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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 323, de 15/04/2025
cve: BOCG-15-D-323
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de abril de 2025
Núm. 323
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001985 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para recordar a José Díaz Linares, Subinspector de la Policía Nacional. ... (Página5)
161/001992 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la defensa del Valle de los Caídos y su declaración como Bien de Interés Cultural. ... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001981 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al rechazo de la persecución que sufren los cristianos en Siria y la suspensión de los fondos de la Cooperación española en aquellos países que no se
respete la libertad religiosa de los cristianos. ... (Página11)
161/001982 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la condena de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen de los ayatolás en la República Islámica de Irán. ...
161/002007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de la población civil en Siria. ... (Página16)
161/002008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo a nuestra industria. ... (Página18)
Comisión de Justicia
161/001998 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al acceso gratuito a la justicia para personas vulnerables y subida IPREM. ... (Página19)
Comisión de Interior
161/001993 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la acogida de niñas, niños y adolescentes no acompañados solicitantes de protección internacional. ...
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001980 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al Taller de Águilas en Murcia. ... (Página22)
161/001983 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración del estudio informativo para la integración ferroviaria de Tomelloso y Argamasilla de Alba entre las líneas férreas de Andalucía y Levante.
... (Página24)
161/001984 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al desdoblamiento de la N-120 y la construcción definitiva de la A-12 en el tramo que discurre entre Santo Domingo de la Calzada y Burgos. ...
161/001987 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a los mapas concesionales de transporte de viajeros por carretera como factor de lucha contra el reto demográfico. ...
161/001989 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de una política efectiva de gestión de la conservación del patrimonio viario. ... (Página29)
161/001995 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la mejora de la seguridad vial de la N-550 a su paso por el Concello de Valga. ... (Página34)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la regularización y protección de las personas afectadas por la DANA. ... (Página37)
Comisión de Industria y Turismo
161/002011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre materias primas fundamentales. ... (Página40)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001988 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a reforzar la garantía de información sobre el precio de venta y el precio por unidad de medida. ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo institucional a la creación y funcionamiento de la IGP 'Cereza de Calatayud y del Aranda'. ... (Página45)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001986 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a los mapas concesionales de transporte de viajeros por carretera como factor de lucha contra el reto demográfico. ...
161/001999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso definitivo al biometano en España. ... (Página48)
161/002012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre materias primas fundamentales. ... (Página53)
161/002013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de impulso de la Circularidad Hídrica a través de un Plan Nacional de Recarga Artificial de Acuíferos. ... (Página57)
161/002014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de la Presa de Corumjoso ... (Página60)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001994 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre los fondos Next Generation EU destinados a la regeneración urbana del barrio del Besòs-Maresme y de la Trinitat Vella. ...
161/001997 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al Parque de Vivienda Pública. ... (Página65)
Comisión de Cultura
161/002004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para reconocer la figura de María Moliner por su compromiso con la cultura y conmemorar en 2026 los primeros sesenta años de la primera impresión de su
Diccionario del uso del español. ... (Página68)
161/002005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para instar al Gobierno de España a apoyar y respaldar que Zaragoza sea la sede de la Gala de los Premios Goya en 2028, a través del diálogo con la Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y el resto de las instituciones. ... (Página69)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la atracción y retención del talento científico e innovador, como respuesta a la ola internacional reaccionaria y negacionista. ...
Comisión de Igualdad
161/002006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la condena de los discursos de odio de líderes internacionales contra el colectivo LGTBI y la necesidad de reforzar su protección en España y a
nivel internacional. ... (Página72)
Comisión de Juventud e Infancia
161/001904 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. ... (Página73)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001462 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el desarrollo de la figura del experto facilitador judicial.
Incorporación de firma ... (Página76)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001991 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora de la seguridad de los trabajadores que prestan su servicio en las carreteras españolas. ... (Página76)
161/001996 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la mejora de la seguridad vial de la N-550 a su paso por el Concello de Valga. ... (Página78)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001081 Pregunta formulada por los Diputados José Alberto Herrero Bono (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre estado en que se encuentran los estudios informativos y proyectos relativos al Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo,
así como plazos de licitación y posterior ejecución por parte del Gobierno. ... (Página81)
181/001082 Pregunta formulada por los Diputados Esther Llamazares Domingo (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre previsiones acerca de la finalización del servicio de ambulancia en Asturias a partir del día 30/04/2025 y protocolo de
actuación sanitaria que se activará en este aeropuerto a partir de esa fecha en caso de emergencias médicas. ... (Página81)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
181/001080 Pregunta formulada por los Diputados Joaquín Robles López (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX) y González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX), sobre acciones que está desarrollando el Gobierno para promocionar fuera de España el
aprendizaje del español como lengua oficial del Estado. ... (Página82)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/011650 Autor: Guijarro García, Txema Martínez Barbero, Verónica
Estado de las concesiones de los dos edificios de la Dirección General de la Costa y el Mar en la avenida Julián Valverde de Sabaría, de Baiona (Pontevedra). ... (Página82)
184/021617 Autor: Martínez Seijo, María Luz García López, Maribel
Relación nominal de los consejeros de educación en el exterior dependientes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Retirada ... (Página83)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/001985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Hoces Íñiguez, Francisco Javier Ortega Smith-Molina E Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para recordar a José Díaz Linares, Subinspector de la Policía Nacional, para su discusión
en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. El primer policía gallego asesinado por ETA
José Díaz Linares fue asesinado, el 29 de marzo de 1975 1, a sangre fría al salir de su casa en el barrio de Inchaurrondo de San Sebastián, cuando tenía 29 años. Según el relato de los hechos de ese día, seis miembros de ETA 'desde la acera
de enfrente, [...] tras una furgoneta gris le ametrallaron. A su mujer le dio tiempo a ver cómo intentaba sacar el arma y caía muerto antes de poder disparar. Tenía nueve impactos en la espalda y en el suelo encontraron más de cuarenta casquillos
de calibres diferentes' 2. Los terroristas robaron una furgoneta apenas una hora antes. Su propietario, que se encontraba en esos momentos descargando artículos de pastelería, fue maniatado, amordazado y encapuchado en el interior de esta, a
continuación, se dirigieron al barrio donostiarra de Inchaurrondo con el objetivo de asesinar al Subinspector.
El Subinspector Linares estaba destinado en la Comisaría de San Sebastián. Nació el 24 de agosto de 1945 en San Miguel de Vilela, parroquia del municipio de Taboada (Lugo). Estudió Magisterio en Lugo, para posteriormente acceder a la
Academia General de Policía. Ingresó en el Cuerpo General de Policía en 1972 3, y un año antes de su asesinato fue destinado a San Sebastián, su primer destino profesional. Estaba casado con Francisca Viscoso y tenía una hija. Su asesinato se
produjo cuando ya había solicitado, y obtenido, su traslado a La Coruña, donde tenía que incorporarse en el plazo de un mes.
1 https://www.policia.es/es/tupolicia_memorial_timeline_victimas.php.
2 https://www.rtve.es/memoriadevida/detalle.php?id=31.
3 https://cnpiefb.blopspot.com/2023/12/iose-diaz-linares-el-primer-policia.html.
José Díaz Linares fue la primera víctima de ETA en el sangriento año de 1975 (17 víctimas), y su asesinato fue el inicio de una escalada en el número de crímenes mortales que alcanzaría en 1980 casi el centenar 4.
Segundo. El reconocimiento necesario
El desconocimiento de estos asesinatos por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada 'Ley de Memoria Democrática' que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y el separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley 'consagra como portaestandartes de la memoria democrática no solo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras
organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo'.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
y cobarde en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones...
Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente
enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender la unidad de España; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad y amor a la Patria común.
No puede entenderse el asesinato de José Díaz Linares fuera de este contexto. Miembro de un cuerpo policial de los que formaban entonces las fuerzas de mantenimiento del orden público, su servicio a España en la labor de preservación de la
paz y de la seguridad lo hacían claro destinatario del odio ya mencionado por parte de los integrantes de la banda criminal marxista y antiespañola ETA. Es, por tanto, uno de tantos servidores públicos que han sido víctimas de su fidelidad al
cumplimiento del deber. A su vez, la comunidad nacional debe corresponder a esa fidelidad con la gratitud y el reconocimiento.
Debe subrayarse, en todo caso, que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser
españoles y defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional. De acuerdo con todo ello, cuando se
están cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus familiares; repudiar unánime y contundentemente a
la banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en acciones y en principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España como Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido
destruir.
4 https://www.rtve.es/noticias/20211020/cifras-barbarie-eta-mas-850-asesinatos-2600-heridos-casi-90-secuestrados/2195448.shtml.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Expresa su consideración y su respeto por la memoria del Subinspector de la Policía Nacional José Díaz Linares, agradeciendo su labor en el cuerpo policial al servicio de España.
2. Manifiesta su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por
otras víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2025.-Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Ignacio Hoces Íñiguez y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Hoces Íñiguez e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa del Valle de los Caídos y su declaración como Bien de Interés Cultural, para su discusión en la Comisión de
Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. El Valle de los Caídos, monumento a la reconciliación
El conjunto monumental de lo que se conoce como Valle de los Caídos se compone de la Abadía, la Hospedería, la Escolanía y la Basílica. La construcción, que se alargó durante casi veinte años, se realizó bajo la dirección de dos
arquitectos: Pedro Muguruza hasta 1950 y Diego Méndez desde este año, que sustituyó al primero por motivos de salud.
Desde que se planificó la edificación de este monumento su espíritu fue que se convirtiese en 'un lugar de oración y estudio'. El monumento proyectado debía servir de recuerdo a todos los caídos en la Guerra Civil; así puede observarse con
claridad en el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Así, bajo la Cruz y los elementos sagrados del templo y el panteón se pretende la pacificación, la consecución de 'los fines religiosos, sociales y culturales al servicio de la
obra pendiente de la concordia y de la justicia entre los españoles, aparte de servir como memoria y túmulo de todos los caídos' 5.
Siguiendo la tesis del profesor Bárcena Pérez 6, 'toda la documentación analizada desmiente la leyenda negra de la que el Valle de los Caídos viene siendo objeto desde hace años. Leyenda que ha servido como soporte para la campaña, iniciada
abiertamente durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, con fines políticos y apoyos externos' 7. Bárcena Pérez señala en la obra citada que en la construcción participaron presos a los que se le otorgó la 'redención de penas' 'como solución al
problema de los presos políticos, entendiendo por tales, principalmente, los que fueron encarcelados por su participación en la propia guerra o en la represión de la zona republicana'. Esta redención de penas de los presos era voluntaria, y muchos
de ellos pidieron el traslado a esas obras e incluso se asentaron en compañía de sus familias.
Según los datos publicados 8, y coincidiendo con el fin de servir a la pacificación de España tras la devastación provocada por la Guerra Civil, 'en la Basílica hay más de 33.700 caídos de ambos bandos según el registro (o más de 50.000,
según otras estimaciones más probables), procedentes de toda España, por detrás de las dos grandes capillas del Santísimo y del Sepulcro (ambas a los lados del crucero) y de las seis también laterales de la Virgen (en la nave de entrada)'.
Del conjunto monumental pueden destacarse los siguientes elementos escultóricos, pictóricos y arquitectónicos que le otorgan al Valle de los Caídos merecimiento de una singular protección: el pedestal natural del risco de la Nava que da
soporte a la cruz más grande el mundo en cuya base están representados los cuatro evangelistas y las cuatro virtudes cardinales; la Piedad de Juan de Ávalos en el pórtico, elaborada con piedra negra de Calatorao (provincia de Zaragoza); las
capillas laterales de la nave con elementos pictóricos pintados por la familia Lapayese; el altar de granito, sobre el que se alza un Cristo crucificado del escultor Julio Beovide y policromado por el pintor Ignacio Zuloaga; o el mosaico de más de
cinco millones de teselas de la cúpula realizado por Santiago Padrós.
El Valle de los Caídos, desde su configuración jurídica realizada en 1957, ha tenido su Patronato incorporado en el Patrimonio Nacional, aunque su régimen jurídico ha guardado una estrecha cercanía con la figura del Real Patronato. En
concreto, el Valle de los Caídos es uno de los lugares de significado religioso gestionados por Patrimonio Nacional, de ahí que parte del complejo monumental se considere lugar sagrado con arreglo al Derecho canónico. Fue el citado Decreto-ley de
23 de agosto de 1957 el que atribuyó la titularidad del monumento a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Esta situación fue así recibida por la vigente Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, que en su
disposición final tercera esta Ley autorizaba al Gobierno a dictar un Real Decreto que diseñara su régimen jurídico; no obstante, esa previsión quedó sin desarrollo hasta su completa derogación con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria
Democrática.
Segundo. Ataques al Valle de los Caídos
El Valle de los Caídos fue abandonado por las instituciones públicas hace varias décadas en una clara dejación de funciones, lo que ha provocado su inevitable deterioro, pese a los esfuerzos de la comunidad religiosa benedictina allí
asentada, y de muchos españoles conscientes del valor espiritual, religioso, cultural y artístico del monumento. La situación a la que se ha llevado al Valle de los Caídos ha sido deliberada, pues no se han acometido obras de reparación, ni apenas
de mantenimiento, más allá de lo absolutamente imprescindible. Por otra parte, 'Patrimonio Nacional lleva quince años prohibiendo el acceso a la cruz del Valle de los Caídos por unas obras inexistentes' 9.
5 https://valledeloscaidos.es/basilica/objetivos-fundacionales/.
6 https://repositorioinstitucional.ceu.es/entities/publication/13835975-48bf-482d-b338-ce23601d570b.
7 Bárcena, A. (2012). Redención de penas en el Valle de los Caídos. Aportes (núm. 79), págs 5-29.
8 https://vaIledeloscaidos.es/basilica/obietivos-fundacionales/.
9 https://www.eldebate.com/espana/madrid/20240202/patrimonio-nacional-lleva-quince-anos-prohibiendo-acceso-cruz-valle-caidos-obras-inexistentes_171414.html.
En los últimos años Patrimonio Nacional se ha desentendido de la situación del Valle de los Caídos, priorizando la ejecución del presupuesto en otros bienes encomendados a su gestión. Esto ha provocado que su situación se vuelva crítica e
insostenible, con goteras, cortes de luz, humedades y filtraciones de agua.
Esta situación es fruto de la voluntad política de acabar con él. La llamada 'Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante
la guerra civil y la dictadura', puso en la diana al Monumento. El propio Ejecutivo que la impulsó, creó en 2011 la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, que ya anunció un propósito de imponer en el recinto del monumento una
serie de elementos que implicasen una reinterpretación en el sentido ideológico deseado por el propio Ejecutivo.
Sería con el Gobierno de Pedro Sánchez, integrado por socialistas y comunistas, y apoyado por separatistas y secuaces del terrorismo, cuando estos truculentos designios se llevasen a cabo, en 2019 y 2023 respectivamente. Asimismo, con la
aprobación de la Ley de Memoria Democrática se declaró extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y se preveía la 'resignificación' del conjunto monumental 'con el fin de fortalecer los valores constitucionales y
democráticos'.
Es esta 'resignificación' lo que ahora pretende efectuar el Gobierno. Y es su propósito llevarla a cabo de acuerdo con los mismos principios que inspiran todas sus políticas en materia de la llamada 'memoria democrática'. Se trata de la
imposición totalitaria, como ideología oficial del Estado, del programa que anima el Ejecutivo: un subproducto ideológico combinado en el que confluyen la disolución social de la izquierda y la disolución nacional de los separatistas. Esta
ideología destructiva es la que dota de cohesión a todos los partidos que integran la precaria mayoría parlamentaria que sostiene en el poder a Pedro Sánchez.
Desde la propuesta de desenterrar los restos mortales de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, contra el principio de respeto a los muertos que es básico en nuestra civilización, ha sido permanente la dinámica de imposición
totalitaria de su ideología en todos los niveles de la sociedad y del poder público. La destrucción del conjunto del Valle de los Caídos tal como lo conocemos sería para el Ejecutivo y sus secuaces otra victoria simbólica en el camino de su total
hegemonía política y cultural.
No es ésta, sin embargo, la única manifestación de la nociva ideología que inspira al Gobierno y a sus cómplices en su ataque al Valle de los Caídos. Tanto la izquierda con su internacionalismo apátrida como el odio antiespañol de los
separatistas son elementos recíprocamente complementarios para la destrucción de España como comunidad política y la eliminación de su identidad histórica y cultural. No es una casualidad que el Ejecutivo que pretende acabar con el Valle de los
Caídos sea el mismo que se propone erradicar de nuestros museos la huella de España en otras partes del mundo. Tampoco es casual que aliente la llegada masiva de inmigrantes ilegales procedentes de países islámicos; que considere la cultura
musulmana como perfectamente homologable en un país occidental, desconociendo deliberadamente sus aspectos incompatibles con nuestra civilización; o que ampare y estimule la burla y la destrucción de los símbolos de la tradición cristiana que
vertebra a España y a la misma Europa. Tomar conciencia de ello debe equivaler a asumir el propósito inquebrantable de preservar el Valle de los Caídos y la Cruz que lo preside, porque su defensa es la defensa de nuestra identidad española y
occidental.
Tercero. La declaración de bien de interés cultural
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español establece en, su título I, el procedimiento para la declaración de un Bien de Interés Cultural (en adelante, BIC). Este singular régimen protector supone el grado máximo de
protección de los bienes inmuebles declarados de interés. Se establece en esta misma Ley que 'los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los
titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes', y, además, se reconoce que 'la
utilización de los bienes declarados de interés cultural [...] quedará subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejen su conservación'. De igual manera, de ser declarado BIC, supondría que 'no podrá realizarse obra
interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar
en fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración'. Es decir, los planes del Gobierno entrarían en confrontación directa con la protección que debe
otorgarse. Del mismo modo, cabe recordar que la legislación regional aplicable también prevé la posibilidad de emplear este tipo de protección. En una suerte de intento de contentar a cierta parte del electorado, la actual Administración regional
de Madrid declaró BIC, como patrimonio inmaterial, la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, pero no el conjunto monumental. A todas luces, resultó un gesto insuficiente dirigido únicamente a 'acallar su conciencia', como
se declaró en su momento.
Esta misma semana el Gobierno anunciaba que 'gastará más de 30 millones de euros en la resignificación de Valle de los Caídos de los cuales cuatro millones serán para el concurso de ideas y la redacción del proyecto y 26 millones, para toda
la resignificación, la museografía y la construcción del museo o centro de interpretación, que estará ubicado en la explanada de acceso a la basílica 10.
Dado el valor artístico, cultural y arquitectónico del conjunto monumental, y conocidos los planes del Gobierno de desnaturalizar la finalidad del monumento; uno de los últimos resortes que quedan para garantizar su integridad es que se
produzca la declaración de BIC, ya sea por Real Decreto o por ministerio de la ley.
En definitiva, la declaración de BIC puede ser una de las últimas posibilidades de evitar que se produzca la materialización de un plan para imponer una versión de la Historia de España sesgada y divisiva, basada en un revisionismo histórico
que busca imponer una visión partidista de los hechos ocurridos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar la Abadía, la Hospedería, la Escolanía y la Basílica del Valle de los Caídos como Bienes de Interés Cultural.
2. Proceder a la inmediata reparación de los desperfectos como humedades, goteras y filtraciones en el interior de la Basílica; el deterioro de la fachada exterior, o el estado en el que se encuentra la galería exterior de la Abadía, que
permita garantizar la adecuada conservación del conjunto histórico artístico.
3. Reconocer el valor histórico y artístico del conjunto representado por la Cruz, la Abadía, la Hospedería, la Escolanía y la Basílica, así como su condición de símbolo de la identidad y de la historia de España.
4. Cesar cualquier tipo de iniciativa que suponga la resignificación del Valle de los Caídos.
5. Desistir del propósito de licitar el concurso de ideas y la redacción del proyecto para las obras que se pretenden iniciar en el Valle de los Caídos.
6. Impulsar las modificaciones legislativas que determinen la total derogación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática; y que, por lo que respecta al Valle de los Caídos, establezcan que es nula y sin efecto la
declaración de extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos; y que el régimen jurídico de dicho lugar se determinará de acuerdo con la comunidad religiosa allí establecida, y siempre con arreglo a los principios de respeto a
los restos mortales que allí se hallen, de inviolabilidad de los lugares de culto, y de cumplimiento de los tratados internacionales en
10 https://www.elmundo.es/espana/2025/03/27/67e59f7ee4d4d8982b8b458c.html.
la materia, y en todo caso del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2025.-Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001981
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa al rechazo de la persecución que sufren los cristianos en Siria y la suspensión de los fondos de la Cooperación española en aquellos países que no se respete la libertad religiosa de los cristianos.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto tercero ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco José Alcaraz Martos, Jorge Campos Asensi y María de los Reyes Romero Vilches, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al rechazo de la persecución que sufren los cristianos en Siria y la suspensión de los fondos de la Cooperación española en
aquellos países que no se respete la libertad religiosa de los cristianos, para su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El informe ¿Perseguidos y olvidados?, elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, relata la persecución que sufren los cristianos por su fe 11. Una de las conclusiones que se
11 '¿Perseguidos y olvidados? Informe sobre los cristianos discriminados o perseguidos por su fe 2022-2024', Ayuda a la Iglesia Necesitada. Disponible [en línea]:
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/wp-content/uploads72024/07/ACN-PF-2024-InformaPerseguidosvOlvidados-Castellano web.pdf.
destacan es el empeoramiento del acoso que sufren los cristianos por sus creencias. De hecho, en el año 2012 eran 110 los países en los que los cristianos sufrían todo tipo de vejaciones y trato discriminatorio. Esta cifra ascendió a 166
una década más tarde 12.
Uno de los ejemplos más claros de la persecución que sufren los cristianos se encuentra en Siria. En dicho país la comunidad cristiana 'se ha visto desproporcionadamente afectada por la guerra civil. Los más de 1,5 millones de cristianos
de antes de la guerra de 2011 han quedado reducidos a 250 000' 13. A mayor abundamiento, el nuncio apostólico de Siria, el cardenal Mario Zenari, destacaba que 500 cristianos abandonan Siria cada día 14.
Así, los cristianos están siendo masacrados con el beneplácito de un gobierno liderado por Ahmed al Shara, líder de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ligada al grupo terrorista Al-Qaeda. Y a pesar de ello, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno, fue uno de los primeros cancilleres que viajó a reconocer al citado régimen sirio. Y allí, en Damasco, el ministro defendió el 'levantamiento de las sanciones a Siria 15.
Urge que el Gobierno español manifieste su rechazo más absoluto ante la persecución de las minorías religiosas, y en particular, la que sufren los cristianos en todo el mundo, en especial en Siria.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar la persecución que sufren los cristianos de Siria, así como los actos de discriminación y persecución contra los cristianos, el grupo religioso más perseguido del mundo según constatan numerosos informes y resoluciones de
organizaciones internacionales.
2. Elevar la cuestión de la persecución de los cristianos a las instituciones de la Unión Europea, de la Organización de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de las demás organizaciones internacionales desde las que se pueda
sensibilizar y concienciar a la comunidad internacional para actuar frente a estos gravísimos ataques contra la dignidad de la persona.
3. Elaborar, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en un plazo no superior de 6 meses, un informe en el que se detalle un listado de países en los que los Estados no garanticen la libertad religiosa de
los cristianos y, en los que el Estado español financia proyectos de cooperación. Este informe deberá ser presentado con carácter anual en el Congreso de los Diputados.
4. Denegar la financiación de cualquier programa de cooperación en aquellos países donde no se proteja la libertad religiosa de los cristianos.
5. Impulsar cuantas medidas de apoyo a los cristianos perseguidos sean necesarias por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en defensa de la dignidad de la persona, fundamento de nuestro orden político.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2025.-Francisco José Alcaraz Martos, Jorge Campos Asensi y María de los Reyes Romero Vilches, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
12 MAJUMDAR, Samirah: 'Number of countries where religious groups were harassed new peak level in 2022', Pew Research Center, 18.12.24. Disponible [en línea]:
https://www.pewresearch.org/religion/2024/12/18/number-of-countries-where-religious-groups-were-harassed-reached-new-peak-level-in-2022/.
13 '¿Perseguidos y olvidados?... op.cit. p. 10.
14 Ibidem.
15 'Albares apoya un levantamiento gradual de las sanciones a Siria tras verse con Al Shara y ve 'garantías' para el futuro', Europa Press, 16.01.25. Disponible [en línea]:
https://www.europapress.es/nacional/noticia-albares-apoya-levantamiento-gradual-sanciones-siria-verse-shara-ve-garantias-futuro-20250116131950.html.
161/001982
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley para la condena de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen de los ayatolás en la República Islámica de Irán.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto décimo ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, Alberto Teófilo Asarta Cuevas y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la condena de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen de los ayatolás en la República Islámica de Irán, para
su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. El vertiginoso incremento de las ejecuciones y la represión del régimen
En los últimos años, el régimen iraní ha incrementado de forma sensible su uso de la pena de muerte como medio para sofocar protestas y amedrentar a la población. Informes recientes de organizaciones tan distantes entre sí como Amnistía
Internacional, o el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), han destacado el aumento de ejecuciones, torturas y detenciones arbitrarias, y han apuntado a que su verdadero objetivo no es la lucha contra la criminalidad sino la necesidad
del régimen de infundir miedo entre una población cada vez más distanciada del mismo.
En concreto, el CNRI informó que en 2024 se ahorcó a 1000 personas en Irán, una cifra sin precedentes en los últimos 30 años. Entre ellas se incluyeron 34 mujeres y 7 que eran menores de edad (en el momento de los presuntos delitos), lo que
representa un aumento de aproximadamente un 16 % en comparación con los 853 casos de 2023.
A todo ello hay que sumar el incremento en el número de juicios sumarios y de ejecuciones públicas. También el CNRI ha publicado extensos informes denunciando la situación específica de las mujeres en las cárceles iraníes, donde padecen
tortura, violencia sexual y condiciones de vida inhumanas. También las minorías étnicas y religiosas, como los
kurdos, baluchis, bahá'ís y cristianos, continúan sufriendo discriminación y persecución en Irán. El régimen ha intensificado su control en las regiones kurdas y baluchis, donde ha ejecutado a numerosos activistas bajo cargos de terrorismo
o espionaje.
Segundo. La dramática situación de las mujeres bajo el régimen islamista iraní
El régimen iraní lleva décadas imponiendo el uso del hijab por la vía de la presión social e institucional, pero recientemente ha empezado a implementar también leyes para obligar a hacer uso del velo. Es el caso de la nueva 'Ley para la
protección de la familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el hiyab', cuya aprobación marca -para expertos de Naciones Unidas- 'una intensificación del control estatal sobre los cuerpos de las mujeres en Irán y [...] un nuevo
ataque a los derechos y libertades de las mujeres'.
La nueva ley contempla penas para las mujeres mayores de 12 años que no usen el hiyab, tanto en la calle como en sus comunicaciones en línea, así como a las que se les tache de 'promocionar o publicitar la desnudez' o lucir una 'vestimenta
inmodesta o inapropiada'. Si bien el Código Penal Islámico vigente en Irán ya castigaba con multas y prisión el no usar el hiyab, la nueva ley introduce multas más elevadas y penas de prisión más largas, de hasta 15 años. También permite que los
jueces apliquen la. pena de muerte por el delito de 'corrupción en la tierra'. Asimismo se contempla la intensificación de la propaganda estatal y la adaptación a ella de los contenidos educativos a fin de imponer una 'cultura de la castidad'. La
ley también delega parte de la aplicación de la ley en actores privados y ciudadanos al exigir a las personas, familias y empresas que denuncien los casos de desvelamiento y prevé un uso extensivo de la tecnología para su cumplimiento, lo que a buen
seguro creará un clima de miedo y desconfianza entre las personas y las comunidades.
