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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 326, de 25/04/2025
cve: BOCG-15-D-326
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de abril de 2025
Núm. 326
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000489 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la defensa de la producción nacional en el comercio exterior ... (Página2)
162/000490 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la soberanía del sistema de pagos digitales europeo ... (Página5)
162/000492 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la declaración del día 14 de abril fiesta nacional como signo de reconocimiento de la II República Española ...
162/000493 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para ajustar el límite exento del IRPF al Salario Mínimo Interprofesional ... (Página11)
162/000494 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del sistema público universitario y la necesaria implicación del Estado en su financiación y en el impulso de su excelencia
... (Página13)
162/000495 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la financiación de los Campus Universitarios de Ceuta y Melilla ... (Página15)
162/000496 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la condena de la prohibición de la marcha del orgullo LGTBI en Hungría y en defensa de los derechos humanos ...
162/000497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la conmemoración del 2 de mayo de 1808, día del levantamiento del pueblo español contra las tropas invasoras ... (Página18)
162/000498 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una vivienda digna ... (Página20)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su
conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández, Carina Mejías Sánchez, Ricardo Chamorro Delmo, Tomás Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz Martos, José Ramírez
del Río y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la producción nacional en el comercio exterior, para su discusión en el Pleno.
Exposición de motivos
España mantiene una relación comercial histórica y estratégica con los Estados Unidos. Esta relación, que debería consolidarse y fortalecerse, ha sido perjudicada por la actitud irresponsable del actual Gobierno de España, que ha optado por
la confrontación ideológica y el ataque personal al presidente Donald Trump en lugar de recurrir a la diplomacia y a la negociación bilateral, debilitando así las relaciones comerciales bilaterales.
Esta actitud, análoga a la ejercida por las instituciones de la Unión Europea, ha favorecido un contexto de tensión que ha desembocado en la reciente imposición de una política arancelaria del 20% a las exportaciones comunitarias, lo cual
supone un grave perjuicio para la economía nacional y especialmente para el sector primario y la industria agroalimentaria.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 1, el aceite de oliva es el producto más exportado por España a EE.UU., con 640,5 millones de euros; seguido del vino y mosto, con 313 millones de euros, y legumbres y
hortalizas en conserva, con 192,2 millones de euros. Asimismo, las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero de España con Estados Unidos ascienden a 2.975 millones de euros y 746.215 toneladas.
El Ejecutivo ha respondido marcando una agenda claramente favorable a las relaciones bilaterales con China, el país más contaminante del mundo, y agujero negro de la deslocalización. Resulta ciertamente paradójico el reproche al presidente
estadounidense,
1 https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/bilateralespecialeeuu2023_2_tcm30-699494.pdf
toda vez que los hechos antedichos coexisten con la apertura de la investigación 'antidumping' promovida por el gigante asiático contra ciertas importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de la UE, tras el anuncio de los
aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos por parte de la Comisión Europea. Atendidos los datos relativos al comercio bilateral de bienes, el sector de la carne, fundamentalmente el cerdo, y los despojos comestibles, representa un
14,7% del total de las exportaciones, valoradas en 1.096,6 millones de euros en el año 2024 2. El sector porcino representa, pues, una parte vital de las exportaciones agroalimentarias de España hacia China, con más de 560.000 toneladas de
productos de cerdo exportados en 2024. Este volumen de comercio coloca a China como el destino del 20% de las ventas exteriores de porcino de España. Cabe destacar que el gigante asiático impone un arancel al aceite de oliva del 10%, más un 9% de
IVA a la importación 3, y un arancel al vino del 14%, sumado al 13% del IVA y un 13% de impuesto al consumo 4.
En otro orden, resulta incoherente y cínico que el Ejecutivo, así como las instituciones europeas, critiquen ahora los aranceles impuestos por Estados Unidos mientras llevan años impulsando políticas que favorecen la importación masiva de
productos extracomunitarios. Basándose en sus políticas ecologistas, y en especial aquellas normativas derivadas del Pacto Verde Europeo, como el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza, la Estrategia de la Granja a la Mesa y la
Estrategia de Biodiversidad 2030, han impuesto a los productores agroalimentarios europeos unas cargas burocráticas que han asfixiado la competitividad de nuestros productores y han facilitado la entrada de productos de terceros países que no
cumplen los mismos estándares. Esta combinación de sumisión ideológica en Bruselas y pasividad diplomática con nuestros principales aliados está dejando al sector agroalimentario español en una situación crítica.
Entre 2011 y 2020 España ha perdido 74.925 explotaciones agrarias. En cuanto a las explotaciones ganaderas, desde 2009 hasta 2020 España perdió casi 170.000 granjas, un 30,1% de las instalaciones ganaderas. Los principales perjudicados son
las pequeñas y medianas explotaciones. La agricultura y la ganadería social y familiar está desapareciendo: el sector primario -especialmente palpable en el sector ganadero- cada vez se concentra en menos manos, mientras se magnifica el tamaño de
las granjas. Asimismo, es un sector especialmente castigado por la falta de relevo generacional. Así, según COAG, el 56% de los ganaderos están ya o entrarán en edad de jubilación durante la década actual. Asimismo, en el sector de porcino,
conejos y aves ni siquiera el 10% de sus titulares tienen menos de 45 años.
Asimismo, España ha dejado de ser el principal productor de tomate de la Unión Europea, siendo desplazada por Marruecos, debido a una política que castiga al productor nacional y premia la competencia desleal. Así, desde la aprobación en el
año 2012 del Acuerdo entre la UE y Marruecos, sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas y productos de la pesca, la producción de tomate y su exportación han descendido drásticamente -un 30,71% y un 38,73%,
respectivamente-, coincidiendo con el incremento en las exportaciones de Marruecos, cuyas exportaciones se incrementaron un 42,5% 5.
Ante este escenario, el Gobierno de España no puede seguir actuando con sumisión y tibieza. Urge impulsar las medidas necesarias para restablecer la soberanía económica, proteger a nuestros sectores estratégicos y garantizar que ningún
español vea su trabajo y su prosperidad castigada por decisiones impuestas desde fuera.
2 https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/094/documentos/2025/03/anexos/Ficha%20pais%20China_2025.pdf
3 https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/094/documentos/2023/05/guias-importacion-china/10.%20Guia%20importaci%C3%B3n%20aceites%20de%20oliva%20y%20orujo%20de%20oliva.pdf
4 https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/094/documentos/2022/03/documentos-anexos/resumen-ejecutivo-mercado-vino-china-2021.pdf
5 En la última década, la producción nacional ha retrocedido un 30,71%, mientras que las exportaciones han disminuido un 38,73%. Mientras tanto, Marruecos ha aprovechado la apertura del mercado europeo, aumentando sus envíos a la UE en un
42,5%, pasando de 345.416 toneladas en 2014 a 492.438 en 2023.
La respuesta del Gobierno a los nuevos aranceles debería pasar por asumir su responsabilidad y aplicar las medidas necesarias, tanto a nivel nacional como ante las instituciones de la Unión Europea. Los españoles merecen un liderazgo firme
y comprometido que se enfoque en recuperar la competitividad de nuestra economía.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Cesar su irresponsable actitud de confrontación con la administración estadounidense e impulsar ante las instituciones de la Unión Europea la reversión de la política arancelaria del 20% a las exportaciones comunitarias por la vía de la
diplomacia y de la negociación bilateral.
