco, Marta González Vázquez y Rosa Quintana Carballo, Diputadas.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001349
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Celso Delgado Arce y Esther Llamazares Domingo
¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con el dictamen motivado de la Comisión Europea en el que solicita a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de
concesión de las autopistas del Atlántico AP-9 y del Huerna AP-66?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Celso Luis Delgado Arce y Esther Llamazares Domingo, Diputados.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001364
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
María Isabel Prieto Serrano, Rafael Belmonte Gómez, María Torres Tejada y Jaime de Olano Vela
¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio de Trabajo y Economía Social para mejorar la coherencia de las normas y simplificarlas a fin de propiciar y favorecer un marco de actuación en las relaciones laborales, más dinámico y eficiente para
las empresas, especialmente las PYMES que son las que generan el 70% del empleo, en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez, María Torres Tejada y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.
181/001365
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
María Isabel Prieto Serrano, Rafael Belmonte Gómez, María Torres Tejada y Jaime de Olano Vela
¿Qué valoración tiene el Gobierno, en concreto el Ministerio de Trabajo y Economía Social, respecto a la opinión emitida por el Banco de España en su último informe sobre la normativa densa y fragmentada que eleva costes a las empresas y
dificulta el emprendimiento, con los consiguientes efectos negativos en el mercado laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez, María Torres Tejada y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.
181/001366
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
María Isabel Prieto Serrano, Rafael Belmonte Gómez, María Torres Tejada y Jaime de Olano Vela
¿Considera el Gobierno, en concreto el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que el incremento notable del absentismo laboral en los últimos años, con una tasa del 7 % en el primer trimestre del año 2025, lo que implica que 1,5 millones
de trabajadores no acude a su puesto de trabajo cada día, está afectando de forma negativa al funcionamiento del mercado laboral en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez, María Torres Tejada y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.
181/001367
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
María Isabel Prieto Serrano, Rafael Belmonte Gómez, María Torres Tejada y Jaime de Olano Vela
¿Considera el Gobierno, en concreto el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que el incremento notable del absentismo laboral en los últimos años, con una tasa del 7% en el primer trimestre del año 2025, lo que implica que 1,5 millones de
trabajadores no acude
a su puesto de trabajo cada día, requiere de una respuesta inmediata por parte de los poderes públicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez, María Torres Tejada y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001353
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa
¿Es cierto que en la próxima planificación de la red de transporte eléctrico se reforzarán 20 subestaciones y se crearán 4 subestaciones nuevas en Euskadi, incrementando la capacidad de acceso y conexión en alrededor de 5.000 MW?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/001354
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa
¿Cuáles son los compromisos ya alcanzados con otras comunidades autónomas, además de Euskadi, para incrementar la capacidad de acceso y conexión en la red de transporte eléctrico que discurre por sus territorios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/001355
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa
¿Está elaborada la propuesta inicial de la Planificación de la red de transporte eléctrico 2025-2030 a que se refiere el artículo quinto de la Orden TED/1375/2023, de 21 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/001356
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa
¿En qué fecha prevé el Gobierno que será sometida al Congreso y en qué fecha estima que será aprobada por el gobierno la Planificación de la Red de Transporte para el próximo sexenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/001357
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa
¿Se ha emitido informe de la CNMC sobre la planificación inicial de la Red de Transporte Eléctrico para el próximo sexenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/001358
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa
¿Qué criterios se van a utilizar para el reparto entre las comunidades autónomas de los recursos adicionales anunciados con el proyecto de real decreto que regulará las inversiones en redes de transporte y distribución eléctrica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/001359
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa
¿En qué estado de ejecución está la planificación vigente de la red de transporte eléctrico 2021-2026?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/001360
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa
¿Se solaparán las inversiones de la Planificación de la Red de Transporte eléctrico en 2026, con actuaciones procedentes de la planificación vigente 2021-2026 y la de 2026-2030 que se anuncia para el próximo sexenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/001361
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa
¿El aumento anunciado de los límites de inversión para la planificación de la red de transporte eléctrico supone que la planificación nueva retrocede de nuevo a la fase de propuestas iniciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/001362
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa
¿Garantizará el Gobierno la participación equitativa de todos los actores del sistema, incluidas las comunidades autónomas, en la inversión adicional habilitada para la planificación de la red de transporte eléctrico para el próximo sexenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/001363
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa
¿Está el Gobierno cumpliendo los plazos y los procedimientos de la planificación vinculante de la red de transporte eléctrico establecidos en la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
Comisión de Sanidad
181/001348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Sanidad
¿Cómo está la Atención Primaria en nuestro Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2025.-David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
SECRETARÍA GENERAL
292/000020
ACUERDO DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE CONVOCATORIA DE SEIS BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL RELACIONADA CON EL PARLAMENTO
En el ámbito de sus actividades, destinadas a difundir el mejor conocimiento de la Institución Parlamentaria y las informaciones que en ella se generan, el Congreso, por acuerdo de la Mesa de la Cámara de 16 de septiembre de 2025, convoca el
presente concurso con el fin de adjudicar seis becas individuales de formación práctica sobre comunicación institucional, de acuerdo con las bases que figuran a continuación:
Primera. Objeto y condiciones.
