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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 304, de 18/03/2025
cve: BOCG-15-D-304
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de marzo de 2025
Núm. 304
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al apoyo al proceso de paz y de cumplimiento de derechos humanos en Colombia ... (Página10)
Comisión de Justicia
161/001863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para facilitar la inscripción de los nacimientos en lugar diferente al de residencia ... (Página12)
161/001864 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a regular el ejercicio profesional de la Criminología ... (Página13)
Comisión de Defensa
161/001829 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, para la investigación de los casos de vejaciones, malos tratos y acoso documentados en los cuarteles militares durante las décadas de 1980 y 1990 ...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001859 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para adaptación de las pruebas de acceso a la función pública para las personas con dislexia u otras Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA)
... (Página18)
Comisión de Interior
161/001845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la inclusión de una variable que permita determinar si se ha utilizado simbología fascista en vandalizaciones de sedes de organizaciones
políticas ... (Página19)
161/001848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la regulación del software espía y la protección de los derechos fundamentales ... (Página21)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001832 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la finalización del apeadero intermodal de La Negrilla y la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla ...
161/001838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para defender y mejorar las condiciones de trabajo del sector del transporte de mercancías por carretera ... (Página26)
161/001842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para el establecimiento del servicio del tren de Cercanías en el Bajo Andarax y poniente almeriense ... (Página29)
161/001847 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al proyecto de ampliación de la carretera A-52 para la mejora del acceso a la ciudad de Vigo ... (Página30)
161/001852 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conversión en autovía de la N-432 ... (Página32)
161/001853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estación de Arévalo ... (Página33)
161/001854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el restablecimiento de las paradas facultativas del ferrocarril en Castiello Estación (Huesca) una vez terminadas las obras de restauración
integral de la línea del Canfranc ... (Página35)
161/001855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento del puerto de Vigo como puerto nodal ... (Página36)
161/001856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la reconversión de la carretera nacional N-122 en autovía A-11 desde Zamora capital a la frontera con Portugal ...
161/001857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de Obligación de Servicio Público de la ruta aérea entre Almería y Madrid ... (Página39)
161/001867 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de la ejecución de la A-11 autovía del Duero entre Castrillo de la Vega y Quintanilla de Arriba ...
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la educación y la salud mental ... (Página42)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la bonificación de las cotizaciones sociales durante los periodos de nacimiento y cuidado del menor ... (Página45)
161/001836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al establecimiento de sistemas eficaces de control horario en el ámbito laboral ... (Página46)
Comisión de Industria y Turismo
161/001830 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas a fin de evitar la deslocalización industrial y promover la relocalización de proyectos industriales ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la situación del sector veterinario y el impacto del Real Decreto 666/2023 ... (Página51)
161/001839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar la prestación de servicios sanitarios por parte del Instituto Social de la Marina ... (Página53)
161/001850 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al apoyo y promoción de la producción ecológica ... (Página55)
Comisión de Política Territorial
161/001860 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la restauración de las líneas de autobús que unen Ledaña, El Herrumblar, Alcahozo, Villarta, Villalpardo, Minglanilla, San Clemente,
Casasimarro, Quintanar del Rey, Iniesta, Arcas, Villar del Saz de Arcas, Almodóvar, Gabaldón, Motilla del Palancar, Campillo de Altobuey, Puebla del Salvador y Graja de Iniesta con Valencia ... (Página58)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001834 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los puntos de vertidos de dragados en las rías gallegas, concretamente en la ría de Arousa ... (Página59)
161/001835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la eliminación definitiva de los vertidos y la ampliación de la recuperación de la zona y el litoral de A Ribeiriña, en el término municipal de A Pobra
do Caramiñal ... (Página62)
161/001840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de medidas de control de la expansión de la planaria Postenterogonia orbicularis en las costas españolas ...
161/001862 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de París ... (Página66)
161/001868 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la revisión y renovación urgente de la Estrategia Nacional contra la pobreza energética ... (Página71)
161/001869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para una Hoja de Ruta que mejore la eficiencia de las ayudas y recursos públicos para impulsar los vehículos de bajas emisiones y la aprobación de
un programa de incentivos a la movilidad eléctrica MOVES IV ... (Página74)
Comisión de Cultura
161/001844 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al reconocimiento de Andrés Vázquez de Sola ... (Página78)
161/001846 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de la construcción de la Biblioteca Pública del Estado en Vigo ... (Página80)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la transparencia, supervisión y competencia en el uso de ALIA, la inteligencia artificial del Gobierno ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001861 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la condena de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y la promoción de acciones internacionales para la rendición de cuentas
del régimen Ortega-Murillo ... (Página84)
161/001865 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para seguir fortaleciendo la Alianza para las Vacunas (GAVI) ... (Página86)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001831 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para mitigar los efectos de la hipoacusia ... (Página87)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Industria y Turismo
181/001038 Pregunta formulada por las Diputadas Ester Muñoz de la Iglesia (GP), Franco González, Silvia (GP) y Guardiola Salmerón, Mirian (GP), sobre confirmación del anuncio realizado por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León en una entrevista publicada el día 08/12/2024 en un medio de comunicación leonés, en la que afirmó textualmente que, en los primeros meses de 2025, a comienzos de año, el ministerio anunciaría el inicio de la segunda fase del Parador
de San Marcos en León ... (Página89)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001024 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre valoración acerca de si la dimensión socioeconómica de la actividad pesquera, marisquera y de miticultura de la ría de Arousa, así como sus valores naturales, la
convierten en la ubicación más adecuada para un punto de vertido de lodos y materiales de dragado ... (Página89)
181/001025 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre disponibilidad del Gobierno a adoptar medidas para acabar con los vertidos y, en colaboración con la Administración gallega, llevar a cabo un proyecto de
ampliación de la recuperación del litoral y de la zona de la Ribeiriña en el municipio de A Pobra do Caramiñal, que incluya la adquisición y demolición de la antigua fábrica de HADASA y la recuperación de los terrenos donde se ubica para uso y
disfrute público ... (Página90)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/001039 Pregunta formulada por los Diputados María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Sayas López, Sergio (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP),
Agüera Gago, Cristina (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP) y Argüelles
García, Silverio (GP), sobre gasto en creatividad, comunicación, contratación de medios y redes sociales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana durante el año 2024 ... (Página90)
181/001040 Pregunta formulada por los Diputados María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Sayas López, Sergio (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP),
Agüera Gago, Cristina (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP) y Argüelles
García, Silverio (GP), sobre información acerca de si la Casa de la Arquitectura, dependiente del Ministerio de Vivienday Agenda Urbana, ha procedido a regularizar su organigrama ... (Página91)
181/001041 Pregunta formulada por los Diputados María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Sayas López, Sergio (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP),
Agüera Gago, Cristina (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP) y Argüelles
García, Silverio (GP), sobre desarrollo de alguna auditoria de control en materia de contrataciones, licitaciones o gestión de recursos humanos en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, tal y como se ha realizado en el Ministerio de Transportes
y Movilidad Sostenible, para analizar posibles infracciones en el periodo de gestión del Ministro Ábalos tras los diferentes casos de presunta corrupción que se encuentran abiertos en el ámbito judicial ... (Página91)
181/001042 Pregunta formulada por los Diputados María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Sayas López, Sergio (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP),
Agüera Gago, Cristina (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP) y Argüelles
García, Silverio (GP), sobre número de viviendas públicas que se han construido en estos seis últimos años por parte del Gobierno de Sánchez ... (Página91)
181/001043 Pregunta formulada por los Diputados Joan Mesquida Mayans (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Sayas López, Sergio (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Sastre
Uyá, Miguel Ángel (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP) y Moreno Borrás, Cristina
(GP), sobre políticas que está impulsando el Gobierno para fomentar la colaboración público-privada con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas asequibles ... (Página92)
181/001044 Pregunta formulada por los Diputados Joan Mesquida Mayans (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Sayas López, Sergio (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Sastre
Uyá, Miguel Ángel (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP) y Moreno Borrás, Cristina
(GP), sobre medidas que ha adoptado el Gobierno para movilizar suelo público y suelo finalista con el fin de incrementar la oferta de vivienda ... (Página92)
181/001045 Pregunta formulada por los Diputados Miguel Ángel Sastre Uyá (GP), Sayas López, Sergio (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP) y Garre
Murcia, Cristóbal (GP), sobre previsión acerca de realizar otro intento por parte del Gobierno para impulsar un nuevo Proyecto de Ley del Suelo ... (Página93)
181/001046 Pregunta formulada por los Diputados Cristina Agüera Gago (GP), Sayas López, Sergio (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP) y Garre
Murcia, Cristóbal (GP), sobre justificación de la disminución en el año 2024 de más de 37.000 viviendas en el mercado de alquiler y del problema de la okupación ilegal que se produce en la provincia de Barcelona ...
181/001047 Pregunta formulada por los Diputados Cristina Agüera Gago (GP), Sayas López, Sergio (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP) y Garre
Murcia, Cristóbal (GP), sobre medidas que está llevando a cabo el Gobierno para resolver el problema de la okupación ilegal en nuestro país ... (Página93)
181/001048 Pregunta formulada por los Diputados Joan Mesquida Mayans (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Sayas López, Sergio (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Sastre
Uyá, Miguel Ángel (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Bayón Rolo, Juan Andrés (GP) y Moreno Borrás, Cristina
(GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si la aplicación de incentivos fiscales es una medida efectiva para fomentar la recuperación de viviendas actualmente fuera del mercado de alquiler residencial a efectos de aumentar la oferta disponible ...
(Página93)
Comisión de Cultura
181/001027 Pregunta formulada por los Diputados Julia Parra Aparicio (GP), Montesinos de Miguel, Macarena (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Pascual Rocamora, Sandra (GP),
Melgarejo Moreno, Joaquín (GP), Sánchez Pérez, César (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Alfonso Silvestre, Alma (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Moreno Borrás, Cristina (GP) y Clavell López, Óscar (GP), sobre
valoración de que la Generalitat de Cataluña haya catalogado a la localidad castellonense de Morella como parte de la 'geografía catalana' en un documento oficial titulado 'El marco festivo del fuego en Cataluña' ...
Comisión de Sanidad
181/001032 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP),
Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre
medidas previstas desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ante el hecho de que, con cifras validadas desde el Sindicato Médico de Melilla el pasado mes de diciembre, la tasa de externalización de servicios especializados y pruebas a
empresas privadas de la península ha alcanzado en el último año tasas del 40 % en ambas Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ... (Página94)
181/001033 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP),
Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre
medidas previstas para posibilitar el desarrollo de la excelencia profesional, incluyendo el impulso a la actualización de los programas formativos de las especialidades médicas, el desarrollo del modelo de recertificación de los especialistas, la
planificación del recambio generacional o el liderazgo de las sociedades en las actividades de formación continuada dirigidas a médicos ... (Página95)
181/001034 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP),
Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre
medidas previstas para hacer posible el plan coordinado que garantice la equidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud solicitado desde el Foro Español de Pacientes ante el envejecimiento de la población, el aumento de la polimorbilidad,
la cronicidad y la falta de personal sanitario ... (Página95)
181/001035 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP),
Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre
medidas previstas ante la crítica planteada desde el Sindicato de Enfermería Satse al Ministerio de Sanidad por no mejorar condiciones laborales ... (Página96)
181/001036 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP),
Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre
medidas previstas ante la solicitud planteada desde el Sindicato de Enfermería Satse para que la renovación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, sirva para sentar las bases de
lo que deberá ser el marco básico de condiciones de trabajo, los derechos y deberes, la regulación del desempeño profesional y la cobertura de las necesidades, presentes y futuras ... (Página96)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/001028 Pregunta formulada por el Diputado Pablo Pérez Coronado (GP), sobre previsiones del Gobierno acerca de retirar la participación del CNIO en la empresa Telomere Therapeutics, fundada por María Blasco ...
181/001029 Pregunta formulada por el Diputado Pablo Pérez Coronado (GP), sobre previsiones acerca de exigir la devolución de los sobresueldos indebidamente cobrados por María Blasco durante su etapa como Directora del CNIO, así como acciones
legales que se van a emprender en caso de negativa ... (Página97)
181/001030 Pregunta formulada por el Diputado Pablo Pérez Coronado (GP), sobre valoración que hace el Gobierno sobre las subvenciones públicas que ha recibido María Blasco y su empresa Telomere Therapeutics, así como opinión acerca de si
dichas subvenciones fueron concedidas con los criterios de transparencia y rigor que exige la financiación pública de la investigación ... (Página97)
181/001031 Pregunta formulada por el Diputado Pablo Pérez Coronado (GP), sobre justificación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de su falta de supervisión efectiva sobre el CNIO cuando la Ley de Fundaciones le otorga un
papel de control y garantía de la transparencia y legalidad en su funcionamiento ... (Página97)
181/001037 Pregunta formulada por el Diputado Pablo Pérez Coronado (GP), Torres Tejada, María (GP), sobre medidas previstas por el Gobierno para esclarecer y corregir la desigualdad en la financiación de los viajes de los investigadores del
CNIO ... (Página98)
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001026 Pregunta formulada por el Diputado Antonio Román Jasanada (GP), sobre medidas que piensa adoptar la Dirección General de Tráfico para solucionar el caos y los retrasos injustificados en los exámenes de circulación en la Jefatura
Provincial de Tráfico de Guadalajara, propiciados por la no cobertura de vacantes y bajas de larga duración de examinadores ... (Página98)
Otros textos
PREMIOS
292/000015 Convocatoria de la VII edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario.
Convocatoria ... (Página99)
Designación de los miembros del Jurado ... (Página100)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo al proceso de paz y de
cumplimiento de derechos humanos en Colombia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Colombia ha enfrentado un conflicto armado interno durante más de seis décadas, lo que ha generado más de nueve millones de víctimas entre desplazados forzados, asesinados, desaparecidos y afectados por el conflicto. En 2016, el gobierno
colombiano firmó un histórico Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, con el objetivo de poner fin al conflicto armado y abrir camino hacia la reconciliación y la justicia social. Sin embargo, a pesar de los avances iniciales, la
implementación del Acuerdo ha sido complejo debido a la falta de voluntad política, la oposición de sectores reaccionarios y el resurgimiento de grupos armados ilegales.
La Delegación Asturiana de Verificación del Estado de los Derechos Humanos y la Paz en Colombia lleva documentando veinte años el seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos y del 'Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera' entre el gobierno colombiano y las FARC firmado en agosto de 2016. El incumplimiento del Acuerdo de Paz ha permitido la reconfiguración de la violencia, con la expansión de disidencias de las FARC, el
fortalecimiento del ELN y la consolidación de estructuras paramilitares, como el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales. Estos grupos han asumido el control de vastos territorios, ejerciendo violencia contra comunidades campesinas,
indígenas y afrodescendientes.
El Acuerdo de Paz de 2016 estableció la necesidad de una Reforma Rural Integral, la implementación de políticas de seguridad para la protección de excombatientes y la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repeticion (SVJRNR). Sin embargo, la falta de implementación efectiva ha generado incertidumbre y desconfianza entre las comunidades y excombatientes. Según la ONU, más de 400 firmantes del Acuerdo han sido asesinados desde 2016, lo que evidencia
el incumplimiento de las garantías de seguridad. Aunque el gobierno actual mantenga una voluntad política clara para este Acuerdo de Paz su capacidad de poder es limitada para conseguirlo plenamente.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha avanzado en la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad, imputando a militares, exguerrilleros y agentes estatales por su participación en graves violaciones de derechos humanos.
No obstante, la justicia transicional enfrenta constantes ataques políticos y dificultades en su operatividad. Estas son algunas de las violaciones de derechos humanos en los territorios:
- Catatumbo (Norte de Santander): En febrero de 2025, la región experimentó una crisis humanitaria que resultaron en al menos 100 muertos y más de 50,000 desplazados.
- Amazonia Colombiana (Guaviare, Caquetá, Amazonas, Meta y Putumayo): La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas sobre el riesgo extremo para la población civil.
- Nariño: Miles de personas han sido desplazadas debido a enfrentamientos con ataques dirigidos especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes.
- Cauca: Los indígenas Nasa han sido blanco de violencia por parte de grupos armados ilegales, con asesinatos y confinamiento forzado. Municipios como Argelia han registrado más de 6,500 personas desplazadas en los últimos meses.
- Antioquia: En agosto de 2024, la JEP acusó a nueve militares de crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en la región.
El contexto político en Colombia sigue polarizado, con sectores que buscan desmontar el Acuerdo de Paz y otros que intentan su implementación efectiva. El actual gobierno ha impulsado la estrategia de Paz Total, que busca el diálogo con
múltiples actores armados, pero enfrenta dificultades debido a sectores reaccionarios y la inestabilidad en las regiones más afectadas por la violencia.
Las comunidades rurales siguen sufriendo la ausencia del Estado, lo que facilita el crecimiento de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Según la ONU, más de 200 líderes sociales fueron asesinados en 2024,
consolidando a Colombia como uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos.
El Gobierno español ha desempeñado un papel clave en el apoyo al proceso de paz colombiano, participando en instancias internacionales de verificación y cooperación. Es fundamental fortalecer este compromiso para contribuir a la estabilidad
democrática y la consolidación de la paz en el país. Es necesario validar con todas las herramientas democráticas disponibles al gobierno colombiano para dotarle de poder y reconocimiento en su papel para alcanzar un acuerdo definitivo para la Paz
en el país.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar manifestando su total apoyo a la implementación integral del Acuerdo de Paz, garantizando la participación activa de las comunidades y organizaciones sociales colombianas con un enfoque de género, étnico y territorial.
2. Reforzar su respaldo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición (SVJRNR), asegurando su independencia y funcionamiento con apoyo político y financiero.
3. Promover y respaldar medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
4. Colaborar y apoyar al Gobierno colombiano a acelerar las investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes.
5. Solicitar y respaldar la aplicación integral de las medidas contempladas en el Acuerdo de Paz para el desmantelamiento de grupos paramilitares a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
6. Solicitar a las instituciones de la Unión Europea y organismos internacionales un compromiso más activo en el monitoreo y seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.
7. Impulsar mecanismos de cooperación económica entre España y Colombia para programas de desarrollo rural, inclusión social y protección de víctimas del conflicto armado.
8. Apoyar presupuestariamente a nivel estatal y autonómico a todas aquellas delegaciones y programas de acogida a las víctimas de violencia en nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2025.-Rafael Cofiño Fernández, Teslem Andala Ubbi y Nahuel González López, Diputados.-Verónica Martínez Barbero y Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoces del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR.
Comisión de Justicia
161/001863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar la inscripción de los nacimientos en lugar diferente al de
residencia, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El propósito fundamental de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil fue la adopción de un nuevo modelo de Registro Civil dada la importancia de este, que se ajustase tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como
a la realidad actual de la sociedad española.
El objeto de esa ley era la ordenación jurídica del Registro Civil. En particular, tenía como finalidad regular la organización, dirección y funcionamiento del Registro Civil, el acceso de los hechos y actos que se hacen constar en el mismo
y la publicidad y los efectos que se otorgan a su contenido. Entre esos hechos y actos inscribibles que se refieren a la identidad se encuentra el nacimiento, y da fe con la inscripción del hecho, hora y lugar de nacimiento, así como
identificación, sexo, y en su caso, filiación del inscrito, puesto que tras el nacimiento de un menor surge la obligación legal de su inscripción en el Registro Civil.
Desde la entrada en vigor de la mayoría del articulado de esta ley en octubre de 2021, y durante el periodo transitorio hasta la implementación del nuevo modelo de Registro Civil, los nuevos nacimientos se inscribían en el registro municipal
del lugar en el que se producía el hecho inscribible, existiendo la posibilidad que los nacidos en territorio español, cuando su inscripción se solicitase dentro del plazo, podrían inscribirse en el registro municipal correspondiente al domicilio
del progenitor o progenitores legalmente conocido.
La reforma ha generado evidentes mejoras en el Registro Civil que benefician directamente a los ciudadanos y ciudadanas como son la posibilidad de realizar las inscripciones regístrales desde el mismo hospital en que se produce el
nacimiento, sin necesidad de que los progenitores se desplacen y, en todo caso, una más eficiente utilización de los recursos personales de los registros lo que revierte en la menor demora para la realización de otros trámites.
Pero esta implantación progresiva o transitoria ha obligado a inscribir a los nacidos en el registro civil del lugar donde se ha producido ese nacimiento, normalmente en el lugar del centro médico hospitalario sin que sea posible la
inscripción en el domicilio de sus progenitores.
Es por ello por lo que, una vez detectada una demanda social en favor de la inscripción registral en el municipio de los progenitores y en aras a facilitar la vida de los ciudadanos en todos los municipios, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Habilitar mecanismos legales que permitan realizar la inscripción del nacimiento en el Registro Civil correspondiente al domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos.
2. Estudiar la necesidad de reforma legal de la Ley 20/2011, de 21 de julio, para evitar disfuncionalidades o criterios diferentes, según la localidad o territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2025.-Francisco Aranda Vargas, María Adrio Taracido, Alicia Álvarez González, Andrea Fernández Benéitez, Isaura Leal Fernández, Francisco Lucas Ayala, Margarita Martín Rodríguez, Joaquín
Martínez Salmerón, María Mercè Perea i Conillas, Artemi Rallo Lombarte, Rafaela Romero Pozo y Víctor Javier Ruiz de Diego, Diputados.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se inste al Gobierno a regular el ejercicio profesional de la
Criminología, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Real Decreto 858/2003, de 4 de julio estableció el Título de Licenciatura en Criminología. Posteriormente, en el año 2008, se estableció en nuestro país el título de Graduado/a en Criminología; sin embargo, el ejercicio profesional de
la criminología no gozaba, como otras profesiones, de su correspondiente regulación, donde se señalasen, entre otros aspectos, las condiciones académicas que habilitasen para su ejercicio y la normativa vigente al respecto.
En una sociedad moderna como la nuestra, es impensable que no existiera un marco jurídico que regulase la criminología como profesión. La importancia de esta profesión radica en que desarrolla los aspectos preventivos de la conducta
delictiva, del comportamiento antisocial o desviado y de los problemas de convivencia a través del análisis en profundidad de los fenómenos y problemas sociales vinculados con la delincuencia y la convivencia. Esta fundamental función se realiza
tanto con el análisis de casos concretos, como con el estudio de zonas, poblaciones, comunidades, instituciones y personas.
Esta labor preventiva se desarrolla en todos los ámbitos del control social formal: operadores policiales, jurídicos, penitenciarios y de justicia de menores. También en el ámbito del control social informal, como pueden ser entidades
locales, comunidades, centros educativos, de protección o empresas.
Dependiendo del ámbito de especialización, la Criminología aporta sus conocimientos y soluciones prácticas en los aspectos siguientes:
- En el ámbito policial para la ayuda en la prevención de la delincuencia y reacción frente al delito.
- En el ámbito de la seguridad privada ayudando a la efectiva prevención del delito y la delincuencia, así como la protección de los activos de las empresas.
- En el ámbito judicial, a través de la criminología forense para aportar datos e investigación aplicada a casos concretos en cualquier tipo de jurisdicción (civil, penal, administrativa, social o militar).
- En el ámbito de la ejecución penal, para la evaluación del riesgo de reincidencia y la elaboración de programas efectivos de rehabilitación social, tanto en régimen de cumplimiento, como en el medio abierto; así como la intervención en el
cumplimiento de libertades condicional y vigiladas.
- En el ámbito de la ejecución penal postpenitenciaria, a través de los planes de reinserción social de los penados o la vigilancia postpenitenciaria y su evaluación. Así como el asesoramiento en la calificación y revisión de grado de
cumplimiento.
- En el ámbito de la justicia de menores con el apoyo a las decisiones de fiscales y jueces de menores para la aplicación de medidas o la investigación de casos concretos.
- En el ámbito de los centros de acogida y reforma para elaborar planes de intervención que ayuden en la reeducación de los menores y protección a través de la intervención sobre factores de riesgo.
- En el ámbito de la política criminal con el análisis de iniciativas legislativas, así como el apoyo a diferentes grupos políticos en la elaboración de legislación en el ámbito social y penal a través de la investigación criminológica de
fenómenos sociales y criminales.
- En el ámbito de la formación de todo tipo de operadores que estén en contacto con la reacción y prevención de la delincuencia (policías, jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, directores de seguridad, técnicos y políticos del ámbito
local, regional o nacional).
- En el ámbito de la mediación familiar, civil o penal o penitenciaria y en todos los aspectos de la Justicia Restaurativa.
- En el ámbito empresarial que se ocupa del desarrollo de las funciones propias en la protección de la marca y los productos (prevención de pérdidas), en la investigación en el ciberespacio (ciber inteligencia) o en la elaboración de planes
de compliance penal en todas las empresas, sobre todo con la elaboración de informes, mapas de riesgo y planes de prevención.
- En el ámbito de la seguridad pública con la elaboración de planes y programas preventivos en instituciones locales y regionales, por ejemplo, con la realización de auditorías criminológicas de seguridad y planes de seguridad en
Ayuntamientos, o el desarrollo de programas de prevención del delito a través del diseño urbano.
- En el ámbito de la prevención de problemas de convivencia en centros educativos (Criminología Educativa) a través de auditorías de convivencia y elaboración de planes preventivos, así como elaboración de informes y planes para evitar el
inicio en carreras delictivas o a través de protocolos de mediación y prevención e intervención del acoso escolar y otras formas de violencia.
- En el ámbito de la prevención de la delincuencia grave y organizada, como el terrorismo, sobre todo a través de entidades internacionales y en colaboración con organizaciones policiales. Por ejemplo, la prevención de la radicalización y
terrorismo, o planes de prevención en el ámbito de la trata de seres humanos o la delincuencia relacionada con grandes organizaciones criminales.
- En el ámbito de los análisis de inteligencia en seguridad internacional y geopolítica, a través del análisis de las condiciones criminógenas en diferentes regiones del mundo y su evolución futura. También con labores de mediación en
conflictos internacionales.
- En el ámbito de la exclusión social, donde se analiza la relación con la delincuencia y se elaboran planes de prevención a través de la inclusión social.
- En el ámbito de la denominada delincuencia de cuello blanco, relacionada con la corrupción empresarial y política.
- En el ámbito victimológico en la atención y valoración de todo tipo de víctimas. Por ejemplo, en oficinas de atención a víctimas de delitos, atención a menores víctimas,
víctimas de violencia en general, de violencia machista y de género en particular, así como víctimas de terrorismo. Valoración y tratamiento de la revictimización, así como de la recuperación de víctimas de delitos violentos y sexuales.
Con especial atención a la detección, reacción y prevención de casos de violencia de género, así como la evaluación del riesgo en mujeres y niñas, a través de organismos estatales autonómicos, locales y privados en los que ya existe este tipo de
intervención.
- En el ámbito de la ciber criminología y criminología tecnológica, donde se aportan planes de concienciación a ciber víctimas o ciber prevención primaria, secundaria y terciaria. Con especial atención al factor humano en la delincuencia
tecnológica y cibernética para la prevención de ciberataques.
En definitiva, la Criminología y los criminólogos/as pueden desarrollar sus funciones en un amplio abanico de instituciones públicas y entidades privadas que se encargan de manera directa o indirecta de la mejora de la convivencia y la
seguridad, tanto a nivel nacional, como internacional.
Y, por tanto, una ley que reglamente el ejercicio profesional de la criminología puede dar respuesta a la demanda de estos profesionales para la mejora de la convivencia en nuestro país, así como para aportar su conocimiento y experiencia en
beneficio de todos, con la regulación de la actividad y funciones de la criminología y del ejercicio de la profesión.
Dicho texto normativo podría regular, en diferentes títulos y capítulos la actividad y funciones de la profesión -requisitos académicos, ámbitos de actuación, competencias y funciones- el ejercicio de la profesión, la colegiación, la ética
profesional y en su caso el Estatuto de la profesión y el régimen disciplinario.
Es por ello por lo que, dada la importancia de la profesión de criminología y lo que pueden aportar a la sociedad, así como a diferentes entidades e instituciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un proyecto de ley que regule el ejercicio profesional de la criminología, en el que se contengan las funciones de la profesión, los ámbitos de actuación, sus competencias, la colegiación y el régimen disciplinario, en su caso.
2. Constituir un grupo de trabajo entre representantes del Ministerio de Justicia y los diferentes Colegios profesionales de criminólogos de España para la elaboración conjunta de un texto que se convierta posteriormente en el Estatuto
general de la criminología.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2025.-Francisco Aranda Vargas, María Adrio Taracido, Alicia Álvarez González, Andrea Fernández Benéitez, Isaura Leal Fernández, Francisco Lucas Ayala, Margarita Martín Rodríguez, Joaquín
Martínez Salmerón, María Mercè Perea i Conillas, Artemi Rallo Lombarte, Rafaela Romero Pozo y Víctor Javier Ruiz de Diego, Diputados.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/001829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Francesc-Marc Álvaro y Vidal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
investigación de los casos de
vejaciones, malos tratos y acoso documentados en los cuarteles militares durante las décadas de 1980 y 1990, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El pasado mes de diciembre, el documental Et faran un home sacó a la luz los casos de abusos a miles de jóvenes catalanes y de otros territorios del Estado en cuarteles militares durante los años ochenta y noventa.
Esquerra Republicana preguntó al Gobierno de Cataluña sobre las acciones emprendidas para investigar estos casos, reconocerlos públicamente y reparar moral y económicamente a las víctimas. En su respuesta, el Gobierno de Cataluña afirma no
tener constancia de los hechos relatados en el documental y se desvincula de cualquier gestión al respecto alegando que se produjeron en el pasado.
