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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 354, de 10/06/2025
cve: BOCG-15-D-354
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de junio de 2025
Núm. 354
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de apoyo al llamamiento unitario y urgente de la sociedad civil palestina para la organización de un 'convoy humanitario diplomático' frente al
bloqueo de la ayuda por parte de Israel en Gaza ... (Página6)
Comisión de Defensa
161/002195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al Polígono de Tiro de Bardenas Reales de Navarra ... (Página8)
161/002204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de los actos conmemorativos del V Centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán ... (Página9)
161/002213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la rendición de cuentas del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa ... (Página10)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de la seguridad vial y del firme de la N-550 en el Concello de Ordes ... (Página13)
161/002194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de las infraestructuras y servicios ferroviarios en la comarca de Ferrol ... (Página16)
161/002205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a corredores de doble uso, Ruta de la Plata y Vía de la Plata ... (Página20)
161/002215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al abandono institucional por parte del Gobierno en varios aeropuertos de la red de interés general ... (Página21)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, para la defensa de los deportes de mar ... (Página23)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para garantizar el ejercicio del derecho a la desconexión en el ámbito laboral ... (Página25)
161/002206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la mejora y profundización en la prevención de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral ... (Página27)
161/002207 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los coeficientes reductores de la edad de jubilación que se aplica a los tripulantes de los palangreros-congeladores o arrastradores-congeladores que
faenan en aguas internacionales ... (Página29)
161/002209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para mejorar las condiciones laborales, de seguridad y salud de las trabajadoras que desarrollan su actividad como camareras de pisos ...
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre alimentación saludable y nutritiva en las residencias de mayores ... (Página36)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a impulsar la creación de un contrato de apoyo a proyectos empresariales en el sector agrario ... (Página37)
161/002208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los coeficientes reductores de la edad de jubilación que se aplica a los tripulantes de los palangreros-congeladores o arrastradores-congeladores que
faenan en aguas internacionales ... (Página38)
Comisión de Igualdad
161/002199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la toma de medidas urgentes por parte del Gobierno y la Comisión Europea en defensa de los derechos fundamentales LGTBIQA+ en Bulgaria ...
(Página41)
161/002200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la prohibición de la realización de la manifestación del orgullo LGTBIQA+ de Budapest el 28 de junio de 2025 ...
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reducir y, en su caso, eliminar los delitos de odio hacia las personas con discapacidad ... (Página44)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar una inversión que revierta la situación de abandono que presentan muchos tramos de las carreteras de la Red del Estado en la
provincia de Burgos, con el objetivo de evitar la siniestralidad vial relacionada con el estado de la vía ... (Página46)
161/002214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a revisar el sistema de etiquetas ambientales para ajustarlo a las emisiones reales y estudiar la armonización en el seno de la UE para no
perjudicar la libre circulación en las zonas transfronterizas ... (Página48)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/001213 Pregunta formulada por los Diputados Agustín Conde Bajén (GP) y Rojas García, Carlos (GP), sobre cumplimiento de la Ministra de Defensa con el compromiso de reserva de la identidad de las denunciantes de acoso en el ámbito de su
Ministerio, tal como afirmó en su comparecencia ante la Comisión de Defensa el día 27/02/2024 ... (Página50)
Comisión de Interior
181/001214 Pregunta formulada por los Diputados Milagros Marcos Ortega (GP), Paniagua Núñez, Miguel Ángel (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre previsiones acerca de mantener todas las plazas de agentes de Seprona correspondientes a
la provincia de Palencia ... (Página50)
181/001223 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Quintana Carballo, Rosa (GP) y Delgado Arce, Celso Luis (GP), sobre medidas previstas ante el aumento de la criminalidad en la ciudad de Ourense y para mejorar la
seguridad en la zona del barrio de A Ponte, O Pino y O Vinteún, donde los vecinos se encuentran impotentes ante el persistente aumento de la inseguridad ... (Página50)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001222 Pregunta formulada por los Diputados Esther Llamazares Domingo (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre motivo por el que el Gobierno tiene excluido al corredor Madrid-Asturias del proceso de liberalización ferroviaria, sin
ofrecer capacidad a nuevos operadores ni establecer acuerdos marco como en otros territorios, y plazos en los que prevé corregir esta situación para garantizar la igualdad de acceso al servicio ferroviario de Alta Velocidad en Asturias ...
Comisión de Juventud e Infancia
181/001215 Pregunta formulada por la Diputada Cristina Valido García (GMx), sobre políticas específicas y en vigor que se dirigen a la disminución de la pobreza infantil, así como nuevas medidas y recursos que se consideran necesarios para
enfrentar la situación ... (Página51)
181/001216 Pregunta formulada por la Diputada Cristina Valido García (GMx), sobre previsiones acerca de apostar por el refuerzo y financiación de equipos multidisciplinares de apoyo a las familias con menores a cargo, dimensionados
territorialmente de acuerdo con los datos de pobreza infantil por municipios ... (Página51)
181/001218 Pregunta formulada por los Diputados Cristina Abades Martínez (GP), Núñez González, Noelia (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Tomás Olivares, Violante (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP), Álvarez Fanjul, Beatriz (GP), Rodríguez
Calleja, Patricia (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Clavell López, Óscar (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), Verano Domínguez, Bella (GP) y Molina
León, Ainhoa (GP), sobre previsiones acerca de cofinanciar el 50% de la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3) en todo el territorio nacional el próximo curso escolar, dando cumplimiento a la iniciativa 161/000680 aprobada en la
Comisión de Juventus e Infancia el día 30/05/2024 ... (Página52)
181/001219 Pregunta formulada por los Diputados Cristina Abades Martínez (GP), Núñez González, Noelia (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Tomás Olivares, Violante (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP), Álvarez Fanjul, Beatriz (GP), Rodríguez
Calleja, Patricia (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Clavell López, Óscar (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), Verano Domínguez, Bella (GP) y Molina
León, Ainhoa (GP), sobre medidas previstas para dar cumplimiento a las iniciativas aprobadas en la Comisión de Juventud e Infancia ... (Página52)
181/001227 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP), Abades Martínez, Cristina (GP), Núñez González, Noelia (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Tomás Olivares, Violante (GP), Álvarez Fanjul, Beatriz (GP), Rodríguez
Calleja, Patricia (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP), Clavell López, Óscar (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Pérez Coronado, Pablo (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), Vázquez
Jiménez, María del Mar (GP) y Molina León, Ainhoa (GP), sobre acciones concretas que ha llevado a cabo el Gobierno desde el anuncio de las 12 medidas para garantizar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna en el mes de enero de 2025 ...
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001217 Pregunta formulada por el Diputado Jorge Pueyo Sanz (GSUMAR), sobre situación en que se encuentra el proyecto de la variante Borja-Maleján de la N-122 en Zaragoza y previsiones acerca del inicio y la finalización de la ejecución
de esta obra ... (Página53)
181/001220 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP), Vedrina Conesa, María Elisa (GP), Moraleja Gómez, Tristana María (GP), Alfonso Silvestre, Alma (GP), Clemente Muñoz, Raquel (GP), Abades Martínez, Cristina (GP),
Rojas Manrique, Juan Antonio (GP), Cuevas Larrosa, Raúl (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP), Herrero Bono, José Alberto (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Pedreño Molina, Juan Luis (GP), Ramajo Prada, Óscar (GP) y Requena
Ruiz, Juan Diego (GP), sobre medidas que está adoptando o va a adoptar el Gobierno para prevenir los accidentes de tráfico con fauna silvestre en las carreteras nacionales de la provincia de Cuenca ... (Página53)
181/001221 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP), Vedrina Conesa, María Elisa (GP), Moraleja Gómez, Tristana María (GP), Alfonso Silvestre, Alma (GP), Clemente Muñoz, Raquel (GP), Abades Martínez, Cristina (GP),
Rojas Manrique, Juan Antonio (GP), Cuevas Larrosa, Raúl (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP), Herrero Bono, José Alberto (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Pedreño Molina, Juan Luis (GP), Ramajo Prada, Óscar (GP) y Requena
Ruiz, Juan Diego (GP), sobre opinión acerca de si puede seguir justificando la negativa a desdoblar la N-435 a pesar de la alta siniestralidad que registra esta vía, y forma en que piensa garantizar la seguridad vial de los miles de conductores que
se ven obligados incluso a evitarla, desviándose por Portugal, debido a su mal estado ... (Página54)
181/001224 Pregunta formulada por los Diputados Raúl Cuevas Larrosa (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Vedrina Conesa, María Elisa (GP) y Rojas Manrique, Juan Antonio (GP), sobre medidas previstas para impulsar de forma inmediata la
ejecución del proyecto de glorieta en la N-II que permita mejorar el acceso a los polígonos industriales de la Puebla de Alfindén y BTV, en la provincia de Zaragoza, así como fecha en que prevé incluir una dotación específica en los Presupuestos
Generales del Estado para su ejecución ... (Página54)
181/001226 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP), Vedrina Conesa, María Elisa (GP), Moraleja Gómez, Tristana María (GP), Alfonso Silvestre, Alma (GP), Clemente Muñoz, Raquel (GP), Abades Martínez, Cristina (GP),
Rojas Manrique, Juan Antonio (GP), Cuevas Larrosa, Raúl (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP), Herrero Bono, José Alberto (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Pedreño Molina, Juan Luis (GP), Ramajo Prada, Óscar (GP) y Requena
Ruiz, Juan Diego (GP), sobre medidas previstas para garantizar un acceso ágil y suficiente a las pruebas prácticas de obtención del permiso de conducir, ante la evidente saturación del sistema y los retrasos generalizados en la asignación de
exámenes, especialmente en determinadas provincias ... (Página55)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las
Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002193
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al llamamiento unitario y urgente de la sociedad civil palestina para la organización
de un 'convoy humanitario diplomático' frente al bloqueo de la ayuda por parte de Israel en Gaza, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La sociedad civil palestina, junto con organizaciones humanitarias y de derechos humanos de todo el mundo, ha emitido llamamiento unitario y urgente para hacer frente a la hambruna en Gaza provocada por el asedio militar y el bloqueo de la
ayuda humanitaria por parte de Israel. En este llamamiento, instan a la comunidad internacional a actuar de forma inmediata en la organización de un 'convoy humanitario diplomático'. No hay tiempo que perder la situación requiere una actuación
firme y urgente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha declarado que 'La ayuda no es negociable... La entrada de asistencia debe restablecerse de inmediato... No debe haber ningún obstáculo a la ayuda humanitaria... Este no es
momento para expresar apoyo simbólico, marcar una casilla y seguir adelante'.
Estamos presenciando, en tiempo real, la inanición deliberada de una población civil como método de guerra. Más de dos millones de palestinos en Gaza viven en hambruna. Desde el 2 de marzo de 2025, Israel ha bloqueado todos los suministros
humanitarios y la asistencia vital, lo que constituye el asedio total más prolongado que Gaza haya experimentado jamás. UNICEF y OCHA han dado la voz de alarma: en Gaza, las tierras de cultivo han sido destruidas, las aguas de pesca están vedadas,
las panaderías y los comedores comunitarios están cerrados, los alimentos se han agotado y la gente se pelea por el agua en medio de bombardeos incesantes. Los niños se acuestan con hambre. El 92% de los niños menores de dos años y las madres
lactantes no reciben una nutrición adecuada. Los hospitales se han quedado sin sangre, y quienes sufren quemaduras en explosiones se quedan sin agua para salvarlos.
UNRWA y el Programa Mundial de Alimentos han agotado sus reservas, mientras que Israel avanza para desmantelar el sistema existente de distribución de ayuda gestionado por la ONU. El 11 de abril de 2025, la Red de ONG Palestinas declaró a
Gaza en una fase avanzada de hambruna, a lo que siguió la declaración oficial de Palestina de la Franja
como zona de hambruna y un llamamiento a la intervención internacional urgente, incluso en virtud del Artículo 99 de la Carta de la ONU. Las muertes por hambruna ya se están produciendo y se prevé que aumenten drásticamente si las
condiciones persisten.
A pesar de esta catastrófica realidad, más de 3.000 camiones de ayuda humanitaria y 116.000 toneladas métricas de alimentos están listos y esperando para entrar en Gaza, con la única obstrucción de Israel. Esto se lleva a cabo en abierto
desafío a los principios fundamentales del derecho internacional, como se reitera en órdenes jurídicas vinculantes, incluidas las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia en el caso Sudáfrica contra Israel, órdenes que siguen
siendo ignoradas e incumplidas más de un año después.
Por este motivo, la sociedad civil palestina, junto con organizaciones humanitarias y de derechos humanos de todo el mundo, ha emitido un llamamiento unitario y urgente: La hambruna artificial en Gaza debe detenerse. La comunidad
internacional debe actuar con decisión, de inmediato y con plena responsabilidad moral y legal, organizando y desplegando con la máxima urgencia un 'convoy humanitario diplomático' para Gaza.
España ha sido coherente denunciando las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel, exigiendo el alto el fuego en Gaza y la entrada de ayuda humanitaria pero es necesario elevar la presión sobre el Estado de
Israel al máximo y redoblar todos los esfuerzos impulsando iniciativas como la propuesta por la sociedad civil palestina para paliar la gravísima situación humanitaria que vive Gaza. Es un imperativo humano como señalan las organizaciones
palestinas. Un 'convoy humanitario diplomático' marcaría un paso histórico para romper el asedio, poner fin a la hambruna y reafirmar el rechazo mundial al hambre como arma de guerra.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ejercer la máxima presión política y diplomática contra el plan de anexión aprobado por el gobierno israelí el pasado 5 de mayo que tiene como objetivo la ocupación del territorio de Gaza, establecimiento de una presencia militar
permanente y el desplazamiento forzoso de la población palestina, así como continuar exigiendo por todos los medios el alto el fuego inmediato y el fin del bloqueo o 'goteo' de la ayuda humanitaria.
2. Participar activamente y apoyar la organización de un ''convoy humanitario diplomático'' a través de la ONU-UNRWA, llamando al acompañamiento de representación gubernamental, parlamentaria y diplomática al más alto nivel de la comunidad
internacional, como parte de la presión política y diplomática para poner al bloqueo inhumano de la ayuda humanitaria.
3. Impulsar en el ámbito de la UE y la ONU este llamamiento y coordinar con el Gobierno de Egipto para facilitar la entrada del convoy y garantizar el paso inmediato, sin trabas y seguro de la ayuda humanitaria, los equipos médicos y el
personal de socorro.
4. Rechazar los mecanismos de distribución planificados por Israel, que militarizan las labores de ayuda humanitaria y eluden a las agencias de la ONU y a los actores humanitarios, reforzando el liderazgo de la ONU para garantizar la
entrega sostenida y digna de la misma, respetando los derechos y la dignidad de la población civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2025.-Agustín Santos Maraver, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Defensa
161/002195
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Polígono de Tiro de Bardenas Reales de Navarra, para su debate
en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, celebrada el 26 de enero de 2024, la Ministra Margarita Robles, garantizó la continuidad del Polígono de Tiro de Bardenas Reales de Navarra. En la referida
comparecencia afirmó que se trata de una instalación militar necesaria e imprescindible. El Ministerio de Defensa, hasta 2028, deberá desembolsar 14 millones de euros anuales a la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra por el alquiler del Polígono
de Tiro.
Sin embargo, el desmantelamiento de la instalación militar continúa siendo una cuestión de actualidad permanente en Navarra, tanto en el ámbito político como en la sociedad civil, que vienen reclamando la suspensión del contrato y, por
tanto, de la actividad militar.
Las Bardenas Reales son un territorio protegido legalmente con la figura de Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera, un espacio singular con una extensión de 42.500 hectáreas en el que se encuentran hábitats esteparios, con retazos
de bosque mediterráneo y que acogen una fauna y flora muy diversa.
Las Bardenas, a pesar de la protección jurídica medioambiental que tiene reconocida, alberga en su seno desde 1951 el mayor polígono de tiro y bombardeo de la OTAN en Europa. El Polígono de tiro ocupa 2.222 hectáreas, aunque los aviones
militares, en la práctica, utilizan todo el espacio aéreo en un radio superior a los cincuenta kilómetros.
Periódicamente se realizan por parte de aviones militares de la OTAN prácticas de tiro y bombardeo en las que se utiliza armamento real, y sobre las que se continúa denunciado la falta de información y transparencia sobre el tipo de munición
que se está utilizando y sus posibles efectos secundarios sobre las afecciones medioambientales y humanas.
Por otro lado, es necesario recordar que, en los años de existencia del Polígono de Tiro, se han producido accidentes graves, aviones estrellados, bombas perdidas, explosiones fuera del área de entrenamiento y muerte de numerosos pilotos.
Durante décadas, diversos Ayuntamientos navarros, así como el Parlamento de Navarra, han adoptado acuerdos encaminados a lograr el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas, sin resultado alguno hasta el momento, como pone de
manifiesto el reciente pronunciamiento de la Ministra de Defensa. Por parte de la sociedad civil, y en concreto la Asamblea Antipolígono, se llevan décadas organizando marchas y otras movilizaciones y solicitando la implicación de las instituciones
civiles navarras para hacer posible el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas.
Es importante reseñar que en la cláusula sexta del contrato se recoge la posibilidad de que el Ministerio de Defensa pueda resolver unilateralmente el mismo y, por tanto, poner fin a la actividad, con el consiguiente desmantelamiento de la
instalación militar.
Todo esto, por supuesto, se enmarca en un contexto de auge del belicismo. Asistimos a una ola militarista sin precedentes en Europa. Ante una guerra en Ucrania que merecía esfuerzos políticos para alcanzar una paz, lo que vemos es una
escalada bélica que nada tiene que ver con la defensa de la vida, los derechos humanos y la seguridad compartida que necesitamos y que queremos construir.
Para sacar la guerra de un futuro posible hay que hacer camino para evitarlo, no ignorar las consecuencias de una escalada inhumana e irresponsable. Tenemos que frenar
una carrera armamentística que nos lleva a una economía de guerra que aumenta las diferencias entre los países, obstaculiza la cooperación, detiene el progreso socioeconómico, cimenta la política de bloques y alimenta a la extrema derecha.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Trabajar con los municipios colindantes y con el Gobierno de Navarra en la elaboración de un plan de actuación que materialice el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas.
