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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 363, de 24/06/2025
cve: BOCG-15-D-363
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de junio de 2025
Núm. 363
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página5)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas ... (Página5)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página6)
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000010 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas ... (Página6)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para honrar la memoria de Ovidio Díaz López, agente de policía víctima del terrorismo ... (Página7)
Comisión de Interior
161/002275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para rehabilitar los cuarteles de la Guardia Civil afectados por la DANA en la provincia de Valencia ... (Página9)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002276 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las funciones de la torre de control remota del aeropuerto de Vigo ... (Página10)
161/002291 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a resolver los graves problemas estructurales y operativos que padece el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía ...
Comisión de Industria y Turismo
161/002282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a reducir la llegada masiva de cruceristas ... (Página16)
161/002289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en apoyo de la industria agroalimentaria española ... (Página17)
161/002292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la exigencia urgente de simplificación y desarrollo de una regulación normativa equilibrada y eficiente del Real Decreto 933/2021, de
26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor ... (Página19)
161/002296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un Plan para la automoción en España ... (Página21)
161/002297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para ayudar a las empresas afectadas por los aranceles, en especial a las exportadoras de acero, aluminio y los productos
manufacturados con esas materias primas ... (Página28)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para paliar los efectos de la sequía en los cultivos de fruto de cáscara en Albacete, Cuenca, Teruel, Zaragoza ...
161/002283 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la autorización de tratamientos herbicidas efectivo para el cultivo del arroz en España ... (Página33)
161/002286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la tecnología y modernización para la eficiencia y sostenibilidad de las prácticas pesqueras en España ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la protección del paisaje natural del Moncayo ... (Página37)
161/002281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la regeneración definitiva de la bahía de Portmán ... (Página38)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la recuperación pública y social de las viviendas de la Sareb ante la expiración de los contratos con KKR (Hipoges) y Blackstone (Aliseda y Anticipa)
... (Página40)
Comisión de Cultura
161/002278 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 50 aniversario de Hispania Nostra ... (Página42)
161/002279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al impulso y promoción de programas pedagógicos para acercar las artes escénicas a la infancia y la juventud ...
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002285 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores a través de la mejora de los convenios colectivos y la implantación de un impuesto
inteligente ... (Página45)
161/002287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al fomento de las tecnologías cuánticas en España ... (Página48)
161/002288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación de la retirada de instalaciones de cableado en desuso en redes de telecomunicaciones ... (Página50)
161/002294 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los bloqueos indiscriminados de páginas web por La Liga y Movistar ... (Página52)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad ante la inteligencia artificial ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001247 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre medidas previstas para reducir los accidentes y siniestros mortales en el trabajo, ante el aumento de la siniestralidad laboral en el conjunto de Galicia y
especialmente en Pontevedra ... (Página56)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
181/001260 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre medidas adoptadas para impedir la afectación de páginas web legítimas durante el bloqueo de contenido pirata por parte de La Liga y Movistar ...
Comisión de Juventud e Infancia
181/001249 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Abades Martínez, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP) y Tomás Olivares, Violante (GP), sobre posibilidad de que el Ministerio de Juventud e Infancia pueda
desplegar su actividad sin Presupuestos Generales del Estado aprobados ... (Página57)
181/001250 Pregunta formulada por los Diputados Violante Tomás Olivares (GP), Abades Martínez, Cristina (GP) y Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), sobre medidas que está aplicando el Ministerio de Juventud e Infancia para mejorar la vida de los
menores con discapacidad ... (Página57)
181/001251 Pregunta formulada por los Diputados Noelia Núñez González (GP), Abades Martínez, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Tomás
Olivares, Violante (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP), Álvarez Fanjul, Beatriz (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP), Guardiola Salmerón, Mirian (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Clavell López, Óscar (GP),
Fernández Herranz, Sandra (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Vázquez Blanco, Ana Belén (GP) y Molina León, Ainhoa (GP), sobre forma en la que el Gobierno justifica que el índice general de pobreza en España haya
descendido mientras la pobreza infantil continúa en aumento, situando al país a la cabeza de Europa ... (Página58)
181/001252 Pregunta formulada por los Diputados Noelia Núñez González (GP), Abades Martínez, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Tomás Olivares, Violante (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP), Álvarez Fanjul, Beatriz (GP), Rodríguez
Calleja, Patricia (GP), Guardiola Salmerón, Mirian (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Clavell López, Óscar (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Vázquez
Blanco, Ana Belén (GP) y Molina León, Ainhoa (GP), sobre forma en la que el Gobierno afronta el hecho de que España sea líder en pobreza infantil, mientras Europa le requiere para implementar medidas urgentes ...
181/001253 Pregunta formulada por los Diputados Noelia Núñez González (GP), Abades Martínez, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Tomás Olivares, Violante (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP), Álvarez Fanjul, Beatriz (GP), Rodríguez
Calleja, Patricia (GP), Guardiola Salmerón, Mirian (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Clavell López, Óscar (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Vázquez
Blanco, Ana Belén (GP) y Molina León, Ainhoa (GP), sobre forma en la que se está aplicando en España el Fondo Europeo de Garantía Juvenil, así como resultados que está ofreciendo en la lucha contra la pobreza infantil y el desempleo juvenil ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/025216 Autor: Garrido Valenzuela, Irene. Puy Fraga, Pedro. Bayón Rolo, Juan Andrés.
Propuesta del Ayuntamiento de Soutomaior (Pontevedra) de mejoras de seguridad vial rodada y peatonal de la travesía de Arcada (N-550) ... (Página59)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
CERDÁN LEÓN, Santos 16-06-2025
Alta:
CACHO ISLA, Iván 19-06-2025
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Navarra:
CACHO ISLA, Iván PSN-PSOE
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: CACHO ISLA, Iván
Circunscripción: Navarra
Número: 401
Fecha: 18 de junio de 2025
Formación electoral: PSN-PSOE
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Grupo Parlamentario Socialista (061/000009)
Titulares
Baja:
CERDÁN LEÓN, Santos 16-06-2025
Alta:
MONTÁVEZ AGUILLAUME, Vicente 18-06-2025
Suplentes
Alta:
ROMERO POZO, Rafaela 18-06-2025
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Socialista (010/000005)
Número de miembros al 19 de junio de 2025: 120
Baja:
CERDÁN LEÓN, Santos 16-06-2025
Alta:
CACHO ISLA, Iván 19-06-2025
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000010
Grupo Parlamentario Socialista (031/000005)
Portavoz sustituto:
Baja:
CERDÁN LEÓN, Santos 16-06-2025
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/002271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus respectivas condiciones de
Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para honrar la memoria de Ovidio Díaz
López, agente de policía víctima del terrorismo, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Ovidio Díaz, primera víctima mortal de ETA en Cataluña
El 6 de junio de 2025 se ha cumplido el quincuagésimo aniversario del asesinato del cabo primero de la Policía Armada Ovidio Díaz López por la banda criminal marxista y separatista ETA, en el transcurso de un atraco a un banco y un tiroteo
posterior en la ciudad de Barcelona.
En los primeros meses de 1975, un grupo de la banda terrorista se estableció en la Ciudad Condal, donde perpetraron varios atracos a bancos, con el objetivo de buscar financiación para sus acciones criminales. A las diez y cuarto de la
mañana del 6 de junio de 1975 1, en la sucursal del Banco Santander de la calle Caspe 70, varias dotaciones de la Policía Armada se desplazaron a ese lugar con el objetivo de detener a unos delincuentes que estaban perpetrando un atraco. Los siete
atracadores alertaron a clientes y empleados de la entidad financiera: 'Esto es un atraco político', mientras les apuntaban con revólveres calibre 38 y un arma automática. Aún así, una empleada del banco consiguió conectar la alarma que tiene
conexión directa con la Jefatura Superior de Policía, que alertó a los servicios de seguridad. Cuando los criminales, urgidos por el sonido de la alarma, salieron de la entidad financiera abandonando el botín, se encontraron con las patrullas de la
Policía Armada. Se inició en ese instante un tiroteo en plena calle, que acabó con la vida del agente de la Policía Armada, Ovidio Díaz López, alcanzado por siete
1 https://mapadelterror.com/victims/ovidio-diaz-lopez/
disparos, uno de ellos de forma letal al corazón. Del lugar de los hechos consiguieron huir todos los terroristas, incluso el que resultó herido en el intercambio de fuego.
El agente de la Policía Armada Ovidio Díaz López estaba casado y su esposa estaba esperando al primer hijo del matrimonio en el momento de quedar viuda 2 .
Segundo. El reconocimiento necesario
El desconocimiento de estos crímenes por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada 'Ley de Memoria Democrática' que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y el separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley 'consagra como portaestandartes de la 'memoria democrática' no solo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras
organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo' 3.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
y cobarde en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones...
Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente
enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender la unidad de España; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad y amor a la Patria común.
No puede entenderse el asesinato de Ovidio Díaz López fuera de este contexto. Miembro de un cuerpo policial de los que formaban entonces las fuerzas de mantenimiento del orden público, su servicio a España en la labor de preservación de la
paz y de la seguridad lo hacían claro destinatario del odio ya mencionado por parte de los integrantes de la banda criminal marxista y antiespañola ETA. Es, por tanto, uno de tantos servidores públicos que han sido víctimas de su fidelidad al
cumplimiento del deber. A su vez, la comunidad nacional debe corresponder a esa fidelidad con la gratitud y el reconocimiento.
Debe subrayarse, en todo caso, que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser
españoles y defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional. De acuerdo con todo ello, cuando se
están cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus familiares; repudiar unánime y contundentemente a
la banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en acciones y en principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España como Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido
destruir.
2 https://www.rtve.es/memoriadevida/detalle.php?id=37
3 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124_InformeV.pdf
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su consideración y su respeto por la memoria del cabo primero de la Policía Armada Ovidio Díaz López, cincuenta años después de su muerte en acto de servicio, y lo reconoce con agradecimiento por su muerte en el cumplimiento
del deber y por sus años consagrados a servir a la Patria en el mencionado cuerpo armado.
2. Expresa su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por otras
víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2025.-Francisco José Alcaraz Martos, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/002275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para rehabilitar los cuarteles de la
Guardia Civil afectados por la DANA en la provincia de Valencia, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La devastadora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) de octubre de 2024 dejó tras de sí una estela de destrucción en la Comunidad Valenciana, afectando gravemente a municipios como Utiel, Alfafar y Paiporta. En estos lugares, los
cuarteles de la Guardia Civil no solo sufrieron daños materiales, sino que también se vieron obligados a operar en condiciones precarias debido a la falta de recursos y a la demora en las ayudas prometidas por el Gobierno de España.
Así pues, el cuartel de la Guardia Civil de Utiel continúa cerrado, existen pabellones desalojados y las dependencias oficiales permanecen cerradas, debiendo prestar los servicios propios de la unidad en dependencias municipales. En cuanto
al cuartel de Alfafar la zona habilitada a pabellones oficiales todavía no ha sido habilitado el aparcamiento subterráneo. Con respecto el cuartel de Paiporta, estas instalaciones fueron escenario de una terrible tragedia, con la pérdida de vidas
humanas debido a las inundaciones.
Además de los daños estructurales, la falta de personal y recursos ha comprometido la seguridad en la zona. Asimismo, todavía no se ha habilitado el sótano, aparcamientos, y la intervención de armas, hay que destacar que el servicio de la
intervención de armas se presta en una furgoneta. Además, el muro perimetral se encuentra derruido por lo que debe detraerse personal para realizar servicios de vigilancia y protección del acuartelamiento
A pesar de las promesas de ayuda, los agentes de la Guardia Civil en estas localidades han tenido que enfrentar condiciones laborales indignas. Las asociaciones profesionales han denunciado que, meses después de la catástrofe, muchos
cuarteles siguen sin reparar.
Esta situación refleja una grave dejadez por parte del Gobierno de España, que ha priorizado otras cuestiones antes que garantizar unas condiciones de trabajo dignas para quienes velan por la seguridad de los ciudadanos.
Por ello, imperativo que se tomen medidas urgentes para rehabilitar los cuarteles de la Guardia Civil afectados y proporcionar a los agentes los recursos necesarios para desempeñar su labor con eficacia y en condiciones adecuadas.
Este abandono no solo compromete la operatividad del Cuerpo, sino que también transmite un mensaje de desprecio hacia su labor. El mantenimiento de los cuarteles es una obligación del Estado. Requiere voluntad política, planificación y
compromiso real, algo que lamentablemente no se está produciendo hasta el momento.
Es urgente que se rectifique esta dejadez y se adopten medidas concretas para dignificar el entorno laboral de la Guardia Civil. La seguridad no puede seguir siendo relegada a un segundo plano.
La Guardia Civil, una de las instituciones más valoradas por la sociedad española, merece un trato acorde a su compromiso y sacrificio. Sin embargo, mientras se destinan cuantiosos recursos a otras prioridades políticas, se sigue ignorando
la necesidad urgente de modernizar y mantener las infraestructuras en las que estos profesionales viven y trabajan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se tomen medidas urgentes para rehabilitar los cuarteles de la Guardia Civil afectados por la riada que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024 y que se proporcione
a los agentes los recursos necesarios para desempeñar su labor con eficacia y en condiciones adecuadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2025.-Fernando de Rosa Torner, Ana Belén Vázquez Blanco, Alma Alfonso Silvestre, Carlos Gil Santiago, Belén Hoyo Juliá, Cristina Moreno Borrás y Esperanza Reynal Reillo, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002276
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las funciones de la torre de control remota del aeropuerto de Vigo, para su debate en la Comisión Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Este año AENA ha sorprendido con el proyecto de la torre digital de control remota de Vigo, una infraestructura diseñada para dar servicio de control de tráfico aéreo de control de
aviones desde lugares sin observación visual directa del aeropuerto que, finalmente, será activada el 12 de junio, convirtiéndose en la primera torre de control remota del Estado.
Sin embargo, Vigo tiene una serie de características especiales que hacen que no sea recomendable el uso de sistemas de control remoto. En los alrededores de la ciudad operan una gran variedad de aeronaves de diferentes tamaños y reglas de
vuelo. Además, existe un área de responsabilidad que da servicio a infraestructuras críticas como las bases de extinción de incendios (Silleda, Queimadelos, O Campiño) y equipamientos sanitarios como el Hospital Álvaro Cunqueiro y el corredor de
transporte aéreo sanitario urgente entre Vigo y Ourense.
La modificación de la operativa en el aeropuerto de Vigo supone una reducción del área de presentación del campo de vuelo, que actualmente permite 360 grados, mientras que en la torre digital se reducirá al 66 %. A medida que los aviones
llegan al área de responsabilidad del aeropuerto de Vigo desde todas las direcciones y dadas las dificultades reconocidas para la detección de aeronaves en la torre de control virtual, se está considerando la posibilidad de establecer restricciones
que impidan la operación simultánea de vuelos instrumentales y visuales. Peinador limitará el número de vuelos desde las 9:30 hasta las 11:30 horas, franja horaria en la que arrancará la torre remota en esta primera fase.
Esto supone una reducción muy significativa de la capacidad actual del aeropuerto de Vigo, que puede generar retrasos en vuelos esenciales como los de extinción de incendios, helicópteros medicalizados, policía, aduanas y salvamento
marítimo. Además, los vuelos comerciales también podrían sufrir retrasos debido a restricciones operativas, lo que afectará la competitividad del aeropuerto y los servicios a los ciudadanos.
Esta tecnología ha sido instalada en algunos países europeos, pero en otros ha sido descartada por diversos motivos, especialmente relacionados con fallos de seguridad. Se ha utilizado con éxito en aeropuertos remotos de Suecia debido a su
bajo número de operaciones o en el de Londres-City debido a la tipología muy homogénea de tráfico que opera en dicha ciudad (el 99 % de las operaciones son vuelos comerciales regulares).
El BNG ya puso de manifiesto que el aeropuerto de Vigo no es el lugar adecuado para la instalación de este tipo de tecnologías debido a las condiciones meteorológicas adversas habituales y por combinar tráfico instrumental y visual.
Consideramos incluso más oportuno reformar la plantilla de controladores y mejorar las torres de control. Es difícil entender que habiendo una torre física haga falta una virtual.
En este contexto, crecen los interrogantes sobre la funcionalidad de la torre de control virtual y sobre las intenciones reales de AENA, ya que todo parece apuntar a que su verdadera motivación es reducir costes laborales y hacer
inoperativas las torres de control en Galicia.
De hecho, el colectivo de controladores aéreos alerta de las deficiencias técnicas para una gestión del vuelo con plenas garantías, de recortes de empleo y del temor a que se esté planeando el traslado del servicio de control aéreo del
aeropuerto de A Coruña al de Vigo.
No entienden que se instale una torre remota en Peinador en un sótano y sin vistas a la pista, justo al lado de la torre actual, si no es para controlar otros aeropuertos. De hecho, recuerdan que cuando se puso en marcha el proyecto para
dotar a Vigo de la torre remota en 2019, ya se hablaba de la posibilidad de controlar Alvedro de esta forma.
Además, destacan una característica que debe tenerse en cuenta. Las dos torres, la de Vigo y la de Coruña, tienen el mismo concesionario privado de servicio de control de tráfico aéreo, que es la empresa Saerco, por lo que es obvio deducir
que la torre de control remoto permitiría reducir costes al concentrar en un mismo centro el equipo de controladores para trabajar por turnos sin incrementar la plantilla. Además de reducir costes de personal de mantenimiento.
Únicamente tendrían que habilitar los controladores de ambos aeropuertos para las dos terminales. Debemos alertar sobre las nuevas formas de precariedad del personal de AENA, en este caso los controladores aéreos, que corren el riesgo de
tener que asumir el control de espacios distintos cuando técnicamente sea posible, con los problemas de seguridad y sobrecarga que ello implicaría.
Resulta inexplicable que el Gobierno apruebe la implantación de un nuevo modelo de control remoto en Galicia, que según sus propios informes técnicos y operativos, reconoce una serie de limitaciones operativas.
La directora de Seguridad y Gestión Operativa de AENA, afirmó, en la presentación de la torre remota de Vigo, que 'ahora mismo, nuestro principal foco es la torre digital de Vigo y cualquier otra evolución del proyecto, ya sean otras torres
o cualquier cambio diferente, está en análisis'. Se trata de una respuesta claramente ambigua y que deja la puerta abierta a que esta torre remota asuma el control de otros aeropuertos.
Sin embargo, el aeropuerto de A Coruña ha crecido en tráfico aéreo, superando la cifra de 1,3 millones de pasajeros al año cuando fue diseñado para 1,2 millones.
Realmente serían necesarias actuaciones de ampliación y reforma del edificio, como se hizo en las otras dos terminales gallegas, pero sin apostar por el traspaso de control.
Si bien el Ministerio mostró entusiasmo ante estos experimentos tecnológicos en su respuesta al BNG, lo cierto es que el sector profesional cree que la tecnología puede mejorar y ayudar a los controladores aéreos, pero no son partidarios de
eliminar la presencia física y la visión que puede tener un controlador desde la torre de control. Se ha comprobado en otros aeropuertos que de noche o en horas de baja visibilidad, las cámaras no captan imágenes de calidad y no son tan precisas,
sin contar además con que no todo puede confiarse a la digitalización porque ésta también falla.
AENA debe velar por la seguridad y la calidad de los servicios que presta, que son totalmente esenciales, así como garantizar las condiciones laborales de todas sus trabajadoras, una cuestión al menos hoy discutible, al ver como se está
llevando a cabo un proceso de precarización y externalización de distintos servicios que solo redunda en mayores beneficios para la empresa a costa de degradar un servicio público. La verdadera modernización implica fortalecer los servicios
públicos.
