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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
16 de septiembre de 2025
Núm. 392
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas ... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al 27 de septiembre de 1975 ... (Página5)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a evitar el adoctrinamiento en los libros de texto de cara al inicio del curso escolar 2025-2026 ... (Página7)
Comisión de Industria y Turismo
161/002416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al 'Pacto por una Industria Limpia' ... (Página9)
161/002420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la competitividad de los destinos turísticos españoles como consecuencia de la aplicación de políticas de incremento de
tasas aeroportuarias ... (Página11)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al rechazo de la propuesta del nuevo marco financiero plurianual europeo 2028-2034 que implicaría una reducción de los fondos asignados al sector pesquero
... (Página14)
161/002417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a suspender la obligación de identificar al ganado vacuno a través del crotal electrónico ... (Página16)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a ejecutar las partidas presupuestarias y las ayudas comprometidas, que permitan a los municipios afectados en la
provincia de Valencia por la DANA del 29 de octubre de 2024, proceder a la limpieza urgente del alcantarillado ... (Página18)
161/002422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a tramitar y ejecutar con la mayor celeridad, las ayudas y compromisos adquiridos con las personas afectadas por la DANA
de 29 de octubre de 2024 ... (Página20)
161/002423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la necesidad de alcanzar un gran Pacto de Estado frente a la emergencia climática entre todas las administraciones, actores políticos y la sociedad
civil ... (Página21)
161/002426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al vaciado de la presa de Chás en Oímbra y su impacto sobre el medio natural y las labores de extinción de incendios ... href='#(Página25)'>(Página25)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar innovaciones científicas y tecnológicas que permitan incrementar la rentabilidad de las explotaciones agrarias ... href='#(Página28)'>(Página28)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001317 Pregunta formulada por los Diputados Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), Conde López, Francisco José (GP), Abades Martínez, Cristina (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para
dar cumplimiento al mandato parlamentario contenido en la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular aprobada en la Comisión del Interior del día 12/03/2021 instando a poner en servicio una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en la
comisaría de la Policía Nacional de Lugo, así como los plazos previstos para su puesta en funcionamiento ... (Página30)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001314 Pregunta formulada por los Diputados José Vicente Marí Bosó (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Palencia Rubio, Héctor (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP) y González Vázquez, Marta (GP), sobre justificación por el Gobierno
que, tras los fallidos planes de bonificación a aeropuertos regionales, AENA anuncie una subida histórica del 6,5% en las tasas aeroportuarias en el marco de beneficios récord, y se siga aplicando una misma política que está resultando fallida para
aeropuertos medianos y regionales como Santiago, Vigo y Tenerife Norte ... (Página31)
181/001315 Pregunta formulada por el Diputado Jorge Pueyo Sanz (GSUMAR), sobre previsiones acerca del cumplimiento de la Proposición no de Ley sobre la mejora y ampliación del Cercanías en el corredor Zaragoza-Huesca como apuesta para la
descarbonización del
transporte, así como de analizar las peticiones que se reciban sobre las ampliaciones o mejoras de los servicios declarados Obligaciones de Servicio Público, entre otras, actuaciones en materia de infraestructuras ferroviarias previstas en
la Comunidad Autónoma de Aragón ... (Página31)
Comisión de Industria y Turismo
181/001311 Pregunta formulada por los Diputados Irene Garrido Valenzuela (GP), Conde López, Francisco José (GP), Bravo Baena, Juan (GP), Marí Bosó, José Vicente (GP), Guardiola Salmerón, Mirian (GP), Romaní Cantera, José Ignacio (GP), Lima
García, Laura María (GP), Moraleja Gómez, Tristana María (GP), De las Cuevas Cortés, Félix (GP), Navarro López, Pedro (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Llamazares Domingo, Esther (GP), Moreno Borrás, Cristina (GP), Agüera Gago, Cristina (GP),
Mesquida Mayans, Joan (GP), Pascual Rocamora, Sandra (GP) y Velasco Retamosa, José Manuel (GP), sobre criterios económicos, financieros y de interés general que justifican la entrada de la SEPI en el capital de Talgo con 75 millones de euros, en un
contexto de elevada deuda pública y sin que haya mediado un debate público ni parlamentario sobre la utilización de recursos estatales para rescatar compañías privadas ... (Página32)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/001316 Pregunta formulada por los Diputados Silverio Argüelles García (GP), Martín García, Pedro Samuel (GP) y Martínez Gómez, Antonio (GP), sobre número de leyes anunciadas por el Gobierno en materia de consumo en los últimos siete años
que han entrado efectivamente en vigor y motivos por los que no se ha cumplido con los compromisos adquiridos públicamente en esta materia ... (Página32)
Comisión de Juventud e Infancia
181/001312 Pregunta formulada por los Diputados Blanca Armario González (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX) y Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX), sobre explicación acerca de que el Presidente del Gobierno afirme que 'España es la mejor
economía del mundo', al tiempo que se pide la aprobación de un pacto de Estado contra la pobreza infantil ... (Página32)
181/001313 Pregunta formulada por los Diputados Blanca Armario González (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX), Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX) y De Meer Méndez, Rocío (GVOX), sobre conocimiento del Gobierno acerca de si las diferentes
regiones han realizado auditorías sobre la gestión de los centros de menores no acompañados en sus respectivas Comunidades Autónomas ... (Página33)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/027644 Autor: Rego Candamil, Néstor
Punto de vertidos procedentes de dragados que se valora autorizar en la ría de Arousa por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ... (Página33)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Diputación Permanente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (061/000001)
Titulares
Baja:
LEGARDA URIARTE, Mikel 10-09-2025
Alta:
VAQUERO MONTERO, Maribel 10-09-2025
Suplentes
Baja:
SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA, Idoia 10-09-2025
Alta:
LEGARDA URIARTE, Mikel 10-09-2025
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/002419
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al 27 de septiembre de 1975, para su debate en la Comisión de
Constitucional.
Exposición de motivos
El 27 de septiembre de 2025 se conmemorará el 50 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo. Al Estado le corresponde la obligación de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas que sufrieron graves violaciones de los
derechos humanos, sólo por el hecho de luchar contra la dictadura militar e implicarse en la defensa de los valores democráticos y los derechos y libertados fundamentales. Es una obligación de la democracia reparar la terrible injusticia que se
cometió sobre todas las personas que fueron ejecutadas durante la Dictadura. No debería, ser cuestión de mayorías parlamentarias o la voluntad de un gobierno determinado, sino que responde a una exigencia del Derecho Internacional de verdad,
justicia, reparación y garantía de no repetición.
La pena capital fue abolida por el artículo 15 de la Constitución de 1978, con la excepción de 'lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra'. Posteriormente la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, la
abolió también incluso en este supuesto.
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, también ha supuesto un avance para mantener la memoria de las víctimas de la dictadura franquista, el derecho de las víctimas a la verdad, el establecimiento de la justicia, el
fomento de la reparación y el establecimiento de Un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo. Sin embargo, quedan todavía pasos por dar para acabar con la impunidad
franquista y por eso es necesario seguir reclamando más avances relevantes en verdad, justicia y reparación, así como la atribución de un papel activo de todas las administraciones públicas en la exhumación de fosas, búsqueda de desaparecidos, el
recuerdo de los ejecutados y la denuncia de los incontables delitos del régimen. Entre estos, la aplicación de la pena de muerte a exclusiva conveniencia política del dictador y sus seguidores.
La democracia en nuestro país no podrá ser plena hasta que se haga efectivo el reconocimiento, reparación y dignificación de todas las víctimas de la dictadura franquista y para ello es imprescindible el compromiso indisoluble de todas las
administraciones públicas.
En el caso de España, las ejecuciones fueron masivas desde que concluyó la Guerra Civil hasta que finalizo la II Guerra Mundial. Para hacerse una idea, solo en la cárcel madrileña de Porlier, entre 1939 y 1944 fueron ejecutados 2.936 de los
casi 5.000 presos políticos que pasaron por ella. Durante el franquismo la pena de muerte se siguió ejecutando incluso una vez desaparecidos los tribunales militares de excepción, que funcionaron y condenaron a muerte hasta los años 60.
Es imprescindible, por tanto, que coincidiendo con el 50 aniversario de las últimas ejecuciones de presos políticos por la dictadura de Franco, se homenajee y recuerde apropiadamente a todas las personas que fueron ejecutadas durante la
dictadura. El 27 de septiembre de 1975 en las poblaciones de Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos, fueron ejecutadas por fusilamiento cinco personas: Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz, Jon Paredes
Manot (Txiki) y Ángel Otaegui.
Es fundamental insistir en el hecho de que la pena de muerte durante la dictadura franquista se usó para reprimir la oposición política. Estas penas cumplían la labor de
sancionar formas de pensar y posicionamientos ideológicos distintos y disidentes, así como la defensa de la legalidad democrática y constitucional republicana, traicionada por la sublevación militar. Algunos ejemplos de esta represión
podemos encontrarlos en el 'bando de guerra' que proclamó el general Queipo de Llano en Sevilla el 23 de julio de 1936. En él se dictaba el punto siguiente: 'advierto y resuelvo que toda persona que resista las órdenes de la autoridad o
desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen, será también fusilada sin formación de causa'.
Además, se promulgó una norma específica: el Decreto Ley para la Represión del Bandidaje y el Terrorismo, el 18 de abril de 1947. Esta norma establecía la pena de muerte para toda una serie de delitos políticos que serían juzgados en
consejos de guerra sumarísimos. Sin ánimo de profundizar en esta cuestión, tanto en los juicios de los tribunales especiales como en los Consejos de Guerra, las personas acusadas carecían de las mínimas garantías procesales. En los Consejos de
Guerra, los miembros del tribunal, el fiscal y el abogado defensor eran siempre militares y muy a menudo carecían de formación jurídica (como en el infame caso de Julián Grimau).
Si bien los registros y las cifras varían y no se tienen datos exactos, se calcula que el resultado de la represión franquista fue la eliminación física de más de cien mil personas (unas 130.000 según uno de los últimos estudios sobre el
tema, de Espinosa y Ledesma, 2012) vinculadas a los partidos y organizaciones republicanas y de izquierdas, bien de forma extrajudicial o bien mediante consejos de guerra sumarísimos llevados a cabo por los tribunales militares sin ninguna garantía
procesal para los acusados.
Sobre la represión que aplicó el dictador una vez que accedió a la Jefatura del Estado, algunas fuentes han llegado a señalar que 'Franco fusiló a unas 40.000 personas en periodo de paz'. 'Esto significa 4.000 personas durante 10 años y
significa más de 10 al día. Firmó más de 10 condenas a muerte al día durante los 10 primeros años de su dictadura'.
Existen incontables ejemplos de estas ejecuciones. Por ejemplo, en Galicia fueron fusilados o 'paseados' sus cuatro gobernadores civiles. Se ejecutó a personalidades políticas como Huís Companys, Julián Zugazagoitia, Joan Peiró, Julián
Grimau, Joaquín Delgado Martínez y Francisco Granados Gata en las décadas de los 40, 50 y 60.
Especialmente en la década de los 60 y 70, el régimen franquista utilizó principalmente la condena a muerte para reprimir a los adversarios políticos y sindicales. Los delitos de este estilo que habían sido juzgados por Tribunales Militares
o por jurisdicciones especiales pasaron a serlo por el Tribunal de Orden Público (TOP) desde diciembre de 1963, el cual se va a convertir en el principal instrumento represivo de la actividad sindical y política de la etapa final de la dictadura, y
persistiendo hasta inicios del año 1977.
Las últimas ejecuciones del 27 de septiembre de 1975 provocaron que los actos de protesta y las manifestaciones se incrementaran tanto dentro como fuera de España, acompañados en Guipúzcoa y Vizcaya de la convocatoria de una huelga general
que tuvo un amplio seguimiento. La embajada de España en Lisboa fue asaltada por la multitud y quince embajadores europeos en Madrid fueron llamados a consultas por sus respectivos gobiernos.
Es imperativo seguir reivindicando la memoria democrática, especialmente cuando se trata de prácticas como la pena capital, o en fechas como el 27 de septiembre, habiendo pasado 50 años de las últimas ejecuciones, pero en los que no se ha
avanzado lo suficiente ni se ha logrado acabar con la impunidad de los promotores del odio, la muerte, la mentira y la injusticia.
