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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 307, de 21/03/2025
cve: BOCG-15-D-307
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de marzo de 2025
Núm. 307
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página2)
Declaración de intereses económicos ... (Página8)
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000014 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa al estudio de la situación del sector veterinario en el Estado español.
Pasa a tramitarse en la Comisión de Sanidad... (Página15)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la reforma y rehabilitación de la Ciudad del Artista Fallero de Valencia como distrito cultural y creativo ...
162/000450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la garantía del derecho de asilo para personas LGTBIQA+ víctimas de persecución política por razones de su orientación sexual, identidad o
expresión de género ... (Página17)
162/000451 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, de denuncia del Tratado del Atlántico Norte y de rechazo al incremento del gasto militar ... (Página20)
162/000452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, de medidas para erradicar la exclusión digital ... (Página22)
162/000453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre protección de la diversidad cultural y lingüística en el contexto de la ciudadanía mundial ... (Página24)
162/000454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para el reconocimiento de la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo ... (Página26)
162/000455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar una oferta educativa plural y en libertad ... (Página27)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
005 Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de bienes y rentas presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
QUINTANILLA NAVARRO, Miguel Ángel (GP) (núm. expte. 005/000172/0001) 1 ... (Página3)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
007 Declaración de intereses económicos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de intereses económicos presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
OGOU I CORBI, Viviane (GSUMAR) (núm. expte. 007/000397/0000) 1 ... (Página9)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000014
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Solicitud de que su propuesta de creación de una Subcomisión relativa al estudio de la situación del sector veterinario en el Estado español, sea debatida ante la Comisión de Sanidad, en lugar de ante la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer el traslado de la iniciativa a la Comisión de Sanidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo a las Comisiones de Sanidad y de Agricultura, Pesca y Alimentación, al Grupo Parlamentario solicitante y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 302, de 14 de marzo de 2025.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000449
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley sobre la reforma y rehabilitación de la Ciudad del Artista Fallero de Valencia como distrito cultural y creativo.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y
publicarla en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al grupo parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley sobre la reforma y rehabilitación de la Ciudad del Artista Fallero de Valencia
como distrito cultural y creativo, para su debate y aprobación en Pleno.
Exposición de motivos
La Ciudad Fallera de Valencia es uno de los espacios más emblemáticos para el sector artístico y cultural de las fallas, un patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO desde 2016. Este barrio, que ocupa una extensión de cerca de 8
hectáreas, ha sido históricamente el núcleo de la creación de fallas, una expresión cultural que combina tradición, arte, artesanía e innovación, y que genera un impacto económico directo e indirecto relevante para la ciudad de Valencia y el
conjunto del territorio valenciano.
Sin embargo, la Ciudad del Artista Fallero sufre graves deficiencias históricas en sus infraestructuras y equipamientos. Según los documentos del Ayuntamiento de Valencia 'Estudios previos para la consulta y participación ciudadana.
Revisión de la ordenación urbanística en el barrio del artista fallero', se detectan carencias significativas en los espacios de trabajo de los artistas falleros, que presentan condiciones inadecuadas para el ejercicio de su actividad. Dicho
informe también pone en evidencia la necesidad de modernizar las infraestructuras para adaptarlas a las exigencias medioambientales y urbanísticas actuales y resalta la falta de espacios para la formación y la difusión cultural. En la actualidad,
el Ayuntamiento de Valencia está dando continuidad a diversas iniciativas urbanísticas iniciadas el pasado mandato para intervenir en el conjunto del barrio al que da nombre la ciudad del Artista Fallero.
Por otra parte, el proyecto estratégico 'Ciudad Fallera: bases estratégicas para la recuperación y la transformación' propone una reforma integral basada en cuatro pilares fundamentales: la rehabilitación y ampliación de los talleres
artísticos, la creación de un centro de formación especializada en artes y oficios falleros, la potenciación de la Ciudad Fallera como polo de atracción cultural y la implantación de medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental en el barrio.
Si bien este proyecto no especifica una cifra concreta de inversión inicial, se desprende de la magnitud de las acciones propuestas la necesidad de una dotación presupuestaria significativa para abordar las actuaciones urgentes.