Esta Proposición no de Ley pretende instar al Gobierno a reconocer y reparar los abusos documentados, corrigiendo demasiados años de silencio e inacción. Los casos documentados revelan un patrón de impunidad y negligencia institucional por
parte de las autoridades militares y civiles, con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus familias. Estos testigos y la investigación han puesto en evidencia que muchos reclutas sufrieron vejaciones, malos tratos y agresiones en un
entorno que debería garantizar su seguridad y bienestar. No sólo representan vulneraciones de los derechos humanos, sino que también expone que los comandantes militares, en muchos casos, incitaban y eran cómplices de estos abusos, fomentando una
cultura de impunidad y violencia sistemática.
El Ministerio de Defensa ha calculado que, de 1983 a 2001, hubo más de 300 suicidios documentados en las fuerzas armadas, aunque con toda probabilidad las cifras reales serían mucho mayores si se tuvieran en cuenta las muertes en extrañas
circunstancias. Durante los años ochenta y noventa, los mandos militares, para evitar posteriores investigaciones, hacían constar en los certificados de defunción que la muerte se había producido por un hecho accidental. Varias familias, a raíz de
la investigación del documental, han sabido que el fallecimiento fue un suicidio propiciado por los abusos y vejaciones sufridos durante su estancia en los cuarteles militares.
Los casos documentados y los pocos datos publicados por el Ministerio de Defensa no representan casos aislados, son parte de una dinámica estructural que ha perdurado a lo largo del tiempo, sin que ninguna autoridad competente haya asumido
responsabilidades.
Las consecuencias de los hechos fueron devastadoras. Desde la publicación del documental, la Televisión Pública de Cataluña ha recibido más de 100 denuncias adicionales de víctimas directas o familiares.
Estos episodios representan un fracaso colectivo que merece una revisión exhaustiva y una reparación moral, simbólica y económica hacia las víctimas. El Grupo Parlamentario Republicano, desde su compromiso con la defensa de los derechos
humanos, la justicia social y la memoria colectiva, considera imprescindible abordar esta cuestión para evitar la repetición de estos hechos y garantizar que la dignidad de las personas no quede en el olvido.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Abrir una investigación exhaustiva e independiente sobre los casos documentados de vejaciones, malos tratos y acoso en cuarteles militares durante las décadas de 1980 y 1990, asegurando la protección de las víctimas, testigos y
familiares.
2. Reconocer públicamente los casos investigados y probados e identificar a los responsables de los estamentos políticos y militares implicados, instando las investigaciones, denuncias y querellas oportunas para depurar las
responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que corresponda.
3. Establecer mecanismos de reparación moral y económica para las víctimas de abusos y acoso durante el servicio militar obligatorio, incluyendo acceso a la asistencia jurídica gratuita y asistencia psicológica para las víctimas y sus
familiares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2025.-Frances-Marc Álvaro i Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància del Diputat Francesc-Marc Álvaro i Vidal, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per la investigació dels
casos de vexacions, maltractaments i assetjaments documentats a les casernes militars durant les dècades de 1980 i 1990 per al seu debat a la Comissió de Defensa.
Exposició de motius
El passat mes de desembre, el documental 'Et faran un home' va treure a la llum els casos d'abusos a milers de joves catalans i d'altres territoris de l'Estat en casernes militars durant els anys 80 i 90.
Esquerra Republicana va preguntar al Govern sobre les accions empreses per investigar aquests casos, reconèixer-los públicament i reparar moralment i econòmicament les víctimes. En la seva resposta, el Govern afirma no tenir constància dels
fets relatats al documental i es desvincula de qualsevol gestió al respecte al·legant que es van produir en el passat.
Aquesta Proposició No de Llei pretén instar el Govern a reconèixer i reparar els abusos documentats, corregint massa anys de silenci i inacció. Els casos documentats revelen un patró d'impunitat i negligència institucional per part de les
autoritats militars i civils, amb conseqüències devastadores per a les víctimes i les seves famílies. Aquests testimonis i la investigació han posat en evidència que molts reclutes van patir vexacions, maltractaments i agressions en un entorn que
hauria de garantir la seva seguretat i benestar. No només representen vulneracions dels drets humans, sinó que també exposa que els comandants militars, en molts casos, incitaven i eren còmplices d'aquests abusos, fomentant una cultura d'impunitat
i de violència sistemàtica.
El Ministeri de Defensa ha calculat que de 1983 a 2001 hi va haver més de 300 suïcidis documentats a les forces armades, tot i que les xifres reals amb tota probabilitat serien molt més altes si es tenen en compte les morts en estranyes
circumstàncies. Durant els anys 80 i 90, els comandaments militars, per evitar investigacions posteriors, feien constar als certificats de defunció que la mort s'havia produït per un fet accidental. Diverses famílies, arran de la investigació del
documental, han sabut que la defunció va ser un suïcidi propiciat pels abusos i vexacions patits durant la seva estança a les casernes militars.
Els casos documentats i les poques dades publicades pel Ministeri de Defensa no representen casos aïllats, son part d'una dinàmica estructural que ha perdurat al llarg del temps, sense que cap autoritat competent hagi assumit
responsabilitats.
Les conseqüències dels fets van ser devastadores. Des de la publicació del documental, la Televisió Pública de Catalunya ha rebut més de 100 denúncies addicionals de víctimes directes o familiars.
Aquests episodis representen un fracàs col·lectiu que mereix una revisió exhaustiva i una reparació moral, simbòlica i econòmica cap a les víctimes. El Grup Parlamentari Republicà, des del seu compromís amb la defensa dels drets humans, la
justícia social i la memòria col·lectiva, considera imprescindible abordar aquesta qüestió per evitar la repetició d'aquests fets i per garantir que la dignitat de les persones no quedi en l'oblit.
Per tot el que s'ha exposat, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a:
1. Obrir una investigació exhaustiva i independent sobre els casos documentats de vexacions, maltractaments i assetjaments en casernes militars durant les dècades de 1980 i 1990, assegurant la protecció de les víctimes, testimonis i
familiars.
2. Reconèixer públicament els casos investigats i provats i identificar els responsables dels estaments polítics i militars implicats instant les investigacions, denúncies i querelles oportunes per depurar les responsabilitats
administratives, patrimonials i penals que correspongui.
3. Establir mecanismes de reparació moral i econòmica per a les víctimes d'abusos i assetjament durant el servei militar obligatori, incloent-hi accés a l'assistència jurídica gratuïta i suport psicològic per a les víctimes i els seus
familiars.'
Congrés dels Diputats, 3 de març de 2025.-Frances-Marc Álvaro i Vidal, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del G. P. Republicà.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para adaptación de las pruebas de
acceso a la función pública para las personas con dislexia u otras Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La dislexia es una Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico que afecta aproximadamente al 10 % de la población mundial. Se caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras
escritas, así como por déficits en las habilidades de decodificación lectora y deletreo. Estas dificultades, aunque surgen en la infancia, persisten en la edad adulta e interfieren significativamente en diversos ámbitos, incluido el acceso a la
Función Pública.
En el ámbito educativo, las personas con dislexia cuentan con adaptaciones que les permiten mitigar los efectos de su condición tanto en el aprendizaje como en los exámenes. Sin embargo, al acceder a los procesos selectivos para la Función
Pública, estas adaptaciones no están debidamente contempladas, generando una situación de desigualdad frente al resto de aspirantes, algo que contribuye a perpetuar la discriminación de este colectivo de personas.
La Constitución Española garantiza la igualdad de trato para todos los ciudadanos, expresada en los artículos 14, 23 y 103. El artículo 14 establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El artículo 23 refuerza el derecho de las personas a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad. Sin embargo, al no
implementarse las adaptaciones necesarias en los procesos selectivos, se les priva de la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, lo que vulnera este derecho constitucional.
Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que la diferenciación en el trato no constituye una violación de la igualdad cuando se fundamenta en razones objetivas y proporcionales, como sería el caso de la implementación de
adaptaciones para personas con dislexia en los procesos selectivos. Estos ajustes no buscan favorecer a un grupo específico, sino eliminar las barreras que impiden la igualdad real de oportunidades, alineándose con los principios de mérito y
capacidad exigidos por la Constitución.
En el ámbito educativo, ya se han implementado adaptaciones para las personas con dislexia en las pruebas de acceso a la universidad, respaldadas por informes de profesionales colegiados que acreditan la necesidad de tales ajustes. Sin
embargo, en los procesos selectivos de la Función Pública, estas adaptaciones no se han extendido de manera uniforme y consensuada, generando una disparidad de adaptaciones que contribuyen a la discriminación y vulneran los derechos de este
colectivo.
En este contexto, es imprescindible que se establezcan regulaciones nacionales consensuadas y unificadas para garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos selectivos de la Función Pública para las personas con dislexia, algo que
no supone un menoscabo en la adquisición del nivel de conocimiento exigido para la superación de los distintos procesos selectivos, sino que representa una medida de accesibilidad jurídicamente exigible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los principios constitucionales de mérito y capacidad, implementando de forma consensuada y unificada las medidas necesarias de
adaptación específicas en los procesos selectivos de la Función Pública para las personas con dislexia u otras Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Ángel Ibáñez Hernando, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Puy Fraga, José Enrique Núñez Guijarro, Carmelo Barrio Baroja, María Pilar Alía Aguado, Félix de las
Cuevas Cortés, Carlos Gil Santiago, Alfonso Carlos Macías Gata, José Vicente Marí Bosó, Pedro Muñoz Abrines y Álvaro Pérez López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/001845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión de una variable que permita determinar si se ha
utilizado simbología fascista en vandalizaciones de sedes de organizaciones políticas, para su debate en la Comisión de Interior.
En los últimos años los ataques a sedes de organizaciones y colectivos de izquierdas perpetrados por la extrema derecha se han convertido en acciones habituales y frecuentes. Estos ataques, son prácticas que tratan de desmovilizar a un
colectivo u organización a través de las amenazas, el miedo y la intimidación. A pesar de todo ello, no existen cifras exactas sobre esta cuestión, debido a que el organismo encargado de contabilizarlas no dispone de las variables concretas que las
diferencian de otro tipo de delitos.
El sistema estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior es el encargado de contabilizar los delitos cometidos en este país, sin embargo, no cuenta con las herramientas necesarias para enumerar las infracciones o delitos penales en
los que se emplean símbolos fascistas. En innumerables ocasiones, las sedes de partidos políticos, organizaciones o asociaciones progresistas han sido atacadas por su ideología y los valores que defienden, y habitualmente estas agresiones se ven
acompañadas por simbologías fascista y nazi, como los fasces o la esvástica. La laguna técnica en las variables existentes en el sistema permite que en dichas agresiones se pueda enaltecer este tipo de simbología y esto no quede reflejado en el
sistema dependiente del Ministerio del Interior. Este sistema se creó con la finalidad de facilitar a la ciudadanía información sobre la actividad delictiva, y la utilización de este tipo de simbología es un delito que no se está enumerando y
clasificando correctamente.
La exaltación de simbología fascista o nazi es un delito reconocido en el ordenamiento jurídico de este país, por lo que es imprescindible activar este mecanismo y añadir la variable correspondiente al sistema. Según el 'Informe sobre la
evolución de los delitos de odio en España 2023', el 15,56 % de los delitos de odio cometidos fueron ideológicos, sin embargo, el Ministerio del Interior tampoco realiza una enumeración que permita identificar los delitos que se perpetran desde el
ámbito de la extrema derecha. Es preocupante, en este sentido, que en ese mismo año los delitos de odio en el ámbito ideológico en las redes sociales hayan incrementado un 71 %, las redes son espacios desde los que la extrema derecha puede cometer
delitos de odio contra colectivos o asociaciones progresistas con impunidad y sin ningún tipo de sanción, a través del anonimato.
Desde que se le formuló una pregunta escrita al Gobierno el día 20 de agosto de 2024, sobre el número de sedes de organizaciones o partidos que han sido atacadas con simbología fascista, no se han hecho los esfuerzos suficientes, a través de
las instituciones competentes, para comenzar a contabilizar este tipo de ataques, lo que supondría un avance democrático ante estas agresiones.
Según el artículo 35 de la Ley 20/2022 establece que se consideran elementos contrarios a la memoria democrática aquellos símbolos que exaltan, personal o colectivamente, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes,
participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser
ilegal portar y exaltar este tipo de simbología, los colectivos de extrema derecha los utilizan en sus concentraciones y actos como los producidos en 2023 frente a la sede del PSOE en Ferraz.
Por todo esto, es necesaria la creación de un archivo o una variable dentro del sistema estadístico de criminalidad en el que se especifique si en la infracción o delito cometido se ha empleado simbología fascista o nazi para poder
contabilizar este tipo de infracciones y delitos. Con la creación de la variable o archivo que contabilice el uso o enaltecimiento de simbología nazi o fascista en cualquier infracción o delito penal cometido, se podrán elaborar informes
estadísticos para determinar si estos tipos de agresiones suponen realmente un peligro para la libertad de asociación y reunión.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Incluir en el Sistema Estadístico de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior, una variable que permita determinar si se ha utilizado simbología fascista en infracciones penales de daños.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001848
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre la regulación del software espía y la protección de los derechos fundamentales.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto segundo ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este
acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero y Francesc-Marc Álvaro Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la regulación del software espía y la protección de los derechos fundamentales para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En los últimos años, se ha constatado el aumento del uso de software espía (spyware) por parte de algunos Estados, lo que puede suponer graves vulneraciones de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la privacidad, a la
protección de datos y a la libertad de expresión. Según el informe de la Comisión de Venecia, el uso indebido de este tipo de tecnología puede dar lugar a abusos en materia de vigilancia masiva, poniendo en riesgo la democracia y el Estado de
derecho.
El impacto de estas herramientas se ha hecho evidente con el caso Pegasus, un software espía comercializado por la empresa israelí NSO Group y utilizado por diversos Estados para espiar a periodistas, abogados, activistas y opositores
políticos. Esta situación ha generado una preocupación internacional e impulsado la necesidad de regular su utilización.
Un caso especialmente grave en este contexto es el conocido como Catalangate, revelado por Citizen Lab en 2022, donde se descubrió que el software espía Pegasus y Candiru había sido utilizado para espiar al menos a 65 personas vinculadas al
movimiento independentista catalán, incluyendo miembros del Gobierno, eurodiputados, abogados, activistas y periodistas. Este escándalo generó una indignación generalizada tanto en Cataluña como a nivel internacional, ya que se trataba de una clara
violación del derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la participación democrática.
Las investigaciones posteriores evidenciaron que el espionaje se había llevado a cabo sin las garantías jurídico-procesales necesarias y sin el conocimiento ni el consentimiento de las personas afectadas. Esto ha puesto de manifiesto la
falta de mecanismos de control adecuados y la necesidad urgente de una regulación estricta que impida abusos similares en el futuro. El Parlamento Europeo abrió una investigación sobre el caso, denunciando la falta de transparencia y la ausencia de
respuestas claras por parte de las autoridades implicadas.
Esta vulneración masiva de los derechos fundamentales no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de un patrón global de uso de software espía por parte de Estados que buscan controlar a disidentes, restringir la libertad de expresión
y limitar los derechos de las minorías políticas. Por este motivo, la regulación del uso de estas tecnologías es una necesidad urgente para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar que ningún gobierno pueda utilizarlas
impunemente con fines represivos.
La Comisión de Venecia, en su informe, establece una serie de garantías mínimas que deberían implementarse para asegurar que el uso del software espía se realice de acuerdo con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Estas recomendaciones incluyen la necesidad de una regulación clara y accesible, la limitación del uso de estas tecnologías a casos justificados y bajo supervisión judicial, la prohibición de su uso contra determinados grupos protegidos y la
existencia de mecanismos de supervisión y transparencia.
Por todo lo expuesto, se plantea la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Instar la aprobación de una legislación específica para regular el uso del software espía, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y al conjunto del ordenamiento jurídico y estableciendo criterios claros de legalidad,
necesidad y proporcionalidad. Esta regulación deberá centrarse en los siguientes preceptos:
a. Limitar estrictamente el uso de software espía a casos de criminalidad grave o amenazas a la seguridad nacional, con autorización judicial previa y revisión periódica de su necesidad.
b. Prohibir el uso de software espía contra determinadas categorías de personas, como periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y representantes políticos, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
c. Crear un organismo independiente de supervisión que vele por la adecuada utilización de estas tecnologías y garantice la protección de los derechos fundamentales.
d. Exigir transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades que utilicen software espía, incluyendo la publicación de informes periódicos sobre su uso e impacto.
e. Notificar obligatoriamente a los afectados, una vez finalizada la investigación, salvo en los casos en que la seguridad nacional lo impida justificadamente.
f. Regular la exportación y comercialización de software espía, estableciendo criterios estrictos para evitar su venta a regímenes autoritarios o entidades que puedan utilizarlo para vulnerar derechos humanos.
g. Destruir inmediatamente la información no pertinente obtenida mediante el uso de software espía, con el fin de minimizar riesgos de abusos e incumplimientos en materia de protección de datos.
h. Fomentar la adopción de estándares internacionales en materia de regulación del software espía, colaborando con otros Estados e instituciones internacionales para establecer mecanismos comunes de control y supervisión.
2. Impulsar un debate parlamentario y social sobre el impacto del software espía en la democracia y los derechos fundamentales, promoviendo una regulación que garantice un equilibrio entre seguridad y libertades ciudadanas.
3. Comunicar la adopción de estos compromisos a la Comisión de Venecia, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instancia dels diputats Gabriel Rufián Romero i Francesc Marc Álvaro Vidal, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei
sobre la regulació del programari espia i la protecció dels drets fonamentals per el seu debat a la Comissió d'Interior.
Exposició de Motius
En els darrers anys, s'ha constatat l'augment de l'ús de programari espia (spyware) per part d'alguns Estats, el qual pot suposar greus vulneracions dels drets fonamentals, especialment el dret a la privacitat, a la protecció de dades i a la
llibertat d'expressió. Segons l'informe de la Comissió de Venècia, l'ús indegut d'aquest tipus de tecnologia pot donar lloc a abusos en matèria de vigilància massiva, posant en risc la democràcia i l'estat de dret.
L'impacte d'aquestes eines s'ha fet evident amb el cas Pegasus, un programari espia comercialitzat per l'empresa israeliana NSO Group i utilitzat per diversos Estats per espiar periodistes, advocats, activistes i opositors polítics. Aquesta
situació ha generat una preocupació internacional i ha impulsat la necessitat de regular la seva utilització.
Un cas especialment greu en aquest context és el conegut com Catalangate, revelat per Citizen Lab el 2022, on es va descobrir que el programari espia Pegasus i Candiru havia estat utilitzat per espiar almenys 65 persones vinculades al
moviment independentista català, incloent-hi membres del Govern, eurodiputats, advocats, activistes i periodistes. Aquest escàndol va generar una indignació generalitzada tant a Catalunya com a nivell internacional, ja que es tractava d'una clara
violació del dret a la privacitat, a la llibertat d'expressió i a la participació democràtica.
Les investigacions posteriors van evidenciar que l'espionatge s'havia dut a terme sense les garanties jurídico-processals necessàries i sense el coneixement ni el consentiment de les persones afectades. Això ha posat de manifest la manca de
mecanismes de control adequats i la necessitat urgent d'una regulació estricta que impedeixi abusos similars en el futur. El Parlament Europeu va obrir una investigació sobre el cas, tot denunciant la falta de transparència i l'absència de
respostes clares per part de les autoritats implicades.
Aquesta vulneració massiva dels drets fonamentals no és un fet aïllat, sinó que s'emmarca dins d'un patró global d'ús de programari espia per part d'Estats que busquen controlar dissidents, restringir la llibertat d'expressió i limitar els
drets de les minories polítiques. Per aquest motiu, la regulació de l'ús d'aquestes tecnologies és una necessitat urgent per protegir els drets fonamentals dels ciutadans i garantir que cap govern pugui utilitzar-les impunement amb finalitats
repressives.
La Comissió de Venècia, en el seu informe, estableix una sèrie de garanties mínimes que haurien de ser implementades per assegurar que l'ús del programari espia es faci d'acord amb els principis de legalitat, necessitat i proporcionalitat.
Aquestes recomanacions inclouen la necessitat d'una regulació clara i accessible, la limitació de l'ús d'aquestes tecnologies a casos justificats i sota supervisió judicial, la prohibició del seu ús contra determinats grups protegits i l'existència
de mecanismes de supervisió i transparència.
Per tot l'exposat, es planteja la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a:
1. Instar a l'aprovació d'una legislació específica per regular l'ús del programari espia, garantint el respecte als drets fonamentals i al conjunt de l'ordenament jurídic, i establint criteris clars de legalitat, necessitat i
proporcionalitat. Aquesta regulació s'haurà de centrar en els següents preceptes:
a. Limitar estrictament l'ús de programari espia a casos de criminalitat greu o amenaces a la seguretat nacional, amb autorització judicial prèvia i revisió periòdica de la seva necessitat.
b. Prohibir l'ús de programari espia contra determinades categories de persones, com periodistes, advocats, defensors de drets humans i representants polítics, excepte en casos excepcionals degudament justificats.
c. Crear un organisme independent de supervisió que vetlli per l'adequada utilització d'aquestes tecnologies i garanteixi la protecció dels drets fonamentals.
d. Exigir transparència i rendició de comptes per part de les autoritats que utilitzin programari espia, incloent-hi la publicació d'informes periòdics sobre el seu ús i impacte.
e. Notificar obligatòriament als afectats, un cop finalitzada la investigació, llevat de casos en què la seguretat nacional ho impedeixi justificadament.
f. Regular l'exportació i comercialització de programari espia, establint criteris estrictes per evitar la seva venda a règims autoritaris o entitats que puguin utilitzar-lo per vulnerar drets humans.
g. Destruïr immediatament la informació no pertinent obtinguda mitjançant l'ús de programari espia, per tal de minimitzar riscos d'abusos i incompliments de la protecció de dades.
h. Fomentar l'adopció d'estàndards internacionals en matèria de regulació del programari espia, col·laborant amb altres Estats i institucions internacionals per establir mecanismes comuns de control i supervisió.
2. Impulsar un debat parlamentari i social sobre l'impacte del programari espia en la democràcia i els drets fonamentals, promovent una regulació que garanteixi un equilibri entre seguretat i llibertats ciutadanes.
3. Comunicar l'adopció d'aquests compromisos a la Comissió Venècia, al Parlament Europeu i a la Comissió Europea.'
Congrés del Diputats, 5 de març de 2025.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del G. P. Republicà.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, María de los Reyes Romero Vilches, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la finalización del apeadero intermodal de La Negrilla y la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el
Aeropuerto de Sevilla, para su discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La inversión de infraestructuras por parte del Estado supone una pieza fundamental para el desarrollo económico y social de una urbe. Tal es así que, según varios organismos internacionales, 'existe una relación positiva entre el capital
público per cápita y el PIB per cápita en las economías avanzadas, lo que se refleja en un mayor bienestar' 1.
En España, la falta de inversión en proyectos estratégicos de transporte ha generado una situación insostenible en los últimos años 2. Sevilla es un claro ejemplo de este déficit, ya que su red de infraestructuras no se ha desarrollado en
consonancia con el crecimiento poblacional de la ciudad 3. Desde la construcción de las infraestructuras para la 'Expo 92', la inversión per cápita en la capital hispalense se mantiene entre las más bajas del país 4, afectando tanto a la calidad de
vida de los residentes, como a la competitividad económica de la región.
Uno de los puntos críticos de la red de transporte hispalense es la falta de conexión efectiva entre la línea C-4 de Cercanías y la línea 1 de Metro de Sevilla. El Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 2007 ya contemplaba la
creación de un intercambiador en la zona de La Negrilla, y los terrenos necesarios para su construcción están expropiados y dentro del dominio público 5. Sin embargo, no se han destinado fondos ni se ha proyectado la ejecución de esta
infraestructura; y, por su parte, la Junta de Andalucía ha manifestado su intención de participar en el mismo, pero tampoco ha aprovisionado fondos a tal efecto 6.
La terminación del apeadero intermodal en la variante ferroviaria de La Negrilla, a la altura de la estación de 'Guadaña', es una necesidad urgente que no puede seguir postergándose. Este permitirá una conexión directa entre el Cercanías y
el Metro, facilitando el acceso al centro de la ciudad y reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento. Se trata de una medida que responde a una demanda histórica de los vecinos de Sevilla y de su área metropolitana, quienes llevan
años reclamando soluciones eficaces para mejorar el transporte público 7.
A esta carencia se suma la falta de una conexión ferroviaria entre la Estación de Sevilla-Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla-San Pablo, reflejo de la inacción del Gobierno en materia de infraestructuras para la ciudad. La ausencia de
este enlace impide una movilidad fluida entre el principal nodo ferroviario y el aeropuerto, afectando tanto a residentes como a turistas y repercutiendo negativamente en el futuro de la región. Además, la Unión Europea ha establecido que el
Gobierno debe garantizar una conexión ferroviaria con los aeropuertos que registren más de cuatro millones de pasajeros anuales, como es el caso de Sevilla 8. A pesar de ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue demorando el
proyecto, con un estudio informativo contratado en marzo de 2023 que aún permanece 'en fase de redacción' 9.
Resulta imprescindible que el Estado acometa de inmediato las actuaciones necesarias para la finalización del apeadero intermodal y la conexión ferroviaria con el aeropuerto, con
1 https://www.ieemadrid.es/2023/10/17/la-inversion-en-infraestructuras-el-modelo-concesional-como-palanca-del-crecimiento-economico-y-social/
2 https://cincodias.elpais.com/compañías/2024-12-09/seopan-reclama-el-despliegue-de-hasta-150000-millones-de-inversion-en-infraestructuras-de-transporte.html
3 https://www.diariodesevilla.es/sevilla/area-metropolitana-sevilla-eclipsa-crecimiento-poblacion-capital_0_2003004701.html
4 https://www.abc.es/sevilla/ciudad/sevi-sevilla-cola-inversion-infraestructuras-desde-1985-202110160711_noticia_amp.html
5 Página 10 https://web.urbanismosevilla.org/planeamientopgou/pdfs/02_TR_M_ORDENACION/02_T R_MO_04_M.PDF
6 https://www.diariodesevilla.es/sevilla/intercambiador-Guadaira-Junta-dinero-Estado-apeadero-Cercanias-Metro_0_1863714207.html
7 https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pleno-sevilla-insta-construir-intercambiador-cercanias-metro-variante-ferroviaria-negrilla-20240222165054.html
8 https://www.diariodesevilla.es/Sevilla/ue-obliga-sevilla-tren-aeropuerto-santa-justa_0_2001747598.html
9 https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=viéw&jniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XV&_imciativas_id=184/015085
el objetivo de dar solución rápida y efectiva a los graves problemas de transporte en la ciudad de Sevilla. Solo mediante una acción coordinada y decidida se podrá garantizar que estas infraestructuras críticas sean una realidad en el menor
tiempo posible.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las actuaciones siguientes:
1. Finalizar, en el plazo más breve posible, el apeadero intermodal en la variante ferroviaria de La Negrilla, a la altura de la estación 'Guadaíra' de la línea 1 del Metro de Sevilla, permitiendo el transbordo entre la línea C-4 de
Cercanías y dicha línea de metro.
2. Establecer, dentro de la presente legislatura, una conexión ferroviaria entre la Estación de Sevilla-Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla-San Pablo, proveyendo para ello de los recursos económicos necesarios para su ejecución.
3. Suscribir los convenios oportunos con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla con el fin de acometer las anteriores medidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2025.-María de los Reyes Romero Vilches, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías, Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías Y Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para defender y mejorar las condiciones de trabajo del sector del transporte de mercancías por carretera, para su discusión en la Comisión de Transportes y
Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El transporte por carretera es un pilar fundamental de nuestra economía. En términos de tonelada-kilómetro, es responsable del 96 % del movimiento de mercancías en España, y el 75 % nuestras exportaciones a la Unión Europea se transportan
por carretera 10. Sin embargo, en los últimos años, el sector atraviesa una profunda crisis que amenaza tanto a quienes trabajan en él como al conjunto de la sociedad, marcada por el aumento de los costes, la inseguridad jurídica marcada por los
constantes cambios normativos -especialmente en materia de descarbonización- la falta de conductores profesionales 11, o la creciente inseguridad en las áreas de descanso, donde los camioneros denuncian que no hay suficientes instalaciones seguras
en las que descansar, comer y asearse durante sus viajes 12.
Con relación a lo inmediatamente referido, en los últimos cinco años, se registraron en España 712 incidentes cuyas pérdidas económicas ascendieron a más de quince millones de euros. Además, el 17 % de los transportistas declara haber
sufrido algún robo y, de ellos, más de la mitad se cometieron en áreas de descanso. En el 60 % de estos casos, los
10 https://www.autonomosenruta.com/transporte-mercancías/sector/perspectivas-2025
11 Ibidem.
12 https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2024/05/26/los-transportistas-denuncian-inseguridad-y-colapso-en-areas-de-descanso-y-piden-instalar-mas-por-toda-europa-radio-valencia/
robos no se limitaron a la mercancía, e incluyeron también el vehículo 13. A ello se suma un preocupante incremento de ataques contra la integridad física de los conductores, que afecta al 21 % de los transportistas que han sufrido estos
robos. Como resultado, los trabajadores del sector exigen más presencia policial, mejor iluminación, controles de acceso más estrictos y la instalación de más cámaras de seguridad en las áreas de descanso 14.