2. Asumir la demanda del desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas, y en ningún caso renovar la concesión de la citada instalación militar.
3. Apoyar las sucesivas Marchas por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas, convocadas por la Asamblea Antipolígono.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Engracia Rivera Arias, Juan Antonio Valero Morales, Nahuel González López, Francisco Sierra Caballero, Agustín Santos Maraver y Txema Guijarro García,
Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de los actos
conmemorativos del V Centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En el año 2026 se conmemora el quinto centenario del nacimiento de uno de los más insignes marinos de la historia de España: don Álvaro de Bazán y Guzmán, I Marqués de Santa Cruz. Nacido en Granada en 1526, su legado es símbolo de una
época en la que España dominaba los mares del mundo y ejercía un papel protagonista en la historia universal.
Figura fundamental en la historia naval del siglo XVI, Álvaro de Bazán fue artífice de una de las trayectorias militares más brillantes de nuestra historia, al servicio de Carlos V y Felipe II. Su participación en la batalla de Lepanto, su
impulso decisivo a la modernización de la Armada española y su infatigable defensa de los intereses de España en el Mediterráneo y el Atlántico le valieron el sobrenombre de 'el Almirante Invicto'. Jamás conoció la derrota en combate.
Más allá de su genio militar, su figura encarna valores profundamente vigentes: el sentido del deber, la lealtad institucional, la visión estratégica y el compromiso con España. Álvaro de Bazán representa un ejemplo del talento y el
sacrificio que forjaron nuestro país, y su memoria debe ocupar un lugar de honor en el imaginario colectivo.
Granada, su ciudad natal, conserva la huella de su linaje. En la actual Plaza Isabel la Católica se ubicaba la manzana de casas, convento, iglesia, huertas y tiendas que pertenecieron a los Bazán. Aunque partió a temprana edad, mantuvo
vínculos familiares y patrimoniales con la ciudad hasta el final de sus días, como atestiguan diversas fuentes documentales.
En este contexto, el pasado 28 de marzo fue presentada oficialmente la Asociación 500 años de Álvaro de Bazán, impulsada por la Armada Española y la Archicofradía de la Virgen del Rosario Coronada. Esta entidad nace con el propósito de
organizar y dar impulso a los actos conmemorativos del V Centenario, con la implicación de instituciones civiles, militares y culturales. Su objetivo es claro: devolver al gran marino el lugar que merece en la historia y en la conciencia nacional.
En definitiva, España no puede permanecer ajeno a una efeméride que celebra no solo a una persona, sino a una era de esplendor, unidad y proyección internacional de España. Reconocer a Álvaro de Bazán es reivindicar la tradición marítima
española, fomentar el conocimiento de nuestra historia común y transmitir a las nuevas generaciones un ejemplo de servicio y liderazgo.
Por todo ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar y promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, la Armada Española y las instituciones de la sociedad civil, los actos conmemorativos del V Centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán, previstos para
el año 2026.
2. Reconocer institucionalmente el trabajo de la Asociación 500 años de Álvaro de Bazán, así como su papel como núcleo coordinador de los actos conmemorativos, y fomentar su visibilidad pública.
3. Impulsar actividades educativas, culturales, divulgativas y académicas que difundan el legado histórico de don Álvaro de Bazán y su contribución a la Historia de España, particularmente en el ámbito de la historia naval.
4. Impulsar, junto a las autoridades municipales y autonómicas competentes, la recuperación y preservación el patrimonio histórico vinculado a la familia Bazán en la ciudad de Granada, como parte de la memoria colectiva y cultural del
país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2025.-Carlos Rojas García, María Lourdes Ramírez Martín, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Alberto Fabra Part, Macarena Lorente Anaya, Agustín Conde Bajén, Javier Celaya Brey, Carlos Javier
Floriano Corrales, Carlos García Adanero, Pablo Pérez Coronado, José Enrique Núñez Guijarro, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, César Sánchez Pérez, Ricardo Tarno Blanco y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002213
La Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la rendición de cuentas del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que las previsiones contenidas en cada uno de sus puntos ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la rendición de cuentas del
Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, para su debate en Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El pasado 22 de abril, el Gobierno anunció un 'Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa', dotado con 10.471 millones de euros para el año 2025, como respuesta -según sus propias palabras- al complejo contexto
internacional actual: una Rusia crecientemente agresiva, el auge de amenazas híbridas (como la desinformación o los ciberataques) y la necesidad de fortalecer el pilar europeo de la OTAN. Pese a la gravedad de estos desafíos y, por tanto, el rigor
que merece, el Ejecutivo ha presentado este Plan sin debate parlamentario previo, sin una memoria económica clara y sin comprometerse con una supervisión transparente, lo que pone en entredicho su viabilidad.
Según el propio Gobierno, este Plan permitirá alcanzar el objetivo del 2 % del PIB en gasto en defensa, compromiso asumido con la OTAN y la Unión Europea. Sin embargo, la realidad es que la OTAN ya discute elevar ese umbral al 5 % del PIB
para 2032, distribuyéndolo en un 3,5 % para gasto directo en defensa y un 1,5 % para seguridad complementaria, como movilidad militar, protección de infraestructuras críticas y ciberseguridad. El Plan del Gobierno, por tanto, nace desfasado y
cortoplacista, y no parece responder a las necesidades reales ni a los compromisos que nuestros aliados están ya dispuestos a asumir.
Más preocupante aún es que se anuncie una inversión de esta envergadura con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde el año 2023 y con una coalición de Gobierno profundamente dividida en esta materia. Muestra de esta
división fue la aprobación, el pasado 26 de marzo de 2025, en el Pleno del Congreso de los Diputados, de una moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Partido Popular, en la se aborda la nueva programación militar de la defensa
y el nuevo concepto de seguridad y defensa. Para ello, además, se proponía un plan plurianual de inversiones que asegure el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Unión Europea y en la OTAN.
Adicionalmente, algunos de los socios parlamentarios del Gobierno han manifestado públicamente su oposición a la OTAN y su rechazo al aumento del gasto en defensa. Es decir, el Gobierno presenta un plan de Estado sin tener garantizada su
implementación ni el respaldo político mínimo para impulsarlo, comprometiendo la credibilidad de España en el plano internacional.
Asimismo, la opacidad financiera es otro punto crítico del plan presentado por el Gobierno. El Gobierno ha afirmado que el Plan se financiará con ahorros por el buen desempeño económico, así como con créditos del Plan de Recuperación, sin
descartar endeudamiento adicional ni recortes en gasto social o medioambiental. Pero en ningún momento se ha especificado el impacto fiscal ni las partidas concretas que se verán
afectadas. La falta de información y la ausencia de un debate parlamentario previo hacen que esta estrategia, de enorme impacto presupuestario, se esté ejecutando de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes legítimos.
Por otro lado, el Plan presentado por el Gobierno se estructura en seis ejes: modernización de las condiciones y equipamiento de las Fuerzas Armadas (35%); desarrollo tecnológico en telecomunicaciones y ciberseguridad (31%); adquisición
de sistemas de defensa y disuasión (19%); refuerzo para emergencias y catástrofes naturales (17%); seguridad en misiones internacionales (3%); y amortización de créditos de modernización anteriores (-5%). Aunque parezca ambicioso, el plan
presenta importantes lagunas de planificación industrial, transparencia presupuestaria y coordinación interinstitucional.
En conjunto, este Plan podría representar una oportunidad para modernizar nuestra política de defensa, fortalecer la industria nacional y dar cumplimiento a nuestros compromisos internacionales. Sin embargo, la falta de transparencia, el
secretismo en su elaboración y la ausencia de control parlamentario lo convierten en un proyecto que despierta más dudas que confianza. La seguridad nacional no puede quedar en manos de improvisaciones ni de cálculos políticos cortoplacistas.
Por todo ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Someter a debate y votación en el Congreso de los Diputados el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, incluyendo 'un plan plurianual de inversiones en materia de Defensa, de acuerdo con los compromisos adquiridos
en la Unión Europea y la OTAN, que asegure el cumplimiento de los objetivos establecidos y los que se van a establecer en los próximos meses', tal y como acordó el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 26 de marzo de 2025, mediante la
aprobación de la 'Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la nueva programación militar de la defensa y el nuevo concepto de seguridad y defensa del Gobierno'.
2. Someter a debate y votación en el Congreso de los Diputados cualquier modificación del Plan.
3. Comparecer con periodicidad de tres meses en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar sobre el grado de ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.
4. Remitir, al menos 72 horas antes de cada comparecencia, un informe detallado que incluya el nivel de ejecución presupuestaria, acumulado y desglosado por eje de actuación, así como la procedencia exacta de los fondos empleados y
comprometidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Carlos Rojas García, Alberto Fabra Part, Macarena Lorente Anaya, Agustín Conde Bajén, Javier Celaya Brey, Carlos Javier Floriano Corrales, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Carlos
García Adanero, Pablo Pérez Coronado, José Enrique Núñez Guijarro, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, César Sánchez Pérez, Ricardo Tarno Blanco y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/002192
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la mejora de la seguridad vial y del firme de la N-550 en el Concello de Ordes, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La carretera N-550, a su paso por el Concello de Ordes, presenta diversos problemas que requieren atención inmediata. El primero es el punto peligroso en la zona de acceso y salida de la parroquia Pereira, por una de sus vías principales,
en el punto kilométrico 38,55 lateral izquierdo.
En este lugar, la visibilidad es muy reducida a la hora de efectuar la incorporación a la carretera N-550, por lo que sería necesario habilitar un carril de incorporación en sentido de la circulación hacia el casco urbano de Ordes, pudiendo
utilizarse para ello la zona expropiada por la administración titular de la carretera. Además se requiere cualquier otra medida que consiga minimizar el riesgo, como la creación de un carril central para realizar giros a la izquierda, tanto al
incorporarse a la N-550 dirección Santiago de Compostela, como para abandonar la carretera hacia la vía de acceso a la parroquia de Pereira, o incluso una rotonda para regular la circulación del tráfico sin riesgo.
Otra zona especialmente problemática es el tramo de la parroquia de Montaos, en la zona de Igrexa, en el punto kilométrico 41,30 al 41,45 lateral izquierdo, donde se producen de forma recurrente estancamientos de aguas pluviales con el
consiguiente riesgo para el tráfico que pasa por encima de las balsas.
En este mismo lugar, la vía de servicio existente presenta un notable desnivel en el lateral de la cuneta, pero no dispone de mecanismos de protección para peatones y vehículos que eviten posibles caídas a la cuneta.
Además, la carretera N-550 tiene numerosos tramos en los que aún no se han abierto vías de servicio, lo que contribuiría a mejorar la seguridad vial. Su inexistencia en estos puntos limita las posibilidades de apertura de accesos a parcelas
vecinas y dificulta la segregación de las ubicadas en suelo rústico. Algunos de estos tramos se localizan en el centro de Canedo, en el punto kilométrico 24,4 al 25,7, en A Piolla, en el punto kilométrico 25,95 al 26,75 o en el centro de Axás, en
el punto kilométrico 28,05 al 28,6, en todos ellos a ambos laterales.
Asimismo, es necesaria una actuación para facilitar el cruce entre las localidades de Moscoso y A Reboira, en el punto kilométrico 28,85 de la N-550, ya que la disposición de tres carriles en este tramo imposibilita el tránsito seguro de un
lugar a otro. Por todo ello, los vecinos y vecinas reclaman que se instale un paso subterráneo que permita la comunicación entre ambos núcleos así como la posibilidad de realizar un cambio de sentido.
Por otro lado, es necesario analizar la posibilidad de ajustar los límites máximos de velocidad en núcleos de población que cuentan con viviendas cercanas a la vía, como Axás.
Por último, el firme de la N-550 en su conjunto a su paso por el Concello se encuentra en un grave estado de deterioro, siendo necesario adoptar medidas de conservación y mejora que garanticen la seguridad del tráfico.
Todos estos problemas, que afectan gravemente a la seguridad del tráfico, tanto a pie como en la carretera, fueron objeto de una campaña de recogida de firmas iniciada por el BNG, que ya han sido enviadas telemáticamente al Ministerio de
Transportes y Movilidad
Sostenible a través de la Demarcación de Carreteras de Galicia. El manifiesto ha sido respaldado por las firmas de numerosos vecinos y vecinas del Concello de Ordes, principales afectados por las deficiencias descritas, pero se trata de una
reivindicación secundada por todas las personas que transitan diariamente por la carretera y sufren su mal estado.
Por todo ello, el BNG insta al Ministerio a que atienda las demandas vecinales que le fueron trasladadas a través de las hojas de firmas y a que inicie cuanto antes las mejoras necesarias en el tramo de la N-550 a su paso por el Concello de
Ordes.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a atender las demandas vecinales que le fueron presentadas a través de las hojas de firmas entregadas y a iniciar a la mayor brevedad las mejoras necesarias en el tramo de la N-550 a
su paso por el Concello de Ordes, en concreto las siguientes:
1. Realizar las actuaciones necesarias en el acceso a la parroquia de Pereira para mejorar la visibilidad en la intersección con la carretera N-550 y analizar las alternativas para conseguir una incorporación segura, como la creación de un
nuevo carril aprovechando la zona ya expropiada o cualquier otra medida que consiga minimizar el riesgo, como la creación de un carril central para la realización de giros a la izquierda o incluso la instalación de una rotonda.
2. Acometer la reforma de la carretera N-550 a la altura de Igrexa en la parroquia de Montaos para evitar la acumulación de aguas pluviales que dificultan la circulación.
3. Instalar medidas de protección en la zona de Igrexa para evitar caídas o salidas en el desnivel entre el camino de servicio y la zanja.
4. Iniciar actuaciones para abrir nuevos caminos de servicio en tramos donde todavía no existen para contribuir a la mejora de la seguridad vial, como los de Canedo, A Piolla o Axás.
5. Facilitar el cruce de la N-550 entre las localidades de Moscoso y A Reboira habilitando un paso inferior que permita la comunicación entre ambas localidades así como la posibilidad de realizar un cambio de sentido.
6. Realizar una revisión de los límites de velocidad actuales y una recomendación para ajustarlos donde sea necesario, especialmente en puntos donde hay viviendas cercanas a la vía, como es el caso de Axás.
7. Acometer con urgencia la reparación y reforma integral de la carretera N-550 a su paso por el Concello de Ordes, dado que muestra un grave estado de deterioro, con grietas, desgaste y baches.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á mellora da seguranza viaria e do firme da N-550 no Concello de Ordes para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
A estrada N-550 ao se paso polo Concello de Ordes, presenta distintos problemas que precisan de atención inmediata. O primeiro é o punto perigoso existente na zona de acceso e saída da parroquia de Pereira, a través dunha das súas vías
principais, no punto quilométrico 38,55 na marxe esquerda.
Neste lugar a visibilidade é moi reducida para efectuar a incorporación na estrada N-550, polo que sería preciso habilitar un carril de incorporación en sentido de circulación cara o casco urbano de Ordes, podendo aproveitar para iso a zona
expropiada pola administración titular da estrada. Ademais de calquera outra medida que logre minimizar o risco, como a creación dun carril central para efectuar xiros á esquerda, tanto na incorporación á N-550 en sentido a Santiago de Compostela,
como para saír da estrada en dirección á vía de acceso á parroquia de Pereira, ou mesmo unha rotonda para regular a circulación do tráfico sen risco.
Outro dos lugares especialmente problemáticos é o tramo da parroquia de Montaos, no lugar da Igrexa, no punto quilométrico 41,30 até o 41,45 na marxe esquerda, en que se produce de xeito recorrente o estancamento de augas pluviais co
conseguinte risco para o tráfico que pase por riba das balsas.
Neste mesmo lugar a vía de servizo existente presenta un notábel desnivel polo lado da cuneta, mais non ten habilitados mecanismos de protección para as persoas viandantes e vehículos que impidan posíbeis caídas á gabia.
Ademais a estrada N-550 ten moitos tramos en que aínda non se procedeu a apertura de vías de servizo, que contribuirían á mellora da seguranza viaria. A súa inexistencia neses puntos limita as posibilidades de abrir accesos ás parcelas
limítrofes e dificulta a segregación das que se atopan en solo de núcleo rural. Algúns estes tramos encóntranse no núcleo de Canedo, no punto quilométrico 24,4 a 25,7, no lugar da Piolla, no punto quilométrico 25,95 a 26,75 ou no núcleo de Axás, no
punto quilométrico 28,05 a 28,6, en todos eles en ambas marxes.
Así mesmo, é preciso unha actuación para facilitar o cruzamento entre os núcleos de Moscoso e A Reboira, no punto quilométrico 28,85 da N-550, pois a disposición de tres carrís neste tramo imposibilita o tránsito seguro dun lugar a outro.
Por todo isto, a veciñanza reclama que se instale un paso subterráneo que permita a comunicación entre ambos núcleos así como a posibilidade de efectuar un cambio de sentido.
Por outro lado, é necesario analizar a posibilidade de axustar os límites máximos de velocidade, nos núcleos de poboación que presentan vivendas próximas á estrada, como pode ser o de Axás.
Por último, o firme da estrada na N-550 no seu conxunto ao seu paso polo Concello presenta un grave estado de deterioro, e precisa de medidas de conservación e mellora para garantir a seguranza do tráfico.
Todos estes problemas que afectan gravemente á seguridade na circulación tanto a pé como no tránsito rodado, foron obxecto dunha campaña de recollida de sinaturas iniciada polo BNG que foron xa remitidas de forma telemática ao Ministerio de
Transportes e Mobilidade Sustentábel a través da Demarcación de Estradas de Galiza. O manifesto foi sustentado polas sinaturas de numerosos veciños e veciñas do Concello de Ordes principais afectados polas deficiencias descritas, pero trátase dunha
reclamación apoiada polo conxunto de persoas que circulan a diario pola estrada e padecen o seu mal estado.
O BNG reclama pois ao Ministerio que atenda as demandas veciñais que lle foron achegadas a través cos pregos de sinaturas e que inicie canto antes as necesarias melloras do tramo da N-550 ao seu paso polo Concello de Ordes.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a atender as demandas veciñais que lle foron achegadas a través cos pregos de sinaturas entregadas e a iniciar
canto antes as necesarias melloras do tramo da N-550 ao seu paso polo Concello de Ordes e no concreto as seguintes:
1. Realizar as actuacións precisas no acceso á parroquia de Pereira para mellorar a visibilidade na intersección coa estrada N-550 e analizar as alternativas para lograr unha incorporación segura como pode ser a habilitación dun novo carril
aproveitando a zona xa expropiada ou calquera outra medida que logre minimizar o risco, como a creación dun carril central para efectuar xiros á esquerda ou mesmo a instalación dunha rotonda.
