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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 396, de 23/09/2025
cve: BOCG-15-D-396
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de septiembre de 2025
Núm. 396
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de sufragio de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención de
la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por el Reino de España. ... (Página6)
Comisión de Defensa
161/002452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de agradecimiento a la labor de las FAS, y en especial de la UME, ante la oleada de incendios sufridos en el verano de 2025 ...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a las medidas fiscales para apoyar a las familias en relación con los gastos escolares ... (Página11)
161/002453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la regulación de cláusulas de exclusión de las empresas que contravengan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario en todos los procesos de contratación pública de la Administración General del Estado ... (Página13)
Comisión de Interior
161/002448 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para fomentar el comercio de proximidad en los municipios que albergan centros penitenciarios ... (Página15)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa del sector del transporte de viajeros por carretera ... (Página16)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002433 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a bajada de ratios ... (Página19)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002428 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de precariedad laboral del personal de empresas contratadas por Aena en aeropuertos ... (Página21)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002442 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de las comisiones que la SELAE abona a la Red de ventas de Loterías y Apuestas del Estado ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección del sector ganadero ante el aumento de brotes de lengua azul ... (Página24)
161/002432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adecuada dotación de los fondos europeos destinados al sector pesquero en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) ...
161/002441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la exclusión del palangre de la consideración de artes de fondo y a las actuaciones para evitar la extensión de las 87 vedas a las artes de fondo
impuestas por la CE en el Atlántico Nororiental ... (Página27)
161/002445 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas urgentes para garantizar la viabilidad del cultivo del arroz en Extremadura y en el conjunto de España ...
161/002446 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad de reforzar las medidas para revertir el descenso en el consumo de pescado y garantizar la supervivencia de las
pescaderías tradicionales ... (Página31)
161/002447 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la rectificación de la orden HAC/408/2025 de 28 de abril, sobre la reducción del rendimiento neto en módulos de 2024, y del Real
Decreto-ley 7/2024, referente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, en defensa del campo andaluz ... (Página33)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la autorización del proyecto de Parque Eólico Seixo ... (Página35)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para recuperar la vivienda como un derecho frente a la especulación ... (Página43)
161/002450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reformar la política de vivienda y garantizar el acceso de los jóvenes ... (Página45)
Comisión de Cultura
161/002440 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la protección del patrimonio industrial representado por la central térmica de As Pontes de García Rodríguez ...
161/002451 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para que el acceso a las artes y la cultura en la escuela sea un derecho ... (Página49)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002434 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la Carpeta Personal Digital Única para las relaciones con la Administración Pública ... (Página51)
Comisión de Sanidad
161/002443 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al abordaje integral de las cefaleas y las migrañas en condiciones de máxima calidad asistencial y equidad todo el Sistema Nacional de
Salud ... (Página53)
161/002444 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de prevención de las enfermedades de origen laboral en relación con la exposición a la sílice cristalina ... (Página55)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/001326 Pregunta formulada por el Diputado Carlos Rojas García (GP), sobre modo en que el Gobierno piensa sustituir el sistema de misiles Spike cuyo contrato ha sido rescindido, teniendo en cuenta la merma de nuestra seguridad y defensa
... (Página57)
181/001327 Pregunta formulada por el Diputado Carlos Rojas García (GP), sobre motivos por los que el Gobierno ha contratado servicios que pueden afectar a la defensa o la seguridad nacional a operadores de nacionalidad china ...
181/001328 Pregunta formulada por el Diputado Carlos Rojas García (GP), sobre gasto en defensa en el ejercicio 2026 ... (Página57)
181/001330 Pregunta formulada por los Diputados Txema Guijarro García (GSUMAR) y Alonso Cantorné, Fèlix (GSUMAR), sobre fecha prevista para llevar a cabo la desconexión total de la tecnología militar israelí ...
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001324 Pregunta formulada por el Diputado Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre previsiones acerca de iniciar la tramitación del rescate de la concesión y liberalización del peaje de la autopista del Atlántico AP-9, por ser esta la
alternativa más ventajosa para el interés público ... (Página57)
181/001325 Pregunta formulada por el Diputado Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre previsiones de Renfe acerca de suprimir desde el día 09/06/2025 las paradas de trenes en las estaciones intermedias del corredor ferroviario de Alta Velocidad
Galicia-Madrid, y muy especialmente en la estación de Alta Velocidad de A Gudiña-Porta de Galicia, así como, en consecuencia, de restablecer las frecuencias eliminadas a la mayor brevedad ... (Página58)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001332 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre acciones que está llevando a cabo el Gobierno para intentar excluir los palangres de la consideración de arte de fondo y evitar la posible ampliación de las 87
zonas vedadas por la Comisión Europea en el Atlántico Nororiental a la pesca de fondo ... (Página58)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
181/001320 Pregunta formulada por los Diputados Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), Mejías Sánchez, Carina (GVOX) y Fernández Hernández, Pedro (GVOX), sobre utilización por la esposa del Presidente del Gobierno de aeronaves del Ejército
del Aire para viajes privados no relacionados con la actividad del Gobierno ... (Página59)
181/001321 Pregunta formulada por los Diputados Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), Mejías Sánchez, Carina (GVOX) y Fernández Hernández, Pedro (GVOX), sobre medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para hacer frente a la caída de
la reputación internacional de nuestro país ante el empeoramiento de España en los rankings internacionales de lucha contra la corrupción ... (Página59)
181/001322 Pregunta formulada por los Diputados Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), Mejías Sánchez, Carina (GVOX) y Fernández Hernández, Pedro (GVOX), sobre motivo por el que el Gobierno hace caso omiso de las reformas recomendadas por
GRECO, en general, y especialmente en materia de prevención de la corrupción ... (Página59)
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001331 Pregunta formulada por los Diputados Ángel López Maraver (GVOX) y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre garantías que tiene el Gobierno de que la tecnología china utilizada para radares y labores de vigilancia de tráfico
cumple con los estándares de seguridad y no son un peligro para la seguridad nacional de nuestro país ... (Página60)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/026322 Autor: Guijarro García, Txema
Posibilidad de exclusión de Alicante como zona de predominio lingüístico valenciano ... (Página60)
184/026515 Autor: Muñoz de la Iglesia, Ester Franco González, Silvia
Autoría de la ejecución de los canales que recogen las aguas de los valles de El Barbadiel y Redecillo y que atraviesan el municipio de Benavides de Órbigo, titularidad actual y situación de los mismos, y responsable de su mantenimiento ...
(Página62)
184/026780 Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Número de jueces, magistrados y fiscales que han hecho huelga en cada provincia, así como cantidad total que se les va a descontar por día de huelga ... (Página64)
184/027363 Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando Valero Morales, Juan Antonio González López, Nahuel Rivera Arias, Engracia Sierra Caballero, Francisco
Incendio producido en la Mezquita de Córdoba y medidas previstas para evitar que la mezquita se utilice como almacén de enseres compuestos de material altamente inflamable, así como mecanismos con los que cuenta el Gobierno para que el
Cabildo Catedral de Córdoba sufrague el coste de la rehabilitación y acciones previstas para el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la mezquita ... (Página65)
184/027878 Autor: Lorente Anaya, Macarena Gallardo Barrena, Pedro Ignacio Romaní Cantera, José Ignacio Sastre Uyá, Miguel Ángel
Informes técnicos, jurídicos o administrativos que avalan la decisión de cancelar la inscripción en el Registro de Variedades Comerciales a la 'Tintilla de Rota' ... (Página67)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/002430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Josep Pagès i Massó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión Constitucional, una
Proposición no de Ley para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de sufragio de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por el Reino de
España.
Exposición de motivos
El derecho a la participación política es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Española en sus artículos 23.2 y 28, que debe garantizarse a todos los ciudadanos, en especial a las personas con discapacidad según el artículo
49 de la misma.
En lo que respecta a la garantía del derecho de sufragio activo para las personas ciegas y con discapacidad visual, la situación inicial desde la recuperación de las libertades era que estas personas debían acudir a votar acompañados de una
'persona de su confianza', que votaba por ellas. Así lo establecía el antiguo artículo 87 de la vigente Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
Con la reforma legal operada por la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre que introdujo el actual artículo 87.2 en la LOREG, y la posterior promulgación del Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, que desarrolló un procedimiento de voto
accesible para las personas ciegas, se dio un primer gran paso dirigido a superar la discriminación de las personas con discapacidad visual, paso que falta por completar para lograr una auténtica igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio por
este colectivo. Este es el objetivo que nos impulsa a la presentación de esta proposición no de ley.
En efecto, la regulación del procedimiento de voto accesible abordó la cuestión de forma incompleta, y la modificación del 87.2 de la LOREG, introducida por la Ley Orgánica 3/2011, no ha contribuido a superarla. Cabe señalar que en las
elecciones a Cortes Generales, Parlamento Europeo y Asambleas legislativas Autonómicas, así como en los referéndums, sólo se garantiza el procedimiento de voto accesible en la modalidad de voto presencial en el colegio electoral, no en el resto de
las modalidades de votación como son el voto por correo, y el de los ciudadanos residentes en el extranjero. Conviene
precisar que ni en la Ley Electoral ni en el Real Decreto 1612/2007, que regula el voto accesible, existe norma alguna que justifique esta ausencia de regulación.
Desde ese punto de vista, los diversos Gobiernos no han dado pleno cumplimiento al mandato legal del artículo 87.2 LOREG, al no regular el procedimiento para las distintas modalidades de votación y referirlo únicamente a la modalidad de voto
presencial en la mesa electoral. Tampoco se ha dado pleno cumplimiento desde el momento que se ha excluido la regulación de un procedimiento de voto accesible en las elecciones locales que, de facto, obliga a las personas con discapacidad visual a
votar sin otra alternativa mediante persona de confianza.
El alcance del mandato dado al Gobierno por el Legislador orgánico en su artículo 87.2, tras la reforma de 2011, al decir que 'en todo caso' el procedimiento de voto accesible se aplicará a las elecciones a cortes generales, al parlamento
europeo, a las asambleas autonómicas, y a los casos de referéndum, no puede interpretarse en el sentido restrictivo de que ello excluye la garantía de este derecho en las elecciones locales.
Esta interpretación es insuficiente para dar cumplimiento a la Constitución Española, (en concreto, al artículo 49 en su reciente redacción), y al artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad
ratificada por España en 2008. Según el artículo 10.2 de la Constitución española 'Las normas constitucionales y legales, deben interpretarse conforme a los tratados internacionales ratificados por España. De esta manera, el principio pro homine,
obliga a interpretar las normas del modo más favorable a los derechos humanos.
Pues bien, de la lectura literal de los apartados II) y III) del Art. 29 de la Convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad resulta evidente e indiscutible la obligación del Estado Español de garantizar a las personas
con discapacidad, con carácter general, el pleno ejercicio del derecho de sufragio, con secreto y autonomía, valiéndose para ello de los medios tecnológicos y de apoyo necesarios.
Sólo excepcionalmente, la Convención ampara la utilización del sistema de voto mediante persona de su confianza, pero establece dos requisitos claros concurrentes y restrictivos para permitir su utilización. Sólo podrá utilizarse el voto
asistido por persona de su confianza: Cuando sea necesario para garantizar la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores; y a petición de las propias personas con discapacidad.
Por tanto, de acuerdo con la configuración del derecho de sufragio para las personas con discapacidad que realiza la Convención, se insta a que el procedimiento de voto accesible del artículo 87.2 se adapte a ella, a aplicarse con carácter
general, siendo el Estado responsable de su garantía. El sistema de voto mediante persona de su confianza debe pasar a ser de aplicación excepcional i voluntaria para el elector, y no obligatorio por defecto de regulación legal o de adaptaciones,
como ocurre en el caso de las elecciones locales y de las modalidades no presenciales de votación.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones necesarias, concretamente en el artículo 87 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para que se establezcan aquellos procedimientos de votación, medios de apoyos o
adaptaciones, adoptando todas aquellas medidas que garanticen el ejercicio del derecho de sufragio de las personas con discapacidad, con la finalidad de adaptar el régimen electoral a la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con
Discapacidad.
2. Preservar el derecho al ejercicio del voto de los electores que sepan leer, o que por razón de discapacidad no puedan servirse de los procedimientos, medios de apoyo o adaptaciones previstos, de forma que puedan solicitar a la
presidencia de la mesa con carácter excepcional y voluntario servirse de una persona de su confianza para votar. La utilización de la persona de confianza será siempre voluntaria para el elector y no podrá justificarse en la absencia de
adaptaciones o medios de apoyo.
3. Regular un procedimiento de votación para las personas ciegas y con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto, que se aplicará en todos los procesos electorales y refrendarios y
en todas las modalidades de votación.
4. Implementar las herramientas necesarias para que este procedimiento se aplique a las elecciones locales, al voto por correo y al voto de los electores residentes en el extranjero, regulando la posibilidad de envío a domicilio de la
documentación de voto accesible para los electores que lo soliciten.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2025.-Josep Pagès i Massó, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instàncies del diputat Josep Pagès i Massó, d'acord amb el que s'estableix en l'article 139 i següents del Reglament de la Cambra, presenta per al seu debat a la Comissió Constitucional, una
Proposició no de Llei per a garantir l'exercici del dret fonamental de sufragi de les persones amb discapacitat, d'acord amb l'establert a la convenció de l'ONU de Drets de les Persones amb Discapacitat ratificada pel Regne d'Espanya.
Exposició de motius
El dret a la participació política és un dret fonamental consagrat en la Constitució Espanyola en els seus articles 23.2 i 28, que ha de garantir-se a tots els ciutadans, especialment a les persones amb discapacitat segons l'article 49
d'aquesta.
Pel que fa a la garantia del dret de sufragi actiu per a les persones cegues i amb discapacitat visual, la situació inicial des de la recuperació de les llibertats, era que aquestes persones havien d'acudir a votar acompanyats d'una 'persona
de la seva confiança', que votava per elles. Així ho establia l'antic article 87 de la vigent Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG).
Amb la reforma legal operada per la Llei orgànica 9/2007, de 8 d'octubre que va introduir l'actual article 87.2 en la LOREG, i la posterior promulgació del Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, que va desenvolupar un procediment de vot
accessible per a les persones cegues, es va fer un primer gran pas dirigit a superar la discriminació de les persones amb discapacitat visual, pas que falta per completar per a aconseguir una autèntica igualtat en l'exercici del dret de sufragi per
aquest col·lectiu. Aquest és l'objectiu que ens impulsa a la presentació d'aquesta proposició no de llei.
En efecte, la regulació del procediment de vot accessible va abordar la qüestió de manera incompleta, i la modificació del 87.2 de la LOREG, introduïda per la Llei orgànica 3/2011, no ha contribuït a superar-la. Cal assenyalar que en les
eleccions a Corts Generals, Parlament Europeu i Assemblees legislatives Autonòmiques, així com en els referèndums, només es garanteix el procediment de vot accessible en la modalitat de vot presencial en el col·legi electoral, no en la resta de
modalitats de votació com són el vot per correu, i el dels ciutadans residents a l'estranger. Convé precisar que ni en la Llei Electoral ni en el Reial decret 1612/2007, que regula el vot accessible, existeix cap norma que justifiqui aquesta
absència de regulació.
Des d'aquest punt de vista, els diversos Governs no han donat ple compliment al mandat legal de l'article 87.2 de la LOREG, al no regular el procediment per a les diferents modalitats de votació i referir-lo únicament a la modalitat de vot
presencial en la mesa electoral. Tampoc s'ha donat ple compliment des del moment que s'ha exclòs la regulació d'un procediment de vot accessible en les eleccions locals que, de facto, obliga les persones amb discapacitat visual a votar sense una
altra alternativa mitjançant persona de confiança.
L'abast del mandat donat al Govern pel Legislador Orgànic en el seu article 87.2, després de la reforma de 2011, en dir que 'en tot cas' el procediment de vot accessible s'aplicarà a les eleccions a corts generals, al parlament europeu, a
les assemblees autonòmiques, i als casos de referèndum, no pot interpretar-se en el sentit restrictiu que això exclou la garantia d'aquest dret en les eleccions locals.
Aquesta interpretació és insuficient per donar compliment a la Constitució Espanyola (en concret, a l'article 49 en la seva recent redacció), i a l'article 29 de la Convenció de Nacions Unides de Drets de les Persones amb Discapacitat
ratificada per Espanya en 2008. Segons l'article 10.2 de la Constitució espanyola Les normes constitucionals i legals, han d'interpretarse conforme als tractats internacionals ratificats per Espanya. Així doncs, el principi pro homine, obliga a
interpretar les normes del mode més favorable als drets humans.
Doncs bé, de la lectura literal dels apartats II) i III) de l'Art. 29 de la Convenció de l'ONU de drets de les persones amb discapacitat resulta evident i indiscutible l'obligació de l'Estat Espanyol de garantir a les persones amb
discapacitat, amb caràcter general, el ple exercici del dret de sufragi, amb secret i autonomia, valent-se per a això dels mitjans tecnològics i de suport necessaris.
Només excepcionalment, la Convenció empara la utilització del sistema de vot mitjançant persona de la seva confiança, però estableix dos requisits clars concurrents i restrictius per a permetre la seva utilització. Només podrà utilitzar-se
el vot assistit per persona de la seva confiança: Quan sigui necessari per a garantir la lliure expressió de la voluntat de les persones amb discapacitat com a electors; i a petició de les pròpies persones amb discapacitat.
Per tant, d'acord amb la configuració del dret de sufragi per a les persones amb discapacitat que realitza la Convenció, s'insta a que el procediment de vot accessible de l'article 87.2 s'hi adapti, a aplicar-se amb caràcter general, essent
l'Estat responsable de la seva garantia. El sistema de vot mitjançant persona de la seva confiança ha de passar a ser d'aplicació excepcional i voluntària per a l'elector, i no obligatori per defecte de regulació legal o d'adaptacions, com s'esdevé
en el cas de les eleccions locals i de les modalitats no presencials de votació.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a:
1. Realitzar les modificacions necessàries, concretament a l'article 87 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, per tal que s'estableixin els procediments de votació, mitjans de suport o adaptacions, adoptant
totes aquelles mesures que garanteixin l'exercici del dret de sufragi de les persones amb discapacitat, amb la finalitat d'adaptar el règim electoral a la Convenció de l'ONU de Drets de les Persones amb Discapacitat.
2. Preservar el dret a l'exercici del vot dels electors que no sàpiguen llegir, o que per raó de discapacitat no puguin servir-se dels procediments, mitjans de suport o adaptacions previstos, de forma que puguin sol·licitar a la presidència
de la mesa amb caràcter excepcional i voluntari servir-se d'una persona de la seva confiança per a votar. La utilització de la persona de confiança serà sempre voluntària per a l'elector i no podrà justificar-se en l'absència d'adaptacions o
mitjans de suport.
3. Regular un procediment de votació per a les persones cegues o amb discapacitat visual que els permeti exercir el seu dret de sufragi, garantint el secret del vot, que s'aplicarà en tots els processos electorals i referendaris i en totes
les modalitats de votació.
4. Implementar les eines necessàries per tal que aquest procediment s'apliqui a les eleccions locals, al vot per correu i al vot dels electors residents a l'estranger, regulant la possibilitat d'enviament a domicili de la documentació de
vot accessible per als electors que ho sol·licitin.'
Congrés dels Diputats, 10 de setembre de 2025.-Josep Pagès i Massó, Diputat.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu GP Junts per Catalunya.
Comisión de Defensa
161/002452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley de agradecimiento a la labor de las FAS, y en especial de la UME, ante la oleada de
incendios sufridos en el verano de 2025, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Este mes de agosto los incendios forestales han sido, sin lugar a duda, los más duros de los últimos años en nuestro país. Han sido unos incendios terribles en todos los sentidos, afectando cientos de miles hectáreas, a viviendas y con un
también horrible coste humano.
La intensidad, virulencia, dificultad de extinción derivada de los efectos del cambio climático, así como la simultaneidad, han convertido los incendios de este mes de agosto en una situación nunca antes conocida para los efectivos de la
Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada y para el resto de los efectivos de los operativos contra los incendios.
El esfuerzo de los más de 6.500 efectivos de las Fuerzas Armadas es evidente, realizando multitud de labores y acciones como quemas de urgencia, ataque directo al fuego, protección de poblaciones e infraestructuras... siempre junto con sus
compañeros los bomberos forestales y los diversos medios aéreos y terrestres del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) así como las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los
miembros de Protección Civil.
La UME ha participado en 48 intervenciones, en 9 comunidades autónomas, y en hasta 14 incendios de forma simultánea, siendo los días 14, 15 y 16 de agosto los más complicados, dado que la UME estaba desplegada en 14 fuegos, de forma
simultánea.
Así, más de 6.500 militares, y más de 2.000 medios de todo tipo, han participado en esta oleada, en la que ha habido intervenciones de cerca de 15 días seguidos y con un despliegue de medios que ha supuesto una movilización y cooperación
entre los ejércitos y la Armada, que han permitido que pueda darse por concluida esta situación de emergencia.
Y es que tanto la UME, como el Ejército de Tierra, la Infantería de Marina y el Ejército del Aire han estado volcados, desde el primer día, en la lucha contra los incendios, siendo necesario destacar el trabajo conjunto realizado entre las
administraciones.
Esta terrible oleada de incendios supone una oportunidad para analizar, estudiar y crear nuevas políticas de prevención y actuación frente a los incendios, cosa que este Gobierno ya está haciendo.
Pero es también necesario poner en valor y agradecer los esfuerzos de los efectivos en la lucha contra el fuego, de las FAS y de la UME.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Defensa, expresa su más profundo agradecimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y a todos los efectivos, bomberos forestales, agentes medioambientales, tripulaciones, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de protección civil, de emergencias y voluntarios, a los funcionarios y a todo el personal al servicio de todas las instituciones que participaron en la terrible oleada de incendios producidos en este verano
en 9 comunidades autónomas, con hasta 14 incendios de forma simultánea; destacando la intervención, compromiso y
profesionalidad de la UME, como ejemplo de la gran capacidad, entrega y esfuerzo que tienen nuestras Fuerzas Armadas, ante cualquier situación o dificultad que pueda presentarse.