Es por ese motivo que las mujeres iraníes se han colocado a la vanguardia de las protestas y la resistencia contra el régimen de los ayatolás, organizando manifestaciones, boicoteando elecciones e incluso liderando acciones de protesta desde
dentro de las cárceles. Y también por lo que se han convertido en objetivos clave de la represión estatal, que incluye arrestos masivos y represiones violentas.
Tercero. El régimen islamista iraní, elemento desestabilizador de Oriente Medio
El papel desestabilizador del régimen iraní en el complejo escenario de Oriente Medio -y también en otras regiones del planeta- constituye un motivo adicional de preocupación. Y es que el régimen ha intervenido activamente en numerosos
conflictos en la región, contribuyendo así a la generalización de la violencia y la inestabilidad en la región y más allá de ella.
Especialmente preocupante, en ese sentido, fue el ataque con misiles de crucero y misiles balísticos lanzado el 13 de abril de 2024 por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en colaboración con la Resistencia Islámica en Irak, el
grupo libanés Hezbolá y los hutíes de Ansar Allah contra el territorio de Israel y los Altos del Golán. Presentada como una represalia por el bombardeo israelí de la embajada iraní en Damasco el 1 de abril y -más en general- como una derivada de la
guerra entre Israel y Hamás, la agresión fue la primera proveniente de un Estado soberano en afectar directamente a suelo israelí desde los ataques con misiles de Irak en 1991, no disminuyendo un ápice su gravedad por el hecho de que las Fuerzas de
Defensa israelíes lograran neutralizar el 99 % de los proyectiles antes de que alcanzaran el espacio aéreo del país.
Adicionalmente, desde que se desencadenara la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 Irán ha apoyado al régimen de Putin tanto en el plano diplomático como en el militar, votando en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas que
condenan a Rusia y proporcionando regularmente material militar al ejército ruso. Según datos de Ucrania y los Estados Unidos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán ha estado presente en la Crimea ocupada, operando desde
este territorio drones contra ciudades ucranianas. Por último, es notorio que Irán sigue violando la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en julio de 2015, que tiene por objeto permitir la inspección del
programa nuclear iraní.
Cuarto. La reacción de la comunidad internacional
Es por todo ello que el pasado 25 de abril el Parlamento Europeo aprobó -por 357 votos a favor, 20 en contra y 58 abstenciones- la Resolución C9-0235/2024 condenando las violaciones de derechos humanos en la República Islámica de Irán y los
ataques por parte del régimen de los mullahs a los movimientos de oposición democrática dentro y fuera del país, y solicitando la inclusión de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (Sepáh-e Pásdaran-e Engheláb-e Eslámi) en la lista de
las organizaciones terroristas de la Unión Europea.
Asimismo, el 17 de diciembre de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó -por 80 votos a favor y 27 en contra- su 71a resolución condenando las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen iraní, haciendo patente
en ella la condena de las detenciones arbitrarias, de la tortura, de la represión ante las protestas y de la discriminación contra las mujeres, las minorías y los menores; y pidiendo el cese inmediato de las ejecuciones. También destacó las
terribles condiciones de las cárceles iraníes, en las que resulta endémica la negación de atención médica y del contacto con las familias, y la práctica de la violencia sexual contra las detenidas.
Por último, y sin ánimo de exhaustividad, el pasado 26 de febrero la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprobó -con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios de la cámara- una moción condenando las ejecuciones y
violaciones de los derechos humanos en Irán, instando además al Gobierno a ejercer mayor presión diplomática sobre el régimen iraní.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados hace patente su más decidida condena de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen de los ayatolás en la República Islámica de Irán; reafirma su firme compromiso con la libertad y la
soberanía del pueblo iraní; expresa su solidaridad con la lucha emprendida por éste en favor de la democracia, e insta al Gobierno a:
1. Hacer patente ante las autoridades de la República Islámica de Irán su preocupación por las violaciones de los derechos humanos que llevan a cabo de forma sistemática -incluyendo, sin que la lista sea exhaustiva, ejecuciones
extrajudiciales, detenciones arbitrarias, encarcelamientos indefinidos, tortura y tratos degradantes, represión de las mujeres y de las minorías- y exijan su fin inmediato.
2. Condenar enérgicamente el uso agresivo y políticamente motivado de la pena de muerte por parte de las autoridades de la República Islámica de Irán, y promuevan la abolición de la pena capital y -en tanto ello no suceda- una moratoria en
su uso.
3. Reconocer y apoyar la aspiración de las mujeres iraníes a poder elegir libremente su vestimenta, a disfrutar de las libertades de reunión, expresión y circulación; y -en general- a participar de manera plena en la vida social, política,
económica e institucional de Irán.
4. Apoyar una investigación internacional independiente sobre las graves violaciones de derechos humanos en la República Islámica de Irán, incluidos los crímenes de lesa humanidad.
5. Adoptar las medidas necesarias -siguiendo las resoluciones del Parlamento Europeo- para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la lista de las organizaciones terroristas de la Unión Europea, e impongan las
sanciones correspondientes a sus líderes por el papel desempeñado en la represión interna a sus ciudadanos y la agresión externa a otros Estados.
6. Mantener, incrementar y profundizar en las sanciones y las medidas restrictivas necesarias para maniatar al régimen islamista iraní y a sus responsables dificultando cuanto sea posible la continuidad de las graves violaciones de los
derechos humanos, de las actividades de proliferación nuclear y de apoyo militar a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y de agresión al Estado de Israel que actualmente desarrollan.
7. Brindar a los ciudadanos iraníes en el exilio y a las organizaciones que éstos conformen, así como a las organizaciones de todo tipo que brinden apoyo a los refugiados iraníes, la ayuda material necesaria para que, dentro de la legalidad
vigente, desarrollen en su territorio las actividades necesarias para el favorecimiento de una transición pacífica hacia la democracia.
8. Estudiar la posibilidad de emprender acciones conjuntas en la UE para contrarrestar la censura y el bloqueo de internet en Irán, garantizando a los ciudadanos iraníes la libre circulación de información veraz y el acceso a herramientas
digitales.
9. Reivindicar el derecho del pueblo iraní a resistir ante, y a rebelarse contra la tiranía, y a luchar por la libertad y la democracia.
10. Remitir a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados un informe anual en el que se dé cuenta de los avances en la adopción de estas medidas y que permita ajustar la política exterior española a los desafíos que para
la convivencia pacífica entre las naciones plantea el régimen islamista iraní.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2025.-Carlos Flores Juberías, Alberto Asarta Cuevas y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de la población civil en Siria, para su debate en la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde que comenzara en 2011, el conflicto en Siria ha tenido terribles consecuencias para la población y momentos desestabilizadores que aún resuenan en toda la región. Más de medio millón de personas han perdido la vida, mientras que más
de 6 millones se han visto obligadas a desplazarse internamente en Siria desde unas regiones a otras, y otros 6 millones de sirios se han visto obligados a desplazarse a países terceros (la mayoría en Turquía, Líbano o Jordania).
La cruenta guerra civil, originada por la feroz represión del régimen de Bashar al- Assad contra los manifestantes prodemocracia se transformó rápidamente en un conflicto multidimensional. A lo largo de los años, Siria ha sido escenario de
una lucha prolongada y compleja, marcada por la intervención de actores internacionales y la fractura interna entre facciones opositoras, lo que ha alterado profundamente la dinámica geopolítica de Oriente Próximo. A pesar de que en 2012 la caída
de Al-Assad parecía inminente debido a la deserción de figuras clave del régimen, el presidente sirio logró mantenerse en el poder, prolongando la guerra y sus devastadoras consecuencias. La debilidad del gobierno de Al-Assad y la imposibilidad de
que el ejército rebelde asumiera el control de Siria permitió que el grupo terrorista 'Estado Islámico' constituyera en parte del territorio sirio un califato basado en el terror, la violencia y en la continua vulneración de los derechos humanos, en
su mayoría de mujeres y niños.
Las principales potencias extranjeras y de la región intervinieron en Siria de manera directa, con tropas sobre el terreno y bombardeos aéreos: Irán, Estados Unidos, Rusia y Turquía; además de los numerosos ataques aéreos de Israel contra
objetivos militares en Siria. Durante más de una década Siria se convirtió en un conflicto extremadamente complejo, enrevesado e inserto en las dinámicas geopolíticas de Oriente Próximo.
La intensidad del conflicto disminuyó a partir del 2020, una vez derrotado el califato del Estado Islámico y la vuelta al control de Siria por parte de Al-Assad hasta el pasado 27 de noviembre del 2024 cuando el grupo rebelde Hayat Tahrir
al- Shams (HTS), emprendió, desde su reducto en la gobernación noroccidental del Iblid, una fulminante ofensiva que avanzó con celeridad tomando Aleppo el 29 de noviembre y Damasco el 8 de diciembre.
Desde la madrugada del 8 de diciembre, el paradero de Al-Assad fue objeto de todo tipo de especulaciones. Al final se supo que el presidente, había abandonado el país dejando el Gobierno en manos de su Primer Ministro, Muhammad Ghazi al
Jalali, quien prometió mantener el Gobierno, funcionando hasta que los rebeldes designaron una autoridad provisional a los pocos días.
Desde entonces la comunidad internacional vive expectante entre las dudas sobre la estabilidad de la nueva situación y la esperanza de un nuevo horizonte para Siria lleno de dificultades debido a las amenazas de la división, los daños de
décadas de conflictos civiles, y las amenazas de los grupos yihadistas que aún perviven en algunas zonas interiores de Siria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar en el seno de las organizaciones internacionales, especialmente en la ONU, las medidas de apoyo dirigidas a aprovechar esta oportunidad histórica para la reunificación y la reconstrucción del país en un proceso dirigido por Siria
y acompañado por la comunidad internacional.
2. Mostrar el apoyo a la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para promover el cumplimiento de los objetivos marcados en dicha resolución, esencialmente respetar plenamente la independencia, la soberanía y la
integridad territorial de Siria dentro de unas fronteras seguras, de conformidad con el Derecho internacional.
3. Continuar los esfuerzos dirigidos a fortalecer la estabilidad política en Siria, como los llevados a cabo con la reapertura de la embajada de España en Damasco, encaminados a fortalecer la estabilidad política en Siria y su apertura a la
comunidad internacional para abrir un marco de posibilidades de un nuevo tiempo basado en el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.
4. Seguir apoyando los esfuerzos para luchar contra el terrorismo internacional, proteger a las minorías religiosas y étnicas; preservar el ingente patrimonio cultural e histórico en Siria; y promocionar una transición política que avance
hacia una democracia respetuosa con los derechos humanos de toda la población.
5. Continuar apoyando los Derechos humanos, la diversidad, la igualdad religiosa y el papel de la mujer, con el objetivo de impulsar una transición política inclusiva en Siria y una rápida recuperación económica, reconstrucción y
estabilización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2025.-Sergio Gutiérrez Prieto, María Isabel Moreno Fernández, Adriana Maldonado López, Juan Carlos Ruiz Boix, Pepe Mercadal Baquero, María Dolores Corujo Berriel, Marc Lamuà Estañol,
Vicente Montávez Aguillaume, Cristina Narbona Ruiz, Arnau Ramírez Carner, Rafaela Romero Pozo y Obdulia Taboadela Álvarez, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo a nuestra industria, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
La llegada de Donald Trump a La Casa Blanca ha tenido consecuencias inmediatas para la economía global y lógicamente también para la europea y española.
La Administración Trump ya ha firmado las órdenes ejecutivas que imponen tarifas del 25 % de aranceles a sus vecinos, para luego retrasarlos durante un mes y después de volver a imponerlos anunciar de nuevo su suspensión; y del 10 % al
gigante asiático, amenazando con subirlas ante las represalias de esos países. Lo ha realizado eludiendo al Congreso, que, según la Constitución de los Estados Unidos, tiene la responsabilidad sobre la política comercial, recurriendo a la
International Emergency Economic Powers Act. de 1977.
Lógicamente, los países han reaccionado. Las autoridades chinas han denunciado la medida ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Canadá ha impuesto aranceles del 25 % sobre 155.000 millones de dólares de importaciones desde EE.
UU, además de barreras no arancelarias. Y México ha anunciado que responderá también de forma contundente.
La imposición de imposición de nuevos aranceles por parte de la administración de Donald Trump, en el marco de la disputa comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, ha dado lugar a una serie de contramedidas rápidas y proporcionadas
sobre las importaciones estadounidenses a la Unión Europea, y todo esto tendrá un impacto negativo significativo sobre diversos sectores productivos de España.
Una de las posibles consecuencias, la subida de la inflación es clara, como comentó públicamente la propia ChriStine Lagarde: 'Si las tensiones comerciales aumentan, se podría frenar nuestro crecimiento y haría mucho más inciertas todas las
perspectivas macro y de inflación de la zona euro'.
Si esta situación no se frena, estas medidas pueden conducirnos a una guerra comercial, con consecuencias nefastas para las bolsas, el comercio internacional y que en breve podrán percibirse también en los bolsillos de los consumidores.
España, no es ajena a estas medidas y el mercado español podría verse afectado como consecuencia de esta política arancelaria. El sector de la automoción, el primario, el tecnológico y el energético, serían los más afectados. Además,
habría que tener en cuenta que otra de las consecuencias sería el incremento de los costes de producción y los precios de los productos importados, por lo que es importante crear un frente común europeo como sistema de protección contra la nueva
política comercial de EE. UU.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Buscar soluciones a las subidas arancelarias que pueda interponer el gobierno de Donald Trump.
2. Mostrar el apoyo rotundo al conjunto del sector primario, del tecnológico, del energético y de automoción español, principales sectores en riesgo por las medidas anunciadas.
3. Frente esta situación, apoyar la decisión de la Comisión Europea de establecer contramedidas equilibradas y rápidas en aras de la preservación de nuestros intereses.
4. Seguir defendiendo los intereses de los sectores afectados en el seno de la Unión Europea.
5. Continuar apoyando a nuestras industrias evitando la guerra comercial mediante la negociación, escenario más exitoso hasta la fecha para España y para la Unión Europea en asuntos comerciales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2025.-Sergio Gutiérrez Prieto, María Isabel Moreno Fernández, Adriana Maldonado López, Juan Carlos Ruiz Boix, Pepe Mercadal Baquero, María Dolores Corujo Berriel, Marc Lamuà Estañol,
Vicente Montávez Aguillaume, Cristina Narbona Ruiz, Arnau Ramírez Carner, Rafaela Romero Pozo y Obdulia Taboadela Álvarez, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/001998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa Acceso Gratuito a la Justicia para personas vulnerables y subida
IPREM, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El artículo 119 de la Constitución española dispone que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Sin embargo, pese al mandato constitucional, cada vez más personas quedan excluidas del derecho a la justicia gratuita porque el criterio de acceso a la justicia gratuita, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), apenas ha
crecido un 11,5 % en el mismo período desde 2018, mientras el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido un 61 %, suponiendo una mejora para muchos trabajadores.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, establece que el IPREM es la referencia para determinar quién puede acceder a este derecho, pero la desincronización entre las subidas de IPREM y SMI han provocado una
distorsión en el sistema con consecuencias preocupantes en lo que respecta a la exclusión de miles de familias de su derecho a la asistencia jurídica gratuita.
En España, los costes de un procedimiento judicial oscilan entre 3.000 y 5.000 euros, una cantidad inasumible para muchas familias que, a pesar de estar en el umbral de ingresos más bajos, no pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita.
En 2025, el umbral de ingresos para que una pareja, con o sin hijos, pueda acceder a la justicia gratuita es de 21.000 euros anuales, y de 25.000 en los casos de familias numerosas. Dado que el SMI actual asciende a 16.500 euros anuales,
basta con que dos miembros de una familia trabajen y cobren el salario mínimo para quedar automáticamente excluidos, independientemente de su potencial vulnerabilidad económica. Mientras que una persona que viva solá puede acceder a este derecho,
una familia sin hijos y más necesidades económicas, no puede hacerlo. Esto va en contra del espíritu de ía Constitución y de los tratados internacionales de Derechos Humanos.
A pesar de la recomendación instada por el Defensor del Pueblo y aceptada por el Ministerio de Justicia, aún no se ha promovido ninguna medida legislativa urgentemente para paliar esta situación, ya que un futuro proyecto de ley requerirá
una larga tramitación parlamentaria.
El acceso gratuito a la justicia para personas y familias vulnerables no es un privilegio, sino un derecho esencial para garantizar la igualdad ante la ley. Cuando el sistema actual
impide que las familias trabajadoras con menos recursos puedan acceder a la justicia, el sistema falla a todas estas personas.
Se deben tomar medidas inmediatas para solucionar esta problemática, actualizando los umbrales de ingresos actuales para que el acceso a la justicia gratuita se ajuste a la evolución del SMI, de forma permanente y garantizando de esta forma
que las familias con bajos ingresos no queden excluidas de sus derechos.
Finalmente, merece la pena reiterar que la diferencia entre el SMI y el IPREM se ha ido expandiendo durante los últimos años, y es momento de que el IPREM pueda recortar distancia y continuar con la senda de disminución de la pobreza y de
redistribución de la riqueza que recorre el Salario Mínimo. Es necesario subir el IPREM al menos en un 10 % y asegurar que las futuras subidas del SMI también vengan acompañadas de subidas equivalentes del IPREM, sin menoscabo de subidas
independientes del IPREM para continuar recortando la actual distancia.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Actualizar los umbrales de renta para que el acceso al derecho a la justicia gratuita se ajuste a la evolución del SMI de manera permanente, garantizando que ciudadanos o familias con bajos ingresos no queden excluidas.
2. Subir de manera inmediata el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en un 10 %, y vincular futuras subidas del SMI a subidas equivalentes del IPREM, sin menoscabo de subidas independientes del propio IPREM a fin de continuar
recortando las distancias con el salario mínimo actual y garantizar el acceso constitucional a la justicia gratuita.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2025.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Interior
161/001993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurlnacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la acogida de niñas, niños y adolescentes no acompañados
solicitantes de protección internacional, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Las niñas, niños y adolescentes que actualmente llegan solos a España son acogidos en aquella comunidad autónoma donde se detecta su situación de desamparo, y puestos a disposición de los servicios de infancia correspondientes. Pese a que
muchos de ellos han solicitado o podrían solicitar protección internacional no son trasladados al sistema de acogida para solicitantes de protección internacional, tal y como prevé la normativa europea para quienes son mayores de 16 años si fuera
acorde a superior interés del menor.
En el caso de la Comunidad Autónoma canaria, desde 2020 está declarada la situación de emergencia para acogimiento de niñas, niños y adolescentes extranjeros no acompañados, utilizando espacios residenciales sin más limitación en su
capacidad que la que determinen sus instalaciones y el personal vinculado a ellos.
La última Orden de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, de 27 de septiembre, declaró la situación de emergencia social y atención prioritaria, y especificó que el hecho determinante que justifica esta
declaración de
emergencia es la obligación, por causa de fuerza mayor, de atender de manera inmediata a las niñas, niños y adolescentes extranjeros no acompañados que se encuentran en situación de desamparo en el contexto de una crisis migratoria.
La situación de emergencia se prolonga en el tiempo, y el perfil de los y las menores ha cambiado. Hay un importante número (más de 1000) de menores, en su mayoría procedentes de Malí y Senegal, de los cuales 543 han solicitado protección
internacional y el resto han manifestado su intención, pero que aún no han podido formalizar la solicitud. Todos los y las menores tendrían reconocidos los derechos que despliega la normativa de asilo.
En julio de 2024 el Defensor del Pueblo remitió varias recomendaciones a las administraciones implicadas con distintas propuestas de mejora de coordinación y acogida para estos niños, niñas y adolescentes, atendiendo a su interés superior y
a su condición de solicitantes de protección internacional. Entre ellas, que se permitiese el acceso a los y las menores solicitantes de protección internacional mayores de 16 años y bajo tutela de la administración canaria, el acceso al sistema de
acogida nacional para solicitantes de protección internacional.
El 21 de octubre de 2024, el Gobierno de Canarias interpuso recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta del requerimiento que había efectuado al Gobierno de España, al amparo del art. 44 UCA, a fin de que, 'en
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales en materia de asilo y protección internacional relacionadas con los menores migrantes no acompañados que se encuentran en los servicios de acogida de Canarias, proporcione el inmediato
acceso al Sistema de acogida de protección internacional de aquellos menores migrantes no acompañados que estando en Canarias hayan presentado la solicitud de protección internacional' y para que dé continuidad a las acogidas una vez sean
presentadas las solicitudes de protección internacional por otros menores no acompañados que estén en los servicios de acogida de Canarias, sin esperar acto de requerimiento.
En fecha 25 de marzo de 2025, la sección quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dicta auto requiriendo a la Administración del Estado para que, 'en el improrrogable plazo de 10 días, garantice el acceso y permanencia en el Sistema
Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores, actualmente a cargo dé los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias, que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de
solicitarla, con la necesaria colaboración y cooperación de la Comunidad Autónoma requirente, actuaciones que deberán desarrollarse bajo el principio del superior interés del menor'.
Esta medida cautelar se adopta, a la vista de la situación insostenible en que se . encuentran los niños en Canarias y aludiendo a la necesaria coherencia y cooperación entre los sistemas de acogida de menores (CCAA) y el sistema nacional
para solicitantes de protección internacional en beneficio del superior interés del menor que ambas Administraciones deben procurar.
No deja de ser una medida cautelar y, por tanto, no es la solución definitiva para resolver el problema que se plantea, el cual precisa de una nueva normativa.
Tal y como refiere el auto del Tribunal Supremo, recuerda el TC en STC 43/2025, que 'El menor extranjero no acompañado es, ante todo, un menor y como tal debe ser tratado'. Su protección inmediata corresponde a las comunidades autónomas que
han asumido competencias en materia de protección de menores, (art. 148.1. 20.3 CE y arts. 144.1.d y 147.2 de su Estatuto de Autonomía), y que deriva de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. Pero ello no es
óbice para que se le aplique la Ley de asilo cuando además de menor sea solicitante de protección internacional, y se tramite su estatuto. Competencia exclusiva del Estado, de conformidad con el art. 149.1. 2.ª CE.
El Estado debe garantizar el derecho de todo menor a formular una solicitud de protección internacional, en los términos establecidos en la Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección
internacional, y en consecuencia, a ser acogido en el sistema de acogida a cargo del Estado para proporcionar la debida protección a las y los menores solicitantes (Directiva 2013/33/UE,
por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, Ley 12/2009, de asilo y protección subsidiaria, y en el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el reglamento por el que se
regula el sistema de acogida en materia de protección internacional).
Esta obligación requiere de la adopción de medidas que faciliten la coherencia en la intervención con los menores por parte de la entidad pública de protección de menores y de la Administración General del Estado, ya que ambas tienen
competencias al respecto (artículo 140 y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Mejora de los recursos materiales y humanos que faciliten el acceso de los niños, niñas y adolescentes al procedimiento de protección internacional, reforzando el personal encargado de la identificación de las necesidades de protección
internacional, así como la tramitación de las solicitudes y la derivación a recursos de acogida adaptados a sus necesidades.
2. Habilitar un centro de Recepción, Atención y Derivación para los niños y las niñas con necesidades de protección internacional en Canarias (al igual que se hizo ante la llegada de ciudadanos procedentes de Ucrania) a fin de formalizar
sus solicitudes, acreditar su condición de solicitantes de protección internacional, así como su residencia legal en España desde su puesta a disposición de los servicios de protección de menores autonómicos, e identificar las necesidades
particulares de acogida para su derivación al recurso más adecuado.
3. Puesta a disposición de los recursos de acogida especializados a fin de garantizar que los y las menores, mayores de 16 años, con necesidades de protección internacional, gocen de los estándares de acogida previstos en las directivas
europeas que les son de aplicación (Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013), siempre que sea en su interés superior.
4. Elaboración de un protocolo de coordinación con la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, a fin de que una vez detectados los
niños, niñas y adolescentes susceptibles de protección internacional, se faciliten cuantos datos sean necesarios a los ministerios implicados y se ponga en marcha el mecanismo de identificación, formalización y derivación al recurso más adaptado a
sus necesidades y a su interés superior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2025.-Nahuel González López, Rafael Cofiño Fernández y Fèlix Alonso Cantorné, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a el Taller de Águilas en Murcia, para su debate en la Comisión
de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El Taller de Águilas, Murcia, tiene una historia de 135 años, y se construye en tomo al año 1890 cuando el gobierno de España da la concesión de varias líneas de ferrocarril a la Compañía Inglesa 'The Great Southern of Spain Railway, Company
Ltd. El proyecto primitivo consistía en construir un ferrocarril Alicante-Murcia-Granada. El proyecto no llegó a terminarse en su totalidad, creándose en 1896 la Compañía de Lorca a Baza y de la Diputación de Almendricos al Puerto de Águilas.
Dicho ferrocarril desarrollaba su actividad en el transporte de mercancías (minerales, mármoles y cemento) y viajeros. Para ello construyó todo cuanto era necesario: estaciones, cargadores de mineral para barcos, talleres para la
construcción y conservación de material, vías hasta el puerto, etc. El taller de Águilas se dedicaba en aquella época a reparar y construir el material que necesitaba la Compañía. Se construyeron tres grandes naves: en la primera, la más grande y
situada junto a las vías, se instalaron las zonas de ajuste, calderería y montaje; en la segunda situaron los tomos, taladros y fresas; y en la tercera se situaron las forjas, fraguas y fundición. Asimismo, contaba con dos naves de recorrido y
tres naves de depósito de máquinas.
Durante este periodo de tiempo han pasado varias generaciones de ferroviarios que han dado lo mejor de su vida laboral y han defendido permanentemente la continuidad del taller, convirtiendo en referencia nacional cualquiera de las diversas
actividades profesionales que se han realizado desde su creación: desde la reparación de las locomotoras de vapor, a la construcción de trenes blindados, la reparación de vagones, fabricación de vagones de nuevo tipo, construcción de cabinas para
locomotoras diésel, el acompañamiento para el mantenimiento en ruta de los trenes Altaria, o la reparación de cilindros de freno de material autopropulsado y motor.
Los ingresos de los últimos años en el taller han sido excelentes, con una serie desde 2012 a 2019 con ingresos situados entre 2.500.000 y 3.000.000 de euros, siendo estos superiores a los gastos del taller, generando unos resultados
positivos de cientos de miles de euros. A partir del año 2020 y 2021 con la pandemia y la reducción de la plantilla aun siendo aceptables, se inicia una tendencia negativa que se agudiza en los ejercicios siguientes.
Por supuesto, es imposible mantener unos ingresos estables que cubran los gastos fijos del Taller cuando se reduce en más del 50 % la plantilla de personal. Si en el año 2012 se contaba con una plantilla de 26 agentes, va reduciéndose aló
agentes en el año 2020, año en el que se comprometen las obras de modernización del Taller con la construcción de una nueva nave por un importe superior a los 750.000 euros.
En el taller desde 2011 se han reparado cerca de 50.000 componentes de freno, de los cuales solo han sido devueltos por garantía del 0,65 %, este dato es muy significativo de la calidad de las reparaciones de esta dependencia. Los niveles
de producción y de la calidad de las reparaciones llevadas a cabo han propiciado felicitaciones tanto de la Gerencia de Mantenimiento Integral Este, como de la Dirección de Producción de la Sociedad Fabricación y Mantenimiento.
