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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 313, de 31/03/2025
cve: BOCG-15-D-313
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
31 de marzo de 2025
Núm. 313
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001928 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo y refuerzo de la nueva estrategia España África 2025-2028 ... (Página8)
161/001929 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo a las políticas de refuerzo y desarrollo de la acción cultural del Instituto Cervantes ... (Página9)
Comisión de Justicia
161/001898 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ... (Página11)
161/001909 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de sufragio de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención de
la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificada por el Reino de España ... (Página13)
161/001918 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas contra la multirreincidencia ... (Página16)
161/001919 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, reclamando que las propuestas legislativas del Gobierno se dirijan a fortalecer la independencia judicial ...
Comisión de Defensa
161/001902 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para promover determinadas medidas de cara a la mejora de los oficiales de complemento en situación RED ... (Página20)
161/001903 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la aplicación del Grupo A1 a los efectos de pensión de viudedad a los militares fallecidos antes de pase a reserva en consonancia con la
Disposición transitoria séptima. Ascenso de suboficiales al empleo de teniente, Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar ... (Página23)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001891 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en defensa de la gestión estatal de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional ...
Comisión de Interior
161/001895 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al cambio de criterio de acceso a las dependencias de asilo de Melilla ... (Página27)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001890 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la liberalización del peaje de la AP-7 y otras medidas para paliar los problemas derivados de la situación de la A-397 de Ronda a San
Pedro ... (Página28)
161/001900 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para nombrar el puente de Saamasas en Lugo como puente Tomás Notario Vacas ... (Página29)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001906 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la presencia de la Federación Española de Pelota en competiciones internacionales ... (Página30)
161/001913 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el diseño de una estrategia de refuerzo de la educación audiovisual ... (Página32)
161/001920 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cumplimiento de acordar la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Deporte ... (Página33)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001907 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para el aumento del coeficiente reductor de la jubilación de los buceadores profesionales y el estudio de un coeficiente reductor para los
instructores de buceo recreativo ... (Página35)
161/001933 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las medidas para impedir la deslocalización y sobre la precariedad laboral en el sector de los centros de llamadas ...
Comisión de Industria y Turismo
161/001926 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la oposición a la macrocelulosa ALTRI y evitar así la instalación de una bomba ambiental en el corazón de Galicia ...
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001905 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de mejorar la recomendación de consumo de pescado y productos pesqueros en el proyecto de Real Decreto para el fomento de una alimentación
saludable y sostenible en centros educativos ... (Página44)
161/001912 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la divulgación, mejora digital y evaluación del Sistema Arbitral del Consumo ... (Página47)
161/001931 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reconocimiento y apoyo al pueblo gitano ... (Página49)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001908 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la alimentación forzada en la producción de foie gras ... (Página51)
Comisión de Política Territorial
161/001915 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a continuar impulsando líneas de actuación que hagan frente al cambio climático y sus consecuencias devastadoras, situando a las entidades locales y
su modelo territorial y urbano en el centro de las políticas públicas ... (Página54)
161/001916 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inmigración y la diversidad de la ciudadanía como realidad en los municipios españoles ... (Página55)
161/001921 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la publicación de la información institucional, organizativa y de planificación de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ... (Página58)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001893 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para el estudio y aplicación de una tasa a los vuelos frecuentes ... (Página60)
161/001894 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para establecer un gravamen al combustible para la aviación ... (Página62)
161/001899 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la exclusión del lobo del LESPRE y su consideración como especie cinegética ... (Página64)
161/001917 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de fomento de la energía agrovoltaica en nuestro país ... (Página65)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001910 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre el uso responsable de algoritmos en portales inmobiliarios ... (Página66)
161/001911 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos ... (Página68)
161/001927 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesaria aplicación de la Ley por el derecho a la vivienda en lo referido a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, danto
cumplimiento a lo recogido en su artículo 18 ... (Página70)
Comisión de Cultura
161/001924 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el apoyo y financiación del complejo audiovisual Ciudad de la Luz y el Sector Audiovisual de la Comunitat Valenciana ...
161/001925 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de la declaración de las Alfombras del Corpus como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España ...
(Página74)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001892 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre el uso responsable de algoritmos en portales inmobiliarios ... (Página77)
161/001932 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las medidas para impedir la deslocalización y garantizar una atención próxima y personal de la clientela en el sector de los centros de llamadas ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001930 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la creación de un fondo humanitario de emergencia para Sudán y el liderazgo de España en promover un acuerdo de paz ...
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001914 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación de un sistema único de autorización para el acceso de personas con discapacidad y movilidad reducida a las zonas de bajas emisiones en
todo el territorio nacional ... (Página85)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001896 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar la seguridad vial en Ibeas de Juarros incorporando su circunvalación prevista al primer tramo de la futura A-12 ...
161/001897 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dar a conocer la nueva normativa sobre el uso obligatorio de la señal luminosa V-16 ... (Página88)
161/001922 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la falta de examinadores en la Jefatura Provincial de Tráfico de Guadalajara ... (Página89)
161/001923 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el estudio de modelos alternativos y las mejoras para el sector de la formación de conductores ... (Página90)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001060 Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre previsiones acerca de cumplir con la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los
Diputados el día 25/09/2024 y reforzar los efectivos humanos y medios materiales para la Guardia Civil en Cantabria ... (Página92)
181/001061 Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre previsiones acerca de llevar a cabo algún refuerzo de efectivos humanos y medios materiales para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en Cantabria ... (Página92)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001059 Pregunta formulada por los Diputados Beatriz Jiménez Linuesa (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre fecha prevista por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el inicio de las obras de la autovía
Guadalajara-Tarancón ... (Página92)
Comisión de Sanidad
181/001062 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Muñoz de la Iglesia, Ester (GP),
Navarro Lacoba, Carmen (GP), Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y
Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre medidas previstas ante el hecho de que, según planteó la Asociación Española de Bioempresas, España sigue lejos de disponer de un mercado de financiación de empresas biotech a la altura de las necesidades del
ecosistema ... (Página93)
181/001063 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Muñoz de la Iglesia, Ester (GP),
Navarro Lacoba, Carmen (GP), Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y
Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre medidas
previstas ante la recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tras analizar el proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias del Ministerio de Sanidad, de reforzar la
vigilancia y la motivación de decisiones en la evaluación de las citadas tecnologías sanitarias ... (Página93)
181/001064 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Muñoz de la Iglesia, Ester (GP),
Navarro Lacoba, Carmen (GP), Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y
Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud realizada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y materializar alguna medida con la que favorecer una mayor integración del farmacéutico y la
farmacia en el sistema sanitario porque esto va a redundar en beneficio de los ciudadanos y el Sistema Nacional de Salud ... (Página93)
181/001065 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Muñoz de la Iglesia, Ester (GP),
Navarro Lacoba, Carmen (GP), Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y
Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre medidas previstas para maximizar resultados de la voluntad mostrada desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes por hacer 'que nuestra experiencia como pacientes pueda ayudar a cambiar los procesos
asistenciales y a mejorar la manera de tratar la cronicidad' ... (Página94)
181/001066 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Muñoz de la Iglesia, Ester (GP),
Navarro Lacoba, Carmen (GP), Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y
Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre medidas previstas ante el hecho de que, según se planteó desde el Foro Español de Pacientes, es necesario que los pacientes tengan acceso a tratamientos innovadores para la desnutrición, visto y demostrado el
alcance de los resultados esperables ... (Página94)
181/001067 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Muñoz de la Iglesia, Ester (GP),
Navarro Lacoba, Carmen (GP), Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y
Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre medidas previstas ante el hecho de que, según se planteó desde el Sindicato de Enfermería Satse de Ceuta, 'el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria mantiene que no hay listas de espera o son
pequeñísimas, pero no es cierto y la población de Ceuta se siente engañada y con razón' ... (Página95)
181/001068 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Muñoz de la Iglesia, Ester (GP),
Navarro Lacoba, Carmen (GP), Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y
Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre medidas previstas ante el hecho de que, según planteó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, desde el propio Gobierno se pretende que cada vez asuman más funciones y competencias ...
181/001069 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Muñoz de la Iglesia, Ester (GP),
Navarro Lacoba, Carmen (GP), Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y
Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre medidas previstas ante la necesidad de, según plantea el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, mejorar las condiciones laborales de los enfermeros que realizan cuidados de larga duración
para acabar con el déficit de personal y la precariedad laboral como forma de afrontar el reto que supone la creciente esperanza de vida y el envejecimiento acelerado de la población ... (Página96)
181/001070 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Muñoz de la Iglesia, Ester (GP),
Navarro Lacoba, Carmen (GP), Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y
Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre medidas previstas ante el hecho de que, según planteó la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, en materia de ordenación profesional hay que planificar los recursos basados en datos serios y con
previsiones serias de las necesidades de especialistas en los próximos años ... (Página96)
181/001071 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Muñoz de la Iglesia, Ester (GP),
Navarro Lacoba, Carmen (GP), Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y
Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre medidas previstas ante el hecho de que, según planteó el Colegio de Médicos de Melilla, los datos de las listas de espera de la Ciudad Autónoma ofrecidos desde el Ministerio de Sanidad no coinciden con los suyos y
la información ofrecida desde el propio Ministerio de Sanidad no es real ... (Página97)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las
Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo y refuerzo de la nueva estrategia España África 2025-2028, para
su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La nueva estrategia España África 2025-2028 impulsada por el gobierno español, representa un avance estratégico en la relación de España con el continente africano. Esta iniciativa responde a la creciente relevancia de África en el contexto
global, así como de la necesidad de fortalecer la cooperación en los ámbitos del desarrollo sostenible, la gobernanza, la migración, la seguridad y la transición ecológica y digital.
África es un continente que se espera que supere los 2.500 millones de habitantes en 2050, lo que hace que este continente esté en plena transformación. En este contexto, la Unión Africana (compuesta por 55 países africanos) ha establecido
una Agenda 2063 para trazar una hoja de ruta de desarrollo del continente en la que, principalmente, se ha basado en la integración económica, la estabilidad política y el crecimiento inclusivo. España, como uno de los principales socios europeos
de África y debido a la posición geográfica, asume un papel clave en el acompañamiento de estos procesos.
La nueva estrategia establece cinco objetivos estratégicos fundamentales: reforzar la cooperación institucional, que consolide y profundice la interlocución recíproca facilitando sus relaciones bi o multilaterales, crecer a través del
desarrollo sostenible y la formación, conectar las sociedades y economías, proteger garantizando la seguridad y la estabilidad y convivir promoviendo sociedades abiertas y democráticas. Además, entre las líneas de acción concretas, se incluye el
refuerzo de la diplomacia española en la región, la promoción de la inversión empresarial y el desarrollo de nuevas iniciativas e instrumentos de cooperación en materia educativa y formativa.
La importancia del continente africano en el mundo ha ido creciendo en buena parte gracias a su posición geopolítica, económica y social; España, debe mantener el compromiso con esta nueva estrategia, asegurando así su implementación y
ampliando las capacidades institucionales, además de los recursos destinados a fortalecer la cooperación. También, la colaboración con los socios europeos y africanos resulta clave para maximizar el impacto de las acciones y políticas previstas.
De igual modo, las relaciones entre España y África han ido estrechándose con el paso de los años, y esto, ha quedado demostrado en ámbitos como el comercio, la cooperación al desarrollo, la seguridad y la inversión. En los últimos años, en
el continente africano se ha observado un aumento de empresas españolas en sectores claves del continente, como las energías renovables, las tecnologías y las infraestructuras. Además, España continúa desempeñando un papel activo en la lucha contra
el crimen organizado y el terrorismo en el Sahel, contribuyendo así, a una mayor estabilidad y seguridad regional.
La nueva estrategia también es clave por el reconocimiento de la movilidad y la migración como elementos clave en la relación entre ambas regiones. La cooperación en materia migratoria se debe abordar desde una perspectiva integral, que
favorezca la migración circular y el retorno voluntario, al mismo tiempo que se refuercen los mecanismos de protección de derechos humanos de los migrantes. En este ámbito, España debe continuar promoviendo iniciativas que faciliten la integración,
inclusión y desarrollo de las comunidades migrantes africanas en nuestro país.
De igual manera mantendrá el apoyo al fortalecimiento de las democracias, al Estado de Derecho y los derechos humanos en el continente, a través del apoyo a la sociedad civil promoviendo la participación activa, especialmente de las mujeres
y los diferentes colectivos vulnerables, luchando así contra la discriminación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la ejecución de la nueva estrategia España África 2025-2028.
2. Fortalecer la presencia diplomática y de cooperación de España en África mediante la ampliación de la red de Embajadas y consulados, además de oficinas de cooperación. También a través de continuar apoyando la creación de espacios de
diálogo bilateral y multilateral para reforzar la interlocución con actores claves africanos.
3. Reforzar los programas de movilidad y formación para jóvenes africanos, ampliando becas de educación superior y formación profesional, impulsando igualmente planes de retorno. Igualmente, promover un desarrollo sostenible contribuyendo
a un crecimiento económico inclusivo y generador de empleo y oportunidades en África.
4. Seguir promoviendo la colaboración en materia de paz, seguridad y estabilidad en la región, contribuyendo a impulsar las herramientas y acciones más adecuadas a cada país y situación que conduzca a un crecimiento inclusivo, a mayores
cotas de democracia representativa y buena gobernanza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Sergio Gutiérrez Prieto, Diputado.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley de apoyo a las políticas de refuerzo y desarrollo de la acción cultural del
Instituto Cervantes, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Instituto Cervantes desde su creación ha venido consolidándose como una institución determinante, y una de las más eficiente, como órgano aglutinador para la coordinación de la
acción cultural exterior, presentándose como uno de los máximos exponentes de la acción de la cultura española, dada su consolidada experiencia como agente de política cultural.
El Instituto Cervantes -como sucede en otros países europeos- cuenta con una reconocida trayectoria, entre otras, la acción cultural en el extranjero, pero sobre todo cuenta con una representatividad emblemática para contribuir de manera
fundamental a la difusión de la cultura e imagen de nuestro país, ya que el Instituto facilita el impacto gracias a las actividades que desarrolla y presenta. Existe un consenso generalizado de considerarlo como el mejor instrumento para contribuir
a la internacionalización de nuestras industrias culturales. Esto es así, porque no puede obviarse que la lengua y la cultura española son una importante carta de presentación a nivel internacional y como tal, es necesaria cuidarla y fomentarla;
de esto es sinónimo el Instituto Cervantes.
A su vez, estamos ante la necesidad de optimizar y potenciar todo el apoyo exterior a las industrias culturales, y la celebración de grandes eventos culturales, en este aspecto, el Instituto Cervantes se presenta como la mejor de las
oportunidades para mejorar y representar la actividad económica de nuestras industrias en estas áreas. El enorme potencial que tiene este organismo, gracias entre otras cosas, a la preeminencia en el exterior de su labor en el ámbito de la lengua,
donde además tiene entre otras funciones, la enseñanza y acreditación del castellano. Esto le permite reforzar la industria cultural española especialmente en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, aspirando a ampliarse hacia otros mercados como
África, Oriente Próximo y la región Asia-Pacífico.
Este reforzamiento e impulso de la acción cultural, en especial, el ámbito de apoyo a las industrias culturales, tiene especial relevancia ya desde el 2020 tras el cambio significativo en los fines del Instituto, que supuso la ampliación de
sus actividades en la difusión en el exterior de las distintas lenguas cooficiales: el catalán, el gallego y el euskera, trabajando siempre de forma coordinada con las instituciones que las representan.
Desde el Gobierno, esta convicción se ha traducido en impulsar y apoyar la acción cultural donde las lenguas cooficiales deben integrarse como parte imprescindible de la cultura. También es relevante, reforzar el papel del Instituto
Cervantes dentro de la diplomacia cultural española. En relación con lo anterior, la acción exterior del Instituto Cervantes es particularmente interesante en este ámbito, para optimizar las oportunidades que ofrece esta función prioritaria en la
enseñanza y difusión del idioma y de la cultura en todo el mundo. En este sentido, los nuevos tiempos exigen un rediseño de las estrategias, que incluyan también a las lenguas cooficiales, como elementos esenciales de la diplomacia cultural
española. Esta integración en la diplomacia cultural del Cervantes, contribuye a reforzar los ejes de la diplomacia cultural española, al incluir la diversidad lingüística de nuestro país, gracias a la integración de las lenguas cooficiales. Esta
visión, junto a la renovación del impulso que desde el Instituto Cervantes se hace, ha supuesto un revulsivo para la diplomacia cultural y es desde todas las ópticas, una de las mejores maneras de impulsar distintas formas de intercambio y
cooperación internacional en el campo de la cultura. La presencia del Instituto Cervantes, gracias a sus centros y sedes distribuidos por todo el mundo, y el aprovechamiento de su fortaleza en la enseñanza y expansión de las lenguas y la cultura,
es, sin duda, una oportunidad inmejorable para potenciar sus funciones como herramienta destacable de la diplomacia cultural española.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifestar su apoyo a las políticas de crecimiento y desarrollo de la acción cultural del Instituto Cervantes como uno de los ejes prioritarios de la acción cultural exterior del Estado para la coordinación de las actividades de las
administraciones públicas orientadas a los fines del instituto.
2. Continuar apostando por el Instituto Cervantes para la implementación de la difusión de la cultura española en el exterior en todas sus vertientes, integrando a las lenguas cooficiales, especialmente en la promoción de las diferentes
industrias culturales.
3. Potenciar la imagen del Instituto Cervantes como herramienta esencial de diplomacia y políticas culturales, para la potenciación de la imagen exterior de España y de sus creadores.
4. Continuar promoviendo la puesta en marcha de proyectos conjuntos y de programas de intercambio en terceros países, con el objetivo de maximizar el impacto de sus respectivas acciones de promoción.
5. Seguir consolidando acuerdos con terceros países, que trabajen e implementen las redes de diplomacia cultural en el mundo, sobre todo con las históricamente consolidadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Sergio Gutiérrez Prieto y Rafaela Romero Pozo, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/001898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma del Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
En democracia las formas son esenciales. Se empieza despreciando lo formal, y se acaba atropellando la calidad de las instituciones.
La insostenible e incomprensible situación de un Fiscal General del Estado investigado por el Tribunal Supremo aferrado al cargo está generando un daño reputacional en una institución clave para el funcionamiento de la Justicia como es el
Ministerio Fiscal. Sin embargo, en este contexto, el Gobierno ha manifestado su intención de acometer una trascendental reforma en el proceso penal.
Este debate va a producirse en un momento en el que la situación procesal del máximo responsable de la fiscalía contamina la credibilidad en su funcionamiento.
La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la Carrera Fiscal, ha denunciado que es muy 'preocupante que se vincule a la fiscalía al Gobierno debido a la negativa imagen del Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz. Por eso es necesaria
una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dirigido a profundizar en la independencia de la fiscalía respecto al Poder Ejecutivo'.
Las desafortunadas palabras del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez al referirse al Fiscal General del Estado como 'su' fiscal, así como la frase proferida ante un medio de comunicación 'de quién depende la fiscalía, pues eso', está
minando el trabajo de los 2.762 de fiscales que trabajan de forma ejemplar ante los Juzgados y Tribunales españoles cumpliendo lo dispuesto en los arts. 1 y 2 del EOMF, promoviendo la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley y siempre con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad.
La conducta del Fiscal General del Estado investigado en el Tribunal Supremo por gravísimos delitos, supone una anomalía democrática que es necesario resolver con las modificaciones legislativas oportunas del EOMF que evite la percepción de
que el Ministerio Fiscal obedece las órdenes del Gobierno, reforzando el principio de que su función es la defensa de toda la sociedad sin distinción y es una institución autónoma, de
raíz constitucional y ajena al partidismo político. El Consejo de Europa ha destacado que, para la confianza pública, es fundamental que la labor de la fiscalía sea y parezca imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia de naturaleza
política.
Así pues, en un nuevo dictamen de noviembre de 2024, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos del Consejo de Europa, ha venido a establecer una serie de recomendaciones a los Estados miembros sobre la gestión de las fiscalías para
garantizar su independencia e imparcialidad, centrando el dictamen en el papel de los 'jefes de las fiscalías' y su total separación de la influencia del Poder Ejecutivo.
Entre estas recomendaciones se encuentra evitar la influencia del Gobierno en su nombramiento o elección, mediante criterios claros y objetivos para su selección, establecerse normas y procedimientos claros en materia disciplinaria y que
existan garantías sobre la posibilidad de destituirlos antes de que finalice su mandato.
Igualmente establece dicho dictamen que los principios recogidos en el mismo recomiendan reformar, donde sea necesario, la legislación aplicable al régimen orgánico de la fiscalía permitiendo que sus máximos responsables sean plenamente
independientes y en consecuencia gestionar sus servicios de forma autónoma e imparcial, velando por la aplicación de criterios transparentes y objetivos para la promoción y otras cuestiones relacionadas con la Carrera Fiscal.
Por eso es urgente una profunda modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en la que, al menos, se contemple un procedimiento de designación que garantice la idoneidad del candidato a FGE y mejore la regulación de las causas de
cese, pero también el funcionamiento de la fiscalía, sus relaciones con el ejecutivo en materia de prioridades de política criminal y el mayor peso del Consejo Fiscal en decisiones relevantes del Fiscal General del Estado y, en todo caso, en los
nombramientos. La máxima independencia respecto al Ejecutivo de los órganos que defienden el principio de legalidad es uno de los principios fundamentales que debe perseguir toda democracia.
No puede haber un nuevo proceso penal, en el que se atribuya la investigación al Ministerio Fiscal, sin una previa reforma integral de su Estatuto Orgánico, que garantice la independencia de esta institución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con anterioridad a la aprobación de una nueva ley de enjuiciamiento criminal para:
1. Establecer un procedimiento de designación que garantice la idoneidad del candidato a Fiscal General del Estado y mejore la regulación de las causas de cese, asegurando su plena independencia del Poder Ejecutivo y un ejercicio imparcial
de sus funciones durante todo su periodo de mandato, que no debería coincidir con el del Gobierno que lo propone.
2. Actualizar y mejorar las reglas de funcionamiento de la fiscalía, garantizando la máxima transparencia en sus relaciones con el Poder Ejecutivo, reforzando la autonomía de la institución, de raíz constitucional y ajena al partidismo
político, mediante la atribución de mayores capacidades de organización interna y de gestión presupuestaria, así como una actualización de los procesos de toma de decisiones, de la resolución de discrepancias y del régimen disciplinario.
3. Dar mayor peso al Consejo Fiscal en la toma de decisiones relevantes que afecten a la defensa de la independencia del Poder Judicial, de la promoción de la acción de la Justicia, de la defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés público tutelado por la ley y, en todo caso, en lo referente a las garantías profesionales
de los fiscales, en general, y en materia de nombramientos discrecionales, en particular, que deben regirse, exclusivamente, por los principios de mérito y capacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2025.-María Jesús Moro Almaraz y Fernando de Rosa Torner, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Josep Pagès i Massó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Justicia, una
Proposición no de Ley para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de sufragio de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad ratificada por el Reino de
España.
Exposición de motivos
El derecho a la participación política es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Española en sus artículos 23.2 y 28, que debe garantizarse a todos los ciudadanos, en especial a las personas con discapacidad según el artículo
49 de la misma.
En lo que respecta a la garantía del derecho de sufragio activo para las personas ciegas y con discapacidad visual, la situación inicial desde la recuperación de las libertades era que estas personas debían acudir a votar acompañados de una
'persona de su confianza', que votaba por ellas. Así lo establecía el antiguo artículo 87 de la vigente Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
Con la reforma legal operada por la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre que introdujo el actual artículo 87.2 en la LOREG, y la posterior promulgación del Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, que desarrolló un procedimiento de voto
accesible para las personas ciegas, se dio un primer gran paso dirigido a superar la discriminación de las personas con discapacidad visual, paso que falta por completar para lograr una auténtica igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio por
este colectivo. Este es el objetivo que nos impulsa a la presentación de esta proposición no de ley.
En efecto, la regulación del procedimiento de voto accesible abordó la cuestión de forma incompleta, y la modificación del 87.2 de la LOREG, introducida por la Ley Orgánica 3/2011, no ha contribuido a superarla. Cabe señalar que en las
elecciones a Cortes Generales, Parlamento Europeo y Asambleas legislativas Autonómicas, así como en los referéndums, sólo se garantiza el procedimiento de voto accesible en la modalidad de voto presencial en el colegio electoral, no en el resto de
las modalidades de votación como son el voto por correo, y el de los ciudadanos residentes en el extranjero. Conviene precisar que ni en la Ley Electoral ni en el Real Decreto 1612/2007, que regula el voto accesible, existe norma alguna que
justifique esta ausencia de regulación.
Desde ese punto de vista, los diversos Gobiernos no han dado pleno cumplimiento al mandato legal del artículo 87.2 LOREG, al no regular el procedimiento para las distintas modalidades de votación y referirlo únicamente a la modalidad de voto
presencial en la mesa electoral. Tampoco se ha dado pleno cumplimiento desde el momento que se ha excluido la regulación de un procedimiento de voto accesible en las elecciones locales que, de facto, obliga a las personas con discapacidad visual a
votar sin otra alternativa mediante persona de confianza.
El alcance del mandato dado al Gobierno por el Legislador orgánico en su artículo 87.2, tras la reforma de 2011, al decir que 'en todo caso' el procedimiento de voto accesible se aplicará a las elecciones a cortes generales, al parlamento
europeo, a las asambleas
autonómicas, y a los casos de referéndum, no puede interpretarse en el sentido restrictivo de que ello excluye la garantía de este derecho en las elecciones locales.
Esta interpretación es insuficiente para dar cumplimiento a la Constitución Española, (en concreto, al artículo 49 en su reciente redacción), y al artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad
ratificada por España en 2008. Según el artículo 10.2 de la Constitución española 'Las normas constitucionales y legales, deben interpretarse conforme a los tratados internacionales ratificados por España. De esta manera, el principio pro homine,
obliga a interpretar las normas del modo más favorable a los derechos humanos.
Pues bien, de la lectura literal de los apartados II) y III) del Art. 29 de la Convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad resulta evidente e indiscutible la obligación del Estado Español de garantizar a las personas
con discapacidad, con carácter general, el pleno ejercicio del derecho de sufragio, con secreto y autonomía, valiéndose para ello de los medios tecnológicos y de apoyo necesarios.
Sólo excepcionalmente, la Convención ampara la utilización del sistema de voto mediante persona de su confianza, pero establece dos requisitos claros concurrentes y restrictivos para permitir su utilización. Sólo podrá utilizarse el voto
asistido por persona de su confianza: Cuando sea necesario para garantizar la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores; y a petición de las propias personas con discapacidad.
Por tanto, de acuerdo con la configuración del derecho de sufragio para las personas con discapacidad que realiza la Convención, se insta a que el procedimiento de voto accesible del artículo 87.2 se adapte a ella, a aplicarse con carácter
general, siendo el Estado responsable de su garantía. El sistema de voto mediante persona de su confianza debe pasar a ser de aplicación excepcional i voluntaria para el elector, y no obligatorio por defecto de regulación legal o de adaptaciones,
como ocurre en el caso de las elecciones locales y de las modalidades no presenciales de votación.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones necesarias, concretamente en el artículo 87 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para que se establezcan aquellos procedimientos de votación, medios de apoyos o
adaptaciones, adoptando todas aquellas medidas que garanticen el ejercicio del derecho de sufragio de las personas con discapacidad, con la finalidad de adaptar el régimen electoral a la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con
Discapacidad.
2. Preservar el derecho al ejercicio del voto de los electores que sepan leer, o que por razón de discapacidad no puedan servirse de los procedimientos, medios de apoyo o adaptaciones previstos, de forma que puedan solicitar a la
presidencia de la mesa con carácter excepcional y voluntario servirse de una persona de su confianza para votar. La utilización de la persona de confianza será siempre voluntaria para el elector y no podrá justificarse en la absencia de
adaptaciones o medios de apoyo.
3. Regular un procedimiento de votación para las personas ciegas y con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto, que se aplicará en todos los procesos electorales y refrendarios y
en todas las modalidades de votación.
4. Implementar las herramientas necesarias para que este procedimiento se aplique a las elecciones locales, al voto por correo y al voto de los electores residentes en el extranjero, regulando la posibilidad de envío a domicilio de la
documentación de voto accesible para los electores que lo soliciten.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Josep Pagès i Massó, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instàncies del diputat Josep Pagès i Massó, d'acord amb el que s'estableix en l'article 139 i següents del Reglament de la Cambra, presenta per al seu debat a la Comissió de Justícia, una
Proposició no de Llei per a garantir l'exercici del dret fonamental de sufragi de les persones amb discapacitat, d'acord amb l'establert a la Convenció de l'ONU de drets de les persones amb discapacitat ratificada pel Regne d'Espanya.
Exposició de motius
El dret a la participació política és un dret fonamental consagrat en la Constitució Espanyola en els seus articles 23.2 i 28, que ha de garantir-se a tots els ciutadans, especialment a les persones amb discapacitat segons l'article 49
d'aquesta.
Pel que fa a la garantia del dret de sufragi actiu per a les persones cegues i amb discapacitat visual, la situació inicial des de la recuperació de les llibertats, era que aquestes persones havien d'acudir a votar acompanyats d'una 'persona
de la seva confiança', que votava per elles. Així ho establia l'antic article 87 de la vigent Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG).
Amb la reforma legal operada per la Llei orgànica 9/2007, de 8 d'octubre que va introduir l'actual article 87.2 en la LOREG, i la posterior promulgació del Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, que va desenvolupar un procediment de vot
accessible per a les persones cegues, es va fer un primer gran pas dirigit a superar la discriminació de les persones amb discapacitat visual, pas que falta per completar per a aconseguir una autèntica igualtat en l'exercici del dret de sufragi per
aquest col·lectiu. Aquest és l'objectiu que ens impulsa a la presentació d'aquesta proposició no de llei.
En efecte, la regulació del procediment de vot accessible va abordar la qüestió de manera incompleta, i la modificació del 87.2 de la LOREG, introduïda per la Llei orgànica 3/2011, no ha contribuït a superar-la. Cal assenyalar que en les
eleccions a Corts Generals, Parlament Europeu i Assemblees legislatives Autonòmiques, així com en els referèndums, només es garanteix el procediment de vot accessible en la modalitat de vot presencial en el col·legi electoral, no en la resta de
modalitats de votació com són el vot per correu, i el dels ciutadans residents a l'estranger. Convé precisar que ni en la Llei Electoral ni en el Reial decret 1612/2007, que regula el vot accessible, existeix cap norma que justifiqui aquesta
absència de regulació.
Des d'aquest punt de vista, els diversos Governs no han donat ple compliment al mandat legal de l'article 87.2 de la LOREG, al no regular el procediment per a les diferents modalitats de votació i referir-lo únicament a la modalitat de vot
presencial en la mesa electoral. Tampoc s'ha donat ple compliment des del moment que s'ha exclòs la regulació d'un procediment de vot accessible en les eleccions locals que, de facto, obliga les persones amb discapacitat visual a votar sense una
altra alternativa mitjançant persona de confiança.
L'abast del mandat donat al Govern pel Legislador Orgànic en el seu article 87.2, després de la reforma de 2011, en dir que 'en tot cas' el procediment de vot accessible s'aplicarà a les eleccions a corts generals, al parlament europeu, a
les assemblees autonòmiques, i als casos de referèndum, no pot interpretar-se en el sentit restrictiu que això exclou la garantia d'aquest dret en les eleccions locals.
Aquesta interpretació és insuficient per donar compliment a la Constitució Espanyola (en concret, a l'article 49 en la seva recent redacció), i a l'article 29 de la Convenció de Nacions Unides de Drets de les Persones amb Discapacitat
ratificada per Espanya en 2008. Segons l'article 10.2 de la Constitució espanyola 'Les normes constitucionals i legals, han d'interpretar-se conforme als tractats internacionals ratificats per Espanya. Així doncs, el principi pro homine, obliga a
interpretar les normes del mode més favorable als drets humans.
Doncs bé, de la lectura literal dels apartats II) i III) de l'Art. 29 de la Convenció de l'ONU de drets de les persones amb discapacitat resulta evident i indiscutible l'obligació
de l'Estat Espanyol de garantir a les persones amb discapacitat, amb caràcter general, el ple exercici del dret de sufragi, amb secret i autonomia, valent-se per a això dels mitjans tecnològics i de suport necessaris.