2. Acometer a reforma da estrada N-550 no lugar da Igrexa na parroquia de Montaos para impedir a acumulación de augas pluviais que dificultan o tránsito.
3. Instalar no lugar da Igrexa medidas de protección para impedir caídas ou saídas de vía no desnivel entre a vía de servizo e a cuneta.
4. Iniciar as actuacións para abrir novas vías de servizo nos tramos en que aínda non existen para contribuír así á mellora da seguranza viaria como son os do Canedo, A Piolla ou Axás?
5. Facilitar o cruzamento da N-550 entre os núcleos de Moscoso e A Reboira habilitando un paso subterráneo que permita a comunicación entre ambos núcleos así como a posibilidade de efectuar un cambio de sentido.
6. Realizará unha revisión dos actuais límites de velocidade e unha recomendación para axustalos onde sexa preciso, especialmente, nos puntos en que existen vivendas próximas á estrada como é o lugar de Axás?
7. Acometer de forma urxente a reparación e reforma integral do firme da N-550 ao seu paso polo Concello de Ordes dado que presenta un grave estado de deterioro, con fendas, desgaste e fochancas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de maio de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do GP Mixto.
161/002194
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la mejora de las infraestructuras y servicios ferroviarios en la comarca de Ferrol, para su debate en la Comisión Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Galicia sufre un déficit histórico en materia de infraestructuras, especialmente en ferrocarril, por este motivo, el BNG viene reclamando al Gobierno del Estado que acometa las inversiones necesarias para reducir la brecha en materia de
transporte y movilidad. Tenemos claro que las políticas de transporte del futuro pasan necesariamente por una apuesta decidida por el transporte ferroviario, ya que permite una movilidad sostenible, eficaz y eficiente a la vez que facilita una
transición climática que garantiza la cohesión social.
La comarca de Ferrol no ha tenido apenas inversión en ferrocarril en las últimas décadas, por lo que es necesaria su urgente modernización para lograr conexiones más ágiles con tiempos y frecuencias competitivas, tanto en el transporte de
proximidad como en el de media y larga distancia.
Avanzar en la implantación de los servicios de cercanías y mejorar la conexión entre Ferrol y A Coruña, tanto para el transporte de personas como de mercancías, completando la línea del denominado Eje Atlántico, han sido y siguen siendo
claras prioridades para el BNG.
Para conseguirlo, una obra fundamental es la denominada variante de Betanzos, pero no concebida como una gran inversión puntual y única, sino como uno de los pasos necesarios para avanzar en la modernización del trazado entre Ferrol y A
Coruña, y que deberá ir acompañada de otras mejoras como la electrificación, la doble vía y la compatibilidad entre viajeros y mercancías. Actualmente, el estudio informativo ha sido redactado, pero está pendiente la resolución de las alegaciones
presentadas y debe acometerse la redacción del proyecto constructivo, lo que insistiremos en que se haga lo antes posible.
La infraestructura ferroviaria debe servir para mejorar las conexiones de proximidad, asegurando así la cohesión territorial, económica y social, pero también para unas conexiones ágiles, acortando los tiempos de desplazamiento, entre
Ferrol-Betanzos-A Coruña. Es decir, la reducción de los tiempos de desplazamiento no puede significar la eliminación de paradas, debe ir acompañada de la necesidad de vertebrar el territorio. Esto se puede conseguir mediante la modernización de la
línea, el incremento de los servicios y frecuencias y la recuperación de paradas suprimidas para un ámbito territorial en el que viven medio millón de personas. Para lograrlo, la mejor alternativa es optar por una doble vía que permita prestar
servicios simultáneos a la vez que se realiza una corrección del trazado y la rectificación de curvas.
Por tanto, la modernización implica la mejora del trazado, sin renunciar al transporte de cercanías, la duplicidad de vía y la electrificación, lo que permite apostar por la descarbonización, el respeto al medioambiente y el ahorro
energético.
Además, las obras a acometer deberán tener en cuenta la compatibilidad del transporte de pasajeros con el de mercancías. En este sentido, cabe recordar la importancia que tienen los Puertos de Ferrol y San Cibrao que, solo en 2019, movieron
11,13 millones de toneladas de mercancías, de las que el 62,80% se transfirieron al transporte por carretera, limitándose el porcentaje de mercancías transportadas por tren al 0,06%.
Las obras asociadas al acceso ferroviario al Muelle Exterior de Ferrol tienen prevista su finalización a finales de 2025 y están pendientes de ejecución las obras de renovación de la vía que conecta la estación de Ferrol con el puerto
interior. Esta inversión multimillonaria solo tiene sentido si va acompañada de una mejora en la línea ferroviaria de salida de la ciudad. Por tanto, junto con la mejora del trazado, es fundamental garantizar la compatibilidad de la movilidad de
las personas junto con el tráfico de mercancías.
Por último, junto con las mejoras en las infraestructuras, también es necesario recuperar e incrementar los servicios ferroviarios, que se han visto sistemáticamente reducidos en los últimos años. La eliminación de frecuencias, la
modificación de horarios junto con la reducción de personal, dan como resultado un transporte que no permite una movilidad efectiva y competitiva, que se ajuste a los horarios y demandas de la población. Unas mejoras que ya se pueden implementar,
con la adaptación de horarios y el incremento de frecuencias, lo que permitiría ir ganando pasajeros y pasajeras, si bien el BNG sigue reclamando la transferencia de la gestión de los corredores ferroviarios en Galicia, junto con la financiación,
que permitirá una mejor adaptación a las necesidades de la ciudadanía.
En todo caso, las reivindicaciones de mejora en infraestructuras y servicios son aplicables tanto a la línea que conecta con A Coruña como a la línea de ancho métrico, la antigua FEVE, que debe jugar un papel fundamental en la implantación
de un verdadero servicio de cercanías en las comarcas de Ferrol y Ortegal.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Resolver la tramitación del Estudio Informativo de la denominada Variante de Betanzos e iniciar, a la mayor brevedad, la redacción del proyecto constructivo.
2. Apostar por la mejorar y modernizar de la línea Ferrol-A Coruña, acometiendo la construcción de vía doble y su electrificación a la vez que se corrige el trazado y rectifica curvas.
3. Garantizar la compatibilidad del transporte de mercancías con el de personas viajeras.
4. Acometer, asimismo, las mejoras para la modernización de la línea de ancho métrico, la antigua FEVE, para favorecer el transporte cercano a Ferrol y su área de influencia.
5. Iniciar la planificación para incrementar frecuencias, conexiones y la adaptación de los horarios a las necesidades de la población tanto en la línea Ferrol-A Coruña como en la línea de ancho métrico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á mellora das infraestruturas e servizos ferroviarios na comarca de Ferrol para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
A Galiza padece un déficit histórico en materia de infraestruturas, especialmente nas ferroviarias, por este motivo, o BNG ven reclamando ao Goberno do Estado acometer os investimentos necesarios para reducir a fenda en materia de
transportes e mobilidade. Temos claro que as políticas de transporte do futuro pasan, necesariamente, por unha aposta decidida polo transporte ferroviario, pois este permite unha mobilidade sustentábel, eficaz e eficiente ao tempo que facilita unha
transición climática que garante a cohesión social.
A comarca de Ferrol ficou nas últimas décadas sen apenas investimentos en materia ferroviaria, de xeito que, é preciso a súa modernización urxente para lograr conexións máis áxiles e con tempos e frecuencias competitivas, tanto no transporte
de proximidade como na media e longa distancia.
Avanzar na implantación dos servizos de cercanías e mellorar a conexión entre Ferrol e A Coruña, tanto para transporte de persoas como de mercadorías, completando a liña do chamado Eixo Atlántico, foron e seguen a ser claras prioridades para
o BNG.
Para logralo, unha obra fundamental, é a do chamado bypass de Betanzos, mais non concibida como un investimento puntal e único, senón como un dos pasos necesarios para avanzar na modernización do trazado ente Ferrol e A Coruña, e que deberá
ir acompañada doutras melloras como a electrificación, a dupla vía e a compatibilidade entre viaxeiros e mercadorías. Na actualidade tense redactado o estudo informativo mais está pendente, aínda, a resolución das alegacións presentadas e acometer
a redacción do proxecto construtivo que, insistiremos, para que se faga o antes posíbel.
A infraestrutura ferroviaria debe servir para mellorar as conexións de proximidade, asegurando así cohesión territorial, económica e social, mais tamén para conexións áxiles, acurtando tempos de viaxe, entre Ferrol-Betanzos-A Coruña. Isto
é, a redución dos tempos de viaxe non pode supor a eliminación de paradas, debe ir acompañada da necesidade de vertebrar o territorio. Isto pode lograrse a través da modernización da liña, o incremento dos servizos e as frecuencias e a recuperación
de paradas suprimidas para un ámbito territorial en que viven medio millón de persoas. Para logralo, a mellor alternativa é apostar
pola dupla vía que permitirá a prestación de servizos simultáneos ao tempo que se realiza unha corrección do trazado e rectificación de curvas.
Por tanto, a modernización implica a mellora do trazado, sen renunciar ao transporte de cercanías, a duplicidade de vía e a electrificación, que permite apostar pola descarbonización, o respecto polo medio e o aforro enerxético.
Ademais, as obras a acometer teñen que ter en perspectiva que permitan a compatibilidade do transporte de viaxeiros co de mercadorías. Neste sentido, cabe lembrar a importancia que teñen os Portos de Ferrol e San Cibrao que, só en 2019,
moveron 11,13 millóns de toneladas de mercadorías das que 62,80% delas foron transvasadas a medios de transporte por estrada, limitándose a 0,06% a porcentaxe das transportadas por tren.
As obras asociadas ao acceso ferroviario ao Peirao Exterior de Ferrol teñen previsto a súa finalización a finais do ano 2025 e estarían pendentes de execución as obras de renovación da vía que une a estación de Ferrol e o porto interior.
Este investimento millonario só ten sentido se vai acompañado da mellora na liña ferroviaria de saída da cidade. Por tanto, asociada á mellora do trazado é fundamental garantir a compatibilidade da mobilidade persoal xunto co tráfico de
mercadorías.
Por último, xunto coas melloras nas infraestruturas é preciso tamén recuperar e incrementar os servizos ferroviarios que, nos últimos anos, foron reducidos sistematicamente. A eliminación de frecuencias, a modificación de horarios xunto coa
redución de persoal, derivan nun transporte que non permite unha mobilidade eficaz e competitiva, que se axuste aos horarios e demandas da poboación. Unhas melloras que poden ser xa implementadas, coa adecuación de horarios e o incremento das
frecuencias, que permitirían ir gañando pasaxeiros e pasaxeiras, aínda que o BNG segue a reclamar a transferencia da xestión dos corredores ferroviarios na Galiza, xunto co financiamento, que permitirá una mellor adaptación ás necesidades da
cidadanía.
En todo caso, as reclamacións de mellora nas infraestruturas e nos servizos son aplicábeis tanto á liña que conecta coa Coruña como á de ancho métrico, antiga FEVE, que debe xogar un papel fundamental na implantación dun verdadeiro servizo
de cercanías nas comarcas de Ferrol e Ortegal.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Resolver a tramitación do Estudo Informativo do denominado By-pass de Betanzos e iniciar, á maior brevidade, a redacción do proxecto construtivo.
2. Apostar pola mellora e modernización da liña Ferrol-A Coruña, acometendo a construción de dobre vía e a súa electrificación ao tempo que se corrixe o trazado e se rectifican curvas.
3. Asegurar a compatibilidade do transporte de mercadorías co das persoas viaxeiras.
4. Acometer, así mesmo, melloras para a modernización da liña de ancho métrico, antiga FEVE, para favorecer o transporte de proximidade de Ferrol e a súa área de influencia.
5. Iniciar unha planificación para incrementar as frecuencias, as conexións e a adaptación dos horarios ás necesidades da poboación tanto na liña Ferrol-A Coruña como na de ancho métrico.'
Palacio del Congreso de los Diputados 26 de maio de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
161/002205
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a Corredores de doble uso, Ruta de la Plata y Vía de la Plata, para
su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La finalización de obras de la conexión ferroviaria de la Ruta de la Plata y Vía de la Plata, en el tramo Plasencia-Astorga, inicialmente se prevén para el año 2050, según los mapas de trazados del reglamento TEN-T, plazo inasumible para las
provincias del oeste peninsular, todas constitutivas de la 'España Vaciada'. La Unión Europea, mientras tanto, ha asignado en 2023 más de 800 millones para modernizar redes de transporte con vistas a la defensa, llevándose el grueso los países del
Este. España por su parte se quedó con menos de 17 millones para una terminal logística en Murcia.
En lo que respecta al Corredor Atlántico, el ministro de transporte Óscar Puente, anunció inversiones millonarias, pero dejando de lado la línea férrea de la Ruta de la Plata y Vía de la Plata, que debería vertebrar el oeste de la geografía
española.
Muchas organizaciones empresariales y asociaciones sociales implicadas desde hace décadas con esta conexión, ya desde mucho antes de la pandemia y de las sucesivas declaraciones de Emergencia Climática, consideran 'fundamental' que se
vertebre 'el oeste de nuestro país, desde Sevilla hasta Gijón, a través de Extremadura y una importante zona del oeste de Castilla y León. Pero no solo para el transporte de personas, sino para desarrollar de verdad el tráfico de mercancías, que
mayoritariamente se hace por carretera y sin aprovechar el amplio abanico de posibilidades que ofrece el tren'.
Desde otros ámbitos ministeriales, como el de Defensa, también apuestan por desarrollar y ampliar otros ejes infraestructurales y conexiones férreas mejorando y completando este mallado estratégico, conectando tanto las empresas como los
puertos extremos del norte y sur peninsular (A Coruña, Gijón, Avilés por el norte y Sevilla, Cádiz y Huelva por el sur, además de Sines y Lisboa en Portugal), a la vez que potencie y conecte las capitales y comarcas por las que discurre el eje
ferroviario de la Ruta de la Plata.
Por otro lado, debido a los movimientos geopolíticos de los últimos meses, los países europeos ahora claman la necesidad de mejorar las infraestructuras estratégicas, y esto se ve reafirmando con declaraciones del ministro de Transportes y
Movilidad Sostenible al respecto: 'El corredor mediterráneo y atlántico buscaban unificar una gran infra-estructura ferroviaria que recorre Europa de un extremo a otro, con un único sistema y con un único ancho. Estructuras que hoy, ante la
necesidad de defensa que se ha detectado, son de uso dual, valen para lo civil y para lo militar, y tienen que entrar claramente enjuego en la financiación europea. Si queremos mejorar nuestra seguridad, coordinación o los desplazamientos
eventuales de tropas necesitamos tener una red de transporte europea que permita el desplazamiento de materiales y personas'.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Solicitar los fondos europeos para reabrir la línea Plasencia-Astorga, pasando por Salamanca y Zamora y su inclusión dentro de la Red Básica Ampliada para 2040, con el objetivo de vertebrar el oeste peninsular con estructuras
ferroviarias críticas para las conexiones terrestres de la ciudadanía y para el refuerzo de la seguridad nacional, de la misma forma que el corredor mediterráneo.
2. Continuar desarrollando infraestructura ferroviaria de doble uso en todo el territorio, y en particular el oeste peninsular, mejorando la coordinación y la conectividad de viajeros y mercancías.
3. Apostar por la reutilización de la mayor parte posible del itinerario actual sin uso ferroviario entre las provincias de Cáceres y León, con las imprescindibles actualizaciones de trazado, lo que facilitará menores costes e impactos
ambientales pues ya se cuenta con tecnologías adecuadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez De Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Patricia Rueda Perelló, Carlos Hernández Quero, Carina Mejías Sánchez, Juan José Aizcorbe Torra, Carlos Flores Juberías, Jorge Campos Asensi, Andrés Alberto
Rodríguez Almeida, Rocío De Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos, Ignacio Gil Lázaro Y David García Gomis, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al abandono institucional por parte del Gobierno en varios aeropuertos de la red de interés general, para su discusión en la Comisión de
Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Los aeropuertos desempeñan un papel fundamental para España, siendo clave en la conectividad global, el turismo y el impulso de la economía nacional. En 2024, la red de aeropuertos de interés general, gestionados por la entidad pública Aena
S.M.E., S. A., alcanzó la cifra 309,3 millones de pasajeros, lo que representa un aumento del 9,2% respecto a 2023. Además, en estos aeropuertos se transportaron 1.280.169 toneladas de mercancías, un 18,6% más que el año anterior 1.
A pesar de la importancia que tienen los aeropuertos españoles, puerta de entrada de millones de turistas que visitan nuestro país todos los años, se está desencadenando una situación de crisis en sus terminales que afecta a la imagen
internacional de España. El hacinamiento de cientos de personas sin hogar en sus terminales está ocasionando graves incidentes de insalubridad e incluso de violencia.
Cabe destacar las siguientes incidencias:
- El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, considerado el tercero más importante de la Unión Europea y el de mayor extensión en Europa 2, se encuentra actualmente desbordado. El hacinamiento de medio millar de personas sin hogar ha
generado conflictos tanto con pasajeros como con trabajadores del aeropuerto, quienes denuncian que el desarrollo de sus labores se ve obstaculizado por incidentes relacionados con la falta de higiene, la aparición de plagas de insectos e incluso
episodios de violencia 3. Como consecuencia, se han establecido restricciones horarias en los accesos al recinto 4.
1 https://www.aena.es/es/prensa/los-aeropuertos-del-grupo-aena-registran-mas-de-3694-millones-de---pasajeros-en-2024.html&p=1575078740846
2 https://www.transportes.gob.es/el-ministerio/blog-transportes/aeropuerto-adolfo-suarez-barajas-madrid-la-puerta-entre-europa-y-america-del-sur
3 https://www.elmundo.es/madrid/2025/05/07/681b731121efa077058b4586.html
4 https://www.abc.es/espana/madrid/aeropuerto-barajas-cierra-hoy-varias-horas-sintecho-20250521180955-nt.html
- El Aeropuerto de Barcelona-El Prat, por su parte, puso en marcha en febrero un operativo de desalojo de casi 200 personas sintecho. Durante el desarrollo del dispositivo, se detectó que el 42% de los desalojados presentaban indicios de
trastornos mentales 5.