Al mismo tiempo insta al Gobierno a:
- continuar manteniendo el elevado grado de preparación, profesionalidad, capacidad de acción y respuesta que caracteriza a la UME y a las FAS; haciendo especial mención a la formación y capacitación continua de nuestros militares;
- realizar un esfuerzo de divulgación y comunicación para que la ciudadanía conozca de una manera más detallada el origen, misión y la labor diaria que realiza la UME, aprovechando que el próximo 7 de octubre se celebrará el 20° aniversario
de la fundación de la UME, la primera y única unidad de nuestras Fuerzas Armadas especializada en intervenir en situaciones de emergencia y desastres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2025.-José Antonio Rodríguez Salas, Diputado.-Montse Mínguez García y Begoña Nasarre Oliva, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas fiscales para apoyar a las familias en relación con los gastos escolares, para su
discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La educación constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad desarrollada. Sin embargo, para una proporción creciente de hogares españoles, los gastos derivados del curso escolar suponen una carga económica que cada vez
pesa más sobre sus presupuestos. Uniformes, libros de texto, material escolar, comedor, transporte y actividades extraescolares conforman una factura que se incrementa año tras año. En el año 2023, el 83 % de las familias españolas tuvieron que
endeudarse para poder afrontar la vuelta al colegio 1.
Unos presupuestos familiares que se encuentran cada vez más mermados por las políticas del Gobierno, pero también por su inacción y falta de anticipación a los problemas económicos:
- Aumento de los precios de la cesta de compra: Desde septiembre de 2017, el índice de precios de consumo ha aumentado un 24,5 %, el de los alimentos el 42,17 %, detrayendo este aumento a la capacidad adquisitiva y de ahorro de las familias
2.
- Afrontar el pago de una vivienda cada vez más cara: Al aumento de los precios de la cesta de la compra ha de sumarse el incremento desmesurado de los precios de la
1 https://www.eleconomista.es/economía/noticias/12427470/09/23/ocho-de-cada-diez-espanoles-se-endeudan-para-afrontar-la-vuelta-al-cole.html
2 https://www.ine.es/up/GR8gBXRZiT
vivienda, con un aumento del 59 % para la compraventa 3 y del 64 % para el alquiler 4, que ha provocado que las familias españolas tengan que destinar, de media, cerca del 40 % de sus ingresos netos al pago del alquiler 5.
- Inestabilidad y precariedad laboral: A todo lo anterior, se debe sumar la creciente precariedad que acusan las familias españolas. Con el maquillaje estadístico del contrato fijo discontinuo, se oculta la mayor caída de estabilidad
laboral antes vista, lo que se plasma un aumento del pluriempleo para poder llegar a fin de mes 6.
- Aumento de los impuestos: En más de noventa ocasiones 7, el Gobierno ha aumentado los impuestos 8 y cotizaciones sociales 9 a los españoles, creando nuevas figuras tributarias y cargas burocráticas 10. Todo ello se ha visto reflejado en
una mayor recaudación tributaria -del 44 % 11 en el periodo 2018 12-2024 13-, concentrado en el expolio a las familias, con un incremento de los ingresos por IRPF del 56,2 % 14.
- Poca capacidad de ahorro: Además, consecuencia de todo lo anterior, es la caída del 4,8 % en la tasa de ahorro en las familias españolas en el primer trimestre del año 2025 15. En paralelo, el ahorro trimestral descendió un 20,9 %,
mientras que el gasto creció un 7,1 %, lo que evidencia un agotamiento del margen financiero de los hogares, que afrontan cada vez más dificultades para cubrir imprevistos o gastos puntuales como la vuelta al colegio.
El resultado ha sido que España registre una de las mayores tasas de riesgo de pobreza y exclusión social de la Unión Europea, con casi 12,5 16 millones de personas en esta situación, y la mayor tasa en población infantil de la Eurozona,
alcanzando el 34,4 % de la población menor de 6 años 17.
Con este paupérrimo escenario impuesto por un Gobierno débil, rodeado de corrupción, que solo atiende a sus intereses de permanecer en el poder a toda costa y sometido al chantaje separatista, las familias españolas deben afrontar un año más
el encarecimiento de la inversión más valiosa de sus vidas: la educación y el cuidado de sus hijos.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la educación ha sido el factor más significativo en el aumento del gasto medio por familia en 2024, siendo un 13,9 % superior al de 2023 18, y especialmente por la enseñanza primaria que se
incrementó un 36,9 % y la secundaria obligatoria un 43,7 % más. A todo ello, se le añade el aumento del gasto del material escolar cuyo incremento tuvo su mayor auge al comienzo del curso 2024/2025 19 (teniendo en cuenta que el coste medio por
alumno, por todos los gastos escolares,
3 https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/
4 https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/
5 https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2025/07/30/854688-el-esfuerzo-para-comprar-o-alquilar-vivienda-crecio-en-el-segundo-trimestre
6 https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12522242/11/23/la-seguridad-social-admite-que-el-efecto-pluriempleo-infla-en-800000-el-numero-de-afiliaciones-.html
7 https://okdiario.com/economia/ano-2025-comienza-12-nuevas-subidas-impuestos-sanchez-ya-aumentado-93-veces-14051074
8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-26694
9 https://www.20minutos.es/lainformacion/economia/nueva-subida-cotizaciones-2025-seguridad-social-motivo-5632761/
10 Impuestos medioambientales, como la nueva tasa de residuos urbano, entre otros (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular)
11 Con datos del INE de la AEAT, haciendo un cálculo per cápita considerando el aumento de la población, el aumento de la recaudación por cada español se eleva al 37,48 %.
12 https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2018/IMR_18_12_es_es.pdf
13 https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2024/IMR_24_12_es_es.pdf
14 Ibid. Notas 14 y 15.
15 https://ine.es/dyngs/Prensa/CTNFSI1T25.html
16 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/46e7ff90-b968-46eb-9f20-11ab466bf996?lang=en
17 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/d1e035ad-e8ce-4140-a65c-b9b570fe8829?lang=en
18 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/EPF2024.htm
19 https://www.infobae.com/espana/2024/09/08/mas-gastos-que-nunca-los-precios-de-la-vuelta-al-cole-baten-un-nuevo-record-y-se-convierten-en-arma-politica/
tuvieron en ese curso un coste de 2.588 euros 20). Si atendemos al coste según tipos de centros educativos, los gastos por alumno en un centro público serían, de media, de 1.200 , en contraposición del coste en un centro privado, que
podría elevarse hasta los 8.000 por alumno 21.
Sin embargo, en España no existe una deducción específica por gastos escolares (material, libros, uniforme, etc.) en el tramo estatal del IRPF, sino que el lugar donde resida la familia determinará las ayudas que se pueden obtener para
afrontar la vuelta al colegio.
En definitiva, la defensa de la familia, como institución básica de la sociedad, debe ser prioritaria en la acción del Gobierno, impulsando todas aquellas medidas que sean necesarias para su protección.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir la creciente factura del gasto escolar y, en particular:
1. Introducir una deducción en la cuota líquida estatal del IRPF, medido en términos de progresividad, por gastos efectuados en material educativo y en servicios escolares complementarios relativos a los hijos a cargo y, en concreto, gastos
de comedor escolar, adquisición de libros de texto, transporte escolar, gastos derivados de clases extraescolares formativas y deportivas, uniformes, y cualquier otro gasto directamente relacionado con la educación.
2. Asegurar la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2025.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002453
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a regulación de cláusulas de exclusión de las
empresas que contravengan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en todos los procesos de contratación pública de la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión de Economía y
Hacienda.
Exposición de motivos
El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia determinó que los asentamientos israelíes en Cisjordania violan el derecho internacional, ordenando la paralización de asentamientos y la evacuación de colonos, subrayando su
carácter de anexión permanente, así como la vulneración de la 4.ª Convención de Ginebra. En la Opinión Consultiva se insta a todos los Estados miembros de la ONU a no reconocer ni ayudar a mantener dicha situación, ordenando también la evacuación
de asentamientos, la restitución de tierras y reparación de daños, y recordando la obligación de no cooperar con las políticas discriminatorias de ocupación.
En este sentido, la Corte Internacional de Justicia (CU), en su Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación, estableció que 'todos los Estados
20 https://www.ocu.org/consumo-familia/bebes/informe/gastos-vuelta-cole
21 Ibidem.
tienen la obligación de no reconocer como lícita una situación derivada de una violación grave del Derecho Internacional, de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación, y de cooperar para ponerle fin'.
Asimismo, la Resolución A/RES/ES-10/17 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 2023, instó a todos los Estados a 'abstenerse de cualquier medida que pueda implicar reconocimiento, apoyo o asistencia a la ocupación de
territorios'.
En septiembre de 2024, la Asamblea General adoptó la resolución ES-10/L.31, que exige a Israel poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados, Jerusalén Este y Cisjordania incluidos, dentro de 12 meses, pidiendo
detener los asentamientos, evacuar colonos y desmantelar el muro ilegal.
En definitiva, los asentamientos israelíes en territorios ocupados son ilegales a la luz del Derecho Internacional, en virtud de la Cuarta Convención de Ginebra (1949), el Estatuto de Roma (1998) y numerosas resoluciones de ONU, entre otras,
la Resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de la ONU.
Numerosas empresas, entre las que se encuentran empresas españolas, han sido señaladas por su participación, directa o indirecta, en actividades económicas relacionadas con los asentamientos israelíes en territorios ocupados de Palestina,
considerados ilegales según el derecho internacional. Estas compañías, en sectores como la construcción, tecnología y transporte, han sido incluidas en informes de organizaciones como las Naciones Unidas, Observatorios de Derechos Humanos y
diversas organizaciones (como Amnistía Internacional) por contribuir a la sostenibilidad de los asentamientos o beneficiarse económicamente de ellos. La implicación de estas empresas, que forman parte de la ocupación y colonización que ejerce
Israel sobre los territorios ocupados, también podría vulnerar la legalidad internacional ya que dichas actividades pueden estar asociadas con violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario internacional. Mas concretamente, entre otras,
podrían contravenir las medidas provisionales ordenadas por la CU (26 de enero, 28 de marzo y 24 de mayo de 2024) y de la opinión consultiva del 19 de julio de 2024 que declaró ilegal la ocupación.
De hecho, la Base de Datos de la ACNUDH (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), elaborada desde 2020, identifica a las empresas que participan en la construcción, mantenimiento y expansión de asentamientos ilegales,
o explotan recursos naturales del pueblo palestino, actividades consideradas contrarias al derecho internacional y al principio de autodeterminación del pueblo palestino.
En este sentido, desde las organizaciones de derechos humanos se viene reclamando la adopción de medidas contra estas empresas con actividad económica en los asentamientos ilegales.
A pesar de estas resoluciones, en España siguen participando en concursos públicos empresas que colaboran activamente con la ocupación y la explotación de territorios palestinos ocupados, como es el caso de CAF, que mantiene contratos para
la construcción y gestión de infraestructuras en territorios palestinos ocupados en Jerusalén Este, contraviniendo resoluciones de la ONU y principios de derecho internacional.
Existen precedentes recientes y un marco normativo internacional, europeo y estatal que permitiría al Gobierno de España incorporar en todos los pliegos de contratación pública cláusulas de exclusión que garanticen que los fondos públicos no
financien actividades contrarias al derecho internacional.
Recientemente, la Oficina de Contratación Gubernamental el gobierno de Irlanda ha aprobado una serie de directrices que obligan a los órganos contratantes a verificar la implicación de las empresas en actividades que vulneren el derecho
internacional y, en su caso, denegar la participación en licitaciones.
El Ayuntamiento de Barcelona, el pasado mes de mayo de 2025, acordó excluir de sus procesos de contratación pública a aquellas empresas que aparecen en la Base de Datos de Naciones Unidas por su participación en actividades económicas
vinculadas a asentamientos ilegales israelíes en el Territorio Ocupado de Palestina. Además de basarse en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, se hace referencia explícita a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que demandan que los Estados tomen medidas para no establecer vínculos institucionales, comerciales o financieros con
actores empresariales que vulneren los derechos humanos.
La inclusión de estas cláusulas en los procesos de contratación públicos de la Administración General del Estado permitiría dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de España, alinear la política pública con las resoluciones de la
CU y garantizar que los recursos públicos no contribuyan directa o indirectamente a situaciones de ocupación ilegal, apartheid o genocidio. También, vendría a reforzar la coherencia de las políticas de contratación pública con los compromisos
internacionales de España, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la justicia global.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Adoptar, a la mayor brevedad posible, las medidas necesarias para incorporar en todos los procesos de contratación pública de la Administración General del Estado una cláusula expresa de exclusión de aquellos operadores económicos que:
a) Participen directa o indirectamente en proyectos, obras o servicios vinculados con la ocupación ilegal de territorios.
b) Se beneficien de la explotación de recursos naturales en dichos territorios.
c) Estén implicados en actividades que constituyan violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario.
2. Elaborar a tal efecto, las directrices que establezcan los criterios de verificación previa de las actividades empresariales de las empresas, como su inclusión en la base de datos de la Base de Datos de la ACNUDH, entre otros, así como
la regulación del procedimiento de exclusión del proceso de contratación pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2025.-Engracia Rivera Arias, Diputada.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Interior
161/002448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar el comercio de
proximidad en los municipios que albergan centros penitenciarios, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Los municipios que acogen en su término municipal un centro penitenciario asumen una serie de cargas y responsabilidades que no siempre vienen acompañadas de una compensación económica justa y equilibrada. Uno de los aspectos más relevantes
es que estos centros, al estar vinculados a la Administración del Estado y destinados a un uso público, están exentos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Este hecho, sumado al uso intensivo de infraestructuras y servicios municipales (viales, agua, residuos, mantenimiento, etc.), provoca una descompensación fiscal y funcional para muchos ayuntamientos, especialmente aquellos de pequeño o
mediano tamaño que no cuentan con una base económica suficientemente diversificada.
Además, la localización de un centro penitenciario en un municipio no siempre se traduce en beneficios económicos directos. Muchos de los trabajadores de dichos centros no residen en el propio municipio, por lo que el gasto local que
generan es limitado. Por otro lado, el flujo de personas relacionadas con la institución penitenciaria (familiares, proveedores, entidades sociales, etc.) no siempre tiene un impacto real y sostenible en la economía local.
En este contexto, el fomento del comercio de proximidad se presenta como una herramienta clave para revitalizar la economía local, generar empleo, aumentar la recaudación fiscal indirecta y mejorar la cohesión social.
Apoyar al pequeño comercio no solo refuerza la autonomía económica del municipio, sino que también ofrece una vía sostenible de desarrollo que no depende exclusivamente de los ingresos del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Diseñar y poner en marcha un Plan específico de Fomento del Comercio de Proximidad en municipios que albergan centros penitenciarios, que incluya líneas de ayuda directa, asesoramiento técnico y promoción comercial.
2. Coordinar con las diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares, y con las comunidades autónomas, el impulso de incentivos fiscales, subvenciones y líneas de crédito específicas para el pequeño comercio en estos municipios.
3. Facilitar convenios de colaboración entre los ayuntamientos y las instituciones penitenciarias para que los procesos de reinserción sociolaboral de las personas internas incluyan prácticas o empleo en comercios de proximidad,
cooperativas locales o redes de economía social.
4. Promover campañas de sensibilización y apoyo al consumo local, dirigidas tanto a la población residente como al personal laboral del centro penitenciario y a los visitantes.
5. Estudiar fórmulas de compensación económica estructural para los municipios sede de centros penitenciarios, que reconozcan el esfuerzo municipal en materia de servicios e infraestructuras no compensadas fiscalmente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2025.-Irene Garrido Valenzuela y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del sector del transporte de viajeros por carretera, para su discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El sector del transporte de viajeros por carretera es un pilar esencial de la cohesión social y territorial de España que ofrece una alternativa de viaje rápida y accesible gracias a la capilaridad de su servicio. De hecho, hasta ahora, un
sistema concesional sólido y bien regulado ha hecho que millones de españoles residentes en las zonas rurales de España hayan podido tener acceso a servicios esenciales gracias al exitoso modelo de colaboración público-privada existente y a los
precios asequibles y estables que este ofrecía 22.
A su vez, el sector había tenido una notable relevancia económica que se hacía patente en el volumen global de viajeros transportados -que superó los 23 millones en 2022 23- así como en las 53.000 personas que había empleadas al año
siguiente en las más de 3.000 empresas repartidas por toda España. Sin embargo, el aumento de la cuota de mercado conjunta de los principales operadores da muestra de la tendencia a la concentración que pone en riesgo a los autónomos y a las PYMES
de un sector en el que dos tercios de las empresas contaban con diez o menos vehículos en 2023 24.
Además, el sector del transporte urbano por carretera también padece un grave problema de personal, acrecentado por las grandes dificultades para atraer a nuevos trabajadores, las plantillas cada vez están más envejecidas y la edad media de
los conductores -que alcanza los 49 años- cuando hay cerca de 4.000 vacantes sin cubrir 25.
Según denuncian los trabajadores, los convenios del sector del transporte de viajeros por carretera recogen sueldos brutos que no superan los 20.000 euros anuales. Asimismo, las 2.600 pequeñas empresas familiares que conforman el sector
denuncian que sus gastos no dejan de incrementarse y que las grandes corporaciones utilizan su poder de mercado para imponer márgenes de beneficio cada vez más reducidos. Además, critican las trabas burocráticas a las que se enfrentan y el alto
coste de las habilitaciones para ser conductor de autobús 26 al tiempo que exigen la disminución de los trámites y la flexibilización de los requisitos exigidos para ejercer como gestor de transporte en España 27. Todo ello parte de la Reforma
laboral impulsada por el Gobierno en 2021 que penalizó la flexibilidad tradicional -contribuyendo con ello a disparar los costes salariales y administrativos para las pymes y autónomos-, y del constante aumento de las cotizaciones sociales que ahoga
al sector.
En cualquier caso, a todos estos problemas se suma ahora la amenaza que supone la posible aprobación del nuevo mapa concesional estatal derivado del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que, lejos de primar la atención a los vecinos de la
España vaciada, pretende reducir el número de rutas y de paradas en las líneas de autobús de competencia estatal. De hecho, en su artículo 49.2, el citado Proyecto de Ley establece que 'los servicios de transporte regular de personas por carretera
(...) de competencia estatal tendrán origen y destino, preferentemente, en capitales de provincia o en poblaciones principales' 28 mientras que el artículo 49.3, por su parte, señala que 'las paradas intermedias de los servicios de competencia
estatal serán, con carácter general, en las poblaciones principales del itinerario correspondiente' 29.
Así, esta iniciativa pretende que el Estado asuma únicamente los grandes flujos de transporte en autobús y haga más competitivo el servicio al adaptar las rutas a la demanda.
22 https://cincodias.elpais.com/opinion/2025-06-27/el-transporte-en-autobus-por-que-cambiar-algo-que-funciona.html
23 https://www.clm24.es/articulo/economia/gobiemo-avanza-nuevo-mapa-concesional-autobus -que-mantendra-todas-paradas/20250617164538453623.html
24 https://www.dbk.es/es/detalle-nota/transporte-viajeros-por-carretera-2023
25 https://cadenaser.com/nacional/2024/10/05/se-buscan-conductores-cadena-ser/
26 https://www.20minutos.es/noticia/5237468/0/los-autobuseros-quedan-sin-relevo-generacional-no-puede-ser-que-un-viaje-imserso-mas-mayor-sea-conductor/
27 https://www.transportes.gob.es/transporte-terrestre/preguntas-frecuentes-faq/requisitos-del-gestor-de-transporte
28 https://www.congreso.es/es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniriativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XV&_ iniciativas_id=121/000009
29 Ibidem.
De hecho, poco más de un mes después de que el Consejo de Ministros aprobase el Proyecto de Ley de Movilidad Sosteníble, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible aseguró que el nuevo mapa concesional optimizaría las
rutas y aumentaría la ocupación de los autobuses para reducir en más de un 20 % las tarifas y hasta en un 30 % los tiempos de viaje 30.
Sin embargo, esta reestructuración del servicio también provocará la pérdida de decenas de rutas y de las paradas de 1.416 municipios españoles situados mayoritariamente en las áreas rurales. Con ello, el servicio favorecerá tanto el éxodo
rural como la concentración demográfica en las grandes urbes al dificultar la conexión de muchos pueblos de la España vaciada con los principales núcleos de actividad económica, educativa o sanitaria. De hecho, ha sido en las provincias más
afectadas por la despoblación donde se ha manifestado con más claridad el rechazo a un modelo que atenta contra el principio constitucional de la igualdad de oportunidades y pone en riesgo la cohesión territorial de nuestro país 31.
Por todo ello, resulta imprescindible defender el sector del transporte de viajeros por carretera; un pilar de la vertebración territorial de España. Asimismo, es fundamental preservar el mapa concesional existente y acabar con las
iniciativas legislativas que pretenden desmantelar un servicio esencial para nuestro país en vez de mejorarlo, ampliarlo y adaptarlo a las necesidades del pueblo español.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retirar el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y asegurar la conectividad de los municipios que conforman la España rural para favorecer la cohesión territorial, frenar la despoblación y acabar con el aislamiento de los españoles que
residen en los núcleos rurales.
2. Retirar el borrador del nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera realizado en mayo de 2022 y reactivado en abril de 2024, y elaborar uno nuevo que evite la
reducción en el número de paradas existentes y garantice la conectividad de los núcleos rurales entre sí y con los centros de actividad económica, educativa o sanitaria.
3. Promover que los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera cumplan con el principio de vertebración y cohesión territorial, y conecten los municipios de la España rural a fin de promover su desarrollo
y combatir la despoblación.
4. Desarrollar una estrategia nacional para fomentar el relevo generacional en el sector del transporte de viajeros por carretera que incluya, al menos, las siguientes medidas:
a) Reducción de las tasas públicas para la obtención de la habilitación de conducción de autobuses.
b) Flexibilización de los requisitos y trámites para ejercer como gestor de transporte en España.
c) Concesión de ayudas directas a jóvenes españoles para la creación o adquisición de empresas de transporte de pasajeros por carretera.
d) Reducción de impuestos y cargas sociales a las empresas del sector que contraten trabajadores jóvenes españoles.
5. Modificar la normativa sobre representatividad en la sección de transporte público interurbano de viajeros en autobús del Comité Nacional de Transporte por Carretera para establecer un sistema de elecciones que refleje fielmente la
realidad del sector.
