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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 401, de 30/09/2025
cve: BOCG-15-D-401
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de septiembre de 2025
Núm. 401
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000016 Calendario de sesiones plenarias para el período septiembre-diciembre de 2025.
Modificación ... (Página6)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de sufragio de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención de
la ONU de derechos de las personas con discapacidad ratificada por el Reino de España ... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002456 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, relativa a la inclusión del apartheid de género en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ... (Página11)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al establecimiento de una cláusula de garantía salarial para el personal empleado público ... (Página14)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para el estudio de una nueva estación de Rodalies en el municipio de Premià de Mar ... (Página15)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora del funcionamiento y la dotación de personal suficiente en el Instituto Social de la Marina y en las Capitanías Marítimas de Galicia ...
161/002471 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la protección de los refugiados palestinos ... (Página20)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora del funcionamiento y la dotación de personal suficiente en el Instituto Social de la Marina y en las Capitanías Marítimas de Galicia ...
161/002457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el desarrollo de una propuesta de etiquetado frontal de alimentos acorde con el Reglamento de la UE, adaptado a los hábitos de consumo, la
industria transformadora española y de la dieta mediterránea ... (Página26)
161/002463 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al proyecto de Real Decreto por el que se regulan las medidas de gestión de los recursos pesqueros y su incidencia en la pesca recreativa ...
161/002468 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a apoyos al sector agrario ante los incendios ocurridos en España en agosto de 2025 ... (Página31)
161/002469 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación de la flota del cerco y de artes menores de Galicia agravadas por la falta de cuota de sardina ... (Página34)
161/002479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el estudio y aplicación de la PAC ... (Página38)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002465 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de adaptar la aplicación del impuesto sobre el depósito, incineración y coincineración de residuos a la realidad de las Regiones
Ultraperiféricas (RUP) como Canarias ... (Página40)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de un plan europeo sobre vivienda ... (Página42)
Comisión de Cultura
161/002458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la eliminación de las barreras aduaneras y fiscales que dificultan el transporte de obras de arte entre Canarias y el resto del Estado y la Unión
Europea, en apoyo a la movilidad cultural del archipiélago canario ... (Página43)
161/002466 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento de las rogativas y romerías sexenales y septenales de carácter cívico o religioso en España como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
... (Página45)
161/002475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la defensa y el impulso de las Sociedades Económicas de Amigos del País como centros dinamizadores de la cultura y la ciencia en todas sus
expresiones ... (Página47)
Comisión de Sanidad
161/002467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la financiación necesaria para asegurar la plena implementación en todo el Sistema Nacional de Salud de las recomendaciones
aprobadas en la 'Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental' ... (Página49)
161/002474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución real de avances tangibles en la prevención y el tratamiento integral y multidisciplinar del Alzheimer ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002461 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para apoyar la Presidencia de España de la Conferencia Interparlamentaria Europea del Espacio (CIEE-EISC) como una nueva oportunidad para reforzar el papel de
nuestro país como referente en el ámbito espacial europeo y mundial ... (Página52)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002478 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta a proceder con urgencia a la realización de una auditoría integral de los fondos destinados a la Cooperación Española al Desarrollo ...
Comisión de Igualdad
161/002476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la protección del derecho al honor, la dignidad y la intimidad de las víctimas de violencia machista y vicaria ...
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/002473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, instando al Gobierno a realizar una auditoría integral del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento en casos de violencia de género
y violencia sexual ... (Página59)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/001346 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre disposición del Gobierno de presentar, con la mayor brevedad posible, un proyecto de ley que permita establecer una cláusula de garantía salarial para el
personal empleado público, de forma que sus salarios se actualicen automáticamente cada año en función del incremento del IPC real ... (Página63)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001334 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de habilitar un periodo no inferior a seis meses para la formación y adaptación de los trabajadores y trabajadoras del mar a los nuevos
requerimientos del Reglamento de Ordenación de Navegación Marítima durante el cual las Capitanías Marítimas sigan realizando los trámites digitales ahora obligatorios ... (Página63)
181/001342 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones respecto de la instalación de pasos de peatones elevados o bien de pasos regulados por semáforo a demanda o con control de velocidad en los
municipios de Barbantes, Laias, Rozamonde, Xubín y Trasaríz de la N-120 en el Concello de Cenlle, que incrementen la seguridad de las personas, especialmente de las personas mayores, al atravesar la carretera de un lado a otro ...
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001335 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de aumentar de forma urgente la oferta y mejorar la gestión de los cursos ofertados por el ISM en Galicia, en particular aquellos de obligado
cumplimiento para que los trabajadores y trabajadoras de mar puedan desempeñar su actividad laboral a bordo ... (Página64)
181/001336 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca mantener todas las oficinas del ISM en Galicia, reforzando la dotación de personal de las mismas para poder prestar los servicios sobre los
que es competente, así como garantizar la cobertura inmediata del personal facultativo de los centros de sanidad marítima en Galicia para evitar retrasos ... (Página65)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001337 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de establecer un diálogo con el colectivo de pescadores recreativos en relación con las
previsiones del proyecto de Real Decreto por el que se regulan las medidas de gestión de los recursos pesqueros para consensuar las previsiones respecto a esta actividad en aguas exteriores ... (Página65)
181/001343 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de eliminar la posibilidad de transferencia de cuota de la normativa vigente, por implicar un lucro particular de un bien público como son los
recursos pesqueros, máxime cuando existen necesidades en otras zonas y flotas ... (Página66)
181/001344 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de realizar una nueva distribución proporcionada de la cuota de sardina entre las zonas 8c y 9a, atendiendo al número de buques y tripulantes
de cada una de ellas ... (Página66)
181/001345 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de negociar el reparto de la cuota de sardina con Portugal para lograr un nuevo acuerdo bilateral equilibrado que tenga en cuenta el número de
buques y tripulantes de cada uno de los dos Estados ... (Página67)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001338 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP), García Félix, Manuel (GP), Melgarejo Moreno, Joaquín (GP), Sánchez Pérez, César (GP) y Folch Blanc, Javier José (GP), sobre punto en
el que se encuentra la tramitación del protocolo por el que la Junta de Andalucía asumirá la ejecución de la presa de Alcolea a cambio de que el Estado lleve a cabo otras obras hidráulicas de valor equivalente en la región ...
181/001339 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP), García Félix, Manuel (GP), Melgarejo Moreno, Joaquín (GP), Sánchez Pérez, César (GP) y Folch Blanc, Javier José (GP), sobre
previsiones acerca de cumplir con el plazo para la firma del protocolo de cesión de la presa de Alcolea ... (Página67)
181/001340 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP), García Félix, Manuel (GP), Melgarejo Moreno, Joaquín (GP), Sánchez Pérez, César (GP) y Folch Blanc, Javier José (GP), sobre obras
previstas para la ejecución de otras infraestructuras hidráulicas de valor equivalente al proyecto de Alcolea, así como calendario aproximado para su ejecución ... (Página68)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/001333 Pregunta formulada por los Diputados Cristóbal Garre Murcia (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP),
Fabra Part, Alberto (GP), Moreno Borrás, Cristina (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Lima García, Laura María (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Bayón Rolo, Juan
Andrés (GP), Sayas López, Sergio (GP) y Noriega Gómez, Javier (GP), sobre contabilidad de las actuaciones de la Tesorería de la Seguridad Social respecto a su patrimonio con las políticas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ...
181/001341 Pregunta formulada por los Diputados Daniel Pérez Osma (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Sayas López, Sergio (GP), Agüera
Gago, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP) y Moreno Borrás,
Cristina (GP), sobre balance que hace el Gobierno del impacto del Plan de Vivienda 2023-2026 en el medio rural ... (Página68)
181/001347 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de acometer la reforma del derecho de retracto en caso de cesión de créditos hipotecarios cuando el destino del préstamo y de la garantía
hipotecaria sea la vivienda habitual de una persona o unidad familiar o de convivencia ... (Página69)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000016
La Mesa de la Cámara, en su segunda reunión del día de hoy, oída la Junta de Portavoces, ha acordado modificar el calendario de sesiones plenarias para el período septiembre-diciembre de 2025, en el sentido de que el jueves 9 de octubre no
se celebre sesión plenaria.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CALENDARIO DE SESIONES PLENARIAS PARA EL PERIODO DE SESIONES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025
V PERIODO DE SESIONES
Semana;Con/Sin Pleno;Observaciones
Del 2 al 4 de septiembre;Sin Pleno;
Del 9 al 10 de septiembre;Con Pleno;
Del 16 al 18 de septiembre;Con Pleno;
Del 23 al 25 de septiembre;Con Pleno;
Del 30 de septiembre al 2 de octubre;Sin Pleno;
Del 7 al 8 de octubre;Con Pleno;
Del 14 al 16 de octubre;Con Pleno;
Del 21 al 23 de octubre;Con Pleno;
Del 28 al 30 de octubre;Con Pleno;
Del 4 al 6 de noviembre;Sin Pleno;
Del 11 al 13 de noviembre;Con Pleno;Festivo el día 10
Del 18 al 20 de noviembre;Con Pleno;
Del 25 al 27 de noviembre;Con Pleno;
Del 2 al 4 de diciembre;Sin Pleno;
Del 9 al 11 de diciembre;Con Pleno;Festivo el día 8
Del 16 al 18 de diciembre;Con Pleno;
Del 23 al 25 de diciembre;Sin Pleno;Festivos los días 24 y 25
Del 30 al 31 de diciembre;Sin Pleno;Festivo el día 31
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/002459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Josep Pagès i Massó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión Constitucional, una
Proposición no de Ley para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de sufragio de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad ratificada por el Reino de
España.
Exposición de motivos
El derecho a la participación política es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Española en sus artículos 23.2 y 28, que debe garantizarse a todos los ciudadanos, en especial a las personas con discapacidad según el artículo
49 de la misma.
En lo que respecta a la garantía del derecho de sufragio activo para las personas ciegas y con discapacidad visual, la situación inicial desde la recuperación de las libertades era que estas personas debían acudir a votar acompañados de una
'persona de su confianza', que votaba por ellas. Así lo establecía el antiguo artículo 87 de la vigente Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
Con la reforma legal operada por la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre que introdujo el actual artículo 87.2 en la LOREG, y la posterior promulgación del Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, que desarrolló un procedimiento de voto
accesible para las personas ciegas, se dio un primer gran paso dirigido a superar la discriminación de las personas con discapacidad visual, paso que falta por completar para lograr una auténtica igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio por
este colectivo. Este es el objetivo que nos impulsa a la presentación de esta proposición no de ley.
En efecto, la regulación del procedimiento de voto accesible abordó la cuestión de forma incompleta, y la modificación del 87.2 de la LOREG, introducida por la Ley Orgánica 3/2011, no ha contribuido a superarla. Cabe señalar que en las
elecciones a Cortes Generales, Parlamento Europeo y Asambleas legislativas Autonómicas, así como en los referéndums, sólo se garantiza el procedimiento de voto accesible en la modalidad de voto presencial en el colegio electoral, no en el resto de
las modalidades de votación como son el voto por correo, y el de los ciudadanos residentes en el extranjero. Conviene
precisar que ni en la Ley Electoral ni en el Real Decreto 1612/2007, que regula el voto accesible, existe norma alguna que justifique esta ausencia de regulación.
Desde ese punto de vista, los diversos Gobiernos no han dado pleno cumplimiento al mandato legal del artículo 87.2 LOREG, al no regular el procedimiento para las distintas modalidades de votación y referirlo únicamente a la modalidad de voto
presencial en la mesa electoral. Tampoco se ha dado pleno cumplimiento desde el momento que se ha excluido la regulación de un procedimiento de voto accesible en las elecciones locales que, de facto, obliga a las personas con discapacidad visual a
votar sin otra alternativa mediante persona de confianza.
El alcance del mandato dado al Gobierno por el Legislador orgánico en su artículo 87.2, tras la reforma de 2011, al decir que 'en todo caso' el procedimiento de voto accesible se aplicará a las elecciones a cortes generales, al parlamento
europeo, a las asambleas autonómicas, y a los casos de referéndum, no puede interpretarse en el sentido restrictivo de que ello excluye la garantía de este derecho en las elecciones locales.
Esta interpretación es insuficiente para dar cumplimiento a la Constitución Española, (en concreto, al artículo 49 en su reciente redacción), y al artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad
ratificada por España en 2008. Según el artículo 10.2 de la Constitución española 'las normas constitucionales y legales, deben interpretarse conforme a los tratados internacionales ratificados por España. De esta manera, el principio pro homine,
obliga a interpretar las normas del modo más favorable a los derechos humanos'.
Pues bien, de la lectura literal de los apartados II) y III) del artículo 29 de la Convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad resulta evidente e indiscutible la obligación del Estado Español de garantizar a las
personas con discapacidad, con carácter general, el pleno ejercicio del derecho de sufragio, con secreto y autonomía, valiéndose para ello de los medios tecnológicos y de apoyo necesarios.
Sólo excepcionalmente, la Convención ampara la utilización del sistema de voto mediante persona de su confianza, pero establece dos requisitos claros concurrentes y restrictivos para permitir su utilización. Sólo podrá utilizarse el voto
asistido por persona de su confianza: Cuando sea necesario para garantizar la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores; y a petición de las propias personas con discapacidad.
Por tanto, de acuerdo con la configuración del derecho de sufragio para las personas con discapacidad que realiza la Convención, se insta a que el procedimiento de voto accesible del artículo 87.2 se adapte a ella, a aplicarse con carácter
general, siendo el Estado responsable de su garantía. El sistema de voto mediante persona de su confianza debe pasar a ser de aplicación excepcional i voluntaria para el elector, y no obligatorio por defecto de regulación legal o de adaptaciones,
como ocurre en el caso de las elecciones locales y de las modalidades no presenciales de votación.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones necesarias, concretamente en el artículo 87 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para que se establezcan aquellos procedimientos de votación, medios de apoyos o
adaptaciones, adoptando todas aquellas medidas que garanticen el ejercicio del derecho de sufragio de las personas con discapacidad, con la finalidad de adaptar el régimen electoral a la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con
Discapacidad.
2. Preservar el derecho al ejercicio del voto de los electores que no sepan leer, o que por razón de discapacidad no puedan servirse de los procedimientos, medios de apoyo o adaptaciones previstos, de forma que puedan solicitar a la
presidencia de la mesa con carácter excepcional y voluntario servirse de una persona de su confianza para votar. La utilización de la persona de confianza será siempre voluntaria para el elector y no podrá justificarse en la absencia de
adaptaciones o medios de apoyo.
3. Regular un procedimiento de votación para las personas ciegas y con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto, que se aplicará en todos los procesos electorales y refrendarios y
en todas las modalidades de votación.
4. Implementar las herramientas necesarias para que este procedimiento se aplique a las elecciones locales, al voto por correo y al voto de los electores residentes en el extranjero, regulando la posibilidad de envío a domicilio de la
documentación de voto accesible para los electores que lo soliciten'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Josep Pagès i Massó, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instàncies del diputat Josep Pagès i Massó, d'acord amb el que s'estableix en l'article 139 i següents del Reglament de la Cambra, presenta per al seu debat a la Comissió Constitucional, una
Proposició no de Llei per a garantir l'exercici del dret fonamental de sufragi de les persones amb discapacitat, d'acord amb l'establert a la Convenció de l'ONU de drets de les persones amb discapacitat ratificada pel Regne d'Espanya.
Exposició de motius
El dret a la participació política és un dret fonamental consagrat en la Constitució Espanyola en els seus articles 23.2 i 28, que ha de garantir-se a tots els ciutadans, especialment a les persones amb discapacitat segons l'article 49
d'aquesta.
Pel que fa a la garantia del dret de sufragi actiu per a les persones cegues i amb discapacitat visual, la situació inicial des de la recuperació de les llibertats, era que aquestes persones havien d'acudir a votar acompanyats d'una 'persona
de la seva confiança', que votava per elles. Així ho establia l'antic article 87 de la vigent Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG).
Amb la reforma legal operada per la Llei orgànica 9/2007, de 8 d'octubre que va introduir l'actual article 87.2 en la LOREG, i la posterior promulgació del Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, que va desenvolupar un procediment de vot
accessible per a les persones cegues, es va fer un primer gran pas dirigit a superar la discriminació de les persones amb discapacitat visual, pas que falta per completar per a aconseguir una autèntica igualtat en l'exercici del dret de sufragi per
aquest col·lectiu. Aquest és l'objectiu que ens impulsa a la presentació d'aquesta proposició no de llei.
En efecte, la regulació del procediment de vot accessible va abordar la qüestió de manera incompleta, i la modificació del 87.2 de la LOREG, introduïda per la Llei orgànica 3/2011, no ha contribuït a superar-la. Cal assenyalar que en les
eleccions a Corts Generals, Parlament Europeu i Assemblees legislatives Autonòmiques, així com en els referèndums, només es garanteix el procediment de vot accessible en la modalitat de vot presencial en el col·legi electoral, no en la resta de
modalitats de votació com són el vot per correu, i el dels ciutadans residents a l'estranger. Convé precisar que ni en la Llei Electoral ni en el Reial decret 1612/2007, que regula el vot accessible, existeix cap norma que justifiqui aquesta
absència de regulació.
Des d'aquest punt de vista, els diversos Governs no han donat ple compliment al mandat legal de l'article 87.2 de la LOREG, al no regular el procediment per a les diferents modalitats de votació i referir-lo únicament a la modalitat de vot
presencial en la mesa electoral. Tampoc s'ha donat ple compliment des del moment que s'ha exclòs la regulació d'un procediment de vot accessible en les eleccions locals que, de facto, obliga les persones amb discapacitat visual a votar sense una
altra alternativa mitjançant persona de confiança.
L'abast del mandat donat al Govern pel Legislador Orgànic en el seu article 87.2, després de la reforma de 2011, en dir que 'en tot cas' el procediment de vot accessible s'aplicarà a les eleccions a corts generals, al parlament europeu, a
les assemblees autonòmiques, i als casos de referèndum, no pot interpretar-se en el sentit restrictiu que això exclou la garantia d'aquest dret en les eleccions locals.
Aquesta interpretació és insuficient per donar compliment a la Constitució Espanyola (en concret, a l'article 49 en la seva recent redacció), i a l'article 29 de la Convenció de Nacions Unides de Drets de les Persones amb Discapacitat
ratificada per Espanya en 2008. Segons l'article 10.2 de la Constitució espanyola 'les normes constitucionals i legals, han d'interpretar-se conforme als tractats internacionals ratificats per Espanya. Així doncs, el principi pro homine, obliga a
interpretar les normes del mode més favorable als drets humans'.
Doncs bé, de la lectura literal dels apartats II) i III) de l'article 29 de la Convenció de l'ONU de drets de les persones amb discapacitat resulta evident i indiscutible l'obligació de l'Estat Espanyol de garantir a les persones amb
discapacitat, amb caràcter general, el ple exercici del dret de sufragi, amb secret i autonomia, valent-se per a això dels mitjans tecnològics i de suport necessaris.
Només excepcionalment, la Convenció empara la utilització del sistema de vot mitjançant persona de la seva confiança, però estableix dos requisits clars concurrents i restrictius per a permetre la seva utilització. Només podrà utilitzar-se
el vot assistit per persona de la seva confiança: Quan sigui necessari per a garantir la lliure expressió de la voluntat de les persones amb discapacitat com a electors; i a petició de les pròpies persones amb discapacitat.
Per tant, d'acord amb la configuració del dret de sufragi per a les persones amb discapacitat que realitza la Convenció, s'insta a que el procediment de vot accessible de l'article 87.2 s'hi adapti, a aplicar-se amb caràcter general, essent
l'Estat responsable de la seva garantia. El sistema de vot mitjançant persona de la seva confiança ha de passar a ser d'aplicació excepcional i voluntària per a l'elector, i no obligatori per defecte de regulació legal o d'adaptacions, com s'esdevé
en el cas de les eleccions locals i de les modalitats no presencials de votació.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a:
1. Realitzar les modificacions necessàries, concretament a l'article 87 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, per tal que s'estableixin els procediments de votació, mitjans de suport o adaptacions, adoptant
totes aquelles mesures que garanteixin l'exercici del dret de sufragi de les persones amb discapacitat, amb la finalitat d'adaptar el règim electoral a la Convenció de l'ONU de Drets de les Persones amb Discapacitat.
2. Preservar el dret a l'exercici del vot dels electors que no sàpiguen llegir, o que per raó de discapacitat no puguin servir-se dels procediments, mitjans de suport o adaptacions previstos, de forma que puguin sol·licitar a la presidència
de la mesa amb caràcter excepcional i voluntari servir-se d'una persona de la seva confiança per a votar. La utilització de la persona de confiança serà sempre voluntària per a l'elector i no podrà justificar-se en l'absència d'adaptacions o
mitjans de suport.
3. Regular un procediment de votació per a les persones cegues o amb discapacitat visual que els permeti exercir el seu dret de sufragi, garantint el secret del vot, que s'aplicarà en tots els processos electorals i referendaris i en totes
les modalitats de votació.
4. Implementar les eines necessàries per tal que aquest procediment s'apliqui a les eleccions locals, al vot per correu i al vot dels electors residents a l'estranger, regulant la possibilitat d'enviament a domicili de la documentació de
vot accessible per als electors que ho sol·licitin.'
Congrés dels Diputats, 17 de setembre de 2025.-Josep Pagès i Massó, Diputat.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu GP Junts per Catalunya.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancia de la diputada Marta Madrenas i Mir, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores, una Proposición no de Ley relativa a la inclusión del apartheid de género en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Exposición de Motivos
La brutal represión contra las mujeres impuesta por el primer régimen de los talibanes en Afganistán a golpe de un sistema de segregación institucionalizada, defensoras afganas de los derechos humanos articularon por primera vez el concepto
de apartheid de género. Pero con la caída del régimen, esta perspectiva de apartheid se debilitó, aunque permaneció latente. Hace cuatro años, con el retorno del actual régimen talibán se ha vuelto imperativo que la comunidad internacional aborde
con contundencia la opresión sistemática que sufren las mujeres en Afganistán.
El actual régimen talibán ha implementado atroces sistemas de segregación, control y subordinación de las mujeres y las niñas. Las mujeres en Afganistán se han visto privadas de sus derechos fundamentales, tienen prohibido recibir educación
secundaria, trabajar, salir solas de casa, mostrar la cara o, incluso, hablar en voz alta en público... El 'Ministerio para la propaganda de la virtud y la prevención del vicio' ha incorporado unas prohibiciones que han convertido al propio país en
una 'prisión' para las mujeres. Se ha llegado al extremo de prohibir que los hombres médicos traten a las mujeres, una condena de muerte encubierta ya que, al no permitir tampoco la educación a las mujeres, en pocos años habrán desaparecido las
mujeres médicas. No es casual que Afganistán actualmente ya tenga una de las tasas más altas de mortalidad materna. De hecho, la comunidad internacional fuimos testigos de la extrema crueldad que supuso que en los últimos terremotos de septiembre
no se prestara ayuda sanitaria a las mujeres heridas.