Només excepcionalment, la Convenció empara la utilització del sistema de vot mitjançant persona de la seva confiança, però estableix dos requisits clars concurrents i restrictius per a permetre la seva utilització. Només podrà utilitzar-se
el vot assistit per persona de la seva confiança: Quan sigui necessari per a garantir la lliure expressió de la voluntat de les persones amb discapacitat com a electors; i a petició de les pròpies persones amb discapacitat.
Per tant, d'acord amb la configuració del dret de sufragi per a les persones amb discapacitat que realitza la Convenció, s'insta a que el procediment de vot accessible de l'article 87.2 s'hi adapti, a aplicar-se amb caràcter general, essent
l'Estat responsable de la seva garantia. El sistema de vot mitjançant persona de la seva confiança ha de passar a ser d'aplicació excepcional i voluntària per a l'elector, i no obligatori per defecte de regulació legal o d'adaptacions, com s'esdevé
en el cas de les eleccions locals i de les modalitats no presencials de votació.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a
1. Realitzar les modificacions necessàries, concretament a l'article 87 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, per tal que s'estableixin els procediments de votació, mitjans de suport o adaptacions, adoptant
totes aquelles mesures que garanteixin l'exercici del dret de sufragi de les persones amb discapacitat, amb la finalitat d'adaptar el règim electoral a la Convenció de l'ONU de Drets de les Persones amb Discapacitat.
2. Preservar el dret a l'exercici del vot dels electors que no sàpiguen llegir, o que per raó de discapacitat no puguin servir-se dels procediments, mitjans de suport o adaptacions previstos, de forma que puguin sol·licitar a la presidència
de la mesa amb caràcter excepcional i voluntari servir-se d'una persona de la seva confiança per a votar. La utilització de la persona de confiança serà sempre voluntària per a l'elector i no podrà justificar-se en l'absència d'adaptacions o
mitjans de suport.
3. Regular un procediment de votació per a les persones cegues o amb discapacitat visual que els permeti exercir el seu dret de sufragi, garantint el secret del vot, que s'aplicarà en tots els processos electorals i referendaris i en totes
les modalitats de votació.
4. Implementar les eines necessàries per tal que aquest procediment s'apliqui a les eleccions locals, al vot per correu i al vot dels electors residents a l'estranger, regulant la possibilitat d'enviament a domicili de la documentació de
vot accessible per als electors que ho sol·licitin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de març de 2025.-Josep Pagès i Massó, Diputat.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu GP Junts per Catalunya.
161/001918
La Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre medidas contra la multirreincidencia.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 3 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas contra la
multirreincidencia, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Los delitos leves contra el patrimonio, pese a su menor gravedad, causan una mayor sensación ciudadana de inseguridad en el espacio público como comercios, transporte público o zonas turísticas.
En 2015 se consideró necesario agravar la multirreincidencia en el hurto con independencia de su gravedad, de manera que cuando el responsable ya estuviera condenado en tres o más ocasiones por delitos contra el patrimonio se le podía
imponer una pena más grave (de 1 a 3 años de prisión).
Sin embargo diversas sentencias del Tribunal Supremo dejaron sin efecto esta voluntad del legislador, dada la imposibilidad de considerar los antecedentes penales por delito leve en tanto no se modificara el Código Penal, entre otras
razones.
Atendiendo a la gravedad y alarma social que genera la multirreincidencia en algunos ámbitos geográficos, durante 2024 el Congreso de los Diputados tomó en consideración dos Proposiciones de Ley -una de ellas del Grupo Parlamentario Popular-
para modificar el Código Penal en el sentido de introducirla multirreincidencia como circunstancia agravante del delito. Actualmente, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que fue tomada en consideración por 302 votos en el mes de junio,
se encuentra bloqueada pues, semana tras semana, se prorroga el plazo de presentación de enmiendas. Ello resulta aún más injustificado cuando se ha cerrado ya dicho plazo en la otra iniciativa que, siendo semejante, no es idéntica. Los cambios
propuestos en el Código Penal por esta iniciativa deben ser valorados al mismo tiempo, como ha ocurrido con otras iniciativas de Grupos Parlamentarios con objetivos coincidentes.
Un ejemplo de la gravedad de la situación es que el pasado mes de diciembre el Gobierno presentó 'un plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona' elaborado conjuntamente con la Generalitat de Catalunya dando respuesta a un
problema que comparten todas las administraciones, también el Ayuntamiento de Barcelona.
Entre las medidas que consideraba dicho plan está la creación de cuatro nuevos juzgados de lo penal de refuerzo en Barcelona para celebrar juicios rápidos y permitir la reducción de los tiempos de celebración de los juicios y duplicar las
sentencias por este tipo de delitos.
Además se consideraba la creación de un tercer juzgado de instrucción de guardia para el enjuiciamiento inmediato de delitos leves en Barcelona, para reducir el tiempo transcurrido entre la comisión del delito hasta que es juzgado. La
previsión era incrementar un tercio al día este tipo de juicios.
A pesar del compromiso expresado en el mencionado plan, en lugar de la creación de los cuatro nuevos juzgados, lo que se ha hecho ha sido nombrar cuatro jueces de refuerzo, lo cual sin duda es una mejora pero insuficiente y lejana al
compromiso inicial de creación de nuevos juzgados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno de España a cumplir con el 'plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona' acordado en diciembre de 2024 con la Generalitat de Catalunya.
2. Insta al Gobierno de España a aprobar la creación de cuatro nuevos juzgados de lo penal de refuerzo en Barcelona para celebrar juicios rápidos, y la creación de un tercer juzgado de instrucción de guardia para el enjuiciamiento inmediato
de delitos leves en Barcelona, o las dotaciones de plazas de plantilla correspondientes a la nueva organización prevista en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
3. Manifiesta su intención de avanzar con celeridad en la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de multirreincidencia en los delitos de
hurto y estafa sobre multirreincidencia tomada en consideración por el Pleno el 11 de junio de 2024.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Santi Rodríguez Serra, María Jesús Moro Almaraz, Cristina Agüera Gago, Nacho Martín Blanco, Llanos de Luna Tobarra, Agustín Parra Gallego y María Elisa Vedrina Conesa,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley reclamando que las propuestas
legislativas del Gobierno se dirijan a fortalecer la independencia judicial, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Constitución de 1978 consagra una verdadera división de poderes. El artículo 117.1 dispone que 'la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes,
inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley'. Hay que destacar que la nota característica del estatuto de jueces y magistrados por exigencia constitucional es la independencia.
El poder judicial debe ser independiente y dentro de esta estructura organizativa, la independencia debe ser un atributo personal de cada juez y cada magistrado.
El primer paso para conseguir romper un Estado de Derecho es debilitar y politizar al Poder Judicial, garante del orden constitucional, de la convivencia en paz y de la protección
de los derechos y libertades. No respetar la división de poderes es algo que va contra de la democracia. Es necesario un compromiso inquebrantable con la libertad, los derechos individuales y la separación de poderes, así como la
existencia de pesos y contrapesos como marco de convivencia y progreso de nuestra sociedad.
No deben tolerarse las manifestaciones efectuadas por el Gobierno de España sobre la necesidad de 'democratizar' la carrera judicial como medio para regular el acceso a la misma, expresión absolutamente desafortunada puesto que la entrada de
nuevos jueces debe realizarse respetando los principios, tanto constitucionales (artículo 103 de la Constitución de 1978) como jurisprudenciales. En las últimas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pone
claramente de manifiesto cómo ha de producirse el acceso a la función pública, para lo que recuerda que los principios de mérito, capacidad e igualdad son inderogables, y destaca que el ordenamiento jurídico español no permite convertir en
funcionarios públicos fijos a los que han recibido nombramientos temporales abusivos sin pasar por los procesos selectivos establecidos legalmente.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha puesto de manifiesto que 'la accesibilidad, la publicidad, la objetividad y la transparencia son la mejor garantía de la pluralidad judicial'. Así pues, si se
analizan las últimas 27 promociones de jueces, resulta que un 65,82 % de quienes superan la oposición son mujeres y un 34,18 son hombres. El 74,72 % no han tenido o tienen un familiar ejerciendo una profesión jurídica hasta el segundo grado de
consanguinidad, un 5,94 % tienen un familiar juez o magistrado y un 19,34 de otra profesión jurídica. Además, el porcentaje de jueces cuyos dos progenitores carecen de estudios superiores alcanza un 34 %.
Por lo tanto, debe trabajarse por la estabilidad de las instituciones del Estado que garantizan el imperio de la ley, la justicia, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, residan donde residan, y la
transparencia como principio básico e irrenunciable, entendiendo la rendición de cuentas como elemento esencial en las relaciones con los ciudadanos.
Así pues, es preocupante que el actual Gobierno no quiera seguir el modelo europeo de reforzar la independencia judicial como freno al autoritarismo. La fórmula es sencilla: independencia de la justicia, despolitización de la fiscalía,
separación de poderes y fortalecimiento institucional. Por lo que es necesario dotar a los órganos judiciales de estabilidad y garantizar la profesionalidad, solidez e independencia del desempeño de la administración de justicia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Trabaje en propuestas legislativas que contribuyan a reforzar la independencia judicial, como exige nuestra Constitución y demandan las instituciones europeas, con el objetivo de garantizar independencia de la justicia, la separación de
poderes y el fortalecimiento institucional.
2. Garantice a los órganos judiciales la estabilidad exigida en nuestro texto constitucional, así como la valoración de la profesionalidad, solidez e independencia en el desempeño por parte de jueces y magistrados de la administración de
justicia.
3. El acceso a la carrera judicial se produzca con la máxima objetividad, y que los procesos de selección sigan basándose en los principios de mérito, capacidad e igualdad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Fernando de Rosa Torner y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/001902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional de SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover determinadas medidas de cara a la mejora de los oficiales de complemento en
situación RED, su debate en la Comisión Defensa.
Exposición de motivos
En el desarrollo histórico de la gestión de personal militar, ha sido una constante el reconocimiento de la condición de permanente a los militares de complemento bajo distintos sistemas, según la ley reguladora vigente en cada momento. Ya
a principios de los años ochenta del pasado siglo se produjo una consolidación masiva de los oficiales y suboficiales de complemento. Con la entrada en vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional, todos los militares de complemento adquirieron la condición de permanente sin necesidad de superación de proceso selectivo. Desde la entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, sobre Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas,
se posibilitó la adquisición de la condición de permanente a los militares de complemento con titulación de Cuerpos Comunes. Con la vigente Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la Carrera Militar se contemplan dos sistemas para adquirir la condición
de permanente, que son la promoción interna y el concurso oposición.
Sin embargo, la adquisición de condición de permanente mediante la promoción interna tenía una serie de limitaciones, pues esta vía requiere tener en consideración la limitación de edad (de 37 a 40 años, dependiendo del Cuerpo de
pertenencia), así como el límite en el tipo de empleo (solo se puede realizar con un empleo de teniente, no permitiéndose así con un empleo superior como ha sido el caso de los capitanes). Dichas limitaciones, han hecho que un gran número de
efectivos hayan tenido restringida esta vía. Además, con la implantación del sistema de promoción interna de la Ley de la Carrera Militar, sólo pueden acceder a la condición de carrera por esta vía un número muy limitado de oficiales, con unos
grados, licenciaturas o ingenierías concretos, que no corresponden a las titulaciones requeridas de inicio para acceder a la condición de militar de complemento, con un elenco mucho más amplio.
La segunda opción es acceder a una relación de servicios de carácter permanente mediante concurso-oposición a las plazas que reglamentariamente se publiquen. Esta opción presenta el inconveniente de que la provisión de plazas ofertadas
desde el inicio de este tipo de convocatoria, en 2009 hasta 2020, principalmente en los Cuerpos del Ejército de Tierra y en algún otro cuerpo del Ejército del Aire, insuficiente para cubrir la demanda de plazas que había de oficiales de complemento
aspirantes a la permanencia, dándose la paradoja de que, en las convocatorias de 2021 a 2024 no se han cubierto todas las plazas ofertadas, quedando desiertas plazas que, gestionadas de otra manera, hubieran facilitado la permanencia a militares,
que por su edad pasaron a la reserva de especial disponibilidad, no pudiendo presentarse a dichas convocatorias. Sirva de ejemplo que en la convocatoria de este año 2024, se han presentado el 50 % de aspirantes respecto del número de plazas
convocadas.
Por otro lado, oficiales que han dado continuidad a los empleos correspondientes en las escalas de oficiales de las Fuerzas Armadas durante un periodo mínimo de 18 años, son desvinculados de las mismas, perdiendo la condición de militar y
todos sus derechos adquiridos durante su etapa como militares. Estos oficiales ocupaban vacantes estructurales dentro de la relación de puestos militares de los Ejércitos, siendo arrojados a un limbo social, laboral y administrativo. Se les
adjudica una asignación no contributiva con
origen en el artículo 19.1 de la ley de tropa y marinería (una ley de una categoría militar a la que no han pertenecido ni pertenecen) y de la que la Agencia Tributaria les requiere el IRPF correspondiente en la declaración de la Renta,
terminando ahí su relación con el Ministerio de Defensa.
En toda esta situación nos encontramos con que el Ministerio de Defensa se ha sustraído de categorizar a los Militares de Complemento dentro de alguna de las categorías de empleados públicos con relación de servicios temporales. Se ha
cuidado de categorizar a sus militares con relación de servicios permanente como militares de carrera, utilizando el apellido 'de carrera' de la condición militar para acomodarla al calificativo que la normativa referente a empleados públicos da a
servidores en una relación de servicios análoga. De tal modo que al ser la normativa de empleo público supletoria (el TEREBEP) el militar de carrera goza de una seguridad jurídica en el que las lagunas jurídicas que las normas de personal militar
incurran se ven colmadas con la aplicación analógica de las normas generales del empleo público a través del instituto jurídico de la supletoriedad.
Sin embargo, a los militares con una relación de servicios temporales se les ha privado del calificativo que se les otorga a los empleados públicos temporales, que es el de 'interinos'. Y así, en el caso de los oficiales, se ha preferido
utilizar el calificativo 'de complemento', que si bien puede entenderse que tiene su origen en una tradición militar de calificación con tal apelativo (la cual no se discute, más bien al contrario), ha obviado en su regulación la referencia a la
analogía con el régimen jurídico de los funcionarios interinos, situando a los oficiales de complemento en una absoluta inseguridad jurídica, que se ha evitado por parte de la propia institución para los militares de carrera.
Y es que una calificación y adecuación legal de los oficiales de complemento dentro de la categoría de funcionarios con relación de servicios temporales acarrea una serie de consecuencias, que cuanto menos atentan contra el principio de
igualdad respecto de otros empleados públicos temporales (funcionarios interinos) que entre otras se materializan del siguiente modo:
1. Los empleados públicos temporales por imperativo legal tienen como finalidad la cobertura de necesidades coyunturales de la Administración, por lo que los tiempos de servicio se encuentran limitados por mor de la propia legislación con
un límite general de 3 años de servicios. Sin embargo, los militares de complemento encadenan compromisos sucesivos sin lapsos entre ellos que los hagan discontinuos hasta los 18 años de servicio o 45 años, de modo que las Fuerzas Armadas han
utilizado esta figura para dar solución a necesidades coyunturales que han sido incapaces de resolver. Lo cual no debe ser oponible nunca al militar.
2. Pero es que, a mayor abundamiento, ha sido numerosa la jurisprudencia que ha pronunciado que el encadenamiento ininterrumpido de relaciones de servicio de funcionarios interinos se ha realizado en fraude de ley. Y es que desde ese
momento en que la Administración utiliza tal instrumento de alargamiento en las relaciones de servicios ha convertido un problema coyuntural al que se intenta dar solución con el funcionario interino en un problema estructural, en el que lejos de
dar solución mediante planificación, estudio y adecuación de estructuras, ha utilizado la figura del funcionario interino para dar solución con capital humano a su deficiencia. De manera que ha sido la propia jurisprudencia la que va dando solución
a estos problemas con el reconocimiento de indefinidad de las relaciones de servicios de esos funcionarios interinos. Sin embargo, el Ministerio de Defensa no solo ha utilizado al militar de complemento (empleado interino muy a su pesar) como
instrumento para colmar necesidades estructurales a las que no ha puesto solución (cuando el empleado público temporal sólo y únicamente puede cubrir necesidades coyunturales), sino que se le ha permitido hacer carrera profesional a partir del
momento en que se le ha permitido cambio de grupo de clasificación (de A2 a Al) y de nivel en cada uno de los ascensos de Alférez a Capitán. Carrera proscrita para los empleados públicos temporales.
3. En los procesos de consolidación de los funcionarios temporales, tales pruebas se hacen para el acceso a la escala y cuerpo al que se encuentran adscrito, ingresando una
vez consolidados o que hubieran accedido a través de las plazas fijadas en la convocatoria con respeto absoluto a la antigüedad y nivel que tuvieran en el momento de hacer su consolidación o acceso al cuerpo y escala. Sin embargo, para los
militares de complemento, la mal denominada promoción interna supone la pérdida de antigüedad en el empleo (nivel) que se tuviera en el momento de acceso a la escala; y en la denominada permanencia, el envío del militar de complemento a una escala
creada ad hoc, carente de carrera profesional a la que tiene derecho cualquier empleado público, siendo tal permanencia el fin de la vía en la carrera profesional del empleado público, al ser la propia permanencia el fin de una vía muerta.
En este estado de cosas, debe hacerse notar la situación de desigualdad en la que se coloca al militar de complemento en relación al resto de los funcionarios públicos con un abuso absoluto por parte de la Administración Militar de sus
expectativas profesionales y personales, cosa que en ningún caso habría sucedido si estos servidores públicos hubieran tenido organizaciones profesionales que velaran por sus derechos con las medidas de presión de las que son dotadas por el propio
ordenamiento jurídico.
Y es aquí donde para paliar tal situación injusta y de desigualdad de unos servidores públicos con un nivel de compromiso muy superior, los poderes legislativo y ejecutivo deben moderar a través de medidas legislativas y reglamentarias la
situación discriminatoria a la que se encuentran sometidos los militares de complemento.
El propio poder legislativo ha intentado dar solución a los problemas de servidores públicos temporales a través de la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público. En tal norma se ha pretendido con mayor o menor éxito acabar con la temporalidad en el empleo público que afecta a servidores interinos. Tal norma se ha aplicado, además, a empleados públicos clasificados por su propia naturaleza como el
personal militar, tal como son los empleados de la administración de justicia. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha hecho dejación total y absoluta del personal de consideración militar (el más numeroso del departamento), sin adopción de
medidas para paliar los índices de temporalidad con adecuación de estructuras o propuestas de reforma de la carrera militar. Fruto de ello es que, al día de la fecha, no se ha realizado absolutamente ninguna de las acciones de las previstas en la
Ley 20/2021 y el plazo de acción que el legislativo concedió a la administración finaliza el día 31 de diciembre de 2024.
Debemos sumar a todo lo expuesto que por parte de los Ejércitos se plantean en múltiples informes la escasez de militares de la categoría oficial, mientras que oficiales experimentados en los empleos de teniente y capitán (los más numerosos
dentro de la pirámide de la estructura militar) se encuentran en el mayor de los desamparos una vez que son forzados al salir de la estructura militar, tal y como se ha plasmado con anterioridad.
Una activación de militares de complemento supondría la solución a gran parte de los problemas de personal que aquejan a los Ejércitos. Sin embargo, existe una gran rigidez para que esta sea la solución a esos problemas. Pues la propia
configuración de la activación de Oficiales en Reserva de Especial Disponibilidad obliga a que sea el propio Consejo de ministros el que active a tal personal con determinadas condiciones. Por lo que un cambio de consideración desde Oficiales de
Complemento en Reserva de Especial Disponibilidad a la de Oficiales de Complemento en Reserva, dependientes de cada uno de los EM de los Ejércitos o del EMAD, supondrían un elemento valioso de flexibilidad de personal para obertura de puestos que
por razones diversas de configuraciones de las carreras profesionales de los militares de carrera no se pueden o deben cubrir o por la imposibilidad de los ejércitos de proporcionar personal militar para las estructuras del Órgano Central de la
Defensa.
A estas alturas nos encontramos con 17 años de retraso desde que la Ley de la Carrera Militar fue promulgada y no se ha dado una solución a nuestros Oficiales de Complemento. Esta proposición no de ley debe de ser el primer paso para
solucionar uno de los problemas que actualmente tienen las Fuerzas Armadas, la falta de personal en los cuadros medios de las Unidades de las Fuerzas Armadas, con especial incidencia en el
Ejército de Tierra, en el que incluso requiere un esfuerzo cubrir las vacantes de la categoría de Oficial, así como puestos de mando que antes eran asignados a los empleos de capitán, ahora deben ser cubiertos por suboficiales sobrecargando
a esa escala con cometidos no propios de su categoría. Paradójicamente, el sistema actual ha expulsado a un grupo de oficiales formados y preparados para los puestos de los que se les ha desvinculado, a los que ni siquiera les hemos dado la
posibilidad de acceder a otras Administraciones, en donde también se sufre la carencia de recurso humano.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Promover las acciones oportunas e inmediatas que permitan a los actuales militares de complemento en situación de Reserva de Especial Disponibilidad reincorporarse voluntariamente a Unidades dentro del área geográfica en la que tengan
ubicado su domicilio para permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de pase a la reserva y sin ningún tipo de limitación por razón de empleo, cubriendo puestos de la estructura de los Ejércitos o el Órgano Central de la Defensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre aplicación Grupo A1 a los efectos
pensión de viudedad a los militares fallecidos antes de pase a reserva en consonancia con la Disposición transitoria séptima. Ascenso de suboficiales al empleo de teniente, Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19
de noviembre, de la carrera militar, para su debate en Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 113. 'Situación de reserva, expone que los militares de carrera de las categorías de oficiales suboficiales pasarán en todo caso a la situación de reserva al cumplir
sesenta y un años y los de la categoría de tropa y marinería al cumplir cincuenta y ocho años'.
Con posterioridad la Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, modifica la disposición transitoria séptima, quedando redactada de la siguiente manera:
Disposición transitoria séptima. Ascenso de suboficiales al empleo de teniente. 'Todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento a partir del 1 de enero de 1977 y con anterioridad al 20 de mayo de 1999, fecha de entrada
en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, y que no tuvieran limitación legal para alcanzar el empleo de subteniente, podrán obtener, previa solicitud, el empleo de teniente de las escalas de oficiales
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que se les concederá con la fecha en la que hubieran pasado o pasen a la situación de reserva en los términos establecidos en esta ley, con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha de
ascenso, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 2 y 3 siguientes'.
A los suboficiales que hubieran ascendido o asciendan al empleo de teniente con más de 58 años en virtud de esta disposición, se les concederá tal empleo con antigüedad tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha en que
cumplieron dicha edad'.
La Ley 46/2015 contemplaba con esta corrección reconocer a esos suboficiales el carácter retroactivo del ascenso al empleo de teniente con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha de ascenso desde la fecha en que
cumplieron los 58 años. Con la clara pretensión de los Legisladores de evitar todo tipo de discriminaciones a los suboficiales afectados por las mencionadas leyes han pasado y pasan a la reserva con tres edades diferentes, 56, 58 y 61 años, (en
algunos casos hasta casi 65 años.
Sin embargo lo que no contempló la Ley, es que algún suboficial pudiese fallecer entre los 58 años y su pase a situación de reserva, en ese caso, se da la paradoja que su cónyuge, además de la muerte de un ser querido, se le añade un grave
perjuicio económico en su pensión de viudedad, que se calcula conforme al Grupo A2 al no haber consolidado el ascenso a teniente, en vez del A1, en consideración lo dispuesto en la modificación disposición transitoria séptima respecto al carácter
retroactivo con efectos económicos desde cuando surge el derecho 56,58 y 61 pase a reserva.
Así para mejor entendimiento, dos suboficiales nacidos el día 01.10.1963, con las mismas proyecciones profesionales, pasan a la situación de reserva con 61 años el 01.10.2024, ascienden al empleo de teniente con carácter retroactivo desde
los 58 años y su pensión de retiro se calculará del Grupo A1 en el cotizarán 17 años (7 desde los 58 a los 65 años +10 años por cambio de Grupo).
Si esos mismos suboficiales fallecen, uno el 30.09.2024 a las 23,50 horas y el otro 02.10.2024 a las 01,00 horas, al cónyuge del primero se le calculará la pensión de viudedad del Grupo A2 y al del segundo del grupo A1.
Consecuentemente, nuestro Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Iniciar los trámites para la modificación de la Ley 46/2015 de modo que reconozca lo siguiente: 'Ascenso de suboficiales al empleo de teniente que hayan prolongado la vida laboral, después de haber cumplido los 58, 59 y 61 años, con
antigüedad tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha en que cumplieron dicha edad'. Reconociendo en todo caso el ascenso a título póstumo en caso de fallecimiento, de manera que su cónyuge tenga derecho a la pensión de viudedad
calculada conforme al Grupo A1.
2) Subsanar el grave perjuicio que se origina al cónyuge de un suboficial que fallezca, a partir de los 58 años Grupo A2 y antes del día de su pase a la situación de reserva y ascenso al empleo de teniente, por contradicción entre Leyes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la gestión estatal de
los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La aprobación y entrada en vigor de la Disposición Final Séptima, apartado dos, de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, supone una inaceptable cesión de competencias en
materia de gestión de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (FHN) a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta cesión, además de desvirtuar el carácter estatal de esta Escala funcionarial, contraviene
claramente la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya ha anulado disposiciones de contenido idéntico en el pasado por su evidente inconstitucionalidad.
El artículo 92 bis de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece un marco homogéneo y garantista para la gestión de estos funcionarios, asegurando que la selección, provisión, asignación de primer destino y el
régimen disciplinario de estos cuerpos se rijan por criterios uniformes en todo el territorio nacional. Sin embargo, la nueva disposición otorga a la Comunidad Autónoma del País Vasco la potestad para regular estos aspectos conforme a su normativa
propia, permitiéndole convocar procesos selectivos exclusivos para su territorio, gestionar las vacantes y nombramientos, así como determinar las situaciones administrativas de estos funcionarios. Esto supone una fractura del principio de unidad en
la gestión de una Escala estatal y una alteración del régimen de acceso y movilidad de estos funcionarios.
No es la primera vez que se intenta materializar esta cesión competencial. Tanto la Disposición Final Primera de la Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, como el artículo 128.7 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de
diciembre, establecieron regulaciones similares, que fueron objeto de recurso de inconstitucionalidad. En concreto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 67/2024, de 23 de abril, anuló la disposición incluida en los Presupuestos Generales del
Estado de 2022, al considerar que la regulación sobre los FHN no guarda una relación inmediata y directa con el contenido de la ley en la que fue incluida, lo que evidencia el reiterado intento del Gobierno por transferir estas competencias de
manera improcedente.
Además de su inconstitucionalidad formal, esta medida es contraria a la seguridad jurídica, rompe la unidad del cuerpo funcionarial y establece desigualdades entre los integrantes de la Escala. El acceso a la función pública debe garantizar
igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, evitando requisitos diferenciados que restrinjan la movilidad y el principio de mérito y capacidad.
El mantenimiento de un cuerpo único de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional es una garantía de imparcialidad y profesionalidad en el ejercicio de funciones esenciales para el correcto funcionamiento de
las entidades locales. La fragmentación de la Escala debilita estos principios y abre la puerta a la politización de los procesos de selección y provisión de puestos, dado que la administración autonómica podría establecer criterios diferenciados
que favorecieran a determinados candidatos en detrimento del principio de igualdad.
Asimismo, la experiencia previa en la gestión descentralizada de funcionarios de habilitación nacional ha demostrado ser ineficaz y perjudicial para el funcionamiento del sistema administrativo. La ruptura del modelo nacional conlleva una
falta de coordinación entre administraciones, disparidad de criterios en la aplicación de normativas y dificultades en la movilidad interterritorial de los funcionarios, con las consiguientes consecuencias que afectan directamente a la calidad de
los servicios públicos y a la estabilidad del régimen local.
Por otro lado, la atribución de competencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco en esta materia genera un trato diferenciado con respecto al resto de comunidades autónomas y supone una vulneración del principio de igualdad entre
territorios. Si bien la Constitución permite cierto grado de autonomía en función de los derechos históricos de algunos territorios, la gestión de la función pública estatal debe mantenerse homogénea para garantizar la cohesión territorial y el
equilibrio institucional.
Por si ello fuera poco, tras la reunión de la comisión bilateral Estado-Cataluña realizada el pasado, la Generalitat anunciaba que había llegado a un acuerdo con el Gobierno para
'asumir todas las funciones y facultades en materia de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, lo que le permitirá impulsar las ofertas públicas de plazas de funcionarios con habilitación nacional, así
como su selección, formación, nombramiento y asignación. Además, podrá convocar exclusivamente en el territorio catalán los procesos de provisión de vacantes.' Por si no quedaba claro, afirman: 'De este modo, Cataluña adoptará el mismo modelo que
actualmente tiene el País Vasco'. Una transferencia que el Gobierno no ha explicado cómo tiene pensado hacer efectiva, pero que incide en el desmantelamiento de la gestión centralizada de este cuerpo de funcionarios.
El Tribunal Constitucional ha sido claro en sus pronunciamientos sobre esta materia, anulando iniciativas previas que pretendían descentralizar la gestión de los FHN sin cumplir con los requisitos constitucionales. La competencia exclusiva
del Estado en la regulación de estos funcionarios es una salvaguarda de la profesionalidad e independencia de quienes ocupan estos puestos, evitando injerencias políticas y garantizando que su labor responda a criterios de mérito y capacidad.
En este sentido, cualquier intento de modificar el modelo actual debe llevarse a cabo dentro del marco constitucional y respetando las competencias exclusivas del Estado. Cualquier otra actuación, como la que se ha aprobado en la Ley
Orgánica 1/2025, supone un intento de debilitar la estructura institucional del Estado y socavar los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la derogación de la Disposición Final Séptima, apartado dos, de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con el objetivo de mantener la gestión estatal de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
2. Reafirmar la competencia exclusiva del Estado en la regulación, selección y provisión de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, garantizando un marco homogéneo para todo el territorio español.
3. Impulsar los procesos selectivos de las diferentes Ofertas de Empleo Público de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional en sus diferentes subescalas que estén pendientes de convocatoria, así como
impulsar las medidas necesarias para acelerar los procesos selectivos de estabilización que estén pendientes de resolución.
4. Evitar futuras cesiones de competencias en esta materia, asegurando que cualquier modificación normativa respete el carácter nacional de la Escala de estos funcionarios y el principio de igualdad de acceso y movilidad dentro del sistema
funcionarial español.
5. Defender en sede parlamentaria y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional, la validez y vigencia del actual régimen de gestión de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, frente a cualquier
intento de fragmentación territorial de esta Escala estatal.
6. Promover la seguridad jurídica y la claridad en la distribución de competencias, evitando la introducción de disposiciones arbitrarias y carentes de justificación en las leyes en tramitación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2025.-Ángel Ibáñez Hernando, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Puy Fraga, José Enrique Núñez Guijarro, Carmelo Barrio Baroja, María Pilar Alía Aguado, Félix de
las Cuevas Cortés, Carlos Gil Santiago, Alfonso Carlos Macías Gata, José Vicente Marí Bosó, Pedro Muñoz Abrines y Álvaro Pérez López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/001895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cambio de criterio de acceso a las dependencias de asilo de
Melilla, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En los últimos años, las obligaciones internacionales en materia de asilo en Europa y en España se han visto amenazadas por el discurso reaccionario y el incumplimiento de las obligaciones internacionales de terceros Estados, lo que ha
incrementado la presión migratoria en las fronteras españolas.
En 2014 se instauraron las dependencias de asilo en Melilla. Desde ese momento, una persona que quería solicitar asilo podía hacerlo de forma presencial en las dependencias de asilo del puesto fronterizo de Beni Enzar.
Desde la Masacre de Melilla del 24 de junio de 2022 no se ha producido ningún otro salto de valla, lo que unido al cierre fronterizo, el número de personas que han llegado por vía irregular a Melilla ha sido muy reducido. Solamente
nacionales marroquíes han conseguido entrar a la ciudad autónoma a nado. Esta situación hizo que en el CETI, donde la capacidad gira alrededor de las 800 personas, a mitad de 2023 solo hubiera 4 residentes.
Ante este contexto, a mitad de 2023, personas con intención de solicitar protección internacional se desplazaron a Melilla desde la España peninsular, puesto que había mayor agilidad en las citas presenciales, y aquellas personas que
carecían de recursos económicos podrían acceder al CETI. La mayoría de personas que se han alojado en el CETI de Melilla entre 2023 y 2025 han sido nacionales de países hispanoamericanos (Colombia, Venezuela o Perú, entre otros), así como
nacionales de la República de Mali llegados a través de la ruta Canaria o en las Baleares, y se han visto abocados a situación de sinhogarismo tipología Ethos 1 y 2 en la península. Al no poder haber citas disponibles en la península, también se
han dirigido a Melilla.