La importancia de la Ciudad del Artista Fallero trasciende las fronteras locales, dado que las fallas son un fenómeno cultural de alcance internacional que desde 2016 está incluido en el listado representativo del Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO. La inversión en su rehabilitación no sólo garantizaría la continuidad de este patrimonio, sino que también contribuiría a la creación de empleo, al fomento del polo cultural y al refuerzo del tejido económico y social de la
ciudad.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, resulta imprescindible contar con el apoyo de las administraciones públicas para impulsar una inversión significativa que permita reformular y rehabilitar la Ciudad del Artista Fallero, garantizando
su funcionalidad y proyección como referente cultural y artístico haciendo de esta zona singular un auténtico distrito cultural y creativo.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Emplazar a todas las administraciones públicas implicadas -el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España- a coordinarse y poner recursos destinados a la compra, reforma, rehabilitación y modernización de
la Ciudad del Artista Fallero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2025.-Alberto Ibáñez Mezquita y Nahuel González López, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la garantía del derecho de asilo para personas LGTBIQA+
víctimas de persecución política por razones de su orientación sexual, identidad o expresión de género, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
El derecho de asilo está regulado por el Derecho Internacional y es una obligación de los Estados. Queda recogido como derecho humano fundamental en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrollado en la
Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo (Protocolo de Nueva York de 1967). El Estado español lo reconoce en su Constitución y lo regula a través de su Ley de Asilo, y está incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de
2007. Por tanto, no se trata de una cuestión humanitaria sino de un derecho.
Así, toda persona tiene derecho a buscar protección fuera de su país de origen o de residencia habitual y disfrutar de ella en caso de huir de un conflicto que pone su vida en peligro y si tiene fundados temores de ser perseguida por motivos
de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. La persecución por motivos de género, incluida aquella motivada por la preferencia sexual y la identidad de género, están incluidas en las causas de
persecución que reconoce este derecho.
Miles de personas refugiadas lo son por su orientación sexual y/o su identidad de género, así como por violaciones a sus derechos reproductivos. Es una realidad invisible
en las estadísticas, ya que no hay cifras oficiales de asilo en España que la reflejen, diluida en nacionalidades, sexo y otras variables. La causa de la huida de la mayoría de personas refugiadas gais, lesbianas, trans, bisexuales,
intersexuales o queer es la persecución social, política o jurídica que sufren en sus países y cuyas consecuencias van de la discriminación y el acoso a la violencia, e incluso la muerte.
Por lo general, países como la mayoría de los pertenecientes a la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos se consideran seguros para las personas LGTBIQA+. Por desgracia, este último acaba de
perder esa consideración tras las últimas decisiones políticas tomadas por su sistema judicial, legislativo y, especialmente, por su nuevo gobierno.
El 20 de enero, Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos y, desde ese momento, inició un ataque sin precedentes contra los derechos humanos de las minorías más vulnerables del país, con posibles repercusiones a nivel global,
ya que su ejemplo tiende a expandirse. En su primer día, y en un acto público retransmitido por todos los medios de comunicación, Trump aprobó diversos, decretos presidenciales que comprometen gravemente los derechos de las personas LGBTIQA+,
especialmente de las personas trans, así como del colectivo de migrantes y solicitantes de asilo. También ha retirado fondos imprescindibles tanto a nivel federal como en la ayuda al desarrollo (AOD) para los programas de derechos sexuales y
reproductivos.
Bajo el título 'Defender a las mujeres del extremismo de la Ideología de Género y restaurar la verdad biológica en el Gobierno Federal', se ha establecido una orden ejecutiva que reconoce únicamente los géneros masculino y femenino,
ignorando el resto de identidades.
Lamentablemente, el discurso homófobo y tránsfobo de Trump no pasa desapercibido. En Estados Unidos se ha documentado que la población LGBTIQA+ tiene nueve veces más probabilidades de ser víctima de delitos de odio con violencia en
comparación con la población no LGBTIQA+. Solo el 54% de las personas adultas LGBTIQA+ reside en estados con legislación sobre delitos de odio que incluya la orientación sexual y la identidad y expresión de género. Además, la aprobación en
diversos estados de legislación anti-LGBTIQA+ ha aumentado notablemente; en 2023 se aprobaron 84 proyectos de ley, cuadruplicando la cifra de 2022. Cada vez más se promulgan leyes que, bajo el pretexto de la libertad religiosa, limitan o eliminan
de facto los derechos de las personas LGBTIQA+. Estas medidas fomentan un clima de intolerancia y discriminación hacia la diversidad sexual de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, e incluso alientan la violencia contra estas
comunidades. La creciente tendencia a atacar los logros alcanzados por los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQA+ en Estados Unidos ha impulsado a muchas personas LGBTIQA+ a valorar que su país ya no es un
lugar seguro para ellas y no puede protegerlas, cuando no las persigue directamente.
La presidencia de Trump ha desmantelado en un solo día el fruto de más de cuarenta años de activismo LGBTIQA+. Leyes y logros que costaron décadas de diálogo y negociación han sido anulados con una sola firma. Trump ha ¡legalizado a las
personas trans, convirtiéndolas en las más discriminadas de los Estados Unidos.
Detrás de este borrado se encuentra un intento de erradicar a las personas trans de la vida social. Se les expulsa del ejército, se les impide participar en actividades deportivas a todos los niveles y se les prohíbe acceder a espacios
comunes conforme a su género, bajo amenaza de castigo, siendo enviados a entornos hostiles que favorecen la agresión. Además, de entrar en vigor una orden actualmente suspendida por los tribunales, las mujeres trans volverán a ser encarceladas en
prisiones de hombres, a pesar de la experiencia previa que demuestra que esta medida conduce a abusos y agresiones intolerables.