30 https://www.transportes.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-20032024-1914
31 https://www.eldiario.es/aragon/politica/nuevo-mapa-transporte-l-400-municipios-parada-a utobus-primar-viabilidad-economica_l_12330087.html
6. Reconocer el papel fundamental de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas en el transporte de viajeros por carretera promoviendo medidas que refuercen su competitividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2025.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002433
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurlnacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a bajada de ratios, para su debate en la Comisión de Educación,
Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El derecho a una educación de calidad, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española, exige que se garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo integral del alumnado. Numerosos estudios pedagógicos evidencian que la
ratio de alumnado por aula es un factor determinante en la calidad educativa, la atención personalizada y la inclusión escolar.
La actual normativa (LOMLOE y normativa autonómica) establece ratios que dificultan en gran medida la atención individualizada y la implementación de metodologías inclusivas. Merece la pena señalar al respecto que la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de reducir la concentración de estudiantes por aula para asegurar entornos seguros y mejorar la atención educativa, lo que permitió constatar los beneficios educativos de la reducción de
ratio aplicada.
En otros países europeos, donde las ratios son sensiblemente inferiores, se puede comprobar que ello redunda en mejores resultados académicos, mayor bienestar emocional y una relación más estrecha entre profesorado, alumnado y familias.
La reducción de ratios es también una medida para disminuir el abandono escolar temprano, favorecer la detección de necesidades educativas especiales y avanzar hacia un sistema más equitativo.
Bajar las ratios reduciendo el número de alumnos y alumnas por aula es una medida muy efectiva para aplicar una educación inclusiva y democrática. La OCDE sostiene que un mayor tamaño de las clases se asocia a un porcentaje más elevado de
estudiantes con problemas de comportamiento. Además, reducir las ratios permite una atención más personalizada que difícilmente puede darse con otros mecanismos, y ayuda a reducir el fracaso escolar en todos los niveles de enseñanza, como apuntan
numerosos estudios. Del mismo modo, la reducción de ratios afecta singularmente al alumnado más vulnerable, el cual es atendido de manera preponderante por la escuela pública frente a la privada y concertada.
La reducción de las ratios es, además, una reivindicación del profesorado en todos los niveles educativos y, especialmente, en la educación infantil y en las etapas obligatorias. No es extraño encontrar clases en dichas etapas con más de 30
alumnos o incluso grupos de bachillerato que llegan a 37 alumnos, donde el profesorado dedica más tiempo a mantener el orden que a la enseñanza y el aprendizaje. En estas condiciones, atender a la diversidad y personalizar el aprendizaje es misión
imposible.
Si bien es cierto que la media de ratios en España se sitúa en la media de la UE23, debemos tener en cuenta que esta media incluye escuelas como las rurales, con mucho menos alumnado como consecuencia de la despoblación. La realidad es que,
en muchas ciudades, la ratio de escolares por aula es bastante más elevada que la media y, sin duda, sobrepasa los límites necesarios para poder asegurar la calidad educativa en la escuela pública.
El curso 2020-2021 nos demostró que la bajada de ratios no solo es beneficiosa para el sistema educativo y la calidad de la enseñanza, sino que es fácil de implementar. Es simplemente necesaria una firme voluntad política y una mayor
inversión en educación. El gasto público en educación en el año 2022 se situó en torno a los 63 446,5 millones de euros, suponiendo el 4,62 % del PIB y distribuyéndose principalmente en educación infantil y primaria (29,0 %), educación secundaria y
formación profesional (29,2 %) y educación universitaria (18,4 %). Esto lo sitúa cerca de la media europea, pero muy lejos de muchos países, como Alemania, que se acercan hasta casi el 9 % de su Producto Interior Bruto.
Es necesario avanzar en el establecimiento de unas ratios que aseguren un número de profesionales docentes que garanticen una atención educativa de calidad para todos los niños y niñas diversas. No existe una realidad uniforme, pero sería
muy positivo rebajar los topes por arriba con carácter general y de obligado cumplimiento, y a partir de ahí establecer refuerzos en esos recursos para alumnado que precise una atención especializada más personalizada e individualizada.
Igualmente, las ratios de los centros educativos deben adaptarse a una realidad en la que ha aumentado la diversidad en el aula, reflejo de lo cual se han duplicado el número de diagnósticos de alumnado con mayores necesidades educativas.
Reducir las ratios es, en definitiva, un compromiso con la educación inclusiva al servicio del bien común, con la equidad y con la igualdad de oportunidades. Una educación que acompañe a cada persona a desarrollarse de forma plena para que
nadie quede atrás y, entre todas, podamos crear una sociedad más justa y democrática. A su vez, contribuiría a la reducción entre el profesorado del estrés y de las bajas laborales (muy abundantes en los últimos cursos), entre otras problemáticas.
Hay pocas medidas que tengan más amplio consenso en el conjunto de la comunidad educativa. La previsible repercusión en una reducción del fracaso educativo justificaría la, por otro lado, escasa inversión necesaria.
Entre 2013 (el máximo histórico) y 2023 España ha perdido 450.000 menores de 16 años, es decir, de alumnos y alumnas potenciales de las etapas de educación infantil y enseñanzas, obligatorias. En 2037 la cifra habrá sobrepasado 1 millón de
niños y niñas siguiendo este ritmo. En consecuencia, la bajada de la natalidad es una oportunidad histórica para reducir las ratios en la escuela pública.
Por otra parte, la complejidad del proceso de enseñanza aprendizaje en un aula con un niño o niña con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y alumnado con necesidades de compensación de desigualdades, difiere de otra en la que
haya más casos o, por el contrario, que no presente ninguno. Para garantizar una atención educativa inclusiva y de calidad para el conjunto del alumnado deben adaptarse las ratios a dicha circunstancia.
Hay que tener en cuenta además que la educación pública escolariza en torno al 75 % del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y eso, en la mayoría de los casos, no va acompañado de una mejora de las condiciones en los
centros públicos. El total de grupos educativos extra necesarios para hacer realidad que todo el alumnado NEAE cuente doble a efectos de ratio de los grupos sería de unos 19.922. Para atender esos nuevos grupos, se requiere un incremento de
profesorado en torno a 34.717 profesionales.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Regular en la normativa básica correspondiente una reducción de la ratio de alumnado por aula en todas las etapas educativas, de acuerdo con los siguientes criterios: Un número máximo de alumnos y alumnos por aula que en la enseñanza
obligatoria será de 20 para educación obligatoria (primaria y educación secundaria obligatoria), y 25 para la educación secundaria postobligatoria. Dicho número máximo se podrá reducir a 15 en aquellas zonas o centros de atención educativa
preferente en primaria y secundaria obligatoria, y a 20 en secundaria postobligatoria. En educación infantil se aplicarán las ratios de referencia recomendadas por la red de atención a la infancia de la Comisión Europea.
2. Regular en la normativa estatal de referencia, en el marco de las competencias correspondientes, que todas las categorías de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) contempladas en la Ley Educativa cuenten doble a
efectos de ratio de aula, pudiéndose incrementar ese coeficiente dependiendo de la gravedad del caso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2025.-Juan Antonio Valero Morales y Nahuel González López, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero y Aina Vidal Sáez, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002428
A la Mesa de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación
de precariedad laboral del personal de empresas contratadas por AENA en aeropuertos.
Exposición de motivos
Aena, como principal operador aeroportuario del Estado, externaliza múltiples servicios esenciales para el adecuado funcionamiento de los aeropuertos, entre ellos el handling, la limpieza, la jardinería, la seguridad, la asistencia a
personas con movilidad reducida, el mantenimiento y otros servicios auxiliares.
Sin embargo, en los últimos años se ha constatado que gran parte del personal que desempeña estas funciones lo hace en condiciones de alta precariedad laboral, con salarios bajos, elevada temporalidad, externalizaciones sucesivas que
dificultan la estabilidad en el empleo y condiciones de trabajo que a menudo se sitúan en el umbral mínimo de los convenios sectoriales.
Esta situación contrasta con la importancia estratégica de los servicios que prestan, imprescindibles para la seguridad, la operatividad y la calidad de la atención en los aeropuertos españoles. Asimismo, supone una paradoja que mientras
Aena obtiene beneficios económicos elevados y constituye una de las principales empresas públicas con mayor rentabilidad, parte de la plantilla que contribuye al buen funcionamiento de sus aeropuertos se encuentre en una situación de vulnerabilidad
laboral.
Es necesario que, desde el Parlamento, se inste al Gobierno a garantizar que Aena, en su condición de empresa participada mayoritariamente por el Estado, incorpore cláusulas sociales y laborales más exigentes en sus procesos de contratación
y licitación, de forma que se aseguren condiciones de empleo dignas, salarios adecuados y estabilidad laboral para el conjunto de las personas trabajadoras implicadas en los servicios externalizados.
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar que Aena incorpore en sus pliegos de contratación criterios sociales y laborales que aseguren la estabilidad en el empleo, la mejora de las condiciones laborales y salariales y la reducción de la temporalidad y la
subcontratación en cadena.
2. Impulsar mecanismos de supervisión y control sobre las empresas adjudicatarias para verificar el cumplimiento de las condiciones laborales y salariales recogidas en los convenios sectoriales y en los contratos de adjudicación.
3. Estudiar fórmulas que permitan la incorporación progresiva de determinados servicios esenciales bajo gestión directa de Aena, cuando ello redunde en la mejora de la calidad del empleo y del servicio.
4. Promover el diálogo con sindicatos y asociaciones representativas del personal de empresas contratadas por Aena para garantizar su participación en la elaboración de medidas que combatan la precariedad y aseguren la dignificación de su
trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2025.-Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al incremento de las
comisiones que la Selae abona a la Red de ventas de Loterías y Apuestas del Estado, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Los puntos de venta que integran la Red de venta de Loterías y Apuestas del Estado, más de 11.600 en toda España, forman parte del tejido comercial esencial de nuestros barrios, municipios y del medio rural. Estas pequeñas empresas, en su
mayoría regentadas por autónomos y micropymes, generan más de 30.000 empleos directos, sostenidos a base de una red capilar que presta un servicio público accesible y cercano en todo el territorio.
Sin embargo, este sector atraviesa una situación crítica. Desde hace más de 21 años las comisiones que perciben por la venta de productos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) están congeladas. Mientras tanto, los
costes laborales, energéticos, de alquiler y suministros han aumentado sustancialmente. El IPC ha crecido más de un 63 % desde 2003, y el Salario Mínimo Interprofesional se ha triplicado desde 1990. A ello se suman los sobrecostes asociados al
cumplimiento de obligaciones impuestas por la propia Selae: seguridad, seguros de caución, imagen corporativa, mantenimiento informático o gestión telemática.
El resultado es que muchos puntos de venta no alcanzan la rentabilidad mínima para sostener su actividad. Con comisiones que rondan los 0,06 euros por apuesta o 0,90 euros
por décimo de Navidad, muchos titulares no pueden cubrir ni los costes laborales básicos. Esta situación ha llevado a una reducción del empleo, un deterioro en las condiciones laborales del sector y, en algunos casos, al cierre definitivo
de puntos de venta.
El riesgo es especialmente elevado en los entornos rurales, donde no solo representan actividad económica, sino también un punto de cohesión social, prestación de servicios y fijación de población. Su desaparición supondría un impacto
negativo añadido en la lucha contra la despoblación.
Junto al problema de las comisiones congeladas, el colectivo de loteros denuncia también cambios en el mercado y en las políticas comerciales de Selae que están agravando la precariedad de la red física. En particular, señalan que la propia
Selae está derivando cada vez más negocio hacia el canal online, en detrimento de los puntos de venta tradicionales.
En los últimos años, Selae ha potenciado la venta de sus productos a través de Internet mediante su página web oficial y aplicaciones digitales, consolidando un canal online que crece año tras año. Si bien la modernización y d¡versificación
de canales puede resultar positiva de cara a ofrecer más opciones a los consumidores, no puede ignorarse el efecto que este traslado de ventas al ámbito digital está teniendo sobre la red presencial: cada apuesta o décimo que un cliente adquiere
directamente por Internet es una venta menos realizada en la ventanilla de una administración local, la cual deja de percibir esa comisión.
Es necesario que la Selae apueste por el desarrollo de un canal online de forma ordenada y que guarde el equilibrio con la red física de ventas. La ausencia de una estrategia clara de convivencia entre ambos modelos podría debilitar el
papel que cumplen los puntos de venta tradicionales, especialmente en zonas rurales o con menor densidad de población, donde a menudo representan la única vía de acceso a los juegos del Estado.
Este modelo presencial, además, garantiza una relación cercana con los consumidores y facilita la participación de quienes no están familiarizados con el uso de herramientas digitales, asegurando así un acceso más inclusivo.
Actualmente el sector genera más de 3.000 millones de euros anuales para las arcas públicas, razón por la que el Gobierno aborde con responsabilidad este problema y articule soluciones que garanticen la sostenibilidad de la red de ventas.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una revisión y actualización de las comisiones que perciben los puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, con el objetivo de garantizar su viabilidad económica, teniendo en cuenta el incremento del coste de la vida en
las últimas dos décadas.
2. Establecer, desde el Ministerio de Hacienda, una nueva estructura de comisiones y condiciones contractuales más justas y sostenibles para los puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado.
3. Reafirmar el papel estratégico del canal físico de puntos de venta de loterías en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas rurales y menos pobladas, adoptando las medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad y
evitar el cierre de administraciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2025.-Silverio Argüelles García, Jaime Eduardo de Olano Vela, Ana Isabel Alós López, Francisco José Conde López, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez, Patricia
Rodríguez Calleja, Bartolomé Madrid Olmo, Enrique Belda Pérez-Pedrero, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Beatriz Jiménez Linuesa, María Sandra Moneo Díez, Agustín Parra Gallego, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez,
Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, Ignacio Hoces Íñiguez, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección del sector ganadero ante el aumento de brotes de lengua azul, para su
discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El virus de la lengua azul está causando estragos en numerosas explotaciones ovinas, caprinas y bovinas repartidas por las más distintas regiones de España. Esta enfermedad vírica, transmitida por mosquitos del género Culicoides, genera
daños sanitarios, económicos y sociales de extrema gravedad, que hasta el momento las administraciones públicas no han logrado contener. Esta enfermedad ataca con mayor sensibilidad a la especie ovina, afectando también a bovinos y caprinos, y su
rápida propagación obliga a restricciones de movimiento de animales. Los síntomas principales son fiebre alta, inflamación de la mucosa oral y nasal, ulceraciones y necrosis, pero su rasgo más característico se basa en la inflamación de la lengua,
que adquiere color azulado.
El pasado 15 de abril, la Junta de Andalucía se vio obligada a declarar 'desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario' tras la detección del serotipo 3 del virus, identificado por primera vez el 30 de septiembre de
2024. La decisión se justificó por 'la grave incidencia sanitaria y económica que esta enfermedad vírica, altamente patógena en el ganado ovino, está provocando en numerosas explotaciones ganaderas andaluzas' donde se registraban elevadas tasas de
mortalidad, abortos y problemas de fertilidad en un contexto en el que aún no existía vacunación eficaz 32. Además, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/3242 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2024, sólo a través de la
declaración formal de desastre natural se podría solicitar a la Unión Europea que otorgase ayudas indemnizatorias a los ganaderos que hubieran padecido daños severos en sus explotaciones.
Pese a esta medida, la morbilidad del virus no se redujo y, desde junio de 2025, se han detectado más de 500 explotaciones afectadas en Málaga, donde el serotipo 3 se expande con rapidez favorecido por las altas temperaturas estivales. En
las explotaciones caprinas de la provincia, a su vez, la producción de leche ha caído hasta un 40 % y la pérdida constante de corderos está generando un grave impacto económico, a pesar de que ya existen vacunas frente al virus 33.
En Extremadura, diversas organizaciones agrarias alertaron a mediados de agosto de la difícil situación que atravesaba la ganadería ovina de la región. Según sus datos, la mortalidad se elevó un 25 % y la producción de leche descendió hasta
un 50 %, mientras cuestionaban la efectividad de la respuesta institucional y advertían que incluso animales vacunados contra los cuatro serotipos conocidos estaban muriendo 34. De forma paralela, en Ciudad Real las organizaciones del sector
reclamaron medidas urgentes que incluyeran vacunación preventiva como herramienta para frenar la propagación de la lengua azul en las explotaciones ante el grave perjuicio económico y sanitario que la enfermedad estaba
32 https://www.animalshealth.es/politica/andalucia-declara-desastre-natural-brote-serotipo-3-virus-lengua-azul
33 https://cadenaser.com/andalucia/2025/08/06/la-lengua-azul-desata-la-alarma-entre-los-ganaderos-de-la-provincia-de-malaga-ser-antequera/
34 https://cadenaser.com/extremadura/2025/08/12/upa-uce-exige-respuestas-urgentes-a-la-junta-ante-la-lengua-azul-radio-extremadura/
ocasionando 35. En Murcia, la Consejería de Agricultura impulsó a finales de agosto una campaña de vacunación gratuita tras confirmarse brotes en varias explotaciones ovinas 36. Posteriormente, la presidenta del Colegio de Veterinarios de
la región señaló que, mientras los animales vacunados presentaban síntomas leves, la mortalidad era muy elevada en los no vacunados 37.
Actualmente, la lengua azul se encuentra extendida por gran parte del territorio nacional. De hecho, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado la presencia de la enfermedad en todas las provincias de Andalucía,
Extremadura y Galicia, así como en Toledo, Ciudad Real, Murcia, Madrid, Ávila, Salamanca, Burgos, Soria, Zamora, Falencia, León, Galicia, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y La Rioja. Además, se han detectado focos de los serotipos
1, 3 y 8; algo que complica gravemente el control del virus dado que cada serotipo requiere una vacuna específica 38.
Ante la gravedad de la situación, resulta imprescindible impulsar una respuesta nacional, firme, efectiva y coordinada, que no dependa de fronteras administrativas. Solo a través de una estrategia común será posible atajar la crisis
sanitaria, económica y social derivada de la expansión de la lengua azul.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar de forma urgente un plan de choque sanitario frente a la lengua azul, reforzando los servicios veterinarios en las zonas más afectadas con el fin de contener la extensión del virus.
2. Poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para la protección de los ganaderos y garantizar, entre otras medidas las siguientes:
a. Efectuar un profundo estudio sobre las necesidades y mejoras en el sistema de vacunación actual, con el fin de brindar la protección adecuada de nuestro sector ganadero.
b. Favorecer el desarrollo y producción de una vacuna polivalente, capaz de proteger frente a los principales serotipos de la enfermedad, reforzando así la autonomía estratégica nacional en materia de sanidad animal.
c. En todo caso, garantizar la vacunación gratuita del ganado en todo el territorio nacional.
d. Asignar nuevos recursos al sistema nacional de vigilancia epidemiológica, reforzando la vigilancia activa, el diagnóstico rápido y la serotipificación de la enfermedad en todo el territorio nacional.
e. Desarrollar una campaña nacional de información y sensibilización dirigida al sector ganadero, relativa a prevención, detección de síntomas, y protocolos de actuación frente a esta enfermedad.
f. Priorizar la agilidad en la ejecución de todas las medidas, garantizando que las ayudas y protocolos sanitarios lleguen con rapidez a las explotaciones para frenar el impacto sanitario y económico de la enfermedad.
3. Establecer un protocolo específico de movilidad del ganado que garantice condiciones sanitarias seguras, evitando restricciones desproporcionadas o sanciones arbitrarias contra las explotaciones.
4. Poner en marcha un paquete extraordinario de ayudas económicas, dotado de los recursos necesarios, para reducir el impacto en las explotaciones ganaderas, incluyendo compensaciones por mortalidad, abortos y pérdidas de producción de
leche y carne.
35 https://cadenaser.com/castillalamancha/2025/08/10/asaja-ciudad-real-exige-medidas-urgentes-para-paliar-los-danos-de-la-lengua-azul-en-explotaciones-ganaderas-ser-ciudad-real/
36 https://cadenaser.com/murcia/2025/08/27/la-consejeria-de-agricultura-insiste-en-la-vacunacion-del-ganado-ovino-para-evitar-el-virus-de-la-lengua-azul-radio-murcia/
37 Ibidem.
38 https://www.elmundo.es/economia/2025/09/03/68b81750e9cf4a21578b458a.html
5. Proceder al abono inmediato de las ayudas comprometidas en ejercicios anteriores, simplificando de manera efectiva los trámites administrativos para su solicitud y gestión.
6. Flexibilizar temporalmente los criterios de la PAC aplicables al ovino, bovino y caprino afectados por la lengua azul, así como reducir los módulos del IRPF para estas explotaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernández Ríos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adecuada dotación de los
fondos europeos destinados al sector pesquero en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034), para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector pesquero constituye un pilar esencial para muchas regiones costeras de España, tanto desde el punto de vista económico como social y medioambiental. España cuenta con una de las mayores flotas pesqueras de la Unión Europea y
lidera, en muchos ámbitos, la transformación del sector hacia una pesca más sostenible, innovadora y resiliente.
En los últimos años, el sector ha afrontado importantes retos: la necesidad de relevo generacional, la adaptación a nuevos estándares medioambientales, la transformación tecnológica de la flota, el encarecimiento de los costes operativos,
el impacto del Brexit y la competencia internacional. Todos estos desafíos requieren del respaldo decidido de los instrumentos europeos de financiación, como el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), y de una dotación
presupuestaria suficiente en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034).
El 16 de julio de 2025, la Comisión adoptó una propuesta para el próximo marco financiero plurianual (MFP) para el período 2028-2034. Este incluye el apoyo a la aplicación de la Política Pesquera Común, al Pacto Europeo para los Océanos y a
la política marítima y acuícola de la Unión, diluida en el marco del Fondo de Asociación Nacional y Regional.
Resultan profundamente preocupantes las noticias recientemente conocidas sobre la intención de la Comisión Europea de proponer un recorte aparente del 67 % en los fondos destinados al sector pesquero en el próximo marco presupuestario. Esta
reducción, de confirmarse, comprometería gravemente la viabilidad de la adaptación de muchas explotaciones pesqueras y de las comunidades que dependen directa o indirectamente de esta actividad. Además, supondría un retroceso en la capacidad de
adecuación y consecución de los objetivos comunes en materia de sostenibilidad, competitividad y seguridad alimentaria.