También en Irán, las mujeres y las niñas viven bajo un sistema que está incrementando a marchas forzadas las medidas y políticas represivas con el Plan Noor, que fomenta, sanciona y apoya las violaciones de los derechos humanos de las
mujeres y niñas que no quieren usar el hiyab.
Un nuevo proyecto de Ley sobre 'hiyab y castidad' prevé nuevas penas mucho más severas aún contra las mujeres que no lleven el hiyab, con penas de prisión aún más largas, restricciones en ámbitos laborales, educativos, de movilidad, etc.
De hecho, una misión de investigación de la ONU reconoció una nueva pauta de condenas a muerte de mujeres activistas en Irán declarándolas culpables de delitos contra la seguridad nacional.
Es recurrente, por tanto, la documentación y testimonios de las persecuciones sistematizadas y violaciones de los derechos humanos por motivos de género en países como Afganistán e Irán, utilizando mecanismos diseñados, coordinados e
institucionalizados por los regímenes en el gobierno
Pero actualmente el derecho internacional no reconoce el crimen de apartheid de género. Aunque los instrumentos jurídicos disponibles, como el crimen de persecución por motivos de género, abordan la existencia de graves violaciones de
derechos por motivos de género, no tienen en cuenta la naturaleza sistemática, diseñada por el Estado e institucionalizada del apartheid de género. Tampoco reflejan la intención específica de mantener un régimen de dominación, que es un elemento
que distingue al apartheid de otros crímenes contra la humanidad.
Mientras que la persecución de género se centra en actos concretos de violencia y discriminación contra individuos o grupos, el apartheid de género va más allá: es un sistema estructural de exclusión y dominación con una intención
ideológica clara. No se trata sólo de políticas represivas aisladas, sino un marco de opresión sostenido en el tiempo, basado en la supremacía masculina y diseñado para justificar y perpetuar la subordinación de un grupo sobre otro.
Esta distinción es clave para comprender la gravedad del apartheid de género y la necesidad de reconocerlo explícitamente en el derecho internacional. Es necesario que las mujeres y niñas que sufren este tipo de opresión tengan mecanismos
efectivos de protección y que los regímenes que las oprimen dejen de actuar con total impunidad.
El reconocimiento del apartheid de género como crimen internacional podría suponer un impacto crucial en la protección de la vida y derechos fundamentales de las mujeres y en la rendición de cuentas de los estados que lo practican. Sin él,
se seguirán oprimiendo a millones de mujeres con total impunidad.
En este sentido es necesario incluir el apartheid de género como crimen internacional mediante la modificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, otorgando a la Corte el mandato de investigar este crimen y enjuiciar a sus
autores.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a procurar:
1. La inclusión del apertheid de género en el proyecto de Convención de las Naciones Unidas sobre los crímenes contra la humanidad.
2. La proposición de una enmienda al Estatuto de Roma dirigida a la inclusión del crimen de apartheid de género como uno de los crímenes enjuiciables por la Corte Penal Internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2025.-Marta Madrenas i Mir, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancies de la diputada Marta Madrenas i Mir, a l'empara del que estableix l'article 193 i s del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la Comissió d'Assumptes Exteriors, una
Proposició no de Llei relativa a la inclusió de l'apartheid de gènere en l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional.
Exposició de Motius
Amb la brutal repressió contra les dones imposada pel primer règim dels talibans a l'Afganistan a cop d'un sistema de segregació institucionalitzada, defensores afganeses dels drets humans van articular per primer cop el concepte d'apartheid
de gènere. Però amb la caiguda del règim, aquesta perspectiva d'apartheid es va afeblir tot i que va romandre latent. Ara fa quatre anys, amb el retorn de l'actual règim talibà s'ha tornat imperatiu que la comunitat internacional abordi amb
contundència la opressió sistemàtica que pateixen les dones a l'Afganistan.
L'actual regim talibà ha implementat atroços sistemes de segregació, control i subordinació de les dones i les nenes. Les dones a l'Afganistan s'han vist privades dels seus drets fonamentals, hi tenen prohibit rebre educació secundària,
treballar, sortir soles de casa, mostrar la cara o, fins i tot, parlar en veu alta en públic... El 'Ministeri per a la propaganda de la virtut i la prevenció del vici' ha incorporat unes prohibicions que han convertit el mateix país en una 'presó'
per a les dones. S'ha arribat a l'extrem de prohibir que els homes metges tractin a les dones, una condemna de mort encoberta ja que, al no permetre tampoc l'educació a les dones, en pocs anys hauran desaparegut les dones metgesses. No és casual
que l'Afganistan actualment ja tingui una de les taxes més altes
de mortalitat materna. De fet, la comunitat internacional vam ser testimonis de la extrema crueltat que suposà que en els darrers terratrèmols de setembre no es va prestar ajuda sanitària a les dones ferides.
També a l'Iran, les dones i les nenes viuen sota un sistema que està incrementant a marxes forçades les mesures i polítiques repressives amb el Pla Noor, que fomenta, sanciona i dona suport a les violacions dels drets humans de les dones i
les nenes que no volen usar el hiyab.
Un nou projecte de Llei sobre 'hiyab i castedat' preveu noves penes molt més severes encara per les dones que no portin el hiyab, amb penes de presó encara més llargues, restriccions en àmbits laborals, educatius, de mobilitat, etc.
De fet, una missió d'investigació de la ONU va reconèixer una nova pauta de condemnes a mort de dones activistes a l'Iran declarant-les culpables de delictes contra la seguretat nacional.
És recurrent, per tant, la documentació i testimonis de les persecucions sistematitzades i violacions dels drets humans per motius de gènere en països com l'Afganistan i Iran, utilitzant mecanismes dissenyats, coordinats i
institucionalitzats pels règims al govern.
Però, actualment, el dret internacional no reconeix el crim d'apartheid de gènere. Tot i que els instruments jurídics disponibles, com ara el crim de persecució per motius de gènere, aborden l'existència de violacions greus de drets per
motius de gènere, no tenen en compte la naturalesa sistemàtica, dissenyada per l'Estat i institucionalitzada de l'apartheid de gènere. Tampoc no reflecteixen la intenció específica de mantenir un règim de dominació, que és un element que distingeix
l'apartheid d'altres crims contra la humanitat.
Mentre que la persecució de gènere se centra en actes concrets de violència i discriminació contra individus o grups, l'apartheid de gènere va més enllà: és un sistema estructural d'exclusió i de dominació amb una intenció ideològica clara.
No es tracta només de polítiques repressives aïllades, sinó un marc d'opressió sostingut en el temps, basat en la supremacia masculina i dissenyat per justificar i perpetuar la subordinació d'un grup sobre un altre.
Aquesta distinció és clau per comprendre la gravetat de l'apartheid de gènere i la necessitat de reconèixer-lo explícitament al dret internacional. Cal que les dones i nenes que pateixen aquest tipus d'opressió tinguin mecanismes efectius
de protecció i que els règims que les oprimeixen deixin d'actuar amb total impunitat.
El reconeixement de l'apartheid de gènere com a crim internacional podria suposar un impacte crucial en la protecció de vida i els drets fonamentals de les dones i en la rendició de comptes dels estats que el practiquen. Sense ell, se
seguiran oprimint milions de dones amb total impunitat.
En aquest sentit cal incloure l'apartheid de gènere com a crim internacional mitjançant la modificació de l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, atorgant a la Cort el mandat d'investigar aquest crim i enjudiciar els seus autors,
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a procurar:
1. La inclusió de l'apertheid de gènere en el projecte de Convenció de les Nacions Unides sobre els crims contra la humanitat.
2. La proposició d'una esmena a l'Estatut de Roma dirigida a la inclusió del crim d'apartheid de gènere com a un dels crims enjudiciables per la Cort Penal Internacional.'
Congrés dels Diputats, 15 de setembre de 2025.-Marta Madrenas i Mir, Diputat.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu Grup Parlamentari Junts per Catalunya.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002470
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al establecimiento de una cláusula de garantía salarial para el personal empleado público, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Desde el año 2010, el personal empleado público sufre una pérdida continuada de su poder adquisitivo, que ya supera el 20 % en el momento actual. Las políticas económicas impulsadas por los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE, junto con
el impacto de las crisis económicas y la pandemia de la COVID-19, han tenido consecuencias muy negativas en las condiciones salariales del personal al servicio de las administraciones públicas.
La rebaja salarial del 5 % decretado en 2010, las congelaciones salariales posteriores y los acuerdos de incrementos retributivos inferiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) han contribuido al empobrecimiento progresivo del personal
público.
Esta situación hace que, hoy en día, muchas personas trabajadoras de la administración tengan serias dificultades para hacer frente a los gastos derivados de la vivienda, la cesta de la compra, los suministros o incluso para cubrir
necesidades básicas.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aunque necesaria, evidencia esta realidad cuando los salarios de algunos cuerpos y escalas básicas de la administración se igualan con el SMI y suben con su incremento, revelando así el
nivel de deterioro retributivo del personal público.
En este sentido, creemos adecuado establecer una cláusula de garantía salarial, vinculada al IPC real y blindada por ley, que permita garantizar que los salarios del personal empleado público se actualicen automáticamente en función del
coste de la vida.
Consideramos que esta cláusula debe constituir la base sobre la que articular futuros acuerdos salariales anuales o plurianuales, con el objetivo de recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Acometer los trámites para el establecimiento de una cláusula de garantía salarial para el personal empleado público que permita que los salarios se actualicen automáticamente cada año en función del incremento del IPC real.
2. Contemplar que esta subida automática sea independiente y complementaria de los incrementos salariales que puedan acordarse en el ámbito de la negociación colectiva general prevista en el artículo 36.1 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao estabelecemento dunha cláusula de garantía salarial para o persoal empregado público, para o seu debate na Comisión de Facenda e Función Pública.
Exposición de motivos
Desde o ano 2010, o persoal empregado público está a padecer a perda continuada do seu poder adquisitivo, superando xa 20 % no momento actual, As políticas económicas impulsadas polos sucesivos gobernos do PP e do PSOE, xunto co impacto das
crises económicas e a pandemia da COVID-19, tiveron consecuencias moi negativas nas condicións salariais do persoal ao servizo das administracións públicas.
A rebaixa salarial de 5 % decretada en 2010, as conxelacións salariais posteriores e os acordos de incrementos retributivos inferiores ao índice de Prezos ao Consumo (IPC) contribuíron ao progresivo empobrecemento do persoal público.
Esta situación provoca que, a día de hoxe, moitas persoas traballadoras da administración teñan serias dificultades para facer fronte aos gastos derivados da vivenda, a cesta da compra, as subministracións ou mesmo para cubrir necesidades
básicas.
A suba do Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aínda que necesaria, evidencia esta realidade cando os salarios dalgúns corpos e escalas básicas da administración vense igualados co SMI e soben coa suba deste, revelando así o nivel de
deterioro retributivo do persoal público.
Neste sentido, cremos adecuado o estabelecemento dunha cláusula de garantía salarial, vinculada ao IPC real e blindada por lei, que permita garantir que os salarios do persoal empregado público se actualicen automaticamente en función do
custo da vida.
Consideramos que esta cláusula debe constituír a base sobre a que artellar os futuros acordos salariais anuais ou plurianuais, co obxectivo de recuperar progresivamente o poder adquisitivo perdido.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Acometer os trámites para o estabelecemento dunha cláusula de garantía salarial para o persoal empregado público que permita que os salarios se actualicen automaticamente cada ano en función do incremento do IPC real.
2. Contemplar que esta suba automática sexa independente e complementaria dos incrementos salariais que poidan acordarse no ámbito da negociación colectiva xeral previsto no artigo 36,1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.'
Madrid, 18 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002460
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley para el estudio de una nueva estación de Rodalies en el municipio de Premià de Mar.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el estudio de una nueva estación de Rodalies en el municipio de
Premiá de Mar, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La construcción de una segunda estación en Premiá de Mar es una reivindicación histórica y unánime de su ciudadanía y poderes públicos. Además, cuenta también con el apoyo de la Generalitat, que elaboró un estudio de viabilidad sobre un
nuevo apeadero el febrero de 2022. Hay que tener en cuenta que éxiste un apeadero en el Camp de Mar que fue construido el 1964, y no llegó a entrar en servicio. El apeadero se ubica al sector de Can Pou-Premiá de Mar, a unos 1.300 metros al norte
de la actual estación. Esta última se cuenta entre las 30 estaciones más importantes de la red de Rodalies. Además, otros municipios próximos cuentan con dos estaciones que distan unos 1.300 metros, como Montgat.
La urgencia de que Premiá de Mar tenga una segunda estación se justifica, antes que nada, por el volumen de personas que viven en este municipio, así como por el uso del transporte público que se hace y que incrementaría considerablemente
con esta nueva construcción. Esto daría servicio a 12.000 vecinos y vecinas de Premiá, además de los municipios vecinos que harían uso, y en su zona de influencia se encontrarían puntos de interés considerable para la movilidad, como el Port de
Premiá. Su disposición territorial también dificulta el acceso a Rodalies, ya que se trata de un municipio alargado donde los barrios más alejados se encuentran a casi dos kilómetros de la estación, dificultando su uso.
El Pla de Mobilitat calcula que hay 87.958 desplazamientos diarios, ahora mismo con una predominancia de conexión del vehículo privado (más del 59 %), en contraposición con el transporte público (26 % en Rodalies Renfe). Esto implica unos
9.000 viajes en Rodalies. Los principales municipios donde se desplazan en día laborable los residentes de Premiá de Mar son hacia Barcelona (29,4 %), Matará (1/7,8 %), el Masnou (7,9 %), Vilassar de Mar (7,2 %) y Premiá de Dalt (6,8 %).
Teniendo en cuenta la reivindicación histórica por parte del municipio, la viabilidad estudiada por la Generalitat y los altos datos de movilidad, redirigir esta última hacia el transporte pública se puede hacer con esta nueva estación,
tanto por cuestiones del derecho a la movilidad como por cuestiones de sostenibilidad. De hecho, el mismo director de Renfe, Antonio Carmona, se mostró predispuesto y receptivo en su visita del pasado octubre.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la colaboración con la Generalitat de Catalunya para que puedan llevarse a cabo los estudios necesarios para evaluar la viabilidad de que se dote al municipio de Premiá de Mar de una segunda
estación, en coordinación con los trabajos del traspaso de la infraestructura de la línea R1'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002454
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la mejora del funcionamiento y la dotación de personal suficiente en el ISM y en las Capitanías Marítimas de Galicia, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
Exposición de motivos
Los servicios prestados por las Capitanías Marítimas y el Instituto Social de la Marina (ISM) son esenciales en el desarrollo ágil y correcto de gran parte de las gestiones que tienen que llevar a cabo los trabajadores del mar en Galicia.
Sin embargo, y pese a su importancia, en ambos casos el propio sector y también el propio Bloque Nacionalista Galego, haciéndose eco de sus reclamaciones, vienen denunciando, a lo largo de los últimos años, una pérdida progresiva de personal
e incluso el cierre de servicios en algunas zonas y, por tanto, un empeoramiento de la atención, cuestión que afecta directamente a la actividad y que provoca obstáculos que urge corregir.
En el caso del ISM, además de la continua reducción de plantilla de sus oficinas, de la falta de oferta de plazas en los cursos, incluso en el caso de los que son obligatorios para que los trabajadores y trabajadoras del mar puedan
desempeñar su trabajo, la falta de facultativos en distintos puntos para llevar a cabo los reconocimientos previos al embarque, incluso se dan casos de retrasos intolerables en la tramitación de las pensiones de jubilación y viudedad.
Situaciones como las vividas recientemente en Camariñas, con las dependencias cerradas durante semanas por falta de cobertura de la plaza, la previsión de un sistema para realizar los reconocimientos médicos a distancia por falta de personal
sanitario presencial, o la exigencia de que las tripulaciones cuenten con un certificado de haber superado un curso de formación sanitaria para el que no hay ninguna plaza hasta el mes de noviembre, impidiéndoles enrolarse, como está sucediendo en
el área de la Capitanía Marítima de Vilagarcía, solo se explican por una total negligencia por parte de la Administración, por una falta de planificación y una infradotación de personal que causa graves perjuicios a los más de 18.000 afiliados y
afiliadas del régimen especial del mar en Galicia, casi un tercio de los de todo el Estado, y que se suman al número cada vez mayor de obstáculos que tienen que sortear para poder llevar a cabo su trabajo cada día.
Por otro lado, el nuevo contenido del Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de Navegación Marítima, que entró en vigor el 15 de agosto, impone una serie de cambios administrativos que
obligan al despacho digital y al rol electrónico, que sustituye actualmente al sellado presencia en las Capitanías de la libreta de navegación.
Procedimientos que, a priori, parecen facilitar y agilizar los diferentes trámites que era preciso realizar en las Capitanías de forma presencial, pero que requieren de un proceso de tiempo de formación y de adaptación que no se ha tenido en
cuenta, máxime en un país donde, según la encuesta Ocupesca 2023 de la Xunta de Galicia, el 66,75 % de la población que trabaja en la pesca en Galicia tiene entre 35 y 54 años y donde los trabajadores de 55 o más años ya suponen el 17,16 %, por
encima de los que tienen entre 16 y 34 años (16,09 %).
En definitiva, un importante volumen de trabajo que disminuye proporcionalmente en las Capitanías y Distritos mientras que aumenta sensiblemente para los trabajadores y trabajadoras directamente afectados, muchos de ellos sin preparación
digital alguna, y para las Cofradías, que llevan tiempo realizando el trabajo que en muchos casos corresponde a la propia Administración.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
- Mantener abiertas todas las oficinas del ISM en Galicia, reforzando la dotación de personal para poder prestar los servicios para los que es competente de forma ágil y eficaz.
- Proceder a cubrir de forma inmediata el personal médico de los centros de sanidad marítima de Galicia para evitar retrasos que impidan los embarques y, de ser imposible, acordar con el SERGAS la realización de reconocimientos médicos
previos a los embarques con carácter prioritario.
- Incrementar de forma urgente la oferta y mejorar la gestión de los cursos ofertados por el ISM en Galicia, en particular aquellos que son de carácter obligatorio para que los trabajadores y trabajadoras de mar puedan desempeñar su
actividad laboral a bordo sin demora alguna.
- Retomar la contratación directa de los cursos ofertados por el ISM en Galicia, como fórmula para garantizar la oferta de plazas suficientes y evitar costes adicionales a la formación, sobre todo la obligatoria, de los trabajadores y
trabajadoras del mar.
- Habilitar un periodo temporal no inferior a seis meses para la formación y adaptación de los trabajadores y trabajadoras del mar a las exigencias del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, durante el cual se sigan realizando
por las Capitanías Marítimas los trámites digitales ahora preceptivos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á mellora do funcionamento e á dotación de persoal suficiente no ISM e nas Capitanías Marítimas na Galiza, para o seu debate na Comisión de Traballo, Economía Social, Inclusión, Seguranza Social e Migracións.
Exposición de motivos
Os servizos prestados polas Capitanías Marítimas e polo Instituto Social da Mariña (ISM) son esenciais no desenvolvemento áxil e correcto de grande parte das xestións que teñen que levar a cabo os traballadores e traballadoras do mar na
Galiza.
Porén, e a pesar do súa importancia, en ambos os dous casos o propio sector e tamén o propio Bloque Nacionalista Galego, facéndose eco das súas reclamacións, veñen denunciando, ao longo dos últimos anos, dunha perda progresiva de persoal e
mesmo de fechamento de servizos nalgunhas zonas e, por tanto, dun empeoramento da atención, cuestión que afecta directamente á actividade e que causa atrancos que urxe corrixir.
No caso do ISM, ademais da continuada redución do cadro de persoal das súas oficinas, da falta de oferta de prazas nos cursos, mesmo no caso dos que son obrigatorios para que os traballadores e traballadoras do mar poidan desempeñar o seu
traballo, da falta de facultativos en distintos en distintos puntos para levar a cabo os recoñecementos previos ao embarque, danse casos mesmo dunha demora intolerábel na tramitación de pensións de xubilación e viuvez.
Situacións como as vividas recentemente en Camariñas, coas dependencias pechadas durante semanas por falta de cobertura da praza, a previsión dun sistema para realizar os recoñecementos médicos a distancia por falta de persoal médico
presencial, ou a esixencia de que as tripulacións conten cun certificado de ter superado un curso de formación sanitaria para o que non hai ningunha praza até o mes de novembro impedíndoselle enrolarse, como está a pasar na área da Capitanía
Marítima de Vilagarcía, só se explican por un total desleixo da Administración, por unha falta de planificación e unha infradotación de persoal que causa un grave prexuízo a máis de 18.000 afiliados e afiliadas ao réxime especial do mar na Galiza,
case un terzo dos de todo o Estado, e que ven a sumarse ao número cada vez maior de obstáculos que teñen que sortear para poder levar a cabo o seu traballo cada día.
Por outro lado, a novo contido do Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de Ordenación da Navegación Marítima, que entrou en vigor o pasado 15 de agosto, impón unha serie de cambios administrativos que
obrigan ao despacho dixital e ao rol electrónico, que substitúe agora ao selado presencial nas Capitanías da libreta de navegación.
Procedementos que, a priori, parece que permitirán facilitar e axilizar as distintas tramitacións que era preciso realizar nas Capitanías de xeito presencial, mais aos que lles cómpre un proceso de tempo de formación e de adaptación que non
se tivo en conta, máxime nun país onde, segundo a enquisa Ocupesca 2023 da Xunta de Galiza, o 66,75 % da poboación ocupada na pesca na Galiza está entre 35 e 54 anos e onde a de 55 anos ou máis xa suma o 17,16 %, por enriba da de entre 16 e 34 anos
(16,09 %).
En definitiva, un importante volume de traballo que diminúe de xeito proporcional nas Capitanías e nos Distritos mentres aumenta sensibelmente para os traballadores e traballadoras directamente afectados, moitos deles sen preparación dixital
algunha, e para as Confrarías, que xa veñen realizando dende hai tempo o traballo que en moitos casos corresponde á propia Administración.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso insta o Goberno do Estado a:
- Manter abertas todas as oficinas do ISM en Galiza, reforzando a dotación de persoal das mesmas para poder prestar os servizos sobre os que é competente de xeito áxil e eficaz.
- Proceder á cobertura, de forma inmediata, do persoal facultativo dos centros de sanidade marítima na Galiza para evitar demoras que impidan os embarques e, de existir imposibilidade, acordar co SERGAS os recoñecementos médicos previos aos
embarques de xeito prioritario.
- Aumentar de forma urxente a oferta e mellorar a xestión dos cursos ofertados polo ISM na Galiza, en particular dos de obrigado cumprimento para poder desenvolver a actividade laboral a bordo dos traballadores e traballadoras do mar sen
necesidade de demora algunha.