1. El Congreso convoca seis becas individuales de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con la actividad parlamentaria. El desarrollo de las becas estará dirigido por la Dirección de Comunicación de la Cámara.
Los estudios y trabajos prácticos realizados quedarán en propiedad del Congreso.
2. De dichas becas se reservará una para su concesión entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que reúna los requisitos establecidos en la base cuarta y acredite, dentro del plazo al que se refiere
el apartado 2 de la base quinta, el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. En el caso de que dicha beca no quedara cubierta acrecerá al turno libre. Quienes participen y
deseen acogerse al turno de reserva previsto en el párrafo anterior deberán consignarlo así en la correspondiente instancia.
Segunda. Duración y cuantía.
1. Cada una de las seis becas tendrá una duración de doce meses. El inicio de las mismas se comunicará a las personas beneficiarias simultáneamente a la notificación de la concesión. Las becas terminarán el 31 de diciembre de 2026.
2. La cuantía total de la beca será de dieciocho mil euros (18.000 ) brutos, que se percibirán finalizado cada mes a razón de una cuantía bruta de mil quinientos euros (1.500 ) y que estarán sujetos a las retenciones que procedan.
3. Asimismo, quienes se beneficien de la beca contarán con la cobertura otorgada por la Seguridad Social, según la normativa vigente en cada momento y dentro de los requisitos y condiciones propios de este tipo de becas.
4. Las becas serán indivisibles, improrrogables e incompatibles con cualquier otra concedida para el mismo periodo o con cualquier otro trabajo remunerado. También serán incompatibles con la percepción de prestaciones por desempleo.
5. La concesión y disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial entre el/la becario/a y la Cámara. No es aplicable a estas becas el Estatuto del personal investigador en formación.
Tercera. Jurado.
1. Las becas se concederán por la Mesa del Congreso, a propuesta de un Jurado integrado por la Presidenta del Congreso de los Diputados o Vicepresidente/a en quien delegue, que lo presidirá; otros dos miembros de la Mesa de la Cámara, el
Secretario General del Congreso o, por delegación, una Secretaria General Adjunta y la Directora de Comunicación, que actuará como Secretaria.
2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Jurado se reunirá para examinarlas y elevar la propuesta a la Mesa antes del día 20 de diciembre de 2025.
3. La concesión de las becas se propondrá por el Jurado por mayoría de votos y se otorgarán por la Mesa, igualmente, por mayoría de votos; también podrán declararse desiertas. El Jurado propondrá asimismo 12 suplentes para los casos de
renuncia o no justificación de requisitos y méritos de los adjudicatarios.
4. De las deliberaciones se levantará acta con los acuerdos del Jurado, firmada por la Secretaria con el visto bueno de la Presidenta.
Cuarta. Requisitos de las personas solicitantes.
1. Podrán solicitar la concesión de esta beca las personas de nacionalidad española que reúnan las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión del título universitario de Graduado en Periodismo o en Comunicación Audiovisual.
b) Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1997.
c) En la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, no haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca de las mismas características en las Cortes Generales (Congreso de los Diputados o Senado).