En este contexto, resulta urgente que el Gobierno de España adopte una posición clara, firme y proactiva para defender los intereses del sector pesquero español en el proceso de negociación del nuevo marco financiero europeo, además de
adoptar un compromiso claro en defensa y apoyo del sector marítimo-pesquero español en el marco de su plan nacional específico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifestar públicamente su rechazo a cualquier propuesta que implique una reducción sustancial de los fondos europeos destinados al sector pesquero en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034).
2. Impulsar una posición común entre los Estados miembros con mayor peso pesquero para rechazar dicha reducción y proponer una financiación adecuada que garantice los objetivos de la Política Pesquera Común, la sostenibilidad del medio
marino y el mantenimiento de la competitividad y resiliencia del tejido socioeconómico del litoral europeo.
3. Defender, en el seno del Consejo de la Unión Europea, el mantenimiento de un presupuesto específico y suficiente para un fondo equivalente y homologable al actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, de forma que se
garantice la competitividad, modernización y viabilidad futura del sector.
4. Adoptar, hacer explícito y ejercitar un compromiso claro en defensa y apoyo del sector marítimo-pesquero español en el marco de su plan nacional específico, con la reserva de fondos para la pesca equivalentes a los existentes actualmente
para España en el seno del FEMPA.
5. Activar mecanismos de interlocución permanente con las Comunidades Autónomas y con el sector pesquero español para informar del estado de las negociaciones, recoger sus aportaciones y alinear la posición de España con las necesidades
reales del sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2025.-Rosa Quintana Carballo, Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Joaquín Melgarejo Moreno, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Ainhoa Molina León, Sergio Sayas
López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Milagros Marcos Ortega, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Manuel García Félix, Óscar Ramajo Prada, Antonio Martínez Gómez, Mirian Guardiola Salmerón,
Bartolomé Madrid Olmo, Ana Martínez Labella, Agustín Parra Gallego y Sandra Pascual Rocamora, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la exclusión del palangre de la consideración de artes de fondo y a las actuaciones para evitar la extensión de las 87 vedas a las artes de fondo impuestas por la CE en el Atlántico Nororiental, para su debate en el
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La decisión de prohibir las artes de fondo en 87 caladeros del Atlántico nororiental, tomada por la Comisión Europea en septiembre de 2022, afecta actualmente a 17 000 kilómetros cuadrados por debajo de los 400 metros en aguas de Portugal,
España, Francia e Irlanda.
Esa decisión, que no contó con el apoyo unánime del Consejo, ni la aprobación del Parlamento Europeo, que se adoptó en base a informes científicos y técnicos con datos obsoletos, sin ningún tipo de diálogo ni con el sector ni con los Estados
afectados y sin una evaluación socioeconómica de su impacto, acaba de ser refrendada, el pasado mes de
junio, por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que desestima los recursos interpuestos por la OPP de Burela y el Estado español.
En una sentencia tan polémica e inexplicable como la propia decisión de la CE, se condenan por igual todas las artes de fondo, sin tener en cuenta los efectos de cada una de ellas sobre los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV),
estableciendo una tabla rasa que pone al mismo nivel la pesca de arrastre de fondo y la pesca con palangre, aunque reconociendo que el impacto de las artes fijas sobre los ecosistemas 'es potencialmente menor'.
Tampoco tiene en cuenta las consecuencias sociales y económicas que implica la decisión de la CE, no respetando claramente lo establecido en la propia Política Pesquera Común y mucho menos la sentencia del mismo Tribunal de enero de 2024,
que avaló la decisión adoptada por la UE respecto a fijar cuotas para una serie de especies, teniendo en cuenta no solo la sostenibilidad ambiental, sino también la social y económica.
El Estado español ha presentado por el momento un recurso contra la sentencia, pero el ministro de Pesca anunció desde el primer momento en que se conoció que actuaría por la vía política en el sentido de que la CE modifique el reglamento
sobre los EMV y excluya los palangres de ser considerados artes de fondo.
Y aunque todavía no existen informes que avalen el impacto de la pesca con palangre sobre los ecosistemas, como han reconocido el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca-STECF, asesor de la CE, o el Consejo Asesor para las Aguas
Australes Occidentales- CC Sur, en sendos informes este mismo año, el Director General de Asuntos Marítimos y Pesca de la CE acaba de abrir la posibilidad de ampliar las zonas de veda a 104 o incluso a 115.
Estas ampliaciones, según el Consejo Internacional para la Exploración del Mar-CIEM, afectarían a más de 9.700 kilómetros cuadrados en el primer caso y a más de 14.300 en el segundo y, en ambos casos, se localizarían en gran parte en aguas
próximas a Portugal y España y tendrían ahora consecuencias directas y muy graves también sobre la flota artesanal y costera, además de completar la práctica desaparición del palangre o, lo que es lo mismo, la desaparición de una pesca selectiva,
sostenible y generadora de empleo en las zonas costeras de Galicia.
Por todo lo anterior, el BNG presenta la siguiente
Propuesta no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Intensificar las actuaciones políticas dirigidas a modificar el Reglamento de Ecosistemas Marinos Vulnerables y excluir el palangre de ser considerado arte de fondo, así como evitar la posible extensión de las vedas actuales.
2. Exigir a la Comisión Europea que cualquier posible revisión de las zonas actualmente vedadas a la pesca de fondo vaya precedida de los informes técnicos y científicos pertinentes y del máximo respeto a los principios de sostenibilidad
establecidos por la PPC y confirma la sentencia del TJUE de enero de 2024.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á exclusión do palangre da consideración de arte de fondo e ás actuacións para evitar a ampliación das 87 vedas ás artes de fondo impostas pola CE no Atlántico Nororiental para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
A decisión de prohibir as artes de fondo en 87 caladoiros do Atlántico nororiental, tomada pola Comisión Europea en setembro de 2022, afecta, polo de agora, a 17.000 quilómetros cadrados por baixo dos 400 metros en augas de Portugal, o
Estado español, Francia e Irlanda.
Aquela decisión, que non contou co apoio unánime do Consello, nin coa aprobación do Parlamento europeo, que foi adoptada tendo como referencia informes científicos e técnicos con datos obsoletos, sen ningún tipo de diálogo nin co sector nin
cos Estados afectados e sen avaliación socioeconómica sobre o seu impacto, vén de ser referendada no pasado mes de xuño por sentenza do Tribunal de Xustiza da UE, que desestima os recursos que interpuxeran a OPP de Burela e o Estado español.
Nunha sentenza tan polémica e tan inexplicábel como a propia decisión da CE, condénase a todas as artes de fondo por igual, sen ter en conta os efectos de cada unha delas nos Ecosistemas Mariños Vulnerábeis (EMVs), estabelecendo unha tábula
rasa que pon ao mesmo nivel o arrastre de fondo e o palangre, aínda recoñecendo que o impacto das artes fixas sobre os ecosistemas 'é potencialmente menor'.
Tampouco ten en conta as consecuencias sociais e económicas que implica a decisión da CE, non respectando dun xeito evidente o estabelecido na propia Política Pesqueira Común e moito menos a sentenza do mesmo Tribunal de xaneiro de 2024, que
avalou a decisión que tomara a UE a respecto de fixar as cotas dunha serie de especies atendendo non só á sustentabilidade ambiental, senón tamén á social e á económica.
O Estado español ten, neste momento, presentado recurso frente á sentenza, mais o ministro de Pesca anunciou dende o primeiro momento en que se coñeceu que actuaría pola vía política no sentido de que a CE modifique o regulamento sobre EMVs
e se exclúa ao palangre da consideración de arte de fondo.
E mentres seguen sen existir informes que avalen o impacto do palangre nos ecosistemas, tal e como recoñecía o Comité Científico Técnico e Económico de Pesca-STECF, asesor da CE, ou o Consello Consultivo para as Augas Occidentais Austrais-CC
Sur, en senllos informes deste mesmo ano, a directora xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da CE vén de abrir a posibilidade á ampliación de zonas vedadas a 104 ou incluso 115.
Estas ampliacións, segundo o Consello Internacional para a Exploración do Mar-ICES, afectarían a máis de 9.700 quilómetros cadrados no primeiro caso e a máis de 14.300 no segundo e, en ambos os dous, localizaríanse nunha gran parte en augas
próximas a Portugal e España e terían agora consecuencias directas e moi graves tamén sobre a frota artesanal e de litoral, ademais de consumar a práctica desaparición do palangre ou, o que é o mesmo, a desaparición dunha arte de pesca selectiva,
sostíbel e xeradora de emprego nas zonas costeiras da Galiza.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Intensificar as actuacións políticas dirixidas a modificar o Regulamento de Ecosistemas Mariños Vulnerábeis e excluír o palangre da consideración de arte de fondo, así como a evitar a posíbel ampliación das vedas actuais.
2. Esixir á Comisión Europea que calquera posíbel revisión das zonas vedadas á pesca de fondo actualmente vaia precedida dos informes técnicos e científicos pertinentes e do máximo respecto polos principios de sustentabilidade que establece
a PPC e que confirma a sentenza do TXUE de xaneiro de 2024.'
En Madrid, a 11 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz Adxunto do GP Mixto.
161/002445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas
urgentes para garantizar la viabilidad del cultivo del arroz en Extremadura y en el conjunto de España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El arroz es un cultivo estratégico en España, tanto por su peso económico como por su impacto social, territorial y medioambiental. Nuestro país dedica aproximadamente 81.000 hectáreas a este cultivo, concentradas principalmente en
Andalucía, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.
Según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en la última campaña:
- Andalucía lideró la producción nacional con cerca del 38 % del total.
- Extremadura se situó como la segunda región productora, con aproximadamente 19.000 hectáreas y un 20-24 % de la producción nacional, según la disponibilidad hídrica anual.
- Otras comunidades como Cataluña y Comunidad Valenciana aportan en torno al 15-20 %.
Este cultivo representa un motor socioeconómico en las zonas productoras, especialmente en comarcas donde las alternativas agrícolas son escasas. En Extremadura, el arroz sostiene miles de empleos directos e indirectos en la Vega del
Guadiana y genera un importante valor añadido en la industria transformadora.
Sin embargo, el sector atraviesa una situación crítica por varios factores:
- Elevados costes de producción: el incremento del precio de los insumos (fertilizantes, fitosanitarios), del gasóleo agrícola y del agua para el riego ha reducido drásticamente la rentabilidad.
- Competencia desleal: las importaciones procedentes de terceros países (principalmente asiáticos), acceden al mercado europeo sin cumplir las estrictas exigencias fitosanitarias, medioambientales y laborales que se imponen a los
productores nacionales.
- Carga normativa excesiva: La reducción drástica de materias activas para la protección de cultivos, junto a las restricciones hídricas, incrementa la incertidumbre para el agricultor.
Estas circunstancias amenazan la continuidad del cultivo, lo que supondría una pérdida irreparable para la agricultura española, para la soberanía alimentaria y para la economía de muchas comarcas rurales. El abandono del arroz
incrementaría la dependencia de importaciones en un contexto geopolítico inestable, con riesgo para la seguridad alimentaria.
El arroz extremeño y el español, además cumplen altos estándares de sostenibilidad y contribuyen a la conservación de humedales y biodiversidad, en línea con los objetivos medioambientales europeos. Abandonar este cultivo sería, por tanto,
un retroceso tanto económico como ecológico.
Por todo ello, y ante la reciente petición expresa del sector arrocero, cooperativas y organizaciones agrarias, que han firmado un documento reclamando la implicación del Gobierno de España, se considera imprescindible adoptar medidas
urgentes.
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender en la Unión Europea el refuerzo de los mecanismos de control en frontera, para evitar la entrada de arroz de países terceros que no cumplan los estándares sanitarios, medioambientales y laborales exigidos a los productores
españoles.
2. Establecer un plan de apoyo específico al cultivo del arroz, que contemple compensaciones por el incremento de costes de producción, líneas de financiación bonificada y seguros adaptados a la realidad del sector.
3. Revisar y flexibilizar la normativa nacional que afecta a la gestión de recursos hídricos y fitosanitarios, compatibilizando la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica del cultivo.
4. Impulsar campañas de promoción del arroz nacional, para poner en valor su calidad, trazabilidad y sostenibilidad frente a las importaciones.
5. Constituir una mesa de seguimiento del sector arrocero, integrada por el Ministerio, las comunidades autónomas afectadas y las organizaciones agrarias y cooperativas, para coordinar medidas y evaluar la situación'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2025.-Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Rosa Quintana Carballo, Joaquín Melgarejo Moreno, María del
Socorro Cuesta Rodríguez, Ainhoa Molina León, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Milagros Marcos Ortega, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Manuel García Félix, Óscar Ramajo Prada, Antonio Martínez Gómez,
Mirian Guardiola Salmerón, Bartolomé Madrid Olmo, Ana Martínez Labella, Agustín Parra Gallego y Sandra Pascual Rocamora, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002446
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de reforzar las medidas para revertir el descenso en el consumo de pescado y garantizar la supervivencia de las pescaderías tradicionales.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 4 procedería llevarlo a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de reforzar
las medidas para revertir el descenso en el consumo de pescado y garantizar la supervivencia de las pescaderías tradicionales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El consumo de pescado en España mantiene una tendencia descendente en los últimos años, situándose muy por debajo de las recomendaciones nutricionales. Se calcula que el consumo per cápita sen 2024 se situó en torno a 18 kg por persona. El
consumo de pescado habría caído un 32 % en España en los últimos diez años, con una evolución especialmente acelerada tras la pandemia y siendo especialmente acuciante para los productos frescos.
Esta situación se achaca a factores económicos y cambios de los hábitos de consumo y sociales. Este fenómeno afecta no solo a la salud alimentaria de la población, sino también a una transformación del conjunto del tejido económico o
comercial, poniendo a prueba la supervivencia del comercio de proximidad, el empleo en el sector y al mantenimiento de una cultura gastronómica y nutricional propia.
Fuentes del sector estiman que 5.000 pescaderías tradicionales habrían cerrado en España, lo que supone la pérdida de miles de empleos, el debilitamiento del comercio de proximidad y la reducción de la oferta de un alimento esencial para una
dieta equilibrada y saludable. El propio cierre de las pescaderías supone un impedimento para el acceso a productos pesqueros.
Las medidas de apoyo organizaciones del sector pesquero para la promoción del consumo de pescado, conservas y marisco parecen insuficientes, dada la magnitud del problema y exige medidas más ambiciosas y estructurales.
Resulta imprescindible complementar estas campañas con actuaciones de mayor calado, que incluyan la educación alimentaria en colegios, el impulso del consumo en comedores escolares y hospitales, el apoyo a las pescaderías tradicionales como
puntos de venta esenciales, y la consideración de medidas fiscales como la reducción del IVA del pescado.
Al mismo tiempo, se hace necesario establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las campañas financiadas por el Ministerio, para garantizar que los recursos invertidos generan un impacto real y medible en la recuperación del consumo.
Cada vez nos apartamos más de Instaurar las ricas dietas Mediterránea y Atlántica que han servido como patrón alimentario a nivel nacional y que forman parte de las recomendaciones de los organismos sanitarios nacionales e internacionales,
como la OMS, FAO por su papel en la prevención de enfermedades como la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar las campañas de promoción del consumo de pescado, marisco y conservas con un plan nacional de alcance plurianual, dotado de financiación suficiente, que combine acciones de comunicación, educación alimentaria en colegios y
comedores, y apoyo al comercio minorista de proximidad.
2. Impulsar la reducción del IVA aplicable al pescado, en línea con otros productos básicos de la dieta, para facilitar su acceso a todas las familias.
3. Apoyar de forma específica a las pescaderías tradicionales, como puntos de venta esenciales para el mantenimiento del consumo y para la cohesión de barrios y pueblos.
4. Presentar un informe anual ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la ejecución, alcance y resultados de las campañas de promoción financiadas por el Ministerio, detallando su impacto real en el consumo de pescado y
en la red de distribución minorista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2025.-Rosa Quintana Carballo, Ainhoa Molina León, César Sánchez Pérez, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del
Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Sergio Sayas López y Ana
Martínez Labella, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la rectificación de la
orden HAC/408/2025 de 28 de abril, sobre la reducción del rendimiento neto en módulos de 2024, y del Real Decreto Ley 7/2024, referente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, en defensa del campo
andaluz, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El campo andaluz atraviesa uno de los contextos más complejos de las últimas décadas. Las condiciones climáticas actuales, marcadas por una sequía persistente y elevadas temperaturas, se han traducido en una notable disminución de
rendimientos en prácticamente todas las producciones agrícolas y ganaderas. A ello se han sumado las consecuencias de los conflictos geopolíticos internacionales, especialmente el conflicto en Ucrania, que han repercutido directamente en el alza de
costes de insumos como fertilizantes, piensos y carburantes.
Ante esta situación, cualquier instrumento fiscal que alivie la carga tributaria del sector agroalimentario se convierte en una herramienta indispensable para su viabilidad o supervivencia.
El Ministerio de Hacienda ha publicado la orden HAC/408/2025 de 28 de abril por la que se modifican los índices de rendimiento neto aplicables en 2024 por el método de estimación objetiva del IRPF. Esta medida, que en principio debería ser
una ayuda para el campo, se ha convertido en un nuevo agravio hacia Andalucía.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha discriminado nuevamente a Andalucía en esta reducción, excluyendo a sectores y cultivos especialmente castigados en esta comunidad, a pesar de contar con datos objetivos que justifican su inclusión. Por
ejemplo, han dejado fuera a producciones fundamentales como la ganadería extensiva en varias provincias, el olivar, el almendro o determinados cítricos. Además, cultivos como el algodón, la remolacha o el tomate para transformación tampoco han sido
considerados, a pesar de la evidente merma de sus rendimientos durante 2024.
Consciente de esta situación, la Junta de Andalucía trasladó al Gobierno de España, mediante propuesta técnica detallada, la necesidad de una reducción sustancial de los índices de rendimiento neto aplicables en el régimen de estimación
objetivo del IRPF (módulos) para 2024, ajustándose a la realidad económica de los agricultores y ganaderos andaluces. Dicha propuesta incluía información contrastada sobre rendimientos por cultivos, costes de producción y pérdidas sufridas, a
partir de los informes de las
delegaciones territoriales, de las organizaciones profesionales agrarias y también de la federación de cooperativas agroalimentarias.
La orden publicada por el Ministerio de Hacienda excluye, injustificadamente, a una gran parte de los sectores y producciones agrarias andaluzas afectadas, pilar económico de Andalucía, no recogiendo debidamente la reducción de módulos en
casi todas las provincias, pese a registrar caídas de producción muy considerables respecto a la media de campañas anteriores; como el sector de frutas y hortalizas -clave en provincias como Almería y Granada que no ha recibido la atención
adecuada, obviando los daños por inclemencias climáticas como granizo, heladas y calor extremo durante el cuajado de frutos.
Esta injusticia fiscal no es nueva, se suma a una serie de agravios sistemáticos del Gobierno de España hacia Andalucía, que se evidencian también en la financiación autonómica, la ejecución presupuestaria y las inversiones estratégicas.
El impacto de esta exclusión es alarmante. Según estimaciones del sector, la no aplicación de reducciones adecuadas de módulos puede traducirse en una carga fiscal adicional para el campo andaluz de entre 40 y 60 millones de euros en la
campaña. Esta presión impositiva, en un contexto de elevada incertidumbre y crisis de rentabilidad, pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones familiares y cooperativas agrarias, afectando a un tejido productivo que sustenta el empleo y
la economía en zonas rurales.
Andalucía representa el 25 % de la producción agraria nacional, con un valor superior a los 15.000 millones de euros anuales. Cualquier desequilibrio en el trato fiscal a sus agricultores repercute no solo en la competitividad del sector,
si no también en el conjunto del modelo agroalimentario español.
Por ello, es imprescindible que el Gobierno de España rectifique la orden HAC/408/2025 de 28 de abril y atienda de forma urgente la propuesta técnica de la Junta de Andalucía, a fin de garantizar la equidad territorial en la aplicación de
los módulos IRPF 2024, y apoyar con justicia al sector agrario andaluz, que afronta una coyuntura crítica.
Esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez ha generado un amplio rechazo entre el sector y las instituciones andaluzas. Mientras, comunidades como Cataluña han recibido un trato fiscal preferente, Andalucía ha sido ignorada de forma
sistemática. Las principales organizaciones agrarias -ASAJA, COAG Y UPA- han denunciado este agravio como una discriminación política inadmisible, que castiga al principal motor agroalimentario de España. Esta situación no sólo compromete la
viabilidad del campo andaluz, sino que incrementa el malestar social y el sentimiento de abandono de los andaluces, cuya economía depende directamente de la justicia fiscal agraria que el Gobierno Central les niega.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reformular la orden HAC/408/2025, de 28 de abril, por la que se modifican para el periodo impositivo de 2024 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, ampliándose las reducciones de módulos a todos los sectores y cultivos que han sufrido pérdidas y daños significativos en los términos que
solicitó la Junta de Andalucía.
2. Revisar, de oficio, todas las liquidaciones presentadas afectadas por la citada orden, procediendo a la devolución de los ingresos indebidos, o, en su defecto, se proceda a su compensación en la liquidación del IRPF correspondiente al
ejercicio 2025.
3. Incluir, conforme al artículo 11 del Real Decreto Ley 7/2024 de 11 de noviembre, la inclusión de la relación de municipios solicitada por la Junta de Andalucía como beneficiarios de las prestaciones previstas en este.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2025.-Ana Martínez Labella, Maribel Sánchez Torregrosa, Rafael Antonio Hernando Fraile, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Joaquín Melgarejo Moreno, Juan Diego Requena Ruiz, María de
las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo,
Óscar Ramajo Prada y Sergio Sayas López, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la autorización del proyecto de Parque Eólico Seixo, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado mes de julio se anunció el trámite de información pública para la solicitud de autorización administrativa previa y estudio de impacto ambiental de la instalación 'Parque Eólico Seixo', de 77 MW de potencia instalada, y su
infraestructura de evacuación asociada, que afectará a los términos municipales de A Laracha, Cerceda, Carral y Abegondo.
El proyecto del Parque Eólico Seixo pretende instalar un total de dieciséis aerogeneradores, más dos de reserva, de los que tres se instalarían en el término municipal de Carral, cuatro en el de A Laracha y nueve en el de Cerceda. La
evacuación de la energía generada en la zona este se pretende realizar a través de una línea subterránea hasta la subestación 'SET Colectora Seixo 220/30 kV', mientras que la de la zona oeste también irá soterrada hasta la subestación 'SET PE Seixo
220/30 kV'. Dentro de las infraestructuras de evacuación se prevé también la instalación de una línea de conexión aérea-subterránea para conectar los 2 SET, que a su vez se conectarían a la red en la línea aérea de alta tensión de 220kV desde los
parques de Feas y Seselle, que a su vez conectarían con la Subestación proyectada por REE en el término municipal de Abegondo.