Al mismo tiempo, se niega al colectivo LGBTIQA+ el apoyo sanitario, y la financiación de sus programas de atención o investigación, poniendo en riesgo sus vidas y el logro de la inminente vacuna contra el VIH, pandemia que aún no ha sido
erradicada y que sólo está controlada gracias a ese esfuerzo sanitario. La información sobre programas de salud
sexual e ITS está siendo restringida y borrada de los servicios y páginas web federales, cuestionando el derecho al aborto y a los programas de educación sexual y reproductiva.
Finalmente, se elimina toda legislación contra la discriminación o de protección contra la agresión por razón de orientación sexual o identidad de género, transmitiendo a la ciudadanía estadounidense y global, el mensaje de que cualquier
discriminación quedará impune. Y probablemente, fomentando la idea de que cualquier agresión, no estará mal vista por el Estado.
En España, la ley de asilo en vigor (Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria) es del año 2009. Y a día de hoy sigue sin tener desarrollo reglamentario.
Esta ley incluye en la condición de persona refugiada a aquellas que puedan ser perseguidas por, entre otros, motivos de género y orientación sexual. Además, a posteriori se ha introducido la mención expresa a la identidad sexual en la
disposición final décima de la Ley 4/2023 de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
En relación con los motivos de persecución, y según establece el artículo 7 de la ley de asilo, la orientación e identidad sexual no constituyen por sí solas motivo de protección, sino que hay que atender a las circunstancias imperantes en
el país de origen, debiendo demostrarse de forma fehaciente el temor fundado a la persecución.
Asimismo, en el artículo 7.2 de dicha ley se establece que 'si la persona solicitante tiene fundados temores a ser perseguida será indiferente el hecho de que posea realmente la característica racial, religiosa, nacional, social o política
que suscita la persecución, a condición de que el agente de persecución se la atribuya'. Este apartado cobra una especial relevancia cuando se trata de solicitudes de asilo de personas LGTBIQA+, que, por ejemplo, en sus países de origen no han
podido desarrollar sus vidas con total libertad y han tenido que ocultar por tanto su orientación o identidad sexual -especialmente, por ejemplo, las personas trans que no han podido llevar a cabo o iniciar siquiera sus procesos de transición debido
a la imposibilidad de hacerlo en su país de origen-.
Pese a la importancia crucial de este mandato, aún es objeto de incumplimiento por parte del personal de extranjería. En ocasiones aún se plantean preguntas muy íntimas que pueden resultar incómodas, centrándose en la vinculación de la
orientación sexual con los actos sexuales, vínculos con otras personas, interacciones sociales o incluso infiriendo la identidad sexo-genérica a través del análisis del lenguaje corporal. En casos de personas trans, este enfoque en la corporalidad
puede derivar en la emisión de juicios de valor que afectan la credibilidad de sus relatos.
En ciertos casos, las personas procedentes de determinados países se enfrentan a un sesgo inicial de falta de credibilidad. Una asunción de que no pueden ser perseguidos por este motivo que se está demostrando incorrecta, por ejemplo, en el
caso de Estados Unidos.
El proceso de asilo es demasiado largo y agotador emocionalmente para las personas demandantes. Por ello, debe facilitarse en aquellos casos dónde la persecución sea de dominio público y evidente.
En la actualidad existen en España más de 275.000 personas solicitantes de asilo pendientes de resolución, muchas de las cuales son perseguidas en sus países por su género, identidad u orientación sexual.
Según el último informe disponible con la información y estadística del año 2022 de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), 1 de cada 10 solicitudes de protección internacional fueron por motivos de persecución por orientación sexual e
identidad de género (OAR, 2023).
El nuevo Reglamento de extranjería (Real Decreto 1155/2024) aprobado a instancias del Ministerio de Integración, Seguridad Social y Migraciones en noviembre de 2024, puede poner a estas personas en grave riesgo de exclusión social si su
demanda es rechazada, forzándolas a situaciones de vulnerabilidad al perder su derecho a residencia y trabajo legales. En la mayoría de casos, la opción de volver a sus países supone un riesgo inasumible para su seguridad y su vida, y es deber del
Estado evitarlo.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Instruir al personal policial y civil de extranjería sobre la legislación de países, entre ellos Estados Unidos, que sea manifiestamente discriminatoria para la población LGTBIQA+ de manera que este factor sea tenido en cuenta como
indicio claro de la situación de persecución para las personas solicitantes de asilo.
2. Comunicar al personal diplomático y consular de España en los Estados Unidos de América esta instrucción, e instarlos a una mayor colaboración con entidades LGTBIQA+, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y de los derechos
humanos.
