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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 358, de 17/06/2025
cve: BOCG-15-D-358
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
17 de junio de 2025
Núm. 358
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, en defensa de la libertad de expresión ... (Página8)
161/002250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para recordar a Manuel Pérez Vázquez, guardia civil víctima del terrorismo ... (Página13)
161/002251 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para honrar la memoria de Mariano Román Madroñal, guardia civil víctima del terrorismo ... (Página15)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la abolición de la pena de muerte a escala internacional ... (Página17)
161/002243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la recuperación del carácter de política de Estado de la Política Exterior de España ... (Página20)
161/002252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a exigir a la República de Cuba el pago inmediato de su deuda con el Reino de España ... (Página22)
161/002253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas urgentes para reforzar la red consular ante el aumento de la demanda de solicitudes y servicios ...
161/002256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la defensa del Multilateralismo ... (Página25)
161/002257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre el aumento del gasto militar y la salida de la OTAN ... (Página28)
161/002258 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al compromiso de España con la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible en Afganistán ... (Página33)
161/002259 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la implementación de la Agencia de Mujeres, Paz y Seguridad mediante la elaboración de un III Plan de Acción Nacional (PAN) ...
161/002260 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al compromiso de España con la XXX Cumbre Iberoamericana ... (Página36)
161/002262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el deterioro de la independencia judicial en México tras la reciente reforma del Poder Judicial ... (Página38)
161/002263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Honduras y la protección de los derechos humanos ...
161/002265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desastre humanitario que se está viviendo en la Franja de Gaza. ... (Página41)
Comisión de Defensa
161/002228 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la adecuación salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas y la modificación del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de
servicio ... (Página44)
161/002231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la potenciación del deporte militar de alto nivel ... (Página47)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002227 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al sistema de financiación regional ... (Página48)
161/002234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los procesos de estabilización de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional ...
Comisión de Interior
161/002168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para paliar los daños provocados por las fuertes lluvias y granizo en la Región de Murcia en el mes de mayo ...
161/002226 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al mantenimiento del SEPRONA en Ribadeo (Lugo) ... (Página54)
161/002247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la aprobación y reglamentación del uso de armas no letales por parte de las unidades marítimas de la Guardia Civil ...
161/002248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para ampliar la plantilla de los examinadores de tráfico y solventar el colapso en los exámenes prácticos de conducir ...
161/002249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dotar de más medios humanos y materiales a los cuerpos policiales que luchan contra el narcotráfico ... (Página59)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al mantenimiento del funcionamiento regular de la línea marítima entre Almería y Melilla ... (Página60)
161/002224 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a mejorar la conexión ferroviaria entre A Coruña y Ferrol así como a integrar Ferrol en el trazado de Alta Velocidad ...
161/002237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la reposición de las frecuencias ferroviarias entre Logroño y Madrid por La Rioja Baja ... (Página63)
161/002238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la mejora del servicio de Cercanías en la provincia de Cádiz ... (Página64)
161/002239 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la construcción de la variante de Tarazona en la carretera N-121 ... (Página66)
161/002245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar la puesta en valor del Puente Cruzul en Becerreá (Lugo) ... (Página67)
161/002246 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al puente de Ribadesella ... (Página68)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reforzar de manera urgente, eficiente y efectiva los medios humanos y materiales de la Administración de la Seguridad Social y al Servicio
Público de Empleo Estatal ... (Página70)
161/002221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las políticas públicas que benefician al colectivo de autónomos ... (Página72)
161/002240 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la implementación y ejecución del nuevo marco normativo derivado del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea ...
161/002241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para establecer un nuevo sistema de retorno efectivo y común en la Unión Europea ... (Página75)
Comisión de Industria y Turismo
161/002220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, para la promoción del turismo industrial ... (Página77)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre eliminación de incompatibilidades en servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción urgente de medidas para afrontar la crisis de precios y rentabilidad en el sector cerealista español ...
161/002269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de medidas fiscales de apoyo y protección al sector primario ... (Página83)
Comisión de Política Territorial
161/002229 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para limitar las plazas de alquiler turístico en las Illes Balears ... (Página85)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas de protección frente al riesgo de inundación en la EDAR proyectada en la Vega de Mestanza ... (Página86)
161/002254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la creación de un leasing social de vehículos eléctricos para hogares, microempresas y transportistas autónomos en zonas rurales ...
161/002255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover el control cinegético del jabalí en todo el territorio nacional español. ... (Página91)
161/002266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al megaproyecto eólico que promueve Driza en Galicia ... (Página92)
Comisión de Cultura
161/002242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a prácticas culturales foráneas como la 'Fiesta del cordero' ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar el acompañamiento técnico a pymes en el acceso a gestión de ayudas públicas a la innovación ...
161/002236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para un modelo abierto, ágil y eficaz en las convocatorias públicas de innovación ... (Página99)
Comisión de Juventud e Infancia
161/002233 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de desarrollo de medidas que incentiven el teletrabajo para fijar población joven en entornos rurales ... (Página100)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001241 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Flores Juberías (GVOX) y Sánchez García, José María (GVOX), sobre gobiernos europeos que se comprometieron a apoyar la iniciativa de oficializar el uso de las lenguas regionales
españolas en las instituciones de la Unión Europea, así como concesiones por parte de España ... (Página103)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001232 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre previsión del Gobierno de establecer la conexión de tren con Los Palacios y Villafranca ... (Página103)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001246 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico realizará una evaluación conjunta de los cinco proyectos presentados
por la empresa Driza de producción de energía eólica, además de considerar los parques ya instalados y los proyectos mineros ... (Página103)
Comisión de Sanidad
181/001228 Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre motivo por el que están aumentando los casos de enfermedades infecciosas en España ...
Comisión de Juventud e Infancia
181/001234 Pregunta formulada por los Diputados Blanca Armario González (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX), Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX) y De Meer Méndez, Rocío (GVOX), sobre motivo por el que el Gobierno necesita recurrir a la
Fiscalía y a la Policía para dar cumplimiento al Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias
extraordinarias ... (Página104)
181/001235 Pregunta formulada por el Diputado Nahuel González López (GSUMAR), sobre valoración de las ayudas de la DANA a entidades locales y organizaciones de la sociedad civil en materia de juventud e infancia ...
181/001236 Pregunta formulada por el Diputado Nahuel González López (GSUMAR), sobre medidas previstas para atajar los casos de violencia vicaria ... (Página105)
181/001237 Pregunta formulada por los Diputados Noelia Núñez González (GP), Abades Martínez, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Tomás Olivares, Violante (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP), Álvarez Fanjul, Beatriz (GP), Rodríguez
Calleja, Patricia (GP), Guardiola Salmerón, Mirian (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Clavell López, Óscar (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Vázquez
Blanco, Ana Belén (GP) y Molina León, Ainhoa (GP), sobre valoración por el Gobierno de la situación de la juventud en España ... (Página105)
181/001238 Pregunta formulada por los Diputados Noelia Núñez González (GP), Abades Martínez, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Tomás Olivares, Violante (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP), Álvarez Fanjul, Beatriz (GP), Rodríguez
Calleja, Patricia (GP), Guardiola Salmerón, Mirian (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Clavell López, Óscar (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Vázquez
Blanco, Ana Belén (GP) y Molina León, Ainhoa (GP), sobre valoración por el Gobierno de que España se sitúe a la cabeza de la pobreza infantil de la Unión Europea ... (Página105)
181/001239 Pregunta formulada por los Diputados Noelia Núñez González (GP), Abades Martínez, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Tomás Olivares, Violante (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP), Álvarez Fanjul, Beatriz (GP), Rodríguez
Calleja, Patricia (GP), Guardiola Salmerón, Mirian (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Clavell López, Óscar (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Vázquez
Blanco, Ana Belén (GP) y Molina León, Ainhoa (GP), sobre balance de la gestión del Ministerio de Juventud e Infancia en estos dos años ... (Página106)
181/001240 Pregunta formulada por los Diputados Noelia Núñez González (GP), Abades Martínez, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Tomás Olivares, Violante (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP), Álvarez Fanjul, Beatriz (GP), Rodríguez
Calleja, Patricia (GP), Guardiola Salmerón, Mirian (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Clavell López, Óscar (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Vázquez
Blanco, Ana Belén (GP) y Molina León, Ainhoa (GP), sobre valoración por el Gobierno de la situación de la infancia en España ... (Página106)
181/001243 Pregunta formulada por la Diputada Emilia Almodóvar Sánchez (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si las Comunidades Autónomas están actuando con responsabilidad y en base al interés superior del menor con relación a la
infancia migrante sola ... (Página107)
181/001244 Pregunta formulada por el Diputado Víctor Camino Miñana (GS), sobre valoración del proceso de elaboración de la ley de juventud, así como de las propuestas que han salido del mismo ... (Página107)
181/001245 Pregunta formulada por la Diputada Esther Rodríguez Suárez (GS), sobre intenciones del Gobierno en relación con la mejora del sistema de protección a la infancia ... (Página107)
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001229 Pregunta formulada por los Diputados Ángel López Maraver (GVOX) y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre medidas previstas por el Gobierno ante los retrasos en los centros de exámenes de conducir, especialmente en los meses
de verano ... (Página107)
181/001230 Pregunta formulada por los Diputados Ángel López Maraver (GVOX) y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre planes previstos por el Gobierno para reducir la probabilidad de siniestralidad vial asociada a la creciente antigüedad
del parque móvil español ... (Página108)
181/001231 Pregunta formulada por los Diputados Ángel López Maraver (GVOX y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre eficacia de las medidas del Gobierno para minimizar la siniestralidad vial ... (Página108)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/023945 Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando Valero Morales, Juan Antonio
Participación del fondo KKR (Kohlberg Kravis Roberts) en el sector educativo de la formación profesional de Andalucía ... (Página108)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/002223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Manuel Mariscal Zabala e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la libertad de expresión, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Ataques a la libertad de expresión en España y en la Unión Europea
La libertad de expresión ha sido tradicionalmente entendida como un elemento esencial de una sociedad libre, integrada por ciudadanos que participan en la vida pública y gobernada por instituciones sometidas al imperio de la ley. Es
precisamente en ese ámbito de la participación donde la libertad de expresión tiene un papel más esencial: esa libertad garantiza que cada ciudadano pueda aportar, en forma de opiniones, su punto de vista acerca de lo que considera mejor para el
bien común. Sin embargo, como se verá, este concepto de la libertad de expresión, y la libertad de expresión misma, se han visto sometidos a un feroz ataque, cuya finalidad es dificultar la crítica política al Gobierno y la difusión de las
opiniones y discursos contrarios a su ideología.
En la agenda de muchos gobiernos de países occidentales, incluida España, y especialmente en la de los dirigentes y muchos burócratas de la Unión Europea (UE), está la instauración de un nuevo tipo de 'libertad de expresión' afín al estado
de opinión que pretenden generar. Están decididos a imponer a la sociedad su perspectiva sobre qué es y qué no es una opinión, valoración o idea aceptable; sobre qué temas sí y sobre cuáles no es admisible emitir una opinión.
Un ejemplo es la carta que el pasado 12 de agosto de 2024 envió el Comisario europeo de Mercado Interior Thierry Bretón a Elon Musk, presidente de la red social X, con ocasión de la retransmisión en directo de una conversación del propio
Musk con el entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, y en el contexto de las protestas contra la inmigración ilegal en Reino Unido. Por cierto, en este último país, según
se ha publicado 1, 'durante 2023, se efectuaron 12.183 detenciones por presuntas infracciones relacionadas con mensajes considerados ofensivos, amenazantes o perturbadores enviados a través de las redes sociales, correos electrónicos,
llamadas telefónicas u otros medios electrónicos'.
Una actitud hostil que puede remontarse al 12 de julio anterior, cuando la vicepresidente primera en la Comisión Europea, Magrethe Vestager, en una nota de prensa, acusaba a X de tener problemas de 'transparencia' por incumplir el Reglamento
de Servicios Digitales 2. El presidente de esta red social acusó a la Comisión Europea de 'ofrecer un acuerdo secreto ilegal: si censuramos silenciosamente el discurso sin decírselo a nadie, no nos multarían' 3. Más escandalosa si cabe fue la
decisión de Tribunal Federal de Brasil, que en septiembre de 2024 suspendió la red social X con evidentes motivaciones políticas, como denuncia el Foro de Madrid, lo calificó como 'un atentado contra la libertad de expresión y los derechos de los
brasileños' 4.
La arquitectura legislativa ya aprobada o en vías de ser aprobada, tanto en Bruselas como en España, pretende regular la conversación pública en la comunicación social, y de manera significativa, pretende incidir en la libertad de expresión
en redes sociales o en medios de comunicación. Para ello, se está remitiendo a la esfera administrativa el control de la libertad de expresión, que hasta hace poco era exclusivamente de competencia judicial.
En este sentido, se han aprobado unas normas en el ámbito de la UE, como son el Reglamento de Mercados Digitales, el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que son
reglamentos de la Unión Europea y por tanto normas de aplicación directa, y que definen el marco legislativo en el que los Estados miembros y sobre todo los prestadores de servicios digitales deben actuar.
Contrariamente a lo que afirma el Gobierno de España, estos Reglamentos no requieren de una transposición al ordenamiento jurídico español por ser de aplicación directa. Sin embargo, extralimitándose en las obligaciones que se imponen en
estos Reglamentos, pretende ir más allá en una clara amenaza a la libertad de expresión. El presidente del Gobierno ha planteado, en varias ocasiones, la posibilidad de acabar con el anonimato en redes sociales; presentó el llamado 'Plan de Acción
para la Democracia' con la intención de impulsar modificaciones legislativas como en la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen o en la Ley Orgánica reguladora del derecho de
rectificación; y finalmente en Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación que 'impulsa la gobernanza democrática en servicios digitales y crea
el registro de medios de comunicación' 5.
De aprobarse esta legislación se normalizaría una actividad gubernativa difícil de distinguir de la censura, y se dotaría a una autoridad administrativa como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 'de amplias
competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales'. Es decir, una autoridad administrativa nombrada por el Gobierno con amplios poderes se convertiría en organismo censor para decidir qué medio puede ser
considerado medio de comunicación, qué es desinformación y qué contenidos se han de retirar de Internet. Precisamente, en base al régimen sancionador ya vigente, previsto en el Título X de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación
Audiovisual, se establece en su artículo 157 que son infracciones muy graves 'La emisión de contenidos audiovisuales que de forma manifiesta inciten a la violencia, a la comisión de un delito de terrorismo o de pornografía infantil o de carácter
racista y xenófobo, al odio o a la discriminación contra un grupo de personas o un miembro de un grupo por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de
1 https://gaceta.es/europa/el-gobierno-britanico-ya-realiza-una-media-de-30-detenciones-al-dia-por-comentarios-ofensivos-en-las-redes-sociales-20250407-1141/
2 https://x.com/vestager/status/1811723602288374086
3 https://x.com/elonmusk/status/1811783320839008381
4 https://x.com/Foro_MAD/status/1830219857310122274
5 https://digital.gob.es/portalmtdfp/comunicacion/sala-de-prensa/comunicacion_ministro/2025/02/2025-02-25.html
género, expresión de género, raza, color, origen étnico o social, características sexuales o genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacionalidad, patrimonio o nacimiento'.
Segundo. La libertad de expresión: un cambio de paradigma
La Constitución Española recoge la libertad de expresión, en sus diversas manifestaciones, como derecho fundamental (artículo 20). Este derecho se determina en:
a) la libertad de expresión, o el derecho a manifestar libremente las propias ideas, pensamientos y opiniones;
b) la libertad de creación literaria, artística, científica y técnica;
c) la libertad de cátedra o derecho a la libre expresión de los docentes;
d) la libertad de información, o derecho a transmitir y recibir libremente información veraz.
Este artículo, en su apartado dos, establece que 'El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa'. Mientras que, en su apartado cuarto, se reconoce que 'Estas libertades tienen su límite en el
respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia'. Ningún derecho es
absoluto, por lo que es necesario que se establezcan límites.
Hasta no hace mucho estos límites se desarrollaban por la legislación civil, por la propia configuración del derecho al honor, y por la jurisprudencia realizando los tribunales una ponderación para cada caso concreto entre los diferentes
derechos en conflicto; así como por la vía penal, con los delitos de injurias y calumnias tipificados en el Código Penal. Sin embargo, con el afán de limitar aún más la libertad de expresión y con clara intencionalidad política, se viene a
tipificar un nuevo tipo de delito: los llamados 'delitos de odio' del artículo 510 del Código Penal.
El llamado delito de odio es una construcción tan perversa, que representa una verdadera inversión de los principios jurídicos básicos del mundo occidental. Así, la configuración del límite de la libertad de expresión se realiza al
ponderarse con el contenido esencial de otros derechos fundamentales, que son su único límite. Pero la regulación del delito de odio ha provocado exactamente la situación opuesta: es el llamado delito de odio el que configura la libertad de
expresión. A la libertad de expresión le queda solamente el espacio que queda al margen de la definición de delito de odio. Y no hay que engañarse: los llamados delitos de odio son una construcción ideológica de la izquierda para penalizar las
opiniones que cuestionan las ideas que la propia izquierda ha impuesto como indiscutibles. El llamado delito de odio no solamente constituye una grave amenaza para principios que rigen el Derecho penal como la seguridad jurídica o la
proporcionalidad de la pena; es sobre todo un instrumento de la revolución legal con la que la izquierda quiere imponer totalitariamente su programa en todos los niveles de la sociedad y del Estado. Numerosos cargos electos, incluso de ámbito
nacional, se encuentran denunciados en virtud de este delito por declaraciones que no atacan la dignidad ni el honor de nadie.
No obstante, el delito de odio es solamente una manifestación extrema de un fenómeno más amplio, en el que se señala como 'discursos de odio' todo lo que no encaja en ese canon de ideas supuestamente indiscutibles impuesto por la izquierda.
Es más, ciertas plataformas y autoridades administrativas en Europa han comenzado a incorporar a su normativa figuras similares denominadas 'incidentes de odio'. Además, con la coartada de promover los llamados discursos de odio, y de forma
frontalmente incompatible con la más elemental neutralidad institucional, desde hace tiempo es sumamente difícil, si no imposible, que en la Universidad pública puedan tomar la palabra personas disidentes del aludido canon ideológico oficial. Es
imposible exagerar la gravedad de esta situación: instituciones públicas de enseñanza superior del sistema educativo, financiadas con los impuestos de todos los españoles, se han convertido en un coto privado de la izquierda y
el separatismo, que se han adjudicado a sí mismos el derecho a utilizarlas como instrumento de adoctrinamiento y propaganda. Un ejemplo muy reciente se ha producido en la Universidad de Barcelona, en la que la propia autoridad académica se
ha considerado con derecho a prohibir un acto sobre el pasado imperial de España con la inevitable coartada de ser 'discursos de odio' 6.
Todo ello expresa una concepción de la libertad de expresión que es absolutamente contraria a la expuesta al comienzo de esta Proposición. Es una concepción de la libertad de expresión que es disolvente y totalitaria a un tiempo. Es
disolvente porque invoca la libertad de expresión como coartada de las conductas más despreciables: apología del terrorismo y de toda clase de violencia, actos de blasfemia y escarnio contra las convicciones y sentimientos religiosos de millones de
españoles, injurias y ultrajes de todo tipo contra España y sus símbolos. No hace falta explicar que esta utilización de la libertad de expresión encierra un propósito nihilista de disolución: destrucción de España como comunidad política,
negación de la dignidad humana como principio fundamental de la convivencia, corrupción de la infancia y desintegración de la familia como estructura básica de la sociedad, odio vesánico contra el Cristianismo que vertebra espiritual y moralmente la
civilización occidental.
Pero esta concepción de la libertad de expresión es también profundamente totalitaria. Es la consecuencia de imponer como ideología oficial las consignas destructivas de la izquierda y de sus aliados separatistas; una ideología oficial que
pretenden que informe toda la legislación, y que condicione tanto el espacio público como la vida privada. La consideración de los falsos dogmas del progresismo como ideas intocables, y de sus atropellos legislativos como irreversibles, refleja la
pretensión de que las ideas que les son contrarias sean erradicadas del espacio público.
Tercero. Recuperar la libertad de expresión
Ya se ha expresado la importancia que tiene la libertad de expresión en una sociedad libre: es nada menos que la aportación que hace cada ciudadano de su criterio de lo que es mejor para el bien común y para el interés nacional. Pero
quienes amenazan la libertad de expresión, lejos de estar comprometidos con el bien común y con el interés nacional, están animados por ideologías radicales que pretenden la construcción de un mundo nuevo sobre las ruinas de la civilización
occidental y de las naciones y de las instituciones que la conforman.
En este sentido, sus restricciones de la libertad de expresión tienen una finalidad muy clara: impedir cualquier acción dirigida a plantar cara a su labor destructiva. Ése es exactamente el propósito del delito de odio. Aunque hay
abundante literatura que trata de justificar su existencia apelando a la protección de los que se han llamado 'colectivos vulnerables', un estudio mínimamente riguroso permite concluir que esa palabrería apenas oculta una línea de actuación clara.
El delito de odio está cuidadosamente diseñado, a medida, para que su aplicación consista en perseguir las opiniones que tratan de preservar la identidad de las sociedades occidentales y la cohesión de sus naciones; y garantizar al mismo tiempo una
absoluta impunidad para cualquier manifestación de ofensa y ultraje a personas o instituciones vinculadas a esa identidad y a esa cohesión, por muy hirientes y humillantes que resulten.
Ejemplos como los mencionados sientan un peligroso precedente en España y en otros países, y suponen un golpe liberticida al derecho a expresar opiniones políticas distintas a las consideradas dentro del sistema. Además de pretender
censurar a través de autoridades administrativas, y la condena penal a través de del delito de odio, se busca la muerte civil por medio de la cancelación del disidente. Hechos como los acontecidos hace semanas con una pérdida total del suministro
eléctrico y la pérdida de las comunicaciones, son oportunidades para imponer un relato único que no pueda ser contestado desde
6 https://gaceta.es/espana/la-universidad-de-barcelona-veta-un-acto-academico-del-historiador-fernando-paz-sobre-el-imperio-espanol-20250505-1807/
ninguna red social o medio de comunicación no homologado como tal por la oportuna autoridad administrativa.
Cabe mencionar que esta corriente parece que ha sufrido, al menos en Estados Unidos, un cierto retroceso gracias a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de la compañía Meta anunció, a principios de año, que la
plataforma en algunas regiones iba a prescindir de los llamados 'verificadores' 7. El propio vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vanee, ha tenido que denunciar los abusos y las amenazas contra las libertades fundamentales por parte de las
autoridades de varios países europeos en un trascendental discurso pronunciado en Munich el pasado día 14 de febrero 8.
El actual contexto de éxitos electorales de fuerzas políticas nacionales y antiglobalistas puede ser una oportunidad histórica para que las sociedades occidentales reaccionen en defensa de esa libertad de expresión que es garantía de una
comunidad verdaderamente libre; de una ciudadanía exigente y responsable en que sus miembros participan en la vida pública dando lo mejor de sí mismos; y de unas patrias cuya soberanía sea la mejor protección de la convivencia en un régimen de
derechos, libertades y obligaciones que solamente ha sido posible en nuestra civilización.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar y respetar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, y opiniones mediante cualquier técnica de reproducción, de manera que nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones.
2. Promover, a todos los niveles, nacional, europeo e internacional, el fin de la 'cultura de la cancelación', en especial la ejercida por las élites que promueven la Agenda 2030 contra aquellos que se manifiestan en contra de la ideología
woke dominante.
3. Asegurar y respetar la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los docentes.
4. Salvaguardar y respetar la libertad de información, o el derecho a transmitir y recibir libremente información veraz.
5. Garantizar y respetar una comunicación pública libre, instrumento indispensable para la participación política, sin la cual no hay sociedad libre, ni por tanto soberanía nacional.
6. Renunciar a cualquier tipo de censura previa, intervención represiva de publicaciones, grabaciones y cualquier otro medio de información, especialmente, a través de la limitación de la libertad de empresa.
7. Renunciar a cualquier tipo de intromisión e intervención ilegítima en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales.
8. Respetar el anonimato en las redes sociales cuando se utilice para ejercer la libertad de expresión de manera legítima y sin sobrepasar los límites establecidos por la Constitución y por el Código Penal.
9. Impulsar la completa modificación del artículo 510 del Código Penal, de tal modo que deje de contener un tipo delictivo atentatorio contra la libertad de expresión y con clara inspiración ideológica, para pasar a castigar la inducción o
apología de conductas propiamente dirigidas a la comisión de actos criminales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2025.-Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
7 https://www.rtve.es/noticias/20250107/meta-abandona-sistema-verificacion-datos-por-terceros-estados-unidos/16397475.shtml
8 https://ideas.gaceta.es/discurso-de-j-d-vance-en-munich/
161/002250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus respectivas condiciones de
Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para recordar a Manuel Pérez Vázquez,
guardia civil víctima del terrorismo, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Manuel Pérez, caído de la Guardia Civil
El 3 de junio de 2025 se cumplen cincuenta y un años del asesinato del agente de la Guardia Civil Manuel Pérez Vázquez por la banda criminal marxista y separatista ETA, en lo localidad guipuzcoana de Atáun. El asesinato se produjo durante
un dispositivo de seguridad establecido con motivo del robo producido unos días antes en la empresa CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) en Beasáin, donde cinco terroristas armados con armas largas atracaron la caja de la empresa con la
complicidad de un empleado de esta, robando los 14 millones de pesetas depositados en ese momento.
En la madrugada del 3 de junio de 1974, varios guardias civiles, entre los que se encontraba Manuel Pérez, procedieron a identificar a tres jóvenes que venían de una discoteca. Uno de ellos, Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, alias 'Apala', de
19 años, sacó una pistola y disparó contra Manuel Pérez, que resultó herido gravemente, dándose a la fuga.
Manuel Pérez fue trasladado a una clínica hospitalaria, en la localidad cercana de Tolosa, donde falleció por las heridas causadas 9. Tenía 29 años, estaba soltero y era natural de San Román de Retorta, provincia de Lugo. Llevaba cuatro
años destinado en Guipúzcoa.
El asesino de Manuel Pérez, que consiguió huir saltando a un río, alcanzó fama como miembro de la banda criminal. A fecha de hoy, su crimen nunca ha sido juzgado, por lo que continúa impune 10.
Segundo. La necesidad de honrar la memoria
El desconocimiento de estos asesinatos por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada 'Ley de Memoria Democrática' que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y el separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley 'consagra como portaestandartes de la memoria democrática no sólo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras
organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo' 11.
9 https://mapadelterror.com/victims/manuel-perez-vazquez/
10 https://memoria-de-vida.fundacionvt.org/victimas/manuel-perez.html
11 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124 InformeV.pdf
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones... Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el
odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender la unidad de
España; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad a la Patria común.
No puede conmemorarse al guardia civil Manuel Pérez Vázquez sin recordar su condición de militar español y de guardia civil. Y también hay que recordar que la Guardia Civil es un Instituto del Ejército fundado por el duque de Ahumada en
1844 cuya función primordial durante casi dos siglos ha sido velar por la seguridad de los españoles y por el orden público. La Benemérita, como es también conocida, es una institución con un fuerte espíritu de cuerpo, en el que son especialmente
apreciadas determinadas virtudes: sacrificio, disciplina, rectitud, honradez, servicio... pero, por encima de todo, el sentido del honor y el amor a la Patria.
El compromiso del Instituto con estos ideales ha sido sellado con sangre. Solamente en las últimas décadas, la banda criminal marxista y separatista ETA ha asesinado a 210 guardias civiles 12, y uno de ellos es el guardia civil Manuel Pérez
Vázquez. Este agente de la Guardia Civil murió cumpliendo con su deber, y la cualidad moral que lleva al cumplimiento del propio deber es precisamente el honor. Por ello, también en él se hizo realidad lo estipulado por el citado fundador del
Instituto: 'el honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil'.
Debe subrayarse que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser españoles y
defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional.
De acuerdo con todo ello, medio siglo después de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus familiares; repudiar unánime
y contundentemente a la banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en acciones y en principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España como Nación, que es exactamente lo que
ETA ha querido destruir.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su consideración y su respeto por la memoria del guardia civil Manuel Pérez Vázquez, cincuenta y un años después de su asesinato, y lo reconoce con agradecimiento por su muerte en el cumplimiento del deber y al servicio de
España.
2. Expresa su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por otras
víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
12 https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/terrorismo/resena_historica/index.html
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2025.-Francisco José Alcaraz Martos, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/002251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus respectivas condiciones de
Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para honrar la memoria de Mariano Román
Madroñal, guardia civil víctima del terrorismo, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Mariano Román, guardia civil caído en acto de servicio
El 5 de junio de 2025 se cumple el quincuagésimo aniversario de la muerte en acto de servicio del agente de la Guardia Civil Mariano Román Madroñal a consecuencia de la actividad de la banda criminal marxista y separatista ETA. El luctuoso
suceso acaeció en el tren correo número 14 de los Ferrocarriles Vascongados, que une San Sebastián con Bilbao, entre las localidades de Añorga y Recalde.
En la mañana del 5 de junio de 1975 13, mientras prestaba servicio de escolta, a su compañero Higinio Martín Domínguez y a él les llamó la atención la presencia de dos sujetos que se habían subido al tren en la estación de Añorga, vestidos
sospechosamente con gabardinas a pesar del calor del mes de junio. En el momento en el que procedieron a identificarlos, uno de ellos abrió fuego contra los agentes con un arma automática. Mariano Román, que custodiaba uno de los accesos al vagón,
al colocarse en una puerta para cubrir una posible salida de los criminales, salió despedido del vagón, fracturándose la base del cráneo en la caída; esto le causó la muerte en el acto. Los criminales aprovecharon el caos generado para apearse en
la estación de Recalde y escapar en un coche que les estaba esperando.
La banda criminal pronto se atribuyó el asesinato, reivindicándolo como una acción armada planificada y no producto de un encuentro casual.
El agente de la Guardia Civil Mariano Román Madroñal era natural de Algodonales (Cádiz), estaba casado y dejó huérfanos a cinco hijos, el mayor de ellos con tan solo once años. A fecha de hoy, su crimen nunca ha sido juzgado y continúa
impune 14.
13 https://tribunabenemerita.es/index.php/terrorismo/in-memoriam/1903-mariano-rom%C3%A1n-madro%C3%B1al,-guardia-civil-asesinado-por-eta-el-5-de-junio-de-1975.html
14 https://memoria-de-vida.fundacionvt.org/victimas/mariano-roman.html
Segundo. La necesidad de honrar la memoria
El desconocimiento de estas muertes por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada 'Ley de Memoria Democrática' que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y el separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley 'consagra como portaestandartes de la memoria democrática no sólo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras
organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo' 15.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones... Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el
odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender la unidad de
España; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad a la Patria común.
No puede conmemorarse al guardia civil Mariano Román Madroñal sin recordar su condición de militar español y de guardia civil. Y también hay que recordar que la Guardia Civil es un Instituto del Ejército fundado por el duque de Ahumada en
1844 cuya función primordial durante casi dos siglos ha sido velar por la seguridad de los españoles y por el orden público. La Benemérita, como es también conocida, es una institución con un fuerte espíritu de cuerpo, en el que son especialmente
apreciadas determinadas virtudes: sacrificio, disciplina, rectitud, honradez, servicio... pero, por encima de todo, el sentido del honor y el amor a la Patria.
El compromiso del Instituto con estos ideales ha sido sellado con sangre. Solamente en las últimas décadas, la banda criminal marxista y separatista ETA ha asesinado a 210 guardias civiles 16, y uno de ellos es el guardia civil Mariano
Román Madroñal. Este agente de la Guardia Civil murió cumpliendo con su deber, y la cualidad moral que lleva al cumplimiento del propio deber es precisamente el honor. Por ello, también en él se hizo realidad lo estipulado por el citado fundador
del Instituto: 'el honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil'.
Debe subrayarse que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser españoles y
defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional.
De acuerdo con todo ello, cuando se están cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus
familiares; repudiar unánime y contundentemente a la banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en acciones y en principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad, inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España como
Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido destruir.
15 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124 InformeV.pdf
16 https: / /www.guardiacivil.es/ es /institucional /Conócenos/ terrorismo /resena histórica /índex.htrnl
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su consideración y su respeto por la memoria del guardia civil Mariano Román Madroñal, cincuenta años después de su asesinato, y lo reconoce con agradecimiento por sus años de servicio a la Patria hasta el sacrificio de su
vida en el cumplimiento del deber.
2. Expresa su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por otras
víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2025.-Francisco José Alcaraz Martos, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
abolición de la pena de muerte a escala internacional, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La pena de muerte es incompatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece el derecho a vivir libres de tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los métodos empleados para este castigo
ilustran su crueldad: la lapidación, la decapitación o la asfixia con gas nitrógeno.
Tanto las Naciones Unidas como Amnistía Internacional han constatado un creciente consenso a favor de la abolición de la pena de muerte a escala global, situando el número de Estados que la han abolido o que han introducido moratorias
(legales o en la práctica) entre 140 y 170.
Sin embargo, el número de personas ejecutadas no ha dejado de aumentar en los últimos quince años. Según datos de Amnistía, más de 1518 personas fueron sometidas a la pena de muerte en 2024. Más del doble que en 2011. A esa cifra se le
suman más de dos mil sentencias de muerte dictadas en el 2024, que elevan la cantidad de personas en esta situación hasta 28 000 personas.
Lo más grave es que un número destacado de las grandes potencias internacionales retienen la pena capital en el centro de su sistema legal, incluyendo China, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí o Irán. En 2024, Irán ejecutó a más de 972
personas, Arabia Saudí al menos a 345, Irak a 63 y Estados Unidos a 25.
El caso de China es especialmente preocupante. Defensores de derechos humanos han documentado miles de ejecuciones anuales en este país, pero la cantidad exacta sigue siendo un secreto de Estado. Sin ir más lejos, el pasado noviembre
varios medios de comunicación recogieron el caso de un funcionario condenado a muerte por violar la Ley de Protección de Secretos de Estado, que prohíbe la difusión de dichos datos.
La misma opacidad la encontramos en Vietnam o Corea del Norte. Con toda probabilidad estos casos elevan las cifras totales de víctimas a varios miles de personas.
Un sistema multilateral basado en los derechos humanos y la dignidad humana no puede permitirse la pena de muerte como mecanismo punitivo. Es un arma represiva especialmente utilizada por regímenes autoritarios que, además, se ha demostrado
que no es efectiva para prevenir futuros crímenes.