Por lo expuesto, con ocasión del 50 aniversario de los últimos fusilamientos de la dictadura franquista, en línea con el reconocimiento general a las víctimas del franquismo como expresión del derecho a la reparación moral y a la
recuperación de su memoria personal y colectiva, señalando que el Gobierno de España ya ha aprobado declaraciones reparadoras respecto a los condenados a muerte y ejecutados Xosé Humberto Baena y José Luis Sánchez-Bravo, así como con la declaración
de ilegalidad e ilegitimidad de
tribunales y la nulidad de sus resoluciones, recogidas en los artículos 4 y 5 de la Ley de Memoria, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados, con motivo del 50 aniversario de los últimos fusilamientos de la dictadura franquista, el 27 de septiembre de 1975, expresa su reconocimiento personal y colectivo y rinde homenaje a todas y cada una de las
personas que fueron ejecutadas durante la dictadura por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, con motivo del 50 aniversario de los últimos fusilamientos de la dictadura franquista, el 27 de septiembre de 1975, a promover un acto institucional de reparación y reconocimiento general
para todas las personas ejecutadas en España por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual en el que participen representantes de los grupos parlamentarios, agentes sociales y asociaciones
de memoria democrática, entre otros colectivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2025.-Nahuel González López, Gerardo Pisarello Prados, Engracia Rivera Arias, Fèlix Alonso Cantorné, Francisco Sierra Caballero y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Enrique
Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a evitar el adoctrinamiento en los libros de texto de cara al inicio del curso escolar 2025-2026, para su discusión en la Comisión de
Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La educación a lo largo de la infancia y juventud constituye un proceso fundamental mediante el cual se adquieren conocimientos de diversa índole, se desarrollan capacidades intelectuales y, en definitiva, se forja la personalidad,
facilitando con ello el desenvolvimiento e integración del individuo en la sociedad. Para alcanzar estas metas, resulta imprescindible que los contenidos educativos -especialmente los incluidos en los libros de texto- se mantengan al margen de los
intereses partidistas del Gobierno de turno, así como de cualquier asociación o entidad que pretenda introducir en las aulas cualquier forma de adoctrinamiento ideológico.
Teniendo en cuenta la importancia de la educación en la formación personal del individuo, reviste especial gravedad el hecho de que, en los últimos años, se haya observado una preocupante proliferación de contenidos ideológicos en los
materiales educativos utilizados en las aulas españolas 1.
Estas prácticas, propias de regímenes totalitarios, introducen sesgos con el objetivo de moldear la visión del mundo de los alumnos conforme a determinadas corrientes
1 https://www.eldebate.com/educacion/20230910/libros-texto-ideologizacion-pueden-comunidades-impedir-adoctrinamiento-alumnos_138458.html
ideológicas. A través de una estrategia de ingeniería social, se aspira a formar generaciones de niños manipulables y carentes de criterio propio, sustituyendo la capacidad individual de razonar por un pensamiento colectivo dogmático y
fanatizado, absolutamente incompatible con la naturaleza crítica del pensamiento humano.
Especialmente preocupante resulta, la imposición de la ideología de género en las aulas, mediante programas educativos dirigidos a alumnos de primaria que incluyen contenidos sexualizados manifiestamente inadecuados para su edad, promoviendo
prácticas como el consumo de pornografía, la masturbación y otras conductas de índole sexual 2. Asimismo, y en base a los postulados ideológicos de la Agenda 2030, hay libros de texto que presentan una visión sesgada que exalta el alarmismo
climático, demonizando las fuentes de energía no renovables y estigmatizando el uso de vehículos de combustión en favor de la bicicleta 3. Se transmite así a los más jóvenes la idea de que el ser humano representa una amenaza para el planeta, al
que ha 'enfermado' con sus hábitos de vida. Además, en ciertos manuales de Bachillerato se incluyen ejercicios lingüísticos que, bajo el pretexto de abordar las discordancias gramaticales, reproducen frases que refuerzan estereotipos negativos
hacia los varones, como: 'los hombres somos unos machistas', 'los hombres sois unos machistas', 'los hombres son unos machistas' 4.
Por otra parte, en regiones donde el separatismo ha logrado infiltrarse en el sistema educativo, como Cataluña, País Vasco, Galicia o Baleares, desde las propias instituciones se fomenta el adoctrinamiento a los alumnos con tergiversaciones
históricas y manipulaciones ideológicas dirigidas a fomentar el odio a España y a desdibujar la identidad nacional. En Cataluña, por ejemplo, se emplean libros de Geografía que describen a la región como un país independiente, omiten referencias a
España e incluso incorporan territorios franceses en sus mapas 5. Igualmente, en Baleares se distorsiona la historia con el objetivo de catalanizar la región y convencer a los más jóvenes de que el resto de España busca el hundimiento de Cataluña,
difundiendo afirmaciones infundadas como que la repoblación fue exclusivamente catalana, que Grecia perteneció a la Corona de Aragón o que el valenciano Santángel financió en solitario el viaje de Colón 6.
Este adoctrinamiento podemos encontrarlo también en las aulas de Galicia o Comunidad Valenciana, donde en los libros de Lengua y Literatura se ven claros ejemplos de desprecio a la cultura española 7. Asimismo, en el País Vasco los manuales
de Historia y de Lengua presentan una 'historia' en la que se ensalza el nacionalismo vasco, se legitima la violencia etarra como una forma de 'resistencia' y se blanquea el pasado terrorista, describiendo a España como un país ajeno o invasor,
mientras que se fomenta entre los alumnos la idea de pertenencia exclusiva a una supuesta 'nación vasca' 8.
En definitiva, la situación descrita pone de manifiesto una instrumentalización perversa del sistema educativo con fines ideológicos. Lo que plantea la necesidad de que las instituciones protejan a la infancia y la juventud. A las puertas
del inicio del curso 2025-2026, resulta urgente instar al Gobierno a adoptar una actuación decidida y eficaz dirigida a garantizar que la educación impartida en los centros escolares se aleje de contenidos ideológicos que busquen el adoctrinamiento
a los menores.
2 https://www.abc.es/espana/cataluna/asociacion-juristas-pide-tsjc-retirada-plan-generalitat-20221129142947-nt.html
3 https://okdiario.com/aragon/vox-denuncia-adoctrinamiento-ideologico-agenda-2030-libros-texto-aragon-13480328
4 https://www.eldebate.com/educacion/20231001/estos-son-principales-adoctrinamientos-presentes-libros-texto-amenaza-climatica-anticoncepcion-e-ideologia-genero_143075.html
5 https://www.eldebate.com/educaci%C3%B3n/20241107/denuncian-adoctrinamiento-manipulacion-geografia-libros-texto-cataluna-pequeno-pais_241980.html
6 https://www.eldebate.com/educacion/20241012/libros-texto-baleares-manipulan-historia-propaganda-separatista-no-hay-rubor-inventar_235090.html
7 https://www.eldebate.com/educacion/20240203/libros-texto-galicia-comunidad-valenciana-ningunean-espanol-nivel-cataluna-pais-vasco_171697.html
8 https://www.elmundo.es/espana/2020/12/02/5fc7e5eefdddff7flc8b46d6.html
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para promover la retirada inmediata de aquellos libros de texto y materiales didácticos que contengan elementos de adoctrinamiento ideológico, sin que ello suponga un perjuicio económico para las familias
españolas.
2. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para prohibir expresamente los contenidos y materiales educativos que puedan afectar a la inocencia de los menores y corromper su personalidad en la sensible etapa de su formación.
3. Reforzar la Alta Inspección Educativa dotándola de los medios materiales y humanos suficientes para supervisar los contenidos curriculares, en especial los contenidos de los libros de texto, y garantizar el cumplimiento del principio de
neutralidad ideológica en el sistema educativo.
4. Promover en todo el territorio nacional la revisión y retirada inmediata de cualquier contenido ideológico inspirado en la Agenda 2030 presente en los materiales educativos.
5. Garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a una educación de calidad, mediante el establecimiento de currículos comunes en todas las regiones, que aseguren a su vez una formación homogénea en todo el territorio
nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2025.-Jacobo González-Robatto Perote, Joaquín Robles López y José Ramírez del Río, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Industria y Turismo
161/002416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ignacio Hoces Íñiguez, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al 'Pacto por una Industria Limpia', para su discusión en la Comisión Industria
y Turismo.
Exposición de motivos
El 26 de febrero de 2025, la Comisión Von der Leyen II presentó la Comunicación Pacto por una Industria Limpia: una hoja de ruta conjunta para la competitividad y la descarbonización [COM (2025) 85 final] 9.
En esta Comunicación, la Comisión Europea reconoce que la industria europea se encuentra actualmente en una situación crítica, teniendo que hacer frente a unos desorbitados precios energéticos 10 y a una creciente competencia mundial. Del
mismo modo, advierte de que Europa corre el riesgo de verse superada por otras grandes potencias en términos de crecimiento de la productividad.
9 Acceso: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0085
10 La Comisión Europea reconoce que 'los precios medios de la energía en Europa son superiores a los de nuestros socios comerciales'.
Con todo, lejos de reconocer los graves errores cometidos hasta la fecha 11 y plantear un giro realista en el enfoque de la política industrial, la Comisión insiste en que es posible compatibilizar descarbonización y competitividad,
ignorando, precisamente, el papel que han jugado las políticas de descarbonización en el exiguo crecimiento industrial que ha experimentado la Unión Europea en comparación con otros bloques económicos 12. En otras palabras, en un contexto de
creciente competitividad internacional, la Comisión Europea sigue obcecada (por puro sectarismo ideológico) en descarbonizar a toda costa la industria europea a sabiendas de que sus soluciones tecnológicas son más costosas o, incluso, no están
disponibles. Así, tras dejar claro que el Pacto por una Industria Limpia 'confirma la dedicación de la UE a sus objetivos climáticos' y que su ambición es 'convertir a la UE en líder mundial en materia de economía circular de aquí a 2030', la
Comisión ofrece una receta que pretende combinar descarbonización acelerada 13, reindustrialización e innovación, todo 'al mismo tiempo y en todo el continente'. En particular, pone el foco en dos grandes sectores: el de la industria intensiva de
energía y el de las tecnologías limpias.
En este sentido, la misma Comisión Europa que señala que es necesario reducir la sobrerregulación 14 y la burocracia, presenta en esta Comunicación seis áreas principales de acción 15 con un calendario con 40 iniciativas de distinto tipo
para adoptar entre 2025 y 2027. Destacan en particular la propuesta de creación de un Banco de Descarbonización Industrial, un Observatorio Europeo para una Transición Justa, una Ley de Aceleración de la Descarbonización Industrial, la
simplificación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, un paquete de medidas sobre las redes eléctricas europeas, un nuevo marco de ayudas estatales, y un acto legislativo sobre economía circular.
Mención particular merece la insistencia de que la UE 'continúe firmando, celebrando y aplicando plenamente los acuerdos de libre comercio (ALC) pendientes e impulse las negociaciones en curso para la firma de nuevos ALC', ignorando con ello
de manera deliberada el papel que estos acuerdos juegan en la deslocalización industrial y pérdida de empleos en el conjunto de la Unión.
También destaca la mención a un nuevo Pacto por el Mediterráneo, auténtico brindis al sol de la Comisión y que es definido como 'una ambiciosa iniciativa de cooperación transmediterránea en materia de energía y tecnología limpia estimulará
las inversiones públicas y privadas a gran escala en energías renovables'. La Comunicación no da más detalles al respecto.
Por su parte, en lo que se refiere Indicadores Clave de Rendimiento, se recogen metas casi irrealizables, como 'aumentar la tasa de electrificación en toda la economía del 21,3% actual al 32 % en 2030' (algo difícilmente alcanzable sin el
refuerzo de la demonizada energía nuclear) o 'alcanzar el 40 % de producción dentro de la UE de los componentes clave de productos de tecnologías limpias en el mercado de la UE' (actualmente China domina la inversión mundial en fabricación de
'tecnología limpia' con una cuota del 76 %) 16.
