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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 337, de 16/05/2025
cve: BOCG-15-D-337
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
16 de mayo de 2025
Núm. 337
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página4)
Declaración de intereses económicos ... (Página10)
PERSONAL
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados.
Ceses ... (Página13)
Nombramientos... (Página14)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000505 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para acabar con el expolio económico y social que supone la inmigración ilegal ... (Página15)
162/000506 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a financiar con máxima urgencia la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral
Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible ... (Página18)
162/000507 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la defensa del Valle de los Caídos y su declaración como Bien de Interés Cultural ... (Página20)
162/000508 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Euskal Herria Bildu, Republicano y Plurinacional SUMAR, relativa a la erradicación de prácticas de discriminación inmobiliaria ...
162/000509 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre una atención sanitaria integral y coordinada para las personas en situación de dependencia ... (Página28)
162/000510 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la implantación de la cirugía robótica en el Sistema Nacional de Salud ... (Página29)
Comisión de Justicia
161/000816 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para garantizar la independencia del Poder Judicial.
Desestimación ... (Página31)
161/001790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre medidas para facilitar los trámites para registrar los acuerdos para modificar sus estatutos por parte de las comunidades de vecinos relativos
a la limitación del uso turístico de viviendas residenciales.
Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ... (Página32)
161/001799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dar solución a la inscripción de nacimientos en el mundo rural y a la aprobación urgente del Reglamento de desarrollo de la Ley
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ... (Página33)
161/001863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para facilitar la inscripción de los nacimientos en lugar diferente al de residencia.
Aprobación con modificaciones ... (Página33)
161/001864 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a regular el ejercicio profesional de la Criminología.
Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ... (Página35)
161/001898 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Desestimación así como enmienda formulada... (Página31)
Comisión de Sanidad
161/001503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación con carácter de urgencia de la especialidad de Genética Clínica.
Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada... (Página36)
161/001577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para crear un plan integral de protección de la salud mental infantil y juvenil frente a los efectos psicológicos causados por la DANA en
Valencia.
Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada ... (Página37)
161/001601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la integración en la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) de los colectivos pertenecientes a la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), junto con los recursos monetarios correspondientes según la Estadística del Gasto Sanitario Público.
Desestimación ... (Página38)
161/001625 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre una regulación normativa específica de las Asociaciones de Pacientes.
Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada ... (Página39)
161/001634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para ampliar la jubilación activa mejorada para especialistas en medicina de familia y pediatría de atención primaria.
Aprobación así como enmienda formulada ... (Página40)
161/001769 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar la diálisis domiciliaria.
Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página41)
161/001879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de avances reales en la prevención y en la reducción de las agresiones a profesionales sanitarios en el Sistema Nacional
de Salud.
Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página43)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
005 Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se apueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de bienes y rentas presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
RENTERIA LASANTA, Nerea GV (EAJ-PNV) (núm. expte. 005/000397/0000) 0 ... (Página5)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
007 Declaración de intereses económicos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de intereses económicos presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
RENTERIA LASANTA, Nerea GV (EAJ-PNV) (núm. expte. 007/000398/0000)1 ... (Página11)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
PERSONAL
299/000003
Ceses
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de abril de 2025 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta de
la Excma. Sra. D.ª Montserrat Mínguez García, con efectos de 30 de abril de 2025, de D.ª María Hernández Andrés, como personal eventual en el cargo de Asistente técnico para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de abril de 2025 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta de
la Excma. Sra. D.ª Montserrat Mínguez García, con efectos de 30 de abril de 2025, de D.ª María Carmen Cuadrado Gutiérrez, como personal eventual en el cargo de Asistente B para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de abril de 2025 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta de
la Excma. Sra. D.ª Maribel Vaquero Montero, con efectos de 4 de mayo de 2025, de D. Jon Aurrekoetxea Alapont, como personal eventual en el cargo de Coordinador del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de abril de 2025 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta de
la Excma. Sra. D.ª Maribel Vaquero Montero, con efectos de 4 de mayo de 2025, de D.ª Argiñe Lizarraga Aguirregoitia, como personal eventual en el cargo de Asistente técnico para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nombramientos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de abril de 2025 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Hernández
Andrés, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Montserrat Mínguez García, con efectos de 1 de mayo de 2025 y con carácter de personal eventual, en el cargo de Asistente B para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de abril de 2025 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Carmen
Cuadrado Gutiérrez, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Montserrat Mínguez García, con efectos de 1 de mayo de 2025 y con carácter de personal eventual, en el cargo de Asistente para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de abril de 2025, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Elena Marín
Argarate, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Maribel Vaquero Montero, con efectos de 5 de mayo de 2025 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asesora de los miembros del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de abril de 2025 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Argiñe Lizarraga
Aguirregoitia, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Maribel Vaquero Montero, con efectos de 5 de mayo de 2025 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Coordinadora del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para acabar con el expolio económico y social que supone la inmigración ilegal, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. La inmigración ilegal como problema nacional
El pasado 2024, España ha vuelto a batir el récord en la entrada en nuestro territorio de inmigrantes ilegales. Se ha producido un incremento del 12,5% con respecto al año 2023 1, esto es, de 56.852 a 63.970 ilegales.
Además, las entradas por vía terrestre a Ceuta y Melilla y por vía marítima a Canarias, tres de los puntos más calientes de la invasión inmigratoria en toda Europa, han
1 https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2024/24_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_31-12-2024.pdf
incrementado un 114,5% y un 17,4% respectivamente en el último año 2. Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, han entrado a nuestro país más de 330.000 personas de manera ilegal 3 Ello sin contar a aquellos que las estadísticas
no recogen porque utilizan subterfugios tales como entrar por vía aérea en España mediante un visado de turista, pero al finalizar su periodo de validez no regresan a sus países de origen y, de esta manera, su estancia en España sobreviene ilegal.
Por otro lado, es innegable la correlación entre el aumento de inmigrantes y la creciente inseguridad. Los últimos datos del INE 4 muestran que en España hay 9.193.988 residentes extranjeros o que han nacido en el extranjero 5 (el 18,7% del
total de la población). Teniendo en cuenta este porcentaje y los últimos datos del Ministerio de Igualdad, podemos afirmar que los inmigrantes, siendo el 18,7% de la población total, cometen el 40% de los asesinatos de mujeres 6. Asimismo, 'el
50,7% de los agresores sexuales de entre 31 y 40 años en el año 2023 fueron extranjeros, y de ellos la mayoría procedían de Marruecos' 7 y, concretamente en Cataluña, el 91% de las condenas por violación en ese año fueron de extranjeros, siendo
estos el 17% de la población total de la región 8. El origen de los delincuentes, atendiendo a los datos que arrojan las estadísticas, es un dato importante por cuanto parecen traer consigo conductas incompatibles con nuestra cultura.
Por su parte, las tasas de menores y mayores extranjeros condenados en 2023 (últimos datos disponibles) fueron, en ambos casos, más del doble que las de los españoles. En el primer caso fue de 11,9 por cada 1.000 habitantes, frente al 5,5
de españoles menores por cada 1.000 habitantes; en el segundo caso de 14,6 condenados por cada 1.000 habitantes, frente al 5,8 de condenados españoles 9. Por si esto no fuera poco, se viene denunciando desde hace meses la creciente saturación de
los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (MENA). Esta situación, generalizada en toda España, ha llevado a una creciente inseguridad de la población española, hecho que se ve más acentuado en las zonas más humildes.
Segundo. La inmigración ilegal como causa de pauperización económica
El gasto público per cápita en España se situó en 2023 en 14.003 euros por habitante 10. El Gobierno señala que es para mejorar la educación, la sanidad y los servicios generales de las administraciones públicas. En el caso concreto de los
inmigrantes ilegales, se 'debe partir del hecho de que hasta que transcurren 2 o 3 años no pueden regularizar su situación y aportar al fisco y a la seguridad social. Por tanto, su presencia como residentes en España genera gastos, pero no
ingresos' 11.
Haciendo un ejercicio de impacto en las arcas públicas de la inmigración ilegal, tomando como base este dato, si en 2023 entraron 56.852 personas ilegalmente y el gasto público per cápita medio es de 14.003 euros, a los españoles nos costó
796 millones de euros el fenómeno de una actividad ilegal y nociva para la prosperidad de nuestro pueblo, así como contraria a los principios de prioridad nacional y control soberano de nuestras fronteras.