Este nuevo proyecto de parque eólico se suma a los centenares de instalaciones eólicas previstas en Galicia a lo largo y ancho de su geografía, con una absoluta falta de planificación y afectando a núcleos de población, espacios protegidos,
actividades económicas y patrimonio cultural y natural. Un boom eólico que constituye un auténtico expolio de la energía y de los recursos naturales de nuestro país.
Esta proliferación descontrolada de parques eólicos en tierra, además de nuevas presas reversibles y eólica marina, no encaja dentro de una estrategia planificada en política energética y climática, ya que la tramitación y evaluación es
únicamente individual, sin hacer una valoración del conjunto, para lo cual sería necesario contar con un Plan Estratégico que aborde y justifique la necesidad y destino de la producción energética.
De hecho, en la misma zona afectada ya existen otros parques eólicos y líneas de evacuación de alta tensión. La ausencia de una evaluación ambiental acumulativa y sinérgica de la totalidad del conjunto de infraestructuras hace que se
desconozca el impacto real que todas estas instalaciones provocarán y deja en una situación de indefensión a la vecindad afectada por todos estos proyectos. Así, en un área de 25 kilómetros de radio, otros 40 parques eólicos se encuentran o bien en
fase de autorización o de desarrollo o bien ya en funcionamiento, algunos de ellos incluso coincidiendo en el polígono con el proyecto PE Seixo como sería el caso del PE Meirama, actualmente con la autorización suspendida provisionalmente por el
TSXG.
Sin embargo, la documentación del estudio de impacto ambiental no evalúa correctamente los efectos acumulativos de la proximidad de varios parques eólicos. Este estudio carece de metodología aplicada a la hora de evaluar estos efectos y
clasificarlos, y presenta una ausencia total de medidas correctivas identificadas.
Es necesario que la evaluación ambiental de este nuevo proyecto se realice teniendo en cuenta los parques existentes y el gran número de proyectos tanto eólicos como de infraestructuras de evacuación en esta zona, y que los efectos
ocasionados por este proyecto se consideren como acumulativos de los ya en funcionamiento o previstos.
No se puede asumir que cualquier parque de producción de energía eólica contribuya positivamente a la lucha contra el cambio climático, todo lo contrario, ya que la mayoría de ellos suponen una importante pérdida de superficie natural y un
grave deterioro de los valores ambientales, de la riqueza de los ecosistemas y de la pérdida paisajística.
Por tanto, el parque eólico proyectado no solo contribuirá a la degradación de la calidad ambiental y de las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de los distintos concellos afectados, sino que tampoco aportará nada positivo al
territorio, ni siquiera la creación de empleo estable.
Además, como ya hemos dicho, la autorización de este parque entra en conflicto con la Estrategia de Transición Justa que propone la ejecución de un Plan de Acción Urgente para las comarcas carboníferas y centrales térmicas en cierre
2019-2021 para dar respuesta al cierre inminente tanto de las centrales de generación eléctrica (carbón térmico y nuclear) como de las explotaciones mineras de carbón y que tiene como principal objetivo el mantenimiento del empleo en los municipios
afectados por el cierre inminente de las centrales térmicas, explotaciones mineras de carbón y centrales nucleares. Un compromiso que se articula a través de los llamados Acuerdos de Transición Justa. En octubre de 2020, el Instituto de Transición
Justa publicó el documento de caracterización y diagnóstico del Convenio de Transición Justa de Meirama, que delimita los municipios de la Zona de Transición Justa de Meirama en Cerceda, A Laracha, Carral, Ordes y Tordoia.
El 10 de noviembre de 2021 se firmó el protocolo general de actuación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Vicepresidencia Segunda y la Consellería de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de
Galicia y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo del proceso participativo de Diseño de un Convenio de Transición Justa para Meirama.
El 26 de diciembre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden TED/1469/2024, de 19 de diciembre, por la que se regula el procedimiento y requisitos aplicables al concurso público para la concesión de capacidad de acceso de
evacuación a la red eléctrica para instalaciones de generación de energía eléctrica renovable en el nudo de transición justa de Meirama 220 kV y se procede a su convocatoria. Teniendo en cuenta esta convocatoria, la autorización del parque eólico
Seixo afectaría a los proyectos presentados en la NTX de Meirama, es más, incluso entra en conflicto territorial con algunos de ellos, e iría en contra del objetivo que se persigue con la estrategia de transición justa, ya que el promotor no está
obligado a ofrecer ninguna contraprestación a cambio de la autorización de explotación.
De igual forma, y reconociendo que el promotor del parque eólico Seixo no pretende evacuar energía a través del nudo Meirama, la localización dentro de la ZTX Meirama del proyecto PE Seixo podrá ocasionar recursos por parte de los promotores
que presenten sus proyectos a este nudo.
Como ya se ha mencionado, la evacuación energética de este parque a través de LAT 220 Evacuación PPEE Feás e Seselle será conjunta para todos los parques eólicos que lleguen a esta línea, tal y como recoge el estudio de impacto ambiental, si
bien no se dan datos ni existe un estudio conjunto del impacto de todas las estructuras de evacuación y otros proyectos que se pretenden conectar a esta misma subestación, por lo que cabe destacar que no existe un estudio completo del impacto que
tendrán las infraestructuras de evacuación en la zona.
Es necesaria una evaluación ambiental conjunta y global de todos sus impactos, ya que aumentan proporcionalmente y su acumulación difiere de los impactos sometidos a exposición pública en relación con el proyecto eólico Seixo.
Además, las líneas de evacuación de este PE conectarían con la SE de Abegondo, junto con la energía producida en otros PE que están en tramitación, así como algunas autorizaciones suspendidas cautelarmente, como Feás o Seselle. Una
subestación que se compone de dos proyectos, una subestación de 220 kv que está en tramitación en el Ministerio de Industria y otra anexa a la primera de 400 kv que tramita el Ministerio, en este momento todavía no autorizada. Unas nuevas
instalaciones que cuentan con una amplia oposición vecinal, del propio concello de Abegondo, de la Reserva de la Biosfera de As Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo, de diferentes grupos políticos y grupos ecologistas.
Esta subestación está sin autorizar y ni siquiera se conoce el proyecto definitivo. Con fecha 14 de julio de 2025, se publicó en el BOP de A Coruña el anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Galicia, por el que se somete a trámite de Información Pública (IP) la solicitud de Otorgamiento de la Autorización Administrativa Previa (AAP) y la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) del Proyecto de Ampliación de la Subestación de
Abegondo en el parque de 400 kV, con el objetivo de instalar una Reactancia (REA-1) y su posición asociada, en el término municipal de Abegondo, provincia de A Coruña. (Código de expediente: GAL/ 15/EE/2024/1), que supone una nueva modificación
del proyecto que había sido sometido a información pública en febrero de 2023.
Todo esto demuestra que el proyecto PE Seixo está repleto de incertidumbres e inconsistencias y que propone una evacuación de energía a través de una serie de infraestructuras todas ellas inexistentes y cuyo impacto global nunca ha sido
evaluado.
Asimismo, a la hora de evaluar el propio proyecto, hay que tener en cuenta que la ubicación prevista, tanto en el caso de los aerogeneradores como de las infraestructuras de evacuación, no respeta la legalidad vigente que exige una
separación mínima de los núcleos de población. Conviene recordar que la disposición adicional quinta de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento de la energía eólica en Galicia y se crea el canon eólico y el Fondo
de Compensación Ambiental, establece que, como medida para garantizar la compatibilidad del desarrollo eólico con la ordenación territorial y urbanística, la distancia de los aerogeneradores a los límites de los terrenos rústicos, urbanos o
urbanizables delimitados será la mayor de estas dos: 500 metros o 5 veces la altura total del aerogenerador (eje más pala). Unos requisitos que se aplicarán a las solicitudes de autorización administrativa previa y construcción de parques eólicos
cuya implantación se prevea en territorio gallego. Por tanto, el estudio de impacto del PE Seixo establece que la unidad básica de estructura alcanzará una altura de 84 m (altura del buje, que en 4 de los aerogeneradores es de 91 m de altura) que
serían 163,5 m si consideramos también la altura de la pala. En concreto, los SEI-06, SEI-013, SEI-015 y SEI-016 tendrían una altura de acople de 91 m, mientras que los 12 restantes tendrían una altura de acople de 84 m. Por tanto, la distancia
mínima que debe respetarse sería de 817 m en el caso de 12 de los aerogeneradores y de 852,5 para los aerogeneradores SEI-06, SEI-013, SEI-015 y SEI-016. Sin embargo, el propio estudio presentado deja claro que no cumple la normativa porque sitúa
los aerogeneradores a una distancia menor, como es el caso del núcleo Balvís a 805 metros al noroeste del aerogenerador SEI-08, incumpliendo por tanto la distancia mínima exigida por la legislación. También afectaría de forma importante a otros
núcleos, ya que aunque cumple con la distancia legal, siguen estando próximos, afectando de forma directa a las condiciones de vida de los vecinos y vecinas, como es el caso de Casas Longas a tan solo 840 m, Buzarelos a 900 m o de Casanova a 982
metros. Una proximidad que también resulta alarmante en el caso de las infraestructuras de evacuación proyectadas, estando varios centros a menos de 200 metros del LMST, como Xermar, a apenas está a 190 metros de distancia.
Así, la proximidad a núcleos de población y viviendas aisladas, dado su tamaño y potencial de contaminación acústica y lumínica, supone una seria desventaja no solo para el bienestar y la salud de la población, sino también para el valor
patrimonial de los inmuebles, las actividades económicas, el reto demográfico o el emprendimiento.
Por otra parte, también es necesario evaluar el grave impacto que tendrá la instalación de un nuevo parque eólico sobre el patrimonio histórico. A estos efectos, numerosos informes determinan la necesidad de priorizar el interés cultural y
arqueológico sobre el aprovechamiento energético. En el caso concreto del PE Seixo, tendría un grave impacto sobre un Bien de Interés Cultural como es el Camino Inglés. La propia Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia, indica
que los valores ambientales deben mantenerse en el entorno de los BIC, por lo que las intervenciones que se realicen deben ser armónicas con las condiciones características de la zona. Se deberá buscar su integración en materiales, sistemas
constructivos, volumetría, tipología y cromaticidad, además de evitar movimientos de tierra que puedan suponer una variación significativa de la topografía original del entorno, mantener la estructura y organización espacial, o mantener los usos
tradicionales, entre otros.
Por tanto, el proyecto es, a todas luces, incompatible con lo establecido en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, ya que la afectación al Camino de Santiago es muy significativa, al ubicarse varios aerogeneradores a escasos metros de
una de las rutas, concretamente la que comienza en A Coruña, del Camino Inglés, como el SEI-01 a 69,3, el SEI-02 a 6,76 m o el SEI-03 a 61,03 m.
Además, el proyecto también afectaría a otros elementos patrimoniales existentes en los concellos afectados, como, por ejemplo, Medorra do Codeso en el concello de A Laracha, que quedaría a solo 390 metros del aerogenerador SEI-04; o
cruceiro y hórreo de Casas Longas, también incluido en el catálogo patrimonial del PXOM de A Laracha y que se vería afectado por uno de los viales de acceso a los aerogeneradores SEI-04 y SEI-07; Mámoa do Coto de Adrán, en el mismo concello de A
Laracha, situado a 330 metros del aerogenerador SEI-08; Túmulo do Coto da Torre, que se vería afectado por una zanja de cables y situado sobre el propio elemento patrimonial; o Los Túmulos de Pedras Longas 1 y 2, en Xermar, en el concello de
Cerceda, que se verían gravemente afectados por otra zanja de cables proyectada a menos de 36 metros de estos elementos y dentro de su ámbito de protección.
Además, el proyecto incidiría en el trazado de la LAT hasta el yacimiento del Monte de San Bartolomeu en el concello de Abegondo, un lugar de gran interés arqueológico donde se localizan un importante número de tumbas, túmulos y otros
elementos, recogidos en el catálogo de patrimonio del PXOM de Abegondo.
También tendría un grave impacto sobre el conjunto etnográfico de los molinos de la Costa da Égoa en Carral y el bosque que los rodea. Un complejo etnográfico de 14 molinos en un espacio de aproximadamente 500 metros, los cuales tienen gran
importancia desde el punto de vista etnográfico e histórico, que además se vería afectado por las líneas de evacuación que pasarían vía aérea a menos de 100 metros de esta zona.
También hay que considerar que el propio estudio presentado no cumple con la normativa vigente en materia de ruido, de forma que las hojas de medición incorporadas en el Anexo IX arrojan valores inferiores a los medidos, y el propio
documento deja claro que los resultados indican que existe una afección sobre los receptores más cercanos a los aerogeneradores. Así, declara la existencia de una repercusión negativa en el caso del grupo este de aerogeneradores sobre varias
edificaciones destinadas a usos agrícolas y ganaderos e invernaderos, mientras que el grupo oeste afectaría a los núcleos de Casas Longas, Buzarelos y distintas viviendas aisladas.
Desde el punto de vista del impacto sobre el medio natural y la biodiversidad, cabe destacar también la especial incidencia que la tramitación de este nuevo parque tendrá en la Declaración de la reserva de la biosfera de Mariñas Coruñesas y
Terras do Mandeo como destino Starlight, para lo que será necesario garantizar la calidad del cielo nocturno y diurno, cuestión imposible de mantener con el sistema de balizamiento de los aerogeneradores impidiendo la renovación de la certificación.
En definitiva, el Parque Eólico Seixo, así como el resto de parques eólicos que se pretenden instalar en esta misma área, no tiene ningún impacto positivo en la economía de los habitantes de los concellos afectados. No permitirá avanzar en
el desarrollo socioeconómico de las poblaciones próximas ni va a generar riqueza en el territorio, todo el contrario, solo contribuirá al abandono rural al impedir el desarrollo de otras iniciativas
empresariales o económicas, el aprovechamiento campo-ganadero y forestal, sin generar alternativas de empleo a cambio.
Y todo ello, para facilitar un mayor lucro de las grandes compañías energéticas o la especulación favorecida por la venta de derechos a nuevas empresas constituidas con esa única finalidad, además de destinar la producción al consumo fuera
de Galicia, sin que nuestro país, como territorio excedentario en energía, reciba compensación alguna.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Rechazar el Estudio de Impacto Ambiental y denegar la autorización para la instalación del Parque Eólico Seixo, de 77 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación asociada, en los términos municipales de A Laracha,
Cerceda, Carral y Abegondo, a los que se les asignó el código PEol-969, por la incompatibilidad con el mantenimiento de los valores ambientales, del patrimonio socioeconómico y paisajístico del territorio en el que se pretende implantar.
2. Paralizar todos los proyectos eólicos que actualmente se están tramitando para, en colaboración con la Xunta de Galicia y respetando sus competencias en esta materia, realizar una evaluación conjunta del desarrollo eólico para su
adecuada y coordinada planificación.
3. Elaborar conjuntamente con la Xunta de Galicia y respetando sus competencias, una Planificación Eólica conjunta basada en criterios de proporcionalidad, racionalidad y equilibrio, que proteja el patrimonio natural y cultural, garantice
las condiciones de calidad de vida, respetando el desarrollo y mantenimiento de las actividades de explotación agraria y forestal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á autorización do proxecto de Parque Eólico Seixo para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
No pasado mes de xullo anunciábase o trámite de información pública da solicitude de autorización administrativa previa e estudo de impacto ambiental, da instalación 'Parque Eólico Seixo', de 77 MW de potencia instalada, e a súa
infraestrutura de evacuación asociada, que afectará aos concellos da Laracha, Cerceda, Carral e Abegondo.
O proxecto de Parque Eólico Seixo pretende instalar un total de dezaseis aeroxeradores, máis dous de reserva, dos cales tres serían instalados no concello de Carral, catro no da Laracha e nove no de Cerceda. A evacuación da enerxía xerada
da zona leste pretendese que se realice a través dunha liña subterránea até a subestación 'SET Colectora Seixo 220/30 kV', mentres que a da zona oeste irá tamén soterrada até a subestación 'SET PE Seixo 220/30 kV'. Dentro das infraestruturas de
evacuación prevese tamén a instalación dunha liña de conexión aero-subterránea para conectar as 2 SET, que despois conectarían á rede na liña aérea de alta tensión a 220kV procedente dos parques Feas e Seselle que á súa vez conectaría coa
Subestación planeada por REE no Concello de Abegondo.
Este novo proxecto de parque eólico ven a sumarse aos centenares de instalacións eólicas previstas na Galiza ao longo e largo da súa xeografía, con absoluta falta de planificación e afectando a núcleos de poboación, zonas protexidas,
actividades económicas e patrimonio cultural e natural. Un boom eólico que constitúe un verdadeiro espolio enerxético e dos recursos naturais do noso País.
Esta proliferación incontrolada de parques eólicos na terra, ademais das novas presas reversíbeis e da eólica mariña, non ten encaixe dentro dunha estratexia planificada en política enerxética e climática, pois a tramitación e avaliación é
unicamente individual, sen facer unha valoración do conxunto, para o que sería preciso contar cun Plan Estratéxico que aborde e xustifique a necesidade e destino da produción de enerxía.
De feito, nesa mesma área afectada existen xa outros parques eólicos e liñas de alta tensión de evacuación. A ausencia de avaliación ambiental acumulada e sinérxica da totalidade do conxunto das infraestruturas provoca que se descoñeza o
impacto real que todas estas instalacións van provocar e indefensión na veciñanza afectada por todos estes proxectos. Así, nunha área de 25 quilómetros de radio atópanse tanto en fase de autorización como de desenvolvemento ou xa en funcionamento
outros 40 Parques eólicos, algúns deles mesmo coincidindo na poligonal co proxecto de PE Seixo como sería o caso do PE Meirama, actualmente coa autorización paralizada cautelarmente polo TSXG.
Porén, na documentación de estudo de impacto ambiental non se avalían correctamente os efectos acumulativos da proximidade de varios parques eólicos. Este estudo carece de metodoloxía aplicada á hora de avaliar estes efectos e clasificar os
mesmos, así como hai unha ausencia total de medidas correctoras identificadas.
É necesario que a avaliación ambiental deste novo proxecto se faga tendo en conta os parques existentes e grande cantidade tanto de proxectos eólicos como de infraestruturas de evacuación nesta zona e se contemplen os efectos provocados por
este proxecto como acumulativos dos xa en funcionamento ou proxectados.
Non cabe dar por válido que calquera parque de produción de enerxía eólica é unha contribución positiva na a loita contra o cambio climático, todo o contrario, pois na súa maioría implican unha perda significativa de superficie natural e
unha grave deterioración dos valores ambientais, riqueza ecosistémica e perda paisaxística.
Así pois, o parque eólico proxectado non só contribuirá á degradación da calidade ambiental e das condicións de vida dos veciños e veciñas dos distintos concellos afectados, senón que non achega ningunha contribución positiva ao territorio,
nin sequera a creación de emprego estábel.
Ademais, como xa dixemos a autorización deste parque entra en conflito coa Estratexia de Transición Xusta que propón a execución dun Plan de Acción Urxente para comarcas de carbón e centrais en peche 2019-2021 para dar resposta ao peche
inminente tanto de centrais de xeración de enerxía eléctrica (térmicas de carbón e nucleares) como de explotacións mineiras de carbón e que ten como obxectivo principal o mantemento do emprego nos municipios afectados polos inminentes peche de
centrais térmicas, explotacións mineiras de carbón e centrais nucleares. Un compromiso que se articula a través dos denominados Convenios de Transición Xusta. En outubro de 2020 era publicado polo Instituto de Transición Xusta o documento de
caracterización e diagnóstico do Convenio de Transición Xusta de Meirama no que se delimitan os concellos da Zona de Transición Xusta de Meirama en Cerceda, A Laracha, Carral, Ordes e Tordoia.
O 10 de novembro de 2021 asinouse o protocolo xeral de actuación entre o Ministerio para la Transición ecolóxica e reto demográfico, a vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta da Galiza e a Federación
Española de Municipios e Provincias, para o desenvolvemento do proceso participativo de Deseño dun convenio de transición xusta de Meirama.
O 26 de decembro de 2024 publicábase no Boletín Oficial do Estado a Orde TED/1469/2024, de 19 de decembro, pola que se regula o procedemento e os requisitos aplicábeis ao concurso público para a concesión de capacidade de acceso de
evacuación á rede de enerxía eléctrica de instalacións de xeración de electricidade de procedencia renovábel no nó de transición xusta Meirama 220 kV e procédese á súa convocatoria.
Tendo en conta esta convocatoria, a autorización do parque eólico Seixo viría afectar aos proxectos presentados no NTX de Meirama, é máis, mesmo entra en conflito territorial con algúns deles, e iría en contra do obxectivo que se persegue
coa estratexia de transición xusta, xa que o promotor non está obrigado a ofrecer contrapartida algunha a cambio da autorización de explotación.
Do mesmo xeito, e recoñecendo que o promotor do parque eólico Seixo non pretende evacuar a enerxía a través do nó de Meirama, a localización dentro da ZTX de Meirama do proxecto de PE Seixo, pode provocar recurso por parte dos promotores que
presenten os seus proxectos a este nó.
Como xa se mencionou, a evacuación de enerxía deste parque a través da LAT 220 Evacuación PPEE Feás e Seselle será conxunta para todos os parques eólicos que chegan a esta liña, tal e como fica recollido no estudo de impacto ambiental, aínda
que non se dan datos nin figura un estudo conxunto do impacto de todas as estruturas de evacuación e doutros proxectos que se pretende conectar a esta mesma subestación, por tanto, cabe destacar que non existe un estudo completo do impacto que as
infraestruturas de evacuación van ter na zona.
É precisa unha avaliación ambiental conxunta e global de todos os seus impactos, xa que estes se incrementan proporcionalmente e a acumulación destes difire dos impactos sometidos a exposición pública en relación ao proxecto eólico Seixo.