- Retomar a contratación directa dos cursos ofertados polo ISM na Galiza, como fórmula para garantir a oferta de prazas suficientes e de evitar sobre custos engadidos á formación, sobre todo a obrigatoria, dos traballadores e traballadoras
do mar.
- Habilitar un período temporal non menor a seis meses para a formación e a adaptación dos traballadores e traballadoras do mar aos requirimentos do regulamento de Ordenación da Navegación Marítima durante o cal os trámites dixitais agora
obrigatorios se continúen a desenvolver por parte das Capitanías Marítimas.'
Madrid, 15 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz Adxunto do GP Mixto.
161/002471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de
los refugiados palestinos, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La situación en la Franja de Gaza es, a día de hoy, insostenible. La población civil vive inmersa en una crisis humanitaria devastadora, con hospitales colapsados, carencia de alimentos y agua potable y la desnutrición infantil ya afecta a
uno de cada tres menores. La acción militar y el bloqueo impuesto por el Estado de Israel han convertido Gaza en un territorio donde la supervivencia diaria es una lucha constante, y donde los derechos humanos más elementales son vulnerables de
manera sistemática.
A mediados de agosto de 2025, el sistema internacional de análisis de seguridad alimentaria IPC confirmó que en la ciudad de Gaza se estaba viviendo una situación de hambruna, con previsión de expansión a Deis al-Balah y Khan Younis antes de
finales de septiembre. Las cifras son devastadoras: se calcula que hasta junio del 2026 habrá 132.000 niños menores de cinco años con desnutrición aguda, de los cuales 41.000 en estado grave, con riesgo inminente de muerte. Además, unas 55.500
mujeres embarazadas y lactantes necesitan apoyo nutricional urgente. En el conjunto de la población, cerca de un tercio -unas 641.000 personas- viven en condiciones de hambre extrema, mientras que más de 1,1 millones sufren emergencia alimentaria y
cerca de 400.000 se encuentran en situación de crisis. Todo ello es consecuencia de un contexto de guerra que desde marzo ya ha dejado más de 62.000 muertes, 155.000 heridos y cerca de 800.000 desplazados, muchos obligados a abandonar repetidamente
su casa. La destrucción es casi total: el 86 % de las tierras de cultivo están devastadas o inaccesibles, la producción de alimentos se ha desplomado y el porcentaje de hogares que sufren hambre extrema se duplicó entre mayo y julio.
En niños, la desnutrición ha crecido a un ritmo vertiginoso: en la ciudad de Gaza la prevalencia pasó del 1,6-5,8 % en mayo al 12,7-19,9 % en julio, superando así el umbral que define una situación de hambruna.
Estos datos muestran de manera incuestionable que la situación humanitaria es de emergencia absoluta y que exige una respuesta inmediata y decidida por parte de la comunidad internacional.
España, como Estado firmante de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y como miembro de
las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Consejo de Europa, tiene compromisos y responsabilidades claras en la defensa del derecho internacional humanitario, la protección de la población civil en conflictos armados y la garantía de los derechos
de las personas refugiadas.
En otros momentos de la historia reciente, el Estado español ha sido capaz de activar mecanismos extraordinarios de acogida para personas que huían de la guerra. Fue el caso de Bosnia en los años noventa y, más recientemente, el de la
población ucraniana, con medidas específicas que permitían la acogida, la residencia y el derecho al trabajo. Estas experiencias muestran que el Estado tiene herramientas y la capacidad necesarias para actuar cuando la dignidad humana está
amenazada.
Es imprescindible que esta misma respuesta sea ahora extendida a las personas palestinas que huyen de la guerra y de la ocupación. Es necesario que se les ofrezcan vías seguras y legales para llegar a nuestro territorio, que puedan
reagruparse con sus familiares y que tengan la oportunidad de rehacer sus vidas con dignidad. Al mismo tiempo, es fundamental garantizarles un acceso efectivo a alojamiento, educación, sanidad, apoyo psicológico e integración laboral, tal y como ya
se ha hecho con otras poblaciones refugiadas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Impulsar medidas que faciliten la evacuación de familiares de personas palestinas residentes en el Estado español que se encuentren en la Franja de Gaza o en Cisjordania, con el objetivo de garantizar su reagrupación familiar.
2. Otorgar permisos automáticos de residentes y trabajo a las personas refugiadas palestinas que lleguen a territorio español, con carácter retroactivo, en los mismos términos que se hizo con la población refugiada de Ucrania.
3. Habilitar una vía de presentación y resolución rápida de los expedientes de extensión familiar que permita a las personas refugiadas palestinas solicitar la reagrupación de sus familiares que aún se encuentran en la Franja de Gaza o en
otras zonas afectadas.
4. Autorizar la concesión de visados humanitarios de emergencia a personas palestinas que cuenten con una persona avaladora residente en el Estado español, reproduciendo el mecanismo aplicado en el caso de Ucrania.
5. Abrir vías seguras y rápidas de presentación y resolución de expedientes para obtener un visado de larga estancia para estudiantes y personas con ofertas laborales en el Estado español, garantizando no solo la agilización administrativa
de los trámites, sino también un proceso de evacuación seguro y coordinado con organizaciones humanitarias internacionales, como la Cruz Roja.
6. Facilitar la tramitación de visados en embajadas y consulados españoles en el extranjero, especialmente en aquellos países vecinos de Palestina, para garantizar que las personas que consigan salir de la Franja de Gaza o de Cisjordania
puedan acceder a vías legales y seguras de entrada al Estado español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2025.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància del Diputat Jordi Salvador i Duch, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la protecció dels refugiats
palestins, per el seu debat a la Comissió de Treball, Economia Social, Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Exposició de motius
La situació a la Franja de Gaza és, a dia d'avui, insostenible. La població civil viu immersa en una crisi humanitària devastadora, amb hospitals col·lapsats, manca d'aliments i aigua potable i la desnutrició infantil ja afecta a un de cada
tres menors. L'acció militar i el bloqueig imposat per l'Estat d'Israel han convertit Gaza en un territori on la supervivència diària és una lluita constant, i on els drets humans més elementals són vulnerats de manera sistemàtica.
A mitjan agost del 2025, el sistema internacional d'anàlisi de seguretat alimentària IPC va confirmar que a la ciutat de Gaza s'estava vivint una situació de fam, amb previsió d'expansió a Deir al-Balah i Khan Younis abans de finals de
setembre. Les xifres són devastadores: es calcula que fins al juny del 2026 hi haurà 132.000 infants menors de cinc anys amb desnutrició aguda, dels quals 41.000 en estat greu, amb risc imminent de mort. A més, unes 55.500 dones embarassades i
lactants necessiten suport nutricional urgent. En el conjunt de la població, prop d'un terç -unes 641.000 persones- viuen en condicions de fam extrema, mentre que més d'1,1 milions pateixen emergència alimentària i prop de 400.000 es troben en
situació de crisi. Tot plegat és conseqüència d'un context de guerra que des de març ja ha deixat més de 62.000 morts, 155.000 ferits i prop de 800.000 desplaçats, molts obligats a abandonar repetidament casa seva. La destrucció és gairebé total:
el 86 % de les terres de conreu estan devastades o inaccessibles, la producció d'aliments s'ha enfonsat i el percentatge de llars que pateixen fam extrema es va duplicar entre maig i juliol. En infants, la desnutrició ha crescut a un ritme
vertiginós: a Gaza ciutat la prevalença va passar de l'1,6-5,8 % al maig al 12,7-19,9 % al juliol, superant així el llindar que defineix una situació de fam.
Aquestes dades mostren de manera inqüestionable que la situació humanitària és d'emergència absoluta i que exigeix una resposta immediata i decidida per part de la comunitat internacional.
Espanya, com a Estat signant dels Convenis de Ginebra de 1949 i els seus Protocols Addicionals, de la Convenció sobre els Drets de l'Infant de 1989, de la Convenció de Ginebra sobre l'Estatut dels Refugiats de 1951 i com a membre de les
Nacions Unides, la Unió Europea i el Consell d'Europa, té compromisos i responsabilitats clares en la defensa del dret internacional humanitari, la protecció de la població civil en conflictes armats i la garantia dels drets de les persones
refugiades.
En altres moments de la història recent, l'Estat espanyol ha estat capaç d'activar mecanismes extraordinaris d'acollida per a persones que fugien de la guerra. Va ser el cas de Bòsnia als anys noranta i, més recentment, el de la població
ucraïnesa, amb mesures específiques que permetien l'acollida, la residència i el dret al treball. Aquestes experiències mostren que l'Estat té les eines i la capacitat necessàries per actuar quan la dignitat humana està amenaçada.
És imprescindible que aquesta mateixa resposta sigui ara estesa a les persones palestines que fugen de la guerra i de l'ocupació. Cal que se'ls ofereixin vies segures i legals per arribar al nostre territori, que puguin reagrupar-se amb els
seus familiars i que tinguin l'oportunitat de refer les seves vides amb dignitat. Alhora, és fonamental garantir-los un accés efectiu a allotjament, educació, sanitat, suport psicològic i integració laboral, tal com ja s'ha fet amb altres
poblacions refugiades.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a:
1. Impulsar mesures que facilitin l'evacuació de familiars de persones palestines residents a l'Estat espanyol que es troben a la Franja de Gaza o a Cisjordània, amb l'objectiu de garantir-ne el reagrupament familiar.
2. Atorgar permisos automàtics de residència i treball a les persones refugiades palestines que arribin a territori espanyol, amb caràcter retroactiu, en els mateixos termes que es va fer amb la població refugiada d'Ucraïna.
3. Habilitar una via de presentació i resolució ràpida dels expedients d'extensió familiar que permeti a les persones refugiades palestines sol·licitar el reagrupament dels seus familiars que encara es troben a la Franja de Gaza o en altres
zones afectades.
4. Autoritzar la concessió de visats humanitaris d'emergència a persones palestines que disposin d'una persona avaladora resident a l'Estat espanyol, reproduint el mecanisme aplicat en el cas d'Ucraïna.
5. Obrir vies segures i ràpides de presentació i resolució d'expedients per obtenir un visat de llarga estança per a estudiants i persones amb ofertes laborals a Espanya, garantint no només l'agilització administrativa dels tràmits, sinó
també un procés d'evacuació segur i coordinat amb organitzacions humanitàries internacionals, com ara la Creu Roja.
6. Facilitar la tramitació de visats en ambaixades i consolats espanyols a l'estranger, especialment en aquells països veïns de Palestina, per garantir que les persones que aconsegueixin sortir de la Franja de Gaza o de Cisjordània puguin
accedir a vies legals i segures d'entrada a Espanya.'
Congrés dels Diputats, a 19 setembre de 2025.-Jordi Salvador i Duch, Diputat.-Gabriel Rufián Moreno, Portaveu del G. P. Republicá.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002455
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la mejora del funcionamiento y a la dotación de personal suficiente en el ISM y en las Capitanías Marítimas de Galicia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Los servicios prestados por las Capitanías Marítimas y por el Instituto Social de la Marina (ISM) son esenciales para el desarrollo ágil y correcto de gran parte de las gestiones que tienen que llevar a cabo los trabajadores del mar en
Galicia.
No obstante, y pese a su importancia, en ambos casos el propio sector y también el propio Bloque Nacionalista Galego, haciéndose eco de sus reivindicaciones, vienen denunciando, a lo largo de los últimos años, una progresiva pérdida de
personal e incluso el cierre de servicios en algunas zonas y, por tanto, un empeoramiento de la atención, una cuestión que afecta directamente a la actividad y provoca obstáculos que es urgente corregir.
En el caso del ISM, a la continua reducción de plantilla de sus oficinas, se suman la falta de plazas en cursos, incluso en el caso de los que son obligatorios para que los trabajadores y trabajadoras del mar puedan desempeñar su trabajo, la
falta de facultativos en los distintos puntos para realizar los reconocimientos previos al embarque, incluso se dan casos de retrasos intolerables en la tramitación de las pensiones de jubilación y viudedad.
Situaciones como las vividas recientemente en Camariñas, con las dependencias cerradas durante semanas por falta de cobertura de plazas, la previsión de un sistema para realizar reconocimientos médicos a distancia por falta de personal
sanitario presencial, o la exigencia de que las tripulaciones tengan un certificado de haber superado un curso de formación sanitaria para el que no hay plazas hasta el mes de noviembre, impidiéndoles matricularse, como está sucediendo en el ámbito
de la Capitanía Marítima
de Vilagarcía, solo se explican por una total negligencia por parte de la Administración, por una falta de planificación y una infradotación de personal que causa graves perjuicios a los más de 18 000 afiliados y afiliadas del régimen
especial del mar en Galicia, casi un tercio de los que hay en todo el Estado, y que se suman a los cada vez mayores obstáculos que tienen que superar para poder desarrollar su trabajo cada día.
Por otro lado, el nuevo contenido del Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Navegación Marítima, que entró en vigor el 15 de agosto, impone una serie de cambios administrativos que exigen la
presentación digital y el padrón electrónico, que ahora sustituye al sellado presencial en las Capitanías de la libreta de navegación.
Trámites que, a priori, parecen facilitar y agilizar los diferentes trámites que era preciso realizar en las Capitanías de forma presencial, pero que requieren de un proceso de tiempo de formación y de adaptación que no se tuvo en cuenta,
máxime en un país donde, según la encuesta Ocupesca 2023 de la Xunta de Galicia, el 66,75 % de la población ocupada en la pesca en Galicia tiene entre 35 y 54 años y donde los de 55 o más años ya suponen el 17,16 %, por encima de los que tienen
entre 16 y 34 años (16,09 %).
En definitiva, un importante volumen de trabajo que disminuye proporcionalmente en las Capitanías y Distritos mientras que aumenta sensiblemente para los trabajadores y trabajadoras directamente afectados, muchos de ellos sin preparación
digital alguna, y para las Cofradías, que llevan tiempo realizando el trabajo que en muchos casos corresponde a la propia Administración.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
- Mantener abiertas todas las oficinas del ISM en Galicia, reforzando la dotación de personal para poder prestar los servicios para los que es competente de forma ágil y eficaz.
- Proceder a cubrir de forma inmediata el personal médico de los centros de sanidad marítima de Galicia para evitar retrasos que impidan los embarques y, de ser imposible, acordar con el SERGAS la realización de reconocimientos médicos
previos a los embarques con carácter prioritario.
- Incrementar de forma urgente la oferta y mejorar la gestión de los cursos ofertados por el ISM en Galicia, en particular aquellos que son de carácter obligatorio para que los trabajadores y trabajadoras de mar puedan desempeñar su
actividad laboral a bordo sin demora alguna.
- Retomar la contratación directa de los cursos ofertados por el ISM en Galicia, como fórmula para garantizar la oferta de plazas suficientes y evitar costes adicionales a la formación, sobre todo la obligatoria, de los trabajadores y
trabajadoras del mar.
- Habilitar un periodo temporal no inferior a seis meses para la formación y adaptación de los trabajadores y trabajadoras del mar a las exigencias del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, durante el cual se sigan realizando
por las Capitanías Marítimas los trámites digitales ahora preceptivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á mellora do funcionamento e á dotación de persoal suficiente no ISM e nas Capitanías Marítimas na Galiza, para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
Os servizos prestados polas Capitanías Marítimas e polo Instituto Social da Mariña (ISM) son esenciais no desenvolvemento áxil e correcto de grande parte das xestións que teñen que levar a cabo os traballadores e traballadoras do mar na
Galiza.
Porén, e a pesar do súa importancia, en ambos os dous casos o propio sector e tamén o propio Bloque Nacionalista Galego, facéndose eco das súas reclamacións, veñen denunciando, ao longo dos últimos anos, dunha perda progresiva de persoal e
mesmo de fechamento de servizos nalgunhas zonas e, por tanto, dun empeoramento da atención, cuestión que afecta directamente á actividade e que causa atrancos que urxe corrixir.
No caso do ISM, ademais da continuada redución do cadro de persoal das súas oficinas, da falta de oferta de prazas nos cursos, mesmo no caso dos que son brigatorios para que os traballadores e traballadoras do mar poidan desempeñar o seu
traballo, da falta de facultativos en distintos en distintos puntos para levar a cabo os recoñecementos previos ao embarque, danse casos mesmo dunha demora intolerábel na tramitación de pensións de xubilación e viuvez.
Situacións como as vividas recentemente en Camariñas, coas dependencias pechadas durante semanas por falta de cobertura da praza, a previsión dun sistema para realizar os recoñecementos médicos a distancia por falta de persoal médico
presencial, ou a esixencia de que as tripulacións conten cun certificado de ter superado un curso de formación sanitaria para o que non hai ningunha praza até o mes de novembro impedíndoselle enrolarse, como está a pasar na área da Capitanía
Marítima de Vilagarcía, só se explican por un total desleixo da Administración, por unha falta de planificación e unha infradotación de persoal que causa un grave prexuízo a máis de 18.000 afiliados e afiliadas ao réxime especial do mar na Galiza,
case un terzo dos de todo o Estado, e que ven a sumarse ao número cada vez maior de obstáculos que teñen que sortear para poder levar a cabo o seu traballo cada día.
Por outro lado, a novo contido do Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de Ordenación da Navegación Marítima, que entrou en vigor o pasado 15 de agosto, impón unha serie de cambios administrativos que
obrigan ao despacho dixital e ao rol electrónico, que substitúe agora ao selado presencial nas Capitanías da libreta de navegación.
Procedementos que, a priori, parece que permitirán facilitar e axilizar as distintas tramitacións que era preciso realizar nas Capitanías de xeito presencial, mais aos que lles cómpre un proceso de tempo de formación e de adaptación que non
se tivo en conta, máxime nun país onde, segundo a enquisa Ocupesca 2023 da Xunta de Galiza, o 66,75 % da poboación ocupada na pesca na Galiza está entre 35 e 54 anos e onde a de 55 anos ou máis xa suma o 17,16 %, por enriba da de entre 16 e 34 anos
(16,09 %).
En definitiva, un importante volume de traballo que diminúe de xeito proporcional nas Capitanías e nos Distritos mentres aumenta sensibelmente para os traballadores e traballadoras directamente afectados, moitos deles sen preparación dixital
algunha, e para as Confrarías, que xa veñen realizando dende hai tempo o traballo que en moitos casos corresponde á propia Administración.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso insta o Goberno do Estado a:
- Manter abertas todas as oficinas do ISM en Galiza, reforzando a dotación de persoal das mesmas para poder prestar os servizos sobre os que é competente de xeito áxil e eficaz.
- Proceder á cobertura, de forma inmediata, do persoal facultativo dos centros de sanidade marítima na Galiza para evitar demoras que impidan os embarques e, de existir imposibilidade, acordar co SERGAS os recoñecementos médicos previos aos
embarques de xeito prioritario.
- Aumentar de forma urxente a oferta e mellorar a xestión dos cursos ofertados polo ISM na Galiza, en particular dos de obrigado cumprimento para poder desenvolver a actividade laboral a bordo dos traballadores e traballadoras do mar sen
necesidade de demora algunha.
- Retomar a contratación directa dos cursos ofertados polo ISM na Galiza, como fórmula para garantir a oferta de prazas suficientes e de evitar sobre custos engadidos á formación, sobre todo a obrigatoria, dos traballadores e traballadoras
do mar.
- Habilitar un período temporal non menor a seis meses para a formación e a adaptación dos traballadores e traballadoras do mar aos requirimentos do regulamento de Ordenación da Navegación Marítima durante o cal os trámites dixitais agora
obrigatorios se continúen a desenvolver por parte as Capitanías Marítimas.'
Madrid, 15 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz Adxunto do GP Mixto.
161/002457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de una propuesta de
etiquetado frontal de alimentos acorde con el Reglamento de la UE, adaptado a los hábitos de consumo, la industria transformadora española y de la dieta mediterránea, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La Estrategia Europea sobre Problemas de Salud relacionados con la Alimentación, el Sobrepeso y la Obesidad de 2007, conocida como Libro Blanco de la Comisión, reconoció la necesidad de mejorar la información nutricional y sobre la
composición de los alimentos, para ayudar a los consumidores en la toma de decisión de sus compras, y destacaron determinados elementos nutricionales importantes para la salud pública, como son las grasas saturadas, los azúcares y el sodio.
Así, el Reglamento (UE) N.º 1169/2011, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor en el ámbito europeo establecía la obligación de incluir, desde finales de 2016, una declaración nutricional en todos
los alimentos envasados. El Reglamento establece el contenido obligatorio, la forma de cálculo del valore energético, la forma de expresión por 100 g o por 100 ml (en casos excepcionales por porción o por unidad de consumo) y la presentación de la
información.
Sin embargo, la complejidad para comprender la información nutricional, por parte de algunos consumidores, hizo que algunos Estados y/o operadores privados desarrollaran modelos más simplificados. Esta posibilidad, con carácter voluntaria,
de un modelo que 'facilitarse por medio de otras formas de expresión y/o presentación mediante formas o símbolos gráficos además de mediante texto o números,...', también estaba contemplado en el Reglamento 1169/2011, pero se exigían una serie de
requisitos; como estar respaldados por estudios rigurosos y válidos científicamente, la participación de amplios grupos de interés, ser objetivas y no discriminatorias y que su aplicación no suponga obstáculos a la libre circulación de mercancías.
De esta manera, y con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), surgieron algunos índices de etiquetado frontal de alimentos o de etiquetado nutricional frontal (conocido como FOPL por sus siglas en inglés 'front of pack
labelling') que utilizaban algoritmos para calcular una puntuación basada en la composición nutricional. Los modelos más relevantes en uso a lo largo de la UE, incluso asumidos en
varios Estados miembro, han sido el etiquetado nutricional evolucionado o 'semáforo nutricional' (traffic light, UK), el 'Nutri-Score', Francia o el 'Nutrlnform Battery', Italia.
A finales de 2020, la Comisión Europea abrió un proceso de consulta pública para la revisión de las normas sobre la información facilitada a los consumidores. La idea de la Comisión era ofrecer una alternativa a la toma decisiones
alimentarias más saludables y sostenibles y hacer frente al desperdicio de alimentos. Para ello proponía introducir un etiquetado nutricional normalizado y obligatorio en la parte frontal de envases, ampliar la información obligatoria sobre el
origen o la procedencia de determinados productos y revisar las normas sobre la indicación de fechas (fechas de caducidad y de consumo preferente).
En febrero de 2021, tras un arduo debate político y técnico sobre el sistema de etiquetado más idóneo, la Comisión Europea, de acuerdo con el plan de acción para la Estrategia 'De la Granja a la Mesa', solicitó a la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) el asesoramiento científico para desarrollar un FOPL armonizado y obligatorio en la Unión Europea, que debía estar presentado a finales de 2022.