11 No se ha de olvidar que, en los últimos años, las políticas impulsadas por la Comisión Europea han provocado una asfixiante sobrerregulación y el sometimiento de la actividad industrial a unos objetivos medioambientales irreales e
inalcanzables, contribuyendo ello a la deslocalización masiva de la producción hacia países extracomunitarios y provocando como consecuencia importantes pérdidas de empleo, el deterioro de las condiciones de vida en determinadas regiones, la fuga de
talento y el incremento de la dependencia europea en sectores estratégicos.
12 La Comisión Europea afirma que 'situar la descarbonización y la circularidad en el centro de nuestra política económica es la única manera de que la UE mantenga el ritmo de sus competidores ricos en recursos'.
13 La Comisión Europea insiste en que es prioritario descarbonizar la economía europea de aquí a 2050, siendo especialmente relevante a tal fin el objetivo intermedio para 2040 de reducir en un 90% las emisiones netas de gases de efecto
invernadero.
14 En concreto, la Comisión admite que la actual complejidad normativa perjudica la competitividad de las industrias europeas, especialmente aquellas de gran consumo de energía.
15 Las áreas, en concreto son: 'Acceso a una energía asequible', 'Mercados líderes: impulsando la demanda y la oferta', 'Inversiones públicas y privadas', 'Nutrir la economía circular: acceso seguro a materiales y recursos' y 'Mercados
mundiales y asociaciones internacionales'.
16 Acceso: https://elperiodicodelaenergia.com/china-domina-la-inversion-mundial-en-fabricacion-de-tecnologia-limpia-con-una-cuota-del-76-2/
En definitiva, el Pacto por una Industria Limpia es un mero parche que busca salvar a toda climáticos que se ha autoimpuesto la Unión Europea 17 . En este sentido, plantea un conjunto de acciones que resultan preocupantes por su posible
ineficacia y más que probable riesgo de perjudicar aún más la competitividad de las empresas europeas 18.
Por todo lo anterior, resulta imperativo que España trabaje en el seno de las instituciones europeas con el fin de forzar un cambio de rumbo que revierta años de desvaríos de la gran coalición de populares y socialistas en Bruselas. La
reindustrialización de Europa (y, por tanto, de España) exige, pues, el fin de las políticas verdes, el acceso a energía barata, la protección frente a la competencia desleal y la libertad para innovar sin que los burócratas de Bruselas decidan qué
sectores deben de sobrevivir y cuáles no.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a promover en el seno de la Unión Europea:
1) La adopción de políticas industriales comunitarias estables y previsibles, no supeditadas al cumplimiento de objetivos ideológicos como la descarbonización, la circularidad y la neutralidad climática, y que tengan en cuenta las
repercusiones para la competitividad de las empresas del conjunto de la Unión Europea.
2) El avance hacia una simplificación normativa que reduzca la excesiva carga burocrática que sufren las empresas europeas y que las hace menos competitivas.
3) El acceso a energía barata, limpia, estable y segura, teniendo en cuenta todas las tecnologías disponibles y reconociendo, en especial, las posibilidades que ofrece la energía nuclear.
4) La eliminación del mercado de emisiones de CO2 y del mecanismo de subasta de derechos de emisión, por su carácter especulativo y su impacto negativo en la industria.
5) La derogación y reversión de todas las normativas y políticas derivadas del Pacto Verde.
6) La denuncia del Acuerdo de París y el fin de los compromisos climáticos contraídos en el marco de este.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2025.-Ignacio Hoces Íñiguez, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/002420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la
competitividad de los destinos turísticos españoles como consecuencia de la aplicación de políticas de incremento de tasas aeroportuarias, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
17 El 2 de julio de 2025, la Comisión Europea publicó una propuesta legislativa con el objetivo de establecer un objetivo climático intermedio vinculante a escala de la Unión Europea para el año 2040 (véase la Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2021/1119, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática [2025/0524(COD)]).
18 También el 2 de julio de 2025 la Comisión Europea publicó una Comunicación sobre la aplicación de las primeras propuestas sobre el Pacto por una Industria Limpia [COM(2025) 378 final]. Acceso:
https://commission.europa.eu/publications/delivering-clean-industrial-deal-i_en?prefLang=e
Exposición de motivos
Según ha trascendido públicamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido autorizar a Aena, S.M.E., S.A. -en la cual la Administración General del Estado español posee una participación mayoritaria del 51%
del capital a través de Enaire-, a aplicar una subida de tasas aeroportuarias cifrada en un 6,5% a partir del 1 de marzo de 2026.
En el contexto, por tanto, del mayor incremento de tarifas por pasajero que tendrían que afrontar las compañías aéreas desde la operación de salida a bolsa del capital del gestor aeroportuario hace una década, es preciso destacar que la red
española de Aena se trata del primer operador del mundo por volumen de pasajeros con 309,3 millones registrados en 2024, previsiones de alcanzar aproximadamente 320 millones de pasajeros en 2025, acompañado incluso de una estimación aún mayor para
el año 2026.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, Aena obtuvo en el pasado ejercicio 2024 un beneficio neto récord de 1.934,2 millones de euros, una cifra que mejoró un +18,6% el beneficio de 1.630 millones logrado en el año 2023, mientras que
el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 3.510,3 millones de euros, superando en un 16,1% la cifra del ejercicio 2023.
En este punto, convendría resaltar que, producto de la distribución de dividendos correspondientes a los resultados del ejercicio de 2024, el Estado español en su categoría de accionista de referencia de Aena ha percibido una cifra superior
a 746 millones de euros en concepto de dividendos, añadiéndose que esta mercantil estatal ha repartido casi 5.000 millones de euros en dividendos desde su salida a bolsa en 2015.
Así las cosas y según las estimaciones conocidas, este aumento tarifario podría reportar unos ingresos adicionales cercanos a 220 millones de euros en el área regulada del gestor aeroportuario. En este escenario, no existen muchas dudas de
que una elevación de tarifas de estas características desincentivaría el crecimiento del tráfico de las compañías hacia las regiones y aeropuertos de nuestro país, especialmente aquellas con un modelo low cost, que intentan optimizar al máximo el
coste de sus operaciones para orientar sus políticas comerciales y operar de la manera más competitiva posible.
En este sentido, fruto de la intención de Aena de proceder a incrementar las tasas aéreas en 2026, a lo largo de las últimas fechas diversas organizaciones representativas del sector turístico español, tales como la Mesa del Turismo de
España, Exceltur o la propia Asociación de Líneas Aéreas (ALA), han expresado un rechazo frontal a la adopción de tal decisión en el bien entendido que la misma continuaría restando competitividad a los aeropuertos españoles y a los destinos
turísticos españoles frente a sus competidores internacionales directos, al propio tiempo que derivando en un encarecimiento de los billetes de avión.
A este mismo respecto, cabe resaltar la importancia crucial y estratégica del transporte aéreo en la gestión de los flujos turísticos del modelo español. Conviene recordar en este caso que durante el pasado año 2024 España recibió 93,8
millones de turistas internacionales, de los cuales más de 77 millones lo hicieron por vía aérea, un +10,7% más que en el año turístico 2023, según datos de Frontur publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Efectivamente, sólo durante el primer semestre del presente 2025 España recibió 52 millones de pasajeros aéreos internacionales, registrando un incremento del +6,4% respecto al mismo periodo de 2024, equivalente a cerca de +3,1 millones de
llegadas adicionales, acaparando las aerolíneas de bajo coste hasta 2,3 millones de este incremento.
Sin embargo, a pesar del rol de la red de nuestros aeropuertos como nodos estratégicos de la economía española por su aportación a la generación de riqueza y empleo estable en las áreas de influencia de las instalaciones aeroportuarias, el
Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez lleva emprendida una cruzada contra la aviación comercial y el uso del transporte aéreo desde el año 2018, dentro de un empecinamiento errático dirigido al diseño de impuestos al combustible aéreo,
veto a los
vuelos de carácter doméstico, prohibición en materia de publicidad de vuelos cortos, intención de diseñar una nueva figura impositiva específica aplicable a los billetes de clase ejecutiva y también al uso de jets privados, imposición de
sanciones millonarias a aerolíneas de bajo coste por parte del Ministerio de Consumo, etc., todo ello sin olvidar el deterioro y la negligencia en la gestión, funcionamiento, servicios y dotación de recursos en los aeropuertos de mayor densidad de
tráfico internacional, que, entre otras cosas, ha acarreado una crisis de imagen sin precedentes radiada a lo largo de los últimos tiempos por los medios de comunicación de nuestras principales potencias emisoras de turistas con el consiguiente
descrédito de la imagen de calidad de la Marca España, segunda potencia turística mundial.
Por todo lo expuesto, con la finalidad de impedir la adopción de decisiones gubernamentales y/o públicas empresariales que se puedan traducir de manera automática en medidas disuasorias para el deseo de viajar y las decisiones de viaje,
encareciendo el precio de los billetes y, en consecuencia, perjudicando los intereses de consumidores y turistas, provocando en definitiva como resultado una disminución de la demanda turística, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Comprometer en todo caso en el marco del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el quinquenio 2027-2031 un esquema lo más atractivo posible de las tarifas aeroportuarias aplicables con el propósito de no perjudicar
y mejorar la competitividad de los aeropuertos y destinos turísticos españoles a nivel internacional, asegurando al propio tiempo la estabilidad, sostenibilidad económico-financiera y estándares de calidad adecuados para la red aeroportuaria de
nuestro país.
2. Optimizar en lo sucesivo por parte de Aena los incentivos a los planes de negocio y programación del mapa de conexiones de las aerolíneas mediante la implementación de una estrategia ambiciosa y efectiva de desestacionalización y
desconcentración de la demanda viajera hacia los destinos españoles, a través de una modulación táctica de las tarifas aeroportuarias aplicables.
3. De manera complementaría, desplegar cualquier actuación favorable encaminada a estimular la creación de nuevas rutas a destinos de largo radio y mercados emergentes, así como que persigan incrementar nuestra capacidad aérea en rutas ya
existentes, evitando en paralelo por todos los medios recortes de rutas, frecuencias y asientos por parte de las compañías aéreas como resultado de la aplicación desacertada de políticas de incrementos tarifarios.
4. Contribuir a revertir el desmantelamiento progresivo de la operatividad que en la actualidad sufren los aeropuertos secundarios y regionales en forma de una ausencia de programación de vuelos suficientes.
5. Garantizar en cualquier escenario mediante la aplicación del sistema de bonificaciones por razones de interés general la conectividad aérea con los territorios extrapeninsulares, al incluir los archipiélagos balear y canario, -pulmones
turísticos de la oferta española-, absolutamente dependientes del transporte aéreo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2025.-José Vicente Marí Bosó, Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Héctor Palencia Rubio, Cristina Moreno Borrás, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés,
Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana María Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa, Macarena Montesinos de Miguel y Juan
Bravo Baena, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al rechazo de la propuesta del nuevo marco financiero plurianual europeo 2028-2034 que implicaría una reducción de los fondos asignados al sector pesquero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
Una gran parte de los recursos económicos de que dispone actualmente la Consellería del Mar proceden de fondos y programas europeos. Así, aunque en la actualidad la mala gestión y el bajo nivel de ejecución no han permitido que las ayudas
lleguen de forma efectiva a la economía real, como afirma el Consello de Contas en su informe sobre la ejecución de los fondos europeos en el año 2022, es evidente que sin ellos muchas de las necesidades importantes del sector marítimo serían
imposibles de satisfacer.
Por tanto, la reciente propuesta efectuada en el mes de julio por la presidenta de la Comisión Europea sobre el nuevo marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034, que recorta un 67 % los fondos específicos para la pesca, que
pasarían de los 6.108 millones de euros del actual FEMPA, ya reducidos en 105 respecto al anterior FEMP, a 2000, resulta inasumible para Galicia.
Se trata de una propuesta que pone claramente los intereses de la OTAN por encima de los intereses de la ciudadanía al priorizar el gasto militar y aumentarlo exponencialmente a costa del gasto social. Esta acción pone en grave riesgo la
viabilidad del sector pesquero en una nación altamente dependiente de la pesca como Galicia.
Además de la disminución de fondos, se pretende una centralización de estos a partir del modelo de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, alejando las decisiones y la gestión de los territorios más afectados, quitando voz y
capacidad a las Comunidades Autónomas y centralizando en los Estados cientos de millones de euros que venían gestionando estas.