Ademais, as liñas de evacuación deste PE irían conectar a SE de Abegondo, xunto coa enerxía producida noutros PE que están en tramitación, así como algúns autorización suspendida de forma cautelar, como o Feás ou o Seselle. Unha subestación
que está composta por dous proxectos, unha subestación de 220 kv que está sendo tramitada pola Consellería de Industria e outra pegada á primeira de 400 kv tramitada polo Ministerio, neste momento aínda sen autorizar. Unhas novas instalacións que
contan cunha ampla oposición, veciñal, do propio concello de Abegondo, da Reserva da Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, diferentes grupos políticos e colectivos ambientais.
Esta subestación está sen autorizar e nin sequera se coñece, `por tanto, o proxecto definitivo. Aínda con data 14 de xullo de 2025, publicouse no BOP da Coruña o anuncio da Área Funcional de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en
Galiza polo que se somete ao trámite de Información Pública (IP) a solicitude de Outorgamento da Autorización Administrativa Previa (AAP) e da Autorización Administrativa Construción (AAC) do Proxecto de Ampliación da Subestación Abegondo en el
parque de 400 kV, co obxecto de instalar unha Reactancia (REA-1) e a súa posición asociada, no termo municipal de Abegondo, provincia da Coruña. (Código de expediente: GAL/15/EE/2024/1), o que supón unha nova modificación do proxecto que fora
sometido a información pública en febreiro de 2023.
Todo isto vén a demostrar que o proxecto de PE Seixo, está cheo de incertezas e incoherencias e que propón unha evacuación de enerxía a través dunha serie de infraestruturas inexistentes todas elas e das que non se valorou en ningún momento
o impacto do conxunto.
Así mesmo, entrando a valorar xa o propio proxecto, debe terse en conta que a ubicación pretendida, tanto no caso dos aeroxeradores como das infraestruturas de evacuación, non respecta a legalidade vixente que exixe un mínimo de separación
dos núcleos de poboación. Cabe lembrar que a disposición adicional quinta da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico na Galiza, e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, estabelece que, como
medio para asegurar a compatibilidade do desenvolvemento eólico coa ordenación do territorio e o urbanismo, a distancia dos aeroxeradores ás delimitacións de solo de núcleo rural, urbano ou urbanizábel delimitado será a maior destas dúas: 500
metros ou 5 veces a altura total do aeroxerador (buxa máis pa). Uns requisitos que serán aplicábeis ás solicitudes de autorización administrativa previa e de construción de parques eólicos cuxa implantación se proxecte no territorio galego. Así
pois, o estudo de impacto do PE Seixo afirma que a unidade básica de estrutura alcanzará unha altura de 84 m (altura do buxe, que en 4 dos aeroxeradores é de 91 m de altura) que serían 163,5 m se consideramos tamén a altura da pá. Concretamente o
SEI-06, SEI-013, SEI-015 e SEI-016 terían unha altura de buxe
de 91 m, mentres que nos restantes 12 sería de 84 m. Por tanto, a distancia mínima a respectar sería de 817 m no caso de 12 dos aeroxeradores e 852,5 para os aeroxeradores SEI-06, SEI-013, SEI-015 e SEI-016. Mais, o propio estudo presentado
deixa claro que non cumpre coa normativa pois sitúa os aeroxeradores a menos distancia, como é o caso do núcleo de Balvís a 805 metros ao noroeste do aeroxerador SEI-08, incumprindo polo tanto a distancia mínima requirida pola lexislación.
Afectaría de forma importante tamén a outros núcleos, pois aínda que cumpre coa distancia legal, quedan igualmente próximos, afectando de forma directa ás condicións de vida dos veciños e veciñas, como é o caso de Casas Longas a só 840 m, o de
Buzarelos a 900 m ou o da Casanova a 982 metros. Unha proximidade que tamén resulta alarmante no caso das infraestruturas de evacuación proxectadas, ficando varios núcleos a menos de 200 metros da LMST, como é o de Xermar a só 190 metros de
distancia.
Así, a proximidade a núcleos de poboación e vivendas illadas, dada a súa dimensión e potencial de contaminación acústica e lumínica, representa un grave prexuízo non só para o benestar e a saúde da poboación, senón tamén para o valor
patrimonial dos inmóbeis, as actividades económicas, o reto demográfico ou o emprendemento.
Por outro lado, é preciso avaliar tamén o grave impacto que a instalación dun novo parque eólico vai ter no patrimonio histórico. A estes efectos, numerosos informes determinan a necesidade de facer prevalecer o interese cultural e
arqueolóxico sobre o aproveitamento enerxético. No caso concreto do PE Seixo repercutiría gravemente nun Ben de Interese Cultural como é o Camiño Inglés. A propia Lei 5/2016, de 4 de maio, do Patrimonio Cultural da Galiza, indica que no entorno
dos BIC debe manterse os valores ambientais, polo que as intervencións que se realicen deben resultar harmoniosas coas condicións características do ámbito. Deben procurar a súa integración en materiais, sistemas construtivos, volume, tipoloxía e
cromatismo, ademais de evitar os movementos de terras que podan implicar unha variación significativa da topografía orixinal do contorno, manter a estrutura e organización espacial, ou manter os usos tradicionais, entre outras.
Por tanto, o proxecto é a todas luces, incompatíbel co estabelecido na Lei de Patrimonio Cultural da Galiza, xa que a afectación ao Camiño de Santiago é moi importante, localizándose varios aeroxeradores a escasos metros dunha das vías,
concretamente da que comeza na Coruña, do Camiño Inglés, como son o SEI-01 a 69,3 O SEI-02 a 6,76 m ou o SEI-03 a 61,03 m.
Ademais, o proxecto tamén viría a afectar a outros elementos patrimoniais existentes nos concellos afectados como son, por exemplo, a Medorra do Codeso no concello da Laracha que quedaría a só 390 metros do areoxerador SEI-04; o cruceiro e
hórreo de Casas Longas, tamén recollidos no catálogo de patrimonio do PXOM da Laracha e que se verán afectados por unha das pistas de acceso cara aos aeroxeradores SEI-04 e SEI-07; a Mámoa do Coto de Adrán, no mesmo concello da Laracha, situada a
330 metros do aeroxerador SEI-08; o Túmulo do Coto da Torre, que se vería afectado por unha gabia de cablaxe e situada sobre o propio elemento patrimonial; ou os Túmulos de Pedras Longas 1 e 2, no lugar de Xermar no Concello de Cerceda, que terían
unha afectación severa por outra gabia para cables proxectada a menos de 36 metros destes elementos e dentro do seu ámbito de protección.
Ademais o proxecto tería unha afectación no percorrido das LAT ao xacemento do Monte de San Bartolomeu no Concello de Abegondo, lugar de grande interese arqueolóxico onde se sitúan unha importante cantidade de mámoas, túmulos e outros
elementos, recollidos no catálogo de patrimonio do PXOM de Abegondo.
Tamén tería grave impacto no conxunto etnográfico dos muíños da Costa da Égoa en Carral e á fraga que os rodea. Un conxunto etnográfico de 14 muíños nun espazo de aproximadamente 500 metros, que teñen grande importancia desde o punto de
vista etnográfico e histórico que tamén se vería afectado polas liñas de evacuación que pasarían en aéreo a menos de 100 metros desta zona.
Debe tamén considerarse que o propio estudo presentado incumpre a actual normativa en materia de ruído, de forma que as fichas de medición incorporadas no anexo IX amosan
valores inferiores ao medidos, e o propio documento explicita que os resultados indican que existe afectación sobre os receptores máis próximos aos aeroxeradores. Así, declara a existencia de repercusión negativa no caso do grupo leste de
aeroxeradores sobre varios edificacións destinadas a usos agro-gandeiros e invernadoiros, mentres que o grupo oeste, afectaría os núcleos de Casas Longas, Buzarelos e distintas vivendas illadas.
Desde o punto de vista da afección ao medio natural e a biodiversidade cabe destacar tamén, a especial incidencia que a tramitación deste novo parque terá na Declaración da reserva da biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como
destino Starlight, para o que será preciso garantir a calidade do ceo nocturno e diúrno, cuestión imposíbel de manter co sistema de balizamento dos aeroxeradores impedindo a renovación da certificación.
En definitiva, o Parque Eólico Seixo, así como o resto de parques eólicos que se pretenden instalar nesta mesma área, non repercute, en absoluto, de forma positiva na economía dos habitantes dos concellos afectados. Non permitirá avanzar no
desenvolvemento socioeconómico das poboacións próximas nin vai xerar riqueza no territorio, todo o contrario, só contribuirá ao abandono do rural ao impedir o desenvolvemento doutras iniciativas empresariais ou económicas, o aproveitamento
agro-gandeiro e forestal, e sen xerar alternativas de emprego a cambio. Todo iso, para facilitar o maior lucro das grandes compañías enerxéticas ou a especulación favorecida pola venda de dereitos de novas compañías constituídas con esa única
finalidade, ademais de destinarse a produción ao consumo fora da Galiza, sen que o noso País, como territorio excedentario en enerxía, conte con compensación algunha.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso insta ao Goberno do Estado a:
1. Rexeitar o Estudo de Impacto Ambiental e denegar la autorización para a instalación do Parque Eólico Seixo, de 77 MW de potencia instalada, e a súa infraestrutura de evacuación asociada, nos termos municipais da Laracha, Cerceda, Carral
e Abegondo, ao que lle foi asignado o gódigo PEol-969, pola incompatibilidade co mantemento dos valores ambientais, patrimoniais socioeconómicos e paisaxísticos do territorio no que se pretende implantar.
2. Paralizar todos os proxectos eólicos en tramitación actualmente para, en colaboración coa Xunta da Galiza e respectando as súas competencias nesta materia, realizar unha valoración conxunta do desenvolvemento eólico para unha
planificación adecuada e coordinada deste.
3. Elaborar conxuntamente coa Xunta da Galiza e respectando as súas competencias, unha Planificación Eólica conxunta asentada en criterios de proporcionalidade, racionalidade e equilibrio, que protexa o patrimonio natural e cultural,
garanta condicións de calidade de vida, respectando o desenvolvemento e mantemento das actividades de aproveitamento agrícola e forestal.'
En Madrid, 9 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002439
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, para recuperar la vivienda como un derecho frente a la especulación.
Exposición de motivos
El precio del alquiler o de la compra de la primera vivienda es la mayor preocupación de la ciudadanía. En España se está acelerando un proceso acaparamiento de vivienda que está impidiendo el acceso a la misma una mayoría social, con
especial vulnerabilidad para la gente joven, con todas las consecuencias para el desarrollo de sus vidas que ello conlleva.
Dicho proceso ha llegado a denominarse como 'el gran acaparamiento' y actualmente se manifiesta en que el 59 % de las viviendas en España están en manos de fondos de inversión o multipropietarios (17 % fondos y 42 % personas con más de tres
casas) según datos del año 2024. Estos datos deben llamar a una gran preocupación y toma de medidas estructurales, especialmente si tenemos en cuenta que el porcentaje en el año 2023 de fondos de inversión era del 8 %, por lo que, finalizado el
2025, los niveles pueden volver a multiplicarse.
En el contexto descrito, la vivienda está siendo tratada como un bien de mercado con el que especular por una parte minoritaria de la sociedad española y por fondos buitre nacionales e internacionales. En 2025, solamente el 20 % de la
compraventa de viviendas fue para primera residencia. De hecho, según la asociación de usuarios financieros (ASUFIN) solamente el 14 % de las hipotecas concedidas en España en el 2024 fue para comprar la primera vivienda mientras que directamente
el 56 % fue para invertir y especular. También destaca de forma espectacular el incremento de multipropietarios de más de cinco viviendas en un 121 %. También alarma el incremento de vivienda por parte de población no residente que, aunque en el
estado español es del 8 %, en las comarcas de Alacant supera ya el 35 % del total de las compraventas.
Una de las prácticas especulativas y de acaparamiento es la conocida como 'flipping' que consiste en comprar casas para revenderlas más caras de forma muy rápida y muchas veces sin valor añadido o con una inversión mínima de mejora de la
eficiencia energética o pintura de la vivienda. Esta práctica, altamente rentable des de una mirada capitalista economicista, no solo hurta a la vivienda su función social, sino que, al especular con ella, contribuye al encarecimiento de su precio,
haciendo más inaccesible un bien de primera necesidad para la mayoría social.
El precio de la vivienda libre se disparó un 12,7 % en el segundo semestre del año en relación con el mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007,
cuando subió un 13,1 %, según el índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Tenemos la obligación constitucional de tomar medidas de forma urgente que rompan tanto con el acaparamiento de propiedades inmobiliarias en unas pocas manos como la burbuja de precios sin precedentes que vulnera un derecho clave para el
bienestar y la vida digna de la mayoría. Pero también la responsabilidad ética de reprochar la aparición de influencers, coach y gurús que se vanaglorian de enseñar cómo hacerse millonarios sin más mérito ni esfuerzo que disponer de un capital
inicial con el que poder especular, pero ocultando el sufrimiento que ocasionan especulando con un derecho como la vivienda a la mayoría. La herencia inmobiliaria representa hoy en España más del 77 % de la desigualdad. Una brecha que, en los
próximos años, con la 'gran sucesión' a una parte de los 'millenials' será mucho mayor.
Por todo ello, es imprescindible que más allá de medidas importantes, como la ampliación del parque de vivienda pública al nivel de los países de nuestro entorno, como que las diferentes CCAA implementen todos los mecanismos de ley estatal
de vivienda (así como aprobar de manera urgente la inclusión en la misma del control de precios del alquiler de temporada y de habitaciones) implementemos medidas valientes que terminen de raíz con el acaparamiento de la vivienda y rompan con el
actual marco regulatoria y fiscal favorable a los propietarios de vivienda que no usan para vivir.
Debemos transformar por completo la política fiscal de nuestro país pensada para ayudar a sostener a las familias rentistas y potenciar el ladrillo como un refugio seguro de quienes disponen de patrimonio familiar y de sus siguientes
generaciones. Un informe reciente de CCOO advierte que la Administración General del Estado ha gastado más de 200.000 millones de euros entre 1982 y 2022, donde solo en la deducción fiscal por inversión en vivienda se han gastado 162.000 millones
de euros en estos cuarenta años, con lo que se podrían haber construir 2 millones de viviendas públicas con ese gasto. De hecho, solo en 2023 la Hacienda Pública dejó de ingresar por la deducción fiscal por arrendamiento 720 millones que perdonamos
a los rentistas que podrían haber ido a la compra masiva de vivienda pública.
Gobiernos como el de British Columbia (Canadá) ya han implementado impuestos antiflipping con el objetivo de desincentivar la tenencia de propiedades a corto plazo (menos de 730 días) con fines de lucro. De igual manera, existen impuestos
de especulación en áreas metropolitanas como Vancouver que buscan reducir la rotación rápida y devolver inmuebles al mercado de alquiler, existiendo ya evidencias de que estas medidas han incentivado que propiedades vacías pasen a alquiler y han
ayudado a aumentar oferta de alquiler en miles de unidades
Así, urge poner barreras legales al acaparamiento de la vivienda y hacer una reforma fiscal que desincentive la compra de vivienda quien busque enriquecerse con ella y garantice que las viviendas son para vivir y no para especular.
Por todo ello se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
1. Aprobar nuevo impuesto destinado a gravar en un 25 % el precio total de compraventa en las operaciones de venta de viviendas en las que hayan transcurrido menos de 730 días de su compra, observando excepciones de necesidad por motivos de
accesibilidad universal, enfermedad o modificación de la unidad de convivencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2025.-Alberto Ibáñez Mezquita, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reformar la política de vivienda
y garantizar el acceso de los jóvenes, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos para la juventud en España. Las dificultades para emanciparse, adquirir una vivienda en propiedad o incluso acceder a un alquiler asequible representan una
preocupación creciente tanto para los propios jóvenes como para el conjunto de la sociedad. Esta problemática no solo condiciona proyectos vitales individuales, sino que compromete el desarrollo económico, la cohesión social y la estabilidad
demográfica del país.
La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024, muestra que solo el 27 % de los hogares de jóvenes entre 16 y 29 años eran viviendas en régimen de propiedad. Esta cifra supone una
importante reducción respecto a 2006, cuando el 56 % de los hogares jóvenes eran propietarios de su vivienda.
Esta tendencia refleja una evidente involución en el acceso al mercado de la vivienda, especialmente entre la población joven, y pone de manifiesto como las políticas del
Gobierno están provocando resultados devastadores. Lejos de mejorar las condiciones para acceder al mercado de la vivienda, las medidas adoptadas han contribuido a empeorar la situación.
Entre las causas que explican este retroceso se encuentran las políticas intervencionistas del gobierno, una regulación que protege más a los okupas que a los propietarios, la inseguridad jurídica derivada de las medidas aprobadas por el
Ejecutivo y la persistencia en fórmulas y políticas que están generando el efecto contrario al deseado. Todas ellas han creado un escenario que condena a los jóvenes españoles a no poder emanciparse.
La falta de oferta se consolida como el principal problema para el acceso a la vivienda, una realidad evidente y ampliamente reconocida por el conjunto de los expertos en la materia, organismos independientes y el propio sector. Todos ellos
han alertado de la raíz del problema y, sin embargo, el gobierno no adopta medidas para corregirla, ignorando deliberadamente el diagnóstico.
La escasez de inmuebles disponibles, muy por debajo de la demanda real, está provocando un aumento constante de los precios, tanto en compraventa como en alquiler. Como consecuencia, cada vez más personas o familias que necesitan una
vivienda no pueden acceder al mercado por razones de precio, financiación o inestabilidad laboral. Este fenómeno, conocido como 'demanda disuadida', continúa emergiendo y tiene un impacto especialmente acusado en los menores de 35 años, que
intentan acceder por primera vez a una vivienda y quedan fuera de toda posibilidad real de acceso.
Según datos del INE, el precio medio de la vivienda nueva alcanzó en el mes de junio los 3151 por metro cuadrado, lo que supone un incremento anual del 7,5 %. Además, las proyecciones apuntan a que podría alcanzarse un nuevo récord para
finales del año, llegando a los 3291 por metro cuadrado, lo que implicaría un incremento anual del 8,7 %.
Si se toma como año base 2015, el incremento acumulado de los precios de la vivienda en España es del 72 %, frente al 58,3 % en el conjunto de la UE y al 49 % en el área euro, lo que evidencia que la presión sobre los precios es mucho más
intensa en nuestro país que en el entorno europeo.
Esta escalada de precios está haciendo imposible el acceso de los jóvenes a una vivienda en propiedad. Desde 2006, el porcentaje de hogares en alquiler se ha duplicado, pasando del 25,5 % al 51,2 % en 2024.
En definitiva, la magnitud del problema exige un cambio profundo y urgente en las políticas de vivienda, orientado a aumentar de forma real y sostenible la oferta de vivienda asequible, garantizar la seguridad jurídica y facilitar el acceso
de los jóvenes y familias trabajadoras. La vivienda es el principal activo patrimonial para la mayoría de las familias, por lo que la inacción o la aplicación de medidas equivocadas solo prolongará una situación que compromete el futuro de toda una
generación y la cohesión social de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reorientar por completo su política en materia de vivienda, con medidas orientadas a garantizar la seguridad jurídica y aumentar la oferta, procediendo a derogar sus leyes intervencionistas que están provocando un aumento de los precios
de la vivienda tanto en alquiler como en compraventa, impidiendo a los jóvenes acceder al mercado de la vivienda y favoreciendo la ocupación y la inquiocupación'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2025.-Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán García, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo,
Isabel María Borrego Cortés, Mario Cortés Carballo, Raúl Cuevas Larrosa, Celso Luis Delgado Arce, Alberto Fabra Part, Cristóbal Garre Murcia y Carlos Gil Santiago, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Cultura
161/002440
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley relativa a la protección del patrimonio industrial representado por la central térmica de As Pontes de García Rodríguez.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura. Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y publicarla en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición No de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura,
relativa a la protección del patrimonio industrial representado por la central térmica de As Pontes de García Rodríguez.
Exposición de motivos
La Central Térmica de As Pontes, en A Coruña, fue un pilar fundamental en la historia energética de España. Alimentada con carbón, su construcción se inició en 1972, entró en funcionamiento en 1976, y estuvo operativa hasta octubre de 2023.
En esa época fue una de las mayores fuentes de energía del país, con cuatro grupos generadores de 350 MW cada uno, sumando un total de 1.400 MW. La chimenea de esta central, una estructura imponente y técnicamente avanzada, se ha convertido en un
símbolo del patrimonio industrial de Galicia y en parte integrante de la vida de los ponteses.
Con 356 metros de altura, cuando se construyó era la chimenea más alta de Europa y la segunda más alta del mundo. Actualmente, sigue siendo la estructura más alta de España y una de las más altas de Europa Occidental. Su diámetro varía
desde los 36 metros en la base hasta los 18 metros en la corona, lo que le confiere un perfil inconfundible.
La organización Guinness World Records reconoció a esta chimenea como la más grande del mundo, un récord que difícilmente se romperá en el futuro, pues las restricciones ambientales actuales no permitirían la construcción de una estructura
de tal magnitud.
Deseñada por M.W. Diseñada por Kellogg y construida por Ekauxea, la chimenea se realizó en hormigón armado, lo que garantiza su durabilidad y resistencia a condiciones extremas. Este diseño avanzado le permite soportar las altas
temperaturas y la corrosión asociadas con los gases de combustión.
Durante su vida útil, la chimenea facilitó el funcionamiento de la central, que en aquel momento cubría el 6 % de la demanda eléctrica de todo el Estado. Con cuatro grupos generadores, cada uno con una capacidad de 350 MW, la central
alcanzó un total de 1.400 MW. El diseño de la chimenea permitió dispersar los gases de combustión a grandes alturas, minimizando el impacto ambiental en la superficie.
Una característica única es la existencia de cuatro conductos internos que funcionan de forma independiente. Esta disposición no sólo ha sido clave para el funcionamiento eficiente de la planta, sino que también abre la posibilidad de
futuros usos industriales, lo que aumenta su versatilidad y potencial reutilización.
La chimenea dispone de un ascensor interior que sube hasta los 10 metros de su corona; a partir de este punto una escalera lleva hasta la parte superior, donde hay otra plataforma. El ascensor da acceso a varias alturas y a una plataforma
interior situada en la cota 215. En este punto hay una estación de control de calidad del aire, que podría seguir funcionando en el futuro.