2. Derogar todas las normativas y revertir las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo, priorizando un marco normativo que favorezca la competitividad de la Industria y, en particular, del sector primario.
3. Denunciar el Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015, por su incompatibilidad con el impulso de la conservación del medio natural sin renunciar a la soberanía energética y la prosperidad de los españoles.
4. Desarrollar una política agrícola, pesquera y ganadera basada en el interés nacional, eliminando las trabas burocráticas impuestas por la agenda verde y defendiendo la soberanía alimentaria de España.
5. Exigir a las instituciones europeas que:
a) Rechacen el acuerdo comercial UE-Mercosur y suspendan el Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, en todo aquello que perjudique los intereses de los productores españoles, y concretamente al sector agroalimentario español.
b) Suspendan las importaciones extracomunitarias en tanto no se garantice la colocación de toda la producción nacional, con el fin de garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias españolas.
c) Revisen inmediatamente los acuerdos comerciales con terceros países, suspendiendo aquellos que permitan la entrada de productos que no cumplan las exigencias fitosanitarias, laborales y medioambientales que se imponen a nuestros
productores.
6. Defender la producción española a través de las siguientes medidas:
a) Garantizar el respeto del principio de reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos importados a la UE y aumentar los controles en frontera para asegurar que los productos importados cumplen con
las normativas internas de la UE.
b) Reforzar los controles en frontera de fauna silvestre PPA, para garantizar la seguridad alimentaria y evitar la entrada de carne o productos cárnicos que no cumplan con los requisitos legales europeos.
c) Reformar el actual sistema de etiquetado de los productos, con el objetivo de garantizar la trazabilidad y la claridad en el origen de los productos agroalimentarios, permitiendo a los consumidores identificar y adquirir productos
nacionales sin riesgo de fraude.
d) Suspender de inmediato la financiación del sector agrícola marroquí y dedicar estos fondos a la modernización de las explotaciones agrarias españolas, la promoción del relevo generacional en nuestro campo, y la inversión en innovación
dentro del sector hortofrutícola español.
e) Proteger la producción nacional agroalimentaria como pilar esencial de la soberanía alimentaria, promoviendo políticas que reduzcan drásticamente la dependencia de productos de terceros países y garanticen el abastecimiento con productos
nacionales.
7. Proteger la producción nacional, y entre otras:
a) La producción de naranja, tomate y otras frutas y hortalizas frente a la competencia desleal ejercida por Marruecos y otros países que han desplazado los productos nacionales en el mercado europeo.
b) La producción del sector olivarero español mediante la prohibición de las importaciones de aceite de oliva procedente de Siria y Marruecos, al tratarse de una competencia desleal que no cumple con los estándares exigidos a los productores
nacionales.
c) Preservar el uso agrícola del suelo frente a la especulación derivada de la instalación indiscriminada de macroplantas de energías renovables, asegurando su compatibilidad con la actividad agraria y el equilibrio medioambiental.
d) Preservar al sector del porcino español mediante medidas destinadas a asegurar su competitividad frente a las importaciones de terceros países que no cumplen los estándares europeos de calidad y sanidad.
e) Suspender las restricciones de la pesca de arrastre, promoviendo con ello una política pesquera basada en la defensa del sector pesquero y el medio natural, en el que se encuentren equilibrados los objetivos de conservación de nuestro
patrimonio natural con la defensa del empleo y la viabilidad del sector pesquero.
8. Impulsar las modificaciones necesarias en materia del IVA, y en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, para la reducción a un tipo impositivo del 0% de IVA a los productos afectados por los
aranceles en tanto no se alcance un acuerdo satisfactorio con EE.UU.
9. Adoptar todas las medidas necesarias dirigidas a crear un marco normativo simplificado, estable y homogéneo en todo el territorio nacional, que tenga como fin proteger el tejido empresarial existente, fomentar la relocalización de
empresas y centros de producción y atraer nuevas inversiones a nuestro país, así como incrementar la productividad.
10. Aumentar las bonificaciones y deducciones fiscales a las empresas que compren producto nacional, priorizando los proveedores nacionales y ayudando a pequeños comerciantes y productores españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández, Carina Mejías Sánchez, Ricardo Chamorro Delmo, Tomás Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz
Martos, José Ramírez del Río y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley relativa a la soberanía del sistema de
pagos digitales europeo, para su debate y aprobación ante el Pleno del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
Tarjetas de pago en Europa
El Tribunal Europeo de Auditores publicó en enero de 2025 el Informe sobre pagos digitales en la UE, junto con las alegaciones aportadas por la Comisión Europea. El informe
destaca que 'el mercado europeo de tarjetas se caracteriza por la existencia de dos segmentos diferenciados: los pagos nacionales y los pagos transfronterizos. Los sistemas internacionales de tarjetas son predominantes en el mercado de
pagos transfronterizos. Visa y MasterCard son, con diferencia, los sistemas internacionales de tarjetas más importantes, con una cuota de mercado combinada de casi el 90 %'.
En los pagos con tarjeta no existe una compañía equiparable en dimensión y capilaridad a los líderes del mercado, todos ellos norteamericanos, salvo el caso singular de China Union Pay International. Otras redes, como la japonesa JCB y la
también norteamericana Discover, están ampliando gradualmente su red de emisores en tramo internacional a partir de acuerdos con redes domésticas de pagos. American Express y Diners, que emiten para un segmento socio-económico de elevado poder
adquisitivo, también son corporaciones estadounidenses.
Aunque Visa y MasterCard no emiten tarjetas directamente ni establecen límites de crédito, su influencia en el mercado es abrumadora, ya que proveen sus marcas, infraestructuras, reglas y estándares bajo licencia a bancos y otros emisores y
establecen las reglas de intermediación para el procesamiento de pagos. Este modelo ha consolidado un duopolio que limita la competencia y hoy, además, la soberanía de pagos en Europa.
Los esquemas europeos de tarjetas existentes en la actualidad se circunscriben al ámbito doméstico y no cuentan con marcas de aceptación ampliamente reconocidas (o conectadas) a nivel internacional, ya que han operado tradicionalmente con
acuerdos con las dos redes globales líderes, para garantizar su aceptación. Los sistemas domésticos o nacionales son Carte Bancaire de Francia (1984), Multibanco de Portugal (1985), GiroCard/ZKE de Alemania (solo débito, 2007), PagoBancomat de
Italia (solo débito, 1986) y Dankort de Dinamarca (solo débito). Estos esquemas concentran la gran mayoría de las operaciones domésticas de sus respectivos territorios, pero no han logrado expandirse más allá de sus fronteras nacionales ni competir
con las grandes redes internacionales.
La extraordinaria concentración de poder en manos de dos empresas estadounidenses y su dominio en el mercado europeo plantea desafíos muy significativos en términos de limitaciones a la capacidad de la UE y sus Estados miembros de ejercer su
soberanía, autonomía financiera y control sobre las reglas del juego en el ecosistema de pagos, en términos de influencia y de exposición a decisiones estratégicas tomadas fuera de las fronteras europeas.