Si durante el período del 2012 al 2019, se reparaban una media de 3.800 unidades, el número de componentes reparados se ha reducido a una media de 2.300 unidades durante el período 2020-2023. Es decir, la reducción de unidades reparadas
solamente se ha reducido en un 40 %. Por tanto, la producción de unidades reparadas por trabajador ha aumentado notablemente; lo que demuestra en la práctica el compromiso de los trabajadores de esta dependencia por mantener su actividad.
Como conclusión de estos datos, el centro de trabajo de Renfe contaba con una buena productividad, con una garantía de calidad en sus reparaciones y que daban como resultado una rentabilidad con un balance positivo, que se convierten en
negativos por el incumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos alcanzados, al no mantener una plantilla mínima que garantice unos buenos resultados económicos que cubran los gastos que tiene el centro de trabajo.
Concretamente, en la actualidad la plantilla del taller está compuesta por 9 trabajadores Renfe, 1 de LogiRail y 8 trabajadores de empresas auxiliares de limpieza, mantenimiento y seguridad. La media de edad de la plantilla se sitúa en 60
años. La política de recursos humanos seguida por la empresa de amortizar los puestos de trabajo vacantes del personal que llega a su jubilación y no cubrirlos con nuevos ingresos, pone en peligro su capacidad productiva y por tanto su continuidad.
Resulta difícil de comprender el hecho de que, estando en construcción la nueva línea ferroviaria entre Murcia-Almería y el ramal entre Pulpí y Aguilas, no se tenga previsto el mantenimiento de los nuevos trenes que llegarán a la localidad,
ni siquiera la previsión de la terminal intermodal de mercancías que está proyectada construir en Pulpí, con la consiguiente necesidad de mantenimiento y reparación de material remolcado y tracción de mercancías.
A favor del mantenimiento del taller se han pronunciado los Sindicatos, el Ayuntamiento de Aguilas y el Gobierno Regional a través de la aprobación de mociones o resoluciones aprobadas por unanimidad de los Plenos del Ayuntamiento y de la
Asamblea Regional de Murcia, demandando una salida como las que se han dado a poblaciones ferroviarias en declive como Alcázar de San Juan, Mérida, Linares, Miranda de Ebro, Teruel y otras.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Buscar la fórmula para mantener el Taller de Aguilas con la creación de nuevos puestos de trabajo a través de las ofertas de empleo público de Renfe y LogiRail, ante las expectativas de las nueva infraestructura ferroviaria de la zona y
su ubicación estratégica.
2. Convertir al CERC de Águilas en un Centro de Referencia de Mantenimiento de Componentes y definirlo como residencia estratégica, asegurando su continuidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración del estudio informativo para la integración ferroviaria de Tomelloso y Argamasilla de Alba entre las
líneas férreas de Andalucía y Levante, para su discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Primero. El proyecto de integración ferroviaria de Tomelloso y Argamasilla de Alba
El pasado mes de enero el pleno municipal de Tomelloso aprobó por unanimidad 16 apoyar la integración ferroviaria de Tomelloso y Argamasilla de Alba, un proyecto que se
16 https://www.lacomarcadepuertollano.com/articulo/tomelloso/acuerdo-fisuras-ayuntamiento-apoyo-proposicion-ley-integracion-ferroviaria-tomelloso-argamasilla/20250123124443577531.html.
viene retrasando desde hace años y que facilitará, entre otros, la vertebración del territorio, la descongestión del tráfico o la movilidad de los habitantes con la construcción de una nueva estación ferroviaria conjunta de ambos municipios.
En concreto, el proyecto constaría de un trazado aproximado de 46 kilómetros en vía doble electrificada de ancho ibérico polivalente con un baipás ferroviario entre los municipios de Cinco Casas y Socuéllamos, es decir, entre las líneas
férreas de Andalucía y el Levante, en una suerte de cruce que permita a los trenes pasar de una línea a otra en todos los sentidos y sin necesidad de efectuar cualquier tipo de maniobras.
Así, este proyecto permitiría la vertebración del territorio, en especial las zonas rurales de la provincia y la integración ferroviaria de Tomelloso y Argamasilla de Alba; a la vez que mejoraría la comunicación provincial y regional de
núcleos de población como Ciudad Real, Puertollano, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Manzanares, Socuéllamos, Ossa de Montiel, Pedro Muñoz, Arenales de San Gregorio o Ruidera. Según la 'Propuesta de integración ferroviaria Tomelloso/Argamasilla de
Alba' de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Tomelloso y Argamasilla de Alba, de los 46 kilómetros de vía férrea previstos, diecinueve se encuentran ya a disposición de la administración y sería necesario construir los veintisiete restantes,
con la necesaria adecuación de puentes, pasos a bajo nivel, desvíos de caminos y nuevas vías de servicio.
Segundo. Los retrasos políticos del proyecto
Desde el ámbito social ha habido varios proyectos asociativos que lo han venido reclamando desde hace años como la constitución en 1999 de la Plataforma Ciudadana de Tomelloso, que encabezó un movimiento social para la integración
ferroviaria viable de dicho municipio, o la más reciente Comisión por la Integración Ferroviaria de Tomelloso y Argamasilla de Alba constituida el 8 de febrero de 2025.
Sin embargo, la reivindicación vecinal de dicho proyecto ha sido poco fructífera, ya que los distintos gobiernos regionales y nacionales del PSOE y del PP han venido descartando dicha iniciativa.
Respecto del Partido Popular:
- El proyecto se descartó durante la segunda legislatura del gobierno nacional de José María Aznar (2001-2004).
- Durante la legislatura regional de María Dolores de Cospedal (2011-2015) no hubo interés en dicho proyecto 17.
- Y en 2015 el gobierno nacional de Mariano Rajoy también descartó la conexión 18.
- En 2003 el entonces líder de la oposición y candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a hacer realidad el proyecto cuando gobernase el Partido Socialista 19, el presidente regional José Bono afirmó contundentemente
que se trataba de un proyecto 'seguro' 20 y el vicepresidente de la Junta, José María Barreda se comprometió a ello 21.
- Más tarde, en 2005, el nuevo presidente regional socialista José María Barreda aseguró que, en el marco de las negociaciones con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se estaba valorando dicho proyecto como un ramal del proyecto del
AVE a Tomelloso, aunque no realizó ninguna petición formal y en 2006 el gobierno nacional de Zapatero también lo descartó 22.
- De hecho, esa ha sido la tónica general mantenida por los distintos gobiernos socialistas, ya que el actual presidente regional Emiliano García-Page aseguró en 2020
17 https://www.miciudadreal.es/2015/07/17/fomento-rechaza-la-inclusion-de-tomelloso-y-argamasilla-en-la-red-ferroviaria/.
18 Ibidem.
19 https://www.abc.es/espana/abci-barreda-y-alvarez-descarrila-tomelloso-200705110300-163304 1724270_noticia.html.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 https://ceclmdigital.uclm.es/pdf.raw?query=id:0002218771&page=l&lang=en&view=prensa.
que dicho proyecto 'no era imposible' 23. Sin embargo, cinco años después todavía no se ha materializado en ninguna acción concreta.
Tercero. La necesidad de realizar un nuevo estudio reciente del proyecto de integración ferroviaria
Por todos estos retrasos políticos acaecidos a lo largo del tiempo, es vital que se proceda a la elaboración inmediata de cuantos estudios sean necesarios para la realización del proyecto de integración ferroviaria de Tomelloso y Argamasilla
de Alba entre las líneas férreas de Andalucía y Levante que posibilite la vertebración del territorio.
Así pues, dichos estudios deben contemplar no sólo las condiciones actuales de dicho proyecto, sino el establecimiento de un calendario con un horizonte temporal claramente definido y una dotación presupuestaria suficiente que permita la
realización de dicho proyecto necesario para la comarca.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar el estudio informativo para la realización del proyecto de integración ferroviaria de Tomelloso y Argamasilla de Alba entre las líneas férreas de Andalucía y Levante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2025.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
161/001984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al desdoblamiento de la N-120 y la construcción definitiva de la A-12 en el tramo que discurre entre Santo Domingo de la Calzada y Burgos,
para su discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La autovía A-12 fue concebida como una infraestructura que garantizaría la conexión entre Pamplona y Burgos, mejorando así la comunicación entre dos ciudades fundamentales del norte de España. Conocida popularmente como la Autovía del
Camino de Santiago, su trazado -junto con la A-21, la A-231, la A-6 y la A-54- también buscaba facilitar el tránsito de peregrinos, configurando un corredor que abarcaría gran parte del Camino de Santiago francés, desde Pamplona hasta Santiago de
Compostela, pasando por Logroño, Burgos y León.
En este contexto, el tramo entre Santo Domingo de la Calzada y Burgos era especialmente relevante pues conecta La Rioja con Castilla y León, facilitando el tránsito de personas y mercancías entre estas dos regiones. Además, su construcción
permitiría mejorar la vertebración territorial al atravesar municipios gravemente afectados por la despoblación. Sin embargo, a pesar de su importancia, la ejecución de este proyecto ha
23 https://lavozdetomelloso.com/28704/tren_tomelloso_vuelve_asomarse_escena_politica.
acumulado múltiples retrasos, lo que ha impedido su finalización tras más de dos décadas de promesas incumplidas 24.
Actualmente, el tramo entre Santo Domingo de la Calzada y Burgos es el único pendiente de construcción. El tramo entre Pamplona y Viana fue ejecutado por la Administración foral entre 2002 y 2006, mientras que el Gobierno inició en 2007 las
obras entre Logroño y Burgos. No obstante, solo los tramos riojanos hasta Santo Domingo de la Calzada están en servicio, mientras que el tramo burgalés, de 65 kilómetros entre Belorado y Burgos, sigue sin completarse 25.
Los retrasos en este tramo han sido constantes. Aunque las obras comenzaron en 2019 con un plazo de ejecución que debía concluir en marzo de 2023, dos años después siguen inacabadas debido a múltiples factores. Entre ellos, destacan
problemas técnicos y de suministro que ralentizaron el avance de las obras y obligaron a la empresa adjudicataria a solicitar modificaciones que incrementaron significativamente el coste total del proyecto. Además, la fragmentación excesiva de la
obra en distintos tramos y los procedimientos administrativos duplicados entre dos comunidades autónomas han demorado los procesos expropiatorios y la concesión de permisos 26.
Asimismo, la adjudicación de este tramo ha quedado envuelta en la polémica del denominado 'Caso Koldo', lo que ha generado sospechas sobre posibles irregularidades en la concesión del contrato durante la etapa de José Luis Ábalos como
ministro del entonces Ministerio de Fomento, luego Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 27.
El impacto de estos retrasos sobre la zona ha sido considerable. La N-120 sigue siendo la principal vía de comunicación para los municipios afectados, y la falta de una infraestructura moderna limita su desarrollo económico y turístico,
especialmente en localidades cuya economía depende en gran medida del flujo de peregrinos y visitantes 28. Sin embargo, más allá del impacto económico, la culminación de la A-12 es una cuestión de seguridad vial. En los últimos tres años, el tramo
burgalés de la N-120 ha soportado un tráfico excesivo y ha sido escenario de catorce accidentes graves, con un trágico saldo de ocho fallecidos y diecisiete heridos. Esta situación ha motivado la movilización de los vecinos, quienes han organizado
manifestaciones semanales y cortes de carretera para exigir la finalización de las obras. Además, prevén intensificar las protestas en los próximos meses 29.
Por todo ello, resulta imperativo que el Gobierno de España garantice la finalización de la A-12, en el ejercicio de la competencia exclusiva en materia de obras públicas de interés general que le confiere el artículo 149.1.24a de la
Constitución Española y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y su desarrollo reglamentario del que es objeto el Reglamento General de Carreteras.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para ejecutar, con carácter prioritario, el desdoblamiento de la N-120 y la construcción de la A-12 en el tramo comprendido entre Burgos y Santo
Domingo de la Calzada para garantizar la seguridad vial y la conectividad en la zona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2025.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
24 https://www.cope.es/emisoras/la-rioja/noticias/autovia-logrono-burgos-sigue-terminar-belo rado-alza-voz-20-anos-espera-20250219_3098466.html.
25 Ibidem.
26 https://www.diariodeburgos.es/noticia/z095cead9-01a5-5def-96b3bldd6cla37f5/202502/la-unica-obra-de-la-a-12-lleva-dos-anos-de-retraso.
27 https://www.cronicanorte.es/la-autovia-interminable-la-a-12-la-autovia-del-camino-atascada-en-la-provincia-de-burgos-tras-25-anos-de-promesas/226987.
28 Ibidem.
29 https://cadenaser.com/castillayleon/2025/OI/10/belorado-se-rearma-para-que-el-gobiemo-ag ilice-la-a-12-en-el-tramo-de-la-provincia-de-burgos-radio-castilla/.
161/001987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurlnacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a los mapas concesionales de transporte de
viajeros por carretera como factor de lucha contra el reto demográfico, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El reto demográfico y la despoblación constituyen uno de los desafíos estructurales más importantes a los que se enfrenta el Estado Español en el siglo XXI. La pérdida de población en amplias zonas rurales ha generado un progresivo
debilitamiento del tejido económico y social, con consecuencias negativas para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural. Municipios con un rico patrimonio cultural, natural y social están en riesgo de
desaparición si no se implementan medidas urgentes.
En este sentido, la movilidad es esencial, por tratarse de un derecho básico a partir del cual ejercer todos los demás derechos: ir al trabajo, ir a los centros sanitarios, educativos, administrativos, comerciales, deportivos, de ocio,
etc., en definitiva, para cualquier cosa necesaria para desarrollar la vida.
Ya hace dos años denunciamos que, con el nuevo mapa concesional estatal y con el proyecto de Ley de movilidad sostenible, que imponen la eliminación de paradas en las rutas estatales de autobús, 111 de los 151 municipios afectados en Aragón
se van a quedar sin cobertura; 54 en la provincia de Teruel, y estarán por ello condenados a hacer trasbordos. Esta medida resulta contradictoria con la política de acercar los servicios básicos a menos de treinta minutos que promueve este
Gobierno de coalición. Si no se corrige, ese recorte de paradas perjudicará precisamente a las zonas con mayores problemas de despoblación. Desplazarse a lugares que se encuentran a veinte o treinta minutos costará varias horas, por la necesidad
de realizar trasbordos, y sin ninguna duda eso perjudica la vida de la gente.
Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para asumir en los mapas concesionales autonómicos las paradas eliminadas de los mapas estatales, se ha ofrecido como compensación a las Comunidades Autónomas la cifra, notoriamente
insuficiente, de cuarenta millones.
Desde nuestro Grupo Parlamentario se entiende que solo desde el consenso con las Comunidades Autónomas y con la debida financiación puede abordarse la reordenación de los mapas concesionales estatales y autonómicos de servicios de transporte
regular de personas por carretera con el objetivo de optimizar el servicio al ciudadano distribuyendo la demanda en sus ámbitos naturales (transporte interautonómico por el Estado e intraautonómico por las CCAA).
Y en ese caso ninguna de las paradas existentes hasta la fecha deberá desaparecer, siendo todas atendidas por las rutas concesionarias de una u otra administración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'En aras a hacer frente al problema de la despoblación, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a priorizar el objetivo de garantizar la mayor conectividad posible para los espacios del medio rural y, para ello, en el caso de
abordarse una reordenación de los mapas concesionales estatales y autonómicos de servicios de transporte regular de personas por carretera con el objetivo de optimizar el servicio al ciudadano distribuyendo la demanda en sus ámbitos naturales,
deberá hacerse exclusivamente mediante el consenso con las Comunidades Autónomas y con la dotación presupuestaria adecuada y
suficiente por parte de la Administración General del Estado. En cualquier caso, ninguna de las paradas existentes hasta la fecha deberá desaparecer, siendo todas atendidas por las rutas concesionarias de una u otra administración. En este
sentido, una parte del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ) se destinará al sostenimiento económico de servicios de transporte de competencia autonómica en territorios afectados por el reto demográfico, atendiendo en
su distribución a la superficie territorial afectada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2025.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de una política efectiva de gestión de la conservación del patrimonio viario, para su discusión en la Comisión de Transportes y
Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Primero. La red de carreteras de España
España, segundo país más extenso de la Unión Europea (504.790 km2), cuenta con una red de carreteras de 165.999,93 km de longitud, de los cuales 26.489,91 km son gestionados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, 71.521,92
km por las administraciones regionales y 67.988,10 km por las Diputaciones y Cabildos. Además, existe un viario interurbano a cargo de los Ayuntamientos (361.517 km) y 11.355 km de carreteras dependientes de otros organismos 30.
En lo que se refiere a la tipología de vía, 17.660,17 km son vías de gran capacidad (autopistas de peaje o libres, autovías y carreteras multicarril), de las cuales 12.261,32 km pertenecen a la Red de Carreteras del Estado.
Tipo vía;Titularidad;;;
;Estado
Kilómetros;Regiones
Kilómetros;Diputaciones y Cabildos
Kilómetros;Total
Kilómetros
Vías de gran capacidad.;12.261,32;4.105,72;1.293,13;17.660,17
Resto de vías.;14.228,59;67.416,20;66.694,97;148.339,76
Total.;26.489,91;71.521,92;67.988,10;165.999,93
Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.;;;;
30 Acceso: https://apps.fomento.gob.es/bdotle/visorBDpop.aspx?i=377 (10.03.2025).
Por otro lado, según el 11.º Informe anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España (2023) 31, en 2022 se registraron las siguientes cifras tráfico en las carreteras españolas (millones de vehículos-km):
Titularidad de la red;2021;2022;Var. 2022-21
Porcentaje;Porcentaje sobre el total 2021;Porcentaje sobre el total 2022
Estado.;125.909;134.903;+7,1;52,5;53,0
Regiones.;100.758;106.306;+5,5 ;42,0;41,8
Diputaciones y Cabildos.;13.279;13.250;-0,2;5,5;5,2
Total conjunto redes.;239.946;254.459;+6,0;100,0;100,0
Fuente: Observatorio del Transporte y la Logística en España.;;;;;
Segundo. Déficit de inversión en conservación de las carreteras españolas
La conservación y mantenimiento de la red de carreteras española es una necesidad de gran importancia que requiere una inversión continuada por parte de los poderes públicos. Se estima que dicho esfuerzo debe situarse entre el 2 % y 3 % del
valor patrimonial de la red 32. Además, se ha de recordar que la conservación viaria constituye una ineludible obligación legal para las Administraciones competentes' de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 del texto refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Pese a ello, actualmente la inversión destinada a la conservación de carreteras es insuficiente. El propio Gobierno de la Nación se lo reconoció a este Grupo Parlamentario en 2021 al señalar que '[era] consciente de la importancia de
incrementar la dotación económica en conservación de las infraestructuras viarias' 33. En este sentido, tal y como ha denunciado la Asociación Española de la Carretera ('AEC') en su informe sobre Necesidades de Inversión en Conservación 2021-2022,
las carreteras españolas acumulan actualmente un déficit de inversión en conservación de 9.918 millones de euros (sin contabilizar el ámbito urbano) 34.
;Déficits acumulados en conservación en la Red de Carreteras del Estado y de las regiones (millones de euros)
Andalucía.;1.276
Aragón.;959
Asturias.;418
Cantabria.;198
Castilla-La Mancha.;1.297
Fuente: Asociación Española de la Carretera.;
31 Acceso: https://cdn.transportes.gob.es/portal-web-drupal/OTLE/elementos otle/informe anual 2023_(mavo 2024).pdf (11.03.2025).
32 3En lo que se refiere al valor patrimonial de las carreteras españolas se estima en 260.000 millones de euros, de los cuales, 106.000 millones de euros corresponden a la Red de Carreteras del Estado. Acceso: https:/ / www.acex.eu/;
https://www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/un-tesoro-asfalto-fomento-valora-100-000-millones-red-viaria-estado-5293323/#:~:text=Un% 20informe%20realizado%20por%20el,m%C3%A1s%20que%201a%20%C3%BAItlma%20estimaci%C3%B3n.
33 Respuesta del Gobierno con número de registro 84171 (XIV Legislatura).
34 Acceso: https://www.aecarretera.com/doc/NP-Auditoria-estado-carreteras-AEC-2021-2022 def.pdf.
;Déficits acumulados en conservación en la Red de Carreteras del Estado y de las regiones (millones de euros)
Castilla y León.;1.738
Cataluña.;735
Comunidad Valenciana.;543
Extremadura.;421
Galicia.;826
La Rioja.;188
Madrid.;326
Murcia.;349
Navarra.;346
País Vasco.;298
Total.;9.918
Fuente: Asociación Española de la Carretera.;
De manera más concreta, el informe de la AEC señala que 'en cuanto al déficit, el pavimento acumula el 95 % del total, lo que se traduce en unas necesidades de inversión en reposición y refuerzo de firmes cifradas en 9.456 millones de euros
[...] para el conjunto de las carreteras españolas. De ellos, la Red del Estado, de 26.400 kilómetros de longitud, precisa de 3.084 millones, y la Red Autonómica (con 75.300 kilómetros) de 6.372 millones'. Asimismo, este análisis indica que, en
2001, las carreteras españolas gozaban de buena salud, pero 19 años después el estado de conservación de los firmes ha obtenido peor nota de toda la serie histórica, acercándose a la calificación de 'muy deficiente'.
Fuente: Asociación Española de la Carretera
Otra vía para apreciar el insuficiente grado de inversión destinada a la conservación de las carreteras españolas consiste en analizar los índices industriales de producción de mezclas bituminosas 35. En particular, el último informe de la
Asociación Europea de
35 Se entiende por mezcla bituminosa la 'combinación de un betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película
homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente'. Véase la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Pavimentos Asfálticos (European Asphalt Pavement Association, 'EAPA'), correspondiente a 2023 36, señala que España, con 18,6 millones de toneladas de mezcla bituminosa producida, ocupa la 7.ª posición europea, por detrás de Alemania (38
millones de toneladas), Turquía (31,6 millones de toneladas), Italia (31,2 millones de toneladas), Francia (30,7 millones de toneladas), Reino Unido (22,6 millones de toneladas) y Polonia (19 millones de toneladas).
Fuente: Asociación Europea de Pavimentos Asfálticos.
La referida cifra de 18,6 millones de toneladas de mezcla bituminosa producida en España, inadecuada si se atiende al tamaño de nuestra red de carreteras y extensión territorial, no es algo aislado o coyuntural. En particular, si se observa
la evolución de la producción entre 2007 y 2023 se pueden apreciar dos tendencias. En primer lugar, entre 2007 y 2013, se produjo una caída acusada de la producción de mezcla bituminosa de 36,7 millones de toneladas. En concreto, se pasó de 49,9
millones de toneladas producidas en 2007 a 13,2 millones de toneladas en 2013. Posteriormente, desde 2019 hasta la actualidad, la cifra de producción se ha estancado entre 17 y 19 millones de toneladas producidas en el conjunto de España, sin
conseguir romper la barrera de los 20 millones de toneladas de mezcla bituminosa producida.
Fuente: Asociación Europea de Pavimentos Asfálticos
En lo que se refiere a la cifra de producción en 2024, la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas ('ASEFMA') ha realizado una primera estimación señalando que se ha producido una caída del 8,9 % respecto 2023, alcanzándose
una cifra total de 17 millones de toneladas de mezcla bituminosa producida en España. Se confirma así la tendencia zigzagueante de los últimos años.
36 Acceso: https://164.wpcdnnode.com/eapa.org/wp-content/uploads/2025/OI/asphalt-in-figures-2023-regular-version.pdf.
Del mismo modo, según ASEFMA, la producción óptima de mezcla bituminosa anual en España debería situarse entre 30 y 35 millones de toneladas (32,5) 37. Así, desde 2010, España arrastraría un déficit acumulado de 210,3 millones de toneladas
de mezcla bituminosa producida para mantener en un óptimo estado de conservación la red de carreteras, cuyo valor se aproximaría a la cifra dada, a su vez, por la AEC.
Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas.
Tercero. Consecuencias de la falta de inversión suficiente en la conservación de carreteras
Lejos de parecer una cuestión baladí, lo cierto es que un deficiente estado de conservación de las carreteras influye de forma considerable en otros factores:
- En primer lugar, influye en la fluidez del tráfico 38 y afecta a la comodidad de la conducción (repercutiendo en el cansancio del conductor).
- En segundo lugar, genera un coste económico oculto que repercute directamente en el bolsillo de los españoles -según cifras de la AEC, circular por una carretera en mal estado incrementa al menos un 10 % el consumo de combustible 39-. A
ello habría que añadir el hecho de que el mal estado del firme incrementa también los costes de mantenimiento de los vehículos (mayor desgaste de neumáticos y necesidad de reemplazar más a menudo las piezas de los sistemas de suspensión y dirección
de los vehículos). En particular, se estima que la vida útil de los neumáticos puede disminuir un 10 % en vehículos pesados y un 66 % en los ligeros, pudiendo aumentarse los costes de mantenimiento en este tipo de vehículos en un 129 % para los
vehículos pesados y en un 185 % para los vehículos ligeros 40.
- Por último, la seguridad vial también es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta al realizar inversiones en conservación. Se ha constatado que, en determinados casos, el estado de la infraestructura puede ser coadyuvante en el
accidente 41 o dificultar el intento del conductor de recuperar la situación 42.
37 Acceso: https://asefma.es /wp-content/uploads/2024/09/Asfalto-y-Pavimentaci%C3 %B3n-54-baja.pdf.
38 Véase el Highway Capacity Manual 2000, National Academy of Sciences.
39 Acceso: https://www.aecarretera.com/doc/NP-Auditoria-estado-carreteras-AEC-2021-2Q22_def.pdf.
40 ESTRADA FERNÁNDEZ, J.A. y SÁEZ VILLAR, P. (2016): 'La explotación, mantenimiento y conservación de las carreteras' en Revista de Obras Públicas, núm. 3574, págs. 37-54.
41 A modo de ejemplo, se puede traer a colación la Sentencia de la Audiencia nacional de 22 de marzo de 2005: 'Existen pues elementos probatorios suficientes que acreditan que el firme no se encontraba en debidas condiciones para la
circulación de vehículos en una situación particular, provocada por la lluvia. Por el contrario, el atestado no refleja una inadecuada conducta del conductor del vehículo dañoso. [...] En definitiva, nada hace pensar que concurriese o cooperase a
la producción del resultado lesivo una conducta imprudente del conductor al no ajustar la velocidad del vehículo a las condiciones climatológicas. Todo ello permite concluir que la única causa determinante o eficiente del resultado lesivo radica en
el mal estado del firme en el tramo de carretera en que ocurrió el accidente, que se encontraba impregnado, de una materia deslizante y muy gastado; y además que existió nexo causal entre el resultado dañoso y el funcionamiento del servicio'.
42 FUNDACIÓN MAPFRE (2015): Contribución de la carretera a la mejora de la seguridad vial en España.
Quinto. Conclusiones
En España el 95,2 % del transporte de mercancías y el 85,9 % del transporte de personas se realizan por carretera 43. Por esta razón, no puede permitirse seguir claudicando de su obligación de conservación de las vías. La infraestructura
viaria supone una verdadera garantía de la vertebración territorial de nuestra Patria, además de contar con un valor patrimonial estimado de 260.000 millones de euros 44.
A pesar de todo ello, se ha venido constando un progresivo deterioro de la red de carreteras en su conjunto, principalmente fruto de la falta de voluntad política. De poco sirve destinar recursos públicos a la construcción de una amplia red
de carreteras como la española si, en cambio, no se considera prioritario velar por una conservación adecuada que garantice el mantenimiento de su funcionalidad. En relación con lo anterior, cada vez es más común encontrar en las carreteras
españolas, como si de una señal de tráfico más se tratase, de carteles que advierten de la existencia de firme en mal estado. De esta manera, no solamente las diferentes Administraciones parecen olvidar que la conservación de las infraestructuras
viarias constituye una obligación legal para ellas, sino que también se está pretendiendo que los españoles asuman este deterioro como una realidad inevitable, algo totalmente inaceptable. La seguridad de los españoles no puede depender de su
capacidad de adaptarse a la precariedad vial.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover cuantas medidas sean necesarias a fin de:
1. Adoptar en el conjunto de la Nación una política de gestión de la conservación del patrimonio viario sistemática y fundamentada en la asignación de recursos estables y crecientes en función de la calidad de la red y su longitud.