La propuesta planteada por la presidenta de la CE en relación con el marco financiero plurianual 2028-2034 supone una irresponsabilidad absoluta hacia la sostenibilidad en el actual marco de emergencia climática y, en definitiva, un ataque
frontal a los sectores productivos gallegos, a la soberanía alimentaria y al autogobierno de Galicia.
Por ello, es imprescindible, en el momento actual, defender los intereses sociales, económicos y medioambientales de la ciudadanía gallega, rechazando la deriva belicista y subordinada que está asumiendo la UE, poniendo en el centro las
necesidades de la ciudadanía y de los sectores productivos y destinando los recursos públicos a sus verdaderas necesidades.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Rechazar con firmeza la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual 2028-2034.
2. Exigir que el MFP siga destinando fondos específicos a la pesca y aumente la dotación de la programación actual, para dar una respuesta solvente a los importantes retos y necesidades del sector pesquero gallego.
3. Exigir que los fondos europeos, en particular los destinados a la pesca, sigan gestionándose de forma descentralizada por las Comunidades Autónomas.
4. Defender claramente al sector pesquero gallego y posicionarse, en las negociaciones que se realicen, a favor de unos fondos propios para la pesca, con una dotación incrementada respecto a la del periodo actual y adecuada tanto a la
viabilidad del sector como a la sostenibilidad del medio marino y promoviendo, en todo caso, el mantenimiento de su gestión por las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao rexeitamento da proposta de novo marco financeiro plurianual europeo 2028-2034 que implicaría a redución de fondos destinados ao sector pesqueiro para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
Unha grande parte dos recursos económicos de que dispón na actualidade a Consellaría do Mar provén de fondos e programas europeos. Así, aínda que na actualidade a mala xestión e baixo grado de execución non permitiu que as axudas chegaran
de forma efectiva á economía real, tal e como manifestou o Consello de Contas no seu informe sobre a execución dos fondos europeos no ano 2022, é evidente que sen eles moitas das importantes necesidades do sector do mar serían imposíbeis de atender.
É por iso que a recente proposta efectuada no mes de xullo pola presidenta da Comisión Europea sobre o novo marco financeiro plurianual (MFP) para o período 2028-2034, que recorta un 67 % os fondos específicos para a pesca, que se reducirían
dos 6.108 millóns de euros do FEMPA actual, xa rebaixados en 105 respecto do anterior FEMP, a 2.000, é inasumíbel para a Galiza.
Trátase dunha proposta que, claramente, pon os intereses da OTAN por enriba dos intereses da cidadanía ao priorizar o gasto militar e incrementalo exponencialmente a costa do gasto social. Esta acción pon serio risco a viabilidade do sector
pesqueiro nunha nación altamente dependente da pesca como a galega.
Ademais da diminución de fondos, preténdese unha centralización dos mesmos baseada no modelo de execución do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, afastando as decisións e a xestión dos territorios máis afectados, quitándolle voz e
capacidade ás Comunidades Autónomas e centralizando nos Estados centos de millóns de euros que viñan sendo xestionados por aquelas.
A proposta avanzada pola presidenta da CE en relación co marco financeiro plurianual 2028-2034 implica unha irresponsabilidade absoluta para coa sustentabilidade no actual marco de emerxencia climática e, en definitiva, un ataque frontal aos
sectores produtivos galegos, á soberanía alimentar e ao autogoberno da Galiza.
Por iso, resulta imprescindíbel, no momento actual, defender os intereses sociais, económicos e ambientais da cidadanía galega, rexeitando a deriva belicista e subordinada que a UE está a asumir, poñendo no centro as necesidades da cidadanía
e os sectores produtivos e destinando os recursos públicos ás súas verdadeiras necesidades.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Rexeitar con firmeza a proposta da Comisión Europea para o novo marco financeiro plurianual 2028-2034.
2. Reclamar que o MFP continúe a destinar fondos específicos para a pesca e aumente a dotación da programación actual, para atender con solvencia os importantes retos e necesidades do sector pesqueiro galego.
3. Demandar que os fondos europeos, nomeadamente os destinados á pesca, continúen a ser xestionados de xeito descentralizado polas Comunidades Autónomas.
4. Defender de forma clara o sector pesqueiro galego e posicionarse, nas negociacións que se leven a cabo, a favor de fondos propios para a pesca, cunha dotación incrementada a respecto da do actual período e acaída tanto para a viabilidade
do sector como para a sustentabilidade do medio marino e promovendo en todo caso o mantemento d,a súa xestión por parte das Comunidades Autónomas.'
En Madrid, a 2 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG. Portavoz adxunto do GP Mixto.
161/002417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a suspender la obligación de identificar al ganado vacuno a través del crotal electrónico, para su discusión en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Real Decreto 787/2023, de 17 de octubre, detalló que todo el ganado bovino habría de contar con 'un crotal convencional de tipo bandera fijado a la oreja derecha y un crotal electrónico de tipo bandera fijado a la oreja izquierda' a
partir del 30 de junio de 2024. Posteriormente, el Real Decreto 1307/2024, de 23 de diciembre, pospuso un año la entrada en vigor de la norma 'con el fin de facilitar a las autoridades competentes la adquisición de dispositivos de identificación
electrónica, así como dar un mayor plazo para que los ganaderos puedan hacer uso de los medios de identificación convencionales ya adquiridos'.
El uso obligatorio del crotal electrónico en el ganado bovino ha generado un profundo malestar dado que, según denuncian los representantes del sector ganadero, la decisión ignora la realidad del campo y 'no aporta garantías adicionales,
pero sí más burocracia, más dependencia tecnológica y un coste adicional que el ganadero no puede asumir' 19.
Así, las organizaciones agrarias denuncian la falta de diálogo, defienden que el Gobierno ha tomado la decisión de manera unilateral y que esta responde más a una agenda de control burocrático que a una verdadera necesidad sanitaria.
Asimismo, denuncian que la medida ha implementado un sistema que atenta contra el principio de simplificación administrativa que el ministro Planas decía defender 20, incrementará los riesgos del trabajador que tenga que identificar el ganado bovino
supervisando dos crotales donde antes sólo había uno y entorpecerá la gestión de las explotaciones ganaderas sin que, a ojos del sector, se derive de ello ningún beneficio para el ganadero 21.
19 https://nuestrocampo.elcomercio.es/el-crotal-electronico-es-ya-obligatorio-en-espana/
20 https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/detalle_noticias/luis-planas---la-propuesta-de-simplificaci-n-de-la-pol-tica-agraria-com-n-recoge-buena-parte-de-las-solicitudes-de-espa-a-/202cbbec-8a10-4e83-b771-04638ca8b94e
21 https://www.eldebate.com/campo-y-caza/20250525/nueva-exigencia-burocratica-ganaderos-espanoles-solo-obligatoria-cinco-paises_300419.html
Por otro lado, el sector también denuncia que no se ha hecho un estudio del impacto que tendrá la medida y critica la falta de acompañamiento técnico que sufrirán los ganaderos; una cuestión decisiva dado que la mayor parte de ellos no
están familiarizados con la tecnología que habrán de utilizar a partir de ahora y no se les ofrecerá la formación que necesitan para manejar los sistemas de lectura y registro digital 22. Además, la inmensa mayoría no dispone de una conectividad
adecuada ni del acceso a internet necesario para asumir esta dependencia tecnológica, especialmente en las zonas rurales, donde las infraestructuras digitales siguen siendo muy limitadas 23.
Finalmente, el sector también denuncia el coste económico que la imposición del crotal electrónico supondrá para los ganaderos dado que, si bien el dispositivo electrónico no es excesivamente caro, duplica el precio del crotal tradicional y
su implementación requiere de lectores electrónicos y programas informáticos que supondrán una inversión desproporcionada para las pequeñas explotaciones familiares; algo que tendrá un impacto directo en su rentabilidad y, por ende, en su
sostenibilidad económica 24.
En cualquier caso, el sector también denuncia la desventaja competitiva que sufrirán los ganaderos españoles frente a los ganaderos extranjeros que podrán comercializar sus productos en Europa sin hacer frente a las mismas obligaciones que
ellos 25. Asimismo, también se han generalizado las denuncias contra la paralización de los movimientos de aquellos animales que pierdan el crotal electrónico hasta que este sea sustituido; una medida que limitará sobremanera la actividad de las
explotaciones ganaderas que cierren ventas con regularidad 26.
Por todo ello, el sector ganadero se opone frontalmente a la imposición obligatoria del crotal electrónico, defiende que los sistemas tradicionales de identificación funcionan eficazmente y denuncia que esta medida carece de justificación
técnica. Además, denuncia que la norma sitúa a nuestro país en una posición que en la Unión Europea ha sido únicamente asumida por Dinamarca, Austria, Irlanda y Noruega, que también han establecido la obligatoriedad de identificar electrónicamente
al ganado bovino. Y, por si todo ello no fuera suficiente, señalan que la norma contradice la voluntariedad de uso del crotal electrónico que defienden el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 de la Comisión de 28 de junio de 2019 y el Informe de la
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la viabilidad técnica y económica de la introducción de la identificación electrónica obligatoria de los animales de la especie bovina en todo el territorio de la Unión 27.
En conclusión, la obligatoriedad de uso del crotal electrónico en el ganado bovino es una medida unilateral que perjudica gravemente a la ganadería española dado que su imposición supondrá un gasto innecesario, una complicación técnica y una
nueva obligación burocrática que no favorece en absoluto el desarrollo y la promoción de la ganadería española.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suspender la obligatoriedad impuesta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del uso del crotal electrónico para la identificación del ganado vacuno
22 https://agronoma.sevilla.abc.es/noticias/ganadería/bovina/nuevo-crotal-electronico-carga-mas-ganaderos/
23 https://theobjective.com/economia/telecomunicaciones/2025-06-09/cobertura-5g-real-poblacion-espana/
24 https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-uccl-insiste-uso-crotal-electronico-ganado-bovino-sea-voluntario-20250630134238.html
25 https://nuestrocampo.elcomercio.es/el-crotal-electronico-es-ya-obligatorio-en-espana/
26 https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/nuevo-crotal-electronico-carga-ganaderos-20 250602062749-nts.html
27 https://www.interempresas.net/vacuno-carne/Articulos/598339-Rechazo-al-nuevo-sistema-de-identificacion-electronica-en-vacuno-a-partir-del-30-de-junio.html
y restablecer el uso del crotal auricular tradicional como sistema principal de identificación.
2. Promover que el uso del crotal electrónico sea de carácter voluntario, conforme a lo señalado tanto en el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 de la Comisión de 28 de junio de 2019 como en el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y
al Consejo sobre la viabilidad técnica y económica de la introducción de la identificación electrónica obligatoria de los animales de la especie bovina en todo el territorio de la Unión.
3. Eliminar la obligación de paralizar los movimientos del ganado en caso de pérdida del crotal electrónico, habilitando procedimientos alternativos que no supongan una penalización burocrática para los ganaderos y reduzcan las cargas
administrativas derivadas de este sistema.
4. Defender en las instituciones europeas el principio de preferencia comunitaria, y oponerse firmemente a acuerdos comerciales con terceros países cuyos sectores ganaderos no estén sujetos a los mismos requisitos de trazabilidad e
identificación que los exigidos a los productores europeos, evitando así situaciones de competencia desleal que perjudican gravemente a la ganadería española, en especial a la extensiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a ejecutar las
partidas presupuestarias y las ayudas comprometidas, que permitan a los municipios afectados en la provincia de Valencia por la DANA del 29 de octubre de 2024, proceder a la limpieza urgente del alcantarillado, para su debate en la Comisión para
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El 29 de octubre de 2024, la DANA golpeó con especial virulencia a la Comunidad Valenciana y otras regiones de España, provocando graves daños materiales, económicos y sociales. Municipios de la provincia de Valencia y de otras zonas
afectadas continúan hoy en día padeciendo las consecuencias de aquel episodio climático extremo, sin que el Gobierno de España haya dado respuesta ágil y eficaz.
Este evento climático extremo no constituye un hecho aislado, sino un fenómeno recurrente cuya magnitud y consecuencias devastadoras no dejan lugar a dudas sobre la necesidad de actuar con antelación. En este sentido, la Generalitat
Valenciana ha impulsado una iniciativa pionera con la elaboración de una guía de recomendaciones a los ayuntamientos para reforzar la prevención y la toma de decisiones ante episodios de inundaciones y otros fenómenos meteorológicos adversos.