Tarjetas de pago en España
El Banco de España expone en su página web que 'las tarjetas de pago constituyen uno de los instrumentos de pago que han adquirido mayor relevancia en los últimos años. Con más de 800 millones de unidades en circulación en toda Europa y un
volumen anual de transacciones superior a los 60.000 millones de euros, las tarjetas de pago constituyen hoy en día uno de los más importantes instrumentos de pago al por menor de la Unión Europea'.
De esos 800 millones de tarjetas en circulación, 94 millones circulaban en España a finales de 2024 (51 millones de débito y 43 millones de crédito). Con ellas se realizaron en 2024 más de 9.200 millones de pagos en los más de 2.6 millones
de datáfonos instalados en España, por un valor de 271.000 millones de euros. Aunque el importe de estos pagos sólo represente el 3% del total de los pagos minoristas realizados por medios digitales (entre los que se encuentran las transferencias y
las domiciliaciones o adeudos), concentran el 66% de todos los pagos realizados en España por medios digitales, esto es, dos de cada tres pagos digitales realizados, de acuerdo con datos de Iberpay, administradora del Sistema Nacional de
Compensación Electrónica.
De hecho, en el ámbito de las compras presenciales, el único medio de pago que compite en igualdad de condiciones y preferencias que el efectivo como los más utilizados es la tarjeta de débito. En el entorno digital, la tarjeta de débito es
el instrumento de pago en línea más utilizado en España con mucha diferencia con respecto al resto.
La pandemia de COVID-19 aceleró considerablemente la adopción de métodos de pago digitales. En 2019, año previo a la pandemia, se realizaban en España 5 pagos con tarjeta en un datáfono por cada retirada de dinero en efectivo en cajeros
automáticos. A finales de 2024, la relación superaba los 13 pagos con tarjeta por cada retirada de efectivo de los cajeros, ambas acciones que se realizan generalmente con una tarjeta de pago. Y en términos relativos con respecto al resto de
medios de pago digitales, se utiliza en el 66% de las operaciones 2023.
En el futuro más inmediato, la integración de sistemas de pago en el Internet de las Cosas y otras innovaciones digitales emergentes permitirán las transacciones de pago digital de forma más automática y sin intervención humana.
Soberanía europea en materia de pagos digitales
El Proyecto Monnet fue una iniciativa vigente entre 2008 y 2012, liderada inicialmente por bancos alemanes y franceses que buscaba crear la primera tarjeta de pago europea. Participaron los principales bancos de siete países (Alemania,
Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido). En ese momento, los bancos consideraban mantener opciones de co-badging con redes internacionales para asegurar la aceptación de las tarjetas fuera de Europa. Sin embargo, el proyecto fue
interrumpido en 2012.
En esos mismos años algunos de los grandes países emergentes, en particular los miembros del grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China), han creado esquemas domésticos de tarjetas, con motivaciones específicas, muchas de ellas de carácter
geopolítico. Por ejemplo, en Brasil, los principales bancos (Banco do Brasil, Bradesco y Caixa Económica Federal) lanzaron en 2011 la tarjeta doméstica ELO. En India, la National Payments Corporation estableció en 2015 una red interbancaria
multilateral doméstica para garantizar que los datos de la población residieran en el país, en un contexto de implementación masiva del número de identificación personal nacional (Aadhaar) con objetivos de inclusión social y financiera. Rusia, por
motivaciones geopolíticas, desarrolló en 2014 su propio esquema doméstico de pagos con tarjeta (MIR), que opera de manera independiente de las redes internacionales. Turquía cuenta con Troy desde 2015. Solo el caso singular de la ya mencionada
compañía China Union Pay International, fundada en 2002, es comparable a las compañías estadounidenses líderes del mercado en dimensión y permeabilidad en los pagos con tarjeta.
Europa retomó en 2016 el intento de contar con un esquema propiamente europeo, denominado en esta ocasión EPI (European Payments Initiative), que destaca como mensaje fuerza 'Built for Europe, by European players', descansando en la apuesta
europea por los pagos de cuenta a cuenta sobre los pagos con tarjeta. A la fecha, casi diez años después de ese relanzamiento, el estado de EPI es una incógnita.
La Estrategia de Pagos Minoristas, aprobada en 2020, definió una visión ambiciosa para el mercado único de servicios de pago en la Unión Europea, con objetivos loables como una mayor integración del mercado, el fomento de soluciones de pago
más diversas e innovadoras, y el aumento de la confianza de los usuarios en esas soluciones. El marco SEPA (la Zona Única de Pagos en Euros) ya ha sentado algunas bases para la armonización de los pagos en Europa, como la introducción de límites a
las tasas de intercambio, la prohibición de prácticas restrictivas que limitaban la entrada de adquirentes no domésticos y la adopción del Reglamento sobre los pagos inmediatos. Estas acciones han contribuido a reforzar un ecosistema favorable para
el desarrollo de soluciones de pago innovadoras que puedan emplearse a futuro a nivel transfronterizo. Pero el futuro es hoy más incierto que ayer, la soberanía y autonomía europea debe hoy escalar posiciones en las agendas.
La elevada dependencia de los pagos con tarjeta y los recientes acontecimientos de los que somos testigos en EE.UU. demuestran que es legítimo preguntarse cuán dependientes somos en España de dos corporaciones norteamericanas que pueden
condicionar nuestra relación con los pagos digitales más cotidianos realizados con tarjeta.
Nos complace, en este contexto, que parlamentos de Estados miembros como el parlamento holandés hayan expresado recientemente su inquietud por la dependencia del
gobierno de las compañías tecnológicas estadounidenses y haya emitido varias mociones para tratar de reducir dicha dependencia. También que a la iniciativa del parlamento holandés se uniera la advertencia del Banco Central sobre los riesgos
de seguridad de los pagos con tarjeta motivados por la dependencia casi exclusiva de Europa en las corporaciones norteamericanas Visa y MasterCard.
El proyecto de euro digital
La actual situación geopolítica es una oportunidad para acelerar el proceso de toma de decisiones respecto al proyecto del euro digital. En este nuevo contexto geopolítico, el euro digital puede ser una realidad una vez superadas las fases
previstas por el Banco Central Europeo y el Eurosistema cuando anunciaron en 2019 el inicio de sus investigaciones, primera de las tres fases que finalizó en octubre de 2023 y cuyos resultados alimentan la siguiente fase de preparación inaugurada en
noviembre de 2023 con el objetivo de sentar las bases para una eventual emisión. Esta segunda fase de preparación consiste fundamentalmente en finalizar la elaboración de las normas de funcionamiento del euro digital; en seleccionar a los
proveedores que desarrollarían la plataforma y la infraestructura de un euro digital; y en realizar las pruebas y la experimentación para constatar que el euro digital responde a los requisitos del Eurosistema y a las necesidades de los usuarios.
La tercera fase, la fase de decisión, se correspondería con la emisión o no emisión de un euro digital, que sólo podrá activarse cuando se adopte el marco legislativo propuesto por la Comisión Europea al Parlamento y al Consejo europeos en junio de
2023, hace casi dos años. Dicha propuesta, bajo el nombre de 'Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la instauración del euro digital', contempla, por un lado, la protección del acceso y uso del euro en efectivo;
por otro, el marco jurídico para un posible euro digital como complemento de los billetes y monedas en euros.