- Trabajadores del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol han denunciado la aparición de incidentes graves relacionados con problemas de insalubridad e incluso actos de violencia. Cabe mencionar que se trata de uno de los aeropuertos con mayor
flujo de pasajeros -25 millones de viajeros en 2024-, especialmente en los meses estivales 6.
- En plena temporada alta de viajes a Palma de Mallorca, en el aeropuerto se ha producido una oleada de robos en tiendas, bares y también a pasajeros. Estos episodios, en ocasiones violentos, han motivado denuncias por parte del personal
del aeropuerto. Ante esta situación, se ha reforzado la vigilancia mediante un aumento de la presencia policial y de las empresas de seguridad privada que operan en las instalaciones 7.
- Según los datos más recientes del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), en 2023 unas 40 personas pernoctaban habitualmente en el aeropuerto.
Desde el consistorio se ha intentado dar respuesta mediante la provisión de asistencia administrativa, y atención sanitaria y psiquiátrica 8.
Esta realidad se está extendiendo por múltiples aeropuertos del territorio nacional debido a una falta de respuesta por parte del Gobierno y sus entidades sociales. El Gobierno, por su parte, alega que no tiene competencias en atención
directa 9, pese a que el Real Decreto 209/2024, de 27 de febrero, otorga al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Subdirección General de Servicios Sociales, competencia en materia de lucha contra la pobreza y la
exclusión social, servicios sociales, y personas sin hogar.
Es imprescindible proteger la imagen internacional de España y garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios de los aeropuertos, sin desatender la dignidad y las necesidades de las personas que se refugian en aeropuertos debido a su
situación de pobreza extrema. Igualmente es necesario aplicar medidas para impedir que se produzca un 'efecto llamada' y la crisis se extienda a todos los aeropuertos de España.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar unas condiciones óptimas de seguridad y salubridad en la red de aeropuertos de interés general gestionada por Aena S.M.E., S.A., velando asimismo por el respeto y la dignidad de las personas
sin hogar que se refugian en dichas instalaciones.
2. Implementar acciones preventivas encaminadas a evitar la consolidación de los aeropuertos españoles como espacios de pernocta habitual para personas sin hogar.
3. Ejecutar de manera urgente las medidas necesarias al objeto de reforzar la dotación de personal policial en los aeropuertos de interés general gestionados por Aena S.M.E., S.A., en especial los aeropuertos de Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Gran Canaria.
4. Reclamar el refuerzo de los servicios de limpieza, desinfección y mantenimiento de los aeropuertos afectados por el aumento de personas sin hogar en sus instalaciones,
5 https://www.abc.es/espana/cataluna/indigentes-desalojados-aeropuerto-barcelona-problemas-salud-mental-20250515131654-nt.html
6 https://www.larazon.es/andalucia/aeropuerto-malaga-refugio-60-personas-hogar_20250520682bd92c098fa651464de9c7.html
7 https://www.ultimahora.es/noticias/local/2025/05/20/2390077/aeropuerto-palma-refuerzan-seguridad-sobre-sintecho-viven.html
8 https://www.epe.es/es/reportajes/20250323/aeropuertos-dan-cobijo-cientos-sintecho-115610734
9 https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2025-05-13/batalla-politica-aeropuerto-barajas-sin-hogar-madrid_4128210/
en especial los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Gran Canaria.
5. Exigir al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el cumplimiento de sus obligaciones en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social, servicios sociales, y personas sin hogar en relación con los hechos
descritos.
6. Impulsar cualesquiera medidas sean necesarias al objeto de impulsar la tramitación de forma preferente y urgente de la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan o permanezcan ilegalmente en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Carlos Flores Juberías, Patricia Rueda Perelló, Carina Mejías Sánchez, Juan José Aizcorbe Torra, Carlos Hernández Quero, Jorge Campos Asensi, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Rocío
de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/002217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la diputada Etna Estrems Fayos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de los
deportes de mar, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Los deportes de mar -como la vela, la natación, el surf, el remo o el piragüismo- son una parte fundamental del patrimonio deportivo, cultural y natural de nuestro país. En Cataluña, más de 20 000 licencias deportivas están vinculadas a
deportes náuticos, según datos del Consell Català de l'Esport, con una red de más de 40 clubs náuticos federados que funcionan como agentes formativos, sociales y ambientales. Son la infraestructura esencial para garantizar la práctica de estos
deportes, especialmente en entornos escolares y formativos. Actúan como puerta de entrada al mar para niños y jóvenes, como espacios de equidad y como centros de desarrollo deportivo.
Los clubs náuticos sin ánimo de lucro, arraigados especialmente en Cataluña y en las Islas Baleares, son el pilar fundamental en la promoción de los deportes de mar de base y facilitan la iniciación de niños y jóvenes en estas disciplinas,
siendo garantes del respeto por el litoral y la sostenibilidad marina. Este modelo de club, gestionado democráticamente, muchas veces de titularidad municipal y sin finalidad comercial, es un modelo que hay que proteger.
Sin embargo, la legislación estatal actual en materia de costas, en particular el artículo 70.1.c del Reglamento General de Costas, impone unas condiciones restrictivas que no responden a la realidad funcional de los equipamientos de los
clubs náuticos. El límite de superficie de 300m2 y la interpretación turística o comercial de estas instalaciones supone una amenaza a la continuidad de esta red deportiva. La consecuencia está clara: decenas de clubs náuticos tienen dificultades
para renovar sus concesiones o legalizar su situación, según informes de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).
La realidad de la legislación estatal choca con la apuesta de los municipios y clubs náuticos por democratizar el acceso al mar y promover actividades físicas saludables, accesibles y respetuosas con el entorno marítimo.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Reconocer el papel de los deportes de mar como parte integrante del sistema deportivo estatal de base y a incluir explícitamente sus infraestructuras en los catálogos de equipamientos deportivos de interés público.
2. Incorporar las instalaciones náuticas federadas en futuros programas de inversión deportiva estatal y promover medidas específicas para facilitar su sostenibilidad económica, jurídica y ambiental.
3. Modificar el artículo 70.1.c del Reglamento General de Costas, para que las instalaciones deportivas náuticas federadas puedan ocupar la superficie necesaria para garantizar la viabilidad de la actividad deportiva, certificada por el
órgano autonómico competente y según los criterios técnicos de la federación deportiva y reconocer la especificidad de los deportes de mar y de las instalaciones asociadas como elementos deportivos y no turísticos o comerciales.
4. Garantizar la continuidad de los clubs náuticos sin ánimo de lucro que desarrollan una función formativa y social esencial, mediante el establecimiento de un mecanismo de regularización conforme al nuevo marco normativo, para superar la
situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran actualmente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Etna Estrems Fayos, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància de la Diputada Etna Estrems Fayos, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per la defensa dels esports de
mar per al seu debat a en la Comissió d'Educació, Formació Professional i Esports.
Exposició de motius
Els esports de mar -com la vela, la natació, el surf, el rem o el piragüisme- són una part fonamental del patrimoni esportiu, cultural i natural del nostre país. A Catalunya, més de 20.000 llicències esportives estan vinculades a esports
nàutics, segons dades del Consell Català de l'Esport, amb una xarxa de més de 40 clubs nàutics federats que funcionen com agents formatius, socials i ambientals. Són la infraestructura essencial per garantir la pràctica d'aquests esports,
especialment en entorns escolars i formatius. Actuen com a porta d'entrada al mar per a infants i joves, com a espais d'equitat i com a centres de desenvolupament esportiu.
Els clubs nàutics sense ànim de lucre, arrelats especialment a Catalunya i a les Illes Balears, són el pilar fonamental en la promoció dels esports de mar de base, facilitant la iniciació d'infants i joves en aquestes disciplines, sent
garants del respecte pel litoral i de la sostenibilitat marina. Aquest model de club, gestionat democràticament, moltes vegades de titularitat municipal i sense finalitat comercial és un model que cal protegir.
Malgrat tot, la legislació estatal actual en matèria de costes, en particular l'article 70.1.c del Reglament General de Costes imposa unes condicions restrictives que no responen a la realitat funcional dels equipaments dels clubs nàutics.
El límit de superfície de 300m2 i la interpretació turística o comercial d'aquestes instal·lacions suposa una amenaça a la continuïtat d'aquesta xarxa esportiva. La conseqüència és clara: desenes de clubs nàutics tenen dificultats per renovar les
seves concessions o legalitzar la seva situació, segons informes de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
La realitat de la legislació estatal xoca amb l'aposta dels municipis i clubs nàutics per democratitzar l'accés al mar i promoure activitats físiques saludables, accessibles i respectuoses amb l'entorn marítim.
Per tot el que s'ha exposat, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Reconèixer el paper dels esports de mar com a part integrant del sistema esportiu estatal de base i a incloure explícitament les seves infraestructures en els catàlegs d'equipaments esportius d'interès públic.
2. Incorporar les instal·lacions nàutiques federades en futurs programes d'inversió esportiva estatal i promoure mesures específiques per facilitar-ne la sostenibilitat econòmica, jurídica i ambiental.
3. Modificar l'article 70.1.c del Reglament General de Costes, perquè les instal·lacions esportives nàutiques federades puguin ocupar la superfície necessària per garantir la viabilitat de l'activitat esportiva, certificada per l'òrgan
autonòmic competent i segons els criteris tècnics de la federació esportiva i reconèixer l'especificitat dels esports de mar i de les instal·lacions associades com a elements esportius i no turístics o comercials.
4. Garantir la continuïtat dels clubs nàutics sense ànim de lucre que desenvolupen una funció formativa i social essencial, mitjançant l'establiment d'un mecanisme de regularització conforme al nou marc normatiu, superant així la situació
d'inseguretat jurídica en la que es troben actualment.'
Congrés dels Diputats, a 30 maig de 2025.-Etna Estrems Fayos, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión en el ámbito
laboral, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Vivimos en una sociedad en la que los dispositivos digitales son parte fundamental de nuestra actividad profesional, económica y privada, están integrados plenamente en nuestras relaciones interpersonales. Desde nuestro teléfono móvil
podemos realizar prácticamente cualquier gestión y podemos mantenernos comunicados en cualquier momento. Este grado de conexión, impensable hace no tantos años, nos facilita el día a día y tiene múltiples virtudes, pero no está exento de problemas.
Un excesivo tiempo frente a la pantalla puede derivar, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, insomnio o problemas visuales. En consecuencia, en los últimos años han proliferado políticas de concienciación que fomentan un uso saludable de los
dispositivos con pantalla, aconsejando realizar pausas, manteniendo una iluminación correcta y, en definitiva, aportando buenas prácticas que nos ayudan a utilizar la tecnología de una forma sana.
En el ámbito laboral la transformación digital, entre otros factores, está produciendo cambios en el tejido empresarial, en las relaciones laborales y también en la organización del trabajo; cambios que también están motivando la irrupción
de nuevos riesgos para las personas trabajadoras.
El trabajo a distancia, del que es una subespecie el teletrabajo, es una prueba de ello pues implica la prestación de servicios a través de las nuevas tecnologías. Este hecho ha motivado la promulgación de nuevas normas tanto a nivel
europeo como en España con el fin de garantizar unas condiciones laborales parangonables a las del trabajo presencial, con un elenco de derechos que, entre otras cuestiones, tratan de evitar los riesgos que estas nuevas formas de la prestación
laboral suponen para las personas trabajadoras, estableciendo un marco de flexibilidad y seguridad para los trabajadores y las empresas.
La Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, así lo constata recogiendo dentro de sus previsiones los derechos de las personas trabajadoras relacionados con el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito
laboral y protección de datos (art. 17) y el derecho a la desconexión digital (art. 18), de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Fue la mencionada Ley Orgánica 3/2018 la que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, reconociéndolo en su artículo 88. Y la Ley que modificó, en su Disposición final
decimotercera, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para que contemplara dentro de los derechos y deberes derivados del contrato este derecho, que actualmente se encuentra recogido en el artículo 20 bis de dicho cuerpo
legal.
La desconexión digital puede definirse como el derecho que tienen una persona trabajadora a no conectarse a dispositivos o aplicaciones de software relacionadas con su actividad laboral o que establezcan comunicación con su trabajo cuando
está fuera de su horario laboral.
No obstante, la correlativa obligación de las empresas para garantizar este derecho es una de las más incumplidas, y son muy pocas las que cuentan con un plan de desconexión elaborado de acuerdo con los representantes de los trabajadores
para evitar la fatiga digital y facilitar el descanso, la conciliación con la vida personal y familiar y proteger eficazmente la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.
Si ya somos conscientes de que la actual forma de socializar y consumir información está intrínsicamente vinculada a los dispositivos con pantalla y por ello tratamos de inculcar un uso razonable a los usuarios, en la vida laboral esta
exigencia debe implicar cambios en la relación laboral y en la prevención de sus riesgos.
Es necesario atajar que las facilidades de comunicación, que posibilitan el poder consultar una duda a una persona empleada o incluso solventar un problema de forma telemática a cualquier hora del día, deriven en riesgos laborales al incidir
en una sobrecarga de trabajo con potenciales efectos sobre la salud mental y física de la persona trabajadora.
Debemos evitar que la persona trabajadora, inserta en un contexto de alta competitividad laboral, acceda a soterrar su derecho a la desconexión al no sentirse suficientemente protegida.
Es cierto que contamos con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 con distintos objetivos de actuación que inciden directamente en la prevención de riesgos y en la protección de la población trabajadora, con
líneas específicas de actuación en relación con los cambios que operan en nuestro mercado laboral y, por ende, recogiendo expresamente los riesgos derivados de la digitalización de la actividad laboral. Sin embargo, ello no es óbice para impulsar y
apoyar desde los poderes públicos medidas que ayuden a la implantación de las actuaciones que aseguren este derecho evitando los riesgos que implica su incumplimiento y las enfermedades profesionales derivadas de los
mismos, como el burnout o el alto estrés laboral que se acaba manifestando a través de muchos otros trastornos.
Es por ello por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con el fin de garantizar los derechos de las personas trabajadoras al descanso, a la intimidad, a la conciliación y a una protección eficaz de su seguridad y salud laboral,
- Adopte medidas para impulsar a las empresas a que, en el ámbito de la negociación colectiva, elaboren un protocolo de actuación para garantizar el derecho a la desconexión.
Estos protocolos, tras el análisis de la actividad desarrollada, así como la forma de la prestación laboral, especialmente el trabajo a distancia o teletrabajo, y una auditoría sobre las conexiones realizadas fuera del horario laboral, así
como su motivación, determinarán, entre otras cuestiones:
Los criterios de excepción del derecho a la desconexión, así como su compensación.
Las fórmulas automatizadas que faciliten la desconexión, estableciendo por ejemplo mensajes que informen sobre la jornada, vacaciones o permisos de la persona trabajadora.
Las medidas de formación sobre el uso de TIC en el trabajo.
Las acciones de concienciación sobre los efectos positivos de la desconexión, así como los riegos que implica el no realizarla.
Las técnicas para llevar a cabo de forma eficaz el derecho a la desconexión.
El seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.
Estos protocolos deberán formar parte de los convenios colectivos.
- Llevar a cabo campañas de sensibilización en colaboración con los agentes sociales para dar a conocer el derecho a la desconexión digital, así como para mostrar la necesidad de llevar a cabo el ejercicio de este derecho, tanto a nivel
organizativo como individual, para evitar los efectos que en la salud pudiera tener la falta de desconexión.
- Estudiar, en el ámbito del diálogo social, las posibles modificaciones legales para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la desconexión digital, entre otras, en el ámbito de la prevención de riesgos laboral y en la normativa de
infracciones y sanciones.
- Específicamente, en el ámbito sancionador se incluirán como infracciones no respetar el derecho a la desconexión de la persona trabajadora, así como no elaborar los protocolos de desconexión en las empresas, con sus respectivas sanciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2025.-Maribel García López y Elisa Garrido Jiménez, Diputadas.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora y profundización en la prevención de los riesgos
psicosociales en el ámbito laboral, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral son numerosos y aumentan paralelamente al incremento del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo. La investigación académica muestra claras evidencias del impacto en la salud
para las personas trabajadoras atribuibles a su exposición a diversos factores de riesgo psicosocial que derivan, a menudo, en problemas de salud mental o accidentes cardiovasculares o trastornos musculoesquelético, entre otros daños a la salud,
debidos a vivir situaciones de estrés crónico y a una gran presión en el trabajo.
Consciente de esta situación el Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se dota de la 'Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2023-2027'. El documento contempla la importancia de los
riesgos psicosociales respecto a la salud mental de las personas trabajadoras y diseña una serie de objetivos para afrontar el desafío de mitigar y reducir al máximo dichos riesgos.
A lo largo de toda la Estrategia y en cada uno de los objetivos de la estrategia se plantean una serie de acciones para la reducción de los riesgos psicosociales que se desarrollan en los dos Planes de Acción: el 'Plan de Acción 2023-2024'
y 'Plan de Acción 2025-2027'. Además detener medidas transversalizadas a lo largo de estos planes, tiene una línea específica en el segundo Plan de Acción, la Línea 2.6 Acción especial en riesgo psicosociales y salud mental. Entre otras medidas se
contempla potenciar las campañas de la inspección de Trabajo de los riesgos psicosociales 'con especial foco en el estrés laboral', la creación de un grupo de trabajo sobre este tipo de riesgos en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (CNSST), mejorar la identificación y diagnóstico de las enfermedades relacionadas con la labor profesional incluido el riesgo psicosocial, mejorar los indicadores psicosociales para identificar los sectores más afectados por estos factores o
realizar estudios sobre 'la influencia de los factores psicosociales en el riesgo para la salud mental'.
Muchas de las medidas del segundo Plan de Acción ya se están llevando a cabo. El grupo de trabajo en la CNSST publicó el pasado 27 de enero su 'Documento Base del Grupo de Trabajo Riesgos Psicosociales y Salud Mental' en el que explora la
evidencia científica de la relación de estos riesgos y la salud mental en el trabajo, recopila el marco normativo existente en España o identifica posibles indicadores en materia psicosocial.
