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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 387, de 09/09/2025
cve: BOCG-15-D-387
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de septiembre de 2025
Núm. 387
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la escalada de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y la utilización del hambre como arma de guerra por parte de Israel ...
161/002403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas urgentes ante el genocidio del pueblo palestino y la crisis humanitaria en Gaza ... (Página9)
161/002407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la inclusión del Cartel de los Soles en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea ... (Página12)
161/002410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación de los presos políticos en Cuba, con especial atención al caso de José Daniel Ferrer, y a la necesidad de una respuesta
firme frente a la represión política ejercida por el régimen cubano ... (Página13)
161/002411 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el reconocimiento de la situación de indefensión jurídica de periodistas nicaragüenses exiliados y el impulso de medidas de protección en
España ... (Página14)
Comisión de Justicia
161/002409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la Gracia del Indulto ... (Página16)
Comisión de Interior
161/002370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para garantizar la seguridad ciudadana durante el periodo estival ante el aumento de la delincuencia vinculada a la inmigración masiva y descontrolada ...
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para acabar con la discriminación de las personas viudas de parejas de hecho ... (Página20)
161/002396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección internacional de las personas procedentes de la República Democrática del Congo ... (Página22)
161/002401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento de la estabilidad en las relaciones laborales ... (Página23)
Comisión de Industria y Turismo
161/002386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para apoyar el turismo nacional y proteger el comercio local ... (Página25)
161/002389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso y apoyo de la industria ferroviaria como eje estratégico del nuevo modelo económico, sostenible y digital de España ...
161/002399 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción del turismo religioso y la festividad de la Semana Santa de Gandía ... (Página29)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso del Programa de Termalismo Social del IMSERSO ... (Página31)
161/002379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a promover la participación activa de los consumidores para reducir el plástico y fomentar el agua del grifo ...
161/002384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre agilización de los procedimientos relacionados con el reconocimiento de la situación de dependencia y con la revisión del Programa de Atención
Individual ... (Página34)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso en la adaptación de las estructuras pesqueras para favorecer la incorporación de la mujer al Sector Pesquero, Industrial y Acuícola ...
161/002395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas urgentes para los problemas de la plaga del algodoncillo (Euphyllura olivina) en explotaciones olivareras ...
(Página37)
161/002405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al control de la enfermedad de la lengua azul en la ganadería ... (Página39)
Comisión de Política Territorial
161/002375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la regulación del voto telemático en las sesiones de los órganos de gobierno de las Administraciones Locales ... (Página41)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para un futuro sin tóxicos ... (Página43)
161/002376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar acciones contra la expansión de la avispa asiática ... (Página47)
161/002377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el fomento del comercio electrónico en la España rural ... (Página49)
161/002387 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a regenerar y estabilizar la línea de costa gaditana y poner fin a la presencia de algas invasoras en ella ... (Página52)
161/002391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a luchar contra los incendios forestales propios del periodo estival ... (Página54)
161/002394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la activación de los concursos en los nudos de transición justa en la provincia de Palencia ... (Página56)
161/002408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para incrementar la demanda eléctrica eficiente protegiendo a consumidores y empresas de los daños y perjuicios derivados del colapso del sistema
eléctrico que derivó en el gran apagón de los pasados 28 y 29 de abril ... (Página58)
161/002412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la puesta en marcha de un Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención de Incendios ... (Página60)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas urgentes para desbloquear suelo y aumentar la producción de vivienda asequible en España ...
Comisión de Cultura
161/002397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el apoyo y reconocimiento del festival Rototom Sunsplash en su 30.º aniversario ... (Página65)
161/002402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el reconocimiento y posicionamiento de la mujer en el sector cultural ... (Página66)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de mecanismos de financiación que faciliten la adaptación de las pymes a la Directiva NIS2 ...
Comisión de Sanidad
161/002373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al restablecimiento de Cádiz, Cáceres, Ciudad Real, León, Girona y Pontevedra (Vigo) como sedes para realizar el examen de acceso a las
plazas de Formación Sanitaria Especializada en la convocatoria de este año 2025 ... (Página72)
161/002400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a fomentar la actualización de los protocolos de seguimiento pediátrico para la detección precoz del retinoblastoma ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso institucional para consolidar la candidatura del Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, como sede alternativa
para el Telescopio de Treinta Metros (TMT) ... (Página74)
161/002392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover la investigación en materia de lucha contra incendios ... (Página76)
Comisión de Juventud e Infancia
161/002372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a los proyectos socioeducativos de atención integral a la infancia y adolescencia y a sus profesionales como principal herramienta educativa
... (Página78)
161/002382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un mapeo integral de los recursos del sistema de protección a la infancia ... (Página81)
161/002383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre abordaje de los trastornos del sueño y mejora de los hábitos de sueño saludable de la infancia y la adolescencia ...
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al refuerzo del mantenimiento y conservación de la red viaria del Estado, especialmente durante el periodo estival ... (Página84)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/001301 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX) y Flores Juberías, Carlos (GVOX), sobre previsión del Gobierno de apreciar el incumplimiento grave o
reiterado de las funciones del Fiscal General del Estado como causa para su cese ... (Página86)
181/001302 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX) y Flores Juberías, Carlos (GVOX), sobre impulso de amplias reformas legislativas relativas a la Justicia,
que pueden afectar a la profesionalidad, imparcialidad e independencia de los jueces, fiscales y magistrados, cuando personas del entorno familiar y de partido de miembros del Ejecutivo están sujetos a investigación judicial por sospechas de
corrupción ... (Página87)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001304 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre previsión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de realizar un estudio de viabilidad de un nuevo tramo ferroviario Cinco
Casas-Tomelloso-Socuéllamos, como paso previo a la redacción del Proyecto Constructivo de esta nueva línea ... (Página87)
181/001305 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre previsión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de la realización de un estudio de viabilidad y la potencial implantación de un servicio de
trenes de Cercanías en el poniente almeriense ... (Página87)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001298 Pregunta formulada por los Diputados María Isabel Prieto Serrano (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP) y Teniente Sánchez, Cristina (GP), sobre motivos que explican el aumento del número de despidos, traspasando la barrera de
los 600.000 despidos según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, del ejercicio 2023, suponiendo esta cifra un incremento en apenas dos años del 35%, mientras que durante los años previos a la reforma laboral se mantenían
en una cifra muy inferior ... (Página88)
181/001299 Pregunta formulada por los Diputados María Isabel Prieto Serrano (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP) y Torres Tejada, María (GP), sobre razones que justifican que después de la reforma laboral de 2021 se hayan incrementado
exponencialmente los despidos en un porcentaje del 35% y a su vez se hayan reducido las cifras del paro registrado ... (Página88)
181/001300 Pregunta formulada por los Diputados María Isabel Prieto Serrano (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP) y Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), sobre motivos que explican que después de la reforma laboral la indemnización media de
los despidos se ha reducido 7.400 euros, suponiendo una caída del 35% de la cuantía con respecto al año 2021, afectando dicha merma principalmente a los contratos indefinidos dado que los contratos temporales mantienen una compensación similar a la
existente antes de la reforma ... (Página88)
Comisión de Política Territorial
181/001297 Pregunta formulada por los Diputados Jorge Campos Asensi (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX) y Mejías Sánchez, Carina (GVOX), sobre justificación de la delegación de competencias estatales en materia de inmigración en
una Comunidad Autónoma, cuando las cuestiones de inmigración afectan al núcleo mismo de la soberanía del Estado ... (Página89)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001307 Pregunta formulada por los Diputados César Sánchez Pérez (GP) y Melgarejo Moreno, Joaquín (GP), sobre proyectos y medidas, y su estado de ejecución actual, que se han puesto en marcha en los últimos cuatro años del Plan de Acción
2021-2025 en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 para adaptar nuestro país y hacer frente a fenómenos extremos como los incendios, las inundaciones y las sequías, así como plazos que se contemplan y principales
líneas de actuación del nuevo Plan de Acción 2025-2030 ... (Página89)
Comisión de Igualdad
181/001306 Pregunta formulada por las Diputadas María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX) y De Meer Méndez, Rocío (GVOX), sobre razón por la que no se condenan las agresiones a niñas y mujeres por parte de
extranjeros ... (Página89)
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001303 Pregunta formulada por los Diputados Ángel López Maraver (GVOX), y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre razones de la escasez de examinadores de tráfico ... (Página90)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/027406 Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando González López, Nahuel Rivera Arias, Engracia Valero Morales, Juan Antonio Alonso Cantorné, Fèlix Sierra Caballero, Francisco
Detalle acerca de los acuerdos de patrocinio, apoyo institucional, cesión de imagen, subvenciones o facilidades públicas que mantiene el Gobierno para la edición vigente de La Vuelta y previsiones acerca de exigir la exclusión del equipo
Israel-Premier Tech mientras persistan las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia relativas a Gaza ... (Página90)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley relativa a la escalada de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y la utilización del hambre como arma de guerra por parte de Israel, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde que Israel impusiera un bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria en marzo de 2025, la catástrofe en la Franja de Gaza ha alcanzado niveles sin precedentes. Según informes de Naciones Unidas, la desnutrición aguda infantil se ha
triplicado y la totalidad de la población gazatí enfrenta una hambruna impuesta, sistemática y prolongada, que ya ha entrado en su fase más grave y letal. La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) indica que más de dos
millones de personas se encuentran en niveles críticos de inseguridad alimentaria (Fase 3 o superior), mientras que al menos 470.000 personas están ya en Fase 5 (Catástrofe/Hambruna), con riesgo inminente de fallecimiento por inanición en cuestión
de horas o días.
Esta situación responde a una estrategia deliberada de desplazamiento forzoso de la población palestina, que combina la destrucción sistemática de infraestructuras civiles esenciales, la utilización del hambre como arma de guerra y la
militarización de la asistencia humanitaria. Desde hace meses, y en el contexto de un apagón informativo casi total, Israel ha masacrado a miles de civiles mientras les obliga a desplazarse hacia el sur de la Franja, confinándolos en las llamadas
'zonas de concentración', donde ya se hacina más del 40 % de la población gazatí.
Como parte de esta estrategia, Israel ha restringido el acceso a alimentos estableciendo solo cuatro centros de distribución para más de dos millones de personas: uno en la zona central, a lo largo del Corredor Netzarim, y tres en el sur,
al oeste de Rafah. Paralelamente, ha expulsado a agencias humanitarias internacionales con capacidad para organizar una distribución eficaz y segura, externalizando la ayuda a contratistas extranjeros reunidos en torno a la Gaza Humanitarian
Foundation (GHF), una entidad opaca respaldada por Estados Unidos que ha desplazado de facto a las agencias de Naciones Unidas.
Este sistema de distribución no responde a criterios humanitarios ni garantiza la protección de la población civil. Tal como han denunciado expertos/as, analistas y organizaciones internacionales, se trata de un instrumento de control y
desplazamiento forzado, donde la ayuda se convierte en mecanismo de coerción. Los centros GHF están militarizados, rodeados por alambradas, vigilados por francotiradores, drones y tanques, generando un clima de terror y provocando sucesivas
estampidas, asfixias y asesinatos en los momentos de reparto.
Desde mayo de 2025, más de 875 personas han muerto en estos puntos de distribución. Solo en Khan Younis, el 18 de junio, se registraron 70 muertes, y el 16 de julio al menos 21 personas fallecieron aplastadas o asfixiadas. Diversos
reportajes periodísticos y testimonios verificados han documentado que las fuerzas israelíes disparan contra las multitudes cuando se sobrepasa el tiempo de espera, se transgreden los perímetros establecidos o simplemente por llegar antes de lo
permitido. Amnistía Internacional ha denunciado que Israel ha convertido los puntos de distribución de alimentos en Gaza en auténticas trampas mortales, donde las familias deben afrontar una elección imposible: morir de hambre o morir intentando
conseguir comida.
A ello se suma el colapso absoluto del sistema sanitario y de protección civil en Gaza, como consecuencia de meses de ataques sistemáticos y deliberados contra hospitales, clínicas, ambulancias, depósitos de medicamentos y refugios de
emergencia. Organizaciones como la OMS, Médicos Sin Fronteras, la Media Luna Roja y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) han denunciado la destrucción intencionada de la infraestructura sanitaria y la criminalización del
personal médico, de rescate y humanitario. Cientos de profesionales sanitarios y rescatistas han sido detenidos y trasladados a campos militares israelíes, dondese han reportado torturas, desapariciones forzadas, humillaciones y tratos crueles e
inhumanos.
Estas acciones constituyen violaciones graves del derecho internacional humanitario y podrían ser calificadas como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso actos de genocidio, conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El uso del hambre como arma de guerra está tipificado en el artículo 8.2.b.xxv del Estatuto de Roma; los ataques sistemáticos contra la población civil como
actos inhumanos generalizados en su artículo 7; y la imposición deliberada de condiciones de vida dirigidas a destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico o religioso, en el artículo II.b de la Convención sobre el Genocidio.
La arquitectura del hambre implementada por Israel en Gaza, en coordinación con su aparato militar, configura un ejemplo extremo de ingeniería humanitaria dirigida a culminar la limpieza étnica del territorio. La instrumentalización de la
ayuda como herramienta de represión, el control absoluto del acceso a bienes esenciales, la criminalización de la asistencia médica y el confinamiento forzoso en zonas inhabitables constituyen un patrón sistemático que amenaza gravemente la
estabilidad regional y el orden jurídico internacional.
España, como Estado parte del Estatuto de Roma, de los Convenios de Ginebra y de la Convención sobre el Genocidio, tiene el deber de actuar de conformidad con el derecho internacional, en virtud de las obligaciones erga omnes que comprometen
a todos los Estados a prevenir, detener y sancionar los crímenes internacionales más graves. El silencio, la inacción o cualquier forma de complicidad, ya sea política, diplomática o material, pueden dar lugar a una corresponsabilidad internacional
conforme al artículo III de la Convención sobre el Genocidio, que tipifica como delito la complicidad con actos genocidas.
En este contexto, varios Gobiernos agrupados en el denominado 'Grupo de La Haya' están dando ya pasos concretos para garantizar la aplicación efectiva del derecho internacional. En su última conferencia, celebrada en Bogotá los días 15 y 16
de julio de 2025, doce Estados -entre ellos Colombia, Bolivia, Indonesia, Sudáfrica, Malasia y Nicaragua- adoptaron una hoja de ruta conjunta que incluye la prohibición de exportaciones de armas, municiones y bienes de doble uso a Israel, la
revisión de contratos públicos que puedan implicar apoyo económico directo o indirecto a la ocupación, y el respaldo activo a mecanismos de jurisdicción universal para la investigación y enjuiciamiento de crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y genocidio.
Los Estados firmantes reafirmaron también su compromiso con la ejecución de las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia y con el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional como herramienta efectiva de justicia
internacional. Esta iniciativa colectiva, liderada desde el Sur Global frente a la inacción de muchas potencias occidentales, representa un precedente significativo en la aplicación coherente del derecho internacional, y evidencia la voluntad de
articular respuestas jurídicas y políticas que pongan fin a la impunidad y al uso instrumental de la legalidad internacional.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, junto con otros Estados, organismos multilaterales y la Unión Europea, el lanzamiento inmediato de operaciones coordinadas de lanzamientos aéreos humanitarios en toda la Franja de Gaza, con el fin de garantizar el acceso
urgente de la población civil a alimentos, agua potable, suministros médicos y artículos de primera necesidad;
2. Exigir, en todos los foros internacionales y ante Naciones Unidas, la restauración inmediata de las operaciones de ayuda humanitaria dirigidas por agencias de la ONU, y la reapertura de todos los cruces fronterizos con Gaza para
garantizar el acceso libre, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria internacional;
3. Solicitar la desmilitarización y el desmantelamiento completo del sistema denominado Gaza Humanitarian Foundation (GHF), y apoyar el inicio de investigaciones internacionales independientes que puedan determinar las responsabilidades
penales de individuos, autoridades e instituciones por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y posibles actos de genocidio cometidos en este contexto;
4. Adoptar todas las medidas necesarias para adherir formalmente a España al Grupo de la Haya y a la hoja de ruta conjunta acordada en Bogotá por doce de sus Estados miembro con relación al cumplimiento de sus obligaciones frente a Israel;
5. Proceder a la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Israel;
6. Proceder a la adopción inmediata de un embargo formal, total y efectivo de armas al Gobierno de Israel, y su adopción a nivel europeo;
7. Continuar impulsando la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Francesc-Marc Álvaro i Vidal y Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre medidas urgentes ante el genocidio del pueblo palestino y la crisis humanitaria en Gaza, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Estado de Israel ha puesto en marcha una fase aún más trágica y crítica del genocidio del pueblo palestino con una ofensiva militar directa para ocupar la ciudad de Gaza y obligar a desplazarse al millón de personas que todavía viven
allí. El Gabinete de
Seguridad ha aprobado el plan de Benjamín Netanyahu, que constituye el primer paso de una operación militar para desarmar a Hamás, lograr el retorno de los rehenes, establecer una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la
Autoridad Palestina y, mientras tanto, transferir el control a fuerzas árabes.
Desde el inicio del conflicto, Israel ha asesinado a más de 60.000 personas inocentes. De estas, 200 hombres, mujeres y niños han muerto a causa de la desnutrición y el hambre, y 1.650 fueron abatidas por las fuerzas armadas israelíes
mientras intentaban acceder a alimentos o agua.
La situación es insostenible. Gaza se encuentra abocada a la hambruna generalizada, a una malnutrición severa y la destrucción total de servicios esenciales como la salud, el agua, la energía y el saneamiento.
Organizaciones internacionales, entre ellas Médicos Sin Fronteras, denuncian ataques contra infraestructuras civiles y el bloqueo persistente de la ayuda humanitaria. MSF lo expone con claridad en su último informe: nunca en los 54 años de
operaciones de MSF se han visto tales niveles de violencia sistémica contra civiles desarmados. El Estado de Israel, lejos de buscar objetivos militares, persigue deshumanizar y aniquilar al pueblo palestino mediante la destrucción de hospitales,
campos de refugiados y ataques a hombres, mujeres y niños en los centros de distribución de alimentos.
Los centros de distribución de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), entidad controlada por el Estado de Israel con el apoyo de Estados Unidos, se han convertido en centros de asesinatos orquestados. Esta estrategia organizada convierte el
acceso a alimentos y agua en un campo de batalla y transforma los puntos de distribución de ayuda en trampas mortales. MSF reclama su cierre inmediato, la devolución de la gestión a las Naciones Unidas y la suspensión de la financiación a la GHF.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Condenar el genocidio y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario perpetradas por el Estado de Israel contra la población palestina.
2. Declarar un embargo total e inmediato de armas y material bélico al Estado de Israel, incluyendo cualquier transferencia directa o indirecta, licencia de exportación o mantenimiento de contratos vigentes mientras persista el genocidio y
la violación sistemática de los derechos humanos en Palestina, así como promover en el seno de la UE un embargo común, vinculante y generalizado, mediante los mecanismos institucionales oportunos.
3. Instar formalmente a la Unión Europea a suspender el Acuerdo de Asociación con el Estado de Israel, activando las cláusulas relativas al respeto de los derechos humanos y condicionando cualquier futura relación comercial o política al
cumplimiento del derecho internacional humanitario y las resoluciones de las Naciones Unidas.
4. Reforzar la cooperación política, logística y económica con organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Internacional, UNRWA y otros actores presentes en Palestina, garantizando su protección frente a ataques
deliberados, así como la asistencia médica y sanitaria a la población palestina.
5. Exigir al Estado de Israel el fin del bloqueo a la ayuda humanitaria y la garantía de entrada masiva y sin restricciones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, coordinada y supervisada por las Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de agosto de 2025.-Jordi Salvador i Duch y Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància dels Diputats Francesc-Marc Álvaro Vidal i Jordi Salvador Duch, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei
sobre mesures urgents davant el genocidi del poble palestí i la crisi humanitària a Gaza per al seu debat a en la Comissió d'Afers Exteriors.
Exposició de motius
L'Estat d'lsrael ha posat en marxa una fase encara més tràgica i crítica del genocidi del poble palestí amb una ofensiva militar directa per ocupar la ciutat de Gaza i obligar a desplaçar-se al milió de persones que encara hi viuen. El
Gabinet de Seguretat ha aprovat el pla de Benjamín Netanyahu, que és el primer pas d'una operació militar per desarmar Hamàs, el retorn deis ostatges, l'establiment d'una administració civil alternativa que no sigui ni Hamàs ni l'Autoritat Palestina
i mentrestant, transferir el control a forces àrabs.
Des de l'inici del conflicte, Israel ha assassinat a més de 60.000 persones innocents. D'aquestes, 200 homes, dones i infants han mort a causa de la desnutrició i la fam i 1.650 van ser abatudes per les forces armades israelianes mentre
intentaven accedir a aliments o aigua.
La situació és inassolible. Gaza es troba abocada a la fam generalitzada, una malnutrició severa i la destrucció total de serveis essencials com la salut, l'aigua, l'energia i el sanejament.
Organitzacions internacionals, entre elles Metges Sense Fronteres, denuncien atacs contra infraestructures civils i el bloqueig persistent de l'ajuda humanitària. MSF ho exposa amb claredat al seu últim informe: mai en els 54 anys
d'operacions de MSF s'han vist tais nivells de violència sistèmica contra civils desarmats. L'Estat d'lsrael lluny de buscar objectius militars, persegueix deshumanitzar i aniquilar el poble palestí mitjanant la destrucció d'hospitals, camps de
refugiats i atacant a homes, dones i infants ais centres de distribució d'aliments.
Els centres de distribució de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), entitat controlada per l'Estat d'lsrael amb el suport deis Estats Units, s'han convertit en centres d'assassinats orquestrats. Aquesta estratègia organitzada converteix
l'accés a aliments i aigua en un camp de batalla i transforma els punts de distribució d'ajuda en trampes mortals. MSF en reclama el tancament immediat, la devolució de la gestió a les Nacions Unides i la suspensió del finançament a la GHF.
És intolerable que se segueixi permetent el genocidi a Palestina amb la complicitat de la comunitat internacional que, com la Unió Europea manté l'acord d'associació amb Israel, sense aplicar ni embargaments d'armes ni sancions contundents
que tinguin conseqüències sobre l'Estat d'lsrael i l'ofensiva militar.
Per tot el que s'ha exposat, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés deis Diputats insta al govern espanyol a:
1. Condemnar el genocidi i les violacions sistemàtiques de drets humans i dret internacional humanitari perpetrades per l'Estat d'lsrael contra la població palestina.
2. Declarar un embargament total i immediat d'armes i material bèl·lic a l'Estat d'lsrael, incloent-hi qualsevol transferència directa o indirecta, llicència d'exportació o manteniment de contractes vigents mentre persisteixi el genocidi i
la violació sistemàtica de drets humans a Palestina, així com promoure dins la UE un embargament comú, vinculant i generalitzat, mitjançant els mecanismes institucionals oportuns.
3. Instar formalment a la Unió Europea a suspendre l'Acord d'Associació amb l'Estat d'lsrael, activant les clàusules relatives el respecte deis drets humans i condicionant qualsevol futura relació comercial o política al compliment del dret
internacional humanitari i les resolucions de les Nacions Unides.
4. Reforçar la cooperació política, logística i econòmica amb organitzacions internacionals, com Metges Sense Fronteres, Creu Roja Internacional, UNRWA i altres actors presents a Palestina, garantint la seva protecció davant atacs
deliberats, així com l'assistència mèdica i sanitària a la població palestina.
5. Exigir a Israel la fi del bloqueig d'ajuda humanitària i la garantia d'entrada massiva i sense restriccions d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza, coordinada i supervisada per les Nacions Unides.'
Congrés dels Diputats, a 11 agost de 2025.-Jordi Salvador i Duch y Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputats.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
161/002407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Hoces Íñiguez, José María Sánchez García y Carlos Flores Juberías, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la inclusión del Cártel de los Soles en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea, para su discusión en la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. El Cártel de los Soles y su inclusión en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea
El Cártel de los Soles es una organización criminal transnacional de origen venezolano, con presencia en varios Estados miembros, vinculada directamente a actividades de narcotráfico, trata de personas, extorsión, secuestros, desapariciones
forzadas, asesinatos selectivos y otras formas graves de violencia organizada.
Estos actos encajan en la definición de actos terroristas y de grupo terrorista recogida en el artículo 1 de la Posición Común del Consejo de 27 de diciembre de 2001 sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo,
la cual prevé, por vía de anexo, una lista de personas, grupos y entidades a los que se refiere el referido artículo, así como su revisión periódica.
La inclusión del Cártel de los Soles en el listado de organizaciones terroristas implica, por un lado, la congelación de los fondos y otros activos financieros o recursos económicos, así como la garantía de que no se pongan, ni directa ni
indirectamente, a su disposición ningún fondo, activo financiero, recurso económico ni servicio financiero ni servicio conexo; y, por otro lado, la cooperación policial y judicial de los Estados miembros de la Unión Europea en materia penal.
Recientemente, Estados Unidos ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista. Se trata -señalan- 'de un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen de Maduro,
que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente a Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa' 1. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunciaba el
pasado 8 de agosto, la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro 2.
De igual forma, naciones hispanoamericanas como Ecuador o Paraguay han impulsado su reconocimiento como organización terrorista.
1 https://www.state.gov/translations/spanish/el-departamento-del-tesoro-sanciona-a-un-cartel-venezolano-dirigido-por-maduro
2 https://x.com/AGPamBondi/status/1953583017353466306
Segundo. El respaldo del régimen cubano
En otro orden, el respaldo del régimen cubano al gobierno ilegítimo de Venezuela, que sostiene y protege al jefe del Cártel, Nicolás Maduro, se trata de un hecho absolutamente incompatible con el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación
entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro, el cual se asienta sobre principios tales como el 'respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y sus protocolos facultativos que sean aplicables a la Partes, y el respeto del Estado de
Derecho', constituidos estos como 'un elemento esencial' del Acuerdo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover en el seno de la Unión Europea la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas, así como su incorporación en la próxima revisión.
2. Impulsar la activación de la cláusula democrática prevista en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba en vista del respaldo político y operativo que dicho régimen brinda a Nicolás Maduro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2025.-Ignacio Hoces Íñiguez, José María Sánchez García y Carlos Flores Juberías, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la situación de los presos
políticos en Cuba, con especial atención al caso de José Daniel Ferrer, y a la necesidad de una respuesta firme frente a la represión política ejercida por el régimen cubano, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es hoy uno de los principales referentes de la oposición democrática dentro de la isla de Cuba. Su compromiso con la defensa pacífica de los derechos humanos y las
libertades fundamentales le ha convertido en objetivo constante de la represión del régimen cubano. El pasado 29 de abril de 2025, las autoridades cubanas revocaron de forma arbitraria la libertad condicional de la que gozaba Ferrer García desde
agosto de 2021, reingresándolo en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Diversas organizaciones como Amnistía Internacional, Prisoners Defenders, Human Rights Watch, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas han denunciado repetidamente
que Ferrer García es un preso de conciencia y que su privación de libertad responde exclusivamente a motivaciones políticas. Desde su reclusión, la situación ha empeorado gravemente: según fuentes familiares y medios independientes, Ferrer García
se encuentra sometido a un régimen de aislamiento extremo, sin acceso a alimentos suficientes,
asistencia médica ni condiciones básicas de higiene, y habría iniciado una huelga de hambre como forma de protesta.
A esta situación se suman las constantes denuncias de torturas físicas y psicológicas, documentadas en informes recientes que revelan patrones de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro del sistema penitenciario cubano hacia todos los
presos políticos. La falta de garantías procesales, la imposibilidad de acceder a una defensa efectiva y la ausencia de supervisión judicial independiente han consolidado y generalizado un escenario de violaciones sistemáticas de los derechos
humanos.
El Servicio Europeo de Acción Exterior, en un comunicado oficial fechado en mayo de 2025, expresó su preocupación por la revocación de la libertad condicional de Ferrer García y del también opositor Félix Navarro. Sin embargo, la
continuidad del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y el régimen cubano supone un contrasentido difícil de justificar ante la opinión pública. Este marco de relación bilateral exige, como condición esencial, el
respeto a los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. La permanencia del acuerdo sin consecuencias concretas frente a situaciones como la de Ferrer García mina la credibilidad internacional de la política exterior
europea y debilita el principio de condicionalidad democrática.
España, como Estado miembro de la UE y como nación históricamente vinculada al pueblo cubano, no puede permanecer indiferente ante esta grave situación. La defensa de los derechos humanos, la protección de los opositores pacíficos y la
exigencia de condiciones mínimas de dignidad y libertad para quienes luchan por un cambio democrático en Cuba deben estar en el centro de nuestra acción diplomática.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar la liberación -inmediata y sin condiciones- de José Daniel Ferrer García, así como del resto de los presos políticos en Cuba.
2. Instar a la Unión Europea a implicarse activamente en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, promoviendo una posición común firme frente a la represión del régimen y respaldando a la disidencia
democrática y la liberación de los presos políticos.
3. Denunciar en todos los foros multilaterales y bilaterales pertinentes (UE, ONU, OEA), la revocación arbitraria de su libertad condicional y las condiciones de tortura denunciadas.
4. Reafirmar el compromiso de España con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión, exigiendo responsabilidades al régimen cubano por su política de represión sistemática de disidentes pacíficos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2025.-Belén Hoyo Juliá, Carlos Javier Floriano Corrales, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Manuel García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez
Pérez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre el reconocimiento de la
situación de indefensión jurídica de periodistas nicaragüenses exiliados y el impulso de medidas de protección en España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha intensificado en los últimos años una estrategia de represión sistemática contra periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas y miembros de la sociedad
civil. Esta represión ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, y numerosas organizaciones no gubernamentales
dedicadas a la libertad de prensa y la defensa de los derechos fundamentales.
Una de las manifestaciones más alarmantes y recientes de esta represión es la práctica conocida como apatridia de facto, consistente en la negativa deliberada por parte del Estado nicaragüense a renovar o emitir documentación oficial
(pasaportes, certificados de nacimiento, cédulas de identidad) a ciudadanos críticos con el régimen, particularmente periodistas. Esta práctica, que no requiere de un acto jurídico formal de desnacionalización, tiene efectos igualmente devastadores
al privar a las personas de su identidad legal, limitar su libertad de movimiento, impedir su acceso a servicios básicos, y, por tanto, dejarlos en una situación de completa indefensión jurídica.