La Comisión Europea alega que la auditoría del Tribunal Europeo de Auditores no contempla la propuesta legislativa de junio de 2023 relativa a un euro digital, considerando la Comisión que se trata de una iniciativa que, una vez ejecutada,
tendrá una gran importancia para los pagos minoristas, y un compromiso recogido en la Estrategia de Pagos Minoristas de la Comisión de 2020. En efecto, la auditoría realizada por el Tribunal Europeo de Auditores incluye un seguimiento del grado de
adopción de acciones clave, entre las que se encuentra solo una acción relacionada con el euro digital, en concreto, para 'apoyar la emisión de un euro digital, la Comisión colaborará estrechamente con el Banco Central Europeo en los objetivos y las
opciones de actuación que garanticen un alto nivel de complementariedad'.
Por todo ello, resulta pertinente interesarse sobre el estado de situación y las perspectivas de cumplimiento de esta acción enmarcada en la fase de decisión, y definida sin fecha concreta de culminación, pero condicionada a la aprobación
del marco legislativo correspondiente.
Identidad y protección digital
El Tribunal de Cuentas Europeo destacó en su informe el efecto positivo que ha tenido la autentificación reforzada de clientes en el aumento de la protección de los pagos contra el fraude.
El Reglamento elDAS2, sobre identificación electrónica, es un requisito de seguridad imprescindible para avanzar en la seguridad de los servicios de pago en línea cuya adopción conviene acelerar en el actual contexto de dependencia de
sistemas privados de identificación en línea propiedad de las grandes plataformas tecnológicas norteamericanas.
En un mundo cada vez más digitalizado, donde los pagos digitales son fundamentales para la economía, contar con un sistema propio es una cuestión de soberanía económica y seguridad estratégica. La UE tiene la capacidad y los recursos para
liderar este cambio, y el momento de actuar es ahora.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º 'Impulsar el desarrollo de una alternativa europea a Visa y MasterCard, fomentando la cooperación entre entidades financieras, empresas tecnológicas y reguladores públicos para crear un sistema de pagos digitales propio que garantice
mayor autonomía y competencia en el mercado europeo. En este proceso, se deberán priorizar soluciones que reduzcan la dependencia de infraestructuras de pago privadas y permitan la participación de actores públicos y cooperativos en su desarrollo y
gestión'.
2.º Acelerar la fase de decisión y la adopción del marco legislativo que permita la emisión del euro digital, reforzando el papel internacional de la moneda comunitaria y apoyando una autonomía estratégica de la Unión Europea. Se deberá
velar porque su diseño garantice el acceso universal, la privacidad de las transacciones y la interoperabilidad con los sistemas de pago existentes.
3.º Promover la educación financiera y digital como política pública transversal, y en particular, para la divulgación de la eventual adopción del euro digital, asegurando que su adopción sea comprendida por la ciudadanía y evitando brechas
digitales o exclusión financiera.
4.º Impulsar la adopción en nuestro país de elDAS2 para permitir a la ciudadanía un medio de identidad digital europeo armonizado y que permita y facilite los pagos digitales, velando porque su implementación refuerce la soberanía digital
europea sin comprometer los derechos fundamentales de la ciudadanía en materia de protección de datos y control sobre sus propias transacciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-Teslem Andala Ubbi, Carlos Martín Urriza y Alda Recas Martín, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000492
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración del día 14 de abril fiesta nacional como signo
de reconocimiento de la II República Española, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En un día como hoy, el 14 de abril del año 1931, al amparo de los resultados de unas elecciones municipales en las que se constató el apoyo mayoritario de la ciudadanía de las grandes ciudades a los partidos que defendían el modelo
republicano, fue proclamada la II República en España.
Este anhelo de libertad y democracia se vio truncada por la guerra civil iniciada en 1936 por un violento golpe de estado encabezado por Francisco Franco y que dio lugar a un periodo dictatorial de casi 40 años.
En la actualidad, la profundización y consolidación de las convicciones democráticas en el conjunto de la población española ha conseguido que solo una minoría de españoles sea incapaz de condenar o repudiar este violento golpe de estado y
la involución social, cultural y de las libertades que, entre otras cosas, supuso.
A pesar de ello, el desconocimiento público de los avances conseguidos para la sociedad española durante la II República en aspectos sociales, laborales, de libertades,
laicistas, en educación, salud, igualdad entre hombres y mujeres o equidad social es enorme. Avances logrados o promovidos en este periodo, muchos de los cuales han tardado más de medio siglo en ser recuperados por el pueblo español y
algunos siguen en el cajón de los recuerdos. Entre estos avances podríamos citar:
- Instauración de un sistema democrático y parlamentario, con reconocimiento de la libertad ideológica y de pensamiento.
- Reconocimiento del sufragio universal con el consiguiente derecho de voto a las mujeres por primera vez en la historia de España.
- Proclamación de la renuncia a la guerra como instrumento de política internacional, artículo 6 de la Constitución de 1931.
- Reconocimiento constitucional del principio de igualdad entre hombres y mujeres.
- Reconocimiento del derecho al divorcio.
- Aplicación del principio de separación de iglesia y estado y de la laicidad de los poderes públicos.
- Reconocimiento a la libertad de conciencia y de culto.
- Reconocimiento del derecho a la libertad de opinión y comunicación.
- Reconocimiento del derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica.
- Eliminación de la censura de los medios de comunicación.
- Reconocimiento del derecho al aborto.
- Reconocimiento de las peculiaridades de las nacionalidades.
- Importantes avances científicos y culturales.
- Consolidación de la sanidad pública.
- La reforma agraria.
- Numerosos avances en la legislación social y en las condiciones y derechos de los trabajadores.
- Una trascendental mejora de la educación pública y de su generalización (construcción de colegios y preocupación por la cultura).
- La separación de poderes.
- La autonomía municipal en el desarrollo de sus funciones.
- Una rica producción cultural y científica con amplio reconocimiento internacional, con figuras como el propio presidente Manuel Azaña, Picasso, Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández, María Teresa León, Luis Buñuel,
Maruja Mallo, Severo Ochoa, Clara Campoamor, Victoria Kent y un largo etcétera. Prácticamente todos y todas ellas o tuvieron que exiliarse con el derrocamiento de la democracia o fueron asesinados/as.
Conquistas y avances que fueron abortados por el levantamiento y la dictadura franquista y que hoy en día casi todas nos parecen irrenunciables, aunque algunas puedan verse en peligro con el auge de la extrema derecha y el populismo
fascista.
Estos logros, truncados por la violencia y la represión de quienes representaban lo reaccionario y la intolerancia fundamentalista, han de ser reconocidos en sus justos términos, al objeto de que nunca más se produzcan retrocesos sociales,
políticos y económicos como los que se iniciaron a partir de la violenta terminación de la democracia que encarnaba la República, ante la constatación de que el régimen surgido de la violencia llevó a nuestro país a un retraso de más de cuarenta
años en el desarrollo social, cultural, político, económico y de aprendizaje democrático y convivencia pacífica.
Otro elemento que lleva a la necesidad de recuperar la historia y ejemplos de la II República es el justo reconocimiento a todos y todas las personas que sufrieron y murieron por la defensa de la legalidad de esta y, posteriormente, lucharon
por la libertad, la democracia y la justicia social que en gran parte se recoge en la actual Ley de Memoria Democrática con el 8 de mayo como Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio y el Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas
del golpe militar, la Guerra y la Dictadura, pero que creemos que es necesario que tengan un referente festivo como festivo y lleno de esperanza fue este 14 de abril de 1931.