En 2012, la chimenea fue sometida a una importante intervención para garantizar su longevidad. En 2024, la empresa Sika certificó que su estado de conservación es excelente, garantizando que está en óptimas condiciones para perdurar en el
futuro.
Desde el punto de vista patrimonial e histórico, la chimenea es un símbolo del desarrollo industrial y energético de España. Su construcción y funcionamiento reflejan el auge de la producción de electricidad a partir de carbón, que fue
crucial para el crecimiento económico del país.
Su récord mundial de volumen, su altura y la posibilidad de ser visitado lo convierten en un elemento único del patrimonio industrial español. Dado que su récord es prácticamente imposible de superar debido a la normativa ambiental vigente,
se ha consolidado como un monumento único.
Además de su función como estación de control de la calidad del aire, la chimenea tiene un enorme potencial para convertirse en un mirador panorámico, torre de comunicaciones, centro de captación de energía, o incluso en un museo en su base,
donde se explique el funcionamiento de la central, la chimenea y su importancia para la economía y la sociedad de As Pontes.
Ocupa una superficie muy pequeña en la parcela de la central, lo que permite su conservación sin obstaculizar futuros desarrollos industriales en la zona, que no llega a representar el 2 % del total.
La chimenea de la Central Térmica de As Pontes no es sólo una construcción monumental: es una parte profundamente arraigada de la identidad de la comunidad local. Durante los últimos 50 años, ha sido un elemento constante en el paisaje,
tanto física como simbólicamente. Algunos de los vecinos la han visto construir y otros crecieron viéndola en el horizonte, lo que la convirtió en un referente visual, emocional y cultural.
Más allá de su valor técnico e industrial, la chimenea es testigo del paso del tiempo y de las transformaciones que han configurado As Pontes. Durante décadas dominó el horizonte y se integró al paisaje natural de la región. La relación
entre la población y la chimenea no es sólo de proximidad física, sino de coexistencia. Para muchos, es imposible imaginar el perfil de la ciudad sin la presencia de esta estructura monumental, que se ha entrelazado con la vida cotidiana, el
trabajo y las experiencias compartidas de la comunidad.
Es también un símbolo de lucha y reivindicación social. Durante su construcción, entre 1972 y 1976, la chimenea y la central térmica fueron escenario de luchas obreras y reivindicaciones sindicales. Las duras condiciones laborales que
enfrentaban los trabajadores en esa época generaron un fuerte movimiento sindical que exigía mejoras para los trabajadores de las empresas auxiliares de Endesa. El 26 de agosto de 1975, José Luis Muruzábal Arlegui, representante sindical de
Ekauxea, y Miguel Ángel Domínguez Bolaños, representante sindical de Duro-Felguera, se encerraron durante varios días en lo alto de la chimenea. En este sentido, la chimenea también simboliza la resistencia de la clase trabajadora de As Pontes, que
con su esfuerzo y sacrificio contribuyó al desarrollo de una de las infraestructuras energéticas más importantes del país. Este
legado de lucha y dignidad permanece presente en la memoria colectiva, otorgando a la chimenea un valor añadido como testigo de la historia social.
Con el paso de las décadas, la chimenea ha dejado de ser un simple elemento industrial para convertirse en un símbolo de identidad local. Para los ponteses, representa una época de crecimiento, desarrollo y transformación, tanto a nivel
económico como social. La chimenea es testimonio visual de cómo este centro se convirtió en un referente de la producción energética en España, y cómo aquella etapa marcó profundamente la vida de la localidad. Aunque la central cerró en octubre de
2023, su impacto sigue latente y la chimenea sigue siendo el emblema más visible de ese legado.
La chimenea no sólo es un recordatorio del pasado, sino también un punto de conexión emocional con el futuro. Su conservación como parte del apego de los ponteses al paisaje local es esencial para mantener viva la memoria colectiva.
Asimismo, Endesa, propietaria de la central, tiene una deuda moral con el pueblo de As Pontes, al ser una empresa que generó gran parte de sus beneficios gracias a esta central y a la mina. La declaración de la chimenea como BIC sería un
justo reconocimiento a este legado.
Como BIC, podría atraer visitantes e investigadores y servir como recurso educativo sobre la historia industrial y las transiciones energéticas. El proyecto de crear un museo en su base añade un valor cultural y pedagógico importante.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a inscribir la chimenea de la central térmica de As Pontes en el catálogo de patrimonio industrial del Ministerio de Cultura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2025.-Manuel Lago Peñas, Nahuel González López y Jorge Pueyo Sanz, Diputados.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para que el acceso a las artes y la cultura en la escuela sea un derecho, para su
debate en Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Estamos construyendo la sociedad del futuro y debe ser sostenible, justa, inspiradora e inclusiva y, para conseguirlo, hay que unir arte y educación, comprensión y creatividad, y siempre bajo la premisa de que cuando el arte entra en la
escuela nace la posibilidad de otro futuro.
La importancia de educar en el arte como elemento transformador y la competencia artística y cultural, reconocida expresamente en los currículos, es una parte del desarrollo pleno de la personalidad de los alumnos como ciudadanos sensibles,
creativos y críticos.
Así, en el preámbulo de Marco de la UNESCO para la Educación Cultural y Artística se recuerda que 'el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten'.
También se menciona en la sección de 'Principios Rectores' la necesidad de 'afirmar la educación cultural y artística como bien mundial de la humanidad, que debería ser accesible a todos y promover el bienestar de las personas y las
sociedades en su
conjunto'. Además, el objetivo estratégico de 'Acceso, inclusión y equidad en y mediante la educación cultural y artística' enfatiza que 'el acceso es un elemento básico para ejercer el derecho a la educación y los derechos culturales' y
que 'el acceso a un amplio abanico de expresiones, experiencias y enseñanzas culturales y artísticas es fundamental para hacer realidad el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y artística, contribuir a ella y disfrutarla'.
Y, no habrá ningún impacto si no se asegura una continuidad en las políticas con programas de, al menos, diez años de continuidad, tal y como ya ocurre en países como Francia o Portugal. Además, se debe dotar de recursos los departamentos
educativos en instituciones culturales y dar peso a las competencias artístico-culturales en los sistemas educativos. Este punto, también lo aborda el Marco de UNESCO en los 'Objetivos Estratégicos', bajo el epígrafe 'Formalización y valorización
de los ecosistemas de educación cultural y artística', indicando que 'ello supone otorgar a la cultura y las artes un lugar destacado en los planes de estudios, dedicarles el tiempo y el espacio necesarios en horario lectivo y acompañarlas de una
dotación de recursos suficiente y sostenible'. También se relaciona con 'Aumentar la inversión para responder a la escasez de docentes, formadores y educadores no formales cualificados' y en 'Financiación', donde se llama a 'Movilizar financiación,
incluyendo a través de alianzas públicas y privadas, a fin de crear infraestructuras y mecanismos de colaboración, así como recursos administrativos, humanos y materiales necesarios para sostener a largo plazo el ecosistema de la educación cultural
y artística'.
Así, con el nuevo Marco de Educación Cultural y Artística de la UNESCO y la próxima Conferencia MONDIACULT 2025 como contexto, -que tendrá lugar en Barcelona entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de este año 2025-, para definir la
agenda global de la cultura en los próximos años, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir con los acuerdos internacionales firmados y blindar como un derecho el acceso a las artes y la cultura en la escuela.
2. Dar continuidad a estas políticas con programas o planes de al menos diez años.
3. Reforzar las estructuras existentes dotando de recursos, dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes en cada momento, a departamentos educativos en instituciones culturales y dando peso a las competencias
artísticoculturales en los sistemas educativos.
4. Ofrecer una formación transversal en artes a docentes y artistas con prácticas artísticas curriculares.
5. Crear una plataforma pública de proyectos culturales-escolares para facilitar el intercambio de conocimientos.
6. Crear una Comisión Interministerial permanente entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que permita impulsar de forma conjunta las acciones anteriormente descritas y favorecer la
coordinación de las políticas públicas en los ámbitos de la cultura y la educación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2025.-Marc Lamuà Estañol, María Luz Martínez Seijo y Roberto García Morís, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández, Carina Mejías Sánchez y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz
Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Carpeta Personal Digital Única para las
relaciones con la Administración Pública, para su discusión en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En las sociedades modernas, la relación entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas debe caracterizarse por la eficacia, la eficiencia y la transparencia. No obstante, actualmente los españoles se enfrentan a una multiplicidad de
plataformas digitales, portales y sedes electrónicas, de cada una de las administraciones públicas, como es la de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales. Esta fragmentación genera duplicidades
innecesarias, obstaculiza el acceso a los servicios públicos y compromete lop principios de buena administración.
La dispersión de datos y procedimientos administrativos, así como la falta de interoperabilidad efectiva entre los diferentes niveles de gobierno, provocan un incremento en los costes de gestión, tanto para los usuarios como para las
Administraciones. Así, se hace preciso recordar múltiples credenciales, realizar trámites repetitivos y navegar por entornos digitales dispares, lo que puede llegar a generar frustración y desconfianza hacia las instituciones.
En este contexto, es necesario un cambio en la forma en que los administrados interactúan con las Administraciones Públicas. Con el lanzamiento de la versión definitiva de 'Mi Carpeta Ciudadana' 39 en diciembre de 2022, se dio un paso hacia
dicha unificación, no obstante, se sigue adoleciendo de una importante dispersión de datos entre distintas administraciones. Este problema surge desde el momento en el que la regulación de este instrumento no obliga al resto de administraciones a
fusionarse con ella.
Tanto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se basan en los principios de 'transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad' 40 en materia de medios electrónicos y de sede electrónica. En este sentido, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica establece que la 'interoperabilidad se entenderá contemplando sus dimensiones organizativa, semántica y técnica' 41.
Sin embargo, tanto la disposición adicional segunda de la Ley 39/2025 como los artículos 58 y 59 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios
electrónicos, solo posibilitan a distintos organismos a 'integrar sus respectivas áreas personalizadas o carpetas ciudadanas', pero no obligan a integrarse en ella.
La solución pasa por la agilización de los procesos para conseguir de forma efectiva una carpeta personal única que integre y centralice toda la información y los trámites
39 https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/mi-carpeta-ciudadana-definitiva-app.aspx
40 Artículo 38 de la Ley 40/2015
41 Dimensiones desarrolladas en los Capítulos III, IV y V del Real Decreto 4/2010
administrativos de cada español, con independencia de la Administración que los gestione. Este instrumento digital permitirá a los ciudadanos acceder desde un único punto a todos sus datos, notificaciones, expedientes, certificados y
solicitudes del conjunto del sector público, eliminando barreras y simplificando los procedimientos.
Además de mejorar los servicios al ciudadano, esta iniciativa contribuiría de manera significativa a la eficiencia del sector público. En nuestro caso, la eliminación de duplicidades en el mantenimiento de plataformas tecnológicas y en la
gestión de datos podría suponer un ahorro anual estimado de 600 millones de euros 42. Este ahorro derivaría de la reducción de infraestructuras informáticas redundantes, menor necesidad de personal dedicado a trámites repetitivos y una mejora
general en la eficiencia de los procesos administrativos.
Desde una perspectiva económica, la efectiva centralización de servicios permitiría optimizar los recursos humanos y materiales, liberar partidas presupuestarias para otras áreas prioritarias como la sanidad, la educación o la seguridad, y
fomentaría una Administración mucho más accesible y productiva que la actual.
La consecución de estos objetivos tiene un impacto positivo en términos de transparencia y rendición de cuentas. Un entorno único y accesible donde el ciudadano pueda consultar todos sus trámites y comunicaciones oficiales mejoraría la
trazabilidad de las actuaciones administrativas.
Es fundamental que la carpeta personal única garantice un acceso sencillo, asegurando que ningún español quede excluido por falta de habilidades digitales o acceso a la tecnología. Para ello, es necesario acompañar su implantación de
programas de formación digital, así como de campañas de información que faciliten su adopción por parte de toda la población. Debe tenerse en cuenta que el pasado año 2024, los datos reflejaron que el acceso a internet de forma frecuente disminuía
a medida que aumentaba la franja de edad de la población 43, lo que ratifica la necesidad de poder auxiliar a aquella población cuyo manejo en las nuevas tecnologías se antoja más complicado que a sectores más jóvenes. Asimismo, debe garantizarse
que la implantación de la carpeta única no excluya, en ningún caso, la posibilidad de acceder a los servicios mediante atención presencial.
Llevar a cabo una integración efectiva en una carpeta única, se convertiría en una herramienta muy útil para las propias administraciones públicas. En efecto, su adecuada integración permitirá que la información previamente aportada -como,
por ejemplo, el libro de familia presentado en otro trámite- esté accesible para los empleados públicos, evitando duplicidades, ahorrando tiempo y reduciendo la carga burocrática tanto para la administración como para los españoles.
En definitiva, la creación de una carpeta personal única es una medida necesaria y urgente para alcanzar una Administración centralizada más eficiente, accesible y orientada al ciudadano, que reduzca la carga burocrática, optimice el gasto
público y mejore la calidad de los servicios.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las medidas necesarias para que la carpeta ciudadana de la Administración General del Estado sea única, interoperable y que concentre la totalidad de sus relaciones con las Administraciones Públicas, con independencia del nivel
competencial o territorial.
2. Garantizar la accesibilidad universal a la carpeta personal única, aplicando criterios de asistencia personal o telefónica permanente, reforzando la presencialidad en la atención administrativa, de modo que la digitalización no sustituya
sino complemente la atención
42 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/25/companias/1611590149_970121.html
43 https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&e=INESeccion_C&cid =1259925528559&p=%5C&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
personal que merecen todos los españoles, en especial a aquellos sectores que presenten mayor dificultad para el acceso a las nuevas tecnologías.
3. Establecer mecanismos de coordinación obligatorios entre las distintas Administraciones para asegurar el intercambio de información y la eliminación de duplicidades en los trámites administrativos, garantizando en todo caso la protección
de los datos personales de los españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2025.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María
Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Sanidad
161/002443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al abordaje integral de las
cefaleas y las migrañas en condiciones de máxima calidad asistencial y equidad todo el Sistema Nacional de Salud, para su debate en Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Según lo planteado desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cefaleas son trastornos primarios y comunes del sistema nervioso caracterizados fundamentalmente por dolores de cabeza recurrentes.
De acuerdo con la propia OMS, las cefaleas suelen manifestarse en brotes y rebrotes -causados por el uso crónico/excesivo de analgésicos-, y pueden llegar a ser incapacitantes.
En términos de prevalencia, la OMS estimó en 2024 que entre el 50 % y el 75 % de los adultos con edades comprendidas entre los 18 años y los 65 han sufrido una cefalea en el último año, y que el 30 % de las personas que forman parte del
grupo etario citado ha visto empeorada su situación hasta el nivel de la migraña -con náuseas, vómitos, hipersensibilidad al ruido y a la luz...- y de la cronificación del dolor.
A nivel nacional, desde la Sociedad Española de Neurología (SEN) se cuantifica en más de 200 los tipos de cefaleas existentes y se plantea -también con cifras de 2024- que las conocidas como 'cefaleas primarias' -enfermedad por sí misma-
representan 'el dolor de cabeza más habitual' (90 % de los casos totales) y afectan al 74 % de la población (79 % de mujeres y 69 % de hombres).
El 63 % de dichas 'cefaleas primarias' tienen su origen en situaciones de 'tensión episódica', seguidas del 15 % derivadas de la exposición a 'estímulos fríos' y del 9 % atribuido a las conocidas como 'migrañas sin aura'. Además, 'un 4 % de
la población padece algún tipo de cefalea primaria crónica, es decir, padecen dolores de cabeza más de 15 días al mes'.
En cuanto a las 'cefaleas sintomáticas', la referida SEN cuantifica en un 72 % las causadas por 'resaca', en un 63 % las provocadas por 'fiebre' y en un 22 % las 'asociadas a alteraciones metabólicas (ayuno sin hipoglucemia)'.
Desde la SEN se afirma también que 'más del 50 % de las personas que padecen migraña presentan un grado de discapacidad grave o muy grave'; que 'la edad, ser mujer o la predisposición genética' son factores de riesgo 'no modificables'; que
'la obesidad, el estrés, la depresión o los trastornos del sueño' son factores 'evitables o controlables';
que 'el 40 % de los pacientes que sufren dolor de cabeza de forma habitual están aún sin diagnosticar', y que 'el 50 % de los pacientes con cefalea se automedica con analgésicos sin receta'.
En este contexto, en los últimos años se han desarrollado en nuestro país distintas iniciativas con las que procurar avances en el tratamiento y en el abordaje terapéutico de las personas afectadas.
Un ejemplo representativo es el 'Protocolo para el manejo del paciente con migraña crónica' impulsado en el año 2016 desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde el Instituto de Salud Carlos III y desde el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud.
Dicho protocolo pone de manifiesto los 'grandes costes individuales y sociales', evidencia las 'numerosas comorbilidades' y plantea la necesidad de generar progresos en términos de 'identificar a las personas no diagnosticadas hasta el
momento', de 'ofrecer una asistencia sanitaria de calidad' -mediante medidas para 'evitar los desencadenantes', 'modificar los factores de riesgo' y 'administrar tratamientos farmacológicos y no farmacológicos' que permitan 'tanto abordar las crisis
como prevenirlas'-, y de 'informar al usuario del proceso que le afecta y de cómo el sistema sanitario público tiene organizada su asistencia'.
Otra muestra destacada en el mismo sentido es la que representa el manual de práctica clínica con recomendaciones diagnóstico-terapéuticas que la mencionada SEN editó originalmente en el año 2015 y que actualizó en 2020. Dicho documento fue
orientado a 'el médico residente, de atención primaria, neurólogo clínico' con el objetivo de facilitar la toma de decisiones a partir de información relevante y actualizada sobre epidemiología, fisiopatología, métodos diagnósticos, criterios de
derivación y hospitalización, vademécum...
Un tercer caso notorio es el que representa el 'Libro blanco de la migraña en España' que la Asociación Española de Migraña y Cefalea, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y, de nuevo, la SEN presentaron en 2021. Dicho libro blanco deja constancia de que 'se
tarda entre 6 y 7 años de media en obtener un diagnóstico de esta enfermedad neurológica', y de que, entre otras cuestiones, 'menos del 14 % de las personas que requieren tratamiento preventivo en España, lo reciben'.
Finalmente, cabe también tener presente el documento 'La migraña en el trabajo', obra presentada en 2024 por la citada Asociación Española de Migraña y Cefalea, en el que se concreta que uno 'de los principales impactos negativos de la
migraña en el contexto del trabajo' es 'el absentismo laboral (32 %)'.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a la práctica con inmediatez, desde el pleno consenso con las Comunidades Autónomas y la coordinación efectiva con los representantes de los pacientes y de los profesionales
sanitarios, todas las medidas que resulten necesarias para posibilitar un abordaje integral, transversal y multidisciplinar de las cefaleas y las migrañas en condiciones de máxima calidad asistencial y equidad todo el Sistema Nacional de Salud.
Para ello, con el objetivo prioritario de conseguir avances tangibles en términos de salud, bienestar y calidad de vida de los pacientes, y considerando el impacto en términos de absentismo laboral, el Gobierno invertirá cuantos recursos
humanos, económicos, tecnológicos y estructurales sean necesarios para materializar un plan estratégico con el que incrementar la concienciación social y la formación continuada de los profesionales -especialmente de Atención Primaria-, impulsar la
l+D+i, mejorar los circuitos asistenciales, agilizar el acceso a las pruebas diagnósticas y aumentar su precisión, y poner a disposición
de los afectados las últimas innovaciones terapéuticas y tecnológicas con las que prevenir, evitar y frenar los síntomas y efectos propios de las cefaleas y las migrañas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2025.-Carmen Fúnez de Gregorio, Elvira Velasco Morillo y Antonio Cavacasillas Rodríguez, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de prevención de las enfermedades de origen laboral en relación con la exposición a
la sílice cristalina, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La silicosis es una enfermedad incurable, de origen profesional, causada por la inhalación de polvo de sílice cristalina. Es una enfermedad conocida del pasado propia de los mineros, con tasas elevadas de incapacidad y mortalidad. No es,
sin embargo, una enfermedad del pasado, ni circunscrita a los mineros.
Recientemente, el Ministerio de Sanidad hizo públicos los resultados de un estudio ('Remergencia de la silicosis en España') donde se evidencia que su incidencia en las últimas décadas no ha dejado de crecer; desde 2007 a 2024 se han
comunicado en España 5.940 partes por silicosis.
Este incremento ha estado ligado a la exposición a la sílice en sectores diferentes a los tradicionalmente considerados como responsables. Decir silicosis iba asociado al sector minero, con ubicación preminente en Asturias y León. El
cambio climático aboca a una necesaria transición energética que, junto a otros condicionantes, reduce drásticamente la explotación de la minería del carbón, y, por tanto, al incremento de nuevos casos de silicosis como consecuencia del trabajo en
las minas. En consecuencia, se va haciendo cada vez más residual la cohorte de mineros afectados por silicosis.
Nuevos y pujantes procesos industriales como el corte, tallado y acabado de la piedra, que incluyen las empresas que trabajan los aglomerados de cuarzo; la extracción de granito, pizarra, arenas y caolín, junto con la construcción, son los
sectores actualmente asociados al rebrote de la silicosis.
Una nueva distribución de la silicosis, en función de las diferentes empresas que explotan la utilidad de la piedra, con diferentes procedimientos industriales. Las personas trabajadoras expuestas al polvo de la sílice cristalina, aparte de
la silicosis, pueden desarrollar otras enfermedades conocidas como el cáncer de pulmón y afecciones cardiacas, y otras no tan conocidas y asociadas como la artritis reumatoide, el lupus sistémico o la esclerodermia.
Otra característica reseñable de la 'nueva silicosis' es la evolución de las personas trabajadoras afectadas. En la silicosis de los mineros la incidencia era más insidiosa y la evolución paulatina, que se traducía en prevalencia de
personas trabajadoras afectadas en edades más avanzadas. La actual reemergencia afecta a personas trabajadoras más jóvenes, necesitando menos tiempo de contacto con la sílice cristalina para causar repercusión clínica y funcional. Este hecho es
consecuencia de la mayor concentración de sílice en los productos que se trabajan actualmente, como es el silestone en la fabricación de encimeras.