Numerosos informes internacionales han señalado que esta táctica representa una vulneración flagrante del derecho internacional, en particular del artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas de 1954. El Grupo de Expertos de Naciones Unidas ha advertido que estas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al tratarse de actos sistemáticos de persecución y exclusión por motivos políticos.
En este contexto, siete periodistas nicaragüenses actualmente exiliados en Costa Rica han solicitado formalmente al Gobierno de España acogerse al procedimiento excepcional de concesión de nacionalidad por carta de naturaleza, como ya se
hiciera con los 222 nicaragüenses apátridas reconocidos en 2023. La solicitud fue entregada el pasado 19 de junio en el Consulado General de España en San José, y está dirigida al Rey, al presidente del Gobierno, a las vicepresidencias y al
ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como al presidente de esta Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.
Esta petición cuenta con el respaldo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que han hecho un llamamiento público para que España aplique a este grupo de periodistas los mecanismos de protección ya
existentes y reconozca su situación como equivalente a la apatridia. Ambas entidades subrayan que, aunque técnicamente siguen siendo nicaragüenses, han sido eliminados del registro civil, no pueden obtener documentos de identidad ni pasaportes, y
se les impide regresar a su país, por lo que no pueden ejercer ninguno de los derechos inherentes a la nacionalidad.
Entre los firmantes de esta solicitud se encuentran periodistas de trayectoria reconocida como Carmen Lucía Navas (directora de Expediente Público), Óscar Navarrete (fotógrafo del diario La Prensa), Gerall Chávez (Nicaragua Actual), Donaldo
Hernández (VOA Noticias), Luis Eduardo Martínez (Mosaico), Tania López y Reyna Tapia (Entrepatrias). Todos ellos han sufrido persecución directa, acoso institucional, amenazas y la confiscación o cierre de sus medios de comunicación. Su labor
informativa independiente, centrada en denunciar violaciones de derechos humanos, corrupción y abusos de poder, les ha convertido en objetivos prioritarios de la represión transnacional del régimen Ortega-Murillo.
La defensa de la libertad de prensa, la protección de los informadores que ejercen su labor en contextos autoritarios y el respaldo a quienes han sido despojados de sus derechos fundamentales no son cuestiones ideológicas, sino principios
éticos y democráticos que deben guiar la política exterior de España.
Además, España cuenta con instrumentos legales y constitucionales que permiten actuar de manera eficaz en casos de especial gravedad humanitaria o de relevancia
internacional, como el que nos ocupa. No se trata de interferir en asuntos internos, sino de ejercer una política exterior coherente con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y con los valores que sustentan nuestro
orden constitucional.
En consecuencia, en el actual contexto de Nicaragua es necesario reforzar la posición de España como un país de acogida, comprometido con la libertad de expresión, la protección internacional y la denuncia de las formas modernas de
persecución política.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer la existencia de una estrategia sistemática de represión ejercida por el régimen de Nicaragua que incluye la denegación arbitraria de documentación oficial a periodistas y disidentes.
2. Valorar la situación jurídica y humanitaria de los siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica que han solicitado formalmente la protección de España, reconociendo su especial vulnerabilidad y facilitando, en su caso, su
acceso al procedimiento de concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza, conforme a lo establecido en el artículo 21.1 del Código Civil.
3. Reforzar la atención y acompañamiento a periodistas y defensores de los derechos humanos perseguidos por regímenes autoritarios que soliciten acogida en España, en coordinación con organizaciones internacionales, asociaciones
profesionales y entidades defensoras de la libertad de prensa.
4. Reflejar en los foros internacionales pertinentes la preocupación del Gobierno ante las prácticas represivas del régimen de Ortega-Murillo.
5. Reforzar el compromiso de España con la libertad de expresión, el derecho a la nacionalidad y la protección internacional de quienes ejercen el periodismo en contextos de represión, consolidando así el liderazgo de nuestro país en la
defensa de los derechos humanos y el orden jurídico internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2025.-Belén Hoyo Juliá, Carlos Javier Floriano Corrales, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Manuel García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez
Pérez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/002409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación de la
Gracia del Indulto, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Constitución Española establece en su artículo 62 que corresponde al Rey '(i) ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales'.
Precisamente, esa gracia viene regulada en una ley que ha cumplido ya 155 años de vigencia: la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Por tanto, es una norma que fue promulgada más de un
siglo antes que nuestra vigente Carta Magna, y 125 años antes que el Código Penal.
Se trata de una de las normas más antiguas que perviven en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, a pesar de su larga vigencia, esta norma solo ha sido modificada en tres ocasiones. Dos de ellas tras la aprobación de la Constitución:
la Ley 1/1988, de 14 de enero, por la que se modifica la Ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, que modifica 12 de sus preceptos; y la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por la que se añade una disposición adicional.
Desde 1978 hasta nuestros días, el BOE ha publicado más de diecisiete mil indultos tramitados por el Ministerio de Justicia (que actualmente se denomina Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que fue brevemente
Ministerio de Justicia e Interior).
La vigente ley no establece un listado cerrado de delitos que pueden ser indultados o, al contrario, que queden excluidos de la gracia del indulto. De hecho, la ley establece en su artículo 1 que 'los reos de toda clase de delitos podrán
ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido'. El artículo 2 dice que se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior: los procesados criminalmente que no
hubieren sido aún condenados por sentencia firme; los que no estuvieren a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena; y los reincidentes en el mismo o en otro delito por el cual hubiesen sido condenados por sentencia
firme.
La generosidad con la que la ciudadanía considera necesaria esta institución ha chocado en tiempos recientes con el rechazo causado por la concesión de esta gracia por motivos políticos: en concreto, la aprobación por el Consejo de
Ministros de 22 de junio de 2021 del indulto a los condenados por graves delitos por la Sala Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de octubre de 2019. En los expedientes tramitados no se consideró que conrrieran razones de justicia,
equidad o utilidad pública, que fueran advertidas a juicio del Tribunal sentenciador. Únicamente se acordó otorgar dicha gracia por razones políticas.
Pero no solo los ataques a la integridad territorial del Estado o contra el orden constitucional causan especial repugnancia para impedir el indulto, sino que a la sociedad le cuesta entender que quienes han cometido delitos como los de
terrorismo, corrupción o los cometidos contra menores puedan ser beneficiados con el indulto. Además, si las personas en cuyo favor se está tramitando un indulto ocupen o han ocupado responsabilidades públicas debería reforzarse dicha tramitación
mediante la autorización por una mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso de los Diputados.
La concesión compete únicamente al Consejo de Ministros. Por esta razón, independientemente de la libertad de las Cortes para la legislar lo que consideren oportuno, parece que el Gobierno debería tomar la iniciativa mediante Proyecto de
Ley. Esto permitiría contar, en fase de anteproyecto, con el criterio del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado entre otros órganos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 87 de la Constitución Española y el artículo 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, un proyecto de ley que
modifique la Ley
de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, que prohíba indultar a quienes han cometidos delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado,
contra el orden constitucional y los cometidos contra menores, además de reforzar la tramitación con la participación del Congreso de los Diputados cuando quien se pretende indultar ocupe o haya ocupado responsabilidades políticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto de 2025.-Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma, Rafael Benigno Belmonte Gómez, María Eugenia Carballedo Berlanga, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Javier Noriega Gómez, Álvaro Pérez
López, María Jesús Moro Almaraz, Macarena Lorente Anaya, Isabel María Borrego Cortés, Agustín Conde Bajén, Silvia Franco González, Jaime Eduardo de Olano Vela y José Manuel Velasco Retamosa, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/002370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la seguridad ciudadana durante el periodo estival ante el aumento de la delincuencia vinculada a la inmigración masiva y
descontrolada, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Los informes anuales de Seguridad Nacional vienen recogiendo año a año el riesgo que los flujos migratorios irregulares representan para la Seguridad Nacional. Los datos hablan por sí solos: 'El año 2024 ha sido el de mayor número de
llegadas de inmigrantes irregulares por vía marítima a España en la serie histórica que se dispone. Así, el número de llegados por vía irregular marítima (61.372) superó en un 10,3 % al año anterior de 2023 (55.618) y en un 6,65 % a 2018 (57.498),
anterior récord histórico' 3.
Durante el período estival, existe un preocupante incremento en la llegada de inmigrantes ilegales, especialmente por vía marítima. De los datos que se desprenden de los informes de inmigración, observamos que, durante cada estación estival
entraron en España en los últimos años una media de más de 12.000 inmigrantes ilegales cada año.
Los recientes incidentes ocurridos en el municipio murciano de Torre Pacheco han vuelto a poner sobre la mesa el preocupante deterioro de la seguridad ciudadana que se vive en nuestros barrios, a consecuencia directa de la invasión
inmigratoria, que no solo no recibe respuesta por parte del Gobierno, sino que es fomentada por su política de fronteras abiertas. La brutal agresión a un vecino español de 68 años, presuntamente a manos de inmigrantes ilegales de origen magrebí,
dos de ellos ya detenidos, hacen temer una réplica de dichos acontecimientos en distintos puntos de nuestra geografía. Estas agresiones, disturbios y altercados preocupan a los españoles que ven cómo esta situación de inseguridad es cada vez más
frecuente en España, Dicha situación ha alcanzado un
3 Informe Anual de Seguridad Nacional 2024, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno: https://www.dsn.gob.es/sites/default/files/2025-05/IASN2024%20ACCESIBLE.pdf
punto límite ante la inacción y la desidia del Gobierno, lo que ha merecido la respuesta del pueblo español, que se manifiestan contra la inseguridad de sus calles.
En los últimos tres meses, España ha sido testigo de una alarmante oleada de crímenes asociados principalmente a individuos de origen extranjero, muchos de ellos inmigrantes ilegales. En mayo, destacó la desarticulación en Alicante de una
red criminal argelina dedicada al tráfico de drogas e inmigrantes mediante narcolanchas, mientras en Madrid un argelino protagonizó un violento ataque en un centro de menores no acompañados. La violencia se repitió también en Parla, donde una
batalla campal protagonizada por jóvenes marroquíes dejó varios heridos y resultó en 16 detenciones. Durante el mes de junio asistimos en Formentera al hallazgo de cinco argelinos maniatados y asesinados en el mar, probablemente por disputas entre
traficantes, y se registraron diversas agresiones sexuales, intentos de asesinato, robos violentos y atropellos protagonizados por marroquíes, argelinos y nigerianos en ciudades como Granada, Valencia, Huelva, Madrid y Jaén. En julio, la tendencia
criminal se mantuvo, con hechos tan graves como la violación de una joven en Ceuta a manos de un argelino, los hechos de Alcalá de Henares y Torre Pacheco, homicidios y apuñalamientos en diferentes puntos del país, así como el estremecedor caso de
una menor quemada viva en Las Palmas a manos de un marroquí con orden de expulsión, llegado en patera un mes antes. Además, bandas de magrebíes y otras nacionalidades continuaron protagonizando robos y agresiones con extrema violencia, evidenciando
un auge delictivo vinculado principalmente a inmigrantes ilegales 4.
Los meses de verano se caracterizan por la celebración de las fiestas patronales en numerosos municipios de nuestra geografía y así como una mayor actividad al aire libre. Ello, unido al incremento de la inmigración ilegal durante este
periodo, requiere una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos para garantizar la seguridad ciudadana, toda vez que los eventos congregan a miles de personas en espacios públicos y turísticos, lo que justifica una presencia policial
proporcionada.
Este escenario se agrava por la falta de medios y de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que carecen del respaldo político y de los recursos necesarios para garantizar un servicio eficaz. Un ejemplo flagrante ha sido
el abandono del ministro del Interior a los agentes de la Policía Nacional desplegados en la última cumbre de la ONU celebrada en Sevilla, donde los policías se vieron obligados a adelantar 1.000 euros de su bolsillo para cubrir su manutención,
asimismo, también recibiendo comida en mal estado 5.
En definitiva, en este contexto, urge garantizar la convivencia y la seguridad en nuestras ciudades y pueblos durante el periodo estival y más en particular de las festividades regionales, dotando a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado de los medios necesarios para ello.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Incrementar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que velarán por la seguridad de los españoles, especialmente durante los periodos vacacionales que favorecen la estancia al aire libre, y en aquellas
zonas en las que se celebran festivos regionales, donde la población crece de forma exponencial.
2. Dotar a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios materiales, humanos y económicos necesarios que garanticen la seguridad y permitan el ejercicio efectivo de sus funciones.
4 https://gaceta.es/espana/espana-sufre-una-oleada-de-violaciones-robos-atropellos-y-asaltos-cometidos-por-magrebies-alentados-por-las-politicas-migratorias-del-pp-y-del-psoe-20250718-1202/
5 https://gaceta.es/espana/marlaska-ningunea-a-la-policia-y-les-obliga-a-adelantar-1-000-euros-para-su-manutencion-en-la-cumbre-de-la-onu-en-sevilla-20250619-1517/
3. Rechazar la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal alentada y promovida por el Partido Popular y el Partido Socialista.
4. Deportar de forma inmediata a todos los inmigrantes ilegales presentes en territorio español.
5. Ejecutar de forma preferente y urgente todas las órdenes de expulsión que pesen sobre inmigrantes en suelo español.
6. Expulsar a aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida.
7. Cerrar las mezquitas o centros de culto que propaguen ideas contrarias a nuestra cultura e identidad, a nuestras costumbres y a la igual dignidad entre hombres y mujeres, como el radicalismo islámico y la yihad.
8. Rechazar la apertura de cualquier tipo de centro de acogida de inmigrantes ilegales y plantear el cierre de los que están en funcionamiento, por constituir focos de inseguridad en nuestras calles.
9. En tanto no se logre el cierre, promover que se adopten las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y muy especialmente la seguridad de
los vecindarios aledaños.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2025.-Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acabar con la discriminación de las
personas viudas de parejas de hecho, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La discriminación, en sus múltiples formas, ha sido una constante a lo largo de la historia social y jurídica. Aunque en las últimas décadas se han logrado avances significativos en materia de igualdad, aún persisten estructuras normativas
que mantienen o generan desigualdades injustificadas entre colectivos. Un caso paradigmático de discriminación normativa lo encontramos en la regulación española de las pensiones de viudedad, en particular, en el trato desigual que han recibido las
parejas de hecho frente a los matrimonios tradicionales.
Durante años, las parejas de hecho han sido objeto de una discriminación institucionalizada en relación con el acceso a derechos sociales y prestaciones públicas. En el contexto del sistema público de pensiones, estas parejas enfrentaban
obstáculos económicos y legales que les impedían acceder a la pensión de viudedad en igualdad de condiciones con los matrimonios. Esta exclusión se basaba en criterios que no atendían a la realidad social ni a la diversidad de modelos familiares
que conviven actualmente en la sociedad española.
En 2019, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo reclamó a España que acabase con la discriminación legal que sufrían las viudas y viudos de parejas de hecho.
La reforma de las pensiones que acordó la Comisión del Pacto de Toledo incluyó entre sus recomendaciones finales una sobre la pensión de viudedad, que no solo no restringiría derechos de cobro, sino que suprimiría la discriminación sobre los
beneficiarios por el hecho de no haber establecido una unión matrimonial.
En aplicación de lo anterior, el legislador introdujo una reforma significativa mediante la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, orientada a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y reforzar la sostenibilidad del sistema público. El
artículo 1.10 de dicha norma modificó el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social para suprimir los requisitos económicos que penalizaban a las parejas de hecho en el acceso a la pensión de viudedad. Esta modificación supuso un hito
importante, ya que puso fin a una discriminación histórica que, por razones meramente formales, había privado a muchas personas de un derecho esencial por el simple hecho de no haber contraído matrimonio.
No obstante, y de manera paradójica, la misma ley introdujo una nueva limitación mediante el punto 18 del citado precepto, que añadió una Disposición Adicional Cuadragésima en la Ley General de la Seguridad Social.
Esta Disposición Adicional, en su punto c), determina que la pensión de viudedad de las parejas de hecho es compatible con las rentas del trabajo, pero incompatible con otra pensión contributiva, lo que a la postre significa que cuando se
accede o se solicita otra prestación contributiva como la de jubilación, el INSS las considera incompatibles y suspende la de menor importe.
Por tanto, aunque la Ley 21/2021 supuso una mejora sustancial para las viudas y viudos de parejas de hecho mientras están en activo, sigue existiendo una clara discriminación con respecto a aquellas que enviudaron antes de la entrada en
vigor de la citada norma, para las cuales las prestaciones de viudedad y jubilación siguen resultando incompatibles.
Este régimen de incompatibilidad no se aplica a los matrimonios, ni a aquellas parejas de hecho cuyo hecho causante ocurrió a partir del 1 de enero de 2022. En estos casos, ambas pensiones (viudedad y jubilación) son plenamente compatibles.
Esta diferencia de trato genera una nueva forma de discriminación, especialmente gravosa para personas mayores que, habiendo perdido a su pareja antes de la fecha de corte, ven restringido su derecho a una protección económica digna y equitativa.
La situación actual vulnera principios básicos de igualdad y no discriminación recogidos en la Constitución Española y en tratados internacionales suscritos por España. No puede justificarse que el acceso a un derecho tan fundamental como
una pensión dependa del estado civil o de la fecha en que se produjo un fallecimiento. Estas diferencias normativas se traducen en desigualdad material, perpetuando un modelo que castiga a quienes decidieron no casarse, a pesar de haber construido
una vida en común bajo los mismos parámetros de convivencia y dependencia económica que cualquier matrimonio.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de coalición a adoptar las medidas necesarias para que las pensiones de viudedad de personas cónyuges de parejas de hecho sean compatibles con cualesquiera otras pensiones en términos idénticos
a los matrimonios, sea cual sea la fecha del hecho causante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2025.-Jorge Pueyo Sanz y Aina Vidal Sáez, Diputados.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección internacional de las personas procedentes de la República
Democrática del Congo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Nacional y Migraciones.
Exposición de motivos
La República Democrática del Congo (RDC) vive desde hace décadas una violencia cíclica e indiscriminada que asola el país, y que ha llevado a millones de ciudadanos y ciudadanas a huir.
Desde 2023 se viene produciendo una grave emergencia humanitaria y de seguridad, consecuencia de enfrentamientos violentos persistentes debido al aumento del número de combates, así como su intensidad, entre las milicias paramilitares y las
fuerzas gubernamentales. Todo ello, acompañado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como de una extrema violencia de género y sexual sobre mujeres y niñas.
Según ACNUR, más de trece millones de personas necesitan ayuda urgente, cerca de 7 millones de personas han sido desplazadas dentro del país, viviendo la mayoría en campos saturados en precarias condiciones, y más de 1 millón en países
vecinos, aumentando la presión sobre las ya empobrecidas comunidades de acogida. Lo que se une a que este país acoge a más de 500.000 refugiados y refugiadas de otros países de su entorno.
La toma de la ciudad de Goma por parte del Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por fuerzas ruandesas, constituye una flagrante violación del derecho internacional, y se estima ha provocado el desplazamiento de más de 500.000 personas,
cuya seguridad está gravemente amenazada.
En ese contexto, es necesario atender a las solicitudes de protección internacional de las personas procedentes de RDC, que buscan seguridad y protección. Especialmente vulnerables son las mujeres y niñas, víctimas en muchos casos de
violencia de género y de violencia sexual como arma de guerra, así como de la explotación y la discriminación.
Desde el Gobierno de España, estos últimos años se lleva haciendo un esfuerzo adicional por resolver diligentemente el creciente número de solicitudes de protección internacional, 96.251 expedientes resueltos en el año 2024.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir asumiendo el liderazgo en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, contribuyendo a crear un entorno más seguro para las personas que solicitan asilo, especialmente aquellas que provienen de contextos de violencia
extrema, como es el caso de la República Democrática del Congo.
2. Continuar impulsando la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad a través de programas y colaboraciones con socios regionales, internacionales, locales y de la sociedad civil y seguir trabajando para limitar los efectos nocivos de los conflictos
armados en la población más vulnerable.
3. Promover la creación de nuevos instrumentos de apoyo a la prevención y resolución de conflictos en el continente africano, sin perjuicio de la contribución española
a iniciativas de organizaciones multilaterales regionales y globales, especialmente las Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2025.-Luc Andre Diouf Dioh, María Carmen Castilla Álvarez, Luis Antonio Gómez Piña, Elisa Garrido Jiménez, Alberto Mayoral de Lamo, Valle Mellado Sierra, María Mercè Perea i Conillas,
Luis Alfonso Rey de las Heras, Ada Santana Aguilera, Emilio Sáez Cruz, Marta Trenzano Rubio y Blanca Cercas Mena, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento de la estabilidad
en las relaciones laborales, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, prometía acabar con la precariedad laboral. Simplificando
mucho la problemática estructural de nuestro mercado laboral, prometió acabar con la temporalidad, prohibiendo los contratos temporales.
Así, la medida estrella de la nueva reforma laboral y que más repercusión ha tenido en el mercado laboral, fue prohibir el contrato por obra y servicio, una modalidad contractual muy utilizada en nuestro país, y estableció un periodo
transitorio de tres meses para que las empresas pudieran adaptarse a la nueva legislación. Esta fue la única medida implementada por la nueva normativa laboral para fomentar los contratos indefinidos: prohibir los contratos temporales (salvo
contadas excepciones).
Ante esta nueva realidad, las empresas se han visto obligadas a utilizar contratos fijos discontinuos para cubrir actividades temporales. Podemos decir que los contratos fijos discontinuos han venido a reemplazar a los contratos temporales
prohibidos por la reforma laboral, alterando la estructura contractual del mercado laboral. Pero cambiar de nombre a un contrato no resuelve los problemas estructurales del mercado de trabajo.
Esta modalidad contractual no es nueva, ya existía antes de la entrada en vigor de la norma laboral, y siempre se han contabilizado de la misma manera a efectos estadísticos. Sin embargo, al haberse prohibido los contratos por obra y
servicio y haberse limitado los contratos temporales sólo para circunstancias muy tasadas, los fijos discontinuos se han multiplicado de forma exponencial, por lo que esta forma de cómputo no nos permite tener una imagen real de la situación, en el
mercado laboral.
Estas modificaciones en la legislación laboral no han generado más empleo, ni han resuelto la dualidad estructural de nuestro mercado de trabajo, sino que han sustituido un tipo de contrato por otro, para cubrir las mismas necesidades
temporales. La diferencia es que el trabajador temporal contabiliza como parado cuando se extingue su contrato, mientras que el trabajador fijo discontinuo, aunque esté en su casa sin trabajar, sin cotizar y cobrando el paro no cuenta como parado a
efectos de las estadísticas, sino como ocupado. De esta manera, desde el punto de vista estadístico los contratos indefinidos se han multiplicado (aunque sea un contrato indefinido que suponga trabajar un solo mes al año) y los contratos temporales
se han reducido significativamente.
Desde el Grupo Parlamentario Popular y desde múltiples entidades (Instituto Talento e Innovación, BBVA Research y FEDEA entre otras) se ha requerido al Gobierno para que
publique una cifra oficial de los trabajadores fijos discontinuos inactivos. Sin embargo, a día de hoy no hay una cifra fiable.
Sabemos que:
- En diciembre de 2022, el Ministerio de Trabajo y Economía Social reconoció que eran 443.000 personas las que estaban en esta situación.
- El Anuario de Estadísticas Laborales (2024), publicado por el Ministerio de Trabajo, desveló que los trabajadores que estaban en esta situación alcanzaron una media de 687.884 al mes en 2024, un 17,62 % más que en 2023 y un 111 % más que
antes de la reforma laboral.
- El estudio del sindicato USO (con datos de SEPE, EPA y Seguridad Social) estima que a cierre de 2024 había 812.000 trabajadores fijos discontinuos inactivos.
Es evidente que existe un déficit de información en los datos estadísticos facilitados por el SEPE que conviene corregir. Con la información disponible, no es posible conocer con exactitud el número de trabajadores fijos discontinuos que se
encuentran inactivos, lo que supone no poder conocer el paro efectivo y valorar la verdadera situación del mercado laboral. En definitiva, mientras la ministra se niegue a dar los datos reales y permita una comparativa homogénea, todos los datos de
paro publicados por este gobierno deben ser puestos en cuarentena.
La reforma laboral que prometía luchar contra la precariedad la está incrementando: con más ocupados se trabajan menos horas que antes de la pandemia, no se crea empleo, se trocea, los contratos temporales cada vez duran menos y los
contratos indefinidos no suponen ninguna estabilidad, y cada vez hay más trabajadores que necesitan firmar más de un contrato indefinido para llegar a fin de mes, incrementándose el pluriempleo.
La consecuencia de esta precariedad es que tener un empleo hoy ya no garantiza poder vivir de él. Tenemos 2,4 millones de personas que tienen trabajo, pero están en riesgo de pobreza (el 11,3 % del total de empleados).
La parcialidad sigue siendo una constante preocupante en el mercado laboral. En junio, representó el 30 % de los contratos firmados, un porcentaje muy elevado que impide a muchos trabajadores sostenerse económicamente. Esta situación
empuja a miles de personas al pluriempleo, una realidad que no se puede normalizar.
La elevada rotación es otra trágica realidad de nuestro mercado de trabajo. Los últimos datos de Eurostat sobre la entrada y salida de trabajadores por trimestre (referentes al cuarto trimestre de 2024) sitúan a España en la primera
posición, con un 5,9 % de empleados que habían comenzado un nuevo trabajo en los últimos tres meses, frente al 5,1 % que lo había dejado. Por tanto, Eurostat confirma que España sigue liderando la rotación laboral en la Unión Europea, registrando
el mayor porcentaje de trabajadores que abandonan su empleo cada trimestre.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) a cierre de 2024, también sacan a la luz la cifra de trabajadores desanimados, es decir, aquellos que, aunque no trabajan y quieren hacerlo, no se consideran desempleados porque no buscan o
no pueden incorporarse a un puesto -el conocido como efecto desánimo- y los que sí trabajan, pero están subempleados, ascienden a un total de 2,72 millones, cifra que por primera vez supera la de parados propiamente dichos, que se sitúa en 2,59
millones. La suma de unos y otros eleva el agujero del mercado laboral a los 5,31 millones de afectados. Esta cifra compone la denominada 'holgura laboral' que estima el volumen de mano de obra total que desaprovecha un país.
Así, el tener un trabajo a tiempo parcial, cuando se quiere y/o se necesita trabajar una jornada completa, es otro síntoma de precariedad laboral. Suele ocurrir que la persona trabajadora a tiempo parcial no obtenga los ingresos suficientes
para cubrir sus necesidades y abocarla a tener varios trabajos, por ejemplo, uno por las mañanas y otro por las tardes (pluriempleo forzado). Las situaciones de pluriempleo se han disparado en nuestro país en los últimos cinco años hasta alcanzar
su máximo histórico, una realidad que no se puede normalizar.
El estancamiento en la creación de empleo y la cada vez mayor precarización del mercado de trabajo es una realidad a la que hay que hacer frente. La rígida política laboral impuesta por el Gobierno, con continuas y desorbitadas subidas de
impuestos y cotizaciones, así como las medidas improvisadas y confusas a las que ya nos vamos acostumbrando, están deteriorando gravemente el mercado de trabajo. Políticas que generan incertidumbre e inseguridad jurídica, desincentivan la
contratación, ahuyentan inversiones y destruyen puestos de trabajo.
Desde el Grupo Parlamentario Popular trabajamos para generar más empleo y de más calidad, un empleo inclusivo que no deje a nadie atrás, promoviendo especialmente la transición al mercado laboral de los colectivos más vulnerables. La clave
es generar las condiciones para que se cree cada día más y mejor empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el seno del diálogo social y en el marco de la negociación colectiva, a:
- Elaborar y establecer un Plan de Fomento e Impulso del Empleo Estable y Lucha contra la Precariedad en el mercado laboral, priorizando a los colectivos más vulnerables.
- Adoptar medidas que impulsen la contratación indefinida a tiempo completo, en especial de aquellas personas que pertenezcan a colectivos de atención prioritaria, como los jóvenes desempleados menores de 25 años, los parados de larga
duración o los parados mayores de 50 años.
- Fomentar y mejorar la formación para el empleo y la cualificación y recualificación de los trabajadores que les permita acceder a puestos de trabajo más estables y cualificados, en el marco del desarrollo de las políticas activas de
empleo, con la cooperación y coordinación de las Comunidades Autónomas.
- Actualizar y adaptar las estadísticas de empleo que mensualmente publica el SEPE, a fin de clarificar el número de trabajadores con contrato fijo discontinuo que están inactivos, para garantizar un correcto seguimiento de la evolución del
mercado laboral.
- Poner en marcha cualesquiera otras medidas que aporten seguridad jurídica y certeza en el marco de las relaciones laborales, así como simplificar y eliminar cargas burocráticas para los empleadores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2025.-María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Irene Garrido Valenzuela, Alma Alfonso Silvestre, Jaime Eduardo de Olano Vela, Macarena Montesinos de Miguel, Marta
González Vázquez y Juan Bravo Baena, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/002386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para apoyar el turismo nacional y proteger el comercio local, para su discusión en la Comisión de Industria y
Turismo.
Exposición de motivos
España es una potencia turística de proyección mundial que atrae cada año a millones de personas deseosas de disfrutar de un país privilegiado por su clima, su amplia oferta de ocio, su riqueza natural, cultural y artística, así como por su
reconocida gastronomía. En el año 2024, nuestra nación recibió 93,8 millones de turistas internacionales, lo que supuso un incremento del 10,1 % respecto a 2023 y marcó un récord histórico 6, que se tradujo en una contribución superior al 13 % del
Producto Interior Bruto 7. Sin embargo, muchos españoles, afectados por la inflación y el empobrecimiento derivado de las políticas económicas del actual Gobierno, no pueden hacer frente a esta subida de precios y se ven obligados a reducir la
duración de sus vacaciones o incluso a viajar al extranjero 8.
En línea con ello, el Informe Verano 2025. Hábitos y comportamiento del turista nacional, publicado por el Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR), revela que el aumento de precios constituye la principal preocupación para el
82 % de los viajeros españoles 9. Esta es la razón por la cual muchos de ellos han comenzado a optar por destinos internacionales que ofrecen precios más competitivos que los nacionales. Así, veranear en hoteles de cinco estrellas en el Caribe
puede suponer un esfuerzo económico similar al de alojarse en determinados destinos turísticos españoles. Del mismo modo, ciudades competidoras como Marrakech se han popularizado por ofrecer establecimientos de alta calidad a precios
considerablemente inferiores a los de la mayoría de los destinos nacionales 10.