2. Garantizar que la distribución territorial de la inversión en conservación viaria se fundamente exclusivamente en criterios objetivos y busque optimizar los resultados.
3. Incrementar la inversión presupuestaria en conservación de carreteras con el fin de reducir el actual déficit inversor, mantener el valor patrimonial del dominio público viario y garantizar que los elementos del patrimonio viario se
conserven en condiciones de funcionalidad. En particular, se estima necesario que el esfuerzo inversor en conservación viaria tome en consideración el valor patrimonial de la red.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2025.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001995
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la mejora de la seguridad viaria de la N-550 a su paso por el Concello de Valga, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
43 Acceso: https://cdn.transportes.gob.es/portal-web-drupal/OTLE/elementos_otle/informe anual 2023_(mayo_2024).pdf (11.03.2025).
44 Acceso: https://www.acex.eu/; https://www.20minutos.es/Iainformacion/economia-v-finanzas /un-tesoro-asfalto-fomento-valora-100-000-millones-red-viaria-estado-5293323/#:~:text=Un%20informe%20realizado%20por%20el.m%C3
%Als%20que%20la%20%C3%BAltima%20estimad%C3%B3n.
Exposición de motivos
La N-550 atraviesa el Concello de Valga, incluido su núcleo urbano, donde pasa a denominarse Avenida da Coruña y constituye la calle principal de la localidad. Sin embargo, este recorrido no se adapta a las directrices y necesidades
actuales de los espacios urbanos y requiere de actuaciones que logren su humanización e integración en la trama urbana.
Así, la N-550, al atravesar Valga mantiene las características de una carretera en lugar de adaptarse al entorno y convertirse en una calle integrada en la trama urbana, al carecer de los elementos necesarios en materia de seguridad vial y
estar destinada principalmente al tráfico motorizado, mientras que no cuenta con medidas que faciliten el tránsito peatonal pese a ser la calle central de la localidad.
De hecho, en la Avenida da Coruña es donde se ubican los equipamientos y servicios más importantes de uso cotidiano para los vecinos del municipio, como el ayuntamiento, el centro de salud o el colegio, además de comercios o restaurantes,
entre otros. Es, por tanto, la zona de mayor tránsito peatonal, pero la calle carece de los elementos de seguridad que facilitan cruzar de una acera a otra.
En consecuencia, para garantizar la seguridad de la circulación por la Avenida da Coruña, especialmente para los peatones, es necesario incorporar medidas de seguridad vial, empezando por nuevos pasos de peatones a lo largo de todo el
recorrido, ya que actualmente solo hay uno en todo el cruce. Asimismo, es necesario mejorar o remodelar las intersecciones con otras vías, además de los reguladores de velocidad del tráfico, ya que los vehículos en su mayoría circulan a velocidades
superiores a los límites máximos establecidos para los tramos urbanos.
En definitiva, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible debe actuar en este tramo de la N-550, carretera de titularidad estatal, para, en coordinación con el propio Concello, abordar la reforma integral de la Avenida da Coruña a
su paso por Ponte Valga. Son necesarias unas actuaciones que permitan adaptar la vía al entorno, humanizándola e integrándola en la trama urbana, de forma que facilite la convivencia y la seguridad de los peatones y del tráfico rodado.
Sin embargo, hasta que pueda iniciarse este proyecto, es necesario implantar, como mínimo y con urgencia, las actuaciones imprescindibles para garantizar la seguridad vial, empezando por la remodelación de las distintas intersecciones, así
como acciones de pacificación del tráfico y la instalación de pasos peatonales elevados para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad. También deberá preverse la inclusión de elementos que permitan el cambio de dirección y medidas que controlen
y limiten la velocidad máxima a 30 km/h en zona urbana.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Realizar, en coordinación con el Concello de Valga, un proyecto de reforma integral de la Avenida da Coruña que permita adaptar la vía al entorno, humanizándola e integrándola en la trama urbana, de forma que facilite la convivencia y la
seguridad de los peatones y del tráfico rodado.
2. Iniciar, como mínimo y a la mayor brevedad, actuaciones de remodelación en las diferentes intersecciones del tramo urbano que cruza Valga con el objetivo de mejorar la seguridad vial.
3. También se prevé urgentemente la instalación de más pasos de peatones, elevados donde sea necesario, que permitan cruzar la calzada con seguridad, así como medidas para pacificar el tráfico, mejorar la accesibilidad y habilitar cambios
de dirección que faciliten la integración de la N-550 en su camino a través de la localidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI para a
mellora da seguridade viaria da N-550 ao seu paso polo Concello de Valga para o seu debate na Comisión de Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
A N-550 atravesa o Concello de Valga, incluído o seu núcleo urbano, lugar en que pasa a denominarse Avenida da Coruña, constituíndo a rúa principal da localidade. Porén, esta travesía non se adapta ás directrices e necesidades actuais dos
espazos urbanos e precisa de actuacións que logren a súa humanización e integración na vila.
Así, a N-550 na travesía de Valga, mantén as características propias dunha estrada en lugar de adaptarse ao entorno e converterse nunha rúa integrada na trama urbana, pois carece dos elementos necesarios en materia de seguridade viaria e
está principalmente destinada ao tráfico motorizado, ao tempo que non dispón das medidas que faciliten o tránsito de viandantes a pesar de ser a rúa central da localidade.
De feito, na Avenida da Coruña é onde se sitúan os equipamentos e servizos máis importante e de uso diario para os veciños e veciñas do concello como son o consistorio, o centro de saúde ou o colexio, así como comercios ou restaurantes,
entre outros. Constitúe, por tanto, a zona de maior tránsito de peóns, que deben atravesar dunha marxe a outra da rúa sen os elementos de seguridade que o faciliten.
En consecuencia, para asegurar un tránsito seguro na Avenida da Coruña, especialmente para as e os viandantes, é preciso incorporar medidas de seguranza viaria, a comezar por novos pasos de peóns ao longo de todo o trazado, pois, na
actualidade, só hai un en toda a travesía. Así mesmo, é preciso mellorar ou remodelar as interseccións con outras vías, ademais de reguladores da velocidade do tráfico, pois os vehículos circulan, na súa maioría, superando os límites máximos
previstos para tramos urbanos.
En definitiva, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel debe actuar neste tramo da N-550, vía de titularidade estatal, para, en coordinación co propio Concello, abordar a reforma integral da Avenida da Coruña ao seu paso por
Ponte Valga. Unhas actuacións que permitirán adaptar a estrada ao entorno, humanizándoa e integrándoa na trama urbana, de forma que se facilite a convivencia e seguridade de peóns e tráfico rodado.
Porén, mentres este proxecto non poida ser iniciado, é preciso que se inicien, cando menos e de forma urxente, as actuacións imprescindíbeis para asegurar un tránsito seguro, a comezar pola remodelación das distintas interseccións, así como
actuacións para o calmado do tráfico e a instalación de pasos peonís elevados para mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade. Tamén debe preverse a inclusión de elementos que posibiliten o cambio de sentido e medidas que controlen e limiten a
velocidade máxima a 30 km/h na zona urbana.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Realizar, en coordinación co Concello de Valga, un proxecto para a reforma integral da Avenida da Coruña que permita adaptar a estrada ao entorno, humanizándoa e integrándoa na trama urbana, de forma que se facilite a convivencia e
seguridade de peóns e tráfico rodado.
2. Iniciar, cando menos e á maior brevidade posíbel, actuacións de remodelación das distintas interseccións no tramo urbano de Valga co obxectivo de mellorar a seguridade viaria.
3. Prever, tamén de forma urxente, a instalación de máis pasos peonís, elevados onde for preciso, que permitan atravesar a vía de forma segura, así como medidas para o
calmado do tráfico, a mellora da accesibilidade e a habilitación de cambios de sentido para facilitar a integración da N-550 ao seu paso pola vila.'
En Madrid, a 2 de abril de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001843
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre la regularización y protección de las personas afectadas por la DANA.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regularización
y protección de las personas afectadas por la DANA para su debate en en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión y Migraciones.
Exposición de motivos
Entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, diversas localidades del País Valenciano sufrieron las devastadoras consecuencias de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Este fenómeno meteorológico extremo provocó graves daños
personales y patrimoniales, afectando especialmente a colectivos en situación de vulnerabilidad y evidenció las desigualdades estructurales de la sociedad.
El dolor y la pérdida de vidas humanas son irreparables. Las secuelas de esta catástrofe se prolongarán durante mucho tiempo, y el Estado español debe ser consciente de la magnitud de esta tragedia y poner todos los medios disponibles para
paliar a corto, medio y largo plazo los efectos de la DANA.
La falta de regulación administrativa condena a miles de personas a una situación de precariedad extrema, que se acentuó por el impacto de la DANA: vulneración de derechos esenciales, sobreexplotación laboral, exclusión de servicios
públicos (como la sanidad o la educación) y la imposibilidad de acceder a ayudas o subvenciones para mejorar sus condiciones de vida.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2025 estableció procedimientos para la solicitud de autorizaciones por circunstancias excepcionales sobrevenidas, así como para la prórroga y renovación de autorizaciones de residencia
y trabajo para personas extranjeras en municipios afectados. No obstante, persisten importantes deficiencias en la aplicación de estas medidas, dejando fuera a un número significativo de personas afectadas debido a requisitos burocráticos difíciles
de cumplir, como la exigencia de empadronamiento previo al 4 de noviembre de 2024.
Las dificultades para acceder al empadronamiento afectan a quienes viven en situaciones precarias (habitaciones alquiladas sin contrato, bajos sin cédula de habitabilidad, infraviviendas o incluso en situación de sinhogarismo). No disponer
de empadronamiento supone la imposibilidad de acceder a derechos básicos y a las ayudas de recuperación para rehacer sus vidas con dignidad y para una plena integración en la sociedad.
Asimismo, la autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas, estimada en 26.000 personas beneficiarias, deja fuera a unas 14.000 personas, según diversas estimaciones. Es necesario que el Gobierno español
regularice la situación de las personas migrantes que no cumplen con los requisitos para acceder a la autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas. Las circunstancias excepcionales, como la DANA, requieren respuestas
estructurales que garanticen una respuesta efectiva y no provisional.
Por otro lado, las ayudas económicas para paliar los daños personales y patrimoniales han concluido impidiendo que las personas en proceso de regularización puedan acceder a ellas en igualdad de condiciones.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Ampliar los criterios de acreditación de residencia en los municipios afectados por la DANA, aceptando documentos alternativos al empadronamiento, tales como:
- Certificados de escolarización de menores.
- Facturas de suministros.
- Informes de asistencia a centros de salud u hospitales.
- Inscripciones en actividades culturales o deportivas.
- Pertenencia a asociaciones, sociedades musicales, centros cívicos u otras organizaciones con personalidad jurídica.
- Informes de los servicios sociales municipales.
2. Ampliar los plazos de solicitud de ayudas económicas para que las personas en proceso de regularización puedan acceder a ellas en igualdad de condiciones que el resto de víctimas de la catástrofe natural.
3. Asegurar la efectiva regularización de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular afectadas por la DANA, sin discriminaciones ni restricciones que agraven su situación de vulnerabilidad, siempre que puedan
acreditar su residencia en los municipios afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2025.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància del Diputat Jordi Salvador i Duch, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la regularització i
protecció de les persones afectades per la DANA per al seu debat a en la Comissió de Treball, Economia Social, Inclusió i Migracions.
Exposició de motius
Entre el 28 d'octubre i el 4 de novembre de 2024, diverses localitats del País Valencià van patir les devastadores conseqüències de la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA). Aquest fenomen meteorològic extrem va provocar greus danys
personals i patrimonials, afectant especialment col·lectius en situació de vulnerabilitat i evidenciant les desigualtats estructurals de la societat.
El dolor i la pèrdua de vides humanes són irreparables. Les seqüeles d'aquesta catàstrofe es perllongaran durant molt de temps, i l'Estat espanyol ha de ser conscient de la magnitud d'aquesta tragèdia i posar tots els mitjans disponibles
per pal·liar a curt, mitjà i llarg termini els efectes de la DANA.
La falta de regulació administrativa condemna milers de persones a una situació de precarietat extrema, que es va accentuar per l'impacte de la DANA: vulneració de drets essencials, sobreexplotació laboral, exclusió de serveis públics (com
la sanitat o l'educació) i la impossibilitat d'accedir a ajudes o subvencions per millorar les seves condicions de vida.
L'Acord del Consell de Ministres de l'11 de febrer de 2025 va establir procediments per a la sol·licitud d'autoritzacions per circumstàncies excepcionals sobrevingudes, així com per a la pròrroga i renovació d'autoritzacions de residència i
treball per a persones estrangeres en municipis afectats. No obstant això, persisteixen importants deficiències en l'aplicació d'aquestes mesures, deixant fora un nombre significatiu de persones afectades a causa de requisits burocràtics difícils
de complir, com l'exigència d'empadronament previ al 4 de novembre de 2024.
Les dificultats per accedir a l'empadronament afecten aquelles persones que viuen en situacions precàries (habitacions llogades sense contracte, baixos sense cèdula d'habitabilitat, barraques o fins i tot en situació de sensellarisme). No
disposar d'empadronament suposa la impossibilitat d'accedir a drets bàsics i a les ajudes de recuperació per refer les seves vides amb dignitat i per a una plena integració en la societat.
Així mateix, l'autorització de residència per circumstàncies excepcionals sobrevingudes, estimada en 26.000 persones beneficiàries, deixa fora unes 14.000 persones, segons diverses estimacions. És necessari que el Govern espanyol
regularitzi la situació de les persones migrants que no compleixen els requisits per accedir a l'autorització de residència per circumstàncies excepcionals sobrevingudes. Les circumstàncies excepcionals, com la DANA, requereixen respostes
estructurals que garanteixin una resposta efectiva i no provisional.
D'altra banda, les ajudes econòmiques per pal·liar els danys personals i patrimonials han conclòs, impedint que les persones en procés de regularització puguin accedir-hi en igualtat de condicions.
Per tot el que s'ha exposat, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Ampliar els criteris d'acreditació de residència en els municipis afectats per la DANA, acceptant documents alternatius a l'empadronament, com ara:
- Certificats d'escolarització de menors.
- Factures de subministraments.
- Informes d'assistència a centres de salut o hospitals.
- Inscripcions en activitats culturals o esportives.
- Pertinença a associacions, societats musicals, centres cívics o altres organitzacions amb personalitat jurídica.
- Informes dels serveis socials municipals.
2. Ampliar els terminis de sol·licitud d'ajudes econòmiques perquè les persones en procés de regularització puguin accedir-hi en igualtat de condicions que la resta de víctimes de la catàstrofe natural.
3. Assegurar la regularització efectiva de totes les persones migrants en situació administrativa irregular afectades per la DANA, sense discriminacions ni restriccions que agreugen la seva situació de vulnerabilitat, sense que puguin
acreditar la seva residència en els municipis afectats.'
Congrés dels Diputats, 2 abril de 2025.-Jordi Salvador i Duch, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
Comisión de Industria y Turismo
161/002011
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre materias primas fundamentales.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto primero ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre materias primas fundamentales,
para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Nuestro modelo productivo depende del uso de materias primas fundamentales, en las que se apoya la llamada doble transición, es decir, la transición energética y la transformación digital. En los últimos años, sin embargo, se han producido
fenómenos que
han tenido repercusiones directas en el escenario geopolítico, como la crisis sanitaria de COVID-19 y los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Próximo, sumados al actual contexto geopolítico, con consecuencias directas en las cadenas
mundiales de suministro.
En marzo de 2024, el Consejo Europeo adoptó un Reglamento de Materias Primas Fundamentales, con el objetivo de aumentar y diversificar el suministro de estas materias primas, reforzar la circularidad y el reciclado y apoyar la investigación
e innovación en el uso eficiente de los recursos y el desarrollo de sustitutos. Todo ello debido a la gran importancia económica para la Unión Europea que tienen las materias primas fundamentales. Dado que su suministro tiene un elevado riesgo de
sufrir interrupciones debido a la concentración de las fuentes y a la falta de sustitutos adecuados y asequibles, se espera que la demanda de tierras raras aumente de forma exponencial en los próximos años.
El Reglamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, tiene por objetivo general mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un marco que garantice el acceso de la Unión
Europea a un suministro seguro, resiliente y sostenible de Materias primas críticas y fundamentales -entre otras vías, mediante el fomento de la eficiencia y la circularidad a lo largo de toda la cadena de valor- para cinco sectores estratégicos de
la UE: energías renovables, movilidad eléctrica, industria, tecnologías de la información y de las comunicaciones, industria aeroespacial y de la defensa.
Este Reglamento establece una clasificación de materias primas esenciales, distinguiendo entre 34 fundamentales y 17 críticas. En el actual contexto geopolítico, el refuerzo de la capacidad defensiva de la Unión Europea se ha convertido en
una prioridad inaplazable.
Para alcanzar este objetivo, resulta imprescindible avanzar hacia una mayor autonomía estratégica en el abastecimiento de estas materias primas, ya que estas constituyen un pilar esencial para el desarrollo y sostenimiento de la industria de
defensa. En este sentido, un informe de la OTAN publicado en diciembre de 2024 identifica doce materiales esenciales para dicho sector: aluminio, berilio, cobalto, cobre, galio, germanio, grafito, litio, manganeso, platino, titanio y
wolframio/tungsteno, junto con determinadas tierras raras -en concreto, terbio, disprosio, neodimio y praseodimio-.
En consonancia con el Reglamento Europeo 2024/1252, la Comisión Europea adoptó el pasado 25 de marzo de 2025 una cartera de 47 proyectos estratégicos repartidos en 13 Estados miembros, orientados a potenciar las capacidades europeas en el
ámbito de las materias primas. Esta iniciativa se propone reforzar la cadena de valor europea y diversificar las fuentes de suministro, con una inversión global prevista de 22.500 millones de euros. Los proyectos contarán con el apoyo coordinado
de la Comisión, los Estados miembros y las instituciones financieras, facilitando el acceso a financiación y la concesión de permisos no superando los 27 meses para proyectos de extracción y 15 meses para procesamiento y reciclaje.
En el caso de España, se han identificado seis enclaves mineros: Aguablanca (Monesterio, Badajoz); Las Navas (Cáceres); P6 Metals (Almoharín, Cáceres); El Moto (Abenójar, Ciudad Real); Cobre Las Cruces (Gerena, Sevilla); y Mina Doade
(Doade-Beariz, Ourense). Asimismo, el plan contempla la puesta en marcha de una planta de reciclaje de metales en la provincia de Huelva. Con respecto a los recursos, Aguablanca alberga reservas de cobalto, platino y cobre; El Moto y P6 Metals,
de wolframio; Las Cruces, de cobre y platino; y tanto Las Navas como Doade, de litio.
Asimismo, diversas regiones españolas como Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, presentan indicios prometedores de presencia de estos y otros minerales estratégicos, lo que aún más refuerza la importancia de
impulsar iniciativas que fomenten su exploración y explotación, alineadas con los criterios de la Comisión Europea.
El Gobierno de España llega tarde y responde con lentitud ante las propuestas plasmadas en el Reglamento (UE) 2024/1252 y en los planes de la Ley Europea de Materias Criticas Fundamentales. La Comisión Europea ha establecido la lista de los
proyectos prioritarios sin poder contar con un plan de acción nacional sobre las materias
primas y minerales que haya sido debatido y aprobado por las Cortes Generales. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inició el 12 de marzo de 2025, un año más tarde de la aprobación del Reglamento (UE) 2024/1252
por las instituciones europeas, el trámite de audiencia pública de la propuesta del Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029. Sin embargo, este plan no ha sido objeto de consulta ni negociación con los diferentes grupos
parlamentarios.
El retraso registrado pone en riesgo la competitividad de España en las cadenas de valor globales. España podría consolidarse como un exportador relevante y un actor clave en la doble transición, en un contexto de creciente demanda mundial
de estos recursos.
En este contexto, debería ser prioritario para el Gobierno la cadena de valor de las materias primas nacionales, que abarca unas 3.650 empresas y 4.460 explotaciones mineras y fábricas, que no solo impulsa el sector de las energías
renovables y de la transformación digital, sino que favorece también la economía circular, la sostenibilidad ambiental y el reto demográfico, al generar industrias de arraigo en zonas despobladas o en riesgo de despoblación.
El Gobierno muestra su evidente desidia por los retos y oportunidades que ofrece el nuevo contexto normativo europeo y las necesidades que surgen del proceso de descarbonización. Una prueba palmaria de esto es la no inclusión de las
materias primas críticas y fundamentales en los Planes Anuales Normativos de 2023 ni de 2024. Además, el Gobierno no ha logrado la presencia de España en la alianza entre Alemania, Italia y Francia para la colaboración en la explotación, procesado
y reciclaje de materias primas críticas, suscrita unos días antes de que España ocupara la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Desgraciadamente, de esta manera se desaprovechan oportunidades estratégicas, lo que afecta a la competitividad y capacidad productiva españolas, por la falta de medidas específicas en la localización y extracción de materiales críticos
esenciales para la transición energética y digital. Del mismo modo, no existen iniciativas concretas que impulsen el procesamiento y la transformación de dichas materias primas in situ -entendiendo los procesos establecidos en el Reglamento, como
el beneficio, la separación, la fundición y el refinado- siempre que ello sea viable cerca de las zonas de extracción. Conviene recordar que el impulso de estas medidas favorecería la creación de empleo industrial cualificado, estable y de calidad,
así como a fijar población en las comarcas que la están perdiendo.
En España, el mapa geológico, es elaborado y actualizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). No obstante, es necesario reseñar que parte de las insuficiencias del
mapa geológico han sido cubiertas por la iniciativa privada. Dicho trabajo debe ser tenido en cuenta para la actualización de los recursos mineros españoles, en un marco de cooperación público-privada.
Este mapa geológico español, aunque valioso, no está debidamente actualizado. La cartografía geológica MAGNA, desarrollada a lo largo de 50 años, presenta limitaciones que contrastan con la existencia de una cartografía digitalizada,
continua, pública, gratuita y accesible a través de la web del IGME. Esta plataforma constituye una base sólida para el desarrollo de un Programa Nacional de Exploración Minera -que abarca estudios geofísicos, geoquímicos, sondeos y evaluaciones de
recursos y reservas- en cumplimiento del artículo 19 del Reglamento (UE) 2024/1252. El objetivo de dicho programa es perfeccionar el conocimiento de los recursos de materias primas minerales existentes, identificando y evaluando nuevos depósitos
para incrementar las cifras de recursos y reservas. Por ello, es imprescindible que esta información se consolide en una cartografía geológico-minera integral, que supere el alcance del mero mapa geológico, utilizándolo como base para una
herramienta de análisis y planificación de carácter estratégico.
El Gobierno presentó en agosto de 2022 la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales, donde la medida n.º 17 establece la necesidad de 'actualizar y mejorar el conocimiento del potencial en España de rocas y
minerales para cubrir las necesidades presentes y futuras de materias primas a través de un programa nacional de investigación público-privada de recursos minerales'. Del mismo modo, señala que 'se desarrollarán y actualizarán cartografías
temáticas y bases de datos que
ubiquen los recursos existentes, y se mantendrá actualizada la información disponible en los catastros mineros autonómicos y nacional, haciendo dicha información fácilmente accesible online'.
El plazo dado por la Unión Europea para que el Gobierno presente un Programa Nacional de Exploración Minera finaliza el 24 de mayo de 2025. Esta necesidad está motivada por varios factores clave:
1. Creciente demanda de materias primas críticas: La Unión Europea, y por extensión España, dependen de minerales estratégicos para la transición energética y digital. Muchos de estos minerales no fueron el foco de estudios previos, lo
que subraya la necesidad de mapas actualizados que reflejen mejor las posibles reservas nacionales.
2. Seguridad y autosuficiencia: El contexto geopolítico está marcado por la dependencia de la unión de terceros países, citados previamente, para el suministro de materias primas críticas. Una actualización permitiría a España identificar
y explotar con mayor eficiencia sus propios recursos, lo que reduciría su vulnerabilidad a fluctuaciones geopolíticas y aumentando su autonomía estratégica.
3. Sostenibilidad y economía circular: El nuevo marco europeo exige una economía más circular y la reducción del impacto ambiental de la minería. Actualizar el mapa geológico permitiría una mejor gestión del territorio y recursos,
promoviendo el reciclado de materiales y minimizando la huella ambiental de la extracción.
El uso de tecnologías como la inteligencia artificial, los sistemas de información geográfica (GIS), y los gemelos digitales, ya implementadas en otros proyectos del IGME, podrían mejorar significativamente la calidad y utilidad de una nueva
cartografía geológica-minera.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Informar del cumplimiento del Reglamento Europeo sobre las Materias Primas Fundamentales, de la tramitación del Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029, así como del grado de ejecución de la Hoja de Ruta para la Gestión
Sostenible de las Materias Primas Minerales en una comparecencia semestral por parte del Gobierno ante el Congreso de los Diputados.
2. Habilitar los mecanismos suficientes para llevar a cabo la ejecución de un 'Programa de Exploración Geológico-Minera-Inventario estatal de recursos minerales fundamentales y estratégicos', dando cumplimiento al requerimiento del artículo
19 del Reglamento Europeo de Materias Críticas (CRMA, UE 2024/1252), que debería haber sido presentado ante la Comisión Europea antes del 24 de marzo de 2024.
3. Actualizar de manera urgente el mapa geológico español y el inventario de recursos mineros, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Asimismo,
establecer un marco estable de cooperación público-privada que actúe como incentivo suficiente para las empresas españolas en el descubrimiento de nuevos yacimientos de materias primas críticas y fundamentales.
4. Facilitar con carácter prioritario la viabilidad de los siete proyectos identificados como prioritarios por la Comisión Europea para España, mediante el establecimiento de un marco jurídico único que incluya la simplificación de los
trámites administrativos y la reducción de los plazos de autorización exigidos por la Comisión Europea.
5. Fomentar la inversión privada en la extracción, transformación y reciclaje de materias primas estratégicas y tierras raras. En este sentido, se propone incentivar el desarrollo de industrias de procesamiento y reciclado mediante
instrumentos que posibiliten el establecimiento de empresas lo más cercano posible a las zonas de
extracción, con el objetivo de convertir estos recursos en bienes intermedios de alto valor, generando así riqueza y empleo en el territorio en cuestión.
6. Incentivar la inversión en investigación y desarrollo industrial de nuevos materiales sintéticos y su desarrollo industrial, para reducir la actual dependencia de las tierras raras.
7. Derogar el artículo 10 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, en lo relativo a la prohibición de la exploración, investigación, explotación y aprovechamiento de yacimientos minerales radioactivos.
8. Prestar especial atención al descubrimiento, extracción y procesado de aquellas materias primas críticas y tierras raras esenciales para el sector de la defensa, fomentando la autonomía estratégica de España y de la Unión Europea en este
ámbito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2025.-Francisco José Conde López, Mario Cortés Carballo, José Ignacio Romaní Cantera, Belén Hoyo Juliá, José Vicente Marí Bosó, Tristana María Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, Esther
Llamazares Domingo, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a reforzar la garantía de información sobre el
precio de venta y el precio por unidad de medida, para su debate en la en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Para facilitar la comparación de precios entre productos con diferentes formatos, los supermercados deben mostrar, además del precio de venta, el coste equivalente por una unidad de medida estándar. Generalmente, esto se expresa por kilo o
litro, aunque en algunos casos se usa el metro (para el film de aluminio), la unidad (papel higiénico), la docena (huevos) o el número de usos (detergentes). Sin embargo, en uno de cada cinco casos se han detectado errores significativos, según
advierten las asociaciones de consumidores.