No debe ser la cuestión mercantilista y economicista la que guíe estos proyectos, la mayor preocupación de AENA debe ser la seguridad y las condiciones de trabajo del personal controlador y de mantenimiento.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a:
1. Paralizar la puesta en marcha de la torre de control remoto en el aeropuerto de Peinador de Vigo, abriendo un diálogo con las organizaciones profesionales y sindicales del ámbito de los controladores aéreos y personal técnico para
abordar su funcionalidad como complemento, soporte y asistencia a la labor de los controladores aéreos.
2. Descartar cualquier planificación que incluya trasladar el servicio de control aéreo del aeropuerto de Alvedro a Vigo y mantener la actividad de control físico en el aeropuerto de A Coruña.
3. Garantizar la seguridad y la calidad de los servicios en los aeropuertos de Vigo y A Coruña y las condiciones de trabajo de los controladores aéreos, técnicos y personal de mantenimiento, evitando la precariedad laboral y los recortes de
personal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ás funcións da torre de control remota do aeroporto de Vigo para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
Este ano AENA sorprendeu co proxecto de torre dixital de control remota de Vigo, unha infraestrutura pensada para dar servizo de tránsito aéreo de control de avións desde lugares sen observación visual directa do aeroporto, que, finalmente,
será activada o 12 de xuño, converténdose na primeira torre de control remota do Estado.
Porén, Vigo conta cunha serie de características especiais que non recomendan a utilización de sistemas de control remoto. Na contorna da cidade operan unha grande variedade de aeronaves de distintos tamaños e regras de voo. Ademais
cóntase cunha área de responsabilidade que da servizo a infraestruturas críticas como bases de extinción de incendios (Silleda, Queimadelos, O Campiño) e sanitarias como é o Hospital Álvaro Cunqueiro e o corredor de transporte aéreo sanitario
urxente entre Vigo e Ourense.
A modificación da operativa no aeroporto de Vigo supón unha redución da área de presentación do campo de voo, que a día de hoxe permite 360 graos, mentres na torre dixital verase reducido a un 66 %. Posto que as aeronaves chegan á área de
responsabilidade do aeroporto de Vigo dende todas as direccións e ante dificultades recoñecidas de detección de aeronaves na torre de control virtual, estase barallando a posibilidade de estabelecer restricións que impidan a operación simultánea de
voos instrumentais e visuais. Peinador limitará o número de voos de 9.30 a 11.30 horas, franxa na que arrancará a torre remota nesta primeira fase.
Iso supón unha redución moi significativa da capacidade actual do aeroporto de Vigo, podendo xerar retrasos en voos tan esenciais como os de extinción de incendios, helicópteros medicalizados, policía, aduanas e rescate marítimo. É mais,
tamén os voos comerciais poderían sufrir retrasos por mor das restricións operativas o cal afectará á competitividade do aeroporto e aos servizos aos cidadáns.
Esta tecnoloxía instalouse nalgúns países europeos, mais en outros desbotouse por distintos motivos, especialmente relacionados coa falla de seguridade. Foi empregada en aeroportos remotos de Suecia con éxito polo seu baixo número de
operacións ou en London-City pola tipoloxía moi homoxénea do tráfico que opera nesa cidade (99 % das operacións son voos comerciais regulares).
O BNG xa puxo de manifesto que o aeroporto de Vigo non e o lugar axeitado para a instalación deste tipo de tecnoloxía debido ás condicións meteorolóxicas adversas habituais e porque combina tráfico instrumental e visual. Incluso
consideramos máis axeitado que se reforme o cadro de persoal de controladores e a mellora das torre de control. É difícil de entender que habendo unha torre física sexa necesaria unha virtual.
Neste contexto, medran os interrogantes sobre a funcionalidade da torre de control virtual e sobre as verdadeiras intencións de AENA, pois parece apuntar a que a súa motivación real sexa reducir costes laborais e inoperativizar torres de
control na Galiza.
De feito, o colectivo de controladores aéreos advirte das carencias técnicas para unha xestión dos voos plenamente garantida, dos recortes laborais e do temor de que se estea a planificar o traslado a Vigo do servizo de control aéreo do
aeroporto da Coruña.
Non entenden que se instale unha torre remota en Peinador nun soto e sen vistas á pista, xustamente a carón da torre actual, se non é para facer o control doutros aeroportos. De feito, lembran que cando se puxo en marcha en 2019 o proxecto
para dotar a Vigo da torre remota, xa se falaba da posibilidade de que Alvedro fose controlada dese xeito.
É máis, salientan unha característica a ter en conta. As dúas torres, a de Vigo e a de Coruña teñen o mesmo concesionario privado de servizo de control aéreo, que é a empresa Saerco, polo que é obvio deducir que a torre de control remota
permitiría reducir costes ao concentrar nun mesmo centro a equipa de controladores para facer as quendas sen aumentar os cadros de persoal. Ademais de que reducirían os costes do persoal de mantemento.
Unicamente terían que habilitar aos controladores de ambos aeroportos para as dúas terminais. Debemos advertir sobre as novas formas de precarización do persoal de AENA, neste caso dos controladores e controladoras aéreas, as cales corren o
risco de ter que asumir o control de diferentes espazos ao ser tecnicamente posíbel, cos problemas de seguridade e sobrecarga que isto implicaría.
Resulta inexplicábel que o Goberno de o visto e prace a implantación dun novo modelo de control remoto na Galiza, que segundo os propios informes técnicos e operativos, recoñece un número de limitacións operativas.
A Directora de Seguridade e Xestión Operacional de AENA, afirmou, na presentación da torre remota da Vigo, que 'agora mesmo, o noso foco principal é a torre dixital de Vigo e calquera outra evolución do proxecto, for outras torres ou
calquera cambio diferente, está en análise'. Trátase dunha resposta claramente ambigua e que deixa a porta aberta a que esta torre remota asuma o control doutros aeroportos.
Porén, o aeroporto da Coruña medrou en tráfico aéreo, superando a cifra de 1,3 millóns de pasaxeiros ao ano cando foi deseñada para 1,2 millóns.
Verdadeiramente, precisaría de actuacións para unha ampliación e reforma do edificio como se fixo nas outras dúas terminais galegas, mais non apostar polo traslado do control.
Aínda que o Ministerio se mostrou entusiasta destes experimentos tecnolóxicos na resposta ao BNG, o certo é que o sector profesional considera que a tecnoloxía pode mellorar e asistir aos controladores aéreos, mais non son partidarios de
eliminar a presenza física e a visión que un controlador ou controladora pode ter desde a torre de control. Tense comprobado noutros aeroportos que nas horas nocturnas ou de baixa visibilidade as cámaras non captan imaxes de calidade e non son tan
precisas. Sen esquecer que non se poder confiar todo á dixitalización porque tamén falla.
AENA debe velar pola seguridade e pola calidade nos servizos que presta, totalmente esenciais, así como tamén debe velar polas condicións de traballo de todas as súas traballadoras, cuestión que hoxe é cando menos discutíbel, vendo como se
está a levar a cabo un proceso de precarización e externalización de diferentes servizos que só redundan no maior lucro da empresa a costa de degradar un servizo público. A verdadeira modernización pasa polo reforzamento dos servizos públicos.
Non debería ser a cuestión mercantilista e economista a que guiase estes proxectos, a máxima preocupación de AENA debería ser a seguridade e as condicións de traballo do persoal de controladores e de mantemento.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a través do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel a:
1. Paralizar a posta en marcha da Torre de Control remota no aeroporto de Peinador en Vigo, abrindo un diálogo coas organizacións profesionais e sindicais do ámbito dos controladores aéreos e do persoal técnico para abordar a súa
funcionalidade como complemento, soporte e apoio ao labor dos controladores aéreos.
2. Desbotar toda planificación que inclúa en trasladar a Vigo o servizo de control aéreo do aeroporto de Alvedro e manter a actividade de control físico no aeroporto da Coruña.
3. Velar pola seguridade e calidade dos servizos nos aeroportos de Vigo e A Coruña e polas condiciones laborais do persoal de controladores aéreos, técnico e de mantemento, evitando a precarización e os recortes de persoal.'
En Madrid, a 10 de xuño de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
161/002291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a resolver los graves
problemas estructurales y
operativos que padece el Aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El aeropuerto de Tenerife Sur constituye una infraestructura estratégica para Canarias y para España en su conjunto, siendo una de las principales puertas de entrada del turismo internacional hacia nuestro país. En particular, el mercado
emisor británico representa un pilar fundamental de la economía canaria, y cualquier deficiencia o anormal funcionamiento en los flujos británicos impacta directamente en el mantenimiento de miles de empleos y por tanto en el bienestar de las
familias isleñas.
A este respecto, es necesario subrayar que desde la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), la necesidad de realizar controles de pasaportes más exhaustivos ha agravado una situación que ya con anterioridad era
deficitaria por la falta de personal y la insuficiencia de efectivos en las infraestructuras aeroportuarias. En este sentido, las colas interminables en los controles fronterizos que invaden incluso las zonas operativas del aeródromo proyectan una
imagen impropia de un país con condición de líder mundial en materia turística.
A pesar de las reiteradas denuncias de esta situación persistente por parte de representantes públicos y operadores afectados de la industria aeroportuaria, hasta el día de hoy el Gobierno de España ha mostrado una actitud pasiva y
conformista.
La respuesta institucional se ha limitado a un leve incremento del número de agentes, sin priorizar las inversiones estructurales que Canarias necesita con urgencia.
A esta situación se suma un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo en el aeropuerto de Tenerife Sur (13,7 millones de pasajeros en 2024, con un incremento del 11,4 % respecto a 2023), así como del volumen de operaciones y carga,
lo que refuerza su papel estratégico dentro de la red de Aena y en la economía turística nacional.
Además, no se puede obviar que el aeropuerto de Tenerife Sur aporta ingresos millonarios para el gestor aeroportuario Aena, cuyo accionariado mayoritario (51 %) corresponde al Estado.
En consecuencia, no resulta aceptable que dichos beneficios no se traduzcan en mejoras tangibles para unas instalaciones que han quedado del todo obsoletas, sobre todo cuando hablamos de un sector tan estratégico y sensible como resulta la
actividad turística para la región ultraperiférica de la que estamos hablando absolutamente dependiente del transporte aéreo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Agilizar, en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), la realización de los estudios técnicos, económicos y de viabilidad necesarios para definir las actuaciones de ampliación, reforma integral o modernización del
aeropuerto de Tenerife Sur, de modo que se posibilite el inicio de los procedimientos de licitación.
2. Reforzar de forma permanente y suficiente la dotación de efectivos de Policía Nacional en los filtros fronterizos de este aeropuerto, garantizando que todos los puestos estén operativos durante la temporada alta y en picos de demanda
para así agilizar el control de pasaportes u otros documentos migratorios.
3. Establecer un mecanismo de coordinación y cooperación efectivo entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Aena de cara a evitar la concentración de vuelos en franjas horarias críticas, mejorando así la gestión
operativa de Tenerife Sur.
4. Presentar, en el plazo máximo de tres meses, un plan de actuación para los aeropuertos canarios que contemple los refuerzos de personal para solucionar la problemática derivada del control de pasaportes y documentación en los filtros
fronterizos,
a fin de agilizar los tiempos de paso de los pasajeros, especialmente durante la temporada alta y los picos de demanda.
5. Garantizar por parte del Estado el cumplimiento en tiempo y forma de aquellas cantidades suficientes a abonar a las aerolíneas en concepto de las subvenciones a residentes del 75 % en el precio de los billetes, evitando comprometer o
poner en peligro la conectividad aérea con Canarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2025.-Juan Antonio Rojas Manrique, Laura María Lima García y Ainhoa Molina León, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/002282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Industria y Turismo, relativa a reducir la llegada masiva de cruceristas.
Exposición de motivos
La lucha contra el turismo masivo de cruceros, el medio de transporte más contaminante por persona y kilómetro, es una prioridad compartida de las ciudades de la mediterránea para salvar nuestros barrios e impedir su disneylandización.
Ahora mismo, solamente con pasearse por las calles de Valéncia, Alacant, Barcelona, Málaga o Palma, se puede observar cómo la llegada masiva de cruceristas colapsa las ciudades, satura los servicios públicos municipales (particularmente,
limpieza, transporte y seguridad), así como dispara los precios de la hostelería local. Una transformación forzada, en manos de unas pocas multinacionales, con la complicidad de Puertos del Estado, que comporta la expulsión de población local,
masificación del espacio urbano, transformación del comercio alrededor de los circuitos más utilizados por los/las cruceristas, problemas de movilidad, entre otros.
Urge romper con el monocultivo turístico que empobrece y contamina las ciudades y pueblos con puerto y que aumenta la vulnerabilidad exponiendo su economía en las fluctuaciones económicas, las crisis, pandemias, catástrofes y los
encarecimientos de precios, sobre todo de la energía. Un cambio de paradigma para volver a ser ciudades con puerto, y no puertos con ciudad. Para ello, la nueva reforma de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante debe incluir un nuevo
modelo de gobernanza más democrático, trasparente y participativo que incluya a los gobiernos locales y movimientos sociales.
Los cruceros que visitan puertos de la UE emiten tanto azufre tóxico como 1.000 millones de coches, según Transport & Environment (T&E), lo que es lo mismo, un solo crucero consume tanto gasoil como 12.000 coches privados, con emisiones 100
veces más tóxicas debido al alto contenido de azufre del combustible utilizado.
Desgraciadamente, la tendencia en los últimos años, a pesar de la emergencia climática que vivimos en nuestras ciudades, con episodios climáticos extremos como la DANA del pasado octubre en Valencia, ha empeorado. Según los últimos datos de
Puertos del Estado. Los puertos españoles recibieron a lo largo de 2024 un total de 12.837.550 pasajeros de cruceros, lo cual supone un incremento del 6,7 % respecto a las cifras cosechadas en el año anterior, considerado de recuperación
pospandémica. Además, el volumen de buques de esta categoría que realizaron escalas alcanzó los 4.700, con lo cual, el incremento fue
del 4,4 %. En el caso de Valencia, a pesar de la DANA, llegaron 774.067 cruceristas en 2024. Y, según la previsión, en 2025 la llegada de macro cruceros de más de 6.000 pasajeros se quintuplicará. Alacant ha visto como en un solo año han
llegado 40.000 pasajeros más, casi un 20 % más que en 2023, al llegar hasta los 234.659 pasajeros.
Por todo ello, urge a ir más allá de la sensibilización y de apelar a la responsabilidad social corporativa, más de un sector donde tres grandes corporaciones, Carnival Corporation & pie, Royal Caribbean Cruises Ltd y MSC Cruises SA,
acaparan el 80 % del negocio. Debemos impulsar, en coordinación con los gobiernos locales y autonómicos, una legislación estable que acelere un decrecimiento en la llegada masiva de cruceros para luchar contra el cambio climático y frenar el
empobrecimiento de nuestras ciudades.
Proposición no de Ley
'Por todo ello, se insta al Gobierno de España a:
1. La paralización de cualquier ampliación de terminales para cruceros en los puertos de todo el Estado, así como estudiar propuestas de decrecimiento en dichas infraestructuras.
2. A la administración correspondiente, competente en Puertos del Estado, en coordinación con las Ciudades Autónomas y las ciudades, de aprobar un marco regulatorio estable que restrinja a un máximo de dos cruceros y 3.500 pasajeros al día,
y barcos de 280 metros de eslora como máximo.
3. Impulsar la descarbonización y mitigar su alto impacto obligando a los buques a conectarse a la red eléctrica del Puerto en lugar de quemar combustibles fósiles en sus motores auxiliares y condicionar cualquier ayuda pública del Estado a
dichas empresas al uso exclusivo de combustibles renovables de cero emisiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2025.-Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en apoyo de la industria agroalimentaria española, para su debate en la Comisión de
Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El pasado 8 de mayo se presentó el 'Informe Económico de la Industria de Alimentación y Bebidas de 2024', en este informe nuestro país se consolida como potencia agroalimentaria. La industria alimentaria española ocupa el cuarto puesto de
la Unión Europea en valor de cifra de negocios (11,7 %), por detrás de Alemania (18,5 %), Francia (17,6 %), e Italia (12,5 %).
La industria de alimentación y bebidas se sitúa como uno de los motores del crecimiento de nuestro país, ya supone un 2,9 % del PIB nacional y representa un 21 % del total de la industria manufacturera. En España, esta industria es la
primera rama manufacturera del sector industrial, según los últimos datos de Estadística Estructural de Empresas del INE, con 178.923,3 M de cifra de negocios, lo que representa el 25,7 % del sector manufacturero, el 23,3 % de las personas ocupadas
y el 20,4 % del valor añadido.
En este sentido, el sector agroalimentario goza de enorme relevancia en la práctica totalidad de la geografía de nuestro país. De las cerca de 28.000 empresas del sector de nuestro país, de las cuales el 96 % son pymes, estas tienen
presencia en el 70 % de los
municipios de la España menos poblada, poniendo de relieve su importante papel como motor económico y social en zonas rurales.
Asimismo, la aportación al empleo también ha sido positiva en 2024 con un crecimiento del 2,3 % en el número de afiliados a la Seguridad Social en el agroalimentario. De los 474.600 trabajadores afiliados en el sector, el 28,6 % son
mujeres, por encima de la media del conjunto de la industria.
También cabe destacar la enorme capacidad de adaptación del sector. El entorno cambiante y exigente, con mayores necesidades en lo que se refiere a la sostenibilidad, no ha mermado la calidad de los productos que se ofrecen, ya que ha
mejorado la competitividad internacional y ha permitido crecer en nuevos mercados. De esta forma, se ha consolidado como principales destinos de los productos españoles, por orden, los países de Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos y Alemania.
Además, hay que hacer hincapié, especialmente, en el crecimiento del mercado estadounidense, donde las exportaciones han aumentado un 22 % en 2024.
En términos generales, las exportaciones de la industria agroalimentaria representan cerca del 20 % del total de las exportaciones españolas de bienes, alcanzaron los 74.736 millones de euros en 2024, el crecimiento interanual de las
exportaciones fue del 6,1 %, lo que refleja la competitividad de este sector dentro de nuestra industria.
La evolución del sector agroalimentario ha sido constante en los últimos años. Hace dos décadas, el saldo comercial agroalimentario español era prácticamente neutro, hasta 2009, no superó los 1.000 millones de euros positivos. No fue hasta
2016 cuando superó por primera vez los 10.000 millones de superávit, y en 2024 cuando se alcanzaron los 18.449 millones de euros de superávit.
A pesar de que otros sectores cuentan con mayor visibilidad como el del automóvil, con un superávit de 8.588 millones, el agroalimentario dobla su contribución neta a la economía exterior. Los avances que se han producido en el sector y que
le han hecho ganar competitividad frente a nuestros competidores se han logrado con un proceso constante de modernización, profesionalización y de internacionalización.
En este sentido, el balance de las exportaciones del año 2024 confirma que el sector agroalimentario español continúa creciendo de forma robusta tanto en términos de volumen, valor y diversificación en productos y mercados. Pues la
contribución al saldo exterior de España es fundamental y su dinamismo lo convierte en uno de los sectores con mejores perspectivas y más resilientes de nuestra economía.
El Gobierno de España ha contribuido a dinamizar el sector articulando una serie de medidas destinadas a fortalecer y proteger la industria agroalimentaria durante su mandato. Así pues, en 2024 se convocaron ayudas a proyectos industriales
en el sector agroalimentario cuyo objetivo era fortalecer, innovar y modernizar la industria agroalimentaria española, contribuyendo a la competitividad, sostenibilidad y digitalización del sector. El Plan contó con una dotación de 100 millones de
euros en subvenciones, enmarcadas en el Componente 12 de política industrial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el PERTE Agroalimentario. A esta cantidad se le sumarán otros 200 millones de euros en préstamos provenientes
de la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se instrumentalizarán, según se ha anunciado, a través de una nueva convocatoria por parte de SEPIDES.