La comunidad internacional se ha dotado de herramientas para poner fin a la pena de muerte. El Consejo de la Unión Europea ya se marcó como objetivo en 1998 acabar con la pena de muerte a nivel mundial, siguiendo los pasos de una
declaración anterior del Consejo de Europa. La Corte Penal Internacional también ha excluido la pena de muerte de los castigos aplicables, al igual que lo hizo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al establecer tribunales para juzgar los
crímenes contra la humanidad cometidos en Yugoslavia y Ruanda en los años noventa.
En paralelo, los Estados han suscrito varios tratados internacionales que incluyen protocolos para restringir o abolir la pena de muerte: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana y el Convenio Europeo
sobre los Derechos Humanos o los Convenios de Ginebra son algunos ejemplos.
Es necesario trabajar para hacer cumplir estos compromisos con urgencia. Y es necesario que el Estado vincule el cumplimiento de estas cartas internacionales al establecimiento de relaciones bilaterales.
En este sentido, en los últimos meses el Presidente del Gobierno español ha participado de reuniones con representantes del más alto nivel de China, Vietnam o Egipto. Los acuerdos que han trascendido tratan sobre las relaciones comerciales
en los dos primeros casos y la gestión migratoria en el tercero. Pero estas conversaciones corren el riesgo de blanquear situaciones de derechos humanos inaceptables, con cientos de sentencias y ejecuciones cada año en estos Estados.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Vincular jurídicamente los acuerdos bilaterales entre el Estado y terceros países al cumplimiento de los compromisos establecidos en el ámbito internacional en materia de la pena de muerte, especialmente el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
2. Exigir a la Comisión Europea que en todos los tratados comerciales y de inversión con terceros países se incluya como elemento indispensable la firma y la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
3. Instar a los Estados miembros de la Unión Europea correspondientes a que eliminen las reservas hechas a dicho Protocolo que permiten aplicar la pena de muerte en épocas de guerra.
4. Promover moratorias y la firma de los convenios internacionales que apuestan por la abolición de la pena de muerte por parte de aquellos Estados que la mantienen en la práctica, como China, Estados Unidos, Arabia Saudí, Japón o Irán.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2025.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància del Diputat Francesc-Marc Álvaro i Vidal , a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre I'aboIició de Ia
pena de mort a escaIa internacionaI per el seu debat a la Comissió d'Afers Exteriors.
Exposició de motius
La pena de mort és incompatible amb la Declaració Universal de Drets Humans de 1948, que estableix el dret a viure lliures de la tortura i el tractament i les penes cruels, degradants i inhumanes. Els mètodes emprats per a aquest càstig
il·lustren la seva crueltat: la lapidació, la decapitació o l'asfixia amb gas nitrogen.
Tant Nacions Unides com Amnistia Internacional han constatat un consens creixent a favor de l'abolició de la pena de mort a escala global, situant el nombre d'estats que l'han abolit o introduít moratóries (legals o a la práctica) entre 140
i 170.
Tanmateix, el nombre de persones executades no ha deixat d'augmentar els darrers quinze anys. Segons dades d'Amnistia, més de 1.518 persones van ser sotmeses a la pena de mort el 2024. Més del doble de la xifra de 2011. A aquesta
quantitat se li sumen més de dues mil sentències a mort dictades el 2024, que eleven la quantitat de persones en aquesta situació fins a 28.000 persones.
El més greu és que un nombre destacat de les grans potències internacionals retenen la pena capital al centre del seu sistema legal, incloent la Xina, els Estats Units, Rússia, Arábia Saudita o l'lran. El 2024, l'lran va executar més de 972
persones, Arábia Saudita almenys a 345, Iraq a 63 i els Estats Units a 25.
El cas de la Xina és especialment preocupant. Defensors de drets humans hi han documentat milers d'execucions anuals, peró la quantitat exacta segueix sent un secret d'estat. Sense anar més lluny, el passat novembre diversos mitjans de
comunicació van recollir el cas d'un funcionari condemnat a mort per violar la Llei de Protecció de Secrets d'Estat, que prohibeix la difusió d'aquestes dades.
La mateixa opacitat la trobem a Vietnam o Corea del Nord. Amb tota probabilitat aquests casos eleven les xifres totals de víctimes a diversos milers de persones.
Un sistema multilateral basat en els drets humans i la dignitat humana no pot permetre la pena de mort com a mecanisme punitiu. És una arma repressiva especialment utilitzada per régims autoritaris que, a més, s'ha demostrat que no és
efectiva prevenint crims futurs.
La comunitat internacional s'ha dotat d'eines per posar fi a la pena de mort. El Consell de la Unió Europea ja va marcar-se com a objectiu el 1998 acabar amb la pena de mort a nivell mundial, seguint les passes d'una declaració anterior del
Consell d'Europa. La Cort Penal Internacional també ha exclòs la pena de mort dels càstigs aplicables, de la mateixa manera que ho va fer el Consell de Seguretat de Nacions Unides a l'establir tribunals jutjant els crims contra la humanitat comesos
a Iugoslàvia i Ruanda als anys 90.
En paral·lel, els estats han subscrit diversos tractats internacionals que inclouen protocols per restringir o abolir la pena de mort: el pacte internacional per als drets civils i polítics, les convencions americanes i europea sobre els
drets humans o les convencions de Ginebra en són alguns exemples.
Cal treballar per a fer complir aquests compromisos amb urgéncia. l cal que l'Estat vinculi el compliment d'aquestes cartes internacionals a l'establiment de relacions bilaterals.
En aquest sentit, els darrers mesos el President del Govern espanyol ha participat de reunions amb representants del més alt nivell de la Xina, Vietnam o Egipte. Els acords que han transcendit tracten sobre les relacions comercials en els
dos primers casos i la gestió migratòria en el tercer. Però aquestes converses corren el risc de blanquejar situacions de drets humans inacceptables, amb centenars de sentències i execucions cada any en aquests estats.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Vincular jurídicament els acords bilaterals entre l'Estat i tercers països al compliment dels compromisos establerts en l'ámbit internacional en matéria de la pena de mort, especialment el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i
la Convenció Europea de Drets Humans.
2. Exigir a la Comissió Europea que en tots els tractats comercials i d'inversió amb tercers paísos s'inclogui com a element indispensable la signatura i ratificació del Segon Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i
Polítics.
3. Instar als estats membres de la Unió Europea corresponents que eliminin les reserves fetes a aquest protocol que permeten aplicar la pena de mort en èpoques de guerra.
4. Promoure moratòries i la signatura dels convenis internacionals que aposten per l'abolició de la pena de mort per part d'aquells estats que la mantenen a la pràctica, tals com la Xina, els Estats Units, Aràbia Saudita, Japó o Iran.
Congrés dels Diputats, 3 juny de 2025.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.- Gabriel Rufián Romero, Portaveu G. P. Republicá.
161/002243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la recuperación del
carácter de política de Estado de la Política Exterior de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La política exterior de un país democrático, con vocación de actor internacional como España, debe basarse en el consenso institucional, la continuidad y la defensa firme de los intereses nacionales. Estos principios han sido
tradicionalmente respetados en la política exterior española, sobre todo en cuestiones estratégicas que exigen una posición coherente y estable en el escenario internacional.
Sin embargo, bajo el actual Gobierno, la política exterior se ha desviado de estos principios fundamentales, convirtiéndose en un instrumento al servicio de los intereses partidistas del Ejecutivo. Este uso partidista ha debilitado el
prestigio de España en el mundo, ha erosionado la confianza de nuestros aliados y ha socavado la credibilidad de nuestro país en los foros multilaterales.
Uno de los ámbitos donde esta deriva es más evidente es en la política de defensa y en el seno de la OTAN. Aunque el Gobierno ha aprobado un incremento del gasto en defensa para cumplir con los objetivos de la Alianza Atlántica, sectores de
su propia coalición, en particular el ala de Sumar, han cuestionado abiertamente la pertenencia de España a la OTAN y han rechazado el refuerzo de nuestros compromisos en materia de defensa colectiva. Esta contradicción interna proyecta una imagen
de división e improvisación que perjudica gravemente nuestra posición dentro de la Alianza y compromete nuestros intereses estratégicos.
El uso partidista de la política exterior también se ha trasladado a las instituciones europeas. Un ejemplo significativo ha sido la propuesta de oficializar el catalán, el euskera y el gallego en las instituciones de la Unión Europea,
presentada sin un análisis previo de su impacto técnico, económico o jurídico, y sin consultas con nuestros socios europeos.
Esta iniciativa, motivada únicamente por las exigencias de los socios independentistas del Gobierno, ha dañado la imagen de España como un país fiable y comprometido con la cohesión institucional de la UE, y ha generado desconcierto en
nuestras propias representaciones diplomáticas.
A nivel territorial, la gestión del conflicto del Sáhara Occidental representa otro de los episodios más graves de esta deriva. En marzo de 2022, el presidente del Gobierno envió una carta al rey Mohamed VI de Marruecos en la que calificaba
la propuesta marroquí de autonomía como 'la base más seria, creíble y realista' para resolver el conflicto. Este cambio unilateral de posición se produjo sin respaldo del Parlamento, sin consulta con el principal partido de la oposición y rompiendo
décadas de consenso diplomático fundamentado en la legalidad internacional y en las resoluciones de Naciones Unidas. Esta decisión ha provocado una crisis con Argelia -socio clave en materia energética y de seguridad- y ha puesto en entredicho la
fiabilidad de la palabra España.
En un contexto internacional marcado por una creciente polarización geopolítica, la guerra en Ucrania, la crisis en Oriente Medio, la rivalidad entre potencias, los flujos migratorios, las guerras comerciales y la competencia tecnológica,
resulta más urgente que nunca reforzar una política exterior previsible, coherente y basada en los intereses generales de España, apoyada en una estructura institucional sólida.
Es imprescindible reconstruir un consenso nacional en política exterior, devolver el liderazgo al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y restablecer la coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y otros actores
institucionales en la toma de decisiones internacionales. Solo así podrá España recuperar su credibilidad internacional, su influencia en Europa y su capacidad para actuar como un actor de paz, desarrollo y defensa de los valores democráticos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recuperar el carácter de política de Estado de la política exterior española, reforzando el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación como órgano rector de la misma.
2. Impulsar la creación de mecanismos institucionales reales de diálogo y coordinación en materia de política exterior entre el Ejecutivo y los grupos parlamentarios, que se materialicen en puntos de acuerdos.
3. Asegurar la coherencia interna del Gobierno en relación con la pertenencia de España a la OTAN y el cumplimiento de sus compromisos en materia de defensa.
4. Reafirmar el compromiso de España con la legalidad internacional y con las resoluciones de Naciones Unidas en relación con el Sáhara Occidental, corrigiendo el giro unilateral ejecutado por el presidente del Gobierno y restableciendo el
equilibrio diplomático con los países del Magreb.
5. Abstenerse de utilizar la política exterior con fines partidistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, Alberto Teófilo Asarta Cuevas y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a exigir a la República de Cuba el pago inmediato de su deuda con el Reino de España, para su discusión en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La deuda de Cuba con España
Según el último informe La Deuda Externa del Estado Español como acreedor (datos a 31 de diciembre de 2023 la República de Cuba tiene contraída con el Reino de España una deuda cuyo monto asciende a 2.015,32 millones de euros 17,cifra cuyos
orígenes se remontan a los préstamos otorgados en las décadas de 1980 y 1990. La naturaleza de la deuda obedece, en gran parte, a operaciones de crédito a la exportación aseguradas por cuenta del Estado a través de la Compañía Española de Seguro de
Crédito a la Exportación ('CESCE'). Así, esta deuda 'nace del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del deudor y genera una indemnización del Estado al asegurado, que pasa a poseer derechos de cobro frente al deudor' 18.
Conviene subrayar que Cuba acumula el 71% de toda la deuda comercial que ostenta el Reino de España como acreedor.
Dicha deuda supone casi dos tercios de la que la isla caribeña tiene con toda Hispanoamérica, que ascendería a más de 3.000 millones de euros, y aproximadamente un 10% de la deuda total de Cuba, ya que de acuerdo con cifras oficiales de la
Oficina Nacional de Estadísticas e Información ('ONEI'), la deuda externa total del país asciende a 18.284 millones de dólares, aunque algunos analistas aseguran que esta cifra podría ser mayor.
Segundo. La actitud de los sucesivos Gobiernos de España
Durante décadas -y con absoluta independencia tanto de su color político, como de la concreta situación económica del país-, los sucesivos Gobiernos de España se han mostrado llamativamente remisos a exigir el cobro de dicha deuda, apelando
de manera recurrente a la incapacidad de la isla para hacer frente a sus compromisos financieros como consecuencia de su también permanentemente compleja situación económica. En ese sentido, han menudeado tanto los programas de reestructuración de
la deuda, como las iniciativas para reducir su monto mediante una quita. En 2015 y 2016, durante los gobiernos de Mariano Rajoy 19, se produjo tanto una reestructuración con un alargamiento de los plazos, como una quita de 110,8 millones de euros,
introduciéndose además sendos programas de conversión de la deuda a corto, medio y largo plazo en inversiones privadas; y de nuevo en 2021, ya bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, Cuba y España firmaron un nuevo acuerdo de reestructuración, esta vez
sin quita 20.
Paralelamente, los sucesivos Gobiernos de España han abdicado de toda medida de presión para procurar el cobro de la deuda restante, al tiempo que multiplicaban los gestos de comprensión con el régimen castrista. Sin ir más lejos, el pasado
mes de noviembre el
17 La Deuda Externa del Estado Español como acreedor (datos a 31 de diciembre de 2023), p.13.
18 Ibidem. p. 29.
19 'España firma con Cuba el acuerdo de reestructuración de la deuda a corto plazo', La Moncha, 02.11.15. Disponible [en línea]: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mineco/Paginas/2015/021115deudacuba.aspx
20 SÁNCHEZ, Carlos: 'España concede a Cuba una moratoria tras el impago de la deuda', El Confidencial, 15.07.21. Disponible [en línea]: https://www.elconfidencial.com/economía/2021-07-15/espana-concede-cuba-moratoria-impago-deuda3185048/
Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa admitió, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, que la deuda que mantiene el régimen cubano con España 'tiene difícil solución', toda vez que 'Cuba no puede pagar esa
deuda' 21.
Tercero. Los perjuicios para los intereses de España y de Cuba
Las consecuencias de esta política para los intereses de España han sido graves. Cuando en diciembre de 2015 nuestro país suscribió, junto al resto de acreedores del Club de París, el acuerdo multilateral de reestructuración y condonación
de la deuda con Cuba por el que le fueron perdonados a La Habana 8.500 de los 11.100 millones de dólares de su deuda soberana, las pérdidas para España fueron de 1.709 millones de euros. Y a pesar de tan favorable trato, La Habana incumplió
parcialmente sus obligaciones en 2019, y en 2020 se declaró incapaz de asumir la cuota en su totalidad.
Así, el hecho de que el régimen cubano no haya pagado su deuda externa con España y otros actores financieros afecta también negativamente a la economía de la isla, limitando el acceso a financiamiento internacional necesaria para importar
alimentos, medicinas y combustibles, lo que a su vez agrava la crisis económica y reduce aún más la calidad de vida de los cubanos, siendo un obstáculo relevante para la recuperación del país.
Cuarto. La supuesta incapacidad de Cuba para pagar su deuda
Como se ha indicado, los sucesivos Gobiernos de España han aducido la difícil situación económica de Cuba como causa justificativa de los aplazamientos, las renegociaciones, las quitas y -en fin- la falta de exigencia de pago de la deuda
cubana con España; trayendo a colación -eso sí- más las consecuencias del supuesto bloqueo estadounidense que el penoso legado de desgobierno y corrupción originado por el régimen castrista, como factor explicativo del hecho de que la otrora
próspera República de Cuba haya acabado sumida en la ruina. Sin embargo, todo indica que dicha postración está pronta a terminar: si los pasados 5 y 8 de abril, el diario oficial Granma informaba de que 'Rusia continuará apoyando a Cuba económica
y humanitariamente por los canales bilaterales correspondientes', remitiendo -para empezar-, 60 millones de dólares y 80,000 toneladas de combustibles a la isla; el pasado 8 de mayo, y con motivo de la visita a Rusia del presidente cubano Miguel
Díaz-Canel, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, subrayó que La Habana podía contar con el respaldo político sin fisuras de Moscú, puntualizando además, lo siguiente: 'estamos listos a seguir codo a codo con los amigos cubanos,
trabajando para fomentar de manera integral estos lazos en beneficio de los pueblos de nuestros países, en aras de la paz y seguridad internacionales'; al tiempo que el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko -encargado de las relaciones económicas
con Cuba- anunciaba la firma del llamado 'Plan 2030' en virtud del cual las compañías y el empresariado ruso procederán a invertir en la economía de Cuba -especialmente en los sectores agrícola, energético y turístico- más de mil millones de
dólares.
Quinto. Conclusiones
A través de ostentar y no exigir la deuda a países como Cuba -que ya acumula sólo en el ejercicio de 2023, impagos de casi 130 millones de euros- 22, nuestro país está ayudando a perpetuar un régimen totalitario que empobrece y reprime a su
población.
Por todo ello, urge que el Gobierno tome las medidas que sean necesarias para evitar que se siga sosteniendo a un gobierno ilegítimo que somete a un pueblo hermano de la Iberosfera.
21 'El Gobierno ve de 'difícil solución' la deuda de casi 2.000 millones que Cuba mantiene con España', EuropaPress, 27.11.24. Disponible [en línea]: https://www.europapress.es/economia/
macroeconomia-00338/noticia-gobierno-ve-dificil-solucion-deuda-casi-2000-millones-cuba-mantiene-espana-20241127193705.html#google vignette
22 La Deuda Externa del... op.cit. p.30.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dirigirse a las autoridades de la República de Cuba a fin de exigirles la completa e inmediata satisfacción de su deuda con nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Carlos Flores Juberías, Alberto Asarta Cuevas y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas
urgentes para reforzar la red consular ante el aumento de la demanda de solicitudes y servicios, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La red consular constituye uno de los pilares esenciales de la acción exterior del Estado. Más allá de su función administrativa, representa un instrumento de proyección de prestación de servicios públicos a nuestros ciudadanos en el
exterior y de presencia institucional de España en el mundo. Una red consular moderna, eficiente y digna no es solo una exigencia funcional, sino un elemento vertebrador del Estado en su dimensión exterior, un garante de la seguridad jurídica y una
herramienta de diplomacia de proximidad.
Sin embargo, en los últimos años, nuestra red consultar ha experimentado un proceso de deterioro alarmante. Tal y como lo señala el último informe de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), publicado en mayo de 2025, la red consular
española arrastra una situación de colapso funcional derivada de insuficiencia presupuestaria y de un aumento exponencial de la demanda de servicios consulares. El número de españoles inscritos en nuestras oficinas consulares ha pasado de menos de
un millón a principios de siglo a más de tres millones en la actualidad. A este fenómeno se suma el efecto multiplicador derivado de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que podría elevar esta cifra a cerca de cuatro millones en los
próximos años.
Las plantillas diplomáticas, sin embargo, han permanecido prácticamente inalteradas desde hace más de dos décadas, y en muchas oficinas clave se opera con tan solo dos diplomáticos: el embajador y un segundo. Al mismo tiempo, los
consulados de mayor tamaño, especialmente en América Latina, afrontan tasas de temporalidad superiores al 50%, lo que compromete la calidad, continuidad y estabilidad del servicio.
Todo ello se traduce en una degradación inaceptable de la atención al ciudadano, en una carga de trabajo desmesurada para el personal y en un grave perjuicio para la imagen exterior del Estado. La situación del Consulado General en Buenos
Aires -llamado a gestionar unas 600.000 solicitudes de nacionalidad con recursos insuficientes- es el exponente más notorio de esta crisis sistémica.
Una red consular eficaz no solo es necesaria para atender la creciente movilidad de ciudadanos y el incremento de trámites ligados a la globalización; también es fundamental para asegurar la presencia activa del Estado en contextos de
crisis humanitarias, conflictos, emergencias naturales, procesos electorales o repatriaciones masivas. La diplomacia
contemporánea se apoya tanto en la alta representación como en el funcionamiento cotidiano de los servicios consulares.
Además, resulta imprescindible garantizar el cumplimiento del artículo 39.2 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que establece que el Consejo Ejecutivo de Política Exterior debe elaborar un
informe periódico sobre la adecuación del despliegue y estructura de las misiones diplomáticas, representaciones permanentes y oficinas consulares. Este informe, de carácter urgente, debe reflejar, tal como dispone la Disposición adicional tercera
de la citada Ley, la situación actualizada de los inmuebles, los medios materiales y los recursos humanos disponibles en la red exterior.
En definitiva, se hace necesario un replanteamiento estructural y ambicioso del despliegue consular de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar un plan, con un calendario definido y dotación presupuestaria, que contemple la creación de al menos noventa nuevas plazas diplomáticas permanentes en la red exterior en el plazo máximo de dos años, con el objetivo de
reforzar embajadas y consulados que requieren una ampliación urgente de sus plantillas.
2. Garantizar el cumplimiento del artículo 39.2 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, instando al Consejo Ejecutivo de Política Exterior a que elabore con carácter urgente un informe sobre la
adecuación del despliegue y estructura de las misiones diplomáticas, representaciones permanentes y oficinas consulares, conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la mencionada Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada, Ricardo Tarno Blanco y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002256
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley relativa a la defensa del Multilateralismo.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 71618, entendiendo que la previsión contenida en el punto 8 ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, y considerando
que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del Multilateralismo, para su debate en la Comisión
de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En defensa de Naciones Unidas, en defensa del multilateralismo.
El sistema internacional basado en el derecho internacional surgió tras la Segunda Guerra Mundial y la derrota del nazi-fascismo como un sistema multilateral de estados regido por los valores y principios de la Carta de Naciones Unidas.
Naciones Unidas se articuló como un pacto de seguridad y defensa, convención diplomática permanente y organizaciones especializadas. Este sistema ha sido capaz de evitar, a pesar de la guerra fría, las asimetrías de poder entre estados y el
derecho de veto en el Consejo de Seguridad, nuevos conflictos globales, dar un marco jurídico a la descolonización y abordar la solución conjunta, mediante la cooperación, de los graves problemas globales que amenazan a nuestra civilización y la
propia especie humana: violencia y guerra, hambre y enfermedad, pobreza y subdesarrollo, opresión y autoritarismo, cambio climático y polución. Podemos afirmar, que sin el sistema multilateral de Naciones Unidas el mundo sería, hoy, más inestable,
inseguro y más propicio al uso de la fuerza para la solución de los problemas que surgen en la relación entre estados.
Así, la Asamblea de Naciones Unidas adoptó por unanimidad de los 193 estados miembros, en septiembre de 2015, la Agenda 2030 que resume la hoja de ruta para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los
Acuerdos de París sobre Cambio Climático.
Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron durante más de dos años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países. Una metodología que permite dar voz a todos los países y también a comunidades y
representantes de la sociedad civil que permiten alcanzar resultados desde el consenso y el compromiso común con los intereses globales de la humanidad.
Incidiendo directamente sobre esta cuestión, el ODS 17 'Alianzas para lograr los objetivos' se centra en revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible, destacando la importancia del multilateralismo como base para enfrentar
los desafíos globales. Solo a través de un enfoque multilateral, basado en la cooperación, el respeto mutuo y la corresponsabilidad es posible avanzar en el cumplimiento de los ODS.
Así mismo, el ODS 16 'Paz, justicia e instituciones sólidas' resalta la importancia de construir instituciones sólidas, transparentes y responsables como base para una sociedad justa y pacífica. Solo con instituciones fuertes se puede
garantizar el respeto a los derechos humanos, el acceso equitativo a la justicia y una gestión pública eficiente y libre de corrupción.
En su última asamblea general, de septiembre de 2024, la ONU puso al día esta hoja de ruta mediante el Pacto para el Futuro, propuesto por el secretario general de Naciones Unidas ante las crecientes dificultades para la implementación de
los diferentes objetivos. Sirva como ejemplo, que la financiación necesaria para acometer ambos procesos ha acumulado un déficit de 3 billones de dólares anuales en los últimos 5 años. Eso, en el
contexto de un proceso de calentamiento global cuyos efectos son visibles, tangibles y contrastables. En 2024 se superó por primera vez el umbral del 1,5 grados centígrados de calentamiento del planeta establecido como techo de seguridad
por los Acuerdos de París. De hecho, los registros confirman que los últimos 10 años han sido, también, los 10 años más calurosos en la vida del planeta desde que tenemos registros. Y 2024 ha sido declarado el año más cálido jamás registrado.
Tras su toma de posesión, la segunda administración Trump, ha llevado a cabo una serie de ataques contra el sistema multilateral de la carta de Naciones Unidas que ponen de relieve una agenda caótica y cruel en contra de los derechos
humanos, de la diversidad de opinión y del respeto al derecho internacional.
Entre sus acciones podemos constatar: el desmantelamiento de la ayuda exterior estadounidense y sus efectos catastróficos en materia humanitaria; la retirada de organismos multilaterales que protegen los derechos humanos en el mundo, como
la retirada del Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud o el Acuerdo de París sobre cambio climático; el abandono de los esfuerzos por mitigar los daños a la población civil, como la eliminación o reducción de departamentos
cuya finalidad era aminorar los daños a la población civil en operaciones militares estadounidenses o revertir órdenes ejecutivas dirigidas a garantizar que las transferencias de armas de Estados Unidos no contribuyen a violar el derecho
internacional; la destrucción de controles sobre rendición de cuentas de las empresas y lucha contra la corrupción, por ejemplo, deteniendo la aplicación de la Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero.
Entre las acciones de mayor impacto contra el sistema multilateral, está el recorte sustancial de sus contribuciones voluntarias, pero sobre todo obligatorias, por valor de 1500 millones de dólares (de un presupuesto global de 3500 millones
de dólares) lo que ha situado a Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas en una grave situación financiera.
Ello ha obligado al secretario general de NNUU, Antonio Guterres, a promover la iniciativa UN80 para hacer frente a esta grave situación financiera, concentrando la actividad del secretariado y sus organizaciones especializadas en las
prioridades básicas del sistema multilateral en paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo. Los recortes exigen también el desplazamiento de servicios a sedes con costes de funcionamiento más baratos y acelerar el proceso de reforma de Naciones
Unidas ya iniciado hace años.
La Iniciativa UN80 ha recibido el respaldo del Consejo Europeo que en su reunión del pasado 20 de marzo, señalaba: 'La Unión Europea seguirá siendo un socio previsible, fiable y fidedigno, y se congratula por la oportunidad de colaborar en
un entorno cambiante con todos sus socios, así como con las Naciones Unidas y sus organismos a la hora de impulsar el proceso de reforma intema -la iniciativa UN80- encaminado a lograr que las Naciones Unidas sigan siendo eficaces, rentables y
reactivas'.
Por su parte, la Unión Europea viene reiterando, en sus reuniones del Consejo Europeo, su compromiso con el multilateralismo y con la estructura de instituciones de Naciones Unidas. Así, en la mencionada reunión del 20 de marzo, el Consejo
afirmaba: 'La Unión Europea siempre ha defendido y seguirá defendiendo la Carta de las Naciones Unidas y las normas y los principios consagrados en ella, en particular los principios de soberanía e integridad territorial, independencia política y
autodeterminación, El Consejo Europeo reafirma el respaldo inquebrantable de la Unión al multilateralismo eficaz y al orden internacional basado en normas, vertebrado en tomo a las Naciones Unidas.' Y establecía un inequívoco apoyo al Pacto para el
Futuro: 'La Unión Europea muestra su adhesión al Pacto para el Futuro, que es un paso crucial para revitalizar las Naciones Unidas, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reformar la arquitectura financiera internacional. La Unión
Europea está dispuesta a cooperar con todas las partes interesadas para velar por su aplicación efectiva'.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Siendo el multilateralismo y Naciones Unidas el eje central de la política exterior de España, objetivo que comparte con la Unión Europea, el Congreso insta al Gobierno a:
1. Reafirmar su compromiso con la Agenda 2030, los Acuerdos de París para la lucha contra el Cambio Climático y la Nueva Agenda de Paz del secretario general de NNUU.
2. Establecer un plan concreto de iniciativas y medidas para la implementación de su compromiso con el Pacto para el Futuro, incluyendo las reformas propuestas por el secretario general a todos los niveles de NNUU, incluyendo la reforma del
Consejo de Seguridad.
3. Apoyar la iniciativa UN80, instar a los estados miembros deudores a ponerse al día con sus contribuciones obligatorias, y plantear con la Unión Europea un plan de contribuciones voluntarias que permita reducir los recortes de actividad
esenciales en términos de lucha contra la pobreza y las violaciones de derechos humanos.
4. Desarrollar los máximos esfuerzos para el éxito de la IV Conferencia de Financiación para el Desarrollo que se celebrará próximamente en Sevilla, de manera que se puedan alcanzar los objetivos más ambiciosos de reforma del sistema
financiero internacional de Bretton Woods y la gestión de la crisis de la deuda manteniendo el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
5. Reforzar las misiones diplomáticas de España ante Naciones Unidas y sus organismos especializados, de las distintas unidades de los Ministerios que llevan a cabo actuaciones en materia de relaciones internacionales, así como la Dirección
General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos en el MAEUEC, con personal y medios que permitan una política de iniciativas y apoyo al sistema multilateral.
6. Cumplir con su compromiso de destinar el 0,7% de su Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para el año 2030, tal como establece la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
7. Redoblar esfuerzos para exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y del Derechos Penal Internacional, a través del sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas, especialmente a través del Consejo de
Seguridad y la Corte Internacional de Justicia, con un especial énfasis en la insoportable vulneración de los derechos humanos en Palestina.
8. Informar al Congreso de los Diputados antes y después de la nueva sesión de la Asamblea General en septiembre de la política concreta que quiere implementar España en NNUU durante ese año.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Agustín Santos Maraver, Teslem Andala Ubbi, Gerardo Pisarello Prados y Júlia Boada Danés, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR.
161/002257
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley sobre el aumento del gasto militar y la salida de la OTAN.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 71618 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el aumento del gasto militar y la salida de la OTAN, para su debate
en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El aumento del gasto militar es una amenaza para la paz mundial.
La próxima cumbre de la OTAN se propone como la reunión donde se producirá un incremento sustancial de los compromisos de gasto de defensa por parte de los países integrantes de esta Alianza Militar. El objetivo planteado encima de la mesa
por la actual administración Trump es un compromiso para que los países europeos alcancen el 5% del PIB dedicado a gastos en defensa.
Hay cierta confusión y debate respecto a lo que puede ser considerado gasto en defensa entre los diferentes países y los límites de este. Por ejemplo, el secretario General de la Alianza, Mark Rutte ha propuesto que el incremento sea hasta
el 3,5% y que se destine el 1,5% restante a seguridad. Por su parte, otros países, entre ellos España o Francia no consideran, inicialmente, aceptable el incremento hasta un 5% propuesto por la administración Trump.
En una reciente videoconferencia con periodistas, previa a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas el 5 de junio de 2025, el embajador norteamericano ante la Alianza Atlántica, Matthew Whitaker ha dejado claro lo que
significa esta propuesta, el incremento al 5% 'no es una sugerencia, sino un punto de partida'.
La presión para que ese incremento se produzca proviene, también, del interior de Europa. En una reciente reunión celebrada en Vilna y que ha reunido a los jefes de estado y de gobierno de: Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega, se anuncia en la declaración tras la cumbre que: 'Estamos avanzando para alcanzar al menos el 5% del PIB en inversiones en defensa y relacionadas con
la defensa para hacer frente a las amenazas y desafíos de la seguridad. Hacemos un llamamiento a todos los aliados para que inviertan más urgentemente, de forma individual y colectiva, a fin de garantizar planes dotados de todos los recursos y
capacidades creíbles para prepararse, disuadir y defender'.
De hecho, dieciséis países de la Unión Europea ya han solicitado a la Comisión que se active el mecanismo que permite gastar hasta el 1,5% de su PIB en Defensa durante los próximos cuatro años, sin que eso afecte al cómputo de su déficit
público o su deuda.
Por un lado, tal y como precisa el Informe publicado el pasado mes de mayo por el SIPRI, el aumento del gasto de defensa por parte de los países europeos 'no se traducirá necesariamente en un aumento significativo de las capacidades
militares o en una independencia respecto a Estados Unidos.' Se trata de relaciones mucho más complejas que, implican, por ejemplo, a la industria militar europea, sus capacidades de coordinación y su independencia funcional. Si nada cambiara, el
incremento del gasto militar redundaría en un incremento espectacular de la cifra de negocio de la industria militar estadounidense.
De hecho, Estados Unidos representó el 64% de las importaciones de armas de los estados europeos de la OTAN entre 2020 y 2024, es decir 12 puntos más que entre 2015 y 2019 (que fue el 52%).
Por otra parte, en 2024, el gasto militar mundial aumentó un 9,4%, hasta alcanzar los 2,718 billones de dólares, lo que supone el mayor incremento anual desde, al menos, el final de la Guerra Fría. En Europa, el gasto en defensa casi se ha
duplicado desde 2015, con un aumento del 83%, mientras que 18 países de la OTAN alcanzaron el objetivo del 2% del PIB el año pasado.
La UE no ha dejado de incrementar su gasto militar de una manera espectacular. Según datos de la Agencia Europea de Defensa, entre 2021 y 2024, el gasto total en defensa de los Estados miembros de la UE aumentó más de un 30 %. En 2024
alcanzó unos 326.000 millones de euros, alrededor del 1,9 % del PIB de la UE. Sin necesidad de compromisos adicionales, se espera que el gasto vuelva a aumentar en más de 100 mil millones de euros en términos reales de aquí a 2027.
Ocurre otro tanto con el capítulo de inversiones. En 2023, las inversiones en defensa crecieron a un ritmo excepcional. En comparación con el año anterior, aumentaron un 17 % hasta alcanzar el máximo histórico de 72.000 millones de euros,
lo que constituye el 26 % del gasto combinado en defensa de los Estados miembros. Por lo tanto, los Estados miembros están muy por encima del valor de referencia colectivo acordado del 20 %.
Los datos indican que, en 2024, las inversiones en defensa llegaron a los 102.000 millones de euros, lo que representa más del 30 % del gasto total en defensa.
Otro tanto ocurre con la adquisición de material de defensa o la investigación y desarrollo en el ámbito de la defensa. En 2023, más del 80 % de las inversiones en esta rama, unos 61.000 millones de euros, se destinaron a la adquisición de
nuevos productos de defensa.