Es más, a esto habría que añadir los gastos en los Presupuestos Generales del Estado destinados específicamente a atender a la inmigración ilegal mediante la concesión directa
2 https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2024/24_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_31-12-2024.pdf
3 https://www.interior.gob.es/opencms/es/prensa/balances-e-informes/
4 https://www.ine.es/dvngs/Prensa/es/ECP3T24.htm
5 Los inmigrantes nacionalizados se encontrarían en este grupo.
6 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/VMortales_2024_12_30.pdf
7 https://gaceta.es/esparta/condenado-un-inmiprante-nicaraguense-por-intentar-violar-a-una-mujer-y-a-su-perro-en-tarrasa-barcelona-20250107-1008/?scroll-event=true
8 https://www.eldebate.com/sociedad/20250107/virai-comentario-elon-musk-descubrir-cantidad-delitos-sexuales-cometidos-inmierantes-cataluna 258697.html
9 https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/tasa-menores-adultos-extranjeros-condenados-2023-fue-mas-doble-que-nacionalidad-espanola_2024092466f2e080fcf7b300013fdc4c.html
10 https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/espana
11 https://www.eldebate.com/espana/20240903/2000-millones-Coste-inmigracion-entrada-ilegal_224153.html#:~:text=La%20entrada%20ilegal%20al%20pa%C3%ADs.y%20la%20cooperaci%C3%B3n%20al%20desarrollo
de subvenciones o, incluso, la recurrencia a créditos extraordinarios (v, gr., la concesión directa de una subvención a Ceuta por valor de 4,5 millones 'para la protección de las personas migrantes menores de edad no acompañadas' en concepto
de crédito extraordinario de acuerdo con el artículo 99 del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas
medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social); el gasto de aviones para desplazamientos entre regiones, el gasto destinado al programa de Atención Humanitaria 'que cubre la atención en CETIs de Ceuta y Melilla, en Centros de
emergencia y derivación, en costas, en traslados y emergencias' 12 (un crédito de 130 millones de euros); los gastos destinados al programa de 'Asilo y apátridas de 140 millones' 13; el uso de los Centros de Internamiento de Extranjeros (10,4
millones) 14; las subvenciones a Cruz Roja y otras entidades no gubernamentales, la asistencia jurídica gratuita, así como el coste de 'los miles de trabajadores y funcionarios implicados: policía, oficinas de extranjería, servicios sociales,
fiscales y médicos forenses, jueces y personal de la administración de justicia' 15.
Por otro lado, se debería tener asimismo en cuenta el gasto destinado a los casi 13.000 MENA que, al cierre de 2023, se encontraban 'bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección' 16. El coste de cada uno de ellos fue de más
de 50.000 euros 17, por lo que hablaríamos de más de 650 millones de euros en total.
De esta forma, y en líneas generales, podemos hablar de un gasto de aproximadamente 1.800 millones de euros destinados a la financiación de la inmigración ilegal por parte del Ejecutivo en 2023, que se puede desglosar en conceptos como el
gasto de asistencia sanitaria, gasto farmacológico, gasto social, gasto de estancia y manutención, gasto jurídico, etc. Si además sumamos, desde que el actual presidente del Gobierno asumió sus funciones, el número de inmigrantes ilegales en
relación con el gasto público destinado a la inmigración ilegal masiva, a los españoles nos costó su financiación entre 2018 y 2024 un total estimado de 12.600 millones de euros, dato que podría ser incluso mayor porque el fenómeno de la inmigración
ilegal no ha dejado de crecer año tras año 18.
Por último, faltaría por contabilizar el dinero de todos los españoles destinados a cubrir los gastos de los 900.000 inmigrantes ilegales que actualmente se encuentran en España y que, tras la aprobación del Real Decreto 1155/2024, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 19, pasarían a ser residentes legales.
Según afirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 19 de noviembre de 2024, en el que se aprobó el nuevo Reglamento de Extranjería, España necesitaría
regularizar 300.000 personas cada año durante los próximos tres años 20. Si cada año se regularizasen 300.000 personas, estaríamos hablando de inmigrantes ilegales que no generan ingresos, pero sí gastos. Es decir, si solo contabilizamos el número
de inmigrantes ilegales teniendo en cuenta el gasto público per cápita, el año previo a la regularización de los mismos los españoles destinarían 12.600 millones de euros (900.000 personas), el primer año de regularización 8.400 millones de euros
(600.000 personas) y el segundo año de regularización 4.200 millones de euros (300.000 personas). Con independencia de este
12 Ídem.
13 Ídem.
14 Ídem.
15 Ídem.
16 https://theobjective.com/espana/2024-09-06/menas-espana-2023-ninas/#:~:text=Con%20esta%20llegada%20masiva%2C%202023,10.570%20ni%C3%B1os%20y%202.308%20ni%C3%B1as.
17 https://www.eldebate.com/espana/20240903/2000-millones-Coste-inmigracion-entrada-ilegal_224153.html#:~:text=La%20entrada%20ilegal%20al%20pa%C3%ADs.y%20la%20cooperaci%C3%B3n%20al%20desarrollo
18 Utilizando los parámetros empleados en el caso de 2023 para el resto de años: 1.800 millones de euros x 7 años = 12.600 millones de euros.
19 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-24099
20 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/paginas/2024/191124-rueda-de-prensa-ministros.aspx
grave coste económico para el erario, lo cierto es que, además, es de sobra conocido por la comunidad académica que la inmigración masiva no es la solución ni a nuestro suicidio demográfico ni a las carencias y necesidad de nuestra economía
nacional 21.
En definitiva, el coste de la inmigración ilegal masiva supone un verdadero lastre para la economía española y afecta sobremanera al bienestar social, económico y vital de los españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir a los Estados de origen de los inmigrantes que vienen ilegalmente a nuestro país el reembolso de todos los gastos originados por su estancia ilegal en España, esto es, que todos los gastos que las administraciones públicas
españolas hayan efectuado hasta la efectiva repatriación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen sean repercutidos a dichos países.
2. Incluir este requisito en todos los tratados bilaterales que se firmen en adelante.
3. Promover las modificaciones legales necesarias a fin de evitar el fraude en el empadronamiento que permite a los inmigrantes ilegales poder acceder a beneficios y ayudas sociales.
4. Impedir la recepción de ayudas sociales a quienes hayan accedido de manera ilegal a España.
5. Eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones u ONGs que promuevan o faciliten la inmigración ilegal.
6. Suspender las ayudas de Cooperación al Desarrollo a aquellos países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2025.-Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a financiar con máxima
urgencia la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Proposición de Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y en el
Senado durante las sesiones plenarias celebradas los días 10 y 23 de octubre de 2024, respectivamente.
21 El economista Jesús Femández-Villaverde señaló en diciembre de 2024 que la inmigración está 'agravando el problema del colapso demográfico', porque cada inmigrante que esté por debajo del 70% de percentil de renta (es decir, prácticamente
todos), en términos netos, quita recursos del Estado de bienestar, es decir, lo que aporta a la Hacienda pública es menos de lo que recibe de las Administraciones Públicas en forma de ayudas. De ello se deduce, aplicando la lógica, que es mentira
la aseveración -tan cacareada por el actual Gobierno y sus predecesores- de que la inmigración salvará nuestro sistema de pensiones o logrará el equilibrio de la Seguridad Social. En realidad, es todo lo contrario.
Publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 31 del referido octubre, la Ley 3/2024 tiene como objeto establecer 'un marco jurídico que refleje el compromiso de la sociedad y, en particular, de las administraciones públicas competentes,
de asegurar un trato digno, respetuoso y adecuado para las personas incluidas en su ámbito de aplicación, así como sus familias, teniendo en cuenta, particularmente, los reducidos rangos temporales de supervivencia en el caso de la ELA y otras
enfermedades similares'.
Además, regula cuestiones como el 'reconocimiento de la situación de discapacidad'; el 'procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad'; el 'procedimiento para la calificación y revisión del grado de dependencia y del
derecho a las prestaciones del Sistema y para la revisión del programa individual de atención'; la 'dotación de recursos necesarios a los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad'; la 'protección de
personas cuidadoras de personas en situación de dependencia con un Grado III, Gran Dependencia, reconocido de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia'; la 'política de empleo para las personas cuidadoras'; las 'actualizaciones normativas específicas para la efectividad de los derechos de las personas afectadas'; la 'capacitación y especialización de los profesionales
sanitarios'; el 'plazo máximo para la recepción de prestaciones'; la 'elaboración de un estudio sobre nuevas ayudas para las personas en situación de electrodependencia'; la 'atención sanitaria especializada'; la 'prestación de atención
sociosanitaria'; la 'incapacidad permanente contributiva'; la 'la figura del consumidor vulnerable', y el 'Baremo de Evaluación de las Capacidades/Limitaciones en la Actividad'.
La Ley 3/2024 contempla también la integración 'en el Instituto de Salud Carlos III [de] una estructura que incluirá programas de investigación en ELA que tenga como objeto el fomento de la investigación, el desarrollo, la innovación y la
divulgación y prestación de servicios documentales sobre la propia ELA, así como la coordinación, seguimiento y promoción de avances científicos y sanitarios para la mejora de su diagnóstico y su tratamiento', así como la creación del 'Registro
Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas [...] con el objetivo de proporcionar información epidemiológica sobre la incidencia, la prevalencia y los factores determinantes asociados a la enfermedad, así como para facilitar información con la que
orientar la planificación, la gestión sanitaria y la evaluación de las actividades asistenciales, y para proveer los indicadores básicos que permitan la comparación entre comunidades autónomas y con otros países', y la actualización del 'documento
de 'Abordaje de la Esclerosis Lateral Amiotrófica de la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud' [aprobado por el pleno del Consejo Interterritorial del mismo Sistema Nacional de Salud el 8 de noviembre de 2017],
para incorporar nuevos hitos y acciones en la atención de las personas con ELA en el Sistema Nacional de Salud, con especial atención en el desarrollo de un plan de cuidados específico vertebrado en Atención Primaria y en enfermería y unidades
específicas'.
Todo ello, con la finalidad principal de 'mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios especializados de aquellas personas que padecen ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible'.
La reacción en el conjunto de la sociedad española a la Ley 3/2024 fue muy positiva, especialmente en el entorno de los representantes de los pacientes. Sin embargo, y al mismo tiempo, se planteó también de forma generalizada la necesidad
de que desde el Gobierno de España se garantice la dotación presupuestaria necesaria como condición sine qua non para que los avances propuestos puedan ser materializados.