La EFSA hizo público los resultados de su trabajo en abril de 2022 (EFSA Journal, 2022;20(4): e07258). Pero no evaluó ni propuso un modelo concreto de perfiles nutricionales. Sin embargo, sus conclusiones advirtieron del consumo demasiado
alto en Europa de energía, grasas saturadas, sodio y azúcares libres y añadidos, y demasiado bajo en fibra y potasio. En este sentido, ayudar en el control de estas ingestas ayudaría a combatir enfermedades crónicas relacionadas con dietas poco
equilibradas y saludables (síndrome metabólico, patologías cardiovasculares, etc...).
En España, el Ministerio de Consumo apoyaba la implementación del sistema Nutri- Score, adoptado oficialmente en Francia en el año 2017, utiliza un código de cinco colores (entre el verde y el rojo) y letras (entre la A y la E) para
identificar los alimentos en función de su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal, calorías, fibra y proteínas. Sin embargo, sectores del ámbito agroalimentario español y la comunidad científica expresaron críticas y preocupaciones sobre su
aplicación, dado que la clasificación entra en múltiples contradicciones, errores en los valores nutricionales de los alimentos, y discriminaba a más de un 65 % de la producción de quesos, aceites, embutidos y vinos (OCU).
Durante los últimos años, algunos estudios indican que la inclusión de un FOPL produce cambios en los hábitos de consumo alimentario, con un verdadero impacto sobre los productos elegidos. Otros trabajos han estimado que el 60 % de los
productos que consumimos tendría una clasificación 'E' o 'Roja', la más baja en el sistema. Además, se ha criticado que no tiene en cuenta la porción de producto consumido diariamente o de consumo recomendado.
Por otra parte, desde que se identificara la necesidad de etiquetado nutricional, la sociedad ha evolucionado en su intereses y demandas de información alimentaria. Entre los atributos de compra que ahora se demanda, además de la
información nutricional y la salud de algunos nutrientes, el consumidor se interesa por detallar más otros elementos nutricionales, la trazabilidad, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad o la RSC, pero también está influenciada por hábitos de
consumo culturales y, especialmente, el precio.
En la actualidad, seguimos sin disponer de un sistema FOPL armonizado y uniforme a escala de la UE, por la falta de consenso entre las partes interesadas, y coexisten diferentes sistemas de etiquetado. En consecuencia, la Comisión Europea
sigue deliberando internamente sobre una propuesta legislativa de etiquetado frontal.
No cabe duda de que el etiquetado frontal, especialmente si es simple y visual, ayuda a los consumidores a identificar rápidamente productos más saludables. Dado que España está consolidada como la cuarta economía exportadora a nivel
agroalimentario de la Unión Europa, y concretamente ha logrado un superávit de 18.766 millones de euros en 2024, el segundo superávit más alto de la UE-27 (Informe 2024 del Observatorio sobre el sector agroalimentario español de CAJAMAR elaborado
por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)); es el momento de elaborar alguna propuesta que coloque al consumidor en el centro de la ecuación y proporcionarle la información que realmente le interesa, sin estigmatizar ninguna
categoría de producto, que priorice nuestra
cadena de producción alimentaria, nuestros hábitos de consumo, la dieta mediterránea y que se pueda trasladar a otros países de la UE.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un mecanismo de calificación e información al consumidor claro y efectivo, acorde a la dieta mediterránea, y en consenso con los productores, la industria alimentaria, la distribución, las administraciones, las entidades
científicas y los consumidores, de cara a realizar una propuesta de etiquetado nutricional frontal que, cumpla con las exigencias del Reglamento(UE) N° 1169/2011, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor en
el ámbito europeo, y que el algoritmo esté adaptado a los hábitos de consumo, la industria transformadora española y la dieta mediterránea.
2. Validar, por una agencia independiente, los modelos y criterios a tener en cuenta para valorar los distintos perfiles nutricionales que deben incluirse en la información al consumidor, y apoyar en el proceso de normalización y
estandarización para asegurar que cumplan con ciertos criterios de calidad, seguridad y eficiencia.
3. Armonizar y trasladar la propuesta a la Comisión Europea para su validación y que sea tenida en cuenta, en caso de adoptar un sistema de etiquetado frontal alimentario armonizado y uniforme a escala de la UE.
4. Colaborar y apoyar a la industria transformadora y la distribución española para que la implantación del etiquetado nutricional frontal no suponga sobrecoste.
5. Impulsar el desarrollo de campañas de información, dirigidas a los consumidores, sobre el alcance y significado de la información contenida en el etiquetado frontal de alimentos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2025.-Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Rosa Quintana Carballo, Joaquín Melgarejo Moreno, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Sergio Sayas López, Ainhoa Molina
León, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Milagros Marcos Ortega, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Manuel García Félix, Óscar Ramajo Prada y Antonio Martínez Gómez, Diputados.-Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002463
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las medidas de gestión de los recursos pesqueros y su incidencia en la pesca recreativa, para su debate en el Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En el año 2018 se publicó el que, aún a día de hoy, sigue siendo prácticamente el único estudio científico que evalúa el peso económico, social y ecológico de la pesca recreativa en Galicia. Elaborado por investigadores de la Universidad de
Santiago, del Campus del Mar, del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science de Reino Unido y de las universidades portuguesas de Minho, Aveiro y Algarve, se trata, según sus propias declaraciones, del 'primer intento exhaustivo de
describir y analizar' la pesca
recreativa en aguas gallegas y, aunque reconocen que 'se necesita más información sobre esta práctica para apoyar a la Administración', ofrece algunos datos de los que se puede concluir que la actividad es relativamente importante en nuestro
país.
Por ejemplo, se estimaba que en aquel momento había en Galicia unos 60.000 aficionados a la pesca recreativa (61.850 censados por la Consellaría de Mar en 2019). Que, en su conjunto, invertían alrededor de 86 millones de euros al año en
artes de pesca y otros gastos y que los propietarios de embarcaciones gastaban otros 11 millones. También aportaban datos sobre la captura recreativa anual de unas 7.500 toneladas, que representaban entre el 5 y el 13 % del total de desembarques
comerciales en Galicia. A todo ello hay que sumar la demanda de insumos intermedios de otras ramas de la economía gallega por parte de los pescadores recreativos, que contribuía con otros 39 millones de euros. Por último, destaca también el
porcentaje de pescadores recreativos respecto al total de la población, que era del 2,2 %.
Todos estos datos, y muchos otros incluidos en el estudio, llevaron a los propios investigadores a afirmar que 'son necesarias decisiones de gestión cuidadosas para garantizar el crecimiento y el desarrollo sostenible de la actividad en
Galicia'.
Y, en este sentido, el colectivo está actualmente sometido a numerosas regulaciones estrictas, que en algunos casos provienen de la incorporación de reglamentos de la UE, cuya finalidad es la preservación de los recursos.
Sin embargo, algunos de los aspectos recogidos ahora en el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las medidas de gestión de los recursos pesqueros, que se encuentra actualmente en trámite de exposición pública, hasta el próximo 20 de
septiembre, por el Ministerio de Agricultura y Pesca, no están siendo bien recibidos por el colectivo de pescadores recreativos.
Los puntos que más preocupan al colectivo son los referentes a la regulación de la pesca recreativa en aguas exteriores, que consideran desproporcionados y discriminatorios, en particular la prohibición total de la pesca de lubina y las
limitaciones a otras especies como el pulpo. Ponen de manifiesto, y así lo hicieron saber al propio Ministerio en una reunión celebrada esta misma semana, que no ha habido ningún tipo de diálogo con ellos para la elaboración de la norma, y mucho
menos consenso. Y subrayan que desconocen el origen de las prohibiciones que ahora se les imponen, ya que no les constan informes científicos que las avalen ni se los ha facilitado el Ministerio.
Si tenemos en cuenta los datos económicos y sociales anteriormente expuestos, podría verse afectado de forma directa un número significativo de personas y de forma indirecta, muchas otras que desarrollan actividades económicas que dependen,
en gran medida, de la pesca marítima recreativa.
Por tanto, debe ser objetivo del Ministerio de Pesca priorizar el diálogo con los colectivos afectados, explicar con claridad la normativa actualmente en exposición pública y aportar los estudios e informes en que se basa y, por último,
intentar que el Real Decreto resultante sea lo menos lesivo y lo más justo posible, conciliando la actividad pesquera con la sostenibilidad de las especies.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Ampliar el plazo establecido para las alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regulan las medidas de gestión de los recursos pesqueros, con el objetivo de establecer un diálogo con el colectivo de pescadores recreativos
sobre esta actividad en aguas exteriores y alcanzar el máximo acuerdo posible.
2. Convocar de inmediato una reunión con los colectivos de pescadores recreativos con el objetivo de analizar las principales diferencias que mantienen sobre la regulación de la pesca recreativa en aguas exteriores y acercar posturas.
3. Hacer públicos los informes científicos en que se fundamentan las prohibiciones de capturas de determinadas especies incluidas en el proyecto de Real Decreto.
4. Valorar cuidadosamente los aspectos ambientales, así como los económicos y sociales, teniendo en cuenta las alegaciones que se presenten, antes de la redacción definitiva y publicación del citado Real Decreto por el que se regulan las
medidas de gestión de los recursos pesqueros'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao Proxecto de Real Decreto polo que se regulan as medidas de xestión dos recursos pesqueiros e a súa incidencia na pesca recreativa para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e alimentación.
Exposición de motivos
No ano 2018 foi publicado o que, aínda hoxe, é practicamente o único estudo científico que avalía o peso económico,social e ecolóxico da pesca recreativa na Galiza. Elaborado por investigadores da Universidade de Santiago, do Campus do
Mar,do Centrefor Environment,Fisheries and Aquaculture Science do Reino Unido e da su niversidades portuguesas de Minho, Aveiro e Algarve, foi, segundo as súas propias declaracións, 'o primeiro intento exhaustivo de describir e analizar' a pesca
recreativa en augas galegas e, aínda que recoñecen que 'se necesita máis información sobre esta práctica para apoiar á Administración', ofrece algúns datos dos que se pode concluír que a actividade é relativamente importante no nosopaís.
Por exemplo, estimouse que había, naquela altura, uns 60.000 (61.850 rexistrados pola Consellaría de Mar no 2019) afeccionados á pesca recreativa na Galiza. Que, no seu conxunto, investían arredor de 86 millóns de euros ao ano en artes de
pesca e outros gastos e que os propietarios de embarcacións gastaban outros 11 millóns. Tamén, achegaban datos sobre a captura recreativa anual situada arredor de 7.500 toneladas, que representaban entre 5 e 13 % dos desembarcos comerciais totais
na Galiza. A todo isto debe sumarse a demanda de insumos intermedios doutras ramas da economía galega por pescadores recreativos,que contribuía con outros 39 millóns de euros. Finalmente, destaca tamén a porcentaxe de pescadores recreativos en
canto á poboación total que era de 2,2 %.
Todos estes dato, e moitos outros contemplados no estudo, levaron a os propios investigadores a afirmar que 'son necesarias decisións de xestión coidadosas para garantir o crecemento e o desenvolvemento sustentábel da actividade na Galiza'.
E, neste sentido, o colectivo xa está supeditado na actualidade a numerosas regulacións estritas, que proveñen nalgúns casos da incorporación dos regulamentos da UE, cuxa finalidade é a preservación dos recursos.
No entanto, algúns dos aspectos recollidos agora no proxecto de Real Decreto polo que se regulan as medidas de xestión dos recursos pesqueiros, que nestes momentos encóntrase no trámite de exposición pública, até o vindeiro 20 de setembro,
por parte do Ministerio de Agricultura e Pesca, non están sendo ben recibidos polo colectivo de pescadores recreativos.
Os puntos especialmente preocupantes para o colectivo son os referidos á regulación da pesca recreativa en augas exteriores por consideralos desproporcionados e discriminatorios, moi particularmente a prohibición total da pesca da robaliza e
as limitacións sobre outras especies como o polbo. Poñen de manifesto, e así llo fixeron saber a o propio Ministerio nunha reunión mantida esta mesma semana, que non houbo ningún tipo de diálogo con eles para a elaboración da norma e moito menos
consenso. E
subliñan que descoñecen a orixe das prohibicións que agora se lles impoñen, xa que non lles constan informes científicos que as avalen nin lles foron facilitados polo Ministerio.
Se temos en conta os datos económicos e sociais expostos máis arriba, poderíase ver afectado de xeito directo un número significativo de persoas e de xeito indirecto moitas outras que desenvolven actividades económicas que dependen, en
grande medida, da pesca marítima recreativa.
Por tanto, debera ser obxectivo do Ministerio de Pesca priorizar o diálogo cos colectivos afectados, explicar con claridade a normativa agora en exposición pública e achegar os estudos e informes nos que se basea e, finalmente, tratar de que
o Real Decreto resultante sexa o menos lesivo e o máis xusto posíbel, conciliando a actividade pesqueira coa sustentabilidade das especies.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Ampliar o prazo estabelecido para as alegacións ao proxecto de Real Decreto polo que se regulan as medidas de xestión dos recursos pesqueiros, co obxectivo de estabelecer un diálogo co colectivo de pescadores recreativos sobre esta
actividade en augas exteriores e acadar o máximo acordo posíbel.
2. Convocar de xeito inmediato unha reunión cos colectivos de pescadores recreativos co obxectivo de analizar as principais diverxencias que manteñen sobre a regulación da pesca recreativa en augas exteriores e achegar posturas.
3. Facer públicos os informes científicos nos que se basean as prohibicións de capturas de determinadas especies recollidas no proxecto de Real Decreto.
4. Valorar ponderadamente os aspectos ambientais, así como os económicos e sociais, tendo en conta as alegacións que se acheguen, antes da redacción definitiva e publicación do citado Real Decreto polo que se regulan as medidas de xestión
dos recursos pesqueiros.'
Madrid, 17 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz Adxunto do GP Mixto.
161/002468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a apoyos al sector agrario
ante los incendios ocurridos en España en agosto de 2025, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector primario constituye un pilar fundamental de nuestro modelo de sociedad y de país. Su actividad productiva no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino que desempeña un papel esencial en la conservación de la biodiversidad, en
el mantenimiento de los paisajes agroforestales y en la gestión sostenible del territorio, que a su vez actúa como cortafuegos natural frente a incendios y otros riesgos climáticos.
Las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales, especialmente la ganadería extensiva, contribuyen a la limpieza del monte, reducen la carga de combustible y ayudan a prevenir catástrofes de la magnitud de los incendios sufridos en este
mes de agosto. Incendios absolutamente excepcionales que han ocasionado graves daños a explotaciones
agrícolas y ganaderas, pastos, infraestructuras comunes, sistemas de riego, y a la base económica de numerosas comarcas rurales.
Resulta imprescindible que el Gobierno ponga en marcha de forma urgente un Plan de choque con medidas reales y acordadas con el sector y con las Comunidades autónomas afectadas para definir y activar respuestas inmediatas. Medidas que
podrían haber estado ya pactadas, previstas y reguladas de haberse tramitado la Proposición de ley presentada en tres ocasiones por el PP y cuya tramitación el Gobierno ha vetado en dos ocasiones, porque podría llegar a suponer algún gasto en
presupuestos futuros. Esta norma con rango de ley pretendía tener reguladas y acordadas las actuaciones excepcionales que había que poner en marcha ante situaciones excepcionales como la que se está viviendo, dando seguridad a todo el sistema
alimentario español como sector estratégico que es para nuestra alimentación, nuestra economía y el futuro del mundo rural
Ante la inexistencia de esta respuesta planificada, urge poner en marcha las medidas de apoyo derivada la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (art. 24 de la Ley 17/2015) y articular un paquete
excepcional de apoyo económico, fiscal, laboral y financiero específico para agricultura y ganadería, además de revisar la normativa aprobada, sin el rigor técnico necesario y que ha reducido el margen de respuesta ante esta catástrofe natural.
Las prioridades inmediatas pasan por: asegurar liquidez (exenciones y moratorias en cotizaciones; reducciones fiscales), agilizar indemnizaciones (evaluación rápida por Agroseguro), recuperar capacidad productiva (apoyo a reposición de
reses y a infraestructuras) y garantizar el acceso a financiación (avales y líneas bonificadas). En paralelo, debe habilitarse un uso eficaz de fondos europeos (NGEU, Reserva de Crisis de la PAC) y promover flexibilidades regulatorias para no
penalizar a los productores por circunstancias sobrevenidas (p, ej., disponibilidad de pastos tras incendio para mantener derechos de ayuda).
Si bien las medidas inmediatas de respuesta a la catástrofe son imprescindibles, no lo es menos la necesidad de actuar y establecer medidas a medio largo plazo para prevenirlas y evitar que se repitan, o cuando menos reducir su impacto.
Esto pasa, sin duda alguna, por reconocer que la actividad productiva no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino que, además:
- Desempeña un papel esencial en la conservación de la biodiversidad, en el mantenimiento de los paisajes agroforestales y en la gestión sostenible del territorio, que a su vez actúa como cortafuegos natural frente a incendios y otros
riesgos climáticos. No en vano, las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales, especialmente la ganadería extensiva, contribuyen a la limpieza del monte, reducen la carga de combustible y ayudan a prevenir catástrofes como las vividas este
verano.
- Constituye una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático, al contribuir a la captura y almacenamiento de carbono en suelos y cultivos, y en el mantenimiento de ecosistemas que funcionan como sumideros naturales de C02. Por
lo que, resulta fundamental incentivar la agricultura del carbono, promoviendo prácticas sostenibles que refuercen la descarbonización de la economía y que, al mismo tiempo, generen nuevas oportunidades de renta para agricultores y ganaderos.
- La dimensión social y territorial del sector primario es insustituible. La agricultura y la ganadería sostienen la vida en miles de pueblos de España, generando actividad económica, empleo estable y servicios indirectos que resultan
imprescindibles para combatir la despoblación y garantizar la cohesión territorial. Allí donde se abandonan explotaciones agrarias, aumenta el riesgo de abandono poblacional, de degradación ambiental y de pérdida de patrimonio cultural ligado al
medio rural. Un sector agrario fuerte, sostenible y rentable es condición imprescindible para que los jóvenes encuentren atractivo incorporarse a la actividad, asegurando el relevo generacional y la continuidad de un modelo de vida que vertebra
territorio, preserva recursos naturales y produce alimentos de calidad.
A pesar de ello, el sector primario atraviesa una crisis estructural, esencialmente la la ganadería, como consecuencia directa de las políticas ideológicas impulsadas por el Partido Socialista en el Gobierno de España, sin respaldo social ni
técnico alguno. Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez, las limitaciones al pastoreo, la falta de apoyo a los ganaderos y el descontrol de la fauna salvaje han provocado un retroceso sin precedentes, de hecho, desde 2018 hasta hoy, en España se
han perdido más de 3 millones de cabezas de ganado. Una política que ha debilitado el papel de la ganadería extensiva como herramienta esencial para la gestión del territorio y la prevención de incendios, dejando en abandono a miles de familias
rurales y comprometiendo la viabilidad de un sector clave para la sostenibilidad, la biodiversidad y la cohesión territorial.
Asimismo, resulta imprescindible actuar con decisión en el ámbito europeo. La actual aplicación de la Política Agraria Común (PAC), con exigencias crecientes en materia de bienestar animal y de condicionalidad, ha supuesto cargas
desproporcionadas para los ganaderos, particularmente en lo relativo a la carga ganadera mínima y máxima exigida en pastos y a las restricciones de cultivos derivadas de la normativa medioambiental. Estas rigideces, lejos de favorecer la
sostenibilidad, han contribuido a la reducción de pastos, y a la pérdida de ganadería extensiva y de su función esencial como instrumento de limpieza preventiva del monte y de conservación de los paisajes naturales.
Urge revisar estas políticas y ajustar su implementación en Europa y en España, de manera que resulten compatibles con la rentabilidad de las explotaciones, la simplificación administrativa, el bienestar animal y el control de la fauna
salvaje, asegurando que los objetivos ambientales no se persigan a costa de la viabilidad del sector ni sin tener en cuenta su papel fundamental en el equilibrio natural y en la seguridad frente a los incendios.
Por todo ello, se propone avanzar no solo en medidas coyunturales de respuesta ante emergencias, sino también en un marco estructural que proporcione al sector estabilidad y seguridad a largo plazo, dotándole de herramientas financieras,
fiscales y regulatorias que le permitan planificar y desarrollarse con horizonte de futuro en España y en Europa, de forma que, en la línea de la mencionada Proposición de Ley de apoyo al sistema alimentario como estratégico, propuesta por el PP,
los agricultores y ganaderos puedan contar con un mecanismo estable de previsión y seguridad, sepan a qué atenerse y los apoyos que tendrían garantizados por ley.
En base a lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, con carácter urgente, las medidas de apoyo al sector agrario en las zonas afectadas por los incendios de 2025 derivadas de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (art. 24 de la Ley
17/2015).
2. Aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y permitir la tramitación de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en apoyo del sistema alimentario español como sector estratégico esencial de la economía.
3. Impulsar la agricultura del carbono, promoviendo prácticas culturales de bajo impacto y el secuestro de carbono en las explotaciones agrarias, de forma que se potencie el papel de la actividad agraria en la descarbonización de la
economía y que los agricultores puedan obtener ingresos por su contribución a la lucha contra el cambio climático.
4. Aprobar las siguientes medidas laborales y de seguridad social extraordinarias:
- Establecer exenciones y moratorias en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social por los daños sufridos o por las pérdidas de actividad directamente derivadas del incendio.
- Reducir el cómputo de periodos para que a los trabajadores autónomos que perciban prestaciones por cese de actividad no se les compute, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, los cuatro primeros meses de
percepción de la prestación.
5. Aprobar medidas fiscales excepcionales, en particular:
- Reducir los índices de rendimiento neto aplicables en el ejercicio fiscal correspondiente a las explotaciones agrarias afectadas.
- Aplicar ajustes extraordinarios en el método de estimación objetiva del IRPF (Régimen de módulos).
- Introducir reducciones específicas en el régimen especial simplificado del IVA, de forma que las explotaciones afectadas vean aliviada su carga fiscal en el año del siniestro.
6. Adoptar con carácter inmediato las siguientes medidas en relación con las ayudas al sector:
- Aprobar ayudas directas destinadas a las personas titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido pérdidas.
- Agilizar las ayudas a reposición de reses.
- Apoyar a las CCAA en las ayudas de emergencia para abastecimiento de agua, alimentación animal.
- Exigir agilidad a Agroseguro en la evaluación de daños para que cuanto antes se hagan los pagos.
- Aprovechar los Fondos NGEU (ayudas directas) para la recuperación de infraestructuras dañadas (naves, industrias, regadíos, etcétera).
7. Aprobar la creación de líneas de financiación y avales, en régimen de concesión directa y sin coste financiero, para aquellas actuaciones que permitan fortalecer la viabilidad y normal funcionamiento del sector.
8. En relación con la PAC:
- Incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que contribuyan al mantenimiento de los montes y la prevención de incendios en el Plan Estratégico de la PAC en España.
- Revisar y modificar urgentemente el Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la aplicación a partir de 2023 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como el Real
Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, sobre la condicionalidad reforzada de la PAC, de forma que se impulse la modificación de las obligaciones para cumplir con las denominadas BECAM (buenas condiciones agrarias y medioambientales).