En relación con lo anterior, la caída del turismo nacional ha provocado un fuerte deterioro del comercio local, que aporta el 5 % al Producto Interior Bruto 11. Desde 2016, el sector ha perdido unos 120.000 empleos y cada año desaparecen
cerca de 9.000 negocios. Según estimaciones del propio sector, si esta tendencia no se revierte, hasta un 40 % de los comercios podría cerrar en los próximos cinco años 12. Entre las principales amenazas para el sector, destacan el aumento de
impuestos y cotizaciones, y una creciente carga normativa. En los últimos quince años, el número de normas aplicables al sector ha aumentado de manera vertiginosa, destacando que solo en 2024 se aprobaron una media de 3,4 nuevas normas diarias,
contribuyendo con ello a una asfixia regulatoria sin precedentes. En la actualidad, abrir y mantener un negocio comercial en España exige cumplir con cerca de 3.000 disposiciones normativas de origen europeo, estatal, autonómico y local 13.
Esta tendencia negativa, además de suponer una pérdida de oportunidades para el comercio local y para las pequeñas y medianas empresas del sector turístico, pone en riesgo el sentido de pertenencia nacional y el derecho efectivo de los
españoles a disfrutar del ocio, la cultura y del propio patrimonio natural y cultural. El retroceso del turismo nacional en zonas tradicionalmente dependientes de este perfil de visitante -como es el caso de múltiples localidades costeras y de
interior- implica también un impacto directo en la pervivencia económica de estos destinos, que ven reducida su actividad fuera de las temporadas altas y quedan expuestos a una mayor dependencia del turismo internacional 14.
6 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/FRONTUR1224.htm
7 https://www.dataestur.es/blog/empresas-turismo-empleo/#:~:text=El%20peso%20del%20turismo%20en,un%201%25%20respecto%20a%202019.
8 https://www.abc.es/economia/fuga-turismo-nacional-extranjero-altos-precios-alojamientos-20250707190558-nt_amp.html
9 https://www/observatur.es/download/7366/?tmstv=1750369472
10 https://tecnohotelnews.com/2025/05/las-reservas-de-espanoles-para-viajar-por-el-pais-caen-un-17-mientras-la-demanda-internacional-sube-un-23/
11 https://comercio.gob.es/comerciointerior/Paginas/Index.aspx
12 https://www.larazon.es/economia/muerte-silenciosa-comercios-cierran-25-dia_2025041467fc4db247c02c0001445717.html
13 Ibidem
14 https://www.abc.es/economia/fuga-turismo-nacional-extranjero-altos-precios-alojamientos-20250707190558-nt.html
En 2024, los españoles viajaron un 0,8 % menos que el año anterior. Sin embargo, mientras los viajes al extranjero aumentaron un 12,1 %, el turismo nacional caía un 2,3 % 15. Pese a ello, sólo durante 2024, los precios de la restauración
aumentaron un 4,7 % y los del alojamiento un 6,6 %. Además, desde el año 2019, los viajes dentro del territorio nacional se han reducido un 6,3 %, y, aun así, el gasto medio por persona y día ha aumentado en un 29 % 16. Las previsiones para 2025
son aún más preocupantes, en lo que llevamos de año, las reservas realizadas por viajeros españoles para destinos dentro del país han caído un 17 % 17. Esta situación afecta de manera especial a las familias españolas, especialmente las familias
numerosas, cuyo poder adquisitivo se ha visto seriamente mermado por el incremento de la inflación -que alcanza un 21,3 % desde que gobierna Pedro Sánchez 18-, aspecto que dificulta gravemente su capacidad para asumir el encarecimiento de los
precios en alojamiento y servicios turísticos.
Por todo ello, se hace imprescindible que el Gobierno articule medidas que fomenten y protejan el turismo interno, favoreciendo tanto el acceso a unas vacaciones asequibles para la población española como el fortalecimiento del tejido
comercial y hostelero local.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un plan de turismo que fomente el turismo nacional como forma de promocionar nuestros destinos turísticos entre los españoles.
2. Impulsar incentivos y bonificaciones fiscales a los establecimientos turísticos de nuestro país que introduzcan ofertas para viajeros españoles y, muy especialmente, para jóvenes o familias numerosas.
3. Incrementar significativamente la promoción de la riqueza patrimonial, natural, cultural, artística y gastronómica de España utilizando, para ello, la publicidad y la comunicación institucional.
4. Diseñar programas de turismo social para mayores de 60 años que complementen al IMSERSO con el objeto de impulsar el turismo nacional, también en temporada alta.
5. Impulsar líneas de ayuda al comercio local y a los pequeños negocios, así como medidas que favorezcan el consumo de productos nacionales tales como incentivos y bonificaciones fiscales.
7. Agilizar los trámites administrativos y burocráticos relacionados con el sector del comercio local mediante un plan integral de simplificación normativa y administrativa que garantice la eliminación de duplicidades regulatorias entre los
distintos niveles de la Administración y establezca procedimientos más ágiles para la apertura y gestión de negocios.
8. Promover el comercio de productos locales y favorecer la celebración de ferias, festivales culturales y otras actividades complementarias que pueden enriquecer la experiencia del turista y generar oportunidades económicas para las
comarcas de la España abandonada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2025.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario
VOX.
15 https://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-turismo-interno-cae-espana-espanoles-prefieren-viajar-extranjero-2024-20250326092039.html
16 https://www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/turismo-nacional-toca-techo-2024-los-espanoles-viajaron-menos-pero-hicieron-un-gasto-record-337-euros-por-persona-5694600/
17 https://tecnohotelnews.com/2025/05/las-reservas-de-espanoles-para-viajar-por-el-pais-caen-un-17-mientras-la-demanda-internacional-sube-un-23/
18 https://juandemariana.org/el-impacto-de-la-inflacion-sobre-las-familias-espanolas/
161/002389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso y apoyo de la industria ferroviaria como eje estratégico del
nuevo modelo económico, sostenible y digital de España, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La industria ferroviaria constituye un sector clave en el proceso de transformación productiva que España debe acometer en el marco de la transición ecológica, la digitalización de la economía y el refuerzo de la autonomía estratégica
industrial. España cuenta con empresas de referencia internacional, como CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), Talgo, JEZ Sistemas Ferroviarios, Herdit, Indra Rail y otros fabricantes de trenes, componentes, sistemas de señalización y
soluciones de movilidad inteligente, especialmente concentrados, hay que decirlo, en el País Vasco y Navarra, pero también en Cataluña, Castilla y León y Madrid; empresas estas especializadas que forman parte de un ecosistema innovador, con
presencia internacional y potencial de crecimiento en sectores como la electrificación, el hidrógeno, la automatización y la conectividad ferroviaria.
La industria ferroviaria en el país cumple con todos los criterios que deben guiar el nuevo modelo productivo porque es intensiva en conocimiento, innovación e inversión en l+D+i; genera empleo de alta cualificación, estable y arraigado
territorialmente y contribuye a la descarbonización del transporte, uno de los sectores con mayores emisiones. Además, esta industria sigue trabajando y refuerza la soberanía industrial y tecnológica europea en sectores estratégicos, presentándose
como un vector de cohesión territorial a través del ferrocarril regional, de cercanías y mercancías.
Desde el Gobierno se han dado pasos importantes: el PERTE de movilidad sostenible y conectada, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la próxima Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Pero es necesario reforzar el
reconocimiento de esta industria como tractor del cambio estructural del modelo económico.
El Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica citado, actualmente en tramitación, señala que la activación de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia abren una ventana de oportunidad para situar esta industria como un
sector prioritario de inversión, desarrollo y planificación estatal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en consonancia con el compromiso del Gobierno con la transición ecológica, la reindustrialización verde, el empleo de calidad y la vertebración territorial:
1. Estudiar la inclusión de la industria ferroviaria como sector estratégico dentro de la política industrial nacional, en aplicación de la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica.
2. Valorar la inserción de la industria ferroviaria en los programas de apoyo industrial, con especial énfasis en la producción de trenes eléctricos e híbridos, las infraestructuras de hidrógeno verde para transporte ferroviario y la
digitalización ferroviaria (ERTMS, tren autónomo, gemelos digitales).
3. Estudiar la realización de acciones conjuntas, en colaboración con las comunidades autónomas, en apoyo de la relocalización de proveedores estratégicos y el fomento de clústeres.
4. Impulsar en colaboración con las administraciones competentes la educación en formación profesional y reconversión laboral específica para el sector ferroviario, en
colaboración también con las universidades, los centros de FP industrial y las propias empresas del sector.
5. Continuar promoviendo la inversión en infraestructuras ferroviarias sostenibles, tanto para pasajeros como para mercancías, apoyando la participación del tejido industrial nacional en los procesos de licitación pública.
6. Analizar la integración la industria ferroviaria en la planificación de la Reserva Estratégica de Capacidades Industriales (RECAPI), como garante de producción crítica en situaciones de crisis.
7. Considerar las propuestas realizadas en esta proposición para los próximos desarrollos reglamentarios de la Ley de Industria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Cristina López Zamora, Andreu Martín Martínez, César Joaquín Ramos Esteban, Obdulia Taboadela Álvarez, María Dolores Corujo Berriel,
María Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, Patricia Otero Rodríguez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Andrea Canelo Matito y Rafaela Romero Pozo, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción del turismo
religioso y la festividad de la Semana Santa de Gandía, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La Semana Santa es una tradición profundamente arraigada en la ciudad de Gandía desde el siglo XV. Su relevancia ha ido creciendo desde los años 50 del siglo pasado con la creación de la Junta Mayor de Hermandades y la formación de 18
hermandades, alcanzando uno de sus reconocimientos más importantes en 2019 al ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Esta es una distinción que pone en valor su rico patrimonio religioso, la participación activa de sus más de 4.000
cofrades, y varias de sus actividades que la hacen singular.
El origen de la Semana Santa de Gandía se remonta a tiempos pretéritos, desconociéndose su punto inicial, aunque se sabe que nació en torno a las agrupaciones gremiales de oficios. La primera constatación documental data de las primeras
décadas del siglo XIV con la Cofradía de 'la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo', que era la encargada de organizar la Procesión del Viernes Santo.
La historia de la Semana Santa de Gandía ha vivido momentos de crisis y otros de resurgimiento, pero la configuración de las hermandades prácticamente como se conocen en la actualidad podemos constatarla al menos desde 1851 cuando ya
procesionaban siete pasos en la ciudad hasta la proclamación de la II República en 1931 que dejaron de desfilar las cofradías por la prohibición de celebrar procesiones por las calles.
Tras el paréntesis bélico, y la desaparición de buena parte del patrimonio artístico, llegó el resurgimiento de las hermandades coincidiendo con la multiplicación de actos de devoción popular que favoreció la creación de nuevas tallas
realizadas por destacadísimos escultores valencianos especializados en imaginería y pintura religiosa. Fruto de este esfuerzo y al cabo de varios años, en 1955 se conformaría la Junta Mayor de Hermandades que consolidaría la Semana Santa.
Asimismo, la declaración de la Semana Santa de Gandía como Fiesta de Interés Turístico en 1983 sirvió para reconocer la labor efectuada durante años, y la declaración definitiva de Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2019 contribuyó a
dar a conocer su tradición histórica, riqueza artística y peculiaridades que le confieren su propia idiosincrasia.
Así, la Semana Santa se puede reconocer en nuestra ciudad por dos vertientes distintas y a la vez complementarias. Por un lado, la introspección en las procesiones y actos litúrgicos, y por otro, las particularidades en representaciones de
la Pasión que la convierten en única, como en el caso de la más histórica y valiosa del patrimonio sacrolírico de la Comunidad Valenciana: la Visitatio Sepulchri; auto Sacramental de San Francisco de Borja que en virtud de una bula papal se
celebró entre 1550 y 1868, siendo recuperada nuevamente en 1996 y actualmente en trámites para ser declarada Bien de Interés Cultural.
De otro lado, no hay que olvidar que la Semana Santa también tiene un impacto significativo en las ciudades donde se celebra, dinamizando desde el punto de vista económico distintos sectores productivos, a la vez que promoviendo el turismo
religioso y cultural.
En este sentido, Gandía también cuenta con valioso patrimonio cultural como es el Palacio Ducal de los Borja, que data del siglo XV y es un ejemplo destacado de la arquitectura renacentista en España, o la Colegiata gótica de Santa María.
Además, posee una extraordinaria riqueza medioambiental reconocible por sus conocidas playas además de ofrecer la opción de explorar el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva.
Además, Gandía cuenta con las infraestructuras adecuadas para la organización de grandes eventos, por lo que se prepara para acoger el próximo XXXVI Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías de Semana Santa a celebrar del 25 al 28 de
septiembre de este 2025.
Con todo, Gandía acumula una gran experiencia en la organización de encuentros vinculados a la Semana Santa, tanto a nivel regional como lo fue el Vil Encuentro de Hermandades y Cofradías del Santo Sepulcro de la Comunidad Valenciana (2015)
o la sede de la Junta Diocesana de la Semana Santa de la Diócesis de Valencia (2018), como a nivel nacional, tal como sucedió con el encuentro de Hermandades del Descendimiento (2011), el Vil Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de la Santa
Faz (2022) o el propio Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales en su VIII edición en 1995, por lo que al acoger el XXXVI Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías de Semana Santa este 2025 se cumplirían 30 años de tal evento.
Dicho Encuentro analizará cómo la festividad contribuye al desarrollo local y regional y abordará estrategias para gestionarlo, de forma que no comprometa ni al patrimonio cultural ni a la esencia de la Semana Santa, que no resulta otra que
la manifestación de la fe de la comunidad cristiana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ofrecer respaldo suficiente a la Semana Santa de Gandía como un polo de atracción de turismo religioso de relevancia declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en el año 2019.
2. Declarar el XXXVI Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías de Semana Santa como 'Acontecimiento de Excepcional Interés Público' para que todas aquellas empresas colaboradoras en el Encuentro puedan optar a incentivos fiscales
específicos, según establece el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
3. Colaborar en la máxima difusión del próximo Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías que se desarrollará el próximo mes de septiembre en Gandía bajo la Presidencia de Honor de su Majestad El Rey Felipe VI.
4. Prestar la mayor colaboración en la celebración del Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías de Semana Santa a celebrar en Gandía este año como evento histórico, dando cita alrededor de 800 participantes procedentes de diferentes
puntos de la geografía española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de agosto de 2025.-Cristina Moreno Borrás, Belén Hoyo Juliá, Esperanza Reynal Reillo, Fernando de Rosa Torner, Alma Alfonso Silvestre, Carlos Gil Santiago y Mirian Guardiola Salmerón, Diputados.-Ester
Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso del Programa de Termalismo Social del IMSERSO, para su debate en la
Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
El Programa de Termalismo es un servicio complementario de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social que desarrolla el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para el cumplimiento de sus competencias y objetivos fijados
en el ámbito del envejecimiento activo.
Esta interesante iniciativa data del año 1989, en virtud de la Orden de 15 de marzo, por la que se establecía y regulaba el 'Servicio de Termalismo Social del Instituto Nacional de Servicios Sociales'. En la actualidad, la norma que regula
esta iniciativa es la Orden SSI/1688/2015, de 30 de julio, que deroga la Orden de 1989 y establece una nueva regulación del Programa de Termalismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que señala que el proyecto responde a las demandas de
las personas de más edad de poder recibir tratamientos recuperadores en los establecimientos termales especializados.
Así, el objetivo principal de este proyecto es facilitar a las personas mayores el acceso a tratamientos termales en establecimientos con manantiales de agua minero-medicinal declarados de utilidad pública, ya que la utilización de la cura
termal tiene un doble interés para las personas mayores puesto que evita otros tratamientos más lesivos y contribuye a rehabilitar funciones.
Por tanto, el programa contribuye a mejorar la calidad de vida, promover el envejecimiento activo, mejorar la salud y prevenir la dependencia, y ha supuesto el acceso de un gran número de pensionistas a los balnearios a precios reducidos.
La valoración general del programa por parte de las personas usuarias es muy positiva, con un elevado porcentaje de satisfacción y cumplimiento de expectativas, destacando aspectos como los tratamientos recibidos y las estancias en los
establecimientos, que también obtienen buenas valoraciones.
Junto a los indudables beneficios para quiénes lo disfrutan, el programa busca potenciar el desarrollo económico de las zonas donde se ubican los balnearios, contribuyendo a la creación y mantenimiento de empleo, facilitando la mejora y
modernización de las infraestructuras y de las instalaciones de estos centros y permitiendo la profesionalización y especialización del personal que presta sus servicios en los establecimientos adheridos al programa.
Según se puede constatar de los datos ofrecidos por el propio IMSERSO, también se genera un considerable beneficio respecto al mantenimiento del empleo y la actividad
económica, especialmente en zonas rurales, paliando las consecuencias que, en materia de empleo, produce el fenómeno de la estacionalidad en el sector del turismo. En el Programa de Termalismo del IMSERSO 2025, participan un total de 84
balnearios en España, y se ofrecen alrededor de 197.000 plazas para estancias de 10 días (9 noches) en régimen de pensión completa, en los diferentes balnearios adheridos.
La gestión combinada del programa permite ofrecer un número importante de plazas, gran variedad de destinos y fechas, lo que ha consolidado y mantiene una gran aceptación tanto entre los usuarios como entre los distintos agentes sociales por
el impacto en el empleo y la actividad económica en muchas zonas de nuestro país.
Así las cosas, es el momento de dar el debido reconocimiento a la importancia del citado 'Programa de Termalismo del IMSERSO', e impulsar medidas que no sólo aseguren el mantenimiento futuro de la iniciativa, sino que, incluso, permitan
aumentar el número de usuarios que se puedan beneficiar de la misma, e incrementar la calidad y diversidad de los establecimientos adheridos al sistema.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando el Programa de Termalismo Social del IMSERSO mediante actuaciones dirigidas a:
1. La consolidación del Programa como parte de un conjunto de acciones de política pública orientadas al cuidado y mejora del bienestar y salud de las personas mayores en España.
2. Profundizar en la colaboración con otras administraciones públicas (CCAA, Diputaciones Provinciales, Entidades Locales, etc.), con el objetivo asegurar la continuidad de Programa, aumentar el número de personas usuarias beneficiadas e
incrementar el número de establecimientos adheridos al sistema.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-Víctor Javier Ruiz de Diego e Inés Plaza García, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a promover la participación activa de los
consumidores para reducir el plástico y fomentar el agua del grifo, para su debate en la en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Cada año, se producen y consumen miles de millones de botellas de plástico de agua embotellada en todo el mundo. Este consumo masivo genera enormes cantidades de residuos que, con frecuencia, terminan en océanos y ecosistemas terrestres,
causando graves daños a la flora y la fauna. Además, el transporte de agua embotellada implica un alto consumo de energía y la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero.
El uso creciente de agua embotellada también contribuye a la proliferación de microplásticos, un problema ambiental crítico. Estos desechos plásticos representan una de las mayores amenazas para los ecosistemas marinos y terrestres. Con el
tiempo, la
acumulación y fragmentación de plásticos ha llevado a la presencia generalizada de micro y nanoplásticos en la cadena alimentaria y en el ciclo del agua, incluyendo el agua potable.
El consumo de agua embotellada ha batido récord históricos en España en los últimos años, alcanzando los más de 8.426 millones de litros en 2023, según la estadística publicada por el Instituto Geológico y Minero. Esto ocurre a pesar de que
la mayor parte de las personas que vivimos en la UE disfrutamos de buen acceso a agua potable de gran calidad como resultado de una amplia labor legislativa en la UE para proteger a los europeos y garantizar que cuenten con un acceso a agua potable
de gran calidad.
La Directiva (UE) 2019/904 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, la cual se transpone a nuestro ordenamiento jurídico interno a través del Título V de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economía circular, tiene como objetivo prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, en particular el medio acuático, y en la salud humana, así como fomentar la
transición a una economía circular con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles, contribuyendo así también al funcionamiento eficiente del mercado interior.
El Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, sobre envases y residuos de envases, establece como objetivo la reducción del 20 % en el número de botellas de plástico de un solo uso para bebidas comercializadas en España para 2030. Para
ello, contempla diversas medidas, como el fomento del consumo de agua potable en dependencias públicas y otros espacios, mediante la instalación de fuentes que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria o el uso de envases reutilizables.
Además, obliga a los establecimientos de hostelería y restauración a ofrecer siempre a sus clientes agua no envasada de manera gratuita. También prevé garantizar el acceso a agua potable no envasada en eventos festivos, culturales o deportivos.
Por último, establece objetivos progresivos para el uso de envases reutilizables en la comercialización de agua envasada: al menos un 30 % en 2025, un 40 % en 2030 y un 50 % en 2035.
No obstante, el cambio hacia un consumo más sostenible de agua embotellada depende en gran medida de la participación activa de los consumidores. Si bien las empresas y los reguladores desempeñan un papel clave, son las decisiones diarias
de los ciudadanos las que pueden acelerar la transición hacia modelos más sostenibles. Por ello, muchos países están impulsando cambios en los hábitos de consumo a través de leyes y campañas educativas que buscan reducir el uso de agua embotellada
y fomentar un consumo más responsable del agua.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a:
1. Realizar campañas informativas para educar a la población sobre el impacto ambiental del plástico y las ventajas del agua del grifo en términos de calidad, coste y sostenibilidad.
2. Promover la instalación de fuentes de agua potable en ciudades y espacios recreativos.
3. Instalar fuentes de agua potable con sistemas de recarga de botellas en terminales de transporte de pasajeros, garantizando su fácil acceso, señalización clara y ubicación en zonas de alto tránsito.
4. Sensibilizar a los consumidores sobre la importancia de utilizar botellas reutilizables fabricadas con materiales sostenibles, como acero inoxidable o vidrio, para facilitar el transporte de agua desde casa de manera más ecológica.
5. Fomentar que los consumidores opten por agua sin envase en restaurantes y establecimientos del sector de la restauración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-Noelia Cobo Pérez, Diputada.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre agilización de los procedimientos relacionados con el reconocimiento de la
situación de dependencia y con la revisión del Programa de Atención Individual, para su debate en Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La Ley de Dependencia ha supuesto uno de los avances sociales más significativos de las últimas décadas en España. Su promulgación permitió dar un paso fundamental en la consolidación de derechos para las personas que, debido a su edad,
discapacidad o enfermedad, requieren de apoyos para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria. Sin embargo, el paso del tiempo y las circunstancias cambiantes de los usuarios del sistema han revelado ciertos aspectos de la ley que
requieren una modificación y adaptación para garantizar que el sistema de atención a la dependencia sea más ágil, justo y adaptado a las necesidades de cada persona, en especial en aquellos casos en que las situaciones de vulnerabilidad o urgencia
requieren una atención inmediata.
Uno de los problemas más señalados en el funcionamiento de la Ley de Dependencia es que los procedimientos relacionados con el reconocimiento de la situación de dependencia y con la revisión del Programa de Atención Individual conllevan, en
muchas ocasiones, largos tiempos de espera.
La demora en el reconocimiento y en la adaptación de los apoyos genera desajustes entre las necesidades de los usuarios y los servicios ofrecidos. En muchos casos, las personas en situación de dependencia se ven obligadas a esperar periodos
de tiempo extensos para que se revise su situación y se ajusten los servicios que necesitan. Esto no solo afecta a la calidad de vida de las personas beneficiarias, sino que también supone un esfuerzo adicional para sus familias y personas
cuidadoras, que se ven obligadas a gestionar una situación de necesidad sin el apoyo adecuado.
En respuesta a estas dificultades, procede llevar a cabo una serie de modificaciones que agilicen los procedimientos administrativos, permitiendo que el reconocimiento de la situación de dependencia y la actualización del Programa de
Atención Individual se realicen con mayor rapidez y eficiencia.
Uno de los aspectos que resultaría muy positivo es la creación de un procedimiento de urgencia para el reconocimiento de la situación de dependencia aplicable a aquellas personas que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.
Factores como las condiciones de salud, el aislamiento social, ser víctima de violencia de género o la precariedad económica podrán ser considerados para priorizar y reordenar los expedientes de quienes se encuentren en estas circunstancias. Esto
permitiría garantizar que las personas que se encuentran en condiciones de mayor fragilidad reciban la atención y los apoyos que necesitan de forma inmediata, evitando que su situación se vea agravada por el retraso en la tramitación administrativa.
También resulta necesario agilizar la revisión del Programa Individual de Atención para permitir la modificación de las prestaciones y que los apoyos se ajusten de forma dinámica y eficiente a la evolución y necesidades de las personas es
situación de dependencia.
Estas medidas, que responden a la necesidad de adaptar el sistema a las realidades sociales actuales, son fundamentales para asegurar que las personas en situación de dependencia queden protegidas en momentos críticos. Además, resultan
coherentes con la modificación del artículo 49 de la Constitución, que establece el abordaje de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos y mandata a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen la autonomía e inclusión social
de las personas con discapacidad.
La introducción de mecanismos de priorización para los casos más vulnerables responde a un compromiso social con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, garantizando que aquellos que se encuentran en una situación de mayor
necesidad reciban la atención que requieren de manera oportuna.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar los procedimientos relacionados con el reconocimiento de la situación de dependencia y con la revisión del Programa de Atención Individual, para garantizar que los apoyos y cuidados
se ajusten de manera rápida y adecuada a las necesidades de las personas en situación de dependencia. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:
1. Poner en marcha un procedimiento de urgencia en el reconocimiento de la situación de dependencia aplicable a situaciones en las que se den factores económicos, de accesibilidad, habitacionales, de condiciones de salud, aislamiento social
o violencia de género que sitúen a la persona en una situación de especial vulnerabilidad.
2. Establecer un procedimiento de revisión del Programa Individual de Atención, que permita que las prestaciones sean modificadas de manera ágil, para que los apoyos se ajusten de forma dinámica y eficiente la evolución y necesidades de las
personas en situación de dependencia.
3. Establecer mecanismos de seguimiento continuo que aseguren que los apoyos y recursos asignados se ajusten a las necesidades reales de las personas en situación de dependencia, contando con su participación en el diseño, planificación y
seguimiento de dichos apoyos y cuidados, con un enfoque centrado en las personas.
4. Promover la colaboración entre las administraciones públicas para asegurar que los procedimientos administrativos sean sencillos, transparentes y accesibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-Inés Plaza García, Luis Carlos Sahuquillo García, María de las Nieves Ramírez Moreno, Noelia Cobo Pérez, Emilia Almodóvar Sánchez, Olvido de la Rosa Baena, Carmen Andrés Añón, María
Luisa Faneca López, Susana Ros Martínez, Margarita Martín Rodríguez, Modesto Pose Mesura y Esther Rodríguez Suárez, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso en la adaptación de las estructuras pesqueras para favorecer la
incorporación de la mujer al Sector Pesquero, Industrial y Acuícola, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Actualmente, se estima que, en España, de las cerca de 60.000 personas empleadas en pesca marítima un 16 % son mujeres. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de enero de 2024, casi el 16 % de los afiliados
al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores del Mar (REM) son mujeres, frente al 84 % que son hombres. Estos resultados demuestran la presencia desigual de mujeres y hombres trabajadores en el REM en sus diferentes sectores
profesionales.
Donde hay una mayor presencia femenina en España es en el sector de la acuicultura en Galicia. En total hay 4.839 personas trabajadoras tanto en el marisqueo a pie, como en los mejilloneros. En el primer caso, hay 2.227 mujeres
trabajadoras, frente a los 983 hombres. En los mejilloneros hay un 519 mujeres y 1.110 hombres. En el sector de la pesca, son cifras más llamativas con un total de 720 mujeres, frente a los 8.616 hombres. En términos cuantitativos, la situación
de las mujeres en el sector acuícola es notable y cada vez lo será más, su presencia en la industria y en la pescadería es notablemente mayor.
Mención especial merece el marisqueo a pie, donde predomina fundamentalmente la mujer históricamente. Un ejemplo es el sector del cultivo del mejillón, en regiones como Galicia donde las mujeres (denominadas bateiras) vienen realizando todo
tipo de trabajos, desde la conducción de las embarcaciones auxiliares, el encordado, el desdoble o la clasificación, hasta la gestión de los diferentes asuntos relacionados con la concesión de la batea.
Hay que incidir en la necesidad de seguir trabajando en mejorar el acceso de las mujeres a puestos de mayor responsabilidad y toma de decisiones. Se debe seguir trabajando en mejorar los aspectos estructurales y de carácter organizativo que
lastran su crecimiento en estos ámbitos del sector.
Por otro lado, es importante remarcar el principio horizontal de igualdad presente transversalmente en el actual Programa para España del nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027. En este sentido, dado el
enfoque de género que se da en todas las prioridades del FEMPA, hay que seguir trabajando por mejorar las políticas de conciliación familiar en el sector. En este caso, las mujeres siguen siendo las mayores perjudicadas en este ámbito. Por ello,
hay que continuar reforzando su papel en el sector, incidiendo en aspectos como la visibilización y mejora de su trabajo, el apoyo a su asociacionismo o el fomento de la participación femenina en la vida económica, política y sociocultural de las
comunidades pesqueras.
Siguiendo estos esfuerzos, en este sentido, durante el periodo 2021-2027, la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP) continuará realizando el seguimiento de la igualdad en el mareo de este nuevo fondo, por medio del análisis y
evaluación de los indicadores de igualdad, tanto horizontales como de resultado, y a través de la recopilación y divulgación de proyectos con financiación FEMPA que hayan sido promovidos por mujeres o tengan algún componente de género. La REMSP
también difundirá información en esta materia en colaboración con otras redes como la Red Española de Grupos de Pesca (REGP) o la Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos Comunitarios (Red TT).
Es importante también hacer mención del necesario relevo generacional del sector. Por ello, la inclusión de las mujeres en el sector pesquero es un aspecto fundamental de la equidad de género y el desarrollo socioeconómico, sin embargo, las
mujeres continúan enfrentando barreras significativas para acceder a oportunidades laborales y de liderazgo en este ámbito por lo que es claro que fomentar la participación activa de las mujeres en la pesca contribuirá a diversificar y fortalecer el
sector, así como a mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras al proporcionar mayores oportunidades de empleo y desarrollo vital para las mujeres.