Un análisis sobre los precios de 10 productos de gran consumo en 28 cadenas de supermercados, tanto nacionales como regionales, publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado mes de diciembre, ha puesto en evidencia
diversos errores. El más frecuente es un fallo en el cálculo, como asignar el precio al peso neto en lugar del escurrido. También se han detectado redondeos incorrectos, discrepancias en las unidades de medida (por ejemplo, en los huevos, donde en
un mismo establecimiento se indica el precio por unidad y por docena), así como precios poco visibles o sin referencia de equivalencia. Los productos más afectados por estas imprecisiones fueron el gel de ducha, los huevos, el desodorante, el
detergente y las conservas en lata. Este tipo de errores ya fueron denunciados por OCU a través de estudios similares realizados en 2011 y 2017.
El estudio aprecia más fallos en medida, visibilidad del precio, o falta de equivalencia en unidad de medida que en las tiendas online.
El Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios establece una obligación general de indicar el precio de venta y el precio por unidad
de medida
a la vez, para todos los productos, tanto si se trata de productos alimenticios como no alimenticios.
Como señala el citado Real Decreto, con ello se contribuye de manera notable a la mejora de la información de los consumidores, ya que de esta forma se les da óptimas posibilidades para evaluar y comparar el precio de los productos y
permitirles, por tanto, elegir con mayor conocimiento de causa sobre la base de comparaciones simples.
En definitiva, una compra libre e informada, respaldada por el derecho a la información y la protección de los legítimos intereses de los consumidores, conforme a lo establecido en la Constitución de 1978 y nuestro Texto Refundido de la Ley
General para la defensa de los Consumidores y Usuarios.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a reforzar la vigilancia e inspección, en el marco de las campañas de control del mercado, para garantizar el cumplimiento de la obligación de
indicar de forma visible, correcta y simultánea el precio de venta y el precio por unidad de medida en todos los productos, tanto alimentarios como no alimentarios, ofrecidos por los comerciantes a los consumidores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2025.-Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Noelia Cobo Pérez, Olvido de la Rosa Baena, María Luisa Faneca López, María Guijarro Ceballos, Margarita Martín Rodríguez, Inés Plaza
García, Modesto Pose Mesura, María de las Nieves Ramírez Moreno, Esther Rodríguez Suárez y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
de apoyo institucional a la creación y funcionamiento de la IGP 'Cereza de Calatayud y del Aranda', para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Las cerezas son, junto a otras frutas y hortalizas, uno de los cultivos característicos de las comarcas de la Comunidad de Calatayud y de la del Aranda, cultivadas en la mayoría de las ocasiones en explotaciones familiares, y que ha
proporcionado desde antiguo este producto a las industrias envasadoras de la zona, para su comercialización.
En los últimos años, diversas entidades, públicas y privadas, han impulsado los trámites administrativos para la creación de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) con la denominación de 'Cereza de Calatayud y del Aranda'. El objetivo de
la iniciativa es poner en valor la excelente calidad de las cerezas que se producen en este territorio de la Provincia de Zaragoza.
La zona de producción objeto del proyecto de IGP se circunscribe al territorio de la Comarca Comunidad dé Calatayud y la Comarca del Aranda. Las cualidades orográficas, las tierras de secano, y un clima extremo, junto a una tradición que se
remonta a finales
del siglo XIX, confieren a los cultivos de cereza en esta zona unas cualidades difícilmente igualables por otras zonas productoras. Desde el punto de vista geomorfológico, se trata de una zona de complicada orografía, situada en las
estribaciones del Sistema Ibérico al sur del Moncayo, y caracterizada por una compleja red hidrográfica formada por diversos afluentes del Río Ebro, como el Jalón, Jiloca y sus subafluentes: Aranda e Isuela.
Así, constituyen la zona de producción los terrenos ubicados en los términos municipales de Abanto, Alarba, Alconchel de Ariza, Alhama de Aragón, Aniñón, Arándiga, Ariza, Ateca, Belmonte de Gracián, Berdejo, Bijuescsa, Bordalba, Bubierca,
Cabolafuente, Calatayud, Calmarza, Campillo de Aragón, Carenas, Castejón de Alarba, Castejón de las Armas, Cervera de la Cañada, Cetina, Cimballa, Clarés de Ribota, Codos, Contamina, Embid de Ariza, El Frasno, Fuentes de Jiloca, Godojods, Ibdes,
Jaraba, Malanquilla, Maluenda, Mara, Miedes de Aragón, Monreal de Ariza, Monterde, Montón, Morata de Jiloca, Morés, Moros, Munébrega, Nigüella, Nuévalos, Olvés, Orela, Paravcxuellos de Jiloca, Paracuellos de la Ribera, Pozuel de Ariza, Ruesca,
Saviñán, Sediles, Sisamón, Terrer, Tobed, Torralba de Ribota, Torrehermosa, Torrelapaja, Torrijo de la Cañada, Valtorres, Velilla de Jiloca, Vlllafellche, Villalba de Perejil, Villalengua, Villarroya de la Sierra y La Vilueña, de la Comarca
Comunidad de Calatayud, y los términos municipales de Aranda de Moncayo, Brea de Aragón, Calcena, Gotor, (llueca, Jarque, Mesones de Isuela, Oseja, Pomer, Purujosa, Sestrica, Tierga y Trasobares en la Comarca del Aranda.
Además, el cultivo de la cereza se ha convertido en un motor dinamizador de la economía de las dos comarcas objeto de esta iniciativa. Se ha demostrado que existe una relación positiva entre la producción de cereza y la población de los
municipios zaragozanos especializados en este cultivo. La cereza es un motor económico para la lucha contra la despoblación en los pueblos de muchos municipios zaragozanos, además de una indudable reactivación del uso de tierras como cultivo. La
producción de cereza también ha conseguido la creación y consolidación de empresas dedicadas directa o indirectamente al sector de la misma, en especial están teniendo un gran desarrollo las empresas y actividades relacionadas con la transformación
del producto, haciendo que se generen nuevos empleos y el valor añadido se asiente en el territorio.
Las DO y las IGP están reguladas por normativa de la Unión Europea y sometidas a un sistema de control oficial recogido en el 'Programa de Control Oficial de la Calidad Diferenciada vinculada a un Origen Geográfico y Especialidades
Tradicionales, antes de su comercialización' dentro del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. El control de estas figuras de calidad corresponde a las autoridades autonómicas cuando su zona geográfica se circunscribe a una
comunidad autónoma, siendo el Ministerio de Agricultura la autoridad competente cuando el ámbito territorial es supraautonómico.
El producto agrícola conocido como 'Cereza de Calatayud y del Aranda' se refiere a los frutos del cerezo (Prunus avium) obtenidos de las siguientes variedades de cerezo: Burlat, Lapins, Prime Giant, Stacatto, Sweet heart, Early beggie,
Napoleón, Rainier y Blanca de Provenza. Las cerezas amparadas por la IGP cuya implantación se pretende se caracterizan por presentar una pulpa del fruto firme y crujiente, con un elevado contenido en azúcares.
Desde el Gobierno de España se trabaja intensamente en dotar de mayor visibilidad al sector agroalimentario y su consideración como sector estratégico dentro de la economía.
Así, en relación con el impulso de medidas que favorezcan la mejor comercialización y mejor conocimiento de los alimentos españoles, hay que mencionar, entre las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno, la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, que se enmarca en la apuesta por la calidad y diversidad de la producción agroalimentaria, como elementos fundamentales para reforzar su
competitividad y contribuir al patrimonio cultural y gastronómico. Su objeto es establecer un régimen jurídico único, moderno y complementario al establecido en el Derecho de la Unión Europea. Asimismo, con esta Ley se protegen los derechos de los
productores y consumidores, ofreciéndoles productos agroalimentarios con características específicas.
El Gobierno de España ofrece además un decidido apoyo a la internacionalización de las empresas españolas del sector agroalimentario español, instrumentado en varias áreas: apertura de nuevos mercados, defensa de los intereses españoles,
eliminación de barreras al comercio y la inversión, resolución de conflictos, gestión del comercio exterior y seguimiento de los instrumentos de defensa comercial. Estas acciones están encaminadas a la consecución del objetivo, entre otros, de
aumento de las exportaciones que son de aplicación para todos los sectores, incluido el sector agroalimentario.
Es en este contexto en el que el Grupo Parlamentario Socialista propone impulsar un apoyo decidido a una iniciativa, surgida desde el territorio, y que pretende poner en valor la excelencia de un producto agrícola de primera calidad en la
Provincia de Zaragoza.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mostrar apoyo a la creación de la Indicación Geográfica Protegida 'Cereza de Calatayud y del Aranda'.
2. Ofrecer la máxima colaboración en la tramitación administrativa para obtener el definitivo reconocimiento de la IGP ante las Administraciones competentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2025.-Víctor Javier Ruiz de Diego, Marta Gracia Blanco y Patricia Otero Rodríguez, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinadonal SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a los mapas concesionales de transporte de
viajeros por carretera como factor de lucha contra el reto demográfico, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El reto demográfico y la despoblación constituyen uno de los desafíos estructurales más importantes a los que se enfrenta el Estado Español en el siglo XXI. La pérdida de población en amplias zonas rurales ha generado un progresivo
debilitamiento del tejido económico y social, con consecuencias negativas para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural. Municipios con un rico patrimonio cultural, natural y social están en riesgo de
desaparición si no se implementan medidas urgentes.
En este sentido, la movilidad es esencial, por tratarse de un derecho básico a partir del cual ejercer todos los demás derechos: ir al trabajo, ir a los centros sanitarios, educativos, administrativos, comerciales, deportivos, de ocio,
etc., en definitiva, para cualquier cosa necesaria para desarrollar la vida.
Ya hace dos años denunciamos que, con el nuevo mapa concesional estatal y con el proyecto de Ley de movilidad sostenible, que imponen la eliminación de paradas en las rutas estatales de autobús, 111 de los 151 municipios afectados en Aragón
se van a quedar sin cobertura; 54 en la provincia de Teruel, y estarán por ello condenados a hacer trasbordos. Esta medida resulta contradictoria con la política de acercar los servicios básicos a menos de treinta minutos que promueve este
Gobierno de coalición. Si no se
corrige, ese recorte de paradas perjudicará precisamente a las zonas con mayores problemas de despoblación. Desplazarse a lugares que se encuentran a veinte o treinta minutos costará varias horas, por la necesidad de realizar trasbordos, y
sin ninguna duda eso perjudica la vida de la gente.
Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para asumir en los mapas concesionales autonómicos las paradas eliminadas de los mapas estatales, se ha ofrecido como compensación a las Comunidades Autónomas la cifra, notoriamente
insuficiente, de cuarenta millones.
Desde nuestro Grupo Parlamentario se entiende que solo desde el consenso con las Comunidades Autónomas y con la debida financiación puede abordarse la reordenación de los mapas concesionales estatales y autonómicos de servicios de transporte
regular de personas por carretera con el objetivo de optimizar el servicio al ciudadano distribuyendo la demanda en sus ámbitos naturales (transporte interautonómico por el Estado e intraautonómico por las CCAA).
Y en ese caso ninguna de las paradas existentes hasta la fecha deberá desaparecer, siendo todas atendidas por las rutas concesionarias de una u otra administración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'En aras a hacer frente al problema de la despoblación, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a priorizar el objetivo de garantizar la mayor conectividad posible para los espacios del medio rural y, para ello, en el caso de
abordarse una reordenación de los mapas concesionales estatales y autonómicos de servicios de transporte regular de personas por carretera con el objetivo de optimizar el servicio al ciudadano distribuyendo la demanda en sus ámbitos naturales,
deberá hacerse exclusivamente mediante el consenso con las Comunidades Autónomas y con la dotación presupuestaria adecuada y suficiente por parte de la Administración General del Estado. En cualquier caso, ninguna de las paradas existentes hasta la
fecha deberá desaparecer, siendo todas atendidas por las rutas concesionarias de una u otra administración. En este sentido, una parte del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ) se destinará al sostenimiento económico
de servicios de transporte de competencia autonómica en territorios afectados por el reto demográfico, atendiendo en su distribución a la superficie territorial afectada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2025.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso definitivo al
biometano en España, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La transición energética, como todo proceso transformador, conlleva incertidumbre en el camino hacia un modelo económico descarbonizado. Para que este cambio sea inteligente y sostenible, es esencial implementar políticas sólidas, factibles
y flexibles. En España, la transición energética se ha centrado principalmente en la producción de 'electrones verdes', es decir, en el despliegue de tecnologías de producción de energía renovable eléctrica, como la solar fotovoltaica y la eólica,
logrando que gran parte del mix
eléctrico sea de origen renovable. Sin embargo, la electricidad representa menos de una cuarta parte de la energía final consumida en el país. El grueso de las emisiones proviene del consumo de combustibles y gases fósiles, que suponen más
del 70 % de las emisiones de CO2.
Para acelerar la descarbonización de la economía, es necesario explorar alternativas tecnológicas más allá de los 'electrones verdes', especialmente en sectores donde la electrificación no es viable técnica ni económicamente, como en
procesos industriales que requieren altas temperaturas, en los consumos fuertemente estacionales del sector doméstico o en gran parte del sector transporte. Estas alternativas son las denominadas 'moléculas verdes', como los gases renovables y
combustibles sostenibles, que se producen de manera sostenible y tienen múltiples aplicaciones. Entre ellas destaca el biometano, un gas renovable molecularmente igual al gas natural, lo que permite su mezcla o reemplazo directo en la red gasista
existente sin necesidad de grandes inversiones en el sistema energético.
El biometano es una solución renovable para el consumo actual de gas natural fósil, permitiendo una reducción directa de emisiones tanto en industrias intensivas en energía como en el sector residencial para calefacción, sin requerir
inversiones iniciales por parte del consumidor en nuevos equipos. Además, al producirse localmente, reduce la importación de gas natural, mejora la balanza comercial, la seguridad energética y la autonomía estratégica de España. Su producción,
basada en residuos orgánicos, fomenta la circularidad de la economía, otorgando una segunda vida a desechos agrícolas y ganaderos y reduciendo el impacto ambiental de la gestión de estos residuos, en especial en el nivel local.
España es el tercer país de la UE con mayor potencial de generación de biometano, en gran parte debido a la presencia de instalaciones agroganaderas que facilitan su desarrollo en zonas rurales, contribuyendo a la vertebración del
territorio, la creación de empleo y la lucha contra la despoblación. Las mejoras en el proceso han eliminado emisiones de olores, gases contaminantes y ruidos, permitiendo que las plantas convivan con entornos rurales y urbanos.
El proceso de producción de biometano genera también el digestato, un subproducto que, una vez tratado, funciona como fertilizante orgánico, reduciendo emisiones y mejorando la calidad del suelo. De esta manera, no se elimina el aporte de
nutrientes a los suelos de las zonas ganaderas, sino que se mantiene y se realiza de manera más controlada, permitiendo la trazabilidad de estos.
Adicionalmente, la captura de CO2 en las plantas de biometano permite generar economía circular que permita la producción de metano sintético (combustible RFNBO) con el CO2 capturado e hidrógeno verde, lo que podría incrementar el
rendimiento de las plantas en un 50 %.
El biometano ocupa un lugar destacado en la política energética de la Unión Europea, con un abundante marco normativo que atañe a lo que es objeto de esta Proposición no de Ley.
RED II: Directiva UE 2018/2001 de Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. En ella se establecen objetivos de biocombustibles en transporte y de
renovables en energía final.
RED III: Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 18 de octubre de 2023, por la que se modifica, entre otras, la Directiva (UE) 2018/2001 ('Directiva RED ll') en lo que respecta a la promoción de
la energía procedente de fuentes renovables. Aumenta el compromiso de los Estados miembros para 2030 respecto de la cuota de energía del consumo final bruto procedente de fuentes renovables de un 32 % a un 42,5 %. Para lograr este objetivo, la
norma incorpora novedades de interés para los sectores de la energía renovable, y los combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO). Se introduce un nuevo objetivo de al menos 42 % en 2030, y 60 % a más tardar en 2035, para que los RFNBOs
se utilicen como energía final y para fines no energéticos. Asimismo, la Directiva RED III extiende la definición de RFNBOs a cualquier
uso, pues bajo la regulación contenida en el Directiva (UE) 2018/2001 el término quedaba limitado al sector del transporte. Debe ser traspuesta antes de mayo de 2025.
El Paquete sobre el mercado del gas y el hidrógeno, aprobado en julio de 2024, establece un marco normativo para el gas renovable, incluyendo incentivos a la compra y un límite temporal a los contratos de gas fósil en 2049. En concreto, el
Reglamento 2024/1789 tiene como objetivo apoyar la producción de biometano en la Unión, instando a los Estados miembros a especificar en sus planes nacionales de energía y clima las políticas y medidas para su desarrollo, como a adoptar estrategias
nacionales sobre biometano sostenibles o el establecimiento de objetivos nacionales de producción o consumo anual de biometano, expresados en volúmenes absolutos o como porcentaje del volumen de gas natural consumido por los clientes conectados al
sistema de gas natural. Además, el Plan REPowerEU incrementó los objetivos de desarrollo del biometano para reducir la dependencia energética europea, fijando como meta 35.000 millones de m3 lo que supone una capacidad adicional de 18.000 millones
de m3 con respecto al objetivo establecido en el 'Fit for 55' a 2030, lo que representa el 10 % de la demanda de gas en 2030.
Actualmente, la producción de biometano es una tecnología madura y ampliamente implementada en Europa, con más de 1.500 plantas operativas. En países como Dinamarca, el 37,5 % del gas consumido es renovable, y en Alemania, el biometano
alcanza el 20 % del consumo final. Sin embargo, en España su implantación es limitada y poco conocida, a pesar de su gran potencial. Europa ha situado a España entre los tres países con mayor capacidad de producción, pudiendo descarbonizar el 50 %
de la demanda para 2050. Este potencial se refleja en el aumento de proyectos en desarrollo, con una inversión estimada de 4.500 millones de euros para 2030. No obstante, el mantenimiento de estos niveles de inversión depende de la certidumbre y
la rentabilidad, factores que se ven afectados por diversos riesgos.
En España el marco normativo que afecta al desarrollo del biometano se ciñe a:
La Hoja de ruta del biogás, instrumento para articular lo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2030) y en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático, en cuyo artículo 12 dispone que el Gobierno fomentará, mediante la aprobación de planes específicos, la penetración de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano y el hidrógeno
renovable, entre otros.
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en cuyo artículo 28 se dispone que las autoridades competentes promoverán el uso del biogás procedente de digestión anaerobia con fines energéticos,
para su uso directo en las propias instalaciones, como combustible para transporte, como materia prima para procesos industriales, para su inyección a la red de gas natural en forma de biometano, siempre que sea técnica y económicamente viable.
El PNIEC 2030, en cuya medida 1.8 destinada al fomento de los gases renovables, se incluyen medidas 1.21. y 1.22 sobre acciones que complementan la adecuada gestión de los residuos generadores de metano y la valorización energética del
biogás obtenido; y la medida T.1.1. de fomento del uso de biocarburantes avanzados en el transporte (especialmente en terrestre en vehículos pesados, aéreo y marítimo), se incluye la adaptación del sistema de certificación para recoger de forma
específica los biocarburantes avanzados y, en particular, el biometano.
El Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo y la Orden TED/1026/2022, de 28 de octubre, por el que se crea el sistema de garantías de origen para gases renovables y designa al Gestor Técnico del Sistema como entidad responsable de dicho sistema,
de forma transitoria 'mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no disponga de los medios humanos y materiales para ejercer sus funciones'.
Pero el apoyo gubernamental ha sido limitado, y el biometano carece de un marco regulatorio específico que impulse su desarrollo. Aunque se han dado algunos pasos, como la Hoja de Ruta del Biogás, que establecía un objetivo de 10 TWh de
producción anual de biogás para 2030, y la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC), que lo incrementó a 20 TWh anuales, estos esfuerzos son insuficientes y están por debajo de los objetivos europeos y del potencial real del país. Actualmente, España cuenta con solo 12 plantas de biometano y una producción de
menos de 0,5 TWh/año, muy por detrás de países como Francia, Italia o Alemania. Aunque el PNIEC propone un objetivo de 20 TWh de biogás para 2030, se estima que, en el mejor de los casos, solo se alcanzarán 12 TWh de biometano, lo que representaría
menos del 3 % de la demanda total. Esta cifra queda muy por debajo del objetivo del 10 % establecido por el plan RePowerEU de la Unión Europea. La propia Comisión Europea, en su documento 'Staff Working Document-2023 Country Report', recomendó
para España un objetivo de 40 TWh de biometano para 2030, destacando el potencial de este gas renovable como herramienta clave para la descarbonización y señalando el potencial de producción vinculado al sector primario, al tratamiento de aguas
residuales o vinculado a la economía circular.
A la falta de ambición gubernamental en la definición de objetivos específicos para el biometano, se suman los retrasos que se deben a desafíos administrativos, regulatorios, económicos y fiscales que persisten en España. Los promotores
enfrentan procesos de tramitación largos y complejos, incertidumbre en costes, competencia en residuos, falta de certidumbre regulatoria y rechazo social, lo que ralentiza la construcción de nuevas plantas.
Aunque el pasado 19 de abril de 2024 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó la Resolución RDC/DE/004/22 que simplifica los procedimientos para la conexión de plantas de biometano a la red de gas en España, el éxito del
biometano en España depende de superar estos obstáculos y establecer un marco normativo estable y políticas transversales que impulsen su desarrollo sin depender de subsidios.
Según BIP Europe (asociación público-privada compuesta por la Comisión Europea, Estados miembros, industrias, academia y sociedad civil para el desarrollo del biometano), los principales hitos y medidas para el desarrollo de biometano:
- Establecer una zonificación donde exista abundante materia prima e infraestructura de red, al objeto de acelerar en esas áreas la concesión de permisos. En España el gobierno no ha zonificado ni establecido estas áreas, aunque si lo ha
hecho el sector.
- Declarar los proyectos de biometano de interés público superior. En España no se ha establecido esta declaración.
- Establecer penalizaciones por retrasos en los permisos por parte de la administración. En España no existe tal penalización.
- Establecer un sistema de ventanilla única para la tramitación de proyectos.
- Publicar guía de procedimientos para informar a promotores.
- La estandarización y simplificación de algunos trámites ambientales.
La hoja de ruta del biogás es papel mojado, no recoge el potencial del biometano en España y el gobierno no ha desarrollado casi ninguna de las medidas contenidas en ella.
- España podría descarbonizar el 100 % de su demanda doméstica gas el 48 % de su demanda industrial de desarrollar todo el potencial del biogás.
- El potencial de biogás reconocido por la Comisión Europea para España, es el 40 % superior a los objetivos de Españay podría ahorrar 1.400 millones de euros de gas ruso.
- Somos el 4.º país de la Unión Europea con mayor potencial de biometano, pero estamos a la cola en su desarrollo y número de plantas.
- España no ha desarrollado ninguna medida legislativa concreta para desarrollar la producción de biometano en comparación con Europa
Esta proposición no de ley propone medidas concretas para potenciar su producción y consumo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la creación de un Programa Nacional para el biometano que fomente la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones -estatal, autonómica y municipal- así como entre las diferentes áreas implicadas, tales como
agricultura, medioambiente y energía. Este pacto deberá incluir la elaboración de políticas ambientales de obligado cumplimiento para los desarrolladores de plantas de biometano, abordando aspectos clave como la prevención de emisiones odoríferas,
el establecimiento de distancias mínimas respecto de zonas urbanas, criterios de gestión del digestato para maximizar uso de fertilizantes orgánicos, el tráfico asociado al funcionamiento de la planta, la minimización del impacto visual, entre
otras.
2. Desarrollar un marco regulatorio unificado para el biometano que proporcione seguridad jurídica, facilitando así la atracción de capital necesario para su desarrollo. Dado que el biometano se sitúa en la intersección de sectores
estratégicos como energía, medioambiente, residuos y fertilizantes, resulta fundamental contar con una normativa coherente y específica que regule su desarrollo de manera integral y permita una aplicación homogénea entre territorios. Resulta
esencial que esta normativa se encuentre alineada con la normativa europea de aplicación en cada caso.
3. Reducir los plazos de tramitación administrativa y medioambiental para nuevas plantas de blometano, simplificando y armonizando los criterios exigidos por las distintas Comunidades Autónomas. Este objetivo debe alcanzarse mediante la
mejora e intensificación de la comunicación y coordinación entre las administraciones, tomando como referencia las buenas prácticas ya implementadas en otros países europeos.
4. Simplificar y priorizar las tramitaciones para la concesión del derecho de acceso y conexión a las redes de distribución y transporte de electricidad y gas de las plantas de biometano, atendiendo a criterios de resiliencia y desarrollo
local, admitidos por la UE y regular el flujo inverso en las redes de distribución para fomentar la capilaridad.
5. Establecer un régimen fiscal que fomente el consumo de biometano y contribuya al proceso de descarbonización de la economía. Al igual que ocurre con otras energías renovables, el biometano precisa de incentivos fiscales que le permitan
competir en condiciones de igualdad con su alternativa fósil, el gas natural, -o incluso con alternativas de electrificación más costo-eficientes por la necesidad de invertir en equipamiento que no exige el biometano-, en línea con las directrices
europeas y las mejores prácticas adoptadas por países de nuestro entorno.
6. Promover la implantación de cuotas de consumo y estímulos a la demanda de biometano en diversos sectores económicos, facilitando así la descarbonización de la economía española. El desarrollo del biometano requiere de señales claras y
estables que impulsen la demanda, garantizando un mercado creciente y sostenible para esta fuente de energía renovable. En el transporte, conforme a lo establecido en la Directiva RED III, implementando un sistema de cuotas similar al modelo alemán
que fomente el desarrollo de señales de precio. En los demás sectores, añadir cuotas de consumo para el sector industrial y los edificios, de modo que estos puedan alcanzar los objetivos de energía renovable en sus consumos térmicos cuando las
alternativas eléctricas no sean factibles técnica o económicamente.
7. Actualización, homogeneización y adaptación de las leyes nacionales de productos fertilizantes (Real Decreto 506/2013) al Reglamento de la UE de Productos fertilizantes 2019/1009. En este sentido, es relevante incentivar el uso de
fertilizantes orgánicos frente al uso de soluciones convencionales. La legislación actualmente limita su aplicación, en contraste con unos límites más elevados para los fertilizantes sintéticos. El digestato, una vez tratado, puede ser un
fertilizante orgánico que permite corregir desequilibrios minerales en los suelos de uso agrícola, conservar la estructura del suelo y mantener su fertilidad durante más tiempo. Especificar los requisitos necesarios para certificar enmiendas
orgánicas y compost como fertilizantes, además de facilitar el uso del agua para el fertirriego, mejorando así la productividad agrícola. Fomentar el uso y financiar la maquinaria necesaria para la aplicación de fertilizantes orgánicos por
parte de los agricultores, promoviendo la adopción del cuaderno de campo.