- Habilitar con carácter urgente el Fondo de reserva de crisis.
- Defender que la PAC en el futuro Marco Financiero Plurianual tenga presupuesto suficiente e independiente, incluyendo las partidas necesarias para el desarrollo rural.
9. Crear un nuevo componente 'incendios' dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, financiado con fondos NGEU, destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios y del que se pueda beneficiar el sector
primario'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2025.-Milagros Marcos Ortega, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier José Folch Blanc, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Rosa Quintana Carballo y Ainhoa
Molina León, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002469
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa
a la situación de la flota del cerco y de artes menores de Galicia agravada por la falta de cuota de sardina para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Hace exactamente un año, el Bloque Nacionalista Galego denunció tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso la situación de la flota gallega de cerco y de artes menores por la falta de cuota de sardina. De hecho, en aquel momento, la
Comisión de Pesca de la cámara gallega, con fecha 15 de octubre, aprobó por unanimidad de todos los grupos, una serie de propuestas encaminadas a tratar de paliar la dramática situación de la flota de cerco y de artes menores, provocada por la
conjunción de la escasez de las principales especies pelágicas, los costes casi imposibles de cubrir debido a que las cuotas asignadas eran cada vez menores, junto con unos precios en origen a la baja.
Sin embargo, un año después, vuelven a estar prácticamente en la misma situación y las distintas administraciones persisten también en llevar a cabo una gestión, por acción u omisión, que no prioriza el equilibrio ambiental, social y
económico del sector y que sigue mostrando una total dejadez hacia la pesca como proveedor de alimentos y como base de la economía de muchas de las comarcas de nuestro país.
Así, este año comenzó con la publicación en el BOE el 31 de enero de la Resolución de la Secretaría General de Pesca por la que se establece la ordenación de la pesquería de sardina ibérica para las zonas 8c y 9a para el año 2025. Del
reparto entre Portugal y España (66,5 % para 132 embarcaciones y 33,5 %, respectivamente), que sumaba un total de 51 738 toneladas autorizadas, 17 332 toneladas fueron para España, de las que 10 132 se asignaron al caladero del Cantábrico Noroeste
(58,4 % del total para alrededor de 230 buques, 140 de ellos gallegos), 445 para artes menores que utilizan el xeito y 6 755 (39 % del total para 59 barcos) al cerco del Golfo de Cádiz.
Tradicionalmente, el cerco del Cantábrico y Noroeste tienen necesidades de consumo superiores a la cuota que les asigna, mientras que el xeito y el Golfo de Cádiz, que no llegan a consumirla, han ido aportando su excedente al mecanismo de
optimización (o 'bolsa común') mediante la que, finalmente, se reasignan las cuotas no consumidas.
Pero, hasta que llegue ese momento, que antes era en octubre y este año se ha marcado en septiembre, los cerqueros del Cantábrico y Noroeste se ven obligados a recurrir a las llamadas, eufemísticamente, transmisiones o trasferencias
temporales que no son otra cosa que la compra de una cuota para el cerco del Golfo de Cádiz. Este año, además, el Ministerio reguló, mediante Resolución en el mes de marzo, el ritmo de consumo 'para evitar el agotamiento prematuro' que viene
teniendo lugar en los últimos años, de forma que los barcos autorizados pudieron descargar 2500 kilos por día de pesca y embarcación (y en 2024 se permitieron 3200) desde el inicio de la campaña (20 de marzo) hasta el 31 de mayo y desde esa fecha (y
hasta la finalización de la misma el 20 de noviembre), semanalmente con un límite de 10 000 kilos. Este fue el caso de los barcos más grande, el resto disponía de 1700 kilos por día y barco en la primera parte de la campaña y 7500 en la segunda.
Aun así, y en contra de las alegaciones del propio sector, en el mes de agosto tuvo que rectificar y modificar a la baja la cuota, recortándola a 6000 kilos para los cerqueros más grandes y 4000 para los demás, cuando ya habían consumido el
100 % de la cuota frente al 50 % de la flota del Golfo de Cádiz, que ya llevaba vendidas 3000 toneladas al Noroeste, confirmándose, una vez más, que, como en los últimos años, la cuota asignada a los cerqueros de Galicia y el resto del Cantábrico
vuelve a ser totalmente insuficiente.
También en el mes de agosto, el Estado español obtuvo otras 1500 toneladas de sardina transferidas desde Portugal, como otros años, a cambio de otras especies, de las que asignó 1251 a la flota del Cantábrico y Noroeste y 234 a la del Golfo
de Cádiz, aunque ya llevaban semanas vendiendo cuotas a los cerqueros del Cantábrico por un total de 3000 toneladas.
Finalmente, y tras las 1500 toneladas obtenidas en Portugal, el Ministerio tuvo que cerrar la pesquería de sardina el 18 de agosto a todos los cerqueros gallegos y del resto
del Noroeste, excepto a los barcos que tenían compradas cuotas en el Golfo de Cádiz y que aún les quedaban por decidir cómo, cuándo y cuánto pescaban.
A pesar de la abundancia de bocarte y sardina en las costas gallegas, la situación en ese momento era que la pesquería de anchoa estaba cerrada en la zona 9a (desde Finisterre hasta el Golfo de Cádiz) desde el día 11, había escasez de
caballa, la sardina estaba cerrada, sin más intercambios (swap) de esta especie con Portugal y sin que aún se hubiera activado el mecanismo de optimización. El resultado es que la flota comienza a atracar en el puerto.
Por tanto, la injusticia que el sector viene denunciando sistemáticamente y que el BNG ha trasladado al Parlamento gallego y al Congreso continúa, sin que la Administración destine más cuota a quienes tienen más flota y más necesidades de
esta. Tampoco hay cambios en el convenio bilateral entre España y Portugal, en el que la distribución de 66,5/33,5 % es, atendiendo al número de buques en cada caso, totalmente desequilibrada. Y, de acuerdo con el estado de la biomasa y la
abundancia de sardina, tampoco hay avances importantes en el incremento inicial de cuotas, a pesar de haber aumentado este año un escaso 16 % respecto al anterior.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Negociar un reparto de la cuota de sardina con Portugal para un nuevo acuerdo bilateral equilibrado que tenga en cuenta el número de buques y tripulantes de cada uno de los dos Estados.
2. Realizar una nueva distribución de la cuota de sardina entre las zonas 8c y 9a, proporcionada y atendiendo al número de buques y tripulantes de cada una de ellas.
3. Eliminar de la normativa vigente la posibilidad de cualquier tipo de compraventa (transmisión/transmisión) de cuotas, de manera que nadie pueda lucrarse con la venta del bien público que constituyen los recursos pesqueros, máxime cuando
existan necesidades en otras zonas y flotas.
4. Convocar de forma urgente la bolsa común o el mecanismo de optimización de la sardina que, según el propio Ministerio de Pesca, debería estar publicada antes de 10 de septiembre de este año.
5. Realizar las acciones precisas ante la Unión Europea para lograr que se incremente el TAC de sardina para 2026.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI
relativa á situación da frota do cerco e de artes menores da Galiza agravada pola falta de cota de sardiña para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
Hai exactamente un ano, o Bloque Nacionalista Galego, denunciaba tanto no Parlamento galego como no Congreso a situación da frota galega do cerco e de artes menores diante da falta de cota de sardiña. De feito, naquela altura, a Comisión de
Pesca da cámara galega, a data de 15 de outubro, aprobou por unanimidade de todos os grupos, unha serie de propostas dirixidas a tratar de paliar a dramática situación da frota do cerco
e de artes menores, que se daba pola conxunción dunha escaseza das principais especies peláxicas, os custos case imposíbeis de cubrir por mor das cotas asignadas cada vez menores, xunto cos prezos en orixe á baixa.
Porén, un ano despois, volven estar practicamente na mesma situación e as distintas administracións persisten tamén en levar a cabo unha xestión, por acción ou por omisión, que non prioriza o equilibrio ambiental, social e económico do
sector e que segue amosando un desleixo total cara a pesca como subministradora de alimentos e como base da economía de moitas das comarcas do noso país.
Así, comezou este ano coa publicación no BOE do 31 de xaneiro da Resolución da Secretaría Xeral de Pesca pola que se estabelece a ordenación da pesqueira da sardiña ibérica para as zonas 8c e 9a para 2025. Do reparto entre Portugal e España
(66,5 % para 132 embarcacións e 33,5 %, respectivamente), que sumaba un total de 51 738 toneladas autorizadas, resultaron 17 332 toneladas para a segunda, das que 10 132 asignáronselle ao caladoiro do Cantábrico Noroeste (58,4 % do total para
arredor de 230 barcos, 140 deles galegos), 445 para as artes menores que empregan o xeito e 6755 (o 39 % do total para 59 barcos) ao cerco do Golfo de Cádiz.
Tradicionalmente, o cerco do Cantábrico e Noroeste ten necesidades de consumo superiores á cota que se lles asigna, mentres que o xeito e o Golfo de Cádiz, que non chegan a consumila, veñen aportando o seu sobrante ao mecanismo de
optimización (ou 'bolsa común') mediante o que, finalmente, son reasignadas as cotas non consumidas.
Mais, até que ese momento non chega -que viña sendo en outubro e este ano marcouse en setembro -, os cerqueiros do Cantábrico e Noroeste vense na obriga de empregar as chamadas -eufemisticamentetransmisións ou transferencias temporais que
non son máis que a compra de cota ao cerco do Golfo de Cádiz. Este ano, ademais, o Ministerio regulou, por Resolución no mes de marzo) o ritmo de consumo 'para evitar o esgotamento prematuro' que vén tendo lugar nos últimos anos, de xeito que os
barcos autorizados puideron descargar 2500 quilos por xornada de pesca e barco (e 2024 permitíanselles 3200) desde o comezo da campaña (20 de marzo) até o 31 de maio e a partir desa data (e até o remate desta o 20 de novembro), semanalmente cun
límite de 10 000 quilos. Isto no caso dos barcos máis grandes, o resto tiveron 1700 quilos por día e barco na primeira parte da campaña e 7500 na segunda.
Aínda así, e en contra das alegacións do propio sector, no mes de agosto tivo que rectificar e modificar á baixa a cota, recortándoo a 6000 quilos para os cerqueiros máis grandes e a 4000 para os demais, cando xa levaban consumido 100 % da
cota fronte a 50 % da frota do Golfo de Cádiz, que xa levaba vendidas 3000 toneladas ao Noroeste, confirmando, máis unha vez que, igual que nos últimos anos, a cota asignada aos cerqueiros da Galiza e do resto do Cantábrico volve ser totalmente
insuficiente.
Tamén no mes de agosto o Estado español consegue outras 1500 toneladas de sardiña transferidas de Portugal, como outros anos, a cambio doutras especies e delas asígnalle 1251 á frota do Cantábrico e Noroeste e 234 ao Golfo de Cádiz, aínda
que xa levaban semanas vendendo cota aos cerqueiros do Cantábrico por un total de 3000 toneladas.
Finalmente, e despois das 1500 toneladas obtidas en Portugal, o Ministerio tivo que pechar a pesqueira da sardiña o 18 de agosto a todos os cerqueiros galegos e do resto do Noroeste, agás aos barcos que compraran cota no Golfo de Cádiz e que
aínda dispoñían deles que deciden como, cando e canta pescan.
A pesar da abundancia de bocarte e sardiña nas costas galegas, a situación a esa altura era que a pesqueira da anchoa estaba fechada na zona 9a (de Fisterra ao Golfo de Cádiz) desde o día 11, había escaseza de xurelo, fechase a sardiña, sen
máis intercambios (swap) desta especie con Portugal e sen ter activado aínda o mecanismo de optimización. O resultado é que a frota comeza a amarrar a porto.
Por tanto, a inxustiza que vén denunciando sistematicamente o sector e que o BNG ten trasladado ao Parlamento galego e ao Congreso, continúa, sen que a Administración destine máis cota a quen ten máis frota e máis necesidades desta.
Tampouco hai cambios no convenio bilateral entre España e Portugal, en que a distribución de 66,5/33,5 % é,
atendendo ao número de buques en cada caso, totalmente desequilibrada. E, de acordo co estado da biomasa e a abundancia de sardiña, tampouco hai avances importantes no incremento inicial de cotas, aínda téndose incrementado este ano en
escaso 16 % a respecto do anterior.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Negociar un reparto da cota da sardiña con Portugal para o novo acordo bilateral equilibrado e tendo en conta o número de buques e tripulantes de cada un dos dous Estados.
2. Realizar unha nova distribución da cota da sardiña entre as zonas 8c e 9a, proporcionada e atendendo ao número de buques e de tripulantes de cada unha delas.
3. Eliminar da normativa vixente a posibilidade de calquera tipo de compravenda (transferencia/transmisión) de cotas, de xeito que ninguén poida lucrarse coa venda do ben público que constitúen os recursos pesqueiros, máxime cando existan
necesidades noutras zonas e frotas.
4. Convocar de xeito urxente a bolsa común ou mecanismo de optimización da sardiña que, segundo o propio Ministerio de Pesca, debería estar publicada antes do 10 de setembro deste ano.
5. Realizar as accións precisas ante a Unión Europea para lograr que se incremente o TAC da sardiña para 2026.'
Madrid, 18 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz Adxunto do GP Mixto.
161/002479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el estudio y aplicación de la PAC, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La Política Agrícola Común (PAC) es un conjunto de medidas y regulaciones adoptadas por la Unión Europea con el objetivo de apoyar a los agricultores, garantizar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo rural de manera sostenible.
La PAC establece subvenciones, ayudas directas y mecanismos para estabilizar los mercados agrícolas, fomentando la competitividad y el respeto por el medio ambiente. A lo largo de los últimos años, ha sido objeto de estudio para su mejora y para
poder incluir objetivos como la protección de la biodiversidad, la reducción de emisiones y el impulso de prácticas más ecológicas en la producción agropecuaria.
La PAC fue creada en 1962 en respuesta a la necesidad de asegurar el abastecimiento de alimentos tras la Segunda Guerra Mundial y mejorar las condiciones de vida de los agricultores en Europa. Inspirada en los principios del Tratado de Roma
de 1957, que estableció la Comunidad Económica Europea (CEE), esta política buscaba aumentar la productividad agrícola mediante el apoyo a los productores, garantizando precios estables y fomentando el comercio dentro del bloque europeo. Con el
tiempo, la PAC ha sido reformada en varias ocasiones para adaptarse a nuevos desafíos, como la globalización, el cambio climático y la demanda de productos más sostenibles.
En relación con la última modificación de la PAC 2023-2027, se han entonado diferentes críticas, tanto desde organizaciones medioambientales como de diferentes organizaciones agrarios. Así pues, por un lado, las organizaciones ecologistas
han
expresado durante los últimos meses su preocupación por la reducción de las exigencias medioambientales, argumentando que esto representa un grave retroceso ambiental. Según WWF y SEO/BirdLife, la reforma aprobada por la Eurocámara ha
debilitado las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), eliminando requisitos como la obligación de dejar espacios de biodiversidad en las tierras de cultivo. Consideran que estas medidas favorecen a la agroindustria en detrimento de
los agricultores sostenibles y la conservación del medio ambiente.
Por otro lado, desde el sector agrícola, algunas asociaciones han señalado que la simplificación de la PAC era insuficiente para afrontar los desafíos del sector. La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas
y Hortalizas (FEPEX), por ejemplo, ha analizado la propuesta de simplificación presentada por la Comisión Europea y ha destacado que, aunque introduce flexibilidades en las ayudas a los productores de frutas y hortalizas, no aborda de manera
efectiva la creciente competencia de países como Marruecos y Turquía. A la vez, la nueva PAC ha sido modificada en respuesta a las protestas del campo, suavizando requisitos como el cuaderno digital y las fotos geoetiquetadas, lo que ha generado
opiniones divididas entre los agricultores3. Mientras algunos valoran la reducción de la carga burocrática, otros consideran que aún falta apoyo estructural para garantizar la viabilidad del sector a largo plazo.
El Gobierno de España, mediante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, liderado por Luis Planas, ha trabajado junto con las principales organizaciones agrarias de nuestro país para tratar de revertir en el seno de la Unión
Europea las deficiencias de la modificación. De ese modo, se trasladó a la Comisión Europea la necesidad de simplificar la PAC desde diferentes dimensiones y atendiendo las diferentes reclamaciones trasladadas desde España.
En este sentido, el pasado 14 de mayo, la Comisión Europea aprobó un paquete de medidas de simplificación de la Política Agraria Común (PAC). Subrayaba lo siguiente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; 'el nuevo proyecto de
reglamento propone la supresión de la liquidación anual del rendimiento, un procedimiento que suponía una considerable carga administrativa y con el que existía el riesgo de dejar sin financiación gastos perfectamente elegibles contemplados en la
normativa. Nuestro país lideró el envío de una carta a la Comisión Europea en noviembre de 2024 en la que se solicitaba esta supresión y que fue suscrita por los 27 Estados miembros de la Unión Europea.'
También se recogió otra de las aspiraciones españolas: la reducción del alcance de la evaluación de la calidad del sistema de monitorización de superficies. También en este asunto, España fue el país que encabezó la petición en un escrito
presentado en marzo de 2024 que tuvo la adhesión de 20 Estados miembros.
Asimismo, la Comisión Europea también ha incorporado a su propuesta legislativa la petición española de incrementar el límite de la ayuda financiera que presta la Unión Europea a los programas operativos de las organizaciones de productores
de frutas y hortalizas (OPFH). La propuesta de la Comisión Europea apunta que estas organizaciones puedan acceder a la ayuda adicional del 0,5 % del valor de la producción comercializada.
Del mismo modo, hay que destacar positivamente otras medidas incluidas en la propuesta del paquete legislativo relativa a flexibilidades en la condicionalidad reforzada como la exención de controles y sanciones a los beneficiarios que se
acojan al sistema de pequeños agricultores en los ecorregímenes y en la modificación de los planes estratégicos nacionales.
Con vistas al próximo ciclo presupuestario, la Comisión Europea adoptó el pasado 12 de febrero la Comunicación titulada 'El camino hacia el próximo Marco Financiero Plurianual', que lanza el debate sobre las prioridades y arquitectura del
nuevo MFP. Esta planificación plurianual se discute de forma paralela a la posible revisión de las políticas europeas que se financian con cargo a ella. Esta vez, además, ha abierto también la consulta a la opinión pública, y un panel de 150
ciudadanos europeos que ha debatido y formulado recomendaciones concretas para el próximo presupuesto de la UE.
El 4 de junio de 2025, 20 ministros de Agricultura, incluido el español Luis Planas, solicitaron una PAC con identidad propia, estructura en dos pilares, financiación adecuada y un papel estratégico en el próximo Marco Financiero Plurianual.
La declaración conjunta
aboga por una PAC sólida y autónoma, capaz de responder a desafíos como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la competitividad sostenible y el equilibrio territorial.
La PAC, remarcan los ministros firmantes, debe contar con los dos pilares. Las ayudas directas son fundamentales para proporcionar el apoyo necesario a la renta de los agricultores y ganaderos, sobre todo, en el contexto geopolítico actual.
Las ayudas para el desarrollo rural son imprescindibles para mantener la población en el medio rural, promover las inversiones de modernización e innovación de explotaciones agrarias e infraestructuras rurales o la protección del medioambiente.
Por último, el ministro Luis Planas subrayaba el 'gran avance' que supone este paquete de reforma de la PAC 2023-2027 e instaba a seguir estudiando la norma para seguir mejorándola junto con las OPAS y las diferentes organizaciones
relacionadas con la misma.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Expresa su respaldo al Gobierno de España por su contribución al paquete de medidas que conforma la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027. Asimismo, manifiesta su apoyo al Gobierno de España y al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en las sucesivas fases de negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034.
2. Insta al Gobierno a continuar evaluando y perfeccionando el funcionamiento de la Política Agraria Común, con el fin de asegurar un suministro estable de alimentos asequibles para los ciudadanos europeos, al tiempo que se promueve la
sostenibilidad y el desarrollo del sector agrícola español.
3. Solicita al Gobierno que traslade a las instituciones europeas la necesidad de seguir con una Política Agraria Común, basada en dos pilares, como hasta ahora: el primer pilar ayudas directas y medidas de mercado, y el segundo pilar
enfocado en el desarrollo rural.
4. Insta al Gobierno a defender, en el marco de la negociación de la futura Política Agraria Común, una PAC común, con presupuesto suficiente y estable, personalidad jurídica e institucional propia, y fondos específicos para el sector
agroalimentario no compartidos con otras políticas, en atención a su carácter estratégico y a los retos que afronta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2025.-María Luisa Faneca López, Diputada.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002465
A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
necesidad de adaptar la aplicación del impuesto sobre el depósito, incineración y coincineración de residuos a la realidad de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) como Canarias, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ha introducido un impuesto estatal sobre el depósito, la incineración y la coincineración de
residuos con el fin de avanzar hacia un modelo más sostenible. Sin embargo, su aplicación homogénea en todo el territorio español, sin contemplar mecanismos de modulación o excepción, genera graves perjuicios económicos, sociales y
medioambientales en territorios con singularidades estructurales como las Islas Canarias.
La condición de Región Ultraperiférica (RUP) de Canarias implica una serie de condicionantes permanentes -lejanía, insularidad, superficie limitada y dependencia exterior- que afectan directamente a la gestión de residuos. La falta de
suelo, los sobrecostes logísticos en el transporte y la limitada disponibilidad de tecnologías de tratamiento a escala insular nos sitúan en una posición de clara desventaja para cumplir con los objetivos de la ley en las mismas condiciones que el
resto del Estado.
Ante esta situación, el Cabildo de Tenerife elevó una consulta a las instituciones europeas para evaluar la compatibilidad de esta aplicación uniforme con los principios de proporcionalidad y cohesión territorial. En su respuesta del 14 de
julio de 2025, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha sido clara: si bien la transposición realizada por España se encuentra dentro del marco legal, el Estado español tenía y tiene discrecionalidad para haber incluido
excepciones o mecanismos de modulación para territorios insulares en su legislación nacional. La Comisión reconoce, por tanto, que la ausencia de dicha adaptación no es una exigencia de la normativa europea, sino el resultado de una decisión del
legislador español.
Este respaldo institucional abre la vía para que, siguiendo los cauces de la legislación nacional, se pueda solicitar una revisión de la Ley 7/2022. La propia Comisión Europea invita a ello y sugiere como fuente de inspiración para proponer
medidas correctoras el Anexo IVa de la Directiva 2008/98/CE.
La no adaptación de este impuesto a la realidad canaria contraviene el espíritu del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, cuyo artículo 14 establece la posibilidad de aplicar especialidades fiscales para compensar los sobrecostes
derivados de la insularidad. La aplicación de esta tasa sin modulación alguna se traduce en un sobrecoste que no corresponde asumir a los ciudadanos y empresas de las Islas, afectando directamente a su economía. De hecho, se estima que, de no
corregirse, la ley podría provocar subidas de hasta el 200 % en el recibo de la basura para muchas familias y pequeños negocios del archipiélago, un auténtico 'basurazo' que amenaza con sobrecargar a hogares y administraciones locales.