A mediados de enero de 2025, la Policía Nacional indicó que se preparaban para un cambio en el sistema de solicitud de citas de asilo a través de la página web de Extranjería, eliminando el requisito de presencialidad. Se trata del mismo
sistema usado en otras Comunidades Autónomas, que es denunciado por las ONG por encontrarse siempre colapsado. No hubo comunicado por escrito por parte de la Policía Nacional, sino que fueron los medios de comunicación los que se hicieron eco de
los cambios. Tampoco el día en el que iba a producirse.
El jueves 27 de febrero de 2025, cuando solicitantes de asilo se dirigen de manera presencial a solicitar cita, son informados de que a partir de ese día todas las citas son telemáticas, con tiempos de espera de 2 meses. Con la cita en
línea, se dirigen a la puerta del CETI para solicitar acceso, como era habitual. No obstante, desde el CETI se indica que la cita virtual no es válida 'como Manifestación de Voluntad' para acceder al CETI, puesto que el Ministerio de Inclusión
considera que es un documento carente de validez. Esta decisión ha provocado que los solicitantes de asilo llegados desde el 27 de febrero hayan quedado en situación de calle, entre ellas mujeres y personas mayores. Tampoco pueden desplazarse,
puesto que Melilla es una excepción dentro del espacio Schengen y solo se puede salir de la ciudad con documentación válida y en vigor. Lo que implica que los solicitantes de asilo deben esperar hasta las primeras citas otorgadas, en abril de 2025,
y tras ello otro mes para que sea admitida a trámite.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Subsanar los perjuicios causados por un cambio de criterio en la forma de solicitud de cita sin previo aviso y la no equiparación de esta con la manifestación de voluntad.
2. Determinar alternativas residenciales extraordinarias para las personas solicitantes de asilo que se encuentren en situación de calle en España.
3. Seguir incrementando los recursos destinados a la resolución de solicitudes de asilo para reducir el tiempo de espera para la entrevista y posterior admisión a trámite.
4. Habilitar salvoconductos para la salida de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuando estas no dispongan de plazas en recursos de atención.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné y Viviane Ogou i Corbi, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la liberalización del peaje de la AP7 y otras medidas para
paliar los problemas derivados de la situación A-397 Ronda a San Pedro, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La situación que está provocando el corte de la carretera A-397 de Ronda a San Pedro, de titularidad autonómica, que conecta en exclusiva a la comarca de la Serranía de Ronda con la Costa del Sol, pone de relieve nuevamente el déficit en
materia de movilidad de la provincia de Málaga.
La Junta de Andalucía no ofrece plazos para salvar esta situación que está ocasionando graves perjuicios a la economía rondeña y afectaciones directas a todos los trabajadores -por cuenta ajena o autónomos y empresas de transporte que tienen
que desplazarse diariamente del interior a la costa a desempeñar sus tareas.
Una vía que ha sido objeto de muchas promesas incumplidas, como la del propio presidente de la Junta de Andalucía en su programa electoral el año en el que accedió al Gobierno, dónde se contemplaba su conversión en autovía. Sin embargo, al
contrario, el gobierno autonómico desde hace décadas no acomete obras de mejora en esta vía para evitar, en la medida de lo posible, que desprendimientos ocasionados por el temporal que estamos viviendo en las últimas semanas, corten la única vía de
acceso directa, tanto para transporte público colectivo como individual, para miles de serranos y serranas.
Sobre este déficit que afecta a la totalidad de la provincia de Málaga, el foco mediático, e incluso político ha estado puesto exclusivamente en el Tren Litoral. Sin embargo, episodios como el que está sufriendo la población serrana, con
riesgos importantes de despoblamiento, evidencia la necesidad de soluciones integrales que tengan como finalidad paliar la brecha existente entre las 'dos málagas', entre ellas, las dificultades para la movilidad y conectividad de sus vecinos y
vecinas.
El desprendimiento que corta la carretera de la serranía a la costa del sol saca a la luz la falta de inversión en el ensanche, desdoblamiento y mejoras de contención de la propia A-397, la falta de mejoras en la red secundaria de la
comarca; los grandes déficit en la red secundaria de la comarca, e igualmente saca a la luz los precios abusivos de una autopista, la del litoral (AP7) que cruza toda la Costa del Sol y que en ocasiones como ésta se convierte en única alternativa.
En este caso, las personas que tienen que desplazarse a la Costa del Sol, con la A-397 cortada, deben hacerlo por la carretera de Ronda a Algeciras y salir por Casares/Manilva o Estepona, o bien por Ronda-Teba-Cártama y salir por Málaga,
cuanto menos doblando los kilómetros y el tiempo en el trayecto. En la práctica esta situación lleva tomar la autopista para evitar la autovía A7, frecuentemente colapsada, y ganar tiempo.
Entre las medidas que deben abordarse por las distintas administraciones para paliar las repercusiones económicas y sociales de los problemas de movilidad derivados de la situación en que se encuentra la carretera autonómica A-397 de Ronda a
San Pedro, la ciudadanía está exigiendo la liberalización del peaje de la Costa del Sol para quienes, en estos momentos, ésta representa la vía para poder acceder a sus empleos.
En noviembre del pasado año el Gobierno de España, conscientes del papel que representa la autopista en estos momentos en los que el déficit de otras vías de comunicación es evidente, se comprometió a impulsar rebajas para los usuarios
habituales: trabajadores, empresas, estudiantes..., en la materialización de dicho compromiso se debe igualmente articular un mecanismo para que, cuando por cuestiones de fuerza mayor, la autopista se convierta en única alternativa, esta opere sin
peajes.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Acometer, con la mayor celeridad posible, la liberalización de los peajes de la autopista AP7 para aquellas personas afectadas por el corte de la carretera A-397 de Ronda a San Pedro, en las que la autopista de peaje se convierte en
estos momentos en la mejor alternativa de movilidad.
2. Impulsar nuevas bonificaciones para usuarios habituales de la AP7 y articular un mecanismo para que opere sin peajes, cuando por fuerza mayor, la autopista se convierta en única alternativa con la finalidad de paliar las repercusiones
económicas y sociales derivados de la situación en que se encuentra la carretera autonómica A-397 de Ronda a San Pedro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para nombrar el puente de Saamasas en
Lugo como puente Tomás Notario Vacas, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia presentó el 14 de enero un escrito dirigido al Ayuntamiento de Lugo con motivo de cumplirse 50 años de la construcción del puente de Saamasas para que lleve el nombre de su
promotor y ejecutor,
D. Tomás Notario Vacas, en reconocimiento a los méritos y vinculación con la ciudad y provincia de Lugo.
La figura de Tomás Notario Vacas está estrechamente vinculada con el desarrollo de infraestructuras clave para los lucenses, infraestructuras ejecutadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en pleno funcionamiento y que representan
proyectos ¡cónicos para la ciudad de Lugo.
El Ayuntamiento de Lugo acordó trasladar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la propuesta del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para nombrar el puente de Saamasas con el nombre de su promotor y ejecutor,
Tomás Notario Vacas, en reconocimiento a sus méritos y vinculación con la ciudad y provincia de Lugo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a nombrar el puente de Saamasas con el nombre de su promotor y ejecutor, Tomás Notario Vacas, en reconocimiento a sus méritos y vinculación con la ciudad
y provincia de Lugo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2025.-Cristina Abades Martínez, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela y Celso Luis Delgado Arce, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la presencia
de la Federación Española de Pelota en competiciones internacionales, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El artículo 48 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte establece que, para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional, las federaciones deportivas de ámbito autonómico se
integrarán necesariamente en las respectivas federaciones deportivas españolas. La integración implicará la aceptación de la normativa interna de las federaciones deportivas españolas. Pero en su apartado segundo, incorporando una enmienda del
PNV, con el voto en contra de este grupo, se incorporó que, no obstante, las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su participación, en
el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva Comunidad Autónoma, o bien en el caso de que la federación autonómica hubiera formado parte de una federación internacional antes de la constitución
de la federación española correspondiente.
Y que, en tales supuestos, la participación de la federación deportiva autonómica en competiciones oficiales internacionales se producirá previo acuerdo con el Consejo Superior de Deportes. Tal acuerdo conllevará el apoyo conjunto a la
integración de la federación autonómica en la federación internacional.
La aprobación de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, quebranta así la competencia exclusiva del Estado en relación con la representación internacional del deporte federado español, alterando el régimen de la participación en
actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional.
Por todo ello, el Grupo Popular registró la Proposición de Ley para garantizar la representación internacional de las federaciones deportivas españolas en las actividades y competiciones deportivas de carácter internacional, (122/000125),
cuya toma en consideración fue rechazada el pasado 29 de octubre de 2024, con el voto en contra del PSOE, que tachó la proposición de ley que defendía su texto original de trasnochada.
La concesión del Gobierno al PNV en la Ley del Deporte ha traído como consecuencia el hecho insólito de que a la participación de la selección de Euskadi como miembro de pleno derecho en la Federación Internacional pueda sumar la ausencia de
España, que podría ser expulsada de la FIPV en la próxima Liga de Naciones.
En la Asamblea Ordinaria de la Federación Internacional de Pelota Vasca, del 28 de diciembre del año pasado año en Pamplona, se modificaron los estatutos sin la participación de España y Cuba, que no pudieron votar al estar inhabilitados sus
respectivos representantes, y se decidió admitir como miembros de pleno derecho a federaciones que no fueran nacionales, como la de Euskadi, una decisión que fue impugnada por la Federación Española de Pelota (FEPelota) ante el Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAD) en Lausana (Suiza), el 13 de enero, a la que se ha pedido retire el recurso para encontrar una solución.
El Consejo Superior de Deportes se ha limitado en este asunto a permitir este espectáculo y limita su obligación a buscar un consenso. Ha realizado declaraciones en los medios, informando que ha abierto un espacio de diálogo con la
Federación Española, la Vasca y la Internacional, y que se constituirá una mesa de trabajo en la que también estará el Gobierno Vasco, mientras la Federación de La Rioja y Navarra han recibido presiones para su apoyo. De otro lado, se da la
circunstancia de que el representante legal de la FIPV es también el representante legal de la Federación Vasca de Pelota.
La política deportiva del Gobierno de Sánchez debilita nuestra identidad deportiva y compartida como país, comprometiendo la presencia de nuestras selecciones en competiciones internacionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, para garantizar con carácter urgente, la representación internacional de las federaciones deportivas españolas en las actividades y competiciones deportivas de carácter
internacional, a la vista de la deriva de los últimos acontecimientos.
2. Denegar el acuerdo del Consejo Superior de Deportes para la participación de la Federación Vasca de Pelota en competiciones oficiales internacionales, conforme al artículo 48.2 de la Ley del Deporte vigente.
3. Intervenir con carácter inmediato en el conflicto sobre la presencia de la Federación Española de Pelota en competiciones internacionales, de acuerdo con las competencias que tiene encomendadas, para defender los intereses del deporte
español que se dirimen ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2025.-Javier Merino Martínez, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez y Borja Sémper Pascual, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley para el diseño de una estrategia de refuerzo de la educación audiovisual, para su debate en
la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
En 2020, la Comisión Europea adoptó el 'Plan de Acción para la Democracia Europea', una estrategia con el objetivo de construir democracias más resilientes en toda la UE, incluyendo la lucha contra la desinformación y reforzando la libertad
de los medios de comunicación, priorizando una participación ciudadana significativa y activa.
Entre sus recomendaciones se incluye la promoción de la alfabetización mediática como estratégica de empoderamiento ciudadano ante la desinformación.
También la OCDE, en su informe 'Hechos frente a falsedades: fortaleciendo la democracia a través de la integridad de la formación', afirma que los gobiernos deberían incorporar medidas de alfabetización mediática en los planes de estudios
en las diferentes etapas educativas, sin olvidarse de la formación inicial y permanente del profesorado.
¿De qué hablamos cuando decimos alfabetización mediática? Según el laboratorio de periodismo de la Fundación Luca de Tena, sería el proceso de aprendizaje de habilidades y capacidades técnicas, cognitivas, sociales, cívicas y éticas para
analizar los contenidos mediáticos de manera crítica y desarrollar una actitud activa frente a los mismos.
Nuestro país, comparado con otros países europeos, se encuentra en una posición un tanto retrasada en este tema y, por ejemplo, un informe de la Universidad de Navarra revela que el 72 % de la ciudadanía de nuestro país reconoce haber creído
alguna vez algún mensaje o vídeo que resultó ser falso, en una palabra, un bulo.
Todos estos datos nos ponen ante el espejo de una sociedad digital y de la información en la que la misma transcurre a una velocidad inusitada y la desinformación de forma paralela, resultando en una situación en la que la población en
general tienen dificultades para discernir lo que es relevante y verdadero de lo que no.
Por otra parte, es reconfortante constatar que, en contrapartida, en nuestro país hay una preocupación real de la sociedad civil frente a este tema. Así, un 82 % se confiesa preocupado por la desinformación, mientras que un 69 % declara que
quiere recibir educación mediática para así adquirir competencias y poder manejarse con confianza y seguridad en los medios y en las redes sociales.
Como todos sabemos, hoy en día cada vez más contenidos se transmiten mediante la imagen y el contenido audiovisual, pero el lenguaje audiovisual tiene su propio código de comunicación diferente al del código escrito, por lo que el concepto
de alfabetizaciones múltiples que se maneja ya en educación es cada vez más relevante, y es ahí donde debemos engarzar la alfabetización mediática y audiovisual.
Tal y como afirma el Manifiesto suscrito en el marco del II Encuentro de Festivales de Cine Educativo, celebrado en Zaragoza el 24 de marzo de 2024, mirar, como leer, requiere de un largo aprendizaje. La comunidad educativa es cada vez más
consciente de la urgente necesidad de una educación audiovisual que ayude a distinguir mensajes veraces de bulos, que desarrolle el espíritu crítico, que haga posible la expresión mediante imágenes y sonidos, y que permita la introducción del
lenguaje audiovisual en los Sistemas Educativos tal y como recogen las recomendaciones de la Comisión Europea.
La saturación visual que nos rodea a través de múltiples pantallas condiciona nuestra forma de percibir la realidad, poniendo en peligro a la ciudadanía que consume estos mensajes como espectadores pasivos. Esta situación sólo puede ser
modificada con una mirada crítica y responsable, que únicamente se construye a través de una sólida educación artística, técnica y del aprendizaje de los lenguajes que construyen esos mensajes.
El conocimiento y la utilización competente de esos lenguajes plásticos, visuales y audiovisuales no se produce de manera natural, sino que exige un aprendizaje progresivo para el desarrollo del pensamiento crítico y de la creación de
productos culturales. La comprensión de lo simbólico y lo estético precisa de una enseñanza con metodologías activas propias de los procesos de creación artística por medio de experiencias de aprendizaje específicas.
Es indudable el potencial que tiene la creación audiovisual en el desarrollo de todas las competencias educativas por su carácter interdisciplinar y colaborativo.
Por lo tanto, la iniciación y la profundización de la expresión audiovisual de nuestros niños, niñas y jóvenes es una prioridad inaplazable que debe ser dotada de los recursos necesarios, tanto en la elaboración de planes de formación de
profesorado, como en el diseño de contenidos para una enseñanza específica en materias artísticas y transversalmente en el resto de materias que desarrollen las competencias y la creatividad del alumnado.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover que las administraciones competentes favorezcan la inclusión de formación en lenguaje audiovisual, cinematográfico y en su didáctica, por parte de las administraciones competentes, en las Facultades de Educación para el
profesorado de Educación Primaria y en el Máster Oficial en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, sin olvidar la formación permanente del profesorado y también
procurando que los centros educativos y de formación del profesorado cuenten con el material audiovisual pertinente.
2. Instar a las administraciones educativas competentes a que se exploren acuerdos con las academias de cine de las distintas comunidades autónomas para el acompañamiento a los centros educativos en lo que respecta a la alfabetización y
creación audiovisual.
3. Crear un equipo de profesionales de la educación y expertos audiovisuales para la puesta en marcha de una plataforma que contenga recursos para la formación del profesorado en didáctica y narrativa audiovisual y una selección de material
audiovisual que sirvan de referentes atendiendo a criterios de calidad acompañadas de material didáctico para su visionado y reflexión en el aula.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2025.-María Luz Martínez Seijo, María Luisa García Gurrutxaga, Valle Mellado Sierra, Roberto García Morís, Víctor Gutiérrez Santiago, Guillermo Hita Téllez, José Losada Fernández, Amador
Marqués Atés, Alberto Mayoral de Lamo, María Isabel Moreno Fernández y Ada Santana Aguilera, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento de acordar la
convocatoria de la Conferencia Sectorial de Deporte, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece en su Título III un régimen completo de las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, que deberán sujetarse a los principios rectores de los
artículos 2, 14 y 138 de la
Constitución, como la adecuación al sistema de distribución de competencias, la solidaridad interterritorial, la programación y evaluación de resultados y el respeto a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.
Siguiendo la jurisprudencia constitucional, se definen y diferencian dos principios clave de las relaciones entre Administraciones: la cooperación, que es voluntaria y la coordinación, que es obligatoria. Sobre esta base se regulan los
diferentes órganos y formas de cooperar y coordinar.
En la citada ley se regulan las funciones de las conferencias sectoriales. Estas podrán adoptar recomendaciones, que implican el compromiso de quienes hayan votado a favor a orientar sus actuaciones en esa materia en el sentido acordado,
con la obligación de motivar su no seguimiento; y acuerdos, que podrán adoptar la forma de planes conjuntos, que serán de obligado cumplimiento para todos los miembros no discrepantes, y que serán exigibles ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo. Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el acuerdo será obligatorio para todas las Administraciones de la conferencia sectorial.
Según el artículo 149.1 de la ley, relativo a la convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales, corresponde al Ministro que presida la Conferencia Sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia, al
menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir la propuesta de orden del día.
El año pasado el Gobierno aprobó además el Real Decreto 440/2024, de 30 de abril, sobre criterios de funcionamiento de las Conferencias Sectoriales al que debían adaptarse los reglamentos de las Conferencias.
En el ámbito del deporte, en el año 2023, la Conferencia Sectorial de Deporte en su reunión 26 de diciembre de 2023, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados
por Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía con cargo al presupuesto del Consejo Superior de Deportes en el marco del Componente 26 'Fomento del Sector Deporte', por un importe de 8.050.000,00 euros en el ejercicio presupuestario
2024, para el 'Plan de Digitalización del Sector Deporte', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La Conferencia Sectorial del Deporte sustituye a la anterior Conferencia Interterritorial del Deporte.
Desde entonces, en esta legislatura, no se ha vuelto a convocar a la Conferencia Sectorial de Deporte, resultando que en el año 2024 esta no ha sido convocada, como así figura en la página web del Ministerio del Ministerio de Política
Territorial y Memoria Democrática correspondiente al año 2024.
El Reglamento de la Conferencia Sectorial del Deporte en su artículo 12 establece que la Conferencia Sectorial se reunirá en sesión ordinaria, al menos una vez al año, o en sesión extraordinaria, a iniciativa de la Presidencia o cuando lo
soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros y que las sesiones extraordinarias se convocarán, única y exclusivamente, para tratar asuntos urgentes y que surjan deforma inesperada, con independencia de que hubieran sido tratados o no en la
Comisión Sectorial correspondiente.
Por todo ello, teniendo en cuenta que existen cuestiones tan relevantes a tratar en una Conferencia sectorial como la ejecución de los fondos Next Generation, el modelo deportivo, el sistema de gobernanza de la Real Federación Española de
Fútbol, la representación deportiva internacional o los programas de colaboración con las Comunidades Autónomas, es por lo que este Grupo solicita su convocatoria sin más demora.
Por todo ello, se propone para su debate la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados instar al Gobierno a:
1. Convocar con carácter urgente la Conferencia Sectorial de Deporte, no convocada desde hace más de un año, contraviniendo la Ley 40/2015 del Sector Público y su propio Reglamento de funcionamiento.
2. Adaptar el Reglamento de la Conferencia Sectorial de Deporte a Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte y demás legislación en vigor que le afecte.
3. Asimismo, propondrá la reforma de su Reglamento, que conforme al artículo 2 se prevé por consenso de sus integrantes, para que la Conferencia sea convocada al menos dos veces al año, con la finalidad de desarrollar adecuadamente una
actuación coordinada en materia de deporte con atención a los principios de lealtad institucional, cooperación y respeto recíproco en el ejercicio de las competencias que las Administraciones tienen atribuidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Borja Sémper Pascual, Javier Merino Martínez y María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001907
A Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el aumento del coeficiente reductor de la jubilación de los
buceadores profesionales y el estudio de un coeficiente reductor para los instructores de buceo recreativo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Según datos de los sindicatos, los buceadores profesionales son uno de los colectivos que mayor siniestralidad sufren debido a las características intrínsecas de su labor. En concreto, y según informa CGT, entre 1989 y 2014, los buceadores
comerciales sufrieron el 78,9 % de los accidentes laborales mortales. La media de edad con patologías invalidantes es de 33 años, siendo ciertamente difícil encontrar buceadores profesionales de más de 50 años. El riesgo de sufrir un accidente
laboral por parte de un buceador profesional es 290 veces mayor que la media de la población laboral española. Sin ir más lejos, y como ejemplo de dicha peligrosidad, el pasado febrero los servicios sanitarios de emergencia atendieron y trasladaron
a un buceador profesional que se quedó inconsciente cuando trabajaba en una instalación dedicada a la acuicultura marina en aguas de Cartagena.
A fecha de 3 de diciembre de 2024, y según datos de la Seguridad Social, hay un total de 469 buceadores profesionales en el Régimen especial de los Trabajadores del Mar. Desagregados, y según datos facilitados por el Instituto Social de la
Marina, existen un total de 104 por cuenta propia, y 365, la gran mayoría, por cuenta ajena del Grupo 1. Esto incluye armadores buceadores profesionales tripulantes de embarcaciones, autónomos buceadores profesionales tripulantes de embarcaciones,
buceadores profesionales embarcados y buceadores profesionales. En cuanto a buceadores dados de alta en el Régimen General, el total asciende a 85.
Reformas legislativas recientes han ayudado a dar pasos hacia adelante en esta materia. El ejemplo más claro se puede ver a través de la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, en la que se introdujo un
coeficiente reductor para la edad de jubilación de los buceadores profesionales del 0,15. En concreto se ve reflejado en la disposición adicional sexta, por la que se establece este coeficiente reductor para la percepción de la pensión de la
jubilación para las actividades de buceadores extractores de recursos marinos y buceadores con titulación profesional en actividades
industriales, incluyendo la actividad docente para la obtención de dicha titulación. De hecho, el propio Instituto Social de la Marina considera razonable aumentar el coeficiente reductor hasta un 0,30 para la actividad. Durante la
tramitación de la Ley 5/2023, CGT Mar y Puertos compareció en el Congreso para exponer la necesidad de un coeficiente del 0,40, hecho que fue admitido por todas las fuerzas políticas. Además, esta modificación no incluye la instrucción de buceo
recreativo y otras actividades, un elemento a tener en cuenta ya que también conlleva un riesgo para la salud y la vida de dichos profesionales.
Si bien se considera esta modificación legislativa como beneficiosa para el colectivo de buceadores, los datos arrojados por los sindicatos muestran dos factores a tener en cuenta y que dilucidan que es una medida insuficiente. En primer
lugar, la urgencia de mejorar esta condición teniendo en cuenta la alta peligrosidad, toxicidad y penosidad, debida a altos índices de accidentes laborales mortales, así como la media de edad por patologías invalidantes. En segundo lugar, el bajo
impacto presupuestario que supondría una mejora de sus condiciones en materia de jubilación, teniendo en cuenta el número de profesionales afectados por la misma. Según la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de la Ley 5/2023, la
valoración económica de la aplicación de coeficientes reductores para las actividades de buceadores se estimó en 281,48 millones de euros constantes en 2022. Esto se traduce en que existe la posibilidad de tomar medidas urgentes en esta materia sin
que ello suponga un desequilibrio significativo en los balances de la Seguridad Social, hecho más que justificado teniendo en cuenta, como se ha dicho, la peligrosidad de la profesión.
El Gobierno tiene en trámite un mecanismo que determinará la procedencia del establecimiento de coeficientes reductores que permitirán anticipar la edad de jubilación en el Sistema de la Seguridad Social, y que establece la solicitud para la
aprobación de nuevos coeficientes reductores de la edad de jubilación de acuerdo con el nuevo procedimiento establecido. Mientras este Real Decreto sigue su curso, es urgente y necesario tomar medidas inmediatas para este colectivo de trabajadores,
que desempeñan funciones intrínsecamente peligrosas y representan una siniestralidad cuanto menos alarmante, siendo a su vez un colectivo ciertamente reducido.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, de manera urgente, las medidas necesarias para el aumento del coeficiente reductor de los buceadores profesionales, valorando que es uno de los colectivos con mayor siniestralidad y peligrosidad en el mercado de trabajo.
2. Estudiar y valorar el coeficiente reductor para los profesionales dedicados a la instrucción de buceo recreativo y otras actividades, corrigiendo la desigualdad actual, a través del nuevo mecanismo en fase de tramitación sobre el
establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2025.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Càmera, presenta la següent Proposició no de Llei per a l'augment del coeficient reductor de la jubilació dels bussejadors
professionals i l'estudi d'un coeficient reductor per als instructors de busseig recreatiu, per al seu debat a la Comissió de Treball, Economia Social, Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Exposició de motius
Segons dades dels sindicats, els bussejadors professionals són un dels col·lectius que major sinistralitat pateixen a causa de les característiques intrínseques de la seva feina. En concret, i segons informa CGT, entre 1989 i 2014, els
bussejadors comercials van patir el 78,9 % dels accidents laborals mortals. La mitjana d'edat amb patologies invalidants és de 33 anys, sent certament difícil trobar bussejadors professionals de més de 50 anys. El risc de patir un accident laboral
per part d'un bussejador professional és 290 vegades major que la mitjana de la població laboral espanyola. Sense anar més lluny, i com a exemple d'aquesta perillositat, el febrer passat els serveis sanitaris d'emergència van atendre i van
traslladar a un bussejador professional que es va quedar inconscient quan treballava en una instal·lació dedicada a l'aqüicultura marina en aigües de Cartagena.
A data de 3 de desembre de 2024, i segons dades de la Seguretat Social, hi ha un total de 469 bussejadors professionals al Règim especial dels Treballadors de la Mar. Desagregats, i segons dades facilitades per l'Institut Social de la
Marina, existeixen un total de 104 per compte propi, i 365, la gran majoria, per compte aliè del Grup 1. Això inclou armadors bussejadors professionals tripulants d'embarcacions, autònoms bussejadors professionals tripulants d'embarcacions,
bussejadors professionals embarcats i bussejadors professionals. Pel que fa a bussejadors donats d'alta en el Règim General, el total ascendeix a 85.
Reformes legislatives recents han ajudat a fer passos cap endavant en aquesta matèria. L'exemple més clar es pot veure a través de la Llei 5/2023, de 17 de març, de pesca sostenible i investigació pesquera, en la qual es va introduir un
coeficient reductor per a l'edat de jubilació dels bussejadors professionals del 0,15. En concret es veu reflectit en la disposició addicional sisena, per la qual s'estableix aquest coeficient reductor per a la percepció de la pensió de la
jubilació per a les activitats de bussejadors extractors de recursos marins i bussejadors amb titulació professional en activitats industrials, incloent-hi l'activitat docent per a l'obtenció d'aquesta titulació. De fet, el propi Institut Social de
la Marina considera raonable augmentar el coeficient reductor fins a un 0,30 per a l'activitat. Durant la tramitació de la Llei 5/2023, CGT Mar i Ports va comparèixer en el Congrés per exposar la necessitat d'un coeficient del 0,40, fet que va ser
admès per totes les forces polítiques. A més, aquesta modificació no inclou la instrucció de busseig recreatiu i altres activitats, un element a tenir en compte ja que també comporta un risc per a la salut i la vida d'aquests professionals.
Si bé es considera aquesta modificació legislativa com a beneficiosa per al col·lectiu de bussejadors, les dades donades pels sindicats mostren dos factors a tenir en compte i que diluciden que és una mesura insuficient. En primer lloc, la
urgència de millorar aquesta condició tenint en compte l'alta perillositat, toxicitat i penúria, deguda a alts índexs d'accidents laborals mortals, així com la mitjana d'edat per patologies invalidants. En segon lloc, el baix impacte pressupostari
que suposaria una millora de les seves condicions en matèria de jubilació, tenint en compte el nombre de professionals afectats per aquesta. Segons la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu (MAIN) de la Llei 5/2023, la valoració econòmica de
l'aplicació de coeficients reductors per a les activitats de bussejadors es va estimar en 281,48 milions d'euros constants en 2022. Això es tradueix en que existeix la possibilitat de prendre mesures urgents en aquesta matèria sense que això suposi
un desequilibri significatiu per als balanços de la Seguretat Social, fet més que justificat tenint en compte, com s'ha dit, la perillositat de la professió.
El Govern té en tràmit un mecanisme que determinarà la procedència de l'establiment de coeficients reductors que permetran anticipar l'edat de jubilació en el Sistema de la Seguretat Social, i que estableix la sol·licitud per a l'aprovació
de nous coeficients reductors de l'edat de jubilació d'acord amb el nou procediment establert. Mentre aquest Reial decret segueix el seu curs, és urgent i necessari prendre mesures immediates per a aquest col·lectiu de treballadors, que exerceixen
funcions intrínsecament perilloses i representen una sinistralitat com menys alarmant, sent al seu torn un col·lectiu certament reduït.
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
1. Impulsar, de manera urgent, les mesures necessàries per a l'augment del coeficient reductor dels bussejadors professionals, valorant que és un dels col·lectius amb més sinistralitat i perillositat al mercat de treball.
2. Estudiar i valorar el coeficient reductor per als professionals dedicats a la instrucció de busseig recreatiu i altres activitats, corregint la desigualtat actual, a través del nou mecanisme en fase de tramitació sobre l'establiment de
coeficients reductors de l'edat de jubilació.'
Palau del Congrés dels Diputats 19 de març de 2025-Aina Vidal Sáez, Portaveu adjunta primera
161/001933
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las medidas para impedir la deslocalización y sobre la precariedad laboral en el sector de los centros de llamadas para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El sector de los centros de llamadas da trabajo a más de 8000 personas en toda Galicia. Se trata de un sector muy precario que lleva años atravesando una situación crítica, con una pérdida sostenida de puestos de trabajo, forzada en gran
medida por la permisividad respecto de la deslocalización de los puestos de trabajo y la irrupción de la inteligencia artificial.
Estos fenómenos traen consecuencias negativas, no solo para los trabajadores, sino también para las usuarias y los usuarios, que ven reducida la calidad y la seguridad de los servicios. Así, la transmisión de datos personales a terceros
Estados, sin la obligación de respetar el estándar de protección de la UE, provoca el uso no autorizado de datos de las personas consumidoras con fines ilícitos.
La deslocalización implica alejar la atención de las y los clientes y levantar una barrera sociocultural que empobrece la atención a la clientela. Así, el conocimiento directo del territorio es un claro ejemplo, ya que la dispersión
poblacional característica de Galicia, que se distribuye en lugares, parroquias, concellos, municipios, dificulta la comprensión de la localización física de un problema o el acceso de los consumidores a las infraestructuras. Otra consecuencia es
el desconocimiento de la realidad multilingüe del Estado español y la falta de respeto a los derechos lingüísticos, un trato que la reubicación agrava, discriminando a las personas usuarias que utilizan lenguas distintas al español, que no pueden
expresarse en su propia lengua.
En lo que respecta a la situación de las personas trabajadoras, como ya hemos mencionada, la situación es altamente precaria. Hablamos de un sector en el que predominan los contratos a tiempo parcial, por lo que sus salarios suelen estar
por debajo del SMI. Además, la fragmentación de los servicios de atención al cliente en diferentes subcontratistas, así como la deslocalización a distintos Estados con peores condiciones laborales, dificulta que las personas trabajadoras del sector
reclamen sus derechos y logren mejoras laborales acordes a los beneficios que producen.