3. Mantener la defensa en las organizaciones internacionales, en especial Naciones Unidas, de los derechos de las personas LGTBIQA+ y de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos y del derecho humanitario.
Defender la continuidad y reforzamiento de los programas de cooperación internacional destinados a que se ejerzan y respeten los derechos de las personas LGTBIQA+, así como los derechos sexuales y reproductivos del conjunto de la población.
4. Acelerar la aprobación de la 'ILP Regularización ya' para garantizar que las personas solicitantes de asilo y migrantes LGBTIQA+ que no pueden regularizarse a través del nuevo reglamento de extranjería (Real Decreto 1155/2024) no queden
desprotegidas y, en todo caso, que se proceda a la revisión de dicho reglamento para evitar efectos indeseados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2025.-Esther Gil de Reboleño Lastortres, Vicenç Vidal Matas, Engracia Rivera Arias, Júlia Boada Danés, Agustín Santos Maraver y Enrique Fernando Santiago Romero, Diputados.-Verónica
Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto y, en su representación su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, diputada de Podemos, en virtud de lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de
denuncia del Tratado del Atlántico Norte y de rechazo al incremento del gasto militar, para su debate ante el Pleno de la Cámara
Exposición de motivos
El Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, que creaba la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se firmó el 4 de abril de 1949 en el contexto de la Guerra Fría y de la conformación de alianzas de bloques militares
entre los aliados de los Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro.
La adhesión de España a dicha organización, acordada en 1981, se realizó en unas condiciones muy específicas, que incluían la no integración en la estructura militar de la organización, extremo que fue ratificado en referéndum en 1986 (con
un margen muy estrecho), junto con otras dos condiciones: la negativa a la instalación de armamento nuclear en España y el progresivo desmantelamiento de las bases estadounidenses en nuestro territorio.
Dichas condiciones, establecidas como elementos sustanciales de la vinculación de España con la llamada Alianza Atlántica se han visto incumplidos en diversas graduaciones. En 1996 se aprobó la entrada de España en la estructura militar del
acuerdo: el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la
Defensa, anejos y canjes de notas anejas al mismo, hecho en Madrid el 1 de diciembre de 1988 establecía que el establecimiento de armamento nuclear por parte de los Estados Unidos de América en España era posible con autorización del
Gobierno español y que los Estados Unidos usan las bases de Rota y Morón en territorio español en sus operaciones internacionales.
Las justificaciones que pudiera tener la permanencia en la OTAN, para sus defensores, perdieron toda virtualidad después de la apuesta internacional por la solución pacífica de controversias y la desmilitarización de las relaciones
internacionales que arranca con la Carta de París de 1990, suscrita por estados que en el pasado se adherían a cada uno de los bloques anteriormente enfrentados.
En los últimos años, la invasión ilegal rusa de Ucrania y el genocidio ejecutado por Israel contra el pueblo palestino han mostrado que el sistema de derecho internacional y de los derechos humanos están en grave riesgo, lo que supone una
amenaza para toda la humanidad. Pero también se ha demostrado que el camino del belicismo, la carrera armamentística y la vuelta a una política de bloques militares no conduce a la paz ni a ninguna solución real de los problemas de la comunidad
internacional, además de suponer enormes costes económicos y sociales. Y, lo que es más grave, conlleva verdaderas masacres y crisis humanitarias que perjudican a los pueblos del mundo por los intereses de los poderosos. Contra este clima
belicista hemos visto movilizaciones multitudinarias en muchas capitales a lo largo del mundo.
A la renuncia de los países occidentales a la diplomacia y la búsqueda de la paz así como a responder a los conflictos y amenazas a través del fortalecimiento del sistema de garantías del derecho internacional y la erradicación de sus
causas, se suma la decisión de los más altos responsables dentro de la OTAN de llamar a incrementar significativamente el gasto militar de sus países miembros, teniendo estos que destinar, al menos, el 2 % de su Producto Interior Bruto al gasto
militar. Algo que sólo puede ir en interés de la industria armamentística, principalmente estadounidense, y en contra de los intereses de las mayorías sociales y de Europa.
En los últimos años, la OTAN ha demostrado ser una estructura ineficaz e inútil para los intereses de Europa, empezando por la prevención de conflictos y la consecución o construcción de paz, que es un interés estratégico de primer orden.
Lejos de garantizar la estabilidad y la seguridad de los pueblos de Europa, ha demostrado estar en el corazón de las amenazas a dicha seguridad. Y ha impedido la construcción de un esquema colectivo y cooperativo de seguridad netamente europeo,
basado en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos y la defensa del derecho internacional, la soberanía y el bienestar de los pueblos.