La tendencia al alza se confirmó en 2024, cuando el gasto en adquisición de material de defensa superó los 90.000 millones de euros, lo que corresponde al 88,2 % de la inversión en defensa y a un aumento interanual de más del 50%
El gasto total en investigación y desarrollo en el ámbito de la defensa, que incluye todos los pagos hasta el momento en que se inicia el gasto en producción de artículos, alcanzó los 11 000 millones de euros en 2023 (un 6 % más que en 2022)
y los 13 000 millones de euros en 2024.
La propuesta de un incremento sustancial del gasto militar hasta llegar al 5% del PIB significaría que los miembros de los estados de la UE, que pertenecen también a la OTAN, tendrían que gastar 544 mil millones de euros más al año.
En un contexto presupuestario precario y volátil los países que deberían realizar un mayor esfuerzo serían: Alemania, Italia, España y Francia.
Conviene recordar que Estados Unidos dedica el 3,4% de su PIB a defensa, mientras que los potenciales adversarios en términos geopolíticos, Rusia y China, gastaron en 2024, respectivamente, 140.000 millones de euros y 281.313 millones de
euros.
De los datos se deducen al menos tres cosas: en primer lugar, el gasto militar ha alcanzado cifras récord a nivel global y particularmente en Europa sin que ese incremento haya redundado en una mayor seguridad. El mundo no es hoy más
estable ni predecible y las razones de la inseguridad no tienen que ver con un gasto militar, supuestamente, limitado. En segundo lugar, los países de la OTAN y los países de la UE miembros de esta alianza militar, han destinado ingentes recursos a
la importación de material militar proveniente de Estados Unidos sin que ese hecho haya sido tenido en consideración por parte de la administración Trump. En tercer lugar, los países de la OTAN gastan más
recursos de una manera significativa que sus potenciales adversarios estratégicos. Hasta ahora, no hemos conocido una propuesta que justifique en términos militares, de defensa y de seguridad, el incremento propuesto al 5% del PIB.
Por último, la reciente administración Trump ha dejado claro por activa y pasiva que la actual UE es considerada un enemigo potencial más que un aliado. Sus llamamientos reiterados a cambiar el proyecto UE, sus amenazas y nuevas tasas en
términos arancelarios o sus advertencias sobre los límites que la administración Trump está dispuesta a aceptar en la gestión de la diversidad política en el seno de la UE, así lo muestran.
En el conocido discurso del vicepresidente de EE.UU. J.D. Vanee en Múnich el pasado febrero, afirmó que los 'valores comunes' que Estados Unidos y Europa decían compartir están siendo pisoteados por los propios europeos. El discurso fue
considerado como un llamamiento al cambio de régimen destinado a la vasallización definitiva de Europa.
La pregunta en este contexto es inevitable: ¿Qué justifica exactamente esta propuesta de incremento espectacular del gasto militar? ¿Cuál es el pilar defensivo en el que esa ingente cantidad de recursos se está invirtiendo y en beneficio
de qué estrategia?
Resulta evidente que el punto número 2 de la Declaración de la Cumbre de Madrid de la OTAN en 2022 está muy lejos de cumplirse: 'Estamos unidos en nuestro compromiso con la democracia, la libertad individual, los derechos humanos y el
estado de derecho. Nos adherimos al derecho internacional y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Estamos comprometidos con la defensa del orden internacional basado en normas'.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Reforzar en el ámbito de la Unión Europea, la autonomía estratégica de la Unión. Lo que significa: reorientar las actuales inversiones en defensa y seguridad hacia inversiones en seguridad humana a cargo de la industria europea y
coordinar las capacidades militares de la Unión en los ámbitos de la defensa, pero también en el ámbito de la seguridad, entre otras medidas.
2. Ser parte proactiva en la reformulación del concepto de seguridad a nivel global. Lo que implica incorporar cuestiones como: el gasto social; las políticas públicas que promueven la igualdad y la inclusión; la mejora en los servicios
públicos (como educación, sanidad y servicios básicos) directamente concernidos por las amenazas no definidas o híbridas, cómo nos enseñó la pandemia de coronavirus del año 2020.
3. Rechazar el incremento del gasto militar según la propuesta impulsada por la Administración Trump y defender que el actual gasto militar es suficiente para atender a las necesidades militares y de seguridad europeas.
4. Contribuir a una redefinición de las necesidades geopolíticas de la Unión Europea al margen de la OTAN y que promueva una participación más activa y autónoma de la UE en la arena internacional, cuyo epicentro deben ser los derechos
humanos y la defensa del multilateralismo.
5. Impulsar un compromiso decidido de la UE en defensa del Sistema de seguridad de Naciones Unidas previsto en la Carta de Naciones Unidas. Apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y su financiación suficiente; apoyar la Nueva
Agenda de Paz que está impulsando el secretario general de Naciones Unidas y la Reforma del Consejo de Seguridad. Este compromiso y defensa de Naciones Unidas será una garantía de paz multilateral frente a la voluntad de las potencias militares y
su polarización en forma de guerra fría global y regional.
6. Instar al Gobierno a renegociar los Acuerdos de defensa bilaterales con Estados Unidos de manera que se garanticen los compromisos adquiridos por parte de España como país firmante del Tratado de no Proliferación Nuclear y nuestra
adhesión al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.
7. Establecer planes de contingencia para una salida de la OTAN, vista la incapacidad de esta Alianza para ser un instrumento de paz y contención militar y las consecuencias negativas de mantener la pertenencia a esta estructura militar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Agustín Santos Maraver, Teslem Andala Ubbi, Gerardo Pisarello Prados y Júlia Boada Danés, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR.
161/002258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al compromiso de España con la paz, los derechos humanos y el desarrollo
sostenible en Afganistán, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Afganistán se encuentra sumido en una profunda crisis multidimensional tras la retirada de las fuerzas internacionales en 2021 y el regreso al poder del régimen talibán. El país, enfrenta una situación extremadamente compleja: colapso
económico, inseguridad alimentaria, aislamiento diplomático y, especialmente, un retroceso grave e injustificable en el respeto de los derechos humanos, en particular los de las mujeres, niñas y colectivos vulnerables.
La comunidad internacional, y especialmente los Estados comprometidos con la promoción de la paz, la justicia global y la dignidad humana, no pueden permanecer indiferentes ante esta situación.
A pesar del caos político e institucional, Afganistán también representa una oportunidad: la de redefinir las relaciones internacionales sobre la base del respeto a la soberanía de los pueblos, pero también sobre la exigencia universal de
cumplimiento de los derechos fundamentales, la lucha contra la desigualdad y la promoción del desarrollo humano sostenible.
Afganistán posee además una relevancia geoestratégica y económica clave en Asia Central. Sus vastos recursos naturales, entre ellos litio, cobre y otros minerales críticos, podrían desempeñar un papel importante en la transición energética
global. Pero su explotación sin garantías democráticas, sin sostenibilidad ambiental ni redistribución justa de los beneficios, sólo perpetuaría la pobreza y las dinámicas de conflicto que han operado hasta la fecha.
España, como miembro de la comunidad internacional comprometida con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, con una política exterior basada en el respeto a los derechos humanos, la paz, la justicia, la solidaridad,
la cooperación al desarrollo y el fortalecimiento del multilateralismo debe asumir un papel activo en la articulación de respuestas solidarias, prósperas, responsables y sostenibles a la situación afgana, especialmente en la protección de los
derechos de las mujeres y niñas afganas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Intensificar los esfuerzos diplomáticos en el marco multilateral, particularmente en Naciones Unidas, la Unión Europea y otros foros internacionales, para continuar promoviendo iniciativas orientadas a la protección de los derechos
humanos en Afganistán,
con especial atención a las mujeres, niñas, periodistas, defensores de derechos y minorías étnicas y religiosas.
2. Incorporar la perspectiva de género como eje transversal de toda acción exterior relacionada con Afganistán, y dar apoyo prioritario a proyectos liderados por mujeres afganas, tanto dentro como fuera del país, para promover su autonomía,
participación política y empoderamiento social y económico.
3. Favorecer la creación de mecanismos internacionales de rendición de cuentas para documentar y sancionar las violaciones de derechos humanos en Afganistán.
4. Establecer o reforzar vías legales y seguras para personas afganas en situación de riesgo, especialmente mujeres defensoras de derechos, periodistas y personas perseguidas por razones de género o ideológicas. Asimismo, ampliar el apoyo
de la integración y acompañamiento a la diáspora afgana en España.
5. Colaborar con instituciones educativas, universidades y centros de investigación para fomentar el acceso a becas y programas académicos para la juventud afgana, especialmente mujeres, como herramienta de empoderamiento y formación para
futuras generaciones de líderes. Continuar manteniendo el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto afgano en el ámbito de la homologación de títulos extranjeros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Sergio Gutiérrez Prieto y María Isabel Moreno Fernández, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad
mediante la elaboración de un III Plan de Acción Nacional (PAN), para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Este año se conmemora el 25.º aniversario de la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, así como el 30.º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
Ambos hitos históricos consolidan el reconocimiento internacional del papel esencial de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, la consolidación de la paz y la reconstrucción postconflicto.
La Resolución 1325 de 2000 supuso un cambio de paradigma al situar, por un lado, a las mujeres como agentes activas en los procesos de paz, subrayando su participación significativa y en condiciones de igualdad como factor determinante para
lograr una paz duradera y por otro, proteger sus derechos en contextos de conflictos. En este marco, el Consejo de Seguridad exhortó a los Estados a elaborar Planes Nacionales de Acción para dar cumplimiento a la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.
Además, en los años siguientes, amplió este marco con diez resoluciones adicionales, cinco enfocadas en la participación activa de las mujeres en la consolidación de la paz y cinco destinadas a prevenir la violencia sexual en conflictos.
Durante su presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2015, España impulsó la adopción de la Resolución 2242, que refuerza el vínculo entre género, paz y seguridad, e incorpora medidas para mejorar la financiación, liderazgo
y participación efectiva de las mujeres en la resolución de conflictos. En este contexto, España lideró
también la creación del Grupo Informal de Expertos sobre Mujeres, Paz y Seguridad, cuya consolidación derivó en la formalización de la Red Global de Puntos Focales sobre Mujeres, Paz y Seguridad, una plataforma integrada por más de 90
Estados Miembros, organizaciones regionales y agencias del sistema de Naciones Unidas, que promueve el intercambio de buenas prácticas, coordinación política y la implementación efectiva de la agenda 1325 en todo el mundo.
En línea con estos compromisos, resulta fundamental que el Gobierno elabore un III Plan de Acción Nacional, que refuerce la coordinación interministerial, institucionalice la agenda y garantice la participación de la sociedad civil
especializada, en particular las organizaciones de mujeres constructoras de la paz, defensoras de los derechos humanos y redes feministas españolas y de los países considerados prioritarios por España para la promoción de la paz y la seguridad y la
cooperación internacional para el desarrollo.
En un contexto internacional marcado por nuevos desafíos geopolíticos, como el resurgimiento de conflictos armados interestatales, el aumento de las tensiones globales, el auge del extremismo violento, la proliferación de amenazas híbridas y
el debilitamiento del orden multilateral, se hace imprescindible fortalecer las capacidades nacionales en materia de seguridad. España además ha reafirmado su compromiso con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en inversión en seguridad y defensa,
en línea con sus obligaciones en el marco de la OTAN y con la convicción de que una paz duradera sólo puede garantizarse si se sostiene sobre pilares sólidos de seguridad inclusiva y sostenible.
La elaboración de un nuevo PAN debe responder a la necesidad urgente de consolidar una infraestructura robusta para garantizar la paz, la igualdad y los derechos de las mujeres, niñas y jóvenes en contextos de conflicto, posconflicto y
fragilidad. Asimismo, debe abordar de forma decidida amenazas transversales como la violencia sexual y de género, el fundamentalismo, el cambio climático, los desplazamientos forzados y las violencias facilitadas por tecnologías digitales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un III Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que actualice los compromisos del Estado en la materia, incorpore las lecciones aprendidas de los planes anteriores, refuerce la coordinación institucional, y
garantice la participación activa de la sociedad civil especializada, especialmente organizaciones de mujeres y redes feministas.
2. Reforzar la formación y capacitación del personal de la administración pública en materia de igualdad de género y en el enfoque de Mujeres, Paz y Seguridad, con el objetivo de implementar eficazmente la agenda de manera transversal en
todas las políticas públicas.
3. Promover la plena aplicación de la Resolución 1325 de la ONU y sus resoluciones posteriores, en especial, la Resolución 2242 impulsada por España como herramienta clave para la cooperación internacional y el intercambio de buenas
prácticas en la implementación de la agenda.
4. Reforzar la diplomacia feminista y la cooperación internacional con enfoque de género, incluyendo acciones específicas frente a amenazas transnacionales que afectan de manera diferencial a mujeres y niñas, como el cambio climático, el
extremismo violento o las violencias facilitadas por tecnologías digitales.
5. Fomentar la investigación, el análisis y la generación de datos desagregados por sexo, edad y otros factores interseccionales que permitan diseñar políticas públicas eficaces y basadas en evidencia en el marco de la agenda Mujeres, Paz y
Seguridad.
6. Seguir apoyando técnica y financieramente a organizaciones de mujeres y redes locales en países afectados por conflictos, reconociendo su papel clave en la prevención de la violencia, la mediación y la consolidación de la paz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Sergio Gutiérrez Prieto y María Isabel Moreno Fernández, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al compromiso de España con la XXX Cumbre Iberoamericana, para su debate
en la Comisión Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
España albergará en breve la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. La XXX Cumbre debe suponer, un nuevo punto de inflexión en el proceso de las Cumbres Iberoamericanas. Representa de nuevo, una gran
oportunidad para impulsar la articulación del denominado y anhelado espacio iberoamericano, entendiendo esta relación como bidireccional y que necesita una continua actualización estratégica, facilitada por la celebración de estas Cumbres.
España, comprometida desde sus inicios con el impulso y la consolidación del espacio iberoamericano, continúa manteniendo por responsabilidad histórica sus compromisos con la construcción de la identidad iberoamericana y el fortalecimiento
de ambas regiones. Y lo hace ratificando la totalidad del acervo iberoamericano integrado por los valores, principios, acuerdos y declaraciones que se han aprobado en las anteriores Cumbres. Éstos se sustentan en la plena vigencia y en el
compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en nuestra adhesión al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario, la profundización de la democracia, el desarrollo, la promoción y
protección universal de los derechos humanos, el fortalecimiento del multilateralismo y de las relaciones de cooperación entre todos los pueblos y naciones, y el rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho
Internacional.
Tras la Cumbre fundacional de Guadalajara se inició un proceso de concertación basado en el objetivo central de concertar la voluntad política de nuestros gobiernos para propiciarlas soluciones que esos desafíos reclaman y convertir el
conjunto de afinidades históricas y culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad.
Fue el comienzo de un proceso de concertación, bajo el marco del acervo iberoamericano, que ha consolidado plataformas activas para el dialogo de políticas y cooperación avanzada en y entre ambas regiones, y que se han mantenido como un foro
de conversación y negociación, y todo ello, a pesar de las transformaciones y los nuevos y viejos desafíos geopolíticos a los que se han enfrentado. Las Cumbres han recogido la realidad de todos los países y ha apoyado los procesos de integración
regional y subregional, en distintos espacios, ámbitos y acciones, dando así respuesta a las necesidades y demandas planteadas.
En línea con estos compromisos, resulta fundamental preparar adecuadamente la XXX Cumbre Iberoamericana, por ello, se van a desarrollar las correspondientes reuniones sectoriales iberoamericanas, es decir, todos los sectores de las
administraciones de ambas regiones compartirán los proyectos e iniciativas que consideren oportunos para
dar contenido y mayor profundidad y desarrollo a esa cooperación iberoamericana. Sin olvidar el tejido civil iberoamericano. En el ámbito civil y no gubernamental otras iniciativas, como las de las distintas, numerosas y variadas redes y
entidades de la sociedad civil, periodistas, cámaras de comercio, fundaciones, academias diplomáticas coadyuvarán, sin lugar a duda, al fortalecimiento de nuestro amplio y plural espacio iberoamericano, constituyendo también un factor de cohesión
del mismo.
De la agenda en torno a la XXX Cumbre y de las principales prioridades que deberán ponerse en marcha en torno al diálogo social y económico, que permita luchar contra la desigualdad, la exclusión y la pobreza; al diálogo cultural y
educativo; a la colaboración en torno a la crisis de inseguridad abordada a través de la cooperación judicial, fortaleciendo igualmente la cooperación jurídica internacional combatiendo así la delincuencia, asimismo, apostando de manera conjunta en
la necesaria cooperación en aspectos de seguridad digital; sin olvidar, los modelos de desarrollo y su financiación, promoviendo la transición energética, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. En resumen, se desprende la opción
decidida de avanzar claramente en una política activa de carácter interregional que, consolide los objetivos y métodos que articularán el programa de trabajo de las Cumbres Iberoamericanas durante los próximos años.
De ahí que nuestro país, oriente básicamente sus actuaciones de cara a la XXX Cumbre, a la búsqueda de acuerdos políticos que propicien un mejor posicionamiento de las regiones en el nuevo contexto internacional. La nueva agenda
iberoamericana deberá impulsar y concretar en diferentes ámbitos, mediante un calendario programado y ajustado, a desarrollar en estos próximos meses, las prioridades antes mencionadas.
2025 está siendo un año marcado por la revisión de procesos cruciales para el mundo que, a su vez, determinarán el alcance político de la contribución de la comunidad internacional al gobierno mundial y su compromiso con la agenda social:
el 80 Aniversario de la Asamblea de Naciones Unidas y la posterior revisión de los Objetivos de la Agenda 2030 serán un hito fundamental en dicho proceso. Además, desde este momento hasta la celebración de la XXX Cumbre nueve países iberoamericanos
celebrarán elecciones de diferente tipo. En este contexto, España tiene una ocasión más para demostrar que sigue manteniendo una mirada renovada, con alternativas y de enlace entre las regiones iberoamericana y europea.
España, debe continuar desempeñando un papel central en la región iberoamericana, y seguir involucrada en estos retos, ejerciendo un papel de liderazgo y compromiso de nuestra política exterior y de cooperación en la que Iberoamérica es un
área regional estratégica. De ahí que su compromiso político común tenga como objetivo compartir, dentro del respeto mutuo, los valores y principios de la democracia, de los derechos humanos y la participación política, ello compaginado con la idea
del respeto, porque no se trata de imponer modelos, sino de compartir principios fundamentales, reafirmando su compromiso iberoamericano.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados con el objetivo de impulsar la XXX Cumbre Iberoamericana insta al Gobierno a:
1. Continuar impulsando la celebración de las cumbres iberoamericanas como una herramienta indispensable para el diálogo y la concertación, así como de la cooperación y solidaridad, que expresen y consoliden este espacio en el cambiante
escenario internacional.
2. Apoyar la dimensión parlamentaria de la comunidad iberoamericana, promoviendo que su ciudadanía se sienta representada y sea partícipe en cada país.
3. Seguir incorporando la perspectiva de género como herramienta transversal para alcanzar la equidad entre mujeres y hombres, que garantice una mayor cohesión social en la prioridad de la lucha contra el hambre y la pobreza extrema.
4. Contribuir al diseño de estrategias eficaces y coherentes a favor de la movilización de esfuerzos comunes que permitan atajar futuras crisis, que afectan de manera diferente a los países de ambas regiones.
5. Recalcar el valor institucional de la XXX Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno Iberoamericanos como centro de orientación y decisión de los objetivos y estrategias comunes que adoptarán las medidas de reforma necesarias y
aportarán liderazgo y visión innovadora para la solución de los problemas y satisfacción de las demandas de la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2025.-Sergio Gutiérrez Prieto y María Isabel Moreno Fernández, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el deterioro de la independencia
judicial en México tras la reciente reforma del Poder Judicial, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 1 de junio se celebraron las primeras Elecciones del Poder Judicial en México, en donde miles de mexicanos votaron por elección popular a los candidatos a los 881 cargos de ministros, jueces y magistrados que conforman el sistema judicial
mexicano.
Estas elecciones son consecuencia directa de una profunda reforma judicial impulsada en 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicha reforma, presentada en los últimos meses de su mandato, establece que la totalidad de
los jueces y magistrados federales y estatales, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sean elegidos por sufragio directo. Además, la reforma suprime los tradicionales consejos de la judicatura, sustituyéndolos por un nuevo
Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial.
El expresidente justificó la reforma alegando la necesidad de democratizar la judicatura y erradicar la corrupción. Sin embargo, la iniciativa se tramitó en un contexto marcado por ataques sistemáticos a jueces y magistrados cuyas
resoluciones contrariaban los intereses del gobierno.
Diversas voces nacionales e internacionales han alertado sobre el grave impacto de esta reforma sobre la independencia judicial. Los estándares internacionales, tanto del sistema interamericano como de Naciones Unidas, establecen que los
procesos de selección de jueces deben ser objetivos, transparentes y garantizar el acceso de candidatos íntegros y cualificados, alejados de injerencias políticas.
El nuevo modelo electoral en México pone en serio riesgo la imparcialidad del Poder Judicial, al politizar tanto los procesos de nominación como el ejercicio de los jueces, quienes podrían verse presionados por quienes los propusieron o
temer represalias del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Además, esta reforma se inscribe en un preocupante contexto regional. América Latina ha experimentado en los últimos años un resurgir de prácticas autoritarias disfrazadas de legalidad, que buscan minar los contrapesos democráticos a través
de reformas constitucionales abusivas. La experiencia mexicana, ya citada como referencia por líderes como el presidente colombiano Gustavo Petra, podría inaugurar un efecto dominó en la región.
El precedente de Bolivia muestra cómo la elección popular de jueces deriva en la politización y el debilitamiento del sistema judicial. Lejos de democratizar la justicia, estas reformas consolidan el control político sobre un poder que, por
su naturaleza contramayoritaria, debe actuar como garante de los derechos fundamentales y del Estado de derecho.
El caso de México es especialmente preocupante porque, hasta ahora, su judicatura había sido un referente regional en materia de protección de derechos humanos entre otros. Sin un sistema judicial verdaderamente independiente, estos avances
pueden verse fácilmente revertidos por futuras mayorías circunstanciales, sean del signo ideológico que sean.
Además, España y México comparten profundos lazos históricos, culturales y humanos, y son parte activa de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Precisamente por la cercanía entre nuestros pueblos y el compromiso común con los valores
democráticos, España no puede permanecer ajena ni omisa ante un proceso que pone en grave riesgo la independencia judicial y el Estado de Derecho en un país hermano como México.
La Política Exterior de España se inspira en principios como el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y promueve el respeto y desarrollo del derecho internacional y de los
principios de la Carta de las Naciones Unidas. En coherencia con estos principios rectores, España debe alzar la voz frente a cualquier intento de erosión de los contrapesos democráticos y de debilitamiento institucional, y abogar por el
fortalecimiento de la independencia judicial como pilar esencial de toda democracia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar su compromiso con los estándares internacionales que garantizan la independencia judicial y el Estado de derecho.
2. Rechazar la reforma judicial aprobada en México en 2024 por su impacto negativo sobre la independencia del Poder Judicial y los contrapesos democráticos en dicho país.
3. Promover el rechazo total a este tipo de intervencionismo en la independencia judicial de cualquier Estado en todos los foros internacionales en los que España participe.
4. Instar a los organismos regionales e internacionales a seguir de cerca la evolución de la situación en México.
5. Manifestar su solidaridad con todos aquellos jueces y magistrados mexicanos que siguen defendiendo con valentía la independencia del Poder Judicial frente a las presiones políticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Belén Hoyo Juliá, Carlos Rojas García, Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, César Sánchez Pérez, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez,Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado y Antonio Román Jasanada, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fortalecimiento de las
instituciones democráticas en Honduras y la protección de los derechos humanos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La situación de los derechos humanos en Honduras constituye, hoy en día, una seria preocupación para la comunidad internacional y, en particular, para España como socio estratégico y país con profundos vínculos históricos y culturales con
esta nación centroamericana. El último informe publicado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aprobado en marzo de 2024, ofrece un diagnóstico alarmante que no puede ser ignorado: Honduras sigue inmersa en graves
desafíos estructurales que afectan a su institucionalidad democrática y al respeto de los derechos fundamentales.
El informe de la CIDH subraya que la tasa de impunidad en homicidios alcanza un 87%, y se eleva hasta el 95% en los asesinatos de mujeres, personas defensoras de derechos humanos y colectivos LGBTI. Esta dramática realidad revela un sistema
judicial que se muestra incapaz de garantizar justicia y protección a las víctimas y, por ende, fomenta un clima de inseguridad y desconfianza institucional. La persistencia de la impunidad, además de vulnerar los derechos de las víctimas y sus
familias, socava las bases mismas del Estado de derecho y la legitimidad democrática.
De igual modo, preocupa de manera especial la continuidad del estado de excepción que, lejos de ser una herramienta temporal, se ha prorrogado de forma ininterrumpida y afecta ya a más de la mitad de los municipios del país. Esta situación
habilita a las fuerzas policiales y militares a realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial y a ejercer funciones que, según los estándares internacionales, corresponden a autoridades civiles. Esta militarización de la seguridad pública
y del sistema penitenciario, denunciada reiteradamente por la CIDH, constituye una seria amenaza para las libertades fundamentales y el normal desarrollo de los procesos democráticos.
En materia socioeconómica, el informe de la CIDH destaca que el 73% de la población hondureña vive en situación de pobreza y el 54% en pobreza extrema, con especial incidencia en las mujeres, las comunidades afrodescendientes, indígenas y
garífunas. A ello se suma la problemática de la tierra, con cerca del 80% de las propiedades privadas que carecen de títulos adecuados, provocando un escenario que perpetúa los conflictos agrarios y las desigualdades históricas a través de la
exclusión y marginación de las personas más desfavorecidas, lo cual supone un grave obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y para la estabilidad democrática del país.
Especial atención merece la situación de la libertad de prensa y de expresión, que enfrenta constantes amenazas, asesinatos de periodistas y campañas de desprestigio que limitan gravemente el derecho de la ciudadanía a la información y al
debate público. Este hostigamiento a la prensa libre merma la capacidad de la sociedad civil para fiscalizar al poder y debilita la transparencia y la rendición de cuentas, principios fundamentales para el correcto desarrollo del proceso electoral.
Asimismo, el informe de la CIDH alerta sobre la injerencia de otros poderes del Estado en la administración de justicia y en la designación de las autoridades electorales y judiciales, algo que agrava la percepción de falta de independencia
e imparcialidad en las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la transparencia del proceso electoral. Este contexto alimenta la desconfianza ciudadana y amenaza con erosionar aún más la legitimidad de las elecciones previstas para
noviembre de 2025.
En este escenario, el llamamiento realizado por parte del candidato presidencial Tito Asfura, alertando del riesgo de que el Gobierno de Xiomara Castro no respete la voluntad popular y de que el proceso electoral se vea seriamente
comprometido, ponen de manifiesto la necesidad de que la comunidad internacional actúe con determinación y responsabilidad.
España, como socio histórico de Honduras y país comprometido con la democracia, los derechos humanos y la estabilidad en la región, no puede permanecer impasible ante este deterioro institucional y democrático y, por ello, debe asumir un
papel institucional de liderazgo firme y constructivo en la defensa de los valores democráticos y en la exigencia de que las elecciones de noviembre sean libres, limpias y seguras, respetando escrupulosamente la voluntad popular y garantizando un
proceso transparente y legítimo.
Además, España debe fortalecer sus programas de cooperación internacional, ofreciendo asistencia técnica a las instituciones hondureñas para la organización electoral y la capacitación de funcionarios, así como apoyo a la sociedad civil, a
los defensores de derechos humanos y a los periodistas para que puedan ejercer sus funciones con seguridad y libertad. En este sentido, es fundamental que se impulsen iniciativas en los foros multilaterales, con el objetivo de garantizar el respeto
a los estándares internacionales de derechos humanos y la protección de la democracia en Honduras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reiterar, de forma pública y firme, su compromiso con la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Honduras, manifestando su preocupación por las denuncias de la CIDH sobre la persistencia de altos niveles de
impunidad, violencia y restricciones a la libertad de expresión que menoscaban el ejercicio de los derechos cívicos y políticos de la población.
2. Instar al Gobierno de Honduras a garantizar la celebración de elecciones generales en noviembre de 2025 libres, limpias y con plenas garantías de transparencia, imparcialidad y seguridad, para que la voluntad popular pueda expresarse sin
coacciones ni interferencias.
3. Ofrecer asistencia técnica y cooperación electoral a las autoridades hondureñas competentes, a través de programas de fortalecimiento institucional, capacitación de funcionarios y observación electoral, en coordinación con organismos
internacionales y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de reforzar la credibilidad del proceso electoral.
4. Promover la cooperación bilateral y multilateral, para el seguimiento de la situación democrática en Honduras y el apoyo a la implementación de las recomendaciones de la CIDH relativas a la protección de derechos humanos y al
fortalecimiento del Estado de derecho.
5. Impulsar medidas de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil hondureña y a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y observadores electorales, promoviendo su protección efectiva frente a amenazas, campañas de
desprestigio y violencia, especialmente en el actual contexto preelectoral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Belén Hoyo Juliá, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Carlos Javier Floriano Corrales, Manuel García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez
Pérez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desastre humanitario que se está viviendo en la Franja de Gaza, para su
debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Es insoportable. ¿Cómo alguien puede tolerar este horror?
Es intolerable para cualquier ser humano normal. Decenas de niños que se están muriendo de hambruna, las imágenes de las madres acunando sus cuerpos inertes acariciándoles el cabello, hablándoles, pidiéndoles perdón. Las llamas y el hambre
consumen a los niños palestinos y por eso estamos tan indignados.
Es una guerra de la civilización contra la barbarie. Tenemos que preguntar, ¿es civilizado bombardear indiscriminadamente, cometer masacres cotidianas, matar a familias enteras, destruir todo lo necesario para la vida y la supervivencia de
más de dos millones de personas? [...] ¿Es civilizado bloquear ayuda para matar de hambre a un pueblo? Si esto es la civilización, entonces, ¿qué es la barbarie?
Amamos a nuestros hijos y amamos a nuestro pueblo y no queremos que tengan que pasar por esta tragedia y por estos ataques salvajes.
Intervención del embajador palestino Riyad Mansour, ante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
Estas declaraciones expresan con dureza la realidad de los gazatíes, especialmente en los últimos meses, tras la ruptura del alto el fuego por Israel el pasado 18 de marzo. Desde esa fecha, las fuerzas israelíes han intensificado los
bombardeos aéreos, terrestres y marítimos en la Franja de Gaza y han ampliado las operaciones terrestres como parte del inicio de una nueva operación militar, denominada 'Carros de Gedeón'. Desde entonces han muerto más de 3200 gazatíes, 1.300
niños y niñas, y más de 4.000 han resultado heridos sumándose a los miles de heridos que sufrirán lesiones con secuelas de por vida.
Según el Ministerio de Salud en Gaza. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 28 de mayo de 2025, al menos 54.084 palestinos, incluidos 16.854 niños (31,3 por ciento) murieron y 123.308 resultaron heridos. Hay que destacar los 931 niños menores
de un año, 356 de estos niños nacieron y murieron desde octubre de 2023. Sin olvidar, que estos últimos datos no recogen las cifras de la zona norte de Gaza, inaccesible hoy en día.
La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA), señala que desde la ruptura del alto el fuego por Israel, más de 632.000 personas están siendo continuamente desplazadas, empujando a la gente a enfrentar condiciones extremas,
conviviendo en un espacio cada vez más reducido, con un inmenso coste físico y psicológico. Actualmente, no hay lugares seguros adonde ir, aunque los gazatíes siguen buscando refugio en albergues improvisados y en campamentos de desplazados ya
superpoblados.
Esta situación está siendo especialmente devastadora para la infancia y adolescencia, que a todo lo anterior hay que añadir que su salud mental está destrozada, tras ver morir a seres queridos, perder su hogar, y su derecho a la educación,
que suponía tener esperanzas en un futuro mejor, pues en la escuela encontraban un lugar seguro y en paz, pero ahora también han perdido ese espacio de estabilidad.
Igual de devastadora para las mujeres, que a todo esto hay que añadir la desaparición de la salud sexual y reproductiva en Gaza. Tal y como indica el informe presentado el 28 de mayo, Día de la Higiene Menstrual, que incide en que casi
700.000 mujeres y niñas en edad de menstruar se enfrentan a una emergencia silenciosa de higiene menstrual, incrementando el riesgo de la salud, protección, dignidad y derechos humanos de estas mujeres y niñas.
La decisión de Israel de ordenar el desmantelamiento del último hospital del norte de Gaza y de obligar a huir a todo el personal sanitario, supone otro recorte en los recursos vitales para la población gazatí, incumpliendo una ocasión más
con los mínimos estándares humanitarios.
En resumen, esta ofensiva se ha traducido en miles de víctimas, la destrucción casi total de la ya diezmada infraestructura civil (escuelas, universidades, centros sanitarios, hospitales, carreteras, lugares de culto, vertederos, pozos de
agua, estaciones de bombeo de aguas residuales, plantas de desalineación, depósitos de agua, etc.), el continuo desplazamiento masivo de personas junto a restricciones de movimiento, que en muchos casos se significa la interrupción al acceso de
palestinos y palestinas a la atención médica, a la educación y a los medios de vida.
En la actualidad, el 81% de la Franja de Gaza se encuentra en zonas militarizadas por Israel o bajo órdenes de desalojo forzoso.
Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su último informe ha concluido que menos del 5% de la superficie de cultivo de la Franja de Gaza sigue estando disponible para el cultivo.
Empeorando así la evaluación del pasado 12 de abril, que concluyó que alrededor del 81% de la superficie total de cultivo había sido dañada, siendo la zona de Rafah y el norte de Gaza las regiones más afectadas. La evaluación indica que el 71% de
los invernaderos han sido dañados, así como cerca del 83% de los pozos de agua agrícolas. Lo que es vital para la recuperación de la zona, pues el sector agrícola representaba alrededor del 10% de la economía de Gaza antes de la escalada, con más
de medio millón de personas que dependía total o parcialmente de la producción agrícola, del pastoreo o la pesca para su sustento. La destrucción de la producción alimentaria local no se debe sólo a la pérdida de infraestructuras, sino al colapso
del sistema agroalimentario y de sus recursos vitales, lo que también supone una violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.
Además, las restricciones de Israel a la entrada y distribución de la ayuda humanitaria están dificultando aún más el que los civiles gazatíes reciban suministros básicos suficientes, de ahí que toda la población de la Franja de Gaza, cerca
de 2,1 millones de personas esté en riesgo de inseguridad alimentaria grave. Un millón sufre una situación de emergencia por falta de alimentos mientras que cerca de medio millón encara la hambruna, lo que supone riesgo de muerte inminente por no
recibir alimentos, lo que se lleva meses denunciando por parte de diferentes ONG y oficinas de Agencias Internacionales, que igualmente han denunciado el uso del hambre como arma de guerra, algo que, hasta la fecha, en la zona no tenía precedentes.