A ello se suma la decisión de eliminar la autorización administrativa en los ERE, lo que ha provocado que la decisión de eliminar numerosos puestos de trabajo quede a la discrecionalidad de las empresas, sin control administrativo de las
causas de la eliminación y, por tanto, privando a los trabajadores de la protección administrativa de sus intereses legítimos.
Esta situación es particularmente grave ya que las empresas que tienen capacidad para externalizar los servicios de atención al cliente son grandes empresas y multinacionales (Atento, ABAI, Teleperformance, Konecta, Concentrix, Intelcia,
BOSCH) que explotan el mercado al amparo de las grandes corporaciones que componen el IBEX35 como las energéticas (Iberdrola, Naturgy, Endesa), la banca (Banco Santander, BBVA, ING), las telecomunicaciones (Vodafone, Orange, Movistar).
Movistar, empresa cuyo principal accionista actualmente es el Gobierno de España a través de Telefónica, debe ser un ejemplo de buena gestión, garantizando el respeto a los derechos de los usuarios, así como manteniendo unas condiciones
laborales dignas. Para garantizar estos derechos (calidad de la atención, proximidad, protección de datos, derechos lingüísticos y gestión personal y no artificial) el Estado debería exigir a las grandes subcontratistas que trabajan en simbiosis
con compañías del IBEX35 que garanticen los derechos de los clientes y también de las personas trabajadoras, es decir, legislar para establecer condiciones adecuadas en la atención, evitando la deslocalización y recuperando los miles de empleos
perdidos en Galicia y en todo el Estado español en condiciones dignas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Adoptar medidas para garantizar que las empresas que prestan servicios en el Estado español, particularmente las públicas o de capital público, como Telefónica, establezcan subcontratas que mantengan la atención telefónica a la clientela
de forma cercana, impidiendo la deslocalización de sus servicios a terceros Estados, y que se fomente el retorno de los ya desplazados, con el objetivo de recuperar los puestos de trabajo en Galicia y en el conjunto del Estado español, garantizando
así unas condiciones laborales más dignas y un mejor servicio a las personas usuarias.
2. Desarrollar medidas normativas que garanticen que las empresas deben prestar servicio en todas las lenguas oficiales en el Estado español, de forma que, además de garantizar los derechos lingüísticos de las personas usuarias, se fomente
el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo.
3. Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y la garantía de los derechos digitales en caso de deslocalización de los servicios de atención a la clientela fuera del Estado
español.
4. Garantizar que las personas usuarias sean atendidas por personas que busquen ofrecer una solución acorde a las necesidades de la clientela, con un asesoramiento adecuado y fiable, además de regular y controlar el uso de la Inteligencia
Artificial, la automatización y autogestión en la atención a la clientela.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ás medidas para impedir a deslocalización e sobre a precariedade laboral no sector dos centros de
chamadas para o seu debate na Comisión De Traballo, Economía Social, Inclusión, Seguridade Social e Migracións.
Exposición de motivos
O sector dos centros de chamadas dá emprego a máis 8000 persoas en toda Galiza. Trátase dun sector moi precarizado e que leva anos atravesando unha situación crítica, cunha perda sostida de empregos, forzada en grande medida, pola
permisividade para a deslocalización dos centros de traballo e pola irrupción da intelixencia artificial.
Estes fenómenos traen consecuencias negativas, non só para os traballadores e traballadoras, senón tamén para as usuarias e usuarios, que ven reducida a calidade e seguridade dos servizos. Así, o traslado de datos persoais a terceiros
Estados, sen a obriga de respectar o estándar de protección da UE, provocan o uso non autorizado e con fins ilícitos dos datos das persoas consumidoras.
A deslocalización implica afastar a atención das e dos clientes e levantar unha barreira socio-cultural que empobrece a atención. Así, o coñecemento do territorio de forma directa é un exemplo claro, pois a característica dispersión
poboacional da Galiza, que se distribúe en lugares, parroquias, concellos, municipios, dificulta a comprensión para a localización física dun problema ou acceso das consumidoras ás infraestruturas. Outra consecuencia é a ignorancia sobre a
realidade plurilingüística do Estado español e a falta de respecto dos dereitos lingüísticos, un tratamento que a deslocalización empeora, discriminando ás persoas usuarias que empregan linguas distintas do español, que non se poden expresar na súa
lingua.
En canto á situación das persoas traballadoras, como xa se dixo, a situación é altamente precaria. Falamos dun sector en que predominan os contratos a tempo parcial, de forma que os seus salarios adoitan situarse por debaixo do SMI.
Ademais, fragmentación dos servizos de atención á clientela en diferentes subcontratas, así como a deslocalización en diferentes Estados con condicións peores condicións laborais, dificulta ás persoas traballadoras do sector reivindicar os seus
dereitos e acadar melloras laborais acordes aos beneficios que producen.
A isto súmase a decisión de eliminar a autorización administrativa nos EREs, que deu en que a decisión de suprimir numerosos postos de traballo quede ao arbitrio das empresas, sen control administrativo das causas da supresión e, polo tanto,
privando ás persoas traballadoras da tutela administrativa dos seus intereses lexítimos.
Esta situación é máis grave xa que, as empresas que teñen a capacidade de deslocalizar os servizos de atención á clientela son grandes empresas e multinacionais (Atento, ABAI, Teleperformance, Konecta, Concentrix, Intelcia, BOSCH) que
explotan o mercado ao amparo das grandes corporacións que conforman o IBEX35 como enerxéticas (Iberdrola, Naturgy, Endesa), banca (banco Santander, BBVA, ING), telecomunicacións (Vodafone, Orange, Movistar).
Movistar, unha empresa cuxo principal accionista é, na actualidade, o goberno de España a través de Telefónica, debera ser exemplo de boa xestión, garantindo o respecto polos dereitos dos usuarios e das usuarias, así como polo mantemento
dunhas condicións laborais dignas. Para garantir estes dereitos (calidade da atención, proximidade, protección de datos, dereitos lingüísticos e xestión persoal e non artificial) o Estado debera exixir que as grandes subcontratas que funcionan en
simbiose coas empresas do IBEX35 garantan os dereitos da clientela e tamén das persoas traballadoras, é dicir, lexislar para estabelecer condicións adecuadas na atención, impedindo a deslocalización e recuperando os milleiros de postos de traballo
perdidos na Galiza e no conxunto do Estado español nunhas condicións dignas.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Adoptar medidas para garantir que as empresas que prestan servizos no Estado español, especialmente as empresas públicas ou participadas por capital público como é o caso de Telefónica, estabelezan subcontratas que manteñan a atención
telefónica á clientela de forma próxima, impedindo a deslocalización dos seus servizos en terceiros Estados, e que se fomente o retorno dos xa desprazados, co obxectivo de recuperar os postos de traballo na Galiza e no conxunto do Estado español,
garantindo dese xeito unhas condicións laborais máis dignas e unha mellor atención ás persoas usuarias.
2. Desenvolver medidas normativas que garantan que as empresas deban ter atención en todas as linguas oficiais no Estado español, de forma que, ademais de garantir os dereitos lingüísticos das persoas usuarias, se fomente o mantemento e
creación de postos de traballo.
3. Asegurar o cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de garantía dos dereitos dixitais no caso de deslocalización de servizos de atención á clientela fóra do Estado español.
4. Garantir que os usuarios e usuarias son atendidas por persoas que procuren dar unha solución acorde ás necesidades da clientela, cun asesoramento adecuado e fiábel, ademais de regular e controlar o uso da Intelixencia Artificial, os
automatismos e a autoxestión na atención a clientela.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria y Turismo
161/001926
La Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley relativa a la oposición a la macrocelulosa ALTRI y evitar así la instalación de una bomba ambiental en el corazón de Galicia.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria y Turismo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicarla en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al grupo parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Industria relativa a la oposición a la
macrocelulosa ALTRI y evitar así la instalación de una bomba ambiental en el corazón de Galicia.
Exposición de motivos
El pasado viernes 14 de marzo, el Gobierno de la Xunta de Galicia publicó en el Diario Oficial de Galicia la declaración de impacto ambiental de la macrocelulosa ALTRI para autorizar su instalación en una zona que afecta a los municipios de
Melide, Santiso, Agolada y Palas de Rei. Este proyecto, promovido por un consorcio formado por la portuguesa ALTRI y una empresa gallega, afectará a los municipios mencionados, que pertenecen a tres provincias gallegas diferentes, por estar
próximos al centro geográfico de la comunidad. Además, se instalará cerca del río Ulla, del que consumirá agua y al que verterá las aguas residuales de su actividad. Este río discurre más adelante por una docena de municipios hasta desembocar en
la ría de Arousa.
Esta planta ha sido objeto de controversia desde que su diseño final se hizo público en marzo de 2024.
En primer lugar, por la extensión del terreno que ocupará, en una zona de alto valor ecológico y paisajístico y junto a una Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección de los Valores Naturales, la Sierra del Careón. Son 360
hectáreas de terreno que se incluyeron como 'zona de amortiguamiento' de la Red Natura en el documento expuesto al público de la Estrategia de Infraestructura Verde de la Xunta de Galicia, hasta su desaparición en la versión definitiva publicada en
el Diario Oficial.
En segundo lugar, por su elevado consumo de agua, procedente del embalse de Portodemouros, y cuyo estado actual presenta un 'potencial ecológico no muy bueno', según la respuesta escrita de la Comisión Europea a las preguntas de la
eurodiputada Estrella Galán. Se prevé un consumo de 46 millones de litros de agua al día, lo que supone una cifra cercana al 10 % del caudal total del punto de captación.
En tercer lugar, por el elevado volumen de aguas residuales generado, 30 millones de litros, a una temperatura de 27°C y con una elevada carga orgánica, con el riesgo que ello supone para un río cuyo estado ecológico no es óptimo y que sufre
frecuentes procesos de eutrofización.
En cuarto lugar, por el enorme consumo de madera de eucalipto talada, 1,2 millones de metros cúbicos, que representa el 20 % de la producción anual de la comunidad, lo que seguramente favorecerá nuevas plantaciones de una especie foránea e
invasora, muy destructora de los ecosistemas, pirófita y que provoca acidificación y sequía en su entorno.
En quinto lugar, por la gran cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera, cuyos datos, en cualquier caso, no parecen estar completos en la documentación publicada, ya que no se especifican estimaciones para la mayoría de los
contaminantes habituales en la industria. El proyecto no incluye cálculos de las emisiones de gases de efecto invernadero (ni de partículas en suspensión) a pesar de que pretende conseguir 250 millones de euros de dinero público a través de la
línea de financiación PERTE para la descarbonización industrial. Según estimaciones basadas en datos parciales de la empresa, algunos de los contaminantes emitidos superarían el total emitido por las otras 8 fábricas de celulosa del Estado, sin que
se propongan medidas de mitigación suficientes para evitar que se convierta, sin duda, en una de las industrias más contaminantes de Galicia.
En sexto lugar, por el altísimo impacto negativo que tendría sobre la economía local, ya que se propone crear 500 empleos directos a cambio de poner en peligro la industria turística vinculada al Camino de Santiago, que pasa a escasos 3
kilómetros, así como todo el sector primario que depende de la buena calidad del aire, del agua y del suelo de todo este entorno. Numerosos proyectos empresariales de tipo familiar, pequeños emprendedores, cooperativas y otras iniciativas
vinculadas a la economía local y al desarrollo sostenible correrían grave peligro si este proyecto saliera adelante.
En séptimo lugar, por el enorme impacto visual y estético de una planta de estas dimensiones, que implicaría la instalación de una chimenea de 75 metros de altura para garantizar que las emisiones no afecten a la salud humana ni al
medioambiente de acuerdo con la normativa vigente.
En octavo lugar, por los riesgos de contaminación e impacto sobre la ría de Arousa, que se encuentra río abajo y genera miles de empleos vinculados a la extracción y transformación de productos del mar, así como al turismo. Se trata de una
ría que ya está sufriendo un enorme impacto derivado de la actividad humana, con una elevada población en sus orillas, además de multitud de instalaciones industriales y cultivos de todo tipo. La llegada de un suministro de agua cargado de residuos
orgánicos e industriales podría ser la gota que colme el vaso y acabe rompiendo el precario equilibrio de la ría.
Todo lo anterior ha provocado un rechazo generalizado por parte de la sociedad gallega, especialmente de las poblaciones de los municipios directamente afectados, así como de los situados en las riberas del río y en la propia ría de Arousa.
Casi 100 mil personas marcharon el pasado 15 de diciembre por el centro de Santiago de Compostela en señal de rechazo a la instalación de la fábrica de celulosa en el corazón de Galicia. La aprobación de la DIA fue recibida con decenas de
manifestaciones. También recibió una contundente respuesta de todos los partidos de la oposición en Galicia, incluidos los ayuntamientos afectados, así como del tejido social y de defensa del medioambiente.
Fue y es un movimiento que busca defender la economía de las regiones afectadas por la amenaza de la implantación de la macrocelulosa, los cuales son territorios estrechamente vinculados a la producción primaria, tanto agrícola como
ganadera, como la pesca y el marisqueo, que basan su estructura económica y gran parte de su vida social en actividades sostenibles que generan de empleo y que están vinculadas a la calidad del aire, del agua, del medio ambiente y del mar.
Por su parte, la empresa también aspira a conseguir 250 millones de euros de dinero público a través de la línea de fondos PERTE para la descarbonización industrial. Aseguran que sin ellos la construcción de la fábrica no sería viable.
A la hora de conceder estos fondos debe aplicarse rigurosamente el principio DNSH que inspira a la Unión Europea, el principio de no causar daños significativos al medioambiente, una condición definida por la Comisión Europea que obliga a
realizar una autoevaluación para garantizar que la inversión no afecte negativamente a ninguno de los seis objetivos ambientales definidos en el Reglamento 852/2020 de Mitigación del Cambio Climático.
El modelo industrial de ALTRI pertenece al siglo pasado y en ningún caso puede pretender ni aspirar a ser un ejemplo de 'industria sostenible'. No lo es en su proceso, que consume un altísimo volumen de agua y emite enormes cantidades de
contaminantes al suelo, al aire y al río. La creación de 500 empleos directos no justifica esta intervención en el paisaje, y menos aún requiere una financiación pública de tal calibre.
Asimismo, hay que considerar que la instalación de una nueva celulosa en Galicia, la segunda tras ENCE, es un grave error de estructura económica y de especialización productiva para Galicia, porque como ha demostrado ENCE, ya instalada en
la ría de Pontevedra, una macrocelulosa es una industria de enclave, que no genera riqueza ni bienestar en el territorio donde se implanta, y que tiene un coste ambiental y económico enorme y a largo plazo que asume el territorio.
Asimismo, la puesta en marcha de una nueva planta de producción de celulosa con la estrategia de descarbonización de la industria parece estar lejos del objetivo de los fondos Next Generation, ya que es el contrario: deberían destinarse a
descarbonizar las fábricas ya instaladas en Galicia, y en ningún caso a financiar nuevas plantas que agraven el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la transición hacia un modelo de industrialización verde, como oportunidad para construir una economía más justa y sostenible, para producir sin destruir, garantizando empleo de
calidad y respetando los límites del planeta, rechazando la política industrial basada en la depredación del territorio, el acaparamiento de los recursos hídricos o la imposición de megaproyectos que benefician a unos pocos, en detrimento de las
comunidades rurales.
2. Denegar la solicitud de concesión de 250 millones de euros de los fondos Next Generation al proyecto ALTRI, por su manifiesta incompatibilidad con los criterios establecidos por la Unión Europea, especialmente por su daño medioambiental.
3. Adoptar las medidas necesarias para que la decisión de instalar la macrocelulosa ALTRI en Palas de Rei no pueda adoptarse sin el apoyo de la ciudadanía afectada mediante un referéndum consultivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2025.-Manuel Lago Peñas, Diputado.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001905
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de mejorar la recomendación de consumo de pescado y productos pesqueros en el proyecto de Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos, para su debate en
la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
En diferentes iniciativas parlamentarias, el BNG ha trasladado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la preocupación del sector de la industria pesquera ante el proyecto de Real Decreto para el fomento de una alimentación
saludable y sostenible en centros educativos, que propone una reducción de la recomendación del consumo de pescado, que quedaría limitada a una pauta de entre una y tres raciones semanales, cuando todos los informes de los organismos internacionales
de salud y nutrición (OMS, FAO) destacan los numerosos beneficios del pescado para la salud.
El propio Ministerio ha recibido alegaciones directamente de las organizaciones del sector pesquero pero, en lugar de manifestar una voluntad de rectificar o una posición abierta a reconsiderar las recomendaciones, sigue justificando y
manteniendo su propuesta.
El BNG considera que el Real Decreto que está elaborando el Ministerio debe tomar en consideración e incorporar las alegaciones realizadas por el sector pesquero, como la de que se incluya un mínimo de tres raciones semanales de pescado en
los segundos platos en lugar de la horquilla de una a tres raciones semanales, corrigiendo así la intención de priorizar en los segundos platos alimentos que aporten proteínas de origen vegetal cuando ya están presentes en los primeros platos,
marcando una tendencia dietética menos equilibrada.
También la eliminación de la referencia a evitar 'especies de pescado con alto contenido en mercurio como el pez espada, el atún rojo, el tiburón o el lucio', estipulaciones o advertencias que, sin embargo, no se hacen con otros alimentos
susceptibles de tener sustancias nocivas.
Asimismo, conviene recordar que, cuando el proyecto habla de promover la dieta mediterránea, se producen varias omisiones, en primer lugar, porque se enumeran legumbres, hortalizas, cereales, frutas, frutos secos y aceite de oliva como parte
fundamental de dicha dieta, pero no se hace ninguna mención al pescado, otro elemento esencial. Pero, también, en segundo lugar, porque ignora la existencia de otros tipos de dietas tradicionales, igualmente muy recomendables y saludables, como la
dieta atlántica, que también incorpora el consumo de pescado como producto básico y local.
Además, el Ministerio señala que los requisitos que orientan la oferta de menús en los comedores escolares y las frecuencias de consumo establecidas en el proyecto del RD hacen referencia a la comida del mediodía de lunes a viernes. Esta
comida se complementa con la del entorno familiar en los demás momentos de consumo. Sin embargo, parece olvidarse de que muchas familias con pocos recursos tienen más dificultades para completar su dieta con pescado o proteína animal debido al
encarecimiento de los precios, por lo que resulta más importante introducir estos elementos en los comedores escolares.
Estudios e informes sobre hábitos alimentarios en familias con renta más bajas, como el propio estudio Aladino, han demostrado que los hábitos son peores cuanto menores son los ingresos y que el coste de la cesta de la compra ha aumentado
enormemente en los últimos años, particularmente en el caso de los productos frescos, verduras, frutas y, también, pescado.
Si bien las competencias en esta materia corresponden a las Comunidades Autónomas y serán ellas las encargadas en última instancia de adaptar los menús de los comedores escolares a sus especificidades, como es el caso de Galicia con miles de
kilómetros de costa y donde el sector pesquero es básico, consideramos muy necesario que las recomendaciones genéricas que emitirá el Ministerio para los menús escolares incluyan pescado y productos pesqueros en una cantidad mínima suficiente,
teniendo en cuenta las recomendaciones de los diferentes organismos y la necesidad de fomentar el consumo de pescado.
La pauta que sigue el Ministerio de reducción de la presencia de productos pesqueros en la dieta de los comedores escolares es un mal ejemplo para las generaciones futuras, que, de no establecer medidas que corrijan la actual tendencia, cada
vez consumirán menos pescado. Por tanto, consideramos necesario que el Ministerio atienda todas las alegaciones presentadas por el sector de la industria pesquera y que se modifique el texto del futuro Real Decreto antes de su aprobación
definitiva.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo a que incorpore al proyecto de Real Decreto para el fomento de la alimentación saludable y sostenible en centros educativos las alegaciones presentadas por el
sector pesquero, especialmente las siguientes demandas:
1. La inclusión en la pauta recomendada para segundos platos de un mínimo de tres raciones semanales de pescado y productos pesqueros.
2. Eliminar la referencia a evitar 'especies de pescado con alto contenido en mercurio como el pez espada, el atún rojo, el tiburón o el lucio', dado que estas advertencias no se realizan con otros alimentos susceptibles de tener sustancias
nocivas.
3. Limitar el consumo de platos precocinados, pescados y carnes rebozados, entre otros, a un máximo de tres raciones al mes.
4. Tener en cuenta las propiedades saludables de otras dietas como la dieta atlántica, rica en pescado, moluscos, crustáceos y marisco, como dieta recomendable, además de la dieta mediterránea, así como priorizar el uso de productos locales
o de kilómetro cero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do bloque nacionalista galego (BNG), néstor rego candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á necesidade de mellorar a recomendación de consumo de peixe e produtos pesqueiros no proxecto de Real Decreto para o fomento dunha alimentación saudábel e sustentábel en centros educativos, para o seu debate na Comisión de Dereitos Sociais
e Consumo.
Exposición de motivos
En distintas iniciativas parlamentares o BNG ten trasladado ao Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, a preocupación do sector mar industria en relación ao proxecto de Real Decreto para o fomento dunha alimentación saudábel e
sustentábel en centros educativos, en que se propón unha redución na recomendación de consumo de peixe, que quedaría limitada a unha pauta de entre unha e tres racións semanais, cando todos os informes de organizacións de saúde e nutrición a nivel
internacional (OMS, FAO) salientan os numerosos beneficios do peixe para a saúde.
O propio Ministerio ten recibido alegacións directamente desde organizacións do sector pesqueiro mais, en lugar de manifestar unha vontade de rectificar ou unha posición aberta a reconsiderar as recomendacións, segue a xustificar e manter a
súa proposta.
O BNG considera que o Real Decreto que prepara o Ministerio debe ter en consideración e incorpora as alegacións trasladadas desde o sector pesqueiro como que nos segundos pratos se inclúa un mínimo de tres racións por semana de peixe en
lugar do intervalo de unha a tres racións por semana, corrixindo así a intención de priorizar nos segundos pratos alimentos que aporten proteína de orixe vexetal cando xa están presentes nos primeiros pratos, marcando unha tendencia alimentar menos
equilibrada.
Tamén a eliminación da referencia a que se eviten 'especies de peixe con alto contido de mercurio como o peixe espada, atún vermello, quenlla ou lucio', estipulacións ou advertencias que, porén, non se fan con outros alimentos susceptíbeis
de ter substancias prexudiciais.
Así mesmo, cabe lembrar que, cando no proxecto se fala de promover a dieta mediterránea incórrese en varios esquecementos, primeiro, porque se enumeran as legumes, hortalizas, cereais, froitas, froitos secos e aceite de oliva como parte
fundamental desa dieta, máis non se fai mención do peixe, outro elemento esencial. Mais tamén, en segundo lugar porque obviase a existencia doutro tipo de dietas tradicionais, tamén altamente recomendábeis e saudábeis, como é a atlántica, e que
tamén incorpora o consumo de peixe como produto básico e de proximidade.
Ademais, o Ministerio sinala que os requisitos que orientan a oferta dos menús nos comedores escolares e as frecuencias de consumo que se estabelecen no proxecto de RD fan referencia á comida do mediodía de luns a venres. Esta comida é
complementada pola oferta alimentaria do entorno familias nos restantes momentos de consumo. Porén, parece esquecer que, moitas familias con poucos recursos teñen máis difícil completar a dieta con peixe ou proteína animal debido a que aos prezos
máis elevados, polo que é máis importante introducir estes elementos dentro dos comedores escolares.
Estudos e informes sobre os hábitos alimentares nas familias con rendas máis baixas como o propio informe Aladino teñen demostrado que os hábitos son peores canto máis baixa é a renda e que o custo da cesta da compra incrementouse
enormemente nos últimos anos, especialmente no caso de produtos frescos, verduras, froitas e tamén o peixe.
Aínda que as competencias nesta materia pertencen ás CC.AA. e que serán estas as responsábeis últimas por adaptar os menús dos comedores escolares as súas especificidades, como é o caso da Galiza con miles de quilómetros de costa e onde o
sector pesqueiro é básico. Consideramos moi necesario que as recomendacións xenéricas que vai emitir o Ministerio para os menús escolares contemplen o peixe e os produtos
pesqueiros nunha cantidade mínima suficiente, atendendo as recomendacións dos distintos organismos e á necesidade de fomentar o consumo de peixe.
A pauta que segue o Ministerio de redución da presencia de produtos pesqueiros na dieta dos comedores escolares é un mal exemplo para as xeracións futuras, que, de non estabelecer medidas que corrixan a actual tendencia, cada vez máis
consumirán menos peixe. Por tanto, consideramos necesario que o Ministerio atenda o conxunto das alegacións trasladadas polo sector mar industria e que se modifique o texto do futuro Real Decreto antes da súa aprobación definitiva.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta ao Ministerio de Dereitos Sociais e Consumo incorporar as alegacións presentadas polo sector pesqueiro ao proxecto de Real Decreto para o fomento dunha alimentación saudábel e sustentábel en centros
educativos, especialmente as seguintes demandas:
1. A inclusión na pauta recomendada para os segundos pratos dun mínimo de tres racións por semana de peixe e produtos pesqueiros.
2. Eliminar a referencia a evitar 'especies de peixe con alto contido de mercurio como o peixe espada, atún vermello, quenlla ou lucio', dado que estas advertencias non se fan con outros alimentos susceptíbeis de ter sustancias
prexudiciais.
3. A limitación do uso de pratos precociñados, peixes e carnes rebozados, entre outros, a un máximo de tres racións ao mes.
4. Ter en conta as propiedades saudábeis doutras dietas como a atlántica, abondosa en peixes, moluscos, mariscos e produtos do mar, como dieta recomendábel, ademais da mediterránea, así como a priorización do uso de produtos de proximidade
ou quilómetro 0.'
Palacio del Congreso de los Diputados 18 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la divulgación, mejora digital y evaluación del Sistema Arbitral del
Consumo, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
El Sistema Arbitral de Consumo es un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos entre personas consumidoras y empresas que permite solucionar discrepancias de manera ágil, gratuita y vinculante, garantizando tanto los derechos de
las personas consumidoras como evitando la sobrecarga de los tribunales de justicia. Este sistema constituye una garantía para los derechos de las personas consumidoras y, al mismo tiempo, una herramienta de confianza y seguridad jurídica para los
operadores económicos.
La reciente aprobación y entrada en vigor del Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo, ha supuesto una importante actualización y modernización de este sistema, si
bien resulta fundamental impulsar medidas que fomenten su utilización tanto por parte de las personas consumidoras como de las empresas, sobre todo en aquellos sectores que no cuentan con mecanismos propios de resolución alternativa de conflictos,
como puede ser el energético.
Para ello, es necesario reforzar la difusión del sistema, facilitar su acceso mediante herramientas digitales y garantizar recursos suficientes para su correcto desarrollo.
El Sistema Arbitral de Consumo, además de ser una herramienta fundamental en la descongestión de los tribunales, supone también una vía muy eficaz en la reclamación de derechos sin que juegue el factor del poder adquisitivo de la persona
consumidora, que puede reclamar sus derechos de forma segura, ágil y accesible. Además, tiene un carácter vinculante y ejecutivo. Se trata de un método muy beneficioso tanto para las personas consumidoras como para empresas y, aunque se están
poniendo esfuerzos en su conocimiento, resultaría muy positivo reforzar su divulgación hacia ambas partes, así como seguir mejorando la accesibilidad digital y universal, evaluando a su vez qué nuevos retos puede tener por delante para dar una
respuesta efectiva y adecuada a las personas consumidoras y empresas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una campaña de información y sensibilización sobre el Sistema Arbitral de Consumo, con el objetivo de aumentar su conocimiento y utilización por parte de las personas consumidoras y las empresas.
2. Mejorar la accesibilidad digital y universal del sistema, promoviendo herramientas tecnológicas que permitan la gestión de solicitudes y el seguimiento de expedientes de forma telemática, así como el mantenimiento de las vistas.
3. Fomentar la adhesión de empresas y sectores al sistema arbitral, incentivando su participación mediante medidas que refuercen su atractivo y competitividad.
4. Evaluar el funcionamiento actual del sistema y, en su caso, proponer reformas normativas que permitan su modernización y adaptación a las nuevas necesidades del mercado y de las personas consumidoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné y Júlia Boada Danés, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a la divulgació, millora digital i avaluació del Sistema Arbitral del Consum,
per al seu debat en la Comissió de Drets Socials i Consum.
Exposició de motius
El Sistema Arbitral de Consum és un mecanisme extrajudicial de resolució de conflictes entre persones consumidores i empreses que permet solucionar discrepàncies de manera àgil, gratuïta i vinculant, garantint tant els drets de les persones
consumidores com evitant la sobrecàrrega dels tribunals de justícia. Aquest sistema constitueix una garantia per als drets de les persones consumidores i, al mateix temps, una eina de confiança i seguretat jurídica per als operadors econòmics.
La recent aprovació i entrada en vigor del Reial decret 713/2024, de 23 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula el Sistema Arbitral de Consum, ha suposat una important actualització i modernització d'aquest sistema, si bé
resulta fonamental impulsar mesures que fomentin la seva utilització tant per part de les persones consumidores com de les empreses, sobretot en aquells sectors que no compten amb mecanismes propis de resolució alternativa de conflictes, com pot ser
l'energètic. Per a això, és necessari reforçar
la difusió del sistema, facilitar el seu accés mitjançant eines digitals i garantir recursos suficients per al seu correcte desenvolupament.
El Sistema Arbitral de Consum, a més de ser una eina fonamental en la descongestió dels tribunals, suposa també una via molt eficaç en la reclamació de drets sense que jugui el factor del poder adquisitiu de la persona consumidora, que pot
reclamar els seus drets de manera segura, àgil i accessible. A més, té un caràcter vinculant i executiu. Es tracta d'un mètode molt beneficiós tant per a les persones consumidores com per a empreses i, encara que s'estan posant esforços en el seu
coneixement, resultaria molt positiu reforçar la seva divulgació cap a totes dues parts, així com continuar millorant l'accessibilitat digital i universal, avaluant al seu torn quins nous reptes pot tenir per davant per a donar una resposta efectiva
i adequada a les persones consumidores i empreses.
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
1. Impulsar una campanya d'informació i sensibilització sobre el Sistema Arbitral de Consum, amb l'objectiu d'augmentar el seu coneixement i utilització per part de les persones consumidores i les empreses.
2. Millorar l'accessibilitat digital i universal del sistema, promovent eines tecnològiques que permetin la gestió de sol·licituds i el seguiment d'expedients de manera telemàtica, així com el manteniment de les vistes.
3. Fomentar l'adhesió d'empreses i sectors al sistema arbitral, incentivant la seva participació mitjançant mesures que reforcin el seu atractiu i competitivitat.
4. Avaluar el funcionament actual del sistema i, si és el cas, proposar reformes normatives que permetin la seva modernització i adaptació a les noves necessitats del mercat i de les persones consumidores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, y Júlia Boada Danés, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reconocimiento y apoyo al pueblo gitano, para su debate en la Comisión de
Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Este año se celebra el 600.º aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, que tuvo lugar el 12 de enero de 1425, según consta en un documento que es la primera prueba comúnmente aceptada de la presencia de las primeras familias
gitanas en la Península Ibérica. Por ello, el Gobierno ha declarado el año 2025 como Año del Pueblo Gitano en España. El objetivo de esta declaración es reconocer y celebrar la profunda huella cultural, social y lingüística que el pueblo gitano ha
dejado, así como para reflexionar sobre los retos históricos y actuales que aún persisten. Se trata de reconocer las injusticias históricas y actuales a las que se enfrenta el pueblo gitano y trabajar para garantizarle una vida en igualdad y
libertad.
En nuestro país, en los últimos años se han realizado importantes avances institucionales como la creación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano mediante Real
Decreto 891/2005, la Fundación Instituto de Cultura Gitana en 2007, la declaración del día 8 de abril como Día del Pueblo Gitano y el reconocimiento de sus símbolos desde 2018, así como la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de Julio,
Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
También destaca la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que prevé la constitución de una Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, con el objetivo de elaborar un informe sobre
las medidas necesarias para aplicar principios de verdad, justicia y reparación en relación a la situación histórica del pueblo gitano en España; así como la aprobación, en 2023, del Pacto de Estado contra el antigitanismo y por la inclusión del
pueblo gitano, entre otros.
Actualmente se encuentra en pleno desarrollo la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano en España (2021-2030). En cumplimiento de la misma y de la Ley de Empleo, se incluye el Plan de Mejora
de la Empleabilidad de la Población Gitana (2025-2028) e igualmente, el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión, contra el Racismo y la Xenofobia (2023-2027) reconoce a la población gitana como una comunidad heterogénea que constituye un grupo
de interés por ser población con mayor riesgo de sufrir discriminación y otras formas de intolerancia asociada.