El pasado 6 de marzo, en la cumbre de los 27 estados de la Unión Europea se puso sobre la mesa, sin respaldo alguno de ningún organismo parlamentario, un plan de incremento del gasto militar de 800.000 millones de euros (el equivalente al
PIB de Polonia y cerca del 80 % del español) apostando por adentrarse en una carrera armamentística sin precedentes, lo que solo puede hacerse a costa de sacrificar el estado del bienestar europeo. En el caso de España las cifras barajadas
implicarían un incremento del 60 % en el gasto militar anual, desconociendo de qué partidas presupuestarias van a salir esos recursos.
Por todo ello, con la apuesta decidida por la paz, la cooperación y el multilateralismo que siempre ha caracterizado a los pueblos del estado español, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar la denuncia del Tratado del Atlántico Norte, procediendo a comunicar dicha denuncia al Gobierno de los Estados Unidos de América, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de dicho Tratado, abandonando España la OTAN en el
plazo previsto en el mismo.
2. Rechazar la propuesta de incremento del gasto militar de 800.000 millones realizada por la Comisión Europea, así como comprometerse a no realizar directa ni indirectamente ningún incremento adicional del gasto militar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto y, en su representación su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, diputada de Podemos, en virtud de lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de
medidas para erradicar la exclusión digital, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La revolución digital comporta importantes avances sociales, pero también riesgos a los que es preciso dar respuesta desde los poderes públicos. La expresión brecha digital suele hacer referencia a la segmentación que se produce entre
sectores de la población que tienen o no acceso a Internet (brecha de primer nivel), así como a la disparidad de las competencias y habilidades relacionadas con el entorno digital, lo que provoca situaciones de discriminación o exclusión.
La brecha digital relativa a la conectividad se halla muy ligada a la realidad de la pobreza y la exclusión social, pero también con las dificultades para el acceso a Internet en las zonas rurales. Por otra parte, la brecha digital
concerniente a las habilidades y competencias en el uso de Internet y sus aplicaciones derivadas, entre otros factores, guarda relación con condiciones como la edad, el género o la discapacidad.
Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, existe una relación significativa entre un menor uso de las TIC y la mayor edad. A
tenor del vertiginoso ritmo del cambio tecnológico, la exclusión digital merma el bienestar de las personas que se ven afectadas por ella y dificulta el ejercicio de numerosos derechos. Por un lado, la exclusión digital obstaculiza las relaciones
de las personas con las Administraciones públicas en ámbitos como la recepción de información o la tramitación de los procedimientos administrativos. La brecha digital afecta de lleno a los sectores más vulnerables, que incluso se ven privados de
los recursos y servicios propios del Estado social.
La obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones tiene un alcance limitado, aunque la legislación no asegura la inclusión digital en todos los casos. El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas obliga a relacionarse a través de medios electrónicos a las personas jurídicas, sin excepción alguna, lo que puede afectar negativamente, por ejemplo, al movimiento asociativo de
las personas mayores. El uso de la cita previa obligatoria en algunas Administraciones también puede contribuir a agravar las situaciones de exclusión digital. Además, faltan actuaciones proactivas, de carácter integral, para superar la brecha
digital en las relaciones con las Administraciones públicas.
En el ámbito del sector privado la exclusión digital adquiere aún mayor relevancia, ya que se proyecta sobre la realidad laboral y, también, sobre la práctica totalidad de los bienes y servicios que comercializa el sector privado, muchos de
los cuales resultan imprescindibles para el buen desarrollo de la vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en los servicios financieros, el sector energético, los transportes, las comunicaciones, la búsqueda de empleo o el disfrute del ocio.
Otra modalidad de brecha digital se vislumbra en el ámbito empresarial. Debido a la rápida evolución del hardware y el software, cuando no a técnicas de obsolescencia programada, se imponen continuas exigencias de adaptación en relación con
muy diversas tecnologías que suponen elevados costes para las pequeñas y medianas empresas. De ahí que también sea necesario garantizar una mayor durabilidad esperada de las herramientas y aplicaciones tecnológicas que usan las pequeñas y medianas
empresas, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad.
En el ordenamiento jurídico español pueden hallarse normas que tratan de dar respuesta a la exclusión digital. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales contiene
previsiones específicas para luchar contra la brecha digital. Así, en su artículo 81 se contempla el derecho de acceso universal a Internet con independencia de la condición personal, social, económica o geográfica, proscribiendo toda
discriminación y dedicando una especial atención a la superación de la brecha de género, la brecha generacional, específica realidad de los entornos rurales y las condiciones de igualdad para las personas con necesidades especiales.
Asimismo, el artículo 97 de la citada ley contempla una serie de políticas de impulso de los derechos digitales, entre las que cabe destacar la aprobación por el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, de un Plan de Acceso a
Internet con los siguientes objetivos:
a) superar las brechas digitales y garantizar el acceso a Internet de colectivos vulnerables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales económicamente desfavorecidos mediante, entre otras medidas, un bono social de
acceso a Internet;
b) impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público y;
c) fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y la capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable
de Internet y de las tecnologías digitales.