La magnitud de la crisis se vería minorada si tras más de 100 días de bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria y otros suministros a Gaza, incluyendo alimentos, medicamentos y combustibles, se permitiera la entrada de esta ayuda. Y
se hiciera facilitando el reparto y la recogida de ayuda de manera segura, asignando rutas adecuadas para el transporte evitando la desesperación de las multitudes y los saqueos debidos a las restricciones impuestas y que nos ha dejado imágenes esta
última semana, que debería avergonzarnos a todos.
Por otro lado, la ofensiva israelí, continúa ampliando sus medidas contra los palestinos y palestinas pretendiendo poner en marcha un nuevo sistema de distribución de la ayuda humanitaria, sistema que no se ajusta a los principios
humanitarios, pone en riesgo a las personas y no satisfará las necesidades ni la dignidad de las personas en Gaza. Esto en un momento en que la población de Gaza, la mitad de la cual son niños y niñas se enfrenta a una crisis de supervivencia y
cuando el reparto de la ayuda humanitaria lleva meses paralizada.
Además, el pasado jueves 29 de mayo, el gobierno israelí a través distintos miembros de su gabinete, como el ministro Bezalel Smotrich e Israel Katz, confirmó la aprobación de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania, medida ilegal según el
derecho internacional y que vulnera diferentes resoluciones de la ONU.
Esta medida continua buscar transformar la región y consolidar aún más la ocupación de Palestina por la vía de impedir la creación y continuidad del Estado Palestino. Igualmente, el reciente ataque perpetrado por las fuerzas armadas
israelíes contra una delegación diplomática de embajadores y representantes árabes y europeos durante una visita oficial al campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, es un grave incidente, que viola principios fundamentales del
derecho internacional y muestra el insostenible clima en la región.
Por último, no podemos olvidar los 452 trabajadores humanitarios asesinados desde el 7 de octubre, ni tampoco a los 166 periodistas y trabajadores de medios palestinos, ni los 1.400 trabajadores sanitarios, cuya labor se resume en lo que el
Dr. Abu Nujaila escribió poco antes de morir Hicimos lo que pudimos. Recordadnos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar todas las medidas necesarias tanto a nivel nacional, europeo como internacional para lograr el cese definitivo de la catástrofe masacre que está sufriendo el pueblo palestino.
2. Seguir promoviendo en los principales foros internacionales como así ha aprobado el Grupo de Madrid el establecimiento de la Resolución de la ONU del 29 de noviembre de 1947, por la que se reconoce los Estados de Israel y Palestina.
3. Continuar trabajando en la materialización de la solución biestatal, único modo de instaurar una paz y una seguridad duraderas para los israelíes y los palestinos y de garantizar la estabilidad de la región a largo plazo. El
establecimiento de un Estado Palestino independiente, viable y democrático, que viva en paz y seguridad junto a Israel y el resto de sus vecinos, llevará la paz a la región.
4. Respaldar la iniciativa del Gobierno de España sobre la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, garantizando el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto al respeto a los derechos humanos tal como indica el
artículo 2 del propio Acuerdo.
5. Reclamar el pleno respeto del derecho internacional y del derecho internacional humanitario y condenar cualquier acto de politización o militarización de la ayuda humanitaria. Exigir la acción inmediata de las autoridades israelíes a
adoptar las medidas necesarias para acelerar el fin del bloqueo humanitario que sufre la Franja de Gaza y permitir en cooperación con las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona el acceso sin restricciones a la
asistencia humanitaria esencial para la población palestina en Gaza.
6. Condenar la aprobación de asentamientos por parte del Gobierno de israelí, al socavar la viabilidad de la solución de los dos Estados, ser una amenaza para la paz y ser ilegales conforme al derecho internacional.
7. Rechazar la intensificación de la ofensiva militar en Cisjordania, incluidas las operaciones en los campos de refugiados, así como las demoliciones, la creciente violencia de los colonos y el desplazamiento forzoso de miles de palestinos
y palestinas, que constituyen violaciones del derecho internacional y el derecho internacional humanitario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2025.-Sergio Gutiérrez Prieto, María Isabel Moreno Fernández y Adriana Maldonado López, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Defensa
161/002228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Alberto Teófilo Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la adecuación salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas y la modificación del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de
servicio, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Adecuación salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Hoy en día, prestar servicio a España dentro de las Fuerzas Armadas suscita poca motivación para los españoles, especialmente en los más jóvenes. En este sentido, los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas ('CIS') son claros;
Según su estudio, 'La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas (XII)' 23, de septiembre de 2017, casi el 80% de los jóvenes ve poco o nada probable la posibilidad de hacerse soldado profesional 24. No obstante, entre los jóvenes que sí estarían
planteándose dicha posibilidad, más del 75% lo haría por vocación 25, y se lo plantearían como un compromiso a largo plazo 26.
En resumen, los datos arrojan varias conclusiones: En primer lugar, que nos encontramos ante una carrera profesional con un marcado carácter vocacional, y en segundo lugar, que dicha carrera es muy poco atractiva para los jóvenes.
En este sentido, los resultados de la encuesta del CIS se corroboran con los datos que ha presentado el último informe del Observatorio de la Vida Militar. En relación con el personal militar en servicio activo, a fecha 1 de enero de 2024,
totaliza 116.410 militares, lo que supone una disminución respecto del año anterior, que eran 116.961. (-551 militares) 27. Si comparamos esta cifra con la del año 2010, nuestras Fuerzas Armadas ('FAS') han perdido casi 14.000 efectivos. Así, en
apenas 13 años nuestras FAS han perdido más de un 10% de sus efectivos.
Esta disminución es particularmente alarmante en la Escala de Tropa y Marinería ('TyM'), que pasa de 86.112 militares en 2010, a 75.805 en 20246. Asimismo, el personal de TyM con el compromiso de larga duración sigue reduciéndose en favor
del militar en el compromiso inicial. Así, estamos ante la 'precarización' de las Fuerzas Armadas. He aquí una muestra evidente de que los jóvenes no se plantean servir en las FAS como futuro y medio de vida. De hecho, casi el 40% de los jóvenes
encuestados por el CIS manifestaron que tener un sueldo digno era el principal estímulo para hacerse soldados profesionales. Ante ello, los miembros de las FAS se encuentran con unas condiciones laborales y retributivas que llevan décadas sin
experimentar mejoras sustanciales y una reforma estructural que reconozca debidamente su sacrificio, disponibilidad permanente y los riesgos inherentes a su profesión.
Segundo. Aprobación del Real Decreto 248/2025, de 25 de marzo.
El Real Decreto 248/2025, de 25 de marzo, aprobado recientemente por el Gobierno, establece un incremento lineal de 200 euros en el componente general del complemento específico para todos los militares, con carácter retroactivo desde el 1
de enero de 2025. Aunque esta medida representa un avance positivo, resulta claramente insuficiente para resolver los problemas de fondo que afectan al colectivo militar, y que se han evidenciado con la reducción del personal en activo, su
creciente precarización y su consecuente pérdida de atractivo como opción profesional para nuestros jóvenes.
Asimismo, conviene destacar que esta medida olvida en reconocimiento de criterios como la formación, la experiencia y la responsabilidad que cada puesto conlleva.
Por tanto, esta nueva actuación por parte del Ejecutivo no es sino la prueba del poco interés que presenta este Gobierno en la cuestión de la Defensa. Así, este ínfimo incremento salarial se ha producido con la intención, entre otras, de
inflar el presupuesto de Defensa, con el fin de acercarnos al 2% del PIB en inversión en Defensa, límite que parece que ya ha quedado obsoleto ante la evolución del contexto geopolítico internacional. Por tanto, no existe una preocupación real en
el Gobierno por la situación de los miembros que componen nuestras Fuerzas Armadas, sino un mero ajuste contable que permita al
23 https://www.cis.es/documents/d/cis/es3188marpdf
24 Ibidem, pregunta 39.
25 Ibidem. pregunta 39 a.
26 Ibidem. pregunta 39 b.
27 Memoria informe año 2023, Observatorio de la Vida Militar, p.50.
Ejecutivo mostrar algún avance ante nuestros socios y aliados de la Alianza Atlántica en la cuestión presupuestaria.
Tercero. Conclusiones.
Ante la difícil situación que viven nuestros militares, es necesario que desde el Gobierno se pongan en marcha todas las medidas necesarias para subsanar esta situación.
La milicia no debe contemplarse como un trabajo más, o como un mero contrato por obra o servicio. Tampoco al militar hay que darle 'salidas' para justificar que se le obligue a abandonar las Fuerzas Armadas en un momento en el que puede y
desea continuar desempeñando su profesión. Al contrario, lo esencial es retener el talento de aquellos hombres y mujeres que tengan el lícito deseo de servir a su país en las Fuerzas Armadas, mantener su motivación y orientarles a aquellas tareas
más adecuadas a su edad, formación y experiencia. Y esto se consigue con mejores condiciones laborales sean retribuciones, instalaciones logísticas y mejora de las existentes, formación, ascensos, especialización, valoración del riesgo y aplicando
políticas de carácter social que faciliten los continuos traslados familiares (consecuencia de la disponibilidad permanente, y la movilidad geográfica), todo ello, inherente a la profesión militar y, de esta forma, solucionar también los problemas
que esta genera: escolarización, vivienda, etcétera.
Creemos que con el considerable aumento que va a experimentar el presupuesto de Defensa en los próximos años es el momento de afrontar, de una vez por todas, una reforma integral de las retribuciones y condiciones de vida de los militares y
sus familias que tenga en cuenta lo señalado en esta iniciativa, reivindicaciones que venimos reclamando recurrentemente para estos servidores de la Patria.
Por todo, urge implementar una serie de actuaciones que permitan a estos servidores públicos, que están dispuestos a realizar el mayor de los sacrificios por su Nación, afrontar las penalidades, el sacrificio, y la dedicación constante que
conlleva la vida militar con el entusiasmo propio de aquel que se sabe y se siente valorado y recompensado por sus compatriotas. Es hora de reconocer la labor que realizan los hombres y mujeres que componen nuestras Fuerzas Armadas, no sólo a
través de las declaraciones, sino también con los hechos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Acometer una reforma integral del sistema retributivo basado en criterios objetivos como la experiencia, la responsabilidad del puesto, la disponibilidad que se exige, la dedicación, el sacrificio y, por supuesto, el riesgo que conlleva
la profesión.
2. Modificar y actualizar el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio, al objeto de atender las especiales características de disponibilidad permanente y movilidad geográfica de carácter temporal de los
miembros de las Fuerzas Armadas, incrementándose las cuantías por alojamiento y manutención en todos los cuerpos y escalas y, en todo caso, cuando se trata de comisiones de servicio formando unidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2025.-Alberto Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la potenciación del deporte militar de alto nivel, para su debate en la
Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El Consejo Superior del Deporte Militar crea, en su día, por Real Decreto 61/2018, de 9 de febrero (BOE n.º 37 de 10 de febrero) como órgano colegiado interministerial de la Administración General del Estado, adscrito a la Subsecretaría de
Defensa y jerárquicamente dependiente del ministro/a de Defensa, que ejercerá las competencias del Departamento en los ámbitos de la educación física y el deporte.
Previamente, por Orden 601/1979, de 19 de enero, se había creado el Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas (CSEFDFAS). En la actualidad, el artículo 83.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, dispone que por el Ministerio de Defensa se fomentará la educación física y las prácticas deportivas, al ser elementos importantes en el mantenimiento de las condiciones psicofísicas de su personal.
Por su parte, en el artículo 40 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, se establece que el militar considerará la educación física y las prácticas deportivas como elementos
básicos en el mantenimiento de las condiciones psicofísicas necesarias para el ejercicio profesional y que, además, favorecen la solidaridad y la integración.
En la actualidad, el Consejo tiene entre sus funciones la de garantizar la dirección, desarrollo y continuidad de acción del Ministerio de Defensa en el ámbito de la educación física y el deporte. Del mismo dependen funcionalmente las
Secretarías de las Juntas Centrales de Educación Física y Deportes de los Ejércitos y la Armada.
Desde la creación del Consejo, y especialmente en los últimos años, un buen número de miembros de nuestra Fuerzas Armadas han alcanzado considerables éxitos en muy diversas prácticas deportivas, de modo que son considerados 'deportistas de
élite'.
En el ámbito del Ministerio de Defensa, y como señala la Orden PCI/1151/2019, de 26 de noviembre, 'sobre los militares deportistas de alto nivel, militares deportistas de alto rendimiento, y deportistas militares destacados', el deporte
militar de alto nivel contribuye al fomento de la preparación física en el seno de la Institución Militar, así como a potenciar la imagen del Ministerio de Defensa y de España en las competiciones deportivas oficiales en las que participen nuestros
militares.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su reconocimiento y apoyo a los deportistas militares e insta al Gobierno a continuar avanzando en el apoyo y potenciación del deporte militar de alto nivel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2025.-Víctor Javier Ruiz de Diego y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso- Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al sistema de financiación regional, para su discusión en la Comisión de Hacienda y Función
Pública.
Exposición de motivos
El 'cupo separatista' del Partido Socialista y los partidos separatistas ha sido la última entrega de un largo proceso de rendición en el que los sucesivos gobiernos nacionales de uno y otro color han ido erosionando la igualdad y la unidad
de los españoles. Dicho proceso comenzó con la implantación, y posterior desarrollo, del 'Estado de las Autonomías'.
A este respecto, se ha de señalar que la cesión de competencias al separatismo a cambio de su apoyo parlamentario no ha sido un fenómeno estrictamente actual, sino que se trata de una práctica plenamente normalizada del bipartidismo
representado por el Partido Popular y el Partido Socialista durante las últimas décadas y sobre la que se ha asentado el desarrollo y profundización del 'Estado Autonómico'. De esta manera, ambos partidos han sido los protagonistas de la progresiva
fragmentación económica, social e institucional de España debido a su ansia por gobernar a toda costa y sin tener en cuenta el bien común de los españoles.
Así, pues, hablar en la actualidad del 'Estado Autonómico' implica hablar de una España a dos velocidades en la que las regiones históricamente leales y el mundo rural han sido abandonados y en la que unas élites separatistas de las que
dependía el Gobierno nacional de turno para gobernar se han enriquecido.
Incapaces de poner remedio a la actual situación de desigualdad territorial existente, los mismos partidos que han empleado la financiación autonómica como herramienta para comprar los votos del separatismo durante décadas proponen ahora la
reforma del sistema de financiación. Es así como, guiados por un mero interés partidista alejado de una visión nacional de reparto justo entre regiones, los líderes populares y socialistas piden una y otra vez 'compensaciones', 'autonomía
presupuestaria' y reclaman la 'deuda histórica'.
No hablan, en cambio, de optimizar los recursos para mejorar el bienestar de los españoles ni de reducir el tamaño de las administraciones regionales, caracterizadas por sus estructuras elefantiásicas e ineficientes. Tampoco se atreven a
denunciar los privilegios económicos de las regiones de régimen foral fruto de unos malentendidos derechos históricos mantenidos de forma interesada.
Lo anterior evidencia, pues, que el debate sobre la financiación autonómica no deja de ser una discusión artificial entre quienes están de acuerdo en lo principal, que es profundizar en el sistema autonómico, y en la desigualdad, la división
y el despilfarro que provoca. Se trata de un debate que solamente responde a intereses partidistas y personales, no a una verdadera voluntad de que todas las regiones, comarcas y municipios de España accedan a una financiación justa que responda a
sus verdaderas necesidades, con perspectiva de unidad y de avanzar de manera unida como Nación.
España se encuentra en una situación límite y lo hemos visto en las lluvias torrenciales que azotaron distintas provincias de España con especial incidencia en Valencia, donde el estado autonómico se demostró totalmente inoperante y los
políticos estaban más pendientes de calcular a quién correspondía la competencia que de dar respuesta a la catástrofe. Lo vemos cada día con 17 sistemas sanitarios o educativos distintos, y lo vimos
también con el Covid 19 cuando mediante los estados de alarma ilegales los diferentes gobiernos autonómicos establecieron para la misma pandemia, medidas completamente opuestas con el caos y la ruina que ello supuso para un gran número de
españoles.
Podemos afirmar que los grandes perdedores del estado autonómico han sido los españoles, que ven cómo los servicios públicos están cada vez más degradados mientras los impuestos y la asfixia fiscal son cada vez mayores. Y los grandes
ganadores han sido las fuerzas separatistas que a cambio de votos, han ido obteniendo privilegios y competencias de los que luego también se acababan beneficiando la casta autonómica del bipartidismo. El resultado es que en lugar de un sistema
diseñado para trabajar por el interés general de los españoles, hoy tenemos un Estado diseñado a la carta para satisfacer las demandas del separatismo y la voracidad competencial de las autonomías.
Así, pues, resulta imperativo pensar en cómo superar el sistema autonómico, así como la forma de lograr una financiación de regiones, comarcas y municipios con una visión nacional sin abandonar a ningún rincón de España. Es necesario
replantearse el modelo territorial de España en una dirección diametralmente opuesta a la que se ha seguido hasta ahora. España necesita un Estado que sirva al bien común de los españoles y les asegure su bienestar, ordenándose al servicio de la
Nación.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Muestra su rechazo a cualquier intento de reforma del modelo de financiación autonómico, que profundice o perpetúe un sistema como el actual que nos hace desiguales, erosiona los servicios públicos, nos divide y permite el despilfarro y
el chantaje separatistas.
2. Rechaza las negociaciones con los partidos separatistas en cualquier circunstancia y considera que todas las cesiones competenciales han contribuido a deteriorar los servicios públicos y han erosionado la igualdad y los derechos de los
españoles.
3. Considera necesaria una visión nacional de la acción política y administrativa que permita poner toda la maquinaria y los componentes del Estado al servicio del bienestar y la prosperidad de los españoles por encima de entes autonómicos,
burocracia y duplicidades.
4. Considera imperativo iniciar el debate acerca de cómo superar el actual sistema autonómico y cómo alcanzar una financiación de las regiones, provincias, comarcas y municipios con una visión nacional que garantice la solidaridad entre
territorios y la prestación de servicios públicos de calidad superando cualquier tipo de frontera artificial autonómica.
5. Considera urgente y necesario reducir de forma inmediata el colosal gasto político ineficaz destinado a mantener el estado de bienestar de los políticos que permita mejorar los servicios públicos y llevar a cabo una bajada masiva de
impuestos a trabajadores, familias y empresas.
6. Considera necesario avanzar hacia la recuperación de competencias por parte del Estado estableciendo mecanismos de coordinación que permitan de forma efectiva la igualdad y la eficiencia de los servicios públicos, por encima de
artificiales fronteras y barreras autonómicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2025.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los procesos de
estabilización de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Tras la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en la actualidad se produce una situación de complejidad para multitud de ayuntamientos en nuestro país.
Tal y como ha señalado recientemente el Defensor del Pueblo en uno de sus informes, la Ley 20/2021 tenía como objetivo fundamental la reducción de la temporalidad en el empleo público, articulándose esencialmente a través de tres líneas de
actuación: la primera de estas líneas actúa sobre la situación de abuso de temporalidad existente mediante procesos de estabilización del empleo temporal; la segunda contempla una compensación económica para los trabajadores afectados por dicha
situación de abuso en su relación laboral con las administraciones públicas; y la tercera busca prevenir la reiteración de esta temporalidad indebida en el futuro, modificando para ello el Estatuto Básico del Empleado Público, con una definición
más precisa de los supuestos en los que la contratación temporal resulta procedente.
Según ha manifestado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, un total de 321.776 plazas temporales en las administraciones públicas han pasado a ser fijas. No obstante, los datos del Instituto Nacional de
Estadística correspondientes al tercer trimestre de 2024 revelan que en ese periodo España contaba con más de 3,5 millones de empleados en el sector público, de los cuales algo más de un millón mantenía una relación de carácter temporal.
A la espera de contar con cifras definitivas, todo apunta a que, a 31 de diciembre de 2024 y una vez concluidos los procesos de estabilización, los datos del INE reflejarán que en determinados ámbitos administrativos y sectores de actividad
el impacto de los planes de estabilización podría no haber sido suficiente para corregir la elevada temporalidad estructural.
Y es que frente al mandato legal derivado de la Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el contrato de duración determinada, la solución que ha adoptado el
Gobierno, y que no ha tenido la capacidad de trasponer y ejecutar el ordenamiento jurídico comunitario, ha apuntado a la eliminación de la temporalidad a través de fórmulas que podrían ocasionar el cese de miles de interinos.
De hecho, en relación con la necesidad de adoptar medidas efectivas y adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar el uso abusivo de la temporalidad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado en su sentencia de 13 de
junio de 2024 que la mera convocatoria de procesos selectivos no constituye una medida sancionadora adecuada.
El Tribunal examinó igualmente la compensación económica prevista en el artículo 2 de la Ley 20/2021 -dirigida a los trabajadores temporales que no superen el proceso selectivo-, la cual establece un doble límite máximo: 20 días de
retribución por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades, con independencia de que la relación de empleo haya sido legítima o fruto de un uso abusivo de la temporalidad. A este respecto, el TJUE concluyó que dicha compensación no parece
constituir una medida adecuada para sancionar de forma efectiva el uso abusivo de sucesivas relaciones laborales de duración determinada.
Conviene destacar que uno de los ámbitos más afectados por el denominado abuso de la temporalidad en el empleo público ha sido la Administración local. Pese a las complejas circunstancias jurídicas y personales que rodeaban a muchos de sus
trabajadores temporales, numerosos ayuntamientos han desplegado con diligencia los mandatos de la Ley 20/2021, impulsando procesos de estabilización con responsabilidad y eficacia. Lo han hecho sin demoras, cumpliendo los plazos legales y
procurando, dentro del marco normativo, ofrecer soluciones justas y favorables a su personal.
Sin embargo, muchos de los funcionarios del mundo rural responsables de planificar y ejecutar estas previsiones legales -Secretarios-Interventores, Secretarios, Interventores y Tesoreros, en su mayoría interinos- se han visto directamente
afectados por una actuación gubernamental que ha carecido de la diligencia necesaria. A pesar de ser personal clave para el funcionamiento de los pequeños y medianos municipios, la falta de una respuesta eficaz por parte del Gobierno ha dificultado
la estabilización y consolidación de sus plazas.
Así, se han planteado convocatorias de consolidación con un número de plazas manifiestamente insuficiente, se han desarrollado procesos selectivos incumpliendo los plazos establecidos legalmente, -de hecho aún no han culminado los procesos
convocados por la Orden HFP/1330/2022, de 29 de diciembre, por la que se convoca el proceso selectivo en el marco de la estabilización del empleo temporal, a la subescala de Secretaría-Intervención, para el acceso a la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional-, e incluso se han hecho interpretaciones variadas sobre la normativa sobre asignación de puestos, concursos de plazas, adjudicaciones de nuevos destinos, etc.
Esta situación podría abocar a un número significativo de municipios rurales a una doble consecuencia, ambas especialmente graves para los de menor tamaño.
La primera consecuencia sería la paralización de la actividad municipal, ya que muchos de los actuales funcionarios interinos podrían verse obligados a abandonar sus puestos, bien por ceses derivados de los procesos de estabilización, bien
por el cumplimiento del plazo máximo de tres años previsto legalmente para la permanencia en el cargo. La incorporación de nuevos funcionarios, en un cuerpo marcado por una elevada tasa de vacantes y una escasa vinculación territorial con los
municipios de destino, podría traducirse en ceses prematuros -en algunos casos incluso el mismo día de la toma de posesión-, dejando de nuevo al Ayuntamiento sin el personal mínimo necesario para su funcionamiento. Se trata, además, de una
situación que no es meramente hipotética: numerosos consistorios del medio rural ya la han padecido en el pasado.
La segunda consecuencia afecta directamente a la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos, ya que podrían verse obligados a asumir el coste de las indemnizaciones y compensaciones derivadas de los ceses de sus funcionarios interinos,
conforme a lo previsto en la normativa vigente.
Este precepto refuerza la idea de que, en caso de inacción administrativa o de gestión deficiente de los procesos de estabilización, serán los propios ayuntamientos -especialmente los del ámbito rural- quienes asuman el coste económico de
dicha compensación, agravando así su ya limitada capacidad financiera.
La compensación económica prevista podría suponer un coste significativo para los ayuntamientos, que no son responsables de la gestión de los recursos humanos del Ministerio, pero que ahora se ven obligados a asumir tanto la paralización de
sus programas y actuaciones como las cargas económicas derivadas de una situación ajena a su competencia.
A esta circunstancia se suma la falta de información clara y directa por parte del Gobierno a los alcaldes y corporaciones locales, lo que impide conocer con precisión el verdadero impacto, tanto funcional como económico, que esta situación
puede tener sobre sus entidades.
Las circulares remitidas por el Ministerio, en las que se informa sobre los plazos máximos de permanencia, la obligación de proceder a los ceses, entre otros aspectos, han
omitido señalar las gravísimas consecuencias a las que se está abocando a la mayoría de los pequeños municipios, tanto en términos de gestión como de viabilidad institucional.
Esta realidad ha generado una profunda preocupación en muchas corporaciones locales del medio rural, que se sienten desamparadas ante una situación que compromete gravemente la continuidad y estabilidad de sus administraciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Informar de manera transparente y con carácter inmediato a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales sobre los plazos, procedimientos y criterios que regirán la culminación de los procesos de estabilización del personal
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
2. Aclarar de forma expresa y detallada el concepto de compensación económica por abuso de la temporalidad en el empleo público vinculado a los procesos de estabilización, especificando su fundamento jurídico, su cuantía orientativa y los
supuestos en los que procedería.
3. Determinar, en el caso de los funcionarios interinos que hayan prestado servicios en distintas administraciones locales, qué administración es la responsable del abono de la compensación económica por abuso de temporalidad. Asimismo,
deberá aclararse si dicha responsabilidad es solidaria entre las distintas entidades para las que el funcionario haya trabajado, y establecerse criterios homogéneos que eviten la inseguridad jurídica y garanticen una aplicación equitativa de las
compensaciones previstas.
4. Establecer mecanismos de apoyo financiero por parte del Estado para que las administraciones locales puedan hacer frente a las compensaciones económicas derivadas del abuso de la temporalidad en el empleo público, garantizando que estas
compensaciones no comprometan la estabilidad presupuestaria ni la capacidad inversora de las entidades locales.
5. Establecer con claridad la situación administrativa en la que quedarían los funcionarios interinos que no superen el proceso de estabilización, así como valorar la posibilidad de habilitar alternativas al cese automático una vez
finalizado dicho proceso, especialmente en aquellos casos en los que persistan necesidades estructurales o vacantes no cubiertas en la plantilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Ángel Ibáñez Hernando, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Puy Fraga, José Enrique Núñez Guijarro, Carmelo Barrio Baroja, María Pilar Alía Aguado, Félix de las
Cuevas Cortés, Carlos Gil Santiago, Alfonso Carlos Macías Gata, José Vicente Marí Bosó, Pedro Muñoz Abrines y Álvaro Pérez López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/002168
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley para paliar los daños provocados por las fuertes lluvias y granizo en la Región de Murcia en el mes de mayo.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños provocados por
las fuertes lluvias y granizo en la Región de Murcia en el mes de mayo, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Entre los días 8 y 10 de mayo de 2025, diversas inclemencias provocaron intensas precipitaciones de lluvia y granizo en la Región de Murcia que han producido cuantiosos daños materiales en diferentes comarcas de la Región. El día 8 las
fuertes tormentas afectaron al municipio de Mula, mientras que los días posteriores fueron los municipios de Archena, Jumilla y Yecla los más afectados, entre otros.
Los cultivos de uva, almendra, pera y la fruta de hueso, se han visto seriamente afectados, ya que se ha afectado además a la madera de los árboles, lo que compromete no solo la cosecha actual, sino también las próximas. Por otro lado, unas
20.000 hectáreas han sufrido daños en madera. Las pérdidas, según las primeras estimaciones podrían llegar al 100% de la cosecha en algunos casos, poniendo en peligro muchísimos puestos de trabajo, hasta 5000. Las tormentas que han ocurrido estos
días han sido excepcionales, y las medidas a tomar también deben ser excepcionales.
Tras el paso de las tormentas, los servicios públicos y privados tuvieron que intervenir para asegurar la estabilidad de edificios y evitar los derrumbes, la retirada de árboles caídos, limpieza y arreglo de desperfectos en edificios
públicos, garantizar la circulación en las carreteras cortadas por las lluvias y restablecer servicios básicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por las precipitaciones sucedidas durante los días 8 y 10 de mayo de 2025 afectando a diferentes zonas de la Región de Murcia, determinando la localización y
cuantificando los daños.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según procedimiento y a los afectados de lo establecido en la Ley 17/2025 de 9 de julio, en los municipios afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de
julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
- Aprobar, las correspondientes ayudas a destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y de red viaria provincial.
- Aprobar, si procede las subvenciones por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por las lluvias, en particular que dan servicio a las comunidades de regantes y pequeños agricultores.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
4. Que el Gobierno comunique a los Ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.
5. Activar, en todo caso, las ayudas para situaciones no declaradas zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias en las zonas siniestradas.
7. Instar al Gobierno para que tome las medidas necesarias de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2025, de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2025.-Isabel María Borrego Cortés, Sofía Acedo Reyes, Beatriz Álvarez Fanjul, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, María Eugenia Carballedo Berlanga, Manuel Cobo Vega, Félix de las
Cuevas Cortés, Fernando de Rosa Torner, Carlos García Adanero, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Maribel Sánchez Torregrosa, Ana Belén Vázquez Blanco, Elvira Velasco Morillo, José Ignacio Romaní Cantera, Pedro Samuel Martín García, María Jesús Moro
Almaraz, Juan Antonio Rojas Manrique, José Enrique Núñez Guijarro, Llanos de Luna Tobarra, Violante Tomás Olivares, Mirian Guardiola Salmerón y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/002226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al mantenimiento del SEPRONA
en Ribadeo (Lugo), para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Nuestra Constitución proclama en su Título I, de los derechos y deberes fundamentales, el derecho que tenemos todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Para lograrlo,
mandata a los poderes públicos a velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
Para dar respuesta al citado mandato constitucional recogido en el artículo 45, por medio de la Orden General n.º 72 de 21 de junio de 1988 se crea el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) con la misión de velar por el
cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y al medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y cualquier otra relacionada con la naturaleza. De este modo
se encarga de la protección de suelo, agua y atmósfera, de la sanidad animal y de la conservación de especies de flora y fauna. El Servicio lucha además contra vertidos y contaminación del medio ambiente, el comercio ilegal de especies protegidas,
actividades cinegéticas y de pesca irregulares, defensa de los espacios naturales, la prevención, investigación y extinción de incendios.
Diez años después del nacimiento del SEPRONA, se crea la Unidad encuadrada en el acuartelamiento de Ribadeo, En sus comienzos la unidad contaba con dos Guardias Civiles y un Cabo, en la actualidad cuenta únicamente con un Guardia Civil y un
Cabo 1o al mando de la Patrulla.
La PAPRONA de Ribadeo, junto con la PAPRONA de Xove, se encargan de la vigilancia y protección de la naturaleza en el territorio de la 4a Compañía de la Guardia Civil de Burela.
La Unidad del SEPRONA de Ribadeo cubre actualmente una superficie aproximada de 760 Km2 distribuidos en 8 Ayuntamientos: Ribadeo, Barreiros, Foz, Vilanova, Mondoñedo, Trabada, Riotorto y A Pontenova, con una población censada de más de
31.000 habitantes que en las temporadas de mayor afluencia turística puede llegar a triplicarse.
La demarcación de esta Unidad está bajo la influencia de Red Natura 2000. Existen dos Lugares de Interés Comunitario (L.I.C.) coincidiendo con las Riberas del Masma y Ouro y con su desembocadura, además de zonas de especial protección para
las aves (ZEPA) en ambos ríos. Además de esto, el Río EO se encuentra encuadrado en la Reserva de la Biosfera 'Eo-Oscos-Terras de Burón' y amparado por el convenio RAMSAR para la conservación y el uso racional de los humedales.
En la demarcación de la que se ocupa esta patrulla existen 5 puertos localizados en los Ayuntamientos de Ribadeo y Foz; dos puertos pesqueros (Ribadeo y Foz) cuya actividad ha de ser objeto de control por parte del SEPRONA; dos deportivos
(Ribadeo y Foz) con gran afluencia en los meses estivales, y un puerto comercial (Ribadeo) dedicado al transporte de mercancías (Minerales, madera y pasta de papel), en el cual la actividad se ha multiplicado de forma exponencial en los últimos
años.
Agricultura y ganadería, silvicultura, caza son actividades muy arraigadas en la comarca, con un fuerte impacto en la economía local y que requieren de la colaboración del SEPRONA.
Especial atención merecen el entorno de las numerosas playas que jalonan el territorio costero y que, coincidiendo con el inicio de la temporada estival, requiere de la intervención de la PAPRONA ante las llamadas de los usuarios denunciando
vertidos al medio marino.
Y de forma muy especial, merece destacarse la Playa de las Catedrales, declarada Monumento Natural en 2005, que recibe visitantes durante todo el año incrementándose notablemente en número en los meses de verano.
Mención aparte merece el arraigo de la unidad en la comarca y la continua y exitosa colaboración de la PAPRONA a con organismos autonómicos y locales: como las Cofradías de mariscadores, para la vigilancia de los caladeros y el control del
furtivismo, las Consellerías de Medio Ambiente, Medio Rural y do Mar e igualmente con los ayuntamientos a los que prestan todo el apoyo necesario cuando son requeridos para ello.
Por todo ello, las tareas de vigilancia del SEPRONA y su presencia adquieren especial relevancia en la zona de la Mariña oriental.
La intención del ministerio del Interior de suprimir esta unidad, disfrazada de reestructuración, con el traslado de la PAPRONA a más de 50 Kms de distancia está causando y causará, en caso de llevarse a cabo definitivamente, numerosos
perjuicios para ciudadanos y administraciones públicas.
Es conocida por todo el desprecio y maltrato a la Guardia Civil por parte del Gobierno de Pedro Sánchez llegando incluso a poner en marcha una verdadera 'guerra sucia' contra el instituto armado y muy especialmente contra aquellas unidades
de la Benemérita que investigan la corrupción que afecta a la familia del Sr. Sánchez, al Gobierno del Sr. Sánchez y al PSOE, el partido del Sr. Sánchez.