Promover una sociedad más justa, reconocer y poner en valor a las personas que sacrificaron o arriesgaron su bienestar personal y físico por la defensa de valores y principios de solidaridad, justicia y libertad es tarea de todos y todas.
Además, merece la pena y se presenta como más relevante que nunca la mención al artículo 6 de la Constitución de la República de 1931, en el que España renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional. En base a este artículo,
es momento de que se apueste por una nueva política de relaciones internacionales y acción exterior de España basada en el desarme, la cooperación, la prevención pacífica de los conflictos, la prohibición de armas de destrucción masiva y el
cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas.
Es urgente trabajar para buscar un mundo de paz compartida donde nadie pretenda ser hegemónico, sino al contrario, buscar la cohesión a través de la cooperación para erradicar la guerra, y apuntalando la seguridad con menos explotación y más
justicia y solidaridad internacional, en vez de estimulando los conflictos.
En estos tiempos en los que la extrema derecha emergente intenta relegar los valores y principios éticos y en los que la palabra 'libertad' está ampliamente degradada y prostituida, es un ejercicio de salud democrática rememorar a quienes
participaron activamente en el progreso vivido durante la II República, a quienes la defendieron y a quienes, como continuadores de sus valores, siguieron trabajando por la libertad, la paz y la democracia en nuestro país.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas precisas, en colaboración con las Administraciones Públicas y los agentes sociales competentes, para que, a partir de 2026, el 14 de abril sea declarado como fiesta estatal como signo de reconocimiento de los valores
de la II República.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2025.-Nahuel González López, Engracia Rivera Arias, Juan Antonio Valero Morales, Fèlix Alonso Cantorné y Francisco Sierra Caballero, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz
del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ajustar el límite exento del IRPF
al Salario Mínimo Interprofesional, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El Gobierno aprobó, al margen del diálogo social, una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 700 euros anuales, pasando de 15.876 euros a 16.576 euros, con efectos desde el 1 de enero de 2025.
Esta subida de 50 euros brutos mensuales supone que los empleadores con trabajadores que cobran el SMI, en su mayoría pymes y autónomos, tienen que asumir un incremento de costes de 914 euros anuales por trabajador: 700 euros de sueldo
bruto para el trabajador y 214 euros de mayor cotización a la Seguridad Social.
El coste para el empleador de un trabajador que cobre el salario mínimo, 16.576 euros brutos, asciende a 22.200 euros, al tener que asumir este una de las mayores cuñas fiscales de toda la OCDE, en torno al 34,0 %. Este coste es una barrera
de entrada que dificulta la contratación de trabajadores menos cualificados.
Pero, es más, la subida de 700 euros anuales brutos para el trabajador, tal y como se fijó en un principio, no quedaba íntegramente en su bolsillo, ya que este debía pagar su parte correspondiente de cotizaciones sociales -que sube en 45
euros- y del impuesto sobre la renta de las personas físicas -que se incrementa en 301 euros-. Es decir, de los 700 euros casi la mitad, 346 euros, no iban al bolsillo del trabajador sino a las arcas públicas.
Han sido públicas y notorias las desavenencias entre la Vicepresidenta primera y la Vicepresidenta segunda del Gobierno sobre si debería ajustarse el mínimo exento del IRPF al nuevo Salario Mínimo Interprofesional, mostrando una vez más la
falta de unión y consenso en el seno del Gobierno. Finalmente, alcanzaron un acuerdo, en virtud del cual, se elevaría el mínimo exento al SMI, pero sólo para el ejercicio del año 2025.
Haciendo gala una vez más de su falta de rigor y de respeto al procedimiento y a la tramitación parlamentaria, el acuerdo fue plasmado a través del registro de una enmienda conjunta del Grupo Parlamentario Socialista y SUMAR a una Ley que
nada tiene que ver con el objeto de la misma. Es decir, aprobaron la nueva reforma tributaria incorporando una enmienda intrusa en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
Pero, no contentos con ello, resulta que esta enmienda que busca que el SMI no tribute en 2025, contiene un grave error y, lejos de conseguir su objetivo, obliga a que estos contribuyentes paguen entre 110,89 euros y 178,72 euros, como bien
ha advertido el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Resulta que la reforma -plasmada en la enmienda- sólo desarrolla la rebaja de la cuota estatal, pero no la de la cuota autonómica, con lo que en lugar de habilitar la deducción de
cerca de 300 euros que supone que estos contribuyentes no tributen, al bonificar sólo la estatal estos acaban tributando por unas cuantías que van desde los 178,72 euros en Asturias a los 110,89 euros en la Comunidad Valenciana.
Se trata de otra chapuza legislativa del actual Gobierno, que pone una vez más en evidencia su deficiencia técnica legislativa. Desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos una vez más que se ajuste el límite exento del IRPF al Salario
Mínimo Interprofesional, pero no sólo para el ejercicio de 2025, sino también para los ejercicios sucesivos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, de manera urgente, las modificaciones legislativas pertinentes a fin de:
1. Elevar el mínimo exento para tributar por IRPF al nivel del Salario Mínimo Interprofesional, no sólo para el ejercicio del año 2025, sino también los sucesivos, de forma que este siempre quede exento.
2. Igualmente, se ajustará el mínimo exento cuando haya más de un pagador, siempre y cuando la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supere en su conjunto la cantidad de 2.500 euros
anuales.
3. Aprobar, en el plazo máximo de 15 días, las modificaciones reglamentarias que sean necesarias para que no se practique retención sobre los rendimientos del trabajo cuya cuantía sea igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional, así
como para evitar el error de salto que se produce en los contribuyentes con los rendimientos más cercanos a estas cuantías'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2025.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Cristina Teniente Sánchez, José Ignacio Romaní Cantera, Sofía Acedo Reyes, Alma Alfonso Silvestre, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto
Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Cristóbal Garre Murcia, Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa, Belén Hoyo Juliá, Ángel Ibáñez Hernando, María Torres Tejada y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del sistema
público universitario y la necesaria implicación del Estado en su financiación y en el impulso de su excelencia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El sistema público universitario español es un pilar fundamental de nuestra sociedad. A través de la docencia, la investigación, la transferencia y su compromiso con el territorio, las universidades constituyen herramientas transformadoras
en las que se desarrollan capacidades críticas e innovadoras que impulsan el desarrollo económico, científico y cultural de nuestro país.
Somos conscientes de que para que nuestras universidades alcancen las mayores cotas de excelencia han de contar una financiación adecuada. La inversión en educación superior no es un gasto, sino una apuesta por el futuro. Las CCAA donde
gobierna el Partido Popular tienen un firme compromiso con la financiación de las universidades públicas, poniendo en valor el incremento de la financiación autonómica durante los últimos años.
Por el contrario, no puede predicarse el mismo compromiso por parte del Gobierno con la financiación de nuestras universidades, y ello a pesar de que el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario
(LOSU) establece que 'el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública'.