En este sentido, y de acuerdo con el 'Estudio de costes de la ELA para las familias en España' elaborado por la Fundación Luzón y publicado en octubre del año pasado, los costes anuales considerando 'solamente los costes directos que
actualmente asumen las familias de los enfermos' oscilan 'entre los 184 millones de euros y los 230 millones' y requieren 'una financiación específica'.
En consecuencia, atendiendo a las necesidades planteadas desde organizaciones como la 'Confederación Nacional de Entidades de ELA' (ConELA) o la 'Asociación Española de ELA', el Grupo Parlamentario Popular del Congreso registró el 25 de
octubre
de 2024 la 'Proposición no de ley relativa a garantizar la dotación adecuada de recursos para asegurar el pleno cumplimiento de la Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o
procesos de alta complejidad y curso irreversible'.
Dicha iniciativa, que instaba al Gobierno 'a garantizar, con independencia de que se aprueben o no nuevos Presupuestos Generales del Estado [PGE] para el año 2025, la dotación presupuestaria que resulte necesaria para asegurar que todos los
avances contemplados en la 'Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible' se materializan y son accesibles en condiciones de equidad en
toda España, en tiempo y forma para la totalidad de los afectados', fue aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso celebrado el 19 de diciembre de 2024.
No obstante, el Ejecutivo no ha llegado a presentar propuesta de PGE para el presente ejercicio, ni ha habilitado las partidas presupuestarias necesarias en el contexto de las cuentas prorrogadas desde 2023, limitando su actuación a
trasladar a la referida ConELA el pasado enero 'el plan de despliegue' de la norma.
Por todo lo anterior, y en el contexto de los 200 días transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley 3/2024, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar y distribuir con máxima urgencia la dotación presupuestaria necesaria para asegurar que todos los avances y derechos contemplados en la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la
calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible se materializan con inmediatez, con carácter retroactivo desde la entrada en vigor de la referida norma y en
condiciones de equidad y plena accesibilidad en toda España para la totalidad de los afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2025.-Ester Muñoz de la Iglesia, Elvira Velasco Morillo y Antonio Cavacasillas Rodríguez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Hoces Íñiguez e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa del Valle de los Caídos y su declaración como Bien de Interés Cultural, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El Valle de los Caídos, monumento a la reconciliación
El conjunto monumental conocido como el Valle de los Caídos se compone de varios elementos arquitectónicos y funcionales.
En primer lugar, destaca la explanada de acceso a la Basílica. La propia Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos está presidida por la gran Cruz que la corona, y está formada además por un pórtico, un frontis o exedra, un
vestíbulo y una nave situada tras el segundo atrio, flanqueada por seis capillas laterales dedicadas a la Virgen. Le sigue el crucero, que alberga el altar mayor y dos capillas situadas a sus lados: la del Santísimo y la del Sepulcro.
Además, el conjunto incluye el Monasterio, compuesto por la Abadía, el Noviciado y la Escolanía. Por último, forma parte del conjunto la Hospedería.
La construcción, que se alargó durante casi veinte años, se realizó bajo la dirección de dos arquitectos: Pedro Muguruza hasta 1950 y Diego Méndez desde este año, que sustituyó al primero por motivos de salud.
Desde que se planificó la edificación de este monumento su espíritu fue que se convirtiese en 'un lugar de oración y estudio'. El monumento proyectado debía servir de recuerdo a todos los caídos en la Guerra Civil; así puede observarse con
claridad en el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Así, bajo la Cruz y los elementos sagrados del templo y el panteón se pretende la pacificación, la consecución de 'los fines religiosos, sociales y culturales al servicio de la obra pendiente de la concordia y de la justicia entre los
españoles, aparte de servir como memoria y túmulo de todos los caídos' 22.
Según los datos publicados 23, y coincidiendo con el fin de servir a la pacificación de España tras la devastación provocada por la Guerra Civil, 'en la Basílica hay más de 33.700 caídos de ambos bandos según el registro (o más de 50.000,
según otras estimaciones más probables), procedentes de toda España, por detrás de las dos grandes capillas del Santísimo y del Sepulcro (ambas a los lados del crucero) y de las seis también laterales de la Virgen (en la nave de entrada)'.
Del conjunto monumental pueden destacarse los siguientes elementos escultóricos, pictóricos y arquitectónicos que le otorgan al Valle de los Caídos merecimiento de una singular protección: el pedestal natural del risco de la Nava que da
soporte a la cruz más grande el mundo en cuya base están representados los cuatro evangelistas y las cuatro virtudes cardinales; la Piedad de Juan de Ávalos en el pórtico, elaborada con piedra negra de Calatorao (provincia de Zaragoza); las
capillas laterales de la nave con elementos pictóricos pintados por la familia Lapayese; el altar de granito, sobre el que se alza un Cristo crucificado del escultor Julio Beobide y policromado por el pintor Ignacio Zuloaga; o el mosaico de más de
cinco millones de teselas de la cúpula realizado por Santiago Padrós.
El Valle de los Caídos, desde su configuración jurídica realizada en 1957, ha tenido su Patronato incorporado en el Patrimonio Nacional, aunque su régimen jurídico ha guardado una estrecha cercanía con la figura del Real Patronato. En
concreto, el Valle de los Caídos es uno de los lugares de significado religioso gestionados por Patrimonio Nacional, de ahí que parte del complejo monumental se considere lugar sagrado con arreglo al Derecho canónico. Fue el citado Decreto-ley de
23 de agosto de 1957 el que atribuyó la titularidad del monumento a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Esta situación fue así recibida por la vigente Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, que en su
disposición final tercera esta Ley autorizaba al Gobierno a dictar un Real Decreto que diseñara su régimen jurídico; no obstante, esa previsión quedó sin desarrollo hasta su completa derogación con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria
Democrática.
Segundo. Ataques al Valle de los Caídos
El Valle de los Caídos fue abandonado por las instituciones públicas hace varias décadas en una clara dejación de funciones, lo que ha provocado su inevitable deterioro, pese a los esfuerzos de la comunidad religiosa benedictina allí
asentada, y de muchos españoles conscientes del valor espiritual, religioso, cultural y artístico del monumento. La situación a la que se ha llevado al Valle de los Caídos ha sido deliberada, pues no se han acometido obras de reparación, ni apenas
de mantenimiento, más allá de lo absolutamente imprescindible. Por otra parte, 'Patrimonio Nacional lleva quince años prohibiendo el acceso a la cruz del Valle de los Caídos por unas obras inexistentes' 24.
22 https://valledeloscaidos.es/basílica/objetivos-fundacionales/
23 https://valledeloscaidos.es/basilica/objetivos-fundacionales/
24 https://www.eldebate.com/espana/madrid/20240202/patrimonio-nacional-lleva-quince-anos-prohibiendo-acceso-cruz-valle-caidos-obras-inexistentes_171414.html
En los últimos años Patrimonio Nacional se ha desentendido de la situación del Valle de los Caídos, priorizando la ejecución del presupuesto en otros bienes encomendados a su gestión. Esto ha provocado que su situación se vuelva crítica e
insostenible, con goteras, cortes de luz, humedades y filtraciones de agua.
Esta situación es fruto de la voluntad política de acabar con él. La llamada 'Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante
la guerra civil y la dictadura', puso en la diana al Monumento. El propio Ejecutivo que la impulsó, creó en 2011 la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, que ya anunció un propósito de imponer en el recinto del monumento una
serie de elementos que implicasen una reinterpretación en el sentido ideológico deseado por el propio Ejecutivo.
Sería con el Gobierno de Pedro Sánchez, integrado por socialistas y comunistas, y apoyado por separatistas y secuaces del terrorismo, cuando estos truculentos designios se llevasen a cabo, en 2019 y 2023 respectivamente. Asimismo, con la
aprobación de la Ley de Memoria Democrática se declaró extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y se preveía la 'resignificación' del conjunto monumental 'con el fin de fortalecer los valores constitucionales y
democráticos'.
Es esta 'resignificación' lo que ahora pretende efectuar el Gobierno. Y es su propósito llevarla a cabo de acuerdo con los mismos principios que inspiran todas sus políticas en materia de la llamada 'memoria democrática'. Se trata de la
imposición totalitaria, como ideología oficial del Estado, del programa que anima el Ejecutivo: un subproducto ideológico combinado en el que confluyen la disolución social de la izquierda y la disolución nacional de los separatistas. Esta
ideología destructiva es la que dota de cohesión a todos los partidos que integran la precaria mayoría parlamentaria que sostiene en el poder a Pedro Sánchez.
No es ésta, sin embargo, la única manifestación de la nociva ideología que inspira al Gobierno y a sus cómplices en su ataque al Valle de los Caídos.
No es una casualidad que el Ejecutivo que pretende acabar con el Valle de los Caídos sea el mismo que se propone erradicar de nuestros museos la huella de España en otras partes del mundo. Tampoco es casual que aliente la llegada masiva de
inmigrantes ilegales procedentes de países islámicos; que considere la cultura musulmana como perfectamente homologable en un país occidental, desconociendo deliberadamente sus aspectos incompatibles con nuestra civilización; o que ampare y
estimule la burla y la destrucción de los símbolos de la tradición cristiana que vertebra a España y a la misma Europa. Tomar conciencia de ello debe equivaler a asumir el propósito inquebrantable de preservar el Valle de los Caídos y la Cruz que
lo preside, porque su defensa es la defensa de nuestra identidad española y occidental.