Aprobada por el Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2021, diseñada bajo las directrices y objetivos marcados como prioritarios por el nuevo Marco Europeo para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano hasta el año
2030, con tres ejes horizontales de actuación: Inclusión social; Igualdad de oportunidades y no discriminación; y Participación y empoderamiento, además de los cuatro objetivos sectoriales que ya se contemplaba en la estrategia anterior: Empleo,
Educación, Salud y Vivienda.
Las conclusiones del Consejo de la Unión Europea que exponía medidas para garantizar el acceso igualitario de la población gitana a una vivienda adecuada y no segregada, un avance que se logró recientemente durante la Presidencia Española
del Consejo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a expresar su adhesión a la conmemoración del año 2025 como Año del Pueblo Gitano en España, así como su reconocimiento hacia la profunda huella cultural, social y lingüística que el pueblo
gitano ha dejado.
Así mismo, insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias y contando con las organizaciones de la sociedad civil, a desplegar medidas encaminadas a asegurar un futuro equitativo y justo
para el pueblo gitano, con especial atención a:
1. Medidas de inclusión social, que aborden educación, empleo, vivienda, servicios esenciales, salud, pobreza y brecha digital.
2. Igualdad de oportunidades y no discriminación, incluyendo actuaciones respecto del antigitanismo, la discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia hacia las mujeres, y el reconocimiento de la cultura gitana.
3. Participación y empoderamiento, enfocado a la participación de la población gitana y del movimiento asociativo gitano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Inés Plaza García, Diputada.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001908
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la alimentación forzada en la producción de foie gras, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En España, cada año aproximadamente un millón de patos y ocas son sometidos a la alimentación forzada, una técnica invasiva que consiste en sobrealimentar artificialmente a los animales mediante la inserción de tubos metálicos de hasta 30
centímetros en sus esófagos. Durante dos semanas, son forzados a ingerir hasta 2 kilos de pasta de maíz al día, el equivalente a 12 kilos para un ser humano. En 2023, España produjo aproximadamente 525 toneladas de foie gras, con una cría de
919.143 animales (según Interpalm). Esta práctica provoca un crecimiento anormal del hígado debido al exceso de grasa de hasta por diez el tamaño normal de sus hígados, con el fin de producir foie gras, término francés que significa literalmente
'hígado graso'.
En base al Reglamento (CE) n.º 543/2008 de la Comisión Europea de 16 de junio de 2008 por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, en lo que atañe a la comercialización de carne de aves de
corral, el foie gras es 'el hígado de la oca o de patos de las especies Cairina moschata o Cairina moschata x Anas platyrhynchos que hayan sido cebados de tal manera que se produzca una hipertrofia celular adiposa del hígado.' El Reglamento sigue
estableciendo que el hígado extraído de ocas o patos engordados para la producción de foie gras, alcance un peso neto mínimo de 400 g y 300 g respectivamente. Estos pesos no se pueden alcanzar sin la utilización de alimentación forzada, así que
esta norma arbitraria obliga a utilizar una práctica perjudicial para la salud y el bienestar de los animales, que ya se ha prohibido en 22 estados miembros de la UE.
Los pesos de los hígados se introdujeron por primera vez de forma arbitraria en el Reglamento (CEE) n.º 1538/1991 y se incrementó para los gansos en el Reglamento (CE) n.º 2390/95. Todo ello sin la debida justificación científica
independiente para tomar esta decisión, contando únicamente con datos facilitados por los productores franceses de foie gras. Nunca se hizo una evaluación del impacto de estos pesos mínimos sobre el bienestar animal, ni tampoco en la libertad de
elección del consumidor o en la competitividad con los productores de los 22 países europeos donde la alimentación forzada no existe.
A causa de este requisito, el foie gras es el único producto cárnico que no ofrece a los consumidores el derecho de elegir alternativas más respetuosas por razón del bienestar animal, favoreciendo el cambio a través de sus compras.
A lo anterior hay que añadir que este requisito se estableció ocho años antes que el Tratado de Amsterdam reconociera -por primera vez (actual artículo 13 TFUE)- a los animales como seres sintientes, y antes de la Directiva 98/58/CE del
Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, la cual prohíbe el suministro de alimentos a los animales que les ocasionen sufrimientos o daños.
En síntesis, el requisito de pesos mínimos no tiene base científica, es anacrónico, limita la libertad de los consumidores, perjudica la competitividad del mercado interior europeo y entra en contradicción con la ambición europea de ser
líder mundial del bienestar animal. El hígado de alguna de las especies de aves tradicionalmente utilizadas para la producción de foie gras tiene la capacidad de acumular grasas y sus esófagos se lubrican y dilatan, ya que son aves migratorias
preparadas para alimentarse en exceso y así almacenar energía ante largas migraciones. Ahora bien, aunque el almacenamiento de
alimento durante el período anterior a la migración puede incrementar el tamaño del hígado, es raro que éste aumente en más del doble. Asimismo, esto de ningún modo exime de riesgo a la alimentación forzada, sino que tan solo facilita su
ejecución. Estos patos y ocas sufren inflamaciones en la garganta, roturas en el pico, perforaciones en el resto de los órganos, problemas respiratorios, estrés y muertes prematuras cuando no soportan este proceso. Además, actualmente, las
especies más utilizadas son el pato mulard macho o de berbería, un híbrido no migratorio entre un pato criollo (Cairina moschata) y una hembra de pato doméstico (Anas platyrhynchos). El uso de la alimentación forzada pone en evidencia la crueldad
inherente en esta industria, la normalización de la explotación animal y el menoscabo al bienestar de los animales involucrados, quienes son tratados como un medio productivo para alcanzar un objetivo económico.
España forma parte de los únicos cinco países de esta región, junto con Francia, Hungría, Bulgaria y Bélgica, que participan activamente en esta industria. La producción española de foie gras se localiza principalmente en zonas de Castilla
y León, Navarra, País Vasco, Cataluña y Aragón y, además, España es también uno de los consumidores principales de este producto a nivel global.
El bienestar animal es un valor comunitario recogido en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la UE, el cual reconoce a los animales como seres sensibles o sintientes. El artículo 4 de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el
cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, exige a las Administraciones Públicas adoptar las medidas necesarias para asegurar que los animales no padezcan dolores, sufrimientos o daños inútiles en las
explotaciones ganaderas. Y sigue: Para ello, se tendrán en cuenta, entre otros factores, 'sus necesidades fisiológicas y etológicas de acuerdo con la experiencia adquirida, los conocimientos científicos y la normativa comunitaria y nacional de
aplicación en cada caso'.
Necesidades y conocimientos científicos.
La Declaración de Cambridge sobre la conciencia y la sintiencia (capacidad de sentir) es un manifiesto firmado por un grupo de científicos y académicos en 2012 donde se reconoce que los animales, especialmente, los mamíferos y aves, poseen
la capacidad de experimentar conciencia y sensaciones, como el dolor y el sufrimiento, lo que implica que tienen un nivel de experiencia subjetiva o 'sentir'. La declaración hace un llamado a la consideración ética de estos seres vivos, dado que
sus capacidades cognitivas y emocionales deberían ser tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones sobre su trato y bienestar. La declaración no solo refuerza la idea de la sintiencia, sino que también sugiere que la ciencia debe profundizar en
el estudio de la conciencia en otras especies, además del ser humano, lo que podría tener implicaciones importantes en áreas como la ética, la legislación sobre bienestar animal y las prácticas agrícolas de producción de alimentos, para evitar el
sufrimiento de los animales.
Es preciso señalar que, en 1998, el Comité Científico de Sanidad y Bienestar Animal de la Comisión Europea afirmó que 'la alimentación forzada, tal como se practica actualmente, es perjudicial para el bienestar de las aves'.
Otros estudios (Como 'The welfare of ducks during foie gras production-I Rochlitz and DM Broom') destacan los graves problemas que sufren los animales como consecuencia de la alimentación forzada que se ignoran sistemáticamente en la
producción de foie gras, como esofaguitis, lesiones en las alas y patología ósea que puede resultar en fracturas, lo que a su vez provoca graves trastornos en las patas. Existen pruebas sustanciales, derivadas de observaciones conductuales, de que
la alimentación forzada es aversiva y causa una alta mortalidad en comparación con otros sistemas de producción. Las aves se mantienen alejadas del alimentador, al que rehúyen, y hay que inmovilizarlas para poder ser alimentadas a la fuerza. Al
ser susceptibles al estrés térmico debido a las grandes cantidades de comida que se les proporciona a la fuerza, esto hace que pasen gran parte de su tiempo jadeando.
Con el objetivo de facilitar la captura de las aves y el proceso de alimentación forzada, muchos granjeros optan por mantener a los animales en pequeños corrales, en contra de
todas las recomendaciones realizadas desde la EFSA donde no pueden moverse libremente ni realizar comportamientos naturales como girar o estirar las alas. Este confinamiento es particularmente estresante para las aves, ya que dependen de
superficies acuáticas para realizar varias funciones esenciales y así se les priva de un comportamiento propio de su especie. En cuanto a la reacción ante esta técnica abusiva, se ha observado que el picoteo anormal de las aves es una señal de
frustración debido a la imposibilidad de realizar conductas alimentarias naturales, como buscar su comida en el entorno. En algunos casos, se les colocan anillos en el pico a los animales para evitar que se agredan entre sí, específicamente para
prevenir el picoteo de plumas, un comportamiento que puede surgir ante el estrés de la alimentación forzada.
Normativa comunitaria y nacional.
La Directiva 98/58/CE, del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (anexo. 14), es taxativa cuando establece que 'No se suministrarán a ningún animal alimentos ni líquidos de
manera que les ocasionen sufrimientos o daños innecesarios'.
En conexión con lo anterior, el Real Decreto 348/2000 que traspone dicha Directiva al ordenamiento interno español, establece la obligación, para los propietarios o criadores de animales, de adoptar las medidas adecuadas para asegurar el
bienestar de los animales con vistas a garantizar que éstos no padezcan dolores, sufrimientos ni daños inútiles. Asimismo, los animales son reconocidos como seres dotados de sensibilidad a través de la reforma operada por la Ley 17/2021, de 15 de
diciembre, sobre el régimen jurídico de los animales.
A este marco normativo, hay que añadir el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, que establece las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas en España, de carácter zootécnico y sanitario, incluidas las condiciones de
infraestructura, equipamiento y manejo, ubicación, bioseguridad y condiciones higiénico-sanitarias y requisitos medioambientales, que permitan un desarrollo de la actividad ganadera en el sector avícola conforme a la normativa en materia de higiene,
sanidad animal, identificación y registro, bienestar de los animales, medioambiente y cambio climático. En cuanto al bienestar animal, este Real Decreto contiene un mandato en su Disposición Final Quinta, dirigido a las personas titulares de los
Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para elaborar una norma relativa al bienestar de las aves de corral, y específicamente también de los patos domésticos (Anas platyrhynchos) y los
patos criollos o de berbería (Cairina moschata) y a los híbridos de patos criollos y de patos domésticos (Anas platyrhynchos).
Por todo lo anterior, la producción de foie gras mediante la alimentación forzada está prohibida, explícita o implícitamente (a través de la directiva 98/58), en 22 Estados miembros, así como en dos (Flandes y la Región de Bruselas-Capital)
de las tres regiones de Bélgica (solo Valonia la permite). Es imperativo que España se sume a la lista de paísesque condenan la práctica de la alimentación forzada y así cumpla con las exigencias de las normativas europeas y nacionales vigentes.
Además, se debe responder a las exigencias ciudadanas, teniendo en cuenta que uno de los últimos Eurobarómetros confirma que el 91 % de los ciudadanos europeos y españoles abogan por una mayor protección de los animales criados para la
alimentación.
Estas iniciativas vienen impulsadas por múltiples organizaciones dedicadas al bienestar animal, como 'Igualdad Animal', que recientemente presentó 100.000 firmas al Congreso de los Diputados para prohibir la citada alimentación forzada, por
representar graves riesgos para la salud y el bienestar de los patos y ocas.
No todos los productores de foie gras alimentan a sus animales a la fuerza. Algunos optan por aprovechar el comportamiento alimentario natural de las aves antes de la temporada migratoria para producir hígados más grandes. En la producción
de foie gras sin alimentación forzada, los hígados de las aves no alcanzan un peso en el que se producen efectos patológicos extremos y los daños asociados. De hecho, el requisito de peso mínimo del hígado supone un obstáculo a los métodos que no
recurren a la alimentación forzada.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Iniciar una consulta pública previa para elaborar un proyecto normativo que evalúe la compatibilidad de la alimentación forzada con la evidencia científica, el marco legal existente y la sensibilidad ciudadana respecto a la protección de
los animales criados para la alimentación.
2. Que la tramitación del proyecto normativo, una vez evaluados los factores anteriores, establezca la prohibición de la alimentación forzada en la producción de foie gras, con el fin de eliminar el sufrimiento animal como mandato
imperativo de la Ley, y fomente la transición hacia métodos alternativos y sistemas de alimentación natural en dicha producción. Esta transición contará con el apoyo y ayudas por parte del Gobierno a dichas explotaciones. La prohibición de la
alimentación forzada para la producción de foie gras no implicará el fin de la producción ni la desaparición de las explotaciones actuales, siempre que se adopten métodos que respeten el bienestar animal.
3. Trasladar e impulsar en los órganos pertinentes de la Unión Europea la necesidad de eliminar los pesos mínimos establecidos en la producción de foie gras, con el fin de garantizar una mayor flexibilidad en las normativas de
comercialización que regulan este sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Nahuel González López y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Política Territorial
161/001915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a continuar impulsando líneas de actuación que hagan frente al cambio
climático y sus consecuencias devastadoras, situando a las Entidades Locales y su modelo territorial y urbano en el centro de las políticas públicas, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
El cambio climático es una realidad observable y manifiesta, cuyas consecuencias tienen impacto en todo el planeta. La Organización de Naciones Unidas, que avala su evidencia científica, se refiere a aquél como 'los cambios a largo plazo de
las temperaturas y los patrones climáticos'. La subida del nivel del mar, el incremento de las temperaturas medias o el aumento de los episodios extremos son algunas de sus expresiones.
Nuestro país no es una excepción. Según información pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las consecuencias del cambio climático en el territorio español se han manifestado en los últimos años con el
alargamiento de los veranos, la expansión del clima de tipo semiárido o el incremento de las olas de calor, entre otras.
La evidencia científica es tozuda frente al negacionismo climático, una postura ideológica que supone un enorme peligro al eludir los riesgos producidos por el cambio climático. Por este motivo, es necesario seguir impulsando la
investigación científica y que sus conclusiones continúen siendo transferidas y utilizadas por las instituciones públicas para prevenir y actuar frente a sus efectos. Especialmente en el ámbito municipal.
En efecto, las administraciones municipales, nuestras ciudades y pueblos, son espacios clave para hacer frente al cambio climático y sus consecuencias mediante la implementación de estrategias de mitigación y adaptación. La Agenda Urbana
Española, aprobada en febrero de 2019 para ser el instrumento que marque la hoja de ruta que haga de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables, acogedores, saludables y concienciados, estipula entre sus objetivos la prevención y
reducción de los impactos del cambio climático y la mejora de la resiliencia.
Los avances en los últimos años son significativos, pero no por ello debemos ralentizar los esfuerzos. La DANA que afectó a las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Illes Balears y, especialmente, a la Comunidad
Valenciana, desde el pasado 29 de octubre de 2024, es un ejemplo más de la necesidad de continuar fortaleciendo y preparando nuestros municipios ante los efectos del cambio climático. Para garantizar la prevención y mitigación, pero también para
dar respuestas efectivas a las consecuencias de las catástrofes climáticas.
En este sentido, la innovación y la transferencia de conocimiento son esenciales. Como también lo es la coordinación y la cogobernanza, impulsando acciones y estrategias que alcancen a varios municipios. El trabajo mediante redes de
ciudades es un instrumento indispensable en este sentido.
Por todo lo expuesto, es necesario continuar impulsando la innovación y la transferencia de conocimiento para hacer frente al cambio climático y sus consecuencias devastadoras, colocando a las Entidades Locales y su modelo territorial y
urbano en el centro de las políticas públicas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar impulsando, en coordinación con las Entidades Locales, las líneas de actuación de la Agenda Urbana Española para prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.
2. Impulsar y desarrollar, en el seno de la Red Innpulso, el Programa de Innovación para la Resiliencia Climática con el objetivo de apoyara los municipios afectados por la DANA, facilitando una recuperación transformadora basada en la
ciencia, la tecnología y la colaboración multinivel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Francisco Lucas Ayala, Diputado.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la inmigración y la diversidad de la ciudadanía como realidad en los
municipios españoles, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
España, como buena parte del resto de países del mundo, es un país construido sobre el movimiento de personas y de culturas. Desde nuestro pasado histórico más remoto, hemos sido proveedores y receptores de movimientos migratorios.
Sin necesidad de remontarnos al pasado, en la actualidad los datos continúan avalando esta realidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2024, sobre una
población total de 48,8 millones de personas, los extranjeros representan 6,6 millones, es decir, un 13,52 % del total. A estas personas hay que sumar aquellos que han adquirido la nacionalidad española. Volviendo de nuevo al INE, desde
2013 (el instituto no ofrece datos más antiguos), más de 1,6 millones de ciudadanos, un 3,2 % de la población, adquirieron la nacionalidad española.
Estos datos no implican que todas esas personas sean extranjeros, en sentido estricto. Ni extranjeros, ni inmigrantes. Porque en España rige el ius sanguinis y no el ius soli. Por lo que los niños y niñas nacidos en España adquieren la
nacionalidad de sus progenitores. Aunque nunca hayan salido de España.
Esta cuestión toma especial relevancia cuando se analizan los datos de nacimientos. En el año 2022 se produjeron en España más de 325.000 nacimientos. Más del 23 % de esos niños y niñas tuvieron al menos un progenitor extranjero. Por lo
tanto, todos ellos tendrán administrativamente nacionalidad extranjera. Pero difícilmente podrían encuadrarse bajo el concepto 'migrante', porque migrar implica movimiento, desplazamiento, y esos niños y niñas que han nacido en España sólo serían
migrantes si salieran de España.
Se observa también que el fenómeno migratorio en nuestro país, aun siendo relativamente reciente, se produjo especialmente a partir del año 2000. Es decir, tenemos a muchos ciudadanos de origen extranjero que llevan más de 20 años en
nuestro país, que han desarrollado aquí su proyecto vital y que, muchas veces, se encuentran ya relativamente desarraigados de su país y cultura de origen.
Es bajo esta luz que cobra nuevo sentido la estadística a la que nos referíamos en primer lugar. En España, más del 16 % de la población es de origen extranjero, pero, en realidad, el porcentaje de migrantes en España es mucho menor. En
cambio, sí puede afirmarse con rotundidad, a la vista de estos datos, que la diversidad cultural es un rasgo definitorio de la sociedad española actual. También que la diversidad religiosa de nuestro país se ha incrementado y enriquecido con la
llegada de personas de diversos orígenes.
La diversidad cultural es, sin duda, un elemento enriquecedor que puede favorecer el progreso, la pujanza y la creatividad de las sociedades locales. No puede obviarse, tampoco, que la diversidad cultural y religiosa puede generar
situaciones de desconfianza o miedo, y que es imprescindible el desarrollo de políticas públicas adecuadas para reducir los posibles conflictos y para favorecer la convivencia intercultural. En todo caso, sea cual sea la postura que se quiera
adoptar hacia ella, lo que sí se puede afirmar con rotundidad es que la diversidad étnica, cultural y religiosa es ya una realidad de la identidad española y, por tanto, también de los municipios españoles, cualquiera que sea su tamaño.
La diversidad cultural cuenta con protección constitucional, bajo el paraguas del título I de la Constitución y en concreto, del artículo 14. Las políticas públicas, también a nivel municipal, deben estar adaptadas y encaminadas a proteger
a los ciudadanos en su propia diversidad, teniendo en cuenta que son las personas, y no los grupos o comunidades, quienes ostentan los derechos, por lo que la existencia de diversidad cultural en ningún caso puede suponer la supeditación de los
derechos individuales reconocidos constitucionalmente y por nuestras leyes.
Este marco conceptual, que resulta claro de forma teórica, puede ser difícil de trasladar a la práctica cotidiana, especialmente en ayuntamientos que cuentan con pocos medios. Por ejemplo, porque no tienen recursos técnicos ni materiales
para planificar y desarrollar políticas adecuadas para atender las situaciones a las que se enfrentan. Las políticas necesarias para atender a grupos de migrantes recién llegados al país son muy diferentes de las que un ayuntamiento debe desplegar
cuando, simplemente, en su población existen, por ejemplo, comunidades de distintas confesiones religiosas con necesidades-diferenciadas. Un municipio que recibe numerosa población estacional vinculada a una campaña agrícola tendrá retos propios y
diferentes de aquellos municipios en los que una parte estable de su población es de origen extranjero. Un municipio en el que la población de origen extranjero lleve décadas asentada tendrá diferente forma de afrontar la llegada de nuevos
migrantes que aquel para el que estos nuevos pobladores supongan una novedad.
La diversidad cultural y religiosa plantean situaciones cotidianas que los ayuntamientos deben resolver, desde la escolarización y el absentismo hasta los enterramientos; del
acceso a la vivienda o al empleo, hasta la organización de las fiestas populares o la participación en los actos religiosos. Los retos son múltiples y afectan a todas las áreas de gestión de un ayuntamiento: el aprendizaje del idioma, la
resolución de conflictos vecinales, el uso de los espacios públicos como piscinas o parques, la programación cultural, la organización de actividades deportivas, la participación en el asociacionismo o la vida social, etc. En el ámbito concreto de
la gestión de la diversidad religiosa en los municipios, cabe destacar la labor de la Fundación Pluralismo y Convivencia, en colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuyas acciones abarcan desde la
formación a técnicos y cargos de los ayuntamientos y a policía local, y trabajos de sensibilización y divulgación, hasta el fomento de la investigación en este campo, para lo que se mantiene el denominado Observatorio del pluralismo religioso en
España.
Sin embargo, los ayuntamientos y las administraciones locales no cuentan, habitualmente, con suficientes herramientas para hacer frente adecuadamente a los retos y transformaciones que se producen en su sociedad local, y adoptan decisiones
que se sustentan a menudo en la buena voluntad, la improvisación o el criterio personal de los alcaldes y concejales, especialmente en aquellos pequeños municipios que no cuentan con personal especializado como trabajadores sociales, mediadores o
educadores. La ausencia de políticas municipales claras y planificadas puede derivaren la aparición de conflictos y en el empeoramiento de la convivencia. La no intervención pública es, en sí misma, una forma de intervención que aboca a la
sociedad local a la aparición y agravamiento de problemas de convivencia, situaciones de vulnerabilidad y quebrantamiento del ejercicio de derechos fundamentales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas que doten a las entidades locales de herramientas que faciliten el despliegue de políticas públicas de gestión de la diversidad cultural, entre las cuales:
1. Promover desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), las acciones formativas al personal empleado público de las distintas administraciones
en materia de diversidad cultural, con especial atención al ámbito local a través de la colaboración con la FEMP y las entidades locales.
2. Fomentar desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el mantenimiento y profundización de los trabajos realizados por la Fundación Pluralismo y Convivencia, así como la mejora de su financiación.
3. Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas municipales entre las entidades locales con el concurso de la FEMP y otras entidades.
4. Impulsar la elaboración de Planes de Convivencia municipales, que incluyan tanto un diagnóstico previo (con recopilación de datos cuantitativos y cualitativos) que sustenten las propuestas, como el compromiso de promover planes de acción
con propuestas concretas y específicas, adaptados a las necesidades y realidad de los correspondientes ayuntamientos, teniendo como principios inspiradores:
- La ampliación del ejercicio de los derechos y deberes de ciudadanía.
- El impulso de políticas contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.
- El favorecimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de la libertad religiosa.
- La participación en la Red de Municipios por la Tolerancia (MxT) promovida por la Fundación Pluralismo y Convivencia, con el concurso de la FEMP.
5. Realizar, en colaboración con la FEMP y otras entidades, guías de políticas locales para municipios, atendiendo a realidades derivadas de la existencia de diversidad cultural y religiosa como la gestión de cementerios, la celebración de
festividades, el uso de
espacios públicos, etc., de forma que se facilite la toma de decisiones de los ayuntamientos y se garantice en todo momento el cumplimiento de los derechos y obligaciones constitucionales por todos y para todos los ciudadanos/as.
6. Reforzar el desarrollo de iniciativas ya existentes para la promoción y protección de los derechos como las recogidas en el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia (2023-2027) y las medidas incluidas
en el II Plan Nacional de Derechos Humanos, entre otras el Programa Municipios por la Tolerancia (medida 147).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Marta Gracia Blanco y Francisco Lucas Ayala, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la publicación de la
información institucional, organizativa y de planificación de las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para
su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se concibió como un instrumento fundamental para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información de las Administraciones Públicas
y, en consecuencia, fortalecer la calidad democrática y el control ciudadano sobre la gestión pública. Sin embargo, el Gobierno de España ha venido incumpliendo de manera sistemática esta normativa en lo que respecta a la información institucional,
organizativa y de planificación de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Esta opacidad impide a la ciudadanía conocer con precisión el funcionamiento, estructura y actividades de estas instituciones fundamentales para la
cohesión territorial y la garantía del orden constitucional.
Las Delegaciones del Gobierno desempeñan una función clave como órganos de representación del Estado en cada comunidad autónoma, garantizando la aplicación uniforme de las leyes, coordinando la acción del Gobierno central con las
administraciones autonómicas y velando por el cumplimiento del marco constitucional. Pese a su papel esencial, la información sobre su estructura, recursos, funcionamiento y planificación sigue siendo insuficiente o, en muchos casos, completamente
inaccesible para la ciudadanía, lo cual constituye un incumplimiento flagrante de los principios de transparencia y buen gobierno establecidos en la legislación vigente.
La falta de publicación de datos actualizados sobre la organización interna de las Delegaciones del Gobierno, los procedimientos administrativos que gestionan, sus planes estratégicos y los criterios de asignación presupuestaria socava la
confianza de los ciudadanos en las instituciones y dificulta la labor de control de los representantes públicos y de la sociedad civil. Asimismo, la ausencia de rendición de cuentas sobre los mecanismos de coordinación entre el Gobierno central y
las comunidades autónomas en áreas como seguridad, inmigración, infraestructuras o emergencias impide evaluar con rigor la eficacia y eficiencia de estas actuaciones.
En múltiples ocasiones, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y representantes políticos han solicitado información relativa a la actividad de las Delegaciones del Gobierno, encontrándose con trabas burocráticas,
respuestas insuficientes o, directamente, el silencio administrativo. Esta opacidad es aún más preocupante en un contexto en el que el Gobierno central está impulsando un modelo de gobernanza cada vez
más descentralizado y asimétrico, en el que determinadas comunidades autónomas reciben un trato diferenciado en materia de competencias, financiación y acuerdos políticos sin que se ofrezcan explicaciones claras a la ciudadanía.
En este sentido, resulta especialmente grave la falta de transparencia en la asignación de recursos materiales y humanos a estas instituciones. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuántos recursos se destinan a cada Delegación, cómo se
estructuran sus equipos de trabajo, qué criterios se siguen para la toma de decisiones y cómo se están ejecutando las políticas estatales en cada territorio. Sin embargo, estos datos no se publican de manera sistemática ni accesible, vulnerando el
derecho de los ciudadanos a una información clara y detallada sobre la gestión de los asuntos públicos.
Es imprescindible que el Gobierno cumpla con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y garantice que las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas publiquen de manera regular y accesible toda la información
relativa a su estructura organizativa, planificación, dotación presupuestaria y actividades. La transparencia no es una opción, sino una exigencia legal y democrática que fortalece el Estado de derecho y permite a los ciudadanos ejercer su derecho
de control sobre las instituciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, asegurando la publicación periódica y accesible de la información institucional, organizativa y
de planificación de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
2. Publicar de manera detallada la estructura interna, recursos humanos y materiales, procedimientos administrativos y planes estratégicos de cada Delegación del Gobierno tanto en los respectivos espacios web como en el Portal de
Transparencia de la Administración General del Estado, asegurando que esta información sea de acceso público y fácil consulta para los ciudadanos.
3. Implementar mecanismos de control y rendición de cuentas sobre la actuación de las Delegaciones del Gobierno, incluyendo la publicación de informes anuales sobre su gestión, actividades y ejecución presupuestaria.
4. Facilitar el acceso a la información solicitada por ciudadanos, medios de comunicación y representantes públicos en relación con la gestión de las Delegaciones del Gobierno, evitando demoras injustificadas y el uso sistemático del
silencio administrativo como herramienta de ocultación.
5. Elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia en lo relativo a las Delegaciones del Gobierno y presentarlo ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para su análisis y debate.
6. Promover una cultura de transparencia activa dentro del Gobierno, impulsando la modernización y digitalización de los portales de información de las Delegaciones del Gobierno para mejorar el acceso y la consulta de datos por parte de los
ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis María Beamonte Mesa, Antonio Cavacasillas
Rodríguez, María Lourdes Ramírez Martín, Carmelo Barrio Baroja, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el estudio y aplicación de una tasa a los vuelos frecuentes, para su
debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En octubre del año pasado, la organización Ecologistas en Acción presentó en España una iniciativa para gravar los vuelos frecuentes con la finalidad de reducir los impactos del transporte aéreo (que cuenta con enormes privilegios fiscales y
exenciones) y recaudar fondos para la transición social y ecológica justa. Se trata de una propuesta conjunta de diferentes organizaciones de la UE y el Reino Unido. La Tasa a los Vuelos Frecuentes (TVF), como la han denominado, es una tasa
creciente a cada vuelo de ida y vuelta comprado de manera sucesiva por una persona durante un periodo determinado, con recargos adicionales para vuelos de larga distancia o a determinadas clases como primera y business.
Esta medida, con un marcado carácter ecológico y redistributivo, está dirigida a gravar el uso intensivo del avión como medio de transporte recurrente y no puntual, una práctica casi exclusiva de grupos sociales con más ingresos, protegiendo
a su vez a los viajeros ocasionales y a los grupos menos favorecidos. De hecho, Ecologistas en Acción destaca los datos del estudio Europe talks flying, según el cual el 70 % de los hogares europeos con menos ingresos no toma ningún vuelo al año.
En el caso de España, tan solo el 4,8 % de la población vuela más de tres veces al año. Así, esta tasa no afectaría al 72 % de la población europea, que vuela poco o nada, y más de la mitad de la recaudación de la TVF provendría de las personas que
vuelan más de cuatro veces al año (4,5 % de la población europea).
Se deben tener en cuenta varios factores para entender esta propuesta. Por un lado, el aumento de las emisiones del sector aéreo: mientras que otros sectores económicos hacen esfuerzos y han conseguido reducir sus emisiones en la UE, las
emisiones de CO2 de la aviación aumentó un 30 % entre 2013 y 2019 por incremento exponencial del tráfico aéreo y se prevé un crecimiento adicional del sector hasta 2030 de entre el 2,4 y el 3,7 % anual (Eurocontrol). Además, la aviación se
encuentra en una inusual situación de privilegio fiscal, hecho que sitúa esta industria en un contexto de ventaja respecto a otros medios de transporte. El sector aéreo no paga impuestos al combustible de aviación en la UE y no existe un IVA para
billetes internacionales. Transport&Environment calcula que este privilegio provocó en 2022 un agujero fiscal de 4.610 millones de euros solo en España, 34.200 millones en la UE.
Esta tasa a los vuelos frecuentes conllevaría, según las promotoras, un 21 % de reducción de las emisiones de CO2 del transporte aéreo en la UE, consecuencia de una reducción del número de pasajeros en un 26 %. Concretamente en España,
según el estudio, la TVF reduciría un 28 % las emisiones de CO2, con una generación de ingresos de aproximadamente 8.000 millones de euros anuales. La TVF recaudaría 74.100 millones de euros en el Espacio Económico Europeo y Reino Unido. Solo en
la UE27 serían 56.400 millones de euros para invertirlos en la descarbonización del transporte. Los ingresos vendrían principalmente de personas adineradas, ya que en Europa los hogares más ricos (>100.000) tienen 7 veces más probabilidades de
volar frecuentemente que los hogares con menos recursos (<20.000).