2. Sin perjuicio de lo previsto en la base primera, las personas solicitantes deberán reunir las condiciones psicofísicas requeridas para la realización efectiva de las prácticas, y no deberán haber sido separadas, mediante expediente
disciplinario, de servicios del Estado o de cualquier Ente Territorial.
Quinta. Presentación de las solicitudes.
1. La solicitud se ajustará, necesariamente, al modelo de instancia que se adjunta como anexo I de la presente convocatoria y se presentará en la Secretaría de la Dirección de Comunicación (calle de Floridablanca s/n, Edificio Ampliación
II, planta baja, Congreso de los Diputados, 28071 Madrid), en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes; por correo electrónico (becas.comunicacion@congreso.es) o bien en la forma prevista en el artículo 16.4.b de la Ley
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. En caso de enviarse por correo, el envío deberá ser certificado, con el sello de Correos en la primera hoja del modelo de instancia (anexo I), con el fin de garantizar que la fecha de remisión es anterior a la de cierre de la
convocatoria.
3. El plazo para la presentación de instancias será de quince días hábiles, siguientes a la fecha de publicación en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Sexta. Requisitos de las solicitudes.
1. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Copia del título académico que acredite estar en posesión de la titulación requerida en la presente convocatoria o Certificación Académica Personal, con validez oficial en la que consten las materias que constituyen el programa completo y
acredite haber aprobado todas las asignaturas del respectivo plan de estudios.
b) Copia del documento nacional de identidad en vigor.
c) Relación de méritos académicos y profesionales, así como puntuación de los mismos según el baremo (anexo III), a cuyo efecto será imprescindible adoptar el modelo que figura en el anexo II, debidamente cumplimentado en español y en buena
y debida forma. Es obligatorio indicar de forma expresa y clara la puntuación total de los méritos alegados.
d) Acreditación documental fehaciente de los méritos académicos y profesionales alegados en el punto anterior (anexo II). Dicha documentación deberá presentarse formalmente organizada y numerada, siguiendo la disposición de los epígrafes
del modelo citado en el apartado anterior (anexo II). Para ello, se indicará en los documentos que se adjunten el número del mérito a que se refiera en el formulario (p, e.: A.1, A.2, B.1, B.2,...).
Los méritos académicos deberán acreditarse con la copia del correspondiente título o certificado académico personal que acredite que se han concluido los estudios. Deberá también adjuntarse el programa académico y el plan de estudios.
Los méritos profesionales deberán acreditarse con documento emitido por la entidad correspondiente que detalle la duración, el tipo de contrato, el número de horas semanal, el puesto ocupado y las tareas desempeñadas.
No se valorarán los méritos que no estén debidamente acreditados.
e) Copia de la resolución de reconocimiento de grado de discapacidad, en su caso.
f) Informe de vida laboral de la Seguridad Social.
g) Curriculum vitae.
Se podrán presentar fotocopias de toda esta documentación. No obstante, el Jurado podrá requerir quien concurra, en cualquier momento del procedimiento, la aportación de los documentos originales para su cotejo.
2. Las personas que no hayan sido seleccionadas ni como titulares ni como suplentes de la beca, podrán recuperar la documentación presentada en los dos meses siguientes contados a partir de la resolución de concesión de la beca. Una vez
finalizado dicho plazo, dicha documentación será destruida.
Séptima. Concesión de las becas.
El Jurado hará la selección entre aquellas personas admitidas en dos fases: una primera, consistente en la valoración de los méritos alegados, y una segunda, en la que el Jurado entrevistará a quienes hayan obtenido las puntuaciones más
altas.
1. Primera fase: Valoración de méritos alegados.
La valoración de las solicitudes se realizará tomando en consideración los méritos alegados, que se evaluarán de la siguiente manera, aplicando el baremo que se adjunta como anexo III:
A) Formación académica, hasta un máximo de 50 puntos:
a.1) Estudios de posgrado sobre Periodismo y/o comunicación institucional o corporativa, hasta un máximo de 40 puntos.
a.2) Otros méritos, hasta un máximo de 10 puntos.
Se tendrán en cuenta las titulaciones oficiales universitarias o expedidas por centros adscritos a una universidad.
Solo se valorarán los títulos de posgrado en Periodismo (generalista o especializado en los ámbitos político, parlamentario, jurídico o económico) y los títulos de posgrado en Comunicación en los que las materias de comunicación
institucional o corporativa supongan al menos el 50 por ciento de la totalidad del programa.