Tercero. La última agresión: el proyecto de 'resignificación'
Llamativamente, el pasado 14 de abril, el Gobierno hizo público en la Plataforma de Contratación del Sector Público los Pliegos que forman parte del 'Concurso de proyectos, con intervención de jurado y premios, para el Memorial de
Cuelgamuros, en San Lorenzo de el Escorial (Madrid); con la posterior adjudicación al ganador del contrato de servicios de redacción de proyecto y de dirección facultativa de la intervención, así como otros trabajos complementarios' 25.
En la documentación puesta a disposición para su consulta puede comprobarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares para el 'memorial de Cuelgamuros', en el que el Gobierno pretende convertir el Valle de los Caídos, en la
página ocho del documento que 'la propuesta de musealización que abarcará el centro de interpretación y que podrá extenderse al interior de la Basílica, si así se considera'. De igual manera, en la página treinta y nueve del pliego de
prescripciones técnicas (en adelante, PPT) se hace referencia a que esta propuesta debe realizarse 'respetando los condicionantes señalados en el apartado 12.0 del presente documento'. Es decir, respecto al mantenimiento para el culto,
25 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/lut/p/b0/DcqxCoAgEADOT7q2ImioaI6GMG-lO6WOThMyh74-xwcPEDbAOlkPSnwHkmltnYyC4WqtSyTidmHDiUwloAAB2U5ZOCuNlZPX6tXjvHLdDP4756XrlHrf_0h5Ly4!/
según la página cuarenta y tres del propio PPT, el 'Altar y las bancadas adyacentes se conservarán como espacios destinados al culto religioso'. Según este mismo documento, 'El resto de los espacios del interior de la Basílica (vestíbulo,
atrio, espacio intermedio, nave desocupada, cúpula (pero sin Altar) y capillas del Santo Sepulcro y del Santísimo) no están destinados al culto y podrán ser objeto de intervenciones de naturaleza artística y museográfica para la resignificación del
lugar. Dichas intervenciones serán compatibles con la celebración de actos de culto en el espacio del Altar y de las bancadas adyacentes'.
Además, en la página cuarenta y nueve del PPT, se dice que respecto a 'los espacios del interior de la Basílica, las propuestas podrán plantear un uso polivalente y flexible, como espacio expositivo - para realizar una explicación contextual
de la Basílica y, por extensión, de todo el conjunto monumental, que podría incluir su concepción como cripta sepulcral, la descripción del proceso constructivo y de las características arquitectónicas, así como del programa iconográfico para
contribuir a su comprensión - y como lugar para el desarrollo de otras actividades o usos alternativos que contribuyan a la resignificación global del conjunto, para convertirlo en un espacio de memoria para honrar a las víctimas de la Guerra Civil
y en un espacio de reconciliación'.
En definitiva, todo indica que las actuaciones que el Gobierno pretende llevar a cabo en el Valle de los Caídos supondrán un impacto total en el conjunto monumental, y una completa desacralización de este lugar sagrado, a excepción de un
porcentaje minúsculo de su superficie (el 'Altar y las bancadas adyacentes'). La publicación de estos documentos ha hecho patente la intención del Gobierno, que por otra parte ya venía siendo denunciada por nuestra formación política.
Cuarto. La declaración de Bien de Interés Cultural
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español establece, en su título I, el procedimiento para la declaración de un Bien de Interés Cultural (en adelante, BIC). Este singular régimen protector supone el grado máximo de
protección de los bienes inmuebles declarados de interés. Se establece en esta misma Ley que 'los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los
titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes', y, además, se reconoce que 'la utilización de los bienes declarados de interés cultural [...] quedará subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejen su
conservación'. De igual manera, de ser declarado BIC, supondría que 'no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los Organismos
competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración'. Es decir,
los planes del Gobierno entrarían en confrontación directa con la protección que debe otorgarse. Del mismo modo, cabe recordar que la legislación regional aplicable también prevé la posibilidad de emplear este tipo de protección. En una suerte de
intento de contentar a cierta parte del electorado, la actual Administración regional de Madrid declaró BIC, como patrimonio inmaterial, la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, pero no el conjunto monumental. A todas
luces, resultó un gesto insuficiente dirigido únicamente a 'acallar su conciencia', como se declaró en su momento.
El Gobierno ha ido preparando la ofensiva contra el Valle de los Caídos anunciando que 'gastará más de 30 millones de euros en la resignificación de Valle de los Caídos de los cuales cuatro millones serán para el concurso de ideas y la
redacción del proyecto y 26 millones, para toda la resignificación, la museografía y la construcción del museo o centro de interpretación, que estará ubicado en la explanada de acceso a la basílica' 26.
Dado el valor artístico, cultural y arquitectónico del conjunto monumental, y conocidos los planes del Gobierno de desnaturalizar la finalidad del monumento, uno de los últimos
26 https://www.elmundo.es/espana/2025/03/27/67e59f7ee4d4d8982b8b458c.html
resortes que quedan para garantizar su integridad es que se produzca la declaración de BIC, ya sea por Real Decreto o por ministerio de la Ley.
En definitiva, la declaración de BIC puede ser una de las últimas posibilidades de evitar que se produzca la materialización de un plan para imponer una versión de la Historia de España sesgada y divisiva, basada en un revisionismo histórico
que busca imponer una visión partidista de los hechos ocurridos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar la Cruz, la Basílica, la Exedra, la Explanada de acceso a la Basílica, el Centro de Estudios Sociales, la Hospedería, el Monasterio, integrado a su vez por la Abadía, el Noviciado y la Escolanía, con todos sus elementos
arquitectónicos, escultóricos y pictóricos, en definitiva, todo el conjunto monumental del Valle de los Caídos, como Bienes de Interés Cultural.
2. Proceder a la inmediata reparación de los desperfectos como humedades, goteras y filtraciones en el interior de la Basílica; el deterioro de la fachada exterior, o el estado en el que se encuentra la galería exterior de la Abadía, que
permita garantizar la adecuada conservación del conjunto histórico artístico.
3. Reconocer el valor histórico y artístico del conjunto representado por la explanada de acceso a la Basílica, la propia Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el Monasterio y la Hospedería, con la totalidad de sus elementos
arquitectónicos, escultóricos y pictóricos, en su condición de símbolo de la identidad y de la historia de España.
4. Cesar en cualquier tipo de iniciativa que suponga la resignificación del Valle de los Caídos.
5. Desistir del propósito de licitar el concurso de ideas y la redacción del proyecto para las obras que se pretenden iniciar en el Valle de los Caídos.
6. Impulsar las modificaciones legislativas que determinen la total derogación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática; y que, por lo que respecta al Valle de los Caídos, establezcan que es nula y sin efecto la
declaración de extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos; y que el régimen jurídico de dicho lugar se determinará de acuerdo con la comunidad religiosa allí establecida, y siempre con arreglo a los principios de respeto a
los restos mortales que allí se hallen, de inviolabilidad de los lugares de culto, y de cumplimiento de los tratados internacionales en la materia, y en todo caso del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado
el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2025.-Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes presentan al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la erradicación de prácticas de
discriminación inmobiliaria, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La profundidad de la crisis de la vivienda tiene un fuerte impacto en amplias capas de la sociedad y los datos evidencian un deterioro de las condiciones residenciales y un
incremento de la exclusión residencial en general pero, afecta de manera particular a los colectivos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y, entre ellos, las personas migrantes tienen un mayor riesgo, tanto por su situación
administrativa como por los procesos de discriminación que sufren en el acceso y en la tenencia de la vivienda.
De hecho, la vivienda es el ámbito en el que más personas señalan sentirse discriminadas, según recoge el último informe del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), Percepción de la discriminación por origen
racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2024. Este organismo, de hecho, ha expresado su preocupación sobre este tema a través de la Recomendación sobre medidas para prevenir y erradicar la discriminación étnico-racial en el acceso
al derecho humano a la vivienda publicada en marzo de 2025.
Las prácticas discriminatorias han quedado documentadas en diversos estudios sobre el mercado inmobiliario, como el recientemente publicado por la asociación Provivienda ¿Se alquila? (2) Racismo y segregación en el alquiler de vivienda, que
señala que el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan prácticas discriminatorias que, o bien bloquean directamente el acceso a la vivienda de las personas extranjeras (en el 65% de los casos) o dificultan de alguna manera el acceso a la vivienda
con el aumento de requisitos exigidos, representando la población migrante económica la que enfrenta mayores dificultades de acceso a la vivienda.
Además, el estudio evidencia un trato diferencial en la orientación de la búsqueda de vivienda. En primer lugar, el porcentaje de veces en que se informa que una vivienda no está disponible es mayor para personas extranjeras (47%) en
comparación con personas nacionales (31%). En estos casos, a los solicitantes españoles se les ofrece el doble de alternativas al consultar por pisos similares (30% frente al 15% de los perfiles extranjeros) y se les sugiere una mayor diversidad de
zonas, incluyendo aquellas de mayor estatus y menor presencia migrante.
Por el contrario, las opciones propuestas a personas extranjeras suelen concentrarse en barrios con alta presencia migrante, como cascos históricos, zonas populares con viviendas de los años 50 a 70 y áreas de baja densidad.
La discriminación inmobiliaria forma parte de la vulneración de derechos de las personas migrantes en el acceso a la vivienda. Según los datos de la encuesta EINSFOESSA de 2023, la situación de vivienda insegura alcanza a un 25% las
personas en situación administrativa irregular y a un 36% la situación de vivienda inadecuada. Además, 7 de cada 10 tienen que asumir gastos excesivos de la vivienda que les dificulta mucho poder cubrir otros gastos esenciales. La falta de
ingresos estables y suficientes les obliga muchas veces a vivir en casas con importantes carencias de habitabilidad (el 17% con situaciones de insalubridad) o en hacinamiento grave (el 35%). Otras personas, el 24%, viven en hogares con tenencia de
la vivienda en precario (frente al 5% con nacionalidad española).