A modo de conclusión, todos somos conscientes del papel crucial que desempeña el sector pesquero y acuícola en la economía nacional, contribuyendo significativamente al sustento y desarrollo económico de las comunidades costeras, así como al
suministro de
alimentos dentro y fuera de nuestras fronteras. Por ello, es necesario proseguir con la adaptación integral del conjunto de infraestructuras relacionadas con el sector pesquero, industrial y acuícola para favorecer la inclusión y
participación de la mujer.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar la colaboración con los distintos organismos de gestión del FEMPA y con las Comunidades Autónomas para facilitar la asignación de recursos dirigidos a la implementación de programas de formación en el sector pesquero con
perspectiva de género, contribuyendo así a una creciente incorporación de las mujeres a los sectores relacionados con la pesca.
2. Promover una mayor presencia de mujeres en los programas de formación y capacitación en el sector pesquero y acuícola, fomentando especialmente la formación online como medida para superar las dificultades para compaginar la vida laboral
y familiar.
3. Impulsar, a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de la Acuicultura (FEMPA), la modernización de infraestructuras en los sectores pesquero y acuícola, en particular en el ámbito extractivo, con el objetivo de garantizar
condiciones óptimas que permitan una mayor participación de la mujer en el sector, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo al empleo en todos los eslabones de la cadena productiva.
4. Fomentar medidas que favorezcan la conciliación familiar en el sector pesquero y acuícola, como la promoción de horarios flexibles y programas de apoyo a la maternidad y paternidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-María Luisa Faneca López, Trinidad Carmen Argota Castro, Iván Cacho Isla, Patricia Otero Rodríguez, Jonay Quintero Hernández, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, José Luis Aceves
Galindo, Amador Marqués Atés, Joaquín Martínez Salmerón, María Araceli Poblador Pacheco, María Carmen Sánchez Díaz y Daniel Senderos Oraá, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas
urgentes para los problemas de la plaga del algodoncillo (Euphyllura olivina) en explotaciones olivareras, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El cultivo del olivar es una de las piedras angulares del sector agroalimentario español, no solo por su peso económico y su contribución al empleo rural, sino también por su valor ambiental, paisajístico y cultural. España es el primer
productor mundial de aceite de oliva, siendo Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha regiones clave para este cultivo.
Curiosamente, el olivo es uno de los cultivos más afectados por el ataque plagas y enfermedades, incluidas bacterias y otros patógenos que pueden causar daños significativos en los árboles y reducir la producción de aceitunas y aceite.
Entre las plagas la mosca del olivo, el barrenillo, el prays del olivo, el algodón del olivo o la cochinilla del
Tizna, entre otras. Mientras que entre las enfermedades podemos destacar el repilo, la verticilosis, la tuberculosis del olivo, la aceituna jabonosa o la Xylella fastidiosa.
Desde hace varios años, los agricultores vienen alertando de la creciente incidencia de la plaga del algodoncillo (Euphyllura olivina) en explotaciones olivareras, especialmente en Andalucía y Extremadura. El algodoncillo es consecuencia de
la segregación de una cera blanca que cubre las yemas y brotes nuevos por parte de la larva, en desarrollo, de un insecto que se caracterizan por poseer alas anteriores y un aparato bucal chupador que utilizan para picar y succionar savia.
Esta plaga provoca graves daños en la floración del olivo, que produce llegar a producir el secado de muchas flores y afecta en gran medida a la cuaja de la aceituna, y puede reducir significativamente la producción.
Tradicionalmente, se ha considerado como una plaga secundaria, dado que sus efectos sobre la producción de aceituna eran marginales, pero el año pasado se observó que los niveles de la plaga fueron superiores a los habituales en determinadas
fincas olivareras de la comarca jienense de la Loma Alta, como los municipios de Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo, Beas de Segura, Iznatoraf y Sorihuela del Guadalimar. En determinadas comarcas jiennenses y cordobesas se estiman que las
pérdidas pueden ser superiores al 20 % de la cosecha.
Ante la previsión de la proliferación de la plaga, motivada por las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de esta, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permitió el uso de los productos fitosanitarios formulados a
base de piretrinas 4,65 %, entre el 15 de febrero y el 14 de junio de 2025. La autorización se limitaba a tres aplicaciones, con un intervalo de al menos siete días entre ellas.
Sin embargo, los tratamientos fitosanitarios propuestos no están suficientemente validados, debido a la capacidad protectora de su masa algodonosa que protege la larva, ni adaptados a las condiciones reales de muchas explotaciones
olivareras, especialmente en terrenos con pendiente o de difícil mecanización.
Algunas organizaciones agrarias, Cooperativas Agro-alimentarias y Junta de Andalucía acordaron la necesidad de elaborar un documento de revisión de la estrategia de lucha contra la plaga que sirva para informar y formar a los agricultores en
las medidas más eficaces de lucha, sobre la base de la experiencia y de los nuevos productos. Entre las medidas se incluiría el control de adultos para reducir las altas poblaciones a final de invierno o principios de primavera, con productos
eficaces en fase de ensayo, la lucha contra las ninfas y huevos con fitosanitarios específicos más eficaces y la combinación de los tratamientos con coadyuvantes que puedan ayudar a disolver la capa de cera que forma el algodoncillo.
Con el mismo objeto, se está trabajando en la solicitud de un nuevo Grupo Operativo -herramienta empleada por la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI)- centrado en diseñar una
estrategia de manejo integrado para el control del algodoncillo.
Desde el Grupo Parlamentario Popular denunciamos, una vez más, la inacción estructural del Gobierno en sanidad vegetal, y exigimos una política agraria basada en la prevención, el apoyo real al agricultor y la colaboración público-privada
con centros de investigación y organizaciones profesionales agrarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar de forma inmediata una estrategia nacional específica para el control del algodoncillo en el olivar, en coordinación con las Comunidades Autónomas afectadas y con la participación de las organizaciones profesionales agrarias y
cooperativas.
2. Colaborar, con las entidades promotoras, en el impulso de un Grupo Operativo y ejecución de proyectos de innovación de interés general centrado en diseñar una estrategia de manejo integrado para el control la plaga del algodoncillo en el
olivar.
3. Promover la investigación agraria aplicada, en colaboración con universidades, centros tecnológicos y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), para desarrollar métodos eficaces y sostenibles de
control del algodoncillo.
4. Autorizar el uso de los productos, en fase de ensayo, que ha resultado tener una eficacia considerable en la lucha y control de adultos y ninfas del algodoncillo del olivo, acompañado del tratamiento con coadyuvantes que aseguran que los
fitosanitarios actúen eficazmente.
5. Asignar una partida presupuestaria extraordinaria para financiar medidas urgentes de lucha contra la plaga, incluyendo ayudas directas a los agricultores afectados por la pérdida de cosecha y costes de tratamiento.
6. Fortalecer los servicios técnicos de sanidad vegetal y reforzar la formación técnica específica de los agricultores mediante campañas informativas y cursos prácticos sobre identificación y control integrado de plagas.
7. Que se tenga en cuenta el impacto de la plaga de algodoncillo sobre las mermas de producción del sector olivarero en las zonas afectadas de cara a la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2025.-Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Joaquín Melgarejo Moreno,
María del Socorro Cuesta Rodríguez, Ainhoa Molina León, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al control de la enfermedad
de la lengua azul en la ganadería, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La lengua azul o fiebre catarral ovina es una enfermedad vírica no contagiosa directamente entre animales, pero sí transmitida por vectores, principalmente el mosquito Culicoides spp., que se mantiene activo especialmente en los meses más
cálidos desde mayo-junio hasta noviembre-diciembre, que afecta gravemente al ganado, tanto domésticos como salvajes, principalmente ovinos, donde la morbilidad puede alcanzar hasta el 100 %, pero también bovinos, caprinos, cérvidos y otros
rumiantes, generando un enorme impacto sanitario, económico y social en las explotaciones ganaderas afectadas. Por ejemplo, el foco de una cepa virulenta de 1956 en la Península Ibérica causó la muerte de 46.000 ovinos en Portugal y 133.000 en
España, según la Organización Mundial de Sanidad Animal.
Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria, en los términos de los Reglamentos UE, es una enfermedad inscrita en la lista del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE y debe ser declarada a la Organización Mundial
de Sanidad Animal.
En los últimos meses, se ha constatado la expansión de los serotipos 3 y 8 del virus de la lengua azul en diversas Comunidades Autónomas; Andalucía, País Vasco, Cataluña, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Galicia y otras zonas de riesgo.
La circulación simultánea de varios serotipos -1, 3, 4 y especialmente el 8- complica aún más la respuesta veterinaria y administrativa. Concretamente la detección del serotipo 8 en junio de 2024 ha provocado la pérdida del estatus de libre de la
lengua azul en la totalidad del territorio peninsular.
La política de control y erradicación de la lengua azul en nuestro país estaba basada en la vacunación de los animales de las especies susceptibles frente a los serotipos presentes en las respectivas zonas afectadas, de forma que los
movimientos de estos animales dependían de su estado vacunal.
Sin embargo, el 'Programa Nacional de Vigilancia de la Lengua Azul en España 2025', publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en marzo de 2025, reconocía que desde 2024 se había detectado la circulación simultánea de
cuatro serotipos diferentes y en amplias zonas del territorio nacional, justificando con ello que 'Esta circunstancia, unida a la dificultad logística de vacunaren gran parte del territorio frente a 3 o 4 serotipos a la vez, así como la falta de
suficiente cantidad de vacuna disponible frente a los diferentes serotipos para realizar una vacunación obligatoria en las zonas afectadas en un tiempo razonable antes de que comience de nuevo la actividad del vector, prevista a partir del próximo
mes de abril, ha hecho necesario replantear la estrategia de erradicación llevada hasta ahora en España, sustituyéndola en la mayor parte del territorio por una estrategia de protección clínica basada en la vacunación voluntaria de los animales
susceptibles a la enfermedad, y eliminando asimismo la obligación de que los animales objeto de movimiento dentro de esta zona deban haber sido vacunados previamente frente a los serotipos presentes.' Estas medidas quedaban reflejadas en la Orden
APA/229/2025, de 10 de marzo, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.
Diversas organizaciones agrarias han exigido públicamente la puesta en marcha de un plan de choque urgente, denunciando la pasividad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que no ha sabido liderar una respuesta nacional
coordinada ni ha dispuesto presupuestos extraordinarios para afrontar esta amenaza, pese a tratarse de una cuestión que afecta a múltiples comunidades autónomas y que exige medidas homogéneas en todo el territorio.
Especialmente preocupante es la decisión del Ministerio de dejar en manos de las Comunidades Autónomas la administración de la vacuna del serotipo 8 bajo criterios de voluntariedad, lo que ha provocado una importante caída en las tasas de
inmunización. Esta falta de cobertura ha facilitado el avance de la enfermedad incluso en explotaciones con animales vacunados.
Además, la falta de una campaña nacional de desinsectación del vector, de control riguroso de movimientos ganaderos y de comunicación efectiva por parte del Gobierno central, está comprometiendo la estabilidad de un sector estratégico para
el medio rural y la soberanía alimentaria de nuestro país.
El Grupo Parlamentario Popular considera imprescindible que el Gobierno central y, en particular, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asuman de inmediato su responsabilidad, desplegando una respuesta contundente, eficaz y
presupuestada para proteger al sector ganadero español.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar de manera urgente la situación de emergencia sanitaria grave por peligro de extensión en el territorio nacional de epizootias de alta transmisibilidad y difusión, como consecuencia de la expansión del virus de la lengua azul,
especialmente del serotipo 8 y 3.
2. Aprobar un Plan Nacional de choque para:
a) Asegurar el suministro de vacunas y el desarrollo de una estrategia de vacunación ministerial efectiva que garantice la inmunización de los rebaños frente a los serotipos confirmados en el territorio español.
b) Ejecución de campañas de desinsectación coordinadas en todo el territorio nacional afectado.
c) Refuerzo del control de movimientos ganaderos, asegurando la trazabilidad y evitando nuevos contagios entre comunidades autónomas.
3. Asegurar la efectividad del Programa Nacional de Vigilancia de la Lengua Azul en España y centralizar la información epidemiológica, asegurando que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coordine los datos, evalúe los focos y
lidere la toma de decisiones en colaboración con las Comunidades Autónomas, veterinarios oficiales y organizaciones agrarias.
4. Desplegar campañas informativas y de asesoramiento técnico para los ganaderos, a fin de garantizar el conocimiento sobre la enfermedad, las medidas preventivas y los procedimientos de actuación en caso de foco.
5. Compensar económicamente a los ganaderos afectados por las pérdidas derivadas del impacto de la enfermedad en sus explotaciones, incluyendo mortalidad, abortos, restricciones comerciales y costes veterinarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2025.-Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Joaquín Melgarejo Moreno, María del Socorro Cuesta Rodríguez y Ainhoa Molina León, Diputados.-Ester
Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial
161/002375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la regulación del voto telemático en las sesiones de los órganos de gobierno
de las Administraciones Locales, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Mediante el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 se introdujo un apartado 3 al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para habilitar a las Administraciones Locales para que en las sesiones de sus órganos colegiados, se puedan 'celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos,
siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad', eso sí, siempre que 'concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o
dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones'.
El nuevo apartado del artículo 46 añadía que 'se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la
efectiva
participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten,'.
Como hemos visto, la pandemia de la COVID-19 supuso un punto de inflexión en la forma en que desarrollan su actividad institucional las Administraciones Públicas (todas, no solo las locales). La necesidad de mantener la continuidad de los
servicios públicos y del funcionamiento democrático de los órganos colegiados llevó a una rápida adopción de medios telemáticos para la celebración de sesiones y la adopción de acuerdos. Esta transformación, inicialmente impulsada por la urgencia,
ha demostrado ser eficaz, segura y plenamente compatible con los principios de legalidad, transparencia y participación política.
La experiencia acumulada durante la pandemia ha demostrado que los medios telemáticos permiten garantizar la participación efectiva de los miembros de los órganos colegiados, incluso en contextos adversos. Esta constatación abre la puerta a
una reflexión más amplia sobre la necesidad de extender esta posibilidad a situaciones personales graves que, sin constituir una emergencia colectiva, sí suponen una limitación real al ejercicio del derecho de participación política, tal como ya han
hecho otras instituciones como el Congreso, el Senado o parlamentos autonómicos.
Siguiendo la previsión que hace el Reglamento del Congreso de los Diputados en su artículo 82.2, modificado el 26/05/2022, el voto podrá ser por procedimiento telemático 'en los casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad o en
situaciones excepcionales de especial gravedad en que, por impedir el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado'.
Es decir, el Reglamento del Congreso, al igual que el Senado y parlamentos autonómicos, amplían el voto telemático, no solo a 'situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o
dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones', sino también a situaciones individuales.
Estas medidas singulares que permiten el voto telemático individual por causas personales de especial relevancia que impiden el desempeño de la función parlamentaria presencial, contribuyen a una mejor garantía de derechos fundamentales
porque asegura el derecho a participar en los asuntos públicos, incluso en situaciones personales adversas; permite la modernización institucional, en tanto que consolida el uso de herramientas digitales que ya han demostrado su eficacia; supone
mayor eficiencia y flexibilidad, dado que se evita la paralización de órganos colegiados por ausencias justificadas, así como también tiene en cuenta la perspectiva de género y la conciliación, ya que favorece la participación de personas en
situaciones de maternidad, paternidad o cuidados familiares.
Visto lo anterior, sería razonable poder extender estas medidas a los órganos colegiados de las Administraciones Locales, las cuales, también durante la pandemia, demostraron estar preparadas para dar un paso más en el uso de los medios
tecnológicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar los cambios legales necesarios para que las Administraciones Locales puedan incluir en sus respectivos Reglamentos de Organización Municipal, la posibilidad de voto telemático en
sus órganos colegiados en los casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad o en situaciones excepcionales de especial gravedad en que, por impedir el desempeño de la función representativa y atendidas las especiales circunstancias se
considere suficientemente justificado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-Juan Carlos Jerez Antequera, Diputado.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002374
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley para un futuro sin tóxicos.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 76480 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicarla en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al
Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un futuro sin tóxicos, para su debate en la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Un estudio realizado el pasado septiembre y publicado en el Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology vuelve a confirmar lo que ya viene atestiguando la ciencia desde hace años: existen múltiples tóxicos en productos y
envases que acaban en el organismo de las personas. Este último estudio revela que aproximadamente el 25 % de los compuestos presentes en los envases de comidas terminan en la sangre, y han identificado en diferentes muestras humanas, como orina,
sangre y leche materna, un total de 3.601 sustancias químicas utilizadas. Entre las sustancias se incluyen metales, compuestos orgánicos volátiles, PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) o ftalatos, todos ellos relacionados
con posibles efectos perjudiciales para la salud.
La presencia de tóxicos en el organismo de la práctica totalidad de la población conlleva múltiples problemas de salud, como por ejemplo los disruptores endocrinos, sustancias que alteran el equilibrio en el sistema hormonal y contribuyen a
causar problemas reproductivos y de neurodesarrollo, diabetes o algunos cánceres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es especialmente grave en bebés en gestación, a causa de la exposición intrauterina y posible origen fetal de
enfermedades en los adultos, y las mujeres, con especial sensibilidad en los efectos hormonales. Pero también se relacionan con enfermedades cardiovasculares o varios tipos de cáncer.
Esta presencia de tóxicos pone en riesgo la salud de las personas, así como del planeta, y además supone un coste importante para la salud pública. Se estima que el coste adicional para tratar enfermedades derivadas de la exposición de
disruptores endocrinos se sitúa en 217.999 millones de dólares al año para la UE 19. Además, la falta de mecanismos en la detección y retirada de los tóxicos en los productos en fase de reciclaje hace que dichos tóxicos se perpetúen a partir del
residuo. Para evitarlo no solo debe tenerse en cuenta el punto de vista cuantitativo sino también el de prevención cualitativa, para evitar la presencia de estas sustancias en los productos que se fabrican a partir del reciclaje.
En marzo de 2024 la fundación Rezero promovió la declaración Futuro Sin Tóxicos, avalada por más de 100 científicos y profesionales, en la que exponía la gravedad que conlleva la toxicidad invisible en productos de consumo (en textiles,
embalajes de comida, utensilios de cocina, materiales de construcción, etc.), y los efectos que estos tienen en la salud de las personas. El estudio señala la importancia del control en el reciclaje para que los tóxicos no vuelvan al circuito y la
reclamación de un marco normativo a todos los niveles que garantice un futuro sin tóxicos. Entre las demandas se encuentra el cumplimiento del principio de precaución en el diseño y fabricación de los productos, la transparencia de la información
(con mecanismos como el Digital Product Passport), el estudio de las sustancias y evaluación del riesgo de exposición, una regulación de sustancias de enfoque genérico, la prohibición de sustancias tóxicas ya conocidas o los mecanismos de control,
seguimiento y sanción que den cumplimiento a la normativa actual y futura.
La comunidad científica y sanitaria pone de relieve que debería existir regulación efectiva que evite la presencia de tóxicos en productos de consumo, y mayor investigación e información sobre la composición de un producto y los efectos que
puede tener la exposición continuada de algunos de sus componentes tóxicos en las personas. De hecho, el Ministerio de Sanidad ya ha puesto en marcha el primer gran estudio estatal para ver cómo afectan las sustancias químicas cotidianas,
iniciativa enmarcada dentro de la nueva estructura nacional de biomonitorización humana, y pretende medir los niveles de contaminantes en miles de personas voluntarias para tomar medidas concretas, basadas en la ciencia, entorno a la salud pública.
Además de este estudio, IMPaCT (Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología), coordinada y financiada por el Instituto de Salud Carlos III, también está recogiendo datos sobre la exposición ambiental e información
clínica a través de dos proyectos, con el objetivo de comprendery mejorar la salud de la población española. Cabe señalar que muchos de estos tóxicos contaminan las aguas subterráneas y superficiales y el suelo. La limpieza de zonas contaminadas
es cara y técnicamente difícil, y por lo tanto continúan acumulándose en el medio ambiente, el agua potable y los alimentos.
En relación a los materiales en contacto con alimentos, la normativa se establece en su mayor parte de la UE. Concretamente, los monómeros y otras sustancias que se incluyen en el reglamento de plásticos son objeto de evaluación del riesgo
por parte de la EFSA y luego se incluyen en las listas UE con las restricciones para garantizar un uso seguro. Sin embargo, los materiales poliméricos distintos al plástico sí tienen cabida en la regulación nacional, y la revisión de la lista
positiva de sustancias recae en las competencias de la AESAN, revisión ya en marcha.
La ciencia no solo pone el foco en los tóxicos detectados en los productos. La contaminación ambiental también es un elemento muy importante que afecta directamente a la salud de las personas. En un artículo titulado Short-term effects of
air pollution and noise on emergency hospital admissions in Madrid and economic assessment de 2022 y de la mano de varios expertos concluía que 'a pesar de que las normativas de control de la calidad del aire han mejorado la situación atmosférica en
los últimos años, los niveles de contaminantes atmosféricos siguen siendo elevados. La morbilidad asociada se manifiesta en un número excesivo de ingresos hospitalarios atribuibles, con la consiguiente pérdida
19 Dato extraído de la Declaración Futuro sin Tóxicos, marzo de 2024.
de la calidad de vida de la población y el elevado coste económico que esto conlleva. El efecto a corto plazo en los ingresos hospitalarios debido a las concentraciones de NO2 y ozono, así como a los niveles de ruido, sigue siendo muy
elevado'.
En este sentido también se manifiesta otro estudio más reciente del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), llevado a cabo con investigadores de las universidades de Girona y Alcalá de Henares. En él se ha analizado el impacto a corto plazo
de la contaminación atmosférica y la temperatura en olas de calor y frío en los ingresos hospitalarios urgentes. 'Los resultados estiman que la contaminación atmosférica en España se relaciona cada año con 62.000 ingresos hospitalarios urgentes a
corto plazo, y que esta relación supondría un coste de más de 850 millones de euros anuales', concluye el artículo. En este sentido el año pasado también se publicó un artículo en Science of the Total Environment (STOTEN) que reveló efectos a corto
plazo de las partículas finas procedentes de la combustión de biomasa en los ingresos hospitalarios urgentes debidos a trastornos mentales y del comportamiento, ansiedad y depresión en España. Y en 2023, otro artículo igualmente publicado en esta
revista confirmó el impacto en la morbilidad, mortalidad y salud de las olas de calor según su origen en personas residentes en Madrid. En conclusión, la ciencia lleva años alertando de los efectos perjudiciales para la salud en cuanto a la
contaminación atmosférica, no solo en aquellos tóxicos presentes en productos de uso frecuente por parte de la población.
La actual regulación se muestra insuficiente en la protección de la salud y el medio ambiente. Según manifiesta la Declaración Futuro sin Tóxicos, 'la propia Estrategia Europa de Sostenibilidad para sustancias químicas reconoce la necesidad
de reforzar, simplificar y consolidar el marco jurídico de la UE en materia de toxicidad'. Desde hace años, la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA en sus siglas en inglés) trabaja para restringir los PFAS más nocivos pero la industria
química retrasa esta prohibición que tendría un impacto positivo en la salud pública. De hecho, el Consejo Nórdico de Ministros ha calculado que el coste de los PFAS para la salud pública asciende a la asombrosa cifra de entre 52000 y 84000
millones de euros al año en Europa. Aun así, la resistencia a establecer una clara prohibición se debe en gran medida a la campaña de presión y desinformación orquestada por los grupos de presión de los sectores químicos del plástico para prohibir
estas sustancias que también se conocen como 'químicos eternos'. En enero de 2025 el Proyecto Contaminación para Siempre, una colaboración transfronteriza e interdisciplinar que reúne a periodistas y expertos publicó una investigación exhaustiva
desvelaba 'más de 14.000 documentos que prueban décadas ocultando la toxicidad de los PFAS, químicos vinculados con varios tipos de cáncer, infertilidad y baja respuesta a las vacunas'.
Estos PFAS (formados por cadenas de carbono recubiertas de flúor) son tan resistentes que sirven para que una sartén sea antiadherente, la ropa impermeable o retener la grasa de los envases de comida rápida. Recientemente la asamblea
francesa ha aprobado una proposición de ley para prohibir, a partir de enero del 2026, los PFAS en los cosméticos, la mayoría de las prendas textiles y el calzado. De hecho, los PFAS en productos de consumo representan el 20 % de la contaminación
por PFAS. Lamentablemente, la prohibición no se extiende a los utensilios de cocina, una de las principales fuentes de PFAS, debido a la fuerte presión del sector químico.
Es especialmente relevante que el Reglamento de envases de la UE aprobado recientemente prohíbe explícitamente, a partir de agosto de 2026, la introducción en el mercado europeo de envases en contacto con alimentos que contengan PFAS. Para
muchos productos existen alternativas a los PFAS.
Los datos y la ciencia nos muestran que estamos en constante exposición a tóxicos, los cuales siguen presentes incluso después del reciclaje, a través de envases y utensilios, pero no es la única vía en la que acaban en nuestros cuerpos. La
salud de las personas también se ve gravemente afectada a través de los micro y nanoplásticos (MNPL), que se desprenden de productos plásticos y así lo dice un estudio reciente liderado por la Universitat Autónoma de Barcelona, el proyecto
PlasticHeal. Once instituciones científicas europeas han investigado durante cuatro años, y la conclusión es clara: las afectaciones
de una larga exposición a los MNPL dañan elADN, alteran la comunicación celular, afecta a los órganos y tejidos y es el origen de varias enfermedades. La investigación señala el riesgo que conllevan a nivel celular: inflamación crónica,
alteraciones del sistema inmunitario y mayor sensibilidad a otros contaminantes conocidos. Estos microplásticos se introducen en el cuerpo principalmente por inhalación, depositándose en el pulmón y, si se ubica de manera profunda, pueden entrar en
el torrente sanguíneo y distribuirse por todo el cuerpo.
Otro estudio publicado en la revista Nature Medicine sobre la acumulación de microplásticos en el cuerpo humano constata que el hallazgo de estos residuos en órganos vitales como el hígado, riñones o los pulmones ha aumentado
exponencialmente en la última década, siendo el caso más preocupante el del cerebro, que concentra hasta 30 veces más microplásticos que otros sistemas vitales. Afirman las científicas que los pacientes de enfermedades neurodegenerativas tienen
entre 3 y 5 veces más de microplásticos en sus cabezas que las personas sanas y por lo tanto sugieren un posible vínculo entre este fenómeno y el riesgo de desarrollar demencia.
Los tóxicos y los microplásticos, tanto los que se encuentran en los productos, los MNLP que se inhalan o los que se encuentran en alimentos, impactan de manera directa en la salud de las personas. Es urgente abordar de manera coordinada y
con perspectiva ecológica y sostenible esta problemática.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar y actualizar la normativa estatal, en el marco de sus competencias, relativa a la contaminación química y las sustancias tóxicas desarrollando una Estrategia Nacional de Químicos, así como actualizando el Real Decreto 1055/2022,
de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, para garantizar la aplicación del el principio de precaución y los criterios de salud en especial en la etapa de la infancia y en las mujeres embarazadas a raíz de los nuevos estudios e informes
en esta materia. En dicha Estrategia se deben contemplar las medidas pertinentes para que los tóxicos no se perpetúen en el reciclado de los productos, tales como juguetes o textil, y el impulso de campañas, de acuerdo con las administraciones
competentes, para fomentar la compra de productos libres de tóxicos en la contratación de compras públicas por parte de las administraciones.
2. Realizar el seguimiento de la prohibición de ftalatos y Bisfenol A en envases, regulado por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el Real decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases. Para
ello, se debe coordinar con los organismos competentes el reporte de la aplicación normativa y hacer difusión de los resultados a la ciudadanía.
3. Seguir trabajando en la revisión y actualización del Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto
con los alimentos por parte de la AESAN.
4. Desarrollar y reforzar la aplicación de las normas, el control y el seguimiento, así como la capacidad sancionadora para aquellos productos que no cumplen con la normativa, en la línea de lo existente en materia de envases alimentarios.
5. Seguir potenciando los estudios y, consecuentemente, las políticas públicas pertinentes, sobre el impacto de los tóxicos químicos y ambientales sobre la salud de las personas, así como aquellos que incluyan también la interacción entre
diferentes compuestos y la exposición continuada a los mismos, garantizando la transparencia por parte de la industria tanto para la realización de dichos estudios como en relación a la información proporcionada a las personas consumidoras a través
del etiquetado.
6. Impulsar campañas de sensibilización e información dirigidas a las personas consumidoras para poner en conocimiento los datos y estudios actuales y los que
desarrolle el Gobierno, con el fin de prevenir el contacto continuado con los productos que puedan contener tóxicos perjudiciales para la salud de las personas y la exposición a la contaminación ambiental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-Júlia Boada Danés, Fèlix Alonso Cantorné y Alda Recas Martín, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar acciones contra la expansión de la Avispa Asiática, para su debate en
la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En el año 2010 se confirma la llegada a la península ibérica, a través de los Pirineos, de la avispa asiática de tórax negro (vespa velutina nigritorax).
La citada avispa asiática, tras su llegada a Europa en 2004, por el sur este de Francia, está ocasionando importantes daños en el sector agrario y causa alarma social en los lugares afectados por su aparición y expansión, siendo los
apicultores los primeros en advertir de la presencia y del riesgo que suponía la aparición de esta especie invasora.
Según los datos de los que dispone la Administración española, en 2011 se constata la aparición del insecto en Galicia; en 2013 ya se informa de que las avispas se encontraban en Cataluña y en Aragón; en diciembre de 2014 se encuentra el
primer nido de avispa asiática en La Rioja, y en octubre de 2015 se encuentra el primer nido en Mallorca.
La aparición de este insecto no sólo afecta a la colonia apícola en nuestro país, sino que está afectando también directamente a la agricultura, ya que una función primordial de las abejas es la polinización de los frutales, y cuantas menos
abejas existan menos capacidad de polinización habrá; y ello hace que resientan las cosechas agrícolas de los frutales o los almendros, de modo que el problema transciende a la apicultura, e incide directamente en las producciones agrarias.
En la legislación española, y más concretamente según la Ley 42/2007 del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se define como especie exótica invasora aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat
natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la biodiversidad biológica nativa, bien sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética.
Debido a su potencial colonizador y a que constituye una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la avispa asiática ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, aprobado por Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, y es que es evidente que, al igual que ha llegado a España, se va a extender al resto de países de la Unión Europea, por lo que será imprescindible adoptar una visión conjunta de lucha contra esta especie invasora
también en el ámbito de la Unión Europea.
Las abejas melíferas europeas (Apis mellifera) no cuentan con una estrategia de defensa eficaz, y por ello un grupo de estas avispas puede acabar con gran parte de una colmena en poco tiempo y mermar su productividad o matar a toda la
población de la misma, produciendo graves daños económicos al apicultor, así como al medioambiente, reduciendo considerablemente la polinización en frutales, hortalizas, etc.