En esta línea, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades, durante su intervención en la inauguración de la 38.ª edición del Salón Gourmets, decía lo siguiente: 'Los alimentos de gran calidad y prestigio, con un
alto grado de excelencia, son clave para la promoción y ello cobra mayor relevancia en el contexto geopolítico actual'. El ministro también recordó que los productos agroalimentarios de España cuentan con 407 figuras de calidad diferenciada, 387
registradas en la UE, que suponen un valor económico de más de 7.700 millones de euros y generan empleo a más de 334.000 agricultores y ganaderos en 8.300 industrias en todo el territorio nacional.
No obstante, es un sector que se enfrenta a importantes retos, como: fomentar productos con mayor valor añadido, aumentar la presencia en mercados de mayor crecimiento, enfrentar una creciente exposición a riesgos climáticos, los riesgos
geopolíticos y nuevas exigencias regulatorias. Y, a tenor de los diferentes desafíos y retos que enfrenta el sector, se sigue requiriendo del análisis, estudio y ejecución de nuevas medidas que permitan seguir consolidando al sector como
uno de los principales motores de la economía española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir apoyando la industria agroalimentaria española, que garantiza un suministro saludable de alimentos a nuestros consumidores, garantizando la calidad de vida, el bienestar de la población y el desarrollo económico y social de todo
el territorio nacional, especialmente en zonas rurales y de baja densidad poblacional.
2. Continuar fomentando la internacionalización de la industria agroalimentaria en nuestro país, abriendo nuevos mercados y reforzando la presencia de los productos españoles en regiones con alto potencial de crecimiento.
3. Mantener y reforzar el respaldo a los esfuerzos de la Unión Europea para negociar acuerdos de comercio con países o regiones que permitan a la industria agroalimentaria española seguir expandiéndose en el exterior, generando empleo,
riqueza y proyección global para nuestras empresas.
4. Seguir impulsando la sostenibilidad y la innovación del sector, apostando por una transición hacia modelos más respetuosos con el medio ambiente y más sostenibles, manteniendo la inversión en investigación científica, digitalización y
desarrollo tecnológico para modernizar la industria agroalimentaria española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Andreu Martín Martínez, Cristina López Zamora, César Joaquín Ramos Esteban, Obdulia Taboadela Álvarez, María Dolores Corujo Berriel,
María Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, Patricia Otero Rodríguez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla y Jesús Mayoral Pérez, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la exigencia urgente de
simplificación y desarrollo de una regulación normativa equilibrada y eficiente del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que
ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Sobre la base de la destacada e insustituible participación de la actividad turística dentro del modelo económico español y del mercado laboral, ante los riesgos de seguir empeorando las cotas de competitividad del sector turístico de
nuestro país, es preciso recordar que en octubre del pasado año 2024 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en su práctica totalidad una Proposición no de Ley impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la revisión y readecuación
de la normativa derivada del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de
registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, instando entre otras medidas al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez a prolongar la suspensión de la
aplicación del mencionado Real Decreto hasta que se articulase algún mecanismo con los operadores económicos afectados que sirviese para redefinir y consensuar el alcance de las obligaciones impuestas a los empresarios turísticos por parte del
Ejecutivo socialista.
Cabe añadir que con posterioridad, el Pleno del Senado aprobaba también en términos similares a propuesta del Grupo Parlamentario Popular una Moción, por la cual se instaba al Gobierno a prolongar la suspensión de la aplicación de este Real
Decreto para elaborar un nuevo desarrollo normativo consensuado con los actores afectados por el mismo, así como a la adopción de diversas medidas para mejorar la capacidad competitiva de nuestro sector turístico.
No obstante lo anterior, transcurrido ya más de medio año desde la entrada en vigor de este real decreto y encontrándonos a inicios del periodo estival -el pico de actividad más importante del año turístico-, parece del todo razonable y
oportuno hacer balance de una situación insólita a día de hoy, con la única finalidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez corrija esta inasumible normativa que viene entorpeciendo la realidad operativa diaria de la inmensa mayoría de pymes y
micropymes turísticas desde principios de este año, poniendo en riesgo con ello el correcto funcionamiento de los flujos turísticos, al propio tiempo que generando serias dudas en materia de protección de derechos y privacidad de clientela turística
y consumidores, nacionales e internacionales.
En este sentido, hay que volver a recordar que esta normativa, bautizada coloquialmente como 'Gran Hermano' turístico, exige a los operadores obligados a recopilar información de carácter sensible del turista, como son su dirección completa,
relación de parentesco entre los viajeros, teléfonos de contacto, correo electrónico o también identificación del medio de pago incluyendo tipo de tarjeta, número y fecha de caducidad, IBAN cuenta bancada, etc. Como resultado, todo esto está
suponiendo para la industria turística graves inconvenientes a nivel operativo y se traduce ya en una enorme desventaja competitiva para el turismo español en comparación con otros mercados receptores turísticos.
España se ha convertido así en el único país de nuestro entorno en el que se realiza un registro obligatorio de todos los clientes alojados en establecimientos de alojamiento turístico, un sistema que dificulta mucho el procedimiento, por
ejemplo para los hoteles, haciéndolo extensivo también a las agencias de viajes y adelantando el registro al momento de efectuar la reserva y no a la entrada efectiva en el establecimiento.
Lo cierto y verdadero es que efectivamente, a día de hoy, el nuevo sistema implementado no ha dejado de dar problemas a la industria turística desde su misma puesta en marcha, con una plataforma tecnológica que no funciona en condiciones
óptimas ni se ajusta a los requerimientos legales, con unos datos que muchas veces resultan imposibles de recopilar, junto con una responsabilidad inasumible, porque la norma hace responsables a los establecimientos de la veracidad de los datos
recabados, sin olvidar la amenaza de imposición de elevadas sanciones de hasta 43.000 euros en caso de detectarse incumplimientos.
En este escenario, los detalles de los problemas detectados desde la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 el pasado 2 de diciembre de 2024, sin ir más lejos ha afectado a la operativa de transmisión de información sobre huéspedes de
alojamientos turísticos hacia las autoridades con importantes repercusiones. Para cumplir con los nuevos requisitos técnicos de la nueva plataforma y recoger la información obligatoria, las empresas alojativas, por ejemplo, han invertido recursos
propios en formación y adaptación de sus sistemas informáticos, significando todo ello un importante coste económico y volumen de inversión.
Así las cosas, tras más de medio año después de la entrada en vigor de este Real Decreto todavía no se ha publicado la orden ministerial que desarrolle su aplicación y que en base a lo que se fue indicando en las últimas prórrogas, debía ser
una realidad antes del pasado 2 de diciembre de 2024. Como consecuencia de ello, esta situación está generando
en las empresas turísticas una gran incertidumbre e inquietud en términos de seguridad jurídica, al desconocerse si la normativa será objeto de modificación en el corto plazo.
Por todo ello, teniendo en cuenta los niveles de inflexibilidad, excesos y desinterés demostrados hasta el momento por el Gobierno de Pedro Sánchez para con un sector productivo esencial a la contribución del PIB español, sin olvidar que la
Comisión Europea ha impulsado ya un análisis y evaluación de cara a determinar la posible grave vulneración e incompatibilidad del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en
inglés), el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
- Proceder de manera urgente a la publicación de la orden ministerial de desarrollo y ejecución del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas
físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, transcurridos ya más de seis meses desde la aplicación obligatoria del citado real decreto y en el curso ahora de la temporada alta en la mayoría de destinos
españoles.
- Fijar a través de la normativa de desarrollo pendiente la implantación de un marco justificado y proporcionado de obligaciones basado en criterios de máxima claridad, agilidad y eficiencia operativa -garantizando en todo caso su estricta
sujeción a las normativas nacional y comunitaria en materia de protección de datos y privacidad-, de manera consensuada y planificada previamente con nuestro tejido productivo turístico caracterizado por su reducida estructura y disponibilidad
limitada de medios.
- Reconsiderar la petición unánime de exigencia de exclusión de las agencias de viajes del ámbito de aplicación del citado Real Decreto 933/2021, justificado por los efectos especialmente adversos que esta normativa está provocando al sector
de las agencias inmensamente constituido por pymes y micropymes con plantillas muy reducidas.
- Corregir las deficiencias técnicas y asegurar por todos los medios la completa viabilidad operativa de los recursos tecnológicos habilitados a efectos del cumplimiento de la normativa de referencia (plataforma web SES.HOSPEDAJES).
- Garantizar en el contexto de la problemática generada la reversión de cualquier medida, acción gubernamental, carga administrativa lesiva o de imposible aplicación para los sujetos obligados, en aras de no continuar perjudicando los
umbrales de competitividad de la economía turística española frente a otras potencias receptoras de turistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2025.-Mirian Guardiola Salmerón, Cristina Moreno Borrás, Francisco José Conde López, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima García,
Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana María Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa y José Vicente Marí Bosó, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a un Plan para la automoción
en España, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
1. Introducción: una industria estratégica
España ha construido en torno a la automoción uno de sus principales pilares económicos, tecnológicos y sociales. Este sector aporta más del 11 % del PIB y genera un 9 % del empleo total del país, con 1,9 millones de empleos directos e
indirectos, integrando desde fabricantes hasta una amplia red de concesionarios, proveedores, talleres, logística y centros tecnológicos y de investigación.
El ecosistema industrial de la automoción lo forman 17 plantas de ensamblaje de vehículos, más de 1.000 empresas proveedoras de componentes, unas 500 instalaciones industriales, 5.000 concesionarios con sus respectivos talleres y más de
345.000 empleos directos solo en el ámbito de la producción. Se estima que cada vehículo fabricado en España contiene un 75 % de valor generado por proveedores locales.
El impacto en el empleo es directo y cualificado. El 97 % de los trabajadores en concesionarios tienen contratos indefinidos, con condiciones salariales por encima de la media nacional. Además, se trata de un sector fuertemente exportador:
el 86 % de los vehículos producidos se destinan al mercado internacional, con una presencia en 170 países.
Esta potencia exportadora ha sido posible gracias a una red logística eficiente, una fuerza laboral altamente especializada, una tradición de colaboración público-privada y una cultura de innovación que ha convertido al sector en uno de los
más inversores en l+D+i de la economía española, con más de 2.000 M de inversión en el año 2023, por parte de fabricantes y proveedores.
Por tanto, conocemos cuál es la fórmula de éxito: mano de obra cualificada, estabilidad institucional, un sistema logístico eficiente, buenas infraestructuras, costes competitivos y unas políticas públicas que durante décadas supieron
acompañar al sector. Sin embargo, todo este ecosistema se encuentra hoy en riesgo. La irrupción de la transición energética, el impacto de las nuevas normativas europeas, las tensiones comerciales globales y, sobre todo, la ausencia de una
política nacional coherente, ambiciosa y bien ejecutada, están provocando una erosión acelerada del liderazgo industrial español en automoción.
2. Fallos estructurales en las políticas de estímulo a la demanda
El sector no se niega a la transición. Al contrario, está liderando un proceso de transformación sin precedentes hacia la movilidad sostenible. Pero esa transición debe ser posible y realizarse con los tiempos y ritmos adecuados.
Hoy, las condiciones políticas y administrativas en España están impidiendo que la transición sea ordenada. Los precios del vehículo eléctrico, la poca autonomía y la falta de una red de infraestructuras de recarga garantista están minando
la confianza del consumidor en el vehículo electrificado, poniendo en riesgo miles de empleos en la industria y la red de concesionarios.
El mercado español de vehículos eléctricos e híbridos enchufables permanece estancado. En 2024, la cuota de mercado de los vehículos electrificados fue del 11,4 %, por debajo del año anterior y muy lejos de los objetivos marcados por el
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé alcanzar los 5,5 millones de eléctricos circulando en 2030.
Los planes de incentivos, centrados en el programa MOVES III, no han funcionado por razones ampliamente compartidas por asociaciones del sector, CCAA y usuarios:
- No hay ayudas directas en factura. El consumidor debe abonar el importe íntegro del vehículo y esperar meses o años por el reembolso, generando desconfianza y barreras financieras.
- La tramitación es excesivamente compleja, descentralizada, con falta de una ventanilla única y una enorme lentitud administrativa.
- Los fondos no son suficientes para las rentas medias que compran vehículos seminuevos o híbridos básicos.
- Se discrimina tecnológicamente, excluyendo del modelo a los vehículos de bajas emisiones con motor de combustión eficiente, híbridos no enchufables, GLP o biocombustibles.
Lejos de corregir las carencias estructurales del mercado, el Plan MOVES III ha consolidado un modelo fallido, tal como han reconocido las asociaciones sectoriales y los consumidores. A pesar de contar con más de 1.600 millones de euros en
ayudas, el sistema de gestión diseñado por el Gobierno ha convertido una oportunidad en una fuente de frustración. Incluso el retraso en aprobar el Real Decreto 9/2024 dejó meses sin base legal para las solicitudes de ayuda, en una muestra más de
la debilidad que atenaza al Gobierno.
El resultado de este modelo ha sido la desincentivación de la demanda, y su consecuencia directa, la ralentización de la producción. Si el consumidor no accede a vehículos nuevos, las fábricas ajustan turnos, recortan inversión y se
replantean su actividad futura.
Además, esta situación golpea especialmente a los concesionarios, que se ven obligados a asumir riesgos comerciales, a operar sin márgenes, a convivir con normativas en constante cambio, a soportar una burocracia asfixiante, ayudas mal
diseñadas, una discriminación tecnológica, falta de interlocución y sin seguridad jurídica. Desde 2020 han invertido más de 1.100 millones de euros en electrificación, digitalización y eficiencia energética, pero no han recibido ningún apoyo por
parte del Gobierno central.
La experiencia de otros países demuestra que el modelo puede funcionar. En Alemania, los descuentos se aplican directamente en factura. En Noruega existen exenciones fiscales permanentes para eléctricos. En Francia se han diseñado
esquemas de incentivo progresivo en función de la renta. El Gobierno español, sin embargo, ha mantenido una fórmula burocrática, rígida y técnicamente ineficaz.
La transición no está avanzando porque la demanda no responde. Y no responde porque las ayudas planteadas por el Gobierno no funcionan. Desde el inicio del programa solo se acumula el 59 % de resoluciones sobre el presupuesto solicitado.
La consecuencia directa de este fracaso también se hace sentir en la seguridad vial. El parque automovilístico español presenta una media de antigüedad de 14,5 años, que crece cada año. Renovarlo es una necesidad climática, pero también es
imprescindible para garantizar la seguridad vial de los usuarios, así como la cohesión territorial.
Finalmente, la falta de incentivos de demanda también ha afectado al desarrollo de la red de recarga necesaria para dar garantías al usuario. A cierre del primer trimestre de 2025 se habían instalado algo más de 59.430 puntos de recarga de
acceso público, pero un 22 % de ellos no están operativos (13.072), debido a trabas administrativas, problemas de conexión a la red o falta de mantenimiento. El año 2024 se debía haber cerrado con 64.000 puntos de recarga operativos, lo que supone
que estamos muy lejos del objetivo marcado por el propio Gobierno, tan solo un 72 %, y con un número de puntos de recarga rápida o ultrarrápida muy reducidos.
A esto se suma:
- La falta de puntos en entornos rurales y pequeñas ciudades.
- La escasez de carga rápida en corredores estratégicos.
- Las dificultades para instalar puntos en comunidades de vecinos, parkings o instalaciones empresariales.
- La nula señalización vial coherente que facilite el uso del sistema.
Este déficit genera ansiedad por autonomía, reduce la percepción de utilidad del vehículo electrificado y frena el desarrollo del mercado. España necesita no solo más puntos de carga, sino una estrategia nacional que unifique criterios,
elimine cuellos de botella y simplifique trámites.
3. Sin una política industrial que incentive la innovación
Uno de los aspectos más lesivos para el sector es la falta de neutralidad tecnológica y la continua modificación de normas y objetivos, que desincentivan la inversión industrial.
A diferencia de países como Francia o Alemania, donde el desarrollo industrial se considera parte de la l+D+i y recibe beneficios fiscales, en España se exige a las empresas una carga documental y técnica que impide que muchos proyectos
innovadores obtengan deducciones fiscales.
El resultado es que muchas pymes proveedoras, que representan el 75 % del valor del vehículo, quedan fuera de los sistemas de apoyo.
Además:
- La ley de cambio climático veta el uso de tecnologías que son aún necesarias en la transición (combustión eficiente, GLP o gas renovable).
- No hay una planificación de inversiones a medio plazo, esenciales en un sector con ciclos de producción largos y compromisos internacionales.
- No existe un marco fiscal para incentivar la inversión en reciclaje, economía circular o relocalización de componentes estratégicos (chips, baterías, etc.).
Los efectos de este marco normativo y fiscal ya son visibles:
- La producción de vehículos cayó un 3 % en 2024 con respecto al ejercicio 2023. Caída que fue del 7,4 % en abril de 2025, acumulando un retroceso del 9,2 % en el primer cuatrimestre del año con respecto a los mismos meses del año anterior.
- Las exportaciones de vehículos cayeron un 4 % en 2024 con respecto al año anterior. En abril de 2025, la reducción fue del 8,5 %, lo que supone una caída del 11,7 % en el primer cuatrimestre con respecto a los mismos meses del año pasado.
- Congelación de inversiones en fábricas clave.
- Riesgo creciente de que nuevos modelos no se asignen a plantas españolas ante entornos más favorables en Portugal, Hungría o Marruecos.
- Riesgo de deslocalización de la industria de componentes. Hoy en día, se están trasladando contratos a Hub como el de Marruecos o Turquía, pero en un futuro inmediato podría derivar en una deslocalización de las propias fábricas.
- Desaceleración del nivel de inversiones productivas y en l+D+i por parte de la industria de componentes en comparado con el año 2023.
Y todo esto, en un contexto en el que los PERTE, principal instrumento de política industrial, han sido un fracaso:
- Tras cuatro años de vigencia del PERTE VEC, tres convocatorias y el anuncio de una cuarta, todavía sigue teniendo remanentes en los cajones del ministerio, especialmente en las convocatorias en forma de préstamos.
- Los fondos de las primeras convocatorias están llegando a las empresas con mucha lentitud.
- El PERTE Chip ha ejecutado solo un 4,1 % (505 M de 12.250 M). Un ejemplo claro de cómo la burocracia y el desinterés matan la inversión tecnológica, pese a su carácter estratégico.
Las causas son claras: complejidad extrema de las bases, ausencia de coordinación entre ministerios, ineficiencia en la gestión de los fondos europeos para que lleguen realmente a las empresas, lentitud en las resoluciones y una burocracia
que ahoga la iniciativa empresarial.
4. El futuro del sector de la automoción en España
La situación por la que atraviesa el sector de automoción en España requiere de una reacción inmediata, con el diseño de un Plan Nacional que responda a los desafíos de forma integral, racional y estructurada. El objetivo no es solo
electrificar vehículos, sino garantizar que esa transición sea viable, justa, generadora de empleo, respetuosa con el consumidor y competitiva industrialmente.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular propone a través de esta Proposición de no de Ley una estrategia basada en tres grandes ejes de actuación:
1. Estimular la demanda de vehículos eficientes, accesibles, de todas las tecnologías disponibles en defensa del principio de neutralidad tecnológica y adaptados a la realidad del consumidor español.