La formación académica se computará según el número de créditos ECTS o, en su defecto, según el número de horas lectivas.
Para la valoración de la formación en Comunicación Institucional o Corporativa y Periodismo (generalista o especializado en los ámbitos político, parlamentario, jurídico o económico) se tendrán en cuenta los Máster y Programas Oficiales de
Doctorado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y por el Real Decreto 861/2010, de 2
de julio por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre; así como los Títulos Universitarios Oficiales de Posgrado regulados por el Real Decreto 56/2005 de 21 de enero. También se valorarán los títulos propios universitarios en
Comunicación Institucional o Corporativa y Periodismo generalista o especializado en los ámbitos político, parlamentario, jurídico o económico de más de 10 créditos.
B) Formación práctica extracurricular y experiencia profesional, hasta un máximo de 45 puntos.
b.1) Formación práctica y/o experiencia en departamentos de comunicación en funciones relacionadas con el objeto de la beca.
b.2) Formación práctica y/o experiencia en medios de comunicación en funciones relacionadas con el objeto de la beca.
La experiencia práctica se evaluará por meses completos y de acuerdo con el número de horas semanal o la periodicidad de las colaboraciones de acuerdo con la puntuación detallada en el anexo III.
Por cada práctica o trabajo se deberá aportar un certificado en el que se especifique su duración, el tipo de contrato, el número de horas semanal, el puesto ocupado y las tareas desempeñadas. No se tendrán en cuenta las prácticas
curriculares o las que formen parte del máster, posgrado, o curso de especialización. Solo se evaluarán, en su caso, las que debidamente justifiquen su carácter extracurricular.
C) Idiomas alemán, francés o inglés, hasta un máximo de 5 puntos. Solo se valorarán los certificados de centros oficiales que acrediten el nivel alcanzado dentro del Marco Común de Referencia para Lenguas, a partir del B2 o equivalente.
2. Segunda fase: Entrevista personal.
Las personas aspirantes que hayan obtenido las veinticinco puntuaciones más altas en la fase anterior serán convocadas a una entrevista personal que se hará de forma presencial en el Congreso. El lugar, fecha y hora serán comunicados a cada
una de ellas oportunamente. La entrevista versará sobre los méritos alegados, preparación en materias de actualidad, parlamentarias y de comunicación, relacionadas con el objeto de la beca, así como sobre proyección profesional e idoneidad,
pudiendo ser sometidos a pruebas con el fin de comprobar su conocimiento sobre los méritos alegados.
Octava. Presentación de la documentación por las personas adjudicatarias de las becas.
Las personas adjudicatarias de las becas deberán presentar en el plazo en el que se les indique certificación original de la titulación universitaria requerida.
Novena. Obligaciones de la/el becaria/o.
1. La/el becaria/o, por el solo hecho de solicitar esta beca, se compromete a aceptar las bases de la presente convocatoria y las demás normas que resulten de aplicación como consecuencia de la misma, así como a cumplir con las siguientes
obligaciones:
a) Aceptar la beca concedida en el modo y plazo que en la notificación de resolución se le indique. De no ser así, se entenderá que la/el becaria/o renuncia a la misma y se
concederá a quien figure en primer lugar en la relación de suplentes del Acuerdo de concesión.
b) Cumplir las normas de asistencia y realizar la actividad formativa en jornada completa en el departamento que se le asigne, con sujeción a las indicaciones de sus responsables y de acuerdo con la actividad parlamentaria e institucional,
con el fin de garantizar el mejor aprovechamiento de la beca de formación práctica.
c) Observar la mayor discreción y confidencialidad en todo lo que se refiere a los asuntos, hechos o informaciones de los que hubiera tenido conocimiento durante el periodo de la beca. No deberá difundir, bajo ninguna forma, documentos o
informaciones que no hubieran sido hechos públicos a personas que no estuvieran cualificadas para tener conocimiento de los mismos, a reserva del acuerdo previo de la institución. Se seguirán sometiendo a esta obligación después de finalizar su
periodo de prácticas.
d) No haber adquirido ni adquirir durante el periodo de la beca ningún compromiso u obligación que impida el cumplimiento íntegro y continuado de aquella, salvo renuncia expresa de la misma.