No se trata de eludir el principio de 'quien contamina paga', sino de garantizar que su aplicación sea justa, sensible y proporcional a la singularidad de las Islas. La sostenibilidad ambiental debe ir de la mano de la equidad territorial.
Es imperativo que el Gobierno de España actúe con la sensibilidad que no tuvo el legislador en su momento y corrija una norma que, aunque legal, resulta profundamente injusta para Canarias.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a iniciar de manera urgente la modificación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con el fin de introducir bonificaciones,
exenciones o modulaciones específicas en la aplicación del impuesto sobre el depósito, la incineración y la coincineración de residuos para las Islas Canarias. Dicha modificación deberá estar fundamentada en el reconocimiento de su condición de
Región Ultraperiférica (RUP), en el cumplimiento de los principios de proporcionalidad y cohesión territorial, y en consonancia con el espíritu del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, para evitar así el grave perjuicio económico y social
que la actual redacción de la ley ocasiona a los ciudadanos, empresas y administraciones del archipiélago.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de un plan europeo sobre vivienda, para su debate en la Comisión
de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La crisis de la vivienda ha estallado en toda Europa. En un mercado afectado por la falta de oferta, la especulación y la escasez de vivienda pública, disponer de un espacio estable en el que desarrollar un proyecto de vida se ha convertido
en un problema de difícil solución y, en su caso, que lleva tiempo.
Europa se enfrenta a una crisis de vivienda que afecta a millones de personas. En los últimos años, se está produciendo un encarecimiento exorbitado del precio de la vivienda en diferentes territorios de los Estados miembros de la Unión
Europea. Este aumento del precio de la vivienda está construyendo un muro infranqueable a este bien fundamental para numerosas personas que observan con frustración y enfado la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida a causa de la
imposibilidad de acceder a una vivienda digna.
En la última década, los precios medios de la vivienda en Europa han crecido en un 48 %. Si lo comparamos con la evolución de la renta de los hogares, vemos que es absolutamente insoportable: casi dos veces más que la renta de los hogares.
Es evidente que la brecha entre la oferta y la demanda se está ensanchando. Más de la mitad de las personas con hipoteca o también que están en alquiler sufren lo que se llama el estrés financiero. Y el número de aquellos que se ven
obligados a compartir casa en todo occidente, particularmente en Europa, se ha disparado. Por tanto, el acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema de las clases medias y trabajadoras de Europa y de España y es un obstáculo para la
emancipación de nuestros jóvenes, que en España está en edades alarmantes si las comparamos con la media europea.
En el caso de España, es evidente que el acceso a la vivienda es uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país y en el que todas las administraciones y todas las formaciones políticas tenemos el deber y la obligación de
colaborar.
Hemos de reconocer que para muchas personas de nuestro país es muy difícil acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler. La situación es tan grave como compleja es abordarla. Afrontar el problema requiere la implicación del
conjunto de los poderes públicos.
La población española ha crecido en más de ocho millones y medio desde 2000, es decir, más de un 21 % en apenas un cuarto de siglo. Este boom demográfico junto a la reducción del tamaño de los hogares y otros factores hacen que haya una
demanda importante de nuevas viviendas, especialmente asequible.
Desde 2019, el parque público de vivienda social y asequible en España se ha incrementado un 33 %, con 162.000 nuevas casas, que, junto a las 452.000 que había, suman un parque actual de 614.000.
El Gobierno de España está trabajando sin descanso para dar respuesta al problema de acceso a la vivienda y así aprobó diferentes medidas en la pasada legislatura, destacando principalmente la aprobación de la Ley por el derecho a la
vivienda. Pero es necesario seguir trabajando y proponiendo nuevas medidas que contribuyan a aumentar el parque de vivienda social y asequible.
Del mismo modo, en el ámbito europeo se deben liderar acciones y medidas que sirvan para dar solución a este problema que padecen muchos Estados miembros. Necesitamos más flexibilidad en la normativa sobre vivienda. Esto también debemos
lograrlo con la mínima carga regulatoria y en breve plazo de tiempo. Estamos en un momento de estancamiento, por lo que es crucial encontrar soluciones eficaces que
permitan a todos los Estados miembros determinar la implementación precisa a nivel local. Después de todo, las políticas de vivienda se estructuran de maneras muy diferentes en toda Europa, en cada Estado miembro las circunstancias son
diferentes pero la dimensión del problema es compartida.
Celebramos que las directrices políticas de la nueva Comisión Europea reconozcan la existencia de una crisis de vivienda en Europa y alabamos que se propongan medidas para apoyar a los Estados miembros.
Es de vital importancia situar la vivienda como un bien común y como una prioridad política de primer orden para garantizar la cohesión social y el derecho a una vida digna a toda la ciudadanía.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir trabajando junto con las instituciones europeas para:
1. Aprobar un plan europeo de vivienda asequible para la ciudadanía europea, y, en particular, para la ciudadanía española, que desarrolle todas las medidas posibles que permitan el incremento del parque público de vivienda.
2. Abordar el impacto de la capitalización en el mercado de la vivienda de uso residencial y turístico, para hacerla compatible con el derecho a una vivienda digna y asequible, así como con el mantenimiento de la identidad de nuestras
ciudades.
3. Priorizar la anunciada revisión de las normas de la UE sobre ayudas estatales en materia de vivienda y solicitar a las instituciones europeas, que se otorgue más margen de maniobra en las normas sobre ayudas estatales para la vivienda
asequible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Ignasi Conesa Coma, Rafaela Romero Pozo, Álvaro Morales Álvarez, Javier Rodríguez Palacios, Vicent Manuel Sarriá Morell, Luis Antonio Gómez Piña, Víctor Camino Miñana, Gabriel
Cruz Santana, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Isabel María Pérez Ortiz, Arnau Ramírez Carner y Alberto Rojo Blas, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/002458
A la Mesa de la Comisión de Cultura
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
eliminación de las barreras aduaneras y fiscales que dificultan el transporte de obras de arte entre Canarias y el resto del Estado y la Unión Europea, en apoyo a la movilidad cultural del archipiélago canario.
Exposición de motivos
Canarias, como Comunidad Autónoma y región ultraperiférica de la Unión Europea, posee un Régimen Económico y Fiscal (REF) propio, reconocido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en la Ley 19/1994, de modificación del
REF. Esta singularidad implica que, pese a estar integrada en el territorio aduanero comunitario desde 1991, Canarias se encuentra excluida del ámbito de aplicación del IVA y de los Impuestos Especiales, lo que provoca que los traslados de bienes
entre el archipiélago y
el resto del Estado o de la Unión Europea deban tramitarse como importaciones y exportaciones.
En el caso de las obras de arte y bienes culturales, esta situación genera un conflicto estructural: los traslados con fines de exhibición, circulación temporal o venta quedan sujetos a trámites aduaneros, declaraciones y garantías que no
existen para los artistas del resto de comunidades autónomas. Así, mientras un creador de la Península puede desplazar sus obras por el territorio nacional y europeo sin restricciones, un artista canario debe asumir trámites complejos, costes
añadidos y, en muchos casos, la obligación de constituir garantías económicas.
El mecanismo más habitual es el cuaderno ATA, utilizado para la importación o exportación temporal de obras de arte. Para obtenerlo, los artistas deben depositar una garantía económica en la Cámara de Comercio, que oscila entre el 25 % y el
100 % del valor declarado de las obras, mediante transferencia, aval bancario o póliza de seguro. Aunque recuperable al final del proceso, este requisito constituye una barrera financiera inasumible para muchos creadores, lo que limita gravemente
su movilidad. A ello se añaden costes logísticos elevados derivados de la insularidad, que encarecen cualquier participación en ferias, exposiciones o mercados internacionales.
Estas trabas afectan no solo a la movilidad y proyección exterior del arte canario, sino también al derecho de la ciudadanía canaria a acceder a la cultura. Las mismas barreras que dificultan la salida de obras desde Canarias encarecen
también la entrada de colecciones y exposiciones al archipiélago, limitando las oportunidades de sus habitantes de disfrutar de una oferta cultural equivalente a la del resto del territorio nacional.
Se trata, por tanto, de un problema de igualdad de derechos culturales, contrario al artículo 44 de la Constitución Española y a la Convención de la UNESCO sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales, que establece que los bienes
culturales no deben tratarse únicamente como mercancías comerciales. Pese a las mociones aprobadas en el Senado y a las reiteradas demandas de los sectores culturales, no se ha puesto en marcha hasta la fecha una solución efectiva.
A la insularidad, que ya de por sí supone sobrecostes y limitaciones, se suman estas trabas aduaneras y fiscales que configuran una doble discriminación estructural. En consecuencia, es necesario que el Estado adopte medidas ambiciosas y
específicas, que eliminen estas barreras, compensen la insularidad y garanticen la plena integración cultural de Canarias en España y en Europa.
Por lo expuesto se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisión normativa y reconocimiento cultural
a) Modificar la normativa vigente para que los traslados de obras de arte entre Canarias y el resto del Estado o de la Unión Europea se reconozcan como operaciones culturales y patrimoniales, y no meramente comerciales, tanto en el caso de
exhibiciones como en el de compraventas.
b) Impulsar en el marco de la Unión Europea medidas específicas al amparo del artículo 349 del TFUE, que permitan flexibilizar o exceptuar de gravámenes y trámites aduaneros desproporcionados a las regiones ultraperiféricas en materia de
bienes culturales.
2. Garantías y trámites aduaneros
a) Suprimir o reducir sustancialmente las garantías económicas exigidas en el uso de cuadernos ATA (25 %) y otros regímenes de importación/exportación temporal de obras de arte, mediante avales públicos, pólizas colectivas subvencionadas o
fondos de garantía estatales.
b) Establecer que, en el caso de bienes culturales, las garantías se calculen de acuerdo a su finalidad cultural y no únicamente a su valor comercial.
c) Crear una ventanilla única cultural para artistas y agentes culturales de Canarias, que simplifique los trámites aduaneros y fiscales, en coordinación con la Agencia Tributaria y las Cámaras de Comercio.
3. Exención fiscal y comercialización
a) Extender las medidas de exención fiscal y aduanera no solo a los traslados temporales para exhibición, sino también a los traslados definitivos vinculados a la venta de obras de arte, garantizando la igualdad de condiciones de los
artistas canarios en el mercado nacional e internacional.
b) Adaptar la Ley 19/1994, del REF de Canarias, para incluir una disposición específica que proteja la circulación y comercialización del arte canario, equiparándola a los movimientos dentro del territorio peninsular.
c) Estudiar la viabilidad de un tipo impositivo reducido o nulo para las operaciones de compraventa de obras de arte procedentes de Canarias, de manera que no se penalice su acceso al mercado.
4. Programas de apoyo a la movilidad cultural
a) Crear un programa estatal específico de movilidad cultural canaria, con financiación estable, que cubra gastos de transporte, embalaje, seguros y trámites aduaneros de obras de arte.
b) Reforzar y ampliar programas para incluir subvenciones directas a la participación en ferias, mercados, exposiciones y residencias internacionales.
c) Formalizar convenios con aerolíneas, navieras y operadores logísticos para abaratar y garantizar el transporte seguro de obras culturales desde y hacia Canarias.
5. Participación y gobernanza
a) Establecer un mecanismo de diálogo permanente entre el Ministerio de Cultura y los sectores culturales de Canarias, que garantice la escucha activa de artistas, galerías, museos y entidades culturales en el diseño y evaluación de estas
medidas.
b) Facilitar la participación de los agentes culturales canarios en los espacios abiertos de sociedad civil, eventos paralelos y programas y otros foros internacionales, mediante apoyos económicos y logísticos específicos.
c) Garantizar que la representación institucional de Canarias en delegaciones oficiales españolas a foros culturales internacionales visibilice su condición de región ultraperiférica.
d) Elaborar un informe anual de seguimiento sobre la movilidad cultural de Canarias, que evalúe el impacto de las medidas en la proyección exterior del arte canario y en el acceso cultural de su ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2025.-Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de las rogativas y romerías sexenales y septenales de
carácter cívico o religioso en España como patrimonio inmaterial de la Humanidad, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Desde 1347, cada siete años, los pueblos de Vallibona (Castellón) y Peñarroya de Tastavins (Teruel) celebran una rogativa de encuentro que pone en relieve su larga historia común y que ejemplifica una hermandad de casi siete siglos. En la
fecha mencionada, la peste asoló Vallibona y provocó su casi total despoblación ante lo cual siete hermanos partieron a poblaciones cercanas para casarse y posibilitar la futura repoblación de la villa. Dicha peregrinación los llevó hasta Peñarroya
de Tastavins, donde encontraron a siete mujeres que, trasladándose a vivir a Vallibona, posibilitaron la continuidad y salvación del pueblo. En consecuencia, desde el siglo XIV, para conmemorar este hito y en señal de gratitud para con la fortuna
histórica, cada siete años los ciudadanos de ambos municipios recorren casi treinta kilómetros que unen ambas poblaciones entre las abruptas montañas y valles que conforman el parque natural de la Tinenga de Benifassá para, finalmente, alcanzar un
emocionado encuentro acompañado de eventos institucionales, culturales, religiosos y lúdicos.
El 14 de febrero de 1673, las autoridades civiles de la Villa de Morella (Castellón), a petición del pueblo, ofrecieron un voto a la Virgen de Vallivana en señal de agradecimiento tras librarse de una terrible plaga de oeste en 1672, en
virtud del cual se comprometían a celebrar un solemne novenario cada seis años en honor de la Virgen. Dicha fiesta sexenal arranca con una rogativa de más de veinte kilómetros que parte desde el santuario hasta el pueblo en un recorrido solemne y
emotivo protagonizado por centenares de romeros.
Estas rogativas protagonizadas por tres preciosos municipios ubicados en las comarcas castellonenses de Els Ports y la turolense del Matarraña, constituyen singular ejemplo de otras muchas existentes en nuestro país que evidencian la
fidelidad de los pueblos hacia sus raíces, el amor a sus tradiciones, el compromiso solidario intergeneracional, la perseverancia en la voluntad de trascender del presente para conectar el pasado con el futuro y la inequívoca resiliencia de
innumerables poblaciones del interior de nuestro país y de la España vaciada para forjar un futuro de posibilidades que permita superar enormes carencias y deficiencias históricas y presentes.
Cada seis y/o siete años, durante siglos y siglos, con anhelo, afán y ansiedad, los ciudadanos se conciertan para honrar los votos y promesas de sus antepasados con la convicción y esperanza de recordar el pasado y reafirmar el futuro de sus
pueblos. La tenaz perseverancia de los pobladores de aquellos municipios que durante siglos y siglos vienen protagonizando cada seis o siete años tal manifestación de fe religiosa o de compromiso cívico constituyen una enviable manifestación de
reconocimiento colectivo e institucional.
Proposición no de Ley
Por todo lo anteriormente expuesto,
'El Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno de España a:
1.º Apoyar a las Comunidades Autónomas en la elaboración de un catálogo con las rogativas existentes de carácter religioso o cívico y de celebración sexenal o septenal.
2.º Promover la candidatura de las rogativas existentes en España de carácter religioso o cívico y de celebración sexenal o septenal a ser incluida en la Lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, siempre que previamente se haya iniciado
el procedimiento de la candidatura por parte de la Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas competentes, y tras la aprobación previa e indispensable del Consejo del Patrimonio Histórico a dicha candidatura, si así lo considerara.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Artemi Rallo Lombarte, Marc Lamuà Estañol, Alberto Mayoral de Lamo, Roberto García Morís, José Losada Fernández, Amador Marqués Atés, María Luz Martínez Seijo, Josep Paré
Aregall, Isabel María Pérez Ortiz, Caridad Rives Arcayna y María Sainz Martín, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la defensa y el impulso de las
Sociedades Económicas de Amigos del País como centros dinamizadores de la cultura y la ciencia en todas sus expresiones, para su debate en la Comisión de Cultura
Exposición de motivos
Las Sociedades Económicas son unas instituciones de larga vida. Creadas en el último tercio del siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III, muchas sobrevivieron y continúan en la actualidad. Pero no han conservado la misma naturaleza y
significación. Como suele ocurrir con instituciones de larga pervivencia han ido cambiando, adaptándose a las condiciones económicas, sociales y políticas.
La primera Sociedad Económica de Amigos del País fue una iniciativa de los nobles ilustrados guipuzcoanos, muchos amigos de los mismísimos Rosseau y Voltaire, conocidos como los 'Caballeritos de Azcoitia', quienes encabezados por el Conde de
Peñaflorida, en 1748 formaron una tertulia llamada 'Junta Académica', cuyas actividades incluían 'las matemáticas, la física, la historia, la literatura, la geografía, sesiones de teatro y conciertos de música'.
Tomaban como modelo las sociedades económicas que estaban proliferando en toda Europa debido al interés creciente por los temas económicos y en especial por el progreso de la agricultura, y tenían un carácter más utilitario que las academias
literarias y científicas. Esta iniciativa se va desarrollando por Euskadi. Tenían como objetivo principal aplicar los nuevos conocimientos científicos a las actividades económicas, y enseñar aquellas materias que no se explicaban en ese momento en
las universidades españolas, como la química y física experimentales o la mineralogía -que sería el germen de la Real Escuela de Metalurgia-.
También establecieron cátedras de historia y de francés. Desde su inicio una de sus prioridades es la enseñanza como refleja la creación del Seminario de Vergara, donde el 75 % de su alumnado provenían del resto de provincias españolas y de
la América Hispana. O la promoción de becas de viajes de estudio por Europa, fundamentales para la apertura de la sociedad vasca y española a finales del XVIII.
Las sociedades se fueron ampliando con el apoyo real, fundándose en Navarra las de Pamplona y Tudela, extendiéndose además a Cádiz, Sevilla y Madrid.
Por iniciativa del fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, el ejemplo se extendió por todos los territorios de la monarquía española, surgiendo más de sesenta Sociedades de Amigos del País que se constituyeron entre
1775 y el final del reinado de Carlos III. Convirtiéndose en uno de los productos más representativos de la ilustración, reivindicando el talento, las ciencias y la economía, provocando la reacción adversa de los sectores sociales más
tradicionales.
Se formaron otras Sociedades de igual tipo en los territorios de la América Hispana como Chile, Nueva Granada, Guatemala, Puerto Rico, México, Perú, Venezuela o La Habana, todavía hoy existente, que introdujeron en Hispanoamérica libros
prohibidos desde Europa. Aún de la misma España donde, por ejemplo, la Enciclopedia de Diderot se podía comprar. De manera que se puede ver el trabajo de estas Sociedades como un antecedente importante al proyecto de emancipación. España y el
Nuevo Mundo, son claves para entender los cambios que están por venir tras la caída del absolutismo.
Las Sociedades, y su carácter participativo, fueron la cuna de nuevas formas de sociabilidad donde sus miembros se reunían en público para debatir. Y, además, en estas reuniones participaban personas de distintas clases sociales. Desde el
punto de vista de la enseñanza, se tratan de escuelas de oficios, una especie de antecedente de la formación profesional.
Apareció una preocupación especial por la formación de las mujeres, como indica el propio Campomanes. Es verdad que sólo en ciertos oficios, pero esto es muy importante porque, por primera vez, se habla en España de dotar a las mujeres de
un instrumento con el que ganarse la vida y que no dependieran de la familia o el casamiento. A la sombra de las económicas, las mujeres van a exigir protagonismo, reivindicando el poder ingresar. Campomanes era ya, en el siglo XVIII, partidario
de su entrada en igualdad de condiciones que los hombres, admitiéndolo el rey por Real Decreto.
Destaca, entre otras, la Condesa de Montijo, primera mujer admitida en Madrid y, junto a ella, entre 1787 y 1800, un total de 80 sodas tuvo la Económica de Madrid. O la Duquesa de Osuna, mecenas en cuyo palacio se organizaban las mejores
tertulias de Madrid, pasando desde Goya a Leandro Fernández de Moratín, Tomás de Iriarte o Samaniego.
A lo largo del siglo XIX, con la Guerra de la Independencia toda la actividad se ve interrumpida. No renacerían hasta finales del siglo XIX. Aquellas que pervivieron fueron muy importantes en el surgimiento una nueva sociedad en la que los
súbditos se estaban transformando en ciudadanos con conciencia política.
Las Reales Sociedades de Amigos del País en la actualidad. Perviven 15 con una elevada actividad cultural y preservando su gran legado histórico, especialmente documental: Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, fundada en 1765; Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, fundada en 1775; Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País, fundada en 1775; Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, fundada en 1776; Real Sociedad Económica de Amigos del
País de la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, fundada en 1776; Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, fundada en 1776; Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País, fundada en 1776; Real Sociedad Económica Murciana de
Amigos del País, fundada en 177; Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, fundada en La Laguna (Tenerife) en 1777; Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, fundada en 1784; Real Sociedad Económica de
Amigos del País de la Ciudad y Reino de Jaén, fundada en 1786; Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, fundada en 1789; Real Sociedad Económica de Amigos del País de Vejer de la Frontera (Cádiz), fundada en 1791; Real Sociedad Económica
Extremeña de Amigos del País, fundada en 1816; Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, fundada en 1822; Real Sociedad Económica Cartaginense de Amigos del País, fundada en 1833; y Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y
Comarca, fundada en 2002.
En la actualidad siguen teniendo como objetivo fundamental el fomento de la economía y la cultura española y de las localidades donde se crearon. Periódicamente celebran reuniones y congresos donde exponen los avances y objetivos de sus
respectivas Sociedades. Y sus archivos son una fuente fundamental para el estudio de la historia contemporánea española.
Si las Sociedades Económicas se crearon para ayudar al impulso económico de la sociedad del siglo XVIII, las actuales, como integrantes de la plural y dinámica sociedad de principios del siglo XXI, pretenden seguir a la vanguardia,
contribuyendo al paisaje cultural común español y asegurando su futuro.
Por ello, están apostando por dinamizar la gestión, ser referentes culturales en sus localidades e incorporar cada vez a más jóvenes. Igualmente, la igualdad de género está presente, siendo muchas mujeres presidentas o integrantes de sus
juntas directivas. En definitiva, cientos de actividades culturales y científicas son realizadas hoy en día, de manera altruista, por los amigos del país.
Porque, a pesar de los avatares vividos a lo largo de su historia, han sido capaces de sobrevivir y ser útiles a la sociedad en la que se asientan, siempre proyectándose al futuro con propuestas innovadoras y conectadas a la realidad como la
mejor garantía de perdurabilidad.
Por todo ello, el Grupo Popular propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer la valiosa contribución de las Sociedades Económicas de Amigos del País como instituciones históricas de la sociedad civil española, fomentando su papel en la difusión del conocimiento, el pensamiento crítico y la cultura, así
como en la promoción del desarrollo económico y social.