En definitiva, es más que evidente que la desaparición de esta patrulla no responde a criterios lógicos de eficiencia o efectividad, sino a otros de índole política o económica.
Tanto es así, que el jefe de la Comandancia de Lugo, ha solicitado la publicación de las 2 vacantes de guardia civil de la PAPRONA de Ribadeo de forma prioritaria ya que no es lógico que se plantee la desaparición de la Patrulla, situada en
uno de los puntos neurálgicos de la comarca, para encuadrar a los pocos efectivos que quedan en una localidad situada a más de 50 Kms de distancia.
Con carácter general, la solución a la agónica situación de la especialidad del SEPRONA no pasa por la reestructuración y cierre de unidades, sino que requiere del urgente aumento del catálogo de efectivos en la mayoría de los casos y por
supuesto en este que nos ocupa. La PAPRONA de Ribadeo no debería suprimirse en ningún caso, sino dotarla de personal y medios suficientes para el desempeño eficaz de sus funciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Renunciar al traslado de la Patrulla del SEPRONA de Ribadeo.
2. Publicar las dos vacantes de guardias civiles de la PAPRONA de Ribadeo de forma prioritaria.
3. Dotar de medios suficientes las dos PAPRONAS existentes en A Mariña lucense situadas en Xove y Ribadeo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2025.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Francisco José Conde López, Cristina Abades Martínez y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/002247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la aprobación y reglamentación
del uso de armas no letales por parte de las unidades marítimas de la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La necesidad operativa creciente de garantizar la seguridad de los agentes, salvaguardar la integridad de los ciudadanos, y actuar conforme a los principios de
proporcionalidad, congruencia y oportunidad que rigen el uso de la fuerza, obliga a una reglamentación del uso de armas no letales por parte de unidades marítimas de la Guardia Civil, durante la ejecución de sus funciones en el mar
territorial y zonas contiguas.
En los últimos años, el narcotráfico por vía marítima en España -especialmente en áreas del Estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán y las costas atlánticas de Galicia y Andalucía- ha experimentado una transformación significativa, tanto en
sus métodos operativos como en su grado de violencia. Este fenómeno ha provocado una escalada en la peligrosidad de las intervenciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en el mar, afectando gravemente la seguridad de los agentes y dificultando
el control del tráfico ilícito.
En lugar de evitar el contacto con las embarcaciones de la Guardia Civil, muchos narcotraficantes optan por enfrentarse abiertamente a las patrulleras de la Guardia Civil. Se han documentado numerosos casos en los que las embarcaciones
delictivas embisten deliberadamente a las unidades del Servicio Marítimo, con la intención de dañar o desestabilizar sus cascos. Asimismo, los tripulantes suelen portar armas contundentes, como barras metálicas o bates, y en algunos casos se han
producido amenazas con armas de fuego o cohetes de emergencia.
La Guardia Civil se encuentra en una situación operativa compleja: por un lado, está obligada a respetar los principios de proporcionalidad y legalidad en el uso de la fuerza; por otro, enfrenta a delincuentes que no dudan en usar la
violencia para evitar la interceptación de sus cargamentos. Este desequilibrio operacional compromete tanto la eficacia de las intervenciones como la seguridad de los agentes.
Ante esta realidad, el uso de armas no letales en el entorno marítimo se presenta como una solución táctica eficaz y proporcional, permitiendo a la Guardia Civil repeler agresiones, neutralizar embarcaciones hostiles o controlar situaciones
sin recurrir al uso de fuego real, lo que a menudo no resulta viable por el riesgo de daños fatales o hundimientos.
Esta conducta no solo pone en peligro la integridad física de los agentes, sino que evidencia una escalada en la agresividad y desprecio por la autoridad, consolidando un entorno de confrontación directa en alta mar.
La Guardia Civil, en el ejercicio de sus competencias en materia de vigilancia del litoral, control del narcotráfico, lucha contra la inmigración ilegal, protección de infraestructuras críticas y actuaciones en aguas jurisdiccionales
españolas, enfrenta situaciones que requieren el uso de medios coercitivos. No obstante, se considera imprescindible dotar a las unidades embarcadas de herramientas intermedias que permitan resolver incidentes sin poner en riesgo la vida de los
implicados.
Las armas no letales, tales como lanzadores de proyectiles de goma, sistemas de disuasión acústica o luminosa, aerosoles de control de masas y otros dispositivos autorizados por la normativa nacional y europea, permitirían a los agentes
actuar con mayor eficacia y menor letalidad, respetando los derechos fundamentales y evitando consecuencias irreversibles.
Este uso de armas no letales dentro de la actuación de la Guardia Civil en servicios de vigilancia marítima está amparada por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que establece los principios para
la actuación policial y el uso racional y progresivo de la fuerza y por el Reglamento de armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero) y normativa complementaria, que podrían adaptarse o interpretarse para dar cabida al uso controlado y reglado de
este tipo de armamento en entornos marítimos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, con carácter de urgencia, un protocolo específico para incorporar armas no letales a los medios marítimos de la Guardia Civil, tales como armas lanzadoras, con reglas claras de uso,
mantenimiento,
formación y supervisión de su aplicación en operaciones marítimas, ante el aumento de la violencia ejercida por los narcotraficantes y resto del crimen organizado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Ana Belén Vázquez Blanco, Marta González Vázquez, Irene Garrido Valenzuela y Rosa Quintana Carballo, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
161/002248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ampliar la plantilla de los
examinadores de tráfico y solventar el colapso en los exámenes prácticos de conducir, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En España, sacarse el carné de conducir se ha convertido en una auténtica odisea. Las demoras para acceder al examen práctico pueden llegar hasta los seis meses en alguna provincia, una situación que está afectando gravemente tanto a los
alumnos como a las autoescuelas. La causa principal de este problema es la falta de examinadores, un déficit que ha sido denunciado reiteradamente por los afectados.
El examen práctico es una de las fases clave en la obtención del permiso de conducción, y el colapso actual está generando frustración e incertidumbre entre los aspirantes. Muchos de ellos han completado ya sus clases prácticas, pero no
pueden avanzar porque no hay fechas disponibles para examinarse. Esta situación, además de retrasar su incorporación al mundo laboral o a la universidad en algunos casos, también implica un sobrecoste económico, ya que deben seguir pagando clases
para no perder la práctica adquirida.
Esta situación no es nueva, pero ha empeorado significativamente en los últimos meses. El motivo es claro: no se han cubierto las plazas vacantes de examinadores y la plantilla actual no es suficiente para asumir la carga de trabajo. Esta
carencia no solo ha generado listas de espera interminables, sino que también ha aumentado la presión sobre los examinadores existentes, que se ven obligados a asumir jornadas intensivas.
Las autoescuelas, por su parte, se ven atrapadas en una encrucijada. No pueden garantizar a sus alumnos una fecha para examinarse, lo que repercute negativamente en su reputación y en su planificación interna. Además, los centros denuncian
que no es justo que se les responsabilice por los retrasos, ya que el problema tiene su origen en una mala gestión por parte de la Administración.
Ante esta situación, se está produciendo un fenómeno de 'turismo para obtener el carné de conducir', pues los interesados se desplazan a provincias donde la espera es algo menor, que donde realmente les correspondería por residencia.
La Región de Murcia o la ciudad de Barcelona, son algunos de los ejemplos donde la espera es mayor, pero solo son algunos.
Es imprescindible solventar esta problemática, que previsiblemente se va a agravar más con la llegada de la época estival.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ampliar la plantilla de los examinadores de tráfico en todas las Jefaturas Provinciales de Tráfico y adoptar las
medidas adicionales que sean necesarias para acabar con la situación de colapso a la hora de acceder al examen práctico de conducir.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Isabel María Borrego Cortés, Sofía Acedo Reyes, Beatriz Álvarez Fanjul, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, María Eugenia Carballedo Berlanga, Manuel Cobo Vega, Félix de las
Cuevas Cortés, Llanos de Luna Tobarra, Fernando de Rosa Torner, Carlos García Adanero, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Maribel Sánchez Torregrosa, Ana Belén Vázquez Blanco, Elvira Velasco Morillo, José Ignacio Romaní Cantera, José Enrique Núñez
Guijarro, Mirian Guardiola Salmerón, Violante Tomás Olivares, Juan Luis Pedreño Molina, Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa, Raúl Cuevas Larrosa, Daniel Pérez Osma y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar de más medios humanos y
materiales a los cuerpos policiales que luchan contra el narcotráfico, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Hace más de un año de la tragedia de Barbate, en la que fallecieron dos agentes de la Guardia Civil embestidos por una narcolancha. Este incidente puso todas las miradas en la falta de medios humanos y materiales en la lucha contra el
narcotráfico.
Transcurrido un año, la situación sigue empeorando, y el narcotráfico sigue operando en nuestras costas con impunidad. Son continuos los hallazgos en nuestras playas de restos de los medios que utilizan los narcotraficantes. Y los
traficantes utilizan, cada vez, medios más sofisticados: un ejemplo llamativo es la localización de un narco submarino en aguas de Camariñas (A Coruña) a finales del mes de enero.
Otro dato a destacar: la Fiscalía Superior de Andalucía, en su Memoria de 2023, destaca que se avistaron, en el año 2023, un total de 471 embarcaciones, frente a las 366 avistadas en 2022.
Ante este aumento de operaciones del narcotráfico en nuestras costas, no se debe normalizar una situación que genera inseguridad y que afecta a la salud de todos. Se debe luchar contra el narcotráfico con todos los medios posibles.
Actualmente, la Guardia Civil lucha con una clara desventaja, en absoluta inferioridad, tanto en lo que respecta a medios humanos como materiales.
Por ejemplo, en la Región de Murcia, donde son continuos los hallazgos en las playas de los restos de las operaciones de narcotráficos, la Guardia Civil solamente dispone de una patrullera de servicio marítimo y no siempre está disponible.
El Ministerio de Interior ha reconocido la existencia de nuevas bandas de narcotraficantes, pero frente a esa realidad no se están tomando las medidas necesarias, como establecer nuevos protocolos de actuación, más medios materiales y
humanos y más medidas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, con el objetivo de poner coto a la entrada de sustancias estupefacientes.
Es necesario un compromiso del Gobierno renovado y efectivo en la lucha contra el narcotráfico como demandan los ayuntamientos, las comunidades autónomas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como la sociedad civil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que dote de más medios humanos y materiales, así como de nuevos protocolos y medidas de seguridad complementarias, para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
destinados a la lucha contra el narcotráfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Isabel María Borrego Cortés, Sofía Acedo Reyes, Beatriz Álvarez Fanjul, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, María Eugenia Carballedo Berlanga, Manuel Cobo Vega, Félix de las
Cuevas Cortés, Llanos de Luna Tobarra, Fernando de Rosa Torner, Carlos García Adanero, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Maribel Sánchez Torregrosa, Ana Belén Vázquez Blanco, Elvira Velasco Morillo, José Ignacio Romaní Cantera, Pedro Samuel Martín
García, María Jesús Moro Almaraz, Juan Antonio Rojas Manrique y José Enrique Núñez Guijarro, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al mantenimiento del funcionamiento regular de la línea marítima entre Almería y Melilla, para su discusión en la Comisión
de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Durante más de medio siglo, las ciudades de Almería y Melilla han estado unidas por una conexión marítima casi diaria que ha permitido un tránsito fluido de personas. Esta línea marítima ha sido un eje fundamental de cohesión territorial,
social y económica, garantizando el movimiento de funcionarios públicos, personal militar, estudiantes y españoles en general, que han hecho uso frecuente de esta conexión.
Gracias a la continuidad de esta conexión marítima, muchas personas han podido establecer su residencia habitual en una de estas ciudades y trabajar o estudiar en la otra, permitiéndoles compaginar la vida personal y familiar con la
profesional. Asimismo, esta ruta ha favorecido el desarrollo del turismo entre Almería y Melilla, incentivando la actividad económica y la creación de puestos de trabajo asociados a este sector.
Sin embargo, esta situación ha sufrido un giro drástico. El 10 de septiembre de 2024 el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de casi 79 millones de euros para garantizar la
conexión marítima entre Melilla y los puertos de Málaga, Motril y Almería. El contrato, vigente desde enero de 2025 por un período inicial de dos años, prorrogable otros dos, se dividió en dos lotes: el primero corresponde a la ruta
Melilla-Málaga-Melilla, y el segundo incluye las rutas Melilla-Almería-Melilla y Melilla-Motril-Melilla. Se estableció un mínimo de seis trayectos semanales entre Melilla y Málaga, y tres entre Melilla y los puertos de Almería y Motril, ampliables
durante periodos de alta demanda 28.
28 https://www.transportes.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-10092024-1451.
De este modo, se ha producido un cambio en las compañías navieras que cubren las rutas y los horarios de los servicios de transporte se han modificado. Los trayectos entre Almería y Melilla que se han adjudicado a la Compañía
Transmediterránea, S.A. 29, se limitan a tres frecuencias semanales -los lunes, martes y miércoles-, suprimiéndose el servicio que operaba los viernes por la tarde y regresaba en la madrugada del domingo, crucial para quienes conciliaban sus
obligaciones semanales con la vida familiar durante el fin de semana 30.
Teniendo en cuenta que durante más de 50 años la conexión marítima entre Almería y Melilla fue regular, llegando a prestarse el servicio incluso con hasta 7 rotaciones semanales, el nuevo horario supone un duro golpe para quienes venían
utilizando este medio de transporte. A este perjuicio se suma el impacto sobre los estudiantes, muchos de los cuales cursan sus estudios lejos de sus familias y dependían de estas conexiones para regresar a casa con cierta frecuencia. La reducción
de enlaces no solo dificulta la movilidad, sino que también incrementa la sensación de aislamiento a la ciudad de Melilla al ser una ciudad periférica. Por todo ello, los afectados han decidido organizarse en la Plataforma de Afectados Transporte
Almería-Melilla quienes desde que se produjo esta situación vienen mostrando su disconformidad con la decisión el Gobierno 31.
La limitación de las conexiones marítimas con Almería no solo afecta en el ámbito personal, sino que también repercute negativamente en la economía de Melilla. Sectores como el turismo, la hostelería y el comercio se ven gravemente
perjudicados por la reducción de frecuencias marítimas. Así, los empresarios de estos ámbitos han denunciado la posibilidad de una caída en las reservas y en el número de viajeros, advirtiendo que esta situación podría llevar a los turistas a
elegir otros destinos. Igualmente señalan que todo ello obstaculizará al desarrollo económico de la ciudad, viéndose afectado el suministro de productos y las relaciones comerciales con otras regiones 32.
Resulta imperativo revertir esta situación para evitar un mayor aislamiento social y económico de Melilla. El debilitamiento de los vínculos con el resto del territorio nacional no solo perjudica a sus habitantes, sino que también erosiona
el sentimiento de pertenencia y cohesión, fomentando con ello los discursos que ponen en cuestión la españolidad de la ciudad, y favoreciendo indirectamente las aspiraciones anexionistas de Marruecos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para restablecer las conexiones durante los fines de semana de la línea marítima entre Almería y Melilla, actualmente operada por la naviera Armas
Trasmediterránea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2025.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías, Patricia Rueda Perelló y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del
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https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=Bi/bQDXGwCur9I2f31IYR35m2%2BtsBHiBhp7h7r1kKoVqUSJoeSMgydcUIhJXk1Klo8vo/vYtJMhI1NFkR20EPeK273cZUww%2BmpO9M0fGokKHAj0WEJrB5sP7amrh2jBD&cifrado=QUC1GjXXSi
LkydRHJBmbpw %3D%3D
30 https://www.lavozdealmeria.com/almeria/268729/tienes-semana-libre-puedes-navegar-melilla-almeria.html
31 https://elfarodemelilla.es/la-plataforma-atam-se-muestra-optimista-en-el-retorno-de-las-rutas-con-almeria/
32 Ibidem.
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la conexión ferroviaria entre La Coruña y Ferrol así
como a integrar Ferrol en el trazado de alta velocidad, para su discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La línea ferroviaria que conecta Ferrol y La Coruña es hoy el símbolo del abandono institucional que sufre el noroeste de Galicia. La situación actual de la vía ferroviaria se ha convertido en un lastre que condena a comarcas enteras al
aislamiento dado que los trayectos se alargan en exceso por el mal estado de conservación de unas vías divididas en dos tramos que fueron inaugurados en 1875 y 1913 33.
Por ello, han surgido plataformas vecinales y asociaciones de usuarios que denuncian la situación y señalan que esta línea desaparecerá por un desinterés político en invertir para la mejora del servicio que terminará por expulsar al usuario
34. Además, critican que la conexión entre Ferrol y La Coruña esté excluida tanto del trazado de la Alta Velocidad como del eje ferroviario atlántico y denuncian que resulta incomprensible que 'el peor tren de media distancia de España' se
encuentre en un área urbana en la que viven 652.000 habitantes 35.
En línea con ello, los usuarios exigen que se garantice la conexión de Ferrol y Madrid tras el anuncio oficial de eliminar el próximo mes de junio el tren que hasta ahora había conectado sendas ciudades 36. Asimismo, también piden que se
articule un eje ferroviario que conecte cada rincón de Galicia y del norte peninsular con el resto de España y con la Red Transeuropea de Transporte 37. Cabe destacar que, en enero de 2007, el Gobierno ya hizo público un estudio informativo para la
construcción de este proyecto, adjudicando cinco meses más tarde la redacción de un segundo estudio informativo 38. Sin embargo, ambos proyectos no se materializaron en ninguna medida concreta y el proyecto continúa estancado.
Pese a que el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró hace un año que el Gobierno trabajaba en la redacción de un estudio funcional que permitiera mejorar la infraestructura que conecta Ferrol con La
Coruña y con la red ferroviaria de Galicia 39, la realidad es que lejos de aplicar medidas encaminadas a ello, Ferrol parece cada vez más aislada.
Por ello, es necesario que desde las instituciones se dé respuesta a las justas demandas de los españoles que residen en esta zona y el Gobierno asuma su responsabilidad y garantice una conexión ferroviaria para Ferrol. No en vano, Galicia
y el norte peninsular necesitan un sistema ferroviario que ofrezca una alternativa competitiva que se ajuste a las necesidades de los usuarios, y ello exige una estrategia global que permita electrificar las líneas, renovar las vías, garantizar
frecuencias adecuadas y crear conexiones eficaces de alta velocidad.
33 https://www.eldebate.com/espana/galicia/la-coruna/20240731/paso-tortuga-tren-ferrol-gobierno-anuncia-nuevo-estudio-modernizar-linea_216551.html
34 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2025/03/25/ciudadanos-renuncian-contar-tren-modemo/0003_202503F25C2999.htm
35 https://www.elprogreso.es/articulo/galicia/unanimidad-camara-instar-gobiemo-incluir-lugo-alta-velocidad /202410231338281797313.html
36 https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/ferrol/noticias/nueva-punalada-renfe-ferrol-eliminara-9-junio-unica-conexion-directa-alvia-madrid-20250514_3150515.html
37 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/135/las-redes-transeuropeas-orientaciones
38 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2011/09/13/proyecto-ave-ferrol-acumula-cinco-anos-avances /0003_201109F13C3991.htm
39 https://www.eldebate.com/espana/galicia/la-coruna/20240731/paso-tortuga-tren-ferrol-gobierno-anuncia-nuevo-estudio-modernizar-linea_216551.html
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Realizar cuantas acciones sean necesarias para relanzar el proyecto y las obras para la modernización de la línea ferroviaria Ferrol-Coruña, sometiendo para ello el Estudio Informativo a los trámites de información pública y audiencia
previstos en la legislación vigente.
2. Dotar de los recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto a lo largo de la presente Legislatura.
3. Estudiar la posibilidad de que la Alta Velocidad en Galicia pueda tener conexión con la ciudad de Ferrol habida cuenta de su importancia.
4. Impulsar en las instancias europeas la inclusión del eje ferroviario Ferrol-Coruña dentro de la Red Transeuropea de Transporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2025.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reposición de las frecuencias
ferroviarias entre Logroño y Madrid por La Rioja Baja, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La vertebración del territorio y la cohesión entre comunidades autónomas dependen en gran medida de la conectividad ferroviaria. En el caso de La Rioja, las conexiones por tren con Madrid constituyen una infraestructura esencial para la
movilidad de los ciudadanos, la actividad empresarial, el turismo y el desarrollo económico y social.
En 2025, La Rioja es una de las comunidades autónomas españolas con peores servicios ferroviarios, esto se produce en gran medida porque disponemos de un corredor diseñado y construido a mediados del siglo XIX.
El pasado 11 de abril de 2025, RENFE procedió a la supresión de cuatro frecuencias ferroviarias entre Logroño y Madrid por La Rioja Baja. Esta medida ha supuesto un grave perjuicio para los riojanos, reduciendo la oferta de trenes directos
y deteriorando aún más una conexión que, lejos de reforzarse, se ha venido debilitando progresivamente en los últimos años.
A ello se suma otro agravio más preocupante, y es el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España respecto a la modernización de material rodante en La Rioja. En concreto, el Ministro de Transportes y Movilidad
Sostenible anunció en mayo de 2024 la incorporación de los nuevos trenes Talgo S- 107 a la línea que conecta Logroño con Madrid, lo cual permitiría mejorar tiempos de viaje, aumentar la calidad del servicio y modernizar la experiencia de los
pasajeros. En la actualidad, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha comunicado por carta al Gobierno de La Rioja que los trenes nuevos no se van a incorporar, y los riojanos seguirán viajando en trenes antiguos sin que se haya
establecido un nuevo calendario de reposición del
nuevo material rodante ni explicación oficial del cambio de postura del Gobierno de España.
La falta de inversión en nuevas unidades y la supresión de frecuencias, son dos caras de la misma moneda que supone un abandono sistemático a las necesidades ferroviarias de La Rioja. Resulta especialmente preocupante que estas decisiones
se hayan tomado sin consulta previa ni diálogo institucional con el Gobierno de La Rioja, sin haber ofrecido alternativas compensatorias, y sin estudios públicos que justifiquen la pérdida de frecuencias o el incumplimiento de los compromisos
anunciados.
Estas medidas chocan frontalmente con los compromisos asumidos en materia de transición ecológica, movilidad sostenible y cohesión territorial, máxime cuando otras comunidades han experimentado una mejora o mantenimiento de sus servicios
ferroviarios en los últimos meses.
La reducción de trenes y el incumplimiento de las promesas de modernización empobrecen la movilidad de los ciudadanos de La Rioja, además de suponer el abandono institucional a una comunidad autónoma que reclama desde hace años un trato
justo en materia de infraestructuras.
La Rioja no puede quedar al margen del mapa ferroviario nacional ni ser penalizada con decisiones unilaterales que penalizan su competitividad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revertir de forma inmediata la supresión de las cuatro frecuencias ferroviarias entre Logroño y Madrid eliminadas desde el 11 de abril de 2025.
2. Incrementar, con carácter estable, el número de frecuencias diarias por sentido entre Logroño y Madrid por La Rioja Baja como vía principal de comunicación con la capital y el sur de la Península.
3. Cumplir de forma urgente el compromiso anunciado por el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en mayo de 2024 de incorporar trenes Talgo S-107 en la línea Logroño-Madrid, estableciendo un calendario público de entrada en
funcionamiento y los recursos necesarios para ello.
4. Elaborar, en coordinación con instituciones públicas y agentes económicos y sociales de La Rioja, un plan específico de mejora de las conexiones ferroviarias en la comunidad autónoma, que incluya una revisión de horarios, tiempos de
viaje, frecuencias y precios, con el objetivo de fomentar el uso del tren como alternativa real, sostenible y competitiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Javier Merino Martínez, Héctor Palencia Rubio, Celso Luis Delgado Arce, Óscar Ramajo Prada, José Alberto Herrero Bono, Ana Martínez Labella, Cristina
Teniente Sánchez, Luis María Beamonte Mesa, Tomás Cabezón Casas, María Soledad Cruz-Guzmán García, Alberto Fabra Part, Esther Llamazares Domingo, Juan Antonio Rojas Manrique y Bella Verano Domínguez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora del servicio de
Cercanías en la provincia de Cádiz, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La provincia de Cádiz es una de las diez más pobladas de España, concretamente la octava, con más de 1,2 millones de habitantes, que en periodo vacacional se duplica e incluso triplica en algunos municipios.
Además de por peso poblacional, esta provincia juega un papel esencial en la configuración geográfica de España y del continente europeo, por su posición estratégica para las relaciones exteriores, por su sector primario, por su relevancia
como destino turístico, así como por algunas de sus industrias.
A pesar de esa trascendencia, una de las mayores carencias que presenta es la inversión en infraestructuras que estén a la altura de su peso poblacional, así como de los factores citados en el párrafo anterior. Ese déficit se plasma no solo
en 'grandes infraestructuras', sino también en lo corriente, en lo más cotidiano. El reflejo de esa falta de 'cuidado' de lo cotidiano es el servicio de Cercanías que el Gobierno central presta en esta provincia a través de las entidades públicas
ADIF y RENFE por falta de inversión, que invalida la buena voluntad y la labor de los profesionales de éstas en la zona.
Los usuarios de los trenes en general y del servicio de Cercanías en particular en esta tierra sufren con frecuencia retrasos, averías que les tienen encerrados durante horas, así como otros problemas. Además, no solo se encuentran estas
deficiencias cuando se suben a un tren, sino que se topan con ellas nada más entrar al apeadero o estación donde tomarlo. Poblaciones como Puerto Real o Cádiz ciudad (San Severiano, Segunda Aguada, Estadio o Cortadura) presentan problemas
constantes en sus apeaderos tales como averías de ascensores, escaleras mecánicas, suciedad, goteras o falta de personal que asista a quien quiere comprar un billete.
Una situación que también ocurre, en ocasiones, en las otras localidades de la provincia con estación o apeadero: San Fernando, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera o Algeciras. Un listado de localidades que, en una provincia con
el peso poblacional y estratégico ya citado, debería ser mayor. Sobre todo, si tenemos en cuenta que en los primeros estudios realizados para hipotéticas ampliaciones mediante infraestructuras del tren litoral se prevé dejar fuera a municipios
relevantes como La Línea de la Concepción.
Se concluye, por tanto, que el mal servicio ferroviario que sufre la provincia se extiende a todos los niveles: larga distancia, media distancia y cercanías. Un análisis al que se llega no solo desde la acción política, sino escuchando a
distintos usuarios que se han topado con estas situaciones, así como conociendo las reivindicaciones de entidades como la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cádiz.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir a ADIF un mejor mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Cádiz en todas sus vertientes:
a. Plan de acción en apeaderos y estaciones para garantizar el funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas, aseos, usos alternativos de las dependencias vacías y cerradas, limpieza, así como garantizar un sistema de asistencia directa
e inmediata al usuario en el caso de que alguno de esos servicios falle.
b. Ampliación de trenes de mantenimiento de bateo y perfilado para reparación y prevención de la plataforma ferroviaria de la provincia.
2. Aumentar y modernizar los trenes de cercanías para reducir tiempos de espera y dar mejor servicio al usuario, garantizando que éstos conecten de manera frecuente todos los puntos de la red existente a nivel provincial.
3. Revisar el mapa ferroviario de la provincia para lograr una mejor cohesión y comunicación entre todas las comarcas de la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Ignacio Romaní Cantera, Macarena Lorente Anaya, Juan Bravo Baena, José Vicente Marí Bosó, Sergio Sayas López, Héctor
Palencia Rubio, Cristina Teniente Sánchez, José Alberto Herrero Bono y Ana Martínez Labella, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de la
variante de Tarazona en la carretera N-121, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La carretera N-121 constituye una vía de comunicación estratégica entre Navarra y Aragón, articulando una parte esencial del tráfico de mercancías y viajeros entre el Valle del Ebro y la frontera con Francia. En este corredor, la localidad
de Tarazona soporta un notable volumen de tráfico, incluyendo un elevado porcentaje de vehículos pesados, lo que genera afecciones significativas en materia de seguridad vial, movilidad urbana, salud pública y desarrollo económico local.
El trazado actual de la N-121 atraviesa el núcleo urbano de Tarazona, provocando continuos problemas de congestión y representando un riesgo real para la seguridad de peatones y conductores. Esta situación constituye una barrera para la
cohesión urbana y afecta de forma directa a la calidad de vida de los turiasonenses, debido al incremento del ruido, la contaminación ambiental y el deterioro del pavimento urbano.
La construcción de una variante que desvíe el tráfico de paso fuera del casco urbano es una reivindicación histórica de las instituciones locales, los vecinos y el tejido empresarial de la comarca. Esta infraestructura resulta
imprescindible para mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de tránsito, disminuir la contaminación atmosférica y acústica, y contribuir al desarrollo económico y social de Tarazona y su entorno.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, debe atender esta demanda justa y prioritaria, en cumplimiento de su compromiso con unas infraestructuras modernas, seguras y sostenibles en todo el
territorio nacional.
Tarazona se encuentra en un enclave estratégico que actúa como punto de conexión natural entre varias Comunidades Autónomas (Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León), lo que refuerza su papel como nodo interregional de comunicaciones.
La ejecución de la variante facilitaría, además, la conexión con la futura plataforma logística impulsada por el Gobierno de Aragón, favoreciendo así la salida de mercancías en condiciones óptimas y evitando el tránsito de vehículos pesados por el
interior del núcleo urbano.
Cabe recordar que el trazado de la variante fue aprobado el 28 de enero de 2010. No obstante, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), emitida mediante Resolución de 13 de marzo de 2006, ha caducado. Por ello, se considera imprescindible
reactivar de forma urgente el proyecto para poder avanzar en la ejecución de esta infraestructura clave para la movilidad y el desarrollo territorial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reactivar con carácter urgente el proyecto de construcción de la variante de la N-121 a su paso por Tarazona, incluyendo la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental.
2. Priorizar en sus planes de inversión la ejecución de esta infraestructura, clave para la seguridad vial, la descongestión del tráfico urbano y la mejora de la calidad ambiental en Tarazona.
3. Coordinar este proyecto con la planificación de la futura plataforma logística promovida por el Gobierno de Aragón, garantizando su adecuada conexión y potenciando el desarrollo económico interregional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Luis María Beamonte Mesa, Héctor Palencia Rubio, Pedro Navarro López y Raúl Cuevas Larrosa, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la puesta en valor del
Puente Cruzul en Becerreá (Lugo), para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Puente Cruzul es un puente sobre el Río Narón, incluido en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia desde marzo de 1991. Cuenta, por tanto, con la protección por su valor cultural, al estar recogido en las Normas Subsidiarias y
Complementarias de Planeamiento Provincial, y posteriormente incorporadas tanto a las Normas Subsidiarias de planeamiento del Ayuntamiento de Becerreá de 1995 como al Catálogo el Plan Básico Autonómico en agosto de 2018.
Construido en el siglo XVIII, es un ejemplo singular de la obra civil desarrollada durante el período de la Ilustración, que se caracteriza por su sobriedad ornamental. La infraestructura se integra en el trazado de una carretera de
titularidad nacional, la antigua N-VI (coordenadas son 45,50° LN -5,22° LO) y es un bien patrimonio del Estado adscrito al servicio público gestionado por la Administración del Estado.
El puente se construyó probablemente aguas arriba del paso de las vías romanas, cuyo trazado fue proyectado por Carlos Lemaur dentro de la red de Caminos Reales que impulsó Carlos III, en este caso la carretera radial Madrid-A Coruña.
Puente Cruzul es de estilo neoclásico y constituye el único puente existente en la provincia de Lugo que data de este período. Consta de tres arcos semicirculares o de medio punto de 12 metros de diámetro y una altura total de 29,20 metros.
Tiene 93 metros de longitud, con dos pilares centrales con una sección rectangular de 4 metros de espesor y 8,50 metros de largo, constantes en toda la altura de su fuste, y finalizan en una cornisa de molduras de la que arrancan los arcos que
conforman el alzado.
Situado en la parroquia del mismo nombre, tiene un enorme valor histórico y constituye un ejemplo singular de ingeniería civil que destaca también por su interacción con el paisaje, al encontrarse en un espacio natural de extraordinario
valor ecológico, como es la Reserva de la Biosfera de Os Aneares.
Son varios los hechos históricos que protagoniza el Puente Cruzul, siendo el más destacable el que se produjo durante la Guerra de la Independencia, con la resistencia ante los invasores por parte de gente de la zona -clero, nobleza y
campesinado unidos-. La batalla con más transcendencia fue la que permitió la huida del ejército británico de las tropas napoleónicas y que en la actualidad se recrea en el lugar en el mes de mayo.
Entre otros personajes destacados que se sabe que cruzaron el puente está el Infante Francisco de Asís María, la reina Isabel II y el futuro Rey Alfonso XII.
El valor patrimonial e histórico del Puente Cruzul, por el que además circula la Vía Künig, le hacen merecedor de su consideración como Bien de Interés Cultural. Al tratarse de un bien de titularidad estatal adscrito al servicio público de
carreteras, gestionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural es una competencia del Ministerio de Cultura, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 b) y
9.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
Por este motivo, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia ya había remitido el 16 de octubre de 2010 el expediente completo de la solicitud como Bien de Interés cultural al Ministerio de Cultura, tras las
iniciativas presentadas a su vez por el Ayuntamiento de Becerreá y el Colectivo Patrimonio de los Aneares.
En diferentes ocasiones, el Gobierno ha trasladado que se habían iniciado los trámites para llevar a cabo el estudio de viabilidad, necesidad y relevancia para declarar el Puente Cruzul como Bien de Interés Cultural, sin que hasta la fecha
se haya culminado la tramitación del mencionado expediente ni se conozca cuál es el estado real del mismo.
Independientemente de la tramitación como Bien de Interés Cultural, parece razonable que el Gobierno como titular de la infraestructura, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, no sólo garantice en todo momento las
inversiones necesarias para el mantenimiento y seguridad de la vía, sino que al mismo tiempo acometa diferentes actuaciones para su puesta en valor como bien patrimonial e histórico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1 Realizar, como titular de la infraestructura, todas las actuaciones necesarias para garantizar el mantenimiento, puesta en valor y conservación del Puente Cruzul, bien protegido por la Xunta de Galicia por su valor cultural.
2. Iniciar, tramitar y finalizar de forma inmediata la tramitación del expediente para la declaración del Puente Cruzul como Bien de Interés Cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Cristina Abades Martínez y Celso Luis Delgado Arce, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/002246
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al puente de Ribadesella.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 2 ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no
de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al puente de Ribadesella,
para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El puente de Ribadesella, construido en 1940, constituye una infraestructura vital para la conectividad diaria, la actividad económica y la cohesión social del concejo. En el año 2022 se adjudicaron las obras de reparación de dicha
infraestructura, que inexplicablemente ya en 2025 permanecen paralizadas.