2. El Congreso se reserva el derecho de suspender la beca en el supuesto de que la/el becaria/o no realizara los trabajos para su formación práctica en condiciones satisfactorias.
3. El incumplimiento por la/el becaria/o de sus obligaciones podrá dar lugar a la privación de la beca por el tiempo que quedara pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades que resultaran exigibles.
Décima. Renuncia a la beca concedida.
En el caso de renuncia a la beca concedida, la persona adjudicataria deberá presentar el correspondiente escrito de renuncia dirigido al Secretario General del Congreso de los Diputados, quien adjudicará la beca por el periodo de disfrute
restante a la persona suplente, según el orden obtenido en el proceso de selección.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2025.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Socias.
ANEXO I
Solicitud de becas de formación práctica sobre comunicación institucional
Datos personales del/a solicitante
1.º Apellido;;2.º Apellido;;
Nombre;;DNI/NIF;;
Domicilio (C. Av. P. Pl.);;;Núm.;Piso
Localidad;Provincia;;;C.P.
Teléfono;;Tel. móvil;;
Correo electrónico;;;;
Fecha de nacimiento;;;;
Documentos que se adjuntan;;;;
? DNI;;? CV;;
? Formulario de méritos (anexo II);;? Justificación de méritos alegados;;
;;? Informe de vida laboral;;
Turno de reserva para personas con discapacidad;;;;
? La persona aspirante NO SE ACOGE al turno de reserva para personas con discapacidad.;;;;
? La persona aspirante SE ACOGE al turno de reserva para personas con discapacidad, comprometiéndose a acreditar el grado de discapacidad establecido para este turno y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
correspondientes.;;;;
? La persona aspirante DECLARA que, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, no ha disfrutado durante más de seis meses de otra beca de las mismas características en las Cortes Generales (Congreso o Senado).;;;;
EXPONE que desea obtener una de las becas de formación práctica sobre comunicación institucional, a cuyo efecto hace constar que acepta las bases de la convocatoria y que cumple con los requisitos de la misma.;;;;
En ......................................., a ............ de ........................ de 2025
(Firma del solicitante)
EXCMO. SR. SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ANEXO II
Relación de méritos
Apellidos ..................................................... Nombre: .....................................................
1. Titulación:
.................................................................................................................................
Universidad de .........................................................................................................
Curso académico de finalización de los estudios _______ /_______
A. Formación académica (máximo 50 puntos)
A.1 Títulos, diplomas y estudios, hasta un máximo de 40 puntos:
(Licenciaturas, grados y diplomaturas distintos de los exigidos para optar a la beca)
N.º ;Título;Centro que lo expide;Fecha de obtención;N.º de créditos;Puntos
A1;;;;;
A1;;;;;
A1;;;;;
A1;;;;;
A1;;;;;
A1;;;;;
;;SUMA TOTAL;;;
A.2 Otros méritos, hasta un máximo de 10 puntos:
N.º ;Título;Centro que lo expide;Fecha de obtención;N.º de créditos;Puntos
A2;;;;;
A2;;;;;
A2;;;;;
A2;;;;;
A2;;;;;
A2;;;;;
;;SUMA TOTAL;;;
B. Formación práctica extracurricular y experiencia profesional (máximo 45 puntos)
B.1 Formación práctica en departamentos de comunicación:
N.º;Puesto ocupado;Institución, organismo o empresa;Fechas;N.º de meses;Curricular/extracurricular;Horas/semana;Puntos
B1;;;;;;;
B1;;;;;;;
B1;;;;;;;
B1;;;;;;;
B1;;;;;;;
B1;;;;;;;
;;;SUMA TOTAL;;;;
B.2 Formación práctica en medios de comunicación:
N.º;Puesto ocupado;Institución, organismo o empresa;Fechas;N.º de meses;Curricular/extracurricular;Horas/semana;Puntos
B2;;;;;;;
B2;;;;;;;
B2;;;;;;;
B2;;;;;;;
B2;;;;;;;
B2;;;;;;;
;;;SUMA TOTAL;;;;
C. Idiomas (máximo 5 puntos):
N.º;Idioma;Nivel;Puntos
C;Inglés;;
C;Francés;;
C;Alemán;;
;;SUMA TOTAL;
SUMA TOTAL DE PUNTOS (*);
El abajo firmante declara que los datos reseñados son correctos y ciertos y pueden justificarse documentalmente.