En la actualidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico realiza el seguimiento de la 'Estrategia de Gestión, Control y posible Erradicación del Avispón Asiático o Avispa Negra (Vespa velutina ssp, nigrithorax) en
España', aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 16 de abril de 2015.
En dicha estrategia se realizaba una primera aproximación al conocimiento de la distribución de esta especie en España, tras su introducción documentada en 2010, y el citado Ministerio, en el marco de sus competencias, y de manera coordinada
con las administraciones autonómicas, recopila la información disponible y reportada desde las comunidades autónomas, así como la que se genera desde el ámbito científico-técnico y toda aquella que produce el propio Ministerio, con el objetivo de
dar respuesta a lo requerido por el artículo 24 del Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras (en
concreto, exige la elaboración de un completo informe sexenalmente sobre las especies exóticas invasoras presentes en España, tanto las contempladas en el Listado de Especies Exóticas Invasoras Preocupantes para la Unión europea como en el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras; el avispón asiático forma parte de ambos).
Para el sexenio 2019-2024 se ha recopilado y entregado el 31 de mayo de 2025 a la Comisión Europea la correspondiente información sobre las especies invasoras en España, incluyendo Vespa velutina.
El Ministerio gestiona una Red de Alerta nacional de Especies Exóticas Invasoras, con participación de todas las comunidades y ciudades autónomas, así como de las Confederaciones Hidrográficas, dando así cumplimiento al artículo 14 del Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto.
Ello ofrece información inmediata sobre la presencia de ésta y otras especies invasoras en nuevos territorios, al objeto de favorecer la adopción de medidas preventivas y facilitar respuestas inmediatas por parte de las administraciones
competentes.
En los últimos años, el avispón asiático ha sido una de las especies sobre la que más frecuentemente se ha informado en esta red de alerta.
Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco de la aparición de nidos de este tipo de avispa en núcleos urbanos, con la consiguiente alarma social derivada del escaso conocimiento de la población de esta triste realidad:
- Noticia de 'la Voz de Avilés', 26 de junio de 2025: 'Alarma en el centro de FP de Avilés por un nido de avispa asiática'
https://www.elcomercio.es/aviles/alarma-centro-aviles-nido-avispa-asiatica-20250626181125-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.elcomercio.es%2Faviles%2Falarma-centro-aviles-nido-avispa-asiatica-20250626181125-nt.html
- Noticia de 'la Opinión de Málaga', 16 de junio de 2025: 'La avispa asiática invade la provincia de Málaga'
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2025/06/16/avispa-asiatica-invade-provincia-malaga-118674266.html
- Noticia de 'la Ciutat', 12 de febrero de 2025: 'La lucha contra la avispa asiática: Vecinos de las montañas de Barcelona piden ayuda'
https://laciutat.cat/es/la-ciutat-es/lluita-vespa-asiatica-veins-muntanyes-barcelona-demanen-ajuda
Incluso el Senado de España ya ha tomado conocimiento de la problemática surgida, a través de una Moción del Grupo Parlamentario Socialista registrada el día 10 de febrero de 2017, y que fue aprobada, por unanimidad, por la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Alta el día 3 de abril de 2017, y en la que se instaba al Gobierno
de España a hacer frente a la plaga y a minimizar el impacto negativo causado por la avispa asiática en el medio ambiente y en la apicultura especialmente.
Desde entonces, la expansión de la avispa asiática sigue siendo objeto de preocupación tanto para las distintas Administraciones, como para el sector agrario e incluso, en la actualidad, para los núcleos urbanos de población.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar haciendo un seguimiento de la evolución de la expansión de esta especie invasora en colaboración con las Comunidades Autónomas y con las autoridades europeas.
2. Estudiar el establecimiento de forma consensuada entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas afectadas de un método de alerta temprana que sea fruto de la elección del más eficaz, después de realizar una la evaluación de los
diferentes métodos disponibles. Una vez detectados nidos en núcleos urbanos, es fundamental contar con medidas que puedan alertar tanto a las autoridades, como a los ciudadanos, para que se pueda actuar con la máxima rapidez.
3. Reforzar los protocolos (en concreto la Estrategia para el control, gestión y posible erradicación del Avispón asiático o Avispa negra (Vespa velutina ssp, nigrithorax) en España, aprobadas por la Comisión estatal para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad el 14 de noviembre de 2014 y por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 16 de abril de 2015) con la última información disponible y de modo consensuado con las diferentes administraciones implicadas, para realizar
una actuación integral en todo el territorio nacional, en el que se puedan coordinar las actuaciones y se pueda evaluar la eficacia de cada medida para así poder implantar las más eficaces y extenderlas por todos los territorios afectados con
celeridad.
4. Seguir impulsando proyectos de investigación encaminados a descubrir tanto una feromona efectiva que permita una captura dirigida y masiva de avispa asiática, como otros métodos selectivos de captura de esta especie invasora.
5. Estudiar la posibilidad de realizar una propuesta en el Consejo Europeo de Medio Ambiente / Agricultura de actuaciones coordinadas entre los países afectados, tomando ejemplo de las medidas más eficaces en cada territorio, con el
objetivo de aumentar la eficacia de la lucha contra esta especie invasora europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-Víctor Javier Ruiz de Diego y María de las Nieves Ramírez Moreno, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento del comercio electrónico en la España rural, para su debate en la
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años y puede convertirse en una herramienta clave para contribuir a revitalizar económicamente las zonas despobladas. Según el informe 'Compras online en
España'
del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, la cifra de negocio del comercio electrónico en nuestro país ha experimentado un aumento significativo entre 2014 y 2023, pasando de cerca de 16.300 a más de 99.200 millones de euros, con
un crecimiento del 16 % en el último año. Asimismo, el último Informe de 2023 sobre el estado de la Década Digital ofrece datos alentadores para España, al mostrar que el número de PYMES que venden en línea crece constantemente y está por encima de
la media de la Unión Europea (29 % frente al 19 %).
El comercio electrónico está cada vez más integrado en la vida cotidiana de los españoles, que lo han interiorizado como canal de compra hasta el punto de que el 60 % recurre a él varias veces al mes y que el 80 % lo compagina con las
tiendas físicas, según datos ofrecidos por Ipsos. No en vano, el informe 'Compras online en España' cifra el gasto medio anual en compras en línea en 2023 en 3.307 euros por persona, manteniéndose la tendencia al alza be los últimos diez años.
Asimismo, el 73,1 % de los compradores online prevé mantener en el futuro su nivel de compras por Internet, con el precio, la comodidad y la amplitud de la oferta disponible como factores determinantes de su decisión de compra por este canal.
La combinación del comercio electrónico con el comercio presencial -conocida como estrategia omnicanal- se ha convertido en una poderosa herramienta para revitalizar el comercio minorista. Esta integración permite a los negocios ofrecer una
experiencia de compra en la que los clientes pueden iniciar su proceso de compra en línea y finalizarlo en la tienda física, o viceversa. Por ejemplo, prácticas como el 'click and collect', donde se compra por internet y se recoge en tienda, no
solo incrementan la comodidad del cliente, sino que también pueden aumentar el tráfico físico en los establecimientos, generando ventas adicionales. Asimismo, una presencia digital sólida permite a los minoristas llegar a un público más amplio,
incluyendo a clientes que quizá nunca visitarían la tienda en persona. Al mismo tiempo, la tienda física se convierte en un punto estratégico no solo de venta, sino también de servicio, asesoramiento y devolución de productos adquiridos en línea;
todo ello en una sinergia que mejora la satisfacción del cliente y refuerza su fidelidad con aquellos comercios que lo implantan.
Y en esta realidad que crece cada año también existen oportunidades para la España despoblada. El comercio electrónico permite a emprendedores rurales acceder a mercados nacionales e internacionales sin necesidad de desplazarse a núcleos
urbanos. Agricultores, artesanos, productores locales y pequeñas empresas pueden vender sus productos a través de plataformas digitales, eliminando intermediarios y aumentando la rentabilidad de sus negocios y, por tanto, sus posibilidades de
crecimiento. Además, el teletrabajo y la digitalización de los servicios han demostrado que es posible desarrollar actividades profesionales desde cualquier lugar, siempre que se disponga de conexión a internet y formación adecuada. Y las pymes de
la España despoblada lo están aprovechando.
Así, según datos ofrecidos por Amazon, de las 5000 pymes rurales que venden sus productos a través de la plataforma (un 30 % del número total de pymes españolas presentes en este marketplace), más del 40 % lo hacen a nivel global y más del
60 % exportan sus productos a la Unión Europea. Dichas pymes exportaron bienes y servicios por valor de 300 millones de euros en 2023, lo que supuso un crecimiento anual acumulado superior al 30 % desde 2018, una tasa mayor en un tercio al
crecimiento de las exportaciones de empresas urbanas. Estos datos muestran una imagen similar a la de los últimos ofrecidos por la CNMC sobre el conjunto del sector del comercio electrónico en España, que señalan que el 42,8 % de los ingresos en el
tercer trimestre de 2024 tuvieron como destino nuestro país, mientras que el 57,2 % restante fueron compras con origen en España hechas en el exterior.
Asimismo, los beneficios del comercio electrónico en la España rural también se dejan sentir en los compradores aún con mayor énfasis que en entornos urbanos. La compra remota permite recortar distancias a la hora de adquirir productos para
unos vecinos que, normalmente, se ven obligados a recorrer muchos más kilómetros que sus homólogos urbanos para adquirir los productos o servicios que necesitan; lo que redunda en un ahorro de tiempos de desplazamiento y una mejora de la calidad de
vida diaria. De esta manera
el comercio electrónico aprovecha las tecnologías de la información y las redes logísticas eficientes para impulsar el desarrollo rural y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.
Para que el comercio electrónico y sus oportunidades para la España despoblada sigan reforzándose es imprescindible el compromiso público en aspectos como el refuerzo de la conectividad digital, la formación y acompañamiento con programas de
capacitación digital adecuados al entorno rural o la creación de incentivos al establecimiento de empresas en estas zonas. En ese sentido, la labor del Gobierno progresista está abriendo nuevos horizontes para el desarrollo de las pymes rurales.
Por un lado, el programa Comercio Conectado, lanzado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en 2024, ha facilitado un espacio de información para el comercio minorista que ofrece formación, comunidades y recursos para promover la
transformación digital del comercio minorista y centralizando información sobre distintas ayudas y subvenciones dirigidas al sector por todas las administraciones, tanto de la Administración Central como de las Comunidades Autónomas y las entidades
locales. A esta iniciativa se suma la línea de ayudas para la financiación de proyectos de impulso a la modernización de los canales de distribución en entidades locales de hasta 5.000 habitantes, para reforzar la actividad y distribución comercial
mediante tecnologías actuales como parte del esfuerzo inversor de 415 millones de euros de fondos Next Generation EU, que han sido puestos a disposición de las pymes españolas.
Por otro lado, los Programas Único-Banda Ancha y Único-Demanda Rural han conseguido eliminar la brecha digital de conectividad entre el mundo urbano y el mundo rural en España, al garantizarse al 100 % de la población el acceso a precio
asequible a banda ancha fija ultrarrápida en todo el territorio, a través del despliegue de fibra y del servicio satelital de Hispasat. Respecto a la cobertura móvil, se está desarrollando la Estrategia de impulso de la tecnología 5G, con medidas
como el Programa UNICO Redes 5G, que incluye ayudas destinadas a impulsar el despliegue de esta tecnología en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Finalmente, las ayudas de funcionamiento en Soria, Teruel y Cuenca, destinadas a reducir los costes laborales para las empresas ubicadas en estas ciudades, ha espoleado la firma de 36.000 nuevos contratos en municipios de menos de 1000
habitantes y facilitado el alta a más de 1500 nuevos trabajadores autónomos. En Cuenca, la afiliación ha aumentado un 9,3 % respecto a los últimos cinco años. En Soria, un 8,4 %, y en Teruel un 7 %, mostrando el éxito de las políticas del Gobierno
en la tarea de equilibrar el modelo de desarrollo territorial, dando instrumentos adicionales a aquellos territorios que presentan una mayor vulnerabilidad.
Debemos seguir trabajando en esta línea y sumar a ese esfuerzo a todas las administraciones territoriales. La implicación activa de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en el impulso del comercio electrónico en la España rural es
esencial para consolidar un crecimiento equilibrado y sostenible de este sector. Estas administraciones, por su cercanía al territorio, están en una posición privilegiada para identificar las necesidades específicas de cada zona y fomentar la
colaboración públicoprivada. Todas las administraciones públicas deben trabajar unidas y coordinadas para lograr que las empresas rurales puedan subirse a este tren de progreso y consolidar una tendencia positiva para la vitalidad económica de las
zonas más despobladas de nuestro país.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Seguir impulsando el fortalecimiento del comercio minorista en nuestro país sobre la base de un modelo que combine la presencia física y digital; dotando al comercio tradicional de las herramientas necesarias para competir en el actual
contexto de crecimiento del comercio electrónico.
2. Desarrollar iniciativas de formación y acompañamiento a las pymes y autónomos rurales en materia de marketing digital, gestión omnicanal e internacionalización de su producción, en colaboración con las administraciones territoriales,
organizaciones empresariales y cámaras de comercio.
3. Promover campañas de información dirigidas a los consumidores para incrementar su confianza en las transacciones online, dirigidas especialmente a aquellos sectores de población que muestren unos menores índices de consumo electrónico.
4. Trabajar con las empresas públicas y privadas de logística y distribución, así como con las administraciones competentes, para la extensión de prácticas como puntos de recogida comunitarios, hubs logísticos distribuidos por el territorio
o entregas agrupadas que garanticen la mayor capilaridad posible de las redes de distribución y los menores tiempos de entrega en todo el territorio.
5. Instar a las administraciones autonómicas, en el seno de las conferencias sectoriales correspondientes, a complementar las inversiones y políticas públicas realizadas desde la Administración General del Estado para fomentar el
crecimiento del comercio electrónico en la España rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-Luis Alfonso Rey de las Heras, Joaquín Martínez Salmerón, María de las Nieves Ramírez Moreno, Arnau Ramírez Carner e Isabel María Pérez Ortiz, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y
Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Blanca Armario González, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Diputada, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a regenerar y estabilizar la línea de costa gaditana y poner fin a la presencia
de algas invasoras en ella, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La costa de Cádiz, uno de los mayores activos turísticos del sur de España, se enfrenta actualmente a la pérdida progresiva de arena en algunas de sus playas más emblemáticas y a la alarmante proliferación generalizada del alga invasora
Rugulopteryx okamurae. Ambos fenómenos están teniendo un impacto directo en el entorno natural, en la economía local y en la calidad de vida de los habitantes de la provincia, incrementado todo ello por la dejadez del Gobierno de España.
La playa de El Pirata, en Los Caños de Meca, es el mejor ejemplo de la primera amenaza mencionada, encontrándose en una situación límite tras el tren de temporales que azotó la costa gaditana en los meses de febrero y marzo. Las lluvias
provocaron entonces graves desperfectos en los accesos a la playa y arrastraron toneladas de arena hasta dejar a la vista centenares de rocas que han provocado que ahora, cuando sube la marea, apenas quede espacio para que los bañistas disfruten de
la playa 20.
La playa de El Pirata ha sufrido, por tanto, un deterioro alarmante que se hace evidente tanto en sus accesos como en la arena que desaparece durante la pleamar. Y, si bien es cierto que el Ayuntamiento de Barbate anunció el 7 de mayo que
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico iba a ejecutar obras de emergencia en la playa,
20 https://www.lavozdigital.es/provincia/janda/playa-pirata-paraiso-abandonado-piedras-visto-nunca-20250601140303-ntv.html
estas actuaciones se limitaron a reparar los accesos y el plan de actuación no contempló los aportes de arena extraordinarios que reclamaban con urgencia desde el consistorio 21.
No obstante, el problema viene de lejos y se explica por el abandono al que las administraciones públicas han sometido a esta playa desde hace años. De hecho, la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico -dependiente del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- no ha hecho aportaciones de arena en la playa de El Pirata desde 2019. Para justificarse, la organización se escuda en que el estado originario de la playa era muy similar al actual y defiende que no
se lleven a cabo actuaciones para que esta playa 'recupere su línea de costa original' 22.
En la misma línea, el proyecto de regeneración de la playa de El Rinconcillo, en Algeciras, continúa paralizado y el Gobierno sigue sin facilitar una fecha concreta de inicio de las obras. La playa continúa sufriendo un profundo deterioro
progresivo cinco años después de que el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria recibiera el encargo de hacer un estudio detallado de su dinámica evolutiva con el fin de analizar las causas de su pérdida constante de arena y
proponer medidas que pudieran contribuir a corregir la situación 23.
Además, la Dirección General de Costas presentó en diciembre de 2022 un plan de regeneración integral de la playa con un plazo de ejecución inferior a un año. El objetivo era mantener una anchura mínima en la zona de playa y proteger tanto
las infraestructuras como el entorno natural. Sin embargo, el proyecto continúa indefinidamente paralizado y la indignación vecinal aumenta cinco años después del encargo del primer estudio técnico y tres desde que se anunció la licitación del
proyecto 24. Por otro lado, los casos de El Pirata y El Rinconcillo no son una excepción. De hecho, todo el entorno del Golfo de Cádiz está afectado por esta problemática y se estima que el litoral gaditano podría sufrir un retroceso extremo en su
línea de costa que se moverá entre los 15,86 y los 19,36 metros en los próximos veinticinco años 25.
En todo caso, a la desaparición de arena en estas playas se suma la proliferación masiva de algas invasoras de la especie Rugulopteryx okamurae. Estas algas de procedencia asiática han proliferado rápidamente debido a las altas temperaturas
de los últimos meses y ya se acumulan en el agua y en la orilla de toda la costa gaditana 26. Además, el mal olor que esta alga causa al descomponerse amenaza con acabar con la pesca y el turismo; las dos actividades económicas más importantes
para la mayoría de los vecinos de la provincia de Cádiz 27.
Por todo ello, se hace imprescindible actuar de forma urgente y coordinada para hacer frente a estas situaciones y acabar con el abandono institucional que ha puesto en riesgo algunas de las playas más emblemáticas de la costa gaditana.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las acciones necesarias para:
1. Ejecutar con urgencia un plan de acción para regenerar y estabilizar la línea de costa de la playa de El Pirata adoptando aquella que aporte una solución definitiva, garantizando la conservación de la arena y la recuperación del litoral.
21 https://www.barbate.es/noticias/2535-el-miteco-anuncia-obras-de-emergencia-en-las-playas-de-los-canos-de-meca-y-zahora
22 https://www.lavozdelsur.es/la-voz-seleccion/reportajes/canos-playa-pirata-muere-ruina-aqui-decepcion-visitante-abandono-extremo_338027_102.html
23 https://www.europasur.es/algeciras/gobierno-fecha-obras-regeneracion-playa-rinconcillo_0_2004046100.html
24 https://www.europasur.es/algeciras/indignacion-abandono-playa-rinconcillo_0_2004116225.html
25 https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/playas-valdelagrana-victoria-cortadura-retroceso-18-metros-2050_0_2004391872.html
26 https://www.lavozdigital.es/provincia/janda/playa-pirata-paraiso-abandonado-piedras-visto-nunca-20250601140303-ntv.html
27 https://www.lavozdigital.es/provincia/cadiz/algas-vuelven-invadir-playas-cadiz-20250503125223-ntv.html
2. Dotar de los medios económicos necesarios para la ejecución de las obras, estableciendo un plazo máximo al objeto de garantizar la mayor celeridad en la puesta en marcha de estas actuaciones.
3. Iniciar definitivamente el proyecto de regeneración de la playa de El Rinconcillo, declarando la ejecución prioritaria del mismo, y consolidando para ello los fondos necesarios y fijando un calendario vinculante.
4. Promover un estudio pormenorizado sobre la situación en la que se encuentran las playas del litoral gaditano, a fin de plantear un plan de regeneración que solvente sus deficiencias de manera definitiva.
5. Desarrollar cuantas medidas sean necesarias para poner fin a la presencia de algas invasoras de la especie Rugulopteryx okamurae en la costa gaditana.
6. Adoptar las medidas necesarias para autorizar, facilitar y fomentar la comercialización del alga invasora Rugulopteryx okamurae, en los términos expuestos en la normativa vigente y desde una perspectiva de control de la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, Patricia Rueda Perelló y Blanca Armario González, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
161/002391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a luchar contra los incendios forestales propios del periodo estival, para su discusión en la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
España es uno de los países europeos más castigados por los incendios forestales, especialmente durante los meses de verano, cuando las condiciones meteorológicas y el abandono de determinadas zonas rurales actúan como factores de riesgo
añadidos 28. Según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, España cuenta con aproximadamente 28,4 millones de hectáreas de superficie forestal, de las cuales 19,2 millones de hectáreas corresponden
a superficie arbolada 29. Los incendios no solo provocan un devastador daño al medio natural, sino que también suponen una amenaza directa a la seguridad de las personas, a las infraestructuras públicas y privadas, y a la economía de muchas zonas
rurales cuya actividad depende de su entorno natural.
Cada año se producen en España una media de más de 9.700 incendios forestales, que calcinan cerca de 100.000 hectáreas de terreno. De ellos, un porcentaje superior al 95 % tiene origen humano y, en su mayoría, son provocados de forma
intencionada 30. La intencionalidad delictiva detrás de muchos de estos fuegos exige una respuesta contundente desde el plano penal, no solo por el daño directo causado, sino también por
28 https://www.telecinco.es/noticias/el-tiempo/20220811/espana-pais-europa-mas-incendios-2022_18_07221617.html
29 https://www.eltiempo.es/noticias/bosques-en-espana
30 https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/bosques/incendios_forestales_/los_peores_incendios_forestales_en_espana/
el enorme coste económico que suponen las tareas de extinción, la recuperación ambiental y la reconstrucción de las zonas afectadas.
Desde el punto de vista jurídico, los incendios forestales intencionados están tipificados en los artículos 351 y 352 del Código Penal. El artículo 351 establece que será castigado con penas de prisión de 10 a 20 años quien provoque un
incendio que comporte peligro para la vida o integridad física de las personas, mientras que, si no concurre dicho peligro, pero el incendio afecta a una masa forestal, la pena será de 1 a 5 años y multa de doce a dieciocho meses (artículo 352). No
obstante, estas penas podrían endurecerse con el objetivo de disuadir estas prácticas delictivas y aumentar la concienciación ciudadana ante estos hechos.
Según el Avance informativo de incendios forestales del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 31, el pasado año fue el que menos incendios registró en la última década. Sin embargo, la superficie quemada fue superior a la de 2018, lo que
evidencia que sigue habiendo incendios de gran magnitud que escapan al control por falta de anticipación o recursos. Asimismo, el Avance informativo de incendios forestales del 1 de enero al 30 de abril de 2025 presenta los mejores datos en lo que
llevamos de década, lo que refuerza la importancia de seguir apostando por la prevención y la preparación durante todo el año 32.
Los incendios forestales no solo arrasan masas forestales y tierras agrícolas: también suponen la destrucción de hábitats y ecosistemas que han tardado décadas, o incluso siglos, en desarrollarse. La fauna silvestre se ve gravemente
afectada, y muchas especies pierden sus territorios, refugios o fuentes de alimento 33. Además, la pérdida de cubierta vegetal incrementa el riesgo de erosión del suelo, desertificación y alteraciones del ciclo hidrológico, con consecuencias
negativas a largo plazo 34.
Frente a esta situación, es imprescindible reforzar el enfoque integral en la lucha contra los incendios. No basta con actuar durante el verano con medios de extinción; es imprescindible equilibrar los esfuerzos de prevención que se
realizan en invierno -como limpiezas, desbroces, cortafuegos y mantenimiento de infraestructuras hídricas-, con los medios empleados en temporada alta. Igualmente, es fundamental recuperar prácticas tradicionales del mundo rural, como el pastoreo o
la limpieza de los montes, que históricamente han contribuido a mantener nuestros ecosistemas en equilibrio.
En definitiva, la lucha contra los incendios forestales debe pasar a ser una política estructural coordinada a nivel nacional y con un enfoque integral que contemple prevención, disuasión penal, colaboración institucional y mantenimiento de
los ecosistemas. El Gobierno debe, en ejecución de sus competencias, desarrollar un plan específico que ayude a prevenir las desastrosas consecuencias que los incendios generan sobre el terreno rural.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer medidas necesarias para lograr una verdadera preservación del medio ambiente y de la forma de vida rural.
31 https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/temas/incendios-forestales/Avance%20informativo%2031%20de%20diciembre%202024.pdf
32 https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/temas/incendios-forestales/Avance%20informativo%2030%20de%20abril%202025.pdf
33 https://www.eldebate.com/sociedad/sociedad-medio-ambiente/20220903/animales-victimas-invisibles-incendios-forestales_57424.html
34 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/lucha-contra-la-desertificacion/lch_espana.html
2. Elaborar un Plan de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, en el marco de un Sistema Nacional de Protección Civil que vertebrará de forma unitaria la respuesta ante distintas catástrofes, y que entre otras cuestiones:
a. Sirva de base para la redacción de los planes de actuación que se presentan cada año,
b. Unifique el régimen de personal y protocolos de actuación que permita coordinar el trabajo todos de los cuerpos de protección civil y bomberos,
c. Garantice la coordinación de todos los medios disponibles con independencia de su vinculación local, autonómica o estatal,
d. Equipare la importancia de los trabajos de prevención propios del invierno con los trabajos de extinción propios del verano para favorecer una lucha integral contra los incendios.
3. Elaborar un Plan Nacional del Agua que, de acuerdo con el principio de solidaridad entre regiones, garantice la interconexión de cuencas hidrográficas y contribuya a combatir eficazmente los episodios de sequía e incendios.
4. Garantizar el mantenimiento y la conservación de todas las barreras fluviales y las infraestructuras hídricas que podrían contribuir a la extinción de incendios forestales.
5. Impulsar la recuperación de las actividades tradicionales de mantenimiento de montes: pastoreo de la ganadería extensiva, realización de cortafuegos, limpieza de montes, desbroce o la recogida de leña, que durante siglos mantuvieron
limpios nuestros bosques y contribuyeron a reducir el impacto de los incendios forestales en nuestro medio natural.
6. Proteger e incentivar el desarrollo de las actividades del sector agrícola y ganadero como factor esencial para la prevención frente a los incendios forestales.
7. Dotar de material y equipos suficientes a los bomberos y demás servicios de emergencia.
8. Incrementar las penas previstas en el artículo 352 del Código Penal para quienes provoquen incendios sobre montes o masas forestales en territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/002394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la activación de los concursos en
los nudos de transición justa en la provincia de Palencia, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La provincia de Palencia ha sido uno de los territorios más afectados por el cierre de las minas de carbón y las centrales térmicas, lo que ha provocado un profundo declive socioeconómico y demográfico en la comarca en el norte de Palencia.
Estas zonas han sufrido el impacto directo de dichos cierres, con la pérdida de miles de empleos directos e indirectos, sin que hasta la fecha se haya logrado articular una alternativa económica real y sostenible.
La transición energética, que debía suponer una oportunidad para la reindustrialización y el desarrollo de nuevas actividades sostenibles, ha resultado hasta ahora fallida. En la Zona de Transición Justa que afecta a la Comarcade Guardo y
Velilla, no se ha conseguido
sustituir de manera solvente ni el empleo ni la actividad económica perdidos con el cierre de la minería y las térmicas. Además, los mecanismos de apoyo han llegado tarde y de forma insuficiente. La ausencia de alternativas industriales y
la falta de proyectos tractores vinculados a la nueva economía verde han agravado el desequilibrio territorial, dejando a estas zonas sin opciones reales de futuro.
La normativa del sector eléctrico (Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica y el
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica) establecen la figura de los concursos de nudos de transición justa (NTJ) como mecanismo para otorgar la capacidad de
acceso a la red disponible en los mismos primando beneficios socioeconómicos y medioambientales. En el último listado actualizado de diciembre, aparecen 28 nudos en total, aunque solo 23 cumplen actualmente las condiciones necesarias.
En septiembre de 2024 REE avanzó los nudos para celebrar los primeros concursos en los nudos de transición justa, localizados en siete CCAA; se encuentran en siete comunidades autónomas: Andalucía, Comunidad de Madrid, Aragón, Castilla y
León, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha.
En Diciembre, se señalaba que el concurso de Meirama (Galicia), se esperaba fuera convocado 'muy pronto', y serviría como prueba piloto para el desbloqueo de los nudos identificados por Red Eléctrica de España (REE) como susceptibles de
convocatoria.
Se publicó en el BOE el pasado 26 de diciembre la convocatoria de los tres primeros concursos, con 1.544 MW de capacidad de acceso a la red, cuyo plazo de presentación de solicitudes terminó el 27 de febrero; en Asturias, el concurso del
nudo de transición justa de Narcea 400 kV y el de La Pereda 220 kV; y en Galicia, el de Meirama 220 kV.
Es decir, pese a los años transcurridos desde que se aprobó la normativa, no se ha activado ningún concurso de los NTJ existentes en la provincia de Palencia, quedando en papel mojado los fines que se dicen pretender de dar alternativa de
desarrollo económico y social a las comarcas afectadas por los cierres.
Además, la red de transporte eléctrico en Palencia, diseñada para evacuar energía y no para consumirla, limita el desarrollo de proyectos electro intensivos. Es urgente reforzar la red con posiciones de consumo en nudos estratégicos,
permitiendo así la instalación de industrias que generen empleo y valor añadido para las zonas afectadas por el cierre de las minas y las centrales térmicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Activar sin dilación los concursos en los NTJ de Palencia de Guardo 220kV y de Velilla 400 kV., priorizando proyectos renovables asociados a proyectos industriales que generen beneficios socioeconómicos y medioambientales claros:
empleo, formación, inversión territorial y reducción del impacto ambiental.
2. Reforzar la red de transporte eléctrico, tal y como ha solicitado la Junta de Castilla y León, incorporando y reforzando posiciones de consumo en los nudos para facilitar proyectos electro intensivos y equilibrar la capacidad entre
generación y demanda.