En las últimas semanas, el Ministerio de Transportes ha anunciado la ejecución de dichas obras con un cierre total del puente al tráfico rodado durante al menos 15 semanas. Esta decisión, adoptada sin consenso ni diálogo con el Ayuntamiento
de Ribadesella ni con los vecinos afectados, ha generado una lógica inquietud en la población.
El cierre total del puente traerá consigo enormes perjuicios para los vecinos de Ribadesella, que quedarían divididos a uno y otro lado del río, dificultando gravemente la movilidad diaria y el acceso a servicios básicos. Esta fractura
territorial tendrá efectos directos sobre la actividad económica y social del concejo, especialmente en sectores como el turismo, el comercio y la hostelería, cuya dependencia del tránsito constante entre ambas orillas es vital. Además, la
interrupción de la conexión rápida afecta a trabajadores, estudiantes y personas con tratamientos médicos o situaciones de emergencia, que verán alargados sus desplazamientos sin alternativas reales. La única alternativa propuesta por el
Ministerio, un servicio de autobuses lanzadera, obligará a los vecinos a recorrer más de 17 kilómetros para unir dos puntos que actualmente están conectados por un puente de apenas unos cientos de metros, lo que evidencia la desproporción de la
medida. Se trata, por tanto, de una decisión con un alto impacto en la vida cotidiana de miles de ciudadanos, que no ha sido ni suficientemente explicada ni adecuadamente compensada.
El Ministerio sostiene que no existen alternativas técnicas al cierre completo. Sin embargo, diversas voces autorizadas del ámbito de la ingeniería civil, incluyendo profesionales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Asturias, han manifestado públicamente que sí existen alternativas viables desde el punto de vista técnico, aunque puedan implicar un modificado del proyecto y un coste adicional. La opacidad con la que el Gobierno ha gestionado esta actuación, sin
aportar informes técnicos ni ambientales actualizados, contribuye a aumentar el malestar ciudadano.
Es importante recordar que una de las condiciones valoradas a la hora de adjudicar la obra fue precisamente la posibilidad de mantener la conectividad durante las obras, lo que refuerza la necesidad de reconsiderar una ejecución menos lesiva
para los intereses de Ribadesella.
El GPP considera que una infraestructura estratégica como esta no puede abordarse con improvisación, falta de transparencia y desprecio hacia las aportaciones profesionales independientes. La seguridad estructural debe ser compatible con la
búsqueda de soluciones que reduzcan el impacto sobre la vida de miles de personas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconsiderar el planteamiento actual del proyecto de reparación del puente de Ribadesella, evaluando alternativas técnicas que permitan mantener al menos parcialmente la conectividad durante las obras, aunque ello implique un modificado
del proyecto.
2. Facilitar de forma inmediata al Ayuntamiento de Ribadesella, al Congreso de los Diputados y al conjunto de la ciudadanía todos los informes técnicos, ambientales y de ejecución relacionados con el estado del puente y la intervención
prevista.
3. Abrir un espacio de diálogo con el Ayuntamiento, los profesionales del Colegio de Ingenieros de Caminos y los vecinos, a fin de explorar soluciones que garanticen la seguridad sin causar un perjuicio desproporcionado a la población.
4. Aclarar públicamente los motivos del retraso de más de dos años en la ejecución del proyecto adjudicado y detallar el nuevo cronograma de actuación previsto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Esther Llamazares Domingo, José Alberto Herrero Bono y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reforzar de manera urgente,
eficiente y efectiva los medios humanos y materiales de la Administración de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La nefasta gestión del Gobierno de España con la Administración de la Seguridad Social ha hecho que, una administración que era unánimemente reconocida y admirada por los ciudadanos y pilar esencial de nuestro modelo de bienestar social,
esté perdiendo día a día la eficiencia y calidad que los ciudadanos merecen y necesitan.
Hace casi cinco años, en septiembre de 2020, el Grupo Parlamentario Popular preguntaba al entonces Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la paralización que sufría la Seguridad Social. El entonces ministro, hoy
Gobernador del Banco de España, respondía que tales afirmaciones eran 'anécdotas', 'demagogia' y 'desinformación'.
De igual modo, hace dos años, en mayo de 2023, este Grupo Parlamentario reiteraba una pregunta sobre este extremo, algo que el mismo Ministro calificaba, a voz en grito, de 'bulo' e 'intoxicación'.
Hoy, la incompetencia del Gobierno y su negativa a ocuparse de los problemas que realmente perjudican la vida de los españoles ocasiona que la Administración de la Seguridad Social se vea incapaz de atender a los ciudadanos y al interés
general de acuerdo con los principios rectores de toda actuación pública, entre ellos los de servicio efectivo; simplicidad, claridad y proximidad; eficacia y eficiencia o responsabilidad por la gestión pública.
Desde hace semanas, los empleados de la Seguridad Social mantienen paros indefinidos semanales ante lo que califican, literalmente, como un 'colapso' de la Administración, motivado por el descontrol absoluto al que el Gobierno ha sumido a
esta entidad pública. Estos movilizaciones, según los promotores, han tenido un seguimiento que califican de 'masivo' en las principales provincias del país.
Este colapso, que el Gobierno sigue ignorando y tratando de ocultar, se deriva del abandono manifiesto al que ha sometido a la Seguridad Social y a sus empleados públicos, a la gran escasez de personal y a la necesidad de llevar a cabo una
restructuración de las entidades y servicios que conforman su entramado administrativo.
Por desgracia, el colapso y abandono por el Gobierno de España antes descrito de la Administración de la Seguridad Social no es puntual, sino que se extiende a casi todo el marco de nuestro modelo social. El sindicato Comisiones Obreras
(CCOO), por ejemplo, denunciaba a principios del mes de mayo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no había pagado 150.000 subsidios por el modelo de gestión configurado por el Gobierno, pero también por el consciente olvido al que ha
sometido a este servicio público.
El balance social de este Ejecutivo es pésimo y no puede esperar más a ser solucionado. Estamos en una situación de colapso generalizado: la gestión de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital, el SEPE... Es evidente que, después de siete
años en el Gobierno, dedicándose a todo menos a atender a los problemas de los españoles, el sistema exige con urgencia medios humanos y materiales, una gestión eficiente y eficaz y un compromiso con el sistema y con los empleados públicos que lo
atienden.
Mirar hacia otro lado, como, es evidente, realiza este Gobierno, supone contravenir el pacto social alcanzado en 1978, que se configuró a través de la instauración de nuestro Estado social, y que buscaba garantizar y consolidar un sistema
que defendiese los principios de solidaridad, la igualdad de trato y la equidad entre generaciones. La existencia de decenas de miles de expedientes administrativos que versan sobre pensiones de seguridad social y sobre desempleo pendientes de
resolución, por ejemplo, es la evidencia clara del enorme quebranto que el Gobierno está ocasionando.
Ello es, una vez más, y entre otras cuestiones, un reflejo del menosprecio que este Gobierno hace al Pacto de Toledo, que en sus Recomendaciones (concretamente la número ocho, sobre la Gestión del sistema) recuerda que 'la legitimidad del
sistema de Seguridad Social también está relacionada con una gestión eficaz y eficiente que responda, adecuadamente, con agilidad y de forma comprensible a las demandas de los ciudadanos'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Dar soluciones estructurales para revertir la situación de caos y colapso que actualmente existe en la Administración de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal, reforzando de manera urgente, eficiente y efectiva los
medios humanos y materiales de la misma así como los modelos de gestión de estos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2025.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Irene Garrido Valenzuela, Cristina Teniente Sánchez, Sofía Acedo Reyes, Alma Alfonso Silvestre, María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte
Gómez, Cristóbal Garre Murcia, Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa, Juan Andrés Bayón Rolo, Belén Hoyo Juliá, Macarena Lorente Anaya, María Torres Tejada y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el Art. 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente Proposición no de Ley relativa a las políticas públicas que benefician al colectivo de
autónomos, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El colectivo de trabajadores autónomos en España es una pieza clave de la economía nacional, con más de tres millones de personas que desarrollan su actividad económica bajo esta modalidad. A lo largo de los últimos años, el Gobierno de
España ha adoptado un conjunto de medidas dirigidas a mejorar las condiciones laborales, fiscales y sociales de los autónomos, un sector que se enfrenta a numerosos retos y cuya situación se ha visto aún más compleja debido a los efectos de la
pandemia de COVID-19 y las dificultades económicas globales.
En este contexto, el Gobierno de España ha demostrado un firme compromiso con el bienestar de los autónomos a través de una serie de reformas y medidas que buscan su estabilización y crecimiento. Entre las iniciativas más relevantes,
destacan las siguientes:
1. Reforma del sistema de cotización de los autónomos: la implementación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que entró en vigor en 2023, ha sido una de las reformas más destacadas, permitiendo a los autónomos ajustar su
cotización a sus ingresos de manera más equitativa. Esta medida contribuye a que los autónomos coticen en función de lo que realmente ganan, lo que facilita su integración en el sistema de seguridad social y mejora su acceso a prestaciones como la
pensión de jubilación o la baja por incapacidad temporal.
2. Eliminación de las barreras para acceder a la jubilación y pensiones: a través de la reforma en la Ley de Autónomos, se han introducido mecanismos que permiten a los trabajadores autónomos acceder a una pensión más digna en su
jubilación, fomentando la cotización al sistema público de pensiones con más facilidad.
3. Cobertura obligatoria del riesgo de contingencias profesionales.
4. Cobertura obligatoria del cese de actividad y medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora.
5. Ayudas y subvenciones para la digitalización y modernización: el Gobierno ha impulsado diversas líneas de apoyo económico para la digitalización de los autónomos, con programas específicos para facilitar su adaptación a la economía
digital. Esto incluye la creación de plataformas para la digitalización de pequeñas empresas y autónomos, lo que les permite mejorar su competitividad y adaptar sus negocios a las nuevas demandas del mercado.
6. Medidas de protección social: durante la crisis sanitaria de COVID-19, el Gobierno puso en marcha un amplio conjunto de ayudas extraordinarias para proteger a los autónomos frente a los efectos económicos de la pandemia. Entre ellas,
destacó la prestación extraordinaria por cese de actividad, que ha sido prorrogada en varias ocasiones. También se introdujeron medidas como la exoneración de las cotizaciones sociales o la flexibilización de los plazos para el pago de impuestos.
7. Acceso a la financiación: a través de convenios con entidades bancadas y la implementación de ayudas directas, el Gobierno ha facilitado el acceso a la financiación para los autónomos, especialmente para aquellos que inician nuevos
proyectos o que se ven afectados por los efectos de la crisis económica global.
8. Reforzamiento de la lucha contra la morosidad: se ha implementado legislación para proteger a los autónomos frente a la morosidad empresarial, una de las principales problemáticas que enfrentan, especialmente aquellos autónomos que
prestan servicios a grandes empresas.
Son muchas e importantes las medidas adoptadas, en el marco del diálogo social, desde 2018. Sin embargo, es necesario seguir atendiendo las necesidades de este colectivo a la vista de los nuevos y cambiantes retos a los que se enfrenta
nuestro mercado de trabajo y que, en el caso de las personas trabajadoras autónomas, exigen un ajuste más pormenorizado, teniendo en cuenta su implantación en el territorio, fundamentalmente en el ámbito rural, y con perspectiva de género.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del diálogo social y con perspectiva de género, adopte las siguientes medidas:
1. Continuar fortaleciendo el sistema de cotización de las personas trabajadoras autónomas, garantizando que las reformas del sistema de cotización por ingresos reales mejoren su ajuste a las necesidades del colectivo, asegurando una mayor
equidad en el acceso a las prestaciones sociales, y ello de conformidad con las evaluaciones periódicas realizadas por el Gobierno tal y como establece el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio.
2. Mantener y expandir las ayudas a la digitalización de las personas trabajadoras autónomas, tras analizar el alcance y la eficacia de las medidas existentes con el fin de garantizar un diseño óptimo de las nuevas; con una especial
atención a aquellos sectores que más lo necesitan, como el comercio local y las pequeñas empresas del ámbito rural, y tras el establecimiento de un procedimiento adecuado para la selección de los beneficiarios.
3. Proseguir con el apoyo a la financiación de nuevos proyectos emprendedores autónomos y pequeñas empresas, favoreciendo el acceso a créditos en condiciones favorables.
4. Refuerzos en la protección social y sanitaria para las personas trabajadoras autónomas, con nuevas iniciativas que garanticen un acceso más universal a los servicios sanitarios, a la par que se ajustan a las realidades del colectivo.
5. Fomentar la formación continua de las personas trabajadoras autónomas, a través de programas y subvenciones, para garantizar que estén mejor preparados frente a los retos de la economía globalizada.
6. Continuar avanzando en el desarrollo de acciones y medidas de políticas activas de empleo, como la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y, muy particularmente, la Estrategia Nacional de Impulso al Trabajo Autónomo 2022-2027.
7. Seguir promoviendo políticas públicas que beneficien al colectivo de autónomos, adaptándose a sus necesidades y a los cambios que se producen en la economía global, garantizando su estabilidad y fortaleciendo su posición dentro del
sistema económico y social del país, tras la evaluación de las medidas ya adoptadas para garantizar la efectividad de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2025.-Alberto Mayoral de Lamo y Elisa Garrido Jiménez, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la implementación y ejecución del
nuevo marco normativo derivado del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La reciente aprobación del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, impulsado por los principales grupos políticos del Parlamento Europeo, constituye un avance trascendental hacia una política migratoria común, segura y
solidaria en el seno de la Unión. Este Pacto establece un marco normativo que busca equilibrar la responsabilidad y la solidaridad entre los Estados miembros, así como agilizar los procedimientos de asilo, reforzar el control de fronteras
exteriores y luchar eficazmente contra la inmigración irregular y las redes de tráfico de personas.
El Partido Popular Europeo ha trabajado desde las distintas instituciones de la UE para que el nuevo paquete normativo en materia de inmigración proteja nuestras fronteras y también los derechos humanos de las personas migrantes víctimas de
trata, apostando por una gestión ordenada de los flujos migratorios que preserve la seguridad y la cohesión social de los Estados miembros.
La entrada en vigor progresiva de los reglamentos que integran este Pacto requiere de un compromiso firme por parte de los Gobiernos nacionales. La Comisión Europea ha dado de plazo hasta el verano de 2026 para implementar el conjunto de
las medidas aprobadas. Por tanto, resulta imprescindible que el Gobierno de España dé a conocer qué trabajos se están llevando a cabo, en los ámbitos legislativo, presupuestario y de puesta en marcha de nuevas infraestructuras fronterizas y de
recepción.
En este contexto, la situación que se vive en el archipiélago canario, frontera sur de la Unión Europea, exige una respuesta urgente tras más de un año de abandono por parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. La crisis humanitaria
derivada del incremento sostenido y descontrolado de las entradas irregulares -con cifras que superan ampliamente la capacidad de acogida y de atención humanitaria-, pone en evidencia la falta de previsión, coordinación y control por parte del
Gobierno de España y, en particular, de los ministerios del Interior y de Migraciones.
Asimismo, preocupa especialmente que, pese a haber entregado el Plan de Implementación del Pacto de Migración y Asilo ante la Comisión Europea en diciembre de 2024, el Gobierno no haya dado cuenta aún de su contenido ni lo haya compartido
con los grupos políticos representados en el Congreso, lo cual resulta inadmisible dada la trascendencia del asunto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar a conocer de forma inmediata el contenido íntegro del Plan de Implementación del Pacto de Migración y Asilo remitido a la Comisión Europea en diciembre de 2024, compartiéndolo con todos los grupos políticos con representación
parlamentaria.
2. Convocar, de manera urgente, una reunión con todas las Comunidades Autónomas, especialmente con aquellas que reciben una mayor presión migratoria, para informar y consensuar las modificaciones legislativas que se derivan del nuevo Pacto
de Migración y Asilo, garantizando su participación activa en el diseño e implementación de las mismas.
3. Reforzar el control efectivo de las fronteras españolas, tanto terrestres como marítimas, especialmente en puntos clave como el archipiélago canario, y adoptar medidas inmediatas para prevenir y combatir la inmigración irregular,
contando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en estrecha colaboración con la agencia europea Frontex.
4. Promover en el ámbito comunitario una mayor implicación de la UE en el control de las fronteras exteriores y en el reparto equilibrado de responsabilidades entre los
Estados miembros, garantizando que la solidaridad europea se traduzca en apoyo financiero a los países más expuestos a la presión migratoria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Sofía Acedo Reyes, Cristina Teniente Sánchez, Alma Alfonso Silvestre, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Cristóbal Garre Murcia,
Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa, Juan Andrés Bayón Rolo, Belén Hoyo Juliá, Macarena Lorente Anaya, María Torres Tejada y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/002241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer un nuevo sistema de
retorno efectivo y común en la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La gestión eficaz de los flujos migratorios constituye uno de los desafíos más apremiantes para la Unión Europea en la actualidad. Las tasas de retorno de personas en situación irregular están situadas, en la UE, en torno al 20% bien porque
el Estado de origen o tránsito no facilita el retorno, o bien porque la persona decide darse a la fuga-, evidenciando la necesidad de establecer mecanismos más eficientes y coordinados a nivel comunitario. En España se ejecutan menos de un tercio
de las órdenes de expulsión que se dictan.
En respuesta a esta problemática, la Comisión Europea ha propuesto un nuevo Reglamento de Retorno que busca armonizar y fortalecer las políticas de repatriación en los Estados miembros. Este nuevo marco normativo introduce procedimientos
comunes para la emisión de decisiones de retorno y promueve el reconocimiento mutuo de dichas decisiones entre los países de la Unión Europea.
Además, establece la posibilidad de que los Estados miembros establezcan acuerdos con terceros países -siempre que respeten las normas y principios internacionales en materia de derechos humanos, de conformidad con el Derecho Internacional,
incluido el 'principio de no devolución'- para la habilitación de instalaciones para efectuar los retornos. Se trata pues, de la creación de un marco legal sólido, adaptado al contexto migratorio actual, firme pero justo, comprometido con los
derechos fundamentales y los valores fundacionales de la UE.
La cuestión migratoria no puede analizarse de manera aislada, sino que debe abordarse en el marco de la seguridad y estabilidad del espacio europeo. En los últimos años, la instrumentalización de la migración como herramienta de presión por
parte de actores externos, y el auge de las amenazas híbridas, han demostrado la falta de un control homogéneo, unitario y efectivo en las fronteras, lo cual supone un riesgo estratégico para Unión Europea.
En este contexto, el flanco sur europeo adquiere una especial relevancia, pues el aumento de la presión migratoria en el Mediterráneo y el Sahel no sólo plantea un desafío humanitario, sino que también es aprovechado por las redes criminales
que trafican con personas, poniéndose en peligro la seguridad y el orden público.
España, por su ubicación geográfica, es una de las principales entradas al territorio europeo. En los últimos años, hemos sido testigos de un incremento exponencial en la llegada de inmigrantes irregulares, lo que pone de manifiesto la
pésima gestión del Gobierno en lo relativo al control eficaz de nuestras fronteras.
Según datos del Ministerio del Interior, durante los primeros meses del año 2025, casi 14.000 inmigrantes han entrado en España irregularmente. La ruta migratoria desde Argelia hacia las Islas Baleares ha experimentado un aumento
preocupante: en lo que va de año, más de 2.846 migrantes arribaron a la península y Baleares por vía marítima, lo que supone un incremento importante en comparación al año anterior. Por otro lado, la situación en Canarias -Comunidad Autónoma
abandonada por el Gobierno- sigue siendo alarmante, pues ya se ha convertido en el territorio de la UE donde se producen más entradas irregulares.
Ello ha desbordado los recursos locales y autonómicos, mientras el Gobierno se niega a ofrecer los medios de los que dispone para hacer frente a esta grave crisis humanitaria.
Por ello, es fundamental que un país como España, que es frontera sur de Europa, se comprometa con una política de retornos firme, ejerciendo el control efectivo de los pasos fronterizos y garantizando unos flujos de inmigración ordenados,
legales y vinculados a las necesidades del mercado laboral.
Es esencial que el Gobierno de España apoye y se comprometa con la plena implementación del futuro Reglamento de Retorno, que refuerce la cooperación no sólo entre los países de destino y tránsito, sino también con los de origen,
incrementando la presencia de Frontex en nuestras costas, especialmente en aguas canarias, para así poder combatir a las mafias que se lucran con el tráfico de personas.
Asimismo, este nuevo enfoque integral en la gestión migratoria debe ser una herramienta útil en la lucha contra las redes de trata con el fin de evitar que las cifras de más de 10.000 fallecidos en aguas canarias a finales del último año
2024 nunca más se repitan.
En definitiva, sólo a través de una acción debidamente coordinada y decidida a nivel europeo se podrá garantizar la efectividad de las políticas de retorno y preservar tanto la estabilidad como la seguridad interna de los Estados miembros.
Es crucial que recuperemos el control de las fronteras exteriores de la UE para paliar una problemática que requiere de medidas urgentes.
El nuevo sistema, para ser eficaz, debe evitar que aquellas personas a las que se les deniega el asilo puedan trasladarse a otro Estado miembro para evitar cumplir con las resoluciones de devolución y, por ello, deben existir directrices
claras, obligaciones firmes y consecuencias reales cuando se incumplen las normas de entrada en algún Estado miembro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Respaldar la propuesta de la Comisión Europea sobre el nuevo Reglamento de Retorno, promoviendo su implementación ante las instituciones de la UE.
2. Reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito, estableciendo nuevos acuerdos que faciliten los retornos, así como revisar el cumplimiento de los acuerdos vigentes.
3. Incrementar las capacidades de control fronterizo y vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y solicitar una mayor presencia de Frontex en Ceuta y Melilla, así como en los archipiélagos de Canarias y Baleares.
4. Cumplir con el marco normativo de la Unión Europea en materia de inmigración y asilo, concretamente con el Pacto de Migración y Asilo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Sofía Acedo Reyes, Cristina Teniente Sánchez, Alma Alfonso Silvestre, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Cristóbal Garre Murcia,
Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa, Juan Andrés Bayón Rolo, Belén Hoyo Juliá, Macarena Lorente Anaya, María Torres Tejada y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/002220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano a instancia de la diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
promoción del turismo industrial, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El turismo industrial es una modalidad turística centrada en la promoción de espacios e infraestructuras industriales. Ofrece la oportunidad de dar a conocer de primera mano las formas de elaboración de productos, servicios, sistemas de
trabajo o infraestructuras desde un punto de vista recreativo y educativo.
El patrimonio industrial puede estar vivo, si se encuentra en espacios todavía en uso; o puede tratarse de patrimonio histórico, si se encuentra enfocado en antiguos espacios industriales ya en desuso. En cualquier caso, se trata de una
propuesta multisectorial que engloba desde la industria alimentaria, la textil, metalúrgica, o la minería, entre otras, y está fuertemente vinculado a territorios altamente industrializados.
Es en este aspecto donde Cataluña, entre otros territorios, tiene una especial relevancia. Ya desde los inicios de la industrialización, durante la primera mitad del siglo XIX, Cataluña se convirtió en una potencia industrial con un amplio
tejido productivo y de infraestructuras que resultó en un patrimonio de alto valor cultural, artístico y también turístico.
Durante la II República, el Gobierno de la Generalitat ya intentó crear un museo de la industrialización en Cataluña, para poner en valor todo este patrimonio industrial. No fue hasta 1984 que se inauguró el Museo Nacional de la Ciencia y
la Técnica de Cataluña (MNACTEC), con su sede principal en la antigua fábrica textil del Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa, una joya del modernismo catalán, y con 28 museos más en toda Cataluña. Cada museo del MNACTEC está ubicado en un
espacio industrial significativo, lo que permite comprobar el gran impacto de la revolución industrial en el territorio.
La experiencia del MNACTEC hizo aflorar la necesidad de aunar esfuerzos en torno al desarrollo de este tipo de turismo, ya que puede ser una herramienta útil para la promoción económica de los municipios, sobre todo aquellos en zonas rurales
o en riesgo de despoblamiento. Con esta idea, en 2006 se creó la Red de Turismo Industrial de Cataluña (XATIC) con la misión de 'conectar y potenciar el turismo industrial a través de un programa común de actuación que favorece tanto el crecimiento
económico como cultural de nuestro territorio'. Actualmente la XATIC está formada por 40 municipios y más de 100 espacios, ya sean antiguas minas, museos, fábricas y también industria viva.
En el País Vasco y Asturias también se han puesto en marcha iniciativas para la promoción de este tipo de turismo. Iron River es una iniciativa vasca que conecta Bilbao y Vizcaya con su pasado industrial minero, naval y metalúrgico a través
de 8 vías verdes y 41 espacios del patrimonio industrial de la zona. En Asturias, en 2023 se lanzó la marca 'Asturias, Naturaleza Minera' también para promocionarse como destino de turismo industrial.
El turismo industrial es una realidad creciente y una oportunidad de desarrollo territorial, que protege y valoriza el patrimonio, genera recursos económicos y crea puestos de trabajo. Por eso es necesario que el Estado ponga en valor el
turismo industrial, ya sea desde el punto de vista patrimonial histórico como desde la industria viva y los procesos industriales actuales, entendiéndolo como una herramienta de dinamización y de freno a la despoblación o de zonas industriales en
declive. Respetando el marco competencial vigente, deben garantizarse los recursos necesarios a las diversas iniciativas de promoción
turística que han ido surgiendo en las últimas décadas para poder hacerlas viables y con continuidad en el tiempo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Estudiar y cuantificar el impacto del turismo industrial en los distintos territorios, teniendo en cuenta el número de usuarios de este producto turístico y su impacto económico y en la lucha contra el despoblamiento.
2. Generar un banco de datos para recoger las buenas prácticas e iniciativas en turismo industrial en todo el Estado y también a nivel europeo.
3. Convocar nuevas líneas territorializadas de ayudas destinadas a proyectos que permitan la consolidación, visibilización y promoción de iniciativas de turismo industrial con alto valor añadido.
4. Convocar nuevas líneas territorializadas de ayudas destinadas a la rehabilitación y mantenimiento del patrimonio, con especial atención al patrimonio industrial.
5. Dotar de presupuesto a las Comunidades Autónomas para que puedan ofrecer formación y asesoramiento a empresas que quieran hacerse visitables o museizables.
6. Establecer un mecanismo, dentro de las competencias estatales en turismo internacional, para la participación activa de las iniciativas de turismo industrial en proyectos internacionales y en captación de fondos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2025.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a I'empara deI que s'estabIeix en I'articIe 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per la promoció
del turisme industrial per al seu debat en la Comissió d'lndústria i Turisme.
Exposició de motius
El turisme industrial és una modalitat turística centrada en la promoció d'espais i infraestructures industrials. Ofereix la oportunitat de donar a conèixer de primera má Ies formes d'eIaboració de productes, serveis, sistemes de trebaII, o
infraestructures des d'un punt de vista recreatiu i educatiu.
El patrimoni industrial pot estar viu, si es troba en espais encara en ús; o es pot tractar de patrimoni històric, si es troba enfocat en antics espais industrials ja en desús. En tot cas, es tracta d'una proposta muItisectoriaI que
engIoba des de la indústria alimentària, la tèxtil, metal·lúrgica, o la mineria, entre d'aItres, i està fortament vinculat a territoris altament industrialitzats.
És en aquest aspecte on CataIunya, entre d'aItres territoris, agafa una especiaI rellevància. Ja des dels inicis de la industrialització, durant la primera meitat del segle XIX, Catalunya ha esdevingut una potència industrial amb un ampli
teixit productiu i d'infraestructures que ha resultat en un patrimoni d'aIt vaIor cuIturaI, artístic, i també turístic.
Durant la II República el govern de la Generalitat ja va intentar Ia creació d'un museu de la industrialització a Catalunya, per tal de posar en valor tot aquest patrimoni industrial. No va ser fins el 1984 que s'inaugura el Museu Nacional
de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), amb la seu principal a I'antiga fàbrica tèxtil del Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa, una joia del modernisme català, i amb 28 museus més arreu de Catalunya. Cada museu del MNACTEC està
ubicat en un espai industrial significatiu, fet que permet comprovar el gran impacte de la revolució industrial en el territori.
L'experiéncia deI MNACTEC va fer aflorar Ia necessitat d'unir esforgos aI voItant del desenvolupament d'aquest tipus de turisme, ja que pot ser una eina útil per a la promoció econòmica dels municipis, sobretot aquells en zones rurals o en
risc de despoblament. Amb aquesta idea, I'any 2006 es va crear la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) amb Ia missió de 'connectar i potenciar el turisme industrial a través d'un programa comú d'actuació que afavoreix tant el creixement
econòmic com cultural del nostre territori'. Actualment la XATIC la formen 40 municipis i més de 100 espais, ja siguin antigues mines, museus, fàbriques i també indústria viva.
Al País Basc i a Astúries també s'han posat en marxa iniciatives per a Ia promoció d'aquest tipus de turisme. Iron River és una iniciativa basca que connecta Bilbao i Biscaia amb el seu passat industrial miner, naval i metal·lúrgic a través
de 8 vies verdes i 41 espais del patrimoni industrial de la zona. A Astúries, I'any 2023 es va IIengar Ia marca 'Asturias, Naturaleza Minera' també per a promocionar- se com a destinació de turisme industrial.
El turisme industrial és una realitat creixent i una oportunitat de desenvolupament territorial, que protegeix i valoritza el patrimoni, genera recursos econòmics i dona llocs de feina. Per això caI que I'Estat posi en vaIor eI turisme
industriaI, ja sigui des del punt de vista patrimonial històric com des de la indústria viva i els processos industrials actuals, entenent-lo com una eina de dinamització i de fre a la despoblació o de zones industrials en declivi. Respectant el
marc competencial vigent, s'han de garantir els recursos necessaris a les diverses iniciatives de promoció turística que han anar sorgint en les últimes dècades per poder-les fer viables i amb continuïtat en el temps.
Per tot això es presenta la següent:
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Estudiar i quantificar I'impacte deI turisme industrial en els diferents territoris, tenint en compte eI nombre d'usuaris d'aquest producte turístic i el seu impacte econòmic i en la lluita contra el despoblament.
2. Generar un banc de dades per recollir les bones pràctiques i iniciatives en turisme industrial arreu de I'Estat i també a niveII europeu.
3. Convocar noves línies territoriaIitzades d'ajuts destinades a projectes que permetin la consolidació, visibilització i promoció d'iniciatives de turisme industrial amb alt valor afegit.
4. Convocar noves Iínies territoriaIitzades d'ajuts destinades a la rehabilitació i manteniment del patrimoni, amb una atenció especial al patrimoni industrial.
5. Dotar de pressupost a les Comunitat Autònomes perquè puguin oferir formació i assessorament a empreses que es vulguin fer visitables o museïtzables.
6. Establir un mecanisme, dintre de les competències estatals en turisme internacional, per a la participació activa de les iniciatives de turisme industrial en projectes internacionals i en captació de fons.
Congrés dels Diputats, a 2 juny de 2025.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.- Gabriel Rufián Romero, Portaveu G. P. Republicá.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre eliminación de incompatibilidades en servicios y prestaciones del Sistema
para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia supuso uno de los avances sociales más significativos de las últimas décadas en España.
Esta ley fue aprobada con un alto grado de consenso y vino a reconocer, por primera vez en España, el derecho subjetivo de las personas que precisan de ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria a ser atendidas por
los poderes públicos. Se trata de un derecho universal y con garantía pública.
Esta ley regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y
participación de todas las Administraciones Públicas.
Desde la aprobación de la Ley 39/2006, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se fue desarrollando según lo previsto hasta el año 2011. En el año 2012 el sistema sufrió un enorme retroceso a través del Real Decreto
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que modificó numerosos artículos de la ley y supuso importantes recortes a los derechos de las personas en situación de dependencia.
La aprobación y el desarrollo de la Ley 39/2006 debía tener como eje vertebrador la apuesta por avanzar hacia una sociedad que cuida y que entiende el cuidado como un derecho para garantizar una vida digna a todas las personas. Sin embargo,
las medidas adoptadas en 2012 supusieron un enorme frenazo y retroceso de la implantación del Sistema.
Las políticas de desmantelamiento continuaron en los años siguientes, con importantes recortes en la financiación realizados en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado. En aquellos años, se demostró, una vez más, que en materia de
derechos sociales cuesta mucho avanzar y construir, pero cuesta muy poco retroceder, destruir, recortar.
Esta situación comenzó a revertirse en el año 2018, con el cambio de Gobierno. Una de las primeras medidas del nuevo ejecutivo fue la recuperación de las cotizaciones de las cuidadoras familiares. Una medida de justicia social que volvía
poner en valor el trabajo realizado por miles de mujeres. Desde entonces, se han dado pasos esenciales. En 2021, se puso en marcha un plan de choque esencial para que las Comunidades pudieran revertir los recortes, y el sistema altamente dañado
por los recortes del PP. Dicho plan de choque supuso un importante incremento de las aportaciones de la Administración General del Estado.
Además, cabe citar avances como el seguimiento y cumplimiento del acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia, de 2022. Y también la aprobación y el despliegue de
la Estrategia de Desinstitucionalización, diseñada para avanzar hacia un modelo de apoyo personalizado y comunitario, lo que implica un cambio cultural para ampliar las expectativas de vida digna de las personas.
Uno de los numerosos retrocesos que introdujo el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, fue la introducción de un nuevo artículo 25 bis en la Ley
de Dependencia, que lleva por rúbrica 'régimen de incompatibilidad de las prestaciones'.
Este artículo establece que 'las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí y con los servicios del catálogo establecidos en el artículo 15, salvo con los servicios de prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de
la autonomía personal y de teleasistencia', así como que 'los servicios serán incompatibles entre sí, a excepción del servicio de teleasistencia que será compatible con el servicio de prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la
autonomía personal, de ayuda a domicilio
y de centro de día y de noche'. Ello supone que, por ejemplo, asistir a un centro de día es incompatible con recibir ayuda a domicilio.
Ante esta situación, algunas comunidades autónomas han aprobado normativa para permitir la compatibilidad entre servicios y prestaciones del Sistema. Sin embargo, la mejor manera de eliminar barreras a la personalización y facilitar la
combinación de prestaciones económicas y servicios, dentro del ámbito de las intensidades que correspondan a cada grado de dependencia, es suprimir el régimen de incompatibilidades de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia contenido en el artículo 25 bis de la Ley de Dependencia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias para suprimir el régimen de incompatibilidades en servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para permitir
una mayor personalización en la atención a cada persona usuaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Inés Plaza García, Luis Carlos Sahuquillo García, María de las Nieves Ramírez Moreno, Noelia Cobo Pérez, Emilia Almodóvar Sánchez, Olvido de la Rosa Baena, Carmen Andrés Añón, María
Luisa Faneca López, Esther Rodríguez Suárez, Margarita Martín Rodríguez y Modesto Pose Mesura, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción urgente de medidas para
afrontar la crisis de precios y rentabilidad en el sector cerealista español, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector cerealista español atraviesa una grave crisis de rentabilidad que pone en riesgo su continuidad y la sostenibilidad de miles de explotaciones agrarias en nuestro país. Esta situación ha sido denunciada reiteradamente por las
organizaciones profesionales agrarias, como ASAJA, que advierten del hundimiento de los precios de los cereales, mientras los costes de producción se han disparado.