Por otra parte, con más de cien muertes anuales, el sector del transporte de mercancías por carretera es uno de los sectores con mayor índice de accidentes laborales mortales 15 y el 45 % de ellos los sufren trabajadores de más de 55 años
16. En gran parte por ello, los transportistas denuncian la falta de relevo generacional y critican los elevados precios de las tasas que se han de abonar para obtener la licencia de conducción de camiones, los requisitos y trámites específicos que
se exigen para ejercer como gestor de transporte y la falta de ayudas a los jóvenes que buscan incorporarse al sector 17. Como consecuencia de estos factores, España enfrenta un déficit de 40.000 camioneros, y la situación se tomará aún más
complicada dado que uno de cada tres trabajadores del sector alcanzará la edad de jubilación en la próxima década. Si no se toman medidas urgentes, el sector corre el riesgo de colapsar. Según los afectados, la clave para revertir esta situación
es revalorizar la profesión y hacerla más atractiva para los jóvenes que buscan un empleo estable. Sin embargo, el Gobierno permanece ajeno a sus demandas y se ha limitado a homologar carnés marroquíes sin exigir que estos conductores hagan frente
a los requisitos que se imponen a los conductores españoles 18.
Finalmente, la falta de criterios objetivos en la elección de sus representantes en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) -el organismo que representa los intereses del sector ante la administración pública- supone una de
las quejas más recurrentes en el sector. Los criterios que determinan la representatividad en el mismo venían recogidos en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres y en la Orden FOM/1353/2005, de 9 de mayo, por la que se regula el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Según el artículo 55 del mencionado Real Decreto, 'la representatividad de las asociaciones [...] será igual a
la suma del número de empresas asociadas, multiplicado por 0,20, más el número de trabajadores que estas tengan en situación de alta en la Seguridad Social, multiplicado por 0,80' 19; lo que favorece a las grandes empresas en detrimento de los
autónomos y las PYMES 20.
El problema se agrava aún más por la falta de transparencia en la composición del CNTC. Así lo acreditó la Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se convoca a las confederaciones,
federaciones y asociaciones profesionales de transportistas y de empresas de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera para que acrediten su representatividad con el fin de revisar la composición del Comité Nacional del
Transporte por Carretera. Esta señalaba que, si bien el sector del transporte de mercancías por carretera estaba compuesto en un 90 % por autónomos y PYMES, el CNTC está copado por grandes empresas que, al actuar como intermediarias y contratistas,
tienen acceso a los datos empresariales de los pequeños transportistas y consolidan, así, su influencia en el comité. Por ello, el sector exige la celebración de elecciones limpias y transparentes que garanticen que todas las voces sean escuchadas
y participen en la toma de decisiones. Sólo así
13 https://www.larazon.es/motor/donde-cuando-roban-mas-transportistas-sus-camiones_20231227658be0fed7b0c30001ad4c8e.html.
14 https://transporteprofesional.es/reportajes-transporte/dossier-parkings-de-camiones-solos-ante-el-peligro.
15 https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat23/ATR_2023_Completa.pdf.
16 https://cadenaser.com/nacional/2024/10/05/se-buscan-conductores-cadena-ser/.
17 https://cadenaser.com/nacional/2024/10/05/yo-para-ser-feliz-no-quiero-un-camion-una-profesion-sin-relevo-generacional-cadena-ser/.
18 https://www.elespanol.com/espana/20240328/gobiemo-cumple-rabat-camioneros-marroquis-pueden-canjear-camet-sin-examen/84266591l_0.html.
19 https://www.boe.es/buscar/act.php7icHBOE-A-1990-24442 u.
20 https://www.diariodetransporte.com/articulo/mercancias/propuesta-plataforma-defensa-sector-transporte-cambiar-elecciones-cntc/20250130220259099862.html.
podrá garantizarse un cierto equilibrio y se evitará que una minoría decida sobre el futuro de la profesión 21.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Desarrollar una estrategia nacional para garantizar el relevo generacional en el sector, que incluya, al menos, las siguientes medidas:
a. Reducción de las tasas públicas para la obtención de las licencias de conducción de camiones.
b. Flexibilización de los requisitos y trámites para ejercer como gestor de transporte en España.
c. Concesión de ayudas a jóvenes para la creación o adquisición de empresas de transporte de mercancías por carretera.
d. Reducción de impuestos y cargas sociales a las empresas del sector que contraten jóvenes trabajadores.
2. Mejorar las infraestructuras de transporte por carretera y, en particular:
a. Invertir en áreas de descanso con el objetivo de incrementar el número de aparcamientos seguros en España para el sector del transporte de mercancías por carretera.
b. Reforzar la seguridad en polígonos y áreas de servicio existentes, mediante un plan de vigilancia que prevenga robos de camiones y mercancías.
c. Garantizar que los centros de carga y descarga cuenten con instalaciones adecuadas, incluyendo zonas para descanso, alimentación, higiene y gestión documental.
d. Impulsar la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea para reforzar la seguridad en la Red Transeuropea de Transporte.
3. Derogar el Acuerdo con Marruecos que permite la homologación de carnés de conducir de camiones marroquíes, garantizando que cualquier reconocimiento de estas licencias cumpla con los mismos requisitos exigidos a los conductores
españoles.
4. Impulsar los cambios normativos necesarios para:
a. Actualizar las tablas de enfermedades profesionales de los conductores de transporte por carretera, adaptándolas a las condiciones actuales y a las nuevas contingencias del sector.
b. Modificar la normativa sobre representatividad en el Comité Nacional de Transporte para garantizar una representación equitativa. Los criterios de acceso deben reflejar fielmente la realidad del sector, asegurando la adecuada
representación de autónomos y pequeños empresarios, que constituyen su base principal.
c. Reconocer el papel fundamental de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas en el transporte de mercancías por carretera, promoviendo medidas que refuercen su competitividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2025.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
21 https://www.diariodetransporte.com/articulo/mercancias/propuesta-plataforma-defensa-sector-transporte-cambiar-elecciones-cntc/20250130220259099862.html.
161/001842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento del servicio
del tren de cercanías en el Bajo Andarax y poniente almeriense, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En la zona geográfica del poniente almeriense se ha conformado una región urbana con una población de unos 500.000 habitantes (dos tercios de la población provincial) que multiplica por 0,6 su población estival, hasta alcanzar los 800.000
residentes; y está dividida en dos ámbitos de ordenación del territorio: el Poniente, por un lado, y la aglomeración urbana de Almería por el otro. Esta región urbana no dispone de ferrocarril, aunque está situada en pleno Corredor Mediterráneo,
ni dispone de un sistema multimodal de transporte que se fundamente en el criterio de la proximidad, cuando ésta es clave para reducir las necesidades de transporte de forma que se organice la actividad productiva, educativa, sanitaria y de
bienestar social, la vida cotidiana, en el marco de la transición ecológica justa.
La Unión Europea pretende alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, que las emisiones de gases con efecto invernadero sean iguales a la absorción natural de dichos gases por bosques, agua del mar y demás sumideros de CO2, y para
ello es preciso reducir en un 90 % las emisiones del transporte de ahora hasta el 2050. Entre otras medidas previstas, se pretende que una parte sustancial del 75 % del transporte interior de mercancías, que ahora se realiza por carretera, pase al
tren y al transporte fluvial.
El Corredor Mediterráneo, en su faceta ferroviaria, unirá Algeciras con la frontera entre Hungría y Ucrania en 2030, cuando se ponga en servicio la Red Básica Ferroviaria Transeuropea. Dicha red ferroviaria nace de la política de la Unión
Europea que se plasmó en el Libro Blanco 'Hoja de ruta hacia una único Espacio Europeo de Transporte', de 2011, cuyo objetivo es establecer un sistema de transporte sostenible para toda la UE, que preste servicio a las necesidades de la ciudadanía
europea, incluida su vida económica, mientras se enfrentan la escasez de petróleo, la inmediata reducción de las emisiones de gases con efecto de invernadero o la necesaria defensa de la calidad del aire.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar las siguientes actuaciones, en coordinación con las Administraciones públicas competentes:
1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que se establezca en el Poniente Almeriense una nueva línea ferroviaria de vía doble electrificada y dotada del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, Ertms, que permita la
puesta en funcionamiento de la línea de trenes de cercanías del Poniente, servicio que se una a la necesaria línea del tren de cercanías del Bajo Andarax, estando esta última situada en la línea férrea que conecta Almería con Guadix, Moreda,
Linares-Baeza y Granada.
2. Incluir dicha línea del tren de cercanías del Poniente Almeriense en la línea transversal litoral andaluza que conecte Algeciras con Málaga, Motril, Almería, Lorca y Murcia dentro del Corredor Mediterráneo integrante de la Red Básica
Ferroviaria Transeuropea, y por tanto también española.
3. Mejorar y reforzar las líneas ferroviarias de media y larga distancia que conectan la provincia de Almería con la de Madrid.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Engracia Rivera Arias y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001847
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley relativa al proyecto de ampliación de la carretera A-52 para la mejora del acceso a la ciudad de Vigo.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 59815, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa al proyecto de ampliación de la
carretera A-52 para la mejora del acceso a la ciudad de Vigo, para su debate y aprobación en la Comisión de Transporte.
Exposición de motivos
El proyecto de ampliación de la A-52 para mejorar el acceso a la ciudad de Vigo ha generado un fuerte rechazo entre los vecinos de Benbrive, una parroquia de la propia ciudad que se vería seriamente afectada por esta infraestructura, con la
Plataforma Benbrive en Pé al frente. La propuesta, impulsada para descongestionar y aliviar la peligrosidad de la A-55, contempla la construcción de una nueva carretera que dividiría Benbrive en dos, así como un túnel que amenaza los acuíferos
subterráneos de la zona. La comunidad local ha mostrado su oposición frontal a la obra, argumentando que causará daños irreparables en su entorno y calidad de vida.
El problema central radica en la falta de alternativas consideradas en el proyecto. No obstante, existen soluciones más sostenibles y acordes al siglo XXI, que no implican el
impacto social y ambiental que tendría el nuevo trazado. Entre las propuestas se encuentran la mejora del trazado de la A-55 para reducir su peligrosidad, la utilización gratuita del tramo correspondiente a la AP-9 como vía alternativa para
entrar a la ciudad desde Porriño, o la promoción de un verdadero transporte público colectivo para Vigo y sus alrededores. Estas opciones permitirían descongestionar la entrada a Vigo sin necesidad de una obra que vulnera los derechos de los
habitantes de Benbrive y pone en riesgo sus recursos naturales.
La defensa cerrada de esta obra que realiza el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, impide una valoración razonable de alternativas por parte de las organizaciones implicadas. El alcalde, en un inadecuado ejercicio de presión, no tuvo
reparos en amenazar a las familias afectadas y anunciar que 'no van a parar la autovía aunque les pese', y tildó de 'oscuro interés político' cualquier argumento contrario, rechazando totalmente y sin posibilidad de negociación cualquier otra
propuesta.
La oposición al proyecto se basa también en datos que reflejan la preocupante dependencia del vehículo privado en Vigo. En 2023, la ciudad alcanzó su máximo histórico de automóviles per cápita, con 202.749 vehículos, de los cuales 151.287
son turismos y 41.268 son motos. Esta cifra convierte a Vigo en la ciudad con mayor número de coches por habitante del Estado, una tendencia que refuerza la necesidad de apostar por políticas de movilidad sostenible y no por más carreteras que
perpetúen el modelo de transporte individual.
A esto se suma un esfuerzo consciente por parte del actual gobierno municipal, desde su primer mandato, de subyugar completamente el transporte público al vehículo privado. A la eliminación de frecuencias y paradas se suman los túneles y el
aumento de plazas de aparcamiento en las zonas céntricas de la ciudad, lo que provoca continuas retenciones en las principales arterias.
La construcción de una nueva carretera en pleno siglo XXI choca con las estrategias de sostenibilidad y reducción de emisiones de carbono impulsadas desde las administraciones públicas y los organismos internacionales. Mientras muchas
ciudades avanzan hacia modelos de movilidad que priorizan el transporte público, el uso de la bicicleta y la reducción del tráfico rodado, la ampliación de la A-52 en Vigo parece un anacronismo. No solo se estarían ignorando alternativas menos
invasivas, sino que se estaría imponiendo un proyecto rechazado por los ciudadanos afectados, lo cual demuestra una desconexión entre las necesidades reales de la población y las decisiones de infraestructura que se pretenden llevar a cabo.
En conclusión, en el siglo XXI no podemos seguir apostando por más asfalto y carreteras cuando hay soluciones más eficientes, sostenibles y públicamente aceptadas. La mejora del trazado de la A-55, el uso gratuito de la AP-9 y el fomento
del transporte público son opciones viables que no solo reducirían la peligrosidad y el tráfico de la entrada a Vigo, sino que también respetarían el medioambiente y el bienestar de los vecinos de Benbrive. La verdadera modernización no consiste en
construir más carreteras, sino en cambiar la concepción de la movilidad urbana de forma que garantice la sostenibilidad y la cohesión social.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar todas las medidas necesarias para detener el proyecto de ampliación de la A-52.
2. Desarrollar propuestas alternativas que aporten una solución real al uso excesivo del vehículo privado en Vigo y sus alrededores.
3. Iniciar estudios encaminados a la implantación de un servicio de tren de Cercanías en Vigo y en los municipios de su área metropolitana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2025.-Manuel Lago Peñas y Fèlix Alonso Cantorné, Diputados.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conversión en autovía de
la N-432, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La conversión en autovía A-81 de la N-432, es un anhelo de toda la sociedad y una reivindicación histórica desde hace más de 20 años en las provincias de Badajoz, Córdoba, Granada y Jaén. Contar con una autovía que conecte dos comunidades
autónomas, capitales andaluzas, a todos los pueblos por los que pasa, así como a los puertos de interés que favorezcan la actividad económica y una mejora sustancial en la calidad de vida de los andaluces y extremeños a los que esta infraestructura
les afecta, no puede seguir esperando.
La conversión de la N-432 en autovía no solo debemos valorarla desde el punto de vista económico, sino desde la seguridad, ya que esta carretera está considerada como una de las más peligrosas de España, razón de más para justificar su
conversión en autovía.
Sin embargo, con los gobiernos del PSOE, las partidas presupuestarias siempre fueron irrisorias, sucediendo año tras año bajo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo compromiso con esta infraestructura no pasó de un estudio
informativo y cuyo impacto ambiental fue dejado caducar por los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía para amparar el abandono del proyecto por parte del Gobierno de España.
No obstante, fue en los gobiernos de Mariano Rajoy cuando arrancó el proyecto con la construcción del tramo entre Pinos Puente y Granada, englobado en las obras para el segundo cinturón metropolitano de Granada GR-43, cuyo primer tramo se
encuentra en funcionamiento y se avanza en el segundo. En 2018 los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy dispusieron de 3,5 millones de euros para los proyectos necesarios para dicha conversión en autovía. Inversión que no se ha realizado y
que hemos visto mermado año tras año en los Presupuestos Generales del Estado.
Tras ello, con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, el proyecto se fragmentó en 3 tramos: Badajoz-Espiel, Espiel-Córdoba y Córdoba-Granada. En la actualidad el tramo Badajoz-Espiel se encuentra suspendido el trámite administrativo. Y
tanto el tramo de Espiel-Córdoba, como Córdoba-Pinos Puente, hemos conocido que los estudios están caducados y que durante estos más de cinco años desde este gobierno socialista no se ha avanzado nada. Siendo 2024 un año en blanco para los avances
de esta infraestructura.
La falta continua de presupuestos y dilación permanente en los plazos se traduce en una suspensión de facto del proyecto sin aparentemente nueva fecha de reactivación. El Gobierno de Sánchez ha sido puesto en evidencia por la Unión Europea
al dejar recientemente fuera la A-81 de la Red Transeuropea de Transportes por carretera por falta de estudios informativos oficiales que justificaran ante Europa la necesidad de construirla. Este varapalo, que se produjo en plena presidencia de
España de la UE, demuestra la irresponsabilidad del PSOE al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y complica notablemente la financiación de la A-81 con fondos europeos.
Las organizaciones sociales y económicas, sectores productivos e instituciones como Ayuntamientos, Mancomunidades y Diputaciones provinciales, sienten la indiferencia del Gobierno de España ante esta demanda clave para su desarrollo.
Desde el Partido Popular somos conscientes de la trascendencia que tiene para las provincias andaluzas y extremeñas económicamente, socialmente, para la vertebración del territorio y para luchar contra la despoblación, potenciar las
oportunidades que se están impulsando desde ayuntamientos y comunidades autónomas. Además, se trata de una infraestructura vital por seguridad, ya que la Fundación RACE sitúa esta carretera
como una de las más peligrosas del país. En su informe de evaluación del estado de las carreteras de 2023 colocaba tres tramos diferentes de la N-432 entre los que más riesgos tienen de accidentes del país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar de forma definitiva la conversión en autovía A-81 de la N-432 en los tres tramos actuales, dotándola de la financiación necesaria para ejecutar dichos proyectos.
2. Contratar en este 2025 la redacción de los tramos Espiel-Córdoba y Córdoba-Pinos Puente.
3. Agilizar la resolución ambiental del tramo Badajoz-Espiel y dar respuesta a las alegaciones formuladas en su momento por instituciones y diferentes organismos al proyecto de la A-81.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Carlos Rojas García, María Lourdes Ramírez Martín, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Juan Diego Requena Ruiz, María Torres Tejada, María Isabel Prieto Serrano, Bartolomé Madrid Olmo,
Antonio Cavacasillas Rodríguez y Alfonso Carlos Macías Gata, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la estación de Arévalo,
para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En los últimos años hemos sido testigos de cómo los servicios ferroviarios en la provincia de Ávila se han venido deteriorando progresivamente sin que se dé solución a los diferentes problemas que le afectan.
Se han suprimido trenes de largo recorrido y nocturnos, los retrasos de los trenes son constantes y el material produce múltiples fallos por ser inadecuado y a veces obsoleto, se han cerrado y eliminado el personal de las estaciones de
Cardeñosa, San Pedro del Arroyo, Crespos, Guimorcondo, Navalgrande, la Cañada, Navalperal de Pinares, Las Navas del Marqués, Mingorría, Velayos y Sanchidrian, se ha cerrado la base de Mantenimiento de Infraestructuras de Navalperal, no se cubren las
vacantes de distintas especialidades llegando, incluso, a dejar sin representación de Adif a la estación de Ávila capital, siendo éste el único caso en toda la Comunidad.
A esta situación se le suma que en los últimos meses en la estación de Arévalo, una de las estaciones más importantes de la provincia, no solo porque confluyen los viajeros de la propia ciudad de Arévalo, sino porque también es el punto de
partida o destino de los ciudadanos de toda la Comarca de la Moraña, frecuentada diariamente por una media superior a los 150 viajeros de salida y otros tantos de llegada y en la que, además, se desarrollan maniobras para dar servicio a la empresa
Harinera Villafranquina, 'momento de crucial importancia' debido a la peligrosidad de las citadas maniobras según técnicos especializados.
A pesar de estas circunstancias y según denuncian los sindicatos desde el 1 de enero de 2025 se ha producido, por una decisión unilateral sin previa negociación, una reducción
de personal de la estación de ferrocarril de Arévalo que ha pasado de seis a dos agentes para cubrir únicamente las mañanas y las tardes de lunes a viernes, cerrando la estación totalmente los sábados, domingos y festivos, vacaciones,
licencias, bajas, etc.
Conviene recordar que esta estación carece de paso inferior o superior para los viajeros, por lo que estos han de atravesar las vías de la estación por el paso habilitado para ello al mismo nivel, con trenes que pueden estar circulando a una
velocidad de 100 Km/h mientras otro está parado, sin que nadie los avise, sin visibilidad, con el consiguiente potencial peligro para los usuarios.
Así, conviene recordar que con fecha 09/11/2023 se produjo el último accidente, descarrilando 8 vagones de la maniobra de la Harinera, con el resultado de un herido leve y cuantiosos daños materiales, tanto en la infraestructura como en el
material, que por cierto los restos todavía no han sido retirados de la playa de la estación.
Según manifiesta el Comité de Empresa de ADIF, entre las distintas causas del accidente, recabando las conclusiones de un encuentro de seguridad con los expertos para analizar este accidente, estaría la no presencia de personal en la
estación y la falta de iluminación, ya que a veces, ese día en concreto, la maniobra se efectuó telemandada y de noche.
Esta situación ha venido siendo puesta de manifiesto por los miembros del Comité de Empresa de ADIF, denunciando públicamente la progresiva reducción de personal hasta límites imposibles, entendiendo que, por las características técnicas de
esta estación, es necesario garantizar la presencia permanente, con personal en la estación, las 24 horas del día, los 365 días del año, para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores, usuarios del ferrocarril, así como para las
circulaciones y maniobras que en ella se realizan.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la seguridad proactiva es un principio fundamental en la presencia y paso de los trenes por las estaciones, que se recoge en el RCF (Reglamento de Circulación Ferroviaria), y en el caso de
esta estación se hace más necesario extremar la seguridad al estar todas las estaciones sin personal en el trayecto de 50 km que separa la estación de Ávila capital a la estación de Arévalo, no pudiéndose, por tanto, cumplimentar esta norma esencial
para evitar accidentes, por lo que se hace imprescindible la apertura permanente de esta estación con presencia de personal las 24 horas de todos los días del año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer la negociación necesaria con ADIF a fin de proceder a la apertura presencial de la estación de Arévalo, recuperando las seis plazas necesarias, previstas en la RPT (Gráfico), que eliminaron unilateralmente sin el apoyo
sindical, dotándola de personal todos los días del año, en todos sus turnos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores, de los usuarios del ferrocarril y de las empresas que realizan su actividad en la estación.
2. Realizar las obras necesarias en la estación de Arévalo para que el cruce entre andenes no se realice al mismo nivel de vía, garantizando a los usuarios su seguridad.
3. Adoptar las medidas necesarias para mejorar la comunicación ferroviaria de toda la provincia de Ávila.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Patricia Rodríguez Calleja y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el restablecimiento de las
paradas facultativas del ferrocarril en Castiello Estación (Huesca) una vez terminadas las obras de restauración integral de la línea del Canfranc, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El 7 de abril de 2019 fue suprimida la parada de ferrocarril facultativa o a demanda en Castiello-Estación, prácticamente único servicio existente para las poblaciones de Aisa, Esposa, Sinués, Borau, Aratorés, y los barrios del Molino de
Aratorés y Villa Juanita con sus albergues y campamentos infantiles y juveniles de Salesianos y Escuelas Pías.
No es entendible dejar sin servicio esta parada de ferrocarril, fundada el 25 de julio de 1922, más aún en los tiempos actuales, donde la apuesta por luchar contra la despoblación y las políticas sobre el reto demográfico deben ser
consideradas con la máxima sensibilidad hacia los habitantes de esos territorios para poder revertir los efectos de la pérdida de servicios y de población.
Dejar sin servicio este área central del Valle de Aragón, en el Pirineo aragonés, entre los pueblos de Villanúa y Castiello de Jaca, supone condenar, aún más, a estas zonas rurales a la despoblación que ya vienen sufriendo desde hace años, y
lastrar la movilidad de los habitantes, muchos de ellos de edad avanzada, y que necesitan desplazarse para sus actividades cotidianas, y para poder asistir a los centros de salud de Jaca, Huesca y Zaragoza.
Suprimir esta parada condenaría a todos los habitantes de este lugar a tener que desplazarse al apeadero de Castiello-Pueblo situado a 5 kilómetros, o bien al apeadero de Villanúa-Letranz, situado a 7 kilómetros, con las dificultades y
peligrosidad que conllevan estos desplazamientos, principalmente en las épocas invernales.
Esta parada presenta una gran seguridad para los viajeros por ser muy extensa y con poco desnivel, cercana a la Carretera Nacional 330, con buena vialidad invernal, disponiendo de muelle de carga.
Dadas las inversiones realizadas por Adif en 2013 en dicha estación, arreglando andenes, señalizaciones y construyendo una marquesina-refugio, parece lógico restablecer esa parada facultativa, y así contribuir a revitalizar y dinamizar esas
zonas rurales del Pirineo aragonés.
La ubicación estratégica de Castiello Estación, como punto de acceso para pequeños municipios y para los destinos turísticos de esa zona del Pirineo, requiere medidas específicas que favorezcan el uso del tren como medio de transporte
sostenible. En este sentido, la implementación de paradas facultativas en los servicios ferroviarios que transitan por esta estación permitiría optimizar los recursos existentes sin repercutir de forma negativa en el tiempo de trayecto de las
líneas afectadas.
El transporte ferroviario representa una herramienta indispensable para garantizar el desarrollo económico, social y turístico de los territorios rurales. Además, responde a la demanda de los ciudadanos y visitantes que consideran el tren
como una alternativa eficiente y ecológica al transporte por carretera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Restablecer la parada facultativa del tren en Castiello Estación (Huesca) en los servicios ferroviarios que actualmente transitan por esta estación.
2. Promover una campaña de sensibilización y comunicación, en colaboración con las administraciones locales, para fomentar el uso del transporte ferroviario como medio sostenible y accesible en la comarca.
3. Garantizar una periodicidad mínima de servicios facultativos, evaluando el impacto de su implementación y adaptando las frecuencias a la demanda de los usuarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Javier José Folch Blanc, Ana Isabel Alós López, Sergio Sayas López, Héctor Palencia Rubio, José Alberto Herrero Bono, Luis María Beamonte Mesa y Raquel Clemente Muñoz,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento del puerto
de Vigo como puerto nodal, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El Puerto de Vigo, reconocido como el mayor puerto pesquero de Europa y uno de los principales polos de actividad comercial del Atlántico, tiene una importancia estratégica innegable tanto para Galicia como para el conjunto de España y la
Unión Europea. Esta importancia en el sector pesquero sustenta una potente red industrial en la provincia asociada a empresas de transformación de pescado, congelados y conserveras, que realizan exportación tanto a nivel nacional como a nivel
internacional. Otro de los ejemplos que merecen especial mención es el impacto directo en la industria automovilística representada por Stellantis Vigo, la factoría más productiva del grupo y de mayor importancia en Europa que se encuentra muy
próxima al puerto y que realiza la exportación de sus vehículos principalmente a través del puerto. Esta posición privilegiada, las infraestructuras de alta capacidad y su relevancia internacional como punto de conexión con las principales rutas
marítimas deberían convertirlo en un elemento esencial de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T). Prueba de ello es que el Puerto de Vigo en el primer trimestre del 2024 se ha convertido en el cuarto puerto de España con mayor conectividad
marítima, después de Valencia, Algeciras y Barcelona (https://www.valenciaport.com/datos/indices/indice-de-conectividad-portuaria/).
Sin embargo, la reciente decisión de la Unión Europea de no incluir a Vigo como puerto nodal dentro de la red Básica, por una clara limitación del criterio seleccionado para el acceso a tal consideración, supone una discriminación manifiesta
hacia Galicia. Esta exclusión implica:
1. Limitación del acceso a fondos europeos destinados a la mejora de las infraestructuras y la logística portuaria.
2. Perjuicios económicos para el tejido industrial y comercial gallego, especialmente para las empresas que dependen de las exportaciones e importaciones marítimas.
3. Una pérdida de oportunidades de desarrollo regional, afectando negativamente la competitividad de la comunidad autónoma y su integración en las cadenas de suministro europeas e internacionales.
El Puerto de Vigo cumple con los requisitos para ser considerado nodal: liderazgo mundial en el sector pesquero, infraestructuras de referencia y una posición estratégica que conecta Europa con las rutas de América, África y Asia. No
obstante, la Unión Europea
continúa priorizando otros puertos menos relevantes, perpetuando un trato discriminatorio que lastra el desarrollo del noroeste peninsular.
El Reglamento incluye revisiones periódicas que suelen realizarse en ciclos de 5 años, lo que implica que la próxima revisión formal podría tener lugar alrededor de 2029.
No obstante, es común que la Comisión Europea publique informes intermedios sobre la implementación de la red, normalmente 2-3 años después de la adopción del reglamento.
Para que el puerto de Vigo tenga posibilidades de ser incluido en la red básica en la próxima revisión habría que:
- Preparar propuestas técnicas sólidas que justifiquen su inclusión en base al valor de la mercancía manipulada, ubicación estratégica tanto para el sector pesquero alimentario como a la producción de vehículos y su contribución a los
objetivos de sostenibilidad.
- Fortalecer su representación en los debates previos a la revisión, tanto a nivel nacional como en foros europeos.
- Coordinarse con otros nodos regionales para plantear una estrategia conjunta que refuerce su papel dentro de la red básica.
- Es imprescindible lograr un acuerdo conjunto de país y demandar a Europa la necesidad de cambiar la redacción del Reglamento, sujeto a negociación por parte de la Comisión y los países miembros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Intensificar las acciones diplomáticas ante la Unión Europea para reclamar la inclusión del puerto de Vigo como puerto nodal en la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T).
2. Requerir a la Comisión Europea una revisión inmediata del Reglamento vigente, solicitando el establecimiento de criterios objetivos que no se limiten al número de toneladas y que demuestren la importancia estratégica, económica,
logística y sostenible del puerto de Vigo, así como de otros puertos europeos de similares características.
3. Solicitar el respaldo del Parlamento Europeo para visibilizar la injusticia de esta decisión y trabajar conjuntamente en su reversión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Rosa Quintana Carballo, José Alberto Herrero Bono, Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja Álvarez, Álvaro Pérez López, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano
Vela, Cristina Abades Martínez, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Irene Garrido Valenzuela, Pedro Puy Fraga y Juan Andrés Bayón Rolo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reconversión de la carretera
Nacional-122 en autovía A-11 desde Zamora capital a la frontera con Portugal, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Autovía del Duero o A-11 es una autovía en construcción que conecta el este y el oeste de la mitad norte de la península, sin pasar por Madrid, uniendo así Soria, Valladolid y Zamora con la frontera portuguesa, desde la cual se puede
continuar hasta Oporto. En la provincia de Zamora, esta autovía solo se ha ejecutado de forma parcial desde el límite con la provincia de Valladolid hasta Zamora capital, restando aún aproximadamente 74 kilómetros para su finalización, desde Zamora
hasta la frontera con Portugal. Su ejecución total llevaría a concluir el llamado 'corredor del Duero' y permitiría continuar hasta Zaragoza y Barcelona a través de la A-15.