2. Reindustrializar el sector con criterios de sostenibilidad, competitividad y digitalización.
3. Garantizar una transición tecnológica pragmática y neutral, basada en la innovación y no en el dogma.
Estas medidas están orientadas a reforzar la base productiva nacional, asegurar la continuidad de miles de los empleos que dependen del sector y restaurar la confianza del consumidor y de los inversores internacionales.
En primer lugar, desde la perspectiva de la demanda, se precisa impulsar un Plan RENOVE tecnológicamente neutro, que premie la renovación por niveles de emisiones, no por tecnología. Un vehículo Euro 6 contamina hasta un 80 % menos que uno
Euro 3. La electrificación debe ser gradual y realista, adaptada a la capacidad adquisitiva de las familias y a las infraestructuras disponibles. La descarbonización, como bien recuerda la industria, no es solo electrificación: es también
renovación del parque, porque mantener vehículos obsoletos en circulación es incompatible con los objetivos climáticos y de seguridad vial.
El Plan MOVES IV necesita adaptarse a la realidad del mercado. Hay que desarrollar un sistema que permita la aplicación de descuentos inmediatos en factura al adquirir vehículos de bajas emisiones, gestionados por el propio concesionario.
Además, se precisa introducir medidas de simplificación administrativa en la tramitación, unificar criterios y una resolución automatizada con plazo máximo garantizado. Y un Plan MOVES IV que incluya todas las tecnologías eficientes: eléctricos,
híbridos enchufables, híbridos convencionales, gas natural, biocombustibles e hidrógeno.
Las políticas de demanda también deben incluir medidas fiscales que favorezcan a los consumidores de clases medias y trabajadores, reduciendo el IVA en la compra de vehículos eléctricos o híbridos, en línea con países como Noruega, Alemania
o Países Bajos, y estableciendo deducciones del IRPF por adquisición de vehículo eficiente vinculado al uso profesional o familiar.
En segundo lugar, el Plan Nacional de Automoción tiene que favorecer las inversiones industriales y la innovación. Para ello será necesario constituir un Fondo para la descarbonización que vaya destinado a proyectos de transformación
energética, economía circular, eficiencia en los procesos y automatización industrial. Este Fondo permitiría dar un impulso al tejido productivo, fomentando la relocalización de capacidades estratégicas (como baterías, chips, electrónica embarcada)
y fortalecer la autonomía industrial.
Las inversiones también deberán favorecer la modernización tecnológica de la industria de componentes, a través de estímulos fiscales para las inversiones en líneas de ensamblaje inteligente, robótica y procesos 4.0, así como el apoyo
específico al reciclaje de componentes y la valorización de materiales.
Para facilitar las inversiones se precisará impulsar medidas fiscales que favorezcan las deducciones por l+D+i en el sector, así como la aplicación de coeficientes reducidos para la amortización de maquinaria. Estas medidas ya existen en
países como Francia o Alemania, por lo que es necesario aplicarlas también en España para evitar que nuestras empresas queden en desventaja competitiva.
En tercer lugar, la transición tecnológica en el sector de automoción tiene que fundamentarse en la neutralidad tecnológica y la seguridad jurídica, con los ritmos adecuados sin intransigencias ideológicas, que permita a cada consumidor,
empresa o territorio elegir el camino más adecuado hacia la descarbonización. Eso implica:
- Eliminar sesgos normativos que excluyen motores térmicos de bajas emisiones, híbridos o gas natural.
- Incluir tecnologías como el hidrógeno, los biocombustibles y los combustibles sintéticos en todos los programas de impulso.
- Alinear los objetivos climáticos con la realidad del parque y la capacidad de adaptación del mercado.
No hay una única tecnología limpia, y la estrategia única actual del Gobierno pone en peligro tanto la industria como la accesibilidad a nuevos vehículos.
También será imprescindible garantizar la estabilidad de los marcos normativos durante los ciclos de inversión (mínimo 5 años), proporcionando flexibilidad en el cumplimiento de objetivos de emisiones entre 2025 y 2030, y facilitar la
adaptación industrial sin sanciones. Los inversores y los consumidores necesitan reglas claras. El constante cambio normativo y el intervencionismo gubernamental solo generan incertidumbre que aleja capital, talento e innovación.
Finalmente, el Plan Nacional se deberá dotar de la gobernanza adecuada, a través de una Comisión Interministerial de Automoción que integre los Ministerios de Industria, Hacienda, Ciencia, Transición Ecológica, Universidades y Transporte,
con competencias en diseño, coordinación, evaluación y ejecución de la política de automoción.
5. Oportunidad europea: Clean Industrial Deal y autonomía estratégica:
El contexto europeo ofrece una oportunidad histórica. La Comisión Europea ha lanzado el Clean Industrial Deal, con el objetivo de reforzar la producción tecnológica en Europa hasta el 40 % del total en 2030. España debe asegurar una
posición de liderazgo en el despliegue del mencionado Acuerdo, especialmente en sectores como baterías, semiconductores, hidrógeno y componentes.
Para ello, es clave reforzar nuestra participación en alianzas industriales europeas y aprovechar los fondos europeos, tanto el programa Next Generation EU, que está próximo a finalizar, como los fondos estructurales.
Con visión, planificación y compromiso político, España puede ser líder en movilidad sostenible, no una víctima de las debilidades del Gobierno.
La propuesta del Grupo Parlamentario Popular para la automoción es clara: proteger el empleo, reforzar la industria y recuperar al consumidor como protagonista. Es una alternativa de Gobierno, bien fundamentada y con visión de largo plazo.
Frente a la improvisación, ofrecemos una estrategia. Frente a la ideologización, ofrecemos neutralidad tecnológica. Frente a la burocracia, simplificación. Y frente a la deslocalización, ofrecemos una estrategia de reindustrialización
justa.
Es hora de que España lidere, y eso empieza por ofrecer al sector de la automoción una política pública digna de su peso, su historia y su futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de manera urgente y en coordinación con las Comunidades Autónomas, un Plan Nacional de Automoción, integral y tecnológicamente neutro, abordando conjuntamente la demanda, la oferta y
la transformación industrial del sector. El Plan Nacional de Automoción deberá incluir las siguientes medidas:
I. Medidas para el impulso de la demanda y el mercado interno.
1. Diseñar e implementar un nuevo Programa MOVES IV que incorpore:
- Descuentos directos en el momento de la compra, gestionados por los concesionarios.
- Tramitación simplificada y digital, con tiempos máximos garantizados.
- Ampliación de su ámbito a coches de todas las tecnologías de bajas emisiones, con hasta 12 meses de antigüedad.
- Un Bono Social que facilite la adquisición de vehículos de bajas emisiones a todos los ciudadanos, especialmente aquellos con un menor nivel de renta.
2. Impulsar un nuevo Plan RENOVE tecnológicamente neutro, orientado a la sustitución del parque móvil más antiguo (14,5 años de media), fomentando el achatarramiento de vehículos de más de 12 años de antigüedad, y su sustitución por modelos
nuevos de bajas emisiones, sin discriminar tecnologías, y con incentivos especiales para familias numerosas, jóvenes y profesionales autónomos.
3. Aprobar una línea de ayudas específica para la adquisición de vehículos industriales, siempre vinculado al achatarramiento, con un máximo de 12 meses de antigüedad, y con una tecnología a partir de Euro 6.
4. Reducir temporalmente el IVA en la adquisición de vehículos electrificados y de bajas emisiones, siguiendo modelos implantados en países como Noruega, Alemania y Países Bajos, con la exención total del Impuesto de Matriculación para
vehículos con etiqueta 'CERO' o 'ECO'.
5. Crear incentivos económicos para la instalación de puntos de recarga en comunidades de vecinos, empresas, parkings públicos y zonas rurales, asegurando además la señalización adecuada en las redes viarias.
6. Asegurar la operatividad de los puntos de recarga ya instalados, eliminando cuellos de botella administrativos y estableciendo objetivos vinculantes para su conexión efectiva.
II. Medidas para el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica.
7. Establecer un nuevo Fondo de Descarbonización Industrial, que financie proyectos de descarbonización, electrificación, digitalización y economía circular en la industria auxiliar del automóvil (componentes, baterías, reciclaje,
almacenamiento, etc.)
8. Desarrollar un programa de apoyo a la inversión industrial en automoción, con carácter plurianual, que promueva la atracción de nuevas inversiones en proyectos tractores, promoviendo de forma específica la innovación disruptiva en el
ámbito de la propulsión alternativa, conectividad, automatización y vehículo autónomo, y fomentando la relocalización de la producción de componentes estratégicos (chips, baterías, etc.).
9. Reformar el marco fiscal industrial para equiparar las deducciones fiscales por l+D+i a los estándares de países como Alemania y Francia, y el reconocimiento del desarrollo industrial como actividad innovadora, permitiendo el acceso a
incentivos fiscales equivalentes.
10 Implementar una Ventanilla Única Digital para la automoción, que centralice todos los trámites de ayudas, licencias y permisos, agilizando la ejecución de inversiones y proyectos estratégicos.
11. Promover una alianza universidad-empresa, mediante convocatorias específicas que fomenten la formación técnica especializada, la formación dual, la investigación y la transferencia de conocimiento en colaboración con centros
tecnológicos e institutos de innovación.
III. Medidas regulatorias y de gobernanza.
12. Garantizar un entorno regulatorio estable y previsible, que evite cambios legislativos que introduzcan inseguridad jurídica en el sector y frenen la inversión, tanto nacional como internacional.
13. Garantizar la neutralidad tecnológica en toda normativa de movilidad y fiscalidad, permitiendo que convivan diferentes tecnologías bajas en emisiones durante la transición, evitando enfoques excluyentes y protegiendo la competitividad
industrial.
14. Activar una Mesa de seguimiento de la cadena de valor de la automoción, con participación de comunidades autónomas, asociaciones sectoriales (ANFAC, FACONAUTO, SERNAUTO), sindicatos y patronal, para evaluar la evolución del sector y
proponer ajustes normativos y presupuestarios.
IV. Medidas frente al nuevo contexto internacional.
15. Reaccionar de forma inmediata y proporcional frente a los nuevos aranceles estadounidenses al sector de la automoción mediante medidas de apoyo a la exportación, compensaciones fiscales a los fabricantes afectados y una presencia
reforzada en foros internacionales en materia comercial.
16. Defender activamente, en el seno del Consejo de la UE y la Comisión Europea, la inclusión de la industria de componentes como sector prioritario del Clean Industrial Deal y de toda estrategia de autonomía estratégica de la UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2025.-Francisco José Conde López, Juan Bravo Baena, José Vicente Marí Bosó, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Esther Llamazares Domingo, Silverio Argüelles García,
Mirian Guardiola Salmerón, José Ignacio Romaní Cantera, Félix de las Cuevas Cortés, Guillermo Mariscal Anaya y Pedro Navarro López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para ayudar a las
empresas afectadas por los aranceles, en especial a las exportadoras de acero, aluminio y los productos manufacturados con esas materias primas, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La guerra comercial de Donald Trump arrancó el pasado 12 de marzo de 2025 recuperando un arancel del 25 % a todas las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos. Tan solo unas semanas después, el 5 de abril de 2025, entró en vigor
un arancel general del 10 % aplicable a todos los productos y todos los países del mundo, más unos aranceles específicos para cada país o área geográfica.
En el caso de Europa, los bienes exportados a Estados Unidos pagarían un arancel del 30 %, ya que al arancel general del 10 % se imponía uno específico del 20 %. Como señaló Bruselas, esta medida no es recíproca ni proporcionada, ya que el
arancel medio de Europa a Estados Unidos es del 5 % y, si se calcula en términos ponderados, es solo del 2 %.
Aunque el 10 de abril se anunció una tregua arancelaria de 90 días entre Estados Unidos y la Unión Europea, esta afectaba solo al arancel específico del 20 %, pero se mantenían y dejaban vigentes tanto el arancel general del 10 % como el
arancel específico del 25 % al acero y al aluminio.
España, a diferencia del resto de países europeos, tiene una balanza comercial de bienes negativa con Estados Unidos, importamos más que exportamos, con un déficit de más de 10.000 M en 2024:
- Importamos por valor de 28.192 M, lo que representa el 6,6 % de nuestras importaciones globales (424.741 M).
- Exportamos por valor de 18.179 M, lo que representa el 4,7 % de nuestras exportaciones globales (384.464 M).
Aunque la exposición directa pueda parecer pequeña, tiene un impacto muy importante en algunos sectores y empresas específicas que concentran esas exportaciones; en concreto, hay 3 sectores que suponen el 80 % de las exportaciones directas
a Estados
Unidos: semimanufacturas (32,0 %), bienes de equipo (28,8 %) y alimentación, bebidas y tabaco (18,8 %).
A esta exposición directa hay que añadir la exposición indirecta que, según el último Informe Anual 2024 del Banco de España, es mayor debido a la integración de nuestra economía en las cadenas globales de valor. Así, 'nos vemos afectados
de forma indirecta a través de las exportaciones españolas de bienes intermedios (como componentes de automóviles, por ejemplo) a otros países, que luego forman parte de productos finales que dichos países exportan a Estados Unidos'.
El Banco de España señala que este canal indirecto eleva la exposición de la economía española a Estados Unidos de forma particularmente relevante para algunos sectores industriales, especialmente los sectores farmacéutico y químico, el
petróleo y los metales.
La situación de este último sector se vio agravada cuando el presidente de Estados Unidos emitió una nueva proclamación presidencial con fecha 3 de junio de 2025 mediante la cual se refuerzan las medidas arancelarias vigentes sobre las
importaciones de acero y sus productos derivados, en el marco de las Proclamaciones 9705 y 9980. A partir del 4 de junio de 2025, el arancel sobre el acero y sus derivados se elevaron del 25 % al 50 % ad valorem para las importaciones a EE. UU.,
incluyendo tanto estas materias primas como los productos derivados de las mismas, lo que incluye desde tornillería hasta partes de maquinaria, componentes electrónicos y equipos industriales.
Esta decisión puede acelerar la desviación de flujos comerciales hacia la UE, con riesgo de aumento de importaciones a bajo precio y presión adicional sobre la industria europea. La medida puede suponer un peligro para el empleo en sectores
sensibles, especialmente si la UE no adapta sus instrumentos de defensa comercial.
Así, las industrias españolas que exportan bienes incluidos, al menos, en los capítulos 73 (Manufacturas de fundición hierro y acero), 76 (Aluminio y sus manufacturas), 84 (Máquinas y aparatos mecánicos), 85 (Aparatos y Material Eléctricos)
y 87 (Vehículos automóviles, tractores...) del Sistema Armonizado de Tarifas (THS) se ven sometidas a un arancel del 50 % si exportan directamente a Estados Unidos. En 2024, las exportaciones españolas a Estados Unidos de productos incluidos en
estos 5 capítulos tarifarios ascendieron a 5.154 millones de euros. A ello hay que añadir que exportan bienes incluidos en estos capítulos por valor de 116.357 millones de euros al resto del mundo, que también pueden verse afectados de forma
indirecta si esos terceros países exportan luego sus bienes a Estados Unidos; por ejemplo, exportamos componentes de automóvil a Alemania que luego exporta los vehículos a Estados Unidos.
La situación de estas industrias es crítica, ya que un arancel del 50 % -ya sea directo o indirecto- equivale en la práctica a la prohibición de vender a Estados Unidos o a cualquier otro país que luego venda a Estados Unidos. Como ejemplo,
el sector siderúrgico español da empleo directo e indirecto a 60.000 personas. Esta guerra arancelaria pone en riesgo a toda la industria siderúrgica europea y sus puestos de trabajo.
Ante la gravedad de esta situación, que afecta de forma estructural a industrias estratégicas de nuestro país, la única respuesta del Gobierno de España fue aprobar un real decreto-ley cortoplacista, de muy limitado alcance y en el que no se
quiso incorporar ninguna de las propuestas que pidió el Partido Popular, orientadas a la mejora de la competitividad de nuestras empresas exportadoras, tras escuchar a todos los sectores afectados.
A las empresas afectadas por un arancel del 10 % -que puede verse elevado al 30 % si no se llega a un acuerdo antes del 10 de julio- y, especialmente, a aquellas que ya sufren un arancel del 50 % que les impide exportar sus productos y ponen
en riesgo la viabilidad de grandes industrias estratégicas, de poco les servirá la ampliación en 200 millones del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), el aumento del límite de endeudamiento de CESCE, o los 5.000 millones de euros
de avales del ICO aprobados. Tampoco tendrá ninguna utilidad la cesión a Junts para que estos recursos financieros se distribuyeran con criterios territoriales en vez de sectoriales o empresariales.
La existencia de una elevada carga fiscal y parafiscal dificulta la capacidad exportadora de nuestra industria, que se ve lastrada por la política arancelaria que está llevando a cabo
la administración estadounidense. Por lo tanto, para mitigar este impacto, las empresas del sector del acero y del aluminio precisan de medidas coyunturales y estructurales que refuercen la competitividad de la cadena de valor y que, además
de reducir el impacto arancelario, puedan prevenir los impactos indirectos de otras regiones que pretendan sustituir las ventas en los EE. UU. con ventas en la UE. Este tipo de políticas pasa por fortalecer la competitividad a través de medidas
en el ámbito del mercado laboral y cotizaciones sociales, fiscalidad, en coste energético, formación, financiación y posicionamiento en los mercados internacionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Plan de Competitividad Industrial que incluya, entre otras, las siguientes medidas para ayudar a las empresas afectadas por los aranceles, en especial a las exportadoras de acero,
aluminio y los productos manufacturados con esas materias primas:
1. En el ámbito laboral y de la Seguridad Social, con el fin de preservar el empleo en plantas con riesgo de parada parcial o total por pérdida de exportaciones:
- Activar el Mecanismo RED sectorial para la siderurgia, flexibilizando temporalmente los criterios de acceso que deben cumplir las empresas para poder acogerse al mismo.
- Prorrogar las vigencias de ERTES ETOP (Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción) previamente acordados y próximos a finalizar.
- Potenciar medidas de movilidad funcional entre las diferentes áreas de actividad con distinta carga de trabajo para evitar despidos.
- Establecer una bonificación temporal de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para las empresas más afectadas.
2. En el ámbito fiscal, para reforzar la liquidez y el margen operativo de las empresas afectadas:
- Permitir la libre amortización de los activos fijos durante los próximos 3 años.
- Introducir incentivos fiscales a empresas que utilicen seguros de crédito a la exportación o derivados financieros de cobertura comercial (hedging).
3. En el ámbito energético, con el objetivo de compensar costes estructurales fijos ante la caída de producción por restricciones arancelarias, se implementarán las siguientes medidas:
- Aprobar la bonificación del 80 % de peajes de acceso a redes eléctricas para los consumidores electrointensivos.
- Aprobar ayudas para compensar los costes indirectos de CO2 en los que han incurrido las empresas, hasta el máximo permitido por la Unión Europea.
- Establecer un mecanismo de compensación temporal para hacer frente a los desproporcionados aumentos de los costes de la luz a los que están haciendo frente las industrias con motivo de los servicios de ajuste y restricciones técnicas del
sistema eléctrico hasta la normalización de la operación, incluyendo mecanismos por los que la industria que aporta estabilidad al sistema y rebaja los servicios de ajuste pueda tener esquema propio de ayuda.
4. En el ámbito de la formación, para promover una mayor cualificación y adaptación curricular de los nuevos perfiles:
- Aprobar un Plan sectorial para los sectores del aluminio y el acero que permita impulsar su transformación mediante la capacitación de los trabajadores en competencias clave para afrontar los desafíos de la innovación tecnológica, la
digitalización y automatización, la sostenibilidad, eficiencia energética y gestión ambiental, la economía circular, y la seguridad industrial.