Por otro lado, la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, en su disposición adicional segunda, prevé la aprobación por el Gobierno de un Plan de
medidas para favorecer la inclusión financiera de las personas más vulnerables y especialmente de las personas de mayor edad. Asimismo, la disposición adicional tercera de esta ley mandata al Gobierno a promover, en colaboración con el Banco de
España y las entidades de crédito, un Plan de Medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables.
Otras normas sectoriales también mencionan los riesgos de exclusión que genera la digitalización, como es el caso de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, en cuyo artículo 13 se incorpora la necesidad de que el Plan Anual para el
Fomento del Empleo Digno, en su eje de formación, tenga en cuenta la brecha digital.
La atención a la brecha digital se incluye igualmente en diversos planes y programas que vehiculan la acción administrativa. Así, tanto el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de junio de 2021 como su más reciente adenda de
septiembre de 2023, entre otras cuestiones relacionadas, prevén medidas dirigidas a erradicar la brecha digital, como el Plan Nacional de Competencias Digitales, el II Plan de Acción de la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y
del medio rural o la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. La agenda España Digital es la hoja de ruta que orienta el proceso de transformación digital y el despliegue de planes y reformas sectoriales, que tiene en cuenta, en algunos de
sus ejes, la existencia de diversas brechas digitales.
Sin embargo, la lucha contra la exclusión digital puede tildarse de insuficiente y fragmentaria a tenor de la magnitud del desafío que plantea la exclusión digital, que requiere una mayor coordinación, ambición e impulso político. En este
sentido, cabe destacar la ausencia de esta problemática específica en las funciones de la Comisión Interministerial para la coordinación y el seguimiento de las medidas a favor de la
conectividad y la digitalización de la economía y la sociedad en el ámbito de la Administración General del Estado, regulada por el Real Decreto 473/2024, de 7 de mayo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar, junto a las administraciones públicas, una interfaz de usuario sencilla, fácil de usar y estable en el tiempo. Todo software se desarrollará siguiendo el paradigma de diseño centrado en el usuario, entendiendo el software
como un artefacto que está en constante evolución y mejora. Cada versión significativa o actualización debería incluir pruebas que incorporen el punto de vista de los usuarios a los que está destinado las aplicaciones para facilitar su interacción.
2. Realizar los cambios legislativos necesarios para eliminar la cita previa obligatoria.
3. Mantener e incorporar instrumentos alternativos analógicos a la administración digital para atender a la ciudadanía que los necesite y relajar los requerimientos para determinados trámites, como tener que personarse en una oficina.
4. Desarrollar a través de las oficinas de Correos un servicio de apoyo a la gestión administrativa, creando figuras de personal asistente para las personas que lo necesiten, sin necesidad de cita previa.
5. Afrontar la exclusión digital de la ciudadanía exterior con la puesta en marcha de un programa de modernización de la administración en embajadas y consulados. Tal plan de modernización debe incorporar la posibilidad de obtener el DNI
electrónico en el exterior y permitir la obtención de los certificados digitales en el exterior a través de los consulados. Para empresas, instituciones, asociaciones y organismos se realizaran cursos para la capacitación en el uso del DNI
electrónico y certificados digitales en el exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2025.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre protección de la diversidad cultural y lingüística en el contexto de la
ciudadanía mundial, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Hemos entrado en una era de policrisis. Los conflictos, los cambios geopolíticos, las tensiones comerciales, el cambio climático, los efectos que persisten de la pandemia de la COVID-19 y otros desafíos mundiales pareciera que amenazan con
descarrilar la senda de progreso mundial que la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible y las 169 metas se han marcado.
La desigualdad y la discriminación, además de ser problemas de orden moral y ético, tienen un efecto negativo sobre la economía, la riqueza y los ingresos de un país. En conjunto, los estudios realizados sobre el efecto de la discriminación
en la economía son muy negativos y, en el caso de España arrojan la cifra de una pérdida de la remuneración anual de unos 17 mil millones de euros, un 1,3 % del PIB. Esta estimación supone que la discriminación en el ámbito laboral y educativo
implicaría una enorme merma en términos de remuneración salarial no percibida por la población discriminada. No obstante, la cuantificación del impacto global sobre la economía en su conjunto debería incluir el
impacto cascada en otros sectores como el consumo lo que desemboca en un enorme perjuicio en la actividad económica global.
El próximo 21 de mayo celebraremos el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, y qué mejor fecha para plantear el profundizar en la importancia del dialogo intercultural, la diversidad y la inclusión para poder
enfrentarnos con más herramientas a la polarización creciente de nuestro mundo y a los estereotipos que nos constriñen y nos encorsetan y así ahondar en un verdadero reconocimiento del otro, de sus valores y sus aspiraciones y, avanzar hacia una
sociedad global más justa e inclusiva.