La TVF sería una versión socialmente más justa del impuesto sobre los billetes que ya existe en ocho estados de la UE (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Suecia, Noruega, Portugal y Países Bajos) y Reino Unido. De hecho, el Reino Unido
tiene el impuesto para
los pasajeros aéreos (la Air Passenger Duty) más alto del mundo. La existencia de este impuesto no ha impedido que el Reino Unido, y en particular Londres, se convierta en la ciudad mejor conectada del mundo por avión. Tampoco ha impedido
que millones de residentes británicos viajen a España.
El estudio cuenta, además, con concreciones respecto a la viabilidad técnica y legal como tener en cuenta algunos elementos como la protección de datos de las personas usuarias y la transparencia de precios, o el necesario seguimiento por
parte de las administraciones competentes de la información relativa a los viajes de las personas; elementos plenamente solventables.
También deberían tenerse en cuenta las realidades que operan en los archipiélagos, Illes Balears y Canarias, ya que estas distan de las situaciones que se dan en la península. Las islas cuentan con unos descuentos por residente para mejorar
la movilidad de estos, aspecto que debería tenerse en cuenta a la hora de aplicar una tasa.
Solo el 1 % de la población mundial genera el 50 % de las emisiones del tráfico aéreo civil. Teniendo en cuenta el impacto del calentamiento global que provocan las emisiones de gases de efecto invernadero, así como otros gases y compuestos
a nivel mundial, como el aumento de la temperatura del mar, la frecuencia cada vez más intensa de los fenómenos extremos. Por otro lado, según los últimos datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España, las víctimas de la contaminación
fueron en 2021 hasta 21.000, 14.100 por partículas inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM 2,5), 4.600 por dióxido de nitrógeno (NO2) y 2.300 por exposición a ozono troposférico. Las medidas de reducción de emisiones deben aplicarse de manera
inminente y prioritaria; las políticas de mitigación y adaptación son urgentes. Todo ello debe hacerse bajo una perspectiva de justicia social, donde los sectores económicos con récord de beneficios no gocen de privilegios económicos y donde los
recursos obtenidos por contaminar vayan a paliar los efectos que sufre toda la sociedad, especialmente los sectores más vulnerables. La transición social y ecológica debe ser una de las prioridades políticas de esta década, y debe ser justa para
todas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar y aplicar una tasa progresiva nacional que grave los vuelos operados desde España con alta frecuencia y con cargos adicionales por distancia y clase de billete, con la finalidad de reducir el impacto del transporte aéreo en las
emisiones de CO2. Se deberá tener en cuenta la realidad de los archipiélagos, Illes Balears y Canarias, para la exención de la tasa progresiva que se estudiará aplicar.
2. Colaborar con las entidades promotoras de la iniciativa de Tasa de Vuelos Frecuentes (TVF) para la tarificación de este gravamen al billete, con el fin de generar una interlocución fluida y efectiva, que no repercuta al viajero
esporádico y que garantice que los recursos obtenidos se destinen a fondos para la movilidad ferroviaria y para una transición ecológica justa.
3. Seguir trabajando en alternativas sostenibles al transporte aéreo, como la substitución de vuelos de corto recorrido con alternativa ferroviaria de 3 horas de viaje o el impulso de los trenes nocturnos.
4. Promover en el seno de la Unión Europea la tasa de vuelos frecuentes para iniciar una política común que grave los vuelos frecuentes, así como establecer un IVA del 21 % por todos los vuelos intra-UE y un gravamen sobre el queroseno en
el sector de la aviación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné y Júlia Boada Danés, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer un gravamen al combustible para la aviación, para su
debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Exposición de motivos
Uno de los principales objetivos climáticos de la Unión Europea es la reducción del 55 % de las emisiones de efecto invernadero en 2030. Esta obligación jurídica exige a los Estados Miembros implementar políticas públicas ambiciosas en
todos los sectores de la economía para lograr el objetivo último de que la UE sea climáticamente neutra en 2050.
Siendo el transporte uno de los sectores que más gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos emite, es urgente su descarbonización y la mitigación de sus impactos ambientales, sociales y económicos, apostando por métodos de
transporte más sostenibles y acabando con las ventajas fiscales de las que gozan algunos sectores como el aéreo. La exención fiscal sobre el combustible aéreo supone un déficit de ingresos de 27.000 millones de euros al año a nivel europeo, dato
aún más relevante teniendo en cuenta los 33.000 millones de euros del contribuyente en forma de ayudas que recibieron las aerolíneas durante la crisis del COVID.
En 2021 la Comisión Europea planteó una revisión de la Directiva sobre la Fiscalidad de la Energía (2003), para adaptarla a las políticas climáticas de la UE y conseguir así los objetivos para 2030. La propuesta recogía que
tradicionalmente, el combustible para la aviación ha estado sometido a un régimen impositivo privilegiado. En interés de los objetivos de la Directiva [...] deben gravarse los productos energéticos y la electricidad que se suministren para la
navegación aérea dentro de la UE, a excepción de los vuelos reservados al transporte de mercancías [...] debido a la falta de alternativas más eficientes'. También abordaba la cuestión de los costes que conllevaría la recaudación de un impuesto
sobre el combustible en el sector de la aviación y concluía que 'no debería ser problemática desde el punto de vista administrativo. Los Estados miembros ya tienen experiencia en la recaudación de impuestos sobre el combustible en otros medios de
transporte (principalmente el transporte por carretera). Cabe esperar que la recaudación de un impuesto sobre el combustible para la aviación se lleve a cabo de manera similar, esto es, los proveedores de combustible recaudarían el impuesto en el
momento de suministrar el queroseno en los aeropuertos y transferirían la recaudación a las autoridades tributarias pertinentes [...] y que sea en cierto modo más sencilla, puesto que su suministro se concentra en los aeropuertos, y solo hay unos
pocos en cada Estado miembro'. Desafortunadamente, en la reunión de los ministros de Finanzas de la UE del pasado mes diciembre se abordó esta cuestión y solo Francia, Bélgica y Países Bajos se mostraron favorables.
El incomprensible rechazo de la propuesta de la Comisión por parte de los Estados miembros no impide el establecimiento de esta medida para vuelos nacionales y para vuelos internacionales si se acuerda bilateralmente entre estados. Mientras
que una modificación legislativa a nivel europeo sería lo óptimo, avanzar a nivel nacional es posible y urgente. Hay más de 42 países en todo el mundo que ya gravan el queroseno (aunque suele ser por motivos de recaudación y no medioambientales)
para la aviación doméstica, entre ellos Estados Unidos, Australia, Canadá y Noruega. De hecho, el 40 % de las emisiones de CO2 de la aviación proceden de vuelos nacionales, aunque por ejemplo en Europa, solo 6 países -Italia, Francia, Alemania,
España, Reino Unido y Suecia-representan casi el 94 % del consumo nacional de combustible para la aviación de Europa ya que el resto de los países europeos apenas tienen aviación nacional.
Desde 2003 los Estados miembros de la UE tienen libertad para gravar el combustible de los vuelos nacionales y a las compañías aéreas de terceros países no se les debe conceder ninguna exención en las rutas nacionales a menos que se
establezca mediante
un Acuerdo de Servicios Aéreos entre un Estado miembro y un tercer país. Por lo tanto, la viabilidad jurídica, técnica y económica es absoluta, y esta medida deviene una de las herramientas más simples e inmediatas para abordar las
emisiones de estos grandes mercados nacionales de aviación e invertir la recaudación en mejorar el transporte sostenible como el ferrocarril.
Por otro lado, una investigación encargada por Transport&Environment (T&E) 'Kerosene taxation: how to implement it in Europe today' detalla que los países de la UE pueden acordar bilateralmente gravar el queroseno con plena viabilidad
jurídica y económica. La UE no está obligada ni por el Convenio de Chicago ni por las políticas de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) a no gravar el queroseno en los vuelos dentro de la UE, ni tampoco por las exenciones fiscales
sobre el combustible concedidas a las compañías extranjeras en anteriores Acuerdos de Servicios Aéreos (ASA) celebrados por los propios Estados miembros, por lo tanto, es totalmente viable jurídicamente. Si las regiones más emisoras de la UE
(Alemania, España, países nórdicos, Benelux, Francia e Italia) acordaran una serie de convenios fiscales bilaterales, cubrirían el 59 % de las emisiones de la aviación intracomunitaria y podrían aportar hasta 3.700 millones de euros al año.
En este caso la viabilidad jurídica también es total, ya que mientras hay que respetar los ASA, la mayoría de ellos desde la aprobación del Reglamento 347/2004 sobre la negociación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados
miembros y terceros países, han suprimido o modificado las disposiciones que eximen al combustible de la aviación. La concreción del establecimiento del gravamen podría elegirse entre dos criterios: (a) gravar sobre el combustible comprado en los
Estados que suscriban el acuerdo; (b) establecer un tipo impositivo que la Directiva sobre fiscalidad de la energía establece en un nivel mínimo de imposición de 33 céntimos por litro de queroseno, aunque los Estados signatarios pueden decidir un
tipo inferior o superior. Las aerolíneas en vez de internalizar los costes que supone contaminar, los externalizarán y los cargarán al pasajero, que, siguiendo la propuesta de la Directiva, supondría un encarecimiento del billete de alrededor de 1
por cada 100 km. Debería estudiarse una tasa progresiva que no penalizara la insularidad y por lo tanto, a la población de las Illes Balears y Canarias.
Las políticas públicas deben ponerse al servicio de la lucha contra el calentamiento global y la contaminación atmosférica, causante esta última de cerca de 300.000 muertes prematuras en la UE. La reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y la mejora de la calidad del aire son urgentes para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar un presente y futuro digno y saludable. Acabar con las ventajas fiscales de un sector contaminante e invertir esta
recaudación en la mejora del transporte público y sostenible es el camino.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar y aplicar una fiscalidad sobre el combustible de los vuelos nacionales para acabar con la ventaja fiscal del sector aéreo e invertir en el desarrollo de alternativas de transporte limpio y que no hagan uso de combustibles
fósiles, como el ferroviario.
2. Impulsar acuerdos fiscales bilaterales con otros Estados miembros de la Unión Europea con el objetivo de trabajar por una fiscalidad europea de carburantes que acabe con la ventaja fiscal del sector aéreo a nivel europeo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné y Júlia Boada Danés, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ángel López Maraver, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la exclusión del lobo del LESPRE y su consideración como especie cinegética, para su discusión en
la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En 2023, la Comisión Europea publicó el informe 'The situation of the wolf (canis lupus) in the European Union. An in-depth analysis' 1, basado en un análisis de datos científicos y técnicos que evidenció un crecimiento significativo de las
poblaciones de lobos en Europa durante las dos últimas décadas 2. A raíz de este, la Unión Europea propuso modificar el estatuto de protección del lobo.
El Consejo de la Unión Europea adoptó dicha propuesta en septiembre de 2024 3, con la oposición de España e Irlanda, en vista de la 44.a reunión del Comité Permanente del Convenio de Berna 4. Finalmente, el 3 de diciembre de 2024, este
comité votó a favor de rebajar la protección del lobo, pasando de 'especie de fauna estrictamente protegida' (Anexo II) a 'especie de fauna protegida' (Anexo III) 5. Este cambio entró en vigor el 7 de marzo de 2025, permitiendo que la Comisión
Europea adapte la Directiva de Hábitats 6 y otorgue mayor flexibilidad a los Estados miembros para gestionar sus poblaciones locales de lobos, sin dejar de garantizar un estado de conservación favorable 7.
En España, sin embargo, el Gobierno incluyó en 2021 a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) 8, prohibiendo su caza incluso en regiones donde su presencia genera graves
perjuicios al sector ganadero, como Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia 9. Desde entonces, organizaciones y cooperativas agrarias han denunciado reiteradamente el aumento de ataques al ganado y el abandono del sector por parte del
Gobierno 10, señalando que las indemnizaciones por daños son difíciles de obtener debido a requisitos excesivos, compensaciones insuficientes y una burocracia que ralentiza los procedimientos 11.
La sobrepoblación del lobo en el norte de España y su expansión al sur del Duero 12 hacen evidente la necesidad de modificar su estatus legal. La decisión del Comité
1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d017e4e-9efc-lleé-bl64-01aa75ed71al/language-en.
2 https://environment.ec.europa.eu/news/follow-european-parliament-non-legislative-resolution-protection-livestock-farming-and-large-2023-06-06_en.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402669.
4 Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979.
5 https://rm.coe.int/infl5e-2024-submission-on-behalf-of-the-european-union-of-a-proposal-f/1680ble94e.
6 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
7 https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-O/la-propuesta-de-la-ue-para-adaptar-el-estatuto-de-proteccion-del-lobo-ha-sido-adoptada-en-virtud-del-2024-12-03_es.
8 Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
9 https://www.agropopular.com/rechazan-proteccion-lobo-050221/.
10 https://www.asajacyl.com/palencia/asaja-palencia-informa/asaja-denuncia-el-insoportable-aumento-de-ataques-del-lobo-al-ganado-el-doble-que-hace-tres-anos#:~:text=El%20pasado%20a%C3 %Blo%202024 %20se,estos%20sucesos%2C%20n%C3
%BAmero%20tambi%C3 %A9n%20creciente.
11 https://www.campogalego.es/las-cooperativas-agrarias-piden-medidas-frente-la-superpoblacion-de-lobó-en-galicia/.
12 https://www.larazon.es/madrid/ataques-lobo-comunidad-madrid-subieron-35-2024_20250113678553b8af217500014f5742.html.
Permanente del Convenio de Berna demuestra que la postura del Gobierno es insostenible y solo atribuible a posiciones ideológicas y no a motivos técnicos. No basta con restablecer la distinción entre poblaciones al norte y sur del Duero
previa a la Orden TED/980/2021, sino que es imprescindible excluir al lobo del LESPRE en todo el territorio nacional y considerarlo 'especie cinegética' para permitir su caza. Esta medida debe ir acompañada de la derogación de la Estrategia para la
gestión y conservación del lobo (Canis lupus) y su convivencia con las actividades del medio rural 13.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Excluir al lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial en todo el territorio nacional. Esta exclusión implicará la derogación de la vigente 'Estrategia para la gestión y conservación del lobo (Canis lupus)
y su convivencia con las actividades del medio rural.
2. Impulsar la inclusión del lobo como especie cinegética en cada una de las legislaciones en materia de caza de las Comunidades Autónomas en las que habita el lobo, garantizando con ello el control de la especie tanto al norte como al sur
del Duero.
3. Impulsar la elaboración de un Plan Nacional del Lobo que comprenda:
a) un adecuado control cinegético que garantice, mediante el diseño de mecanismo de control, la conservación de la especie y el necesario equilibrio entre el hombre y el lobo;
b) la elaboración de un censo nacional actualizado cada tres años por investigadores independientes, con detalle de las zonas en las que puede haber población de lobo y de aquellas otras que deben quedar excluidas;
c) el desarrollo de una guía que comprenda las fórmulas de prevención frente a los ataques del lobo; y
d) el establecimiento de un sistema de compensaciones por pérdida de res que se ajuste a los perjuicios reales que supone para los ganaderos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2025.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Ángel López Maraver, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de fomento de la energía agrovoltaica en nuestro país, para su debate en la
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La celebración en Dubái de la 28.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más comúnmente conocida como COP28, tuvo como resultado un objetivo claro a nivel mundial: acelerar la
ambición climática mediante la reducción del uso de combustibles fósiles hasta alcanzar un sistema energético libre de estos antes del año 2050. Además, este acuerdo histórico contemplaba otra serie de medidas como: abordar las emisiones de metano
y otras emisiones distintas del CO2 en esta década; eliminar
13 https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/publicaciones/estrategias/estrategialobo_cs_28072022_tcm30-543570.pdf.
gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles; triplicar la capacidad mundial de energías renovables y duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética de aquí al año 2030.
En el gran desafío de nuestra sociedad de lucha contra el cambio climático, la descarbonización global a través de las energías renovables, así como el secuestro de carbono de nuestra agricultura, resulta fundamental para lograr la
neutralidad climática antes del año 2050, en línea con el Acuerdo de París y los objetivos contemplados en el Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea.
Muchos países de la Unión Europea ya están apostando por el binomio agricultura y medio ambiente con el objetivo de contribuir a la lucha contra el cambio climático y paliar sus consecuencias. Estados miembros como Francia, Alemania o
Italia ya están apostando por la energía agrovoltaica a gran escala a través del desarrollo de proyectos e incentivos a su despliegue.
Los sistemas agrovoltaicos suponen un uso combinado del terreno, con destino a producción agraria y energética, pero priorizando el primer fin, que no ha de ser desplazado por el segundo, por lo que deben de conllevar unos condicionantes que
aseguren este aspecto. El fomento de su desarrollo puede conllevar beneficios sobre los cultivos, a través del efecto que pueden tener las placas sobre la irradiación solar, como protección de la producción agrícola ante fenómenos atmosféricos como
el granizo, etc.
España, por su situación geográfica y condiciones medioambientales, se encuentra en una posición estratégica para aprovechar todo el potencial que ofrecen las energías renovables, que ya están batiendo récords históricos, suponiendo estas la
mitad de la electricidad que consumimos. Además, los datos de potencia instalada de 2023 demuestran que estamos aprovechando nuestra posición privilegiada, aumentando la potencia en un 9,1 % respecto al año anterior, principalmente gracias a la
energía solar fotovoltaica que representa un 76 % de la nueva potencia.
La apuesta del Gobierno de España durante los últimos años para el aprovechamiento y despliegue de tecnologías renovables ha sido clave y las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 estiman que este
crecimiento va a continuar y se pueden aprovechar las sinergias y el potencial existente entre las nuevas instalaciones de generación eléctrica limpia y las actividades agrícolas.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con ánimo de no perder la oportunidad que supone la energía agrovoltaica para nuestro país, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar potenciando los sistemas agrovoltaicos, y a continuar articulando convocatorias de ayudas para hacer más sostenible el sector agrícola y a luchar contra el cambio climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Isabel María Pérez Ortiz, Cristina Narbona Ruiz, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Arnau Ramírez Carner, María de las Nieves Ramírez Moreno, Daniel Senderos Oraá, María Araceli Poblador
Pacheco, José Luis Aceves Galindo, María Montserrat García Chavarría, Amador Marqués Atés, Luis Alfonso Rey de las Heras y Elisa Garrido Jiménez, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la
presente proposición no de ley sobre el uso responsable de algoritmos en portales inmobiliarios, para su debate y aprobación en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
A medida que los algoritmos asumen un mayor protagonismo en las operaciones de empresas de todo tipo, emergen efectos desde el punto de vista económico que, inevitablemente, requieren ajustes regulatorios.
La implementación de algoritmos avanzados en el sector inmobiliario está transformando profundamente la manera de posicionar anuncios, determinar precios y personalizar servicios. Un ejemplo reciente es el desarrollo de un algoritmo
automático de posicionamiento de anuncios, como el de Fotocasa Pro, que utiliza datos para aumentar la visibilidad de ciertas propiedades basándose en variables clave como la ubicación, calidad de las fotos y precio competitivo.
Si bien estas herramientas aumentan la eficiencia del mercado, también surgen preocupaciones en torno a la transparencia, posibles sesgos algorítmicos, y el impacto en la competencia justa dentro del sector. En este contexto, es imperativo
garantizar que la implementación de estos algoritmos respete principios éticos, sea transparente para los usuarios y fomente la competitividad sin excluir a actores más pequeños.
Por otra parte, la práctica conocida como fijación de precios, que implica acuerdos entre actores de un mismo mercado para mantener, o estabilizar, un precio fijo mediante el control de la oferta y la demanda, ha sido históricamente
clasificada como anticompetitiva y objeto de sanciones por parte de los reguladores. Esta estrategia busca, por lo general, maximizar las ganancias de los vendedores.
Sin embargo, la dinámica cambia radicalmente cuando quienes participan en este comportamiento no son personas, sino algoritmos. Cada vez es más común que los vendedores empleen algoritmos inteligentes para determinar precios, lo que genera
comportamientos colusivos de manera automática, aunque no premeditada. Un ejemplo evidente ocurre en el mercado inmobiliario, donde plataformas como Idealista o Fotocasa influyen en los oferentes de propiedades para uniformar precios y maximizar
beneficios. Estas plataformas, a través de reglas derivadas de la evolución del mercado, provocan un aumento sistemático de los precios, lo que perjudica a los compradores. Aunque el comportamiento es colusivo, no resulta de una conspiración
consciente, sino del diseño de los algoritmos que facilitan la coordinación entre los participantes.
Este fenómeno no se limita al sector inmobiliario. Sectores como la hotelería, el agropecuario, los combustibles y la automoción ya han experimentado litigios relacionados con el uso de algoritmos. En estos casos, combatir estas prácticas
es complejo, ya que los algoritmos simplemente ejecutan las tareas para las que fueron diseñados. Aunque detrás de cada algoritmo hay responsables, la ausencia de una estrategia deliberada por parte de los actores del mercado dificulta la
tipificación del delito.
Debemos dar ya protección a la ciudadanía y consumidores contra las distorsiones de mercado generadas por los algoritmos, dado que, a todas luces, actualmente es insuficiente aplicar las leyes existentes y es necesario adaptarlas a estas
nuevas circunstancias, y se requiere una constante tarea de actualización de la regulación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Garantizar la protección de los derechos digitales de los ciudadanos, contenidos tanto en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales como en la Carta de Derechos Digitales, así como la
transparencia y equidad en el tratamiento de los datos para la prestación de los servicios de portales inmobiliaria mediante instrumentos algorítmicos.
- Regular para que los portales inmobiliarios proporcionen información clara y accesible sobre cómo funcionan los algoritmos de posicionamiento de anuncios, indicando
los factores que influyen y realicen periódicamente auditorías independientes sobre sus algoritmos para que verifiquen que no generan prácticas discriminatorias ni desventajosas para determinados segmentos.
- Establecer normas sobre el diseño y funcionamiento de algoritmos que aseguren la igualdad de trato a las propiedades, independientemente de su ubicación o rango de precios y reforzar y adoptar las normativas existentes, especialmente
aquellas ya aprobadas por la Unión Europea, para garantizar que los algoritmos respeten los derechos de los usuarios, especialmente en el manejo de datos personales sensibles. Esta normativa debe garantizar que los portales a notifiquen a los
usuarios cómo se utilizan sus datos para el posicionamiento de anuncios y permitirles optar por no ser incluidos en ciertos análisis algorítmicos y los anuncios cuya visibilidad haya sido impulsada por pago o criterios algorítmicos lo indiquen
explícitamente. Además, los portales deban ofrecer a los anunciantes información detallada sobre por qué su anuncio ha sido clasificado de determinada manera.
- Crear un organismo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que supervise el impacto de los algoritmos y la libre competencia en el sector inmobiliario, asegurando que pequeños propietarios y agencias tienen las mismas
oportunidades de posicionamiento que los grandes actores del sector.
- Promover formación especializada para desarrolladores y gestores de datos en el sector inmobiliario sobre cómo identificar y corregir sesgos en los algoritmos.
- Financiar proyectos de innovación en inteligencia artificial y algoritmos éticos que puedan ser adoptados por pequeños operadores inmobiliarios.
- Reconocer públicamente a los portales que implementen prácticas justas y transparentes en sus algoritmos.
- Establecer un mecanismo que permita a los usuarios y anunciantes cuestionar decisiones tomadas por los algoritmos (por ejemplo, la exclusión o baja visibilidad de un anuncio).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Teslem Andala Ubbi, Alberto Ibáñez Mezquita, Gerardo Pisarello Prados y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR.
161/001911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley sobre la modificación de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, para su debate y aprobación ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
Una política de vivienda exitosa no puede reducirse a una medida mágica que, por sí sola, sea capaz de resolver un problema poliédrico que abarca numerosos aspectos. Necesitamos pensar de manera holística para plantear un horizonte hacia el
cual queremos caminar. Cada pequeño paso que se da, cada medida que se propone, debe estar encuadrada dentro de una propuesta más amplia y de un modelo que defina claramente cuál es el papel de la vivienda en la sociedad. Las cosas se hacen con un
sentido; esto es, con arreglo a un fin y a un modo de entender el orden social.
La principal pregunta que debemos hacernos es simple: ¿la vivienda es un derecho o un bien de mercado? Si es un derecho, se proponen medidas muy diferentes a si se concibe como un bien de mercado. Si queremos que nuestro país transite de
un modelo asentado en concebir a la vivienda como un activo financiero hacia otro en el que la vivienda sea un bien
de primera necesidad, al que debe garantizarse su acceso, necesitamos poner en marcha, a lo largo del tiempo, una batería de medidas que, juntas, caminen en esa dirección.
Es un falso dilema discutir entre regular los precios del alquiler privado o aumentar la vivienda pública, de la misma manera que lo es entre frenar las compras con fines especulativos o aumentar la oferta de vivienda pública y protegida en
el mercado: hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Hay que invertir mucho durante mucho tiempo, hay que legislar, hay que promover la colaboración público-social con asociaciones sin ánimo de lucro y de lucro limitado, hay que regular y hay que
frenar las operaciones especulativas. El objetivo es claro: aumentar la oferta de vivienda pública, la oferta de vivienda asequible de calidad, y también garantizar la seguridad residencial en el ámbito del alquiler privado. Cuanto más rentable
sea la vivienda, menos asequible será.
Se ha discutido mucho en torno a la regulación de precios en el alquiler privado; ya es hora de que se incorpore a la discusión pública la introducción de una modalidad de contrato extendido y normalizado en muchos países de nuestro
entorno, como pueden ser Dinamarca, Alemania, Austria, Suecia, Suiza, Bélgica, Países Bajos o Finlandia: el contrato de alquiler indefinido. No estamos hablando de reflotar la renta antigua franquista, ya que no se puede heredar; cada año la
renta se actualiza según el futuro índice del INE, existen causas establecidas para que el arrendador, en el caso de ser persona física, pueda recuperar la vivienda, y si el arrendador invierte en reformar y rehabilitar la vivienda, puede llegar a
subir el precio hasta un 20 % máximo, aunque dependiendo de la aportación hecha.
Tampoco se trata de una simple modificación normativa, se trata de una alteración en la relación mantenida entre alquilar y vivir. Un contrato indefinido inaugura otra manera de habitar y, por lo tanto, de configurar el espacio. Un
contrato indefinido implica otra manera de ser y de relacionarse en el tiempo. Habitar, habitación y hábitat coinciden en que significan perseverar y tener algo de manera reiterada, esto es, algo que permite la repetición.
Incluso en un informe de 2018 publicado por la European Real Estate Society (ERES), que estudia las condiciones de arrendamiento en los mercados residenciales y sus implicaciones para la sostenibilidad económica, se afirma que 'los contratos
de alquiler a largo plazo contribuyen a la estabilidad de la vivienda, ya que ofrecen a los inquilinos condiciones de vida seguras y a los propietarios ingresos estables por alquiler', y que 'los inquilinos se benefician de menos mudanzas y
arrendamientos más prolongados', lo que también ayuda a los propietarios a mantener ingresos estables.' El propio Banco de España, en su último informe sobre el mercado del alquiler, identifica que, más allá de la revalorización de los contratos
vigentes, la subida de los precios del alquiler se produce en el momento de firmar nuevos contratos y se alquila el piso a un nuevo inquilino.
Un contrato indefinido significa la posibilidad de optar a un alquiler por tiempo ilimitado, lo que implica poder optar a la estabilidad, a la seguridad residencial y a la certidumbre en el tiempo para vivir, para forjar barrios y familias,
lo cual supone frenar el desarraigo, la rotación involuntaria y la falta de certezas. El contrato indefinido permite hacer del alquiler un hogar. El alquiler indefinido evita que, en un periodo de 5-7 años, puedan darse subidas drásticas en el
precio del alquiler y, de facto, mientras se reside en la vivienda y se mantiene el contrato, hace las veces de una regulación de precios. Un pequeño cambio normativo es una gran transformación en la vida de la gente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos en los siguientes términos:
Modificar el artículo 9 para que los contratos se prorroguen anualmente de manera obligatoria salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con un plazo mínimo de antelación a la fecha de terminación del contrato, su voluntad de no
renovarlo, o que el arrendatario haya incumplido el contrato o el arrendador, siendo persona física, manifiesta la
necesidad de ocupar la vivienda arrendada en los casos que se acredite la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por
adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.
Suprimir el artículo 10.
Modificar el artículo 13 y 14 para que en caso de enajenación de la vivienda, por operación de compra-venta, u otro supuesto, el contrato quede subrogado, sin perjuicio de los supuestos expresados en el artículo 9.
Supresión del apartado 4 del artículo 16.
Supresión del apartado 4 del artículo 19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Teslem Andala Ubbi, Alda Recas Martín, Alberto Ibáñez Mezquita, Gerardo Pisarello Prados y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR.
161/001927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley sobre la necesaria aplicación de la Ley por el derecho a la vivienda en lo referido a la
declaración de zonas de mercado residencial tensionado, dando cumplimiento a lo recogido en su artículo 18, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Es evidente que el acceso a la vivienda es uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país y en el que todas las administraciones y todas las formaciones políticas tenemos el deber y la obligación de colaborar.
El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, mandatando a todos los poderes públicos en la obligación constitucional de dar contenido a ese derecho. Uno de los instrumentos más
eficaces es la promoción del parque de vivienda social, para responder, además especialmente, a los colectivos de personas vulnerables que tienen muy difícil el acceso a una vivienda por este y otros motivos.
Hemos de reconocer que para muchos jóvenes y familias de nuestro país es muy difícil acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler. La situación es tan grave como compleja es abordarla.
Sabemos que nos enfrentamos a un desafío global, que, en el caso de nuestro país, ha de abordarse desde la necesaria colaboración entre administraciones.
El Gobierno de España, muy consciente de este problema lo adoptó como una prioridad desde el primer momento con el objetivo de trabajar para convertir el derecho a la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar. De este modo, se ha
propuesto trabajar sin descanso con la determinación de saber dónde estamos y qué medidas hay que poner en marcha, pero con la convicción de que hay que seguir trabajando para encontrar soluciones.
Destacar el importante esfuerzo presupuestario del Gobierno de España, que ha multiplicado por ocho el último presupuesto del Gobierno de Mariano Rajoy, pasando de 475 a 3.500 millones de euros, un esfuerzo al que debería sumarse el del
resto de Administraciones públicas. Hoy, tres de cada cuatro euros que gastan los gobiernos autonómicos han sido financiados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Se han aprobado diferentes medidas en la anterior legislatura, entre las que destaca la aprobación de la Ley 12/2023 de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda; ley pensada para garantizar el acceso a la vivienda e imponer su consecución
como una obligación de
los poderes públicos. En la presente legislatura el Gobierno de España ha incrementado de forma exponencial las actuaciones políticas y recursos económicos para la consecución de los objetivos previstos en la Ley.
Consideramos que desplegar los efectos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda puede contribuir a facilitar el acceso a la vivienda con, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas en las que limitar de forma
temporal el precio de los alquileres, sin olvidar que esta herramienta ofrece incentivos fiscales a los propietarios.
No es de recibo que la negativa de varias comunidades autónomas a aplicar la Ley suponga una clara desigualdad para los españoles en el acceso a la vivienda, por ello instamos a todas las administraciones públicas a contribuir aplicando la
Ley por el derecho a la Vivienda, en lo recogido por el artículo 18 en lo que se refiere a la declaración de las zonas tensionadas en sus respectivos territorios.
La Ley ofrece garantías también a la seguridad de los propietarios que alquilan, especialmente a los pequeños ahorradores: sistemas de mediación y programas de seguros a las rentas financiados por el Plan Estatal son ejemplos de ellos que
todavía tienen un amplio margen de desarrollo.
Hasta el momento en Cataluña se ha desarrollado lo previsto en el artículo 18 para el cumplimiento de lo previsto en ese artículo, señalándose la solicitud de la Generalitat de Cataluña al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la primera
realizada para poder regular y limitar las rentas en 140 municipios en los que habitan el 80 % de los catalanes. Entre estos municipios encontramos las capitales de provincia y la mayor parte del área metropolitana de Barcelona. Además, se han
declarado recientemente otros 131 municipios más en esta comunidad.
Otros territorios ya trabajan en la declaración de zonas tensionadas, tales como el País Vasco (Enterría ya lo ha hecho), Navarra, Galicia o Canarias. En Madrid, hasta nueve ayuntamientos han registrado una iniciativa legislativa municipal
para acabar con la negativa de su presidenta autonómica.
El pasado 14 de marzo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, presentó, junto al Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, el resultado de la aplicación del índice de precios del alquiler en 140 municipios de Catalunya
durante su primer año de vigencia.