2. Mostrar su compromiso con la defensa y protección de la labor científica, artística y literaria de las Sociedades Económicas de Amigos del País, como centros difusores del conocimiento y la libertad de expresión de las ideas.
3. Dotar de recursos públicos a las Sociedades Económicas de Amigos del País con el fin de asegurar la sostenibilidad de sus actividades y programas culturales, fortaleciendo su continuidad y ampliando su impacto en la sociedad actual'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel García Félix, Jaime Miguel de los
Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Sanidad
161/002467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a garantizar la financiación
necesaria para asegurar la plena implementación en todo el Sistema Nacional de Salud de las recomendaciones aprobadas en la 'Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental', para su debate en la
Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El Congreso de los Diputados aprobó en la sesión plenaria celebrada el 1 de abril de 2024 la creación de la Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental.
Dicha subcomisión, activa en el marco de la Comisión de Sanidad del propio Congreso, fue propuesta por el Grupo Parlamentario Popular con la finalidad de 'convocar comparecencias de representantes de todos los sectores relacionados con la
Salud Mental para que expongan las necesidades existentes en la actualidad y propongan soluciones'. Estas propuestas debían ser 'recogidas en un documento final de conclusiones que será remitido al Gobierno para que las materialice desde el
consenso con las Comunidades Autónomas, los pacientes y los profesionales del ámbito sanitario, del investigador, del social y del educativo'.
La subcomisión, constituida en mayo de 2024, celebró un total de diez sesiones en las tuvieron lugar 36 comparecencias celebradas entre el citado mayo de 2024 y el pasado mes de mayo.
El texto resultante de actividad desarrollada en la subcomisión fue aprobado por la Comisión de Sanidad en junio y validado en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados celebrada el 17 de septiembre. En él se afirma que 'en términos
generales, los datos disponibles a nivel de España muestran un incremento en cuanto a la prevalencia de problemas de salud mental en la población'. También se expone, entre otras cuestiones y aunque 'el aumento de problemas de salud mental puede
deberse a una mayor consciencia y autopercepción de la salud mental por parte de la población, así como a un menor estigma, especialmente con aquellos problemas relacionados con el bienestar emocional', que existe 'un empeoramiento del bienestar de
la población y un aumento de la prevalencia de los principales problemas de salud mental, tanto en población infantil y adolescente como en población adulta'.
Por un lado, este planteamiento es fundamentado en cifras como las contempladas en la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad, de 2023, y es convergente con el Barómetro Sanitario 2025 elaborado por el mismo
Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas, en cuya primera oleada -del pasado mes de abril- se cuantifica en un 20,6 % la proporción de la población que reconoce haber necesitado 'consultar a un profesional en los últimos
doce meses por malestar psicológico o emocional', es decir, un 2,4 % más que lo recogido un año antes en el referido barómetro.
Por otra parte, el aumento de los problemas de salud mental detallado en el texto de la subcomisión considera lo dispuesto internacionalmente en el 'Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2023' de la Organización Mundial de la
Salud, y ya en España, en el 'Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027', en el 'Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027' -aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 14 de febrero y el 4 de abril,
respectivamente-, y en las distintas estrategias y planes implementados por las Comunidades Autónomas.
Finalmente, el texto de la 'Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental' contiene un apartado de Conclusiones y recomendaciones.
Como conclusiones, en el texto se explica entre otras cuestiones que 'el modelo de protección, promoción, prevención y atención en salud mental debe estar centrado en las personas, tener un enfoque de derechos y favorecer la participación de
las personas con sufrimiento mental en todo el proceso'; que 'la detección precoz, la prevención de la conducta suicida y su atención deben ser una prioridad absoluta para el sistema sanitario y sociosanitario'; que 'el modelo comunitario e
inclusivo de salud mental es idóneo para el abordaje integral de los problemas de salud mental'; que 'la salud mental es un factor fundamental de la salud laboral'; que 'la perspectiva de género es fundamental a la hora de analizar los problemas
de salud mental de la población'; que 'la salud mental en la infancia y la adolescencia debe ser una prioridad de las políticas públicas'; que 'las personas mayores son uno de los colectivos con mayor prevalencia de depresión no tratada, con más
afectación de ideaciones y tentativas suicidas, y presentan de las tasas más altas de consumo de hipnosedantes y antidepresivos', y que 'es necesario mejorar la calidad, equidad, eficacia y eficiencia de la atención de la salud mental en el conjunto
del Sistema Nacional de Salud'.
En cuanto a las recomendaciones, el texto propone un total de 49 medidas estructuradas en ocho epígrafes centrados en la consecución de 'un modelo de salud mental centrado en las personas, con enfoque de derechos y prevención del suicidio';
en el impulso de 'actuaciones sobre los determinantes sociales de la salud y más salud mental en todas las políticas'; en la mejora de 'la información, el conocimiento y la divulgación sobre la situación de salud mental'; en 'la promoción del
cuidado, la salud y el bienestar emocional'; en la actualización de la 'cartera común de los servicios públicos en salud mental'; en la consecución de progresos en términos de 'atención integrada sociosanitaria'; en la materialización de avances
relacionados con 'la gobernanza, la integración y la sostenibilidad', y en 'el refuerzo de los recursos en salud mental'.
Por todo lo anterior, y considerando la necesidad de dar prioridad a personas con trastorno mental grave, así como la importancia de que quienes más lo necesitan accedan
a más recursos y con mayor presteza, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a destinar cuantos recursos humanos, económicos, tecnológicos y estructurales sean necesarios para dar cumplimiento real y efectivo a la totalidad de las recomendaciones contenidas en el
dictamen aprobado en la Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental' del propio Congreso en todo el Sistema Nacional de Salud.
La materialización tangible de las recomendaciones referidas será implementada de forma coordinada con la aplicación del 'Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027', el 'Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027' y las
estrategias y planes desarrollados por las Comunidades Autónomas, así como desde el consenso real con los representantes de los pacientes y de los profesionales sanitarios'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2025.-Carmen Fúnez de Gregorio, Elvira Velasco Morillo, Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución real de
avances tangibles en la prevención y el tratamiento integral y multidisciplinar del Alzheimer, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
De acuerdo con la información ofrecida desde instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y entidades nacionales como la Sociedad Española de Neurología (SEN), la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de
demencia en todo el mundo y su impacto en el bienestar y en la calidad de vida de los afectados -especialmente personas mayores- y de sus familias es muy negativo.
Referirse al Alzheimer es hacerlo a una patología cuya prevalencia aumenta exponencialmente a partir de los 65 años y que provocará en el año 2050, si se mantiene la proyección contemplada en los últimos años y se tienen en cuenta las
previsiones de envejecimiento demográfico más recientes, alrededor de 130 millones de pacientes a nivel global.
Ya en España, y también de acuerdo con los datos ofrecidos desde la SEN, padecen Alzheimer más de 800.000 personas y cada año se detectan unos 40.000 nuevos casos. Sin embargo, entre el 30 y el 40 % de los casos no son diagnosticados.
A esta situación epidemiológica y de infradiagnóstico hay que añadir el impacto económico que genera la enfermedad tanto en el entorno personal/familiar como en el nacional. El coste total del tratamiento del Alzheimer supone más de 10.000
millones de euros al año, lo que representar aproximadamente el 1,5 % del PIB nacional. El coste medio oscila entre 17.100 euros y los 28.200 euros por paciente y año, cifra que puede verse aumentada hasta los 41.700 euros en los casos que
presentan mayor gravedad.
En este contexto, las intervenciones en términos de prevención tanto sanitarias como sociales han de considerarse más prioritarias, especialmente sobre factores de riesgo modificables como, por ejemplo, un mayor control de la diabetes, de la
hipertensión
arterial, de la obesidad, del tabaquismo, del sedentarismo, de la depresión, de la inactividad cognitiva, de la hipoacusia, del aislamiento social... entre otros.
De igual modo, se antoja cardinal propiciar un respaldo más decidido al ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación para progresar sobre las causas de la enfermedad y su tratamiento, así como desde el prisma del acceso ágil,
pleno, cohesionado y seguro a los fármacos innovadores por los afectados; a la información, la formación y la capacitación de los propios pacientes, los familiares y los profesionales del ámbito sanitario y del social; a la continuidad
asistencial; a la coordinación sanitaria y sociosanitaria; a la elaboración de protocolos de gestión; al papel que debe corresponder a las asociaciones de familiares de los pacientes, y, entre otros factores, a una protección real, tangible y
efectiva de la totalidad de los derechos de los afectados y de sus cuidadores.
Estas necesidades se plantean en el marco de la desactualización en el que se encuentran actualmente tanto la 'Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud' como el 'Plan Integral de Alzheimer y otras
demencias', así como en la ausencia de Presupuestos Generales del Estado renovados desde el año 2023.
Por todo lo anterior, desde la convergencia con las medidas impulsadas en la Unión Europea y en el contexto del Día Mundial de la enfermedad de Alzheimer, celebrado anualmente cada 21 de septiembre desde 1994, del Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la disponibilidad, desde el ejercicio pleno y efectivo de sus competencias, de todos los recursos humanos, económicos, tecnológicos y estructurales que sean necesarios para que
puedan materializarse mejoras reales en la prevención, el diagnóstico temprano y preciso, y el tratamiento integral, transversal y multidisciplinar de la enfermedad de Alzheimer en todo el Sistema Nacional de Salud.
Para ello, el Gobierno trabajará con un enfoque sociosanitario, desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y desde la coordinación plena con los representantes de los pacientes y de sus familiares y cuidadores; de los
profesionales del ámbito sanitario y el de los servicios sociales; de la industria farmacéutica, y de las empresas de biotecnología y tecnología sanitaria.
El Gobierno también dará mayor prioridad a la consecución de avances en el terreno de la l+D+i relacionada con la enfermedad de Alzheimer, así como en el acceso ágil, equitativo y seguro de los afectados a las innovaciones terapéuticas y
tecnológicas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2025.-Carmen Fúnez de Gregorio, Elvira Velasco Morillo, Antonio Cavacasillas Rodríguez, María del Mar Vázquez Jiménez y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.-Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para apoyar la Presidencia de España de la Conferencia Interparlamentaria Europea
del Espacio (CIEE-EISC) como una nueva oportunidad para reforzar el papel de nuestro país como referente en el ámbito espacial europeo y mundial, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La Conferencia Interparlamentaria Europea del Espacio (CIEE-EISC) fue fundada en el año 1999 como foro permanente para la cooperación interparlamentaria en el ámbito espacial entre los parlamentos nacionales europeos interesados en la
política espacial. Su objetivo es facilitar el intercambio de información sobre actividades espaciales y promover el entendimiento mutuo de las políticas nacionales mediante un espacio para analizar los principales retos del sector espacial
europeo.
España es miembro de la CIEE-EISC desde el año 2000. Desde entonces, ha participado activamente en las reuniones organizadas por las distintas presidencias de la Conferencia, habiendo ostentado su presidencia en 2004 y 2015. A comienzos
del mes de septiembre, el plenario de la Conferencia celebrada en Tallin, Estonia, ha aprobado por unanimidad la candidatura de España para presidir nuevamente la CIEE-EISC en el año 2026.
Bajo el lema 'El Espacio como activo estratégico común', la Presidencia española, a través de la presente Comisión, abordará asuntos de extrema importancia para el devenir del sector espacial, como la preservación del Espacio para las
generaciones futuras, la sostenibilidad, la regulación de la actividad espacial, la seguridad de las estructuras críticas, los servicios y aplicaciones espaciales y el impulso de la inversión y la cooperación de todos los actores.
Durante el presente año 2025, la Presidencia ha recaído en Estonia. La Resolución de la Presidencia estonia pone encima de la mesa líneas de actuación esenciales para el futuro, como son:
- La resiliencia cibernética, entendida como la capacidad de prevenir, resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad. Es decir, abordar el papel de la ciberseguridad de los activos espaciales y la infraestructura en la preservación
de la seguridad de nuestras sociedades.
- El doble uso de los activos espaciales, invitando a los responsables políticos y los gobiernos a hacer pleno uso del concepto y adaptar los sistemas existentes para servir a las funciones de seguridad y defensa.
- La dimensión militar del espacio, concluyendo que éste no sólo juega un papel transversal dentro de las operaciones militares, sino que también debemos entender el espacio como un escenario independiente para la guerra.
Como ha ocurrido en los años precedentes, las conclusiones de la Presidencia pueden servir a gobiernos y dirigentes políticos para desplegar políticas públicas que aborden los asuntos allí discutidos. Precisamente por la utilidad técnica y
política, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente iniciativa con el afán de involucrar al Gobierno en una tarea que puede arrojar conclusiones de interés para el sector especial de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar activamente la Presidencia de España de la Conferencia Interparlamentaria Europea del Espacio (CIEE-EISC) como una nueva oportunidad para reforzar el papel de nuestro país como
referente en el ámbito espacial europeo y mundial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Roberto García Morís y Obdulia Taboadela Álvarez, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco José Alcaraz Martos, Jorge Campos Asensi y María de los Reyes Romero Vilches, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta a proceder con urgencia a la realización de una auditoría integral de los fondos destinados a la Cooperación
Española al Desarrollo, para su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Primero. El marco normativo actual de la cooperación internacional para el desarrollo en España.
La política española de cooperación internacional para el desarrollo ha sufrido una desfiguración en relación con el desbordamiento de los objetivos que dicha política debe conseguir. La Ley 23/1998, de 7 julio, de Cooperación Internacional
para el Desarrollo definía la cooperación como 'el conjunto de recursos y capacidades que España pone a disposición de los países en vías de desarrollo, con el fin de facilitar e impulsar su progreso económico y social, y para contribuir a la
erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones 1'. No obstante, y sin eludir las manifiestas deficiencias que contenía la ley citada supra, ésta fue derogada por la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el
Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
Así, esta norma rompe con la soberanía del Estado español al subordinarse a lo establecido por una suerte de gobierno mundial. De hecho, una de las ideas centrales es la transición de la soberanía nacional hacia 'la construcción de una
gobernanza democrática global' 2. En este caso, se puede concluir que se pretende someter la soberanía nacional a una 'gobernanza global', indefinida en sus términos, sus órganos y su alcance. Un gobierno que no rinde cuentas y que no se somete a
ningún proceso democrático en España.
Asimismo, la utilización de conceptos como el de 'ciudadanía global' son evidencias de la voluntad que subyace en esta iniciativa de diluir los valores propios de la sociedad española en favor de instituciones supranacionales donde
predominan intereses ajenos a los de España. Buen ejemplo de la ideologización de la norma es que el Consejo de Estado, en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley que precedió a su aprobación, destacó la necesidad de 'aligerar' la parte
dispositiva de expresiones que carecieran de contenido prescriptivo 3.
En definitiva, la voluntad del Ejecutivo de introducir nociones ideológicas impuestas por el globalismo resulta en un marco normativo que va en contra del interés general, y que se encuentra guiado simplemente por un interés partidista y
espurio. De ello se colige que, en vez de resolver algunos de los problemas que adolece la Cooperación Española, el nuevo marco normativo los agrava.
Segundo. Despilfarro y uso político y personal de fondos públicos.
Esta ideologización de una política de Estado no es sino la causa explicativa de los múltiples ejemplos de un reparto de ayudas y subvenciones que, cuanto menos, es cuestionable.
Este es el caso de los más de 11 millones de euros que recibió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia en el año 2023. Así, el objeto de la
1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16303.
2 Ibidem.
3 Dictamen del Consejo de Estado n.º 718/2022, p. 34.
ayuda es la 'ampliación y mejora de los servicios de agua y saneamiento en núcleos urbanos mayores de 2.000 habitantes' 4. Esta actuación se contrapone con la falta de inmediatez de las ayudas que el Ejecutivo ha destinado a los municipios
afectados por la Gota Fría producida el pasado octubre.
Otro ejemplo son los 300.000 euros destinados al proyecto Mi Casa fuera de Casa: Prevención y promoción de derechos, atención integral y acciones de mitigación con población LGBTIQ+ en situación de movilidad humana y comunidades de acogida,
gestionada por la Fundación Diálogo Diverso, y cuyo objeto es 'brindar asistencia integral especializada a población LGBTIQ+ en situación de movilidad humana y comunidades de acogida en las ciudades de Quito y Cuenca (Ecuador), mediante la
implementación de los Centros de Información, Atención y Referencia para Personas LGBTIQ+ en Situación de Movilidad Humana' 5. Resulta curioso que siendo Cuenca la ciudad con menor tasa de pobreza del país hispanoamericano, la cooperación española
dedique sus fondos al mencionado objeto.
Asimismo, destaca la hipocresía del Ejecutivo a la hora de conceder ayudas y subvenciones frente a las posiciones políticas que mantiene. Buen ejemplo es el apoyo que el Gobierno otorga al régimen dictatorial venezolano, encabezado por
Nicolás Maduro Moros, que ha cometido crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo. Empero, y a pesar de que diversos ministros niegan este extremo, lo cierto es que a su vez se otorgan 4,5 millones de euros para 'la protección de la
población venezolana en situación de vulnerabilidad en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela' 6. Todo ello evidencia la realidad del éxodo masivo de venezolanos que se ha visto forzado a abandonar su patria por culpa de la dictadura chavista.
Otro ejemplo sangrante de cómo el Gobierno derrocha el dinero del contribuyente, es la subvención de 500.000 euros a la Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística (SMIT) en el año 2023, que es una institución pública creada en diciembre de
2007 para aplicar la estrategia de desarrollo del producto turístico de Marruecos. Llama poderosamente la atención que el Gobierno financie a entidades extranjeras que compiten directamente con el sector turístico español, que es un pilar
fundamental de nuestra economía.
Tercero. Conclusiones.
En resumen, el actual marco normativo que rige la cooperación internacional al Desarrollo en España está impregnado de una excesiva ideologización. El Gobierno está utilizando dicha política como herramienta para expandir los postulados
globalistas cuyo verdadero fin es la disolución de aquellas instituciones sociales que dan apoyo y sustentan al individuo, dejándolo completamente dependiente de ayudas que recibe del Estado.
En el caso de la política de cooperación al desarrollo de nuestro país, hace tiempo que quedó desvirtuada y subordinada a los intereses espurios del Ejecutivo, sin atender a su objetivo primigenio ya mencionado.
Por todo ello, deviene necesario una auditoría completa de los fondos enmarcados dentro de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el fin de poder valorar aquellos que realmente sean útiles para mejorar realmente la
vida de las poblaciones más desfavorecidas, y también, no sean antagónicas al interés nacional.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Proceder con urgencia a la realización de una auditoría integral de los fondos que el Estado ha concedido en el marco de la Cooperación al Desarrollo entre los años 2018 y 2024.
4 Respuesta del Gobierno n.º 59194, a iniciativa número 54079.
5 Respuesta del Gobierno n.º 59195, a iniciativa número 54080.
6 Resolución por la que se hace efectiva una contribución voluntaria al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, AECID, Expediente 2023/CLT/0001000037; 33; 23CLT1000037.
2. Eliminar cualquier subvención, ayuda o crédito que, en el marco de la Cooperación al Desarrollo, genere una competencia desleal contra cualquier sector productivo nacional.
3. Eliminar de la Cooperación Española cualquier ayuda alineada con los objetivos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios, la lucha contra lá inmigración ilegal o la lucha contra el terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2025.-Francisco José Alcaraz Martos, Jorge Campos Asensi y María de los Reyes Romero Vilches, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/002476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de Ley sobre la protección
del derecho al honor, la dignidad y la intimidad de las víctimas de violencia machista y vicaria, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En los últimos años se ha intensificado en el Estado español la producción de documentales y series audiovisuales enmarcadas en el género conocido como true crime, centradas en crímenes mediáticos. Entre estos, destacan casos de víctimas de
violencia machista y de violencia vicaria, como el asesinato del pequeño Gabriel Cruz o el denominado caso del 'Rey del cachopo'.
Este fenómeno, aunque algunos interesados defiendan que se encuentra amparado por el derecho a la información y a la libertad de creación audiovisual, plantea graves dilemas éticos, sociales y jurídicos. La explotación mediática del dolor
de las familias, sin su consentimiento ni participación, constituye una forma de revictimización secundaria, reconocida por la legislación española y por organismos internacionales como la ONU o el Consejo de Europa.
La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, denunció públicamente el año pasado la tentativa de grabación de un documental en la prisión con la participación de la asesina de su hijo, hecho que evidencia las grietas legales que permiten a
personas condenadas por delitos de extrema gravedad colaborar en producciones que reabren heridas y vulneran el derecho a la memoria y la dignidad de las víctimas.
En estas situaciones se produce un conflicto de bienes jurídicos: de una parte, el derecho a la libertad de expresión e información; de otra, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las víctimas y de sus familiares.
Cabe tener en cuenta, sin embargo, que ninguno de estos derechos es absoluto. La libertad de expresión e información y el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen se delimitan mutuamente, tanto en los casos expuestos como en
muchos otros. En el ámbito del true crime, los hechos ya juzgados y noticiados reducen la fuerza del derecho a la información, y la exposición considerablemente explícita de la comisión de estos crímenes puede suponer una grave afectación al honor,
a la intimidad y a la propia imagen de las víctimas, hasta el punto de interferir en el núcleo esencial de estos derechos fundamentales.
En este sentido, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ya permite a los familiares de personas fallecidas ejercitar acciones para salvaguardar
su memoria, evitando que entrevistas a condenados con sentencia firme se conviertan en un instrumento de justificación, de vejación de las víctimas o incluso en una vía para obtener beneficio económico por parte de quien ha cometido el delito. Este
es precisamente el caso de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del pequeño Gabriel, quien incluso llegó a alegar que los ingresos obtenidos servirían para cubrir la responsabilidad civil con la familia.
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, establece igualmente que los medios de comunicación deben poner especial énfasis en el respeto al honor de los menores y
exigir la autorización de los familiares para difundir imágenes cuando la víctima haya fallecido.
Otro límite lo fija la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en caso de que el contenido resultase injurioso o atentase contra la integridad moral de la familia. No obstante, como señalan los expertos, sin el amparo de
la normativa de protección de datos el camino judicial se complica: si no se consigue demostrar una lesión al honor, a la intimidad o a la propia imagen, y los hechos reproducidos guardan relación con la actualidad informativa, resulta muy difícil
obtener la paralización de la producción.
En consecuencia, la situación actual deja a las familias en una posición de desamparo: pese a reconocerse en abstracto sus derechos, en la práctica la ponderación judicial tiende a favorecer la libertad de expresión e información, mientras
que los límites vinculados al respeto a las víctimas son difusos, difíciles de probar y de aplicación tardía.