Pero, a pesar de los esfuerzos en limpieza, restauración de cauces, reparación de infraestructuras, viviendas y áreas industriales por parte de la Generalitat Valenciana y resto de administraciones, se sigue careciendo de mecanismos y
protocolos ágiles armonizados a escala nacional para gestionar estas situaciones de forma anticipada, de
tal forma que la prevención y la adaptación sean el principal instrumento para que en el futuro estemos más preparados para abordar este tipo de fenómenos climáticos extremos.
Con el final del verano, aumenta el riesgo de lluvias torrenciales y resulta clave ejecutar acciones urgentes con el fin de garantizar la seguridad de las personas y de las infraestructuras y equipamientos públicos. La limpieza del
alcantarillado y de la red de saneamiento es un requisito prioritario y urgente.
Estas actuaciones no pueden seguir paralizadas por la falta de compromiso político ni por retrasos administrativos. Desde noviembre de 2024, cuando se aprobó el RDL 7/2024, se ha venido reconociendo esta necesidad, incluyendo partidas para
la reparación y adecuación de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, por importe de 500 millones de euros.
Sin embargo, según la ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2025 disponible en la Intervención General de la Administración del Estado, no se ha pagado nada de estos 500 millones, que tan solo quedan como 'Créditos definitivos'
repartidos en tres partidas: 'Ayudas directas entre S.P. gestión y servicios de abastecimiento y saneamiento', con 105.000 miles de euros; 'Ayudas a EELL gestoras de servicios de abastecimiento y saneamiento', con 135.000 miles de euros; y
'Ayudas directas empresas gestoras de servicios de abastecimiento y saneamiento', con 260.000 miles de euros.
A diferencia del Gobierno de España, que 10 meses después de la tragedia sólo ha pagado ayudas de primera necesidad al 14 % de las familias valencianas que solicitaron estas ayudas, dejando al 86 % de las personas que las solicitaron sin
ellas, y no ha pagado nada para la limpieza y la recuperación de la red de alcantarillado. El Consell de la Generalitat ha respondido de manera ágil para hacer frente a las necesidades de los afectados por la riada, no aprovechándose del dolor y la
necesidad de quienes lo perdieron todo para recaudar.
Además de la falta de ayudas, económicas y materiales del Gobierno de España a los damnificados por la DANA, hay que sumar la inacción en la puesta en marcha de las obras hidráulicas necesarias, para evitar que se vuelva a producir una
catástrofe similar. Es urgente que el Gobierno abandone el cálculo político y asuma sus responsabilidades con las zonas afectadas.
Asimismo, es urgente que el Gobierno dote de los medios a las Entidades Locales afectadas para que puedan llevar a cabo las tareas de limpieza y reparación necesarias, máxime cuando hay partidas presupuestarias consignadas para tal efecto,
como la partida 'Ayudas a Entidades Locales gestoras de servicios de abastecimiento y saneamiento RDL 7/2024', que cuenta con unos créditos definitivos de 135 millones de euros desde marzo de 2025 y, según los últimos datos disponibles de la
Intervención General de la Administración del Estado, no se ha pagado nada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ejecutar a la mayor brevedad las partidas presupuestarias y los compromisos asumidos con los municipios afectados por la DANA, para la limpieza y recuperación de la red de alcantarillado y saneamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2025.-César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno, Macarena Montesinos de Miguel, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Alma Alfonso Silvestre, Fernando de Rosa Torner,
Carlos Gil Santiago, Belén Hoyo Juliá, Cristina Moreno Borrás, Esperanza Reynal Reillo, Óscar Clavell López y Alberto Fabra Part, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a tramitar y
ejecutar con la mayor celeridad, las ayudas y compromisos adquiridos con las personas afectadas por la DANA de 29 de octubre de 2024, para su debate en la Comisión para Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El 29 de octubre de 2024, la DANA afectó de forma significativa a la Comunidad Valenciana y otras regiones de España, causando graves perjuicios materiales, económicos y sociales. Los municipios de la provincia de Valencia y otras zonas
afectadas continúan, hoy en día, sufriendo las repercusiones de aquel episodio climático severo, sin que el Gobierno de España haya proporcionado una reacción rápida y efectiva.
La actuación del Gobierno de España se ha caracterizado por la falta de rigurosidad, la ausencia de transparencia en los datos y el incumplimiento sistemático de los compromisos afectados. Entre los ejemplos que lo ilustran son las
contradicciones en las cifras oficiales: en julio el ministro de Economía y la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana anunciaban 7.500 millones de euros abonados en ayudas, pero en septiembre la propia web de La Moncloa reducía la cifra
a 6.205 millones. Además, se trata de datos están inflados que no se corresponden con la realidad, el Gobierno incorpora como ayudas conceptos como las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (3.549 millones) dinero que no es del
gobierno, es de los asegurados, las compensaciones de Agroseguro (51,5 millones) o créditos ICO y líneas de financiación que los afectados deben devolver y que, en muchos casos, no están bonificados.
La consecuencia es que la cifra real de ayudas directas e indirectas abonadas por el Gobierno a los afectados de la DANA no supera los 2.600 millones de euros, apenas un 15,6 % del total de 16.600 millones que el propio Ejecutivo asegura
haber movilizado. A ello se suma el retraso en la tramitación de las ayudas de primera necesidad: sólo el 14 % de las 43.592 familias solicitantes ha recibido alguna ayuda, lo que supone que 37.940 familias siguen sin percibir un solo euro. La
deuda pendiente del Gobierno con estas familias asciende a 620 millones de euros.
Tampoco se han transferido los fondos para infraestructuras municipales, que permanecen paralizados en la mayoría de los ayuntamientos por falta de capacidad técnica y administrativa; se ha excluido a 28 municipios en los que viven cerca de
80.000 personas del plan de ayudas; no se ha cumplido la promesa de prorrogar la prestación por cese de actividad de autónomos; no se han abonado ayudas a entidades deportivas; y el Gobierno ha hecho caja con la tragedia, cobrando impuestos a los
damnificados e intereses a los créditos públicos concedidos.
Se puede concluir, que los afectados por la DANA no han recibido el apoyo que necesitaban por parte del Gobierno de España. La falta de transparencia, la manipulación de las cifras y el retraso en el cumplimiento de los compromisos han
acrecentado la desconfianza de los ciudadanos y exige una respuesta inmediata para devolver a la mayor brevedad posible la normalidad a las personas que sufrieron la trágica DANA.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir de manera inmediata y efectiva con el pago de todas las ayudas prometidas a los afectados por la DANA.
2. Excluir de las cifras oficiales aquellas cantidades que no constituyen ayudas directas o indirectas del Ejecutivo, como indemnizaciones de seguros o créditos que deben devolverse.
3. Garantizar el abono inmediato de las ayudas de primera necesidad al 86% de las familias que aún no las han recibido.
4. Incluir en el plan de reconstrucción a los 28 municipios valencianos excluidos injustamente.
5. Asegurar la ejecución efectiva de las ayudas destinadas a infraestructuras municipales, dotando de medios técnicos y humanos a los ayuntamientos afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2025.-César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno, Macarena Montesinos de Miguel, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Alma Alfonso Silvestre, Fernando de Rosa Torner,
Carlos Gil Santiago, Belén Hoyo Juliá, Cristina Moreno Borrás, Esperanza Reynal Reillo, Óscar Clavell López y Alberto Fabra Part, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de alcanzar un gran Pacto de Estado frente a la emergencia
climática entre todas las administraciones, actores políticos y la sociedad civil, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Estos últimos doce meses han estado marcados en nuestro país por tres episodios directamente relacionados con la emergencia climática que vivimos y que han tenido consecuencias catastróficas. El episodio de la DANA del pasado mes de
octubre, la ola de calor y la sucesión de grandes incendios forestales del pasado mes de agosto difícilmente serán olvidados. Todos ellos han quedado tristemente marcados por muertes que se pueden relacionar de forma directa con el cambio
climático.
Nuestro planeta está experimentando cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera. El cambio climático causado por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos
en todas las regiones del mundo.
Los últimos cuatro agostos han sido los más cálidos de nuestra historia. De los más de 70 días que llevamos de verano, un tercio los hemos pasado bajo olas de calor, con temperaturas extremas y con humedades mínimas. Del 3 al 18 de agosto,
España sufrió la segunda ola de calor de 2025. Esta ha sido la tercera ola de calor más larga desde 1975. Han sido 16 días, lo mismo que duraron las de 2003 y 2022. En 2022 se registró otra más duradera, de 18 días de duración. Y en 2015 se
anotó la ola de calor más extensa hasta la fecha, con 26 días. Se han batido algunos récords de temperatura y ha supuesto el culmen de unas condiciones extremas que han favorecido la propagación y la persistencia de numerosos incendios forestales.
Desde 1975 hasta 1999 se registraron 44 olas de calor y hubo 212 días en esta situación, mientras que en el periodo 2000-2024 ha habido 90 olas de calor que se traducen en 474 días. Un incremento del 50% en este siglo XXI.
Este año se han vuelto a batir 59 récord de temperatura, con máximas en algunas provincias de hasta 46 grados y medias 2,5 grados superiores a las que se registraban, por ejemplo, a principios de siglo. Así, en los últimos cinco años las
muertes por calor en
España han crecido un 17 %. Las sequías prolongadas se han extendido hasta afectar al 40 % del territorio español. Y los incendios han arrasado una superficie el triple de grande. Estas son algunas de las cifras, algunos de los números de
nuestra emergencia climática. La nuestra, la de España. Una emergencia que compartimos con Portugal, que hemos compartido con otros muchos países del Mediterráneo a lo largo de estos meses de agosto. Albania, Turquía, Grecia, Chipre y otros
muchos países europeos de la cuenca mediterránea.
La temperatura media de España se está incrementando de forma notable, muy por encima de las previsiones que se hacían hace unos años. Y en este sentido, el último informe anual sobre el estado del clima de España de la AEMET,
correspondiente al año pasado, arroja datos y conclusiones nada esperanzadoras, así:
- 2024 fue el tercer año más cálido de la serie histórica en España, que arranca en 1961. Tuvo un carácter extremadamente cálido, al igual que los años 2022 y 2023, el primero y segundo más cálidos.
- Los once años más cálidos de la serie histórica se han registrado en el siglo XXI. La temperatura media anual de España ha ascendido 1,69 ºC desde 1961 hasta 2024.
- Enero, agosto y noviembre de 2024 fueron los más cálidos desde que hay registros. Hubo tres olas de calor, mientras que no se produjo ninguna ola de frío. Se registraron a lo largo del año 31 récords de días cálidos y ningún récord de
días fríos, cuando lo esperable en un clima sin alterar hubieran sido cinco récords de cada.
- La temperatura promedio del agua del mar de las zonas circundantes a España alcanzó los 20 ºC. Fue el segundo año con las aguas más cálidas. En una serie de datos que comienza en 1940, tan solo 2023 y 2024 han alcanzado o superado esa
temperatura media anual. Se batieron récords de temperatura diaria en zonas del Mediterráneo y de Canarias.
El 29 de octubre se produjo un extraordinario episodio de lluvias torrenciales asociado a una DANA en la provincia de Valencia, que provocó una gran riada. Se produjeron grandes daños personales y materiales. La estación meteorológica de
Turís batió récords de precipitación a nivel nacional en una hora, triplicando el umbral considerado para precipitación torrencial; y en seis y doce horas, duplicando en este caso el récord anterior.
Es necesario recordar que de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución española:
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
Asimismo, en base al artículo 148.8.ª de la Constitución Española y en virtud de sus Estatutos de Autonomía, las Comunidades Autónomas ostentan la competencia exclusiva en materia de gestión, prevención y extinción de incendios forestales.
Por su parte, la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y como así establece la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, despliega medios estatales de apoyo a las Comunidades
Autónomas en la cobertura de los montes contra los incendios forestales y colabora en la organización de Programas específicos de prevención de incendios forestales.
En el marco competencial corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las siguientes competencias:
- Definir los objetivos generales de la política forestal en materia de incendios forestales.
- Recopilar, elaborar y sistematizar la Estadística General de Incendios Forestales.
- Establecer directrices comunes sobre formación en materia de prevención y extinción.
- Normalizar medios y equipamiento del personal de extinción en todo el territorio español.