Además, de acuerdo con las estadísticas (INE 2022), el 50% de las personas sin hogar tiene nacionalidad extranjera y constituyen un porcentaje importante de los asentamientos informales, siendo mayoritarias en los asentamientos agrícolas,
donde enfrentan una situación de vulnerabilidad e inseguridad extrema.
La situación también resulta muy preocupante respecto al mercado del alquiler, al observar que el acceso a la vivienda a través del régimen de arrendamiento es mayoritario entre la población migrante. Según la Encuesta de Condiciones de
Vida, para el año 2023, el 71,6 % de los hogares extranjeros extracomunitarios accedía a la vivienda mediante el alquiler, así como el 61,3% de los hogares conformado por población extranjera comunitaria. Es sabido que el acceso a la vivienda
mediante régimen de arrendamiento se encuentra en una situación altamente tensionada y los requisitos para acceder a un alquiler están aumentando, lo que afecta especialmente a las personas migrantes y genera situaciones de discriminación y
exclusión residencial.
Es necesario tener en cuenta a su vez que las dificultades en el acceso a una vivienda adecuada impactan gravemente en el ejercicio de otros derechos.
Como consecuencia directa, la discriminación residencial avoca a muchas personas migrantes hacia el subarriendo de habitaciones, provocando situaciones de hacinamiento y falta de garantías con respecto al alquiler tradicional de vivienda.
Además, tiene un
impacto directo para solicitar el reconocimiento de otros derechos, como es la reagrupación familiar y, por tanto, afecta a la protección de los derechos de la infancia. Asimismo, genera dificultades en el proceso de empadronamiento, debido
a la negativa, en ocasiones, de la parte propietaria o de la arrendataria de facilitar la documentación que acredite la residencia. La falta de empadronamiento dificulta el acceso a otros derechos, conlleva la exclusión del sistema sanitario y
dificulta el acceso al sistema escolar, vulnerando el derecho a la educación, además de impedir la solicitud de prestaciones económicas y sociales necesarias para la supervivencia en situaciones de exclusión social.
A pesar de todo ello, se observa que en España el número de denuncias y sanciones interpuestas a agencias inmobiliarias que discriminan a personas migrantes a la hora de acceder a una vivienda son prácticamente inexistentes, de hecho, solo
se ha ejecutado un único expediente sancionador por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Esta situación está producida tanto por la dificultad e inseguridad que encuentran las personas migrantes para denunciar estas prácticas, como por la falta de
vigilancia efectiva por parte de las administraciones públicas.
Sin embargo, tenemos un marco normativo amplio sobre igualdad de trato y no discriminación que se ha ido desarrollando con el fin de consolidar el artículo 14 de la Constitución que establece la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, pero que, en el ámbito de la vivienda, se incumple de forma sistemática.
Es necesario aplicar de manera efectiva la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación que reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de la
nacionalidad, edad o estatus de residencia y la prohibición de discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social (art. 2), y específicamente desarrolla en su artículo 20 el derecho a la igualdad de trato y no discriminación
en el acceso a la vivienda, instando a las administraciones públicas a garantizar que las políticas de urbanismo y vivienda respeten el derecho a la igualdad de trato y prevengan la discriminación, incluida la segregación residencial y a tener en
cuenta de manera específica las necesidades de las personas sin hogar y de las que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad o sean más susceptibles de sufrir alguna forma de discriminación.
Además, recoge que los prestadores de servicios de venta, arrendamiento, intermediación inmobiliaria, portales de anuncios, o cualquier otra persona física o jurídica que haga una oferta disponible para el público, estarán igualmente
obligados a respetar en sus operaciones comerciales el derecho a la igualdad de trato y no discriminación.
La no discriminación y la igualdad de trato en relación con el acceso a la vivienda se encuentra también expresamente recogido en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que indica que todas las personas tienen derecho
al uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada (art. 6) y señalan como fines de las políticas públicas de vivienda eliminar cualquier tipo de discriminación, por cualquier razón, en el acceso a una vivienda y el disfrute de la misma, asegurando
la integración, inclusión y cohesión social y territorial en las actuaciones y medidas de política de vivienda (art. 2.1); establece además como acción prioritaria del Estado la atención a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad.
Y en relación al acceso a bienes y servicios, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su artículo 23, establece que son actos discriminatorios aquellos que
'impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o
nacionalidad' y 'Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda prácticas que, en caso de no constituir delito, supondrían una infracción en materia de
consumo, según los artículos 47.1.1) y n) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Asimismo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protege el derecho a la vivienda (artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, entre otros), específicamente, reconoce este derecho a las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa o estatus de residencia, en la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
(2005) que señala la necesidad de 'Suprimir los obstáculos que impidan a los no ciudadanos disfrutar de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo en las esferas de la educación, la vivienda, el empleo y la salud; (...) Garantizar
la igualdad en el disfrute del derecho a una vivienda adecuada a los ciudadanos y los no ciudadanos, especialmente evitando la segregación en materia de vivienda y velando por que las agencias inmobiliarias se abstengan de utilizar prácticas
discriminatorias'.
Tenemos también un extenso desarrollo de la normativa comunitaria en este sentido, con la Carta Social Europea revisada (artículo 31) que reconoce el derecho a la vivienda adecuada y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(artículo 34.3) o la resolución del Parlamento Europeo, sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos (2019/2187(INI)) que enfatiza la necesidad de fortalecer la lucha contra la discriminación habitacional.
Es decir, existe un mandato claro para las administraciones públicas competentes, requiriendo a estas que garanticen la protección y prevención de situaciones discriminatorias en el ámbito del acceso y disfrute de la vivienda.
Es necesario por todo lo expuesto, adoptar medidas para acabar con las prácticas discriminatorias que tienen graves consecuencias en el acceso a una vivienda adecuada y asequible, garantizando el cumplimiento de manera efectiva de la
legislación vigente sobre igualdad de trato y no discriminación y sobre el derecho a la vivienda.
Proposición no de Ley
'Por las razones expuestas, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, a instancia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Provivienda, Red Acoge, Asociación Rumiñahui y
Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña, insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas para que las administraciones públicas actúen y sancionen de manera efectiva la discriminación inmobiliaria:
1. Adoptar medidas para que las autoridades competentes apliquen de manera efectiva la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación, cuando particulares, empresas o inmobiliarias impidan acceder al alquiler
y compra de vivienda por cuestiones de discriminación racial o étnica. Para ello es necesario constituir, reglamentar y dotar de recursos la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, organismo cuyo fin es garantizar
la independencia, acceso a la justicia y protección de las víctimas de discriminación. Todo ello, respetando el marco competencial establecido y sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada comunidad autónoma en materia de derecho
civil, consumo y vivienda.
2. Incorporar en el Plan Estatal de Vivienda 2026 - 2029 medidas inclusivas y financiación suficiente para garantizar que garanticen un acceso equitativo a la vivienda a todas las personas, independientemente de su origen o situación
administrativa.
3. Regular los requisitos máximos y documentación necesarios para acceder a una vivienda en alquiler o compra de manera que se eviten procedimientos discriminatorios, sin menoscabo de las competencias que correspondan a cada comunidad
autónoma en materia de derecho civil, consumo y vivienda.
4. Desarrollar programas de bolsas de alquiler asequible con figuras mediadoras y servicios de asesoramiento legal gratuitos en la firma de contratos para resolver conflictos relacionados con el alquiler o, cuando las competencias residan
en otras administraciones, ofrecer mecanismos de financiación de estas políticas para garantizar el mismo fin. Este
modelo evita las malas praxis, ofrece garantías y, además, es un sistema eficiente y eficaz para bajar los precios de mercado.
5. Elaborar campañas de información sobre los derechos de las personas arrendatarias dirigidas especialmente a la población migrante, con énfasis en la normativa de no discriminación residencial y programas de sensibilización dirigidos a
profesionales del sector inmobiliario y propietarios, para prevenir conductas discriminatorias o, cuando las competencias residan en otras administraciones, ofrecer mecanismos de financiación de estas políticas para garantizar el mismo fin.
6. Incrementar los recursos para ejercer la vigilancia efectiva del mercado inmobiliario y la labor sancionadora como mecanismo disuasorio de prácticas de discriminación inmobiliaria.
7. Promover procedimientos accesibles, efectivos y seguros para facilitar la denuncia de víctimas de discriminación residencial, incluyendo la simplificación de los trámites, así como la asignación de asistencia legal gratuita, en
coordinación con los servicios de identificación, registro y denuncia de casos discriminación, como el Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE.
8. Fomentar la investigación y recopilación sistemática de datos sobre la discriminación en el acceso a la vivienda, para analizar y publicar informes sobre estas prácticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2025.-Los Portavoces firmantes del Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Grupo Parlamentario Republicano y Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una atención sanitaria integral y coordinada para las personas en situación
de dependencia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La atención a las personas en situación de dependencia es una de las cuestiones más urgentes y relevantes en el ámbito del bienestar social en España. El derecho a recibir una atención adecuada y digna no debe depender del lugar de
residencia de la persona, sino que debe garantizarse en todo el territorio nacional, independientemente de si se reside en una gran ciudad, en una pequeña localidad o en una zona rural. Esta realidad se hizo aún más evidente durante la pandemia de
COVID-19, cuando numerosas personas en residencias de mayores experimentaron una desatención que afectó a su salud y bienestar, dejando al descubierto deficiencias en el sistema de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios.