5. En el ámbito financiero, a efectos de disponer de un mecanismo de apoyo financiero ante crisis derivadas de tensiones comerciales o geopolíticas que afecten a nuestro tejido productivo y, en particular, a las empresas de sectores
industriales estratégicos:
- Crear un Fondo Nacional específico para los sectores afectados, financiado con el 25 % de los aranceles que recibe España, así como por otros recursos presupuestarios.
6. En el ámbito comercial y de internacionalización, y a efectos de posicionar el sector en los diferentes mercados internacionales:
- Poner en marcha un Plan de comercialización específico para el sector siderúrgico, que incluya medidas para favorecer la internacionalización de la PYME, presente en la cadena de valor industrial, como es la transformación metálica y de
máquina herramienta.
- Impulsar un Plan de acción inmediata en ICEX para la Identificación de mercados alternativos del sector siderúrgico (Sudeste Asiático, Australia, Oriente Medio, Hispanoamérica y Brasil) y el apoyo financiero y logístico a misiones
comerciales directas e inversas.
- Crear una línea específica en CDTI para apoyar proyectos de rediseño industrial (reengineering for trade) en empresas transformadoras de acero, que adapten sus productos a nuevos mercados alternativos (certificaciones, normativas técnicas,
envases, funcionalidades...).
7. En el ámbito de la Unión Europea, para promover las medidas sectoriales y comerciales para facilitar la posición internacional del sector siderúrgico:
- Impulsar un marco urgente de ayudas temporales en la Unión Europea para los sectores afectados, que permita promover desde España la activación de un nuevo Marco Temporal de Ayudas de Estado destinado a industrias afectadas por medidas
comerciales unilaterales de terceros países, como Estados Unidos.
- Intensificar la negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos para llegar a puntos de entendimiento y, en su caso, identificar exclusiones específicas por producto, en base a cláusulas de necesidad estratégica, sustitución imposible
o bajo impacto sobre la industria estadounidense.
- Activar un mecanismo reforzado de vigilancia y alerta rápida frente al desvío de exportaciones de acero y productos metálicos de Asia y América Latina hacia el mercado europeo tras el cierre del mercado estadounidense, que permita activar
medidas de salvaguardia temporales en defensa del mercado europeo y español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2025.-Francisco José Conde López, Juan Bravo Baena, José Vicente Marí Bosó, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Esther Llamazares Domingo, Silverio Argüelles García,
Mirian Guardiola Salmerón, José Ignacio Romaní Cantera, Félix de las Cuevas Cortés, Guillermo Mariscal Anaya y Pedro Navarro López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos de la sequía
en los cultivos de fruto de cáscara en Albacete, Cuenca, Teruel y Zaragoza, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de Motivos
En los últimos años y en concreto en la última década, las provincias de Albacete, Cuenca, Zaragoza y Teruel han experimentado un notable crecimiento en el cultivo de frutos de cáscara como la almendra o el pistacho, convirtiéndose en una
alternativa agrícola viable, rentable y sostenible frente a los tradicionales cultivos de cereal con menor valor añadido.
Sirva como ejemplo la provincia de Albacete, con una superficie de 53.283 ha en año 2015, se pasó a 71.207 ha en 2021 y alcanzando las 80.000 ha en el año 2024, que representa la mitad de la superficie cultivada en Castilla-La Macha. Y no
menos importante es el cultivo del pistacho, que en el año 2010 era de 400 ha y en el año 2024 ha alcanzado las 12.943 ha.
Son cultivos que han adquirido una gran importancia desde el punto de vista económico y social en las zonas rurales, ofreciendo oportunidades viables en zonas de baja producción agraria, especialmente en secanos donde otros cultivos no son
rentables, actuando como motor de desarrollo industrial. En consecuencia, permiten mantener población en pequeños pueblos donde el envejecimiento y la despoblación son una amenaza constante, aseguran el relevo generacional y generan empleo
estacional en tareas como el injerto, la poda o la recolección.
Su rentabilidad está impulsando y animando a jóvenes agricultores a incorporarse en regímenes de agricultura ecológica y modelos de negocio cooperativo. Son cultivos que ayudan a diversificar los ingresos, en explotaciones de carácter
familiar, actuando como colchón frente a caídas de precios o malas campañas en otros cultivos.
Pero también, y no menos importante, el cultivo de la almendra o el pistacho impulsan sectores como el secado, pelado, clasificación, envasado y transformación generando actividad económica más allá del campo; impulsando una actividad
económica paralela, viveros, insumos agrarios y maquinaria. Y muchas cooperativas y empresas locales participan en esta cadena generando valor añadido.
Las propias características agro-climáticas habituales en esta zona proporcionan a los cultivos de frutos de cáscara, además de una importancia social y económica fuera de toda duda, una relevancia medioambiental, manteniendo el suelo y la
cobertura vegetal, resultando clave para frenar el avance de la desertificación.
La agricultura productiva de los frutos de cáscara tiene por delante importantes retos; la volatilidad de los precios, el acceso a los canales de comercialización o las necesidades de transformación, pero también importantes amenazas, y la
sequía se ha convertido en el principal problema.
La sequía que en los últimos años han venido sufriendo estas provincias, unido a otras inclemencias meteorológicas, ha causado la debilidad de los árboles y la muerte de pies. El ataque de plagas en árboles sanos, como las de barrenillo o
la avispilla, ha provocado que no floreciesen y por tanto no diesen fruto. Floraciones adelantadas sometidas a heladas. Un menor engorde, causando que la solidificación del gajo no fuese buena y mermando su rendimiento. En su conjunto ha
producido una reducción de la producción de frutos de cáscara.
En Albacete llevan varios años con precipitaciones muy por debajo de la media nacional con una sequía persistente y severa el 85 % de sus municipios. Aunque la información de Avances de Superficies y Producciones del mes de noviembre de
2024 observa que la producción de almendra en Albacete para 2024 ascendía a 54.236 t, un 87 % por encima de la media (2018-2023), cifras que se reducen para secano, aunque siguen estando por encima de la media de ese quinquenio, existen comarcas
donde la producción ha sido inferior a años anteriores. Del mismo modo, en Teruel la producción de 2024 fue de 5,4 millones de kilos, un 33 % inferior a los 8,1 millones de kilos de media del periodo 2018 a 2023. Otro tanto sucede en la provincia
de Zaragoza donde 10 comarcas podrían acumular una reducción de la producción superior al 30 %.
Sin embargo e incomprensiblemente, la publicación el pasado 22 de abril del Real Decreto 347/2025, por el que se aprueba una ayuda de concesión directa para compensar los efectos de la sequía sobre la producción agraria en determinadas
provincias del arco mediterráneo español, ha dejado fuera a las producciones de las cuatro provincias de
Albacete, Cuenca, Zaragoza y Teruel, una situación que han venido denunciando las organizaciones agrarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir a las provincias de Albacete, Cuenca, Teruel y Zaragoza en las zonas beneficiadas por el Real Decreto 347/2025, de 22 de abril, por el que se aprueba una ayuda de concesión directa para compensar los efectos de la sequía sobre la
producción agraria en determinadas provincias del arco mediterráneo español, para los frutos de cáscara durante 2024.
2. Revisar las comarcas de aplicación de la ayuda asociada de la Política Agraria Común (PAC) para los productores de frutos secos de secano en áreas con riesgo de desertificación establecidas en el artículo 65 del Real Decreto 1048/2022,
de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud
única del sistema integrado de gestión y control.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2025.-Antonio Martínez Gómez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata,
María del Socorro Cuesta Rodríguez, Joaquín Melgarejo Moreno, Ainhoa Molina León, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la autorización de tratamientos
herbicidas efectivos para el cultivo del arroz en España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El arroz constituye un cultivo estratégico en diversas zonas de España, con especial peso en comunidades como Andalucía, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Cataluña o Aragón. Genera miles de empleos directos e indirectos, sustenta la
economía rural de zonas desfavorecidas y contribuye al mantenimiento de ecosistemas de alto valor medioambiental como Doñana, el Delta del Ebro o la Albufera de Valencia.
En los últimos años, sin embargo, el sector arrocero español ha entrado en una fase crítica de retroceso. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la superficie dedicada al arroz en España ha pasado de más de
105.200 hectáreas en 2018 a 81.328 hectáreas en 2024, según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE), lo que supone una pérdida superior al 22 % en apenas seis años.
La inmensa mayoría de esta superficie de arroz se produce bajo métodos de Producción Integrada, un sistema de producción controlada, respetuosa con el medio ambiente, que garantiza la aplicación racional y restringida de abonos minerales y
productos químicos en los cultivos.
Este citado desplome en la superficie dedicada al cultivo del arroz en España no es casual, y responde a una combinación de restricciones normativas, incremento de costes, falta de apoyo institucional y creciente competencia desleal.
La última decisión del Gobierno de España, consistente en bloquear el uso del herbicida profoxydim, esencial para el control de malas hierbas en el cultivo del arroz, ha supuesto un nuevo golpe al sector. El profoxydim fue autorizado por la
Comisión Europea, tras la correspondiente evaluación científica favorable de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), y su uso ya está permitido en países como Italia, Grecia, Francia o Portugal, competidores directos del arroz español.
El Gobierno, de forma unilateral y sin justificar la decisión en informes técnicos transparentes, ha decidido no autorizar su uso en nuestro país, lo que coloca a los agricultores españoles en clara desventaja competitiva y compromete
seriamente la viabilidad del cultivo. Según fuentes del sector (Federación de Arroceros de Sevilla y Cooperativas Agroalimentarias), este veto puede provocar pérdidas de más del 40 % en la producción, debido a la expansión incontrolada de malas
hierbas como Echinochloa crus-galli o Leptochloa, que difícilmente pueden combatirse con alternativas disponibles.
Esta situación contrasta con la pasividad del Gobierno ante la importación de arroz procedente de terceros países, donde sí se aplican estos y otros productos fitosanitarios no autorizados en la UE, sin cumplir tampoco los estándares
laborales, sanitarios ni medioambientales exigidos a nuestros agricultores.
Cabe destacar, que el principal destino de la cosecha española de arroz son los países de la Unión Europea, un mercado en el que competimos tanto con productores comunitarios como con productores de países terceros. En este contexto, en el
sector existe una profunda preocupación por la competencia de países EBA, como Myanmar y Camboya. Estos países, además de contar con unos costes de producción significativamente más bajos, se benefician de un régimen arancelario preferencial, que
les permite comercializar su arroz a precios con los que los agricultores europeos difícilmente pueden competir.
El resultado es doblemente injusto: se penaliza al productor español y se premia al importador extranjero, contribuyendo así al abandono del campo, a la desindustrialización agroalimentaria y a la pérdida de soberanía alimentaria, sin
olvidar que el abandono y la pérdida de este cultivo provoca un fuerte impacto en entornos medioambientales de incalculable valor, por la contribución de este cultivo al mantenimiento de la avifauna.
Hay que recordar los antecedentes de 2021, cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no realizó la autorización excepcional de productos fitosanitarios a base de propanil, la materia más eficaz frente a las malas hierbas en
el arroz. Ahora complica aún más la viabilidad del cultivo con la denegación del profoxydim.
Desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos una agricultura basada en el conocimiento científico, la sostenibilidad real y la competitividad justa. Para ello es necesario no aplicar más prohibiciones a tratamientos necesarios para una
producción eficiente, a menos que se ofrezca una alternativa. La defensa del arroz español pasa por garantizar a nuestros agricultores las mismas herramientas de protección fitosanitaria que disponen sus homólogos europeos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Autorizar de forma inmediata y excepcional el uso del herbicida profoxydim en el cultivo del arroz en España, conforme a la autorización concedida por la Comisión Europea y siguiendo las condiciones establecidas por la normativa
comunitaria en materia de productos fitosanitarios.
2. Garantizar que los agricultores españoles puedan competir en igualdad de condiciones con los productores de otros Estados miembros, evitando perjuicios
económicos y productivos derivados de decisiones unilaterales que no estén avaladas por criterios científicos ni técnicos independientes.
3. Constituir una comisión técnico-científica mixta, en colaboración con el sector productor, las comunidades autónomas y centros de investigación agraria, que revise los productos fitosanitarios autorizados por la UE y actualmente
bloqueados en España, con el objetivo de garantizar una evaluación coherente, transparente y basada en evidencias.
4. Apoyar e impulsar dentro de la Unión Europea, de manera inmediata, la reactivación de la cláusula de salvaguardia frente a las importaciones de arroz procedentes de países EBA, como Camboya y Myanmar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2025.-Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Ainhoa Molina León, Joaquín
Melgarejo Moreno, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la tecnología y modernización para la eficiencia y
sostenibilidad de las prácticas pesqueras en España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La pesca ha sido una actividad fundamental para la economía y la cultura de España durante siglos. Este sector representa una fuente de innovación y tecnología que genera numerosos puestos de trabajo directos e indirectos de calidad en
nuestro país. En el contexto actual de cambio climático y necesidad de mayores niveles de sostenibilidad, es imperativo modernizar y hacer más eficientes las prácticas pesqueras. El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación liderado por el ministro Luis Planas, ha trabajado durante el actual mandato para promover la sostenibilidad y la innovación en el sector.
En los últimos años, España está trabajando para lograr avances significativos en la modernización de su flota pesquera y en la implementación de prácticas más sostenibles. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), España es uno de los países líderes en la adopción de tecnologías avanzadas en la pesca, lo cual ha permitido una gestión más eficiente de los recursos marinos y una reducción en el impacto ambiental de las actividades
pesqueras.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha impulsado diversas iniciativas para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector pesquero, aportando valor al concepto de sostenibilidad ejecutado por este Gobierno.
Gracias a estos esfuerzos, España ha podido mejorar la sostenibilidad de sus prácticas pesqueras y aumentar la competitividad de su industria pesquera en el mercado global.
La Unión Europea también ha jugado un papel crucial en el impulso de la sostenibilidad en la pesca. A través de la Política Pesquera Común (PPC), la Unión Europea ha establecido directrices y objetivos claros para la gestión sostenible de
los recursos marinos. España ha sido un firme defensor de estas políticas y ha trabajado activamente para cumplir con los objetivos establecidos por la PPC. La adopción de tecnologías avanzadas
y prácticas sostenibles ha sido fundamental para alcanzar estos objetivos y asegurar la viabilidad a largo plazo de la pesca en España.
De este modo, la modernización de las prácticas pesqueras resulta esencial para la descarbonización de nuestra sociedad. La adopción de tecnologías más eficientes y sostenibles en la pesca contribuye a la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero y promueve una economía más verde y resiliente. En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez ha implementado políticas de sostenibilidad que abarcan tanto la pesca como otros sectores económicos, con el objetivo de avanzar
hacia una sociedad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
La sostenibilidad y la modernización de las prácticas pesqueras no solo benefician al medio ambiente, sino que también tienen un impacto positivo en la economía y el bienestar social. La adopción de tecnologías avanzadas y prácticas
sostenibles en la pesca puede generar nuevas oportunidades de empleo, mejorar la calidad de vida de las comunidades pesqueras y contribuir al desarrollo económico de las regiones costeras, además de contribuir a la mejora de la salud pública de la
ciudadanía. Asimismo, la gestión sostenible de los recursos marinos es esencial para garantizar la seguridad alimentaria y la disponibilidad de productos pesqueros de alta calidad para las generaciones futuras.
En declaraciones recientes durante la feria de Conxemar, el Ministro Luis Planas enfatizaba en la importancia de apostar por la innovación tecnológica y la modernización de las flotas hace unas semanas en Vigo. El ministro subrayaba el
carácter estratégico que tiene para España el sector de la industria y comercialización de productos pesqueros, del que forman parte unas 800 empresas con un volumen de ingresos de explotación superior a los 18.000 millones de euros y que mantiene
cerca de 35.000 puestos de trabajo directos, a lo que se suman unas exportaciones superiores al millón de toneladas y valoradas en más de 5.500 millones de euros.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar la modernización y la adopción de tecnologías avanzadas en el sector pesquero, con el objetivo de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las prácticas pesqueras.
2. Fomentar la colaboración entre instituciones científicas, empresas pesqueras y comunidades locales para promover la investigación y el desarrollo tecnológico en la pesca.
3. Impulsar el establecimiento por parte de las autoridades competentes de programas de formación y capacitación para los trabajadores del sector pesquero, con el fin de mejorar sus competencias y adaptarse a las nuevas tecnologías y
prácticas sostenibles
4. Promover la transición energética de la flota pesquera en línea con la estrategia comunitaria, adaptando las prioridades y objetivos de la descarbonización a las alternativas tecnológicas que existan en cada momento, garantizando que las
medidas que se implementen cuenten con una adecuada financiación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2025.-María Luisa Faneca López, Patricia Otero Rodríguez y Trinidad Carmen Argota Castro, Diputadas.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la protección del paisaje natural del Moncayo,
para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Moncayo, como un dios que ya no ampara, es uno de los símbolos más representativos de Aragón, úna tierra que, como bien expresa José Antonio Labordeta en su conocida canción 'Aragón', está viendo cómo su patrimonio natural y cultural se
ve amenazado por la codicia eólica y la especulación empresarial.
En este contexto, el Moncayo, corazón de nuestra geografía y de nuestra identidad, está siendo puesto en peligro por el avance de grandes proyectos de infraestructuras energéticas que pretenden extraer rentabilidad económica de sus vientos,
pero a costa de su paisaje, biodiversidad y riqueza cultural.
La instalación del parque eólico 'Los Borjas I' y otros proyectos similares, ubicados en los términos municipales de Bulbuente, Ambel y Alcalá de Moncayo, constituyen una amenaza directa a la esencia misma del Moncayo y su entorno.
Se proyecta la instalación de hasta siete aerogeneradores de 200 metros de altura a tan solo seis kilómetros del Parque Natural del Moncayo y a menos de dos kilómetros del Monasterio de Veruela, un emblema histórico y cultural de Aragón,
cuyo potencial turístico, actualmente en proceso de inclusión en la red de Paradores del Estado, podría verse irremediablemente afectado.
Además de la degradación del paisaje, los efectos negativos del proyecto trascienden lo visual. La instalación de aerogeneradores impacta de manera significativa en la biodiversidad del Moncayo. Solo en la comarca del Campo de Borja, en el
año 2023, se registraron 600 aves muertas por colisión con aerogeneradores, un fenómeno que también se repite en otras zonas de Aragón afectadas por estas infraestructuras. Estos proyectos suponen, por tanto, una grave amenaza para la fauna local,
especialmente para especies en peligro de extinción. Pero repercuten también en la calidad de vida de los habitantes de los municipios cercanos, cuyas actividades turísticas y económicas dependen de un paisaje de calidad y bien conservado.
El impacto acústico de los aerogeneradores también es incompatible con la normativa aragonesa sobre contaminación acústica, que protegen lugares de alta sensibilidad, como el Monasterio de Veruela. El ruido generado constituye un
contaminante físico que afecta a la salud y el bienestar de los vecinos de Alcalá de Moncayo, quienes verían desvirtuado el principal recurso económico y cultural de su entorno natural.
El Moncayo no es solo un recurso natural. Es un símbolo de nuestra historia, nuestra cultura e identidad. La instalación de estos proyectos, bajo el pretexto de la transición energética, no solo supone la destrucción de un paisaje, sino
pone en peligro un patrimonio intangible que ha sido preservado por generaciones. Permitir su instalación en este entorno supondría una irreparable pérdida para Aragón.