En su análisis el grupo de expertos refiere a investigaciones sólidas y bien referenciadas que apuntan diversas causas de aumento del riesgo psicosocial en el trabajo. Hablamos de causas como:
'(...) unas altas exigencias cuantitativas (tener más carga de trabajo de la que se puede realizar durante el tiempo establecido como de jornada laboral, lo que supone bien trabajara gran velocidad (ritmo alto) bien alargar la jornada) y
bajas oportunidades de influir (baja autonomía en la realización del trabajo) y bajas posibilidades de aplicar habilidades y conocimientos y de adquirir nuevos en la realización de las tareas (ambos aspectos conceptualizados como bajo control)
aumenta un 77% las posibilidades de padecer depresión (...)'
En el documento de trabajo, los expertos apuntan muchos otros riesgos como estar expuesto a alta inseguridad en el empleo (preocupación por perderlo) algo que aumentaría un 61% la posibilidad de trastornos depresivos y un 77% la de
trastornos ansiosos. Asimismo, estar expuesto a altas exigencias cuantitativas y bajas compensaciones la probabilidad de una depresión aumenta un 66%.
El grupo nos informa que el de España es un caso especialmente preocupante a la vista de la comparación con otros 35 países europeos y citando a las doctoras Niedhammer, Sultan-Taíeb, Parent-Thirion y Chastang el estudio nos advierte que
'España era el sexto [país] con mayor exposición a alta tensión -la combinación de altas exigencias y bajo control (33,68%), por detrás de Grecia, Chipre, Albania, Rumania y Turquía y el segundo con peores niveles de inseguridad laboral (25,51%);
la combinación altas exigencias y bajas compensaciones abarcaba al 13,86% de la población asalariada'.
En nuestro país, asociaciones de afectados como AVAELA, AVALTO, Plataforma 28 de abril o la Asociación Paisaje, entre otras, han alertado de esta problemática proponiendo a su vez una serie de medidas para abordar y mitigar los riesgos
psicosociales en el trabajo. Muchas de las medidas propuestas se contemplan en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Gobierno ha dado pruebas de su tesón y empeño en la reducción al mínimo posible de los riesgos psicosociales, cuestión esencial para la mejora de las condiciones en el ámbito laboral de muchas personas trabajadoras. Es necesario seguir
profundizando y apostando por las medidas y recursos para lograr este objetivo y por todo ello presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir trabajando en las líneas establecidas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2023-2027 y en las medidas contempladas en el Segundo Plan de Acción 2025-2027
derivado. En concreto se insta a:
1. Seguir dotando de más medios y personal a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para mejorar la prevención, identificación y control de los riesgos psicosociales.
2. Seguir trabajando en la mejora de los sistemas información que permitan conocer la prevalencia de exposición factores de riesgo psicosocial, así como la gestión que se hace en las empresas para prevenir en este tipo de riesgos, en
coordinación con las administraciones autonómicas con competencias en seguridad y salud en el trabajo, para obtener información precisa, clara y homogénea sobre la exposición a este tipo de riesgos y los daños a la salud que produce, entre otros los
accidentes de trabajo, y, en último término, identificar posibles indicadores en materia psicosocial siguiendo la recomendación del grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluir la exposición a los factores
psicosociales en las diversas actuaciones de vigilancia de la salud y actualizar el cuadro de enfermedades profesionales para incluir aquellas vinculadas a riesgos psicosociales.
3. Continuar con las campañas de concienciación en el ámbito laboral sobre riesgos psicosociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2025.-Verónica Martínez Barbero, Aina Vidal Sáez y Vicenç Vidal Matas, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/002207
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a los coeficientes reductores de la edad de jubilación que se aplica a los tripulantes de los palangreros-congeladores o arrastradores-congeladores que faenan en aguas internacionales, para su debate en la Comisión de
Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Uno de los ejes fundamentales de la acción del BNG es la defensa del sector pesquero gallego, la dignificación de las condiciones laborales de las personas que viven del mar y la mejora de su protección social, teniendo en cuenta las duras
condiciones en la que se
desarrolla esta actividad. En esta línea, cabe destacar las iniciativas presentadas para ampliar e incrementar los coeficientes reductores que se aplican a los trabajadores del mar debido al carácter arduo de esta actividad y su impacto
directo en la salud.
Precisamente, en la tramitación de la Ley de Pesca 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, el BNG reclamó la mejora de los coeficientes reductores de diferentes colectivos de la pesca, el marisqueo y el mar.
Los coeficientes de reducción que se aplican actualmente a las personas que trabajan en el mar varían según la actividad y oscilan entre 0,15 y 0,40. En el caso de la Marina Mercante varían entre 0,40 y 0,20; en tareas a bordo de buques
pesqueros oscilan entre 0,40 y 0,15; a los estibadores portuarios se les aplica un 0,30; al marisqueo, recogida de percebes y recolección de algas, el 0,15; a las rederas, neskatillas y empacadoras, el 0,1; y, por último, a las actividades de
buceo, el 0,15.
En el caso de buques congeladores, se aplica el coeficiente de reducción máximo de 0,40. Sin embargo, el Ministerio, mediante una interpretación arbitraria y sin fundamento de la Secretaría General de Pesca, ha determinado que los buques
registrados como palangreros congeladores o arrastreros congeladores que operan en aguas internacionales, igual que los grandes buques congeladores y en las mismas condiciones difíciles que éstos, no son considerados buques congeladores a la hora de
aplicar los coeficientes reductores. Así, el Ministerio les niega la aplicación del coeficiente máximo de jubilación del 0,40 y todo el sector pesquero y las administraciones públicas gallegas rechazan esta decisión por considerarla una clara
discriminación.
Precisamente, en la última Comisión Sectorial de Política Social y Seguridad de la Flota celebrada el 14 de mayo en Santiago, se reclamó la modificación de la Circular 4/2023, de 15 de diciembre de la Secretaría de Pesca, que volvía a quitar
el coeficiente máximo a los palangreros de superficie (espaderos) y arrastreros al no considerarlos congeladores, medida con la que se retrasa el acceso a la jubilación.
Esta decisión perjudicará a más de 1.500 marineros de 149 buques gallegos, 117 palangreros congeladores y 32 arrastreros congeladores, cuyos trabajadores están sometidos a condiciones duras, insalubres y peligrosas, que el Instituto Social
de la Marina ignora. Desarrollan su actividad en caladeros de aguas lejanas, pasan mucho frío a bordo, trabajan largas jornadas en condiciones meteorológicas adversas y permanecen a bordo durante largas temporadas. Esta discriminación no se
entiende para las flotas pesqueras que cumplen los criterios requeridos.
Se trata, además, de una flota estratégica para Galicia, ya que alrededor del 70% de la flota congeladora de todo el Estado tiene base en nuestro país, por lo que la medida afectará en mayor medida al sector pesquero gallego. Por ello, es
fundamental que el Gobierno del Estado rectifique y corrija esta decisión discriminatoria para las flotas mencionadas e inicie el diálogo con los afectados, reconociendo el coeficiente máximo de reducción para los buques y los marineros.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a revisar y modificar la Circular 4/2023 de la Secretaría de Pesca, de 15 de diciembre, para que los buques matriculados como palangreros congeladores y arrastreros congeladores
tengan la consideración de buques congeladores y sus tripulaciones puedan acceder a los coeficientes máximos reductores de la edad de jubilación, de 0,40, por realizar su tarea en las mismas condiciones establecidas de penosidad y peligrosidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa coeficientes redutores da idade de xubilación que se aplica aos tripulantes de palangreiros-conxeladores e arrastreiros-conxeladores que faenan en augas internacionais para o seu debate na Comisión de Traballo, Economía Social, Inclusión,
Seguranza Social e Migracións.
Exposición de motivos
Un dos eixos fundamentais da acción do BNG é a defensa do sector pesqueiro galego, a dignificación das condicións laborais das persoas que viven do mar e a mellora da súa protección social atendendo ás duras condicións desta actividade.
Nesa liña, son de destacar as iniciativas presentadas para ampliar e incrementar os coeficientes redutores que se aplican aos traballadores e traballadoras do mar pola penosidade desta actividade e que repercute directamente na saúde.
Precisamente, na tramitación da Lei de Pesca 5/2023, de 17 de marzo, de Pesca Sustentábel e Investigación Pesqueira, o BNG reclamou a mellora dos coeficientes redutores de distintos colectivos pesqueiros, de marisqueo e profesionais do mar.
Os coeficientes redutores a aplicar na actualidade ás persoas traballadoras no mar varían pola actividade e van desde o 0,15 a 0,40. No caso da Mariña Mercante varían entre 0,40 a 0,20; en tarefas a bordo de embarcacións de pesca van de
0,40 a 0,15; aos estibadores portuarios aplícaselle o 0,30; para o marisqueo, recollida de percebes e recollida de alga o 0,15; a redeiras, neskatillas e empacadoras o 0,1; e, finalmente, a actividades de mergulladores o 0,15.
No caso dos buques conxeladores aplícase o coeficiente redutor máximo previstos de 0,40, porén, o Ministerio, a través dunha interpretación arbitraria e sen xustificación da Secretaría Xeral de Pesca, vén de determinar que os barcos
rexistrados como palangreiros-conxeladores ou arrastreiros-conxeladores que faenan en augas internacionais, igual que os grandes conxeladores e nas mesmas condicións de penosidade que estes, non sexan considerados buques conxeladores á hora de
aplicar os coeficientes redutores. Así, o Ministerio négalles a aplicación do coeficiente de xubilación máximo do 0,40 e o conxunto do sector pesqueiro e das administracións públicas galegas rexeitan esta decisión por considerala unha clara
discriminación.
Precisamente na última Comisión Sectorial de Política Social e Seguridade da Frota celebrada o pasado 14 de maio en Santiago, demandouse a modificación da Circular 4/2023, do 15 de decembro da Secretaría de Pesca que volvía retirar o
coeficiente máximo aos mariñeiros de palangreiros de superficie (espadeiros) e arrastreiros ao non consideralos conxeladores, medida coa que se atrasa o acceso á xubilación.
Esta decisión prexudicará a máis de 1.500 mariñeiros de 149 barcos galegos, 117 palangreiros-conxeladores e 32 arrastreiros-conxeladores, cuxos traballadores están sometidos a condicións de penosidade, insalubridade e perigo, que o Instituto
Social da Mariña está a obviar. Levan a cabo a súa actividade en caladoiros en augas afastadas, conxelan a bordo, fan longas xornadas con condicións climáticas adversas e están embarcados durante longas tempadas. Non se entende esta discriminación
para unhas frotas pesqueiras que cumpren cos criterios requiridos.
Trátase ademais dunha frota estratéxica para Galiza, pois ao redor de 70% da frota conxeladora de todo o Estado ten a súa base no noso País, polo que a medida afectará en maior medida ao sector pesqueiro galego. Resulta pois imprescindíbel
que o Goberno do Estado rectifique e corrixa esta decisión discriminatoria para as frotas mencionadas e inicie o diálogo cos afectados, recoñecer o coeficiente redutor máximo ás e os mariñeiros.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a revisar e modificar a Circular da Secretaría de Pesca 4/2023, do 15 de decembro, de forma que os buques rexistrados como palangreiros-conxeladores e arrastreiros-conxeladores sexan
considerados buques conxeladores e as súas tripulacións poidan acceder ao máximo de coeficientes redutores da idade de xubilación, de 0,40, por realizar a súa tarefa nas mesmas condicións de penosidade e perigosidade estabelecidos.'
En Madrid, a 29 de maio de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
161/002209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para mejorar
las condiciones laborales, de seguridad y salud de las trabajadoras que desarrollan su actividad como camareras de pisos, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La actividad turística ha batido un récord histórico en 2024, aportando 207.763 millones de euros a la economía española. Un 6,5% mayor respecto 2023.
El sector del turismo aporta a la economía nacional española un 12,3% sobre el PIB, según datos del INE a diciembre de 2024.
El empleo del sector sigue la tónica general del mercado laboral español, aumentando un 6,9% respecto del periodo anterior, descendiendo la temporalidad en casi un 8% gracias al incremento de la contratación indefinida. En el cuarto
trimestre del 2024, el empleo ha superado por primera vez los 3 millones de ocupados (3.019.064 en cifras exactas), un incremento del 2,3% respecto del mismo periodo de 2023, según Turespaña.
Sin embargo, si nos fijamos en el sector de la hostelería tenemos, colectivamente como sociedad, una deuda pendiente con las trabajadoras del sector y, concretamente, con las camareras de piso. Aún queda camino por recorrer en la mejora de
las condiciones laborales y de seguridad y salud de las personas trabajadoras. En esta línea, Casado Diaz, Seva, Simón y Simón-Albert en el informe sobre 'La precariedad laboral en el turismo en España', señalan que 'casi la mitad de los
trabajadores en hostelería se encuentra en situación de precariedad multidimensional (41,6%), esto es, la laboral, social, salud, económico, etc'. El doble del resto de sectores económicos.
En este sector prestan servicio más de 100.000 camareras de pisos que trabajan en hoteles y apartamentos. Un sector altamente feminizado. El 97% son mujeres. El trabajo realizado por este colectivo, que representa un 30% de las
plantillas, es uno de los servicios más valorados por los usuarios que se hospedan en nuestros establecimientos hoteleros. Un colectivo de prestigio y que, sin embargo, no cuenta con el valor social que merece.
Efectivamente, a pesar de ser un trabajo esencial, siendo su excelencia uno de los reclamos en la oferta turística, sus condiciones laborales distan mucho del trabajo digno que propugna la Organización Internacional del Trabajo.
Desde hace más de una década el colectivo de las camareras de pisos viene sufriendo, casi como ningún otro, un deterioro absoluto de sus condiciones de trabajo y una pérdida total de la calidad en su empleo. Como consecuencia de la reforma
laboral del Partido
Popular en 2012, vieron reducir su salario y deterioradas sus condiciones laborales por los efectos de la aplicación del art 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, que permitió que se negociarán convenios de empresa, por negociadores muchas
veces sin 'fuerza legitimadora', abandonando el convenio del sector.
A esta situación insostenible para las trabajadoras, se añadió la estrategia de externalización del departamento de pisos y la subcontratación del servicio con empresas de multiservicios.
Esta situación laboral no ha sido revertida, y en gran medida, debido a la debilidad frente al empleador al no estar en igualdad de armas a la hora de reclamar unas condiciones laborales dignas.
No podemos olvidar que estas trabajadoras no solo soportan una inmensa carga de trabajo con un importante desgaste físico, sino que, como mujeres, sufren una doble y triple jornada en sus hogares y/o como cuidadoras primarias de personas
dependientes. Se trata de trabajadoras con una situación vital que les dificulta especialmente el poder acceder a espacios de representación sindical. Sufren una doble carga de trabajo que les impide disponer del tiempo y la disposición necesaria
para la reivindicación y la participación en estructuras sindicales a través de las cuales defender mejores condiciones laborales. Una carga común a todas las mujeres trabajadoras que por sufrir una doble carga tienen más dificultad para la
participación sindical y política, herramientas necesarias para la conquista de derechos laborales.
La precarización de las condiciones laborales, con cargas y ritmos de trabajo insostenibles e incluso con la ampliación de los horarios de jornadas parciales que, en la práctica, se han convertido en jornadas completas, incide en mayor
medida en la precariedad multidimensional y de forma directa en la salud de estas personas trabajadoras.
Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) se han ¡do incrementado de manera alarmante a lo largo de la última década. Y ello, a pesar de que en septiembre de 2018 se produjeron avances en el reconocimiento de determinadas enfermedades que
se engloban dentro de esta categoría de trastornes, como el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis o tendinitis, tal y como se recoge en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
Las lumbalgias o el síndrome cervical de tensión, provocados por sobrecarga de trabajo, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, posturas forzadas o aplicación de fuerza son los más relatados por las camareras de piso. A estos
trastornos habría que añadirles los riesgos sanitarios o químicos provocados por la utilización de productos químicos o la retirada de material que pudiera estar contaminado y generar enfermedades infecciosas.
La inadecuada organización del trabajo, la falta de personal y la sobrecarga de trabajo que hoy en día se da en el sector de la hostelería son factores que incrementan la aparición de estas lesiones, que pueden provocar severas
incapacidades, y que afectan, fundamentalmente, a las trabajadoras que prestan servicios como camareras de pisos.
En este sector, como en ningún otro, inciden los factores ambientales o asociados a la organización del trabajo: el exceso de horario, el ritmo de trabajo, la gestión de los descansos, la escasa automatización de la tarea, la comunicación y
las relaciones personales, el estilo de mando, el contenido del trabajo, la escasa posibilidad de promoción, la falta de identificación con la tarea, la capacidad de iniciativa y la estabilidad de empleo son factores relacionados con la organización
del trabajo que afectan a la prevención.
Otros aspectos relativos a la organización del trabajo que afectan a la salud, es que, en muchos casos, las personas encargadas del mando carecen de la formación e información en materia de prevención necesaria para concienciarse sobre las
repercusiones de los factores de riesgos desencadenantes de los TME a los que se ven expuestas diariamente las trabajadoras de pisos.
Además, a la hora de abordar estos riesgos desde el punto de vista de su prevención habrá de tenerse muy en cuenta, aparte de los aspectos atientes a la propia actividad señalados, los derivados de que se trata de un trabajo fuertemente
feminizado, con procesos biológicos de género determinados, por ejemplo, por el embarazo, la menopausia o la doble jornada. Las mujeres deben atender el trabajo doméstico y también el asalariado, lo que implica una sobrecarga física y psicológica
con efectos sobre el tiempo y la calidad del reposo, propiciando la fatiga física, el estrés y la aparición de lesiones.
Ha llegado el momento en el que la perspectiva de género se tenga muy en cuenta por parte de la dirección de las empresas, los servicios de prevención y la Administración Pública a la hora de reducir el impacto de estas enfermedades sobre la
salud de las trabajadoras.
El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021, 2022 y 2023, en su Objetivo 2 'Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, asegurando que se cumple la normativa en materia de prevención de riesgos
laborales', actuación 2.2, 'Campañas', así lo señala cuando dispone que se potenciarán las actuaciones de la ITSS en los sectores de actividad afectados por condiciones de trabajo más precarias, como el sector agrario y sobre todo las camareras de
piso, incorporando perspectiva de género.