En ......................................., a ............ de ........................ de 2025
(Firma)
* Es obligatorio indicar de forma expresa y clara la puntuación total de los méritos alegados.
ANEXO III
Baremo de aplicación para la valoración de méritos de las becas de formación práctica sobre comunicación institucional del Congreso
A) FORMACIÓN ACADÉMICA (máximo 50 puntos).
A.1) Títulos, diplomas y estudios, hasta un máximo de 40 puntos:
- Máster en comunicación institucional o corporativa, con un mínimo de 60 créditos ECTS*: 10 puntos.
- Máster en periodismo (generalista o especializado en los ámbitos político, parlamentario, jurídico o económico), con un mínimo de 60 créditos ECTS: 8 puntos.
- Posgrado en comunicación institucional o corporativa de entre 35 y 59 créditos ECTS: 6 puntos.
- Posgrado en periodismo generalista o especializado en los ámbitos político, parlamentario, jurídico o económico, de entre 35 y 59 créditos ECTS: 5 puntos.
- Posgrado en comunicación institucional o corporativa entre 20 y 34 créditos ECTS: 4 puntos.
- Posgrado en periodismo generalista o especializado en los ámbitos político, parlamentario, jurídico o económico, entre 20 y 34 créditos ECTS: 3 puntos.
- Otros cursos sobre periodismo o comunicación de un mínimo de 30 horas lectivas: 0,5 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
* Un crédito ECTS equivale a 25 horas lectivas.
A.2) Otros méritos, hasta un máximo de 10 puntos:
- Doctorado en periodismo o comunicación: 2 puntos.
- Doctorado en otras materias: 1 punto.
- Grado en Periodismo y grado en Comunicación Audiovisual: 4 puntos
- Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual: 3 puntos
- Doble grado que incluya Periodismo o Comunicación Audiovisual: 2 puntos
- Grado en ciencias sociales o jurídicas: 2 puntos.
- Doble grado en ciencias sociales o jurídicas: 3 puntos.
- Programas de intercambio universitario en España o en el extranjero (p.e. Erasmus, Séneca): 1 punto.
B) FORMACIÓN PRÁCTICA EXTRACURRICULAR Y EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 45 puntos).
B.1) Formación práctica y/o experiencia en departamentos de comunicación en funciones relacionadas con el objeto de la beca. 1 punto por mes y jornada superior a 30 horas semanales; 0,5 puntos por mes y jornada de entre 20 y 29 horas
semanales; 0,25 puntos por mes y jornada de entre 10 y 19 horas semanales.
B.2) Formación práctica y/o experiencia en medios de comunicación en funciones relacionadas con el objeto de la beca.1 punto por mes y jornada superior a 30 horas semanales; 0,5 puntos por mes y jornada de entre 20 y 29 horas semanales;
0,25 puntos por mes y jornada de entre 10 y 19 horas semanales. Colaboraciones con una periodicidad inferior a un mes: 0,10 puntos por mes.
C) Idiomas, hasta un máximo de 5 puntos.
- Nivel B2: 1 puntos por idioma.
- Nivel C1: 2 puntos por idioma.
- Nivel C2: 3 puntos por idioma.
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 16 de septiembre de 2025, acordó, en relación con la convocatoria de seis becas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con el Parlamento y, de
conformidad con la base tercera de dicha convocatoria, que el Jurado esté integrado por las siguientes personas:
- Excmo. Sr. D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Vicepresidente Primero, que lo presidirá.
- Excma. Sra. D.ª Esther Gil de Reboleño Lastortres, Vicepresidenta Tercera.
- Excma. Sra. D.ª Carmen Navarro Lacoba, Secretaria Cuarta.
- Ilma. Sra. D.ª Sylvia Martí Sánchez, Secretaria General Adjunta para Asuntos Administrativos.
- Ilma. Sra. D.ª María Rosario Rodríguez García, Directora de Comunicación, que actuará como Secretaria del Jurado.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.