Es evidente que el desarrollo de las energías renovables exige una planificación adecuada que minimice sus impactos y que no se ejecute de espaldas al territorio ni a la voluntad de sus habitantes. La transición energética no puede ser una
excusa para sacrificar los valores naturales y culturales de Aragón. El Moncayo está siendo amenazado por proyectos eólicos que no solo alteran de forma irreversible su paisaje, sino que también ponen en riesgo la biodiversidad, el patrimonio
cultural y la economía local. Es evidente que el impulso de las energías renovables requiere de un ordenamiento previo para
minimizar impactos y, para ello, resulta imprescindible que no se desarrolle de espaldas al territorio y a la voluntad de sus gentes.
Para dar respuesta a esta problemática, en el Acuerdo de Gobierno de coalición PSOE-SUMAR se incluyó el siguiente compromiso: 'Se adoptarán medidas que garanticen que los territorios de instalación de energías renovables sean informados y
escuchados en un proceso de concertación participativo, y que creen un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables, que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico'.
En este sentido, resulta fundamental que el Gobierno impulse una planificación energética que respete y proteja los espacios naturales y las comunidades que dependen de ellos. Por ello y dado que estamos comprometidos con una transición
energética justa, que respete el medio ambiente, las personas y el patrimonio natural y cultural de territorios como los de estas comarcas aragonesas, y que no se base en la especulación empresarial, sino en el beneficio para las comunidades locales
y la preservación de los recursos naturales, presentamos la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) aprobar una planificación ordenada y respetuosa de la instalación de proyectos de energías renovables, que excluya aquellas zonas de especial valor natural, patrimonial y paisajístico, como es el caso del entorno del Moncayo; y
b) instar a las administraciones competentes a paralizar los proyectos de parques eólicos y sus hibridaciones fotovoltaicas en las comarcas aragonesas de Campo de Borja y de Tarazona y el Moncayo, hasta que se realice una planificación
adecuada y respetuosa con el entorno natural y social del Moncayo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.-Vicenç Vidal Matas, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Joaquín Robles López, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Diputados, Portavoz Adjunto
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regeneración definitiva de la bahía de Portmán, para
su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La degradación ambiental de la bahía de Portmán, provocada por la actividad extractiva intensiva entre los años 1957 y 1990, está catalogada como uno de los desastres medioambientales más significativos del litoral mediterráneo. Durante ese
periodo, se estima que fueron vertidas aproximadamente 60 millones de toneladas de residuos procedentes de la minería, lo que ha provocado la colmatación y el aterramiento de 75 hectáreas de la bahía de Portmán, además de sepultar buena parte de la
plataforma marina frente a sus costas 4.
4 https://ethic.es/portman-historia-olvidada-de-la-mayor-catastrofe-ambiental-del-mediterraneo
Desde la interrupción definitiva de los vertidos al mar en marzo de 1990, la población circundante ha sido testigo de una sucesión continua de compromisos institucionales que se han renovado con cada cambio de administración. Así, el 11 de
enero de 2006, y fruto de la oposición en bloque de numerosos colectivos al sellado de los estériles mineros que pretendía el Gobierno de España, se suscribía entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Región de Murcia y el Ayuntamiento de La Unión
un convenio de colaboración para la recuperación y adecuación ambiental de la bahía de Portmán 5.
En diciembre de 2007, el Ministerio de Medio Ambiente sometió a exposición pública, para su correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, el Proyecto de Regeneración y Adecuación Ambiental de la bahía de Portmán, aprobado definitivamente
por el Consejo de Ministros el 28 de julio de 2011 6. Sin embargo, iniciadas ya las obras, tras el cambio de gobierno, el Ministerio paraliza las obras, suspende la licitación y quita la partida de los Presupuestos Generales del Estado, supeditando
la regeneración de la bahía a la propuesta de explotación del mineral de hierro a los estériles presentado por dos empresas, y justificando dicha situación en que iba a suponer 'coste cero' para el erario público 7.
Desde entonces, una serie de continuas licitaciones y nuevos proyectos se suceden, con inicio de obras y paralizaciones por mandato judicial hasta que, en marzo de 2023, se reúne la Comisión de Seguimiento creada en virtud del Convenio entre
el Ministerio de Medio Ambiente, la Región de Murcia y el ayuntamiento de La Unión. En la misma se analizó la elaboración y licitación del Proyecto de Regeneración y Adecuación Ambiental de la bahía y el Ministerio presentó el avance del estudio de
alternativas elaborado por la consultora contratada. Durante esta sesión y ante la falta de acuerdo entre las partes implicadas, se acordó la continuación por TRAGSA de los trabajos de mantenimiento de la obra de regeneración y adecuación ambiental
de la bahía de Portmán, si bien quedaron pendientes la evaluación de las diferentes alternativas por parte del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 8.
Después de dos años sin noticias del Ministerio sobre la evaluación del CEDEX, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de acuerdo con dicha evaluación, expuso el pasado 10 de abril ante la comisión de seguimiento para la
regeneración de la bahía de Portmán que finalmente la decisión elegida por el Gobierno consiste únicamente en el sellado de los estériles mineros que colmatan la playa, argumentando que el volumen de los estériles fruto de la explotación minera
hacen imposible su traslado 9.
Esta propuesta por parte del Gobierno de España resulta ser, veinte años después, exactamente la misma que el Ministerio de Medio Ambiente dio en el año 2005 para informar de la dificultad ambiental y financiera del dragado de la bahía y
argumentar que, por tanto, el sellado era la alternativa más viable. Se niega por tanto a la Región de Murcia una fuente de progreso, turismo de calidad, puestos de trabajo y, sobre todo, la recuperación de un enclave único del Mediterráneo para el
disfrute de los murcianos.
Es necesario apostar por la recuperación de la bahía de la forma más completa posible por medio de un proyecto capaz de integrar sus posibilidades náuticas, pesqueras, turísticas y residenciales, respetando siempre la salud de la población
de la zona.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar de manera urgente las actuaciones necesarias para la elaboración y ejecución de un plan integral para la
5 https://www.boe.es/buscar/ doc.php?id=BOE-A-2007-8165
6 https://www.boe.es/ diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-3494
7 https://ejatlas.org/conflict/dano-ambiental-en-sierra-minera-y-bahia-de-portman-smm-penarroya-espana-region-de-murcia-espana
8 https://www.laverdad.es/murcia/otros-municipios/ministerio-asume-reanudara-regeneracion-portman-2024-20231114011239-nt.html
9 https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2025/04/10/miteco-presenta-estudio-regeneracion-bahia-116253137.html
regeneración definitiva de la bahía de Portmán que implique la recuperación de la línea de costa en su estado original y tenga en cuenta los estudios científicos, así como las opiniones de asociaciones y administraciones interesadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, José María Figaredo Álvarez-Sala, Joaquín Robles López, Lourdes Méndez Monasterio y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/002273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la diputada Etna Estrems Fayo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre la
recuperación pública y social de las viviendas de la Sareb ante la expiración de los contratos con KKR (Hipoges) y Blackstone (Aliseda y Anticipa), para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Con la nacionalización de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en enero de 2022, su papel y naturaleza jurídica se transformaron de forma sustancial. Al pasar a ser una entidad de titularidad
pública, con participación mayoritaria del Estado, los activos inmobiliarios que gestionaba -procedentes en gran parte de ejecuciones hipotecarias derivadas de la crisis financiera de 2008- se convirtieron en bienes públicos. Esta transformación
abría una ventana de oportunidad para convertir la Sareb en un instrumento clave para garantizar el derecho a la vivienda, tal y como establece el artículo 47 de la Constitución española.
Sin embargo, a pesar de su nacionalización, la Sareb mantuvo el modelo de gestión externalizada de sus activos, con la delegación de esta función a grandes fondos de inversión. Uno de los actores principales es el fondo estadounidense KKR,
que opera en el Estado a través la empresa Hipoges Iberia. Según informaba El Salto Diario el 24 de mayo de 2025, Hipoges gestiona aproximadamente el 55 % del parque inmobiliario de la Sareb. De esta forma, una parte muy significativa del
patrimonio público en materia de vivienda queda en manos de la gestión de un fondo de capital riesgo extranjero.
La investigación periodística revela prácticas gravemente preocupantes: puesta a la venta de viviendas aún habitadas, falta de transparencia sobre su situación jurídica, y desatención a la vulnerabilidad de las personas residentes. Estas
actuaciones contradicen la función social de la propiedad y la voluntad del Gobierno de reforzar el parque público de vivienda para alquiler social. Además, el propio fondo KKR ha estado implicado en operaciones inmobiliarias en territorios
palestinos ocupados.
Esta situación es especialmente grave si se considera que los contratos de gestión entre Sareb y empresas como Hipoges (KKR), Aliseda y Anticipa (Blackstone) tienen su caducidad prevista para el verano de 2025.
Este escenario abre una oportunidad decisiva para el Gobierno español: la de no renovar estos contratos y recuperar para el sector público la gestión directa de los activos inmobiliarios. Se trata de una decisión estratégica con profundas
implicaciones sociales y políticas. Permitiría poner fin a prácticas especulativas, garantizar la función social de los bienes públicos y construir una política de vivienda que responda a las necesidades de la población.
Es una ocasión única para enderezar el rumbo: el futuro de miles de viviendas públicas no puede continuar en manos de fondos que priorizan la rentabilidad económica por encima de los derechos fundamentales. La gestión directa y pública de
este parque no solo es viable, sino que es necesaria para hacer frente a la crisis habitacional y garantizar una política de vivienda justa, transparente y al servicio del interés general.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. No renovar los contratos de gestión de los activos inmobiliarios de la Sareb con fondos de inversión como KKR (Hipoges) y Blackstone (Aliseda y Anticipa) y priorizar un modelo de gestión pública directa, transparente y orientado al
derecho a la vivienda.
2. Implementar mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización de las operaciones de la Sareb desde su nacionalización, incluyendo auditorías independientes sobre las ventas, precios y destinatarios de las viviendas.
3. Proteger los derechos de las personas residentes en viviendas gestionadas por la Sareb, evitar desahucios sin alternativa habitacional y promover procesos de regularización social para colectivos vulnerables.
4. Transferir a título gratuito la titularidad de las viviendas de la Sareb a las administraciones competentes en materia de vivienda junto con los fondos necesarios para su rehabilitación para que puedan ser incorporadas directamente al
parque público de vivienda de alquiler social y sirvan como herramienta para combatir la emergencia habitacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-Etna Estrems Fayos, Diputada.- Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Etna Estrems Fayo, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei sobre la recuperació
pública i social dels habitatges de la Sareb davant l'expiració dels contractes amb KKR (Hipoges) i Blackstone (Aliseda i Anticipa) per al seu debat en la Comissió d'Habitatge i Agenda Urbana.
Exposició de motius
Amb la nacionalització de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) el gener de 2022, el seu paper i naturalesa jurídica es van transformar de manera substancial. En passar a ser una entitat de
titularitat pública, amb participació majoritària de l'Estat, els actius immobiliaris que gestionava -provinents en gran part d'execucions hipotecàries derivades de la crisi financera de 2008- van esdevenir béns públics. Aquesta transformació obria
una finestra d'oportunitat per convertir la Sareb en un instrument clau per garantir el dret a l'habitatge, tal com estableix l'article 47 de la Constitució espanyola.
Tanmateix, tot i la seva nacionalització, la Sareb va mantenir el model de gestió externalitzada dels seus actius, delegant aquesta funció a grans fons d'inversió.
Un dels actors principals és el fons estatunidenc KKR, que opera a l'Estat mitjançant l'empresa Hipoges Iberia. Segons informava El Salto Diario el 24 de maig de 2025, Hipoges gestiona aproximadament el 55 % del parc immobiliari de la
Sareb. D'aquesta manera, una part molt significativa del patrimoni públic en matèria d'habitatge resta en mans de la gestió d'un fons de capital risc estranger.
La investigació periodística revela pràctiques greument preocupants: posada a la venda d'habitatges encara habitats, manca de transparència sobre la seva situació jurídica, i desatenció a la vulnerabilitat de les persones residents.
Aquestes actuacions contradiuen la funció social de la propietat i la voluntat del Govern de reforçar el parc públic d'habitatge per a lloguer social. A més, el mateix fons KKR ha estat implicat en operacions immobiliàries en territoris
palestins ocupats.
Aquesta situació és especialment greu si es considera que els contractes de gestió entre Sareb i empreses com Hipoges (KKR), Aliseda i Anticipa (Blackstone) tenen la seva caducitat prevista per a l'estiu del 2025. Aquestescenari obre una
oportunitat decisiva per al Govern espanyol: la de no renovar aquests contractes i recuperar per al sector públic la gestió directa dels actius immobiliaris. Es tracta d'una decisió estratègica amb profundes implicacions socials i polítiques.
Permetria posar fi a pràctiques especulatives, garantir la funció social dels béns públics i construir una política d'habitatge que respongui a les necessitats de la població.
És una ocasió única per redreçar el rumb: el futur de milers d'habitatges públics no pot continuar en mans de fons que prioritzen la rendibilitat econòmica per damunt dels drets fonamentals. La gestió directa i pública d'aquest parc no
només és viable, sinó necessària per fer front a la crisi habitacional i garantir una política d'habitatge justa, transparent i al servei de l'interès general.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. No renovar els contractes de gestió dels actius immobiliaris de la Sareb amb fons d'inversió com KKR (Hipoges) i Blackstone (Aliseda i Anticipa), prioritzant un model de gestió pública directa, transparent i orientat al dret a
l'habitatge.
2. Implementar mecanismes de rendició de comptes i fiscalització de les operacions de la Sareb des de la seva nacionalització, incloent-hi auditories independents sobre les vendes, preus i destinataris dels habitatges.
3. Protegir els drets de les persones residents en habitatges gestionats per la Sareb, evitant desnonaments sense alternativa habitacional i promovent processos de regularització social per a col·lectius vulnerables.
4. Transferir a títol gratuït la titularitat dels habitatges de la Sareb a les administracions competents en matèria d'habitatge juntament amb els fons necessaris per la seva rehabilitació perquè puguin ser incorporats directament al parc
públic d'habitatge de lloguer social i serveixin com a eina per combatre l'emergència habitacional.'
Congrés dels Diputats, a 10 juny de 2025.-Etna Estrems Fayos, Diputada.- Gabriel Rufián Romero, Portaveu G. P. Republicá.
Comisión de Cultura
161/002278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el 50 aniversario de Hispania Nostra, para su debate en la Comisión de
Cultura.
Exposición de motivos
En sus casi 50 años de existencia, Hispania Nostra ha desempeñado un papel crucial en la defensa y promoción del patrimonio cultural y natural de España. Fundada en 1976, esta organización sin ánimo de lucro con sede en Madrid ha trabajado
incansablemente para asegurar la preservación de sitios patrimoniales para las futuras generaciones.
Desde su creación, Hispania Nostra ha mantenido una Lista Roja del Patrimonio, identificando y ayudando a proteger numerosos sitios en riesgo. Este esfuerzo ha movilizado recursos y atención pública para la conservación de estos lugares.
Además, los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas, otorgados desde 2011, han destacado y premiado proyectos ejemplares de restauración y conservación, incentivando la adopción de buenas prácticas en todo el país.
La Reunión Anual de Asociaciones y Gestores Culturales, celebrada casi ininterrumpidamente desde 1978, fomenta la colaboración y el intercambio de experiencias entre entidades dedicadas al patrimonio. Hispania Nostra también ha promovido
campañas de micromecenazgo para apoyar proyectos de conservación y restauración, y ha publicado diversas revistas y libros para difundir conocimientos y buenas prácticas en el ámbito del patrimonio.
A través de congresos y jornadas educativas y de debate, así como excursiones y visitas guiadas a sitios patrimoniales, Hispania Nostra ha educado y sensibilizado al público sobre la importancia de la conservación del patrimonio. Estos
programas y actividades han sido fundamentales para la protección y valorización del patrimonio cultural y natural de España, contribuyendo a su preservación para las generaciones futuras.
El impacto de Hispania Nostra se refleja en la conservación de numerosos sitios patrimoniales, el reconocimiento de buenas prácticas, el desarrollo económico y social de las comunidades locales, y la educación y sensibilización del público.
La organización ha promovido la colaboración entre ciudadanos, instituciones y entidades privadas, creando una red de apoyo para la conservación del patrimonio.
Entre los proyectos más exitosos de Hispania Nostra se encuentran la restauración de las salinas viejas de Marchámalo (Murcia), que ha revitalizado la actividad salinera y la biodiversidad en una zona de 8 hectáreas, promoviendo el
desarrollo económico local y la conservación del paisaje. La restauración de la iglesia parroquial de San Pedro Mártir y San Nicolás Obispo (Valencia) ha recuperado un Bien de Interés Cultural (BIC) en pleno centro histórico, aumentando su
visibilidad y valor cultural.
La intervención paisajística y arquitectónica en el Parque de las Aguas de Cornellá de Llobregat (Barcelona) ha mejorado su sostenibilidad y ha generado un impacto positivo en la comunidad local. La rehabilitación de la Necrópolis de Las
Ruedas de Pintia (Burgos) ha permitido conservar la memoria histórica y cultural de la región, mientras que la restauración de bodegas subterráneas y lagares tradicionales de Moradillo de Roa (Burgos) ha preservado técnicas ancestrales y fomentado
el turismo en la zona.
Estos proyectos han sido reconocidos por su impacto positivo en la conservación del patrimonio y el desarrollo económico y social de las comunidades locales. En resumen, Hispania Nostra ha contribuido significativamente al valor del
patrimonio cultural y natural de España, asegurando que sea valorado y preservado para las futuras generaciones.
Hispania Nostra tiene además presencia y extensión territorial en toda España y una amplia actividad relacionada tanto con el patrimonio material como inmaterial; razones por las que Hispania Nostra merece un especial reconocimiento en su
50 aniversario que se celebrará el próximo año.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un reconocimiento y distinción especial a la Asociación Hispania Nostra, por su labor realizada en sus 50 años de actividad en la defensa, protección y promoción del patrimonio
cultural en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.- Artemi Rallo Lombarte, Marc Lamuà Estañol, José Losada Fernández, Roberto García Morís, Alberto Mayoral de Lamo, Amador Marqués Atés, María Luz Martínez Seijo, Josep Paré Aregall,
Isabel María Pérez Ortiz, Caridad Rives Arcayna y María Sainz Martín, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa al impulso y promoción de programas pedagógicos
para acercar las artes escénicas a la infancia y la juventud, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La experiencia que nos trasladan compañías de artes escénicas que llevan décadas en los escenarios, como Caleidoscopio Teatro, es que ven con preocupación cómo un gran número de niñas y niños no puede acceder al disfrute de las Artes
Escénicas, lo que supone una sería merma para su educación y para el acceso a la Cultura como un derecho ciudadano. Bien sea por motivos económicos, culturales, religiosos, sociales o de situación familiar, colectivos vulnerables de la infancia y
adolescencia no asisten a funciones, incluso las realizadas en abierto.
Por ello, esta compañía aragonesa, con cuarenta años de vida, está solicitando a las distintas administraciones públicas medidas para la promoción y desarrollo de Programas Pedagógicos dirigidos a la Infancia y la Juventud, como la forma más
directa de acceso universal a la Cultura en general y a las Artes Escénicas en particular. En definitiva, que la Escuela vaya al Teatro, para que el alumnado pueda disfrutar de espectáculos de calidad y formato diverso, los mismos que se presentan
en público.