3. Convocar concursos de acceso a demanda eléctrica en las subestaciones de la red de transporte de la provincia de Palencia de forma generalizada, inmediata y transparente, garantizando igualdad de oportunidades para proyectos
industriales, logísticos y de servicios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2025.-Milagros Marcos Ortega, Miguel Ángel Paniagua Núñez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incrementar la demanda eléctrica
eficiente protegiendo a consumidores y empresas de los daños y perjuicios derivados del colapso del sistema eléctrico que derivó en el gran apagón de los pasados 28 y 29 de abril, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
Complementariamente a las comisiones de investigación de las causas del histórico apagón del 28 y 29 de abril de 2025 y a las innumerable iniciativas del Grupo Parlamentario Popular a lo largo del tiempo denunciando la crítica situación del
sistema eléctrico fruto de la ideología de este gobierno, con esta PNL, se busca que el gobierno asuma, al menos, su responsabilidad a la hora de contribuir a mitigar los sobrecostes que se están generando a empresas y consumidores en el suministro
eléctrico tras colapso sistémico.
El Congreso, gracias a iniciativas del GPP está siendo muy activo y propositivo tanto a la hora de buscar soluciones encaminadas a evitar apagones, tanto como a la hora de buscar soluciones que palien las consecuencias en términos económicos
del apagón, así el pasado 12 de junio se aprobó en el Congreso un mandato al gobierno para establecer un mecanismo de compensación a los ciudadanos para hacer frente a los desproporcionados costes de la luz post apagón, sin embargo, casi tres meses
después, no solo no se ha despreciado al mandato del congreso sino que ni siquiera se han evaluado los daños que según estimaciones de la CEOE podrán alcanzar los 1.600 M, además de la pérdida de vidas humanas.
Han transcurrido semanas y semanas y lo realizado por el Gobierno apunta exactamente en la dirección contraria de lo que le exigió el Congreso en esos dos puntos de la Moción.
Por un lado, porque el Informe publicado por el Comité de análisis dirigido por la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico no entra a determinar daños ni responsabilidades, que dice deberá
corresponder su determinación a los jueces y tribunales.
Por otro lado, porque el encarecimiento que supone el modo 'reforzado' o 'seguro' de operación por el incremento del coste de los servicios de ajuste y de restricciones técnicas no sólo no se ha considerado por el gobierno para una posible
solución que evite su repercusión a empresas y consumidores, sino que incluso la CNMC ya advertido a las empresas comercializadoras afectadas para que lo asuman en su integridad, poniendo en riesgo la viabilidad de las que no se encuentran
integradas en grandes grupos y contribuyendo así a destruir competencia en el sector, en perjuicio final de los consumidores.
Para colmo de esto, el Gobierno pretende resolver el episodio energético más bochornoso de nuestra historia reciente con un Real Decreto Ley, en el que se da un plazo de hasta 21 meses para resolver los problemas que los servicios de ajuste
están teniendo sobre el precio de la electricidad, por lo que la totalidad de los consumidores sufrirán las consecuencias de una mala política energética del Gobierno a través de unos elevados precios de la energía.
Es decir, los consumidores no pueden estar dos años sufragando los sobrecostes por la falta de previsión del Gobierno que degeneró en colapso sistémico y que obliga ahora un 'modo de operación' ineficiente por la falta de preparación de la
red. Y la demanda eléctrica, que debe incrementarse, tiene cargos e impuestos que envían señales equívocas e ineficientes.
Ha de tenerse en cuenta que en mayo el coste de los servicios de ajuste se ha duplicado respecto al mismo mes del año anterior y lo que va de año, el coste de la energía está siendo una verdadera losa económica en los consumidores.
Así, se han disparado los costes de la energía tanto en el mercado mayorista, por número de horas de funcionamiento de tecnologías más caras, como los provocados por las ineficiencias del sistema, los conocidos servicios de ajuste.
A un mal año, se le suman el apagón, que ha disparado un 107 % las restricciones técnicas el mes de mayo y un 79 % el mes de junio, eso lleva a que el precio de la luz pagado tras el apagón sea un 30 % superior.
Y en lo que llevamos de julio el incremento respecto al año pasado continúa en récords históricos ya que en julio de 2024 el coste por servicios de ajuste supuso 8 /MWh y en julio de 2025 está en 13,9 /MWh, un +73,7 %. A todo ello se
añade que el precio de la energía en julio estaba en 72,6 /MWh en Julio de 2024 y en julio de 2025, está en 80,5 /MWh. En definitiva el precio final del mercado mayorista de julio en 2025 se eleva un 16 %, a 94,4 /MWh frente a los 81,1 /MWh de
julio de 2024.
Por tanto, en este contexto de incremento del coste del suministro eléctrico, claramente inducido por el incremento del coste de los servicios de ajuste por el modo de operación 'reforzado', es urgente que el gobierno atienda a las
recomendaciones contenidas en el Plan de Acción para una energía asequible de la UE, que contempla de rebaja tipos mínimos de los impuestos y la supresión de cargos en la factura eléctrica.
Porque el Gobierno insiste en la necesidad de incrementar la demanda eléctrica para hacer más eficiente el sistema, pero olvida siempre fomentarla mediante la rebaja de peajes, impuestos y cargos en la factura eléctrica, con arreglo a las
recomendaciones del Plan de Acción para una Energía Asequible de la UE y dilapida recursos públicos con programas de ayudas que están demostrando su falta de eficiencia en movilidad eléctrica o en el impulso a la producción de hidrógeno renovable
nacional
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Desarrollar una regulación de los servicios de ajuste y de la programación de las restricciones técnicas que permita incorporar las nuevas situaciones del sistema y soluciones novedosas para su resolución desde una perspectiva de
neutralidad tecnológica y de optimización de costes para el conjunto de consumidores.
Segundo. Establecer un mecanismo por el que los costes correspondientes a los servicios de ajuste sean sufragados por los Presupuestos Generales del Estado, con efectos retroactivos desde el 1 de mayo de 2025. La CNMC será la encargada de
realizar esa liquidación con las comercializadoras y éstas con sus clientes a resultas de dicha liquidación, a cuyo fin recibirá la correspondiente dotación mensual procedente de los Presupuestos Generales del Estado.
Tercero. Rebajar el Tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido al 5 % aplicable a determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica, de gas natural y de briquetas y 'pellets' procedentes de
la blomasa, huesos de aceituna y a la madera para leña.
Cuarto. Suprimir el Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).
Quinto. Rebajar el Impuesto Especial sobre la Electricidad, al tipo del 0,5 %.
Sexto. Suprimir como cargos de la factura eléctrica los correspondientes a la financiación de los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares y del déficit de tarifa, que serán financiados en su totalidad por los Presupuestos Generales
del Estado.
Séptimo. Reformar el sistema de peajes para que envíe señales de precio coherentes con las necesidades de eficiencia del sistema eléctrico.
Octavo. Con el objeto de equiparar las condiciones competitivas del tejido industrial y productivo con el del exterior y sin perjuicio de otras medidas de apoyo, se establecerán reducciones impositivas a empresas de elevado consumo
energético, con los requisitos y alcances que se establecerán reglamentariamente en un Estatuto para el Consumidor Energético Hiperintensivo, tanto del sector eléctrico como del sector gasista, que será
aprobado por el gobierno en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.
Noveno. Para la promoción del consumo eficiente en la industria y del ahorro energético, el gobierno presentará a las Cortes Generales en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, para su debate y aprobación, un
Plan Nacional de Autoconsumo y Ahorro Energético Industrial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz, Esther Llamazares Domingo, Raquel Clemente Muñoz, Maribel Sánchez Torregrosa, Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Miguel Ángel
Quintanilla Navarro, Sergio Sayas López, César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno, Tomás Cabezón Casas, Rosa Quintana Carballo, Guillermo Mariscal Anaya y Bella Verano Domínguez, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha de un
Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención de Incendios, para su debate en la Comisión para Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Los incendios sufridos este verano en nuestro país se han convertido en una crisis nacional, a la que el Estado, encarnado en el conjunto de las administraciones públicas, debe dar una respuesta inmediata, que la ciudadanía española merece y
está esperando. Una respuesta que exige responsabilidad y compromiso por parte de todos, y una mayor transparencia en las tareas de prevención y respuesta a las emergencias, que en este caso se han cebado con nuestros montes. Ha sido el verano más
negro en materia de incendios de nuestra historia reciente y el Estado y el conjunto de administraciones públicas, antes de abordar cualquier otro tipo de iniciativa, deben centrarse en lo más urgente e importante, destinar todos los recursos que
sean necesarios para apagar los incendios, ayudar de inmediato a las personas afectadas y recuperar lo antes posible los pueblos y territorios dañados.
Los españoles no merecen un gobierno que no dé una respuesta inmediata a las emergencias, que haga cálculo político con la desgracia y que no ponga a disposición de las CC.AA. y las administraciones afectadas todos los medios necesarios
para hacerles frente desde el minuto uno. Los españoles merecen un gobierno que planifique y ponga a disposición de la sociedad todos aquellos medios que se necesiten afrontar las catástrofes, sean de la naturaleza que sean. El gobierno de Pedro
Sánchez ha fallado en la prevención y en la gestión de la crisis. El catálogo de capacidades de medios y recursos al que estaba obligado hace años el gobierno de la nación, sigue sin estar elaborado. El gobierno de la nación no puede seguir
eludiendo su responsabilidad ante las emergencias que asolan nuestro territorio. Los españoles, los que le han votado y los que no lo han hecho, no se lo merecen.
En 2022, España sufrió su peor año de incendios forestales del siglo hasta ese momento, con casi 310.000 hectáreas arrasadas por el fuego, lo que supuso el 39 % de la superficie quemada en la Unión Europea y situó a España como el país de
Europa con más hectáreas quemadas; pero en 2025 se han superado todos los registros. Este año ha
ardido ya más superficie que en 2022, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).
Ante esta crisis, el Partido Popular ha venido trabajando de manera constructiva con expertos y profesionales, ofreciendo soluciones ante un gobierno paralizado, ausente y caótico. Como resultado, se ha propuesto un Plan Integral de Ayuda,
Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal, con 50 medidas que comprometen y obligan a todas las administraciones: locales y autonómicas, nacional y europea. Un Plan que nos permita ofrecer una atención ágil e inmediata a los
afectados; recuperar los pueblos, las infraestructuras y la actividad económica afectada. Un Plan para garantizar que, en la medida de lo posible, no vuelva a suceder una tragedia como esta y en el que destacan 15 medidas que han de abordarse a la
mayor celeridad posible.
La mejora en la gobernanza de las emergencias debe ser una prioridad, como indica el Informe Especial Financiación de la UE para luchar contra los incendios forestales, de 29 de abril de 2025, el cual reseña que España aplica criterios de
admisibilidad obsoletos y burocratizados en sus planes de prevención. Es urgente, por lo tanto, establecer protocolos de actuación con criterios objetivos, transparentes y vinculantes para el conjunto de las administraciones, con los que se dé
respuesta a las emergencias que puedan producirse.
Debemos anticiparnos con medidas de prevención, estableciendo escenarios de posibles riesgos, ponerles freno a los incendiarios y atajar radicalmente los incendios causados voluntariamente con ánimo de destruir lo que es de todos. Hay que
ofrecer la seguridad y la confianza al conjunto de la sociedad, estableciendo medidas, como la creación de un Registro Nacional de Pirómanos, para que los condenados por incendios no vuelvan a hacerlo.
Inmediatez en convocarlas, sencillez en la tramitación, y rapidez para pagarlas, esta es la base de las ayudas. Ofrecer una respuesta inmediata a los damnificados debe ser una prioridad, con ayudas directas sin trabas ni cargas impositivas,
facilitando el alojamiento temporal de los damnificados, garantizando que nadie se quede sin su vivienda habitual o segunda residencia por los fuegos. Propiciar la exención temporal de impuestos para administraciones locales, empresas y
particulares afectados, y otorgar ayudas a la alimentación del ganado y a los agricultores.
Al mismo tiempo, se propone la solicitud inmediata del Fondo de Solidaridad de la UE. En este sentido, es necesaria una mayor transparencia en los recursos que se han destinado para adaptar nuestro país a los incendios, inundaciones y
sequías, así como revisar la política de fondos europeos para destinar más recursos a la adaptación al cambio climático y a la lucha contra la despoblación, orientando buena parte de estos recursos a incentivos en la PAC que permitan remunerar a los
agricultores, ganaderos y trabajadores del medio rural y forestal.
La política forestal no debe limitarse a apagar fuegos, hay que anticiparse y prevenir, y para ello es fundamental poner frenos al proceso que está despoblando la España rural. Con incentivos que permitan gestionar los montes abandonados en
nuestro país, y con ello reducir el combustible forestal y el riesgo de incendios, convirtiendo los montes en un recurso vivo para generar empleo y riqueza en los pueblos.
Las áreas forestales españolas suponen más de 27,5 millones de hectáreas, el 54,35 % de la superficie de nuestro país. Este porcentaje supera considerablemente al de la mayoría de las naciones europeas, con la excepción de Suecia y Rusia.
Representa casi el doble de la superficie forestal de Francia y aproximadamente el triple de la alemana. Y ello ha sido fruto del esfuerzo colectivo repoblador de la sociedad española durante décadas.
Aproximadamente un tercio de la superficie forestal española es de titularidad pública, mayoritariamente de los ayuntamientos, y el resto, cerca del 70 %, privada. Además, otra característica del sector es la escasa rentabilidad económica
de la actividad forestal para el propietario privado, que, ante la insuficiencia de ayudas públicas, suele asumir los costes de los múltiples beneficios que los bosques proporcionan a la sociedad. Esta gestión deficitaria del monte para los
propietarios privados provoca el abandono de estos,
ante la usencia de incentivos; y ello se traduce, al poco tiempo del abandono, en acumulación de madera por encima de lo razonable, y en la aparición de plagas y la proliferación de incendios, que conllevan la necesidad de enormes gastos
por parte de las administraciones en habilitar medios para combatirlos.
La necesidad de mejorar la resiliencia del territorio español es clave. En España el 75 % está en peligro de sufrir desertificación por una combinación de lluvias más irregulares, un aumento significativo de la temperatura y un maltrato a
nuestros suelos y bosques. Se prevé que la situación empeore hacia 2050, si no hay un cambio estratégico en la gestión del suelo y del agua.
Los incendios forestales son una de las mayores amenazas ambientales, económicas y sociales en España. La ausencia de una gestión integrada de nuestros montes y la falta de una estrategia armonizada a escala nacional para abordar la
prevención y la adaptación frente a fenómenos climáticos extremos, han convertido cada verano en un escenario de emergencia recurrente.
En los últimos años, el impacto de los fenómenos climáticos extremos se ha acentuado, siendo estos más violentos y recurrentes. Largos periodos de sequías severas, olas de calor, incendios e inundaciones hacen que sea necesaria una mayor
coordinación entre administraciones, mayores medios y medidas para mejorar la resiliencia de los territorios vulnerables. Atender de manera inmediata a los afectados, junto a la prevención y la adaptación de los territorios más vulnerables de
nuestro país, deben convertirse en una prioridad de Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer criterios objetivos, transparentes y vinculantes para el abordaje automático de emergencias, bajo el liderazgo de profesionales con acreditada experiencia, para garantizar rapidez, coordinación y seguridad para los ciudadanos.
2. Creación de un Registro Nacional de Pirómanos para tener identificados a los condenados por incendios, e imponer pulseras telemáticas de localización.
3. Puesta en marcha de mecanismos de respuesta rápida, poniendo a su disposición alojamiento temporal, refuerzo de seguridad y atención in situ a los damnificados.
4. Garantizar que nadie se quedará sin su vivienda habitual o su segunda residencia debido a los incendios.
5. Exención temporal de tasas e impuestos para localidades y empresas afectadas en las actividades ligadas a la reconstrucción.
6. Exención de los impuestos a las ayudas concedidas y de intereses a los préstamos públicos adjudicados.
7. Creación de una ventanilla única telefónica para la consulta y tramitación de ayudas, a disposición de particulares y empresas damnificadas.
8. Implementar ayudas a la alimentación de ganado, el abastecimiento de agua y la reposición de las reses perdidas.
9. Declarar expresamente Zona de Actuación Especial para la Restauración Forestal y Medioambiental las zonas afectadas y articular de forma urgente fondos de emergencia para actuar sobre las pistas forestales y terrenos quemados, evitando
daños añadidos como erosión, desprendimientos, colmatación de embalses, ríos y rías, o plagas.
10. Puesta en marcha de líneas de financiación y avales, sin coste financiero, que garanticen la continuidad de la actividad económica de las explotaciones.
11. Ayudas del 100 % para los municipios y las CC.AA. afectadas destinadas a gastos urgentes.
12. Solicitud inmediata del Fondo de Solidaridad de la UE, con anticipo íntegro para municipios afectados.
13. Una Adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation UE orientada a la lucha contra los incendios.
14. Incentivar en el Plan Estratégico de la PAC española las prácticas agrícolas que contribuyan al mantenimiento de los montes; e impulsar las políticas de captación de C02 vinculadas a la actividad agraria y forestal: remunerar,
fiscalmente o mediante ayudas directas, a los agricultores, ganaderos y trabajadores del monte que lleven a cabo prácticas sostenibles de captura de CO2, prevención de incendios y mitigación del cambio climático.
15. Revisar y en su caso reformar las regulaciones europeas y nacionales que han reducido la cabaña ganadera extensiva y la consiguiente limpieza de montes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2025.-César Sánchez Pérez, Ana Belén Vázquez Blanco, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Rosa Quintana Carballo, Joaquín Melgarejo Moreno, Silvia Franco González, Ángel Ibáñez Hernando y
Álvaro Pérez López, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas
urgentes para desbloquear suelo y aumentar la producción de vivienda asequible en España, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
España atraviesa una grave crisis de acceso a la vivienda que se ha intensificado en los últimos años, alimentada por el encarecimiento del suelo, la escasez de oferta asequible y una regulación urbanística incapaz de dar respuesta a las
necesidades sociales. Esta situación ha dado lugar a una emergencia habitacional que afecta de forma directa a jóvenes, familias trabajadoras y personas en situación de vulnerabilidad, comprometiendo el derecho a una vivienda digna, reconocido en
el artículo 47 de la Constitución Española.
En junio de 2025, el precio de la vivienda usada alcanzó un nuevo máximo histórico, con un incremento interanual del 14 % y un precio medio de 2.438 /m2, mientras que el mercado del alquiler sigue inmerso en una espiral inflacionista.
Según datos del Banco de España, casi el 40 % de los inquilinos en España destinan más del 40 % de sus ingresos al pago del alquiler, una cifra muy superior a la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 27 %. Estos niveles de sobreesfuerzo
económico colocan a cientos de miles de hogares al borde de la exclusión residencial, consolidando un modelo de acceso a la vivienda cada vez más desigual, inseguro y condicionado por el poder adquisitivo.
Más allá de la evolución de los precios, la raíz del problema está en la existencia de un enorme volumen de suelo con capacidad edificatoria que permanece bloqueado. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en España hay 9,3
millones de viviendas previstas en suelos que cuentan con planeamiento urbanístico aprobado, pero alrededor de 6,8 millones de ellas están en terrenos que no han sido desarrollados, como suelos urbanizables delimitados o urbanos no consolidados.
Este suelo lleva años, incluso décadas, sin activarse, lo que impide ampliar el parque de viviendas y mantener el equilibrio entre oferta y demanda. Si se desbloqueara, podría incrementarse en un 25 % el parque de vivienda existente en el país.
El desarrollo de estos suelos se ve obstaculizado por procesos administrativos excesivamente largos y complejos, que pueden prolongarse entre 5 y 20 años desde la
recalificación inicial hasta la obtención de licencias de obra. Esta cadena de trámites -que incluye la aprobación de planes parciales, informes sectoriales, autorizaciones autonómicas y municipales, y licencias urbanísticas- incrementa
significativamente los costes finales y desalienta tanto a promotores privados como a administraciones públicas, dificultando aún más la entrada de nueva vivienda en el mercado. En municipios donde la concesión de licencias se retrasa más de un
año, el sobrecoste para el comprador puede superar los 20.000 euros por vivienda. Además, esta lentitud administrativa afecta también a los propios ayuntamientos, que ven ralentizada la recaudación de ingresos como el IBI o el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
El problema no se limita al suelo con planeamiento aprobado. El proceso para convertir suelo rústico fuera del planeamiento urbano municipal en urbanizable es igualmente largo y complejo, con trámites que pueden extenderse también durante
años, lo que desalienta la iniciativa pública y privada en ámbitos estratégicos como la vivienda social. Todo ello contribuye a consolidar un modelo de planificación urbana ineficaz, en el que la falta de una política estatal decidida para
desbloquear suelo y facilitar su desarrollo impide ampliar la oferta de vivienda y tensiona aún más el mercado. Como advierten distintos expertos del sector, sin una estrategia nacional que aborde la liberación de suelo con capacidad edificatoria,
el acceso a una vivienda digna seguirá siendo un desafío insalvable para muchas familias españolas.
En este contexto, la Comisión Europea ha advertido recientemente sobre la necesidad urgente de desbloquear suelo y reformar el marco urbanístico español. En sus recomendaciones de política económica y social para España, insta al Gobierno a
acometer una reforma estructural de la Ley del Suelo, con el fin de facilitar el desarrollo de nueva vivienda, reducir plazos de tramitación y eliminar las trabas administrativas que frenan la producción residencial. Asimismo, subraya la
importancia de aumentar de forma significativa la oferta de vivienda social y asequible, movilizar suelo público, reforzar la financiación pública de la vivienda protegida y actuar sobre los cuellos de botella del sector, como la escasez de mano de
obra o la fragmentación normativa.
Por otro lado, la escasa viabilidad económica de la vivienda protegida (VPO) en el contexto actual de precios del suelo elevados, encarecimiento de los materiales y márgenes de rentabilidad reducidos, agrava aún más el déficit de oferta
asequible. El marco normativo vigente no ofrece incentivos suficientes para compensar estos costes, lo que dificulta su promoción y deja en manos del mercado libre la mayor parte de la oferta residencial. Además, en muchos territorios, los módulos
máximos establecidos para la VPO permanecen desactualizados, lo que agrava el desajuste entre los costes reales de construcción y los precios permitidos por ley. Una política de vivienda ambiciosa debe corregir este desequilibrio mediante
incentivos urbanísticos y financieros específicos que hagan realmente viable la construcción de vivienda asequible.
Las medidas actualmente en marcha, como el PERTE de Vivienda o los programas de rehabilitación vinculados a los fondos europeos, resultan insuficientes, lentas en su ejecución y carentes de mecanismos eficaces para ampliar de forma sostenida
el parque público de vivienda. Estos programas se centran en la rehabilitación del parque existente y en actuaciones sobre inmuebles ya construidos, sin afrontar de manera decidida el déficit estructural de nueva vivienda asequible ni garantizar su
incorporación permanente al parque público. Además, la ejecución de estos fondos se ha visto limitada por una falta de agilidad administrativa que ralentiza su impacto real. En ausencia de una estrategia nacional ambiciosa y coordinada, estas
medidas acaban actuando como parches puntuales que no abordan las causas profundas del desequilibrio residencial en España.
En definitiva, la magnitud del problema exige un compromiso firme y sostenido para garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible y estable para el conjunto de la población. Para ello, resulta urgente adoptar medidas que permitan
desbloquear el suelo con capacidad edificatoria, simplificar los procesos urbanísticos y establecer un marco de incentivos claros y eficaces para aumentar la producción de vivienda asequible en todo el territorio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reformar la Ley del Suelo, con el objetivo de agilizar los procesos de urbanización y desarrollo de suelos aptos para vivienda, especialmente orientados a la promoción de vivienda pública y asequible.
2. Establecer incentivos urbanísticos que permitan aumentar la edificabilidad máxima permitida en parcelas o sectores cuando se destinen parcial o totalmente a la promoción de vivienda protegida (VPO), como mecanismo para compensar el menor
beneficio económico y facilitar su viabilidad técnica y financiera.
3. Establecer mecanismos extraordinarios de desbloqueo de suelo en municipios con alta demanda residencial, mediante convenios entre administraciones, consorcios públicos y herramientas urbanísticas específicas.
4. Simplificar y digitalizar los procedimientos administrativos urbanísticos y de concesión de licencias, reduciendo plazos y cargas burocráticas, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea y el principio de eficiencia
administrativa.
5. Identificar y poner en valor el suelo público infrautilizado, propiedad de las administraciones o empresas públicas, para su destino prioritario a vivienda en alquiler asequible o social, garantizando su mantenimiento dentro del parque
público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de agosto de 2025.-Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán García, Sergio Sayas López y Juan Bravo Baena, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Cultura
161/002397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo y reconocimiento del festival Rototom Sunsplash en su 30.º
aniversario, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Rototom Sunsplash, que en 2025 celebra su 30.º aniversario, es mucho más que un festival de música reggae. Se ha consolidado como un referente cultural y social a nivel internacional, reconocido por la UNESCO como Evento Ejemplar por su
promoción de valores como la paz, la diversidad, la sostenibilidad y los derechos humanos.
El Rototom Sunsplash es un símbolo de convivencia, cultura y música que ha puesto a España en el mapa de los festivales internacionales de referencia. Apoyarlo significa defender lo cultural, lo diverso y el impacto positivo de la música en
nuestra sociedad.
Desde su llegada a España en 2010, el Rototom ha convertido a Benicássim en un epicentro musical y cultural, que atrae a miles de visitantes de todo el mundo y que genera un impacto económico positivo en la Comunidad Valenciana. Más allá de
la música, el festival ha impulsado iniciativas educativas, sociales y medioambientales, promoviendo un modelo de evento sostenible y comprometido con su entorno.
Así mismo, el Rototom es miembro colaborador de la Fundación Exodus. Una organización sin ánimo de lucro, cuyo trabajo se centra en la promoción de la paz, la igualdad y la justicia social.
Sin embargo, como muchos otros eventos culturales, el Rototom también ha enfrentado desafíos económicos y logísticos para su continuidad. En su 30.ª edición, es fundamental que las administraciones públicas reconozcan su valor y brinden el
apoyo necesario para garantizar su viabilidad y proyección de futuro.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer oficialmente la importancia cultural, social y económica del festival Rototom Sunsplash, destacando su papel en la promoción de la música, la paz y la diversidad.
2. Apoyar la continuidad y proyección del festival mediante medidas que faciliten su desarrollo, incluyendo incentivos y colaboración institucional.
3. Facilitar el acceso a líneas de financiación y patrocinio garantizando la estabilidad del festival en futuras ediciones.
4. Reconocer la imagen del Rototom Sunsplash como festival de referencia internacional en el compromiso con los derechos humanos y la sostenibilidad y apoyar sus contactos e intercambios con programas culturales internacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2025.-Susana Ros Martínez, Diputada.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento y
posicionamiento de la mujer en el sector cultural, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La cultura es la mejor herramienta para promover cohesión social y territorial. Fomenta el pensamiento crítico, es una forma de comunicación y supone el mayor sentido de entidad de un país o región.
En el sector cultural español, existe una clara brecha entre hombres y mujeres, quizás por la precariedad y temporalidad de la actividad cultural, por la falta de referentes o por la falta de implantación de políticas efectivas que promuevan
ese necesario equilibrio. Prueba de ello es el trabajo que desarrollan muchas asociaciones de diferentes sectores culturales para revertir las preocupantes cifras que se definen en los muchos informes y análisis que se han hecho desde estas
instituciones en los últimos años.
El estudio 'Autoras en el Audiovisual, la Música y las Artes Escénicas' desarrollado por SGAE, por ejemplo, pone de manifiesto las desigualdades de género dentro del campo de la autoría y evidencia que la participación de la mujer está aún
muy lejos de lo que sería deseable en términos de paridad e igualdad. La investigación arroja datos desoladores sobre la actividad económica y profesional de la mujer en los campos del audiovisual, las artes escénicas y la música. Para el análisis
de datos, se han tomado como referencia de contraste la situación de los autores varones socios de SGAE en los mismos sectores, frente al 17 % de las sodas de SGAE, se han realizado más de mil entrevistas a autores y autoras y a tres grupos de
discusión. Una de las conclusiones del estudio es que las principales barreras son: la formación académica, el rechazo del entorno familiar, la
dificultad para la conciliación familiar, la tasa de paro, los obstáculos de acceso a puestos de liderazgo y un menor salario.
La Red de mujeres creadoras y artistas, ESAS, se centra en el ámbito de la música clásica, una rama artística que arrastra estigmas conservadores. Trabajan por lograr una paridad y equiparar la profesión de los músicos al entorno laboral,
tejiendo una red inclusiva en la que desarrollar proyectos multidisciplinares.
La presencia de mujeres en la música clásica en España se caracteriza por una considerable desigualdad. Estudios revelan que la presencia femenina en las plantillas de orquestas sinfónicas españolas no supera el 33 % y las mujeres solistas
representan solo el 28 % del total de intérpretes.
La música sinfónica en España ha sido, tradicionalmente, un ámbito dominado por hombres. La representación de mujeres en la dirección orquestal y la composición sinfónica sigue siendo significativamente baja. Solo el 8 % de los directores
de orquesta son mujeres, y menos del 5 % del repertorio interpretado por orquestas nacionales corresponde a compositoras. Este desequilibrio no solo limita las oportunidades profesionales para las mujeres, sino que también priva al público de un
repertorio más diverso y enriquecedor. Para abordar esta situación, es necesario implementar medidas que fomenten el acceso de mujeres a estos espacios, promuevan su formación y garanticen una mayor representación de compositoras en las
programaciones de las orquestas. Sólo existe una única Orquesta Sinfónica de Mujeres de Madrid, dirigida por Isabel López Calzada, es la primera y única en Europa compuesta exclusivamente por mujeres, incluyendo a su directora. Otro buen ejemplo
de proyecto de éxito es la orquesta de mujeres Almaclara en Andalucía, que desde el 2008 además de desarrollar un intenso programa de conciertos realizan un homenaje permanente a todas aquellas mujeres que han sido fundamentales en la historia de la
música pero que no han recibido el reconocimiento merecido. Ello no ha sido por su falta de talento, sino por su propia condición de mujeres
Más datos sobre el sector de la música lo aporta la asociación MIM, que nació en septiembre de 2016 durante la 28.º edición del Mercat de Música Viva de Vic, que casualmente ofreció la programación más femenina de la historia del Mercat. En
un momento en el que el porcentaje de mujeres en universidades y escuelas de música es más elevado que el de sus compañeros masculinos, y con unos resultados académicos incluso más brillantes, el número de mujeres en la industria de la música sigue
siendo minoritario, sobre todo en ciertos subsectores. Así, podemos encontrar muchas mujeres en áreas de marketing y comunicación, pero pocas en áreas técnicas, prensa o producción.