Por otro lado, la Nacional 122 (N-122) es una carretera nacional que comunica Aragón con Castilla y León y Portugal a través del Valle del Duero. Actualmente, es la única forma de conexión por automóvil desde Zamora capital a la frontera
portuguesa. Se trata de una vía antigua con un trazado que presenta un alto índice de siniestralidad y una circulación densa de vehículos pesados, que eligen esta vía debido a su menor longitud en comparación con otras rutas más largas y costosas.
A su paso por la provincia de Zamora, cruza las poblaciones de Morales de Toro, Toro, Fresno de la Ribera, Zamora, Muelas del Pan, Ricobayo, Fonfría, Fornillos de Aliste, Ceadea, Alcañices y Trabazos, finalizando su recorrido en la frontera con
Portugal, donde continúa la autovía ya finalizada con la denominación de E-82/A4/IP4 en territorio portugués.
Como antecedente, la Nacional 122 lleva muchos años construida y es una de las vías principales que atraviesa la provincia de Zamora de este a oeste. Su alternativa en forma de la autovía A-11 no acaba de ser ejecutada por el Gobierno
actual de Pedro Sánchez, cuya construcción prácticamente se ha paralizado o ralentizado desde la llegada del PSOE al Gobierno en 2018. El Gobierno del Partido Popular impulsó la tramitación de este proyecto, pero con la moción de censura de Pedro
Sánchez y la llegada del ministro de transportes Ábalos en ese momento, de sus sucesores posteriormente para terminar actualmente en el actual ministro Óscar Puente, las obras de reconversión de esta nacional en autovía a su paso por Zamora han
sufrido un frenazo en su tramitación administrativa y una falta de compromiso total de ejecución por el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez.
A lo largo de estos años, la conversión de la N-122 en autovía A-11 desde Zamora a la frontera con Portugal se ha convertido en un clamor social trasladado por los ciudadanos de Zamora y los distintos agentes económicos, sociales y civiles
de la provincia, quienes reivindican su carácter estratégico y su finalización. Los zamoranos que transitan y viven en torno a la carretera Nacional 122 manifiestan constantemente que es una carretera peligrosa y obsoleta, que supone un riesgo
diario para quienes circulan por ella, hasta el punto de que cada año se pierden vidas en esta vía. La Nacional 122 está considerada por todo lo anterior una de las más peligrosas de España y su trazado está repleto de puntos negros que acumulan
gran parte de los accidentes mencionados, por lo que se le ha terminado llamando la 'carretera de la muerte' en la provincia de Zamora.
El ministro Óscar Puente ha reconocido en los medios de comunicación que la reconversión de la Nacional 122 en autovía 'va mal' y que los tramos de Zamora de la A-11 están 'en pañales', a excepción del que une la frontera lusa con la
localidad de Trabazos, tramo de solo 1,5 kilómetros de los 82 kilómetros totales. Las últimas noticias aparecidas en medios solo indican una paupérrima intención de finalizar la ejecución del tramo ya comenzado de 1,5 km de San Martín del Pedroso a
la frontera con Portugal y de licitar en un futuro el proyecto de la circunvalación de Alcañices, así como el tramo que rodea el casco urbano de Fonfría.
Por lo tanto, la no reconversión por parte del Gobierno actual de la nacional 122 en autovía A-11 desde Zamora capital a la frontera con Portugal obliga a los zamoranos y al resto de usuarios a seguir circulando por esta obsoleta N-122, una
carretera en pésimo estado de conservación y mantenimiento durante los últimos seis años de gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez. A esto se suma otro problema en la comarca alistana: el intenso tráfico de tráileres de transporte internacional que
soporta la vía desde la
construcción y puesta en marcha de la 'autopista transmontana' y la apertura del 'túnel de Marao' por nuestros vecinos portugueses. Desde entonces, el 90 % de los camiones de la Región Norte y de la ciudad portuaria de Oporto atraviesan la
Nacional 122 por la provincia de Zamora para viajar hacia Europa y regresar a Portugal. Algunos días, entre 600 y 1.000 camiones de gran tonelaje, con una media de alrededor de 14 metros de longitud, transitan por esta carretera.
Como conclusión, ante la inacción del actual Gobierno de Pedro Sánchez y su falta de compromiso con esta demandada infraestructura viaria, absolutamente necesaria para el desarrollo económico y social de la provincia de Zamora, y ante el
peligroso estado actual de la Nacional 122 desde Zamora a la frontera con Portugal, se concluye que es urgente e inaplazable que el Gobierno del PSOE aporte el dinero necesario y ejecute los 74 kilómetros que restan para la finalización de la
Autovía A-11 en la provincia de Zamora, conectando así España, a través de una vía de gran capacidad, con la ya finalizada autovía E-82/A4/IP4 en el lado portugués.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Habilitar con urgencia todos los recursos necesarios para la reconversión de la carretera N-122 en autovía A-11 y la ejecución a la mayor brevedad posible de los cuatro tramos pendientes en la provincia de Zamora que van desde Zamora
capital hasta la frontera con Portugal.
2. Presentar un cronograma detallado de las actuaciones previstas por parte del Gobierno, incluyendo los plazos para la ejecución de dicha reconversión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Óscar Ramajo Prada, Elvira Velasco Morillo y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración de
Obligación de Servicio Público de la ruta aérea entre Almería y Madrid, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El déficit en las comunicaciones es desde hace muchos años el gran talón de Aquiles de la provincia de Almería. Un territorio pujante en lo económico, pese a este gran inconveniente, gracias fundamentalmente al espíritu emprendedor de los
almerienses que han convertido en referente nacional e internacional a su sector agrícola, así como al de la piedra, peleando el tejido empresarial almeriense relacionado con el turismo por competir en igualdad de condiciones con otras zonas
turísticas de la geografía española que cuentan con buenas conexiones.
En la era de la movilidad sostenible, los almerienses ven como única alternativa de comunicación su propio vehículo, ante unos trenes poco competitivos y un servicio aéreo escaso y con unos precios muy elevados que los hacen inalcanzables
para el conjunto de la sociedad.
El aislamiento ferroviario es un mal endémico al que no se resignan los almerienses, que reclaman periódicamente mejoras en un servicio que difícilmente es atractivo en la actualidad, con un trayecto larguísimo de casi siete horas para
llegar a la capital de España, y que tan sólo ha conseguido recuperar las dos frecuencias al día que perdió en pandemia.
Las esperanzas están puestas en la llegada de la Alta Velocidad, una meta fijada por el Gobierno del Partido Popular para 2023, que el Gobierno de Pedro Sánchez retrasó a 2026 y que ahora prorroga hasta 2028, como consecuencia de la
ralentización a la que ha sometido el proyecto, pese a contar con partidas presupuestarias en los últimos cinco años que, prácticamente, han permanecido inalterables.
Las conexiones aéreas, ya se apuntaba al inicio de esta proposición, no son tampoco una alternativa. Pocos vuelos y excesivamente caros. El promedio del precio del billete en la línea más demandada, la ruta Almería-Madrid, se sitúa en los
trescientos euros por trayecto. Vuelos que en estas últimas semanas se han visto reducidos aún más, para sorpresa del conjunto de los almerienses, pero de manera muy especial del tejido empresarial que ha alzado su voz ante la situación que agrava
aún más el sentimiento de aislamiento del sudeste español.
La confederación empresarial de la provincia de Almería (Asempal) expresaba en convocatoria ante los medios de comunicación su 'más absoluta indignación' por la nueva reducción de la frecuencia de vuelos entre Almería y Madrid, lo que en su
opinión supone 'un nuevo golpe a la conectividad de la provincia' y 'un obstáculo más para la competitividad' de las empresas almerienses, que también se quejan de los 'abusivos' precios de los billetes.
Ante esta situación, y dado el notable retraso en la llegada del AVE, es preciso retomar la petición que las administraciones locales, organizaciones empresariales, colectivos sociales y ciudadanos a nivel particular realizan para que los
vuelos entre Almería y Madrid sean declarados de Obligación de Servicio Público (OSP) por el Gobierno de España, una petición que la propia Junta de Andalucía hizo por escrito siguiendo el mandato que por unanimidad le trasladaba el Parlamento
andaluz tras la aprobación de una proposición no de ley presentada por el Partido Popular.
Las obligaciones de servicio público vienen a cubrir una demanda de servicios de transporte insuficientemente atendida por otros medios de transporte, cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social de la
región, garantizando determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios.
Los almerienses ya conocen esta fórmula como medio para disponer de conexiones aéreas que les acerquen, con horarios competitivos y a precios razonables, a otras ciudades, como es el caso de Melilla y Sevilla. En 2009 se aprobaron las
obligaciones de servicio público para la conexión Almería-Sevilla, y en 2018 la de Almería-Melilla, declaraciones de servicios que aún se mantienen a día de hoy.
La entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, confirmaba públicamente en Almería, en abril de 2023, haber recibido la solicitud formulada por la Junta de Andalucía, y que la misma había generado un expediente para su tramitación, para
comprobar que la ruta cumplía los parámetros determinados para su aprobación.
Transcurridos casi dos años, nada se sabe al respecto, pero las circunstancias de falta de conectividad de la provincia de Almería permanecen, y se confirma que no van a verse modificadas hasta 2028, fecha reconocida por el Gobierno para la
llegada de la Alta Velocidad.
Procede que el Gobierno retome la declaración de obligación de servicio público para la ruta aérea entre Almería y Madrid, al menos hasta que el AVE sea una alternativa real para los almerienses, por todo lo que supone para la ciudad de
Almería y su provincia, como palanca de generación de empleo y riqueza, promoción del turismo y, no menos importante, como paso para saldar la deuda del Estado con la provincia en materia de infraestructuras.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar y dar máxima prioridad a la tramitación del expediente para la declaración de obligación de servicio público de la ruta aérea Almería-Madrid, en tanto en cuanto no entre en
funcionamiento la alta velocidad entre ambas ciudades, con la dotación por parte del Gobierno de los medios suficientes para sufragar e instaurar las obligaciones derivadas de dicha declaración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Ana Martínez Labella, Maribel Sánchez Torregrosa, Rafael Antonio Hernando Fraile, Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/001867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la ejecución de la
A-11 Autovía del Duero entre Castrillo de la Vega y Quintanilla de Arriba, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La historia de la construcción de la autovía del Duero, conocida técnicamente como A-11, ha sido la historia de un despropósito por todo lo acontecido negativamente al respecto.
Proyectos y obras que se fueron dilatando en el tiempo a pesar del tráfico que siempre ha tenido la carretera nacional 122 y los accidentes vividos; paralizaciones de las obras cuando ya habían comenzado, como sucedió con el presidente
Zapatero en 2010; empresas que quebraron por la crisis económica del año 2008, etc.
La situación llegó a ser ya surrealista cuando algunos proyectos de obra concluyeron su redacción en la época del presidente Rajoy y, tras la moción de censura del año 2018, la nueva administración del presidente Sánchez decidió paralizar
los mismos y no licitar esas obras para construir los necesarios kilómetros de vía de gran capacidad entre Aranda de Duero y Valladolid.
Esa paralización de la tramitación administrativa tuvo graves consecuencias para el avance de esta futura autovía, porque los proyectos caducaron, provocando tener que actualizar los precios de las unidades de obra, realizar modificaciones
por algunos cambios normativos y reformular los procesos ambientales.
Durante años, el Ministerio de Transportes no ha querido licitar esas actualizaciones de los proyectos entre Aranda (Castrillo de la Vega) y Quintanilla de Arriba, alegando falta de recursos económicos para ello. Y ha sido recientemente,
durante los últimos meses, cuando han decidido comenzar los trámites, por fin, para contratar una adjudicataria que actualice técnicamente esos documentos.
Esto sucedió en el mes de abril de 2024, cuando se autorizó comenzar con los trabajos administrativos para ello; una gestión que desembocó el pasado diciembre en la aprobación de la licitación de esos proyectos y su publicación en el BOE.
La sorpresa negativa ha surgido al ver los plazos impuestos por el Gobierno para ejecutar esas actualizaciones, de tres años como mínimo, cuando se pueden realizar en menos de la mitad de ese tiempo por parte de los profesionales técnicos.
Así se demuestra en otras licitaciones similares, que se han aprobado también en las últimas semanas desde el Ministerio, y así lo acreditan los ingenieros con los que se ha consultado.
Es más, en el mes de abril reconocía el propio Gobierno que se podían realizaren 24 meses (como figura en la resolución aprobada), y en diciembre se prolongaba a 36 por no querer comprometer mayor partida presupuestaria inicial. Un
disparate que tendrá graves efectos dilatorios para los ciudadanos si no se corrige de inmediato esa decisión ministerial.
Ante esta angustiosa situación, es urgente que se produzca una modificación del acuerdo gubernamental para que los trabajos de consultoría de los proyectos se reduzcan a un año, o año y medio, y poder licitar así las obras posteriores a la
mayor brevedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar urgentemente el acuerdo de licitación de los proyectos de la A-11, entre Castrillo de la Vega y Quintanilla de Arriba, reduciendo el plazo de redacción de 36 meses a 18.
2. Aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias para redistribuir la aportación económica a ese contrato con el nuevo calendario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Ángel Ibáñez Hernando, María Sandra Moneo Díez y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Educación y la Salud Mental, para su debate en la Comisión
de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El porcentaje de adolescentes españoles con diagnósticos relacionados con problemas de salud mental es cuatro puntos superior a la media europea (16,3 %) y siete puntos superior a la media global (13,2 %). Además, sabemos también que el 50
% de los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años, mientras que el desajuste emocional o comportamental, aparece antes de los 15 años.
El 41,1 % de jóvenes entre 13 y 18 años manifiesta o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año, según recoge también un nuevo informe de Unicef sobre salud mental publicado este martes, 'Barómetro de Opinión de la
Infancia y la Adolescencia 2023-2024'. Dentro de este grupo, más de la mitad (51,4 %) no ha pedido ayuda, y uno de cada tres no ha hablado con nadie sobre estos problemas. Todos estos datos llevan a afirmaciones tan crudas como el hecho de que el
suicidio es, hoy por hoy, la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años.
El barómetro indica que el 40,5 % de adolescentes considera baja o muy baja la probabilidad de que los orientadores o tutores de sus centros de estudio los ayuden en temas relacionados con la salud mental. La principal razón es la falta de
confianza de los chavales en esos profesionales (56,4 %) y que no sienten la seguridad de que les guardarán el secreto (49,3 %). También consideran que no tienen la formación adecuada o que no tienen tiempo para ellos. Todo esto se deriva de la
infradotación que tienen los centros educativos en este respecto. Si los tutores no tienen una reducción de las horas lectivas para realizar labores como las mencionadas, no podrán establecer relaciones de confianza ni tener tiempo de calidad para
generarla, derivando en lo anteriormente indicado.
Los autores del informe indican que es necesario introducir y reforzar los programas de promoción del bienestar y aprendizaje emocional en los centros educativos, así como promover las actuaciones de prevención y detección precoz de
problemas de salud mental y mejorar la coordinación con las instituciones sanitarias y sociales.
El sistema educativo debe contar con mecanismos que se adapten a las necesidades de los estudiantes que sufren problemas de salud mental. Los problemas de ansiedad, depresión, estrés o ataques de pánico que sufren los jóvenes afectan a su
rendimiento escolar y, por tanto, se deben buscar soluciones que se ajusten a sus necesidades. Un ejemplo de ellas podría ser dar flexibilidad al alumnado a la hora de entregar tareas o realizar pruebas o permitir a los estudiantes que sufran
ansiedad o pánico que salgan unos minutos antes de clase para evitar grandes aglomeraciones en los pasillos que les puedan ocasionar una crisis.
La falta de tolerancia al fracaso en niños pequeños puede suponer la base de enfermedades mentales en el futuro como la depresión o la ansiedad, por ello, se han de desarrollar protocolos en las aulas primarias y secundarias para tratar
dicha tolerancia desde una edad temprana. Para enseñar a tolerar la frustración, los educadores deben de implementar medidas en la educación del alumnado, como las técnicas de relajación para actuar en los momentos difíciles, la resolución de
conflictos, la enseñanza de habilidades sociales que permitan tolerar la crítica y el fracaso o la preparación del alumno para posibles situaciones frustrantes. La ansiedad se debe gestionar desde el sistema educativo con planes y programas de
prevención y control de esta emoción, como la realización de ejercicio físico, el autocontrol, la visualización o la escucha activa por parte de los docentes y del resto del alumnado.
Queda evidenciado, por tanto, que la situación de la juventud estudiante respecto a las enfermedades, y más acuciadamente las enfermedades mentales, está llegando a porcentajes alarmantes de lo que, en el mundo laboral, son bajas médicas
justificadas.
Sin embargo, entre la población estudiantil, esta tónica no se da. Una persona joven, estudiante, puede tener una baja médica de larga duración que le impida asistir durante todo un año a un curso (tanto universitario como no
universitario), sin las mismas garantías ni derechos que si esto sucediera en un entorno laboral. Esta ausencia le provocará una serie de perjuicios que no le son reconocidos, por ejemplo, la pérdida de becas al año siguiente por no haber cursado
el año académico u otras con implicaciones netamente escolares. Adicionalmente, el fracaso escolar puede estar relacionado con condiciones de salud mental subyacentes, como trastornos de ansiedad, depresión o déficit de atención. Identificar y
abordar estos problemas es esencial para brindar el apoyo necesario.
La organización 'Save the Children', comparte esta visión afirmando que 'La inseguridad laboral, el desempleo y el estrés económico que viven las familias afectan al éxito escolar y a la salud mental de niños y niñas. El riesgo de depresión
y de fracaso escolar son mayores cuando se dan situaciones de hacinamiento o la vivienda no reúne las condiciones adecuadas'.
Esto, a su vez, puede generar una situación de estrés, ansiedad, y en general un deterioro para su salud, repercutiendo en un empeoramiento de su evolución sanitaria. En 2022, en un estudio del Ministerio de Universidades y el Ministerio de
Sanidad, el alumnado que participó señala como principales preocupaciones las barreras económicas y la presión para conseguir o perder una beca. Se debe tener en cuenta, que dos tercios de los alumnos reciben ayuda familiar por la financiación de
sus estudios y que más de un tercio es beneficiario de becas.
Los criterios de concesión y devolución de becas suponen una discriminación contra cierta parte del alumnado, sobre todo en los casos de los alumnos que sufren problemas de salud mental. En el caso de la beca MEC, los alumnos no
universitarios que no asistan al 80 % de las horas lectivas deberán devolver la beca. Esto supone una presión añadida a aquellos alumnos que no puedan asistir a las clases presenciales debido a que sufren problemas de salud mental incapacitantes,
teniendo que devolver una ayuda que en muchos casos es necesaria para poder afrontar los costes que conllevan algunos aspectos de la enseñanza. Los criterios de devolución de becas y ayudas académicas se deberían
ajustar a la situación de los estudiantes que sufran este tipo de problemas de salud mental, impidiendo la obligatoriedad de su devolución en los citados casos. De igual forma, la concesión de becas en las segundas matrículas es también una
necesidad clave para el alumnado, sufra de problemas de salud mental, o no, y se configura como una medida redistributiva de gran alcance y recorrido.
Reafirmando lo dicho, no se debe ignorar en ningún caso el componente de la renta y la clase en el alumnado. Existe una diferencia entre Los estudiantes y las estudiantes que padecen problemas de salud mental pero que pueden ser atendidos
adecuadamente debido al mayor nivel de renta de sus padres, que aquellos y aquellas sin los recursos para costearse ese cuidado y atención. Por ello, el cuidado de la salud mental y las adaptaciones en el estudio suponen también una medida de
justicia y redistributiva, ya que no se debe ignorar la segregación escolar que se produce a raíz de estas problemáticas.
Adicionalmente, ha de exponerse que las redes sociales son espacios de socialización que influyen directamente en la salud mental de la población, y sobre todo en los jóvenes. Existe una gran cantidad de informes y estudios en los que se
señala el impacto negativo que tienen las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, como 'El impacto de las redes sociales en la salud mental. Revisión bibliográfica' (Troya-Fernández, J.C. Periñan- Sotelo y N. Sánchez-Movellan-Pérez), o
el estudio de 'El impacto de las Redes Sociales en la salud mental de los estudiantes y propuesta de un taller formativo (RRSS-SM)' (Inés Nieto Romero, Carolina Marín Martín y Belén Martínez Fernández). Entre los datos expuestos encontramos que un
39 % del estudiantado afirma tener síntomas de saliencia y cambio del estado de ánimo respectivamente relacionado con la adicción a redes sociales.
Desde los centros educativos se debe informar a los alumnos, docentes y padres sobre el impacto de las redes sociales, a través de talleres, charlas, asignaturas, circulares o informes. También, desde las Administraciones públicas de las
comunidades autónomas se debe implementar un plan educativo complementario en el que se regule y proteja a los jóvenes de los problemas que suponen estas nuevas formas de socialización.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Estudiar la implementación de 'bajas estudiantiles' para estudiantado post obligatorio, que funcionen de manera similar a las bajas laborales existentes, a través de la realización de un informe, en un plazo de 12 meses.
2. Mejorar las adaptaciones en el proceso educativo de la enseñanza a personas con diagnósticos de problemas de salud mental incapacitantes, en coordinación con la administración competente.
3. Modificar los criterios de concesión y devolución de becas de carácter estatal, para no penalizar faltas de asistencias en casos de problemas de salud mental incapacitantes, y para becar segundas matrículas.
4. Implementar coordinadamente con el Ministerio de Juventud e Infancia la incorporación en las administraciones de políticas activas para minimizar el impacto de patologías como la ansiedad generalizada y la baja tolerancia a la
frustración, así como protocolos y métodos que nos permitan avanzar en la gestión de esta problemática en el estudiantado.
5. Reforzar el personal capacitado para atender problemáticas de salud mental, reforzando los roles de orientadoras, psicólogas, enfermeros y otros profesionales de la salud mental, en base a las realidades y necesidades de cada centro.
6. Establecer campañas de concienciación, que puedan ser desplegados en colegios o centros educativos, en coordinación con las consejerías de educación de las comunidades autónomas, sobre los efectos y peligros de la socialización a través
de las redes sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Juan Antonio Valero Morales y Nahuel González López, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez, y David García Gomis, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre la bonificación de las cotizaciones sociales durante los periodos de nacimiento y cuidado del menor, para su discusión en la Comisión de Trabajo,
Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. Necesidad de la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar
Las medidas de conciliación en el ámbito profesional resultan fundamentales para que los trabajadores puedan desarrollar sus proyectos vitales con plenas garantías. Asimismo, es necesario ajustar las condiciones de trabajo para hacerlas
compatibles con las obligaciones familiares, por ser estas últimas un elemento clave de toda sociedad.
Un gobierno responsable y consciente de su función de procurar el bien común debería promover todas aquellas medidas tendentes a lograr este objetivo, no solo las que amplían el tiempo para conciliar la vida profesional y la familiar, sino
también aquellas que tienen contenido económico y que repercuten directamente sobre las empresas y los trabajadores. Es importante que esta protección se desarrolle de manera ordenada, comenzando por el impulso de la natalidad, un aspecto básico de
la vida familiar que es asimismo imprescindible para la continuación de la comunidad nacional.
El elevado coste de la vida en la actualidad motiva que haya muchos españoles que desean formar una familia, pero que no pueden hacerlo. Por ello, la protección adecuada de la natalidad en la vida profesional, y en general el fomento de la
natalidad, deben ser objeto primordial de la acción de los poderes públicos.
Segundo. Empeoramiento de las medidas económicas de conciliación
En contraste con el sentido común, el actual Gobierno de España se ha esforzado en impulsar y aprobar medidas de todo tipo contrarias a la vida, a la familia y a la natalidad, al mismo tiempo que confía sus políticas demográficas en el
fomento de la inmigración masiva y en la sustitución de la población española por extranjeros.
Un ejemplo paradigmático de esta línea de conducta contraria al interés general es el de la bonificación de las cotizaciones de trabajadores de baja por permiso de paternidad. Concretamente, una de las medidas más efectivas para fomentar la
natalidad y la conciliación de la vida profesional y familiar en el ámbito de la empresa era la que permitía bonificar el 100 % de la cuota empresarial del trabajador de baja que se encontrase disfrutando de un permiso de paternidad o maternidad.
Esa bonificación se aplicaba cuando dicha baja del trabajador era cubierta por medio de un contrato de interinidad.
Sin embargo, esta previsión social fue gravemente desvirtuada por el Gobierno de Pedro Sánchez con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de
la protección social de las personas artistas. En dicha norma se reemplazó la bonificación del 100 % de la cuota por una bonificación fija de 366 euros mensuales. Con ello, la empresa tiene que abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social
la diferencia entre la cuota empresarial que le corresponda y esos 366 euros.
Solamente la voracidad recaudatoria del Ejecutivo de Sánchez, así como su consistente desprecio al interés de los españoles y al bien común, pueden explicar que una medida tan positiva para dar impulso a la natalidad haya sido minorada de
esa manera.
Y es que, mientras se pudo aplicar la bonificación del 100 % de la cuota, los descansos de paternidad y maternidad tan necesarios para ambos padres en el momento inicial de la vida de su hijo, no tenían coste económico para la empresa, al
hacerse cargo la Seguridad Social de la cuota empresarial que correspondía abonar por el trabajador en esta situación. La bonificación producía un efecto beneficioso adicional, como era promover la creación de empleo, por ser condición esencial
para el acceso a la misma, la cobertura temporal de la vacante dejada por el trabajador de baja a través de un contrato de interinidad.
Tercero. La necesidad de recuperar la bonificación total de la cuota
La agenda seguida por el presidente Sánchez durante los años en los que ha estado al frente del Gobierno ha causado graves perjuicios a los trabajadores españoles, víctimas de políticas que asfixian la economía de las familias, que ven cómo
se reducen cada vez más sus oportunidades de prosperar.
La supresión de la bonificación del 100 % de la cuota es una medida injustificable, y se impone el impulso de una reforma legislativa que la recupere en los términos anteriores al citado Decreto-ley 1/2023.
España necesita un cambio de rumbo. Necesita un gobierno alejado de designios globalistas radicalmente contrarios a las necesidades y a los intereses de los españoles, y que adopte todas aquellas medidas que contribuyan a la formación y la
solidez de las familias, que son el núcleo fundamental de la sociedad.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recuperar la bonificación del 100 % de la cuota empresarial correspondiente a los trabajadores que se encuentren disfrutando permisos por nacimiento y cuidado del menor, en los términos anteriores a la entrada en vigor de la reforma del
Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.
2. Adoptar y promover todo tipo de medidas para fomentar la natalidad y la conciliación entre las vidas familiar y laboral.
3. Combatir la brecha maternal, impulsando modificaciones legislativas que incorporen deducciones por la contratación de madres y mujeres embarazadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2025.-Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo parlamentario plurinacional SUMAR de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones del Congreso relativa al establecimiento de sistemas eficaces de control horario en el ámbito laboral.
Exposición de motivos
Las relaciones de trabajo en España enfrentan dos problemas estructurales en materia de jornada, que agravan la precariedad y la desigualdad: una jornada de trabajo ordinaria de excesiva duración, que en nada contribuye a la mejora de la
productividad, y la proliferación de horas extraordinarias que ni son retribuidas, ni son cotizadas.
En efecto, el exceso de horas extraordinarias no retribuidas constituye una de las formas más graves de fraude y precarización laboral en nuestro país. A pesar de los avances regulatorios y el incremento de actuaciones de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, esta problemática sigue afectando significativamente a las personas trabajadoras.
Así, muchas empresas se aprovechan del incumplimiento de la normativa sobre jornada de trabajo para obtener ventajas competitivas en el mercado, como medio para reducir costes y ofrecer productos y servicios a precios más bajos, creando una
competencia desleal con aquellas otras mercantiles que sí cumplen con la ley.
El exceso de jornada laboral sin la debida compensación representa, además, una vulneración de los derechos de las personas trabajadoras. Las horas extraordinarias o complementarias (en el caso de los contratos a tiempo parcial) no
remuneradas generan un desgaste físico y mental, afectando a la calidad de vida y la productividad a largo plazo e impiden el ejercicio de la conciliación y la corresponsabilidad. Además, este fraude afecta a la generación de empleo, ya que, en
lugar de contratar nuevos trabajadores, las empresas sobrecargan a su plantilla con horarios excesivos.
Otro aspecto preocupante de este fraude es la infracotización de las horas extraordinarias, lo que implica una menor contribución a la Seguridad Social y, por ende, una reducción en las prestaciones futuras de las personas empleadas, como la
jubilación, la prestación por incapacidad temporal o la cobertura por desempleo. A nivel macroeconómico, estos impagos afectan a la sostenibilidad del Sistema, debilitando los recursos destinados a la población trabajadora y pensionistas.
Las empresas que recurren a estos abusos obtienen beneficios a corto plazo, pero generan un deterioro en las relaciones laborales y en la economía en su conjunto. La competencia desleal impide que las compañías que respetan la ley puedan
competir en igualdad de condiciones, fomentando un modelo de negocio basado en la explotación de la mano de obra.
El marco normativo europeo y estatal se ha hecho eco de la necesidad de establecer sistemas de control horario efectivos para proteger los derechos de las personas trabajadoras.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 14 de mayo de 2019 (asunto C55/18), estableció que los Estados miembros están obligados a garantizar la implementación de sistemas objetivos, fiables y accesibles que registren
la jornada laboral diaria de las personas trabajadoras. Esta interpretación, basada en la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, resalta la importancia de las medidas de control de la jornada en la
salvaguarda de la salud y la seguridad.
La sentencia destaca que sin un registro adecuado de la jornada es imposible verificar el cumplimiento de los límites legales en materia de tiempo de trabajo, como la duración máxima de la jornada laboral, los descansos diarios o los
semanales, y que dicha situación pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y facilita el abuso por parte de las empresas.