Según los datos de la Lonja de León de 7 de mayo de 2025, el trigo ha cotizado a 198/t, una cifra que se encuentra por debajo de los costes medios de producción, estimados por las asociaciones agrarias en torno a 220/t. Esta caída
sostenida de precios, unida al encarecimiento de insumos como fertilizantes, fitosanitarios, gasóleo agrícola y electricidad, y el incremento de los costes laborales, está generando una crisis estructural que amenaza la continuidad de miles de
explotaciones familiares.
En la bajada del precio pueden influir múltiples factores. España necesita, aproximadamente, el doble del cereal que produce para cubrir las necesidades para alimentación animal, convirtiéndonos en un país deficitario en cereales. En
consecuencia, tendríamos un mercado muy dependiente de los precios en los mercados internacionales.
Sin embargo, tras unos años malos por la sequía, se ha recobrado cierto nivel de producción. La cosecha de 2024 fue aceptable y el último informe sobre superficies y producciones agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), a febrero de 2025, avanza una producción de cereales de otoño-invierno para este año de 16,16 millones de toneladas, lo que supondría un ligero descenso del 2,3% respecto a la obtenida en 2024. La causa se achacaría a una disminución de los
rendimientos.
Algunas organizaciones agrarias denuncian que, la entrada masiva de cereal procedente de terceros países, que no cumplen las exigencias medioambientales, sanitarias ni laborales impuestas a los productores comunitarios. Esta competencia
desleal provoca una distorsión en el mercado que el Gobierno de España no ha sabido ni querido abordar, permitiendo una asfixia lenta pero constante del productor nacional.
Por otra parte, y como pone de manifiesto algunos analistas del comercio global, la dependencia del comercio internacional tiene unos riesgos. El mercado de cereales 2024-2025 se encuentra sometido a oscilaciones en la producción y una baja
reserva enfrenta, elevando la volatilidad y el riesgo de alza en precios. Las primeras previsiones del Consejo Internacional de Cereales (CIC) sobre la producción mundial de cereales para la próxima campaña 2025-2026, apunta a cifras récord. Pero
la incertidumbre comercial generada a principio de año ha sido un elemento más de distorsión, pero debería haber producido un efecto contrario, encareciendo los precios.
Por otra parte, los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dejan de manifiesto que desde 2018 se han perdido 514.900 hectáreas de cereales pasando de 5.856.300 hectáreas a 5.341.400 en 2024, lo que significa una caída del
8,8% en la superficie siendo España un país deficitario en cereales.
La continuidad de la guerra en el este de Europa sigue condicionando el mercado. En junio está prevista la renovación del reglamento que permite a Ucrania exportar productos agrícolas a la UE sin restricciones. Para la misma se baraja la
inclusión del trigo blanco y la cebada en las cláusulas de salvaguarda del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Ucrania, con el fin de restablecer los contingentes arancelarios que limitaban la entrada de estos productos.
El Gobierno, lejos de adoptar medidas eficaces, se ha limitado a declaraciones vacías, sin activar instrumentos reales de apoyo al sector. Mientras tanto, las consecuencias sociales y económicas se extienden: despoblación rural, pérdida de
tejido productivo y aumento de la dependencia exterior en productos estratégicos para nuestra seguridad alimentaria.
El campo español no puede seguir soportando la carga de políticas erráticas y alejadas de la realidad productiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a:
1. Aprobar un paquete de ayudas directas al sector cerealista, con cargo a los fondos de reserva de crisis de la PAC, para compensar las pérdidas por el desplome de precios y el incremento de costes de producción.
2. Reforzar los mecanismos de control en frontera para garantizar que los cereales importados desde terceros países cumplan los mismos estándares sanitarios, ambientales y laborales que los exigidos a los productores europeos, garantizando
que las importaciones cumplan las mismas exigencias que se imponen a los productores nacionales.
3. Controlar y revisar el volumen de cereales importado de terceros países estableciendo las medidas oportunas para permitir un equilibrio de los precios del mercado interior y la rentabilidad de las explotaciones cerealistas españolas.
4. Revisar y flexibilizar las exigencias medioambientales y administrativas derivadas, de las políticas y normativas europeas, estableciendo medidas qué no limiten los
rendimientos de la producción de cerealista, flexibilizando la condicionalidad reforzada para poder potenciar al máximo la producción de cereales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Joaquín Melgarejo Moreno, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez y Javier José Folch Blanc, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas fiscales de apoyo y
protección al sector primario, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector primario desempeña un papel fundamental en nuestra sociedad. Su importancia estratégica se manifiesta en múltiples dimensiones que afectan directamente al bienestar, la sostenibilidad de todos los ciudadanos, y es la principal
fuente de actividad en el medio rural. Aporta según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 2,34% del PIB.
No obstante, el sector arrastra desde hace varios años una crisis que tiene su reflejo en la renta agraria en relación con la evolución del IPC. La renta agraria, en términos reales, solo se ha incrementado en un 11,2% desde 2018, mientras
que la subida del IPC en este tiempo ha sido del 20,6%.
Los costes de producción han subido en los últimos 20 años en un 92%, mientras que la renta agraria ha subido sólo el 49%, cifras que, lamentablemente, han conllevado una pérdida de competitividad en las explotaciones.
La crisis económica y social derivada de la pandemia y de su ineficiente gestión causó un grave impacto en los resultados económicos de las explotaciones agrarias.
El agravamiento de la situación económica se produjo con la crisis originada por el conflicto bélico en Ucrania, un prolongado periodo de sequía que ha afectado intensamente a amplias regiones de España, y la inestabilidad internacional a
nivel geopolítico.
En este contexto, la sociedad europea ha planteado una transición de la economía hacia un modelo descarbonizado, y más sostenible en el uso de los recursos. Una transición que al sector primario se la ha exigido afrontar de una forma muy
exigente y sin una hoja de ruta que le permita adaptar sus explotaciones a estos nuevos modelos.
Por ejemplo, distintos informes corroboran el descenso del número de empresas agrarias. Con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de empresas vinculadas al sector agrario se habría reducido en un 4,8%
(14.296 empresas agrarias menos) entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024. El impacto ha sido mayor en las pequeñas explotaciones, bien microempresas o explotaciones sin asalariados, que son las que tienen menos recursos para amortiguar los
impactos.
En este sentido, el sector acumula una progresiva caída en el empleo. La EPA del 4o Trimestre de 2024 terminó con 736,9 mil personas ocupadas. Esto representa 118 mil empleados menos que el 4o Trimestre de 2021. Esta variación no puede
ser justificada, en exclusiva, con una modernización y mecanización del mundo rural. El vinculado a la baja rentabilidad de la actividad, y por supuesto a la falta de relevo generacional.
Pero a todo lo anterior, viene a sumarse, ahora las decisiones de la política proteccionista a nivel arancelario del Gobierno de EEUU, que está suponiendo una a nivel comercial para todos los sectores, con especial incidencia cola y
ganadero. El sector primario ve con preocupación la repercusión de la aplicación de estos aranceles agresivos
tanto para nuestras exportaciones de productos alimentarios, como los necesarios a aplicar en nuestras importaciones de productos del sector primario en la Unión Europea y especialmente en España.
Lo anterior acredita, sin lugar a dudas, un verdadero plan de apoyo al sector alimentario, con adopción de medidas eficaces para hacer más viables y rentables las dan afrontar el futuro con mejores motivaciones, evitando el goteo de
viabilidad.
Esta Proposición no de Ley pretende introducir herramientas y soluciones que alivien soporta el sector.
En definitiva, se trata de establecer una fiscalidad que fortalezca la economía de un sector esencial y de una agricultura y ganadería moderna y en constante cambio, respondiendo a las; demandas expresadas por las organizaciones agrarias y
garantizar condiciones justas y sostenibles para agricultores, ganaderos y sector pesquero.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar fiscalmente al sector primario con la adopción de las siguientes medidas:
a) Ampliar el umbral que permite a agricultores y ganaderos mantenerse en el régimen especial de tributación de los 250.000 euros actuales de ingresos a los 325.000 euros.
b) Elevar el umbral de gastos de 150.000 euros a 250.000 euros para facilitar la aplicación del método de estimación objetiva en el IRPF de forma definitiva, sin tener que ampliarse dicho umbral cada año por Real Decreto.
c) Incrementar los porcentajes de compensación de IVA soportado y repercutido, pasando las actividades agrícolas y forestales de un 12% a un 13,5%; y las actividades ganaderas de un 10,5% a un 12%.
d) Deducir o compensar íntegramente el IVA sobre el exceso de inversión en maquinaria o medios de explotación de los tres últimos años para fomentar la modernización y competitividad de las explotaciones.
e) Mayor flexibilidad en la forma de calcular el umbral de facturación, pudiendo elegir el resultado del último ejercicio o la media de los tres últimos ejercicios.
f) Deducción del 25% del coste del seguro agrario satisfecho por el titular de la explotación.
g) Exención de tributación en la declaración de la renta de las ayudas directas recibidas por agricultores y ganaderos, así como en la base imponible del impuesto de sociedades.
h) Ampliación de los gastos de difícil justificación, pasando de 2.000 euros a 3.000 euros anuales para los empresarios titulares de explotaciones que tributen en estimación directa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Javier José Folch Blanc, Juan Bravo Baena, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Rosa Quintana Carballo, María del Socorro
Cuesta Rodríguez, Joaquín Melgarejo Moreno, Milagros Marcos Ortega, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Ainhoa Molina León, Manuel García Félix, Óscar Ramajo Prada, Antonio Martínez Gómez, Mirian Guardiola
Salmerón y Sandra Pascual Rocamora, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial
161/002229
A la Mesa del Congreso
El partido Més per Mallorca, adscrito en el Grupo Parlamentario PlurinacionaI SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley para limitar las
plazas de alquiler turístico en las Illes Balears, a la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Las Illes Balears sufren de forma permanente las consecuencias de la saturación turística. El pasado mes de julio más de 25.000 personas clamaron contra el turismo masivo que expulsa a los residentes de sus hogares. Deshumanización del
territorio, degradación ambiental y sobreexplotación de los recursos son algunos de los resultados de un modelo económico que ha conducido a les Illes Balears hacia el colapso. Dentro de esta alarmante situación, el problema del acceso a la
vivienda sobresale por encima del resto. Una familia necesita el sueldo íntegro de doce años para comprar una vivienda en Palma, mientras que en otras regiones del Estado es suficiente con destinar tres años de sueldo íntegro. Así, una de cada
tres viviendas vendidas en Balears son compradas por extranjeros. Con salarios inferiores al foráneo, el ciudadano natural del archipiélago no puede competir dentro del mercado habitacional.
El alquiler turístico es un fenómeno que acelera la despersonalización del territorio. En Palma, los vecinos son expulsados de los barrios para dotar a las viviendas de un carácter vacacional. Esto implica la lenta muerte del espíritu de
barrio, de ciudades sin vecinos. Del mismo modo ocurre en las áreas costeras del archipiélago, donde además de la actividad hotelera, el alquiler turístico es la tónica habitual. Tanto es así que en Pollenga se destina un 25% de las viviendas al
alquiler vacacional. En diez años el municipio ha doblado los alojamientos destinados a cubrir estas plazas, pasando de los 1.179 a los 2.491 inmuebles. La 'airbnbización' de las ciudades está más que presente en nuestra sociedad y hace que los
centros de las ciudades se conviertan en fotocopias unas de ellas.
En este sentido, otro de los objetivos que debe ser tratado con extrema urgencia es el de la oferta de alquiler turístico ilegal. La oferta ilegal debe ser totalmente erradicada del archipiélago teniendo en cuenta que la vivienda debe
responder a una serie de criterios básicos para obtener la licencia correspondiente. Esta, debe ser identificada mediante exhaustivos controles y castigada de forma contundente por las autoridades competentes.
La 'balearización', iniciada a finales de la década de los cincuenta, implica el abuso de urbanización en el litoral de forma desordenada. En ocasiones, sobre la misma playa e invadiendo áreas medioambientalmente delicadas. La llegada del
nuevo siglo y de la consolidación del turismo de masas obliga a las instituciones a actuar de forma expeditiva para paliar sus efectos, que devoran y ponen en peligro el territorio. Una de sus derivadas es el alquiler turístico, que supone una
nueva amenaza para la despersonalización de las Illes Balears.
Con la última intervención del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se detectaron un total de 7.000 anuncios de viviendas turísticas ilegales en las Illes Balears. En este sentido, el 30% de las 22.000 viviendas ofertadas
a través de las plataformas digitales no aportan el número de licencia correspondiente en los anuncios. La línea emprendida por el Ministerio es la que se debe continuar para eliminar la totalidad de la oferta ¡legal de alquiler vacacional en las
Illes Balears.
Por todo esto, el partido Més per Mallorca, adscrito al Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno de España a:
1. Limitar las plazas de alquiler turístico en las Illes Balears para frenar la saturación turística que afecta a las Illes Balears.
2. Erradicar la totalidad de la oferta ilegal de alquiler vacacional en las Illes Balears.
3. Aumentar el cuerpo de inspectores para detectar la oferta de alquiler turístico en situación irregular en las Illes Balears.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2025.-Vicenç Vidal Matas, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló, Carlos Hernández Quero y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas de protección frente al riesgo de inundación en la EDAR proyectada en
la Vega de Mestanza, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Los fenómenos meteorológicos adversos han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de ciertas infraestructuras críticas. Entre ellas, las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), esenciales para el tratamiento de aguas urbanas, son
especialmente sensibles cuando se ubican en zonas inundables. Aunque muchas EDAR se emplazan cerca de cauces fluviales -dada su operativa-, esta práctica conlleva importantes riesgos si no se adoptan medidas de protección adecuadas. La Ley 8/2011,
de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, considera a las EDAR como infraestructuras críticas ya que su 'funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su
perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales'. Por tanto, su interrupción o destrucción puede tener consecuencias sanitarias, medioambientales y sociales muy graves 40.
De hecho, este riesgo no es hipotético. Las intensas lluvias torrenciales que afectaron al norte de España entre finales de febrero y principios de marzo de 2024 provocaron un deslizamiento de tierra que trajo consigo la aparición de una
grieta en uno de los taludes de la EDAR que se estaba construyendo en Basaurbe para depurar los vertidos procedentes de Llodio y Orozko 41. Meses después, el desbordamiento del Barranco del Poyo marcó un antes y un después al arrasar hasta ciento
siete sistemas de depuración en la provincia de Valencia y arrastrar aguas fecales hasta el Júcar, el Turia y la Albufera 42.
40 https://www.diariodesevilla.es/sociedad/instalaciones-industriales-depuradoras-zonas-inundables_0_2003079758.html
41 https://www.retema.es/actualidad/la-ch-cantabrico-mejorara-la-la-edar-de-basaurbe-tras-los-danos-por-lluvias-torrenciales
42 https://elpais.com/opinion/2024-12-29/dana-panorama-para-despues-de-la-tragedia.html
En este contexto, preocupa especialmente la situación generada por la Junta de Andalucía y denunciada en reiteradas ocasiones por la Plataforma Vega de Mes'tanza. La administración regional ha proyectado la construcción de una EDAR en una
zona inundable de alto riesgo en la Vega de Mestanza (Málaga) a consecuencia de las habituales crecidas y los frecuentes desbordamientos del río Guadalhorce 43. Esta actuación ha generado una fuerte oposición vecinal tanto por el riesgo que supone
la instalación en caso de inundación como por las expropiaciones asociadas al proyecto 44 que han afectado a más de veinte mil árboles frutales e impactado directamente, por tanto, en la vida y el sustento de los cientos de vecinos afectados 45.
Pese a todo ello, la normativa vigente no impide expresamente la instalación de este tipo de infraestructuras en zonas inundables. Así, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas se limita a indicar en el punto 1 del artículo 14 bis que las instalaciones construidas 'en situación básica de suelo rural a 30 de
diciembre de 2016 se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables'. Asimismo, señala que, cuando no sea posible, 'las instalaciones y edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente',
mientras que el punto 3 enuncia que 'las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección'. En la misma línea, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, por su parte, se limita a exigir que, en los planes de ordenación de los usos del suelo, se atienda 'a los principios de (...) prevención de riesgos naturales y de accidentes
graves (...) derivados de embates marinos, inundaciones costeras y ascenso del nivel del mar' así como 'de eventos meteorológicos extremos', sin hacer referencia específica a instalaciones como las EDAR. De igual manera, el Real Decreto 509/1996,
de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas establece que 'el proyecto, construcción, utilización y mantenimiento de
las instalaciones para los tratamientos de aguas residuales urbanas' se realizará 'teniendo presentes todas las condiciones climáticas normales de la zona, así como las variaciones estacionales de carga', omitiendo cualquier mención a eventos
extremos como riadas o inundaciones.
Por todo ello, es imprescindible paralizar la instalación proyectada con el fin de poder acometer los análisis técnicos pertinentes que garanticen la seguridad de la instalación, así como analizar las alternativas descartadas en el estudio
previo. Asimismo, en el caso de que se siga construyendo esta instalación por la Junta de Andalucía, deben exigirse medidas de protección eficaces que eviten su colapso ante una posible riada, evaluando soluciones como diques, muros de contención o
presas aguas arriba que puedan minimizar el riesgo. Además, es necesario revisar el marco normativo para impedir que se repitan casos similares en el futuro, dotando al ordenamiento jurídico de mayor precisión y firmeza ante situaciones de riesgo
por inundación.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Paralizar de manera cautelar tanto las expropiaciones forzosas como las obras que se van a iniciar en la Vega de Mestanza para la construcción de la EDAR Málaga Norte, en tanto en cuanto no se realice un análisis técnico integral sobre
el proyecto de
43 https://www.eldiario.es/andalucia/malaga/desbordamiento-guadalhorce-aviva-temor-colocar-gran-depuradora-malaga-vega-inundable_l_11794048.html
44 https://www.malagahoy.es/malaga/vecinos-vega-mestanza-malaga-denuncia-construccion-depuradora_0_2002217674.html
45 https://gaceta.es/espana/la-junta-de-andalucia-pp-expropia-casi-20-000-arboles-frutales-a-agricultores-en-la-vega-de-mestanza-para-construir-una-depuradora-20250518-0910/
construcción, evaluando con ello el nivel de riesgo por inundación en la zona, así como la necesidad de adaptar, su diseño e infraestructura para corregir posibles deficiencias y garantizar su seguridad y funcionamiento incluso en caso de
crecida del río Guadalhorce.
2. Revisar las alternativas contempladas en el estudio realizado de manera previa de la EDAR Málaga Norte y que fueron inicialmente descartadas pese a ubicarse en terrenos no inundables, así como contemplar la construcción de otras nuevas
si fuera necesario a fin de garantizar la seguridad pública de acuerdo con los últimos episodios de inundaciones y riadas producidas en los últimos meses en dicha zona, garantizando la protección de los vecinos.
3. En caso de que finalmente sea construida por la Junta de Andalucía sin cambios sobre el proyecto inicial, impulsar la construcción de infraestructuras o herramientas que mitiguen el riesgo de inundación en la EDAR Málaga Norte -como
diques, muros de contención, presas u otras soluciones técnicas viables- que permitan contener y canalizar el agua en caso de riadas, minimizando así el impacto sobre la propia EDAR y sobre los núcleos residenciales o agrícolas cercanos. En
particular, promover la construcción de la presa de Cerro Blanco, que regula Río Grande, uno de los principales afluentes del Guadalhorce.
4. Impulsar la modificación de la normativa vigente con el objetivo de establecer criterios de localización de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, así como de cualquier otra infraestructura pública o privada, seguros y
compatibles con la protección de personas, bienes e infraestructuras críticas, teniendo especialmente en cuenta la protección de las explotaciones agrícolas y que los suelos agrícolas de alta productividad que forman parte de la actual Superficie
Agraria Útil sigan siendo dedicados a este fin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Carlos Hernández Quero, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/002254
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley para la creación de un leasing social de vehículos eléctricos para hogares, microempresas y transportistas autónomos en zonas rurales.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un leasing social de vehículos eléctricos para
hogares, microempresas y transportistas autónomos en zonas rurales, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La consecución de la neutralidad climática para el 2050 es el objetivo central del Pacto Verde Europeo, objetivo que pasa por descarbonizar los principales sectores de la economía, siendo el del transporte uno de los más urgentes. Este
sector representa el 32,5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España, y en concreto el transporte por carretera supone por sí solo un 30,1% del total de dichas emisiones.
La descarbonización de este sector debe hacerse siguiendo criterios de justicia social, climática y territorial. Según el primer informe de pobreza en el transporte presentado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los
hogares que viven en entornos rurales invierten más cantidad de su presupuesto anual en transporte que las familias en entornos urbanos. La asequibilidad, la accesibilidad territorial, la calidad del servicio (frecuencia, información, comodidad,
fiabilidad), la seguridad o el tiempo de desplazamiento, son algunos de los factores que provocan desigualdades en la movilidad que pueden llevar a la pobreza en el transporte.
La necesidad de transporte privado es más pronunciada en áreas rurales a la vez que la tenencia de vehículos en los hogares está estrechamente vinculada al nivel de ingresos. La proporción de hogares con vehículo en propiedad es mayor en
las zonas rurales, además se trata de vehículos más antiguos y contaminantes. Concretamente, según un informe de Transport & Environment, el 52% de los turismos en zonas rurales tiene más de 15 años, mientras que en entornos urbanos es de 45%; una
diferencia que aumenta al comparar furgonetas y camiones de más de 15 años en zonas rurales. El 65% de las furgonetas en zonas rurales supera los 15 años de antigüedad, y casi la mitad lleva más de 25 años en circulación, mientras que en zonas
urbanas este valor es del 52%. En lo que respecta a camiones, la proporción de vehículos más antiguos es aún más alta, ya que el 69% de los camiones en zonas rurales tienen más de 15 años.
Las zonas rurales (donde reside el 16% de la población) afronta retos específicos en materia de movilidad, un meta derecho que permite ejercer muchos otros derechos a la población y que debe ser sostenible y asequible.
Ante esta realidad, es necesario poner en marcha medidas que garanticen el acceso equitativo a una movilidad sostenible, especialmente para los usuarios y profesionales vulnerables, que dependen del vehículo como herramienta esencial para
ejercer derechos básicos como el acceso al empleo, la educación, la salud o el desarrollo de actividades laborales, como sucede en sectores clave como el transporte y la logística.
Es necesario desarrollar iniciativas que garanticen el derecho a la movilidad. Buen ejemplo es la iniciativa desarrollada por el gobierno francés que ha creado un programa de leasing social que facilita vehículos eléctricos a la ciudadanía
con rentas medias y bajas que viven en zonas rurales los cuales se comprometen a alquilarlos durante al menos tres años por una cuota mensual de alrededor de 100 euros. El plan estatal tenía una previsión inicial de 25.000 vehículos que se doblaron
al recibir más de 90.000 peticiones y cerrarse la convocatoria en solo un mes.
Otro informe de Transport & Environment de 2023 recoge una propuesta para implantar el esquema de leasing social en España que podría permitir a los hogares con rentas bajas acceder a un coche eléctrico por 90 euros al mes y 70.000 unidades
al año; propone que los particulares se comprometan a pagar cuotas mensuales durante un periodo mínimo de 4 años y máximo de 8, y estima que un programa de este tipo podría cubrir el 25% de los
compradores y usuarios de vehículos nuevos privados que se encuentran entre los deciles 1-4 de ingresos más bajos si se despliega durante un período de 12 años.
De manera suplementaria, el informe propone un leasing social para impulsar el carpooling o carsharing para empresas en entornos rurales. Estas fábricas y centros de trabajo a menudo situadas entre dos localidades o a distancia del núcleo
urbano, podrían ofrecer a sus empleados un método de transporte libre de emisiones contaminantes permitiendo que un mayor número de personas puedan beneficiarse simultáneamente de este servicio. A la larga, esta medida debería implementarse no solo
en entornos rurales sino también en zonas urbanas y en las áreas metropolitanas.
Además, la inclusión del transporte por carretera (y la edificación) en el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS2) es una de las principales medidas del paquete europeo 'Fit for 55' para alcanzar los objetivos de descarbonización.
Este nuevo sistema de derechos de emisión va a tener un impacto directo en los hogares, trabajadores y trabajadoras y empresas que dependan del uso de los combustibles fósiles y por ello se ha previsto la creación del Fondo Social para el Clima para
paliarlo. Parte de este fondo debe dedicarse a iniciativas como la que ahora presentamos que permiten impulsar una transición verde y justa también en hogares rurales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar el desarrollo e implementación del sistema de leasing social de vehículos eléctricos para hogares, microempresas y profesionales vulnerables de zonas rurales, en colaboración con otras administraciones e incluyendo una previsión
de potencial demanda, una cuota asequible adaptada al territorio e instrumentos de demanda para coches pequeños y furgonetas (tanto para usuarios vulnerables como para microempresas vulnerables y autónomos) y asequibles fabricados en la UE.
2. Estudiar el desarrollo e implementación de un leasing social para impulsar el carsharing en empresas de entornos rurales, en diálogo y colaboración con las empresas y los sindicatos.
3. Introducir estas dos medidas dentro del Fondo Social para el Clima previsto en la directiva la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, que modifica la Directiva 2003/87/CE por la que se
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero pendiente de transponer en nuestro ordenamiento jurídico y dedicarle la partida presupuestaria necesaria.
4. Eliminar las barreras de acceso social a los vehículos eléctricos, automatizando la aplicación de las ayudas; ampliando las ayudas a los vehículos de empresa; aumentando la disponibilidad de las instalaciones de recarga, especialmente
en zonas rurales; unificando el sistema de recarga; e impulsando la producción de vehículos eléctricos transformando el sector automovilístico. Aunque el coste total de uso de un vehículo eléctrico puede ser menor a largo plazo, el precio de
compra inicial sigue siendo elevado para muchos usuarios de ingresos bajos y medios.
5. Crear un instrumento de demanda para vehículos eléctricos pequeños y asequibles fabricados en la UE, mediante el análisis del ciclo de vida del vehículo. El leasing social puede actuar como catalizador para incrementar la cuota de
mercado de los vehículos eléctricos, contribuyendo a cumplir los objetivos climáticos y de descarbonización marcados por la UE para 2030 y 2050.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Júlia Boada Danés, Fèlix Alonso Cantorné y Alberto Ibáñez Mezquita, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ángel López Mara Ver, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover el control cinegético del jabalí en todo el territorio nacional español, para su
discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La caza es una actividad íntimamente ligada a la cultura española que, durante generaciones, ha tenido un papel esencial en la conservación de formas de vida ancestrales, en la protección del medio natural y en el control poblacional de
algunas especies. Sin embargo, en los últimos años, la implementación de políticas verdes unida a la estigmatización de la actividad cinegética ha contribuido a alterar el equilibrio que históricamente ha existido entre el hombre y la naturaleza.
Bajo la premisa de que el hombre constituye una amenaza para el entorno, desde el Gobierno y las distintas administraciones regionales se han impulsado restricciones que han limitado progresivamente la práctica de la caza.
Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuyo artículo 65 sanciona que la caza 'se regulará de modo que queden garantizados la conservación y el fomento de las especies
autorizadas para este ejercicio' y deja la puerta abierta al establecimiento de 'moratorias temporales o prohibiciones especiales cuando razones de orden biológico o sanitario lo aconsejen'. Asimismo, la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques
Nacionales, prohíbe la caza deportiva y comercial en estos espacios desde el 5 de diciembre de 2020, en virtud de su disposición adicional séptima. Estas decisiones han contribuido a una sobreprotección de la fauna que ha derivado, entre otras
consecuencias, en una alarmante sobrepoblación de jabalíes, que alcanzará previsiblemente en este año los tres millones de ejemplares en nuestro país 46.
El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos ya alertó en el año 2023 que las poblaciones de jabalíes se encontraban en crecimiento acelerado en la mayoría de las provincias de España 47, motivo por el que el Gobierno le encargó un
estudio -valorado en 380.000 euros- para saber cuántos jabalíes hay en España 48. Estos animales, que habitan más del 95% del territorio nacional, se adentran con creciente frecuencia en zonas urbanas, generando importantes riesgos. Según la
Dirección General de Tráfico, los animales salvajes estuvieron implicados en 35.156 siniestros en 2022, siendo el jabalí responsable de la gran mayoría de ellos 49. En 2023, la cifra aumentó hasta los 35.651 siniestros, apuntando nuevamente al
jabalí como una de las especies con mayor incidencia 50.
Además, la proliferación incontrolada de jabalíes supone también una grave amenaza para la agricultura y la ganadería. Según los datos publicados por diferentes asociaciones agrarias, los jabalíes atacan con frecuencia los cultivos de
cereal, maíz, girasol y remolacha. Asimismo, estos ungulados son un importante vector portador y transmisor de
46 https://www.elespanol.com/ciencia/20241023/poblacion-jabalies-descontrola-espana-roza-millones-problema-todas-partes/895411015_0.html
47 https://www.irec.es/noticias/informe-analiza-tendencias-poblacionales-jabali-espana/
48 https://revistajaraysedal.es/gobierno-encarga-estudio-saber-cuantos-jabalies-espana/
49 https://efe.com/espana/2023-08-19/accidentes-trafico-con-animales-implicados/
50 https://www.epe.es/es/sociedad/2023l219/jabalis-perros-buitres-animáles-accidentes-carreteras-96045514
numerosas enfermedades como la tuberculosis, la enfermedad de Aujeszky, la fiebre aftosa, la brucelosis y la peste porcina 51.
Frente a esta situación, la caza representa la herramienta más eficaz para contener el crecimiento descontrolado de estas poblaciones. Sin embargo, su efectividad se ve seriamente limitada por la fragmentación normativa existente en España,
siendo esta actividad regulada por las Administraciones territoriales. Desde la entrada en vigor de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, el ordenamiento cinegético se ha desarrollado de forma desigual en las distintas regiones. Hoy existen
quince leyes autonómicas que regulan esta materia, con diferencias notables entre ellas 52: mientras que comunidades como Madrid o Cataluña continúan rigiéndose por la norma estatal de 1970, otras como Asturias 53 o La Rioja 54 cuentan con
legislaciones propias, separadas por décadas de evolución normativa y con enfoques profundamente distintos. De hecho, el artículo 16 de la ley riojana concentra muchas más restricciones que la norma asturiana en su conjunto como consecuencia de la
imposición de las tesis más radicalmente contrarias a la caza de un tiempo a esta parte.
Esta disparidad normativa genera una fragmentación de criterios y dificulta la adopción de un enfoque pragmático, coordinado y eficaz para abordar un problema que, por su naturaleza, afecta de forma transversal a todo el territorio nacional.
Solo así será posible evitar los desequilibrios que trae consigo la descompensación de las poblaciones animales, así como disminuir los daños que los jabalíes provocan en la agricultura, reducir los accidentes de tráfico que ocasionan y detener las
enfermedades que propagan entre la cabaña ganadera de nuestro país.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes iniciativas:
1. Facilitar el control de las poblaciones de ungulados a través de la actividad cinegética.
2. Armonizar las distintas regulaciones sobre actividades cinegéticas mediante la aprobación de una Ley Nacional de Caza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ángel López Maraver, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/002266
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al megaproyecto eólico que promueve Driza en Galicia, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
51 https://www.asajacyl.com/palencia/asaja-palencia-informa/asaja-confia-en-que-el-plan-de-gestion-del-jabali-frene-su-descontrol-que-perjudica-al-sector-agroganade
52 https://www.fundacioncazasostenible.org/caza-sostenible/regulaci%C3%B3n-de-la-caza-en-espa%C3%B1a-ordenaci%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n-cineg%C3%A9tica/
53 Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza.
54 Ley 8/2022, de 24 de junio, de caza y gestión cinegética de La Rioja.
Exposición de motivos
La empresa Driza Green Partners está tramitando un megaproyecto eólico en Galicia, compuesto por cinco grandes parques eólicos, 73 aerogeneradores en total y 290 MW de potencia instalada, que afectará a 19 términos municipales de Galicia,
teniendo en cuenta también las infraestructuras de evacuación energética, en concreto, San Cristovo de Cea, Vilamarín, Piñor, O Carballiño, O Irixo, Boborás, Beariz, Leiro, San Amaro, Cenlle, Ribadavia y Castrelo de Miño, Forcarei, Cerdedo-Cotobade,
A Estrada, Silleda y Rodeiro, Chantada y Carballedo.
En estos momentos se está tramitando la Autorización Administrativa Previa y el Estudio de Impacto Ambiental de los cinco proyectos, documentos que deberán someterse a un trámite de información pública ya que, si bien se trata de un único
gran proyecto, se van a tramitar por separado, al igual que los impactos, que también se evaluarán de forma individual y no conjunta.
Se trata de los proyectos del Parque Eólico de Agratrina, de 56,24 MW, en los términos municipales de San Cristovo de Cea, Rodeiro, Chantada y Carballedo; el Parque Eólico de Agromaces, de 60,67 MW que afectará a Chantada, Carballedo y San
Cristovo de Cea; el Parque Eólico de Sistesas, de 55,92 MW, en Forcarei, Cerdedo-Cotobade y Beariz; el Parque Eólico de Ventoburgo, de 59,85 MW, en Forcarei, Cerdedo-Cotobade y A Estrada; y, por último, el Parque Eólico de Xestiloi, de 58,31 MW,
en Silleda y Forcarei.
La tramitación de estos proyectos supone un nuevo ataque en forma de expolio y depredación de los recursos naturales de Galicia, admitiéndose a trámite por parte del Gobierno del Estado un macroproyecto en forma separada pero que se solapa,
que comparte infraestructuras, pero cuyo fuerte impacto sobre las zonas habitadas, actividades económicas, suelo, paisaje, recursos hídricos y biodiversidad, no son evaluados en toda su extensión.
Es evidente que esta división o fragmentación es intencionada y pretende ocultar la interdependencia entre los parques, además de ignorar u omitir en el estudio la presencia del resto de los parques, de tal manera que, aunque en la práctica
todos funcionarían como un solo megaparque, se solicitan autorizaciones de forma individual, presentándose como proyectos separados cuando no lo son, como una maniobra para evitar una evaluación ambiental de conjunto, que ciertamente sería negativa.