Y también el Plan de Trabajo acordado por el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que, en su actuación 2.5. 'Nuevo modelo de investigación de enfermedades
profesionales', resalta que no es solo necesario la correcta identificación de sus causas y su origen, sino también realizar el procedimiento con perspectiva de género.
La prevención de riesgos laborales de las camareras de pisos entronca, pues, directamente con la igualdad. En la lucha por la igualdad de género en el ámbito laboral juega un papel determinante las actuaciones en materia de seguridad y
salud laboral, pues son actuaciones sobre las que no se ha incidido ni legislativamente, ni en la práctica empresarial relacionada con la gestión de la prevención, ni forma parte del contenido de los planes de igualdad; a pesar de ser muchos los
aspectos que inciden desde la perspectiva de género en la forma de realizar la actividad laboral y en los riesgos que se generan y que afectan a la salud y la seguridad de la mujer trabajadora.
Según CCOO, en estos 5 años se ha incrementado la proporción de mujeres trabajadores mayores de 45 años. La intensificación de las cargas de trabajo les produce una extenuación total y, para evitar las bajas laborales, consumen
excesivamente fármacos como analgésicos y antiinflamatorios.
Precisamente, y en lo referido a las cargas del trabajo, la Federación de Servicios Movilidad y Consumo (UGT FeSMC) de les liles Balears en octubre de 2024, con motivo de la Mesa de Trabajo del sector de hostelería para la salud laboral a
fin de dar cumplimiento al artículo 37 bis del Convenio Colectivo del Sector de la Hostelería de las liles Balears, ha elaborado un modelo-informe de análisis de métodos y tiempos de trabajo de camareras de piso que sirva de guía y constituya una
base para los acuerdos tripartitos en carga de trabajo, en los términos marcados por la OIT, con el fin de adecuar tanto las cargas como los ritmos de trabajo y asegurar que las condiciones laborales sean seguras y saludables.
A mayor abundamiento, la edad media de las camareras de piso se está elevando de forma preocupante y su estado de salud empeora progresivamente a lo largo de su vida laboral y sufre secuelas irreversibles. De ahí que, desde hace tiempo este
colectivo lleva exigiendo la jubilación anticipada ante la imposibilidad de llevar a cabo su trabajo en condiciones aceptables.
La mayor precariedad laboral de las mujeres y su situación en el mercado de trabajo afecta sin duda a la seguridad y salud en el trabajo. Estas representan el 73 % (EPA, 3er. TR) del total de las personas que trabajan a tiempo parcial y
son también afectadas por mayores índices de temporalidad (14,7% según el Instituto de las Mujeres); soportan los mayores déficits en la formación tanto preventiva como profesional dentro de la empresa y encuentran mayores dificultades de
promoción; la diferencia salarial entre hombres y mujeres es una de las formas más comunes y graves de discriminación; a lo que se suma su mayor necesidad de conciliación. Todos estos aspectos en relación con el trabajo
desarrollado por las mujeres, que podemos referir a cualquier sector de actividad, son más alarmantes en un sector como la hostelería, ya de por sí precarizado, con una mayor relevancia en la actividad de las camareras de pisos, incidiendo
en su seguridad y salud.
En este punto, debemos resaltar que combatir la precariedad laboral que cronifica la pobreza y genera diversos efectos negativos sobre la salud física y mental es uno de los objetivos prioritarios de la Agenda 2030 publicada por las Naciones
Unidas (ONU, 2015).
El Real Decreto 1299/2006, norma que regula el cuadro de enfermedades profesionales, contine un listado de las mismas provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos referidas a actividades como son las de pintores, escayolistas y
montadores de estructuras, mecánicos, chapistas, caldereros, sin que entre las profesiones se contemplen otras desempeñadas fundamentalmente por mujeres, como el trabajo de camareras de pisos, en la cual se sufren las mismas dolencias, pero dichas
profesiones no están entre las ejemplificadas en la norma, como sí lo están las profesiones y trabajos masculinizados.
Esta distinción entre profesiones masculinizadas y feminizadas, que no se incluyen, tiene una gran relevancia práctica puesto que una trabajadora que tenga la misma dolencia que un trabajador, provocada por su actividad laboral, no se ve
beneficiada por la presunción de laboralidad y la declaración de enfermedad profesional, sino que tendrá que probar que dicha lesión o dolencia ha sido provocada por el trabajo y que por lo tanto es un accidente de trabajo. Distinción, por tanto,
nada baladí pues pudiera ser constitutiva de discriminatoria por ser contraria al artículo 14 de nuestro texto constitucional.
De este modo, aunque en las actividades desarrolladas predominantemente por las mujeres, dada la segregación ocupacional horizontal que existe en nuestro mercado laboral, como pasa en el sector de la hostelería, son más frecuentes los
riesgos relacionados con posturas de trabajo inadecuadas, largas jornadas de pie, trabajos repetitivos y exposición a agentes químicos (productos de limpieza), las mujeres tienen más dificultades para que se les reconozca una dolencia como
profesional, ya que la actividad de camarera de pisos no aparece en el catálogo y, por tanto, no se benefician de la presunción de que en esta actividad se realizan los movimientos articulares determinantes de la enfermedad, lo que las exigirá
acreditar para el diagnóstico de la enfermedad profesional la realización de los movimientos articulares determinantes de la enfermedad profesional y acudir a la vía judicial.
Urge una respuesta trasversal que se inicie con la mejora de sus condiciones laborales, actuar desde la prevención de riesgos laborales, la formación, acabar con el sesgo de género que provoca un tratamiento discriminatorio en sus patologías
y respetar aspectos como la jornada, horario, descanso, estudios de tiempo y movimientos.
Urge, por tanto, introducir dentro del cuadro de enfermedades profesionales, regulado por el Real Decreto 1299/2006, las actividades de camarera de piso, pues la causa de sus lesiones obedece al tipo de patología ya establecido para otros
trabajos masculinizados, con el fin de no generar discriminación a la hora de la exigibilidad del derecho a una prestación de Seguridad Social a causa de la enfermedad contraída con ocasión de la prestación laboral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar el Cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad Social, contenido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, para evitar que su aplicación pueda provocar discriminaciones indirectas por razón de
género. A tal fin, se incluirá dentro de este Cuadro, como ejemplo de trabajos que pueden provocar enfermedades profesionales por posturas forzadas y movimientos repetitivos, el realizado por las camareras de piso.
2. Acordar, en el marco del diálogo social, la puesta en marcha de estudios sobre las condiciones de trabajo, en particular sobre su estabilidad, el tiempo de trabajo y la carga
laboral de este sector de actividad, particularmente de las camareras de piso, atendiendo a la edad y la nacionalidad, entre otras cuestiones.
3. Planificar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, campañas específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de tiempo de trabajo en el sector de la hostelería, a los efectos de comprobar aspectos de jornada,
horario, descanso, estudios de tiempo y movimientos y el uso de la contratación a tiempo parcial, especialmente con relación al desarrollo de la prestación laboral de las camareras de pisos.
4. Organizar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el marco de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, campañas de prevención de riesgos en el sector de la hostelería, a los efectos de vigilar que por
parte de las empresas se adopten las medidas oportunas para que se tenga en cuenta la perspectiva de género en los instrumentos a través de los cuales se gestiona la prevención, como son el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la
planificación de la actividad preventiva, especialmente en relación al desarrollo de la prestación laboral de las camareras de pisos.
5. Introducir en la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 actuaciones que garanticen la perspectiva de género, tanto en los Planes de acción como en las campañas de divulgación en el sector de hostelería.
6. Promover el establecimiento de protocolos específicos en el desarrollo de la vigilancia de la salud en relación con la actividad profesional de las camareras de pisos, teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurren en su
actividad, con perspectiva de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2025.-María Mercè Perea i Conillas y Elisa Garrido Jiménez, Diputadas.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/002196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre alimentación saludable y nutritiva en las residencias de mayores, para su
debate en Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
El bienestar de las personas mayores que viven en residencias en nuestro país debe ser una cuestión de primer orden para las administraciones públicas. Sin embargo, en los últimos años, lo sucedido en los centros residenciales en
determinados lugares se ha alejado mucho de la gestión responsable y basada en la calidad que merecen estas personas.
En algunas residencias de mayores, han sido graves y numerosos los problemas derivados de una gestión, en muchas ocasiones, deshumanizada y basada en cuestiones de economía de los recursos. En concreto, en lo que se refiere a la comida que
se ofrece en los centros residenciales de mayores, existen numerosas denuncias y propuestas de mejora formuladas por las personas usuarias, la ciudadanía en general, las entidades sociales y también los colectivos profesionales, que han señalado la
necesidad de mejorar la calidad de la alimentación en las residencias.
La Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, establece criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad que deben guiar la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas en los servicios de
alimentación de las residencias.
En abril de 2025 el Gobierno aprobó un Real Decreto que obliga a los centros escolares a ofrecer fruta y verdura fresca diariamente, a servir pescado entre una y tres veces por semana, al mismo tiempo que limita el consumo de fritos y sal, y
elimina la bollería industrial. Esta norma establece la obligación de garantizar una alimentación saludable en colegios públicos, concertados y privados que imparten educación desde el segundo ciclo de Infantil hasta Bachillerato y Formación
Profesional de grado Básico y Medio.
Siguiendo esta línea, es necesario extender la garantía de una alimentación saludable a las personas mayores que viven en centros residenciales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar una alimentación saludable y nutritiva en las residencias de mayores, desarrollando las previsiones contenidas en la Ley 17/2011, de 5 de julio,
de seguridad alimentaria y nutrición, con el establecimiento de criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que orienten la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas en los servicios de alimentación en estos
centros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2025.-Inés Plaza García, Luis Carlos Sahuquillo García, María de las Nieves Ramírez Moreno, Noelia Cobo Pérez, Emilia Almodóvar Sánchez, Olvido de la Rosa Baena, Carmen Andrés Añón, María
Luisa Faneca López, María Guijarro Ceballos, Margarita Martín Rodríguez, Modesto Pose Mesura y Esther Rodríguez Suárez, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la creación de un contrato de apoyo a
proyectos empresariales en el sector agrario, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Contrato de Apoyo a Proyectos Empresariales (CAPE) es una fórmula jurídica que permite al emprendedor o al líder de un proyecto beneficiarse del apoyo de una empresa o una asociación con experiencia, mientras prueba la viabilidad de su
proyecto sin crear de forma inmediata su propia estructura. Un contrato que no siendo de trabajo, facilita la inmersión en el mundo empresarial y que permite probar legalmente una actividad empresarial antes de su lanzamiento sin perder su
situación de paro y de percepción de la prestación y con una cobertura social y de protección en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Un contrato del que se pueden beneficiar las personas físicas, emprendedoras de un proyecto de
creación o traspaso de una empresa, exceptuando las personas asalariadas a tiempo completo e incluso los empresarios individuales de una SLU.
Un contrato que está en vigor en Francia y que aquí se ha estudiado e impulsado a través de la figura de 'espacios de test agrarios' para la actividad agraria tratando de emular al patrón francés, por la falta de relevo generacional y por la
existencia de una
generación de agricultores que con formación pero sin raíces agrarias carecen de experiencia práctica, de herramientas que faciliten acceso a la tierra, a la inversión, entre otros muchos factores y que, por tanto, necesitan de un
acompañamiento diferente al que requiere un perfil tradicional. Una fórmula a impulsar, la de contratos para el emprendimiento, que se recoge también en el estudio sobre acceso a la tierra del Ministerio de Agricultura.
Este tipo de fórmula al estilo del modelo francés puede convertirse en un sistema relevante para apoyar a quienes buscan desarrollar su proyecto profesional pero también para promocionar el relevo generacional en empresas familiares, así
como en numerosas actividades económicas que adolecen de este problema. Un sistema que en definitiva requiere de una regulación para adaptarla a nuestra realidad económica, social, competencial y de gobernanza que requerirá de cambios legislativos
en materia laboral y de Seguridad Social entre otros.
En el Estado español no existe ninguna figura de contrato específico para la finalidad emprendedora.
Por todo lo anteriormente expuesto
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la creación de un contrato de apoyo a proyectos empresariales (CAPE) al estilo del regulado en Francia.
2. Introducir algún marco contractual en este sentido en el catálogo de medidas y recomendaciones anunciado en favor del relevo generacional en el sector agrario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2025.-Maribel Vaquero Montero, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.
161/002208
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a los coeficientes reductores de la edad de jubilación que se aplica a los tripulantes de los palangreros-congeladores o arrastradores-congeladores que faenan en aguas internacionales, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Uno de los ejes fundamentales de la acción del BNG es la defensa del sector pesquero gallego, la dignificación de las condiciones laborales de las personas que viven del mar y la mejora de su protección social, teniendo en cuenta las duras
condiciones en la que se desarrolla esta actividad. En esta línea, cabe destacar las iniciativas presentadas para ampliar e incrementar los coeficientes reductores que se aplican a los trabajadores del mar debido al carácter arduo de esta actividad
y su impacto directo en la salud.
Precisamente, en la tramitación de la Ley de Pesca 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, el BNG reclamó la mejora de los coeficientes reductores de diferentes colectivos de la pesca, el marisqueo y el mar.
Los coeficientes de reducción que se aplican actualmente a las personas que trabajan en el mar varían según la actividad y oscilan entre 0,15 y 0,40. En el caso de la Marina Mercante varían entre 0,40 a 0,20; en tareas a bordo de buques
pesqueros oscilan entre 0,40 y 0,15; a los estibadores portuarios se les aplica un 0,30; al marisqueo, recogida de
percebes y recolección de algas, el 0,15; a las rederos, neskatillas y empacadoras, el 0,1; y, por último, a las actividades de buceo, el 0,15.
En el caso de buques congeladores, se aplica el coeficiente de reducción máximo de 0,40. Sin embargo, el Ministerio, mediante una interpretación arbitraria y sin fundamento de la Secretaría General de Pesca, ha determinado que los buques
registrados como palangreros congeladores o arrastreros congeladores que operan en aguas internacionales, igual que los grandes buques congeladores y en las mismas condiciones difíciles que éstos, no son considerados buques congeladores a la hora de
aplicar los coeficientes reductores. Así, el Ministerio les niega la aplicación del coeficiente máximo de jubilación del 0,40 y todo el sector pesquero y las administraciones públicas gallegas rechazan esta decisión por considerarla una clara
discriminación.
Precisamente, en la última Comisión Sectorial de Política Social y Seguridad de la Flota celebrada el 14 de mayo en Santiago, se reclamó la modificación de la Circular 4/2023, de 15 de diciembre de la Secretaría de Pesca, que volvía a quitar
el coeficiente máximo a los palangreros de superficie (espaderos) y arrastreros al no considerarlos congeladores, medida con la que se retrasa el acceso a la jubilación.
Esta decisión perjudicará a más de 1.500 marineros de 149 buques gallegos, 117 palangreros congeladores y 32 arrastreros congeladores, cuyos trabajadores están sometidos a condiciones duras, insalubres y peligrosas, que el Instituto Social
de la Marina ignora. Desarrollan su actividad en caladeros de aguas lejanas, pasan mucho frío a bordo, trabajan largas jornadas en condiciones meteorológicas adversas y permanecen a bordo durante largas temporadas. Esta discriminación no se
entiende para las flotas pesqueras que cumplen los criterios requeridos.
Se trata, además, de una flota estratégica para Galicia, ya que alrededor del 70% de la flota congeladora de todo el Estado tiene base en nuestro país, por lo que la medida afectará en mayor medida al sector pesquero gallego. Por ello, es
fundamental que el Gobierno del Estado rectifique y corrija esta decisión discriminatoria para las flotas mencionadas e inicie el diálogo con los afectados, reconociendo el coeficiente máximo de reducción para los buques y los marineros.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a revisar y modificar la Circular 4/2023 de la Secretaría de Pesca, de 15 de diciembre, para que los buques matriculados como palangreros congeladores y arrastreros congeladores
tengan la consideración de buques congeladores y sus tripulaciones puedan acceder a los coeficientes máximos reductores de la edad de jubilación, de 0,40, por realizar su tarea en las mismas condiciones establecidas de penosidad y peligrosidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa coeficientes redutores da idade de xubilación que se aplica aos tripulantes de palangreiros-conxeladores e arrastreiros-conxeladores que faenan en augas internacionais para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
Un dos eixos fundamentais da acción do BNG é a defensa do sector pesqueiro galego, a dignificación das condicións laborais das persoas que viven do mar e a mellora da súa
protección social atendendo ás duras condicións desta actividade. Nesa liña, son de destacar as iniciativas presentadas para ampliar e incrementar os coeficientes redutores que se aplican aos traballadores e traballadoras do mar pola
penosidade desta actividade e que repercute directamente na saúde.
Precisamente, na tramitación da Lei de Pesca 5/2023, de 17 de marzo, de Pesca Sustentábel e Investigación Pesqueira, o BNG reclamou a mellora dos coeficientes redutores de distintos colectivos pesqueiros, de marisqueo e profesionais do mar.
Os coeficientes redutores a aplicar na actualidade ás persoas traballadoras no mar varían pola actividade e van desde o 0,15 a 0,40. No caso da Mariña Mercante varían entre 0,40 a 0,20; en tarefas a bordo de embarcacións de pesca van de
0,40 a 0,15; aos estibadores portuarios aplícaselle o 0,30; para o marisqueo, recollida de percebes e recollida de alga o 0,15; a redeiras, neskatillas e empacadoras o 0,1; e, finalmente, a actividades de mergulladores o 0,15.
No caso dos buques conxeladores aplícase o coeficiente redutor máximo previstos de 0,40, porén, o Ministerio, a través dunha interpretación arbitraria e sen xustificación da Secretaría Xeral de Pesca, vén de determinar que os barcos
rexistrados como palangreiros-conxeladores ou arrastreiros-conxeladores que faenan en augas internacionais, igual que os grandes conxeladores e nas mesmas condicións de penosidade que estes, non sexan considerados buques conxeladores á hora de
aplicar os coeficientes redutores. Así, o Ministerio négalles a aplicación do coeficiente de xubilación máximo do 0,40 e o conxunto do sector pesqueiro e das administracións públicas galegas rexeitan esta decisión por considerala unha clara
discriminación.