España se encuentra entre los países de la Unión Europea con más alta incidencia de horas extraordinarias no pagadas, lo que refleja deficiencias estructurales en el cumplimiento de la normativa laboral.
A lo largo de los años, los datos han evidenciado la persistencia de este problema. En 2015 se realizaron 3,48 millones de horas extra no pagadas a la semana. El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección
social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo introdujo la obligatoriedad del registro de jornada, un paso importante, pero que se ha revelado como insuficiente.
Desde 2020, la Inspección de Trabajo intensificó sus esfuerzos, con un incremento del 54 % en las actuaciones relacionadas con el tiempo de trabajo y la imposición de 14.292 sanciones, por un importe total de 15,5 millones de euros. Sin
embargo, ni la reforma legislativa ni las actuaciones de vigilancia y control inspector han logrado erradicar el problema, que se evidencia especialmente en sectores con alta temporalidad, contratos a tiempo parcial y aquellos con mayor precariedad
laboral. Así, en 2023, se constató la realización de 2,54 millones de horas extra no pagadas.
Persisten, y aquí radica la clave, carencias significativas en la objetividad, fiabilidad y accesibilidad de los sistemas de control horario, lo que exige reformas normativas y técnicas que blinden los derechos laborales y fomenten un modelo
de trabajo justo y sostenible.
En conclusión, la necesidad de un control horario efectivo y un registro de jornada eficaz resulta una cuestión central no solo porque afecta a los derechos más básicos de las personas trabajadoras (prevención de riesgos laborales,
conciliación, prestaciones y derechos de seguridad social), sino porque es fuente de competencia desleal entre aquellas empresas que cumplen con la ley y las que deciden abusar de un Sistema de Seguridad Social del que dependen las pensiones de
todas, tanto personas que trabajan por cuenta ajena, como las que lo hacen por cuenta propia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias que los sistemas de registro de la jornada diaria de trabajo:
Cumplan con los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad de información, figurando en un formato tratable, legible y compatible con los de uso generalizado.
Garanticen una interoperabilidad que permita su acceso y gestión por parte de las personas trabajadoras en el centro de trabajo y en cualquier momento.
Garanticen una interoperabilidad que permita su acceso a la representación legal de las personas trabajadoras y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto en el centro de trabajo como en remoto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2025.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Industria y Turismo
161/001830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ignacio Hoces Íñiguez, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas a fin de evitar la deslocalización industrial y
promover la relocalización de proyectos industriales, para su discusión en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La industria es el motor del desarrollo económico y de la soberanía nacional de cualquier país próspero. Sin embargo, en las últimas décadas, España ha experimentado un proceso de desindustrialización acelerado, impulsado por la asfixia
fiscal y regulatoria,
y la imposición de políticas ideológicas, que han penalizado la producción y la competitividad de las empresas que aún operan en nuestro territorio, al tiempo que han favorecido la deslocalización de muchas otras 22.
Para comprender la magnitud del problema, es necesario mencionar que el sector industrial en España está compuesto mayoritariamente por empresas manufactureras, que representan casi un 90 % del total y concentran el 76,3 % de la facturación
del sector 23. Entre las ramas de actividad más relevantes se encuentran la industria de la alimentación, la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, y la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, que en
conjunto representan cerca del 40 % de la facturación industrial 24.
El modelo económico promovido desde la Unión Europea y asumido por los sucesivos gobiernos ha entronizado la llamada 'transición ecológica' y la descarbonización en detrimento del tejido productivo nacional. La aplicación de las medidas
incluidas en el Pacto Verde Europeo, las exigencias derivadas de la Agenda 2030 y la sumisión a tratados internacionales como el Acuerdo de París de 2015 han generado un entorno hostil para la industria española, limitando su desarrollo y
condenándola a una progresiva pérdida de peso en nuestra economía: desde el año 1995, el peso económico de la Industria en el Producto Interior Bruto de España ha caído casi un 30 % 25.
Las consecuencias de estas políticas son evidentes: cierre de fábricas 26, pérdida de empleos 27, dependencia de mercados extranjeros y debilitamiento de la soberanía productiva. Mientras España asume compromisos que restringen su
capacidad industrial, países como China o India continúan desarrollando su industria sin las limitaciones impuestas por Bruselas, consolidando su liderazgo en sectores estratégicos 28.
En la misma línea, numerosas naciones están comenzado a adoptar estrategias que priorizan su capacidad productiva frente a políticas de corte ecologista radical que han demostrado ser perjudiciales para su crecimiento económico. Así lo
refleja el Manual de Internacionalización 2023, elaborado por el organismo público ICEX España Exportación, que señala el auge del fenómeno del reshoring, es decir, el retorno de la producción y fabricación de bienes a los países de origen de las
empresas 29.
El Gobierno de España debe emprender un giro radical en su política industrial. Es necesario recuperar el sentido común y poner en marcha medidas que prioricen el interés nacional, fomenten la reindustrialización y reviertan el daño causado
por décadas de decisiones erróneas. España debe recuperar su capacidad productiva, atraer inversiones y garantizar que el sector industrial alcance al menos el 20 % del PIB, en línea con el umbral que define a una economía desarrollada e
independiente. De hecho, la propia Unión Europea marcó en 2014 el objetivo de que los Estados miembros promovieran políticas para que la industria representara el 20 % del PIB 30, sin embargo en 2024 su peso en España apenas alcanzó el 14,18 % 31.
España no puede permitirse seguir perdiendo su industria en nombre de compromisos internacionales que solo benefician a terceros. Ha llegado el momento de recuperar nuestra soberanía productiva/apostar por un Crecimiento económico real,
fomentar la
22 https://diario.infoperiodistas.info/mas-de-360-empresas-espanolas-mudan-su-produccion-a-marruecos/.
23 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&idp=1254735576715.
24 España en cifras (INE) - Fichero 14. Industria. https://www.ine.es/ss/Satellite?L-es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=12547 35110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶ml=PYSDetalleGratuitas.
25 La aportación del sector industrial al PIB español en 1995 era del 19,78 %, frente al 14,18 % en 2024. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=67821&L=0.
26 https://www.elconfidencial.com/economia/2024-10-26/china-deslocalizacion-industria-bienes-finales-comercio_3990994/.
27 https://www.elmundo.es/economia/2024/04/09/6613ff61fdddff21688b458e.html.
28 https://www.infobae.com/wapo/2024/09/03/la-creciente-dependencia-de-india-de-china-plantea-un-desafio-para-la-estrategia-comercial-de-eeuu/.
29 https://www.icex.es/content/dam/es/icex/documentos/todos-nuestro-servicios/informacion-mercados/publicaciones/2023/09/01-manual-de-internacionalizacion-icex-2023-3-ed.pdf.
30 Por un renacimiento industrial europeo. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0014&from=DE.
31 https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=67821&L=0.
creación y mantenimiento a largo plazo de empleo estable y de calidad, y garantizar que nuestra Nación se convierta en un referente industrial fuerte y competitivo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la reindustrialización de España poniendo en marcha las siguientes medidas:
a) Elaborar un Plan Nacional de Reindustrialización, con el objetivo de que el sector industrial español supere el 20 % de nuestro Producto Interior Bruto y que incluya medidas para la relocalización de plantas productivas previamente
trasladadas a países extranjeros.
b) Eliminar barreras burocráticas innecesarias y reducir la fiscalidad que resta competitividad a la industria española, promoviendo un marco normativo que favorezca la atracción de inversión en áreas estratégicas, y priorizando las
deducciones fiscales y la bajada de impuestos sobre las subvenciones.
c) Exigir la devolución íntegra de los fondos públicos concedidos a aquellas empresas que deslocalizan su producción o cesen sus operaciones en España en el plazo y condiciones necesarios para que dichas ayudas cumplan su finalidad social y
económica.
2. Favorecer el desarrollo industrial a través de un modelo energético competitivo y alineado con los intereses nacionales mediante la promoción de las siguientes medidas:
a) Denunciar el Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015, por su incompatibilidad con el impulso de la conservación del medio natural sin renunciar a la soberanía energética y la prosperidad de los españoles.
b) Derogar todas las normativas y revertir las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo, priorizando un marco normativo que favorezca la competitividad y la seguridad energética de la Nación.
c) Promover, en el seno de la Unión Europea, la eliminación del mercado de emisiones de CO2 y del mecanismo de subasta de derechos, por su carácter especulativo y su impacto negativo en la industria.
d) Suprimir la consecución de objetivos ideológicos como la descarbonización, la circularidad y la neutralidad climática en la concesión de subvenciones públicas para la actividad industrial.
e) Sustituir las exigencias de sostenibilidad ambiental y neutralidad climática en las bases reguladoras de las subvenciones a la industria por criterios que fomenten el fortalecimiento de la familia, impulsando proyectos que contribuyan a
combatir el invierno demográfico, fomentar la natalidad y facilitar la conciliación familiar.
3. Vertebrar el tejido industrial por todo el territorio nacional a través de las siguientes medidas:
a) Impulsar el aprovechamiento industrial del suelo público, contribuyendo a revertir la despoblación del mundo rural.
b) Incentivar proyectos industriales con vocación de permanencia que se ubiquen en zonas rurales y generen nuevos puestos de trabajo estables.
c) Destinar inversiones estratégicas a la modernización y optimización de la red de transportes y comunicaciones que facilite el desarrollo y la competitividad de la industria en el territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2025.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Gabriel Rufián Romero y de la Diputada Etna Estrems Fayos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la situación del sector veterinario y el impacto del Real Decreto 666/2023, para su debate en instancia en la Comisión de Sanidad
Exposición de motivos
El sector veterinario desempeña un papel fundamental en la salud pública, el bienestar animal y la seguridad alimentaria. A pesar de esta importancia, los profesionales veterinarios se enfrentan a diversas problemáticas que dificultan su
labor diaria, como la excesiva burocratización, la regulación restrictiva de la dispensación de medicamentos veterinarios y la falta de reconocimiento de su función sanitaria.
La aprobación del Real Decreto 666/2023 ha generado una gran preocupación en el sector, ya que introduce limitaciones a la dispensación de medicamentos haciendo imposible adaptar la dosis y la posologia justa y adecuada, sobretodo a los
animales de menor peso, generando así un obligatorio malbaratamiento de los medicamento. Por otro lado, la obligatoriedad de aplicar la cascada de prescripción puede contribuir a la resistencia a los antibióticos y otros medicamentos y poner en
riesgo la salud animal. Además, los profesionales del sector denuncian que la nueva normativa supone una sobrecarga burocrática que dificulta su labor asistencial.
Ante esta situación, es necesario adoptar medidas para garantizar que la regulación de los medicamentos veterinarios sea equilibrada y eficiente, asegurando tanto el control sanitario como la viabilidad del ejercicio profesional veterinario.
Asimismo, es fundamental abordar la problemática de la fiscalidad del sector, la necesidad de un reconocimiento profesional adecuado y la defensa de un modelo veterinario que garantice la salud animal y la salud pública.
A tenor de lo expuesto, se propone la aprobación de la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Revisar el Real Decreto 666/2023 para adaptarlo a las necesidades del sector veterinario, facilitando la dispensación de medicamentos en condiciones seguras y eficientes para la salud animal.
2. Reducir la burocratización que afecta a los profesionales veterinarios, simplificando los procedimientos administrativos sin comprometer los estándares sanitarios.
3. Establecer mecanismos de apoyo para las clínicas veterinarias independientes y los profesionales autónomos, garantizando su viabilidad económica ante la irrupción de grandes grupos empresariales.
4. Equiparar la fiscalidad de los servicios veterinarios a la de otras profesiones sanitarias, ajustando el IVA aplicado para facilitar el acceso de los propietarios de animales a los servicios veterinarios esenciales.
5. Fomentar el reconocimiento del papel clave de los veterinarios en la salud pública, impulsando campañas institucionales y mejoras en su consideración dentro del sistema sanitario del estado español, apostando por el concepto de manera
efectiva de 'Una Sola Salud'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2025.-Etna Estrems Fayos, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari REPUBLICÀ, a instancia del Diputat Gabriel Rufián Romero, de la Diputada Etna Estrems Fayos, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de
llei sobre la situació del sector veterinari i l'impacte del Reial decret 666/2023 per al seu debat en instància en la Comissió de Sanitat.
Exposició de motius
El sector veterinari desenvolupa un paper fonamental en la salut pública, el benestar animal i la seguretat alimentària. Malgrat aquesta importància, els professionals veterinaris es troben amb diverses problemàtiques que dificulten la seva
tasca diària, com l'excessiva burocratització, la regulació restrictiva de la dispensació de medicaments veterinaris i la manca de reconeixement de la seva funció sanitària.
L'aprovació del Reial decret 666/2023 ha generat una gran preocupació en el sector, ja que introdueix limitacions a la dispensació de medicaments fent impossible adaptar la dosi i la posologia justa i adequada, sobretot als animals de menys
pes, generant així un obligatori malbaratament dels medicaments. Per altra banda, l'obligatorietat d'aplicar la cascada de prescripció pot contribuir a la resistència als antibiòtics i altres medicaments i posar en risc la salut animal. A més, els
professionals del sector denuncien que la nova normativa suposa una sobrecàrrega burocràtica que dificulta la seva tasca assistencial.
Davant aquesta situació, és necessari adoptar mesures per garantir que la regulació dels medicaments veterinaris sigui equilibrada i eficient, assegurant tant el control sanitari com la viabilitat de l'exercici professional veterinari. Així
mateix, cal abordar la problemàtica de la fiscalitat del sector, la necessitat d'un reconeixement professional adequat i la defensa d'un model veterinari que garanteixi la salut animal i la salut pública.
A tenor de l'exposat, es proposa l'aprovació de la següent:
Proposició no de llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a:
1. Revisar el Reial decret 666/2023 per adaptar-lo a les necessitats del sector veterinari, facilitant la dispensació de medicaments en condicions segures i eficients per a la salut animal.
2. Reduir la burocratització que afecta els professionals veterinaris, simplificant els procediments administratius sense comprometre els estàndards sanitaris.
3. Establir mecanismes de suport per a les clíniques veterinàries independents i els professionals autònoms, garantint la seva viabilitat econòmica davant la irrupció de grans grups empresarials.
4. Equiparar la fiscalitat dels serveis veterinaris a la d'altres professions sanitàries, ajustant l'IVA aplicat per facilitar l'accés dels propietaris d'animals als serveis veterinaris essencials.
5. Fomentar el reconeixement del paper clau dels veterinaris en la salut pública, impulsant campanyes institucionals i millores en la seva consideració dins del sistema sanitari de l'estat espanyol, apostant de manera efectiva pel concepte
d'Una Sola Salut.'
Congrés del Diputats, 4 de març de 2025.-Etna Estrems Fayos, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del G. P. Republicà.
161/001839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la prestación de servicios sanitarios por parte del Instituto Social de la Marina, para su discusión en
la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
España ha sabido situarse como un referente europeo y mundial en el sector pesquero, ello como resultado de una larga tradición que ha sabido adaptarse a los sucesivos cambios y que, durante generaciones, ha proporcionado empleo y sustento a
miles de familias españolas. Actualmente nuestra Patria posee la tercera flota pesquera más grande la Unión Europea 32 -por detrás de Grecia (12.092 buques) e Italia (12.255 buques) 33-, si bien desde 2014 se ha producido un paulatino descenso en
el número de buques de la flota española en todos los caladeros.
En lo que se refiere al ámbito sociolaboral, se estima que la pesca marítima da empleo a cerca de 58.262 personas, siendo uno de sus principales retos el relevo generacional. En particular, en lo referido a los trabajadores de abordo,
existe una notable tasa de envejecimiento (el grueso de los trabajadores se sitúa en el tramo de 40 a 64 años), lo cual amenaza la continuidad de la actividad 34.
En este sentido, cabe señalar que el trabajo pesquero presenta una serie de particularidades en comparación con otras actividades productivas 35 que han dificultado en gran medida la aplicación de las normas laborales y de la Seguridad
Social comunes 36: inexistencia de ciclos productivos regulares por la incidencia de factores externos (climatológicos, biológicos, técnicos, etc.), régimen salarial particular (véase el salario a la parte) y singularidad del centro de trabajo
(buques) 37. También adquiere especial relevancia el hecho de que las condiciones laborales sean extremadamente duras: se trata de 'una actividad profesional muy peligrosa con altas tasas de morbilidad, siniestralidad y mortalidad' y en la que 'la
atención médica en las embarcaciones es limitada, así que en caso de enfermedad existe una mayor dificultad para recibir una asistencia y tratamiento adecuados' 38.
A este respecto, cabe tener en cuenta que la mejora de las condiciones laborales, la salud y la seguridad laboral es condición indispensable para lograr la sostenibilidad social del sector pesquero 39.
Dicho esto, conviene poner en valor la labor de asistencia sanitaria prestada por el Instituto Social de la Marina 40 al sector marítimo-pesquero en su conjunto.
32 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA y ALIMENTACIÓN (2024): Formación y relevo generacional en el sector pesquero extractivo: contexto y actuaciones, pág. 7.
33 Acceso: https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/es/FTU_3.3.9.pdf
34 Idem, págs. 13 y 14.
35 RIBES MORENO, M. I. (2022): 'La compleja inclusión de los pescadores en el control del tiempo de trabajo' en Cuadernos de Derecho transnacional, 14(2), pág. 773.
36 CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2006): 'Algunas de las especificidades más problemáticas del trabajo en el mar realizado a bordo de embarcaciones pesqueras' en Revista Galega de Economía, vol. 15, núm. 1, pág. 4.
37 SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. (2004): 'El tiempo de trabajo de quienes prestan su actividad a bordo de buques pesqueros' en Anales de Derecho, vol. 22, págs. 239 y 240.
38 AA.VV. (2014): Sector Pesquero: análisis de la literatura científica sobre salud laboral. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pág. 4.
39 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (2023): Informe 3/2023. La pesca, la acuicultura y la industria transformadora en España: retos para su sostenibilidad, pág. 188.
40 El Instituto Social de la Marina se trata de una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Desde 1983 el Instituto Social de la Marina desarrolla el 'Programa de Sanidad Marítima' 41, el cual pone a disposición de los trabajadores del mar los recursos necesarios para la atención sanitaria a bordo. En concreto, su objetivo es
'articular un modelo práctico, basado en mecanismos tanto asistenciales como preventivos que, de forma integral y planificada, oferte y acerque los medios asistenciales y sanitarios que necesita el sector para el desarrollo de su actividad' 42.
Así, a nivel de asistencia sanitaria, la actividad del Instituto Social de la Marina se desarrolla en los Centros en el Extranjero, los buques de Apoyo Sanitario, de Salvamento y Asistencia Marítima 'Esperanza del Mar' y 'Juan de la Cosa' y
a través del Centro Radio-Médico Español, el cual es el centro de asistencia sanitaria permanente a la flota.
Por otro lado, a nivel preventivo, destaca la labor desempeñada por los 45 Centros de Sanidad Marítima ubicados en las direcciones provinciales y en las Direcciones Locales dependientes de aquellas. Esta actividad preventiva se realiza
principalmente a través del Reconocimiento Médico de Embarque Marítimo, cuyo objetivo es 'garantizar que las condiciones psicofísicas [del trabajador] sean compatibles con las características del puesto de trabajo y no supongan peligro para la salud
y seguridad de dicha persona ni del resto de la tripulación' (artículo 5.1 del Real Decreto 505/2024, de 28 de mayo) 43, así como del Reconocimiento médico de aptitud para el buceo profesional, cuyo fin es 'garantizar que las condiciones
psicofísicas del buceador y buceadora profesional sean compatibles con el trabajo en el medio hiperbárico' (artículo 5.2 del Real Decreto 505/2024, de 28 de mayo). Además, también destacan otras actividades sanitarias preventivas como el control de
botiquines y condiciones higiénico-sanitarias de los buques, así como la formación sanitaria de las tripulaciones 44.
No cabe duda, pues, de que el adecuado desempeño de las múltiples actividades enmarcadas en el 'Programa de Sanidad Marítima' requieren eficiencia y operatividad desde el punto de vista material y del personal. No obstante, en los últimos
años se han venido produciendo problemas relacionados con la escasez y pérdida constante de personal en las diferentes delegaciones y buques asistenciales del Instituto Social de la Marina. Así lo reconoció en 2023 su directora, Dña. Elena
Martínez Carqués, quien afirmó en prensa que el Instituto Social de la Marina había perdido un 15 % de su personal en los últimos 10 años, principalmente por las jubilaciones y la baja tasa de reposición 45.
En lo que se refiere al concreto ámbito sanitario, el déficit de facultativos en el Instituto Social de la Marina está repercutiendo negativamente en el trabajo desempeñado por los trabajadores del mar. La falta de médicos compromete la
capacidad para realizar reconocimientos médicos esenciales para los marineros, afectando su actividad laboral al obligarles en muchos casos a desplazarse a aquellos Centros de Sanidad Marítima que sí cuenten con facultativos 46. Este problema ha
afectado a las diferentes regiones costeras españolas, destacando así algunos casos que han tenido eco en prensa, como el de la Casa del Mar de Ibiza 47 o el de la Dirección Local de Corcubión (La Coruña) 48.
41 Acceso: https://www.newmedicaleconomics.es/reportaje/la-atencion-medica-en-alta-mar-un-desafio-constante/.
42 Acceso: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/intemet/Trabajadores/TrabajadoresMar/35300.
43 B.O.E. núm. 145, de 15 de junio de 2024.
44 Véase al respecto el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar (B.O.E. núm. 47, de 24 de febrero de 1999).
45 Acceso: https://www.farodevigo.es/mar/2023/08/05/ism-alerta-falta-medicos-delegaciones-90672130.html.
46 Acceso: https://www.abc.es/sociedad/falta-medicos-amenaza-seguridad-68000-marineros-20240226113700-nt.html.
47 Acceso: https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2024/07/08/2199159/falta-medicos-casa-del -mar-impide-trabajadores-embarcaciones-tener-dia-papeles.html.
48 Acceso: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2024/03/19/gobierno-central-reconoce-cuest a-contratar-medico-ism-corCubion-cerrara/0003_202403C19C2995.htm.
A este respecto, se ha constatado una reacción tardía por parte del Gobierno de la Nación para hacer frente a la falta de médicos en el Instituto Social de la Marina. Así lo atestiguan las recientes convocatorias de procesos selectivos y
concursos de traslados 49.
Por último, también conviene llamar la atención sobre la situación del personal laboral tripulante de los buques de Apoyo Sanitario, de Salvamento y Asistencia Marítima 'Esperanza del Mar' y 'Juan de la Cosa'. Desde 2017 carecen de un
convenio colectivo actualizado 50.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Agilizar los procesos selectivos en curso asegurando la pronta incorporación de personal sanitario al Instituto Social de la Marina, garantizando una cobertura adecuada en todas las regiones y facilitando el acceso de los trabajadores
del mar a los servicios sanitarios
2. Realizar campañas de divulgación y captación dirigidas al personal sanitario en su conjunto con el fin de dar a conocer la existencia de la sanidad marítima y su importancia para la salud de los trabajadores del mar.
3. Dotar de recursos materiales necesarios en los centros del Instituto Social de la Marina con el fin de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos. Asimismo, mejorar las condiciones laborales y salariales del personal
sanitario del Instituto Social de la Marina con el fin de aumentar su atractivo profesional.
4. Reconocer el trabajo desempeñado por el personal laboral tripulante de los buques de Apoyo Sanitario, de Salvamento y Asistencia Marítima 'Esperanza del Mar' y 'Juan de la Cosa' y, consecuentemente, facilitar la consecución de un nuevo
Convenio Colectivo de los buques del Instituto Social de la Marina'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
161/001850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo y promoción de la producción ecológica, para su debate
en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
49 Cabe citar al respecto la Resolución de 23 de diciembre de 2024, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, como personal laboral fijo en la categoría de Médico de Sanidad Marítima, personal fuera de
convenio, en el Instituto Social de la Marina (B.O.E., núm. 12, de 14 de enero de 2025) y la Resolución de 1 de noviembre de 2024, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal
laboral fijo en la categoría de Médico de Sanidad Marítima en el Instituto Social de la Marina (B.O.E., núm. 272, de 11 de noviembre de 2024). También se pueden citar la Resolución de 6 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo en la categoría de Médico de Sanidad Marítima, personal fuera de convenio, en el Instituto Social de la Marina (B.O.E., núm. 298, de 14 de diciembre de 2023) o la Resolución de 3 de
marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, fuera de convenio, en la categoría de Médico de Sanidad Marítima, en el Instituto Social de la Marina (B.O.E., núm. 62, de 14 de
marzo de 2023).
50 Véase al respecto la Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de los buques del Instituto Social de la Marina (B.O.E., núm.
15, de 18 de enero de 2017).
En la actualidad, el cambio climático es uno de los desafíos más urgentes y palpables que enfrenta la sociedad. Los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías prolongadas, tormentas intensas y la subida del nivel del
mar, son ya evidentes a escala global. Según el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 2013), este fenómeno es un proceso indiscutible y científicamente respaldado. Las alteraciones del clima están alterando
ecosistemas enteros, afectando la biodiversidad, provocando la pérdida de recursos naturales esenciales y alterando la estabilidad ambiental del planeta.
El IPCC elaboró también un informe en 2019 sobre Cambio climático, desertificación, degradación de la tierra, gestión sostenible, seguridad alimentaria y flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres. En dicho estudio
se recoge cómo la superficie terrestre desempeña un papel central, tanto en la causa, como en la mitigación del cambio climático. Destaca la necesidad de prácticas de gestión sostenible de la tierra para reducir las emisiones, restaurar tierras
degradadas y aumentar la resiliencia ante los impactos del cambio climático. El informe también subraya la importancia de abordar las dimensiones sociales y económicas del uso de la tierra, especialmente en las comunidades rurales que son más
vulnerables a los impactos climáticos.
En este sentido, la influencia humana en el sistema climático es clara. La quema de combustibles fósiles, la deforestación, la industrialización y, en particular, la agricultura y ganadería intensiva, son los principales motores de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estas prácticas liberan grandes cantidades de C02, metano y óxidos de nitrógeno a la atmósfera, exacerbando el calentamiento global y alterando los ciclos naturales del clima.
En concreto, el sector agrícola y ganadero es uno de los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los sistemas agrícolas tienen un doble papel: por un lado, como emisores de GEI y, por otro, como sectores
vulnerables a los efectos del cambio climático. En este contexto, la agricultura industrializada, la cual se basa en el uso masivo de fertilizantes sintéticos, pesticidas, maquinaria pesada y monocultivos, tiene un impacto ambiental desmesurado.
De este modo, cobra relevancia y trascendencia la producción ecológica, también conocida como biológica u orgánica, la cual se presenta como una alternativa crucial. Este sistema de gestión y producción agroalimentaria combina las prácticas
ambientales óptimas, ofrece un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales y garantiza la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal. Este modelo excluye el uso de productos químicos de síntesis, favorece
el manejo de la materia orgánica y promueve técnicas como la rotación de cultivos, el control biológico de plagas y el fomento de la biodiversidad. Además, los sistemas ecológicos son menos vulnerables y poseen una mayor capacidad para restaurar la
biodiversidad y mejorar la calidad del suelo, lo que contribuye a un equilibrio ecológico a largo plazo.
Por otro lado, la agricultura ecológica también es menos dependiente de los oligopolios que controlan el mercado de insumos agrícolas, ya que no requiere fertilizantes ni pesticidas sintéticos, lo que favorece la independencia y resiliencia
de los productores. Si bien los agricultores ecológicos pueden ser más vulnerables a ciertos eventos climáticos extremos, sus prácticas agrícolas fomentan una mayor biodiversidad y salud del suelo, lo que hace que los sistemas sean más resilientes
a plagas y enfermedades. Además, los ecosistemas más equilibrados en las fincas ecológicas pueden actuar como 'protección natural', reduciendo la necesidad de recursos externos costosos durante crisis agrícolas.
Por otro lado, la producción ecológica promueve la diversificación de las explotaciones agrícolas. Los productores no dependen de un único cultivo o de monocultivos extensivos, lo que les permite adaptarse mejor a las fluctuaciones del
mercado y reducir los riesgos económicos. Al mismo tiempo, este modelo favorece la conservación del paisaje rural, la protección de los recursos hídricos y la mejora de la calidad del suelo, aspectos cruciales para garantizar la sostenibilidad a
largo plazo del medio rural.
La transición hacia un modelo de producción ecológica tiene un impacto directo y positivo sobre el mundo rural. En primer lugar, este sistema de producción es mucho más
intensivo en mano de obra que la agricultura industrializada. De hecho, un estudio ha demostrado que la agricultura ecológica emplea hasta un 30 % más de mano de obra que los sistemas convencionales. Esto se traduce en una mayor generación
de empleo en las zonas rurales, lo que contribuye a la revitalización de las comunidades y al freno a la despoblación rural.
El sector ecológico en España tiene un potencial claro para convertirse en líder, gracias a nuestras condiciones climáticas privilegiadas, una ubicación geográfica estratégica y un sector altamente cualificado e innovador. Para alcanzar el
objetivo de que el 25 % de la superficie agraria útil en España sea ecológica para 2030, según lo establecido por la Unión Europea, se necesitará incorporar unos cuatro millones de hectáreas adicionales en los próximos años. Aunque se trata de un
reto ambicioso, ya existen comunidades como Andalucía y Cataluña que superan esta meta, mientras que otras como Murcia, Valencia y Baleares se encuentran muy cerca de alcanzarla. La clave para el futuro, tanto a corto como a largo plazo, radica en
aumentar el consumo y alinear este crecimiento con los estándares europeos.