En este sentido, es necesario implementar un marco normativo que garantice una atención sanitaria integral, que aborde adecuadamente la atención a las personas en situación de dependencia. Esta propuesta no solo debe centrarse en el acceso
a la atención, sino también en la mejora de la calidad de la misma y en la creación de un sistema que sea accesible, eficiente y capaz de adaptarse a las diferentes realidades de las personas en situación de dependencia en todo el país.
Uno de los principales desafíos que se deben afrontar es la coordinación efectiva entre los servicios sanitarios y sociales, que debe ser una prioridad tanto para las administraciones autonómicas como para las locales. La implementación de
estos procedimientos de coordinación debe orientarse a garantizar una atención integral que sea personalizada, adaptada a las necesidades específicas de cada persona, y que cuente con
la participación activa de profesionales de la salud y los servicios sociales. Solo así se logrará un modelo de atención que no solo sea eficaz, sino que también proporcione a las personas en situación de dependencia y sus familias la
seguridad de que están recibiendo los cuidados y el apoyo que necesitan.
En este sentido, la aprobación de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, introduce una
modificación en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de reforzar la coordinación y cooperación entre el ámbito social y sanitario en todo el Sistema Nacional de Salud, para responder de
forma integral a las necesidades de atención social y sanitaria de las personas con enfermedades que por su evolución generan dependencia y discapacidad.
En definitiva, se trata de asegurar que las personas en situación de dependencia reciban una atención sanitaria adecuada y coordinada, una atención integral, humanizada y de calidad para todas ellas, sin importar el lugar en el que vivan.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, medidas encaminadas a garantizar una atención sanitaria integral y coordinada, para las personas en
situación de dependencia, entre ellas:
1. Crear los mecanismos de coordinación necesarios entre los servicios sanitarios y sociales de las comunidades autónomas, para asegurar que las personas en situación de dependencia reciban una atención integral que cubra tanto sus
necesidades sanitarias como sociales.
2. Garantizar que las personas en situación de dependencia accedan y reciban una atención sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, sea cual sea su lugar de residencia.
3. Desarrollar planes de formación y sensibilización dirigidos a los profesionales del ámbito sanitario y social para continuar mejorando la atención a las personas en situación de dependencia, promoviendo una cultura de respeto, empatia y
compromiso con la calidad de vida de estas personas.
4. Adoptar las medidas precisas para asegurar la accesibilidad universal en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2025.-Inés Plaza García, Luis Carlos Sahuquillo García, María de las Nieves Ramírez Moreno, Noelia Cobo Pérez, Emilia Almodóvar Sánchez, Olvido de la Rosa Baena, Carmen Andrés Añón, María
Luisa Faneca López, María Guijarro Ceballos, Margarita Martín Rodríguez, Modesto Pose Mesura y Esther Rodríguez Suárez, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la implantación de la cirugía robótica en el Sistema Nacional de Salud, para
su debate en la Pleno.
Exposición de motivos
La cirugía robótica es una técnica avanzada que utiliza robots para asistir a los cirujanos/as durante los procedimientos quirúrgicos.
Está incluida dentro de las cirugías mínimamente invasivas y lleva años revolucionado el campo de la medicina.
En comparación con otras modalidades quirúrgicas, tiene importantes ventajas para los profesionales que la utilizan: mejor ergonomía, visión 3D, desaparición del temblor del cirujano/a, desarrollo de movimientos más precisos o facilidad
para la realización de suturas complejas.
Todo ello supone beneficios clínicos para los y las pacientes, como menor necesidad de transfusiones, cicatrices más pequeñas, menos tiempo de estancia hospitalaria, recuperación más rápida y menor riesgo de complicaciones.
Las principales especialidades donde se hace uso de esta tecnología son: la cirugía torácica, ginecología, cirugía general y urología, entre otras.
En los últimos años, se ha producido un auge en su utilización en muchos centros hospitalarios a pesar de sus elevados costes de adquisición, instalación y mantenimiento.
Pero su despliegue en los territorios se ha llevado a cabo con criterios heterogéneos, dependiendo de la inversión en alta tecnología que haga cada Comunidad Autónoma, en el marco de sus competencias sanitarias.
Según datos de la empresa ABEX, hay instalados más de 160 robots quirúrgicos en España, 40% de los cuáles se encuentran en el sector público y 60% en el privado. Además, esta empresa estima que sólo en 2023 aumentaron estos procedimientos
en España y Portugal un 32%.
Hay que destacar que se han realizado diversos informes para conocer y evaluar su eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia aplicadas a distintas patologías.
El último Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias es del año 2023, y fue realizado a petición de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación con la finalidad de determinar, cuando estas cirugías son el tratamiento
indicado en una serie de patologías benignas o malignas, si se dispone de suficiente evidencia para ser incorporada en la cartera común de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS). Lo que expone es que estas cirugías tienen
buenos resultados en procedimientos como la prostatectomía y la cirugía colorrectal, y señala que las evidencias disponibles tienen limitaciones.
Además, plantea cuestiones de interés en lo que tiene que ver con su implementación, como son los desafíos éticos que se han de abordar, que para su introducción se requiere de una adecuada formación del cirujano/a y de sus equipos
quirúrgicos, así como cambios en los procedimientos e infraestructuras, o que la cobertura de la cirugía robótica por parte del SNS podría plantear nuevos problemas legales.
En este sentido, se considera imprescindible desarrollar y adoptar una planificación que contribuya a abordar los retos anteriormente identificados, así como continuar con la investigación y evaluación sobre este tipo de cirugía.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En colaboración con las Comunidades Autónomas y sociedades y asociaciones científicas, promover, en el seno de las actividades encaminadas a mejorar la calidad asistencial, el desarrollo de una planificación para la Cirugía Robótica en
el SNS, que tenga en cuenta las buenas prácticas existentes. Asimismo, incluir evaluaciones periódicas que midan resultados en salud, satisfacción del paciente, calidad de vida y el coste-efectividad y el coste-utilidad respecto de otros
procedimientos quirúrgicos.
2. Desarrollar programas de formación continua para los cirujanos y clínicos activos en Cirugía Robótica.
3. Incluir la formación en Cirugía Robótica en el currículo de las especialidades médicas que estén indicadas y pueden beneficiarse de la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2025.-Carmen Martínez Ramírez, María Sainz Martín, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Víctor Camino Miñana, María Luisa Faneca López, Margarita Martín Rodríguez, María Isabel
Moreno Fernández, Modesto Pose Mesura, Emilio Sáez Cruz, Caridad Rives Arcayna y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/000816 y 161/001898
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 6 de mayo de 2025, adoptó el acuerdo de desestimar las siguientes iniciativas:
- Proposición no de Ley para garantizar la independencia del Poder Judicial (núm. expte. 161/000816), presentada por el Grupo Parlamentario VOX, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 148, de 28 de mayo de
2024.
A dicha Proposición no de Ley no se formularon enmiendas.
- Proposición no de Ley sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (núm. expte. 161/001898), presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
núm. 313, de 31 de marzo de 2025.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa de la Comisión de Justicia
El Grupo Parlamentario VOX al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proposición no de Ley sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (núm.
expte. 161/001898).
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2025.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz adjunto Grupo Parlamentario VOX.
ENMIENDA NÚM. 1
Grupo Parlamentario VOX
Enmienda a proposición no de ley
Texto que se propone:
Se propone añadir un nuevo cuarto punto a la parte dispositiva de la Proposición no de Ley, que quedará redactado del modo siguiente:
'4. Convertir en vinculante la audiencia preceptiva del CGPJ prevista en la Constitución para el nombramiento del Fiscal General del Estado.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
161/001790
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 6 de mayo de 2025, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre medidas para facilitar los trámites para registrar los acuerdos para modificar sus estatutos por parte de
las comunidades de vecinos relativos a la limitación del uso turístico de viviendas residenciales, presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 294, de 4 de marzo de
2025, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar las siguientes actuaciones, en coordinación con las Administraciones públicas competentes:
1. Estudiar y adoptar las medidas necesarias para facilitar y agilizar los trámites necesarios para realizar la inscripción registral de los acuerdos que adopten las comunidades de propietarios en torno a la limitación del uso de viviendas
residenciales como pisos turísticos.
2. Adoptar las medidas necesarias para establecer criterios claros y objetivos para la determinación de los aranceles registrales y notariales, que eviten la interpretación subjetiva y la aplicación de tarifas desproporcionadas.
3. Limitar o bonificar los aranceles registrales aplicables a la inscripción de los acuerdos de prohibición de pisos turísticos en comunidades de propietarios, así como también la limitación o bonificación de los aranceles notariales, como
por ejemplo, la escritura de modificación de los Estatutos de Comunidad de Propietarios para prohibir o limitar los arrendamientos turísticos, la legitimación de las firmas del Secretario o Presidente de la Comunidad o notificaciones o
requerimientos a propietarios que incumplan.
4. Adoptar medidas, en definitiva, que agilicen la inscripción de los acuerdos que adopten las Comunidades de Propietarios prohibiendo los alquileres turísticos, así como la unificación de los aranceles registrales y notariales, para
reducir el coste de las referidas inscripciones.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2025.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa de la Comisión de Justicia
El Grupo Parlamentario Socialista al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proposición no de Ley sobre medidas para facilitar los trámites para registrar los
acuerdos para modificar sus estatutos por parte de las comunidades de vecinos relativos a la limitación del uso turístico de viviendas residenciales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2025.-Montse Mínguez García, Portavoz adjunta Grupo Parlamentario Socialista.