Por ello, es necesario dar un paso firme desde las instituciones para establecer garantías legales específicas que reconozcan el derecho de las víctimas y de sus familiares a decidir sobre la producción y difusión de documentales, series o
productos audiovisuales basados en casos de violencia machista o vicaria. Solo así se evitará que se encuentren, sin previo aviso ni consentimiento, con relatos que reabren heridas y convierten el dolor humano en objeto de consumo mediático.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar las reformas normativas pertinentes para impedir la producción, difusión y reproducción de contenido de carácter audiovisual que atente contra el derecho al honor, la dignidad y la intimidad de las víctimas de violencia machista
y vicaria, siempre que no exista el consentimiento expreso de la víctima o de sus familiares.
2. Impulsar las reformas normativas pertinentes para impedir la participación en este tipo de contenidos audiovisuales de personas condenadas por los referidos delitos, siempre que no exista el consentimiento expreso de la víctima o de sus
familiares'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2025.-Pilar Vallugera Balañà, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la protecció
del dret a l'honor, la dignitat i intimitat de víctimes de violència masclista i vicària per al seu debat en la Comissió d'Igualtat.
Exposició de motius
En els darrers anys s'ha intensificat a l'Estat espanyol la producció de documentals i sèries audiovisuals emmarcades en el gènere conegut com a true crime, centrades en crims mediàtics. Entre aquests, destaquen casos de víctimes de
violència masclista i de violència vicària, com l'assassinat del petit Gabriel Cruz o el denominat cas del 'Rei del cachopo'.
Aquest fenomen, tot i que alguns interessats defensin que es troba emparat pel dret a la informació i a la llibertat de creació audiovisual, planteja greus dilemes ètics, socials i jurídics. L'explotació mediàtica del dolor de les famílies,
sense el seu consentiment ni participació, constitueix una forma de revictimització secundària, reconeguda per la legislació espanyola i per organismes internacionals com l'ONU o el Consell d'Europa.
La mare de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, va denunciar públicament l'any passat la temptativa de gravació d'un documental a la presó amb la participació de l'assassina del seu fill, fet que evidencia les esquerdes legals que permeten a
persones condemnades per delictes d'extrema gravetat col·laborar en produccions que reobren ferides i vulneren el dret a la memòria i la dignitat de les víctimes.
En aquestes situacions es produeix un conflicte de béns jurídics: d'una banda, el dret a la llibertat d'expressió i informació; de l'altra, el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de les víctimes i dels seus familiars.
Cal tenir en compte, però, que cap d'aquests drets no és absolut. La llibertat d'expressió i informació i el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge es delimiten mútuament, tant en els casos exposats com en molts altres. En
l'àmbit del true crime, els fets ja jutjats i noticiats redueixen la força del dret a la informació, i l'exposició considerablement explícita de la comissió d'aquests crims pot suposar una greu afectació a l'honor, a la intimitat i a la pròpia
imatge de les víctimes, fins al punt d'interferir en el nucli essencial d'aquests drets fonamentals.
En aquest sentit, la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, ja permet als familiars de persones difuntes exercir accions per salvaguardar-ne la
memòria, evitant que entrevistes a condemnats amb sentència ferma esdevinguin un instrument de justificació, de vexació de les víctimes o fins i tot una via per obtenir benefici econòmic per part de qui ha comès el delicte. Aquest és precisament el
cas d'Ana Julia Quezada, condemnada per l'assassinat del petit Gabriel, qui fins i tot va arribar a al·legar que els ingressos obtinguts servirien per cobrir la responsabilitat civil amb la família.
La Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència, estableix igualment que els mitjans de comunicació han de posar especial èmfasi en el respecte a l'honor dels menors i exigir
l'autorització dels familiars per difondre imatges quan la víctima hagi mort. Un altre límit el fixa la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, en cas que el contingut resulti injuriós o atempti contra la integritat moral de la
família. Tanmateix, com assenyalen els experts, sense l'empara de la normativa de protecció de dades el camí judicial es complica: si no s'aconsegueix demostrar una lesió a l'honor, a la intimitat o a la pròpia imatge, i els fets reproduïts
guarden relació amb l'actualitat informativa, resulta molt difícil obtenir la paralització de la producció.
En conseqüència, la situació actual deixa les famílies en una posició de desemparament: tot i reconèixer-se en abstracte els seus drets, a la pràctica la ponderació judicial tendeix a afavorir la llibertat d'expressió i informació, mentre
que els límits vinculats al respecte a les víctimes són difusos, difícils de provar i d'aplicació tardana.
Per això, és necessari fer un pas ferm des de les institucions per establir garanties legals específiques que reconeguin el dret de les víctimes i dels seus familiars a decidir sobre la producció i difusió de documentals, sèries o productes
audiovisuals basats en casos de violència masclista o vicària. Només així s'evitarà que es trobin, sense previ avís ni consentiment, amb relats que reobren ferides i converteixen el dolor humà en objecte de consum mediàtic.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a:
1. Impulsar les reformes normatives pertinents per a impedir la producció, difusió i reproducció de contingut de caràcter audiovisual que atempti contra el dret a l'honor, la dignitat i intimitat de víctimes de violència masclista i
vicària, sempre que no existeixi el consentiment exprés de la víctima o el dels seus familiars.
2. Impulsar les reformes normatives pertinents per a impedir la participació en aquest tipus de continguts audiovisuals de persones condemnades pels referits delictes, sempre que no existeixi el consentiment exprés de la víctima o el dels
seus familiars.'
Congrés dels Diputats, a 19 setembre de 2025.-Pilar Vallugera Balañá, Diputat.-Gabriel Rufián Moreno, Portaveu del G. P. Republicá.
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/002473
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley instando al Gobierno a realizar una auditoría integral del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el octavo guion procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a realizar una
auditoría integral del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento en casos de violencia de género
y violencia sexual, para su debate en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Exposición de motivos
En 2004 la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 64, permitió que los jueces estableciesen medidas cautelares de protección a las víctimas de este tipo de
violencia tan frecuente, como la prohibición de aproximarse a estas a una distancia establecida judicialmente (100, 200, 500 ms.) por parte de sus agresores.
Desde el año 2009, comenzó a usarse, en los casos en los que así lo establece la decisión judicial en función del grado de peligrosidad, un sistema de control telemático de cumplimiento de órdenes de alejamiento. Se trata de dos
dispositivos conectados, una pulsera con GPS para el agresor y un dispositivo receptor, un localizador, conectados ambos a un centro de control que monitoriza sus ubicaciones en tiempo real, estableciéndose la distancia de la orden de alejamiento
como 'perímetro de exclusión' que, si se sobrepasa, genera una alerta inmediata que se atiende en el centro de control, desde donde pueden conectar inmediatamente con la víctima y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para una actuación inmediata.
Las primeras 'pulseras' las puso a disposición de los juzgados la Comunidad de Madrid en 2009, a través de un proyecto piloto mediante 'brazaletes' GPS para casos de alto riesgo, siendo después perfeccionadas técnicamente y asumiendo el
Ministerio de Igualdad en 2011 la puesta a disposición de los dispositivos a los juzgados y el control de las alertas. Se creó en 2013 el Centro de Control COMETA, encargado de la coordinación del uso de estos dispositivos con los juzgados, la
Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de la gestión de las alertas, encargándose también de la documentación de las incidencias y los incumplimientos ocurridos para su utilización como prueba en el procedimiento judicial. Para
todo ello se firmaron varios protocolos entre los Ministerios de Igualdad, Justicia, Interior, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en 2013.
En 2022 el uso de estas pulseras se amplió también a los delitos de violencia sexual objeto de reproche penal a través de una Instrucción de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que propone a la Fiscalía y al Consejo
General del Poder Judicial su uso también en estos casos, cuando se dictaran órdenes de alejamiento.
En 2023, el contrato de gestión del sistema pasó, de estar en manos de Telefónica (subcontratada a Securitas Direct), a una nueva unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas Seguridad. El proceso de tramitación del contrato,
de 42,6 M y tres años de duración, que resultó en que Vodafone, sustituyese a Telefónica, que no se presentó a la renovación, se comenzó durante el período en que Podemos estuvo al frente del ministerio, con Irene Montero, y se remató con la
adjudicación a Vodafone en octubre de 2023, siendo aún ministra la misma Montero y con el nuevo gobierno aún sin nombrar (Ana Redondo fue nombrada ministra el 21 de noviembre de 2023), correspondiendo en cambio el inicio de la ejecución y todo el
proceso de migración de una empresa a otra a la ministra socialista.
Durante este proceso de migración tecnológica, tanto de datos como de dispositivos, entre febrero y marzo de 2024 se produjo una grave incidencia técnica que fue denunciada por la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024: los datos
de geolocalización anteriores al 20 de marzo de 2024 se perdieron o quedaron inaccesibles para el propio sistema.
Las voces críticas al cambio de compañía no tardaron, y la propia Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, reveló su preocupación directamente a la
ministra Redondo, por la falta de experiencia de los nuevos adjudicatarios con respecto a la tarea a desempeñar, y sus dudas de que los dispositivos nuevos proporcionados por la nueva empresa fuesen fiables, ya que ella misma comprobó que algunos de
los nuevos aparatos se habían comprado en Ali Express, bajando su precio de mercado de 150 euros por
dispositivo en el caso de los antiguos a los 15 euros de los actuales. Según denunció también la presidenta del Observatorio, los agresores pueden quitarse con facilidad los dispositivos, pueden manipularlos, las alertas siguen fallando, el
sistema no siempre se comunica a tiempo si ha sido manipulado y se han producido casos en los que las víctimas han llegado a tener delante a sus agresores sin que se hubiese producido ninguna alerta.
Las consecuencias judiciales han sido graves. Ante la imposibilidad de remitir a los juzgados los datos relativos a los usuarios de los dispositivos, se han dictado sobreseimientos provisionales y absoluciones por imposibilidad de acreditar
el incumplimiento de órdenes de alejamiento. La propia falta de seguridad en los nuevos terminales, que no siempre responden, ha dado lugar a absoluciones. La Fiscalía General advierte de una 'potencial desprotección' de las víctimas, en los
siguientes términos: 'esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos
absolutorios', y en los juzgados de lo penal, 'se impide que el legal representante del centro de control pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada, lo que aboca en muchos casos a sentencias
absolutorias'. Las Fiscalías de Castilla La Mancha, Madrid, Gerona, Granada y Tenerife alertaron sobre los problemas de acceso a la información del proveedor anterior. A ello se une la indefensión de las víctimas: 'la comunicación de incidencias
reiteradas genera inseguridad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos'. Desde el Centro Cometa se contesta a los juzgados que desconocen 'cuándo puede quedar solventada la
situación mencionada', lo que resulta en una situación de absoluta desprotección de las víctimas más necesitadas de seguridad por parte de un sistema institucional que les está fallando.
Hemos sabido, además, por noticias de prensa, que cuando el sistema estaba gestionado por Telefónica, el software de control y almacenamiento de datos se subcontrató a una empresa tecnológica israelí, que encriptó los datos por razones de
seguridad, lo que complica su recuperación para la nueva UTE Vodafone/Securitas.
Este gravísimo problema se ha producido en un contexto de creciente preocupación social por la violencia de género y sexual, con más de 4.500 dispositivos activos en el momento del fallo y un número creciente de víctimas que dependen de
estos sistemas para su seguridad. Según los datos disponibles de los últimos cinco años, anualmente se imponen entre 1200 y 1500 pulseras telemáticas en los juzgados españoles, pudiendo de esta manera hacer un cálculo aproximado de los expedientes
afectados por esta pérdida de información (más de 3.000). Desde el Ministerio se han realizado campañas y se han enviado mensajes animando a los operadores jurídicos a su mayor utilización, que caen en saco roto porque son las propias mujeres y por
supuesto los juzgados los que dudan cada vez más de su utilidad.
Por último, redundando en el descrédito cada vez mayor del Ministerio de Igualdad, se menciona también en medios que tanto los jueces como los fiscales han manifestado su preocupación por la baja eficacia del sistema y sugieren que su
gestión debería pasar al Ministerio del Interior, que cuenta con una mucho mayor experiencia operativa en la seguridad y la protección de las mujeres víctimas de violencia. Siempre según las mismas fuentes, las propias trabajadoras del Centro
Cometa denuncian fallos técnicos graves y cuestionan al Ministerio en cuanto a su capacidad para gestionar un sistema complejo y sensible.
Por todo ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Desencriptar los datos perdidos a la mayor brevedad posible, para evitar que los sobreseimientos o sentencias absolutorias por falta de información relativa a la situación de los agresores, empeoren aún más la seguridad de las víctimas.
- Evaluar el impacto de la pérdida de datos en los procedimientos judiciales afectados, incluyendo número de casos, resoluciones judiciales comprometidas y víctimas potencialmente desprotegidas.
- Informar sobre las características concretas de los dispositivos adquiridos por la empresa adjudicataria del sistema COMETA desde 2023, con detalle de sus certificaciones técnicas, homologaciones para la actividad para la que se utilizan,
controles de calidad que garanticen su fiabilidad.
- Informar sobre la compra concreta de esos dispositivos por parte de la empresa adjudicataria, con detalle de su coste y de sus proveedores.
- Informar sobre los dispositivos actuales en relación con su fiabilidad y respuesta, procediendo a sustituirlos si su solvencia técnica se revela como inadecuada para la seguridad de las víctimas.
- Aportar a la comisión los informes acreditativos de la solvencia técnica y profesional de las empresas contratadas.
- Realizar una auditoría técnica, operativa y judicial independiente del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento desde el cambio de proveedor en 2023.
- Informar a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de género del Congreso de los Diputados, en un plazo máximo de 60 días, sobre:
Las causas técnicas del fallo.
Las medidas adoptadas para recuperar o reconstruir los datos perdidos.
Los protocolos actuales de seguridad, trazabilidad y supervisión del sistema.
- Establecer un mecanismo de supervisión permanente, con participación de las diferentes administraciones concernidas, para garantizar la fiabilidad del sistema y prevenir futuras incidencias.
- Reforzar la formación de jueces, fiscales y cuerpos policiales sobre el uso y control de estos dispositivos, asegurando una respuesta rápida ante cualquier fallo técnico'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2025.-Jaime Miguel de los Santos González, Marta González Vázquez, Mirian Guardiola Salmerón, Ana Belén Vázquez Blanco, Ana Isabel Alós López, Beatriz Álvarez Fanjul, María de las
Mercedes Cantalapiedra Álvarez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Silvia Franco González, Ana Martínez Labella, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Patricia Rodríguez Calleja, Violante Tomás Olivares, María del Mar Vázquez Jiménez y
Javier Merino Martínez, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/001346
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Está en disposición el Gobierno de presentar, con la mayor brevedad posible, un proyecto de ley que permita establecer una cláusula de garantía salarial para el personal empleado público, de forma que sus salarios se actualicen
automáticamente cada año en función del incremento del IPC real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Está en disposición o Goberno de presentar, á maior brevidade posíbel, un proxecto de lei que permita estabelecer unha cláusula de garantía salarial para o persoal empregado público, de forma que os seus salarios se actualicen
automaticamente cada ano en función da suba do IPC real?
Madrid, 18 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001334
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Valora el Gobierno habilitar un período no inferior a seis meses para la formación y adaptación de los trabajadores y trabajadoras del mar a los nuevos requerimientos del Reglamento de Ordenación de Navegación Marítima durante el cual las
Capitanías Marítimas sigan realizando los trámites digitales ahora obligatorios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Valora o Goberno habilitar un período non inferior a seis meses para a formación e a adaptación dos traballadores e traballadoras do mar aos novos requirimentos do Regulamento de Ordenación da Navegación Marítima durante o cal os trámites
dixitais agora obrigatorios se continúen a desenvolver por parte das Capitanías Marítimas?
Madrid, 15 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz Adxunto do GP Mixto.
181/001342
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Tiene previsiones el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respecto de la instalación de pasos de peatones elevados o bien de pasos regulados por semáforo a demanda o con control de velocidad en los municipios de Barbantes,
Laias, Rozamonde, Xubín y Trasaríz de la N-120 en el Concello de Cenlle que incrementen la seguridad de las personas, especialmente de las personas mayores, al atravesar la carretera de un lado a otro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Ten previsións o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel para a instalación de pasos de peóns elevados ou ben pasos regulados por semáforo a demanda ou con control de velocidade nos lugares de Barbantes, Laias, Rozamonde, Xubín e
Trasaríz na N-120 no Concello de Cenlle que incrementen a seguranza das persoas, especialmente das máis idosas, á hora de atravesar a estrada dunha marxe a outra?
Madrid, 17 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001335
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Mantendrá el Gobierno abiertas y plenamente operativas todas las oficinas del ISM en Galicia, reforzando la dotación de personal de las mismas para poder prestar los servicios sobre los que es competente de forma ágil y eficaz, además de
garantizar la cobertura inmediata del personal facultativo de los centros de sanidad marítima en Galicia para evitar retrasos que impidan los embarques?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Manterá o Goberno abertas e plenamente operativas todas as oficinas do ISM na Galiza, reforzando a dotación de persoal das mesmas para poder prestar os servizos sobre os que é competente de xeito áxil e eficaz ademais de garantir a cobertura
inmediata do persoal facultativo dos centros de sanidade marítima na Galiza para evitar demoras que impidan os embarques?
Madrid, 15 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz Adxunto do GP Mixto.
181/001336
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Aumentará de forma urgente la oferta y mejorará la gestión de los cursos ofertados por el ISM en Galicia, en particular aquellos que de obligado cumplimimiento para que los trabajadores y trabajadoras de mar puedan desempeñar su actividad
laboral a bordo sin demora alguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Aumentará de xeito urxente a oferta e mellorará a xestión dos cursos ofertados polo ISM na Galiza, en particular dos de obrigado cumprimento para poder desenvolver a actividade laboral a bordo dos traballadores e traballadoras do mar sen
necesidade de demora algunha?
Madrid, 15 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001337
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá un diálogo con el colectivo de pescadores recreativos en relación con las previsiones del proyecto de Real Decreto por el que se regulan las medidas de gestión de los recursos
pesqueros para consensuar las previsiones respecto a esta actividad en aguas exteriores, teniendo en cuenta también los informes y datos científicos disponibles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Estabelecerá o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación un diálogo co colectivo de pescadores recreativos en relación coas previsións do proxecto de Real Decreto polo que se regulan as medidas de xestión dos recursos pesqueiros para
consensuar as previsións a respecto desta actividade en augas exteriores atendendo, así mesmo, aos informes e datos científicos dispoñíbeis?
Madrid, 17 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz Adxunto do GP Mixto.
181/001343
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Eliminará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la posibilidad de transferencia de cuota de la normativa vigente, por implicar un lucro particular de un bien público como son los recursos pesqueros, máxime cuando existen
necesidades en otras zonas y flotas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Eliminará o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a posibilidade de transferencia de cota da normativa vixente, por implicar un lucro particular dun ben público como son os recursos pesqueiros, máxime cando existan necesidades
noutras zonas e frotas?
Madrid, 18 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz Adxunto do GP Mixto.
181/001344
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Realizará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una nueva distribución de la cuota de sardina entre las zonas 8c y 9a, proporcionada y atendiendo al número de buques y tripulantes de cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Realizará o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación unha nova distribución da cota da sardiña entre as zonas 8c e 9a, proporcionada e atendendo ao número de buques e de tripulantes de cada unha delas?
Madrid, 18 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz Adxunto do GP Mixto.
181/001345
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Negociará el Gobierno del Estado el reparto de la cuota de sardina con Portugal para lograr un nuevo acuerdo bilateral equilibrado que tenga en cuenta el número de buques y tripulantes de cada uno de los dos Estados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Negociará o Goberno do Estado o reparto da cota da sardiña con Portugal para lograr un novo acordo bilateral equilibrado e que teña en consideración o número de buques e tripulantes de cada un dos dous Estados?
Madrid, 18 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001338
Bella Verano Domínguez, Juan Diego Requena Ruiz, Manuel García Félix, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez y Javier Folch Blanc.
¿En qué punto se encuentra actualmente la tramitación del protocolo por el que la Junta de Andalucía asumirá la ejecución de la presa de Alcolea a cambio de que el Estado lleve a cabo otras obras hidráulicas de valor equivalente en la
región?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Bella Verano Domínguez, Juan Diego Requena Ruiz, Manuel García Félix, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez y Javier José Folch Blanc, Diputados.
181/001339
Bella Verano Domínguez, Juan Diego Requena Ruiz, Manuel García Félix, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez y Javier Folch Blanc.
¿Si, tal y como ha comunicado la Junta de Andalucía, el acuerdo con el Gobierno contempla que la firma del protocolo se produzca antes de que finalice el verano, y habiendo manifestado la Junta su disposición a formalizarlo de forma
inmediata, tiene previsto el Gobierno cumplir con ese plazo para la firma del protocolo de cesión de la presa de Alcolea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Bella Verano Domínguez, Juan Diego Requena Ruiz, Manuel García Félix, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez y Javier José Folch Blanc, Diputados.
181/001340
Bella Verano Domínguez, Juan Diego Requena Ruiz, Manuel García Félix, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez y Javier Folch Blanc.
¿En virtud del acuerdo alcanzado, por el que el Estado asumirá la ejecución de otras infraestructuras hidráulicas de valor equivalente al proyecto de Alcolea, puede detallar el Gobierno qué obras están previstas y si existe ya un calendario
aproximado para su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Bella Verano Domínguez, Juan Diego Requena Ruiz, Manuel García Félix, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez y Javier José Folch Blanc, Diputados.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/001333
Cristóbal Garre Murcia, Isabel María Borrego Cortés, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá, María Soledad Cruz-Guzmán García, Alberto Fabra Part, Cristina Moreno Borrás, Carlos Gil Santiago, Laura Lima García,
Celso Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo, Sergio Sayas López y Javier Noriega Gómez
¿Son compatibles las actuaciones de la Tesorería de la Seguridad Social respecto a su patrimonio con las políticas del Ministerio de la Vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2025.-Cristóbal Garre Murcia, Isabel María Borrego Cortés, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá, María Soledad Cruz-Guzmán García, Alberto Fabra Part,
Cristina Moreno Borrás, Carlos Gil Santiago, Laura María Lima García, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo, Sergio Sayas López y Javier Noriega Gómez, Diputados.
181/001341
Daniel Pérez Osma, Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso
Luis Delgado Arce, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo y Cristina Moreno Borrás
¿Qué balance hace el Gobierno, hasta la fecha, del impacto del Plan de Vivienda 2023-2026 en el medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2025.-Daniel Pérez Osma, Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Cristina Agüera Gago, Miguel
Ángel Sastre Uyá, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo y Cristina Moreno Borrás, Diputados.
181/001347
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Acometerá el Gobierno la reforma del derecho de retracto en caso de cesión de créditos hipotecarios cuando el destino del préstamo y de la garantía hipotecaria sea la vivienda habitual de una persona o unidad familiar o de convivencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Acometerá o Goberno a reforma do dereito de retracto no suposto de cesión de créditos hipotecarios cando o destino do préstamo e a garantía hipotecaria sexa a vivenda habitual dunha persoa física ou unidade familiar ou de convivencia?
Madrid, 19 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz Adxunto do GP Mixto.