El objetivo para 2030 es lograr que el consumo de productos ecológicos alcance el 10 % en España, lo que equivale a un incremento de 7.000 millones de euros. Para lograr este objetivo, se proponen medidas como garantizar que el 20 % de las
compras públicas sean ecológicas, tal como establece el Plan de Acción Europeo, y reducir el IVA sobre los productos ecológicos por su impacto positivo en la sociedad.
Ante la crisis climática y los retos ambientales actuales, es imperativo apoyar y promover la producción ecológica no solo como una alternativa al sistema industrializado, sino como una necesidad para el futuro del planeta. Para ello, es
esencial crear políticas públicas que fomenten esta forma de producción, que apoyen a los agricultores ecológicos mediante incentivos y subvenciones y que protejan la biodiversidad, los suelos y los recursos hídricos. Solo a través de un cambio
hacia modelos de producción más sostenibles, como la agricultura ecológica, podremos garantizar la seguridad alimentaria, el bienestar de las generaciones futuras y la recuperación de nuestros ecosistemas.
Por todo ello, el Grupo Plurinacional de Sumar presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar un plan estratégico para la producción ecológica que aborde de forma integral los retos de la producción, transformación, comercialización y consumo de productos ecológicos y avance en la consecución de los objetivos del sector
de cara a 2030.
2. Continuar promoviendo la producción ecológica por su impacto positivo en el mundo rural, ampliando las políticas públicas que fomenten esta forma de producción, que apoyen la agricultura y ganadería ecológica mediante incentivos y
subvenciones y que protejan la biodiversidad, los suelos y los recursos hídricos.
3. Fomentar, a través de campañas y acciones concretas, la promoción de un consumo responsable y la lucha contra el 'greenwashing' que pongan de relieve, entre otras cuestiones, sus beneficios para la salud pública, el desarrollo económico
local y la sostenibilidad medioambiental.
4. Promover que el 20 % de las compras públicas sean ecológicas, tal como establece el Plan de Acción Europeo, y la reducción del IVA sobre los productos ecológicos por su impacto positivo en la sociedad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2025.-Juan Antonio Valero Morales, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero y Àgueda Micó Micó, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Política Territorial
161/001860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la restauración de las líneas de
autobús que unen Ledaña, El Herrumblar, Alcahozo, Villarta, Villalpardo, Minglanilla, San Clemente, Casasimarro, Quintanar del Rey, Iniesta, Arcas, Villar del Saz de Arcas, Almodóvar, Gabaldón, Motilla del Palancar, Campillo de Altobuey, Puebla del
Salvador y Graja de Iniesta con Valencia, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Cuenca, con 238 municipios y 4 entidades de ámbito territorial inferior al municipio, es una de las diez provincias de España con mayor número de municipios y, además, la quinta con mayor extensión territorial.
A esta gran superficie hay que sumarle un dato clave: el 91 % de los pueblos tienen menos de 1.000 habitantes. Los servicios básicos, en la actualidad, son escasos o, simplemente, inexistentes, lo que obliga a los vecinos a tener que
desplazarse a otros municipios o incluso a la capital para poder cubrir necesidades esenciales, como médicas, administrativas, formativas o para realizar compras diversas.
Esta carencia supone un grave problema y afecta especialmente a las personas mayores, que constituyen el grupo de edad predominante en estas localidades y que, en su mayoría, dependen del transporte público para poder viajar y acceder a
estos servicios.
La reducción de frecuencias en los autobuses e incluso la supresión de líneas se produjo durante la crisis sanitaria de la COVID-19. El Gobierno de España y la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha eliminaron parte de un transporte
público esencial, como es el autobús que, hoy en día, no se ha restablecido.
Ante esta situación, en octubre de 2022, vecinos de varios municipios de la comarca de La Manchuela, como Minglanilla, Iniesta y Villalpardo, presentaron un escrito en la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, manifestando su malestar por la
suspensión y reducción del servicio de autobuses y pidiendo que se restablezca el servicio.
La eliminación de esta conexión ha dejado prácticamente aisladas a localidades como Ledaña, El Herrumblar, Alcahozo, Villarta, Villalpardo, Minglanilla, San Clemente, Casasimarro, Quintanar del Rey, Iniesta, Arcas, Villar del Saz de Arcas,
Almodóvar, Gabaldón, Motilla del Palancar, Campillo de Altobuey, Puebla del Salvador y Graja de Iniesta, privando a sus habitantes del derecho a desplazarse en transporte público.
La falta de autobús en este amplio territorio de la provincia de Cuenca dificulta a estos vecinos su acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad o el empleo. Muchos de ellos no tienen vehículo propio o no pueden conducir por
razones de edad, lo que agrava aún más la situación.
Además, la eliminación de estas líneas de autobús choca con las políticas de movilidad sostenible, que buscan reducir el uso del vehículo privado y mejorar la conexión entre territorios. El transporte público no solo es una herramienta
fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, sino también un recurso clave en la lucha contra la despoblación.
Si realmente queremos apostar por el futuro de nuestros pueblos, recortar servicios esenciales como el transporte es un grave error. Sin conexión con otros municipios, no solo se dificulta la vida de quienes ya residen en estos territorios,
sino que se desincentiva la llegada de nuevos pobladores o el regreso de quienes en su día tuvieron que marcharse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Restablecer de manera inmediata las líneas de autobús que conectaban los municipios de Ledaña, El Herrumblar, Alcahozo, Villarta, Villalpardo, Minglanilla, San Clemente, Casasimarro, Quintanar del Rey, Iniesta, Arcas, Villar del Saz de
Arcas, Almodóvar, Gabaldón, Motilla del Palancar, Campillo de Altobuey, Puebla del Salvador y Graja de Iniesta con Valencia.
2. Realizar un estudio detallado sobre las necesidades de movilidad en la provincia de Cuenca, con el fin de identificar carencias y mejorar la red de transporte, garantizando una conexión adecuada entre los municipios conquenses y los de
otras comunidades autónomas.
3. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación para asegurar que el transporte público en las zonas rurales sea eficiente, accesible y adaptado a la realidad de cada territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Daniel Pérez Osma, Beatriz Jiménez Linuesa, Antonio Román Jasanada y Ángel Ibáñez Hernando, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a los puntos de vertidos de dragados en las rías gallegas, concretamente en la ría de Arousa, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En 1998, el Ministerio de Fomento habilitó un punto para el vertido de materiales de dragado portuario entre las islas de Ons y Sálvora, en la desembocadura sur de la ría de Arousa, dentro de una zona ZEPA, a menos de dos millas de la zona
marítima protegida de la isla de Sálvora y a casi cuatro millas de la isla de Ons, muy cerca también de los caladeros autorizados.
Sin embargo, cuando el Ministerio escogió ese punto de vertido, el expediente no se sometió a información pública ni se vio respaldado por informes ambientales de consulta pública. En aquella época, ninguno de los archipiélagos de Arousa
estaba protegido, las Islas Atlánticas aún no habían sido declaradas Parque Nacional y el Espacio Marino de las Rías Baixas de Galicia aún no había sido designado Zona de Especial Protección para las Aves.
A pesar de no disponer de informes ambientales y de afectar a zonas de especial protección, desde su habilitación, tanto Puertos del Estado como Puertos de Galicia han utilizado esta zona de vertido para depositar materiales procedentes de
sus dragados. Así, durante los últimos años, se depositaron en ese punto millones de metros cúbicos de lodos y otros materiales hasta que, en abril de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica detuvo la autorización de los vertidos.
En aquel momento, ante las solicitudes de dragado que estaban pendientes y que, en algunos casos, llevaban esperando más de una década, Puertos de Galicia anunció públicamente un grupo de trabajo con los gremios, las organizaciones de
productores, otras entidades profesionales y la administración implicada 'para analizar en profundidad las alternativas y agilizar lo máximo posible y con garantías la autorización del nuevo punto de depósito de los materiales de dragado'.
A día de hoy, desconocemos si aquel grupo de trabajo llegó a constituirse y, de haberlo hecho, cuáles fueron las conclusiones de su trabajo. También se desconocen las tres propuestas alternativas a los depósitos que la Xunta de Galicia
afirmó haber enviado a Costas y que el propio presidente de Puertos de Galicia se negó a desvelar en varias ocasiones 'por cortesía institucional y hasta que Madrid se pronuncie sobre ellas'.
En cualquier caso, sería conveniente que el Gobierno gallego tuviese en cuenta el acuerdo adoptado por unanimidad en el Parlamento gallego el 26 de junio de 2019, que insta a la Xunta a 'elaborar una propuesta alternativa y sostenible para
el depósito de los lodos procedentes del dragado del río Lérez, de forma que se garantice que no afectará a ninguna de las rías gallegas, en concreto a la ría de Arousa'.
Ahora, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), dependiente de los Ministerios de Transportes y de Transición Ecológica, acaba de proponer como prioridad para el depósito de materiales procedentes de los dragados de
los puertos de las rías de Arousa y Pontevedra, o de cualquier otro que no esté situado a más de 20 millas, el mismo punto de vertido cercano a la isla de Sálvora que dejó de autorizar en 2021 y que el propio sector pesquero y marisquero de la ría
de Arousa había rechazado por unanimidad con anterioridad, en 2019, cuando la Xunta de Galicia anunció públicamente su intención de utilizar la zona como depósito para el dragado del río Lérez.
El BNG, de acuerdo con lo aprobado en el Parlamento gallego en 2019, rechaza que las rías gallegas, y concretamente la ría de Arousa, sean el lugar de depósito de toneladas de residuos que pueden estar poniendo en riesgo los ecosistemas. No
solo nos parece un despropósito que puedan verterse más lodos en ese punto, sino también la propia permanencia del depósito, del cual no tenemos constancia que se vigile o se controlen sus consecuencias.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
- Rechazar la posibilidad de que las rías gallegas, en concreto la ría de Arousa, sean el punto de depósito de materiales de dragados.
- Denegar o cancelar la autorización de la zona de Sálvora como punto de vertido de los materiales de dragado y su cierre.
- Realizar un estudio sobre la situación de este depósito y el impacto que pueda estar ocasionando en una zona de tanta riqueza ecológica, pesquera y ambiental.
- Realizar una evaluación de los impactos que estos sedimentos puedan haber tenido sobre los recursos pesqueros y marisqueros'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa aos puntos de vertidos de dragados nas rías galegas, concretamente na Ría de Arousa para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
No ano 1998, o Ministerio de Fomento habilitou un punto de vertido para os materiais de dragado de portos entre as illas de Ons e Sálvora, na boca sur da ría de Arousa, dentro dunha zona ZEPA, a menos de dúas millas da zona marítima
protexida da Illa de Sálvora e a case catro millas da Illa de Ons, moi próxima tamén aos caladoiros de pesca autorizados.
Porén, cando o Ministerio elixiu ese punto de vertido, o expediente non foi sometido a exposición pública nin foi avalado por informes ambientais de consulta pública. Naquela altura, ningún dos arquipélagos da Arousa estaba protexido, aínda
non foran declaradas Parque Nacional as Illas Atlánticas nin tampouco se designara o Espazo Mariño das Rías Baixas da Galiza como Zona Especial de Protección de Aves.
A pesar de non contar con informes ambientais e de afectar a zonas de especial protección, desde que se habilitou esta área de vertido, foi utilizada tanto por Portos do Estado como por Portos da Galiza para depositar materiais dos seus
dragados. Así, nos últimos anos, millóns de metros cúbicos de lodos e outros materiais foron depositadas nese punto até que, en abril de 2021, o Ministerio de Transición Ecolóxica deixou de autorizar os vertidos.
Naquel momento, debido ás demandas de dragados que había pendentes de acometer e que, nalgún caso, levaban máis dunha década agardando, Portos de Galiza anunciou publicamente unha mesa de traballo coas confrarías, as organización de
produtores, outras entidades profesionais e as administración implicadas 'para afondar nas alternativas e para axilizar ao máximo e con garantías a autorización do novo punto de depósito dos materiais a dragar'.
A día de hoxe, descoñecemos se aquela mesa de traballo se chegou a constituír e, se o fixo, cales foron as conclusións do seu traballo. Tampouco se coñecen as tres propostas alternativas para os depósitos que a Xunta da Galiza asegurou ter
remitido a Costas e que o propio presidente de Portos de Galiza se negou a desvelar en varias ocasións 'por cortesía institucional e mentres Madrid non se pronuncie sobre eles'.
Mais, nun caso e no outro, sería desexábel que o Goberno galego tivese en conta o acordo alcanzado por unanimidade no Parlamento galego, o 26 de xuño de 2019, en que se insta á Xunta á 'elaboración dunha proposta alternativa e sustentábel
para o depósito dos lodos procedentes do dragado do río Lérez, de tal forma que se garanta que estes non afectarán a ningunha das rías galegas, nomeadamente a ría de Arousa'.
Agora, o Centro de Estudos e Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), dependente dos ministerios de Transportes e de Transición Ecolóxica, vén de propoñer como prioritario para depositar os materiais dos dragados dos portos das rías de
Arousa e Pontevedra, ou de calquera outro que non se sitúe a máis de 20 millas, o mesmo punto de vertido próximo á illa de Sálvora que deixou de autorizar en 2021 e que o propio sector pesqueiro e marisqueiro da ría de Arousa rexeitara unanimemente
con anterioridade, en 2019, cando a Xunta da Galiza anunciara publicamente a súa intención de utilizar a zona como depósito do dragado do río Lérez.
O BNG, en concordancia co aprobado no Parlamento galego no 2019, rexeita que as rías galegas, e nomeadamente a ría de Arousa, sexa o depósito de toneladas de residuos que poden estar poñendo en risco os ecosistemas. Non só nos parece un
despropósito que se poidan verter nese punto máis lodos, senón tamén a permanencia do depósito do que non nos consta que se estea a facer seguimento nin control das consecuencias do mesmo.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte Proposición non de Lei:
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
- Rexeitar a posibilidade de que as rías galegas, nomeadamente a ría de Arousa, sexan o punto de depósito de materiais de dragados.
- Denegar ou cancelar a autorización da zona de Sálvora como punto de vertido de dragados e a clausura do mesmo.
- Realizar un estudo sobre a situación deste depósito e o impacto que o mesmo pode estar causando nunha zona de tanta riqueza ecolóxica, pesqueira e ambiental.
- Levar adiante unha avaliación dos impactos que estes sedimentos poidan ter causado sobre os recursos pesqueiros e marisqueiros'.
En Madrid, 3 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara en vigor, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la eliminación definitiva de los vertidos y la ampliación de la recuperación de la zona y el literal de A Ribeiriña, en el término municipal de A Pobra do Caramiñal, para su debate en la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
A principios de este año, un vertido de hidrocarburos en la costa de la zona de Ribeiriña, en el municipio de A Pobra do Caramiñal, provocó la activación del Plan Camgal de contaminación marina en fase de alerta.
Inicialmente, el origen del derrame fue atribuido, por la Consejería del Mar, al sistema de tuberías de los tanques de diésel de las instalaciones de la antigua fábrica de HADASA, que se encontraba abandonada desde hace años, al tiempo que
se anunciaba una investigación para determinar las causas exactas del derrame.
Los vertidos se produjeron durante varios días, por lo que los técnicos del Plan de Control de Vertidos de la Xunta de Galicia realizaron un seguimiento de la situación a la vez que anunciaban nuevas inspecciones al considerar otras
posibilidades sobre su origen, concretamente su filtración a través de un muro de contención en los terrenos donde se ubicaba una fábrica de conservas, adyacente a HADASHA. Terrenos en los que, recientemente, la Demarcación de Costas, a través de
la empresa Tragsa, había realizado actuaciones de regeneración.
Precisamente, según ha trascendido públicamente, el Ministerio de Medio Ambiente solicitó a la Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica, documentación sobre dicho proyecto de regeneración del borde
de A Ribeiriña, finalizado hace justo un año.
A día de hoy, no sabemos cuáles fueron los resultados y conclusiones definitivas de las investigaciones realizadas por los técnicos de la Xunta de Galicia, pero parece que constatan que los vertidos proceden de los terrenos recuperados por
Costas y anteriormente ocupados por la conservera, La onza de oro, ya que la Administración gallega requirió a la Demarcación de Costas en Galicia que los solucionara y que realizara una propuesta de investigación para conocer el estado actual del
suelo en el que se realizaron las actuaciones.
Según la propia Xunta de Galicia, también tiene en su poder un informe emitido por la Demarcación de Costas en el que se reconoce que durante la ejecución de las obras de regeneración en la zona se detectaron fugas y que se encontraron dos
depósitos de hidrocarburos enterrados en mal estado que, sin embargo, no fueron retirados. De ser esto cierto, es evidente que, si se adoptó alguna medida en ese sentido en su momento, no fue adecuada o no fue suficiente.
En la zona de A Ribeiriña ciertamente hubo actividad industrial durante muchos años y sus vecinos tuvieron que soportar no solo las consecuencias de la misma durante el
tiempo que se mantuvo, sino también el hecho de que tardaran demasiado en verse las actuaciones de recuperación de esa parte del litoral pobrense que permaneció abandonada durante décadas.
No fue hasta 2011 cuando se empezaron a ver los primeros cambios, con el desmantelamiento de la antigua conservera, La onza de oro. Esto dio como resultado el desarrollo de una gran área para el disfrute público y en ese momento el gobierno
municipal ya había anunciado una segunda fase en la que Costas incluiría la compra y demolición del antiguo edificio industrial de HADASA; sin embargo, las negociaciones entre la administración estatal y los acreedores de la empresa no llegaron a
un acuerdo.
Finalmente, en 2015, fue el responsable de la Demarcación de Costas en Galicia quien hizo público que el Estado no compraría ni expropiaría HADASA. La continuidad del proyecto de recuperación del litoral de A Ribeiriña, iniciado en 2011, se
retomó en 2023, pero HADASA, que ocupa aún una parte de terrenos del dominio público marítimo y terrestre, permanece hoy y tras la finalización de las actuaciones de Costas, en un avanzado estado de deterioro que pone en riesgo incluso el medio
natural y la salud de las personas.
Tras los episodios de vertidos del mes de enero, no solo es más necesaria que nunca una restitución definitiva de la zona, que incluya la compra y demolición de la antigua HADASA, sino también que, de forma prioritaria, se realicen las
actuaciones necesarias para evitar todo tipo de nuevos vertidos en las playas y al mar. En la misma línea, la Corporación Municipal de A Pobra do Caramiñal también ha manifestado su apoyo, aprobando acuerdos por unanimidad el pasado 30 de enero.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
- Trasladar copia de los informes que recogen las medidas adoptadas durante las obras de regeneración de A Ribeiriña en A Pobra do Caramiñal, realizadas por la Demarcación de Costas tras la detección de filtraciones, así como, en su caso,
las conclusiones de las investigaciones realizadas tras los recientes vertidos.
- Si se confirma que los vertidos proceden de la zona en la que acaba de actuar la Demarcación de Costas, adoptar urgentemente todas las medidas necesarias para contenerlos, dar una solución definitiva y acabar con el foco de contaminación.
- Realizar, en colaboración con la administración gallega, un proyecto de ampliación de la recuperación y regeneración definitiva de la zona, que incluya la adquisición y demolición de la antigua HADASA para poner sus terrenos a disposición
del uso y disfrute público'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativas á eliminación definitiva dos vertidos e á ampliación da recuperación da zona e o litoral da Ribeiriña, no concello da Pobra do Caramiñal para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
A comezos deste ano, unha mancha de hidrocarburo no litoral da zona da Ribeiriña, no concello da Pobra do Caramiñal, provocou a activación do Plan Camgal de contaminación mariña en fase de alerta.
Nun primeiro momento, a procedencia do vertido foi atribuída, por parte da Consellaría do Mar, ao sistema de tubaxes dos depósitos de gasóleo das instalacións da antiga fábrica de HADASA, en estado de abandono desde hai anos, ao tempo que
era anunciada unha investigación para determinar exactamente as causas do mesmo.
Os vertidos sucedéronse durante varios días, polo que os técnicos do Plan de Control de Vertidos da Xunta da Galiza realizaron o seguimento da situación ao tempo que anunciaban novas inspeccións xa que barallaban outras posibilidades sobre a
súa orixe, nomeadamente a da súa filtración a través dun muro de contención dos terreos en que se ubicaba unha conserveira, contiguos a HADASA. Terreos en que, recentemente, a Demarcación de Costas, a través da empresa Tragsa, levara a cabo
actuacións de rexeneración.
Precisamente, segundo transcendeu publicamente, a Consellaría de Medio Ambiente solicitou á Dirección Xeral da Costa e do Mar, do Ministerio de Transición Ecolóxica, a documentación sobre aquel proxecto de rexeneración do borde litoral da
Ribeiriña, concluído hai apenas un ano.
A día de hoxe, descoñecemos cales foron os resultados e as conclusións definitivas das investigacións levadas a cabo polos técnicos da Xunta da Galiza, máis parece que constatan que os vertidos proceden dos terreos recuperados por Costas e
ocupados con anterioridade pola conserveira La Onza de Oro, xa que a Administración galega requiriu á Demarcación de Costas na Galiza que os solucionase e lle fixese unha proposta de investigación para coñecer o estado actual do solo no que levou a
cabo as actuacións.
Segundo a propia Xunta de Galiza, tamén ten no seu poder un informe emitido pola Demarcación de Costas en que se recoñece que durante a execución das obras de rexeneración da zona, foron detectadas filtracións e que se encontraron dous
depósitos de hidrocarburos enterrados en mal estado que, porén, non foron retirados. De ser isto certo, é evidente que, se daquela se adoptou algunha medida a este respecto, ou ben non foi acaída, ou ben non foi suficiente.
Na zona da Ribeiriña existiu certamente actividade industrial durante moitos anos e a súa veciñanza tivo que soportar, non só as consecuencias da mesma no tempo en que se mantivo, se non que aínda tardou demasiado en ver as actuacións de
recuperación desa parte do litoral pobrense que permaneceu décadas abandonado.
Non foi até 2011 cando se puideron comprobar os primeiros cambios, o desmantelamento da vella conserveira de La Onza de Oro deu lugar ao acondicionamento dunha ampla zona para desfrute público e xa daquela o Goberno municipal anunciara unha
segunda fase na que Costas incluiría a compra e derrube da antiga nave industrial de HADASA, porén a negociación entre a Administración estatal e os acredores da empresa non chegou a acordo.
Finalmente, no ano 2015, foi o responsábel da Demarcación de Costas na Galiza quen fixo público que o Estado nin compraría nin expropiaría HADASA. A continuidade do proxecto de recuperación do borde litoral da Ribeiriña comezado no 2011 foi
retomado no ano 2023, mais HADASA, aínda ocupando unha parte de terreo de dominio público marítimo terrestre, permanece a día de hoxe e despois de rematasen as actuacións de Costas, nun avanzado estado de deterioro que mesmo pon en risco o medio
natural e a saúde das persoas.
Despois dos episodios de vertidos no mes de xaneiro non só se fai máis necesaria que nunca unha restitución definitiva da zona, na que se inclúa a compra e derrube da antiga HADASA, se non tamén que, prioritariamente, se leven a cabo as
accións precisas para evitar todo tipo de novos vertidos ás praias e ao mar. Neste mesmo sentido, manifestouse tamén a Corporación Municipal da Pobra do Caramiñal, mediante a aprobación de acordos unanimemente o pasado 30 de xaneiro.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte Proposición non de Lei:
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
- Trasladar copia dos informes en que se recollen as medidas adoptadas durante as obras de rexeneración da Ribeiriña na Pobra do Caramiñal, realizadas pola Demarcación de Costas despois da detección de filtracións, así como, de existir, das
conclusións das investigación levadas a cabo despois dos recentes vertidos.
- No caso de confirmarse que os vertidos proceden da zona en que vén de actuar a Demarcación de Costas, adoptar de forma urxente todas as medidas necesarias para contelos, darlles solución definitiva e acabar co foco de contaminación.
- Levar a cabo, en colaboración coa administración galega, un proxecto de ampliación da recuperación e rexeneración definitiva da zona, que inclúa a adquisición e derrube da antiga HADASA para pór os seus terreos a disposición do uso e
desfrute público'.
En Madrid, 3 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de medidas de control de la expansión de la planaria Postenterogonia orbicularis en las costas
españolas, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
España, rodeada por el mar Mediterráneo, el océano Atlántico y el mar Cantábrico, posee una biodiversidad marina significativa y esencial para su ecosistema. Estos cuerpos de agua son fundamentales para el desarrollo económico y social de
la Patria, particularmente por su relación con la pesca y el turismo.
Sin embargo, la biodiversidad de nuestros mares está amenazada por una nueva especie invasora, la planaria Postenterogonia orbicularis, procedente del océano Pacífico y voraz depredador de moluscos bivalvos, como mejillones, ostras y
almejas.
A fecha de presentación de esta iniciativa se ha constatado la presencia de Postenterogonia orbicularis en Asturias y Galicia.
Así, por un lado, en una investigación publicada en diciembre de 2024 en la revista Regional Studies in Marine Science 51 por investigadores de la Universidad de Oviedo y del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
('SERIDA'), se ha alertado de la presencia, por primera vez en Europa, de esta especie invasora.
En concreto, la planaria Postenterogonia orbicularis ha sido localizada en aguas del Puerto de Avilés, San Juan de Nieva y el Puerto Deportivo de Gijón, sospechándose que ha sido introducida a través del tráfico marítimo, elemento habitual
en la dispersión de especies exóticas potencialmente invasoras. Además, los investigadores creen que la Postenterogonia orbicularis se ha instalado de forma permanente en la ría de Avilés. En este sentido, señalan que '[el] éxito de la
Postenterogonia orbicularis en el establecimiento de una población reproductivamente activa en la ría de Avilés indica un alto potencial
51 A.A.V.V. (2024): 'A new threat to the European marine environment: The exotic polyclad flatworm Postenterogonia orbicularis (Schmarda, 1859)' en Regional Studies in Marine Science, Volume 78.
invasor de esta especie en ecosistemas receptores, ya que la especie puede adaptarse a las condiciones ambientales y reproducirse sexualmente'. Ello representa, pues, 'una seria amenaza para los ecosistemas locales y la acuicultura' 52.
Por otro lado, en febrero de 2025, diversos medios se han hecho eco de la detección en Ribadeo (Lugo) de un ejemplar de Postenterogonia orbicularis 53. En declaraciones recogidas en prensa, el biólogo que dio la voz de alarma ha advertido
de que, pese a que solamente se ha detectado un ejemplar, se trata de una especie sin depredadores naturales y que encuentra en Galicia unas condiciones climáticas óptimas para su reproducción 54.
Además de Ribadeo, también se ha notificado la presencia de Postenterogonia orbicularis en Vicedo, lo cual parece confirmar su presencia en toda la costa de La Marina lucense 55.
Constatada, pues, la presencia de Postenterogonia orbicularis en las costas españolas, se hace necesario que el Gobierno de la Nación se involucre activamente en su control con el fin de frenar su expansión descontrolada y los posibles
perjuicios a la acuicultura y a las comunidades costeras locales.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a diseñar un plan de control de la Postenterogonia orbicularis que contemple, entre otras medidas:
1. La realización de un seguimiento técnico-científico detallado de su evolución en las costas españolas y su posible impacto en los ecosistemas marinos, así como en el marisqueo y la acuicultura.
2. El establecimiento de medidas prevención y erradicación en puertos y zonas de marisqueo y acuicultura que permitan actuar con rapidez en caso de detectarse un aumento significativo de la población de esta especie invasora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2025.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001862
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que seindica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de París.
52 Acceso: https://www.uniovi.es/actualidad/noticias/-/asset_publisher/RuOcAJNPrmlm/content/investigadores-de-Ia-universidad-de-oviedo-y-del-serida-detectan-una-nueva-amenaza-para-el-medio-marino-europeo (10.12.2024).
53 Acceso: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2025/02/16/detectan-ribadeo-llega-galicia-e specie-invasora-devora-mejillones/0003_202502X16C1994.htm;
https://www.elprogreso.es/articulo/a-marina/hallado-primer-ejemplar-planaria-ribadeo/202 502161101451847369.html (17.02.2025)
54 Acceso: https://www.larazon.es/galicia/alerta-galicia-deteccion-gusano-invasor-que-depreda-mejillon es-ostras-p7m_2025021867b465c6500f96000110d76e.html (18.02.2025)
55 Acceso: https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-salnes/hallazgo-gusano-invasor-marina-pone-alerta-bateas-ria-arousa/202502181425531376769.html (18.02.2025)
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 60024 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la diputada Teresa Jordà y Roura, al amparo de lo que se establece en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la exigencia
del cumplimiento de los acuerdos de París, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El cambio climático es, como sabemos desde hace años, el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Y únicamente podremos hacer frente a esta amenaza existencial de forma efectiva y justa si, además de atender a la cuestión climática,
también tenemos en cuenta las necesidades materiales que afectan a día de hoy tanto a nuestro país como al resto del mundo. La lucha por el acceso a la vivienda y por unas condiciones laborales dignas debe ir necesariamente de la mano de la lucha
contra el cambio climático.
Ni las administraciones públicas ni las empresas están haciendo lo suficiente para cumplir los compromisos internacionales que garantizan que las temperaturas no superen el umbral científicamente establecido como catastrófico.
Recientemente, el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea ha informado de que en 2024 la temperatura media mundial superó por primera vez en 1,5 grados su nivel preindustrial, umbral marcado como objetivo en los Acuerdos de París.
Con arreglo a Naciones Unidas, si seguimos por el camino actual, las temperaturas podrían aumentar hasta 3,1 grados a lo largo de este siglo. Incluso si se cumplieran los objetivos nacionales de reducción de emisiones establecidos en la actualidad,
el aumento se situaría entre los 2,6 y 2,8 grados, muy por encima de los compromisos de París.