ENMIENDA NÚM. 1
Grupo Parlamentario Socialista
Enmienda a proposición no de ley
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar las siguientes actuaciones, en coordinación con las Administraciones públicas competentes:
1. Estudiar y adoptar las medidas necesarias para facilitar y agilizar los trámites necesarios para realizar la inscripción registral de los acuerdos que adopten las comunidades de propietarios en torno a la limitación del uso de viviendas
residenciales como pisos turísticos.
2. Adoptar las medidas necesarias para establecer criterios claros y objetivos para la determinación de los aranceles registrales y notariales, que eviten la interpretación subjetiva y la aplicación de tarifas desproporcionadas.
3. Limitar o bonificar los aranceles registrales aplicables a la inscripción de los acuerdos de prohibición de pisos turísticos en comunidades de propietarios, así como también la limitación o bonificación de los aranceles notariales, como
por ejemplo, la escritura de modificación de los Estatutos de Comunidad de Propietarios para prohibir o limitar los arrendamientos turísticos, la legitimación de las firmas del Secretario o Presidente de la Comunidad o notificaciones o
requerimientos a propietarios que incumplan.
4. Adoptar medidas, en definitiva, que agilicen la inscripción de los acuerdos que adopten las Comunidades de Propietarios prohibiendo los alquileres turísticos, así como la unificación de los aranceles registrales y notariales, para
reducir el coste de las referidas inscripciones.'
161/001799 y 161/001863
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 6 de mayo de 2025, ha acordado aprobar las siguientes Proposiciones no de Ley, tramitadas conjuntamente
- Proposición no de Ley relativa a dar solución a la inscripción de nacimientos en el mundo rural y a la aprobación urgente del Reglamento de desarrollo de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (núm. expte. 161/001799),
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 299, de 11 de marzo de 2025.
- Proposición no de Ley para facilitar la inscripción de los nacimientos en lugar diferente al de residencia (núm. expte. 161/001863), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, núm. 304, de 18 de marzo de 2025.
con el siguiente texto:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar los trabajos de elaboración del Reglamento del Registro Civil, para que este pueda ser aprobado a la mayor brevedad posible, todo ello a los efectos de desarrollar el modelo único de Registro Civil electrónico, público y
gratuito.
2. Estudiar la necesidad de reforma legal de la Ley 20/2011, de 21 de julio, para evitar disfuncionalidades o criterios diferentes, según la localidad o el territorio.
3. Habilitar mecanismos legales o reglamentarios que permitan realizar la inscripción del nacimiento en el Registro Civil correspondiente al domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos.
4. Seguir con la formación continua del personal de todas las oficinas del Registro Civil, tanto procedimental como tecnológica, así como también mayor coordinación y comunicación con el centro de atención a usuarios propios del que dispone
el sistema DICIREG.'
A la Proposición no de Ley núm. expte. 161/001799 se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa de la Comisión de Justicia
El Grupo Parlamentario Socialista al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proposición no de Ley relativa a dar solución a la inscripción de nacimientos en el
mundo rural y a la aprobación urgente del Reglamento de desarrollo de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (núm. expte. 161/001799).
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2025.-Montse Mínguez García, Portavoz adjunta Grupo Parlamentario Socialista.
ENMIENDA NÚM. 1
Grupo Parlamentario Socialista
Enmienda a proposición no de ley
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Habilitar mecanismos legales que permitan realizar la inscripción del nacimiento en el registro civil correspondiente al domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos.
2. Estudiar la necesidad de reforma legal de la Ley 20/2011, de 21 de julio, para evitar disfuncionalidades o criterios diferentes, según la localidad o territorio.'
161/001864
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 6 de mayo de 2025, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a regular el ejercicio profesional de la Criminología, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 304, de 18 de marzo de 2025, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un proyecto de ley que regule el ejercicio profesional de la criminología, establezca las funciones y competencias de la profesión, los ámbitos de actuación, la colegiación y el régimen disciplinario, en su caso, así como la
posibilidad de considerar el grado en criminología como mérito en el acceso en algunos cuerpos de la administración.
2. Constituir un grupo de trabajo entre representantes del Ministerio de Justicia y los diferentes Colegios profesionales de criminólogos de España para la elaboración conjunta de un texto que se convierta posteriormente en el Estatuto
general de la criminología.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa de la Comisión de Justicia
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a regular el
ejercicio profesional de la Criminología.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2025.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
ENMIENDA NÚM. 1
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Enmienda a proposición no de ley
Texto que se propone:
Se modifica el primer punto del petitum quedando redactado de la siguiente forma:
'1. Elaborar un proyecto de ley que regule el ejercicio profesional de la criminología, establezca las funciones y competencias de la profesión, la consideración del grado en criminología como mérito o requisito en el acceso a los cuerpos
de la administración, la colegiación y el régimen disciplinario, en su caso.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
Comisión de Sanidad
161/001503
La Comisión de Sanidad, en su sesión del día 10 de abril de 2025, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la creación con carácter de urgencia de la especialidad de Genética Clínica, presentada por el Grupo
Parlamentario VOX y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 243, de 26 de noviembre de 2024, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la adopción de las acciones y medidas necesarias para crear, con carácter inmediato, la especialidad de Genética Clínica como nuevo título oficial de especialista en Ciencias de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias y en el Real Decreto 589/2022, de 19 de julio, que regula la Formación Sanitaria Especializada.
2. Dotar de formación sanitaria especializada a los genetistas, promoviendo todas las medidas necesarias para que estos servicios tengan sus propios residentes, reciban una formación específica y obtengan complementos salariales
correspondientes a esta esencial especialidad.
3. Incentivar que la Genética Clínica se desarrolle desde un prisma de respeto a la vida y a la dignidad humanas.
4. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 la dotación económica necesaria para que lo planteado en los puntos anteriores pueda ser materializado adecuadamente en tiempo y forma. De no aprobarse dichos Presupuestos, el
Gobierno habilitará las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar igualmente un cumplimiento pleno a lo dispuesto en la presente iniciativa.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa de la Comisión de Sanidad
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la creación con carácter de urgencia de
la especialidad de Genética Clínica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2025.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
ENMIENDA NÚM. 1
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Enmienda a proposición no de ley
Texto que se propone:
Se propone la adición de un punto 4, que tendrá la siguiente redacción:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
(....)
4. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 la dotación económica necesaria para que lo planteado en los puntos anteriores pueda ser materializado adecuadamente en tiempo y forma. De no aprobarse dichos PGE, el
Gobierno habilitará las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar igualmente un cumplimiento pleno a lo dispuesto en la presente iniciativa'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
161/001577
La Comisión de Sanidad, en su sesión del día 10 de abril de 2025, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley para crear un plan integral de protección de la salud mental infantil y juvenil frente a los efectos
psicológicos causados por la DANA en Valencia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 255, de 17 de diciembre de 2024, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En el marco de un plan integral dirigido a toda la población, priorizar a los colectivos vulnerables de forma individualizada, como son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, atendiendo a las características de las zonas afectadas por
la DANA.
2. Para ello, y con un enfoque de salud pública, trabajar desde el consenso con las comunidades autónomas afectadas, los profesionales, sanitarios, del ámbito social y el educativo, las familias y los representantes de los pacientes.
3. Se desarrollará esta acción movilizando los recursos necesarios para establecer equipos multidisciplinares, que se coordinarán con los servicios sanitarios y sociales propios del territorio, para asegurar que el plan se desarrolle
adecuadamente.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa de la Comisión de Sanidad
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para crear un
plan integral de protección de la salud mental infantil y juvenil frente a los efectos psicológicos causados por la DANA en Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2025.-Montse Mínguez García, Portavoz adjunta Grupo Parlamentario Socialista y Txema Guijarro García, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
ENMIENDA NÚM. 1
Grupo Parlamentario Socialista Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Enmienda a proposición no de ley
Texto que se propone:
De modificación
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de un plan integral dirigido a toda la población, a identificar y priorizar a la población vulnerable de forma individualizada, como son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
atendiendo a las características de la zonas afectadas por la DANA'.
161/001601
La Comisión de Sanidad, en su sesión del día 10 de abril de 2025, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a la integración en la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) de los colectivos
pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), junto con los recursos monetarios correspondientes según la
Estadística del Gasto Sanitario Público, presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 261, de 27 de diciembre de 2024.
A dicha Proposición no de Ley no se formularon enmiendas.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
161/001625
La Comisión de Sanidad, en su sesión del día 10 de abril de 2025, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre una regulación normativa específica de las Asociaciones de Pacientes, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 272, de 27 de enero de 2025, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Sanidad a estudiar el establecimiento de un marco normativo propio para las Asociaciones de Pacientes en España, estableciendo unos entornos jurídicos específicos, y que articule el
espacio de colaboración con las citadas asociaciones para el impulso y desarrollo de sus fines comunes.