Estos programas pueden sustentarse en medidas diversas y complementarias, según el ámbito de cada administración: ayudas específicas para el desarrollo de Programas Pedagógicos para la Infancia y la Juventud, ayudas al transporte para que
los y las escolares del medio rural puedan acudir a funciones de teatro en las ciudades, inclusión de los Programas pedagógicos en circuitos escénicos existentes o de nueva creación de ámbito provincial o autonómico para facilitar el acceso del
mundo rural a las Artes Escénicas en igualdad de condiciones, etc.
Hay que sembrar el futuro y el acceso a la Cultura no tiene que ser un lujo, sino un derecho ciudadano. La experiencia de Caleidoscopio, en repetidas ocasiones, es ver disfrutar al alumnado primero mientras se prepara para la función con un
cuidado material didáctico, después mientras asiste a la representación con igualdad de oportunidades, y finalmente cuando envían a la compañía dibujos y comentarios de agradecimiento.
Inevitablemente hablar hoy de Programas Pedagógicos evoca al Teatro ambulante o Teatro del Pueblo de las Misiones Pedagógicas promovidas durante la II República española por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirigido por
Alejandro Casona, aquella compañía formada por jóvenes actores aficionados recorrió centenares de pueblos para representar al aire libre clásicos de la dramaturgia española e interpretar en los intermedios romances tradicionales y otras formas
musicales populares. Esta referencia histórica del fomento de la cultura popular y, en concreto, de acercamiento de las artes escenas a las escuelas y al medio rural puede ser, salvando las distancias históricas y sociales que marca el tiempo, una
fuente de inspiración para pensar e implementar nuevos programas pedagógicos para la infancia y la juventud del siglo XXI
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha, en colaboración con las administraciones locales y territoriales interesadas, Programas Pedagógicos para
acercar las artes escénicas a la infancia y a la juventud, con especial atención al medio rural y a colectivos vulnerables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2025.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.-Vicenç Vidal Matas, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/002285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación
Digital, para el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores a través de la mejora de los convenios colectivos y la implantación de un impuesto inteligente.
Exposición de motivos
El modelo económico y productivo vigente en España y en buena parte de Europa ha generado en las últimas décadas un crecimiento económico notable, pero profundamente desigual. Si bien el Producto Interior Bruto (PIB) ha experimentado un
incremento sostenido, este crecimiento no se ha traducido en una mejora equivalente del bienestar material de la mayoría de la población trabajadora.
Uno de los síntomas más evidentes de esta desconexión entre crecimiento y bienestar es la pérdida progresiva de peso de las rentas del trabajo en la distribución de la riqueza nacional. Los beneficios empresariales han crecido a un ritmo
considerablemente superior al de los salarios, lo que ha dado lugar a una redistribución regresiva de la de la renta y riqueza, concentrándola en una minoría y debilitando la capacidad adquisitiva de la mayoría.
Este fenómeno no es neutro ni inevitable. Responde a un conjunto de dinámicas políticas, económicas y sociales que han moldeado las reglas de juego del mercado de trabajo y del sistema económico. En particular, pueden identificarse tres
factores principales que explican esta desconexión entre crecimiento y bienestar.
En primer lugar, la creciente concentración de la renta y la riqueza, impulsadas por la financiarización de la economía y el poder de los sectores rentistas, ha desplazado una porción cada vez mayor del valor generado hacia las rentas del
capital. Sectores como el inmobiliario, los servicios financieros o determinados nichos oligopolísticos han absorbido una proporción creciente de la riqueza nacional.
En segundo lugar, las sucesivas reformas laborales de carácter regresivo impulsadas en las décadas de 1990 y tras la crisis financiera de 2008 debilitaron la capacidad de los trabajadores para negociar colectivamente mejores condiciones
laborales. Estas reformas facilitaron la expansión de un mercado laboral precario, caracterizado por la temporalidad, la parcialidad no deseada y la inestabilidad, particularmente entre las generaciones jóvenes que se incorporaron al mundo laboral
en un contexto de crisis.
En tercer lugar, el papel desempeñado por los bancos centrales desde los años 70, cuya política monetaria ha estado sistemáticamente orientada a contener la inflación -a menudo con un sesgo restrictivo hacia el crecimiento salarial-. Bajo
el mandato de la estabilidad de precios, estos organismos han intervenido directa o indirectamente en contra de incrementos salariales generalizados, incluso cuando estos eran consecuencia de aumentos legítimos de la productividad. Esta ortodoxia
monetaria ha contribuido a consolidar un marco macroeconómico desfavorable para la mejora del poder adquisitivo de la clase trabajadora.
El resultado de este triple proceso ha sido una erosión estructural del poder adquisitivo de la población trabajadora. Incluso personas con alta cualificación y trayectoria profesional consolidada han visto cómo el aumento de los salarios
nominales quedaba muy por detrás del crecimiento del coste de vida, agravado en los últimos años por el encarecimiento sostenido de bienes esenciales como la vivienda y los alimentos.
En este contexto, el encarecimiento de la vivienda constituye un factor central de precarización. El esfuerzo que los hogares deben dedicar al pago del alquiler o la hipoteca ha aumentado de forma sostenida, reduciendo el margen disponible
para otros gastos y dificultando la emancipación de los jóvenes. A esto se suma la reciente ola inflacionaria que, aunque impulsada inicialmente por factores externos (crisis energética, disrupciones en las cadenas de suministro), ha derivado en un
traslado oportunista de costes hacia los consumidores en numerosos sectores.
El análisis realizado por organismos como el Banco de España o el Observatorio de Márgenes Empresariales de la Agencia Tributaria muestra que una parte importante de la inflación persistente responde a comportamientos empresariales que han
preservado -e incluso ampliado- sus márgenes de beneficio. Este fenómeno se ha producido de forma especialmente intensa en la cadena de producción y distribución de alimentos, pero también se observa en otros sectores estratégicos.
Ante este diagnóstico, el Gobierno ha adoptado medidas importantes en los últimos años. La reforma laboral de 2021 revirtió algunos de los elementos más regresivos de legislaciones anteriores, fortaleciendo la negociación colectiva y
reduciendo la temporalidad. El incremento sostenido del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha pasado de 735,90 euros en 2018 a 1.184 euros en 2025, ha supuesto una mejora directa para millones de trabajadores. Además, se han impulsado
políticas de empleo y formación que buscan mejorar la calidad del trabajo y reducir las brechas salariales.
Sin embargo, estos avances, aunque significativos, no son suficientes. Para garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar compartido, es imprescindible consolidar y profundizar estas políticas mediante nuevas medidas
estructurales que actúen tanto sobre la negociación colectiva como sobre el comportamiento de los actores empresariales.
La negociación colectiva es un pilar fundamental para equilibrar las relaciones laborales y garantizar salarios dignos. Sin embargo, la experiencia de los últimos años ha evidenciado una debilidad estructural: la falta de mecanismos de
ajuste salarial frente a la inflación imprevista.
En un contexto de inflación elevada y volátil, la ausencia de cláusulas de revisión salarial deja a los trabajadores desprotegidos frente a la erosión de su poder adquisitivo. Esta situación no solo genera injusticia social, sino que
también alimenta el descontento y la desconfianza en el sistema democrático.
Por ello, es necesario establecer que todos los convenios colectivos incluyan como contenido mínimo obligatorio una cláusula de revisión o salvaguarda salarial que se activaría en caso de que la previsión sobre la variable empleada para
determinar la subida salarial inicial (e.g, el IPC) quede por debajo de su valor real una vez conocido. Esta cláusula deberá garantizar dicho ajuste sin necesidad de reabrir la negociación y con carácter retroactivo al inicio del período afectado.
Esta medida contribuirá a proteger de manera efectiva el poder adquisitivo de los salarios; reforzar la confianza en la negociación colectiva; y prevenir dinámicas de empobrecimiento relativas que afectan especialmente a los colectivos más
vulnerables.
Junto al refuerzo del poder negociador de los trabajadores, es igualmente necesario intervenir sobre aquellos comportamientos empresariales que contribuyen de manera desproporcionada a la inflación y erosionan el poder adquisitivo de los
hogares.
El análisis realizado en el ámbito de la alimentación ha mostrado que, a pesar de la moderación de los costes energéticos y de las materias primas, los precios pagados por los consumidores no siguieron la misma senda descendente. De hecho,
entre abril de 2022 y septiembre de 2024 los alimentos registraron subidas de precios por encima del índice general, llegando incluso a diferencias de más de 13 puntos porcentuales. Desde el
inicio de la pandemia, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido un 34 %, erosionando de forma grave el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los más vulnerables. Esta inflación alimentaria no responde
exclusivamente al traslado justificado de costes, sino también al mantenimiento -y en algunos casos la ampliación- de los márgenes de beneficio a lo largo de la cadena de valor.
Los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales reflejan un aumento del margen bruto sobre ventas medio en el comercio mayorista de alimentos y en la industria alimentaria en 2024 respecto a 2019. Este incremento resulta aún más
acusado en el comercio mayorista de materias primas agrarias y animales vivos, donde el margen creció más de 9 puntos porcentuales hasta el 23,6 % y los beneficios se duplicaron, con un alza del 116 % en el mismo periodo. Este comportamiento ha
contribuido a generar efectos de segunda ronda sobre los precios al consumidor final, reforzados además por una rigidez a la baja que impide que los precios retrocedan incluso cuando los costes disminuyen.
Por ello, este Grupo Parlamentario propone un impuesto inteligente (smart tax) específico para sectores que producen bienes y servicios básicos para la cesta de la compra, diseñado para penalizar el aumento excesivo de los márgenes
empresariales y corregir comportamientos abusivos o anticompetitivos. Este gravamen tiene un diseño inteligente y gradual: solo se aplica cuando los márgenes sobre ventas actuales superan de manera significativa los márgenes de referencia de 2019.
Así, no castiga a las empresas que mantienen prácticas competitivas, pero sí disuade la ampliación oportunista de márgenes en contextos inflacionarios.
El impuesto inteligente se configura como una prestación patrimonial de carácter público no tributario, similar a los gravámenes sobre energéticas o entidades financieras. Se aplicará exclusivamente a las empresas de la cadena de producción
y distribución de alimentos (incluido el transporte frigorífico) con una facturación superior a 100 millones de euros en 2024. La base imponible será el importe neto de la cifra de negocios, y el tipo impositivo se determinará de forma escalonada
según la evolución de los márgenes sobre ventas:
- 1,2 % sobre la base imponible si el margen sobre ventas de 2025 supera al de 2019 en mayor medida que lo hizo en 2024;
- 0,6 % sobre si el margen de 2025 es superior al de 2019 pero no aumenta respecto a 2024;
- 0 % si el margen de 2025 es igual o inferior al de 2019.
El gravamen se empezará a devengar en 2025, con un pago a cuenta en febrero de 2026 y la liquidación definitiva en julio del mismo año. Este diseño permite que su efecto disuasorio opere desde el primer momento, ya que el comportamiento
empresarial durante el año determinará el nivel del gravamen.
A partir de esta experiencia, consideramos que el concepto de impuesto inteligente debe extenderse a otros sectores donde se detecten comportamientos abusivos. Su aplicación permitiría disuadir la ampliación injustificada de márgenes
empresariales en contextos inflacionarios; incentivar comportamientos competitivos y transparentes en la fijación de precios; proteger el poder adquisitivo de los hogares; y reforzar la legitimidad del sistema económico.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar e impulsar las modificaciones normativas necesarias para que todos los convenios colectivos incluyan, como contenido mínimo obligatorio, una cláusula de revisión o salvaguarda salarial que se activaría en caso de que la previsión
sobre la variable empleada para determinar la subida salarial inicial (e.g, el IPC) quede por debajo de su valor real una vez conocido.
2. Desarrollar y aprobar un 'impuesto inteligente' (smart tax) que penalice los márgenes empresariales excesivos de las grandes empresas en sectores que producen bienes y servicios básicos para la cesta de la compra, comenzando por la
cadena de producción y distribución de alimentos y extendiéndolo progresivamente a otros sectores donde se detecten comportamientos abusivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2025.-Carlos Martín Urriza, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento de las tecnologías cuánticas en España, para su debate en la
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La ONU ha proclamado 2025 como Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, conmemorando así un siglo transcurrido desde el desarrollo inicial de la mecánica cuántica, y con el objetivo de informar y sensibilizar sobre el
enorme impacto que esta tecnología ha tenido en nuestras vidas y sobre todo va a tener en las próximas décadas.
La ciencia y tecnología cuántica son disciplinas que derivan de la física cuántica, y estudian el comportamiento de la materia a escala microscópica. Cuando se desciende al nivel de las partículas subatómicas, se han observado
comportamientos diferentes de la materia, con fenómenos como la superposición, el entrelazamiento, la superfluidez o la superconductividad. Las tecnologías cuánticas tienen como objeto utilizar estos efectos para mejorar nuestras capacidades
tecnológicas, con aplicaciones en diferentes campos. Si la primera revolución cuántica, iniciada durante el primer cuarto del siglo XX, permitió la llegada de tecnologías como los láseres, los semiconductores o los sistemas de geolocalización como
el GPS, la segunda revolución cuántica que ya está en marcha impactará de forma disruptiva en ámbitos como la medicina, el medio ambiente o la seguridad.
Las tecnologías cuánticas se dividen en tres grandes grupos: la computación y simulación cuánticas, que permite realizar cálculos más rápido y procesar mayor volumen de información que la informática clásica; la comunicación cuántica, que
permite la transmisión segura de información a grandes distancias y mayores velocidades que las comunicaciones actuales; y la sensóhca y metrología cuántica, que mide y detecta señales muy débiles de forma ultraprecisa, lo que implica por ejemplo
que podremos tener mejores sistemas de posicionamiento global. Las aplicaciones de estas tres ramas son múltiples: por ejemplo, en la industria médica pueden desarrollarse medicamentos personalizados o mejorar en los diagnósticos; en la industria
logística pueden diseñarse rutas más eficientes, y la computación cuántica puede mejorar la precisión de los modelos climáticos a largo plazo. En definitiva, estas tecnologías redefinirán industrias enteras, mejorarán la calidad de vida y ofrecerán
soluciones a problemas globales, sin olvidar la importancia que tendrán en el ámbito de la geoestrategia y la seguridad nacional.
Estas tecnologías se encuentran en una fase de desarrollo incipiente en comparación con otras variantes tecnológicas, y aún faltan décadas para que podamos tener aplicaciones prácticas palpables. Sin embargo, la inversión alrededor de las
mismas ha
aumentado notablemente en los últimos años. Según datos de la consultora McKinsey, el volumen de operaciones de capital riesgo pasó de 107 millones de dólares en el año 2012 a 2.078 millones de dólares en el año 2022. La computación
cuántica es la tecnología que lleva la delantera en cuanto a inversión: en 2022 y 2023 se invirtieron 1.364 y 1.271 millones de dólares en start ups dedicadas a la computación cuántica, y se estima que para el año 2030 habrá 5.000 ordenadores
cuánticos en funcionamiento. Además, un informe del BCG Henderson Institute afirma que la computación y simulación cuántica podría aportar hasta 850.000 millones a la economía entre los próximos 15 a 30 años a lo largo de diferentes industrias.
Actualmente China y Estados Unidos se disputan el liderazgo en las inversiones en tecnologías cuánticas. China es el país del mundo con mayor inversión pública en este tipo de tecnología, con un total de 15.300 millones de euros en el
período 2021-2027, mientras que el conjunto de Estados miembros de la UE ocupa el segundo lugar, destinando 10.900 millones de euros de inversión pública. Estados Unidos ocupa el tercer lugar en este ranking, pero ostenta el primer puesto en
movilización de inversión privada, siendo las grandes empresas tecnológicas de este país (IBM, Google, Microsoft...) las que están apostando fuertemente por las tecnologías cuánticas.
Frente a esta competición entre China y Estados Unidos, Europa ocupa una posición intermedia, con fortalezas y debilidades: entre las primeras, cabe destacar el nivel de inversión pública ya comentado, o la posición de la UE en cuanto al
número de patentes concedidas relacionadas con las tecnologías cuánticas, a un nivel similar al de Estados Unidos. Además, la UE está a la cabeza a nivel mundial en términos de publicaciones de alto nivel en materia de cuántica, con un 24,3 % del
total de autores en 2022 y 2023, frente al 23 % en China y el 17,4 % en Estados Unidos. Entre las debilidades cabe señalar la fragmentación regulatoria de los diferentes países de la UE y la escasa financiación privada que captan las empresas
europeas de la industria cuántica, fundamentalmente start ups, que está en el entorno del 5 %, frente al 50 % que consiguen las de Estados Unidos.
Con este contexto de fondo, en diciembre de 2023 la Presidencia Española del Consejo de la UE anunció el Quantum Pact, una declaración que promovía la colaboración entre los Estados miembros y de éstos con la Comisión Europea para el
desarrollo y despliegue de las tecnologías cuánticas, con el fin de que la UE tenga un papel de liderazgo en este ámbito, convirtiéndose en el 'valle cuántico' del mundo. En concreto el Pacto detallaba aspectos como la coordinación de esfuerzos
para que la excelencia científica europea se traduzca en innovaciones con alto impacto económico y científico, a través del fomento de la investigación e innovación en tecnologías cuánticas; el compromiso para construir conjuntamente
infraestructuras comunitarias cuánticas o la generación del talento necesario para nutrir Europa de profesionales altamente cualificados en estas tecnologías. Previamente a esta declaración ya se habían producido algunos avances, como la firma de
la Declaración EuroQCI en 2019, en la que los Estados miembros acordaron colaborar, con la Comisión y con el apoyo de la Agencia Espacial Europea, en el desarrollo de una infraestructura de comunicación cuántica que abarque toda la UE; o la
creación del programa insignia Quantum Technologies Flagship en 2018, con 1.000 millones de euros de presupuesto, y que tiene entre sus objetivos construir un ecosistema de supercomputación en Europa.
España cuenta con elementos para desarrollar un papel de liderazgo en Europa en esta disciplina. Actualmente contamos con la iniciativa Quantum Spain, un proyecto impulsado por el Ministerio de Transformación Digital y financiado con los
fondos del PRTR que tiene como objetivo impulsar y financiar una infraestructura competitiva de computación cuántica en nuestro país. Gracias a este proyecto hoy contamos con el primer ordenador cuántico español, con tecnología cuántica 100 %
europea, ubicado en el Barcelona Supercomputing Center. Este centro, que coordina la Red Española de Supercomputación, integrada por 14 nodos de investigación situados en diferentes universidades e instituciones, ha sido escogido por la Comisión
Europea como una de las siete primeras fábricas de inteligencia artificial de toda Europa.
En este sentido, el Gobierno presentó en el mes de abril la primera Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España 2025-2030, dotada con 808 millones de euros de fondos públicos, y que tiene entre sus objetivos crear un mercado español
cuántico, consolidar el ecosistema existente en nuestro país y alinear inversiones con la Unión Europea.
Además, la Estrategia apuesta por que España se especialice en sectores concretos como el de las comunicaciones cuánticas, y siguiendo esta dirección ya se ha puesto en marcha la primera iniciativa, con la aprobación del Real Decreto de
creación del Hub de Comunicaciones Cuánticas.
En definitiva, Europa, y con ella España, deben aprovechar la oportunidad que ofrecen las tecnologías cuánticas para garantizar la soberanía tecnológica, la autonomía estratégica y la seguridad nacional, además de la posibilidad de obtener
ganancias en competitividad en un mercado que en los próximos años generará millones de euros.
Por todo ello, Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Sentar las bases para la integración de las tecnologías cuánticas en nuestra sociedad, garantizando un desarrollo alineado con los derechos de los individuos y el marco regulatorio europeo. Para ello será crucial desarrollar la
Estrategia de Tecnologías Cuánticas recientemente aprobada.