El 10 de febrero de 2025 era la fecha límite para que los 198 países firmantes del Acuerdo de París presentaran nuevos objetivos de reducción de emisiones, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en
inglés). Sin embargo, transcurrido un mes desde el vencimiento de dicho plazo, solo 13 estados han cumplido dicho compromiso, entre ellos Brasil (como anfitrión de la COP30), Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Andorra. Estados Unidos también
actualizó su NDC, pero poco después la administración Trump firmó una orden ejecutiva para salir, por segunda vez, del Acuerdo de París.
Por tanto, un 95 % de los países no han actualizado sus objetivos, incluida la Unión Europea, y aquellos que sí lo han hecho han presentado planes muy alejados de cuanto sería necesario para corregir la trayectoria y evitar superar el límite
de 1,5 grados.
Las NDC no son un simple trámite. Simon Stiell, director de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, las define como 'los documentos políticos más importantes del siglo'. Representan los compromisos de cada estado para tratar
de limitar el
calentamiento global muy por debajo de los 2 ºC, preferiblemente a 1,5 ºC, en comparación con los niveles preindustriales.
Aunque se ha alargado el plazo hasta septiembre, las perspectivas no son optimistas. El análisis de Climate Action Tracker señala que la mayoría de los planes presentados no son compatibles con la trayectoria para limitar el calentamiento a
1,5 ºC. Únicamente Reino Unido cumpliría el objetivo, si bien tendría que incrementar la financiación a los países del Sur global para contribuir a la justicia climática. La Unión Europea, por el momento, no ha presentado su NDC conjunta, que
depende de la suma de las voluntades políticas de los estados miembros en un contexto bastante más adverso que hace cinco años, cuando se impulsó el Pacto Verde Europeo.
En el Estado español, según un informe reciente del Observatorio de la Transición Energética y Acción Climática, las emisiones de gases de efecto invernadero se situaban en 2024 un 3,2 % por encima de 1990. Así, el Estado se sitúa lejos de
cumplir con los objetivos marcados en el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que fijan una reducción del 32 % en 2030. Los datos son particularmente negativos en las emisiones del sector transportes, la generación eólica y
la falta de electrificación de sectores clave.
Esta situación tiene causas claramente identificables a nivel político. El incumplimiento de la Unión Europea concuerda con la tendencia de rebajar la ambición climática observada desde el inicio del segundo mandato de Ursula von der Leyen
como presidenta de la Comisión Europea. Sin ir más lejos, la pasada semana, von der Leyen presentó un paquete legislativo para desmantelar buena parte de la regulación en materia de finanzas sostenibles del anterior mandato. En lugar de
incrementar el ritmo de la transición ecológica, la UE está erosionando su liderazgo a nivel global.
El hecho de que el cambio climático incrementará la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos es una realidad que ya vivimos. En 2024 hemos sido testigos de una DANA devastadora en la Comunidad Valenciana, de la peor sequía en un siglo
en Brasil y Namibia, y de un episodio de más de 1000 incendios en el norte de Portugal en tan solo cinco días.
Ante este panorama, es necesario articular respuestas políticas urgentes, que todavía están al alcance. A nivel estatal, es imprescindible estudiar fórmulas para vincular jurídicamente las políticas públicas con el cumplimiento de los
Acuerdos de París.
Otra propuesta a nivel comparado es limitar el crecimiento económico a los límites planetarios. En Suiza, a modo de ejemplo, se votó recientemente una iniciativa legislativa popular que establece que, en un plazo máximo de 10 años, la
huella de carbono de sus ciudadanos debería situarse en un nivel medioambientalmente sostenible.
A escala europea, es necesario exigir a la Comisión Europea que lidere la lucha contra el cambio climático a escala global, asegurando también la financiación necesaria para los países en desarrollo. La UE debe reforzar el compromiso con el
Pacto Verde Europeo y estudiar mecanismos para financiar conjuntamente la transición hacia una economía verde. En su dimensión exterior, la Unión Europea debe mostrar la máxima exigencia para que todas las partes firmantes del Acuerdo de París
cumplan con los objetivos establecidos. Este cumplimiento debe ser un elemento clave en las relaciones bilaterales, tanto políticas como comerciales y de inversiones, con todos sus socios.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Vincular jurídicamente todas las políticas públicas del Estado al cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) fijadas en los Acuerdos de París y suscritas por la Unión Europea.
2. Exigir a la Comisión Europea el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo y la urgente remisión de los objetivos de emisiones comprometidos en los Acuerdos de París.
3. Impulsar, en el marco del Consejo de la Unión Europea, iniciativas para condicionar cualquier relación bilateral y la negociación de acuerdos comerciales y de inversión en el cumplimiento íntegro de los Acuerdos de París.
4. Acelerar la implantación de una fiscalidad verde que acerque al Estado a la media europea de recaudación, impulsando, en concreto, impuestos al queroseno a nivel europeo y a los vuelos frecuentes a escala estatal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2025.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Republicano.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància de la Diputada Teresa Jordà i Roura, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre l'exigència del
compliment amb els acords de París per el seu debat a la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.
Exposició de motius
El canvi climàtic és, com sabem des de fa anys, el repte més gran que la humanitat té per davant. I només podrem fer front a aquesta amenaça existencial de manera efectiva i justa si, a més d'atendre a la qüestió climàtica, també tenim en
compte les necessitats materials que afecten a dia d'avui tant al nostre país com arreu del món. La lluita per l'accés a l'habitatge i per unes condicions laborals dignes ha d'anar necessàriament de la mà de la lluita contra el canvi climàtic.
Ni les administracions públiques ni les empreses estan fent prou per complir els compromisos internacionals que garanteixin que les temperatures no superin el llindar científicament establert com a catastròfic.
Recentment, el Servei de Canvi Climàtic de la Unió Europea va informar que, el 2024, les temperatures globals van excedir per primera vegada l'augment d'1,5 graus respecte a l'era preindustrial, llindar marcat com a objectiu en els Acords de
París. Segons Nacions Unides, si continuem pel camí actual, les temperatures podrien augmentar fins a 3,1 graus durant aquest segle. Fins i tot si es complissin els objectius nacionals de reducció d'emissions establerts actualment, l'augment se
situaria entre els 2,6 i 2,8 graus, molt per sobre dels compromisos de París.
El 10 de febrer de 2025 era la data límit perquè els 198 països signants de l'Acord de París presentessin nous objectius de reducció d'emissions, coneguts com a contribucions determinades a escala nacional (NDC, per les sigles en anglès).
No obstant això, transcorregut un més des de la superació d'aquest termini, només 13 estats han complert aquest compromís, entre ells el Brasil (com a amfitrió de la COP30), els Emirats Àrabs Units, el Regne Unit i Andorra. Els Estats Units també
van presentar la seva NDC, però poc després l'administració Trump va signar una ordre executiva per abandonar, per segona vegada, l'Acord de París.
Per tant, un 95 % dels països no van actualitzar els seus objectius, inclosa la Unió Europea, i els que sí ho van fer van presentar plans molt allunyats de l'ambició necessària per corregir la trajectòria i evitar superar el límit d'1,5
graus.
Les NDC no són un simple tràmit. Simon Stiell, director del Conveni de Canvi Climàtic de les Nacions Unides, les defineix com 'els documents polítics més importants del segle'. Representen els compromisos de cada estat per intentar limitar
l'escalfament global molt per sota dels 2 °C, preferiblement a 1,5 °C, en comparació amb els nivells preindustrials.
Tot i que s'ha allargat el termini fins al setembre, les perspectives no són optimistes. L'anàlisi de Climate Action Tracker assenyala que la majoria dels plans presentats no són compatibles amb la trajectòria per limitar l'escalfament a
1,5 °C. Només el Regne Unit compliria aquest objectiu, encara que hauria d'augmentar el finançament als països del Sud global per contribuir a la justícia climàtica. La Unió Europea, de moment, no ha presentat la
seva NDC conjunta, que depèn de la suma de voluntats polítiques dels estats membres en un context força més advers que fa cinc anys, quan es va impulsar el Pacte Verd Europeu.
A l'Estat espanyol, segons un informe recent de l'Observatori de la Transició Energètica i Acció Climàtica, les emissions de gasos d'efecte hivernacle es situaven el 2024 un 3,2 % per sobre de 1990. Així, l'Estat es situa lluny de complir
amb els objectius marcats al propi Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030, que fixen una reducció del 32 % el 2030. Les dades són especialment negatives en les emissions del sector transports, la generació eòlica i la falta
d'electrificació de sectors clau.
Aquesta situació té causes clarament identificables a nivell polític. L'incompliment de la Unió Europea concorda amb la tendència de rebaixar l'ambició climàtica observada des de l'inici del segon mandat d'Ursula von der Leyen com a
presidenta de la Comissió Europea. Sense anar més lluny, la setmana passada, von der Leyen va presentar un paquet legislatiu per desmantellar bona part de la regulació en matèria de finances sostenibles de l'anterior mandat. En lloc d'incrementar
el ritme de la transició ecològica, la UE està erosionant el seu lideratge a escala global.
Que el canvi climàtic augmentarà la freqüència i intensitat de fenòmens extrems és una realitat que ja vivim. El 2024 vam presenciar la devastadora DANA al País Valencià, la pitjor sequera en un segle al Brasil i Namíbia, i un episodi de
més de 1.000 incendis al nord de Portugal en només cinc dies.
Davant d'aquest panorama, cal articular respostes polítiques urgents, encara a l'abast. A nivell estatal, és imprescindible estudiar fórmules per vincular jurídicament les polítiques públiques amb el compliment dels Acords de París.
Una altra proposta a nivell comparat és limitar el creixement econòmic als límits planetaris. A Suïssa, per exemple, es va votar recentment una iniciativa legislativa popular que estableix que, en un termini màxim de 10 anys, l'empremta de
carboni dels seus ciutadans s'hauria de situar en un nivell mediambientalment sostenible.
A nivell europeu, cal exigir a la Comissió Europea que lideri la lluita contra el canvi climàtic a escala global, assegurant també el finançament necessari per als països en desenvolupament. La UE ha de reforçar el compromís amb el Pacte
Verd Europeu i estudiar mecanismes per finançar conjuntament la transició cap a una economia verda. En la seva dimensió exterior, la Unió Europea ha de ser el màxim exigent perquè totes les parts signants de l'Acord de París compleixin els
objectius establerts. Aquest compliment ha de ser un element clau en les relacions bilaterals, tant polítiques com comercials i d'inversions, amb tots els seus socis.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Vincular jurídicament totes les polítiques públiques de l'Estat al compliment de les contribucions determinades a escala nacional (NDC, per les seves sigles en anglès) fixades en els Acords de París i subscrites per la Unió Europea.
2. Exigir a la Comissió Europea el compliment dels objectius establerts en el Pacte Verd Europeu i la remissió urgent dels objectius d'emissions compromesos en els Acords de París.
3. Impulsar, en el marc del Consell de la Unió Europea, iniciatives per condicionar qualsevol relació bilateral i la negociació d'acords comercials i d'inversió al compliment íntegre dels Acords de París.
4. Accelerar la implementació d'una fiscalitat verda que acosti l'Estat a la mitjana europea de recaptació, impulsant, en particular, impostos al querosè a nivell europeu i als vols freqüents a nivell estatal.'
Congrés del Diputats, 4 de març de 2025.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu adjunt del G. P. Republicà.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del G. P. Republicà.
161/001868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la revisión y renovación urgente
de la Estrategia Nacional contra la pobreza energética, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 fue concebida como una herramienta clave para reducir los niveles de pobreza energética en España, fijando objetivos ambiciosos como la disminución del 25 % al 50 % en el número
de personas afectadas. Sin embargo, los resultados obtenidos han sido profundamente decepcionantes, evidenciando el fracaso de su implementación.
Los indicadores más recientes disponibles elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reflejan que en 2021 un 14,3 % de la población no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el
invierno, mientras que un 9,5 % acumulaba retrasos en el pago de facturas de suministros básicos. Además, el 16,4 % de los hogares seguía destinando un porcentaje desproporcionado de sus ingresos al pago de la energía, una tendencia que no solo no
se ha revertido, sino que ha empeorado en los últimos años.
Esta preocupante situación se agravó con la crisis energética que se intensificó en 2022, mientras el Ministerio, con una total falta de transparencia, trataba de ocultarlo, obstaculizando deliberadamente el acceso a datos actualizados sobre
pobreza energética. El Ejecutivo, para ocultar el fracaso de su estrategia e impedir que la sociedad y las instituciones puedan evaluar el impacto real de las medidas adoptadas, retrasó la publicación de los indicadores de 2021 y lleva más de dos
años sin publicar datos oficiales sobre este grave problema, incumpliendo lo previsto en la propia Estrategia que exige presentar el Informe de pobreza energética con los datos actualizados de 2022 antes del 1 octubre de 2023 y los de 2023 antes del
1 de octubre de 2024.
Informes independientes como los de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas han venido publicando los datos que oculta el gobierno en 2022 y 2023 y sus conclusiones son
preocupantes; de acuerdo con el último informe referidos a 2023, publicado el pasado 22 de octubre de 2024 todos los indicadores de la estrategia empeoran, no solo respecto de 2022 sino también de 2021, 2020 y 2019.
Tabla 1: Indicadores EPOV para España entre 2019 y 2023
Indicador EPOV;2019
Porcentaje;2020
Porcentaje;2021
Porcentaje;2022
Porcentaje;2023
Porcentaje
2M (hogares).;15,20;16,10;15,22;16,83;17,01
M/2 (hogares).;11,50;11,20;10,12;11,80;12,53
Retrasos (personas).;6,60;9,60;9,50;9,23;9,58
Temperatura inadecuada (personas).;7,60;10,90;14,27;17,08;20,71
Es decir, el 17 % de los hogares españoles (más de 3,3 millones de hogares, o lo que es lo mismo, alrededor de 8 millones de personas), gastaron más del doble de la mediana
nacional en energía en 2023; 4,6 millones de personas 4,6 millones de españoles sufre retraso en el pago de sus facturas y 10 millones tienen temperatura inadecuada en sus hogares, es decir están en situación de pobreza energética oculta
con un gasto en energía menor de la mitad del gasto teórico para cubrir sus necesidades energéticas (térmicas y eléctricas), esto son 1,7 millones de personas más respecto a 2022 y 3 millones comparado con 2021.
La propia Comisión Europea ha dejado también en evidencia al Gobierno en su ausencia de transparencia publicando datos sobre la pobreza energética en España. El informe de setiembre pasado de la Comisión Europea sobre el Estado de la
energía en la UE pone de relieve que los españoles fueron los europeos a los que resultó más difícil mantener la temperatura adecuada en sus hogares durante el invierno pasado.
Un 28,8 % de los españoles, una cifra que duplica la media europea situada en 2023 en el 10,6 %.
Y dada la evolución de los precios de la energía en 2024 al alza mientras el Real Decreto-ley 8/2023 comenzó ya en 2024 la desescalada en las medidas de protección extraordinarias, todo apunta a que el resultado habrá seguido empeorando en
2024.
Ténganse en cuenta que en los seis años previos a la pandemia el precio medio anual peninsular final del mercado mayorista diario fue de 57,44 /MWh, frente a los 100 /MWh de 2023, es decir, un +74 % más elevado que en la época prepandemia.
Pese a ello, con el Real Decreto-ley 8/2023 comenzaron a desmontarse las medidas de protección para los consumidores energéticos, recuperando los tipos ordinarios de IVA y reduciendo escalonadamente las reducciones y bonificaciones en el Impuesto
Especial sobre la Electricidad, el Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica y en el bono social eléctrico para consumidores vulnerables y vulnerables severos.
Como consecuencia de lo anterior el primer recibo de la luz en 2024 para los hogares acogidos al bono social casi se duplicó pasando de pagar de media una factura de 35,8 euros al mes a 65,08 euros. El Grupo Parlamentario Popular registró
entonces, (26 de enero de 2024), una Proposición no de Ley de lucha contra la pobreza energética para su debate en Pleno poniendo de relieve, entre otras medidas, la necesidad de mantener las medidas de protección.
También en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición no de Ley en la que instaba al Gobierno a mantener las medidas de protección vigentes en hasta diciembre de 2023,
iniciativa parlamentaria que resultó aprobada en marzo de 2024. Y ante la falta de cumplimiento por parte del Gobierno, volvimos a presentar otra Proposición no de Ley, que requería al gobierno el cumplimiento del mandato para el restablecimiento
de las medidas de protección, que resultó igualmente aprobada en junio pasado. De nuevo, el gobierno sigue haciendo exactamente lo contrario de lo que está Cámara le ha requerido hacer.
Concluido 2024 puede concluirse que la desescalada en la protección frente a la vulnerabilidad energética de hogares y empresas, haciendo caso omiso a los mandatos de esta Cámara, se ha demostrado demasiado prematura; desde diciembre de
2023 a diciembre de 2024 el precio medio anual peninsular final del mercado mayorista diario se ha elevado de 85,38 /MWh a 126,13 /MWh, un +48 %. Y el promedio de los tres últimos meses (119 /MWh) ya supera el registro de precio del primer año
de la crisis energética (118 /MWh). En cuanto a la tarifa regulada (PVPC) experimentó en Diciembre un incremento que situó la factura media de los hogares en 85,57 euros, un 15 % más que el mes anterior.
En definitiva, la prórroga parcial de alguna de las medidas que se contienen en el Real Decreto-ley 4/2024 de junio pasado, que vuelven a prorrogarse de forma muy limitada en más reciente Real Decreto-ley 9/2024 de diciembre, van a ser
insuficientes para que los consumidores puedan recuperarse de la vulnerabilidad experimentada ante los altos precios de la energía.
La combinación de precios elevados, políticas ineficaces y falta de transparencia está teniendo un impacto devastador en los colectivos más vulnerables, como hogares con bajos ingresos, familias numerosas y personas mayores que viven solas.
Estas personas
no solo enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, sino que además sufren graves consecuencias en su salud física y mental, tal y como ha reconocido el propio Gobierno en informes previos.
El inicio de 2025 agrava aún más la crisis energética en España para los consumidores vulnerables y vulnerables severos. Por efecto de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 4/2024, en el Real Decreto-ley 8/2023 y en el Real Decreto-ley
9/2024, desde el 1 de octubre y hasta 31 de diciembre de 2024, el severo ha pasado de una bonificación en su factura de un 80 % a 72,5 %; y el vulnerable, del 65 % al 57,5 %. Pero desde el 1 de enero hasta el 30 de junio el severo bajará su
protección del 72,5 % al 65 % y el vulnerable de 57,5 % al 50 %. Y de nuevo volverá a bajar desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2025; para el severo bajará del 65 % al 57,5 % y el vulnerable del 50 % al 42,5 %.
No siendo cierto que el Gobierno prorroga la protección extraordinaria de los consumidores vulnerables y vulnerables severos sino que al contrario continua recortando dicha protección, incumpliendo con ello los mandatos de esta Cámara
anteriormente señalados y en un contexto de precios de la electricidad que vuelven a las cotas en que dichos descuentos extraordinarios estuvieron vigentes, procede su recuperación y aplicación plena desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2025.
Ante esta alarmante realidad, en la que el gobierno afirma prorrogar medidas de protección que en realidad está recortando, el ejecutivo debe abandonar de manera inmediata su opacidad y su falta de compromiso con la lucha contra la pobreza
energética. Es imperativo que revise y renueve de forma urgente la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, garantizando la transparencia y la actualización de los datos, y que promueva una política energética que priorice la protección de
los colectivos más vulnerables. La revisión debe incluir medidas efectivas como la ampliación y mejora del bono social eléctrico, el desarrollo de ayudas directas para los hogares más afectados, y programas ambiciosos de rehabilitación energética
que permitan a las familias reducir su consumo y, por ende, sus facturas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Publicar de manera inmediata los Informes sobre Pobreza Energética correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023.
2. Presentar en esta Cámara en el plazo máximo de dos meses la evaluación de la estrategia ya vencida y la nueva Estrategia de Lucha contra la Pobreza Energética 2025-2030, para su debate y votación de propuestas de recomendaciones, que
incluya el desarrollo de ayudas directas para los hogares más afectados y programas ambiciosos de rehabilitación energética que permitan a las familias reducir su consumo y, por ende, sus facturas, aprovechando el Fondo Social Europeo puesto en
marcha en 2024.
3. Crear una tarifa social energética aplicable a los pequeños consumidores de electricidad, gas natural y GLP canalizado, de manera que suponga una ampliación y mejora del actual bono social eléctrico.
4. Aplicar tipos impositivos reducidos para los consumidores de energía que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre del 2025 para los consumos de:
a. Electricidad.
b. Gas, biomasa, pellets, briquetas y madera para leña.
c. La aplicación del tipo del 0 % en el Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).
5. Restablecer los descuentos extraordinarios del bono social del 65 % para los consumidores vulnerables y del 80 % para los consumidores vulnerables severos, para su aplicación en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, en
atención a que los precios de la energía eléctrica han retornado a los niveles de diciembre de 2023, fecha en
la que estuvieron vigentes estos descuentos y desde junio de 2024 los precios no han dejado de crecer.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Bella Verano Domínguez, Juan Diego Requena Ruiz, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez, Raquel Clemente Muñoz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para una Hoja de Ruta que mejore la
eficiencia de las ayudas y recursos públicos para impulsar los vehículos de bajas emisiones y la aprobación de un programa de incentivos a la movilidad eléctrica MOVES IV, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto demográfico.
Exposición de motivos
El Pasado 16 de febrero de 2025, los Consejeros de Energía de 12 comunidades autónomas y de las 2 ciudades autónomas, remitieron una carta a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica, en el marco de la
Conferencia Sectorial de Energía, en la que se hacían eco del problema generado por el Gobierno de España por su incapacidad de sacar adelante la prórroga del Plan Moves III, que ha generado no solo la imposibilidad de conceder ayudas para la
electrificación del parque de vehículos, sino que ha generado distintos problemas al conjunto de las Comunidades Autónomas.
La dimisión del anterior presidente de los fabricantes de automóviles en España (ANFAC) se interpretó en el sector como un ultimátum del sector del automóvil a Pedro Sánchez: o el Gobierno se pone a trabajar inmediatamente para demostrar a
los fabricantes que España es país de oportunidades o los principales proyectos estratégicos para los próximos años podrían desinflarse.
Según los datos de ANFAC de producción de vehículos de nuestra industria nacional en Enero de 2025, la situación sigue siendo especialmente catastrófica, con una caída del 27,2 % de producción y una caída de las exportaciones del 28 %
respecto al mismo mes del 2024.
Y es que además de que la industria del sector de la automoción no ha alcanzado aún los volúmenes de venta de los años pre-pandemia, la apuesta del gobierno por la movilidad eléctrica en España se traduce en un modelo de ayudas que sigue sin
dar resultados.
Después de los anuncios triunfalistas de Sánchez sobre el PERTE del Vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC) y los objetivos de 5,5 millones de vehículos eléctricos para el 2030 según el PNIEC, ahora esas promesas se topan con la realidad
de este gobierno.
La tendencia a lo largo de 2024 fue muy negativa. La fabricación de vehículos electrificados (100 % eléctricos e híbridos enchufables) cayó un preocupante 27,5 %, con solo 202.555 unidades producidas en todo el año. En el año España tuvo
un 5,6 % de cuota de mercado de vehículos electrificados, un porcentaje mucho más bajo que el de la media europea que fue del 13,6 %. Según ACEA, la asociación de fabricantes europea, España ocupa la posición número 20 de un total de 27 en
penetración del coche eléctrico.
Durante el 2024 se han vendido 115.935 nuevos turismos electrificados, una cifra que representa un incremento de poco más de 2.000 unidades respecto del año anterior y muy lejos del objetivo de 280.000 ventas, marcado para poder cumplir con
los objetivos de descarbonización establecidos en el Fit for 55.
En cuanto a las infraestructuras de recarga, según el último Barómetro de la Electromovilidad publicado por ANFAC, correspondiente al cuarto trimestre de 2024, en España habría 50.171 puntos de recarga de acceso público, lejos aún del
objetivo de 64.000 marcado para 2024. Pero de ellos, 11.446 puntos de recarga no están operativos por diversas razones, un 22,8 % del total, lo que se traduce en sólo 38.725 puntos operativos, apenas un 60 % del total esperado para 2024. De esa
forma, se incrementó de la distancia con la media europea, que ha registrado una subida de 5,1 puntos hasta una cifra total de 19,4, casi 10 puntos por encima de España, que se mantiene en antepenúltima posición del continente, solo por delante de
República Checa (6,8) y Hungría (4,3).
Además, el 71 % de los puntos de recarga de acceso público totales son de baja potencia, con tiempos de recarga mínimos de 3 horas. Esta cifra es muy superior al objetivo marcado por ANFAC del 49 % para el 2024.
El Barómetro de ANFAC también arroja una cifra del indicador global de electromovilidad (que valora la penetración de los vehículos electrificados y la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público) de 15,5 puntos de
valoración sobre 100, mientras la media europea alcanza la cifra general de 29, cerca del doble de la española.
La necesidad de medidas más eficaces para impulsar la venta de vehículos electrificados queda reflejada en los ejemplos de Portugal y Alemania. Mientras el país luso ha seguido apostando por el modelo de electrificación con ayudas directas
a la demanda y ha crecido 4,7 puntos en el indicador, Alemania ha caído 4,3 puntos tras la retirada de las ayudas a la compra de estos vehículos.
En comparación con su entorno, España conserva su posición a la cola del continente, solo por delante de Hungría (20,6), Italia (18,9) y República Checa (18,3).
Y la tendencia es a empeorar, debido a la incapacidad manifiesta del gobierno para llegar a acuerdos con el grupo mayoritario de la Cámara para prorrogar el programa MOVES III y las deducciones del 15 % en el IRPF por compra de vehículo.
A todo ello se añade que en el actual programa MOVES III, tiene problemas estructurales y de gestión que imposibilitan el impulso definitivo de la movilidad eléctrica, tales como:
- Existencia de duplicidades en la gestión de información; los sistemas actuales, como Tramita y Coffee, generan redundancias que incrementan las cargas administrativas tanto para los administrados como para las propias administraciones
autonómicas que ralentizan el trabajo de los gestores ya que las bases del MOVES III estipulan la necesidad de aportación de la misma documentación hasta tres veces.
- Criterios poco flexibles para redistribuir los fondos, ya que las comunidades autónomas necesitan de mayor autonomía para dirigir los recursos hacia programas, actuaciones o componentes con alta demanda.
- Falta de transparencia y coordinación.
- No existe claridad sobre los objetivos que las comunidades autónomas deben cumplir, ni sobre la metodología que se usará, ni sobre los plazos relacionados con la última ampliación.
A ello se añade la falta de neutralidad tecnológica del gobierno de Sánchez a la hora de abordar las estrategias para la descarbonización del transporte, poniendo en riesgo no sólo la industria y el empleo nacional en el sector de
automoción, sino incluso los propios objetivos de descarbonización y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La dificultad para aplicar de forma estricta el principio de neutralidad tecnológica exigido por la UE no puede ser la justificación para que la política energética se desentienda del objetivo de estimular la investigación, la innovación y
el desarrollo y de impulsar la senda de transición energética más eficiente, al mínimo coste, huyendo de la rigidez, de la arbitrariedad y del apriorismo sobre cuál de las evoluciones tecnológicas será más eficiente en las próximas décadas. Es
exactamente al contrario; la propia diversidad de estrategias y la acelerada evolución tecnológica obliga a facilitar regulatoriamente todos los escenarios posibles de futuro.
Nuestro país tiene una oportunidad, como nunca, para aprovechar sus ventajas competitivas en el nuevo escenario energético: la excelente situación geográfica de España, sus abundantes recursos renovables, las infraestructuras desarrolladas
en estas casi tres décadas y la capacidad técnica y humana de sus compañías energéticas. Y para aprovechar todas las oportunidades, se necesita una regulación que permita el desarrollo de todas las tecnologías involucradas.
De hecho, no se alcanzarán los objetivos 2030/2040 si no se tienen en cuenta todas las alternativas. En 2022, el porcentaje del consumo eléctrico en el conjunto del consumo energético fue del 23 %, el mismo porcentaje que cinco años antes.
Por tanto, esto quiere decir que el 77 % restante de la economía no utilizó la electricidad como fuente de energía. Si queremos descarbonizar el transporte en avión o en barco, la única forma de descarbonizarlos es con los combustibles renovables.
Y existen opciones complementarias a la electrificación para descarbonizar el transporte por carretera sin necesidad de abandonar el vehículo de combustión, mediante el uso de biocombustibles y ecocombustibles.
En este marco, la apuesta decidida por la neutralidad tecnológica, que facilite que todas compitan en condiciones equivalentes, sin discriminaciones, no solo ampliará el catálogo de soluciones, sino que mejorará la relación coste-eficiencia
de la transición y reducirá nuestra dependencia exterior, tanto de combustibles energéticos, como de materias primas y tecnologías necesarias para la transición.
Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el sector transporte representa el 30,7 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España, representando el transporte por carretera por sí solo un 28,4
% del total de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
En la UE las estrategias para la descarbonización del transporte se han diversificado en torno a reglamentaciones para la reducción de emisiones en los motores de combustibles fósiles, la incorporación de biocombustibles, la movilidad
eléctrica y los vehículos de hidrógeno y, más recientemente, la incorporación transitoria de combustibles sintéticos y combustibles cien por cien renovables. La Estrategia de Movilidad Inteligente y Sostenible Europea, presentada en diciembre de
2020, se fija como objetivo una reducción del 90 % en las emisiones para 2050 gracias a un sistema de transportes inteligente, competitivo, seguro, accesible y asequible.
Asimismo, en España contamos con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada como hoja de ruta para la transformación del sistema de transportes y movilidad, para promover los medios de transporte sostenible y mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos en los entornos urbanos, además del Proyecto de Ley de Movilidad sostenible, en trámite y con muchos meses de retraso.