Precisamente na última Comisión Sectorial de Política Social e Seguridade da Frota celebrada o pasado 14 de maio en Santiago, demandouse a modificación da Circular 4/2023, do 15 de decembro da Secretaría de Pesca que volvía retirar o
coeficiente máximo aos mariñeiros de palangreiros de superficie (espadeiros) e arrastreiros ao non consideralos conxeladores, medida coa que se atrasa o acceso á xubilación.
Esta decisión prexudicará a máis de 1.500 mariñeiros de 149 barcos galegos, 117 palangreiros-conxeladores e 32 arrastreiros-conxeladores, cuxos traballadores están sometidos a condicións de penosidade, insalubridade e perigo, que o Instituto
Social da Mariña está a obviar. Levan a cabo a súa actividade en caladoiros en augas afastadas, conxelan a bordo, fan longas xornadas con condicións climáticas adversas e están embarcados durante longas tempadas. Non se entende esta discriminación
para unhas frotas pesqueiras que cumpren cos criterios requiridos.
Trátase ademais dunha frota estratéxica para Galiza, pois ao redor de 70% da frota conxeladora de todo o Estado ten a súa base no noso País, polo que a medida afectará en maior medida ao sector pesqueiro galego. Resulta pois imprescindíbel
que o Goberno do Estado rectifique e corrixa esta decisión discriminatoria para as frotas mencionadas e inicie o diálogo cos afectados, recoñecer o coeficiente redutor máximo ás e os mariñeiros.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a revisar e modificar a Circular da Secretaría de Pesca 4/2023, do 15 de decembro, de forma que os buques rexistrados como palangreiros-conxeladores e arrastreiros-conxeladores sexan
considerados buques conxeladores e as súas tripulacións poidan acceder ao máximo de coeficientes redutores da idade de xubilación, de 0,40, por realizar a súa tarefa nas mesmas condicións de penosidade e perigosidade estabelecidos.'
En Madrid, a 29 de maio de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Igualdad
161/002199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Igualdad relativa a la toma de medidas
urgentes por parte del Gobierno y la Comisión Europea en defensa de los derechos fundamentales LGTBIQA+ en Bulgaria.
Exposición de motivos
En agosto de 2024, Bulgaria adoptó la 'Ley de Reforma de la Ley de Educación Preescolar y Escolar' (Decreto n.º 199 del 15 de agosto de 2024), convirtiéndose en el segundo.país de la UE, después de Hungría, en adoptar una versión de la ley
rusa de 2013 contra la 'propaganda LGTB'. Bajo la farsa de 'proteger a la infancia', la ley prohíbe cualquier mención sobre temas LGTBIQ+ en las escuelas. Esta medida socava aún más la situación del colectivo LGTBIQ+ en el país, que sufre de la
tasa de discriminación más alta de toda la UE, según la 'EU LGTBIQ+ SURVEY III' de 2024, editado por la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales.
La ley prohíbe la inclusión de 'ideas y opiniones relacionadas con la orientación sexual no tradicional y/o la expresión de una identidad de género distinta a la biológica' en las escuelas y los programas de estudios. Esta iniciativa
provocará una serie de consecuencias negativas en distintos sectores:
- La infancia y juventud LGTBIQA+ pasan a ser víctimas del estigma del propio Estado; les será negado el acceso a una educación afectivo-sexual basada en la ciencia; estarán expuestas a un mayor riesgo de sufrir acoso, violencia y
problemas de salud mental.
- Los educadores y personal escolar LGTBIQA+ estarán expuestos a discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Así mismo, el lenguaje ambiguo de la ley fomenta el miedo y la autocensura.
- El propio sistema educativo se verá severamente limitado, al violarse la libertad académica y restringir el acceso al conocimiento científico. Pasará a ser un agente activo en la promoción de la discriminación en el ámbito escolar.
Además, la ley bloquea contenidos y servicios educativos transfronterizos que abordan temas LGTBIQA+.
Con esta ley la sociedad en su conjunto sufrirá las consecuencias, al provocar la ausencia de una educación sexual inclusiva y por contra fomentar la ignorancia, la intolerancia y el odio. Así mismo, puede provocar un aumento de las ETS,
los embarazos adolescentes y la violencia de género o anti-LGTBIQ+.
Las ONG de derechos de la infancia, como Eurochild y la Red Nacional Búlgara para la Infancia, han denunciado la ley 'anti-propaganda LGTB' por poner en peligro a la infancia y exponerles a un entorno discriminatorio. Esta ley que prohíbe
cualquier referencia a las personas LGTBIQ+ en el sistema educativo, es similar a la ley antiLGTB húngara de 2021, ante la cual la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y 16 Estados miembros de la UE iniciaron un proceso de impugnación ante el
Tribunal de Justicia de la UE, reconociendo que marginaba a las personas LGTBIQA+ y violaba el artículo 2 del Tratado de la UE. La sentencia se espera para finales de 2025. Además, la Comisión Europea bloqueó 700 millones de euros de los fondos de
cohesión de Hungría como medida de presión para su derogación.
La UE también debe actuar con la misma contundencia en el caso búlgaro, pero hasta ahora no lo ha hecho. La situación actual de Bulgaria es de una gran dificultad para las personas LGTBIQA+, y este proyecto sólo la haría más complicada.
En la actualidad, el 50 % de las personas LGTBIQA+ búlgaras afirman haber sufrido discriminación, mientras que el 39 % ha tenido dificultades para encontrar trabajo. Antes de la entrada en vigor de la ley, el 70 % del alumnado LGTBIQ+
búlgaro sufría acoso verbal, un tercio acoso físico, y una quinta parte agresiones en la escuela.
Además, la limitación en educación afectivo-sexual ahondará en el exceso de embarazos adolescentes del país: el 10 % de los nacimientos en 2015 fueron de madres menores de edad, la última fecha de la que hay datos. Esto triplica la media
de la UE, con casi 300 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años.
En particular, sorprende la actitud beligerante del Partido Socialista Búlgaro, miembro del Grupo Parlamentario S&D en el Parlamento Europeo, que presionó para que se celebraran referendos anti-LGTB, se opuso a la firma por parte de Bulgaria
del Convenio de Estambul o presionó para prohibir el Orgullo.
Además, Bulgaria aún no ha aplicado las históricas sentencias del TJUE en los casos Coman (C-673/16, sobre el reconocimiento transfronterizo de certificados de matrimonio entre personas del mismo sexo) o Pancharevo (C-490/20, sobre el
reconocimiento de certificados de nacimiento con padres del mismo sexo).
En definitiva, Bulgaria sigue los pasos de la represión húngara contra el colectivo LGBTIQ+. A este proyecto de ley que busca prohibir toda mención o exhibición de contenido LGTBIQ+ en espacios públicos accesibles a menores, se le suma,
otro que pretende consolidar la prohibición del reconocimiento legal de la identidad género al prohibir los cambios en los marcadores de género en documentos de identidad como los pasaportes.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Iniciar los trámites para presentar una demanda contra Bulgaria por incumplimiento del derecho de la UE con arreglo al artículo 259 del TFUE, solicitando a la Comisión Europea un dictamen motivado al respecto.
2. Intervenir, como establece el artículo 40 del Estatuto del TJUE, en los litigios iniciados por la Comisión Europea ante dicho tribunal como en el caso de la ley búlgara anti-LGTBIQ+.
3. Presionar de manera inmediata a la Comisión Europea para que se inicie un procedimiento de infracción por la vulneración sistemática de la jurisprudencia del TJUE.
4. Instar a la Comisión Europea a iniciar un procedimiento de infracción contra la ley 'anti-propaganda LGTB' de Bulgaria.
5. Solicitar formalmente a la Comisión Europea el bloqueo de los fondos de cohesión búlgaros hasta la derogación del Decreto n.º 199 de 15 de agosto de 2024, la conocida como ley anti LGTBIQ+.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2025.-Esther Gil de Reboleño Lastortres, Engracia Rivera Arias, Júlia Boada Danés y Agustín Santos Maraver, Diputados.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR.
161/002200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Igualdad relativa a la prohibición de la
realización de la manifestación del orgullo LGTBIQA+ de Budapest el 28 de junio de 2025.
Exposición de motivos
El 18 de marzo de 2025, Hungría se convirtió en el primer país del mundo democrático en prohibir las marchas del Orgullo, una prueba más de su alejamiento de los valores de la UE. Es el último paso en un retroceso constante de derechos:
desde despojar a las personas trans del reconocimiento legal de género o restringir la adopción LGBTIQ+, hasta censurar libros y películas con contenido LGBTIQ+. Tomada directamente del manual de Vladimir Putin, estas leyes introducen la represión
al estilo ruso en el corazón de la UE.
La Ley de Prohibición del Orgullo (Ley III de 2025 que modifica la Ley LV de 2018 sobre la modificación de la Ley LV de 2018 sobre el derecho de reunión, relativa a la protección de la infancia y leyes conexas) crea una nueva infracción
administrativa por organizar o asistir a una reunión que 'propague o represente una divergencia de la propia identidad correspondiente al sexo al nacer, el cambio de sexo o la homosexualidad', tal como se define en el artículo 6/A de la 'Ley de
Protección de la Infancia' (es decir, una de las cinco leyes que componen la Ley de Propaganda Anti-LGBT de 2021).
También autoriza el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar y procesar a organizadores y participantes, y obliga a la policía a prohibir cualquier reunión que infrinja la Ley de 'propaganda anti-LGBT'.
Los organizadores del Orgullo se enfrentan a una pena de hasta un año de prisión en virtud del artículo 217/C de la Ley C de 2012 del Código Penal, por organizar y promover la participación en una protesta prohibida por la policía.
Asistir a una reunión prohibida constituye una infracción administrativa, sancionada con una multa de hasta 500 EUR, equivalente aproximadamente al 40 % del salario medio húngaro. Es a lo que se enfrentarían todas las personas asistentes a
la manifestación del orgullo, de ser identificadas por las autoridades. Según la legislación húngara, la tecnología de reconocimiento facial puede utilizarse para identificar y procesar a los participantes y organizadores del Orgullo.
El 14 de abril de 2025, Hungría modificó su Ley Fundamental (Constitución) para consolidar la discriminación contra las personas LGBTIQ+:
Faculta al Estado a restringir derechos fundamentales con el pretexto de 'proteger' a la infancia. Junto con la 'ley de propaganda anti-LGBT', esto resulta en prohibiciones de protestas, censura de la libertad de expresión y la exclusión de
las personas LGBTIQ+ de la vida pública.
Así mismo, se redefine el género como el sexo al nacer, lo que conlleva la eliminación de las protecciones basadas en la identidad de género en la Ley de Igualdad de Trato de Hungría, dejando a las personas transgénero sin recursos legales
contra la discriminación.
En aplicación de la legislación comunitaria, existen varias circunstancias que serían constitutivas de infracción.
- El uso de tecnología de reconocimiento facial viola las normas de protección de datos de la UE. Por un lado, la RGPD (delitos administrativos), ya que trata ilegalmente datos sensibles protegidos (arts. 6 y 9). Por otro lado, la LED
(delitos penales), dado que el reconocimiento facial solo es admisible cuando es estrictamente necesario para el enjuiciamiento de delitos graves, lo cual no es el caso.
- Se vería afectado así mismo el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, ya que la ley vulnera varios derechos de la misma, entre ellos el derecho a la dignidad humana (art. 1) y a la no discriminación (art. 21),
las libertades de expresión (art. 11) y de reunión y asociación (art. 12).
- Por último, los derechos fundamentales vulnerados desarrollan valores del artículo 2 del TUE como la democracia, la igualdad y la dignidad humana. Según el art. 10 TUE, la ciudadanía de la UE tienen derecho a participaren la vida
democrática. La prohibición del Orgullo vulnera los derechos que sustentan estos valores de forma grave y sistemática.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Exigir a la Comisión Europea que solicite medidas cautelares urgentes al TJUE para suspender la aplicación de la Ley de Prohibición del Orgullo.
2. Apoyar de forma oficial e institucional la celebración del Orgullo LGTBIQA+ en Budapest.
3. Ofrecer apoyo consular y jurídico a personas españolas que participen en el Orgullo de Budapest así como que activar medidas de protección a personas españolas que viajen a Hungría para participar en actos LGTBIQA+, en previsión de
posibles represalias legales o administrativas.
4. Reforzar la denuncia en organismos multilaterales de la legislación húngara en foros internacionales de derechos humanos, especialmente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
5. Declarar a Hungría como país en regresión democrática en el marco de la acción exterior española e incluir la situación de Hungría en los informes anuales de política exterior y derechos humanos de España, para visibilizar la deriva
autoritaria ante el Congreso y la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2025.-Esther Gil de Reboleño Lastortres, Engracia Rivera Arias, Júlia Boada Danés y Agustín Santos Maraver, Diputados.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reducir y, en su caso, eliminar
los delitos de odio hacia las personas con discapacidad, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, define los delitos de odio como 'toda infracción penal, incluidas las cometidas contra las personas o la propiedad, donde el bien jurídico protegido, se elige por su, real o
percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo. Un grupo se basa en una característica común de sus miembros, como su raza, real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la edad, la
discapacidad, la orientación sexual, u otro factor similar'.
Los delitos de odio se caracterizan por acciones ilegales impulsadas por prejuicios e intolerancia hacia individuos con características o condiciones, reales o percibidas, distintas a las del perpetrador, como puede ser la discapacidad,
entre otros aspectos reconocidos en el Código Penal español. La selección de las víctimas se basa en estas diferencias inherentes. Por lo tanto, un delito de odio puede dirigirse contra personas o grupos, así como contra sus bienes, degradando la
dignidad humana y obstruyendo el
ejercicio de derechos fundamentales, fragmentando así el tejido de una sociedad democrática y diversa donde el pluralismo y la igualdad son esenciales.
Durante el año 2016, se modificó la conceptualización de delitos de odio cometidos contra personas con discapacidad. Antes se computaban tanto los delitos cometidos contra personas con discapacidad, como los cometidos contra éstas con
motivaciones de odio. Desde 2016, hubo un cambio en la forma de calcular los delitos de odio. La definición del ámbito hacia las personas con discapacidad sería, cualquier incidente cometido contra personas con discapacidad donde el responsable de
los hechos cometa la acción contra la víctima, el local o el objetivo de la infracción, por motivos discriminatorios o relacionados con delitos de odio.
Según el informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España de 2023, presentado por el Ministerio del Interior y elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, ONDOD, en 2023, el total de delitos e incidentes
de odio registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España asciende a 2.268 hechos, un 21,35 % más que en 2022. Es la mayor cifra registrada desde 2014.
El ámbito en el que los delitos de odio han registrado un mayor aumento ha sido el de delitos de odio contra personas con discapacidad, suponiendo un incremento del 113,04 % respecto a 2022.
En estos delitos, el autor escoge a la víctima por tener una discapacidad, menoscabando su dignidad como persona y perjudicando el normal desarrollo de sus derechos fundamentales, lo que supone un atentado contra los principios y mandatos de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, las redes sociales se han vuelto plataformas por antonomasia de los discursos de odio que preceden actos de discriminación y violencia que no suelen tener como
objetivo a una determinada persona con discapacidad, sino hacia sus colectivos, con lo que todas las personas se vuelven víctimas al compartir esta condición.
Los malos tratos, el ostracismo y la discriminación a través de los insultos y los tópicos, así como expresiones que identifican la discapacidad con elementos injuriosos, proyectan una relación de inferioridad que atenta contra la dignidad
de las personas afectadas.
Aunque en el Grupo Parlamentario Popular somos conocedores del trabajo de la Subcomisión que está abordando los discursos de odio que en muchas ocasiones terminan en delitos de odio, consideramos que, en tanto en cuanto se aprueben las
conclusiones de dicha subcomisión, es necesario tomar medidas urgentes; por ello, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover acciones que fomenten la creación de entornos seguros y respetuosos en los que las personas con discapacidad puedan promover sus procesos de denuncia cuando han sido víctimas de un delito.
2. Mejorar las capacidades de las autoridades estatales y dar apoyo técnico y financiero a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales para identificar, analizar, supervisar y evaluar el discurso de odio contra las personas con
discapacidad con el fin de desarrollar estrategias contra los discursos de odio.
3. Impulsar la colaboración y cooperación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las entidades del Tercer Sector de Acción Social del ámbito de la discapacidad, como el CERMI, entre otras, como representantes de las personas
con discapacidad.
4. Realizar campañas estatales potentes de comunicación que sirvan para sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la gravedad de este tipo de delitos y los medios de denuncia y los apoyos que están disponibles para las víctimas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2025.-Violante Tomás Olivares, Ana Isabel Alós López, Sandra Fernández Herranz, Patricia Rodríguez Calleja, María Mercedes Fernández González, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo
Díez, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo, Esther Llamazares Domingo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García y Pedro Samuel Martín
García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar una inversión que
revierta la situación de abandono que presentan muchos tramos de las carreteras de la red del Estado en la provincia de Burgos, con el objetivo de evitar la siniestralidad vial relacionada con el estado de la vía, para su debate en la Comisión de
Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Según estudios realizados en el análisis y la auditoría de las infraestructuras públicas, la red de carreteras españolas requiere de una inversión de miles de millones de euros para recuperar un estado adecuado de conservación y no afectar a
la seguridad de los desplazamientos, siendo estimado que más del 95 % de esa cifra debería estar destinada a la recuperación de los firmes.
En los informes publicados sobre las necesidades de conservación de estas vías de comunicación, se establece que el Estado tendría que hacer frente a un desembolso de aproximadamente 3.500 millones de euros para reparar baches, eliminar
roderas y suprimir grietas longitudinales y transversales. Es preciso señalar que, además de la seguridad, que es sin duda el principal objetivo a conseguir con una inversión adecuada, ese mal estado de las vías también influye en el bolsillo de
los ciudadanos, puesto que aumenta el consumo y las emisiones en al menos un 10 %.
En este sentido, la última partida aprobada por el Ministerio de Transportes para la red estatal fue de algo más de 1.500 millones de euros en los últimos presupuestos, cantidad claramente insuficiente ya que, además de la inversión para
poner a punto las carreteras, habría que mantener de forma continuada un gasto 1.800 millones de euros anuales.