8. Fomentar la captura de CO2 en las plantas de biometano para generar economía circular que permita la producción de metano sintético (combustible RFNBO) con el CO2 capturado e hidrógeno verde.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2025.-Raquel Clemente Muñoz, Juan Diego Requena Ruiz, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez, Tomás Cabezón Casas, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez
Torregrosa, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya, Bella Verano Domínguez, Miguel Ángel Quintanilla Navarro y Esther Llamazares Domingo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002012
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre materias primas fundamentales
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto primero ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre materias primas fundamentales,
para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Nuestro modelo productivo depende del uso de materias primas fundamentales, en las que se apoya la llamada doble transición, es decir, la transición energética y la transformación digital. En los últimos años, sin embargo, se han producido
fenómenos que
han tenido repercusiones directas en el escenario geopolítico, como la crisis sanitaria de COVID-19 y los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Próximo, sumados al actual contexto geopolítico, con consecuencias directas en las cadenas
mundiales de suministro.
En marzo de 2024, el Consejo Europeo adoptó un Reglamento de Materias Primas Fundamentales, con el objetivo de aumentar y diversificar el suministro de estas materias primas, reforzar la circularidad y el reciclado y apoyar la investigación
e innovación en el uso eficiente de los recursos y el desarrollo de sustitutos. Todo ello debido a la gran importancia económica para la Unión Europea que tienen las materias primas fundamentales. Dado que su suministro tiene un elevado riesgo de
sufrir interrupciones debido a la concentración de las fuentes y a la falta de sustitutos adecuados y asequibles, se espera que la demanda de tierras raras aumente de forma exponencial en los próximos años.
El Reglamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, tiene por objetivo general mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un marco que garantice el acceso de la Unión
Europea a un suministro seguro, resiliente y sostenible de Materias primas críticas y fundamentales -entre otras vías, mediante el fomento de la eficiencia y la circularidad a lo largo de toda la cadena de valor- para cinco sectores estratégicos de
la UE: energías renovables, movilidad eléctrica, industria, tecnologías de la información y de las comunicaciones, industria aeroespacial y de la defensa.
Este Reglamento establece una clasificación de materias primas esenciales, distinguiendo entre 34 fundamentales y 17 críticas. En el actual contexto geopolítico, el refuerzo de la capacidad defensiva de la Unión Europea se ha convertido en
una prioridad inaplazable.
Para alcanzar este objetivo, resulta imprescindible avanzar hacia una mayor autonomía estratégica en el abastecimiento de estas materias primas, ya que estas constituyen un pilar esencial para el desarrollo y sostenimiento de la industria de
defensa. En este sentido, un informe de la OTAN publicado en diciembre de 2024 identifica doce materiales esenciales para dicho sector: aluminio, berilio, cobalto, cobre, galio, germanio, grafito, litio, manganeso, platino, titanio y
wolframio/tungsteno, junto con determinadas tierras raras -en concreto, terbio, disprosio, neodimio y praseodimio-.
En consonancia con el Reglamento Europeo 2024/1252, la Comisión Europea adoptó el pasado 25 de marzo de 2025 una cartera de 47 proyectos estratégicos repartidos en 13 Estados miembros, orientados a potenciar las capacidades europeas en el
ámbito de las materias primas. Esta iniciativa se propone reforzar la cadena de valor europea y diversificar las fuentes de suministro, con una inversión global prevista de 22.500 millones de euros. Los proyectos contarán con el apoyo coordinado
de la Comisión, los Estados miembros y las instituciones financieras, facilitando el acceso a financiación y la concesión de permisos no superando los 27 meses para proyectos de extracción y 15 meses para procesamiento y reciclaje.
En el caso de España, se han identificado seis enclaves mineros: Aguablanca (Monesterio, Badajoz); Las Navas (Cáceres); P6 Metals (Almoharín, Cáceres); El Moto (Abenójar, Ciudad Real); Cobre Las Cruces (Gerena, Sevilla); y Mina Doade
(Doade-Beariz, Ourense). Asimismo, el plan contempla la puesta en marcha de una planta de reciclaje de metales en la provincia de Huelva. Con respecto a los recursos, Aguablanca alberga reservas de cobalto, platino y cobre; El Moto y P6 Metals,
de wolframio; Las Cruces, de cobre y platino; y tanto Las Navas como Doade, de litio.
Asimismo, diversas regiones españolas como Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, presentan indicios prometedores de presencia de estos y otros minerales estratégicos, lo que aún más refuerza la importancia de
impulsar iniciativas que fomenten su exploración y explotación, alineadas con los criterios de la Comisión Europea.
El Gobierno de España llega tarde y responde con lentitud ante las propuestas plasmadas en el Reglamento (UE) 2024/1252 y en los planes de la Ley Europea de Materias Criticas Fundamentales. La Comisión Europea ha establecido la lista de los
proyectos prioritarios sin poder contar con un plan de acción nacional sobre las materias
primas y minerales que haya sido debatido y aprobado por las Cortes Generales. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inició el 12 de marzo de 2025, un año más tarde de la aprobación del Reglamento (UE) 2024/1252
por las instituciones europeas, el trámite de audiencia pública de la propuesta del Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029. Sin embargo, este plan no ha sido objeto de consulta ni negociación con los diferentes grupos
parlamentarios.
El retraso registrado pone en riesgo la competitividad de España en las cadenas de valor globales. España podría consolidarse como un exportador relevante y un actor clave en la doble transición, en un contexto de creciente demanda mundial
de estos recursos.
En este contexto, debería ser prioritario para el Gobierno la cadena de valor de las materias primas nacionales, que abarca unas 3.650 empresas y 4.460 explotaciones mineras y fábricas, que no solo impulsa el sector de las energías
renovables y de la transformación digital, sino que favorece también la economía circular, la sostenibilidad ambiental y el reto demográfico, al generar industrias de arraigo en zonas despobladas o en riesgo de despoblación.
El Gobierno muestra su evidente desidia por los retos y oportunidades que ofrece el nuevo contexto normativo europeo y las necesidades que surgen del proceso de descarbonización. Una prueba palmaria de esto es la no inclusión de las
materias primas críticas y fundamentales en los Planes Anuales Normativos de 2023 ni de 2024. Además, el Gobierno no ha logrado la presencia de España en la alianza entre Alemania, Italia y Francia para la colaboración en la explotación, procesado
y reciclaje de materias primas críticas, suscrita unos días antes de que España ocupara la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Desgraciadamente, de esta manera se desaprovechan oportunidades estratégicas, lo que afecta a la competitividad y capacidad productiva españolas, por la falta de medidas específicas en la localización y extracción de materiales críticos
esenciales para la transición energética y digital. Del mismo modo, no existen iniciativas concretas que impulsen el procesamiento y la transformación de dichas materias primas in situ -entendiendo los procesos establecidos en el Reglamento, como
el beneficio, la separación, la fundición y el refinado- siempre que ello sea viable cerca de las zonas de extracción. Conviene recordar que el impulso de estas medidas favorecería la creación de empleo industrial cualificado, estable y de calidad,
así como a fijar población en las comarcas que la están perdiendo.
En España, el mapa geológico, es elaborado y actualizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). No obstante, es necesario reseñar que parte de las insuficiencias del
mapa geológico han sido cubiertas por la iniciativa privada. Dicho trabajo debe ser tenido en cuenta para la actualización de los recursos mineros españoles, en un marco de cooperación público-privada.
Este mapa geológico español, aunque valioso, no está debidamente actualizado. La cartografía geológica MAGNA, desarrollada a lo largo de 50 años, presenta limitaciones que contrastan con la existencia de una cartografía digitalizada,
continua, pública, gratuita y accesible a través de la web del IGME. Esta plataforma constituye una base sólida para el desarrollo de un Programa Nacional de Exploración Minera -que abarca estudios geofísicos, geoquímicos, sondeos y evaluaciones de
recursos y reservas- en cumplimiento del artículo 19 del Reglamento (UE) 2024/1252. El objetivo de dicho programa es perfeccionar el conocimiento de los recursos de materias primas minerales existentes, identificando y evaluando nuevos depósitos
para incrementar las cifras de recursos y reservas. Por ello, es imprescindible que esta información se consolide en una cartografía geológico-minera integral, que supere el alcance del mero mapa geológico, utilizándolo como base para una
herramienta de análisis y planificación de carácter estratégico.
El Gobierno presentó en agosto de 2022 la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales, donde la medida n.º 17 establece la necesidad de 'actualizar y mejorar el conocimiento del potencial en España de rocas y
minerales para cubrir las necesidades presentes y futuras de materias primas a través de un programa nacional de investigación público-privada de recursos minerales'. Del mismo modo, señala que 'se desarrollarán y actualizarán cartografías
temáticas y bases de datos que ubiquen los recursos
existentes, y se mantendrá actualizada la información disponible en los catastros mineros autonómicos y nacional, haciendo dicha información fácilmente accesible online'.
El plazo dado por la Unión Europea para que el Gobierno presente un Programa Nacional de Exploración Minera finaliza el 24 de mayo de 2025. Esta necesidad está motivada por varios factores clave:
1. Creciente demanda de materias primas críticas: La Unión Europea, y por extensión España, dependen de minerales estratégicos para la transición energética y digital. Muchos de estos minerales no fueron el foco de estudios previos, lo
que subraya la necesidad de mapas actualizados que reflejen mejor las posibles reservas nacionales.
2. Seguridad y autosuficiencia: El contexto geopolítico está marcado por la dependencia de la unión de terceros países, citados previamente, para el suministro de materias primas críticas. Una actualización permitiría a España identificar
y explotar con mayor eficiencia sus propios recursos, lo que reduciría su vulnerabilidad a fluctuaciones geopolíticas y aumentando su autonomía estratégica.
3. Sostenibilidad y economía circular: El nuevo marco europeo exige una economía más circular y la reducción del impacto ambiental de la minería. Actualizar el mapa geológico permitiría una mejor gestión del territorio y recursos,
promoviendo el reciclado de materiales y minimizando la huella ambiental de la extracción.
El uso de tecnologías como la inteligencia artificial, los sistemas de información geográfica (GIS), y los gemelos digitales, ya implementadas en otros proyectos del IGME, podrían mejorar significativamente la calidad y utilidad de una nueva
cartografía geológica-minera.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Informar del cumplimiento del Reglamento Europeo sobre las Materias Primas Fundamentales, de la tramitación del Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029, así como del grado de ejecución de la Hoja de Ruta para la Gestión
Sostenible de las Materias Primas Minerales en una comparecencia semestral por parte del Gobierno ante el Congreso de los Diputados.
2. Habilitar los mecanismos suficientes para llevar a cabo la ejecución de un 'Programa de Exploración Geológico-Minera-Inventario estatal de recursos minerales fundamentales y estratégicos', dando cumplimiento al requerimiento del Artículo
19 del Reglamento Europeo de Materias Críticas (CRMA, UE 2024/1252), que debería haber sido presentado ante la Comisión Europea antes del 24 de marzo de 2024.
3. Actualizar de manera urgente el mapa geológico español y el inventario de recursos mineros, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Asimismo,
establecer un marco estable de cooperación público-privada que actúe como incentivo suficiente para las empresas españolas en el descubrimiento de nuevos yacimientos de materias primas críticas y fundamentales.
4. Facilitar con carácter prioritario la viabilidad de los siete proyectos identificados como prioritarios por la Comisión Europea para España, mediante el establecimiento de un marco jurídico único que incluya la simplificación de los
trámites administrativos y la reducción de los plazos de autorización exigidos por la Comisión Europea.
5. Fomentar la inversión privada en la extracción, transformación y reciclaje de materias primas estratégicas y tierras raras. En este sentido, se propone incentivar el desarrollo de industrias de procesamiento y reciclado mediante
instrumentos que posibiliten el establecimiento de empresas lo más cercano posible a las zonas de extracción, con el objetivo de convertir estos recursos en bienes intermedios de alto valor, generando así riqueza y empleo en el territorio en
cuestión.
6. Incentivar la inversión en investigación y desarrollo industrial de nuevos materiales sintéticos y su desarrollo industrial, para reducir la actual dependencia de las tierras raras.
7. Derogar el artículo 10 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, en lo relativo a la prohibición de la exploración, investigación, explotación y aprovechamiento de yacimientos minerales radioactivos.
8. Prestar especial atención al descubrimiento, extracción y procesado de aquellas materias primas críticas y tierras raras esenciales para el sector de la defensa, fomentando la autonomía estratégica de España y de la Unión Europea en este
ámbito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz, Raquel Clemente Muñoz, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez, Tomás Cabezón Casas, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez
Torregrosa, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Bella Verano Domínguez, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de impulso de la Circularidad Hídrica a través de un
Plan Nacional de Recarga Artificial de Acuíferos, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La política de agua en España es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como país, por su importancia estratégica en el desarrollo económico y social, por los compromisos medioambientales que hemos adquirido, por los
desafíos de adaptación al cambio climático que debemos atender, por el presente y el futuro de la España rural y, por la cohesión territorial y social de nuestro país.
El agua es un recurso estratégico limitado, cuya gestión sostenible es un pilar fundamental para garantizar la seguridad hídrica, la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico y social. En España, la disponibilidad de agua se
ve afectada por el cambio climático, la sobreexplotación de los acuíferos y la contaminación de los recursos hídricos.
Las aguas subterráneas constituyen un recurso estratégico esencial para el abastecimiento de agua en España, especialmente en períodos de sequía y en regiones con escasez hídrica. Sin embargo, informes recientes indican que el 44 % de las
masas de agua subterránea en el territorio nacional están en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales establecidos, según los últimos planes hidrológicos (IGME, 2023).
Se estima que en España del orden del 30 % del recurso natural tiene un origen subterráneo. El papel de las aguas subterráneas es esencial ya que sostiene los ríos y ecosistemas asociados, apoya la agricultura, abastece un gran número de
poblaciones y hace frente a los efectos generados por el cambio climático y las sequías. Por este motivo, es necesaria una mejor regulación de las aguas superficiales para mejorar su disponibilidad y un mejor aprovechamiento conjunto con las de los
acuíferos, en concreto sobre la recarga artificial.
El texto modificado del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), que desarrolla la ley de Aguas española, a través del Real Decreto 665/2023, de 18 de julio,
por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, establece un nuevo marco normativo para la recarga de acuíferos Artículo 273 quater. Esta modificación varía la doctrina anteriormente existente e indica que en ningún
caso se considerarán vertidos las acciones de recarga artificial de las masas de agua subterránea. En el mismo sentido, el artículo 1 bis, ak) define recarga artificial o recarga gestionada como 'el conjunto de técnicas que permiten la introducción
directa o inducida de agua superficial en un acuífero, con el fin de incrementar el grado de garantía y disponibilidad de los recursos hídricos, mejorar su calidad y su estado cuantitativo y cualitativo'.
En la bibliografía anglosajona está técnicas de recarga de acuíferos reciben el nombre genérico de artificial recharge, o, de forma más precisa Managed Aquifer Recharge, por sus siglas, MAR. En castellano es habitual el uso de las siglas
RGA para referirse a la recarga gestionada o artificial de acuíferos.
La estimación de las reservas totales de los acuíferos de las distintas demarcaciones es de 48.000 hectómetros cúbicos (IGME, 2018), por lo que su gestión optimizada permitiría ampliar la capacidad de abastecimiento actual. Según los
expertos, dadas estas cifras, una gestión regulada de los acuíferos, que incluyera la recarga artificial, se sumaría a las herramientas para planificación hídrica del país que permitiría hacer frente a los episodios climáticos extremos y al estrés
hídrico, sobre todo, teniendo en cuenta que entre el 25 % y 30 % de los recursos utilizados para abastecimiento urbano proceden de fuentes subterráneas: el 20 % de los recursos para el riego -lo que supone el 28 % de la superficie regada- y el 22 %
del agua para uso industrial. El volumen de agua utilizado para usos consuntivos en 2020/21 en el conjunto de las demarcaciones españolas fue de unos 28.400 hm3, de esta cantidad, unos 6.600 hm3 procedían de las aguas subterráneas, lo que
representa un 23,1 % del total.
La técnica RGA constituye uno de los grupos de medidas de gestión hídrica para mitigar los efectos adversos del cambio climático. La técnica recarga artificial de acuíferos, combinada con otras medidas relativas a la gestión integral de los
recursos hídricos, tiene un alto potencial.
La recarga artificial de acuíferos considera un amplio abanico de técnicas diseñadas para incrementar el almacenamiento y también la calidad del agua subterránea a través de procesos de tratamiento natural del subsuelo:
Las actuaciones de recarga con construcción de diques y presas sobre lechos de fondo permeable y el uso de agua residual regenerada para infiltración son actuaciones que podrían ser llevadas a cabo preservando la calidad y los usos de las
aguas subterráneas. Deben evaluarse previamente a partir de estudios piloto, con modelización de los procesos reactivos naturales y la posibilidad del uso de nuevas técnicas de control de la calidad del agua.
Las técnicas de recarga artificial de acuíferos son una alternativa o un complemento a los embalses superficiales bajo ciertas condiciones, puesto que tienen un menor requerimiento de área, menores costos de mantenimiento e inversión y
menores pérdidas por evaporación.
Un ejemplo internacional de recarga artificial de acuíferos es el del Distrito de Agua del Condado de Orange (California) y el Distrito de Saneamiento del Condado de Orange donde se implemento el sistema de reabastecimiento de agua
subterránea (GWRS, por sus siglas en inglés), motivado por las prolongadas sequías y al continuo crecimiento de la población, un verdadero modelo de sostenibilidad. El sistema de reposición de aguas subterráneas produce agua potable para la
reutilización indirecta a partir de aguas residuales altamente tratadas, el sistema conserva y recupera recursos hídricos limitados y reduce el consumo de energía; proporcionando una nueva fuente de agua para unas 800.000 personas de los más de
3.000.000 que viven en el Condado de Orange.
En España, una de las actuaciones más importantes de RGA se ha desarrollado en el acuífero del Llobregat, donde se llevó a cabo un proyecto de inyección de agua regenerada para detener la intrusión marina, así como para producir la recarga
con agua dulce que
pudiera ser empleada para abastecimiento de Barcelona y su área metropolitana. El empleo de una barrera hidráulica fue un proyecto pionero en Europa.
El objetivo era frenar el avance del frente de intrusión marina mediante la inyección de agua en una batería de pozos paralelos a la línea de costa.
Entre 2019 y 2024, se llevó a cabo el proyecto MARSOLUT (Managed Aquifer Recharge Solutions), financiado en un 80 % por la Unión Europea, que generó 22 nuevas soluciones tecnológicas para la recarga gestionada de acuíferos.
Por lo tanto, la recarga artificial de acuíferos se convierte en una técnica que puede aportar soluciones en la gestión hídrica, permitiendo que tengamos a nuestra disposición un nuevo recurso, para mejorar los ecosistemas, mantener las
economías y planificar de forma más inteligente los recursos hídricos de los que disponemos, muy especialmente en aquellos territorios donde se experimenta un mayor déficit hídrico.
Además, esta técnica de gestión hídrica, se alinea con la planificación hidrológica en España, que aboga por incrementar la resilencia de las masas de agua, ayudar a conservar su buen estado, aumentar la seguridad de suministro y afrontar
los fenómenos extremos.
Hasta la actualidad, la cifra recargada de manera artificial a los acuíferos en España, según el Libro Blanco del agua en España, ronda los 50 hm3 año, lo que representa un volumen del orden de 10 veces inferior a países de Europa Central,
Alemania. Según un estudio publicado por Conama 2020, se podría estimar de manera realista, un volumen de recarga artificial superior a 800 hm3 al año.
Los acuíferos susceptibles de ser recargados artificialmente, y que pueden dar respuesta a alguno de los problemas hídricos territorializados en nuestro país, son aquellos en situación de sobreexplotación, en zonas de explotación agrícola,
territorios que necesiten más agua para uso potable, y también como una forma de prevenir incrementos en el consumo de agua, por crecimiento demográfico.
Además, se pueden recargar acuíferos que necesiten mejorar la calidad del agua y aquellos con una importante variación estacional de recursos hídricos.
En síntesis, la recarga gestionada de acuíferos como herramienta de gestión hídrica sostenible (RGA) es almacenamiento eficiente de agua, reducción de la intrusión salina en acuíferos costeros, regulación del ciclo hídrico, mitigación de
sequías y, en definitiva, permite una mejora de la calidad del agua.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer unas directrices claras para la aplicación de las técnicas de recarga artificial en la cuarta etapa de planificación de los planes hidrológicos de cuenca.
2. Poner en marcha un Plan Nacional de Recarga Artificial de Acuíferos.
3. Establecer un Mapa Nacional de Acuíferos susceptibles de almacenar agua a través de la recarga artificial.
4. Establecer la disponibilidad y el origen de los recursos hídricos para recarga en para cada uno de estos acuíferos.
5. Impulsar los cambios legislativos contando con las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las Comunidades de Regantes y usuarios, que permitan el impulso de la recarga artificial de acuíferos con
incentivos a la colaboración público-privada.
6. Fijar la titularidad de la autorización de la recarga artificial de acuíferos y la normativa de su aprovechamiento.
7. Impulsar campañas de concienciación y formación dirigidas a usuarios, gestores y al público en general sobre la importancia de las aguas subterráneas y las ventajas de la recarga gestionada o artificial de acuíferos como herramienta de
adaptación al cambio climático y garantía de suministro hídrico.
8. Promover e implementar técnicas de recarga gestionada o artificial de acuíferos en las distintas demarcaciones hidrográficas del país, priorizando aquellas con mayor riesgo de sobreexplotación y/o intrusión salina.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2025.-Joaquín Melgarejo Moreno, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, Raquel Clemente Muñoz, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, Tomás Cabezón Casas,
Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez Torregrosa, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya, Bella Verano Domínguez, Mirian Guardiola Salmerón y Sandra Pascual Rocamora,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la Presa de
Corumjoso, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Las abundantes precipitaciones recibidas durante el mes de marzo de 2025 en toda la península, pero especialmente en la mitad sur, han puesto nuevamente en evidencia la falta de infraestructuras regulatorias de los recursos hídricos.
Un ejemplo lo tenemos en La Palma del Condado, provincia de Huelva, donde el pantano del Corumbel elevó el nivel almacenado a 18 hectómetros cúbicos, acercándose a su capacidad máxima y comenzando a expulsar agua por su aliviadero, pone de
manifiesto la urgente necesidad de avanzar en la construcción de la presa del Corumjoso o Corunjoso.
Los recursos almacenados en Corumbel se han empleado en el abastecimiento humano e industrial de la Mancomunidad de Aguas del Condado desde 1987 en que se terminó la construcción. Sin embargo, la reducida capacidad del pantano del Corumbel
y una aportación media anual superior a 30 Hm3, aunque ha llegado a alcanzar 95 Hm3, propició la planificación de una nueva presa, situada aguas arriba y que regularía los ríos Corumbel y Tamujoso, cuya capacidad de embalse rondaría los 27 Hm3.
En enero de 1995 se publicó la resolución de la Dirección General de Política Ambiental, en la que se hacía pública una primera declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de construcción de la presa del Corumjoso (Huelva) de la
Dirección General de Obras Hidráulicas. Entre los objetivos de la construcción se encontraban garantizar el suministro de agua potable a la Comarca del Condado, mancomunidad de más de 60.000 habitantes, cifra de 1995, o contribuir a mejorar el
acuífero 27. El resultado de la evaluación era que 'Tan sólo el factor 'propiedad del suelo' ha sido valorado como impacto severo, el resto son considerados moderados y compatibles'.
Posteriormente, esta infraestructura, esta infraestructura junto a un total de 17 represas, estaban contempladas en el documento programático del Plan Hidrológico Guadiana II de 1998 y, más tarde, en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional (Anexo II). En el actual Plan Hidrológico de la Demarcación de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, también se incluye como competencia del Administración General del Estado, pero su proyección se demora más allá de 2027.
Como se ha visto, a pesar de su planificación, la construcción de la Presa del Corumjoso ha sido objeto de múltiples retrasos y debates, aunque permitiría un
aprovechamiento más eficiente del recurso hídrico, evitando la perdida de recursos hídricos disponibles, como ha sucedido recientemente.
Es importante destacar que esta infraestructura, junto las igualmente necesarias presas de Alcolea y Coronada, que cumplen funciones similares al embalsar caudales estratégicos, formarían un sistema integrado capaz de garantizar la
sostenibilidad hídrica de la región en el corto, mediano y largo plazo.
La construcción de la presa del Corumjoso no solo maximizaría el embalsamiento de los caudales disponibles en la cuenca de su demarcación, sino que también permitiría una gestión más equilibrada del agua. Esto es especialmente crítico en un
contexto marcado por periodos alternos de lluvias intensas y sequías prolongadas, agravados por el cambio climático.
La ejecución de la presa del Corumjoso permitiría, proveer agua suficiente y estable para el sector agrícola, que es un motor económico esencial de La Palma del Condado y las áreas de influencia de la cuenca.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a planificar la ejecución de la presa del Corumjoso, planificada en la comarca del Condado de la provincia de Huelva, siendo la administración responsable de la misma, atendiendo a la urgencia
de esta infraestructura en beneficio del desarrollo sostenible de la región y de la comarca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2025.-Manuel García Félix y Bella Verano Domínguez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001994
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre los fondos Next Generation EU destinados a la regeneración urbana del barrio del Besòs-Maresme y de la Trinitat Vella.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto tercero ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a petición de la diputada Etna Estrems Fayo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los fondos
Next Generation EU destinados a la regeneración urbana del barrio del Besòs-Maresme y de la Trinitat Vella, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Como es sabido, el programa Next Generation EU es un instrumento de estímulo económico impulsado por la Unión Europea que tiene por objetivo hacer frente a los efectos de la crisis social y económica derivada de la pandemia de COVID-19. En
el marco de este plan, se han destinado recursos significativos, entre otros, a la rehabilitación de viviendas y edificios con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, fomentar la sostenibilidad e impulsar la regeneración urbana. A través
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se promueven ayudas directas para la mejora del aislamiento térmico, la renovación de instalaciones y el uso de energías renovables en el sector residencial, contribuyendo así a la reducción de emisiones
y al acceso a viviendas más sostenibles y accesibles para la ciudadanía pero también a garantizar la intimidad, la seguridad y la salud de las personas en parques de viviendas peligrosamente deteriorados, como es el caso de muchas ciudades, pueblos
y barrios de los Països Catalans y otros lugares del Estado.
Uno de los planes del referido programa europeo se destinó a la rehabilitación de viviendas en el barrio del Besòs i el Maresme, un proyecto que implica intervenciones en diez fincas. El programa tenía como objetivo la reparación integral
de escaleras con problemas estructurales, tales como la aluminosis, en una decena de bloques en el Besòs. Se trata de una reforma clave para dignificar las condiciones de vida en un barrio con una renta per cápita un 40 % inferior a la media de la
ciudad y con un parque de viviendas particularmente envejecido, donde más de 1400 edificios presentan deficiencias graves o muy graves en sus sistemas constructivos.
La propuesta se anunció en 2020, pero únicamente se especificaron los bloques beneficiarios en 2021 y hasta la fecha las obras solo han finalizado en uno de los edificios. Con un presupuesto total de 18 millones de euros, la planificación
inicial preveía que los fondos europeos Next Generation EU fueran la segunda mayor fuente de financiación del proyecto. A diferencia de la financiación municipal, estas ayudas son especialmente atractivas para los vecinos y vecinas, ya que no
tienen que tributarse.
Sin embargo, durante el mes de marzo del año en curso se ha sabido que el pago efectivo de las ayudas incluidas en el programa de regeneración urbana del Besòs en el barrio del Besòs i el Maresme está amenazado. El problema deriva de que
existe una fecha límite de finalización las obras de reparación, que se establece como condición indispensable para la percepción de las ayudas referidas: 30 de junio de 2026. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 853/2021, y en
consonancia con los requisitos de la UE, la percepción de la financiación proveniente de las instituciones europeas se vincula al cumplimiento de la fecha mencionada de finalización de las obras. El Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona ha
afirmado que va a ser muy complicado cumplir con dicho plazo, con lo que se pone en riesgo millones de euros de financiación. En concreto, el IMU ha comunicado a seis de las diez fincas del programa de rehabilitación del Besòs que van a perder la
posibilidad de solicitar las subvenciones europeas, ya que prevén que no podrán terminar las obras antes de la fecha fijada como límite para acceder a las ayudas.