Los datos son claros y transparentes, los 140 municipios declarados zonas de mercado tensionado han rebajado en un 3,7 % el precio de sus alquileres residenciales, mientras que en el total de Catalunya esa rebaja es del 3,3 %. El caso de
Barcelona es altamente significativo, puesto que en el último año sus alquileres son un 6,4 % más baratos.
Al mismo tiempo, la oferta no se reduce: los datos de 2024 respecto a 2023 arrojan 17.000 viviendas en alquiler más en Catalunya y 3.000 solo en Barcelona. Se constató que durante el año 2024 se han firmado 780 contratos nuevos de alquiler
más que en el año anterior, un incremento de 416 desde la primera declaración de zonas de mercado de vivienda tensionada.
El resultado es el descenso de la rotación de los inquilinos en favor de la estabilidad de los hogares, que viene dada, entre otros, por el alargamiento de la duración mínima de los contratos de alquiler a 5 o 7 años, según si el arrendador
es una persona física o jurídica, medida incluida en la modificación legislativa de 2019.
Afrontar el problema de la vivienda requiere de la implicación del conjunto de los poderes públicos del Estado, especialmente al legislativo y del ejecutivo en todos los ámbitos territoriales, estatal, autonómico y local. Por este motivo,
es importante y absolutamente necesario que todas las administraciones utilicen todos los instrumentos a su alcance para dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta el buen trabajo realizado por la Administración General del Estado en las medidas adoptadas en materia de vivienda y solicita al resto de Administraciones Públicas e
instituciones, en ejecución y con pleno respeto a sus competencias, a tomar el derecho a la vivienda como eje prioritario de las políticas públicas, desarrollando para ello las normas y planes específicos de vivienda que contemplen, en los
diferentes ámbitos y escalas institucionales, las medida eficaces y ambiciosas que hagan frente a la situación de emergencia social que sufren muchas personas, especialmente aquellas con mayores necesidades económicas, asegurando el derecho de
acceso a una vivienda asequible y digna.
2. Insta a las administraciones competentes en materia de vivienda, en cumplimiento y aplicación de lo recogido en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, a adoptar medidas urgentes para declarar, sin más dilación, las
correspondientes zonas de mercado residencial tensionado en sus respectivos ámbitos territoriales a fin de que los y las ciudadanos de nuestro país puedan beneficiarse de la aplicación del índice de Precios de Referencia en los precios de alquiler,
una vez conocido el resultado de la aplicación de ese instrumento en 140 municipios de Catalunya durante su primer año de vigencia.
3. Insta al Gobierno a continuar acompañando y apoyando a todas las administraciones públicas adoptando todas las medidas necesarias que contribuyan a seguir avanzando en proponer soluciones al problema de la vivienda, favoreciendo la
colaboración y coordinación como herramientas imprescindibles en este camino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Ignasi Conesa Coma, Javier Rodríguez Palacios, Luis Antonio Gómez Piña y Vicent Manuel Sarrià Morrell, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/001924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo y financiación del
complejo audiovisual Ciudad de la Luz y el Sector Audiovisual de la Comunidad Valenciana, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El complejo audiovisual de la Ciudad de la Luz, ubicado en Alicante, se ha consolidado como uno de los centros más avanzados de Europa y un referente clave en la industria cinematográfica internacional. Desde su reactivación en abril 2023,
ha generado un impacto económico de 60 millones de euros, con la realización de 14 producciones cinematográficas en sus instalaciones y la promoción del empleo de manera significativa en la Comunidad Valenciana. Más de 700 empresas audiovisuales de
la región se han beneficiado de este crecimiento, lo que pone en valor la capacidad de la Ciudad de la Luz para atraer grandes producciones internacionales.
Un ejemplo de este impacto ha sido el rodaje de 'Venom 3' en la Comunitat Valenciana, con 35 millones de euros. Esta superproducción de Columbia Pictures ha creado alrededor de 570 empleos y ha implicado un gasto laboral de más de 2.2
millones de euros, además de más de 22.300 pernoctaciones y servicios solicitados a 325 proveedores locales.
Otro caso de éxito ha sido la reciente producción de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon', que generó empleo para 250 personas durante los momentos de mayor actividad y contrató a 20 empresas alicantinas. Este tipo de proyectos
refuerzan el atractivo de la
Comunidad Valenciana para inversiones extranjeras, como se reconoce en el informe de impacto económico de los rodajes internacionales en España presentado por la Spain Film Commission.
Para seguir avanzando en estos logros, la dirección de la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), -empresa pública encargada de gestionar los estudios de cine Ciudad de la Luz, el complejo cinematográfico más grande de
España y un referente en Europa-, contactó con los responsables del Spain Audiovisual Hub, entidad encargada de desarrollar el Plan 'España, Hub Audiovisual de Europa' (Plan 'Spain AVS Hub'), uno de los ejes de la agenda España Digital 2025, con el
fin de solicitar apoyo para las inversiones necesarias para actualizar los platos con el objetivo de introducir medidas de sostenibilidad y ahorro energético. Los técnicos del Spain Audiovisual Hub sólo les ofrecieron como posibilidad de apoyo unos
créditos 'blandos' del Instituto de Crédito Oficial (ICO), sin posibilidad alguna de ayudas directas, porque, alegaron, no existía la partida presupuestaria.
Esta situación contrasta notablemente con los 60 millones de euros en subvenciones directas otorgadas a Cataluña para el proyecto 'Catalunya Media City', lo que evidencia un trato desigual en la distribución de recursos públicos.
Es necesario destacar que el sector audiovisual en España ha demostrado ser una potente fuente de ingresos y de impacto positivo en la economía, especialmente a través de incentivos fiscales a producciones internacionales. Un estudio
reciente, realizado por Olsberg SPI en colaboración con la Spain Film Commission y la asociación PROFILM, confirma que, por cada euro público invertido en estos incentivos, la economía española recibe un retorno de 9 euros. Sin embargo, los
estudios Ciudad de la Luz en la Comunidad Valenciana se enfrentan a una desventaja competitiva debido a la ausencia de un régimen fiscal propio en esta comunidad, a diferencia de otras autonomías como Canarias, Navarra y el País Vasco, que cuentan
con deducciones fiscales adicionales y específicas.
Estos incentivos fiscales resultan clave para atraer producciones extranjeras y fomentar el desarrollo de la industria audiovisual en España. La Comunidad Valenciana, que cuenta con infraestructura de alto nivel y condiciones naturales y
técnicas excelentes, podría beneficiarse significativamente de un régimen fiscal específico que permita a Ciudad de la Luz competir en igualdad de condiciones con otras regiones.
Este desequilibrio frena el crecimiento de uno de los polos más dinámicos de la industria audiovisual en España, y afecta tanto a la economía local como a la proyección internacional de la industria cinematográfica española, clave para el
paisaje cultural común de nuestro país. La Comunidad Valenciana ya ha demostrado su capacidad para generar empleo, atraer producciones internacionales y fortalecer su tejido empresarial. Sin embargo, el trato discriminatorio en el reparto de las
ayudas nacionales limita su potencial y coloca a la industria audiovisual valenciana en una clara desventaja frente a otras regiones. Es necesario que el Gobierno reconsidere su postura y otorgue el apoyo que la Ciudad de la Luz y el sector
audiovisual valenciano merecen, no sólo por su contribución económica, sino también por su papel en la proyección cultural y artística de España en el mundo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir a la Ciudad de la Luz y al sector audiovisual valenciano en el hub estratégico del audiovisual en España.
2. Establecer subvenciones directas para la Ciudad de la Luz, en concordancia con las ayudas otorgadas a otros proyectos audiovisuales en España, como el 'Catalunya Media City', facilitando así la inversión en la actualización de los platos
y la modernización de infraestructuras.
3. Fomentar la equidad en la distribución de los recursos públicos destinados a la industria audiovisual, garantizando que todas las Comunidades Autónomas con potencial
de crecimiento, como la Comunidad Valenciana, reciban un apoyo financiero acorde a su relevancia económica y cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Julia Parra Aparicio, Macarena Montesinos de Miguel, Belén Hoyo Juliá, Alberto Fabra Part, Sandra Pascual Rocamora, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez, Fernando de Rosa
Torner, Alma Alfonso Silvestre, Esperanza Reynal Reillo, Carlos Gil Santiago, Cristina Moreno Borrás, Óscar Clavell López y María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la declaración de
las Alfombras del Corpus como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, para su debate en Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Las alfombras del Corpus en España son una tradición muy arraigada en varias localidades, donde se crean impresionantes tapices efímeros en las calles con materiales naturales como flores, serrín teñido, arena, sal y hojas. Estas alfombras
adornan el recorrido de la procesión del Corpus Christi, una de las festividades católicas más importantes, que se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección.
Se cree que la tradición de las alfombras florales tiene varias influencias:
Antigua Roma: durante festividades religiosas y victorias militares, se esparcían pétalos y hierbas aromáticas en el suelo.
Edad Media: en algunas procesiones religiosas, los fieles decoraban las calles con flores, hojas y hierbas para rendir homenaje a la Eucaristía.
Influencia barroca: en los siglos XVI y XVII, el Corpus Christi se convirtió en una gran celebración con música, teatro y ornamentos efímeros. En este contexto, las alfombras de flores comenzaron a popularizarse como una forma artística de
embellecer el recorrido de la procesión.
Tenerife pudo ser uno de los primeros lugares en desarrollar alfombras más complejas, con la famosa alfombra de arenas del Teide en La Orotava. Las calles se cubren de flores, siguiendo una tradición iniciada por una dama de la alta
burguesía en 1847 que trajo la costumbre de Italia. Luego, cada familia cogió la costumbre de confeccionar su propia alfombra y, más tarde, con motivo de la visita del Alfonso XIII a la villa, se confeccionó por primera vez la monumental alfombra
de la Plaza del Ayuntamiento, hecha con tierras de las Cañadas del Teide. Esta alfombra desde entonces suele representar episodios bíblicos.
Desde allí, la costumbre se extendió por diversas regiones de España y América Latina, donde aún hoy se mantiene como una de las manifestaciones artísticas más llamativas del Corpus Christi.
Las alfombras del Corpus son realizadas principalmente por los propios habitantes de cada localidad, a menudo organizados en hermandades, cofradías, asociaciones culturales, grupos de vecinos y familias que participan en la tradición
generación tras generación.
En muchas localidades, la elaboración de las alfombras es un trabajo comunitario. Las familias y grupos de amigos colaboran en la planificación, el diseño y la ejecución. En ciudades con una fuerte tradición religiosa, las cofradías se
encargan de organizar la
decoración del recorrido procesional. En lugares donde las alfombras han alcanzado un alto nivel artístico, como La Orotava (Tenerife) o Ponteareas (Galicia), hay diseñadores y artesanos especializados en esta técnica. A menudo
instituciones públicas como los Ayuntamientos o asociaciones culturales apoyan la tradición proporcionando materiales o coordinando la logística del evento.
Para su elaboración, días o semanas antes se diseñan los patrones y se recolectan los materiales (flores, serrín, arena, etc.). La noche anterior o el mismo día se trazan los dibujos sobre el suelo y los participantes comienzan a
rellenarlos con los materiales elegidos. Las alfombras desaparecen bajo los pies de la procesión, lo que refuerza su carácter efímero y simbólico.
El hecho de transcurrir la procesión por las alfombras hace que se trate de una festividad cultural de arte efímero, bajo el concepto de patrimonio cultural inmaterial. Esta ceremonia, influenciada en sus orígenes en la fe católica y
cristiana y los rituales litúrgicos, ha devenido en las últimas décadas en un acto que ha despertado en el público un gran interés por disfrutar, tanto del proceso de elaboración en la tarde y madrugada anteriores, como en el momento principal de la
procesión, por su interés cultural y artístico, generando multitud de visitas turísticas. Esta tradición, transmitida de generación en generación, no solo representa un acto de devoción y creatividad, sino que también contribuye al dinamismo
cultural, turístico y económico de los diferentes territorios.
Más que una simple decoración, estas alfombras son una manifestación de fe, arte y trabajo comunitario que une a generaciones en una misma tradición.
En España, varias celebraciones del Corpus Christi con alfombras florales han sido declaradas Fiesta de Interés Turístico, tanto a nivel regional, nacional como internacional. Algunas de las más destacadas son:
La Orotava (Tenerife, Islas Canarias). Famosa por sus alfombras de arena volcánica del Teide en la Plaza del Ayuntamiento y los tapices florales en sus calles. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2023.
Ponteareas (Pontevedra, Galicia). Destaca por sus alfombras de flores de gran tamaño y detalle, creadas por vecinos. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2009.
Toledo (Castilla-La Mancha). Su Corpus Christi es una de las festividades religiosas más importantes de España. Aunque las alfombras no son el foco principal, las calles se adornan con hierbas aromáticas y otros elementos. Declarada
Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1980.
Sitges (Barcelona, Cataluña). Las alfombras de flores cubren las calles del casco histórico. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1952.
Carrión de los Condes (Palencia, Castilla y León). Sus alfombras de serrín y flores adornan el recorrido procesional. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Valverde de la Virgen (León, Castilla y León). Su festividad del Corpus incluye alfombras florales y es de gran importancia en la provincia. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2008.
Las de Tamarite de Litera (Huesca), celebradas anualmente, el domingo siguiente a la fecha real de la festividad, constituyen una manifestación cultural y religiosa de gran arraigo y singularidad dentro del patrimonio inmaterial de Aragón y
España. La procesión lleva celebrándose desde finales del siglo XIX (Libro 'El Tamarite de nuestros abuelos' de Joaquín de Carpí y Cases). Tienen el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico de Aragón (BOA del 16/12/2008), y la Declaración de
bien de interés cultural inmaterial del Gobierno de Aragón (BOA del 19/01/2024). Su impacto y atractivo han trascendido a nivel nacional, generando un paisaje cultural en el que reconocerse y atrayendo visitantes de distintas partes de España,
fomentando la proyección del municipio como destino cultural. Se diseñan y confeccionan con materiales como serrín teñido, flores y otros elementos naturales, transformando las calles en un auténtico tapiz efímero. El resultado de un esfuerzo
colectivo que llega a cubrir más de 3.600 m2 de alfombras.
El Corpus Christi de Hinojos (Huelva, Andalucía) es una de las celebraciones más destacadas de la provincia y ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Se
caracteriza por su espectacular ornamentación y la gran devoción de sus habitantes. Las calles del casco histórico se cubren con alfombras de flores, juncias, tomillo y serrín teñido, formando dibujos geométricos y religiosos. Estas
alfombras se elaboran la noche anterior, con la colaboración de los vecinos. Una de las señas de identidad del Corpus de Hinojos es el enramado de sus calles. Se colocan ramas de eucalipto, chopo y pino, creando un entramado natural por donde pasa
la procesión.
Otras localidades como Villacarillo (Jaén), Almonacid de Zorita (Guadalajara) y Camuñas (Toledo) tienen el reconocimiento a nivel autonómico.
En Andalucía, varias ciudades y pueblos mantienen la tradición de elaborar alfombras para el Corpus Christi, decorando sus calles con serrín, flores, sal y otros materiales. En Granada en la capital, el Barrio del Realejo es famoso por sus
alfombras de serrín y flores, creadas por los vecinos para recibir la procesión del Corpus. También en pueblos como Alhama de Granada y Montefrío se elaboran alfombras florales.
En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se cubren las calles con alfombras de sal y serrín teñido, formando figuras religiosas y decorativas.
En otras localidades de la provincia de Cádiz podemos encontrar estas expresiones artísticas como Boros, Arcos de la Frontera o Setenil de las Bodegas.
En Villacarrillo (Jaén), se considera una de las celebraciones más importantes de la provincia, con alfombras de flores y serrín que componen el recorrido de la procesión.
En el casco histórico de Ronda (Málaga), especialmente en la Plaza del Socorro y calles adyacentes, se crean alfombras coloridas.
En Baeza (Jaén), como parte de su rico patrimonio histórico y religioso, se decoran las calles con alfombras florales para el Corpus.
En La Palma del Condado (Huelva) las alfombras de flores y serrín son una parte fundamental de la celebración del Corpus Christi.
En Elche de la Sierra (Albacete), alfombras de serrín y viruta cubren el recorrido de la procesión. Posteriormente se lleva a cabo un concurso que premia las más bellas. Los motivos son principalmente florales y se colocan por la parte
baja del pueblo.
En La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), alfombras de flores, fundamentalmente con motivos eucarísticos, cubren el recorrido de la procesión. El Corpus viene celebrándose en La Laguna desde 1496, apenas dominada la isla por Alonso Fernández
de Lugo, Adelantado de las islas Canarias.
En Las Palmas (Gran Canaria), son muy famosas las alfombras de flores que adornan calles y plazas sobre las que ha de pasar la procesión del Santísimo.
En Teror (Gran Canaria), se cuentan alrededor de 70 alfombras en las zonas de la Basílica del Pino, iglesia del Sagrado Corazón y Virgen de las Nieves. Las más antiguas son las del Sagrado Corazón.
En Villa de Mazo (La Palma), se viene celebrando desde el año 1872. Al principio eran autos sacramentales que se sustituyeron por los adornos vegetales. En 1940 surgió el primer arco y 'enrame' y la primera alfombra se hizo en 1949. Para
confeccionar las alfombras se emplea de todo: alas de mariposa, caracoles, escamas de pescado, conchas de animales marinos, hierbas, semillas, legumbres, azafrán, musgo de castañero, pitera, hojas de plátano, piñas, cardos, líquenes, brezos, algas
marinas, cristales, sal, piedras volcánicas ...
Pero esta tradición no solo se quedó en nuestro país, sino que se expandió por Iberoamérica al igual que otras expresiones culturales.
Las alfombras del Corpus llegaron a Iberoamérica con la presencia española en los siglos XVI y XVII. Los misioneros llevaron consigo las tradiciones del Corpus Christi, incluyendo la costumbre de decorar las calles por donde pasaba la
procesión con flores, hojas y otros materiales naturales.
Durante el descubrimiento de América, la Iglesia utilizó las procesiones del Corpus Christi como una herramienta para la conversión de los pueblos indígenas. Se adoptaron elementos culturales locales en la celebración, lo que enriqueció las
alfombras con nuevos materiales y estilos. En el siglo XVII, el Barroco convirtió el Corpus Christi en una gran festividad con arte efímero, lo que reforzó la práctica de crear alfombras decorativas.
En cada país, las alfombras tomaron características propias según los materiales disponibles y las tradiciones indígenas y mestizas.
Hoy en día, las alfombras florales del Corpus Christi son muy populares en países como:
Guatemala: especialmente en Antigua Guatemala, donde las alfombras son una de las más elaboradas del mundo, utilizando aserrín teñido, flores, frutas y otros elementos.
México: en ciudades como Huamantla (Tlaxcala) y Huajuapan de León (Oaxaca), se elaboran alfombras de aserrín durante el Corpus y otras festividades religiosas.
Perú: en el Cusco, las alfombras forman parte de la festividad del Corpus Christi, combinando la herencia española con la cultura andina.
Ecuador, Colombia y Brasil: también tienen versiones locales de alfombras, sobre todo en fiestas religiosas como el Corpus y la Semana Santa.
Aunque nacieron como un acto religioso, en algunos lugares las alfombras se han convertido en una manifestación artística y cultural, trascendiendo lo puramente litúrgico. Además, en algunos sitios se siguen elaborando no solo en el Corpus,
sino en otras celebraciones como la Semana Santa.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las acciones necesarias para declarar las alfombras del Corpus como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España y su inscripción en el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial.
2. Promover desde el Ministerio de Cultura su enriquecimiento y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a esta singular expresión artística y cultural de nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Javier José Folch Blanc, Ana Isabel Alós López, Carlos Aragonés Mendiguchía, Óscar Clavell López, Jaime Miguel de los Santos González, Manuel
García Félix, Marta González Vázquez, José Alberto Herrero Bono, Nacho Martín Blanco, Héctor Palencia Rubio, Sandra Pascual Rocamora, María Elisa Vedrina Conesa, Julia Parra Aparicio, Eduardo Carazo Hermoso y Borja Sémper Pascual, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente proposición no de ley sobre el uso responsable de algoritmos en
portales inmobiliarios, para su debate y aprobación en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
A medida que los algoritmos asumen un mayor protagonismo en las operaciones de empresas de todo tipo, emergen efectos desde el punto de vista económico que, inevitablemente, requieren ajustes regulatorios.
La implementación de algoritmos avanzados en el sector inmobiliario está transformando profundamente la manera de posicionar anuncios, determinar precios y personalizar servicios. Un ejemplo reciente es el desarrollo de un algoritmo
automático de posicionamiento de anuncios, como el de Fotocasa Pro, que utiliza datos para aumentar la visibilidad de ciertas propiedades basándose en variables clave como la ubicación, calidad de las fotos y precio competitivo .
Si bien estas herramientas aumentan la eficiencia del mercado, también surgen preocupaciones en torno a la transparencia, posibles sesgos algorítmicos, y el impacto en la competencia justa dentro del sector. En este contexto, es imperativo
garantizar que la implementación de estos algoritmos respete principios éticos, sea transparente para los usuarios y fomente la competitividad sin excluir a actores más pequeños.
Por otra parte, la práctica conocida como fijación de precios, que implica acuerdos entre actores de un mismo mercado para mantener, o estabilizar, un precio fijo mediante el control de la oferta y la demanda, ha sido históricamente
clasificada como anticompetitiva y objeto de sanciones por parte de los reguladores. Esta estrategia busca, por lo general, maximizar las ganancias de los vendedores.
Sin embargo, la dinámica cambia radicalmente cuando quienes participan en este comportamiento no son personas, sino algoritmos. Cada vez es más común que los vendedores empleen algoritmos inteligentes para determinar precios, lo que genera
comportamientos colusivos de manera automática, aunque no premeditada. Un ejemplo evidente ocurre en el mercado inmobiliario, donde plataformas como Idealista o Fotocasa influyen en los oferentes de propiedades para uniformar precios y maximizar
beneficios. Estas plataformas, a través de reglas derivadas de la evolución del mercado, provocan un aumento sistemático de los precios, lo que perjudica a los compradores. Aunque el comportamiento es colusivo, no resulta de una conspiración
consciente, sino del diseño de los algoritmos que facilitan la coordinación entre los participantes.
Este fenómeno no se limita al sector inmobiliario. Sectores como la hotelería, el agropecuario, los combustibles y la automoción ya han experimentado litigios relacionados con el uso de algoritmos. En estos casos, combatir estas prácticas
es complejo, ya que los algoritmos simplemente ejecutan las tareas para las que fueron diseñados. Aunque detrás de cada algoritmo hay responsables, la ausencia de una estrategia deliberada por parte de los actores del mercado dificulta la
tipificación del delito.
Debemos dar ya protección a la ciudadanía y consumidores contra las distorsiones de mercado generadas por los algoritmos, dado que, a todas luces, actualmente es insuficiente aplicar las leyes existentes y es necesario adaptarlas a estas
nuevas circunstancias, y se requiere una constante tarea de actualización de la regulación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Garantizar la protección de los derechos digitales de los ciudadanos, contenidos tanto en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales como en la Carta de Derechos Digitales, así como la
transparencia y equidad en el tratamiento de los datos para la prestación de los servicios de portales inmobiliaria mediante instrumentos algorítmicos.
- Regular para que los portales inmobiliarios proporcionen información clara y accesible sobre cómo funcionan los algoritmos de posicionamiento de anuncios, indicando los factores que influyen y realicen periódicamente auditorías
independientes sobre sus algoritmos para que verifiquen que no generan prácticas discriminatorias ni desventajosas para determinados segmentos.
- Establecer normas sobre el diseño y funcionamiento de algoritmos que aseguren la igualdad de trato a las propiedades, independientemente de su ubicación o rango de precios y reforzar y adoptar las normativas existentes, especialmente
aquellas ya aprobadas por la Unión Europea, para garantizar que los algoritmos respeten los derechos
de los usuarios, especialmente en el manejo de datos personales sensibles. Esta normativa debe garantizar que los portales a notifiquen a los usuarios cómo se utilizan sus datos para el posicionamiento de anuncios y permitirles optar por no
ser incluidos en ciertos análisis algorítmicos y los anuncios cuya visibilidad haya sido impulsada por pago o criterios algorítmicos lo indiquen explícitamente. Además, los portales deban ofrecer a los anunciantes información detallada sobre por
qué su anuncio ha sido clasificado de determinada manera.
- Crear un organismo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que supervise el impacto de los algoritmos y la libre competencia en el sector inmobiliario, asegurando que pequeños propietarios y agencias tienen las mismas
oportunidades de posicionamiento que los grandes actores del sector.
- Promover formación especializada para desarrolladores y gestores de datos en el sector inmobiliario sobre cómo identificar y corregir sesgos en los algoritmos.
- Financiar proyectos de innovación en inteligencia artificial y algoritmos éticos que puedan ser adoptados por pequeños operadores inmobiliarios.
- Reconocer públicamente a los portales que implementen prácticas justas y transparentes en sus algoritmos.
- Establecer un mecanismo que permita a los usuarios y anunciantes cuestionar decisiones tomadas por los algoritmos (por ejemplo, la exclusión o baja visibilidad de un anuncio).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2025.-Teslem Andala Ubbi, Diputada.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001932
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las medidas para impedir la deslocalización y garantizar una atención próxima y personal de la clientela en el sector de los centros de llamadas, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación
Digital.
Exposición de motivos
El sector de los centros de llamadas da trabajo a más de 8000 personas en toda Galicia. Se trata de un sector muy precario que lleva años atravesando una situación crítica, con una pérdida sostenida de puestos de trabajo, forzada en gran
medida por la permisividad respecto de la deslocalización de los puestos de trabajo y la irrupción de la inteligencia artificial.
Estos fenómenos traen consecuencias negativas, no solo para los trabajadores, sino también para los usuarios, que ven reducida la calidad y la seguridad de los servicios. Así, la transmisión de datos personales a terceros Estados, sin la
obligación de respetar el estándar de protección de la UE, provoca el uso no autorizado de datos de los consumidores con fines ilícitos.
La deslocalización implica alejar la atención de las y los clientes y levantar una barrera sociocultural que empobrece la atención a la clientela. Así, el conocimiento directo del territorio es un claro ejemplo, ya que la dispersión
poblacional característica de Galicia, que se distribuye en lugares, parroquias, concellos, municipios, dificulta la comprensión de la localización física de un problema o el acceso de los consumidores a las infraestructuras. Otra consecuencia es
el desconocimiento de la realidad multilingüe del Estado español y la falta de respeto a los derechos lingüísticos, un trato que la reubicación agrava,
discriminando a los usuarios que utilizan lenguas distintas al español, que no pueden expresarse en su propia lengua.
En lo que respecta a la situación de las personas trabajadoras, como ya hemos mencionada, la situación es altamente precaria. Hablamos de un sector en el que predominan los contratos a tiempo parcial, por lo que sus salarios suelen estar
por debajo del SMI. Además, la fragmentación de los servicios de atención a la clientela en diferentes subcontratistas, así como la deslocalización a distintos Estados con peores condiciones laborales, dificulta que las personas trabajadoras del
sector reclamen sus derechos y logren mejoras laborales acordes a los beneficios que producen.
A ello se suma la decisión de eliminar la autorización administrativa en los ERE, lo que ha provocado que la decisión de eliminar numerosos puestos de trabajo quede a la discrecionalidad de las empresas, sin control administrativo de las
causas de la eliminación y, por tanto, privando a los trabajadores de la protección administrativa de sus intereses legítimos.
Esta situación es particularmente grave ya que las empresas que tienen capacidad para externalizar los servicios de atención a la clientela son grandes empresas y multinacionales (Atento, ABAI, Teleperformance, Konecta, Concentrix, Intelcia,
BOSCH) que explotan el mercado al amparo de las grandes corporaciones que componen el IBEX35 como las energéticas (Iberdrola, Naturgy, Endesa), la banca (Banco Santander, BBVA, ING), las telecomunicaciones (Vodafone, Orange, Movistar).
Movistar, empresa cuyo principal accionista actualmente es el Gobierno de España a través de Telefónica, debe ser un ejemplo de buena gestión, garantizando el respeto a los derechos de los usuarios, así como manteniendo unas condiciones
laborales dignas. Para garantizar estos derechos (calidad de la atención, proximidad, protección de datos, derechos lingüísticos y gestión personal y no artificial) el Estado debería exigir a las grandes subcontratistas que trabajan en simbiosis
con compañías del IBEX35 que garanticen los derechos de la clientela y también de las personas trabajadoras, es decir, legislar para establecer condiciones adecuadas en la atención, evitando la deslocalización y recuperando los miles de empleos
perdidos en Galicia y en todo el Estado español en condiciones dignas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Adoptar medidas para garantizar que las empresas que prestan servicios en el Estado español, particularmente las públicas o de capital público, como Telefónica, establezcan subcontratas que mantengan la atención telefónica a la clientela
de forma cercana, impidiendo la deslocalización de sus servicios a terceros Estados, y que se fomente el retorno de los ya desplazados, con el objetivo de recuperar los puestos de trabajo en Galicia y en el conjunto del Estado español, garantizando
así unas condiciones laborales más dignas y un mejor servicio a los usuarios.
2. Desarrollar medidas normativas que garanticen que las empresas deben prestar servicio en todas las lenguas oficiales en el Estado español, de forma que, además de garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios, se fomente el
mantenimiento y la creación de puestos de trabajo.
3. Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y la garantía de los derechos digitales en caso de deslocalización de los servicios de atención a la clientela fuera del Estado
español.
4. Garantizar que los usuarios sean atendidos por personas que busquen ofrecer una solución acorde a las necesidades de la clientela, con un asesoramiento adecuado y fiable, además de regular y controlar el uso de la Inteligencia
Artificial, la automatización y autogestión en la atención a la clientela.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ás medidas para impedir a deslocalización e garantir unha atención próxima e persoal da clientela no sector dos centros de chamadas para o seu debate na Comisión de Economía, Comercio e Transformación Dixital.
Exposición de motivos
O sector dos centros de chamadas dá emprego a máis 8000 persoas en toda Galiza. Trátase dun sector moi precarizado e que leva anos atravesando unha situación crítica, cunha perda sostida de empregos, forzada en grande medida, pola
permisividade para a deslocalización dos centros de traballo e pola irrupción da intelixencia artificial.
Estes fenómenos traen consecuencias negativas, non só para os traballadores e traballadoras, senón tamén para as usuarias e usuarios, que ven reducida a calidade e seguridade dos servizos. Así, o traslado de datos persoais a terceiros
Estados, sen a obriga de respectar o estándar de protección da UE, provocan o uso non autorizado e con fins ilícitos dos datos das persoas consumidoras.
A deslocalización implica afastar a atención das e dos clientes e levantar unha barreira socio-cultural que empobrece a atención. Así, o coñecemento do territorio de forma directa é un exemplo claro, pois a característica dispersión
poboacional da Galiza, que se distribúe en lugares, parroquias, concellos, municipios, dificulta a comprensión para a localización física dun problema ou acceso das consumidoras ás infraestruturas. Outra consecuencia é a ignorancia sobre a
realidade plurilingüística do Estado español e a falta de respecto dos dereitos lingüísticos, un tratamento que a deslocalización empeora, discriminando ás persoas usuarias que empregan linguas distintas do español, que non se poden expresar na súa
lingua.
En canto á situación das persoas traballadoras, como xa se dixo, a situación é altamente precaria. Falamos dun sector en que predominan os contratos a tempo parcial, de forma que os seus salarios adoitan situarse por debaixo do SMI.
Ademais, fragmentación dos servizos de atención á clientela en diferentes subcontratas, así como a deslocalización en diferentes Estados con condicións peores condicións laborais, dificulta ás persoas traballadoras do sector reivindicar os seus
dereitos e acadar melloras laborais acordes aos beneficios que producen.
A isto súmase a decisión de eliminar a autorización administrativa nos EREs, que deu en que a decisión de suprimir numerosos postos de traballo quede ao arbitrio das empresas, sen control administrativo das causas da supresión e, polo tanto,
privando ás persoas traballadoras da tutela administrativa dos seus intereses lexítimos.
Esta situación é máis grave xa que, as empresas que teñen a capacidade de deslocalizar os servizos de atención á clientela son grandes empresas e multinacionais (Atento, ABAI, Teleperformance, Konecta, Concentrix, Intelcia, BOSCH) que
explotan o mercado ao amparo das grandes corporacións que conforman o IBEX35 como enerxéticas (Iberdrola, Naturgy, Endesa), banca (banco Santander, BBVA, ING), telecomunicacións (Vodafone, Orange, Movistar).