La aportación del Estado a la financiación de las Universidades públicas es prácticamente nula, dejando todo el peso a las CCAA, bajo un modelo de financiación basado en la fórmula yo, Gobierno, invito y tú, Comunidad Autónoma, pagas, que
utiliza como herramienta de confrontación, como se ha puesto en evidencia a cuenta de la firma del convenio María Goyri con las CCAA, para la financiación de las plazas de Ayudante Doctor y su estabilización, que corre a cargo esencialmente de las
CCAA; a lo que se une la manifiesta incompetencia del Ministerio liderado por Morant en la gestión en el ámbito de las convocatorias postdoctorales, especialmente con lo sucedido con los contratos Margarita Salas y María Zambrano; o de los fondos
europeos en el ámbito universitario, generando un alto grado de frustración, como ha sido la cancelación de las ayudas en investigación en el área de Inteligencia Artificial en diciembre de 2024.
La ministra Morant, secretaria general del PSPV-PSOE en la Comunidad Valenciana, tampoco ha desplegado en el ámbito universitario las ayudas necesarias para la comunidad universitaria como consecuencia de los daños ocasionados por la DANA el
pasado 29 de octubre.
De otro lado, el último informe de la Fundación CYD 2024, presentado el 15 de enero de 2025, señala que actualmente, el 67% del gasto en educación superior en España proviene del sector público, un porcentaje inferior al 76% de la UE, y la
proporción del gasto público en educación superior respecto al gasto público total en España es del 2,19%, por debajo de la media de la UE (2,44%) y la OCDE (2,72%). A pesar de este diferencial en cifras, lo más relevante, según el informe, es la
ausencia de una estrategia integral de asignación de recursos. Solo al establecer prioridades claras y diseñar un modelo de financiación que se base en la excelencia académica, la colaboración con el sector privado y la capacidad de respuesta a las
demandas de una economía basada en el conocimiento, se podrá maximizar el impacto de un aumento significativo de la inversión.
Resalta, asimismo, la importancia de tener un enfoque estratégico que priorice y fortalezca el papel de las universidades en el ámbito de la innovación y el desarrollo. Para ello, se identifican las prioridades estratégicas: aumentar la
inversión, en particular en investigación y transferencia del conocimiento, atraer y retener talento, mejorar la empleabilidad, asegurar la transferencia del conocimiento, impulsar la internacionalización, garantizar el acceso equitativo y acelerar
la transformación digital.
Financiación necesaria de la que ya advirtió la CRUE en diciembre de 2023, en su informe monográfico 'Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario'. La monografía calculaba 3.135 millones de euros adicionales necesarios
para la aplicación del citado artículo 55, apartado 2, de la LOSU, que establece el compromiso de alcanzar una financiación pública, como mínimo, del 1% del PIB del conjunto del Estado en materia universitaria. Y se advertía que el objetivo de
gasto público no se había consultado con las haciendas autonómicas.
Especial relevancia cobra la necesidad de que el aumento de la financiación del sistema público universitario vaya orientada al impulso de la excelencia de nuestras universidades, para lo que es necesaria una apuesta decidida en la
financiación de programas de investigación estables y que prioricen sectores estratégicos para nuestro país. El artículo 13.1 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario señala que las Administraciones Públicas fomentarán la investigación y,
asimismo, el desarrollo tecnológico en el ámbito universitario. De ahí que la presente proposición no de ley se marque como principal objetivo el aumento de la financiación de los programas de investigación dirigidos a las universidades españolas
como herramienta esencial para alcanzar el 1% del PIB.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la mejora de la financiación de las universidades públicas en una senda sostenida de crecimiento, mediante la participación de manera decidida en la financiación del sistema público universitario a través del impulso de nuevas
convocatorias de investigación.
2. Convocar con carácter urgente la Conferencia General de Política Universitaria para detallar las nuevas convocatorias de investigación, líneas prioritarias y cuantía de las mismas.
3. Abrir una negociación sobre la aportación del Estado a la financiación del sistema público universitario a través del fomento de la investigación y la innovación de manera transparente, en igualdad de condiciones y de forma multilateral.
4. Aprobar un programa de fortalecimiento de la Investigación que permita aumentar las partidas destinadas a proyectos de Investigación, contratación de personal investigador y modernización de infraestructuras científicas.
5. Asumir el coste adicional del programa Margarita Salas y la renovación del programa María Zambrano.
6. Restituir, con carácter urgente, el procedimiento de ayudas para la financiación de planes de investigación en cooperación en el área de la inteligencia artificial, anulado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
7. Establecer un diálogo con las CCAA antes de afrontar cualquier reforma que afecte a las competencias que tienen atribuidas, imputando un coste muy elevado para las universidades públicas.
8. Ejercer las competencias que le corresponde en relación a los Campus de Ceuta y de Melilla y asumir la integridad de su financiación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2025.-Óscar Clavell López, Pedro Navarro López y Ester Muñoz de la Iglesia, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de relativa a la financiación de los
Campus Universitarios de Ceuta y Melilla, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los campus universitarios de Ceuta y Melilla, gestionados por la Universidad de Granada (UGR), constituyen una pieza esencial para el desarrollo económico, social y cultural de las ciudades autónomas, así como un elemento clave para
garantizar el acceso a la educación superior en estas ciudades autónomas. Sin embargo, la financiación destinada por el Estado para el sostenimiento de estas infraestructuras educativas resulta claramente insuficiente para cubrir los costes reales
de su funcionamiento.
En el ejercicio 2023, el coste estimado para el desarrollo de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado de la Universidad de Granada a impartir en los centros universitarios de Ceuta y Melilla era de 21,6 millones de euros;
en el ejercicio 2024, el coste total de ambos campus ha sido estimado en 24,3 millones de euros, mientras que la aportación estatal consignada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tanto para 2023 como para 2024, asciende únicamente a 9,08
millones, una cifra congelada, a pesar del incremento de los costes de funcionamiento.
Esta infrafinanciación obliga a la Junta de Andalucía y a la Universidad de Granada a cubrir el déficit con recursos propios, generando una desviación de fondos que afecta al conjunto del sistema universitario público andaluz y limita la
capacidad de inversión en actividades académicas, de investigación y transferencia de conocimiento.
Cabe recordar que el artículo 27 de la Constitución Española reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca. En materia de competencias, el artículo 149 de la C.E. atribuye al Estado la competencia
exclusiva sobre las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Seguidamente, se dispone que las competencias en relación con
las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.
En este sentido, el artículo 53 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma, en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la competencia exclusiva sobre la programación y
la coordinación del sistema universitario andaluz, incluyendo la financiación propia de las universidades públicas andaluzas y, si procede, la gestión de los fondos estatales en materia de enseñanza universitaria.
El Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, determina que constituye el sistema universitario andaluz las Universidades creadas o reconocidas por Ley del Parlamento de
Andalucía. En concreto, en cuanto a Universidades públicas, de conformidad con la disposición adicional segunda del mismo texto legal, el sistema universitario andaluz está compuesto por las Universidades públicas de Almería, de Cádiz, de Córdoba,
de Granada, de Huelva, de Jaén, de Málaga, de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía.
La Universidad de Granada es una de las universidades más antiguas y con más prestigio de España. Tanto la Comunidad Autónoma de Andalucía como la Universidad de Granada mantienen una especial vinculación con las Ciudades Autónomas de Ceuta
y de Melilla, que aparece incluso explicitada tanto el su Estatuto de Autonomía, art. 228, como en los estatutos de la Universidad de Granada en su artículo 2.