- Desplegar medios estatales de apoyo a las Comunidades Autónomas y otros países, para la cobertura de los montes contra incendios.
Respecto a la relación directa existente entre la nueva morfología de los incendios forestales y el cambio climático, tampoco hay lugar a duda alguna si se analiza la abundante literatura científica existente. El análisis exhaustivo
demuestra que el aumento en la severidad, frecuencia e imprevisibilidad de los incendios forestales es un síntoma directo y alarmante de un planeta que se está calentando. La interrelación entre el clima y el fuego ha creado un ciclo de
retroalimentación perjudicial que amenaza la estabilidad de los ecosistemas, la seguridad de las comunidades y la viabilidad de las economías. La actual dependencia de la extinción reactiva se ha vuelto una estrategia insostenible ante la
emergencia de los megaincendios.
El desafío de la gestión del fuego en el siglo XXI ya no es solo apagar las llamas, sino redefinir la relación de la humanidad con el paisaje forestal, donde el mundo rural juega un papel importantísimo. La adopción de un enfoque holístico
que integre la prevención, la gestión de combustibles, la resiliencia del ecosistema y la adaptación al clima es indispensable para mitigar los crecientes riesgos. El futuro del manejo del fuego no reside en la maquinaria de extinción, sino en la
inversión en la prevención a largo plazo, la restauración del paisaje y el compromiso global con la reducción de las emisiones. La evidencia científica es clara: para romper el ciclo de destrucción, los formuladores de políticas deben actuar con
urgencia, basándose en la evidencia, para proteger la vida, los medios de subsistencia y los frágiles ecosistemas del planeta.
El impacto directo de esta emergencia climática sobre la salud humana también está avalado de manera amplia por la literatura científica. Así se manifiesta la existencia de un mayor impacto del cambio climático en la salud, a través de
efectos indirectos expresados en la mortalidad y morbilidad por olas de calor; cambios en las dinámicas poblacionales de vectores que transmiten enfermedades y cambios en las dinámicas meteorológicas que afectan los patrones de lluvia y sequía con
consecuentes enfermedades gastrointestinales. Se debe anotar que otros contaminantes diferentes a los GEI son los principales responsables de la contaminación del aire, sin embargo, se incluyó en el análisis, dado que sus efectos en el bienestar de
las personas son un asunto fundamental para la salud pública.
Esta emergencia climática ha supuesto para el Estado un desembolso importante en los últimos 5 años, ese ha sido el coste de no prevenir y anticipar para poder mitigar los efectos de esta emergencia climática, pero sobre todo ha supuesto en
ese tiempo la muerte de más de 20.000 personas por los efectos de esta climatología exacerbada, el doble, por ejemplo, de la cifra de víctimas causadas por accidentes de tráfico durante estos años.
Y es que el cambio climático mata, por lo que debemos ser conscientes de todo lo que representa en términos de inseguridad y de peligro para la vida de la ciudadanía.
Por ello, frente a la emergencia climática no hay lugar al negacionismo. Las evidencias científicas que demuestran que se está produciendo un cambio climático son abundantísimas. Si se repasan todos y cada uno de los momentos en los que se
repitieron episodios climáticos similares a los vividos en la actualidad, distribuidos a lo largo de nuestra historia reciente, observamos que, si hace 50 millones de años el pH del océano se disparó, el nivel medio del mar aumento por última vez
hace 3.000 años y la temperatura en la superficie fue igual a la actual hace 6.500 años, y así con el resto de las variables. La frivolización con la que es tratado el cambio climático por parte de algunas fuerzas o responsables políticos con
frases como '... siempre ha hecho calor...', esconden un
desconocimiento y falta de empatía por todas y cada una de las víctimas del cambio climático.
Este negacionismo climático que profesa una parte importante, cada vez más creciente, como consecuencia de los bulos que se expanden en las redes sociales, algunos de nuestra clase política, resulta tan incomprensible como preocupante,
porque ya es evidente para toda la ciudadanía que hablar de la emergencia climática no es una forma de eludir responsabilidades o de sembrar una disputa ideológica. Es un paso esencial para hacer un diagnóstico, para afrontar y para poder resolver
un problema que nos afecta a todos. Da igual lo que votemos cuando sean las elecciones. Un paso importante podría ser el de actualizar nuestra política de prevención o, por ejemplo, también nuestra mejor gestión del territorio.
Hace ahora un año todas las fuerzas políticas, a excepción de VOX, suscribieron en el Congreso la declaración ante el desafío del cambio climático de las Cortes Generales. En esa declaración expresamente se dice: 'Como señalan las
evidencias científicas, se constata un aumento general de las temperaturas, el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos -sequías, inundaciones, olas de calor, incendios forestales-, el aumento del nivel del mar, entre otros, que están
produciendo significativos efectos adversos sobre la población y su salud, graves impactos ambientales, como la pérdida de biodiversidad, así como están teniendo importantes efectos sociales y económicos'.
Una declaración coherente con la acción política llevada por el Gobierno de Pedro Sánchez que, ya en enero de 2020, acordó en Consejo de Ministros la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, comprometiéndose desde la
transversalidad a adoptar 30 líneas de acción prioritarias para combatir el cambio climático, asentadas sobre la mitigación y adaptación al cambio climático y el robustecimiento de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil.
Compromiso al que responde la reciente propuesta abierta del Presidente del Gobierno de alcanzar, desde el diálogo y la negociación, un Pacto de Estado frente a la emergencia climática asentado en diez compromisos concretos, aprobados en
Consejo de Ministros el pasado 2 de septiembre, que abordan la lucha contra esta emergencia desde la transversalidad en las acciones políticas propuestas y trasladados a los agentes sociales, sociedad civil, a las fuerzas políticas y a todas las
instituciones y administraciones públicas.
Si queremos que los próximos veranos no traigan nuevas desgracias por los incendios forestales y que los próximos otoños no nos golpeen con nuevas inundaciones, tenemos que actuar ya, y tenemos que hacerlo juntos, unidos. De forma
colectiva, coordinada, cooperando, de forma sostenida en el tiempo, como una política de Estado.
Porque más allá de la polarización y el negacionismo que nos circundan, es preciso abordar este desafío al que nos enfrentamos desde una altura de miras que trascienda lo ideológico e involucre a toda la sociedad española, no solo desde el
ámbito institucional o el de las fuerzas políticas, sino también desde el compromiso de una sociedad civil cuyos miembros, todos y todas, somos los primeros damnificados por esta emergencia.
Tenemos que actuar ya y tenemos que hacerlo unidos y unidas, tenemos que hacerlo de forma colectiva, cooperando y de forma sostenida en el tiempo; en suma, tenemos que abordar la emergencia climática en la que ya estamos incursos como una
auténtica política de Estado que nos comprometa a todos y todas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso manifiesta su claro e inequívoco compromiso por la consecución de un gran Pacto de Estado frente a la emergencia climática, que defienda los intereses generales de la ciudadanía.
2. En base a la Hoja de Ruta aprobada por el Gobierno para la consecución del Pacto de Estado frente a la emergencia climática, continuar el proceso de participación
dentro del seno de una subcomisión parlamentaria con todos los grupos políticos para conseguir aportar compromisos concretos que formen parte del contenido del pacto.
3. El Congreso insta al Gobierno a:
a) Trabajar desde el diálogo y el compromiso con las diferentes fuerzas políticas, grupos parlamentarios, administraciones autonómicas, provinciales y locales, agentes sociales y económicos y sociedad civil en la consecución y asunción por
el conjunto de la sociedad española del Pacto de Estado frente a la emergencia climática.
b) Que recabe el mayor apoyo de la Comisión Europea para llevar a cabo las políticas de adaptación al cambio climático.
c) Ampliar el alcance de los trabajos para la prevención de incendios y la adaptación al cambio climático promoviendo el debate y la toma de medidas junto a los Gobiernos de Portugal y Francia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2025.-José Luis Aceves Galindo y María de las Nieves Ramírez Moreno, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley relativa al vaciado de la presa de Chás en Oímbra y su impacto sobre el medio natural y las labores de extinción de incendios, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La presa del río Porto do Rei Búbal, más conocida como presa de Chás, está situada en el afluente del Támega del mismo nombre y está incluida, por tanto, en la Confederación Hidrográfica del Duero. Se trata de un curso fluvial que fue
declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en 2004 y posteriormente Zona de Especial de Conservación (ZEC) en 2014.
Este embalse, situado en un entorno natural privilegiado y de alto valor ambiental y destinado fundamentalmente a la producción hidroeléctrica, fue vaciado a finales de julio con consecuencias catastróficas, al no respetarse la necesidad de
mantener un caudal ecológico mínimo ni la necesidad de preservar el agua almacenada ante posibles incendios para facilitar las labores de extinción.
En pocos días, la presa de Chás fue completamente vaciada para acometer, según la información hecha pública, labores de mantenimiento y limpieza, provocando una completa alteración del equilibrio hídrico de la zona. La desecación total
provocó la muerte de peces y otras especies de fauna y flora acuática e impidió el abastecimiento de agua para riego y otros usos.
El vaciado no se comunicó públicamente y se desconoce si la empresa concesionaria contaba con los permisos necesarios para acometer estas supuestas obras de limpieza e incluso, si se realizó alguna labor de inspección o supervisión por parte
de las autoridades con competencia en la materia durante el desarrollo de las actuaciones, ya que el vaciado representó un verdadero atentado ecológico, además de una grave negligencia por no tener en cuenta las posibles necesidades de utilización
de agua para las labores de extinción.
Esto último quedó lamentablemente demostrado cuando, el 12 de agosto de 2025, se declaró en Oímbra un incendio forestal de grandes dimensiones que afectó gravemente al
ecosistema local y a la seguridad de las personas, ya que arrasó más de 30.000 hectáreas y causó graves heridas a tres bomberos municipales, extendiéndose por los municipios de Oímbra, Monterrei, Cualedro, Laza, Verín, Castrelo do Val,
Trasmiras, Xinzo de Limia y Baltar y afectando también a Portugal.
La ausencia de caudal impidió utilizar la presa para cargar los equipos contra incendios, por lo que ni helicópteros pudieron realizar la carga ni motobombas pudieron acercarse debido al lodo que rodeaba la poca agua que quedaba a aquella
altura. Esto demuestra la necesidad de mantener el embalse lleno en verano, en una época de alto riesgo de incendios, para facilitar, en lo posible, la lucha contra los incendios forestales, ya que es el único punto de carga de agua para
helicópteros y motobombas en esa zona.
Se trata de una negligencia grave y las autoridades competentes deben dar explicaciones sobre su participación o inacción, empezando por el organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Duero y la Consellería de Medio Ambiente de la
Xunta de Galicia. Pero también es necesario investigar la actuación por parte de la empresa concesionaria, ENDESA, para saber si ha solicitado y obtenido los permisos requeridos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
- Realizar una investigación exhaustiva sobre el vaciado negligente de la presa de Chás (río Porto do Rei Búbal) en el municipio de Oímbra en pleno verano, provocando una grave alteración del balance hídrico de la zona y una alta mortalidad
de fauna y flora, además de afectar al abastecimiento de agua e impedir la recogida de agua para la lucha contra los grandes incendios que devastaron la región en agosto.
- Depurar las responsabilidades de los distintos agentes involucrados, tanto de las autoridades públicas con competencias en la materia, como de la propia empresa concesionaria.
- Adoptar las medidas necesarias en coordinación y colaboración con la Xunta de Galicia para regenerar y recuperar este importante ecosistema declarado Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Conservación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao baleirado da presa das Chás en Oímbra e a súa repercusión no medio natural e nas labores de extinción de incendios para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
A presa de Río Porto do Rei Búbal, máis coñecida como presa das Chás, está situada no afluente do Támega do mesmo nome e incluida, por tanto, na Confederación Hidrográfica do Douro. Trátase dun curso fluvial que foi declarado lugar de
importancia comunitaria (LIC) no ano 2004 e posteriormente Zona de Especial conservación (ZEC) no 2014.
Este encoro, situado nun entorno natural privilexiado e de alto valor ambiental e destinada fundamentalmente á produción hidroeléctrica, foi obxecto dun baleirado a finais do mes de xullo con consecuencias catastróficas, pois non se
respectou a necesidade de
manter un mínimo caudal ecolóxico e a necesidade de preservar a auga almacenada ante posíbeis incendios para facilitar as labores de extinción.