Ante los datos expuestos y como previsiblemente lo detectado en este estudio sea solo la punta del iceberg, nos encontramos frente a un problema de salud laboral
importante ante el cual, todas las Administraciones, de manera planificada, deben dirigir su atención.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Plan Estatal de lucha contra la silicosis, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y
las organizaciones sindicales, que suponga una estrategia global que sirva de marco para el desarrollo de los planes específicos en cada Comunidad Autónoma epidemiológicamente afectada. Dicho plan debe de contemplar medidas que incidan en los
siguientes aspectos:
1. Una mayor profundización en el conocimiento de la situación epidemiológica de la silicosis y otras enfermedades relacionadas con la exposición a la sílice cristalina.
2. Un mejor conocimiento de los procesos productivos relacionados con la manipulación de la sílice cristalina para evitar o reducir la exposición de las personas trabajadoras.
3. La mejora de las condiciones de trabajo y las medidas preventivas de las personas trabajadoras en las empresas que trabajan con material que contiene sílice, en especial con alta concentración.
4. Medidas que incidan en el fomento de la investigación en la prevención de las patologías relacionadas con la sílice cristalina.
5. Medidas para la formación de las empresas y de las personas trabajadoras en relación con la prevención de la silicosis'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-Modesto Pose Mesura, Carmen Martínez Ramírez, María Sainz Martín, María Montserrat García Chavarría, Margarita Martín Rodríguez, Emilio Sáez Cruz, Patricia Otero Rodríguez, Luis
Antonio Gómez Piña, María Adrio Taracido, Obdulia Taboadela Álvarez y Carmen Andrés Añón, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Defensa
181/001326
Carlos Rojas García
¿Cómo piensa el Gobierno sustituir el sistema de misiles Spike cuyo contrato ha sido rescindido por el Gobierno, teniendo en cuenta lo relativo a la merma de nuestra seguridad y defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2025.-Carlos Rojas García, Diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
181/001327
Carlos Rojas García
¿Por qué el Gobierno ha contratado servicios que pueden afectar a la defensa o la seguridad nacional a operadores de nacionalidad china?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2025.-Carlos Rojas García, Diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
181/001328
Carlos Rojas García
¿Cuál será el gasto en defensa en el ejercicio 2026?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2025.-Carlos Rojas García, Diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
181/001330
Grupo Plurinacional SUMAR
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno llevar a cabo la desconexión total de la tecnología militar israelí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2025.-Txema Guijarro García y Fèlix Alonso Cantorné, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001324
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Celso Delgado Arce
¿A la vista del contenido del reciente dictamen de la Comisión Europea sobre posible contravención de normativa comunitaria en materia de contratación de concesiones públicas, tiene voluntad el Gobierno de iniciar la tramitación del rescate
de la concesión y liberalización del peaje de la Autopista del Atlántico AP-9 por ser esta la alternativa más ventajosa para el interés público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001325
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Celso Delgado Arce
¿Rectificará RENFE la injusta decisión de suprimir desde el 9 de junio paradas de trenes en las estaciones intermedias del corredor ferroviario de alta velocidad Galicia-Madrid y muy especialmente en la estación de alta velocidad de A
Gudiña-Porta de Galicia y en consecuencia procederá a restablecer las frecuencias eliminadas a la mayor brevedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001332
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Nestor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno del Estado para intentar excluir los palangres de la consideración de arte de fondo y evitar la posible ampliación de las 87 zonas vedadas por la CE en el Atlántico Nororiental a la pesca de
fondo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
Pregunta con resposta oral na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Que accións está a levar a cabo o Goberno do Estado para tratar de excluír o palangre da consideración de arte de fondo e para evitar a posíbel ampliación das 87 zonas vedadas pola CE no Atlántico nororiental á pesca de fondo?
En Madrid, a 11 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
181/001320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
¿Ha utilizado la esposa del presidente del Gobierno aeronaves del Ejército del Aire para viajes privados no relacionados con la actividad del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, Diputados.
181/001321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para hacer frente a la caída de la reputación internacional de nuestro país ante el empeoramiento de España en los rankings internacionales de lucha contra la corrupción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, Diputados.
181/001322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
¿Por qué el Gobierno hace caso omiso de las reformas recomendadas por GRECO, en general, y especialmente en materia de prevención de la corrupción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, Diputados.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro del Interior.
¿Qué garantías tiene el Gobierno de que la tecnología china utilizada para radares y labores de vigilancia de tráfico cumple con los estándares de seguridad y no son un peligro para la seguridad nacional de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2025.-Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/026322
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Guijarro García, Txema (GSUMAR)
Posibilidad de exclusión de Alicante como zona de predominio lingüístico valenciano.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la segunda pregunta,
dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, relativa al ámbito competencial de un ente territorial no sometido al control de la Cámara, comunicando este acuerdo al autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el diputado D. Txema Guijarro del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta las siguientes preguntas, relativas a la posibilidad de exclusión de Alicante como zona de
predominio lingüístico valenciano dirigidas al Ministerio de Cultura del Gobierno de España para las que se solicita respuesta escrita.
Exposición de motivos
El pasado 26 de junio, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó, con los votos favorables del Partido Popular y VOX, una Declaración Institucional impulsada a propuesta de la extrema derecha. Mediante esta, se insta a las Corts
Valencianes a modificar la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV), con el objetivo de excluir el término municipal de Alicante de la zona de predominio lingüístico valenciano y pasar a considerarlo territorio de predominio lingüístico
castellano.
La aprobación de esta iniciativa supone una ruptura radical con la posición histórica del Partido Popular respecto al consenso alcanzado en 1983 en torno al redactado literal de la LUEV, aprobada por las Corts Valencianes en sesión plenaria
celebrada el 23 de noviembre de aquel año en el Palacio de la Diputación de Alicante. Desde entonces, esta norma es conocida como la Llei d'Alacant, y ha sido respetada y aplicada por todos los gobiernos autonómicos -de distinto signo político-
como marco legal para el desarrollo de la cooficialidad lingüística reconocida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
La propuesta de modificación de la LUEV promovida por el Partido Popular y VOX constituye un ataque directo a la realidad histórica y cultural de la ciudad, así como una grave vulneración de los derechos lingüísticos de la ciudadanía
alicantina, con independencia de su lengua habitual de comunicación. Esta iniciativa contradice los principios de libertad que sus impulsores afirman defender, al negar a la población la posibilidad de elegir en qué lengua -valenciano o castellano-
dirigirse a la administración o educar a sus hijos e hijas.
Excluir Alicante de la zona de predominio lingüístico valenciano podría suponer, en la práctica, la desaparición progresiva de la enseñanza en valenciano en la ciudad. Esto implicaría modificar el artículo 18 de la LUEV, que establece la
obligatoriedad de incorporar el valenciano en todos los niveles educativos. Dicho artículo señala que, en los territorios castellanohablantes recogidos en el título quinto, esa incorporación debe hacerse de forma progresiva, pero en ningún caso
excluyente.
Este cambio legislativo dejaría en una situación de indefensión a miles de familias -aproximadamente un 17 %, según la reciente consulta impulsada por la Generalitat- que han optado por el valenciano como lengua principal en la educación de
sus hijos e hijas en las escuelas de Alicante.
Por todo esto, este diputado pregunta:
- ¿Qué acciones ha llevado a cabo el Ministerio de Cultura para la promoción y normalización del valenciano en el ámbito territorial del País Valenciano?
- [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2025.-Txema Guijarro García, Diputado.
A la Mesa del Congrés
Emparant-se en allò establit en el Reglament de la Cambra, el diputat Txema Guijarro, del Grup Parlamentari Plurinacional Sumar, presenta les següents preguntes, relatives a la possible exclusió d'Alacant com a zona de predomini lingüístic
valencià, adreçades al Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya, per a les quals es sol·licita resposta per escrit.
Exposició de motius
El passat 26 de juny, el Ple de l'Ajuntament d'Alacant va aprovar, amb els vots favorables del Partit Popular i VOX, una Declaració Institucional impulsada a proposta de l'extrema dreta. Mitjançant aquesta, s'insta les Corts Valencianes a
modificar la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià (LUEV), amb l'objectiu d'excloure el terme municipal d'Alacant de la zona de predomini lingüístic valencià i passar a considerar-lo territori de predomini lingüístic castellà.
L'aprovació d'esta iniciativa suposa una ruptura radical amb la posició històrica del Partit Popular respecte al consens assolit l'any 1983 al voltant del redactat literal de la LUEV, aprovada per les Corts Valencianes en sessió plenària
celebrada el 23 de novembre d'aquell any al Palau de la Diputació d'Alacant. Des d'aleshores, esta norma és coneguda com la Llei d'Alacant, i ha estat respectada i aplicada per tots els governs autonòmics -de diferents signes polítics- com a marc
legal per al desenvolupament de la cooficialitat lingüística reconeguda a l'Estatut d'Autonomia del País Valencià.
La proposta de modificació de la LUEV promoguda pel Partit Popular i VOX constitueix un atac directe a la realitat històrica i cultural de la ciutat, així com una greu vulneració dels drets lingüístics de la ciutadania alacantina, amb
independència de la seua llengua habitual de comunicació. Esta iniciativa contradiu els principis de llibertat que els seus impulsors afirmen defensar, en negar a la població la possibilitat d'escollir en quina llengua -valencià o castellà-
adreçar-se a l'administració o educar els seus fills i filles.
Excloure Alacant de la zona de predomini lingüístic valencià podria suposar, en la pràctica, la desaparició progressiva de l'ensenyament en valencià a la ciutat. Això implicaria modificar l'article 18 de la LUEV, que estableix
l'obligatorietat d'incorporar el valencià en tots els nivells educatius. Este article indica que, en els territoris castellanoparlants recollits en el títol cinqué, esta incorporació ha de fer-se de manera progressiva, però en cap cas excloent.
Este canvi legislatiu deixaria en una situació de desprotecció milers de famílies -aproximadament un 17 %, segons la consulta recent impulsada per la Generalitat- que han optat pel valencià com a llengua principal en l'educació dels seus fills i
filles a les escoles d'Alacant.
Per tot això, este diputat pregunta:
- Quines accions ha dut a terme el Ministeri de Cultura per a la promoció i normalització del valencià en l'àmbit territorial del País Valencià?
- [...]
Palau del Congrés, a 10 de setembre de 2025.-Txema Guijarro García, Diputado.
184/026515
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Muñoz de la Iglesia, Ester (GP) Franco González, Silvia (GP)
Autoría de la ejecución de los canales que recogen las aguas de los valles de El Barbadiel y Redecillo y que atraviesan el municipio de Benavides de Órbigo, titularidad actual y situación de los mismos, y responsable de su mantenimiento.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a las
Sras. Diputadas autoras de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ester Muñoz de la Iglesia y Silvia Franco González, Diputadas pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss, del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Según diversas informaciones publicadas en prensa, los canales que recogen las aguas de los valles de El Barbadiel y Redecillo y que atraviesan el municipio de Benavides de Órbigo se encuentran en un estado de abandono preocupante. La falta
de mantenimiento ha provocado la proliferación de arbolado y vegetación en pleno cauce, lo que incrementa el riesgo de atascos, especialmente en el tramo de la carretera cuyo puente tiene tres vanos. Además, el deterioro del fondo y la base de los
canales en algunos tramos favorece la saturación de la infraestructura y la multiplicación de insectos y animales potencialmente peligrosos, afectando directamente a diversas instalaciones: una residencia de ancianos, una guardería, un centro de
salud y viviendas cercanas.
La ausencia de mantenimiento perjudica gravemente la salubridad, imagen y seguridad del núcleo urbano. La falta de inversiones ha provocado que los vecinos se planteen acudir al Procurador del Común de Castilla y León ante la situación de
abandono y peligrosidad, que podría tener consecuencias graves. Los puentes presentan daños estructurales y las barandillas de hormigón suponen un grave peligro de caída. Los vecinos proponen elevar los canales con pretiles para mejorar la
capacidad y la seguridad, ya que algunos vallados actuales son ilegales. Además, la zona está catalogada como inundable según el propio Gobierno de España, pero no se han acometido las mejoras necesarias.
A la vista de la situación de deterioro y falta de mantenimiento de los canales que atraviesan el municipio de Benavides de Órbigo, y considerando el impacto directo sobre la seguridad, salubridad y bienestar de los vecinos y usuarios de
infraestructuras sensibles, se formulan las siguientes preguntas para clarificar la titularidad, competencias y previsión de actuaciones sobre estas infraestructuras hidráulicas.
- ¿Quién ejecutó estos canales que se fechan en la década de 1960?
- ¿Quién es el titular de estos canales en la actualidad: la Confederación Hidrográfica del Duero o el Ayuntamiento de la localidad?
- ¿Quién es el responsable del mantenimiento de estos canales: la Confederación Hidrográfica del Duero o el Ayuntamiento de la localidad?
- ¿Tiene conocimiento el Gobierno del estado de deterioro de los canales de los valles de El Barbadiel y Redecillo a su paso por Benavides de Órbigo y de los riesgos que ello supone para la salubridad, la seguridad y la imagen del municipio?
- ¿Se plantea la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) aumentar la seguridad de los márgenes recreciendo el trazado que discurre por el tramo urbano, con pretiles como han sugerido algunos técnicos y vecinos, para aumentar también la
capacidad de la infraestructura y su seguridad?
- ¿Quién es el responsable del mantenimiento y conservación de las barandillas de hormigón de los puentes que cruzan los canales y donde existe un grave riesgo de caída?
- ¿Por qué no se ha dedicado durante años presupuesto para acometer mejoras de mantenimiento a pesar de que los canales cruzan por un tramo urbano?
- ¿Qué actuaciones de mantenimiento, reparación o mejora tiene previstas el Gobierno para estos canales y los puentes afectados, especialmente en las zonas próximas a infraestructuras sensibles como residencias, guarderías y centros de
salud?
¿Prevé el Gobierno destinar inversiones específicas para la rehabilitación y mantenimiento de estas infraestructuras hidráulicas en el corto plazo?
- ¿La inexistencia de Presupuestos Generales del Estado impide realizar unas obras que pueden evitar graves accidentes o inundaciones?
- ¿Es consciente la CHD de la insalubridad que sufren los trabajadores y usuarios de la guardería, residencia de mayores, centro de salud o viviendas próximas a los canales?
- ¿Contempla el Gobierno alguna inversión en estas zonas calificadas como inundables? ¿Qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad de los vecinos ante el riesgo de inundaciones en una zona reconocida oficialmente como
inundable?
- ¿Es consciente la CHD de que una gran avenida de agua o DANA en dichos valles, con el estado actual de puentes y canales, puede producir un grave problema de inundación?
- ¿Existen planes de emergencia coordinados con otras administraciones como la Diputación de León y la Junta de Castilla y León?
- ¿Qué controles existen sobre la legalidad de los vallados actuales y qué actuaciones se prevén para regularizarlos y mejorar la seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2025.-Ester Muñoz de la Iglesia y Silvia Franco González, Diputadas.
184/026780
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando (GSUMAR)
Número de jueces, magistrados y fiscales que han hecho huelga en cada provincia, así como cantidad total que se les va a descontar por día de huelga.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr.
Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.
Los pasados días 1, 2 y 3 de julio, se produjo una huelga de jueces y magistrados/as. Dicha convocatoria, más un cierre patronal que una 'huelga' tiene un claro contenido político, se convoca contra las decisiones legislativas del Congreso
de los Diputados y Diputadas, pretendiendo dictarle al poder legislativo como tiene que hacer las leyes sobre las que los jueces no tiene más competencia que aplicarlas. Por ello, a pesar de haberse
camuflado con reivindicaciones supuestamente profesionales, supuso una injerencia inaceptable de miembros del poder judicial en las competencias del poder legislativo, como así se desprende también de las manifestaciones que las propias
asociaciones profesionales convocantes realizaron en semanas anteriores, acompañadas de paros parciales de jueces y fiscales.
Esta convocatoria fue un paso más en la operación de desestabilización constante organizada contra el Gobierno de coalición para impedir la aprobación de leyes y políticas públicas de izquierda en este país. Desgraciadamente, hay sectores
del poder judicial que, vergonzosamente, están intensamente comprometidos con esa operación. Su objetivo no era reivindicar mejoras de sus condiciones de trabajo, sino coaccionar a uno de los poderes del Estado, al poder legislativo, y ordenarle
cómo tiene que legislar.
El carácter del cierre patronal, que no 'huelga', de los jueces y magistrados/as fue claramente político y por tanto ilegal, violando la Constitución por pretender coaccionar al poder legislativo, pretender invadir las competencias
interpretativas de la ley propias del Tribunal Constitucional e intentando impedir que se legisle.
Atendiendo a la convocatoria y a sus convocantes, esta huelga difirió de otras huelgas de jueces en que no fue convocada por las Juntas de Jueces de cada demarcación de forma asamblearia, fórmula que fue avalada en la práctica en las
primeras huelgas en la magistratura y que contó con servicios mínimos propuestos y cubiertos por los propios convocantes. En esta ocasión, la huelga fue convocada por quien legalmente no tiene atribuidas esas competencias y además la ley las
excluye expresamente. Su forma de actuar prácticamente convierte a las asociaciones judiciales en sindicatos, que están prohibidos por la Constitución para jueces, magistrados y fiscales.
¿Según los datos del Ministerio de Justicia, cuántos jueces, magistrados y fiscales han hecho la huelga en cada provincia?
¿A cuántos de ellos se les va a descontar los días de huelga, también por provincias, y cuánto dinero en total se les va a descontar por día de huelga?
¿Qué opinión le merece al Gobierno que la fijación de los servicios mínimos en la huelga judicial la decida el propio comité de huelga? ¿Planea el Gobierno emprender reformas legislativas que permitan solucionar esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-Enrique Fernando Santiago Romero, Diputado.
184/027363
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rivera Arias, Engracia (GSUMAR) Valero Morales, Juan Antonio (GSUMAR) González López, Nahuel (GSUMAR) Sierra Caballero, Francisco (GSUMAR) Santiago Romero, Enrique Fernando (GSUMAR)
Incendio producido en la Mezquita de Córdoba y medidas previstas para evitar que la mezquita se utilice como almacén de enseres compuestos de material altamente inflamable, así como mecanismos con los que cuenta el Gobierno para que el
Cabildo Catedral de Córdoba sufrague el coste de la rehabilitación y acciones previstas para el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la mezquita.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la Cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.
El incendio en la Mezquita, de Córdoba ha conmocionado a la sociedad andaluza y española, así como generado gran atención en medios internacionales por el incalculable valor de este inmueble, declarado desde 1984 como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Si bien buena parte de la restauración de la Mezquita de Córdoba ha sido financiada durante largo tiempo y puntualmente en la actualidad por el Estado, en virtud de su condición de bien de interés cultural, y en desarrollo del Plan Nacional
de Catedrales, los beneficios de su uso litúrgico y los económicos de su uso turístico los percibe en exclusiva la Iglesia Católica. Concretamente, el pasado año obtuvo más de 22 millones de euros, libres de impuestos, por su explotación turística.
Este Patrimonio de la Humanidad fue inmatriculado por la Iglesia en el año 2006 con un coste total de 30 euros, gracias a la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno del PP de José María Aznar.
La nefasta gestión del Cabildo Catedral de Córdoba ha puesto en riesgo este Patrimonio Cultural de Andalucía y de toda España. Las informaciones apuntan que el incendio se generó en una zona junto a la capilla del Espíritu Santo que, según
ha declarado el anterior órgano eclesiástico, se utilizaba como almacén de maquinaria y mobiliario a pesar de ser una zona de incalculable valor patrimonial. Concretamente, parece que se han visto afectadas varias capillas en la denominada
ampliación de Almanzor, realizada en el siglo XI, con importantes daños en las, cubiertas, además de en arcos y enfoscados.
Junto a la eficaz respuesta del cuerpo de bomberos, la Administración ha intervenido en la protección de la Mezquita de Córdoba. El Ministerio de Cultura activó de manera inmediata el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en
Patrimonio Cultural, en coordinación con la Consejería competente en materia de patrimonio histórico de la Junta de Andalucía. Un plan centrado en la 'coordinación de actuaciones para garantizar la protección, conservación y recuperación de este
bien único', tal y como ha señalado el Ministerio.
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para impedir que un monumento histórico como la Mezquita, declarado patrimonio Universal de la UNESCO se utilice como almacén de productos de limpieza por parte del Cabildo de la Catedral de Cardona?
¿Con qué mecanismos cuenta el Gobierno para qué el Cabildo Catedral de Córdoba sufrague el coste de la rehabilitación de las zonas afectadas por el incendio?
¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida para garantizar que la rehabilitación de la zona afectada por el incendio se va a realizar recuperando los componentes originales de la mezquita afectados por el fuego e impidiendo que se altere su
estructura o decoración original?
¿Va a realizar alguna acción el Gobierno para el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la Mezquita, garantizar una gestión pública y transparente y, en el marco del plan director en tramitación, redactar un Código de Buenas
Prácticas entre las administraciones públicas, académicas, ciudadanas y la UNESCO para evitar acciones
que perjudiquen a la imagen y significado del monumento, tal y como solicita la Plataforma Mezquita de Córdoba y otros colectivos ciudadanos y patrimonialistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-Engracia Rivera Arias, Juan Antonio Valero Morales, Nahuel González López, Francisco Sierra Caballero y Enrique Fernando Santiago Romero, Diputados.
184/027878
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Lorente Anaya, Macarena (GP) Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP) Romaní Cantera, José Ignacio (GP) Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP)
Informes técnicos, jurídicos o administrativos que avalan la decisión de cancelar la inscripción en el Registro de Variedades Comerciales a la 'Tintilla de Rota'.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en la presente iniciativa, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la
Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001254/0000).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Macarena Lorente Anaya, Pedro Gallardo Barrena, Ignacio Romaní Cantera y Miguel Angel Sastre Uyá, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de
la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Según se ha publicado en el BOE núm. 160 de fecha de 4 de julio de 2025 (pág. 89613), se ha resuelto cancelar la inscripción en el Registro de Variedades Comerciales a la 'Tintilla de Rota':
- ¿Qué informes técnicos, jurídicos o administrativos avalan esta decisión? Se solicita [...] relación concreta de dichos informes, así como detalle de los organismos, entidades y expertos, que han participado en su elaboración.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2025.-Macarena Lorente Anaya, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Ignacio Romaní Cantera y Miguel Ángel Sastre Uyá, Diputados.