Mediante Protocolo General de 18 de junio de 1999 sobre el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con los centros universitarios dependientes de la Universidad
de Granada ubicados en las Ciudades de Ceuta y Melilla, se establece que en los centros universitarios oficiales autorizados en los territorios de las Ciudades de Ceuta y Melilla, la Administración General del Estado financiará los gastos de
funcionamiento e inversión necesarios para impartir las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios incorporados al Catálogo de títulos Universitarios Oficiales, financiación que se llevará a cabo anualmente, por el Ministerio
con competencias en universidades, a la Universidad de Granada. Dicho Protocolo establece también que la mencionada financiación se llevaría a cabo, anualmente, por el Ministerio de Educación y Cultura a la Universidad de Granada, que la
incorporará a su presupuesto ordinario.
En relación con la financiación universitaria, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, dispone que las Comunidades Autónomas deben dotar a sus Universidades Públicas de los recursos económicos necesarios para
garantizar su suficiencia financiera, con respeto, según su disposición adicional decimoquinta, a los ámbitos competenciales propios de las universidades y las Comunidades Autónomas atribuidos por sus respectivos Estatutos de Autonomía; en el mismo
sentido, el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades.
Con el objetivo de dar cumplimiento a esta previsión legal, el pasado año 2023, por Acuerdo de 19 de septiembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el período 2023-2027, que contó con el informe favorable unánime de las 10 Universidades públicas andaluzas. Este Modelo de financiación garantiza y cumple con el principio de suficiencia financiera previsto en el
artículo 55 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, y en el artículo 87.3 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades.
De forma específica, para determinar la financiación de las Universidades públicas, el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2023-2027, prevé que se tendrán en cuenta las
transferencias que la Universidad de Granada recibe de la Administración General del Estado para asegurar la inversión y el funcionamiento de la actividad en los campus de Ceuta y Melilla, atendiendo a su singularidad y especiales características
geográficas, que condicionan los costes de las actividades desarrolladas.
Históricamente, mediante los sucesivos modelos de financiación y la Administración de la Junta de Andalucía, a través de los sucesivos Presupuestos de la Comunidad Autónoma, ha contribuido, en gran parte, a la financiación de los citados
campus universitarios, ubicados fuera del territorio de la Comunidad Autónoma en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Los Presupuestos Generales del Estado vienen incluyendo anualmente una partida presupuestaria destinada a compensar los costes de los campus de la Universidad de Granada en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla. Si bien, como hemos
señalado, la cantidad prevista para los años 2023 y 2024 en los Presupuestos Generales del Estado asciende únicamente a 9,08 millones de euros, lejos del coste estimado para el 2023 de 21,6 millones de euros y más alejado aún de los 24,3 millones de
euros previstos para 2024, asumiendo la Universidad de Granada un incremento de gastos con fondos propios, procedentes de la financiación con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, fijados en 11.445.641,29 euros, tras descontar
la financiación que aporta la Ciudad Autónoma de Melilla.
Este desajuste en la financiación afecta negativamente al sistema universitario público en su conjunto, ya que obliga a desviar recursos destinados a otras iniciativas que podrían haber impulsado la calidad académica, la investigación y la
transferencia de conocimiento.
Se considera necesario el cumplimiento del Protocolo General de 18 de junio de 1999, sobre el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con los centros
universitarios dependientes
de la Universidad de Granada, ubicados en las Ciudades de Ceuta y Melilla, a fin de incrementar la financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con destino a compensar el coste directo vinculado con el funcionamiento de los
mencionados Campus, financiados a través del Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2023-2027.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asumir los gastos de funcionamiento e inversión de los campus de la Universidad de Granada (UGR) ubicados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, a través del Modelo de Financiación Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
2. Compensar, con carácter retroactivo, las aportaciones presupuestarias realizadas por la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía durante los últimos 5 años para el mantenimiento y funcionamiento de los campus de la Universidad de
Granada ubicados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y sufragadas por la Junta de Andalucía y por las dos ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
3. Garantizar la financiación de la actividad investigadora de las universidades públicas españolas, en una senda sostenida de crecimiento, mediante la participación de manera decidida en la financiación del sistema público universitario,
conforme al Plan de financiación de las Universidades públicas españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2025.-María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Sofía Acedo Reyes, Javier Celaya Brey, Pedro Navarro López y Ester Muñoz de la Iglesia,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la condena de la prohibición de la marcha del orgullo LGTBI en Hungría y
en defensa de los derechos humanos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El respeto a los derechos humanos y a la igualdad de todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, es un principio fundamental de las democracias avanzadas y de la Unión Europea.
Sin embargo, en los últimos años, estamos asistiendo a una preocupante involución de los derechos de la comunidad LGTBI en algunos países de la UE, especialmente en Hungría, donde el Gobierno de Viktor Orbán, desde hace años, ha impulsado
una legislación implacable y discriminatoria contra el colectivo.
Recientemente, las autoridades húngaras han prohibido la celebración de la marcha del Orgullo LGTBI en Budapest, una decisión que constituye una grave vulneración de los derechos de reunión, expresión y manifestación, pilares fundamentales
de cualquier sociedad democrática. Esta medida no sólo atenta contra los principios y valores de la Unión Europea, sino que representa una amenaza directa a la dignidad, la seguridad y la libertad de las personas LGTBI en Hungría.
La prohibición del Orgullo en Budapest no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto de políticas discriminatorias que incluyen leyes que restringen la visibilidad del
colectivo LGTBI en los medios de comunicación, la educación y el espacio público, así como campañas de desinformación y estigmatización promovidas desde el Gobierno húngaro.
Desde el Gobierno húngaro han sido capaces de llegar tan lejos como a aprobar una norma que relaciona directamente la homosexualidad con la pedofilia. Es un recurso habitual del ejecutivo de Orbán la utilización torticera de la infancia con
el único fin de atacar al colectivo y ejecutar nuevos retrocesos.
Estas acciones vulneran los principios consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en los tratados internacionales de derechos humanos.
España, como país referente y comprometido con la igualdad y los derechos humanos, debe alzar la voz contra este tipo de medidas y reafirmar su apoyo a la comunidad LGTBI en Hungría y en todo el mundo. Es imprescindible que la comunidad
internacional y las instituciones europeas actúen con firmeza para garantizar que ningún Estado Miembro de la UE pueda socavar impunemente los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar firmemente la prohibición de la marcha del Orgullo LGTBI en Hungría y cualquier otra medida que limite los derechos fundamentales y libertades públicas.
2. Exigir al Gobierno de Hungría que respete los derechos de reunión, manifestación y expresión de las personas LGTBI, en conformidad con los valores y principios de la Unión Europea y los tratados internacionales.
3. Instar a las Instituciones Europeas a adoptar medidas contundentes contra el Gobierno húngaro, incluyendo la activación de mecanismos de sanción por vulneración del Estado de Derecho de la Unión Europea.
4. Reforzar el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos LGTBI en Hungría y en otros países donde estos derechos están amenazados, facilitando su visibilidad y cooperación a nivel europeo.
5. Promover iniciativas en el seno de la UE y otros organismos internacionales para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas LGTBI en todos los Estados Miembros.