2. Instar, en el seno de la Unión Europea, a la aprobación de una Ley Cuántica Europea, que posicione a esta región como líder mundial en innovación cuántica, para así lograr la independencia tecnológica y la autonomía estratégica de la UE.
3. Realizar acciones para difundir la importancia de las tecnologías cuánticas en la sociedad y su impacto en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2025.- Alberto Rojo Blas, Pedro Casares Hontañón, Alicia Álvarez González, Trinidad Carmen Argota Castro, Guillermo Hita Téllez, Adriana Maldonado López, Joaquín Martínez Salmerón, Valle
Mellado Sierra, Gonzalo Redondo Cárdenas, José Antonio Rodríguez Salas, Luisa Sanz Martínez y Ferran Verdejo Vicente, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre la regulación de la retirada de instalaciones de cableado en desuso en redes
de telecomunicaciones, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de Motivos
Durante las últimas décadas, el crecimiento acelerado de las redes de telecomunicaciones en España -incluyendo telefonía, ADSL, fibra óptica e Internet en general- ha provocado una expansión notable del tendido de cables en fachadas,
interiores de edificios, canalizaciones subterráneas y redes aéreas.
Este proceso, potenciado por la alta competencia entre operadores y la frecuente portabilidad de clientes, ha generado una situación anómala: miles de kilómetros de cableado en desuso permanecen instalados sin que exista un protocolo ni una
obligación
clara de retirada, ni por parte de las operadoras salientes, ni de las nuevas, ni de las administraciones públicas.
La actual Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, así como el Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT), regulan el despliegue y uso compartido de redes, pero no contemplan de manera explícita la retirada de las
instalaciones obsoletas. A nivel europeo, el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y la Directiva 2014/61/UE insisten en la eficiencia del despliegue, pero sin desarrollar medidas sobre el desmantelamiento de infraestructuras en desuso.
La acumulación de estos cables no solo genera impactos estéticos y ambientales, sino que dificulta nuevas instalaciones, incrementa el riesgo de incidentes técnicos o eléctricos, y contribuye a la degradación del espacio urbano.
Además, existe un importante componente medioambiental y de economía circular asociado a la retirada y correcta gestión de estos residuos tecnológicos. Los cables de telecomunicaciones, tanto los de cobre como los de fibra óptica, contienen
materiales altamente reciclables, como cobre, aluminio, plástico, sílice, PVC y otros compuestos. La ausencia de un marco que incentive o regule su recuperación impide aprovechar ese potencial reciclador, contribuyendo al despilfarro de recursos y
a la acumulación de residuos tecnológicos.
Por tanto, además del beneficio visual, técnico y de seguridad urbana, la retirada planificada del cableado en desuso permitiría fomentar la recuperación de materiales, generar actividad económica vinculada al reciclaje, y reducir la huella
ambiental del sector de las telecomunicaciones.
Por ello, resulta urgente que el Gobierno impulse el análisis y desarrollo normativo de esta situación, y que se habilite expresamente a las Administraciones Locales para ordenar la retirada de cableado en sus respectivos municipios, dado
que son ellas quienes gestionan el espacio público urbano.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar la posibilidad de modificar la normativa estatal vigente en materia de telecomunicaciones, particularmente la Ley 11/2022, con el fin de establecer la obligación de retirada del cableado en desuso por parte de los operadores, en
condiciones de seguridad y eficiencia técnica.
2. Analizar la aplicación del marco normativo europeo vigente, con objeto de valorar su desarrollo a nivel estatal en lo relativo al desmantelamiento de infraestructuras obsoletas en el sector de las telecomunicaciones.
3. Analizar la posibilidad de incluir en esa futura modificación normativa la habilitación expresa a las Administraciones Locales para que puedan ordenar, previo informe favorable, la retirada y gestión del cableado en desuso en fachadas,
vías públicas e infraestructuras de titularidad local.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2025.-Juan Carlos Jerez Antequera, Ferran Verdejo Vicente, Alberto Rojo Blas, Pedro Casares Hontañón, Alicia Álvarez González, Trinidad Carmen Argota Castro, Guillermo Hita Téllez,
Adriana Maldonado López, Joaquín Martínez Salmerón, Valle Mellado Sierra, Gonzalo Redondo Cárdenas, José Antonio Rodríguez Salas y Luisa Sanz Martínez, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002294
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a los bloqueos indiscriminados de páginas web por La Liga y Movistar, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de Motivos
Telefónica, a través de Movistar, y La Liga acaban obtener una nueva resolución favorable, en marzo de este año, en un nuevo litigio sobre el bloqueo de páginas web ejecutado masivamente para la protección de contenidos audiovisuales. Esta
nueva resolución viene a confirmar otras sentencias anteriores, algunas de ellas emitidas ya en 2022 en este mismo sentido. Así, el Juzgado del Mercantil de Barcelona, ahora el número 6, considera justificado que, para combatir la piratería de
contenidos audiovisuales, como la emisión de La Liga de fútbol, se permita el bloqueo de dominios, en un primero momento, ahora de IPs de webs que, supuestamente, emiten contenido protegido.
El problema es que las webs usan Cloudflare, por lo que al bloquear una IP se limita el acceso a la web pirata y a todas las demás que comparten IP con ella. Se trata, por tanto, de bloqueos totalmente indiscriminados que tienen graves
consecuencias para muchos negocios y webs legítimas con muy diferentes contenidos. Precisamente Cloudflare, en aras de una mayor privacidad y seguridad, así como para evitar ataques, introdujo el sistema ECH que impide conocer la navegación de las
personas usuarias, esto hace que La Liga, a través de las operadoras, se viera obligada a bloquear el acceso a miles de páginas, muchas de ellas completamente lícitas y sin contenidos pirata. También se ven afectados a los servicios de CDN, que
sirven para simplificar la entrega y que agregan muchos sitios web bajo una misma IP.
Así, los días de partido se producen múltiples interrupciones y miles de webs y plataformas quedan bloqueadas. Esta situación se ha agravado desde comienzos de este 2025, llegando a un punto álgido, en el fin de semana del partido entre lo
Real Madrid y el F.C. Barcelona, momento en que los bloqueos provocaron el cierre de plataformas de pago, portales oficiales de distintas administraciones públicas e incluso de la red social X, además de múltiples webs. Según los datos que aportan
algunos de los afectados son ya más de 15.000 las IP cerradas a petición de la Liga de fútbol.
En las sentencias judiciales se incluye la salvaguarda de que las medidas adoptadas no pueden implicar o provocar daños a terceros. Sin embargo, resulta evidente que, cada vez más, los bloqueos están afectado a todo tipo de empresas, redes
de pago e incluso páginas públicas que no pueden funcionar durante el cierre y que también ven afectada su reputación por la sospecha de difundir contenidos que vulneran derechos. Aunque resulta legítima la defensa de los derechos de propiedad
intelectual consideramos, cuando menos, controvertido, que este pueda afectar a negocios legítimos, incluso vulnerar de forma directa otros derechos fundamentales como los de libertad de expresión o de prensa que claramente quedan cercenados con el
bloqueo de páginas legítimas sin supervisión judicial expresa y concreta.
El BNG considera que el Gobierno del Estado debe adoptar medidas en este asunto ante los reiterados bloqueos a millares de páginas web pues, si no lo hiciera, implica un abandono de sus funciones dejándolas en manos privadas, las cuales
obran únicamente en su propio beneficio y sin reparar nos los dan a terceros.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a adoptar las medidas necesarias, dentro de sus competencias, para asegurar que los bloqueos de webs que
emiten ilícitamente contenidos protegidos no afecten a páginas o portales legítimos, garantizando cuando menos que:
1. Los bloqueos son realizados de la manera más precisa posible afectando únicamente al nombre de dominio completo mediante el protocolo dns de la telefonía.
2. Se establezcan protocolos para que sean los hostings los que realicen el cierre de la web y/o faciliten los datos del webmaster, lo que permitiría retirar únicamente el contenido ilegal o suspender la cuenta sin afectar a webs legítimas.
3. Se articulen los mecanismos precisos para impedir el bloqueo de IPs por parte de las telefonías pues afecta a más webmasters y usuarias no relacionadas con contenidos pirata y asegurar así que no se sigue causando daños a terceros y
amparando el bloqueo de páginas web con contenidos legítimos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á necesidade de adoptar medidas para impedir os bloqueos indiscriminados de páxinas web pola Liga e Movistar para o seu debate na Comisión de Economía, Comercio e Transformación Dixital.
Exposición de Motivos
Telefónica, a través de Movistar, e La Liga veñen de obter unha nova resolución xudicial favorábel, en marzo deste ano, nun novo litixio sobre o bloqueo de páxinas web executado masivamente para a protección de contidos audiovisuais. Esta
nova resolución ven a confirmar outras sentencias anteriores, algunhas delas emitidas xa en 2022 neste mesmo sentido. Así, o Xulgado do Mercantil de Barcelona, agora o número 6, considera xustificado que, para combater a piratería de contidos
audiovisuais, como a emisión de La Liga de fútbol, se permita o bloqueo de dominios, nun primeiro momento, agora de IPs de webs que, supostamente, emiten contido protexido.
O problema é que as webs usan Cloudflare, polo que ao bloquear unha IP limítase o acceso á web pirata e a todas as demais que comparten IP con ela. Trátase, por tanto, de bloqueos totalmente indiscriminados que teñen graves consecuencias
para moitos negocios e webs lexítimas con moi diferentes contidos. Precisamente Cloudflare, en aras dunha maior privacidade e seguridade, así como para evitar ataques, introduciu o sistema ECH que impide coñecer a navegación das persoas usuarias,
isto fai que a Liga, a través das operadoras, se vise obrigada a bloquear o acceso a miles de páxinas, moitas delas completamente lícitas e sen contidos pirata. Tamén vense afectados os servizos de CDN, que serven para simplificar a entrega e que
agregan moitos sitios web baixo unha mesma IP.
Así, os días de partido prodúcense múltiples interrupcións e miles de webs e plataformas quedan bloqueadas. Esta situación viuse agravada desde comezos deste 2025, chegando a un punto álxido, na fin de semana do partido entre o Real Madrid
e o F.C. Barcelona, momento en que os bloqueos provocaron o fechamento de plataformas de pagamento, portais oficiais de distintas administracións públicas e mesmo da rede social X, ademais de múltiples webs. Segundo os datos que achegan algúns dos
afectados son xa máis de 15.000 as IP fechadas a petición da Liga de fútbol.
Nas sentencias xudiciais inclúese a salvagarda de que as medidas adoptadas non poden implicar ou provocar danos a terceiros. Porén, resulta evidente que, cada vez máis, os bloqueos están afectado a todo tipo de empresas, redes de pagamento
e mesmo páxinas públicas que non poden funcionar durante o fechamento e que mesmo ven
afectada a súa reputación pola sospeita de difundir contidos que vulneran dereitos. Aínda que resulta lexítimo a defensa dos dereitos de propiedade intelectual consideramos, no mínimo, controvertido, que este poda afectar a negocios
lexítimos, ou mesmo, vulnerar de forma directa outros dereitos fundamentais como os de liberdade de expresión ou de prensa que claramente fican cercenados co bloqueo de páxinas lexítimas sen supervisión xudicial expresa e concreta.
O BNG considera que o Goberno do Estado debe adoptar medidas neste asunto ante os reiterados bloqueos a millares de páxinas web pois, se non o fixer, implica un abandono das súas funcións deixándoas en mans privadas, as cales obran
unicamente no seu propio beneficio e sen reparar nos danos a terceiros.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a adoptar as medidas necesarias, dentro das súas competencias, para asegurar que os bloqueos de webs que emiten ilicitamente contidos protexidos non afecte a páxinas ou portais lexítimos,
garantindo no mínimo que:
1. Os bloqueos son realizados do xeito máis preciso posíbel afectando unicamente ao nome de dominio completo mediante o protocolo dns da telefonía.
2. Se estabelezan protocolos para que sexan os hostings os que realicen o fechamento da web e/ou faciliten os datos do webmaster, o que permitiría retirar unicamente o contido ilegal ou suspender a conta sen afectar a webs lexítimas.
3. Se articulen os mecanismos precisos para impedir o bloqueo de IPs por parte das telefonías pois afecta a máis webmasters e usuarias non relacionadas con contidos pirata e asegurar así que non se segue a causar danos a terceiros e
amparando o bloqueo de páxinas web con contidos lexítimos.'
En Madrid, a 13 de xuño de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las
personas con discapacidad ante la inteligencia artificial, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La inteligencia artificial es, cada día más, una realidad que se amplía y afianza en los sistemas de diseño, producción y servicios de consumo. También en los comportamientos sociales y en las relaciones humanas. Su impacto en los avances
tecnológicos abre grandes expectativas en el desarrollo de la innovación como herramienta al servicio de las personas en el ámbito educativo, sanitario, social y de apoyo a la autonomía personal.
Sin embargo, el debate sobre los posibles riesgos de la inteligencia artificial es tan intenso como la defensa de sus aspectos positivos. La necesidad de incorporar el humanismo científico y los valores universales a su desarrollo e
implantación forma
parte de ese debate. La inteligencia artificial debe ser capaz de recoger la complejidad de una sociedad en la que la diversidad no es, ni debe ser, un determinante de menoscabo de derechos y libertades por ninguna razón. Ello deriva de un
mandato constitucional, recogido y desplegado por nuestra legislación, que es concordante con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La exigencia de garantizar y respetar los derechos y las libertades de todas las personas a lo largo de las etapas de la vida y en todas las circunstancias personales o sociales, debe extenderse también al desarrollo y aplicación de la
inteligencia artificial. Y ello en una doble interpretación: que nadie quede fuera de los avances tecnológicos y en servicios que ofrece la inteligencia artificial; y que ésta incorpore sistemas de garantía de los derechos y libertades de las
personas, en especial, de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre ellas, las personas con discapacidad que, históricamente, y en todas las sociedades, han sido víctimas de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, también en
el diseño y uso de herramientas, productos y servicios.
El Real Patronato sobre la Discapacidad ha elaborado un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en los derechos de las personas con discapacidad, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, ratificada por España, proponiendo orientaciones para un impacto inclusivo de la inteligencia artificial. Este impacto inclusivo sólo será posible si la ingente cantidad de datos que usan los sistemas de desarrollo de la
inteligencia artificial, se recogen con criterios de calidad y de representatividad de la diversidad social. En el caso de la discapacidad, es necesario tener en cuenta la definición de la Convención como un concepto que evoluciona y que resulta de
la interacción entre las personas que presentan deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones.
En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, mandata en su artículo 23 a las administraciones públicas que favorezcan mecanismos para que los algoritmos
involucrados en la toma de decisiones de las administraciones púbicas tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas. Y, en aras a la protección de los derechos fundamentales, mandata a las
administraciones públicas y a las empresas promover un uso de la inteligencia artificial ético, confiable y respetuoso con estos derechos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, y contando con las organizaciones de la discapacidad, a adoptar medidas destinadas a garantizar la igualdad de
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad ante la inteligencia artificial, entre las cuales se incluirán la siguientes:
1. Reconocer el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de los sistemas de inteligencia artificial para la promoción y protección de sus derechos.
2. Promover la información, intercambio y colaboración en el desarrollo de investigación, innovación y tecnología para incorporar el principio de diseño universal en el uso de la IA.
3. Proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad, y evitar su discriminación, en el diseño de algoritmos involucrados en la toma de decisiones sobre productos, entornos y servicios digitales en los sistemas de IA.
4. Estudiar la implantación de sistemas o certificaciones sobre un uso ético de la IA, confiable y respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad.
5. Promover el abordaje de los desafíos éticos derivados de la aplicación de la investigación, innovación social, desarrollos tecnológicos e inteligencia artificial, en el ámbito de las personas con discapacidad, en especial en los cuidados
de larga duración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-Oriol Almirón Ruiz, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Lázaro Azorín Salazar, Ana Cobo Carmona, Olvido de la Rosa Baena, Margarita Martín Rodríguez, Inés Plaza García,
Esther Rodríguez Suárez, Emilio Sáez Cruz, María Mercè Perea i Conillas y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001247
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Nestor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
Ante el aumento de la siniestralidad laboral en el conjunto de Galicia y especialmente en Pontevedra en el primer trimestre de este año 2025, ¿qué medidas ha emprendido o prevé iniciar el Ministerio de Trabajo para reducir los accidentes y
siniestros mortales en el trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Atendendo ao aumento da sinistralidade laboral no conxunto da Galiza e especialmente en Pontevedra no primeiro trimestre deste ano 2025, que medidas emprendeu ou ten previsto iniciar o Ministerio de Traballo para reducir os accidentes e
sinistros mortais no traballo?
En Madrid, a 6 de xuño de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
181/001260
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno del Estado para impedir la afectación de páginas web legítimas durante el bloqueo de contenidos pirata por parte de La Liga y Movistar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Que medidas ten adoptado o Goberno do Estado para impedir a afectación de páxinas web lexítimas durante os bloqueos de contidos pirata por parte de La Liga e Movistar?
En Madrid, a 13 de xuño de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Juventud e Infancia
181/001249
Juan Andrés Bayón Rolo, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá y Violante Tomás Olivares.
¿Puede el Ministerio de Juventud e Infancia desplegar su actividad sin Presupuestos Generales del Estado aprobados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá y Violante Tomás Olivares, Diputados.
181/001250
Violante Tomás Olivares, Cristina Abades Martínez y Miguel Ángel Sastre Uyá
¿Qué medidas está aplicando el Ministerio de Juventud e Infancia para mejorar la vida de los menores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá y Violante Tomás Olivares, Diputados.
181/001251
Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez
Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León
¿Cómo justifica el Gobierno que el índice general de pobreza en España haya descendido mientras la pobreza infantil continúa en aumento, situando al país a la cabeza de Europa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian
Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León, Diputados.
181/001252
Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez
Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León
¿Cómo afronta el Gobierno el hecho de que España sea líder en pobreza infantil, mientras Europa le requiere para implementar medidas urgentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian
Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León, Diputados.
181/001253
Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez
Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León.
¿De qué manera se está aplicando en España el Fondo Europeo de Garantía Juvenil y qué resultados está ofreciendo en la lucha contra la pobreza infantil y el desempleo juvenil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian
Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/025216
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Puy Fraga, Pedro (GP)
Bayón Rolo, Juan Andrés (GP)
Propuesta del Ayuntamiento de Soutomaior (Pontevedra) de mejoras de seguridad vial rodada y peatonal de la travesía de Arcada (N-550).
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en la segunda cuestión del segundo guion, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre
en poder de la Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001135/0000).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Irene Garrido Valenzuela, Pedro Puy Fraga y Juan Andrés Bayón Rolo, diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Hace aproximadamente un año, el alcalde de Soutomaior (Pontevedra) anunciaba que Carreteras del Estado iba a humanizar la N-550 a su paso por el centro del municipio.
En pasado año, a una pregunta parlamentaria (184/16124), el Gobierno respondió lo siguiente 'En relación con el asunto interesado, se señala que el pasado día 10 de octubre de 2024 el Ayuntamiento de Soutomaior ha presentado en el Ministerio
de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) una propuesta de mejoras de seguridad vial rodada y peatonal de la travesía de Arcade (N-550), que está siendo analizada por el MITMS en coordinación con el citado Ayuntamiento.'
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
- ¿Se ha producido algún avance? ¿Qué compromiso adquirió el Gobierno de España? ¿En su caso, quién va a asumir el coste del proyecto y su ejecución?
- ¿En qué consiste la propuesta presentada? [...] ¿Qué plazos se manejan para su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2025.-Irene Garrido Valenzuela, Pedro Puy Fraga y Juan Andrés Bayón Rolo, Diputados.