¿Por qué importa la diversidad?
Las tres cuartas partes de los mayores conflictos tienen una dimensión cultural incluyendo lo lingüístico y el hecho religioso. Superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la libertad, la seguridad, la
estabilidad y el desarrollo. La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo humano como para la cohesión social y la paz. Este reconocimiento mutuo, del valor del otro, implica diálogo y a comprensión mutuas.
Uno de los mayores exponentes de la diversidad es la diversidad lingüística. Hoy en día hay casi 7.100 lenguas en el mundo y de ellas al menos el 43 por ciento de las lenguas que existen en la actualidad están en peligro de extinción, según
estimaciones de la ONU y se calcula que cada dos semanas desaparece una lengua y con ella desaparecen también una comunidad, una identidad, una forma de ver el mundo que enriquece la experiencia humana y constituye parte del acervo cultural de la
humanidad en su conjunto. Los conocimientos generados y acumulados durante siglos por las comunidades indígenas, por ejemplo, se están perdiendo con sus lenguas.
La investigación y la experiencia nos muestran continuamente que las lenguas, la concepción multilingüe de las mismas, son motor económico, factor clave para la paz, para la equidad, para la cohesión social y para el desarrollo sostenible.
Las lenguas no están enfrentadas, aunque haya quien las utiliza siempre como arma arrojadiza. Es crucial el promover el aprendizaje de las lenguas hegemónicas para que todos tengamos las mismas oportunidades de formarnos y de relacionarnos en este
mundo global, pero también hay que otorgar a las lenguas minoritarias el espacio vital que necesitan para poder preservarse, y consolidarse. Es un equilibrio posible, necesario y deseable. Creemos que ese es el camino, ser capaces de mirar al
mundo desde nuestra identidad o múltiples identidades para integrarnos en una sociedad global e interconectada.
Instituciones como la Universidad del País Vasco, en concreto la Cátedra de Ecología Lingüística y Desarrollo y Unesco Etxea en el País Vasco, han trabajado este tema y han llegado a la conclusión de que un nuevo Objetivo de Desarrollo
Sostenible el 18 sería deseable, llegando a compartir esta aspiración con las Naciones Unidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar, de la mano de Naciones Unidas, en aras del reconocimiento y de la inclusión de la protección cultural y lingüística en el seno de la Agenda 2030.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2025.-María Luisa García Gurrutxaga y Daniel Senderos Oraá, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Alberto Teófilo Asarta Cuevas, José María Sánchez García y Jacobo González-Robatto Perote en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento de la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Las Fuerzas Armadas, una institución esencial para España
Pocas instituciones hay en España tan señeras como las Fuerzas Armadas ('FAS'). Son, para nuestro país, 'el elemento esencial de la defensa, y constituyen una entidad única que se Concibe como un conjunto integrador de las formas de acción
específicas de cada uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire' 1.
Los miembros de las FAS ponen sus vidas al servicio de España y de sus necesidades, de hecho, se les exige estar en 'disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario' (artículo 6.1 de la
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, 'LO 9/2022').
En tan insigne tarea arrastran, con no poca frecuencia, graves dificultades y peligros, hasta el punto de que este es el gremio de servidores públicos con mayor siniestralidad laboral. A ello hay que sumar las difíciles condiciones en que
desempeñan su actividad: en el marco de una constante disciplina (regla octava) y obediencia (regla undécima), y teniendo una 'disponibilidad permanente para el servicio' (artículo 22.1 LO 9/2011). Se les exige además 'estar preparado(s) para
afrontar, con valor, abnegación y espíritu de servicio, situaciones de combate' (regla cuarta), así como 'preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos [...] en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas'
(regla tercera).
Con el fin de reconocer la excelsa labor que, para el bien común de España, llevan a cabo las FAS, y para posibilitar y procurar su continuación, es necesario revisar y adecuar las condiciones materiales en que se desempeña.
Segundo. Declaración de profesión de riesgo
Que la de los FAS es una profesión de riesgo es algo que, lamentablemente, se ha demostrado en múltiples ocasiones. Concretamente, desde el año 2011, más de dos centenares de militares han muerto en acto de servicio y 2.312 han sido heridos
2. El último caso ha tenido lugar el 22 de abril durante unas maniobras de la OTAN en Polonia 3.
Asimismo, conviene recordar el papel fundamental que desarrollan los militares ante cualquier catástrofe, ya sea una pandemia, una borrasca o la erupción de un volcán. En los momentos más críticos y peligrosos que afronta la sociedad
española, las Fuerzas Armadas siempre dan un paso al frente.