Mención especial reciben las mujeres en cargos directivos, una presencia más que escasa. Un Informe del 2022 recogía que las mujeres encontraban mayores barreras que los hombres a la hora de la inserción laboral en el sector de la música, y
su puesto de trabajo es más inestable.
Desde FAETEDA (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza) se ha puesto de manifiesto la dificultad en el ámbito de las artes escénicas para llegar a cargos de dirección y la falta de referentes puede ser un gran
hándicap. Propuestas como mentorías o acciones educativas, serian imprescindibles para que las cifras comiencen a nivelarse. En determinadas actividades profesionales como perfiles más técnicos, el papel de la mujer también se encuentra en
flagrante minoría.
La Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA), con más de 1300 sodas, trabajan por el objetivo común de fomentar una presencia igualitaria de las cineastas y profesionales del audiovisual contribuyendo a una
representación equilibrada y realista de la mujer dentro de los contenidos que ofrece nuestro medio. Los informes que desarrollan desde el 2015, así como proyectos que han supuesto casos de éxito como las mentorías de acompañamientos con directoras
de cine han impulsado de manera efectiva la incorporación de directoras de cine en nuestro país.
Poner en marcha iniciativas de sensibilización y fomento de vocaciones femeninas en las diferentes etapas formativas es imprescindible para obtener los resultados que se
persiguen. Dar visibilidad, con premios, entrevistas, conferencias, etc, a mujeres profesionales del sector, servirá para crear referentes para futuras vocaciones.
Un buen ejemplo de dar visibilidad a la mujer en el audiovisual es el festival Cine por Mujeres Madrid, que se celebra cada año desde 2018. En su última edición, 19 salas del centro de Madrid se inundaron con alrededor de 70 largometrajes
de directoras nacionales e internacional, y se desarrollaron talleres de debate sobre el papel de la mujer en el cine.
Entre las conclusiones, la necesidad de hacer más accesibles los perfiles femeninos que desarrollan su actividad profesional por cuenta ajena, en el ámbito de la figuración, el vestuario o los efectos especiales y visuales, por ejemplo,
proponiendo una plataforma específica para ello, donde se pudiera intercambiar experiencias y facilitar la contratación en proyectos cinematográficos.
La Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios audiovisuales, (AAMMA), en el ámbito autonómico, ha conseguido unir a un grupo de profesionales que trabajan y residen en Andalucía: directoras, productoras, guionistas, técnicas, creadoras,
expertas en el sector audiovisual, actrices, compositoras, investigadoras, formadoras, comunicadoras [...] para impulsar el papel de la mujer en el sector audio visual. Con interesantes proyectos, como el Festival de cine de Chiclana, Generama que
se desarrolla en el mes de septiembre y que está focalizando en cine realizado por mujeres, siendo un lugar de encuentro difusión y apoyo a las cineastas.
En el ámbito de las grandes compañías globales del audiovisual, la federación de distribuidoras cinematográfica, recogen las diferentes acciones para el fomento de la igualdad y de inclusión, incluyendo actividades de mentoring. Cada
estudio ha tomado medidas específicas adaptadas a sus contextos y necesidades, y se ha realizado un esfuerzo notable por parte de estas compañías para abordar temas de igualdad y conciliación en la industria cinematográfica. Poder replicar estas
iniciativas de éxito a nivel nacional, debería ser una prioridad para el ministerio de cultura.
En el sector del videojuego las profesionales que se dedican a su diseño están lejos de alcanzar cuotas igualitarias, aunque las cifras son esperanzadoras. Al contrario que otros productos culturales, el videojuego no cuenta con ningún
canal de distribución público, quedando la decisión sobre los contenidos que se publican en publishers privados, en su gran mayoría extranjeros.
Existe una escasa representación femenina en la industria del videojuego. A pesar de que las mujeres representan un porcentaje casi igualitario de los jugadores en muchas partes del mundo, su presencia en los equipos de trabajo de creación
de videojuegos sigue siendo mínima. Esta disparidad limita las perspectivas y la diversidad en los videojuegos, lo que a su vez puede generar representaciones sesgadas o limitadas de los personajes, los mundos virtuales y las historias que se
cuentan.
Como lleva reivindicando Arsgames desde sus II Jornadas en Defensa de los Derechos Digitales en Videojuegos (2021), sólo si existe un publisher público se puede garantizar que los contenidos no estén únicamente regidos por el interés
comercial, primando contenidos diversos, libres de sexismo.
En el sector editorial, las mujeres tienen una presencia significativa en la industria editorial, aunque con contrastes notables según el rol y el nivel jerárquico. La fuerza laboral del mundo del libro está ampliamente feminizada: según
la UNESCO, las mujeres constituyen alrededor del 60 % de las personas empleadas en los sectores de libros y prensa a nivel global, incluyendo editoras, correctoras, traductoras, diseñadoras gráficas, personal de librerías y bibliotecas, etc.
Sin embargo, también existe una diferencia notable cuando analizamos cargos de dirección o de representación institucional, de manera profunda en el sector periodístico: Sólo una mujer dirige uno de los 15 periódicos impresos más
importantes, solo una mujer está al frente de un gran diario digital generalista.
A lo largo de la historia, las mujeres han jugado un papel fundamental en la arquitectura, aunque sus contribuciones a menudo han sido invisibilizadas. A pesar de los avances hacia la igualdad de género, las mujeres siguen estando sub
representadas en los cargos de liderazgo dentro del sector arquitectónico, especialmente cuando se trata de proyectos públicos de gran envergadura. Actualmente, menos del 20 % de los proyectos arquitectónicos públicos son dirigidos por mujeres, y
la historia del urbanismo sigue estando dominada por nombres masculinos.
Como comprobamos, se han avanzado tanto en el diagnóstico de la situación como en el de posibles soluciones, sin embargo, falta desarrollar medidas más efectivas, con impacto a corto y medio plazo, que nos lleven a reducir esa brecha laboral
en el ámbito de la cultura. Abrir el debate, analizar medidas eficaces, alejadas de la ideología política, que sean capaces de nivelar la balanza, es el objetivo de esta propuesta.
Por todo ello, se propone para su debate la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para impulsar la presencia de la mujer en el sector cultural, y entre otras las siguientes:
- Fomentar actividades para capacitar e incentivar el liderazgo y el emprendimiento femenino en el sector cultural, en todos sus ámbitos.
- Impulsar la investigación de la presencia de la mujer en el sector cultural, mediante estudios periódicos cuantitativos y cualitativos sobre el estado de la industria cultural en materia de género, analizando tanto los contenidos de las
producciones, como la composición de los equipos de desarrollo, etc, y pudiendo replicar aquellos proyectos de éxito dentro y fuera de nuestro país.
- Impulsar redes de mujeres profesionales del sector cultural y fomentar a través de ellas las mentorías necesarias en las diferentes disciplinas artísticas.
- Impulsar desde el Ministerio de Cultura, una plataforma de registro voluntario de mujeres en el sector cultural, que permita incorporar proyectos piloto, experiencias y actividades para compartir en el ámbito de la igualdad en el sector
cultural, y facilitando a la industria cultural disponer de manera rápida y transparente estos perfiles profesionales.
- Desarrollar, en colaboración con las entidades educativas competentes, unidades didácticas para el impulso de vocaciones culturales y artísticas entre las mujeres, haciendo hincapié en las áreas directivas, liderazgo y representatividad y
rescatando del olvido aquellas creadoras que a lo largo de la historia no han tenido el reconocimiento por su obra.
- Explorar la implantación de planes de igualdad, contra el acoso u otras medidas en fomento de la diversidad en la empresa, y apoyar que puedan desarrollarlo las pequeñas empresas culturales, que son la inmensa mayoría en España.
- Analizar las medidas necesarias para aumentar la representación de las mujeres arquitectas en la dirección de proyectos públicos y dar visibilidad a su trabajo, impulsando la igualdad de género en el sector'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Jaime Miguel de los Santos González, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel
García Félix, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de mecanismos de
financiación que faciliten la adaptación de las pymes a la Directiva NIS2, para su debate en Comisión Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La ciberseguridad constituye hoy un pilar esencial para la competitividad y la protección de nuestra economía. La Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida como NIS2, exige que los Estados Miembros la
transpongan antes del 17 de octubre de 2024. Sin embargo, el Gobierno de España ha incumplido esta obligación, manteniendo a las pymes en situación de incertidumbre jurídica y competitiva frente a otros países comunitarios.
Algunos países de la eurozona ya han culminado la transposición -como Italia, Finlandia, Estonia, Grecia, Suiza, entre otros- y varios territorios españoles -País Vasco, Madrid y Andalucía- han lanzado programas avanzados para la
ciberprotección de las pymes.
En el País Vasco el Programa 'Ciberseguridad Empresarial 2025' concede ayudas directas de hasta 23.000 euros a fondo perdido para proyectos de seguridad digital, cubriendo diagnósticos, implantación de soluciones, servicios SOC y
certificaciones internacionales. Este modelo incluye formación, autodiagnósticos y apoyo personalizado para pymes de todos los sectores.
La Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Ciberseguridad y el convenio con el clúster CyberMadrid, promueve ayudas para la implantación de tecnologías, programas de observatorio y laboratorio de ciberseguridad, fomento del talento y
acompañamiento a empresas.
En Andalucía, su Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025 ha supuesto la apertura de varias líneas de subvenciones directas para pymes y autónomos, con un máximo de 60.000 euros de las inversiones en digitalización y protección
digital. Además, ofrece diagnósticos gratuitos, formación específica y acompañamiento personalizado en todo el territorio andaluz dirigidas a capacitar a profesionales y empresas en gestión de riesgos, respuesta a incidentes y cumplimiento
normativo.
El Gobierno central ha optado principalmente por iniciativas como el Kit Digital y las ayudas gestionadas a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Sin embargo, estas medidas se han mostrado profundamente insuficientes y
deficitarias.
El Kit Digital, aunque contribuye a la digitalización y ofrece opciones para financiar ciertas soluciones de ciberseguridad, su diseño es poco específico y no garantiza la adecuación real a los estándares y obligaciones de la NIS2. Muchas
pymes encuentran dificultades para acceder y la cobertura económica apenas permite avanzar en protección avanzada o cumplir con la nueva normativa.
En cuanto a las ayudas del INCIBE, centradas en el asesoramiento, eventos y formación básica, resultan limitadas en cuanto a subvenciones directas y recursos para soluciones técnicas avanzadas, formación certificada, servicios SOC (Security
Operations Center) -centros especializados en monitorizar, detectar, analizar y responder a incidentes de ciberseguridad en tiempo real- y cumplimiento normativo. La falta de continuidad,
requisitos complejos y la ausencia de acompañamiento personalizado las hacen poco eficaces para la mayoría de pequeñas y medianas empresas.
Esta insuficiencia se agrava ante el endurecimiento de exigencias que impone la NIS2: ampliación del ámbito de aplicación a más pymes, mayor rigor en la gestión de riesgos, protocolos de notificación inmediata y responsabilidad personal de
los directivos. La mayoría de las pymes españolas carece del respaldo económico, técnico y formativo necesario para cumplir estos estándares, incrementando así el riesgo de brecha digital y sanciones.
Por tanto, se hace imprescindible que el Estado pase de medidas genéricas e ineficaces a un programa nacional robusto, alineado con las mejores prácticas de las regiones que ya muestran resultados tangibles. País Vasco, Madrid y Andalucía
demuestran que, con subvenciones directas, acompañamiento experto y certificaciones, es posible elevar el listón de la ciberseguridad y proteger mejor a nuestro tejido empresarial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acelerar de manera inmediata la transposición y aplicación efectiva de la Directiva NIS2, asegurando que España cumple sin más dilación los compromisos europeos y sitúa a su tejido empresarial en igualdad de condiciones frente al resto
de la UE.
2. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y con cargo a los fondos europeos Next Generation, un programa nacional de ayudas para la ciberseguridad de pymes, inspirándose en las mejores prácticas de País Vasco, Madrid y
Andalucía, con las siguientes características mínimas:
a) Ayudas directas para contratación de servicios de diagnóstico, auditoría y consultoría especializada en ciberseguridad.
b) Subvenciones directas para adquisición e implantación de soluciones tecnológicas avanzadas, incluyendo servicios SOC (centros de monitorización, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad), herramientas de backup (copia y
guarda datos para recuperarlos tras un fallo o ataque), EDR (vigila y protege dispositivos contra amenazas) y firewall (filtra el tráfico y bloquea accesos no autorizados).
c) Financiación parcial de certificaciones reconocidas (ISO 27001, ENS, etc.) y formación especializada para empleados y directivos de pymes.
d) Prioridad para sectores estratégicos y pymes integradas en la cadena de suministro de empresas críticas, conforme con los nuevos requisitos de NIS2.
e) Programas de capacitación y sensibilización continua, recursos de autodiagnóstico y asesoramiento personalizado adaptado a las necesidades de cada empresa.
3. Establecer una ventanilla única de referencia estatal y autonómica, orientada a la pyme, que centralice información sobre ayudas, convocatorias, recursos técnicos y requisitos normativos.
4. Promover campañas de información para que las empresas conozcan sus obligaciones y las ayudas disponibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2025.-Mario Cortés Carballo, Juan Luis Pedreño Molina y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad
161/002373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al restablecimiento de Cádiz,
Cáceres, Ciudad Real, León, Girona y Pontevedra (Vigo) como sedes para realizar el examen de acceso a las plazas de Formación Sanitaria Especializada en la convocatoria de este año 2025, para su debate en Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La orden ministerial por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de
Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física se publica anualmente.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.5 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud fija la oferta de plazas a incluir en la
convocatoria de pruebas selectivas para iniciar la formación sanitaria especializada en el año siguiente, atendiendo a las propuestas realizadas por las comunidades autónomas y previo informe de la Comisión Delegada de Enfermería, del Consejo
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Revisada la oferta, y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, se procede a la aprobación de la misma y de las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a las plazas de
formación sanitaria especializada a las personas con grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.
Para la aprobación de la presente orden se ha de tener en cuenta, además de lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre; el Real Decreto 589/2022, de 19 de julio, por el que se regulan la formación transversal de las especialidades
en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud o diploma de área de capacitación específica, y la revisión de los establecidos, y el acceso y la formación de las
áreas de capacitación específica; y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación en especialidades en Ciencias de la Salud y el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y
clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada; así como el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería; y la Ley Orgánica
2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y su normativa de desarrollo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, el acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de una convocatoria anual de carácter nacional. Las personas que participen en
las pruebas selectivas deberán relacionarse obligatoriamente con la Administración a través de medios electrónicos, en relación con los trámites de cumplimentación y presentación de solicitudes, aportación de documentación y pago de tasas, así como
en la fase de adjudicación de plazas.
En la solicitud se ha de indicar la provincia o localidad en la que se desee realizar el ejercicio. Así pues, en la convocatoria del año 2.024 se ofrecieron 28 sedes mientras que en la convocatoria de este año 2.025 se ofrecen 22. Se
prescinde de las localidades de
Cádiz, Cáceres, Ciudad Real, León, Girona, Pontevedra (Vigo), esto supone obligar a miles de aspirantes a desplazarse a otras provincias, con el coste y las dificultades que ello implica. Esta medida, adoptada con criterios exclusivamente
económicos, perjudica a los territorios periféricos generando desigualdad de oportunidades y supone una clara barrera para el acceso a la formación sanitaria especializada.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reponer de forma inmediata a Cádiz, Cáceres, Ciudad Real, León, Girona y Pontevedra (Vigo) en la convocatoria de este año 2.025 -pruebas selectivas en 2026- como sedes en las que realizar el
examen de acceso a las plazas de Formación Sanitaria Especializada a las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.
Para ello, y con el objetivo de garantizar la equidad territorial en el acceso al examen referido, el Ministerio de Sanidad trabajará en todo momento desde el consenso real con las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-Carmen Fúnez de Gregorio, Elvira Velasco Morillo, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Cristina Teniente Sánchez, Silvia Franco González e Irene Garrido
Valenzuela, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a fomentar la actualización de los protocolos de seguimiento pediátrico
para la detección precoz del retinoblastoma, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El retinoblastoma es el tumor ocular más frecuente en niños menores de seis años, pudiendo afectar a uno o ambos ojos y originándose en la retina en desarrollo. Aunque se trata de una enfermedad poco prevalente -entre 1 y 4 casos por cada
100.000 nacimientos-, su impacto en la salud, la calidad de vida y el desarrollo de los niños y niñas que lo padecen es muy significativo.
En países con sistemas de salud avanzados, la tasa de supervivencia es elevada; sin embargo, cuando no se detecta de forma precoz, la enfermedad suele requerir tratamientos agresivos que pueden implicar quimioterapia, radioterapia, y, en
ocasiones, conllevan la pérdida del ojo afectado (enucleación), con la consiguiente pérdida de visión y las secuelas físicas y emocionales que esto conlleva. La pérdida de un ojo o de ambos, especialmente en edades tempranas, condiciona no solo la
capacidad visual del menor, sino también su desarrollo psicomotor, su integración social y su bienestar emocional.
Desde una perspectiva social y sanitaria, la detección temprana de esta patología es crucial para minimizar la necesidad de tratamientos invasivos, evitar secuelas, preservar la visión en la mayoría de los casos y reducir el impacto
emocional y económico que supone para las familias.
La leucocoria, o reflejo pupilar blanco, es uno de los signos clínicos más comunes del retinoblastoma y puede ser detectada mediante la exploración del fondo de ojo en las revisiones pediátricas rutinarias. Actualmente, en muchas
comunidades autónomas, estas
exploraciones se realizan con una periodicidad limitada, lo que puede retrasar el diagnóstico de esta y otras patologías oculares.
Implementar la valoración sistemática de la leucocoria a nivel estatal no supondría un coste adicional significativo, ya que se aprovecharían las visitas pediátricas ya programadas y no requiere material extra. Además, contribuiría a la
detección precoz no solo del retinoblastoma, sino también de otras enfermedades oculares, mejorando la salud visual infantil y reduciendo la carga económica y emocional asociada a tratamientos más agresivos en estadios avanzados de estas
enfermedades.
En este sentido, Cataluña establece un precedente que pone de manifiesto la viabilidad y eficacia de esta medida. En esta comunidad se ha actualizado el 'Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediátrica' para
incluir la evaluación de la leucocoria en cada visita pediátrica hasta los seis años de edad, incrementando la frecuencia de controles especialmente durante el primer año de vida, periodo en el que se diagnostica la mayoría de los casos de
retinoblastoma. Esta medida ha sido respaldada por profesionales de la salud y sociedades científicas, como la Societat Catalana de Pediatría.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la evaluación de la efectividad de la evaluación de fondo de ojo en las revisiones pediátricas de Atención Primaria hasta los seis años, siguiendo criterios de salud pública para
valorar su inclusión en los programas de salud infantil de las Comunidades Autónomas.
2. Fomentar, en caso de probarse efectivo y siguiendo criterios de salud pública, la actualización de los protocolos estatales y autonómicos de seguimiento pediátrico para incorporar la evaluación sistemática de la leucocoria y otras
anomalías oculares en las visitas pediátricas rutinarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2025.-Alba Soldevilla Novials, Modesto Pose Mesura, María Sainz Martín, Carmen Martínez Ramírez, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Víctor Camino Miñana, María Luisa Faneca
López, Margarita Martín Rodríguez, María Isabel Moreno Fernández, Caridad Rives Arcayna y Emilio Sáez Cruz, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso institucional para
consolidar la candidatura del Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, como sede alternativa para el Telescopio de Treinta Metros (TMT), para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El Telescopio de Treinta Metros (TMT) será, una vez construido, el telescopio terrestre más avanzado y potente de la historia, y el mayor del hemisferio norte. El TMT representa
uno de los hitos científicos y tecnológicos más ambiciosos del siglo XXI. Su misión será, entre otras, la búsqueda de vida en exoplanetas similares a la Tierra y la exploración profunda del universo.
El lugar oficialmente seleccionado por el consorcio internacional promotor del proyecto fue el volcán Mauna Kea, en Hawaii (EE.UU.). Sin embargo, la creciente oposición social local, el carácter sagrado del emplazamiento para la comunidad
nativa hawaiana, y las restricciones financieras derivadas de los recortes presupuestarios del gobierno estadounidense, han generado importantes incertidumbres sobre su viabilidad real.
En ese contexto, España, y concretamente la isla de La Palma, fue seleccionada en 2018 como sede alternativa viable, tras un proceso técnico riguroso en el que se evaluaron otros emplazamientos internacionales. Desde entonces, el Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC), el Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Puntagorda y el Gobierno de España han trabajado coordinadamente para mantener activa la candidatura, con todos los permisos en regla y el respaldo de la sociedad insular.
La Palma ofrece condiciones científicas excepcionales: una altitud idónea de 2.400 metros, una atmósfera estable y seca, y una estricta normativa de protección lumínica. A ello se suma el liderazgo consolidado del IAC, que gestiona
instalaciones como el Gran Telescopio Canarias (GTC), actualmente el mayor del mundo. La acogida popular y el consenso institucional han sido ejemplares, en contraste con el rechazo social que enfrenta el proyecto en Hawaii.
El proyecto TMT ya ha invertido cientos de millones de dólares en componentes ópticos y mecánicos, y se encuentra en una fase crítica de toma de decisiones. El respaldo o no de la Fundación Nacional de Ciencia de EE.UU. (NSF) determinará
su financiación y emplazamiento definitivos. De no poderse instalar en Hawaii, La Palma es la única ubicación alternativa validada por la comunidad científica internacional.
Conseguir que este coloso tecnológico se instale en la isla de La Palma supondría, tal y como recoge el estudio de impacto socio-económico elaborado por la ULL, un gran impulso para una isla tan necesitada como La Palma, sobre la que la
sombra del volcán aún sobrevuela. Una inversión de 40 millones de euros anuales durante los años de construcción y la creación de aproximadamente mil empleos, entre los directos e indirectos.
Ante esta ventana de oportunidad, España debe dar un paso adelante y ofrecer, como país, una propuesta estratégica, ambiciosa y cohesionada para albergar esta infraestructura global.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar institucionalmente la candidatura del Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, como sede alternativa para la instalación del Telescopio de Treinta Metros (TMT), mediante la activación de todos los canales
diplomáticos, científicos y técnicos necesarios.
2. Constituir un grupo de trabajo interministerial, en coordinación con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma, que elabore una estrategia nacional para la atracción del proyecto, incluyendo el desarrollo de infraestructuras de
acceso, transporte, energía y conectividad necesarias.
3. Garantizar una oferta país sólida, atractiva y segura para el consorcio internacional, que contemple facilidades fiscales, apoyo logístico, garantías jurídicas y una comunicación clara del respaldo institucional.
4. Dar visibilidad internacional al liderazgo científico de España y Canarias en el campo de la astrofísica, situando el TMT como piedra angular de la nueva generación de investigación espacial en territorio europeo.
5. Impulsar la colaboración con los socios europeos del proyecto, especialmente a través de la Agencia Espacial Europea (ESA), para asegurar la viabilidad y el compromiso financiero del proyecto en suelo europeo si finalmente no se ejecuta
en Hawaii.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2025.-Juan Antonio Rojas Manrique, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Guillermo Mariscal Anaya, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Laura María Lima García y Ainhoa Molina León,
Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río y Jacobo González-Robatto Perote en sus respectivas condiciones de Portavoz, y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover la investigación en materia de lucha contra incendios, para su discusión en la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Exposición de motivos
España es, año tras año, uno de los países europeos más afectados por los incendios forestales 35, una amenaza recurrente que se ve intensificada durante los meses de verano como consecuencia de las altas temperaturas y, en muchos casos, la
acción directa del ser humano. La intencionalidad delictiva que se encuentra detrás de un elevado número de estos fuegos -un porcentaje superior al 95 % 36- exige una respuesta contundente.
No solo se trata de un problema ambiental: los incendios suponen una grave amenaza para la seguridad de las personas, un elevado coste económico para las arcas públicas -por las labores de extinción, la recuperación de infraestructuras y la
regeneración del medio natural- y una aparejada destrucción de hábitats y ecosistemas que han tardado décadas, o incluso siglos, en formarse. Según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de los
28,4 millones de hectáreas de superficie forestal, 19,2 millones corresponden a superficie arbolada 37.
Resulta por tanto imprescindible actuar también desde la prevención, incorporando herramientas tecnológicas que faciliten una anticipación eficaz y una respuesta más rápida y coordinada. En este sentido, la aplicación de tecnologías
emergentes como los drones 38 equipados con cámaras térmicas, los sensores remotos, la inteligencia artificial para la predicción de riesgos o los sistemas de geolocalización en tiempo real, pueden marcar la diferencia en la detección temprana, el
control y la extinción de incendios. Además, el desarrollo de nuevos métodos de formación para los equipos de emergencia es igualmente crucial. Herramientas como los simuladores de realidad virtual permiten entrenar a bomberos y miembros del
servicio de protección civil en entornos seguros pero realistas, facilitando una preparación más completa sin exponer a los profesionales a situaciones de riesgo durante el aprendizaje 39.
No obstante, uno de los principales obstáculos en la lucha eficaz contra los incendios es la fragmentación competencial existente entre administraciones. Esta situación dificulta la planificación, la ejecución de estrategias conjuntas y la
creación de protocolos unificados.
35 https://ww.telecinco.es/noticias/el-tiempo/20220811/espana-pais-europa-mas-incendios-2022_18_07221617.html
36 https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/bosques/incendios_forestales_/los_peores_incendios_forestales_en_espana/
37 https://www.eltiempo.es/noticias/bosques-en-espana
38 https://cadenaser.com/castillayleon/2023/03/22/drones-con-camaras-termicas-para-investigar-incendios-o-localizar-a-personas-desaparecidas-asi-trabaja-la-guardia-civil-de-avila-ser-avila/
39 https://elpais.com/retina/2020/08/08/innovación/1596890172_365849.html
Esta fragmentación regional se traduce en desigualdades en los recursos disponibles, en la calidad de los planes autonómicos de prevención y extinción, y en la falta de protocolos comunes entre territorios limítrofes 40.
Especialmente por ello, es fundamental articular mecanismos de cooperación entre universidades, centros de investigación, cuerpos de emergencias y autoridades de protección civil, que permitan el diseño de soluciones conjuntas, basadas en la
innovación, la transferencia del conocimiento y la aplicación práctica de los avances científicos y tecnológicos. La acción coordinada y decidida frente a estos incendios puede verse apoyada por el desarrollo de estas herramientas digitales que
permite una respuesta rápida y eficaz 41.
En este contexto, se hace necesario implementar un plan de innovación en la gestión de incendios forestales a nivel nacional, con financiación suficiente y con una hoja de ruta clara que permita mejorar tanto la prevención como la capacidad
de respuesta ante este fenómeno. Solo mediante una apuesta decidida por la investigación y el desarrollo tecnológico, un endurecimiento de las penas asociadas a estos actos y una correcta coordinación institucional, será posible avanzar hacia un
modelo más eficaz para la protección del medio y patrimonio natural y la seguridad de todos los españoles.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Elaborar un Plan de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, en el marco de un Sistema Nacional de Protección Civil que vertebrará de forma unitaria la respuesta ante distintas catástrofes.
2. Impulsar la inversión e incorporación de tecnologías emergentes en materia de prevención y lucha contra incendios, como complemento de los métodos tradicionales como el pastoreo de la ganadería extensiva, la realización de cortafuegos,
la limpieza de montes, el desbroce o la recogida de leña, que durante siglos mantuvieron limpios nuestros bosques y contribuyeron a reducir el impacto de los incendios forestales en nuestro medio natural.
3. Fomentar la cooperación entre universidades, centros de investigación y autoridades de protección civil en materia de incendios para la creación de nuevas herramientas digitales que permitan mejorar la respuesta ante incendios.
4. Implementar un plan de innovación en la gestión de incendios forestales, destinando para ello los fondos necesarios y una planificación nacional que permita una respuesta coordinada de todas las administraciones implicadas.
5. Endurecer las penas previstas en el artículo 352 del Código Penal para quienes provoquen incendios sobre montes o masas forestales en territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2025.-Pedro Fernández Hernández, Jacobo González-Robatto Perote y José Ramírez del Río, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
40 https://previfor.org/la-extincion-de-incendios-forestales-una-tarea-de-los-dispositivos-de-extincion-y-una-responsabilidad-de-muchos-mas/
41 https://www.escudodigital.com/tecnología/drones-antiincendios-5g-vigilancia-por-satelite-dispositivos-iot-securizados-seguridad-fisica-tambien-protagonista-mwc.html
Comisión de Juventud e Infancia
161/002372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los
proyectos socioeducativos de atención integral a la infancia y adolescencia y a sus profesionales como principal herramienta educativa, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Ante la actual situación de los servicios destinados a infancia y adolescencia, con agresiones a trabajadores y trabajadoras de protección y reforma, el aumento de contratas del sector que sólo buscan abaratar y precarizar a unas labores de
prevención e intervención que ya de por sí están feminizadas y en unas condiciones muy poco halagüeñas, queremos defender la esencialidad de todos los servicios relacionados con la atención integral a la infancia y adolescencia como el ocio
saludable y educativo, la animación sociocultural y protección y reforma, entre otros.
Por ello, instamos a las administraciones estatal, autonómicas y municipales a implantar y sostener programas públicos de infancia y juventud para la educación integral, prevención de conductas de riesgo, promoción de la salud mental,
fomento de prácticas culturales, deportivas y de ocio saludable con profesionales especializados en condiciones laborales dignas que acompañen al menor y/o joven en su proceso de desarrollo. La externalización de estos servicios y la búsqueda de
abaratamiento de los costes es una dejación de funciones por parte de la administración, que pierde el control y diluye su responsabilidad de una actividad tan fundamental y de calado en nuestra sociedad.
Debemos apostar decididamente por políticas de juventud pegadas al territorio, cercanas a los usuarios y usuarias, en las que los proyectos socioeducativos adquieran relevancia, que sean universales e inclusivos y en los que se cuente con
profesionales cualificados de referencia que acompañen a los y las jóvenes en sus procesos, les faciliten la adquisición de competencias y les apoyen en su camino a la madurez y la emancipación.