La situación es especialmente preocupante porque afecta a muchas familias en situación de vulnerabilidad, algunas de las cuales viven en casas con los techos apuntalados para evitar desprendimientos. Más allá de los 10 bloques seleccionados
para el plan piloto, existen decenas de edificios en el barrio que no cumplen con unos mínimos estándares de seguridad y que requieren una reforma urgente. Lamentablemente el caso de los vecinos del Barrio del Besòs i el Maresme no es el único
sobre el que recae la
amenaza de perder la financiación para rehabilitar viviendas. Las personas afectadas por el programa de regeneración urbana en el barrio de la Trinitat Vella, entre otros planes similares proyectados en la ciudad de Barcelona, viven una
situación similar.
Ante estos hechos, es necesario que el Gobierno español impulse de inmediato una modificación del Decreto Ley 853/2021 para prever el inicio, y no la finalización, de las obras durante este período. Alternativamente, es necesario que el
gobierno español ponga otra solución de financiación sobre la mesa que no implique ni un mayor gasto directo para los vecinos ni una tributación futura por los recursos recibidos, que con la propuesta inicial ya harían frente a cerca del 20 % del
coste total de las obras.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Modificar el contenido del Real Decreto 853/2021 para garantizar que todas las obras de reparación de edificios previstas en el programa de regeneración urbana del Besòs en el barrio del Besòs i el Maresme iniciadas antes del 30 de junio
de 2026 y del barrio de la Trinitat Vella y todos los afectados por situaciones análogas en la ciudad de Barcelona pueden recibir financiación procedente de los fondos Next Generation EU en la cantidad prevista en la propuesta de 2020.
2. En caso de no poder garantizar la percepción de los fondos Next Generation EU en las cantidades previstas en 2020 para todas las viviendas afectadas, crear y poner a disposición de la ciudadanía un fondo finalista destinado íntegramente
al barrio del Besòs i el Maresme y al de la Trinitat Vella, así como del resto de afectados por situaciones análogas en la ciudad de Barcelona, que no conste como ingresos a tributar para los vecinos y vecinas, con el objetivo de llevar a cabo la
reparación en todos los bloques de las deficiencias detectadas sin generar un incremento de costes para las familias afectadas.
3. Realizar y presentar ante las comisiones de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados y del Senado, antes del 30 de septiembre de 2025, un estudio del estado de ejecución de las obras de rehabilitación financiadas a través
de fondos Next Generation EU y de la previsión de finalización de las mismas con anterioridad a la fecha tope de ejecución en aras de aplicar, en su caso, las soluciones planteadas en los ordinales precedentes a situaciones análogas a la del
programa de regeneración urbana del Besòs en el barrio del Besòs i el Maresme para asegurar la percepción de la financiación proveniente de fondos europeos y, en todo caso, garantizar que no se genera ningún perjuicio a las familias afectadas por
programas de rehabilitación que puedan sufrir problemas de ejecución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2025.-Etna Estrems Fayos, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Etna Estrems Fayo, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre els fons Next
Generation EU destinats a la regeneració urbana al barri del Besòs i el Maresme i al de la Trinitat Vella per al seu debat en la Comissió d'Habitatge i Agenda Urbana.
Exposició de motius
Com és sabut, el programa Next Generation EU és un instrument d'estímul econòmic impulsat per la Unió Europea que tenia per objectiu fer front als efectes de la crisi social i econòmica derivada de la pandèmica de la COVID-19. En el marc
d'aquest pla, s'han destinat recursos significatius, entre molts altres, a la rehabilitació d'habitatges i edificis amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica, fomentar la sostenibilitat i impulsar la regeneració urbana. A través del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, es promouen ajudes directes per a la millora de l'aïllament tèrmic, la renovació d'instal·lacions i l'ús d'energies renovables en el sector residencial, contribuint així a la reducció d'emissions i a l'accés a
habitatges més sostenibles i accessibles per a la ciutadania però també a garantir la intimitat, la seguretat i la salut de les persones en parcs d'habitatge perillosament deteriorats, com és el cas de moltes ciutats, pobles i barris dels Països
Catalans i d'altres indrets de l'Estat.
Un dels plans del referit programa europeu va anar destinat a la rehabilitació d'habitatges al barri del Besòs i el Maresme, un projecte que implica intervencions en deu finques. El programa tenia com a objectiu la reparació integral
d'escales amb problemes estructurals, tals com l'aluminosi, en una desena de blocs al Besòs. Es tracta d'una reforma clau per dignificar les condicions de vida en un barri amb una renda per càpita un 40 % inferior a la mitjana de la ciutat i amb un
parc d'habitatge particularment envellit, on més de 1.400 edificis presenten deficiències greus o molt greus en els seus sistemes constructius.
La proposta va ser anunciada el 2020, si bé tan sols es van concretar els blocs beneficiaris el 2021 i les obres fins ara només han finalitzat en un dels edificis. Amb un pressupost total de 18 milions d'euros, la planificació inicial
preveia que els fons europeus Next Generation EU serien la segona major font de finançament del projecte. A diferència del finançament municipal, aquests ajuts són especialment atractius per als veïns i veïnes, ja que no s'han de tributar.
Tanmateix, durant el mes de març de l'any en curs s'ha sabut que el l'abonament efectiu de les ajudes incloses en el programa de regeneració urbana del Besòs al barri del Besòs i el Maresme es troba amenaçat. La problemàtica es deriva del
fet que existeix una data límit de finalització les obres de reparació que opera com a condició indispensable per la percepció de les ajudes referides: 30 de juny de 2026. D'acord amb l'establert al Decret Llei 853/2021 i en línia amb els
requeriments de la UE la percepció d'aquest finançament provinent de les institucions europees es troba vinculat al compliment d'aquesta data de finalització d'obres. L'Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona ha expressat que serà molt difícil
complir amb aquest termini, posant-se d'aquesta manera en risc milions d'euros de finançament. Concretament, l'IMU ha comunicat a sis de les deu finques del programa de rehabilitació del Besòs que perdran la possibilitat de sol·licitar les
subvencions europees, ja que pronostiquen que no podran acabar les obres abans de la data fixada com a límit per accedir als ajuts.
La situació és especialment preocupant perquè afecta moltes famílies en situació de vulnerabilitat, algunes de les quals viuen amb puntals dins de casa seva per evitar despreniments del sostre. Més enllà dels 10 blocs seleccionats per al
pla pilot, hi ha desenes d'edificis al barri que no compleixen amb uns mínims estàndards de seguretat i que requereixen una reforma urgent. Dissortadament el cas dels veïns del Barri del Besòs i el Maresme no és l'únic que està veient amenaçat el
finançament per la rehabilitació d'habitatges. Una situació similar és la viscuda per les persones afectades pel programa de regeneració urbana al barri de la Trinitat Vella, entre altres plans similars projectats a la ciutat de Barcelona.
Davant d'aquests fets, cal que el Govern espanyol impulsi immediatament una modificació del Decret Llei 853/2021 per preveure l'inici, i no la finalització, de les obres durant aquest període. Alternativament, cal que el govern espanyol
posi una altra solució de finançament sobre la taula que no impliqui ni una major despesa directa per als veïns
ni una futura tributació pels recursos rebuts, que sota la proposta inicial ja ferien front a vora el 20 % del cost total de les obres.
Per tot l'exposat, es planteja la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Modificar el contingut del Reial Decret 853/2021 per garantir que totes les obres de reparació d'edificis previstes al programa de regeneració urbana del Besòs al barri del Besòs i el Maresme iniciades abans del 30 de juny de 2026 i del
barri de la Trinitat Vella i tots els afectats per situacions anàlogues a la ciutat de Barcelona poden rebre finançament procedent dels fons Next Generation EU en la quantitat prevista a la proposta de 2020.
2. En cas de no poder garantir la percepció dels fons Next Generation EU en les quantitats previstes el 2020 per a tots els habitatges afectats, crear i posar a disposició de la ciutadania un fons finalista destinat íntegrament al barri del
Besòs i el Maresme i al de la Trinitat Vella, així com de la resta d'afectats per situacions anàlogues a la ciutat de Barcelona, que no consti com a ingressos a tributar per als veïns i veïnes, amb l'objectiu de dur a terme la reparació de tots els
blocs amb les deficiències identificades sense generar cap increment de cost per les famílies afectades.
3. Realitzar i presentar davant les comissions d'Habitatge i Agenda Urbana del Congrés de Diputats i del Senat, abans del 30 de setembre de 2025, un estudi de l'estat d'execució de les obres de rehabilitació finançades a través de fons Next
Generation EU i de la previsió de finalització de les mateixes amb anterioritat a la data límit d'execució per tal d'aplicar, si s'escau, les solucions plantejades en els ordinals precedents a situacions anàlogues a la del programa de regeneració
urbana del Besòs al barri del Besòs i el Maresme per tal d'assegurar la percepció del finançament provinent de fons europeus i, en tot cas, garantir que no es genera cap perjudici a les famílies afectades per programes de rehabilitació que puguin
patir problemes d'execució.'
Congrés dels Diputats, a 1 abril de 2025.-Etna Estrems Fayos, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
161/001997
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Parque de Vivienda Pública, para su debate en la Comisión de
Vivienda y Agenda Urbana.
La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales de la actualidad, afectando a millones de personas y dejando en evidencia las profundas desigualdades que atraviesan la sociedad. La escalada de los
precios de alquiler, combinada con la especulación inmobiliaria, ha generado una crisis habitacional que está deteriorando a amplias capas de la población, especialmente a las más jóvenes y a las familias con ingresos medios y bajos.
La crisis habitacional en España se debe principalmente a la falta de vivienda accesible y al desajuste entre los salarios y los altos precios del mercado inmobiliario. El alquiler ha aumentado drásticamente, afectando principalmente a los
jóvenes, quienes deben destinar más del 100 % de su salario para acceder a una vivienda (Observatorio de Emancipación, CJE, 2025). Esto ha generado una mayor desigualdad social y económica, ya que los recursos para cubrir otras necesidades básicas
se han visto reducidos.
Además, los grandes fondos de inversión y corporaciones inmobiliarias continúan acaparando propiedades, creando una burbuja que beneficia a los grandes propietarios y
perpetúa la especulación inmobiliaria. En concreto, en España, casi la mitad de los inmuebles registrados en el Catastro entre 2008 y 2020 pertenecen a empresas las cuales ya gestionaban previamente más de ocho propiedades a su nombre.
Este dato, proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a partir de un análisis de los datos de la dirección general del Catastro, pone de relieve la creciente concentración de la propiedad en manos de grandes actores del sector, lo
que agrava los problemas de accesibilidad a la vivienda.
España presenta una de las tasas más bajas de viviendas destinadas al alquiler social en Europa. Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida que elabora el INE y el Boletín especial sobre vivienda social del año 2024 elaborado por el
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, solo el 3,3 % de su parque de viviendas está destinado a esta modalidad, una cifra que es diez veces inferior a la de países como los Países Bajos o Austria. Esta proporción también se encuentra muy por
debajo del promedio europeo, el cual alcanza el 8 % de las viviendas principales destinadas a alquiler social. Esta falta de alternativas asequibles pone en evidencia la necesidad de una mayor intervención pública para garantizar el acceso a la
vivienda para todos los ciudadanos, especialmente en un contexto de creciente especulación y precios elevados.
En todo caso, estas cifras se reducen aún más si nos remitimos a la cuantificación del parque de vivienda pública de carácter social y asequible elaborado por el mencionado boletín, que cifra el parque de vivienda de estas características
actual en cerca de 320.000 viviendas. Cabe precisar que el boletín considera como vivienda social a las viviendas de titularidad pública en régimen de alquiler. Asimismo, cifra el parque de viviendas principales en cerca de 18.000.000 unidades,
por lo que la consecución del objetivo del 10 % de viviendas públicas sociales respecto del total del parque se traduciría en un aumento de 1.500.000 viviendas. Un escenario ambicioso, pero realizable, supondría un aumento anual del parque público
social de viviendas en 150.000 unidades, para alcanzar la cifra, en 10 años, de las mencionadas 1.500.000 viviendas. Además del fomento de nuevo parque público asequible, se debe movilizar también a partir de la movilización de vivienda vacía, sin
que estas sean descalificadas ni retiradas del sistema. La estabilidad en el acceso a la vivienda debe ser una prioridad, asegurando que estas propiedades permanezcan en el mercado durante largos períodos de tiempo entendiendo la vivienda como un
derecho fundamental y no como una mercancía sujeta a la especulación.
El Estado debe asumir un papel activo en la promoción de la construcción de nuevas viviendas públicas, utilizando suelo de propiedad pública del que ya sea dueño para tal fin. En concordancia con las ideas recientemente planteadas por el
Gobierno, distintas entidades e instituciones como la SAREB, el Ministerio de Defensa, ADIF, RENFE, así como los terrenos pertenecientes a los ayuntamientos y las comunidades autónomas, disponen de grandes extensiones de suelo que deben destinarse a
la construcción de viviendas para alquiler a precios accesibles. De este modo, se aprovecharían los recursos públicos para dar respuesta a una necesidad social urgente. Para ello, es fundamental que, en primer lugar, el suelo de titularidad
pública sobre el que las viviendas se construyen lo sea de forma permanente, y, en segundo lugar, se asegure la gestión directa por parte de las administraciones públicas exclusivamente en régimen de alquiler.
El desarrollo del parque público debe abordarse con perspectiva de género y las viviendas públicas deberán integrarse y repartirse por toda la ciudad para evitar así guetos o 'focos de pobreza'. Es fundamental garantizar el acceso a una
vivienda digna, no sólo en las áreas urbanas, sino también en las rurales, reconociendo las particularidades y desafíos propios de estas zonas. En muchas regiones rurales, la falta de viviendas accesibles ha incentivado las dinámicas de
despoblación ya existentes en estas áreas. Además, se debería implementar un programa de apoyo a los ayuntamientos de zonas rurales, facilitando su acceso a viviendas vacías a precios reducidos, con el fin de fomentar la rehabilitación y la
creación de un entorno habitable para los residentes y nuevos habitantes en estas áreas.
Por último, es necesario reorientar los créditos blandos disponibles en la Adenda para impulsar la construcción de viviendas públicas. Estos fondos deben canalizarse de manera efectiva hacia proyectos habitacionales que favorezcan a
aquellos sectores de la población con menos recursos, garantizando así que los recursos financieros se utilicen de manera eficiente para construir viviendas que sean realmente accesibles.
La crisis de alquileres en España es una de las caras más visibles de una desigualdad creciente que afecta a millones de ciudadanos. La especulación inmobiliaria y las subidas de los precios de los alquileres que dificultan el acceso a una
vivienda asequible, junto con la falta de suelo público, están llevando a muchas familias a la pobreza y a la inseguridad habitacional, haciendo urgente la necesidad de adoptar políticas públicas que aborden esta problemática de manera integral.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Alcanzar el 10 % en 2027 y el 20 % en 2035 del porcentaje de vivienda pública social y asequible, incluida la vivienda pública en régimen de alquiler y dedicar, al menos, el 2 % del PIB a políticas públicas de vivienda hasta el año 2035,
con el objetivo final de cuadruplicar el porcentaje actual
2. Erradicar los desahucios incorporando la vivienda amenazada con desahucio al parque público de viviendas en régimen de alquiler garantizando que la renta no supera el 30 % de los ingresos del hogar, o en casos de vulnerabilidad
garantizando una renta mínima o una moratoria, dependiendo de las condiciones particulares que deberán ser debidamente justificadas. A tal efecto, el Gobierno deberá dotar la partida presupuestaria correspondiente, pudiéndose articular a través de
la futura empresa estatal de vivienda.
3. Explorar la posibilidad de incoar expedientes de expropiación sobre viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión, así como sobre el suelo en desuso y viviendas vacías en zonas rurales, para su posterior incorporación
al parque público. A tal efecto, el Gobierno impulsará un proyecto de ley que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de la función social de la propiedad, en especial de los suelos urbanos y urbanizables de uso residencial.
4. Poner en marcha un plan de rehabilitación para la recuperación de inmuebles públicos en desuso, así como un programa de ayuda a los ayuntamientos de zonas rurales para que puedan adquirir vivienda en desuso a bajo coste.
5. Establecer un programa de adquisición de viviendas privadas, mediante el uso del derecho de tanteo y retracto, por parte de todas las Administraciones, para dedicarlas al parque público y así poder alcanzar más rápidamente el objetivo
marcado en el punto anterior.
6. Tras movilizar todos los recursos, en caso de que resultara necesario, impulsar a través de las empresas municipales y autonómicas de vivienda o la futura empresa estatal de vivienda, la construcción anual de 150.000 viviendas públicas
sociales y asequibles. A tal efecto, es imprescindible que se materialice, con la mayor celeridad posible, el traspaso ya anunciado al SEPES de los activos de suelo y viviendas pertenecientes a la SAREB.
7. Asegurar que las viviendas del parque público se gestionan, exclusiva y directamente, desde las administraciones públicas como garantía de que, en el presente y en el futuro, el objetivo de estas sea su uso como vivienda y no la
extracción de rentas. Únicamente podrá preverse la cesión de la gestión a entidades sin ánimo de lucro cuando la administración competente acredite la imposibilidad de gestión directa, a través de convenios en lo que, entre otras cuestiones, se
mantenga la calificación de las viviendas durante el tiempo de cesión de la gestión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2025.-Juan Antonio Valero Morales, Teslem Andala Ubbi, Alberto Ibáñez Mezquita y Gerardo Pisarello Prados, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR.
Comisión de Cultura
161/002004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reconocer la figura de María Moliner por su compromiso con la cultura y
conmemorar en 2026 los primeros sesenta años de la primera impresión de su Diccionario del uso del Español, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El pasado 30 marzo se cumplieron 125 años del nacimiento de María Moliner en Paniza (Zaragoza). Bibliotecaria, docente, archivera, filóloga y lexicógrafa española que, a sus cincuenta años y en pleno franquismo, comenzó a escribir su propio
diccionario compuesto por más de 80.000 palabras y que tardó en realizar cerca de quince años en el salón de su propia casa.
Un diccionario que Gabriel García Márquez calificó 'como una proeza con muy pocos precedentes: lo escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana'.
La primera versión y edición del Diccionario de uso del español se publicó entre los años 1966 y 1967 y la editorial continuó publicando reimpresiones de la obra original hasta la 20.ª impresión, en Madrid, en el año 1997, varios años
después de su fallecimiento.
Cercana a la Institución Libre de Enseñanza, desde su juventud luchó por recibir una educación reglada y perteneció a una de las primeras generaciones de mujeres universitarias, graduándose en Zaragoza con el mejor expediente en la carrera
de Historia y siendo la primera profesora de la Universidad de Murcia. En Valencia dirigió durante la República las Misiones Pedagógicas, un proyecto que intentaba llevar bibliotecas a zonas rurales aisladas, y de las que fue apartada tras la
Guerra Civil.
Fue autora del Proyecto de bases de organización general de bibliotecas del Estado, conocido como el 'Plan de Bibliotecas' de 1939. Este documento sentó las bases para la organización y modernización de las bibliotecas públicas en España,
promoviendo la accesibilidad de la cultura y la educación en todo el territorio.
Pero su lucha continuó, en su diccionario se enfrentó entre líneas a la censura incluyendo palabras como exilio, libre o bikini, ésta última no estaba incluido en el diccionario y era, en ese momento, una prenda prohibida en España.
El Diccionario de uso del español de Moliner se distingue por su estructura única, que incluye familias de palabras y sinónimos, facilitando a los usuarios encontrar términos precisos para expresar sus ideas. Esta metodología innovadora ha
sido reconocida por su utilidad en la comprensión y uso del idioma.
El éxito del diccionario de Maria Moliner impulsó su candidatura a la RAE, pero fue rechazada en 1972, con acusaciones de misoginia. La lexicógrafa aragonesa hubiera sido la primera mujer en entrar en una institución exclusivamente
masculina, pero la oposición de otros académicos, lo impidió. Seis años más tarde la pionera fuera su amiga Carmen Conde.
A pesar de no haber sido admitida en la Real Academia Española en vida, el trabajo de María Moliner ha sido objeto de numerosos estudios académicos y biografías que destacan su dedicación y aportes a la lexicografía y la biblioteconomía. Su
diccionario continúa siendo una referencia esencial en el estudio y uso del español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer y valorar la figura de María Moliner por su compromiso con la cultura, promoviendo su accesibilidad en todo el territorio, y por el estudio y difusión del uso del español.
2. Ampliar los actos de reconocimiento de la figura de María Moliner iniciados en 2025 con motivo del 125 aniversario de su nacimiento, continuando en 2026 con la conmemoración del sesenta aniversario de la primera impresión de su
Diccionario de uso del español, con la realización de ediciones especiales del diccionario, programas educativos en centros escolares y universitarios, y la promoción de estudios académicos sobre su vida y obra.
3. Promover que la Real Academia Española divulgue el diccionario María Moliner, en base al artículo primero de sus estatutos que establece 'divulgará los escritos literarios [...] y procurará mantener vivo el recuerdo de quienes, en España
o en América, han cultivado con gloria nuestra lengua'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2025.-Marc Lamuà Estañol y María Luz Martínez Seijo, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno de España a apoyar y respaldar que Zaragoza sea la sede de
la Gala de los Premios Goya en 2028, a través del diálogo con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y el resto de las instituciones, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Francisco de Goya y Lucientes, uno de los artistas más universales de la historia, es un símbolo cultural indiscutible de Aragón y de España. Nacido en Fuendetodos (Zaragoza) en 1746, su obra y legado trascienden generaciones, siendo
precursor de la modernidad y fuente de inspiración para la creatividad artística, incluida la cinematografía.
En el horizonte de la conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya en 2028, Aragón se posiciona como un referente cultural y un espacio idóneo para acoger eventos de relevancia internacional, como la Gala de los Premios Goya, que
llevan el nombre del pintor como homenaje a su genio y legado artístico.
Además de su conexión con Goya, Aragón tiene una estrecha relación con el mundo del cine y cuenta con una rica tradición cinematográfica. Luis Buñuel, uno de los cineastas más influyentes de la historia, nació en Calanda (Teruel) y marcó la
narrativa del surrealismo cinematográfico. En la actualidad, el cine aragonés continúa destacando a través de numerosos profesionales, tanto delante como detrás de las cámaras. En 2024, sin ir más lejos, Aragón tiene una notable representación en
los Premios Goya, con múltiples nominaciones que evidencian el talento de sus cineastas, intérpretes y técnicos.
Históricamente, Aragón ha sido un territorio de inspiración para el séptimo arte, sirviendo de escenario para producciones nacionales e internacionales. Películas como Jamón, jamón (de Bigas Luna), Palmeras en la nieve (de Fernando González
Molina) o La
novia (de Paula Ortiz) han aprovechado la riqueza paisajística y patrimonial de la región para recrear universos únicos. Esta estrecha relación con el cine se refuerza cada año con eventos como el Festival Internacional de Cine de Huesca,
uno de los certámenes más importantes de cortometrajes y óperas primas a nivel internacional, y la actividad de instituciones como la Academia del Cine Aragonés.
Zaragoza, ciudad de la que Goya es figura emblema, conserva y promueve su legado a través de instituciones como el Museo Goya de la Fundación Ibercaja y enclaves únicos como La Cartuja de Aula Dei, que cuenta con un conjunto de pinturas
murales al óleo pintadas por el artista. La capital aragonesa se ha consolidado como una ciudad capaz de albergar eventos de relevancia nacional e internacional. En los últimos años, ha acogido importantes actos como la Expo 2008, que puso en
valor la capacidad logística y cultural de la ciudad, y grandes conciertos, ferias y congresos que demuestran su dinamismo y proyección. La ciudad cuenta con recintos de primera categoría, como el Auditorio de Zaragoza o el Palacio de Congresos,
así como una amplia red de hoteles y servicios que garantizan el éxito de eventos multitudinarios.
En los últimos años, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha impulsado la descentralización de la Gala de los Premios Goya, celebrándola en ciudades como Sevilla, Málaga y Valencia. Zaragoza, que nunca ha sido
sede de este evento, se presenta como una opción excelente para continuar esta itinerancia, destacando por su accesibilidad, conectividad y compromiso cultural. La celebración de los Goya en Zaragoza reforzaría además el papel de las ciudades
medianas como motores de la cultura, visibilizando a territorios con gran patrimonio histórico y artístico más allá de las grandes capitales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y, en particular, al Ministerio de Cultura:
1. A apoyar y respaldar que Zaragoza sea sede de la Gala de los Premios Goya en 2028, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la muerte del pintor y en reconocimiento a la figura de Francisco de Goya, la tradición
cinematográfica de Aragón y el talento de sus profesionales.
2. Promover el diálogo y la colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y el resto de instituciones para trasladar esta propuesta y explorar su viabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2025.-Alba Soldevilla Novials, Begoña Nasarre Oliva, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Víctor Javier Ruiz de Diego y Marta Gracia Blanco, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez
García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la atracción y retención del talento científico e innovador,
como respuesta a la ola internacional reaccionaria y negacionista, para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
El pasado mes de marzo pudimos leer en prensa que un científico francés del prestigioso Centro Nacional de Investigación (CNRS) fue privado de entrar en territorio estadounidense, donde había viajado para asistir a una conferencia en la
ciudad de Houston. El motivo: criticar a Donald Trump y las políticas que su Administración está desplegando en materia de investigación en conversaciones privadas.
El contexto impide que los hechos enunciados constituyan una mera anécdota. Con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca se han recortado cientos de millones de fondos destinados a agencias federales de investigación, entre las que se
sitúan los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), responsable de la salud pública y la biomedicina de investigación, o la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), dedicada a la investigación y educación fundamental en todos los campos no médicos de
la ciencia y la ingeniería.
La potencia número uno en el mundo en el ámbito científico recorre hoy un camino que podría revertir sus logros mediante la paralización de proyectos y la asfixia financiera de su personal científico e investigador. Muchos de los cuales
llegaron a EE.UU. desde otros países para desarrollar su carrera investigadora y que ahora, en algunos casos tras décadas de trabajo, ven peligrar sus puestos y sus proyectos científicos.
El escenario es trágico, pero es imprescindible reaccionar. Varios países de la Unión Europea, incluido España, que también cuenta con talento en EE.UU., han escrito a la comisaria europea de Investigación e Innovación para solicitar un
impulso en los fondos y mayores facilidades en los programas de atracción del talento emigrado. Los países europeos, que abanderan un modelo diametralmente opuesto al de la Administración Trump, tienen una oportunidad histórica para revertir
décadas de fuga de talento.
El Gobierno de España, consciente de la enorme pérdida de talento que sufrimos en nuestro país durante los gobiernos de Mariano Rajoy, resultado de la infrafinanciación en el ámbito científico y la educación superior, ha situado como
prioridad política la atracción y retención de talento científico e innovador. Con este objetivo, en junio de 2022 se aprobó el Plan de atracción y retención de talento científico e innovador a España, actualmente integrado en el Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027 (PEICTI).