Movistar, unha empresa cuxo principal accionista é, na actualidade, o goberno de España a través de Telefónica, debera ser exemplo de boa xestión, garantindo o respecto polos dereitos dos usuarios e das usuarias, así como polo mantemento
dunhas condicións laborais dignas. Para garantir estes dereitos (calidade da atención, proximidade, protección de datos, dereitos lingüísticos e xestión persoal e non artificial) o Estado debera exixir que as grandes subcontratas que funcionan en
simbiose coas empresas do IBEX35 garantan os dereitos da clientela e tamén das persoas traballadoras, é dicir, lexislar para estabelecer condicións adecuadas na atención, impedindo a deslocalización e recuperando os milleiros de postos de traballo
perdidos na Galiza e no conxunto do Estado español nunhas condicións dignas.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a
1. Adoptar medidas para garantir que as empresas que prestan servizos no Estado español, especialmente as empresas públicas ou participadas por capital público como é o caso de Telefónica, estabelezan subcontratas que manteñan a atención
telefónica á clientela de forma próxima, impedindo a deslocalización dos seus servizos en terceiros Estados, e que se fomente o retorno dos xa desprazados, co obxectivo de recuperar os postos de traballo na Galiza e no conxunto do Estado español,
garantindo dese xeito unhas condicións laborais máis dignas e unha mellor atención ás persoas usuarias.
2. Desenvolver medidas normativas que garantan que as empresas deban ter atención en todas as linguas oficiais no Estado español, de forma que, ademais de garantir os dereitos lingüísticos das persoas usuarias, se fomente o mantemento e
creación de postos de traballo.
3. Asegurar o cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de garantía dos dereitos dixitais no caso de deslocalización de servizos de atención á clientela fóra do Estado español.
4. Garantir que os usuarios e usuarias son atendidas por persoas que procuren dar unha solución acorde ás necesidades da clientela, cun asesoramento adecuado e fiábel, ademais de regular e controlar o uso da Intelixencia Artificial, os
automatismos e a autoxestión na atención a clientela.'
En Madrid, a 21 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do GP Mixto.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un fondo humanitario de emergencia para Sudán y el
liderazgo de España en promover un acuerdo de paz, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Sudán es un país africano estratégico que conecta el Sahel, el Norte de África, el Cuerno de África y el Mar Rojo, regiones estratégicas para África y Europa. En abril de 2023, estalló un conflicto en la capital entre el ejército sudanés y
el grupo paramilitar 'fuerzas de apoyo rápido'. El conflicto se expandió rápidamente y existen riesgos de su ramificación en otros países y regiones, en particular en el Sahel, donde la violencia armada persiste desde 2011 y de donde las fuerzas de
paz y formación internacional salieron el pasado 2023, siendo los últimos contingentes las Fuerzas Armadas españolas.
La situación humanitaria es crítica: decenas de miles de personas han sido asesinadas, millones de personas han perdido su hogar y existe una hambruna declarada en el norte de Darfur que Naciones Unidas ha calificado como la peor de la
historia moderna, en que se contabilizan 25 millones de civiles sufriendo hambre como una estrategia de las partes beligerantes.
Sudán es el país que acoge un mayor número de desplazados internos en el mundo: 9 millones, 6,8 de los cuales son desplazados del conflicto actual. Los países vecinos han acogido hasta 2 millones de desplazados, de ellos 900.000 han
llegado a Chad. Este es un país con retos propios en la seguridad humana y estatal, lo que tensa sus capacidades.
La guerra también causa preocupaciones para la seguridad en Etiopía y Eritrea, en su borde occidental. Dos países que, como Chad, tienen conflictos armados y se deben a la gestión de sus propios desplazados internos y procesos de paz. Se
trata de una región altamente volátil que requiere de todos los esfuerzos internacionales para evitar mayores escaladas y crisis de refugiados, y que tiene un impacto directo en la cuenca del mediterráneo.
Los esfuerzos diplomáticos no han surtido efecto. Si bien se han tratado de promover espacios de diálogo entre ambas partes, los expertos identifican la falta de presión de las potencias para facilitar negociaciones serias y para el
cumplimiento de los acuerdos; y el rol de actores externos en el conflicto. Para facilitar la negociación, y ayudar a frenar y paliar las catástrofes humanitarias, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. De acuerdo con los compromisos adoptados por España durante la conferencia de París en abril de 2024, alcanzados con creces por parte la cooperación española, continuar con el apoyo humanitario en la región, asegurando también la
distribución de recursos a los países vecinos para la atención a las personas desplazadas.
2. Trabajar con todos los actores influyentes para mejorar el acceso de personal humanitario a todas las zonas afectadas, y en particular a las zonas con hambrunas como el campo de refugiados de Zamzam.
3. Dar apoyo a las iniciativas mediadoras, incluida la iniciativa de Ankara liderada por Turquía e iniciativas locales, que, manteniendo el carácter central de la UA e IGAD en los esfuerzos de paz, eviten el reclutamiento y fomenten el
dialogo intercomunitario. Hacer uso de las relaciones con los Estados del Golfo para facilitar que las partes beligerantes se sienten en la mesa y negocien un alto al fuego.
4. Dar apoyo a los esfuerzos existentes, incluyendo a los de la Unión Africana (UA), para promover el diálogo entre los grupos de sociedad civil sobre un futuro de postguerra estable, asegurando un rol substancial para los civiles, en
particular para las mujeres y las personas jóvenes.
5. Desarrollar un estudio sobre los productos que se produzcan o distribuyan en España en que haya materiales provenientes de Sudán en línea con la Directiva de Diligencias Debidas, y prohibir la importación de productos o materias primas
que puedan alimentar del conflicto.
6. Trasladar al Consejo Europeo, en cuanto se den las condiciones adecuadas para ello, empezando por un alto el fuego, la necesidad de enviar fuerzas de paz europeas para la protección de los civiles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Viviane Ogou i Corbi, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional Sumar, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a la creació d'un fons humanitari d'emergència per a Sudan i el lideratge
d'Espanya a promoure un acord de pau, per al seu debat en la Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
Exposició de motius
Sudan és un país africà estratègic que connecta el Sahel, el Nord d'Àfrica, la Banya d'Àfrica i el Mar Roig, regions estratègiques per a Àfrica i Europa. A l'abril de 2023, va esclatar un conflicte en la capital entre l'exèrcit sudanès i el
grup paramilitar 'forces de suport ràpid'. El conflicte es va expandir ràpidament i existeixen riscos de la seva ramificació en altres països i regions, en particular al Sahel, on la violència armada persisteix des de 2011 i d'on les forces de pau
i formació internacional van sortir el passat 2023, sent els últims contingents les Forces Armades espanyoles.
La situació humanitària és crítica: desenes de milers de persones han estat assassinades, milions de persones han perdut la seva llar i existeix una fam declarada en el nord de Darfur que Nacions Unides ha qualificat com la pitjor de la
història moderna, en què es comptabilitzen 25 milions de civils sofrint fam com una estratègia de les parts bel·ligerants.
Sudan és el país que acull un major número de desplaçats interns en el món: 9 milions, 6,8 dels quals són desplaçats del conflicte actual. Els països veïns han acollit fins a 2 milions de desplaçats, d'ells 900.000 han arribat a Txad.
Aquest és un país amb reptes propis en la seguretat humana i estatal, la qual cosa tibant les seves capacitats.
La guerra també causa preocupacions per a la seguretat a Etiòpia i Eritrea, en la seva vora occidental. Dos països que, com Txad, tenen conflictes armats i es deuen a la gestió dels seus propis desplaçats interns i processos de pau. Es
tracta d'una regió altament volàtil que requereix de tots els esforços internacionals per a evitar majors escalades i crisis de refugiats, i que té un impacte directe en la conca del mediterrani.
Els esforços diplomàtics no han tingut efecte. Si bé s'han tractat de promoure espais de diàleg entre totes dues parts, els experts identifiquen la falta de pressió de les potències per a facilitar negociacions serioses i per al compliment
dels acords; i el rol d'actors externs en el conflicte. Per a facilitar la negociació, i ajudar a frenar i pal·liar les catàstrofes humanitàries, el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
1. D'acord amb els compromisos adoptats per Espanya durant la conferència de París a l'abril de 2024, aconseguits amb escreix per part la cooperació espanyola, continuar amb el suport humanitari a la regió, assegurant també la distribució
de recursos als països veïns per a l'atenció a les persones desplaçades.
2. Treballar amb tots els actors influents per a millorar l'accés de personal humanitari a totes les zones afectades, i en particular a les zones amb fams com el camp de refugiats de Zamzam.
3. Donar suport a les iniciatives mediadores, inclosa la iniciativa d'Ankara liderada per Turquia i iniciatives locals, que, mantenint el caràcter central de la UA i IGAD en els esforços de pau, evitin el reclutament i fomentin el dialogo
intercomunitari. Fer ús de les relacions amb els Estats del Golf per a facilitar que les parts bel·ligerants s'asseguin en la taula i negociïn un alt al foc.
4. Donar suport als esforços existents, incloent-hi els de la Unió Africana (UA), per a promoure el diàleg entre els grups de societat civil sobre un futur de postguerra estable, assegurant un rol substancial per als civils, en particular
per a les dones i les persones joves.
5. Desenvolupar un estudi sobre els productes que es produeixin o distribueixin a Espanya en què hi hagi materials provinents de Sudan en línia amb la Directiva de Diligències Degudes, i prohibir la importació de productes o matèries
primeres que puguin alimentar del conflicte.
6. Traslladar al Consell Europeu, quan es donin les condicions adequades per a això, començant per un alto-el-foc, la necessitat d'enviar forces de pau europees per a la protecció dels civils.'
Palacio del Congrés dels Diputats, 21 de març de 2025.-Viviane Ogou i Corbi, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portaveu adjunta primera.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un sistema único de autorización para el acceso de
personas con discapacidad y movilidad reducida a las Zonas de Bajas Emisiones en todo el territorio nacional, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad, con efectos directos sobre la salud, la biodiversidad y la calidad de vida de las personas. En este contexto, la aprobación de la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética fue un paso imprescindible para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Entre sus medidas, se incluye la obligación de implantar
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes y en aquellos de más de 20.000 que superen ciertos niveles de contaminación.
Estas ZBE son fundamentales para reducir la contaminación del aire en las ciudades, disminuir los niveles de gases de efecto invernadero y mejorar la salud pública. No obstante, su implantación puede generar alguna dificultad para ciertos
colectivos, en especial para las personas con discapacidad y movilidad reducida que dependen del vehículo privado para sus desplazamientos.
En España, 148 municipios cuentan con más de 50.000 habitantes, lo que significa que en todos ellos ya existe o se está implementando una ZBE. Sin embargo, la regulación actual permite que cada ayuntamiento establezca sus propias
excepciones y procedimientos para el acceso de vehículos de personas con discapacidad. Esto ha dado lugar a una fragmentación normativa que perjudica gravemente a este colectivo, ya que la mayoría de las autorizaciones solo son válidas dentro del
municipio donde se conceden.
En la práctica, esto significa que una persona con movilidad reducida autorizada para circular en la ZBE de su ciudad de residencia puede ser sancionada si viaja a otra ciudad con ZBE sin haber solicitado previamente un permiso específico.
Este requisito supone una carga administrativa innecesaria, crea desigualdad entre ciudadanos según su lugar de residencia y limita el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad, que muchas veces necesitan desplazarse por razones
médicas, laborales o personales.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España residen más de 3,8 millones de personas con discapacidad, y un número significativo de ellas presenta movilidad reducida. Muchas de estas personas requieren vehículos adaptados,
que en la mayoría de los casos son de combustión interna debido a la escasez y alto coste de opciones eléctricas accesibles. A esto se suma que el transporte público no siempre garantiza las condiciones necesarias de accesibilidad, lo que hace que
el vehículo privado sea una necesidad y no una elección para muchas de estas personas.
Para solucionar esta discriminación, es imprescindible establecer un sistema único y centralizado a nivel estatal que permita el reconocimiento automático de los vehículos autorizados en todas las ZBE de España. Este sistema podría ser
gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT), garantizando que cualquier persona con movilidad reducida que posea una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad pueda acceder sin restricciones a las ZBE de cualquier municipio,
evitando la burocracia y la desigualdad actual.
El compromiso del Partido Socialista y del Gobierno progresista con los derechos de las personas con discapacidad ha sido constante en los últimos años. Entre los principales avances logrados destacan:
- Reforma del artículo 49 de la Constitución, eliminando el término 'disminuidos' y reforzando los derechos de las personas con discapacidad.
- Aprobación de la Ley de Accesibilidad Cognitiva, que garantiza el acceso universal a la información y los espacios públicos.
- Incremento de la financiación para la Ley de Dependencia, aunque no todas las Comunidades hayan sabido aprovechar estos fondos para reducir listas de espera y o para mejorar la atención.
- Refuerzo de la inclusión laboral, con medidas para aumentar la contratación de personas con discapacidad.
- Ampliación de derechos en el transporte, como la gratuidad en trenes de Cercanías y Media Distancia para acompañantes de personas con discapacidad severa.
- Mejoras en la accesibilidad del voto, garantizando que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al sufragio sin barreras.
Estos avances reflejan un compromiso real con la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, es necesario seguir impulsando medidas que garanticen su plena movilidad en todo el territorio nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Utilizar el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, sistema único y centralizado a nivel estatal, como herramienta que permita a las administraciones responsables de las Zonas de Bajas Emisiones la
identificación y reconocimiento automático de los vehículos vinculados a una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
2. Facilitar la interoperabilidad de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, garantizando que su uso sea válido en cualquier municipio sin necesidad de permisos adicionales.
3. Encomendar a la Dirección General de Tráfico (DGT) incorporar en el Registro de Vehículos los datos básicos de los vehículos asociados a tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, de modo que permita a los
ayuntamientos reconocer automáticamente los vehículos con derecho de acceso a las ZBE. A tal fin se establecerán fórmulas de colaboración con las Administraciones competentes para la expedición de tarjetas a fin de que estas remitan esos datos al
citado registro.
4. Garantizar que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse sin restricciones en todo el territorio nacional, asegurando su derecho a la accesibilidad y la igualdad en el uso del transporte privado.
5. Impulsar las modificaciones normativas necesarias para asegurar que las excepciones de acceso a las ZBE contemplen las necesidades de las personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, de manera
justa y equitativa. Todo ello de conformidad con la Directiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, por la que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para
personas con discapacidad y la Directiva (UE) 2024/2842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, por la que se amplía la Directiva (UE) 2024/2841 a los nacionales de tercerós países que residan legalmente en un Estado
miembro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2025.-Olvido de la Rosa Baena, Inés Plaza García, Emilio Sáez Cruz, Oriol Almirón Ruiz, Emilia Almodóvar Sánchez, Lázaro Azorín Salar, Carmen Andrés Añón, Ana Cobo Carmona, Margarita
Martín Rodríguez, María Mercè Perea i Conillas, Luis Carlos Sahuquillo García y Esther Rodríguez Suárez, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la seguridad vial en
Ibeas de Juarros incorporando su circunvalación prevista al primer tramo de la futura A-12, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La transformación en autovía de la carretera N-120 (Logroño-Vigo) se ha convertido, desde hace muchos años, en un despropósito debido, principalmente, a la falta de voluntad política para esa necesaria unión entre Burgos y Logroño a través
de una vía de gran capacidad.
El Gobierno de Mariano Rajoy dejó aprobados los proyectos de los distintos tramos de esa autovía, conocida como la 'Autovía del Camino de Santiago' pero, el cambio gubernamental, en junio del año 2018, supuso un frenazo a esa infraestructura
viaria fundamental.
Hoy en día, la situación ha ido a peor como consecuencia, de nuevo, de la falta de voluntad del Gobierno del PSOE para licitar las obras y la ejecución de éstas, pues, todo ello ha derivado en la caducidad de los proyectos iniciados por el
Gobierno del PP, teniendo que volver a reiniciarse todo el expediente con nuevos proyectos o, técnicamente, actualizando los mismos. Esta situación, previsiblemente, va a suponer nuevos precios de las unidades de obra, posibles nuevas declaraciones
ambientales, adaptación a los cambios técnicos de la normativa, etc.
Aunque se haya retrasado considerablemente, el nuevo proyecto entre la capital provincial e Ibeas ya se está actualizando, algo que aún no sucede en los tramos que discurrirán entre Ibeas de Juarros y Villamayor del Río.
En la actualidad, el tránsito de vehículos por la carretera nacional a su paso por Ibeas de Juarros hace que la seguridad vial en esa localidad se vea amenazada permanentemente, ya que la carretera parte en dos este municipio, lo que
conlleva el paso constante de peatones de un lado al otro, existiendo un solo semáforo en la travesía. Todo ello en una vía que soporta el paso anual de más de 15.000 vehículos de los que, aproximadamente, 6.000 son camiones de gran tonelaje que
atraviesan el pueblo.
Por este motivo, parece razonable que se priorice la calidad de vida y la seguridad de los vecinos, y de los miles de visitantes que llegan a Ibeas para acceder a los yacimientos mundiales de Atapuerca, desviando el tráfico del centro cuanto
antes. Y, por supuesto, también de los vehículos ligeros y pesados (casi un 40 % estos últimos) que transitan por todo el este de la provincia.
La longitud del tramo previsto entre Burgos e Ibeas es muy reducido, solo 7 kilómetros de los más de 24 kilómetros que hay desde esa localidad hasta Villafranca Montes de Oca, atravesando el puerto de La Pedraja. Pues, sería conveniente
ampliar la longitud de la primera parte y reducir la longitud del segundo tramo del proyecto, de lo que resultaría un primer tramo de 9 kilómetros y un segundo tramo de 22 kilómetros.
En este sentido, la ampliación que se prevé adelantar al primer tramo tiene ya todos los informes sectoriales favorables, algo que fue necesario tramitar cuando se aprobó, en su día, el proyecto inicial. El entronque de ese futuro tramo de
autovía, al norte de la localidad, se uniría con la N-120, a la altura del acceso al lugar conocido como 'polvorín', fuera ya del casco urbano de Ibeas de Juarros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incorporar la circunvalación de la localidad de Ibeas de Juarros, que forma parte de la futura autovía A-12, en la ejecución del proyecto que se está redactando en la actualidad, y que está más próximo a la capital burgalesa (Tramos
Burgos-lbeas de Juarros).
2. Licitar estas obras lo antes posible, en cuanto esté aprobado el nuevo proyecto de actualización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2025.-Ángel Ibáñez Hernando, María Sandra Moneo Díez, Bella Verano Domínguez, María Elisa Vedrina Conesa, Juan Antonio Rojas Manrique y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a dar a conocer la nueva
normativa sobre el uso obligatorio de la señal luminosa V-16, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Garantizar la seguridad vial es uno de los objetivos principales en la ordenación del tráfico y la movilidad en las carreteras españolas.
En 2023, se registraron 109 fallecidos en accidentes de tráfico en autopistas y autovías, de los cuales 56 fueron peatones atropellados. Además, cada año, 150 personas son atropelladas en estas vías y dos de cada tres sufren heridas graves
o fallecen. Cabe destacar que el 62 % de los atropellos con víctimas en autopistas o autovías ocurren en condiciones de baja visibilidad, donde el 81 % de los casos son mortales. Pues, parar un vehículo en vías de alta velocidad supone un gran
riesgo tanto para los ocupantes del automóvil como para el resto de los conductores.
El modelo actual de señalización de emergencias cuenta con triángulos reflectantes, sin embargo, con el paso de los años hemos podido comprobar la peligrosidad de éstos, ya que existe un porcentaje elevado de personas que han sido
atropelladas mientras colocaban o retiraban estos triángulos.
El uso de esos triángulos es incómodo para los usuarios de motocicletas y para personas con movilidad reducida, y su efectividad depende de las condiciones de visibilidad y del tiempo que el conductor tarde en señalizar el accidente.
Para dar solución a este problema, la DGT ha optado por la señal luminosa V-16, que ofrece una alternativa más segura y efectiva. Este pequeño dispositivo, muy fácil de usar, permite a los conductores activar una baliza luminosa sin tener
que salir del vehículo, pues se activa automáticamente.
En este sentido, se mejora la visibilidad del automóvil detenido, ya que se puede ver desde una distancia de hasta 1 km. También cuenta con un sistema loT que se conecta con el centro de gestión de la DGT, enviando alertas en tiempo real a
otros conductores para informar sobre la detención de un vehículo en la carretera.
Aunque esta medida conlleva muchos beneficios, su implementación y conocimiento entre los conductores aún son limitados. La falta de información y difusión sobre su uso tienen como consecuencia que, actualmente, este dispositivo es
mayormente desconocido para los ciudadanos.
Teniendo en cuenta que su uso será obligatorio a partir de enero de 2026, y habida cuenta que su implantación aún está muy lejos de considerarse extendida de modo generalizado, se hace necesario impulsar medidas para que la población pueda,
progresivamente, ir sustituyendo sus dispositivos de señalización de emergencia en sus vehículos durante el presente año.
El Gobierno de España debe dar difusión ante los ciudadanos de esta norma, lanzando campañas de comunicación efectivas a través de redes sociales y medios de comunicación ordinarios, o incluso a través de comunicaciones con los propietarios
de los vehículos del parque móvil en España. Aquí, la colaboración entre la DGT y las autoescuelas y el conjunto del sector de los transportes y el automóvil, puede ser clave para alcanzar el objetivo de que el uso obligatorio de la señal V-16
llegue a un público más amplio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se lleven a cabo cuantas medidas y campañas comunicativas y de difusión sean necesarias para dar a conocer la normativa sobre el uso obligatorio de la señal luminosa V-16, con el objetivo
de reducir la siniestralidad vial producida por atropellos a peatones -especialmente en las vías de alta capacidad-, así como a incentivar su uso en todos los vehículos, habida cuenta que será obligatorio su uso a partir de enero del año 2026.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2025.-Ángel Ibáñez Hernando, Bella Verano Domínguez y María Elisa Vedrina Conesa, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la falta de examinadores en
la Jefatura Provincial de Tráfico de Guadalajara, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La provincia de Guadalajara atraviesa una grave situación en lo que respecta a la realización de los exámenes de circulación para la obtención del permiso de conducir debido a la alarmante falta de examinadores en la Jefatura Provincial de
Tráfico. En la actualidad, cerca del 50 % de las plazas de examinadores se encuentran sin cubrir, ya sea por vacantes no ocupadas o por bajas no reemplazadas.
Esta falta de personal ha generado un colapso en la gestión de exámenes, con consecuencias directas sobre los ciudadanos y la actividad económica de la provincia. La bolsa de alumnos pendientes de examen de circulación ha crecido un 35 %
durante 2024, alcanzando actualmente casi los 3.000 aspirantes en espera. Al mismo tiempo, el número de pruebas realizadas ha disminuido drásticamente en los últimos años, pasando de 9.000 exámenes en 2022 a 6.700 en 2024.
Por ello, si la situación no se revierte de inmediato, se prevé que en 2025 apenas se lleguen a los 5.000 exámenes anuales.
Guadalajara es una provincia en crecimiento poblacional y, sin embargo, no solo no se han cubierto las plazas de examinadores vacantes, sino que tampoco se ha reforzado el personal de acuerdo con el aumento de población. Como consecuencia,
Guadalajara se encuentra por debajo de la media nacional en la ratio de examinadores por habitantes, generando un perjuicio evidente para los ciudadanos.
Esta situación implica que muchos alumnos se tengan que desplazar a otras provincias para poder examinarse, con el consiguiente coste y trastorno. Ello provoca retrasos para quienes necesitan obtener el permiso de conducir como requisito
para acceder a oposiciones o al mercado laboral.
Otro efecto negativo es el grave perjuicio económico para las autoescuelas de Guadalajara, que ven reducida su actividad y pueden verse abocadas al cierre, poniendo en riesgo numerosos puestos de trabajo en el sector.
En definitiva, es imprescindible adoptar de manera urgente medidas eficaces para garantizar el correcto funcionamiento del servicio de exámenes de tráfico en Guadalajara y evitar los graves perjuicios que esta situación está generando. El
Gobierno de España no puede permanecer impasible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder, con carácter inmediato, a la cobertura de todas las plazas vacantes de examinadores en la Jefatura Provincial de Tráfico de Guadalajara, independientemente de la causa de la vacante, para garantizar que el servicio dispone del
100 % de los efectivos necesarios.
2. Implementar medidas extraordinarias que permitan reducir, en un plazo de seis meses, la lista de espera de alumnos pendientes de examinarse en Guadalajara, tales como:
a. Nuevos examinadores itinerantes en la provincia de Guadalajara.
b. Sesiones extraordinarias de exámenes de circulación, ampliando el horario de pruebas de lunes a sábado, en turnos de mañana y tarde.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Antonio Román Jasanada y Bella Verano Domínguez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el estudio de modelos
alternativos y las mejoras para el sector de la formación de conductores, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La formación de los futuros conductores juega un papel clave en la prevención de accidentes y en la adquisición de habilidades que garanticen una conducción segura y responsable. Por ello, es fundamental contar con el mejor modelo posible.
Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho público un informe con una serie de nuevas propuestas para el sector de la formación de conductores con el objetivo de hacerlo más accesible y eficiente.
Entre estas medidas se encuentra la posibilidad de permitir a tutores no profesionales ejercer como profesores de prácticas, simplificando los requisitos para ser profesor o director. Además, la CNMC considera necesario mejorar la gestión
de los exámenes y fomentar la transparencia y el equilibrio competitivo.
Siempre es conveniente que se exploren distintas alternativas destinadas a mejorar la accesibilidad y la modernización del sistema. Sin embargo, estos potenciales cambios en
el modelo actual han generado una gran preocupación por cuanto se advierte que permitir prácticas con tutores sin experiencia y sin vehículos de doble mando puede suponer un peligro para la seguridad vial.
Actualmente, los profesores de autoescuela, a través del uso de vehículos de doble mando, están preparados para actuar en caso de emergencia.
Por otra parte, la CNMC asocia la alta tasa de suspensos en los exámenes de conducir con una formación ineficaz. No obstante, las causas pueden ser variadas y no tienen por qué estar únicamente relacionadas con la enseñanza teórica y/o
práctica, sino que se debe revisar el modelo de formación de conductores en su conjunto, mejorando, a su vez, la disponibilidad de recursos humanos y materiales en las distintas Jefaturas de Tráfico.
Por otro lado, la DGT debe estudiar con detenimiento la propuesta de la CNMC para eliminar la obligación de que las autoescuelas tengan locales y coches propios, teniendo en cuenta que ello implicaría un cambio profundo en la regulación y el
funcionamiento de los centros de enseñanza para conductores.
En este contexto, es deseable que los esfuerzos del Gobierno se centren en examinar la viabilidad de las distintas opciones que los sectores implicados proponen, y proponer aquellas medidas que persigan el objetivo de mejorar la calidad de
los formadores y una mejor enseñanza y garantías para los alumnos.
Además, es necesario que la DGT redoble sus esfuerzos en la mejora de la gestión de los exámenes de conducir y en las tareas administrativas de las Jefaturas de Trafico para reducir las largas listas de espera y, de esta manera, ayudar a
incrementar la competitividad y rentabilidad del sector.
En definitiva, es fundamental que las administraciones del Estado competentes analicen con detalle las propuestas de CNMC para asegurarse de que cualquier cambio en este ámbito contribuya a una mejora de la seguridad vial, abriendo el debate
de propuestas a los grupos afectados, como autoescuelas, asociaciones de conductores, expertos en seguridad vial, asociaciones de víctimas, etc., garantizando que cualquier reforma se realice con un enfoque equilibrado y basado en criterios
técnicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Analizar detalladamente la viabilidad económica y técnica de las propuestas de la CNMC, asegurando que cualquier reforma en la formación de conductores no comprometa la seguridad vial ni la calidad de la enseñanza.
2. Mejorar la gestión de los exámenes de conducción, aumentando los recursos en las Jefaturas de Tráfico, ampliando la plantilla de examinadores y la del personal administrativo, con el objetivo de reducir los actuales tiempos de espera.
3. Dialogar con los representantes de todos los sectores: autoescuelas, asociaciones de conductores, asociaciones de víctimas, expertos en seguridad vial y otros grupos de interés, para estudiar cambios que mejoren el modelo de enseñanza
en la conducción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2025.-Ángel Ibáñez Hernando, Bella Verano Domínguez y María Elisa Vedrina Conesa, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Interior
181/001060
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco.
¿Piensa el Gobierno cumplir con la PNL aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el pasado 25 de septiembre de 2024 y reforzar los efectivos humanos y medios materiales para la Guardia Civil en Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2025.-Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/001061
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco.
¿Piensa el Gobierno en algún refuerzo de efectivos humanos y medios materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cantabria, en vista que esta Comunidad autónoma se sitúa en 2024 como la tercera región donde los datos de
criminalidad han aumentado más, según los datos de Ministerio del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2025.-Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001059
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Beatriz Jiménez Linuesa y Héctor Palencia Rubio
¿Hay fecha prevista por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el inicio de las obras de la autovía Guadalajara-Tarancón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2025.-Beatriz Jiménez Linuesa y Héctor Palencia Rubio, Diputados.
Comisión de Sanidad
181/001062
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lac oba, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio
Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez, Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según planteó el pasado mes de diciembre desde la Asociación Española de Bioempresas, 'España sigue lejos de disponer de
un mercado de financiación de empresas biotech a la altura de las necesidades del ecosistema'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba,
Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001063
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román
Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María Del Mar Vázquez Jiménez, Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida ante el hecho de que 'la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha recomendado reforzar la vigilancia y la motivación de decisiones en la evaluación
de tecnologías sanitarias tras analizar el proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias del Ministerio de Sanidad'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba,
Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001064
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román
Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez, Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno atender la solicitud realizada el pasado diciembre desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y materializar en algún momento alguna medida de utilidad real con la que favorecer una
mayor integración 'del farmacéutico y la farmacia en el sistema sanitario' porque 'esto va a redundar en [beneficio de] los ciudadanos y el Sistema Nacional de Salud'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba,
Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001065
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parraaparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román
Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez, Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad para maximizar resultados de la voluntad mostrada el pasado diciembre desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes por hacer 'que nuestra
experiencia como pacientes pueda ayudar a cambiar los procesos asistenciales y a mejorar la manera de tratar la cronicidad'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba,
Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001066
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parraaparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román
Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez, Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según se planteó el pasado mes de diciembre desde el Foro Español de Pacientes, 'es necesario que los pacientes tengan
acceso a
tratamientos innovadores para la desnutrición visto y demostrado el alcance de los resultados esperables'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba,
Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001067
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parraaparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román
Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez, Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según se planteó el pasado diciembre desde el Sindicato de Enfermería Satse de Ceuta, 'el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria mantiene que no hay listas de espera o son pequeñísimas', pero 'NO ES CIERTO' y 'la población de Ceuta se siente engañada y con razón'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba,
Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001068
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parraaparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román
Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María Del Mar Vázquez Jiménez, Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según planteó el pasado mes de diciembre la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, desde el propio Gobierno se
pretende que 'cada vez asumamos más funciones y competencias para sustituir la falta de otras categorías, para no dotar de personal de categorías muy necesarias en el Sistema Nacional de Salud, para tapar las miserias del sistema, siempre a costa de
los mismos,
los trabajadores, y todo ello sin el reconocimiento retributivo y competencial, es decir sin coste económico'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba,
Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001069
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parraaparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román
Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez, Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según se plantea desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, el informe 'El empleo en España
en el sector de los cuidados de larga duración' -que ha elaborado el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal- 'pone de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los enfermeros que realizan
cuidados de larga duración para acabar con el déficit de personal y la precariedad laboral como forma de afrontar el reto que supone la creciente esperanza de vida y el envejecimiento acelerado de la población'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba,
Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001070
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodriguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parraaparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román
Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez, Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según planteó el pasado mes de diciembre desde la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, en materia de
Ordenación Profesional hay que 'hacer las cosas con cabeza y planificar los recursos basados en
datos serios y con previsiones serias de las necesidades de especialistas en los próximos años'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba,
Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001071
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parraaparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román
Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez, Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según se planteó desde el Colegio de Médicos de Melilla el pasado diciembre, los datos de las listas de espera de la
Ciudad Autónoma ofrecidos desde el Ministerio de Sanidad 'no coinciden con los nuestros' y que la información ofrecida desde el propio Ministerio de Sanidad 'no es real, lo maquillan, no hay transparencia'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Ester Muñoz de la Iglesia, Carmen Navarro Lacoba,
Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.