En términos generales, el citado estudio revela cómo la falta de conservación está haciendo mella en las infraestructuras viarias españolas, un patrimonio valorado en 220.000 millones de euros que se ha ido deteriorando a causa de los
sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públicos hasta conseguir en la actualidad su peor nota histórica.
A pesar de que el coche continúa siendo el transporte mayoritariamente elegido por los españoles para desplazarse y de que el crecimiento de los viajes por carretera no deja de incrementar, la inversión para el mantenimiento de estas vías no
avanza lo necesario y el déficit de conservación se agrava cada vez más, empeorando las condiciones de seguridad y aumentando el riesgo de siniestralidad.
En esta línea, cuando se establecen los principales motivos que inciden en la siniestralidad vial, todos los estudios coinciden en que son tres los principales factores que influyen en la misma. Uno de ellos es el factor humano; otro es el
factor relacionado con el propio vehículo; y el tercero tiene que ver con la situación en la que se encuentra la vía por la que se circula. Por ello, una red que no está mantenida de modo adecuado puede incrementar las probabilidades de
siniestralidad vial en aquellas zonas que carecen del suficiente grado de conservación.
Si comparamos lo que en la provincia de Burgos se está ejecutando respecto al mantenimiento de carreteras por parte del Estado, se comprueba que no hay una apuesta decidida en relación con los tramos de vías interurbanas que son de su
titularidad. En el otro lado de la balanza se encuentran otras administraciones que tienen titularidad de otro tipo de vías. Como ejemplo, la Diputación Provincial de Burgos, ha apostado fuerte en esta legislatura por atender a sus carreteras
provinciales. Durante este mandato se pretende llegar a intervenir en la práctica totalidad de la red que está compuesta por más de 2.200 kilómetros, centrándose en conservar, renovar y mejorar la red y prestar una atención especial a los ensanches
y la adaptación para cicloturismo. Una mejora de las comunicaciones que es básica para acercar los servicios a todos los municipios y que han establecido como actuación prioritaria.
Del mismo modo es necesario señalar que la Junta de Castilla y León ha cerrado el año 2024 con una inversión total de 112 millones destinados a carreteras con más del 99 % del presupuesto ejecutado en esta materia. El esfuerzo inversor se
ha centrado en la conservación y mantenimiento de los más de 11.500 kilómetros de carreteras autonómicas y desde la Diputación Provincial también se ha pedido a la Junta que atienda sus compromisos con las carreteras autonómicas de la provincia,
especialmente la CL 629 y la variante de Salas, precisamente apoyando una proposición que hizo el grupo socialista ante el Pleno de la Diputación.
Por eso y teniendo en cuenta la importancia de mejorar las infraestructuras en la provincia de Burgos, es urgente reclamar al Ministerio que haga un esfuerzo inversor que dignifique el estado de las carreteras de titularidad estatal y
garantice la seguridad de los ciudadanos en los desplazamientos. En la provincia de Burgos hay casi 1.000 kilómetros de carreteras estatales, la mayoría de las cuales presentan un lamentable estado de conservación.
Uno de los casos más sangrantes es sin duda el de la N623, que lleva años reclamando una intervención con un asfalto totalmente destrozado, con un puente sobre el río Ebro en Quintanilla Escalada peligroso y por el que apenas pueden cruzarse
dos automóviles.
Pero no es desde luego la única. La N120 presenta muchos problemas de conservación en el firme, fundamentalmente en cuanto a la capa de rodadura, debido a la existencia de fisuras, peladuras, roderas, baches y blandones. Y no son menores
los problemas de mantenimiento que presentan vías como la NI, la N620, la N232, la N627, la N234, la N629 y la N622, por no citar las diversas autovías que presentan un deterioro considerable, especialmente la Al, la A12 y la AP62.
Por último, cabe indicar que recientemente se ha apoyado por unanimidad una moción en Pleno de la Diputación reclamando para la provincia de Burgos unas infraestructuras acordes con las necesidades de los ciudadanos, y todo ello con el
objetivo de mejorar las infraestructuras viarias con el objetivo de poder mejorar la situación de la circulación y así poder evitar la siniestralidad vial relacionada con el estado de la vía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar una inversión suficiente que revierta la situación de abandono que presentan muchos tramos de las carreteras de la red del Estado en la provincia de Burgos y a comprometer la
financiación necesaria para el correcto mantenimiento y conservación de estas vías de comunicación para el
año 2025 y siguientes, con el objetivo de evitar la siniestralidad vial relacionada con el estado de la vía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2025.-Ángel Ibáñez Hernando, María Sandra Moneo Díez, Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa, Juan Antonio Rojas Manrique y Raúl Cuevas Larrosa, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a revisar el sistema de etiquetas ambientales para
ajustarlo a las emisiones reales y estudiar la armonización en el seno de la UE para no perjudicar la libre circulación en las zonas transfronterizas, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
De conformidad con la Directiva 2008/50/CE1, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las concentraciones de contaminantes atmosféricos no superen los valores límite vinculantes. Por consiguiente,
para proteger la salud humana y el medio ambiente y cumplir sus obligaciones, los Estados miembros y sus autoridades locales están adoptando regímenes de acceso de vehículos, como las zonas de bajas emisiones. Sin embargo, la elección de las
medidas que deben adoptarse es prerrogativa de los Estados miembros, en consonancia con el principio de subsidiariedad.
Las zonas de bajas emisiones y la clasificación ambiental están para cuidar de la salud de las personas y también del medio ambiente en nuestras ciudades. Actualmente, la clasificación en el Estado, las etiquetas, se basan en la matrícula,
en la fecha de matriculación, para los vehículos que no tienen etiqueta o que tienen etiqueta B y C. Este criterio genera que dichas etiquetas no siempre se correspondan con el impacto ambiental que tienen los vehículos. Vemos necesario que haya
mayor precisión en los criterios, que se ajusten y que realmente ayuden a reducir la contaminación en los municipios.
Por otro lado, en el contexto del establecimiento, bajo normativa local, mancomunal o regional, de zonas de bajas emisiones (ZBE) en distintos municipios y litorales, observamos que no se da la interoperabilidad en cuanto a las etiquetas
ambientales de uso obligatorio entre los Estados miembros lo que dificulta identificar el tipo de vehículo en cuanto a emisiones se refiere.
En la Unión Europea, donde la libre circulación es uno de los pilares que hay que preservar, el requisito del uso de diferentes distintivos ambientales emitidos por administraciones de diferentes Estados miembros supone un perjuicio en las
zonas trasfronterizas donde el intercambio de la actividad económica es fundamental. La falta de claridad ante la carga administrativa y burocrática se traduce, además, en desafección hacia la Unión.
En estos momentos, y tal y como se ha explicado anteriormente, nos encontramos con que en la UE cada Estado tiene su sistema de etiquetado ambiental. Concretamente, en el proyecto de distintivos en Francia, clasifican los vehículos en 6
categorías y en el Estado español, en cambio, hay 4 categorías distintas. Esto podría generar un problema, por ejemplo, en Euskadi para los y las ciudadanas, sobre todo guipuzcoanas y navarras, que cruzan a diario a Iparralde, al País Vasco
francés; hablamos de alrededor de 62.000 vehículos diarios.
La implantación de las etiquetas ambientales en las zonas de bajas emisiones en Iparralde estaba prevista para el 1 de junio de este mismo año, y aunque la entrada en vigor ha quedado paralizada por el momento por la Asamblea Nacional de
Francia, si se implantara tal y como estaba previsto, esta medida podría causar numerosos problemas a aquellas personas que tendrían el distintivo ambiental francés, que a su vez será distinta a la etiqueta ambiental implantada por el Gobierno
central.
Esta cuestión podría generar limitaciones y afecciones en los intercambios por cuestiones laborales, económicas, comerciales o incluso personales. El problema es que no hay una equivalencia o una homologación de etiquetas entre los
distintos Estados, ni siquiera entre los Estados transfronterizos, como puede ser entre el Estado español y el Estado francés.
Esta disparidad tiene efectos negativos en términos de:
- Seguridad jurídica: Los ciudadanos pueden ser sancionados por no disponer de la etiqueta adecuada en otro país.
- Accesibilidad: es complicado saber con antelación si un vehículo puede o no acceder a determinadas zonas en otro estado miembro.
- Libre circulación: Se dificulta el tránsito por carretera dentro del mercado único europeo.
- Desigualdad de trato: vehículos con iguales características pueden ser tratados de forma distinta.
Por todo lo expuesto
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar el sistema de las etiquetas ambientales de los vehículos para adaptarlo a las realidades tecnológicas y medioambientales actuales, incluyendo criterios como:
- Emisiones reales en condiciones de conducción (RDE).
Eficiencia energética del vehículo.
Análisis de ciclo de vida (ACV) de las emisiones.
Autonomía eléctrica útil en vehículos híbridos enchufables.
2. Impulsar en el seno de la Unión Europea una etiqueta ambiental para vehículos interoperable con el fin de facilitar el transito de la ciudadanía, sobre todo en las zonas transfronterizas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Maribel Vaquero Montero, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Defensa
181/001213
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Agustín Conde Bajén y Carlos Rojas García
¿Ha cumplido la señora ministra de Defensa con ese compromiso de reserva de la identidad de las denunciantes de acoso en el ámbito de su ministerio, tal como afirmó en su comparecencia ante la Comisión de Defensa el pasado 27 de febrero de
2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2025.-Agustín Conde Bajén y Carlos Rojas García, Diputados.
Comisión de Interior
181/001214
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Milagros Marcos Ortega, Miguel Ángel Paniagua y Ana Belén Vázquez Blanco
¿Va a mantener el Gobierno intención todas las plazas de agentes de Seprona correspondientes a la provincia de Palencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2025.-Milagros Marcos Ortega, Miguel Ángel Paniagua Núñez y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/001223
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Ana Vázquez Blanco, Rosa Quintana Carballo y Celso Delgado Arce
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de España ante el aumento de la criminalidad en la ciudad de Ourense y para mejorar la seguridad en la zona del barrio de A Ponte, O Pino y O Vinteún, donde los vecinos se encuentran impotentes ante el
persistente aumento de la inseguridad en la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Ana Belén Vázquez Blanco, Rosa Quintana Carballo y Celso Luis Delgado Arce, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001222
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Esther Llamazares Domingo y Héctor Palencia Rubio
¿Por qué motivo el Gobierno mantiene excluido al corredor Madrid-Asturias del proceso de liberalización ferroviaria, sin ofrecer capacidad a nuevos operadores ni establecer acuerdos marco como en otros territorios, y en qué plazos prevé
corregir esta situación para garantizar la igualdad de acceso al servicio ferroviario de alta velocidad en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Esther Llamazares Domingo y Héctor Palencia Rubio, Diputados.
Comisión de Juventud e Infancia
181/001215
A la Mesa de la Comisión de Juventud e Infancia
Cristina Valido García, diputada de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta con respuesta oral:
¿Qué políticas específicas y en vigor se dirigen a la disminución de la pobreza infantil, que a pesar de lo mucho que se habla del éxito económico del Estado español, tiene cifras muy alarmantes y qué nuevas medidas y recursos consideran
necesarios para enfrentar esta grave situación ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2025.-Cristina Valido García, Diputada.
181/001216
A la Mesa de la Comisión de Juventud e Infancia
Cristina Valido García, diputada de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta con respuesta oral:
¿Apuesta su ministerio por el refuerzo y financiación de equipos multidisciplinares de apoyo a las familias con menores a cargo, dimensionados territorialmente de acuerdo con los datos de pobreza infantil por municipios, habida cuenta de que
el acompañamiento y auxilio a las familias en situaciones de pobreza con hijos e hijas a cargo descansa fundamentalmente en profesionales especializados en los servicios sociales de cercanía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2025.-Cristina Valido García, Diputada.
181/001218
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Cristina Abades Martínez, Noelia Núñez González, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández
Herranz, Pablo Pérez Coronado, Gema Pérez Recuerda, Ana Vázquez Blanco, Bella Verano Domínguez y Ainhoa Molina León
¿Tiene previsto el Gobierno cofinanciar el 50 % de la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3) en todo el territorio nacional el próximo curso escolar, dando cumplimiento a la iniciativa 161/000680 aprobada en la Comisión de
Juventud e Infancia el 30 de mayo de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Cristina Abades Martínez, Noelia Núñez González, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Beatriz
Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco, Bella Verano Domínguez y Ainhoa Molina León, Diputados.
181/001219
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Cristina Abades Martínez, Noelia Nuñez González, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández
Herranz, Pablo Pérez Coronado, Gema Pérez Recuerda, Ana Vázquez Blanco, Bella Verano Domínguez y Ainhoa Molina León
¿Qué medidas tienen previsto impulsar desde el Ministerio de Juventud e Infancia para dar cumplimiento a las iniciativas aprobadas en la Comisión de Juventud e Infancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Cristina Abades Martínez, Noelia Núñez González, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Beatriz
Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco, Bella Verano Domínguez y Ainhoa Molina León, Diputados.
181/001227
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Bella Verano Domínguez, Cristina Abades Martínez, Noelia Nuñez González, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Beatriz Jiménez Linuesa, Juan Andrés Bayón Rolo, Óscar Clavell
López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Gema Pérez Recuerda, Ana Vázquez Blanco, Mar Vázquez Jiménez, y Ainhoa Molina León
¿Qué acciones concretas ha llevado a cabo el Gobierno desde el anuncio de las 12 medidas en enero de 2025 para garantizar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Bella Verano Domínguez, Cristina Abades Martínez, Noelia Núñez González, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Beatriz Álvarez Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja, Beatriz
Jiménez Linuesa, Juan Andrés Bayón Rolo, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Ana Belén Vázquez Blanco, María del Mar Vázquez Jiménez y Ainhoa Molina León, Diputados.
Comisión de Seguridad Vial
181/001217
Jorge Pueyo Sanz
Dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
'La carretera N-122 es probablemente la única carretera nacional que cuenta con una señal de Stop en el acceso a un municipio, en este caso, Borja (provincia de Zaragoza), lo que supone un problema tanto para la fluidez del tráfico de paso
como para la seguridad vial de los habitantes de la localidad, dado que es zona de tránsito de vehículos pesados y se encuentra además justo al final de una curva muy cerrada. Se trata de un punto negro donde se han sucedido numerosos accidentes,
incluso mortales. El riesgo se agrava al encontrarse en zona de paso para acceder a una residencia de personas mayores, un instituto de Secundaria, un colegio público y el polideportivo municipal. La solución a este problema pasa por finalizar de
una vez la variante entre Borja y Maleján, con una longitud de 7,4 km, que figura desde 2005 como fecha inicial del proyecto sin que ni siquiera hayan comenzado las obras, 20 años después. ¿En qué situación se encuentra el proyecto de la Variante
Borja-Maleján de la N-122? ¿Cuándo está previsto iniciar y finalizar la ejecución de esta obra?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2025.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.
181/001220
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Bella Verano Domínguez, Elisa Vedrina Conesa, Tristana Moraleja Gómez, Alma Alfonso Silvestre, Raquel Clemente Muñoz, Cristina Abades Martínez, Juan Antonio Rojas Manrique, Raúl Cuevas Larrosa, Ángel Ibáñez Hernando, Alberto Herrero Bono,
Daniel
Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Juan Luis Pedreño Molina, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruíz.
¿Qué medidas está adoptando o va a adoptar el Gobierno para prevenir los accidentes de tráfico con fauna silvestre en las carreteras nacionales de la provincia de Cuenca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa, Tristana María Moraleja Gómez, Alma Alfonso Silvestre, Raquel Clemente Muñoz, Cristina Abades Martínez, Juan Antonio Rojas
Manrique, Raúl Cuevas Larrosa, Ángel Ibáñez Hernando, José Alberto Herrero Bono, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Juan Luis Pedreño Molina, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.
181/001221
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Bella Verano Domínguez, Elisa Vedrina Conesa, Tristana Moraleja Gómez, Alma Alfonso Silvestre, Raquel Clemente Muñoz, Cristina Abades Martínez, Juan Antonio Rojas Manrique, Raúl Cuevas Larrosa, Ángel Ibáñez Hernando, Alberto Herrero Bono,
Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Juan Luis Pedreño Molina, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruíz.
¿Considera el Gobierno que puede seguir justificando la negativa a desdoblar la N-435 a pesar de la alta siniestralidad que registra esta vía, y cómo piensa garantizar la seguridad vial de los miles de conductores que se ven obligados
incluso a evitarla, desviándose por Portugal debido a su mal estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa, Tristana María Moraleja Gómez, Alma Alfonso Silvestre, Raquel Clemente Muñoz, Cristina Abades Martínez, Juan Antonio Rojas
Manrique, Raúl Cuevas Larrosa, Ángel Ibáñez Hernando, José Alberto Herrero Bono, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Juan Luis Pedreño Molina, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.
181/001224
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Raúl Cuevas Larrosa, Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa y Juan Antonio Rojas Manrique
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para impulsar de forma inmediata la ejecución del proyecto de glorieta en la N-ll que permita mejorar el acceso a los polígonos industriales de la Puebla de Alfindén y BTV, en la provincia de Zaragoza,
tal como fue aprobado por el propio ayuntamiento y respaldado por el tejido empresarial local, así como cuándo prevé incluir una dotación específica en los Presupuestos Generales del Estado para su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Raúl Cuevas Larrosa, Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa y Juan Antonio Rojas Manrique, Diputados.
181/001226
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Bella Verano Domínguez, Elisa Vedrina Conesa, Tristana Moraleja Gómez, Alma Alfonso Silvestre, Raquel Clemente Muñoz, Cristina Abades Martínez, Juan Antonio Rojas Manrique, Raúl Cuevas Larrosa, Ángel Ibáñez Hernando, Alberto Herrero Bono,
Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Juan Luis Pedreño Molina, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruíz.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar un acceso ágil y suficiente a las pruebas prácticas de obtención del permiso de conducir, ante la evidente saturación del sistema y los retrasos generalizados en la asignación de
exámenes, especialmente en determinadas provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2025.-Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa, Tristana María Moraleja Gómez, Alma Alfonso Silvestre, Raquel Clemente Muñoz, Cristina Abades Martínez, Juan Antonio Rojas
Manrique, Raúl Cuevas Larrosa, Ángel Ibáñez Hernando, José Alberto Herrero Bono, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Juan Luis Pedreño Molina, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.