En poucos días, a presa das Chás baleirouse por completo para acometer, segundo a información feita pública, labores de mantemento e limpeza, provocando a completa alteración do equilibrio hídrico da zona. O total desecamento causou a morte
de peixes e outras especies de fauna e flora acuática e impediu o abastecemento de auga para regadío e outros usos.
O baleirado non foi comunicado publicamente e descoñécese se a empresa concesionaria contaba cos permisos necesarios para acometer estas supostas labores de limpeza e, mesmo así, se se realizou algunha labor de inspección ou supervisión
polas autoridades con competencia na materia durante o desenvolvemento das actuacións, posto que o baleirado supuxo un verdadeiro atentado ecolóxico, ademais dunha grave neglixencia por non ter en conta as posíbeis necesidades de utilizar a auga
para as labores de extinción.
Isto último, quedou probado desgraciadamente cando, o día 12 de agosto de 2025, se inicia en Oímbra un incendio forestal de grandes dimensións que afectou gravemente o ecosistema local e á seguridade das persoas, pois arrasou máis de 30.000
hectáreas e causou feridas graves a tres brigadistas municipais, estendéndose polos concellos de Oímbra, Monterrei, Cualedro, Laza, Verín, Castrelo do Val, Trasmiras, Xinzo de Limia e Baltar e afectando tamén a Portugal.
A ausencia de caudal impediu utilizar a presa para as cargas dos equipos de extinción, de forma que nin os helicópteros puideron realizar as cargas nin as motobombas puideron achegarse pola lama que rodeaba a pouca auga que restaba naquela
altura. Queda demostrada pois, a necesidade de manter o encoro chego no verán, en época de alto risco de incendios, para facilitar, na media do posíbel, a loita contra os incendios forestais, xa que é o único punto de carga de auga para
helicópteros e motobombas nesa área.
Trátase dunha grave neglixencia e as autoridades competentes e deben dar explicacións sobre cal foi a súa participación ou inacción, a comezar polo organismo de conca, a Confederación Hidrográfica do Douro e a Consellaría de Medio Ambiente
da Xunta da Galiza. Mais tamén é preciso investigar a actuación por parte da empresa concesionaria, ENDESA, para saber se solicitou e reuniu os preceptivos permisos.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso insta o Goberno do Estado a:
- Realizar unha investigación exhaustiva sobre o neglixente baleirado da presa das Chás (Río Porto do Rei Búbal) no concello de Oímbra en pleno verán, causando unha grave alteración do equilibrio hídrico da zona e a alta mortalidade de fauna
e flora, ademais de afectar ao abastecemento de auga e impedir a captación auga para a loita contra os grandes incendios que arrasaron a comarca en agosto.
- Depurar as responsabilidades dos distintos actores involucrados, tanto das autoridades públicas con competencias na materia, como da propia empresa concesionaria.
- Adoptar as medidas necesarias en coordinación e colaboración coa Xunta de Galiza para rexenerar e recuperar este importante ecosistema declarado Lugar de Importancia Comunitaria e Zona de Especial Conservación.'
En Madrid, a 5 de setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río, Ricardo Chamorro Delmo y Jacobo González-Robatto Perote, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar innovaciones científicas y tecnológicas que permitan incrementar la rentabilidad de las
explotaciones agrarias, para su discusión en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
En los últimos años, la irrupción de tecnologías como los drones, las cámaras multiespectrales, los sistemas de GPS y autoguiado, los sensores selectivos, los softwares de monitorización de parcelas y la inteligencia artificial han permitido
la aparición de una nueva variante de la agricultura tradicional a la que se ha dado en llamar agricultura de precisión 28. Esta nueva forma de cultivar combina el conocimiento tradicional con la innovación científica y tecnológica, permitiendo una
gestión que reduce los costes del trabajo agrícola, incrementa la rentabilidad de la actividad agraria y garantiza su viabilidad económica.
A través de sus herramientas, la agricultura de precisión permite detectar enfermedades o deficiencias nutricionales en los cultivos, así como planificar labores para facilitar, de este modo, la toma de decisiones estratégicas. Además, los
sensores en la maquinaria agrícola permiten que los agricultores conozcan en tiempo real las necesidades específicas de cada parcela para incrementar el rendimiento de los cultivos y mejorar, en consecuencia, la eficiencia productiva de la
agricultura. Una de las principales ventajas de esta expresión agrícola es su capacidad de reducir drásticamente el uso de insumos -fertilizantes, fitosanitarios o agua-, al ajustar en tiempo real la cantidad utilizada en función de las condiciones
específicas de cada parcela, de cada cultivo o de cada planta 29.
La promoción de este tipo de herramientas se traduciría en un aumento significativo en la productividad, acreditado y respaldado por diversos estudios, como el que estima que la implantación de la agricultura de precisión en España podría
generar un incremento acumulado de más de 54.000 millones de euros en los próximos 25 años 30. Sin embargo, para alcanzar ese potencial sería necesario flexibilizar la regulación actual en aras de permitir el uso de estas herramientas en un entorno
ágil. Mientras países como Francia, Bulgaria o Rumanía ya han adaptado su legislación para permitir, por ejemplo, el uso de drones en tareas de fumigación, en España aún persisten debates regulatorios que ralentizan su implementación efectiva 31.
Otro obstáculo fundamental es el alto coste inicial de adquisición de estas tecnologías. En este sentido, algunas administraciones regionales ya han impulsado programas de financiación específicos, pero sigue siendo imprescindible un
compromiso firme por parte de la Administración General del Estado, que debería liderar una estrategia nacional en colaboración con las universidades y centros de investigación públicos para el impulso de estas herramientas.
28 https://www.repsol.com/es/energia-futuro/futuro-planeta/agricultura-de-precision/index.cshtml
29 https://www.muyinteresante.com/fundacion/categoria-naturaleza-y-sostenibilidad/agricultura-de-precision-practicas-agricolas.html
30 https://www.servimedia.es/noticias/expertos-aseguran-agricultura-precision-hara-campo-mas-rentable-sostenible/4058351
31 https://www.asaja.com/drones-en-la-agricultura-espana-el-pais-que-espera-mientras-otros-avanzan/
Todo ello se hace aún más urgente en el actual contexto de crisis para el sector primario, marcado por un incremento medio del 41,08% en los costes de producción 32; un incremento de las exigencias burocráticas y medioambientales, y una
caída de los ingresos agrarios -580 millones de euros menos en la última campaña- 33. A ello también se suman los problemas derivados de una infraestructura de riego absolutamente desfasada 34 y las dificultades que plantea el relevo generacional
en actividades agrícolas 35 clave para propiciar el cambio de mentalidad necesario para adoptar estas nuevas tecnologías.
En definitiva, ha llegado el momento de reconocer que el campo puede ser un espacio de innovación en el que la tecnología potencie la labor del agricultor y donde estas herramientas se presentan como una oportunidad para multiplicar por ocho
la productividad de la actividad agrícola tradicional, optimizar el uso de recursos y tratar cada porción de tierra de forma específica, garantizando con ello la viabilidad económica del sector primario español 36.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar, en colaboración con los agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación y con los representantes del sector primario, las siguientes medidas orientadas a promover el uso voluntario de tecnologías avanzadas en el ámbito
agrario, garantizando en todo momento que dichas tecnologías actúen como herramienta de apoyo y ayuda al trabajo de agricultores y ganaderos, y no como sustitución de la mano de obra:
a. Diseñar y poner en marcha un Plan para el Impulso de la Agricultura de Precisión, de ámbito nacional, que incluya instrumentos de financiación, apoyo técnico, incentivos fiscales y formación, con el objetivo de modernizar el sector
agrario a través de la digitalización y la innovación, respetando el carácter voluntario de su adopción por parte de los profesionales del campo.
b. Modificar y actualizar el marco regulatorio aplicable al uso de drones en el sector agrario, con el fin de posibilitar su utilización para tareas como la fumigación, el riego selectivo, la seguridad de las explotaciones o la recogida de
datos, equiparando la normativa española a la de otros países de nuestro entorno.
c. Impulsar líneas específicas de ayudas para la adquisición e implementación de tecnologías clave en el ámbito de la agricultura de precisión, tales como drones, sistemas de posicionamiento y autoguiado, sensores selectivos, software de
gestión agronómica y soluciones basadas en inteligencia artificial, siempre bajo la premisa de que dichas herramientas sirvan como complemento a la labor humana en el campo.
d. Incentivar la cooperación entre universidades, centros de investigación y explotaciones agrarias para el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al sector primario y accesibles para las explotaciones de todos los tamaños.
e. Promover un plan de regadíos que contribuya a la modernización del regadío español, favoreciendo con ello un uso más eficaz del agua, así como la reducción del volumen de consumo.
f. Promover las modificaciones legislativas necesarias para proteger los datos generados por los agricultores mediante estas tecnologías, con el fin de impedir que
32 https://www.20minutos.es/lainformacion/economia/-clamor-campo-los-costes-suben-un-41-desde-pandemia-las-importaciones-crecen-doble-ritmo-que-las-exportaciones-5217067/
33 https://www.eleconomista.es/opinion/noticias/12655290/02/24/la-agricultura-nueva-victima-del-pacto-verde-europeo-.html
34 https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-27-regadio-tiene-riego-desfasado-consume-40-50-mas-agua-aquae-papers-20171215175648.html
35 https://www.tribunaavila.com/noticias/390297/el-relevo-generacional-en-el-sector-primario-uno-de-los-mayores-desafios-de-espana
36 https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/podcast-agricultura-de-precision-la-revolucion-del-sector-agricola/
grandes compañías y multinacionales del sector agrario puedan utilizarlos con fines especulativos o en contra del interés nacional, asegurando la soberanía de datos digital y tecnológica del campo español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2025.-Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Interior
181/001317
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP) Conde López, Francisco José (GP) Abades Martínez, Cristina (GP) Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para dar cumplimiento al mandato parlamentario contenido en la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular aprobada en la Comisión del Interior del día 12/03/2021 instando a poner en
servicio una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en la comisaría de la Policía Nacional de Lugo, así como los plazos previstos para su puesta en funcionamiento.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 78127, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Interior. Asimismo,
dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Jaime Eduardo de Olano Vela, Francisco José Conde López, María Cristina Abades Martínez y Ana Belén Vázquez Blanco.
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno para dar cumplimiento al mandato parlamentario contenido en la PNL del Grupo Parlamentario Popular aprobada en la Comisión de Interior de 12 de marzo de 2021 instando a poner en servicio una
Unidad de prevención y Reacción (UPR) en la Comisaría de la Policía Nacional de Lugo, así como los plazos previstos para su puesta en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2025.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Francisco José Conde López, Cristina Abades Martínez y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001314
José Vicente Marí Bosó, Irene Garrido Valenzuela, Héctor Palencia Rubio, Jaime Eduardo de Olano Vela y Marta González Vázquez
¿Cómo justifica el Gobierno que, tras los fallidos planes de bonificación a aeropuertos regionales, AENA anuncie una subida histórica del 6,5% en las tasas aeroportuarias en el marco de beneficios récord, y se siga aplicando una misma
política que está resultando fallida para aeropuertos medianos y regionales, como Santiago, Vigo o Tenerife Norte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2025.-José Vicente Marí Bosó, Irene Garrido Valenzuela, Héctor Palencia Rubio, Jaime Eduardo de Olano Vela y Marta González Vázquez, Diputados.
181/001315
Jorge Pueyo Sanz
Dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
¿Qué previsión tiene el Ministerio en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley 161/226, sobre la mejora y ampliación del Cercanías en el corredor Zaragoza-Huesca como apuesta para la descarbonización del transporte, aprobada
el 20 de marzo de 2024 en esta Comisión por amplísima mayoría y sin votos en contra, y que insta al Gobierno a mejorar las frecuencias, horarios y material rodante de la línea de Cercanías C1 Casetas-Miraflores (Zaragoza), corregir el deterioro de
las estaciones de dicha línea y del corredor Zaragoza-Huesca, elaborar en ese ejercicio los estudios necesarios para ampliar el servicio ferroviario del área metropolitana de Zaragoza hasta Huesca, Gallur, Quinto, Cariñena y Calatayud y garantizar
las inversiones en esta legislatura que permitan ejecutar su puesta en marcha, así como analizar las peticiones que se reciban sobre las ampliaciones o mejoras de los servicios declarados Obligaciones de Servicio Público, entre otras actuaciones en
materia de infraestructuras ferroviarias previstas en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2025.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.