1 Artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
2 ALACUTÉN, Jacobo: 'Cada 22 días ha muerto un militar español en acto de servicio en la última década y cada dos días ha habido un herido o accidentado', 20 minutos, 20.02.24. Disponible [en línea]:
https://www.20minutos.es/noticia/5220343/0/cada-24-dias-muerto-militar-espanol-acto-servicio-ultima-decada-cada-dos-dias-herido-accidentado/
3 'Llegan a España los restos mortales del cabo Palacios fallecido en unas maniobras en Polonia', 25.04.24. Disponible [en línea]:
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4808807/llegan-espana-restos-mortales-cabo-palacios-fallecido-unas-maniobras-polonia
Sin embargo, a pesar de ser la de las FAS una profesión cuyo ejercicio lleva aparejado un gran riesgo real, esta no se encuentra incluida en el elenco de las profesiones catalogadas como 'de riesgo' ('grupos o actividades profesionales,
cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad' 4). Es de justicia que los militares sean incluidos en ese listado por analogía con el riesgo que asumen
las otras profesiones que en él se contemplan.
Tercero. Conclusiones
Ante la difícil situación que viven nuestros militares, es necesario que desde el Gobierno se pongan en marcha todas las medidas necesarias para subsanar esta situación. Es de justicia que los hombres y mujeres que componen nuestras Fuerzas
Armadas, que empeñan su vida al servicio de España, reciban el agradecimiento de la sociedad a través del cumplimiento de las justas demandas que plantean.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a reconocer la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2025.-Alberto Asarta Cuevas, José María Sánchez García y Jacobo González-Robatto Perote, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar una oferta
educativa plural y en libertad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Constitución Española establece en su artículo 27 que los poderes públicos deben garantizar el derecho de todos a la educación, así como el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación define el sistema educativo en España como un sistema de carácter mixto o dual de redes complementarias, que faciliten el derecho de las familias a elegir en
libertad el modelo educativo de sus hijos. A tal efecto, se instauró la figura del concierto educativo mediante el cual, y a través de la financiación con fondos públicos de centros privados que reúnan los requisitos señalados en la ley, las
familias pueden optar, no solo entre los distintos centros públicos, sino también entre centros de iniciativa social, distintos de los promovidos por los poderes públicos.
Ese carácter mixto o dual ha sido, desde el advenimiento de la democracia en España, garantía de libertad, equidad e igualdad de derechos, toda vez que ha permitido a los padres elegir libremente la educación que quieren para sus hijos
dentro del marco de la Constitución de 1978. Sin embargo, en los últimos tiempos, y sobre todo a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
4 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabaiadores?1dmv&urile=wcm%3Apath%3A%2FPOIN_Contenidos_ca%2FIntemet%2F4983%2F10935%2F10963%2F28393%2F28464%2F
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), esa libertad fundamental se ha visto laminada. Esta situación resulta especialmente gravosa en comunidades como Cataluña, el País Vasco, Navarra o la Comunidad de Madrid, donde el
número de alumnos que estudian en centros concertados es singularmente importante.
La LOMLOE amenaza la viabilidad de estos centros, porque proscribe el concepto de demanda social, que garantice la prestación del servicio público de la educación, y de otro lado, no se contempla una adecuación de los módulos para una
equitativa financiación de la escuela concertada con arreglo a sus necesidades. Todo ello ha suscitado malestar entre los representantes de estas escuelas, que ven cómo desde el Gobierno no se reconoce su labor en el ámbito educativo en términos de
libertad e igualdad de oportunidades
El Gobierno anunció en otoño de 2024, en diferentes ocasiones, que iba a iniciar una serie de reuniones con la escuela concertada para intentar determinar lo que cuesta impartir este tipo de enseñanza, para lo que aprobaría un calendario y
la constitución de unas mesas de negociación. Una iniciativa que responde a un mandato legal, pero de la que no se ha vuelto a tener noticia.
La LOMLOE ha previsto en su disposición adicional octava que el plan de incremento de financiación pública se formularía en el plazo de dos años a partir del momento de entrada en vigor de esta ley, es decir en el año 2023. Este plan debía
incluir las conclusiones a las que a su vez se refiere la disposición adicional vigésima novena respecto a la fijación del importe de los módulos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar:
1. Una oferta educativa plural que defienda la libertad de elección de las familias y la igualdad de oportunidades en su ejercicio, en particular respecto a la educación especial.
2. La gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria en el marco constitucional del derecho a la libertad de enseñanza que estipula el artículo 27 de la Constitución Española.
3. Un modelo de financiación que garantice la igualdad de oportunidades de todos los alumnos en el acceso y permanencia en la educación obligatoria. A tal efecto, fijará un calendario razonable para adecuar el módulo del concierto al coste
real de la enseñanza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2025.-Nacho Martín Blanco, Cristina Agüera Gago, Llanos de Luna Tobarra, Agustín Parra Gallego, Santi Rodríguez Serra, María Elisa Vedrina Conesa, Óscar Clavell López, Óscar Ramajo Prada
y Ester Muñoz de la Iglesia, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.