Uno de los instrumentos más relevantes del Plan de atracción y retención de talento es el programa ATRAE, cuyo propósito es captar investigadores de reconocido prestigio internacional que hayan desarrollado en el extranjero al menos cinco de
los últimos siete años de su carrera. La primera convocatoria se publicó en 2023 con un presupuesto de 25 M y la segunda en 2024 con un presupuesto de 30 M. En diciembre de 2024 se produjo la resolución definitiva de la segunda convocatoria y en
mayo de 2025 está prevista una nueva convocatoria con un presupuesto de 30 M.
Como resultado de las dos convocatorias hasta la fecha, se han concedido ayudas por 55 M a 58 candidaturas, seleccionadas entre las 420 solicitudes recibidas. Esta tasa de éxito del 13,8 % indica que fueron convocatorias muy competitivas,
lo cual refleja el atractivo del programa y en términos más generales el atractivo de España para la ciencia.
El compromiso del Gobierno de España por la ciencia y la innovación ha generado un verdadero cambio de paradigma, cuyos resultados no han tardado en aparecer. Actualmente tenemos en España más personas trabajando en l+D que nunca, hasta el
punto de que casi uno de cada cinco nuevos empleos se ha creado en sectores relacionados con la ciencia y la innovación; son los sectores que más crecen, muy por encima de la media.
Los avances son incuestionables y la situación internacional impele a profundizar en nuestros esfuerzos. Por este motivo es necesario continuar impulsando los instrumentos de atracción y retención de talento, en sintonía con las líneas
estratégicas de la Unión Europea. España y Europa, garantes de la libertad de expresión y de creación, no impedirán la entrada de científicos en sus territorios por sus opiniones políticas. El talento científico e innovador es y será bien recibido
y cuidado, porque nosotros sí creemos en el progreso que trae consigo la innovación y confiamos en las científicas y los científicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trabajar para que la Unión Europea incremente los fondos destinados y profundice en los instrumentos que garantizan la atracción y retención de talento científico e innovador.
2. Continuar impulsando los instrumentos nacionales de atracción y retención de talento, como el programa ATRAE, garantizando los recursos y las medidas necesarias para su implementación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2025.-Obdulia Taboadela Álvarez y Roberto García Morís, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/002006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la condena de los discursos de odio de líderes internacionales contra el
colectivo LGTBI y la necesidad de reforzar su protección en España y a nivel internacional, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
A lo largo de estos últimos meses hemos sido testigos de un preocupante incremento en los discursos de odio dirigidos hacia el colectivo LGTBI por parte de líderes políticos internacionales. Estas declaraciones no solo vulneran los derechos
fundamentales de millones de personas, sino que también fomentan un clima de intolerancia y discriminación que, como bien sabemos, terminan convirtiéndose en actos de violencia y marginación.
En enero de 2025, durante la celebración del Foro Económico Mundial en Davos, el presidente argentino Javier Milei vinculó la homosexualidad con la pedofilia, afirmando que 'en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye
lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos'. Estas declaraciones han generado una ola de repudio y protestas en Argentina, así como manifestaciones masivas a lo largo del país, secundadas también a nivel internacional, evidenciando el peligro
de asociar orientaciones e identidades sexuales diversas con delitos aberrantes.
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha implementado desde su reciente llegada una serie de medidas que atentan contra los derechos del colectivo LGTBI, y muy particularmente contra las personas trans. Algunas de
ellas son las siguientes:
- Prohibición indiscriminada de la participación de mujeres trans en categorías deportivas femeninas, sin tener en cuenta si existe o no ventaja competitiva y las directrices marcadas por el Comité Olímpico Internacional en este asunto.
- Expulsión de personas trans del ejército mediante una orden ejecutiva que establece que estas personas no pueden servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos, revirtiendo políticas anteriores que promovían la inclusión y diversidad en
el ejército.
- Restricciones en el acceso a tratamientos hormonales y de afirmación de género: La administración Trump ha emitido órdenes que buscan eliminar la financiación federal
para centros médicos y otras instituciones médicas que proporcionen atención de afirmación de género a menores de 19 años, lo que ha llevado a la suspensión de estos tratamientos en varios centros de salud.
- Salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tanto Trump como Milei han anunciado la retirada de sus países de la OMS. Especialmente flagrante es el caso de EEUU que, con su salida, deja sin subvenciones a los programas de
distribución de medicamentos para personas con VIH en países en vías de desarrollo, lo que pone en riesgo a más de 30 millones de personas en el mundo que dependen de esta financiación.
Estas acciones y declaraciones son sólo algunas de las muchas que se han sucedido a lo largo de estos meses. Una involución iniciada que está convirtiéndose en un efecto dominó en todo el mundo de ataques directos a los derechos más
fundamentales del colectivo LGTBI. Representando un retroceso en los avances logrados en materia de derechos humanos.
Es necesario que España, como país pionero en la lucha por los derechos del colectivo LGTBI y comprometido con la defensa de la igualdad y la dignidad humana, adopte una postura firme y proactiva ante estos desafíos y lidere, también en
Europa, la defensa de los valores democráticos que nos representan frente a la ola reaccionaria.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar condenando de manera enérgica y pública los discursos de odio y las medidas discriminatorias contra el colectivo LGTBI emitidos por líderes internacionales.
2. Liderar en el seno de la Unión Europea y las Naciones Unidas una iniciativa global para combatir la criminalización de las personas LGTBI, promoviendo la derogación de leyes discriminatorias.
3. Seguir impulsando y desarrollando un Plan de Protección para Personas LGTBI Refugiadas y continuar garantizando el derecho de asilo en España a quienes huyen de países donde su orientación sexual o identidad de género los pone en riesgo
de persecución o violencia.
4. Fortalecer la cooperación internacional con organizaciones de derechos humanos que trabajan en la protección y promoción de los derechos LGTBI, proporcionando apoyo-financiero y logístico a programas que asistan a personas afectadas por
políticas discriminatorias.
5. Implementar campañas nacionales de sensibilización y educación que promuevan el respeto y la inclusión del colectivo LGTBI, combatiendo estereotipos y prejuicios que alimentan la discriminación y la violencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2025.-Víctor Gutiérrez Santiago y Andrea Fernández Benéitez, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Juventud e Infancia
161/001904
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley para garantizar el bienestar de las generaciones futuras.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Juventud e Infancia. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el bienestar de las generaciones futuras, para su debate
en la Comisión de Infancia y Juventud.
Exposición de motivos
En septiembre de 2024 se celebró en Nueva York la Cumbre del Futuro, organizada e impulsada por las Naciones Unidas (ONU). De ella salió aprobado el texto del Pacto para el Futuro, que incluye una Declaración sobre las Generaciones Futuras
(A/RES/79/1). Esta Declaración anexada al Pacto, reconoce que 'las decisiones, las acciones y la inacción de las generaciones presentes tienen un efecto multiplicador intergeneracional y, por consiguiente, resolviendo velar por que las generaciones
presentes actúen con responsabilidad para salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras'. Además, apunta a la infancia y la juventud como 'agentes de cambio', destacando que 'nuestros procesos normativos y decisorios
deben tener en cuenta el diálogo y los contactos intergeneracionales'. Entre las acciones a abordar, se emplaza a 'adoptar un enfoque pangubernamental para coordinar, incluso a nivel nacional y local, la valoración, la formulación, la aplicación y
la evaluación de políticas que salvaguarden las necesidades y los intereses de las generaciones futuras'.
Las decisiones y acciones políticas que se están llevando a cabo hoy afectan profundamente al mañana. Nos encontramos en un escenario ecológico desalentador, un cambio climático que provoca el aumento de las temperaturas, sequías, pérdida
de biodiversidad, escasez de alimentos, más riesgos para la salud y más pobreza y desplazamientos forzados, y todo ello, en un contexto internacional cada vez más negacionista que rompe consensos y dificulta objetivos climáticos ambiciosos. En 2015
se aprobó el acuerdo de París, y se impulsó y aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Supuso un acuerdo histórico entre 193 países para desarrollar un plan de acción a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad, y en el que la protección de los recursos naturales actuales tomaba especial relevancia para asegurar un medio ambiente sostenible a las generaciones futuras. El bienestar presente y futuro son los pilares de
este desarrollo sostenible y de una acción climática justa y clara. Las miradas cortoplacistas en las decisiones condenan los compromisos adoptados internacionalmente y a las generaciones venideras, que sufrirán las consecuencias de esas políticas
a cortoplacistas. Es por ello que resulta imprescindible no solo escucharlas ahora, sino fomentar su participación: estas generaciones tienen mucho que decir sobre el mundo que se les está dejando.
En Gales, la política con mirada larga se ha blindado con la aprobación de la Ley para el Bienestar de las Generaciones Futuras. Una iniciativa apoyada por muchas organizaciones civiles que marca unas pautas de actuación para que las
autoridades públicas tengan en cuenta los impactos a largo plazo en su toma de decisiones y que establece un organismo encargado de auditar la actividad de las autoridades públicas en relación con la salvaguarda del bienestar de las generaciones
futuras. Tal y como recoge el profesor de Derecho Público Marcos de Armenteras en su artículo Generaciones futuras y política a largo plazo: un estudio sobre la Ley para el Bienestar de las Generaciones Futuras de Gales, la ley establece
herramientas para favorecer la toma de decisiones en las instituciones públicas en todos los niveles de la administración, como la medición del impacto intergeneracional o indicadores ODS, para asegurar que no hay cabida a una regresión de los
derechos sociales y ambientales.
Primero de todo, se establece un marco de obligaciones generales basadas en lo que han llamado principio de desarrollo sostenible, que busca asegurar la prosperidad de las generaciones presentes sin comprometer a las futuras. En base a ese
principio se desarrollan obligaciones generales con objetivos de bienestar (un Gales próspero, resiliente, más igualitario, con comunidades cohesionadas, culturalmente vibrantes y globalmente responsable). Las normas deben incluir una declaración
en la que se explica cómo la norma en cuestión trabaja en el cumplimiento de estos objetivos de bienestar. En segundo lugar, la ley crea un Comisionado, una figura independiente que evalúa el trabajo de las instituciones y de todos los niveles de
la administración pública en la promoción del desarrollo sostenible y fomenta que estas tengan en cuenta el impacto a largo plazo de las políticas. Este Comisionado también recomienda políticas a desarrollar o aquellas que deben cesar, apunta
cambios y recoge la percepción ciudadana. De hecho, si se determinara una figura similar en España, las funciones de este Comisionado podrían incluirse en el trabajo que realiza la figura del Defensor del Pueblo, que ya se ha manifestado en algunas
ocasiones sobre políticas ambientales incumplidas que afectan al futuro del país como la no implementación de las Zonas de Bajas Emisiones.
En España este tipo de iniciativas no son nuevas. En 2023 se aprobó una Iniciativa Legislativa Popular para el Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras en les liles Balears. Además de marcar los objetivos a alcanzar, como la
prosperidad social colectiva, la resiliencia, la salud, la igualdad, o la cohesión social, preveía la creación de un órgano consultivo e independiente que pudiera intervenir en los procedimientos de elaboración normativa y en la evaluación de la
planificación y actuación de las administraciones públicas de las Illes Balears.
En conclusión, la introducción de la perspectiva del futuro en las políticas públicas actuales puede mejorar la toma de decisiones no solamente para garantizar una vida digna a la población del presente sino también a la ciudadanía del
futuro.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar diferentes vías para introducir una evaluación en la elaboración de las normas y leyes impulsadas por el Estado que contemple objetivos de prosperidad, resiliencia, salud, igualdad, cohesión social, cultura y responsabilidad
global, y que abarque los retos de descarbonización, protección de la biodiversidad y los ecosistemas, acceso a la salud y a la educación, calidad del trabajo, igualdad, promoción y protección de la cultura, en cada una de las políticas públicas.
Estas metas pueden vincularse bajo un principio de desarrollo sostenible, que debe asegurar que las necesidades actuales son satisfechas sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.
2. Estudiar la viabilidad de una figura que evalúe el cumplimiento de las metas de bienestar, publicada en cada iniciativa del ejecutivo, bajo el principio de desarrollo sostenible. Esta figura puede otorgar asesoramiento, asistencia y
elaborar recomendaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2025.-Júlia Boada Danés, Nahuel González López, Viviane Ogon i Corbi, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional, SUMAR.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001462
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP)
Incorporación de su firma a la Proposición no de Ley para el desarrollo de la figura del experto facilitador judicial.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por incorporada la firma de referencia, así como comunicarlo a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.- La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', núm. 238, de 19 de noviembre de 2024.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez De Millán Parro, Ángel López Maraver, Francisco José Alcaraz Martos y Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la seguridad de los trabajadores que prestan su servicio en las carreteras españolas, para su discusión en la Comisión sobre
Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Primero. Siniestralidad significativa del personal de que presta servicio en las carreteras
En 2024, la Dirección General de Tráfico ('DGT') registró el fallecimiento de 5 gruistas y 2 operarios de conservación y mantenimiento de carreteras mientras realizaban sus
labores en las vías de tráfico. Conforme a lo expuesto, la cifra de afectados supone un aumento del 100 % con respecto al año 2023 45. En marzo de 2019 la DGT, junto con la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX), promovió una campaña bajo el lema 'En la carretera no estás solo', donde ponía en valor el trabajo de 'cientos de personas [que] trabajan en las carreteras para mejorarlas (personal de conservación y mantenimiento), para
auxiliar a los conductores que sufren cualquier avería (técnicos y operarios de grúas) o regulando el tráfico (policías de tráfico) para conseguir que el derecho a la movilidad que todos los ciudadanos tienen, se realice de la forma más segura y
fluida posible' 46. El dato era alarmante: 'En los últimos cinco años, un centenar de personas fallecieron en las carreteras mientras trabajaban por la seguridad de los conductores' 47.
El sector de trabajadores de auxilio en carretera, a través de La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera lleva cuatro años reclamando a la DGT la realización de una campaña de sensibilización y concienciación dirigida a los conductores de
vehículos pesados. El objeto de esta campaña sería fomentar el respeto a los obstáculos en la vía, especialmente en las zonas donde se sitúa un vehículo de auxilio operando, promoviendo que guarden a su vez una distancia mínima de seguridad y la
indicación del cambio de carril.
Durante el periodo que va desde el año 2020 hasta el 2025, se han contabilizado aproximadamente 30 víctimas de siniestralidad, sumando un total de 39 accidentes. Es oportuno resaltar que estas cifras han sido contabilizadas por la Alianza
Nacional de Auxilio en Carretera, ya que la DGT ni siquiera ha actualizado las cifras. Buen ejemplo de ello es que la propia DGT maneja datos del año 2022, donde se contabiliza un único fallecido, mientras que la Alianza Auxilio en Carretera ha
estimado hasta 4.
Desde el sector de auxilio en carretera se ha manifestado en multitud de ocasiones la necesidad de dicha campaña de concienciación y sensibilización. En este punto, conviene reseñar que el Consejo de Superior de Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible, es el órgano de consulta y que tiene por objeto mejorar el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible, así como promover el acuerdo entre las distintas administraciones públicas y entidades que desarrollan actividades
en dichos ámbitos. Dicho órgano, a través de su grupo de trabajo de 'Grúas de Auxilio en Carretera', aceptó la campaña señalada supra. Empero, el Ejecutivo haciendo gala de una abulia palmaria no la ha llevado a la práctica.
Segundo. Campaña para la protección del personal laboral en carretera
La campaña, solicitada por los afectados por la siniestralidad vinculada a los operarios que realizan una amplitud de labores en carretera, y que debe promoverse a través de publicidad institucional, debe enfocarse en la emisión de mensajes
dirigidos al público general que transita por la vía.
Sin embargo, deberá tener un énfasis especial en los conductores de vehículos pesados, destacando la importancia de prestar atención a los obstáculos en la carretera generados por la presencia de vehículos de auxilio en operación. Asimismo,
se debe subrayar la necesidad de mantener una distancia mínima de seguridad y la indicación de cambio de carril según lo indicado.
Igualmente, se debe de hacer hincapié en la comunicación de mensajes destinados a los trabajadores de auxilio en carretera, recordándoles la importancia de una correcta señalización del lugar de operaciones y el adecuado uso de los equipos
de protección individual, en el marco de la implementación de la señal V-16, mientras que en el caso de los operarios de conservación y mantenimiento de carreteras resulta esencial la V2 IoT.
45 SACO, S. 'En 2024 aumentaron los operarios de carretera fallecidos, y el sector pide usar estos sistemas'. 20.01.2025. EL CONFIDENCIAL. Disponible [En línea]:
https://www.elconfidencial.com/motor/trafico/2025-01-20/dgt-operarios-fallecidos-carreteras-conservacion-via_4042442/.
46 'En la carretera no estás solo', Dirección General de Tráfico: https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2019/03MARZO/0327en-la-carretera-no-estas-solo.shtml#.
47 Ibidem.
Para el resto de los trabajadores, se debe de insistir en la aplicación del resto de las señalizaciones y medidas de seguridad pertinentes, confiando en el rigor y la experiencia de los expertos de la DGT.
Tercero. Medidas de seguridad
Con el objetivo de mejorar la seguridad vial en general, urge adoptar medidas de seguridad adicionales. En primer lugar, es imprescindible asegurar la máxima visibilidad y seguridad de los vehículos grúa mediante la señalización pertinente
y garantizar que los operarios cuenten con la dotación necesaria y hagan uso de equipos de protección individual ('EPIs'). Por otro lado, se considera oportuno promover la formación de agentes de tráfico y policías locales, para la gestión de
situaciones relacionadas con el auxilio en situaciones de siniestralidad y seguridad vial.
Finalmente, sería pertinente avanzar en el uso de tecnologías innovadoras tales como la integración de plataformas digitales con el propósito de poner en conocimiento del conductor las situaciones de emergencia a tiempo real.
En el caso de los operadores de conservación y mantenimiento de carreteras, sería apropiado, no solamente la campaña de sensibilización e insistencia de uso, sino que también la aseguración por parte de la Dirección General de Tráfico de la
existencia de dos equipos de alta tecnología como los conos conectados y la señal V2 IoT, ambos conectados con la plataforma DGT 3.0 y que permiten transmitir información sobre las obras que se están efectuando en las vías.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Impulsar una campaña mediática de sensibilización y concienciación, por parte de la Dirección General de Tráfico, dirigida a los conductores y usuarios de las vías, con el objetivo de reducir los accidentes que afectan tanto al personal
que trabaja en las carreteras, como los operarios de vehículos de auxilio en carretera y o los operarios de conservación y mantenimiento de carreteras.
2. Garantizar la máxima visibilidad y seguridad de los vehículos grúa mediante señalización adecuada, así como la dotación y uso obligatorio de equipos de protección individual (EPIs) por parte de los operarios de auxilio en carretera.
3. Avanzar en la conectividad y el uso de tecnologías innovadoras, incluyendo la implementación de dispositivos de preseñalización de accidentes VI6 en el caso de los operarios de auxilio en carretera y la integración con aplicaciones
digitales, que permitan alertar a los usuarios sobre situaciones de emergencia en tiempo real. Asimismo, implementar conos conectados y la señal V2 IoT para fortalecer la seguridad de los operarios de conservación y mantenimiento de carreteras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2025.-Ángel López Maraver, Francisco José Alcaraz Martos y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la mejora de la seguridad vial de la N-550 a su paso por el Concello de Valga, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La N-550 atraviesa el Concello de Valga, incluido su núcleo urbano, donde pasa a denominarse Avenida da Coruña y constituye la calle principal de la localidad. Sin embargo, este recorrido no se adapta a las directrices y necesidades
actuales de los espacios urbanos y requiere de actuaciones que logren su humanización e integración en la trama urbana.
Así, la N-550, al atravesar Valga mantiene las características de una carretera en lugar de adaptarse al entorno y convertirse en una calle integrada en la trama urbana, al carecer de los elementos necesarios en materia de seguridad vial y
estar destinada principalmente al tráfico motorizado, mientras que no cuenta con medidas que faciliten el tránsito peatonal pese a ser la calle central de la localidad.
De hecho, en la Avenida da Coruña es donde se ubican los equipamientos y servicios más importantes de uso cotidiano para los vecinos del municipio, como el ayuntamiento, el centro de salud o el colegio, además de comercios o restaurantes,
entre otros. Es, por tanto, la zona de mayor tránsito peatonal, pero la calle carece de los elementos de seguridad que facilitan cruzar de una acera a otra.
En consecuencia, para garantizar la seguridad de la circulación por la Avenida da Coruña, especialmente para los peatones, es necesario incorporar medidas de seguridad vial, empezando por nuevos pasos de peatones a lo largo de todo el
recorrido, ya que actualmente solo hay uno en todo el cruce. Asimismo, es necesario mejorar o remodelar las intersecciones con otras vías, además de los reguladores de velocidad del tráfico, ya que los vehículos en su mayoría circulan a velocidades
superiores a los límites máximos establecidos para los tramos urbanos.
En definitiva, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible debe actuar en este tramo de la N-550, carretera de titularidad estatal, para, en coordinación con el propio Concello, abordar la reforma integral de la Avenida da Coruña a
su paso por Ponte Valga. Son necesarias unas actuaciones que permitan adaptar la vía al entorno, humanizándola e integrándola en la trama urbana, de forma que facilite la convivencia y la seguridad de los peatones y del tráfico rodado.
Sin embargo, hasta que pueda iniciarse este proyecto, es necesario implantar, como mínimo y con urgencia, las actuaciones imprescindibles para garantizar la seguridad vial, empezando por la remodelación de las distintas intersecciones, así
como acciones de pacificación del tráfico y la instalación de pasos peatonales elevados para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad. También deberá preverse la inclusión de elementos que permitan el cambio de dirección y medidas que controlen
y limiten la velocidad máxima a 30 km/h en zona urbana.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Realizar, en coordinación con el Concello de Valga, un proyecto de reforma integral de la Avenida da Coruña que permita adaptar la vía al entorno, humanizándola e integrándola en la trama urbana, de forma que facilite la convivencia y la
seguridad de los peatones y del tráfico rodado.
2. Iniciar, como mínimo y a la mayor brevedad, actuaciones de remodelación en las diferentes intersecciones del tramo urbano que cruza Valga con el objetivo de mejorar la seguridad vial.
3. También se prevé urgentemente la instalación de más pasos de peatones, elevados donde sea necesario, que permitan cruzar la calzada con seguridad, así como medidas para pacificar el tráfico, mejorar la accesibilidad y habilitar cambios
de dirección que faciliten la integración de la N-550 en su camino a través de la localidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei para a
mellora da seguridade viaria da N-550 ao seu paso polo Concello de Valga para o seu debate na Comisión de Seguridade Viaria.
Exposición de motivos
A N-550 atravesa o Concello de Valga, incluído o seu núcleo urbano, lugar en que pasa a denominarse Avenida da Coruña, constituíndo a rúa principal da localidade. Porén, esta travesía non se adapta ás directrices e necesidades actuais dos
espazos urbanos e precisa de actuacións que logren a súa humanización e integración na vila.
Así, a N-550 na travesía de Valga, mantén as características propias dunha estrada en lugar de adaptarse ao entorno e converterse nunha rúa integrada na trama urbana, pois carece dos elementos necesarios en materia de seguridade viaria e
está principalmente destinada ao tráfico motorizado, ao tempo que non dispón das medidas que faciliten o tránsito de viandantes a pesar de ser a rúa central da localidade.
De feito, na Avenida da Coruña é onde se sitúan os equipamentos e servizos máis importante e de uso diario para os veciños e veciñas do concello como son o consistorio, o centro de saúde ou o colexio, así como comercios ou restaurantes,
entre outros. Constitúe, por tanto, a zona de maior tránsito de peóns, que deben atravesar dunha marxe a outra da rúa sen os elementos de seguridade que o faciliten.
En consecuencia, para asegurar un tránsito seguro na Avenida da Coruña, especialmente para as e os viandantes, é preciso incorporar medidas de seguranza viaria, a comezar por novos pasos de peóns ao longo de todo o trazado, pois, na
actualidade, só hai un en toda a travesía. Así mesmo, é preciso mellorar ou remodelar as interseccións con outras vías, ademais de reguladores da velocidade do tráfico, pois os vehículos circulan, na súa maioría, superando os límites máximos
previstos para tramos urbanos.
En definitiva, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel debe actuar neste tramo da N-550, vía de titularidade estatal, para, en coordinación co propio Concello, abordar a reforma integral da Avenida da Coruña ao seu paso por
Ponte Valga. Unhas actuacións que permitirán adaptar a estrada ao entorno, humanizándoa e integrándoa na trama urbana, de forma que se facilite a convivencia e seguridade de peóns e tráfico rodado.
Porén, mentres este proxecto non poida ser iniciado, é preciso que se inicien, cando menos e de forma urxente, as actuacións imprescindíbeis para asegurar un tránsito seguro, a comezar pola remodelación das distintas interseccións, así como
actuacións para o calmado do tráfico e a instalación de pasos peonís elevados para mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade. Tamén debe preverse a inclusión de elementos que posibiliten o cambio de sentido e medidas que controlen e limiten a
velocidade máxima a 30 km/h na zona urbana.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Realizar, en coordinación co Concello de Valga, un proxecto para a reforma integral da Avenida da Coruña que permita adaptar a estrada ao entorno humanizándoa e integrándoa na trama urbana, de forma que se facilite a convivencia e
seguridade de peóns e tráfico rodado.
2. Iniciar, cando menos e á maior brevidade posíbel, actuacións de remodelación das distintas interseccións no tramo urbano de Valga co obxectivo de mellorar a seguridade viaria.
3. Prever, tamén de forma urxente, a instalación de máis pasos peonís, elevados onde for preciso, que permitan atravesar a vía de forma segura, así como medidas para o calmado do tráfico, a mellora da accesibilidade e a habilitación de
cambios de sentido para facilitar a integración da N-550 ao seu paso pola vila.'
En Madrid, a 2 de abril de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001081
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
José Alberto Herrero Bono y Héctor Palencia Rubio
¿Cómo se encuentran los estudios informativos y proyectos relativos al Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, así como los plazos de licitación y posterior ejecución por parte del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2025.-José Alberto Herrero Bono y Héctor Palencia Rubio, Diputados.
181/001082
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Esther Llamazares Domingo y Héctor Palencia Rubio
¿Va a quedar Asturias sin servicio de ambulancia a partir del próximo 30 de abril y en caso afirmativo qué protocolo de actuación sanitaria se activará en este aeropuerto a partir de esa fecha en caso de emergencias médicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2025.-Esther Llamazares Domingo y Héctor Palencia Rubio, Diputados.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
181/001080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquín Robles López, José Ramírez del Río y Jacobo González-Robatto Perote, en su condición respectiva de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.
¿Qué acciones concretas está desarrollando el Gobierno para promocionar fuera de España el aprendizaje del español como lengua oficial del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2025.-Jacobo González-Robatto Perote, José Ramírez del Río y Joaquín Robles López, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/011650
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martínez Barbero, Verónica (GSUMAR) Guijarro García, Txema (GSUMAR)
Estado de las concesiones de los dos edificios de la Dirección General de la Costa y el Mar en la avenida Julián Valverde de Sabaría, de Baiona (Pontevedra).
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 63654, admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del
Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta las siguientes preguntas relativas a la concesión de los edificios de Costas en Baiona dirigidas al Gobierno para las que se
solicita respuesta escrita.
- ¿En qué situación están las concesiones de los dos edificios de la Dirección General de la Costa y el Mar en la Avenida Julián Valverde de Sabarís (Baiona-Pontevedra)?
- ¿Ha recibido alguna solicitud del municipio respecto a su concesión o cesión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2025.-Verónica Martínez Barbero y Txema Guijarro García, Diputados.
184/021617
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martínez Seijo, María Luz (GS) García López, Maribel (GS)
Retirada de su pregunta sobre relación nominal de los consejeros de educación en el exterior dependientes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a las autoras de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.- La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 2 de abril de 2025.