6. Continuar defendiendo el liderazgo de España en la promoción de los derechos LGTBI en el ámbito internacional, reforzando su compromiso con la igualdad y la no discriminación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2025.-Víctor Gutiérrez Santiago y Andrea Fernández Benéitez, Diputados.-Montse Mínguez García y Maribel García López Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río e Ignacio Hoces Íñiguez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la conmemoración del 2 de mayo de 1808, día del levantamiento del pueblo español contra las tropas invasoras, para su discusión
en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
El pasado mes de marzo, el Gobierno rechazó colaborar en la tradicional parada militar del Dos de Mayo en Madrid 6: ha vuelto a demostrar que es una amenaza para España, para nuestra soberanía, nuestras tradiciones y nuestra unidad
nacional.
El 2 de mayo de 1808 es una efeméride de Madrid y de toda España: el pueblo español, en un gesto de coraje sin igual, se alzó contra la ocupación extranjera del ejército más potente de Europa en ese momento en defensa de su Patria y su
libertad. Comenzando en los barrios de Madrid, el levantamiento popular se extendió pronto por las ciudades y pueblos del resto de la Nación: hombres y mujeres de toda condición se unieron en un clamor de dignidad frente al invasor. Este
acontecimiento, germen de la Guerra de la Independencia (1808-1814), representa uno de los hitos más gloriosos y definitorios de nuestra historia, donde los españoles, sin distinción de clases, defendieron su hogar, su cultura y su soberanía.
Por ello, es inaudito que el Gobierno trate de obstaculizar la celebración de un evento histórico único no sólo en la historia de Madrid, sino de toda España: lo que nació como una respuesta espontánea de defensa y amor a lo propio, se
convirtió en una auténtica declaración del espíritu indomable del pueblo español. Esta fecha debería celebrarse en toda la Nación. Aquel día, españoles anónimos (artesanos, campesinos, soldados, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos...) ofrecieron
su vida por una causa común a todos: nuestra Patria, nuestras costumbres y nuestra libertad. Este ejemplo de unidad nacional y dignidad no puede ser olvidado, relativizado ni silenciado por el Gobierno.
El propio Napoleón reconocería que 'esa maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia... Esta maldita guerra me ha perdido' 7.
Iniciativas como el espacio temático diseñado por la Real Academia de la Historia con fechas, personajes históricos protagonistas, obras, lugares y monumentos vinculados al 2 de mayo de 1808 son una manifestación clara de la importancia de
este acontecimiento histórico 8. El Gobierno debe hacer todo lo que esté en su mano para festejarlo en la capital y el resto de España.
Esta insigne efeméride también nos recuerda que es de vital importancia asegurar la soberanía militar, aumentar la inversión en defensa y dignificar y reconocer la labor de nuestras Fuerzas Armadas en su papel de garantizar la soberanía e
independencia de España: cuestiones fundamentales que han sido constantemente ignoradas desde hace décadas por el bipartidismo.
En definitiva, en un momento histórico donde el Estado parece haber dado la espalda a la historia y a quienes la defendieron con honor, deviene necesario recuperar y fortalecer la memoria de esta gesta patriótica, patrimonio de todos los
españoles. Es nuestro deber moral y político reivindicar el sacrificio de aquellos españoles que se negaron a claudicar ante el invasor y se alzaron en nombre de España.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Levantar de manera inmediata el veto a la celebración de la tradicional parada militar del Dos de Mayo en Madrid.
2. Promover actividades educativas y culturales en centros escolares y universidades para difundir la memoria del Dos de Mayo, resaltando los valores de unidad, patriotismo y defensa de la soberanía española.
6 https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2025-03-25/veto-desfile-militar-calienta-dos-mayo-bronca-sol-moncloa_4093203/
7 https://www.abc.es/historia/cinco-errores-garrafales-provocaron-debacle-napoleon-espana-20231211041155-nt.html
8 https://www.rah.es/2-de-mayo-de-1808/
3. Colaborar activamente con todas las administraciones regionales y locales en los actos conmemorativos, evitando cualquier sesgo ideológico o revisionismo histórico que desvirtúe el sentido patriótico del Dos de Mayo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2025.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.- María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000498
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en Pleno, para frenar la especulación inmobiliaria y
garantizar el acceso a una vivienda digna.
Exposición de motivos
España atraviesa una crisis habitacional transversal sin precedentes que afecta a cualquier rango de edad de la población. Sin duda alguna, la mayor preocupación de los españoles es la vivienda, así lo indica el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), siendo durante varios meses la principal problemática para los españoles.
La compra de casas para especular ha crecido, y sigue creciendo, más rápido y a una velocidad superior que la de la vivienda habitual. La vivienda debería ser un derecho social, tal y como se reconoce en el artículo 47 de la Constitución
Española, y ha pasado a convertirse en un activo financiero, un activo con un alto nivel de rentabilidad.
Los números indican cómo la especulación aviva cada vez más en los barrios y empobrece a los españoles, el interés especulativo en vivienda se ha disparado un 85,7% respecto al 2022. A pesar de cada vez menos familias puedan acceder a una
hipoteca o a un alquiler, la vivienda sigue encareciéndose y seis de cada diez viviendas en España se pagan al contado. Esto solo se puede explicar porque la compraventa de viviendas con fines especulativos predomina sobre la compraventa de
vivienda con fines residenciales.
Las SOCIMIS (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) fueron creadas en 2009, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, bajo la consigna de revitalizar un sector muy dañado por la crisis económica del
2008: la vivienda. Las SOCIMIS, en un primer momento se presentaban con el objetivo de dedicarse al alquiler de vivienda, pero la realidad es que, además de que presentan grandes ventajas fiscales, son un motor de especulación en nuestros barrios.
En las últimas semanas se ha hecho público un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para modificar el régimen SOCIMI que goza de un régimen fiscal favorable: pagan solo un 1% en el impuesto de
sociedad. Este régimen fiscal ha propiciado que grandes inversores internacionales lleguen a España y ha profesionalizado el sector inmobiliario, mermando así el derecho a una vivienda digna. España se ha convertido en el país con mayor número de
socimis; quien hay detrás de esta figura son empresas, fondos de inversión como Blackstone o Cerberus, que poseen más de 1.000 millones de euros en casas y juegan a la especulación, expulsan a la gente de sus barrios y vivienda y vulneran el
derecho constitucional a la vivienda.
Pero, ante la emergencia del derecho a la vivienda en nuestro país y la ruptura democrática que supone la desigualdad derivada por las rentas del capital y la herencia inmobiliaria urge derogar cualquier tipo de arquitectura legal pensada en
acumular vivienda y en pagar menos impuestos. Debemos prohibir cualquier compra especulativa de vivienda y proteger el derecho constitucional a la vivienda para garantizar la libertad, la igualdad y la seguridad del conjunto de la ciudadanía.
Proposición no de Ley
'Por todo ello, se insta al Gobierno de España a:
1. Aplicar las modificaciones legales necesarias para prohibir la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos buitre.
2. Derogar de forma urgente la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, y aplicar una fiscalidad mayor a las empresas y fondos de inversión propietarias
de vivienda que a las familias por su vivienda habitual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2025.-Alberto Ibáñez Mezquita, Teslem Andala Ubbi y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.