Instamos también a los agentes implicados en la negociación colectiva tanto estatal como autonómica a llegar a acuerdos que dignifiquen laboral y económicamente las profesiones relacionadas con los objetivos anteriormente citados. Para
garantizar unos servicios de calidad, es necesario que las y los profesionales implicados tengan unas condiciones laborales y jornadas dignas. El impulso de los convenios autonómicos debe ser una herramienta para reducir las desigualdades entre
territorios. Asimismo, los poderes públicos locales y autonómicos tienen la obligación de implicarse en la calidad de los servicios externalizados, para lo cual deben crearse mesas tripartitas compuestas por Administración, entidades gestoras y
representantes de las y los trabajadores.
El marco social y legal que tanto en España como en Europa nos hemos dado, sitúa los derechos de la infancia y la juventud en una posición de relevancia muy elevada y en creciente mejora, pero requiere de una mayor aplicación práctica y
requiere de unas políticas reales y efectivas que ayuden a la consecución de los objetivos, que no queden solo en unas palabras bonitas.
Son muchos los ejemplos que nos invitan a desarrollar políticas encaminadas a la protección y al desarrollo de medidas y directrices europeas relativas a las competencias clave para el aprendizaje permanente.
Así pues, la legislación existente emplaza a las administraciones a tomar cartas en el asunto, empezando por la Declaración de los Derechos de la Infancia de la Asamblea General de las Naciones Unidas o la propia Constitución Española que en
su artículo 48
indica que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. También la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a
la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando
el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida
y entre sus fines está establecer medidas de prevención efectivas frente a la violencia sobre la infancia y la adolescencia, mediante una información adecuada a los niños, niñas y adolescentes, la especialización y la mejora de la práctica
profesional en los distintos ámbitos de intervención, el acompañamiento de las familias, dotándolas de herramientas de parentalidad positiva, y el refuerzo de la participación de las personas menores de edad.
Por otro lado, no podemos olvidar que incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla del derecho al disfrute del tiempo libre y a tomar parte en la vida cultural de la comunidad. Y la Constitución Española es su artículo 43
indica que compete a los poderes públicos fomentar la educación física, el deporte y la adecuada utilización del ocio.
La propia Unión Europea ha puesto en marcha mecanismos como la Estrategia Europea de Derechos de la Infancia, abordando la inclusión socioeconómica, la salud y la educación, o la Decisión UE 2021/2316 sobre el Año Europeo de la Juventud,
donde se destaca la relevancia del aprendizaje no formal e informal y reconoce el gran valor formativo que reviste el aprendizaje en ese trabajo junto con la educación formal y la necesidad de reforzar la asociación entre ambos.
Ese mismo documento hace referencia al incremento sin precedentes de los problemas de salud mental, en particular entre los jóvenes, e invita a impulsar el debate y el desarrollo de soluciones sostenibles, incluidas las medidas preventivas,
que ayuden a hacer frente a estos retos.
Es más, en su articulado, los Derechos de Niño nos hablan expresamente del derecho al descanso, juego, ocio, actividades recreativas y actividades culturales y artísticas. Y también especifica la meta de eliminar las disparidades de género
en la educación y garantizar el acceso igualitario e inclusivo. Todo ello relacionado con el ODS 4: Educación de calidad. Ya que no olvidemos que el ocio socioeducativo es una parte esencial de la formación de nuestra juventud.
Asimismo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2023, sobre la salud mental [2023/2074(INI)] subraya que la salud mental y el bienestar están condicionados por una combinación de factores socioeconómicos,
medioambientales, biológicos y genéticos; destaca, además, las influencias negativas de las experiencias infantiles adversas en la aparición de enfermedades mentales.
Todo este ideario ha sido recogido por los distintos planes de infancia y juventud que en el ámbito municipal han tenido gran repercusión y han sido asimiladas con planes específicos emitidos por distintas corporaciones municipales como por
ejemplo Zaragoza, Barcelona o Cáceres, en los que hay que apostar por unos servicios de calidad y cercanía con equipos educativos profesionales que acompañen a estos grupos de población.
Aún más, en España, pese a ser una competencia municipal, mucho tiene que ver con la educación de los jóvenes en general, la cual viene estipulada dentro de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (la conocida como LOMLOE), donde se recoge todo lo relativo a la educación no formal, dándole un protagonismo claro en la educación integral y transversal de nuestra juventud.
Por un lado, le da un relieve principal a los valores transversales a través de un modelo competencial en el que no sólo se valoran los contenidos sino en los que se señala como determinantes la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la
prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, con una perspectiva no sexista. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía
mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera,
adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo.
En el artículo 5 se refleja cómo la educación no formal, en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de la vida, comprenderá todas aquellas actividades, medios y ámbitos de educación que se desarrollan fuera de la educación formal
y que se dirigen a personas de cualquier edad con especial interés en la infancia y la juventud, que tienen valor educativo en sí mismos y han sido organizados expresamente para satisfacer objetivos educativos en diversos ámbitos de la vida social
tales como la capacitación personal, promoción de valores comunitarios, animación sociocultural, participación social, mejora de las condiciones de vida, artística, tecnológica, lúdica o deportiva, entre otros. Se promoverá la articulación y
complementariedad de la educación formal y no formal con el propósito de que esta contribuya a la adquisición de competencias para un pleno desarrollo de la personalidad.
Y en el punto 2 del artículo 19 se especifica que se trabajarán la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.
Asimismo, se pondrá especial atención a la educación emocional y en valores y a la potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión.
También en el punto 4 de este mismo artículo se habla de que se destinará parte del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la
autonomía, la reflexión y la responsabilidad (dando a entender que otra parte se hará fuera del horario lectivo).
Por su parte, en el artículo 24 se insta a los centros educativos a organizar, de acuerdo con lo que regulen las Administraciones educativas, programas de refuerzo o de enriquecimiento curricular, así como otras medidas educativas para el
alumnado que lo requiera para poder seguir con éxito las enseñanzas de educación secundaria. Mientras que en el artículo 81 se habla en los puntos 2 y 3 de la necesidad de coordinación entre administraciones sobre todo en aquellos centros
escolares, zonas geográficas o entornos sociales en los cuales exista concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa, las Administraciones educativas desarrollarán iniciativas para compensar esta situación. A este fin se
podrán establecer actuaciones socioeducativas conjuntas a nivel territorial con las Administraciones locales y entidades sociales, incluyendo una especial atención a la oferta educativa extraescolar y de ocio educativo, así como acciones de
acompañamiento y tutorización con el alumnado que se encuentre en esta situación y con sus familias. Dichas iniciativas y actuaciones se realizarán de manera que se evite la segregación de este alumnado dentro de los centros educativos (.), así
como acciones de acompañamiento y tutorización con el alumnado que se encuentre en esta situación y con sus familias.
De nuevo en el artículo 88 se habla de que las actividades complementarias y extracurriculares que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos
económicos. Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro, dándole de nuevo relevancia a las actividades extracurriculares. Así como en el apartado siguiente cuando se interpela a
'Las Administraciones educativas para que doten a los centros de los recursos necesarios para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas que en esta ley se declaran gratuitas y establecerán medidas para que la situación socioeconómica del
alumnado no suponga una barrera para el acceso a las actividades complementarias y los demás servicios escolares'. En una clara apuesta por la complementación de la formación reglada en los centros.
Otras referencias al ocio y la protección del joven los encontramos en el Plan Nacional sobre Drogas en cuyo Objetivo 3 de la Meta 1 se refiere al Ocio Seguro y Saludable, dándole un papel fundamental en la prevención de adicciones.
Lamentablemente, como hemos visto, pese a que la legislación tanto comunitaria como estatal e incluso autonómica y municipal, regula la importancia del ocio juvenil, de facto vemos que no se apuesta de forma decidida a través de las acciones
y que tenemos un progresivo deterioro de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en el sector, lo cual redunda negativamente en el servicio mismo.
Por todo ello, demandamos unas políticas de juventud e infancia que desde las administraciones promuevan proyectos de ocio juvenil con una atención socioeducativa que trabaje en la prevención de adicciones y situaciones de riesgo psicosocial
y de salud mental, la educación integral, que fomente la tolerancia, la reflexión y la conciencia crítica y trabajen con perspectiva comunitaria, sirviendo de enlace entre programas de infancia, juventud, servicios sociales, proyectos de acción
comunitaria, entidades asociativas y con los centros educativos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados solicita al Gobierno que inste a todas las administraciones competentes a:
1. Implementar políticas de juventud e infancia que promuevan proyectos de ocio juvenil con una atención socioeducativa que trabaje en la prevención de adicciones y situaciones de riesgo psicosocial y de salud mental, la educación integral,
que fomente la tolerancia, la reflexión y la conciencia crítica y trabajen con perspectiva comunitaria, sirviendo de enlace entre programas de infancia, juventud, servicios sociales, proyectos de acción comunitaria, entidades asociativas y con los
centros educativos.
2. Promover y mantener servicios socioeducativos para la juventud y la infancia pegados al territorio, accesibles e inclusivos con la dotación necesaria para una prestación de calidad llevada a cabo por profesionales en condiciones
laborales y jornadas dignas.
3. Crear mesas tripartitas entre administración, patronales y sindicatos para la observancia del debido cumplimiento de los estándares de calidad y de las condiciones de los y las profesionales implicados en los servicios y programas
destinados a infancia y juventud de titularidad pública y gestión privada.
4. Emplazar a asociaciones patronales y sindicatos a negociar convenios colectivos estatales y autonómicos que palien las diferencias entre territorios y sean garantes de unos servicios de calidad por encima de servicios más económicos y
precarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley sobre un mapeo integral de los recursos del sistema de protección a la infancia, para su
debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
El sistema de protección a la infancia y adolescencia en España presenta una notable diversidad entre comunidades autónomas en cuanto a cuestiones como recursos disponibles, criterios de acceso, modelos de intervención y número de plazas
destinadas al acogimiento residencial y familiar. Esta falta de homogeneidad responde al reparto
competencial emanado de la constitución y tiene efectos positivos como el de favorecer la adaptación de la respuesta institucional a las necesidades y características de cada territorio. Sin embargo, también tiene como consecuencia que
dificulta la coordinación entre territorios, el diseño de políticas públicas eficaces y la respuesta adecuada a situaciones como la llegada de menores no acompañados o la transición a la vida adulta de jóvenes extutelados.
Ante esta situación, sería de utilidad disponer de un mapeo actualizado y detallado de los recursos disponibles -centros, plazas, modelos de acogida, personal técnico, ratios, etc.- que permitiera tener una visión clara y unificada de la
capacidad del sistema para atender adecuadamente a la infancia más vulnerable.
Resulta necesario realizar un diagnóstico técnico, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que permita recopilar, analizar y sistematizar los datos sobre los recursos existentes en materia de protección infantil, con especial atención
a:
- Número de centros y tipología de los mismos.
- Número de plazas disponibles y ocupadas.
- Modelos de acogida (residencial, familiar, especializado).
- Recursos humanos vinculados (profesionales de la educación, la psicología, el trabajo social, etc.).
- Capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales, como la llegada de menores migrantes no acompañados.
- Buenas prácticas y sistemas de coordinación territorial.
Dicho mapeo ofrecería información útil para avanzar hacia un sistema más equitativo, eficiente y centrado en el interés superior del menor, en línea con los principios recogidos en normas como la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como con las
recomendaciones de organismos internacionales como la ONU o el Consejo de Europa.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, a:
1. Realizar un mapeo integral de los recursos del sistema de protección a la infancia y adolescencia.
2. Publicar y actualizar periódicamente esta información, con criterios de transparencia y accesibilidad, asegurando la protección de los datos personales, en el Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la
adolescencia.
3. Utilizar los resultados del mapeo para la planificación estratégica y la toma de decisiones en políticas públicas de protección a la infancia, incluyendo la acogida de menores no acompañados.
4. Seguir promoviendo espacios de coordinación interterritorial, compartir buenas prácticas y optimizar recursos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2025.-Emilia Almodóvar Sánchez, Víctor Camino Miñana, Ana Cobo Carmona, Inés Plaza García, Lázaro Azorín Salar, Esther Rodríguez Suárez, Carmen Martínez Ramírez, Ada Santana Aguilera,
María Isabel Moreno Fernández, Oriol Almirón Ruiz, Jonay Quintero Hernández y Gabriel Blanco Arrúe, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre abordaje de los trastornos del sueño y mejora de los hábitos de sueño
saludable de la infancia y la adolescencia, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
El descanso y el sueño en la infancia y la adolescencia son pilares esenciales para el desarrollo físico, emocional y cognitivo. Dormir bien está estrechamente relacionado con la salud y el desarrollo en esta etapa. La evidencia científica
indica que la falta de sueño en niñas, niños y adolescentes perjudica el desarrollo cognitivo, aumenta el riesgo de obesidad, empeora el rendimiento escolar y afecta el equilibrio emocional.
Los datos recientes de entidades como la Alianza por el Sueño, la Sociedad Española de Sueño, la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño o la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria alertan de un deterioro
preocupante del descanso en la infancia. Hasta un 30 % de los niños y niñas de 6 meses a 5 años presenta trastornos de sueño. Por otra parte, existe un uso excesivo de pantallas antes de dormir, alrededor del 83 % de niñas y niños utiliza
pantallas en la cama, dedicándoles una media de 48,6 minutos antes de dormir. Esto retrasa el inicio del sueño en una hora, de media.
Los estudios también advierten de que la infancia en entornos socioeconómicos vulnerables presenta peores patrones de sueño, con consecuencias directas en su salud, aprendizaje y bienestar emocional. El 58 % de la infancia de entornos más
desfavorecidos tiene un sueño de mala calidad, lo que afecta negativamente su desarrollo cognitivo y académico.
La falta de sueño o su mala calidad impactan negativamente en el desarrollo cerebral y el aprendizaje de niños, niñas y los adolescentes. No tener un descanso adecuado disminuye la atención y la concentración en la escuela, lo cual conlleva
problemas a largo plazo en otras áreas.
Además, los estudios revelan que la falta de descanso influye en las alteraciones emocionales y de conducta, en la irritabilidad, cambios de humor y agresividad que, incluso, pueden ser confundidas con otros trastornos o problemas de
conducta. Así, aumenta el riesgo de trastornos relacionados con el estado de ánimo como ansiedad o depresión infantil.
La falta de sueño conlleva también consecuencias físicas, como el aumento de riesgo de obesidad infantil, pues altera las hormonas del apetito (grelina y leptina). También puede verse afectado el crecimiento, pues la hormona del crecimiento
se libera durante el sueño; y disminuye la inmunidad, lo que puede favorecer el desarrollo de enfermedades infecciosas.
Lo expuesto no solo afecta a edades tempranas. Según se crece con falta de sueño, se generan problemas de salud a largo plazo, aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Los trastornos del sueño,
como el insomnio o la apnea infantil, pueden hacerse crónicos, ya que tienden a continuar en la adolescencia y adultez.
El sueño en la infancia y en la adolescencia debe ser una prioridad en las políticas de salud pública, ya que su adecuada gestión es fundamental para el bienestar presente y futuro de niños, niñas y adolescentes.
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia establece un marco legal que promueve el buen trato y el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes. Fomentar un
entorno que favorezca el descanso adecuado es parte de un buen trato y es, además, condición necesaria para lograr el bienestar de la infancia. Esta ley garantiza una atención integral que abarca aspectos físicos, psíquicos y emocionales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes, a adoptar medidas encaminadas al abordaje de los
trastornos del sueño y la mejora de los hábitos de sueño saludable de la infancia y la adolescencia, entre ellas:
1. Profundizar en el abordaje de los trastornos del sueño y la mejora de los hábitos de sueño saludables, con especial atención a la infancia y la adolescencia, en el marco de las estrategias del Ministerio de Sanidad, para garantizar un
marco de referencia específico desde una perspectiva multidisciplinar.
2. Impulsar y fomentar la formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud en materia de trastornos del sueño.
3. Impulsar, en el ámbito sanitario, protocolos específicos de detección de trastornos del sueño y acciones de orientación a familias sobre estos trastornos.
4. Impulsar campañas de concienciación y sensibilización sobre la importancia del sueño en la infancia y adolescencia, dirigida a familias, centros educativos y personal sanitario.
5. Estudiar la incorporación de indicadores de calidad y cantidad de sueño en las encuestas de salud pública.
6. Fomentar el estudio, la investigación y la formación académica acerca de la interconexión entre la falta de sueño y los determinantes sociales de la salud, con especial énfasis en la infancia en entornos socioeconómicos vulnerables.
7. Valorar la incorporación de la educación del sueño en el currículo escolar, en las etapas de infantil y primaria, dentro del marco de educación para la salud y los buenos hábitos de vida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2025.-Emilia Almodóvar Sánchez y Víctor Camino Miñana, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ángel López Maraver, Francisco José Alcaraz Martos y Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo del mantenimiento y conservación de la red viaria del Estado, especialmente durante el periodo estival, para su discusión en la
Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Durante los meses de verano, España experimenta un notable incremento del tráfico por carretera, debido al turismo y a los desplazamientos internos. En la primera operación salida de este mes de julio, la Dirección General de Tráfico (DGT)
registró 4,9 millones de desplazamientos y 16 fallecidos, de los cuales 10 eran usuarios vulnerables, especialmente
motoristas 42. La DGT prevé que este verano se superen los 100 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera 43, impulsados entre otros por la Operación Paso del Estrecho.
Según el Informe 2025 de la Asociación Española de la Carretera (AEC), el 52 % de los 101.700 km de la red viaria nacional presenta daños graves o muy graves, lo que supone casi 34.000 kilómetros de firme en situación crítica que requerirían
reparación urgente 44 con una inversión necesaria para subsanar este deterioro de más de 13.400 millones de euros, de los cuales casi 4.700 corresponden a la red estatal 45. Esta situación también genera un sobrecoste en los desplazamientos
veraniegos estimado en más de 270 millones de euros en combustible.
Estos datos revelan una presión extrema sobre la red viaria estatal durante el periodo estival y evidencian que el estado deficiente del firme, la señalización y los sistemas de contención constituyen un factor directo de riesgo,
especialmente en un contexto de alta siniestralidad y vulnerabilidad 46. La situación exige una intervención urgente y prioritaria en mantenimiento y mejora estructural de las vías estatales como medida efectiva de prevención de accidentes.
El mal estado de conservación de la red de carreteras se ha identificado como un factor determinante en la siniestralidad vial. Entre las principales deficiencias destacan el desgaste progresivo del pavimento, la señalización deficiente,
barreras o elementos de balizamiento deteriorados, ausencia o mal estado de sistemas de contención y la falta de mantenimiento preventivo 47.
Según el informe referido de la AEC, las carreteras e infraestructuras viarias atraviesan el peor estado de conservación de las últimas cuatro décadas, con firmes en situación 'calamitosa' debido a la presencia generalizada de socavones,
grietas y deformaciones. España dedica anualmente en torno a 2.000 millones de euros al mantenimiento de carreteras, cuando se estiman necesarios más de 5.000 millones, lo que ha generado un déficit estructural superior a los 13.000 millones de
euros. Esta situación repercute directamente en la siniestralidad y en el número de fallecidos en carretera 48.
La Fiscalía de Seguridad Vial, en su Memoria de 2023 49, destaca la importancia del adecuado estado de las infraestructuras como factor clave en la prevención de accidentes, e insiste en la necesidad de reforzar la actuación institucional en
esta materia. Esta obligación de conservación tiene no solo una dimensión técnica, sino también jurídica, vinculada al derecho a la vida y a la integridad física recogido en el artículo 15 de la Constitución Española 50, así como la razón de
seguridad vial establecida en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 6/20156 51.
Cuando el mal estado de una vía contribuye de forma relevante a un accidente con resultado lesivo, pueden incluso derivarse responsabilidades jurídicas, incluida la patrimonial de la Administración Pública conforme a la Ley 40/2015 52, e
incluso, en casos extremos, responsabilidad penal de los responsables públicos competentes cuando exista dolo o negligencia grave.
42 https://elpais.com/espana/2025-07-07/16-faIlecidos-en-las-carreteras-en-la-primera-operacion-salida-del-verano.html
43 https://efe.com/espana/2025-06-30/dgt-prevision-desplazamientos-verano-carreteras/
44 https://cadenaser.com/nacional/2025/07/03/las-carreteras-espanolas-alcanzan-su-peor-estado-en-40-anos-mas-de-la-mitad-requiere-intervencion-urgente-cadena-ser/
45 https://www.aecarretera.com/sala-de-prensa/comunicados/comunicados-2025/3446-rueda-de-prensa-para-la-presentacion-de-resultados-jueves-3-de-julio-a-las-10-30h
46 https://www.interior.gob.es/opencms/es/detalle/articulo/Grande-Marlaska-preserita-el-dispositivo-de-Trafico-para-un-verano-en-el-que-se-superaran-los-cien-millones-de-desplazamientos-por-carretera/
47 https://www.rutadeltransporte.com/noticias-transporte/carreteras-espanolas-acumulan-millones-conservacion_0_1676832340.html
48 https://www.eldebate.com/motor/20250706/dgt-dice-estar-preocupada-190-conductores-multado-ultimos-siete-dias_314078,html
49 https://www.fiscal.es/memorias/memoria2023/FISCALIA_SITE/index.html
50 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
51 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722
52 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
El incumplimiento de las obligaciones de conservación y mantenimiento de la red viaria por parte de las administraciones competentes conlleva no solo costes económicos y ambientales, sino que sobre todo pone en riesgo vidas humanas, lo que
exige al Gobierno adoptar medidas urgentes para reforzar el estado de la red viaria estatal, especialmente de cara al verano, cuando se concentra el mayor volumen de desplazamientos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar el mantenimiento y conservación de la Red de carreteras del Estado con el objeto de prevenir accidentes de tráfico y reducir la siniestralidad vial, teniendo en cuenta las posibles
responsabilidades jurídicas derivadas del estado de conservación de las carreteras según indica la Fiscalía de Seguridad Vial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2025.-Ángel López Maraver, Francisco José Alcaraz Martos y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Justicia
181/001301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carlos Flores Juderías, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
¿Tiene previsto el Gobierno apreciar el incumplimiento grave o reiterado de las funciones del fiscal general del Estado como causa para su cese, a la vista de su absoluta falta de imparcialidad y del uso partidista que ha hecho de la
institución que encabeza, así como del hecho insólito de ser objeto de una investigación judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2025.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carlos Flores Juberías, Diputados.
181/001302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carlos Flores Juberías, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
¿Cómo es posible que el Gobierno impulse amplias reformas legislativas relativas a la Justicia, que además pueden afectar a la profesionalidad, imparcialidad e independencia de los jueces, fiscales y magistrados, cuando personas del entorno
familiar y de partido de miembros del Ejecutivo están sujetos a investigación judicial por gravísimas sospechas de corrupción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2025.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carlos Flores Juberías, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grupo Plurinacional SUMAR
¿Planea el Ministerio de Transportes la realización de un estudio de viabilidad de un nuevo tramo ferroviario Cinco Casas-Tomelloso-Socuéllamos, como paso previo a la redacción del Proyecto Constructivo de esta nueva línea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
181/001305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grupo Plurinacional SUMAR
¿Planea el Ministerio de Transportes la realización de un estudio de viabilidad y la potencial implantación de un servicio de trenes de cercanías en el Poniente Almeriense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001298
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Cristina Teniente Sánchez
¿Cuáles son los motivos que explican un aumento histórico del número de despidos, traspasando la barrera de los 600.000 despidos según datos publicados por el Ministerio de Trabajo, del ejercicio 2023 (último disponible), suponiendo esta
cifra un incremento en apenas dos años del 35 %, mientras que durante los años previos a la reforma laboral se mantenían en una cifra muy inferior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Cristina Teniente Sánchez, Diputados.
181/001299
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez y María Torres Tejada
¿Qué razones justifican que después de la reforma laboral de 2021 se hayan incrementado exponencialmente los despidos en un porcentaje del 35 %, según datos publicados por el Ministerio, y a su vez se hayan reducido las cifras del paro
registrado dando lugar a dos realidades contradictorias, que no casan entre sí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez y María Torres Tejada, Diputados.
181/001300
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Jaime Eduardo de Olano Vela
¿Cuáles son los motivos que explican que después de la reforma laboral la indemnización media de los despidos se ha reducido 7.400 euros, suponiendo una caída del 35 % de la cuantía con respecto al año 2021, afectando dicha merma
principalmente a los contratos indefinidos dado que los contratos temporales mantienen una compensación similar a la existente antes de la reforma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2025.-María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.
Comisión de Política Territorial
181/001297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jorge Campos Asensi, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carina Mejías Sánchez, en sus respectivas condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática
¿Cómo puede justificarse la delegación de competencias estatales en materia de inmigración en una comunidad autónoma, cuando las cuestiones de inmigración afectan al núcleo mismo de la soberanía del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2025.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jorge Campos Asensi y Carina Mejías Sánchez, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001307
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
César Sánchez Pérez y Joaquín Melgarejo Moreno
¿Qué proyectos y medidas, y el estado de ejecución actual, se han puesto en marcha en los últimos 4 años del Plan de Acción 2021-2025, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 para adaptar nuestro país y
hacer frente a fenómenos extremos como los incendios, las inundaciones y las sequías, así como los plazos que se contemplan y las principales líneas de actuación del nuevo Plan de Acción 2025-2030?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2025.-César Sánchez Pérez y Joaquín Melgarejo Moreno, Diputados.
Comisión de Igualdad
181/001306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, en su condición de Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a Ministra de Igualdad
¿Por qué no condena las agresiones a niñas y mujeres por parte de extranjeros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2025.-María de los Reyes Romero Vilches, Rocío de Meer Méndez y Rocío Aguirre Gil de Biedma, Diputadas.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a Ministro del Interior
¿A qué se debe la escasez de examinadores de tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2025.-Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/027406
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando (GSUMAR)
González López, Nahuel (GSUMAR)
Rivera Arias, Engracia (GSUMAR)
Valero Morales, Juan Antonio (GSUMAR)
Alonso Cantorné, Fèlix (GSUMAR)
Sierra Caballero, Francisco (GSUMAR)
Detalle acerca de los acuerdos de patrocinio, apoyo institucional, cesión de imagen, subvenciones o facilidades públicas que mantiene el Gobierno para la edición vigente de La Vuelta y previsiones acerca de exigir la exclusión del equipo
Israel-Premier Tech mientras persistan las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia relativas a Gaza.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en la letra b) del tercer párrafo, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en
poder de la Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001233).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.
El deporte de alto nivel que se celebra en territorio español debe ser plenamente coherente con los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como con los principios de no discriminación,
integridad y responsabilidad social que inspiran la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte y la actuación del sector público cuando presta apoyo económico, logístico o de imagen a acontecimientos deportivos (patrocinios, cesiones de marca
institucional, ayudas o incentivos fiscales indirectos).
La Corte Internacional de Justicia ha dictado medidas cautelares en relación con la actuación de Israel en Gaza, considerando plausibles las alegaciones de genocidio y ordenando el cumplimiento de obligaciones específicas de prevención y de
respeto del derecho internacional humanitario. En este contexto, resulta inaceptable que en España se promocionen o normalicen -directa o indirectamente mediante apoyos públicos- equipos o estructuras deportivas que funcionan como vehículos de
blanqueo institucional de dichas actuaciones.
En lo que se refiere a la carrera ciclista 'La Vuelta', evento de enorme seguimiento internacional celebrado en nuestro país y organizado por una entidad privada, corresponde al Gobierno de España garantizar que cualquier apoyo público
(presencia de marca 'Gobierno de España' o del Consejo Superior de Deportes, acuerdos, subvenciones, exenciones, cesiones logísticas, seguridad extraordinaria, etc.) esté condicionado a cláusulas éticas y de debida diligencia en derechos humanos,
incluyendo, en su caso, la exclusión de equipos que, por su financiación, denominación, imagen corporativa o posicionamientos públicos, contribuyan a blanquear crímenes internacionales o vulneraciones graves del derecho internacional humanitario.
Esto es coherente con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y con la obligación general de prevención y no complicidad.
¿Puede el Gobierno detallar con precisión qué acuerdos de patrocinio, apoyo institucional, cesión de imagen, subvenciones o facilidades públicas (directas o indirectas) mantiene para la edición vigente de La Vuelta y sus importes, órganos
implicados, vigencia y condicionantes éticos aplicables?
¿Incluyen esos acuerdos cláusulas de debida diligencia en derechos humanos que permitan limitar, condicionar o retirar el apoyo público si la organización admite equipos cuya actividad, imagen o financiación blanqueen vulneraciones graves
del derecho internacional humanitario o estén asociadas a Estados sometidos a medidas cautelares de la CIJ por presunto genocidio? En su caso, remita el texto íntegro de dichas cláusulas.
En relación con el equipo Israel-Premier Tech (o cualquier equipo que, por su denominación, financiación principal o marca-país, opere como instrumento de propaganda estatal de Israel):
a) ¿Exigirá el Gobierno a la organización de La Vuelta su exclusión mientras persistan las medidas cautelares de la CIJ relativas a Gaza?
b) ¿Ha mantenido el Ejecutivo comunicaciones formales con la UCI y con la empresa organizadora a tal fin? [...]
c) ¿Qué tipo de acuerdos, cesiones de imágenes, subvenciones y facilidades existen actualmente con el equipo Israel-Premier Tech? ¿Ha tomado el Gobierno medidas para que no se publicite ni difunda la participación de este equipo, empleado
como herramienta de propaganda blanqueadora de genocidio?
En caso de negativa de la organización a adoptar esa exclusión, ¿retirará el Gobierno de España todo apoyo público (patrocinio, presencia de marca, ayudas o facilidades) a 'La Vuelta' y promoverá un marco común con otros Estados miembros de
la UE para
condicionar patrocinios públicos a estándares de derechos humanos en grandes vueltas ciclistas?
¿Prevé el Gobierno aprobar, antes de la próxima edición, un protocolo específico para acontecimientos deportivos en España que:
a) establezca criterios de exclusión de equipos vinculados a graves violaciones de derechos humanos o al blanqueo institucional de crímenes internacionales;
b) imponga cláusulas éticas obligatorias en cualquier convenio o patrocinio público;
y
c) fije un mecanismo de verificación independiente y de transparencia pública de los acuerdos?
¿Tiene previsto el Ejecutivo reforzar la orientación del Consejo Superior de Deportes y del sistema de patrocinios institucionales para que ningún evento deportivo celebrado en España sirva de plataforma de normalización de crímenes
internacionales, garantizando la plena coherencia con la acción exterior y los compromisos internacionales de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2025.-Enrique Fernando Santiago Romero, Nahuel González López, Engracia Rivera Arias, Juan Antonio Valero Morales, Fèlix Alonso Cantorné y Francisco Sierra Caballero, Diputados.