Comisión de Industria y Turismo
181/001311
Irene Garrido Valenzuela, Francisco José Conde López, Juan Bravo Baena, José Vicente Marí Bosó, Miriam Guardiola Salmerón, José Ignacio Romaní Cantera, Laura María Lima, García, Tristana María Moraleja Gómez, Félix de las Cuevas Cortés,
Pedro Navarro López, Guillermo Mariscal Anaya, Esther Llamazares Domingo, Cristina Moreno Borras, Cristina Agüera Gago, Joan Mesquida Mayans, Sandra Pascual Rocamora y. José Manuel Velasco Retamosa
¿En un contexto de elevada deuda pública y sin que haya mediado un debate público ni parlamentario sobre la utilización de recursos estatales para rescatar compañías privadas, puede explicar el Gobierno cuáles son los criterios económicos,
financieros y de interés general que justifican la entrada de la SEPI en el capital de Talgo con 75 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2025.-Irene Garrido Valenzuela, Francisco José Conde López, Juan Bravo Baena, José Vicente Marí Bosó, Miriam Guardiola Salmerón, José Ignacio Romaní Cantera, Laura María Lima, García,
Tristana María Moraleja Gómez, Félix de las Cuevas Cortés, Pedro Navarro López, Guillermo Mariscal Anaya, Esther Llamazares Domingo, Cristina Moreno Borras, Cristina Agüera Gago, Joan Mesquida Mayans, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel Velasco
Retamosa, Diputados.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/001316
Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García y Antonio Martínez Gómez
¿Cuántas leyes anunciadas por el Gobierno en materia de consumo en los últimos siete años han entrado efectivamente en vigor, y cuáles son los motivos por los que no se ha cumplido con los compromisos adquiridos públicamente en esta materia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2025.-Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García y Antonio Martínez Gómez, Diputados.
Comisión de Juventud e Infancia
181/001312
Blanca Armario González, Joaquín Robles López y Rocío Aguirre Gil de Biedma, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a la Ministra de Juventud e Infancia
¿Cómo explica que el Presidente del Gobierno afirme que 'España es la mejor economía del mundo' 37, al tiempo que se pide la aprobación de un Pacto de Estado contra la pobreza infantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2025.-Blanca Armario González, Joaquín Robles López y Rocío Aguirre Gil de Biedma, Diputados.
37 https://www.psoe.es/actualidad/noticias-actualidad/pedro-sanchez-espana-es-la-mejor-economia-del-mundo-tenemos-mas-empleos-que-nunca-y-la-paz-social-y-la-convivencia-son-una-realidad/
181/001313
Blanca Armario González, Joaquín Robles López, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a la Ministra de Juventud e Infancia
¿Tiene el Gobierno conocimiento sobre si las diferentes regiones han realizado auditorías sobre la gestión de los centros de menas en sus respectivas comunidades autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2025.-Blanca Armario González, Joaquín Robles López, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/027644
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rego Candamil, Néstor (GMx)
Punto de vertidos procedentes de dragados que se valora autorizar en la ría de Arousa por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Acuerdo:
1. En cuanto a las solicitudes de copia contenidas en los apartados 5 y 8, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de
la Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001240/0000).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita relativas al punto de vertidos procedentes de dragados que se valora autorizar en la Ría de Arousa por el MITECO.
El BNG ya ha registrado diferentes iniciativas interesándose por la tramitación de la autorización de vertidos procedentes de dragados en la Ría de Arousa, en un punto
cercano a la isla de Sálvora, una zona de gran interés natural y con un importante impacto en el sector pesquero y marisquero.
En las respuestas remitidas desde el Gobierno se recoge de forma explícita que, derivado de la superposición de numerosos espacios protegidos -el Parque de las Islas Atlánticas, el Complejo Dunar de Corrubedo y el Parque Natural de las
Lagoas de Carregal e Vixán, los espacios protegidos de la Red Natura 2000 ZEC ES1140004 Complejo Ons-O Grove, el Corredor Migratorio Gallego-Cantábrico Occidental o el área protegida por instrumentos internacionales declarada en el marco del
Convenio OSPAR Espacio Marino de las Rías Baixas de Galicia, entre otros-, toda la parte exterior de la Ría de Arousa está considerada en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) como Zona de Uso Prioritario para la Biodiversidad, de
acuerdo con el RD 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas.
En consecuencia, el citado RD incluye zonas de vertido de material de dragado en las 5 demarcaciones marinas, pero ninguno de estos puntos está contemplado en la Ría de Arousa, atendiendo precisamente a dicha importancia ambiental ya
reconocida, lo que hace claramente incompatible la preservación de esa riqueza natural y de la biodiversidad marina con la autorización de vertidos procedentes del dragado en esa misma área.
Según los datos que se han hecho públicos más recientemente, el último informe del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) recomienda como opción prioritaria para el vertido de lodos de dragado el denominado punto B,
situado cerca del lugar que se ha utilizado en las últimas décadas para esta misma finalidad, situado en la parte exterior de la isla de Sálvora (punto E8), a tan solo 1,8 kilómetros fuera de la ría.
Así, aunque el Ministerio de Transición reconoce la necesidad de preservar la importante riqueza natural de esta zona, la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina estudia la 'viabilidad' de la nueva ubicación, tras cerrar la
anterior, precisamente por razones medioambientales tras haber depositado durante décadas más de tres millones de metros cúbicos de material dragado, para situar el nuevo punto de vertido a menos de 2 km del ahora vertido.
Si bien es necesario avanzar en los dragados pendientes, todo ello no puede implicar que el entorno de Sálvora y de la ría de Arousa se vea perjudicado por los lodos contaminados extraídos debido a su importancia natural y socioeconómica.
El BNG considera que no es posible aceptar una alternativa que tendrá un impacto muy negativo en esa zona; es necesario defender una opción sostenible y respetuosa con el medioambiente, en línea con lo aprobado en el Parlamento gallego en 2019, que
rechazó convertir las rías gallegas en vertederos. Por tanto, es necesario, valorar opciones alternativas, como el tratamiento en tierra de los lodos extraídos para no afectar a los ecosistemas de las rías y, especialmente, a la zona de la Isla de
Sálvora.
Por los motivos expuestos, el BNG plantea las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno:
1. ¿Considera el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico compatible la preservación de la gran riqueza ambiental y valor productivo de la Ría de Arousa con la autorización de un nuevo punto de vertido (el denominado punto B)
en la Ría de Arousa y próximo a la Isla de Sálvora, a tan solo 1,8 km del anterior vertedero, ahora clausurado?
2. ¿No le parece contradictorio que se declare en el POEM como Zona de Uso Prioritario para la Biodiversidad y al mismo tiempo se considere autorizar el vertido de lodos y residuos contaminantes?
3. ¿Se prevé modificar los POEM y alterar la clasificación de uso de la Zona para permitir el vertido en ese nuevo punto?
4. ¿El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes o de Transición, ha realizado algún estudio o evaluación sobre el tratamiento de los lodos extraídos en tierra firme?
5. [...] ¿En caso contrario, considera la posibilidad de realizar este estudio?
6. ¿Ha realizado el Ministerio algún seguimiento sobre el estado actual y el impacto sobre la biodiversidad de los vertidos ya realizados en el punto E8 próximo a Sálvora?
7. ¿De ser así, cuáles son sus conclusiones? ¿En caso contrario, realizará algún trabajo en este sentido?
8. [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito ao GRUPO PARLAMENTAR MIXTO, ao abeiro do estabelecido no artigo 185 e seguintes do Regulamento do Congreso, formula as seguintes preguntas dirixidas ao Goberno
para a súa resposta escrita relativas ao punto de vertidos procedentes de dragados que se valora autorizar na Ría de Arousa polo MITECO.
O BNG rexistrou xa distintas iniciativas interesándose pola tramitación da autorización de vertidos procedentes de dragados na Ría de Arousa, nun punto próximo á illa de Sálvora, unha área de grande interese natural e cunha importante
repercusión no sector pesqueiro e marisqueiro.
Nas respostas remitidas desde o Goberno recóllese de forma explícita que, derivado da superposición de numerosas figuras de espazos protexidos -o Parque das Illas Atlánticas, o Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de
Carregal e Vixán, os espazos protexidos da Rede Natura 2000 ZEC ES1140004 Complexo Ons-O Grove, o Corredor migratorio galaico-cantábrico occidental ou a área protexida por instrumentos internacionais declarada no marco do Convenio OSPAR Espazo
mariño das Rías Baixas da Galiza, entre outras- toda a parte exterior da Ría de Arousa está considerada nos Plans de Ordenación do Espazo Marítimo (POEM) como Zona de Uso Prioritario para a Biodiversidade, conforme ao RD 150/2023, de 28 de febreiro,
polo que se aproban os plans de ordenación do espazo marítimo das cinco demarcacións mariñas españolas.
En consecuencia, o citado RD inclúe xa zonas de vertido de material de dragado nas 5 demarcacións mariñas, pero non se contempla ningún destes puntos na Ría de Arousa, atendendo, precisamente, a esa importancia ambiental xa recoñecida, que
fai claramente incompatíbel a preservación desa riqueza natural e biodiversidade mariña coa autorización de vertidos procedentes de dragados nesa mesma área.
Segundo os datos máis recentes feitos públicos, o último informe procedente do CEDEX (Centro de Estudios e Experimentación de Obras Públicas) recomenda como opción prioritaria para verter os lodos de dragados o denominado punto B, situado
cerca do lugar que se veu utilizando nas últimas décadas para esta mesma finalidade, ubicado na parte exterior da Illa de Sálvora (punto E8), a tan só 1,8 quilómetros cara o exterior da ría.
Así, aínda que o Ministerio de Transición recoñece a necesidade de preservar a importante riqueza natural desta zona, a Subdirección Xeral de Biodiversidade Terrestre e Mariña, está a estudar a 'viabilidade' da nova ubicación, despois de
clausurar o anterior, precisamente, por motivos ambientais despois de ter depositado máis de tres millóns de metros cúbicos de material de dragado durante décadas, para situar o novo punto de vertido a menos de 2 km do agora descartado.
Aínda que é preciso avanzar nos dragados pendentes, isto non pode implicar que se prexudique cos lodos contaminados extraídos o entorno de Sálvora e a ría de Arousa pola importancia natural e socio-económica. O BNG considera que non é
posíbel aceptar unha alternativa que terá un impacto moi negativo nesa zona, é necesario defender unha opción sustentábel e respectuosa co medio, na liña do aprobado no Parlamento galego en 2019, que rexeitaba converter as rías galegas en
vertedoiro. É, por tanto, necesario valorar opcións alternativas, como o tratamento en terra firme dos lodos extraídos para non afectar aos ecosistemas das rías e, especialmente, ao espazo da Illa de Sálvora.
Polos motivos expostos, o BNG formula as seguintes preguntas dirixidas ao Goberno:
1. Valora o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico compatíbel a preservación da grande riqueza ambiental e do valor produtivo da ría de Arousa coa autorización dun novo punto de vertedura (o denominado punto B) na Ría de
Arousa e próximo á Illa de Sálvora a só 1,8 km do vertedoiro anterior agora clausurado?
2. Non entende contraditorio declarar no POEM a como Zona de Uso Prioritario para a Biodiversidade ao tempo que valora autorizar a vertedura de lodos e residuos contaminantes?
3. Prevé a modificación dos POEM e alterar a cualificación de uso da Zona para permitir a vertedura nese novo punto?
4. Realizou o Goberno a través do Ministerio de Transportes ou de Transición un estudo ou valoración sobre o tratamento dos lodos extraídos en terra firme?
5. [...] En caso contrario, valora a posibilidade de realizar ese estudo?
6. Ten realizado o Ministerio algún seguimento sobre o estado actual e afectación sobre a biodiversidade das verteduras xa realizadas no punto E8 próximo a Sálvora?
7. De ser así cales son as súas conclusións? En caso contrario, realizará algún traballo neste sentido?
8. [...]
Madrid, a 2 de Setembro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG no Congreso.