Asimismo, el Congreso de los Diputados manifiesta su compromiso en avanzar en la reforma de la legislación vigente, en el marco del proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad y cohesión del Sistema
Nacional de Salud, para incluir la participación ciudadana en el Sistema Nacional de Salud.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa de la Comisión de Sanidad
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre una regulación normativa específica de las
Asociaciones de Pacientes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2025.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
ENMIENDA NÚM. 1
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Enmienda a proposición no de ley
Texto que se propone:
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actualizar en el plazo de seis meses, desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y una coordinación plena con los representantes de los pacientes, la legislación vigente con el
objetivo de establecer y articular el espacio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y las citadas asociaciones de pacientes para el impulso y desarrollo de sus fines comunes'
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
161/001634
La Comisión de Sanidad, en su sesión del día 10 de abril de 2025, aprobó la Proposición no de Ley para ampliar la jubilación activa mejorada para especialistas en medicina de familia y pediatría de atención primaria, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 272, de 27 de enero de 2025, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a prorrogar el mecanismo de jubilación activa mejorada para especialistas en medicina de familia y pediatría de Atención Primaria regulado en el Real Decreto-ley 20/2022 y a ampliarlo
para que los profesionales adscritos al mismo puedan prorrogar su servicio activo hasta los 72 años.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa de la Comisión de Sanidad
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para ampliar la jubilación activa mejorada para especialistas
en medicina de familia y pediatría de atención primaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2025.-Montse Mínguez García, Portavoz adjunta Grupo Parlamentario Socialista.
ENMIENDA NÚM. 1
Grupo Parlamentario Socialista
Enmienda a proposición no de ley
Texto que se propone:
De modificación
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar los estudios pertinentes sobre la viabilidad y el impacto de prorrogar el mecanismo de jubilación activa mejorada para especialistas en medicina de familia y pediatría de Atención
Primaria, regulado en el Real Decreto-ley 20/2022, para que los profesionales adscritos al mismo puedan prorrogar su servicio activo hasta los 72 años'.
161/001769
La Comisión de Sanidad, en su sesión del día 10 de abril de 2025, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley para impulsar la diálisis domiciliaria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 289, de 25 de febrero de 2025, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar, en colaboración y desde el consenso con las sociedades científicas y asociaciones de pacientes, y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, y desde el Marco sobre Enfermedad Renal Crónica y el Plan Operativo del Abordaje de la Cronicidad 2025-2025, para:
1. Establecer como objetivo prioritario en el abordaje de la Enfermedad Renal Crónica el aumento de las personas que inician diálisis en sus domicilios, por el menor impacto clínico que genera en los pacientes y la mayor calidad de vida que
ofrece a estos, fijando las metas a alcanzar en el período 2025-2027.
2. Incorporar la equidad como criterio en la creación de las unidades de diálisis domiciliarias necesarias, para garantizar la igualdad de oportunidades de acceso en todo el territorio.
3. Avanzar en el establecimiento de sistemas de estándares de calidad, a fin de asegurar la mejor atención sanitaria en fases avanzadas de la enfermedad, promover la diálisis domiciliaria, el acceso al trasplante renal de forma precoz y el
desarrollo de modelos de diálisis peritoneal asistida.
4. Establecer programas de formación y capacitación para los profesionales sanitarios en técnicas de diálisis domiciliaria.
5. Impulsar la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía para seguir avanzando en la concienciación, para informar y sensibilizar sobre los beneficios de los tratamientos renales sustitutivos domiciliarios, con el objetivo de fortalecer
el empoderamiento de la ciudadanía, especialmente de pacientes y personas cuidadoras.
6. Disponer los instrumentos y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la presente iniciativa.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa de la Comisión de Sanidad
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para impulsar la diálisis domiciliaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2025.-Txema Guijarro García, Portavoz sustituto Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
ENMIENDA NÚM. 1
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Enmienda a proposición no de ley
Texto que se propone:
Se propone modificar el tercer y cuarto punto, que quedarían redactados como sigue:
'3. Avanzar en el establecimiento de estándares de calidad de sistemas de acreditación y certificación en las consultas de Enfermedad Renal Crónica Avanzada, a fin de asegurar la mejor atención sanitaria en fases avanzadas de la enfermedad,
promover la diálisis domiciliaria, el acceso al trasplante renal de forma precoz y el desarrollo de modelos de diálisis peritoneal asistida.
4. Impulsar la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía para seguir avanzando en la concienciación para informar y sensibilizar sobre los beneficios de los tratamientos renales sustitutivos domiciliarios, con el objetivo de fortalecer el
empoderamiento de la ciudadanía, especialmente de pacientes y personas cuidadoras.'
JUSTIFICACIÓN
Ajustes técnicos conformes a los criterios emitidos por los ministerios competentes.
A la Mesa de la Comisión de Sanidad
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para impulsar la diálisis domiciliaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2025.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
ENMIENDA NÚM. 2
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Enmienda a proposición no de ley
Texto que se propone:
Se propone modificar el petitum y añadir dos puntos, el 5 y el 6, de tal forma que el texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar desde el consenso real con las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y las Comunidades Autónomas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (SNS) y desde el desarrollo efectivo de la 'Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad' del propio SNS para establecer un 'Plan Nacional de Salud Renal'.
Dicho plan deberá:
(....)
5. Establecer programas de formación y capacitación para los profesionales sanitarios en técnicas domiciliarias de diálisis.
6. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 la dotación económica necesaria para que lo planteado en los puntos anteriores pueda ser materializado adecuadamente en tiempo y forma. De no aprobarse dichos PGE, el
Gobierno habilitará las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar igualmente un cumplimiento pleno a lo dispuesto en la presente iniciativa'.
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
161/001879
La Comisión de Sanidad, en su sesión del día 10 de abril de 2025, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances reales en la prevención y en la reducción de las agresiones a
profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 309, de 25 de marzo de 2025, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar y mejorar la legislación vigente en lo referente a agresiones a los profesionales sanitarios.
2. Materializar un 'Plan Nacional contra las agresiones a profesionales sanitarios' para incrementar la seguridad de los propios profesionales en el desempeño de sus funciones y procurar avances reales y tangibles en la prevención y en la
reducción al máximo de las referidas agresiones en todo el Sistema Nacional de Salud.
Desde el trabajo conjunto de los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia, Educación y la Fiscalía General del Estado, el Gobierno aprobará el plan mencionado en un plazo máximo de seis meses, definiendo protocolos de actuación con los que
reforzar la citada prevención, así como la investigación sobre las agresiones.
Para ello, el Gobierno actuará siempre desde el consenso real con las administraciones autonómicas, provinciales y locales; desde la coordinación plena con los representantes de los profesionales sanitarios; destinando cuantos recursos
humanos, económicos y tecnológicos sean necesarios, y contando en todo momento con las propuestas y aportaciones que realicen los representantes de los pacientes y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
3. Desarrollar programas de formación específicos dirigidos a los profesionales sanitarios para mejorar la comunicación con los ciudadanos y poder afrontar mejor las situaciones de riesgo.
4. Reforzar las campañas de concienciación a la sociedad, en las que se promueva el respeto a los profesionales sanitarios.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa de la Comisión de Sanidad
El Grupo Parlamentario VOX al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances reales en la prevención y en la
reducción de las agresiones a profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2025.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz adjunto Grupo Parlamentario VOX.
ENMIENDA NÚM. 1
Grupo Parlamentario VOX
Enmienda a proposición no de ley
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar y mejorar la legislación vigente en lo referente a agresiones a los profesionales sanitarios.
2. Materializar un 'Plan Nacional contra las agresiones a profesionales sanitarios'' para incrementar la seguridad de los propios profesionales en el desempeño de sus funciones y procurar avances reales y tangibles en la prevención y en la
reducción al máximo de las referidas agresiones en todo el Sistema Nacional de Salud. Desde el trabajo conjunto de los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia, Educación y la Fiscalía General del Estado, el Gobierno aprobará el plan mencionado
en un plazo máximo de seis meses, definiendo protocolos de actuación con los que reforzar la citada prevención, así como la investigación sobre las agresiones. Para ello, el Gobierno actuará siempre desde el consenso real con las administraciones
autonómicas, provinciales y locales; desde la coordinación plena con los representantes de los profesionales sanitarios; destinando cuantos recursos humanos, económicos y tecnológicos sean necesarios, y contando en todo momento con las propuestas
y aportaciones que realicen los representantes de los pacientes y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
3. Desarrollar programas de formación específicos dirigidos a los profesionales sanitarios para mejorar la comunicación con los ciudadanos y poder afrontar mejor las situaciones de riesgo.
4. Reforzar las campañas de concienciación a la sociedad, en las que se promueva el respeto a los ciudadanos profesionales sanitarios'.
JUSTIFICACIÓN
Mejora técnica.
A la Mesa de la Comisión de Sanidad
El Grupo Parlamentario Socialista al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances reales en la prevención y
en la reducción de las agresiones a profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2025.-Montse Mínguez García, Portavoz adjunto Grupo Parlamentario Socialista.
ENMIENDA NÚM. 2
Grupo Parlamentario Socialista
Enmienda a proposición no de ley
Texto que se propone:
De modificación
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar y materializar un protocolo de actuación común para seguir reforzando las labores de prevención y actuación sobre las agresiones a los profesionales sanitarios en todo el Sistema Nacional de Salud. Todo ello, desde el trabajo
conjunto con todos los agentes implicados, para incrementar la seguridad de los profesionales sanitarios en el desempeño de sus funciones, actuando desde el consenso con las administraciones autonómicas, provinciales y locales, y contando en todo
momento con las propuestas y aportaciones que realicen los representantes de los profesionales sanitarios, de los pacientes y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
2. Continuar desarrollando programas de formación específicos dirigidos a los profesionales sanitarios para mejorar la comunicación con los ciudadanos y poder afrontar mejor las situaciones de riesgo.
3. Reforzar las campañas de concienciación a la sociedad, en las que se promueva el respeto a los ciudadanos'.
Las enmiendas recogidas en esta publicación son reproducción literal de las presentadas en el registro electrónico de la Dirección de Comisiones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.