Esta fragmentación es claramente fraudulenta, ya que supone la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental individual para cada uno para impedir una evaluación global de todo el proyecto y de las garantías que deben exigírsele. Así lo
reconocen diferentes sentencias como la del TSJ de Galicia, que entiende que 'la figura del parque eólico debe contemplarse necesariamente desde una perspectiva unitaria, pues de lo contrario se desvirtuaría la naturaleza y función de este tipo de
instalaciones'.
La obsolescencia de la planificación del sector eólico, la falta de planificación y ordenación territorial, la aprobación de numerosos cambios legales que favorecen a los promotores energéticos y la falta de protección del medio natural
crean un clima favorable a la proliferación de proyectos de industrialización abusiva del territorio. El territorio y los recursos naturales se ponen al servicio de las empresas energéticas, tanto de las grandes empresas tradicionales como las de
nueva creación con un fuerte componente especulativo.
Asimismo, debe tenerse en cuenta la fragilidad de las medidas de protección de los recursos hídricos y de la biodiversidad, derivada de la paralización de la debida expansión de la Red Natura 2000, la falta de garantías jurídicas para las
áreas bien conservadas en estudio y para los humedales, o la falta de desarrollo de los instrumentos y medidas previstos en la Estrategia de Infraestructura Verde y de Conectividad y Restauración Ecológica.
Por tanto, y aunque el Ministerio debe actuar sobre las peticiones recibidas, no puede permanecer impasible y, amparándose en la vía administrativa, permanecer impasible ante un nuevo intento de arrasar con la riqueza material y
medioambiental de las comarcas
afectadas, ya sujetas a la tramitación de numerosos proyectos energéticos y en algunos casos afectadas también por grandes proyectos mineros.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Realizar una evaluación conjunta de los cinco proyectos presentados por la empresa Driza que conforman un único gran proyecto de producción de energía eólica, además de considerar los parques ya instalados y los proyectos mineros, para,
dado el grave impacto natural, social, económico y patrimonial, rechazar el estudio de impacto ambiental y la autorización para su instalación.
2. Paralizar todos los proyectos eólicos actualmente en tramitación para, en colaboración con la Xunta de Galicia y respetando sus propias competencias en esta materia, realizar una evaluación y planificación de la producción energética
basada en criterios de proporcionalidad, racionalidad y equilibrio que proteja el patrimonio natural y cultural, respetando el desarrollo y mantenimiento de las actividades de explotación agraria y forestal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa megaproxecto eólico promovido por Driza na Galiza para o seu debate na Comisión De Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
A empresa Driza Green Partners está a tramitar na Galiza un megaproxecto eólico, integrado por cinco grandes parques eólicos, 73 aeroxeradores en total e 290 MW de potencia instalada, que afectará a 19 concellos na Galiza, tendo en conta
tamén as infraestruturas de evacuación da enerxía, en concreto a San Cristovo de Cea, Vilamarín, Piñor, O Carballiño, O Irixo, Boborás, Beariz, Leiro, San Amaro, Cenlle, Ribadavia e Castrelo de Miño, Forcarei, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Silleda e
Rodeiro, Chantada e Carballedo.
Neste momento está a ser tramitada a Autorización Administrativa Previa e o Estudo de Impacto Ambiental, dos cinco proxectos, documentos que deberán ser sometidos a un procedemento de información pública mais que, pese a ser un único grande
proxecto, tramítase separadamente e tamén se avalían os impactos de forma individual e non conxunta. Trátase dos proxectos do Parque Eólico Agratrina, de 56,24 MW, nos concellos de San Cristovo de Cea, Rodeiro, Chantada e Carballedo; do Parque
Eólico Agromaces, de 60,67 MW que afectará a Chantada, Carballedo e San Cristovo de Cea; do Parque Eólico Sistesas, de 55,92 MW, en Forcarei, Cerdedo-Cotobade e Beariz; o Parque Eólico Ventoburgo, de 59,85 MW, en Forcarei, Cerdedo-Cotobade e A
Estrada; e, finalmente o Parque Eólico Xestiloi, de 58,31 MW, Silleda e Forcarei.
A tramitación destes proxectos implica un novo ataque de espolio e depredación dos recursos naturais da Galiza, admitíndose a trámite por parte do Goberno do Estado dun macroproxecto de forma separada pero que se solapan, que partillan
infraestruturas, mais que o seu forte impacto nas zonas habitadas, en actividades económicas, no solo, na paisaxe, nos recursos hídricos e na biodiversidade, non son avaliados en toda a súa extensión.
É evidente que esta división ou fragmentación é intencionada e que pretende ocultar a interdependencia entre os parques, ademais de ignorar ou omitir no estudo a presenza do resto de parques, así, aínda que na práctica todos eles
funcionarían como un único mega parque, solicitan as autorizacións individualmente, presentándoos como proxectos separados cando non o son, como manobra para evitar unha valoración ambiental de conxunto, que de seguro sería negativa.
Esta fragmentación é claramente fraudulenta, pois supón a presentación dun Estudo de Impacto Ambiental individual en cada un para impedir unha avaliación global do conxunto do proxecto e das garantías que han de esixírselle. Así o recoñecen
distintas sentenzas como a do TSX de Galiza que entende que 'a figura do parque eólico debe ser necesariamente contemplada desde unha perspectiva unitaria, pois noutro caso quedaría desvirtuada a natureza e función deste tipo de instalacións'.
A obsolescencia da planificación sectorial eólica, a falta de planificación e ordenación territorial, a aprobación de numerosos cambios legais que favorecen aos promotores enerxéticos, a desprotección do medio natural crean o clima propicio
para a proliferación de proxectos de industrialización abusiva do territorio. Ponse o territorio e os recursos naturais ao servizo das enerxéticas, tanto das grandes empresas tradicionais como de compañías de nova creación cunha forte compoñente
especulativa.
Así mesmo, debe terse en consideración a fraxilidade das medidas de protección dos recursos hídricos e da biodiversidade, resultado da paralización da debida ampliación da Rede Natura 2000, a falta de garantías legais para as zonas ben
conservadas en estudo e para as zonas húmidas, ou a falta de desenvolvemento dos instrumentos e das medidas previstas na Estratexia de Infraestrutura Verde e para a Conectividade e a Restauración Ecolóxicas.
Por tanto, e aínda que o Ministerio deba dar curso ás solicitudes recibidas, non pode quedar impasíbel e, amparándose no procedemento administrativo, ficar impasíbel diante dun novo intento de arrasar coa riqueza material e ambiental das
comarcas afectadas, xa sometidas á tramitación de numerosos proxectos enerxéticos e nalgúns casos tamén afectadas por grandes proxectos de explotación mineira.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Realizar unha avaliación conxunta dos cinco proxectos presentados pola compañía Driza que conforman un único grande proxecto de produción de enerxía eólica, ademais de considerar os parques xa instalados e os proxectos de minaría, para,
atendendo ao grave impacto natural, social, económico e patrimonial, rexeitar o estudo de impacto ambiental e a autorización para a súa instalación.
2. Paralizar todos os proxectos eólicos en tramitación no momento presente para, en colaboración coa Xunta da Galiza e respectando as súas competencias propias nesta materia, realizar unha valoración e planificación da produción de enerxía
asentada en criterios de proporcionalidade, racionalidade e equilibrio que protexa o patrimonio natural e cultural, respectando o desenvolvemento e mantemento de actividades de aproveitamento agrícola e forestal.'
En Madrid, a 6 de xuño de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Cultura
161/002242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Ricardo Chamorro Delmo, Tomás Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz Martos, Joaquín Robles López, Blanca Armario González, Ignacio Hoces Íñiguez y José Ramírez del Río, en su
condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de los usos
y costumbres del pueblo español frente a prácticas culturales foráneas como la 'Fiesta del cordero', para su discusión en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
España es una nación forjada sobre los fundamentos de la filosofía griega, el derecho romano y la civilización cristiana. En este marco, determinados ritos y celebraciones importadas, como la conocida como 'Fiesta del cordero', resultan
completamente ajenas a los usos y costumbres que han configurado nuestra identidad nacional de forma continuada.
La llamada 'Fiesta del cordero', de origen mahometano, implica el sacrificio masivo de animales como parte del ritual de una confesión sin notorio arraigo en España, que nada tiene que ver con nuestra historia ni con nuestras festividades.
Más allá de la salvaguardia de la seguridad y de la salud, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley, su desarrollo en suelo español no solo representa un retroceso cultural, sino también un agravio comparativo hacia quienes
conservan las tradiciones españolas como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad.
Es particularmente alarmante que la conmemoración de la 'Fiesta del cordero' cuente con la colaboración activa o pasiva de las administraciones públicas: desde la cesión de espacios (como ocurrió con la solicitud de uso de la plaza de toros
de Algeciras) 55; hasta la instalación de mataderos móviles; pasando por el respaldo institucional, ya ni siquiera velado, en regiones como Cataluña 56, o las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, donde en lugar de celebraciones tradicionales
como la de Santiago Apóstol o San José, se ha optado por reconocer como festivo laboral la 'Fiesta del Sacrificio' el 6 de junio de 2025, bajo el nombre de 'Eidul Adha' en Ceuta y 'Aid Al Adha' en Melilla 57.
Mientras los gobiernos locales, regionales y nacionales presumen de aparente 'neutralidad religiosa' en nombre de la mal llamada 'convivencia', se promueve, más allá de la tolerancia, la erosión consciente de nuestro legado, lo que
constituye una rendición cultural.
Paradójicamente, estas prácticas importadas que se nos exige acoger sin reservas en nuestro país son objeto de restricciones o prohibiciones en sus propios lugares de origen. Este año, sin ir más lejos, el Gobierno marroquí ha limitado la
celebración de la denominada 'Fiesta del cordero' 58. Es decir, Marruecos restringe sus propias costumbres en su territorio, mientras que en España se promueve su implantación, incluso a costa de vulnerar nuestras leyes, comprometer la seguridad y
erosionar nuestras tradiciones. Esta inversión de papeles -en la que nosotros debemos tolerar lo que ellos no consienten en su propio suelo- constituye una muestra alarmante de claudicación cultural y de sumisión ideológica.
55 https://gaceta.es/espana/los-musulmanes-exigen-el-uso-de-la-plaza-de-toros-de-algeciras-cadiz-para-celebrar-la-fiesta-del-cordero-20250523-1016/
56 https://gaceta.es/espana/la-fiesta-islamica-del-cordero-autorizada-en-espana-con-mataderos-moviles-incluidos-y-prohibida-en-marruecos-20250602-0006
57 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-21316
58 https://www.elconfidencial.com/immdo/2025-02-27/el-rey-de-marruecos-pide-a-sus-ciudadanos-renunciar-a-su-gran-ritual-islamico-sacrificar-el-cordero_4074544/
Las costumbres y tradiciones gozan de gran arraigo en España y configuran el ethos del pueblo, forman parte de nuestra identidad y deben ser protegidas. La propia Constitución Española dispone expresamente que 'la Nación española [...] en
uso de su soberanía, proclama su voluntad de [...] proteger a todos los españoles y [...] sus culturas y tradiciones'. El principio de Estado de Derecho garantiza que sea soberana la Ley y no la voluntad arbitraria de una minoría, la cual, no lo
olvidemos, tiene la obligación de respetar el patrimonio material y espiritual del país que la acoge.
La Nación tiene derecho a la propia cultura, mediante la cual el pueblo expresa y promueve su 'soberanía' espiritual. Las consecuencias de no defender el ethos de nuestro pueblo afectan directamente la cohesión de nuestra Patria, como
advierte el Estado Mayor de la Defensa al señalar que 'el incremento de la población inmigrante, con diferentes etnias, religiones, costumbres y lenguas, unido a su posible concentración en guetos urbanos y/o rurales, los denominados bantustanes,
podría incidir sobre la cohesión social, generando tensiones y conflictos internos' 59.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
A. Expresa su rechazo a la celebración de la denominada 'Fiesta del cordero' en espacios públicos regionales o municipales por tratarse de una práctica cultural ajena a España.
B. Insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Prohibir la celebración pública de la denominada 'Fiesta del cordero' u otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones, por tratarse de prácticas incompatibles con la identidad y los usos y costumbres de la Nación
española.
2. Impedir la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española y que inciden sobre la cohesión social, generando tensiones y conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional.
3. Respetar y proteger las tradiciones propias del pueblo español en el espacio público frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica.
4. Respecto de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, reguladas por el vigente Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio:
a) Garantizar la conservación de las siguientes fiestas españolas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable: 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor; Jueves Santo; Viernes Santo; 15 de agosto,
Asunción de la Virgen; 1 de noviembre, Todos los Santos; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; 25 de diciembre, Natividad del Señor.
b) Impulsar las medidas necesarias para recuperar en toda España las fiestas propias de nuestra Nación de modo que también en el ámbito festivo se reconstruya todo lo derribado: 25 de julio, Santiago Apóstol; 19 de marzo, San José; el
Corpus Christi; la Ascensión; 29 junio, Santos Apóstoles Pedro y Pablo.
5. Impulsar activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de sellos extranjeros como el halal, garantizando el derecho de los consumidores a adquirir productos arraigados en nuestra cultura
alimentaria y apoyando a los productores que defienden nuestras costumbres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernández Ríos, Blanca Armario González, Joaquín Robles López, Juan José Aizcorbe Torra e Ignacio
Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
59 https://emad.defensa.gob.es/Galerias/CCDC/files/HORIZONTE_2040.pdf
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el acompañamiento
técnico a pymes en el acceso y gestión de ayudas públicas a la innovación en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Uno de los principales desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) innovadoras en España es el acceso efectivo a las ayudas públicas destinadas a promover la investigación, el desarrollo y la innovación. A pesar de que
el volumen de convocatorias por parte de todas las administraciones públicas se ha incrementado en los últimos años, muchas pymes siguen sin poder beneficiarse de ellas debido a la complejidad administrativa o la falta de información clara.
Es por ello que resulta imprescindible que el Estado asuma un papel más activo, no solo como convocante de subvenciones, sino como verdadero acompañante institucional a lo largo de todo el proceso. No se trata únicamente de publicar las
ayudas, sino de facilitar que lleguen de forma efectiva a quienes las necesitan. Para ello, se propone avanzar hacia un modelo de acompañamiento continuo que incluya, en primer lugar, la creación de puntos únicos de información -ya sean oficinas
físicas o portales digitales- donde las pymes puedan consultar, de forma sencilla y centralizada, todas las ayudas disponibles. Dichos puntos deben ir acompañados de herramientas prácticas y accesibles que detallen los requisitos de acceso, los
plazos, la documentación exigida y los resultados esperados.
Igualmente, se considera fundamental la implantación de servicios de asistencia técnica personalizada para los beneficiarios. Este acompañamiento podría materializarse en forma de consultores especializados, tutores públicos o unidades de
apoyo que guíen a las pymes en la elaboración de sus solicitudes, la ejecución de los proyectos y la justificación final de los gastos. Este soporte incrementaría notablemente las probabilidades de éxito de las iniciativas presentadas, al tiempo
que fortalecería las capacidades internas de las empresas en el ámbito de la gestión pública.
La Fundación Cotec ha señalado en varias ocasiones la necesidad de reforzar la difusión territorial de las convocatorias, especialmente en las zonas menos conectadas a los ecosistemas de innovación. Para ello, resulta útil organizar
campañas informativas y encuentros presenciales en todo el país, con una clara colaboración entre administraciones, pero con liderazgo y coordinación efectiva por parte del Estado.
En el ámbito europeo, también se ha subrayado la importancia de ofrecer formación, acompañamiento administrativo y apoyo técnico a los beneficiarios, como herramienta para favorecer la participación de las pymes en proyectos internacionales
de mayor escala. Esta orientación es igualmente válida para el caso español.
En definitiva, se hace necesario evolucionar desde un modelo burocrático y fragmentado hacia uno centrado en la cercanía, la transparencia y el acompañamiento institucional real. Menos papeleo, más acompañamiento: ese debe ser el principio
que guíe una nueva política pública de ayudas a la innovación, en la que el Estado lidere con eficacia, visión estratégica y vocación de servicio al tejido empresarial innovador de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar puntos únicos de información, tanto físicos como digitales, donde las pymes puedan consultar de manera accesible todas las ayudas a la innovación disponibles, con guías prácticas sobre requisitos, procedimientos y resultados
esperados.
2. Establecer servicios de asistencia técnica personalizada para los beneficiarios de subvenciones a la innovación, incluyendo asesoramiento en la preparación de solicitudes, ejecución de proyectos y justificación de gastos.
3. Mejorar la difusión de las convocatorias mediante campañas informativas y eventos territoriales, asegurando una coordinación efectiva entre administraciones públicas.
4. Fomentar la formación y capacitación de los beneficiarios, especialmente de las pymes, para facilitar su acceso a programas nacionales y europeos de apoyo a la innovación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Pablo Pérez Coronado y María Torres Tejada, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un modelo abierto, ágil y eficaz
en las convocatorias públicas de innovación, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La innovación no entiende de plazos administrativos. En un entorno global caracterizado por la aceleración tecnológica, la disrupción constante y la competencia internacional, las empresas necesitan capacidad de reacción inmediata. Innovar
requiere actuar con agilidad ante una nueva oportunidad de mercado, una necesidad social emergente o un avance científico inesperado. Sin embargo, los instrumentos públicos de apoyo a la innovación en España siguen funcionando con una lógica
burocrática que responde más a los ritmos de la administración que a los de la economía real.
El diseño actual de las convocatorias públicas para la l+D+i se basa en ventanillas cerradas y plazos fijos que se abren en momentos muy concretos del año, a menudo durante periodos muy breves. Esta rigidez obliga a las empresas a encajar
sus proyectos en un calendario artificial, más pendiente del BOE que de la realidad de sus procesos. Además, los procedimientos de evaluación y resolución suelen alargarse durante meses, en algunos casos más de medio año, un lapso que resulta
inviable para muchas iniciativas innovadoras que requieren decisiones rápidas. Esta lentitud genera frustración, incertidumbre y, en muchas ocasiones, el abandono de proyectos con alto potencial.
Las convocatorias competitivas se abren en momentos concretos del año, durante periodos breves, lo que obliga a las empresas a ajustar sus proyectos a esos calendarios artificiales, en lugar de responder a sus propios tiempos. Además, los
procedimientos de evaluación y resolución pueden demorarse más de seis meses, un lapso inasumible cuando
se trata de responder a un reto de innovación urgente. Esta rigidez genera frustración, inseguridad y, en demasiados casos, el abandono de iniciativas con alto potencial.
Por ello, resulta imprescindible avanzar hacia un modelo de convocatorias abiertas y permanentes, que permita a las empresas solicitar apoyo en el momento en que lo necesitan, sin depender de una ventana burocrática. Este modelo ya ha sido
implantado con éxito en países como Finlandia, donde la agencia Business Finland mantiene convocatorias abiertas todo el año, adaptadas al ciclo real de innovación de las empresas, o en Países Bajos, donde el sistema de ventanilla continua ha
demostrado mejorar tanto la calidad de los proyectos como la eficiencia del gasto público.
Otro factor crítico es la simplificación de la carga burocrática. Muchos de los documentos exigidos en las convocatorias ya obran en poder de la propia administración, lo que hace innecesario requerirlos de nuevo. Aprovechar la
interoperabilidad entre bases de datos públicas permitiría verificar requisitos de forma automática, ahorrando tiempo y costes tanto para los solicitantes como para los gestores públicos.
Si queremos que la innovación sea palanca real de transformación económica, necesitamos adaptar nuestras herramientas de apoyo. La política de ayudas debe estar alineada con los tiempos de la innovación: con rapidez, con flexibilidad y con
sentido práctico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implantar un modelo de convocatorias públicas de ayuda a la innovación abiertas de forma permanente, que permita a las empresas presentar solicitudes cuando surjan oportunidades reales.
2. Reducir los plazos de evaluación y resolución de ayudas, adaptándolos a los tiempos de desarrollo tecnológico y empresarial, estableciendo límites máximos razonables.
3. Simplificar la carga burocrática de las convocatorias, eliminando documentación redundante y aprovechando la información ya disponible en bases de datos públicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Pablo Pérez Coronado y María Torres Tejada, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Juventud e Infancia
161/002233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
de desarrollo de medidas que incentiven el teletrabajo para fijar población joven en entornos rurales, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
La despoblación rural representa un desafío urgente en nuestro país. Este fenómeno, caracterizado por el progresivo abandono de las pequeñas áreas rurales en dirección, tanto a las capitales de provincia como a las grandes ciudades,
conlleva importantes repercusiones económicas, sociales y culturales. En España el fenómeno es transversal a
todo el territorio, pero comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Aragón y Galicia han recibido un mayor impacto. En España, hay 6.827 municipios que no superan los 5.000 habitantes y que
concentran a 5,7 millones de personas, el 12% de la población total. En la última década, han perdido población ocho de cada diez, de manera que, en conjunto, estos municipios tienen 410.000 personas menos que hace diez años.
Este proceso de despoblación no comenzó a revertirse hasta 2018, pero los datos muestran una tendencia positiva gracias a las políticas implementadas desde entonces. Así, el medio rural ha recibido cerca de 300.000 personas desde 2018,
destacando el hecho de que tres de cada cuatro pequeños municipios están teniendo un saldo migratorio positivo y que los municipios de menos de 5000 habitantes han sumado más de 100.000 habitantes. Nuestro reto como país es consolidar esa tendencia
de recuperación y que los municipios más afectados por la despoblación puedan recuperar los niveles de hace una década y seguir progresando en términos de población y prosperidad.
Uno de los principales factores detrás de la despoblación es el éxodo juvenil hacia las grandes ciudades en busca de mejores condiciones y oportunidades educativas y laborales. Este fenómeno afecta especialmente a las mujeres, agravando aún
más el desequilibrio demográfico en las zonas rurales. Las ciudades, al ofrecer más servicios públicos y oportunidades formativas, laborales y culturales, resultan especialmente atractivas para la población joven. Asimismo, el encarecimiento del
acceso a la vivienda en las grandes ciudades españolas está estrechamente ligado a la alta demanda en estos núcleos urbanos. Esta situación ha derivado en una emergencia habitacional, en la que muchas personas no pueden permitirse un hogar o
independizarse. La reorganización de la ruralidad en núcleos viables y sostenibles, junto con medidas que atraigan a la población joven, es crucial para revertir la despoblación y asegurar una distribución más equitativa de la población por el
territorio.
Una de las acciones con más recorrido por explorar para fomentar el retorno de la población joven a zonas rurales, junto con la mejora del acceso a los servicios públicos, es la promoción del teletrabajo. Esto puede lograrse aprovechando el
despliegue de infraestructuras que han mejorado la conectividad en los últimos años, evitando que quienes residen en el ámbito rural se vean obligados a desplazarse a las grandes ciudades para trabajar.
Consciente de ello, desde 2018 el Gobierno viene dando forma a una agenda específicamente orientada a combatir la despoblación en sus múltiples facetas y causas, y con acciones que están sentando las bases para un despegue del teletrabajo en
la España rural.
Por un lado, los Programas Único-Banda Ancha y Único-Demanda Rural han conseguido eliminar la brecha digital de conectividad entre el mundo urbano y el mundo rural en España, al garantizarse al 100% de la población el acceso a precio
asequible a banda ancha fija ultrarrápida en todo el territorio, a través del despliegue de fibra y del servicio satelital de Hispasat. Respecto a la cobertura móvil, se está desarrollando la Estrategia de impulso de la tecnología 5G, con medidas
como el Programa UNICO Redes 5G, que incluye ayudas destinadas a impulsar el despliegue de esta tecnología en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Por otro, la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, ha supuesto un hito en las relaciones laborales en nuestro país. Fruto del acuerdo en el seno del diálogo social, esta ley ha sentado las bases para el desarrollo del
teletrabajo y del trabajo a distancia en España. Según los datos de la Encuesta de Población Activa del INE, el teletrabajo (habitual y ocasional) ha aumentado del 8,3% en 2019 al 14,1%, en 2023, con incrementos, en mayor o menor medida, en todas
las CCAA más afectadas por la despoblación.
Finalmente, iniciativas puestas en marcha por el Gobierno progresista como Ineco RuralTIC, el programa Campus Rural, las medidas fiscales de atracción de nómadas digitales contenidas en la Ley de fomento del ecosistema de las empresas
emergentes, o el programa de ayuda a las personas jóvenes para contribuir al reto demográfico dentro del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, constituyen ejemplos de la agenda
transversal del Plan 130 Medidas ante el Reto Demográfico. Un plan que, tras el agotamiento de su exitoso despliegue en los últimos años, se encuentra ahora mismo en proceso de revisión y continuación con la Estrategia Nacional frente al
Reto Demográfico, actualmente en elaboración tras el proceso de consulta pública finalizado en febrero de 2025.
La despoblación plantea un reto complejo, multicausal y que requiere de medidas en muy diversos planos. Pero a pesar de la complejidad del fenómeno, los esfuerzos realizados comienzan a traducirse en cambios en la tendencia demográfica de
las áreas rurales y los pequeños municipios. En este contexto, el teletrabajo se presenta como una solución viable, ya que permite a los jóvenes desarrollar sus carreras profesionales, accediendo a puestos de trabajo de alta cualificación y
beneficiándose de un menor coste de vida en entornos rurales mientras a su vez estimulan con sus ingresos las economías locales.
El teletrabajo representa una oportunidad clave para revitalizar las zonas rurales y hacerlas más atractivas para los jóvenes, ofreciendo la posibilidad de desarrollar carreras profesionales sin necesidad de abandonar su lugar de origen.
Este modelo laboral, impulsado por los avances tecnológicos y consolidado tras la pandemia, permite combinar calidad de vida, menor coste de vivienda y contacto con la naturaleza, sin renunciar al empleo cualificado. En este sentido, el Gobierno
progresista ha aprobado ya numerosas medidas destinadas a fomentar el teletrabajo en el entorno rural que están demostrando resultados muy positivos. La continuidad y refuerzo de estas políticas son fundamentales para consolidar esta tendencia y
convertir el reto demográfico en una oportunidad real para el desarrollo sostenible de la España rural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, a adoptar medidas encaminadas a incentivar el teletrabajo para fijar población joven en entornos rurales, entre
las cuales se encontrarán las siguientes:
- Continuar avanzando en la digitalización mediante la inversión en el despliegue del 5G, con el fin de extender esta tecnología y mejorar la conectividad en áreas con cobertura móvil limitada para conseguir la plena conectividad territorial
y garantizar el acceso a las conexiones de telefonía, fija y móvil e internet.
- Fomentar el teletrabajo en la Administración Pública para trabajadores y trabajadoras que puedan desempeñar sus funciones digitalmente y residan de forma habitual en zonas en declive demográfico o en el medio rural, con presencialidad
mínima y 'bolsas de horas' presenciales.
- Seguir impulsando medidas que faciliten el transporte público en zonas en riesgo de despoblación, con el objetivo de reducir la dependencia del vehículo privado cuando las personas teletrabajadoras deban desplazarse para trabajar de forma
presencial.
- Posibilitar, en colaboración con las administraciones competentes, la apertura de espacios de coworking en las zonas rurales, con especial atención a la instalación de estos centros en las cabeceras comarcales.
- Introducir en la próxima Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico medidas específicas integrales para la atracción y retención de personas jóvenes en municipios de zonas despobladas o rurales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Víctor Camino Miñana, Diputado.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Flores Juberías y José María Sánchez García.
Dirigida a Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
¿Qué gobiernos europeos se comprometieron a apoyar la iniciativa de oficializar el uso de las lenguas regionales españolas en las instituciones de la Unión Europea con ocasión del Consejo de Asuntos Generales del 27 de mayo de 2025, y,
exactamente, a cambio de qué tipo de concesiones por parte de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Carlos Flores Juberías y José María Sánchez García, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001232
¿Cuando tiene previsto el Gobierno establecer la conexión de tren con Los Palacios y Villafranca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001246
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico realizará una evaluación conjunta de los cinco proyectos presentados por la empresa Driza que conforman un único gran proyecto de producción de energía eólica, además de considerar
los parques ya instalados y los proyectos mineros, para, dado el grave impacto natural, social, económico
y patrimonial, rechazar el estudio de impacto ambiental y la autorización para su instalación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Realizará o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico unha avaliación conxunta dos cinco proxectos presentados pola compañía Driza que conforman un único grande proxecto de produción de enerxía eólica, ademais de considerar os
parques xa instalados e os proxectos de minaría, para, atendendo ao grave impacto natural, social, económico e patrimonial, rexeitar o estudo de impacto ambiental e a autorización para a súa instalación?
En Madrid, a 6 de xuño de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Sanidad
181/001228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Sanidad
¿Por qué están aumentando los casos de enfermedades infecciosas en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
Comisión de Juventud e Infancia
181/001234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Armario González, Joaquín Robles, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Juventud e Infancia.
Por qué necesita el Gobierno recurrir a la Fiscalía y a la Policía para dar cumplimiento el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la
adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2025.-Blanca Armario González, Joaquín Robles López, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, Diputados.
181/001235
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Nahuel González López.
¿Como valora su Ministerio las ayudas DANA a entidades locales y organizaciones de la sociedad civil en materia de juventud e infancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Nahuel González López, Diputado.
181/001236
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Nahuel González López.
Ante el aumento de los casos de violencia vicaria ¿El Ministerio trabaja en alguna medida para atajar esta violencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Nahuel González López, Diputado.
181/001237
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez
Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León.
¿Cómo valora el Gobierno la situación de la juventud en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian
Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León, Diputados.
181/001238
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez
Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León.
¿Cómo valora el Gobierno que España se sitúe a la cabeza de la pobreza infantil de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian
Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León, Diputados.
181/001239
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez
Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León.
¿Que balance hace de la gestión del Ministerio de Juventud e Infancia estos dos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian
Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León, Diputados.
181/001240
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez
Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León.
¿Cómo valora el Gobierno la situación de la infancia en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2025.-Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Mirian
Guardiola Salmerón, Bella Verano Domínguez, Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco y Ainhoa Molina León, Diputados.
181/001243
Grupo Parlamentario Socialista
Emilia Almodóvar Sánchez
¿Considera que la Comunidades Autónomas están actuando con responsabilidad y en base al interés superior del menor con relación a la infancia migrante sola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Emilia Almodóvar Sánchez, Diputada.
181/001244
Grupo Parlamentario Socialista
Víctor Camino Miñana
¿Cómo valora el proceso de elaboración de la Ley de Juventud y las propuestas que han salido del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Víctor Camino Miñana, Diputado.
181/001245
Grupo Parlamentario Socialista
Esther Rodríguez Suárez
¿Qué intenciones tiene el Ministerio en relación con la mejora del sistema de protección a la infancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2025.-Esther Rodríguez Suárez, Diputada.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministro del Interior.
¿Qué medidas adoptará el Gobierno ante los constantes retrasos en los centros de exámenes de conducir, especialmente en los meses de verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2025.-Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.
181/001230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministro del Interior.
¿Cómo planea el Gobierno reducir la probabilidad de siniestralidad vial asociada a la creciente antigüedad del parque móvil español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2025.-Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.
181/001231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministro del Interior.
¿Son eficaces las medidas del Gobierno para minimizar la siniestralidad vial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2025.-Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/023945
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando (GSUMAR)
Valero Morales, Juan Antonio (GSUMAR)
Participación del fondo KKR (Kohlberg Kravis Roberts) en el sector educativo de la formación profesional de Andalucía.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.
Recientemente hemos conocido que diversos festivales de música como 'Viña Rock' o 'Sonar' han marcado distancias con el fondo de inversión KKR (Kohlberg Kravis Roberts), por su involucración con actividades económicas en los territorios
ocupados en Palestina.
Este fondo de inversión neoyorkino gestiona más de 500.000 millones de dólares en activos en todo el mundo. Entre sus inversiones, muy diversificadas, se encuentran las relativas a urbanización y tecnología en los territorios ocupados por
Israel. También tiene una relación directa con empresas israelíes de ciberseguridad y de compra de datos.
Se trata de un fondo de inversión que hace negocio gracias a la vulneración del derecho internacional y los derechos humanos. Tal y como recoge el 'Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los
territorios palestinos ocupados desde 1967', Francesca Albanese, la violencia israelí sobre el pueblo palestino 'forma parte de un proceso a largo plazo, intencionado, sistemático y organizado por el Estado cuyo fin es provocar el desplazamiento
forzado y la sustitución de los palestinos'. Es por esto por lo que la relatora de las Naciones Unidas pide la intervención de los Estados Miembros para evitar las atrocidades perpetradas por el Estado de Israel. Las empresas que operan en estos
territorios ocupados son cooperadoras necesarias para el desplazamiento forzoso de población palestina y hacen negocio gracias a lo que la sentencia del 19 de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia califica como 'ocupación ilegal'.
Izquierda Unida ya ha denunciado en anteriores ocasiones que este fondo de inversión, KKR, se ha extendido como una mancha de aceite en el sector educativo, concretamente en la formación profesional, ayudado por las políticas educativas de
gobiernos autonómicos del Partido Popular. El gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía ha auspiciado la extensión de la empresa 'MEDAC', constituida en su momento por quien fuera consejero de educación del gobierno andaluz, Javier Imbroda, la cual
fue adquirida por el fondo KKR en 2021. Esta empresa tiene centros de formación profesional, así como programas online en diversas provincias andaluzas. Su lucrativo negocio se sirve de la falta de oferta pública adecuada para la creciente demanda
de jóvenes que quieren cursar formación profesional.
Por tanto, lo que está ocurriendo es tan sencillo como escandaloso y reprobable: el gobierno andaluz no ofrece suficientes plazas públicas de formación profesional para que la empresa 'MEDAC' (constituida por quien fuera consejero de Moreno
Bonilla) haga negocio mientras que, a su vez, es adquirida por un fondo de inversión que opera y se lucra en los territorios ocupados palestinos. El sector educativo en Andalucía está penetrado por un fondo que se lucra con el genocidio palestino.
España no puede permitir que directa o indirectamente haya empresas que operan en nuestro país mientras hacen caja con el genocidio palestino. Es grotesco que la educación profesional se esté dejando en manos del fondo de inversión KKR.
¿Es conocedor el Gobierno de la participación del fondo KKR en el sector educativo español, y concretamente en el caso de Andalucía?
¿Qué medidas tiene previstas tomar el Gobierno para evitar que el fondo de inversión KKR se lucre con la prestación de servicios imprescindibles, como el educativo, en nuestro país mientras sus empresas y filiales operan en los territorios
ocupados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2025.-Enrique Fernando Santiago Romero y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.