En la UE, el Reglamento de implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (AFIR), aprobado en 2023, establece unos objetivos mínimos de despliegue de infraestructura de recarga para cada Estado Miembro durante esta
década. Será necesario un millón de puntos de recarga para 2025, según cálculos de la propia Comisión. Diversas estimaciones para España fijan la necesidad de red de recarga en la cifra de aproximadamente 300.000 puntos de recarga como mínimo en
2030 para lograr una efectividad suficiente en la electrificación de la flota española. Al cierre de 2024, había en España 38.725 puntos de recarga, no se llega en la actualidad ni a cubrir una tercera parte del objetivo previsto para el 2024 y ni
siquiera el 13 % de las necesidades estimadas para cumplir los objetivos del 2030.
Por otro lado, también es insuficiente el avance en la electrificación del parque de automoción en España. En total, la flota electrificada en España es del 1,2 % para vehículos ligeros y en el contexto de la UE, España está muy retrasada.
Somos el 14.º país en cuanto a electrificación del parque, por detrás de Hungría, Malta y Portugal, y sin llegar a la mitad de la media comunitaria. Y con nuestro actual ritmo de electrificación nos seguiremos alejando de la media y de los países
de nuestro entorno.
Por otro lado, en la transición energética del proceso de descarbonización del transporte, los biocarburantes juegan un papel muy relevante ya son una fuente de energía renovable que contribuye a reducir las emisiones globales de CO2,
ayudando a combatir
el efecto invernadero y el calentamiento global, reduce la dependencia nacional del petróleo y disminuye las emisiones de partículas nocivas y otros contaminantes.
Pero además cuenta con muchas ventajas competitivas frente a otras alternativas; ofrece una solución para aquellos sectores y actividades en los que hoy día no es viable la electrificación de su movilidad (aviación, sector marítimo y
pesquero, agrícola, transporte pesado...); diversifica las fuentes de suministro energético, ya que sus materias primas son muy variadas, proporcionando mayor seguridad de abastecimiento energético; son compatibles con los sistemas de transporte y
distribución de los carburantes fósiles; y están sujetos a normas de calidad que garantizan su viabilidad técnica y su compatibilidad con los vehículos actuales del mercado.
Como paso previo a la evolución de sus costes y la aceptación regulatoria plena en la UE (que pueda extender, en su caso, el actual periodo transitorio y limitado en el tiempo para su uso), se están comercializando biocombustibles avanzados,
elaborados a partir de aceites vegetales, biomasa, industria agroalimentaria y aceites de cocina usados, combinados con hidrógeno verde y ecocombustibles sintéticos y cien por cien renovables.
Por último, las políticas de achatarramiento deberían ser una palanca fundamental de descarbonización del transporte por carretera, y en particular en España por la antigüedad de nuestro parque móvil (más de 14 años de media) que nos sitúa a
la cola de Europa. La renovación basada sólo en nuevos vehículos eléctricos permitiría reducir emisiones hasta 2030 en un -34 %, mientras que una renovación que incluya también vehículos de bajas emisiones, tecnológicamente neutra, permitiría
reducir las emisiones hasta 2030 en un -54 %, según estimaciones del sector.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el plazo de tres meses, una Hoja de Ruta que mejore la eficiencia de las ayudas y recursos públicos para impulsar los vehículos de bajas emisiones y la aprobación de un programa
de incentivos a la movilidad eléctrica MOVES IV, que contemple, entre otras, las siguientes medidas:
Primero. Medidas de fomento para la gradual sustitución de hidrocarburos líquidos mediante biocombustibles y eco combustibles (incluidos SAF, sintéticos y cien por cien renovables), que aproveche las ventajas de nuestras modernas refinerías
e infraestructuras de transporte y distribución de hidrocarburos, con especial hincapié en aquellos sectores de difícil electrificación.
Segundo. El impulso de la movilidad basada en gases renovables, facilitando el aprovechamiento del gran potencial de producción nacional de biogás e hidrógeno verde.
Tercero. La publicación de un programa de incentivos a la movilidad eléctrica MOVES IV a fin de que las ayudas dejen de ser indirectas, diferidas y fragmentadas en su ejecución basado en:
- Descuentos directos en las facturas de los beneficiarios al adquirir vehículos eléctricos o instalar puntos de recarga, aplicados al instante en el punto de venta.
- La implementación de reducciones del IVA o deducciones fiscales que puedan llegar al 100 % de los impuestos aplicados a empresas o autónomos que decidan electrificar toda su flota. Las ayudas deben atender a la capacidad económica del
adquirente.
- El establecimiento de un sistema de información periódica, compartiendo trimestralmente los datos más relevantes sobre la evolución de los programas por comunidades autónomas.
- El desarrollo de un catálogo de buenas prácticas para que todas las regiones puedan beneficiarse de las experiencias exitosas.
Cuarto. La elaboración y ejecución de un Plan de Despliegue de una Red Nacional de Infraestructuras de Recarga con mecanismos de concurrencia competitiva, que permita
cumplir los requerimientos de la normativa comunitaria relativa a distancias máximas para ubicación de instalaciones de recarga para vehículos eléctricos y de hidrógeno.
Quinto. La evaluación de mecanismos de ayuda para el afrontar el coste del suministro de carga rápida, dirigidos especialmente a usuarios intensivos y profesionales, Pymes y autónomos.
Sexto. La puesta en marcha de un Plan Nacional Integral de Modernización y Renovación del parque móvil español para incentivar el achatarramiento voluntario de vehículos y su renovación por vehículos de bajas emisiones, que cumpla el triple
objetivo de: 1) contribuir, aprovechando los fondos europeos, al fortalecimiento y transformación del tejido productivo nacional del sector automoción, su industria auxiliar y su cadena de valor; 2) reducir las emisiones de CO2 y otros
contaminantes; y 3) mejorar el ahorro y la eficiencia energética en el uso de combustibles para el transporte por carretera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz, Francisco José Conde López, Esther Llamazares Domingo, César Sánchez Pérez, Raquel Clemente Muñoz, Joaquín Melgarejo Moreno, José Alberto Herrero Bono y
Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/001844
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de Andrés Vázquez de Sola, para su debate en la
Comisión de Cultura.
Andrés Vázquez de Sola Domingo (San Roque, Cádiz, 1927-Monachil, Granada, 2024) no sólo fue un formidable dibujante, pintor, periodista y escritor, sino uno de los últimos ejemplares de lo que constituyó el exilio español y la lucha contra
el relato cultural de la dictadura, a partir de su célebre esperpento coral, 'La corrida franquista', hito que marcó el inicio de una destacada carrera profesional en la prensa francesa, país en el que vivió exiliado durante más de veinticinco años.
Más allá de su pericia en el trazo como dibujante, su principal aportación a la historia del dibujo es la de su concepción de esta disciplina: el humor gráfico es periodismo, pero también es arte, una conjunción de la ética con la estética,
haciendo patente este postulado en sus viñetas y caricaturas, así como en la labor realizada a través de ocho décadas que comenzaron en el diario Patria, de Granada, continuando en Madrid con publicaciones en Sábado Gráfico, Pueblo, El Español o el
diario Madrid, entre otros. A partir de 1959, durante su exilio galo, trabajó en medios de comunicación como Le Canard Enchaîné, Le Monde, Le Monde Diplomatique, L'Humanité y luego, al regresar a España, en otros como El Independiente, El Mundo,
Interviú, Mundo Obrero, Diario 16 o la histórica revista Triunfo.
A todo ello se suman sus numerosas exposiciones personales y colectivas -excediendo la centena- junto a su participación en programas de radio y televisión, o sus libros: desde 'El general franquísimo', 'La muerte civil de un militar
moribundo', 'Cenizas de un mar en llamas' o 'Vida y milagros de Jesulín de Nazaret', pasando por el atrevido 'Me cago en el quinto centenario' y el último, 'La verdadera historia del gayumbo milagroso', citando solo algunos de sus más de treinta
títulos publicados en Francia, España, Alemania, Turquía, Cuba.
En 1985, se retira del trabajo periodístico, instalándose en España. A partir de ese momento, se dedica a pintar y a hacer exposiciones monográficas. Entre sus últimas
muestras citamos 'Lorca y sus Amigos', 'Mujeres de mis sueños', 'La Generación del 27', 'Cosmogonía Republicana', 'Homenaje a Francisco Ayala', 'Besitos desde Sodoma' y 'A la Pintura'; en ellas, expone piezas de pequeño, mediano y gran
formato, dedicadas básicamente al género de la 'caricatura', término tradicional que en los últimos años mutó en 'etopeya', por considerar que expresaba más fielmente aquello que pretendió siempre: reflejar en sus cuadros la vida y la obra de los
personajes retratados, obviando la fisionomía como centro de la representación y creando, al mismo tiempo, una iconografía propia que lo hace singularmente incisivo e inconfundible.
La vida de Vázquez de Sola fue larga y fructífera, siendo una de sus etapas más importantes el período en el que se consagró a su trabajo en Le Canard Enchamé, un semanario satírico de referencia a escala mundial. En la capital francesa,
tuvo diversas experiencias que contribuyeron decisivamente a hacer de él un manantial inagotable de anécdotas, sucesos e historias curiosas, plenas de entrega, compromiso y solidaridad. Detenido en la prisión de El Hacho, en Ceuta -había sido
capturado mientras viajaba clandestinamente, haciendo reportajes para Radio España Independiente- fue objeto de una campaña internacional que logró liberarle. Regresó finalmente a España después de la muerte del dictador.
Tras su retorno a suelo español, concurrió a las primeras elecciones democráticas en la candidatura del PCE al Senado, compartiendo campaña con Rafael Alberti, que encabezaba la lista al Congreso por la provincia de Cádiz.
Intentó abrirse camino en su tierra con el mismo oficio por el que era aclamado en Francia o en media Europa, aunque encontró numerosos obstáculos. Su firma pasó por muchos medios, desde El Mundo al Grupo Joly, hasta centrarse, con el
respaldo de su compañera, Angélica Carménate, en su obra pictórica, que ahora ocupa buena parte del Centro de Arte Contemporáneo de su ciudad natal.
En su trayectoria fue merecedor de distintos premios y distinciones, entre ellos, en 1972 en Bordighera, Italia, la codiciada Palma d'Oro, el Nasreddin Hoca, en Turquía, en el año 1974, en 1987 fue investido Doctor Humoris Causa por la
Universidad Autónoma de Madrid, en 2014 se le otorgó la Medalla de Andalucía, en 2015 fue proclamado como Hijo Predilecto de San Roque, en 2016 fue acreedor de Medalla de la Cultura de Monachil, localidad donde residió sus últimos años, también en
2016 fue distinguido con el Premio Internacional de Humor Gat Perich y declarado Hijo Adoptivo de la Provincia de Granada.
Por todo lo anterior y por unificar, en su persona, la tradición artística con el compromiso personal como un hombre de su tiempo; por haber sublimado, a través de su obra, el aporte civilizatorio y cultural de mujeres y hombres de todas
las épocas que han destacado en las artes, en las ciencias, en las letras; por su inquebrantable voluntad de colocarse siempre del lado de los colectivos más vulnerables, utilizando para ese propósito su lápiz, su pincel y su palabra; por su
generosidad material e intelectual, que le caracterizaron como el gran humanista del siglo XXI que fue, en permanente actualización y aprendizaje, consideramos que su figura es merecedora de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, aunque fuere,
como es el caso, a título postumo.
Desde el reconocimiento de que los valores humanos y artísticos de Andrés Vázquez de Sola lo hacen merecedor de este reconocimiento, nuestro Grupo Parlamentario presenta la siguiente,
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados expresa su reconocimiento a los valores humanos y artísticos de Andrés Vázquez de Sola (1927-2024) así como a su trayectoria como dibujante, pintor, periodista, escritor y una de las más importantes
referencias de la lucha contra el relato cultural de la dictadura desde el exilio.
El Congreso insta a:
2. Promover, en colaboración con administraciones, instituciones y organizaciones que pudieran estar interesadas, la organización de exposiciones y conferencias, coloquios,
jornadas divulgativas, etc. para la difusión de la obra artística y biografía de Andrés Vázquez de Sola.
3. Otorgar a título postumo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Andrés Vázquez de Sola (1927-2024) en reconocimiento a los valores humanos y artísticos de así como a la calidad de su obra como dibujante, pintor, periodista,
escritor, siendo una de las referencias culturales más importantes de la lucha antifranquista desde el exilio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Engracia Rivera Arias, Jorge Pueyo Sanz, Nahuel González López, Juan Antonio Valero Morales y Francisco Sierra Caballero, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la construcción de la Biblioteca Pública del Estado en Vigo, para su discusión en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Primero. La Red Estatal de Bibliotecas Públicas.
Las Bibliotecas Públicas del Estado son aquellas 'adscritas al Ministerio de Cultura [...] y destinadas esencialmente a la difusión y fomento de la lectura en salas públicas o mediante préstamos temporales, y también a la conservación de las
colecciones bibliográficas de singular relevancia que forman parte del Patrimonio Histórico Español' (artículo 1.1 del Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo) 56.
La creación de Bibliotecas Públicas del Estado corresponde al ministro de Cultura, quien podrá crear 'cuantas [...] considere oportunas, cuando las necesidades culturales y sociales así lo requieran y sin perjuicio de la iniciativa de otros
Organismos, Instituciones o particulares' (artículo 3.1 del Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo).
Actualmente, la Red Estatal de Bibliotecas Públicas engloba a 53 bibliotecas situadas en todas las capitales de provincia (excepto en Barcelona 57, Bilbao, Pamplona y San Sebastián) y en otras ciudades españolas 58. En particular, la Red
Estatal de Bibliotecas Públicas constituye la red 'más importante de cuantas existen en España debido a su presencia y extensión por todo el territorio nacional, el volumen de sus fondos, la amplitud de sus usuarios y servicios y la riqueza de su
patrimonio bibliográfico' 59.
56 Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas.
57 En lo que se refiere a Barcelona, cabe recordar que, en Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2024, el Gobierno autorizó a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, organismo autónomo dependiente del Ministerio de
Cultura, la celebración del contrato de obras de construcción de la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona por un valor estimado de 82.708.713,91 euros. https://www.lamoncloa.gob.es/conseiodeministros/referencias/Paginas
72024/20241223-referencia-consejo-ministros.aspx#barna.
58 https://mapabpe.mcu.es/mapabpe.cmd?command=GetPresentacion..
59 https://mapabpe.mcu.es/mapabpe.cmd?command=GetPresentacion.
Segundo. La Biblioteca Pública del Estado de Vigo.
El 8 de agosto de 2007, el por entonces ministro de Cultura, el socialista César Antonio Molina, anunció que la ciudad de Vigo sería incluida en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas 60. Sin embargo, transcurridos casi 18 años desde ese
anuncio, lo cierto es que, más allá de culparse entre ellos, ni el Partido Popular ni Partido Socialista han sido capaces de hacer que Vigo cuente con la tan ansiada Biblioteca Pública del Estado 61. Así, pues, hasta ahora hablar de la Biblioteca
Pública del Estado en Vigo ha sido hablar de años de promesas incumplidas por parte del bipartidismo.
En concreto, el proyecto de la Biblioteca Pública del Estado en Vigo ha recorrido la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, la de Mariano Rajoy Brey y dos gobiernos de Pedro Sánchez. Además, ha conocido a nueve ministros de Cultura,
del ya mencionado César Antonio Molina, al actual, Ernest Urtasun. Del mismo modo, durante todos estos años se han presentado hasta nueve propuestas de ubicaciones diferentes en Vigo.
El 30 de septiembre de 2024, el Pleno del Ayuntamiento de Vigo aprobó en sesión ordinaria el 'Plan especial de infraestructuras y dotaciones para la ubicación de la Biblioteca Pública Estatal en Vigo (Expte. 18662/411)' 62. En concreto, la
dotación cultural se construirá en 'una parcela [con] una superficie total de 6.578,00 m2, constituida por dos propiedades catastrales' 63.
Posteriormente, el 20 de noviembre de 2024, el mencionado 'Plan especial de infraestructuras y dotaciones para la ubicación de la Biblioteca Pública Estatal en Vigo' fue inscrito en el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento
Urbanístico de Galicia (núm. registro ROTPG/P/ 69/2024) 64.
Así, pues, corresponde al Ministerio de Cultura, sin dilaciones ni excusas, solicitar la cesión de la parcela para 65, posteriormente, poder iniciar los expedientes para licitar el contrato de redacción de proyectos de construcción de la
futura Biblioteca Pública Estatal en Vigo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reiterar su compromiso con la construcción de la futura Biblioteca Pública del Estado en Vigo y, a tal fin, agilizar sin demora todos los trámites necesarios para la puesta en marcha del referido proyecto.
2. Informar periódicamente a esta Cámara sobre el avance de los trámites y las fechas previstas para la puesta en marcha del proyecto de construcción de la Biblioteca Pública del Estado en Vigo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
60 https://www.farodevigo.es/gran-vigo 72007/08/08/cesar-antonio-molina-anuncia-vigo-18112176.html; https://www.20minutos.es/noticia/267043/0/biblioteca/estatal/vigo/.
61 Cabe recordar que la primera vez que se destinó una partida presupuestaria al proyecto de Biblioteca del Estado en Vigo fue en los Presupuestos Generales del Estado de 2009. En concreto, se destinaron 1.350.000 millones de euros. Véanse
los Presupuestos Generales del Estado de 2009. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIV (Sección 24). https://www.sepg.pap.hacienda.eob.es/Presup/PGE2009Lev/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L 09 E G14.PDF.
62 Https://xmu.vigo.ore/docs/PGOU93_2015/pdesarrollo/BibliotecaPublica/definitiva/1_Certificacion_Pleno_AD.pdf.
63 La superficie útil de la futura Biblioteca Pública Estatal en Vigo tendrá que adaptarse a los requerimientos fijados por la Junta de Galicia en el Plan de Necesidades remitido al Ministerio de Cultura en 2020.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2022/03/30/ministerio-cultura-acepta-propuesta-xunta-ampliar-biblioteca-estado-vigo/0003 202203V30C3999.htm.
64 https://xmu.vigo.org/docs/PGOU93 2015/pdesarrollo/BibliotecaPublica/definitiva/18662_411_certificado_de_inscricion.pdf.
65 https://www.elespanol.com/treintavseis/vigo/20241121/vigo-puede-ceder-gobierno-espana-espacio-edificar-biblioteca/902910104_O.html.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001858
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la transparencia, supervisión y competencia en el uso de ALIA, la inteligencia artificial del Gobierno.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto quinto ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la transparencia,
supervisión y competencia en el uso de ALIA, la inteligencia artificial del Gobierno, para su debate en Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El pasado 20 de enero, en la Jornada HispanIA, el Presidente del Gobierno de España anunció el modelo fundacional de inteligencia artificial en español el (ALIA) desarrollada con fondos públicos y presentada como un asistente virtual para
facilitar el acceso a información gubernamental. Se trata de 'un modelo de IA pública y abierto', subrayó Pedro Sánchez. Está entrenado también en catalán, gallego, valenciano y vasco.
Este proyecto de IA está reflejado en la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, con un presupuesto de 10 millones de euros. Una cifra que podría ser todavía superior y que, según expertos de la industria, consideran muy elevada para
los resultados que está ofreciendo esta tecnología -el modelo estaría basado en la arquitectura de Llama, la IA de META, pero no es capaz de alcanzar su rendimiento.
Estos profesionales han detectado errores gramaticales, confusiones en tareas básicas de razonamiento y dificultades al programar en Python, evidenciando la urgencia de establecer controles rigurosos que eviten perpetuar estereotipos y
garanticen resultados fiables. Asimismo, se pone de manifiesto el papel fundamental que debe desempeñar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) para asegurar que
la IA cumpla con estándares de calidad y neutralidad en su desempeño. Además, surgen interrogantes sobre la propiedad intelectual y la eventual responsabilidad penal cuando esta tecnología se utilice con fines comerciales.
Actualmente, no se dispone de información pública sobre un expediente administrativo específico relacionado con ALIA. La opacidad con la que se ha implementado esta herramienta genera preocupaciones sobre su posible utilización como
instrumento de control ideológico.
El uso de la IA en la Administración Pública debe regirse por los principios de transparencia, objetividad y pluralidad. Sin embargo, experiencias previas han demostrado cómo ciertas herramientas digitales promovidas desde el Gobierno han
servido más como instrumentos de propaganda que como verdaderos servicios neutrales para los ciudadanos.
En este sentido, el Reglamento de IA y el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) establecen la necesidad de mecanismos de supervisión y explicabilidad en el uso de esta tecnología. Sin embargo, el Ejecutivo no ha dado explicaciones sobre
cómo piensa aplicar estos principios a ALIA ni ha detallado qué medidas implementará para evitar sesgos.
La desinformación y la manipulación informativa representan una amenaza real en la actualidad. Por eso, ALIA, como cualquier otro sistema de IA empleado en el sector público, debe someterse a auditorías externas que evalúen su objetividad y
neutralidad.
Por último, vivimos en una sociedad donde la desinformación y la manipulación informativa representan una amenaza real. La ciudadanía tiene derecho a saber qué tipo de información genera esta IA, cómo se decide, qué respuestas ofrece y si
sus algoritmos están diseñados para favorecer determinadas ideologías políticas. Sin estos controles, se corren muchos riesgos por el uso de esta herramienta del Gobierno, de forma que termine no siendo utilizada para prestar un servicio
transparente a la sociedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Publicar los expedientes administrativos relacionados con la creación, financiación, desarrollo y despliegue de ALIA.
2. Realizar auditorías periódicas sobre posibles sesgos ideológicos en el modelo ALIA, garantizando su neutralidad y objetividad.
3. Clarificar el régimen de propiedad intelectual y los derechos de autor de los textos utilizados para el entrenamiento, así como la posible responsabilidad penal o administrativa derivada del uso y comercialización de ALIA, ante posibles
reclamaciones.
4. Exigir la elaboración de informes periódicos por parte de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) para garantizar la transparencia de las bases de datos utilizados para el entrenamiento de ALIA.
5. Informar, de manera recurrente, a la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital sobre el desarrollo, uso y actualizaciones del modelo de IA gubernamental ALIA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Juan Luis Pedreño Molina, Pedro Puy Fraga, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Mario Cortés Carballo, Tristana María Moraleja Gómez, Jaime Eduardo de Olano Vela, María Pilar Alía
Aguado, Laura María Lima García, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Sandra Pascual Rocamora, Eduardo Carazo Hermoso, Francisco José Conde López, Irene Garrido Valenzuela, Cristina Teniente Sánchez y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la condena de las
violaciones de derechos humanos en Nicaragua y la promoción de acciones internacionales para la rendición de cuentas del régimen Ortega-Murillo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Desde 2007, Nicaragua ha experimentado una grave crisis económica, política y social, con un deterioro en materia de derechos humanos bajo el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ortega ha permanecido en el poder de manera
ininterrumpida durante 17 años, consolidando un sistema autoritario que ha eliminado los controles democráticos y restringido las libertades fundamentales. La perpetuación de Ortega en el poder ha sido posible gracias a reformas constitucionales
que eliminaron los límites a la reelección, asegurando su continuismo a través de procesos electorales sin garantías democráticas.
Este deterioro se acentuó en 2018, cuando las protestas antigubernamentales fueron reprimidas con extrema violencia, dejando un saldo de más de 350 muertos y miles de heridos. El régimen ha implementado tácticas represivas, incluyendo el
uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y grupos paramilitares, promulgación de leyes que criminalizan la disidencia, cierre forzado de ONG y medios de comunicación independientes, y el exilio de líderes opositores, periodistas y
activistas. La concentración del poder en manos del matrimonio Ortega-Murillo ha permitido la consolidación de un estado totalitario que controla todos los poderes del Estado y restringe la participación política. Se han inhabilitado partidos
opositores y se ha perseguido a candidatos que podrían desafiar el mandato de Ortega, asegurando la perpetuación de su régimen en el poder. La censura a los medios de comunicación independientes y el cierre de espacios de expresión también han sido
utilizados como herramientas de represión.
El régimen ha intensificado la persecución de voces disidentes, defensores de derechos humanos, opositores políticos y líderes religiosos, especialmente de la Iglesia Católica. Desde 2018, más de 5.600 organizaciones no gubernamentales han
sido disueltas, incluyendo grupos religiosos, empresariales, médicos, educativos y de derechos humanos. Esta represión ha resultado en detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos a detenidos, así como en la expulsión y destierro forzado de
ciudadanos, dejándolos en una situación de apátrida de facto.
Numerosos informes han documentado condiciones inhumanas en los centros de detención, donde los presos políticos son sometidos a malos tratos, falta de atención médica y torturas psicológicas. Se han registrado casos de desapariciones
forzadas y ejecuciones extrajudiciales de personas vinculadas a movimientos de oposición.
El pasado mes de enero, el régimen aprobó una reforma constitucional que elimina la separación de poderes y el pluralismo político, estableciendo una copresidencia de Ortega y Murillo que controla todos los poderes del Estado, las
instituciones independientes y los medios de comunicación. Esta reforma ha consolidado un estado autoritario, suprimiendo los controles institucionales y permitiendo el nombramiento de múltiples vicepresidentes, lo que podría incluir a miembros de
la familia Ortega-Murillo.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ha facilitado la aprobación de leyes que criminalizan la disidencia y refuerzan la vigilancia estatal sobre la población. Además,
el sistema judicial, sin independencia, ejecuta acciones que favorecen la represión y criminaliza la oposición bajo acusaciones infundadas de 'traición a la patria'.
La comunidad internacional ha condenado enérgicamente las acciones del régimen. El Parlamento Europeo, en su resolución del 13 de febrero de 2025, denunció las violaciones sistémicas y generalizadas de los derechos humanos cometidas por el
régimen de Ortega y Murillo. En su resolución, se exigió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, el restablecimiento del Estado de Derecho y la revocación de la reforma constitucional y de todas las leyes represivas
que institucionalizan el totalitarismo. Además, se instó a los Estados miembros a iniciar investigaciones a través de la Corte Penal Internacional para juzgar al régimen por crímenes contra la humanidad.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado el constante y generalizado retroceso de la situación de derechos humanos en Nicaragua. En su informe de septiembre de 2024,
destacó la persecución de opositores, las detenciones arbitrarias, las torturas y las restricciones al espacio cívico, incluyendo la disolución de miles de organizaciones de la sociedad civil.
En respuesta a las críticas internacionales, el gobierno de Nicaragua anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de febrero de 2025. Esta decisión fue tomada tras la presentación de un informe del Grupo de Expertos en
Derechos Humanos de la ONU que acusaba al régimen de cometer crímenes de lesa humanidad y de establecer un estado autoritario. La vicepresidenta Rosario Murillo calificó la decisión como 'soberana e irrevocable', rechazando las acusaciones como
falsas y difamatorias.
La situación en Nicaragua refleja una grave crisis de derechos humanos y una consolidación autoritaria por parte del gobierno de Ortega y Murillo. Las acciones represivas contra opositores, la sociedad civil y líderes religiosos, junto con
las reformas constitucionales que eliminan la separación de poderes, han suscitado condenas internacionales y llamados urgentes a la acción para restaurar la democracia y el respeto a los derechos fundamentales en el país.
España, como país hermano de las naciones de América Latina y firme defensor de los derechos humanos, no puede permanecer como un espectador ante la deriva autoritaria del régimen de Ortega Murillo. Es imperativo que nuestro país lidere,
junto a nuestros socios europeos e internacionales, una respuesta firme para exigir el restablecimiento del Estado de derecho, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres y transparentes en Nicaragua.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua cometidos por el régimen Ortega-Murillo.
2. Condenar el uso de la apatridia como herramienta de persecución política por parte del régimen Ortega-Murillo, que ha despojado de su nacionalidad a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y otros ciudadanos
nicaragüenses, violando principios fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos.
3. Exigir el cese inmediato de la represión contra la oposición, la sociedad civil y los líderes religiosos.
4. Impulsar en el seno de la Unión Europea la ampliación de sanciones a altos funcionarios del régimen nicaragüense responsables de la represión y violaciones a los derechos humanos.
5. Reforzar la cooperación con organismos internacionales, incluida la ONU y la OEA, para documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos y exigir la rendición de cuentas del régimen de Ortega-Murillo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2025.-Esperanza Reynal Reillo, Belén Hoyo Juliá, Javier Noriega Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez,
Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Carmelo Barrio Baroja, Raquel Clemente Muñoz, Javier José Folch Blanc, Silvia Franco González, Macarena Lorente Anaya, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos
Alberto Sánchez Ojeda, Elvira Velasco Morillo y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para seguir fortaleciendo la Alianza para
las Vacunas (GAVI), para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
GAVI, la Alianza para las Vacunas, es una de las principales iniciativas sanitarias a nivel mundial. Es un partenariado público-privado que ayuda a vacunar a casi la mitad de la población mundial infantil contra algunas de las enfermedades
más mortales que existen. Su importancia radica en su capacidad para prevenir, salvar vidas y proteger a las comunidades de brotes de enfermedades infecciosas que pueden ser peligrosas e incluso mortales. La Alianza para las Vacunas congrega a
gobiernos de países en desarrollo y de países donantes, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial, la industria de las vacunas, organismos técnicos, la sociedad civil, la Fundación Bill y Melinda Gates, y otros asociados del
sector privado.
Desde su creación en 2000, GAVI ha ayudado a inmunizar a toda una generación, más de mil millones de niños y niñas, y ha contribuido a evitar una mortalidad infantil de más de 16,2 millones de menores, recortándola en más de la mitad en 73
países de renta baja. Tras dos décadas de avances, GAVI se centra ahora en proteger a la próxima generación y, especialmente, a los niños niñas 'cero dosis', es decir, a aquellos que no han sido vacunados nunca.
En 2008, España se convirtió en donante de GAVI, como uno de los seis socios originarios del IFFIM (Servicio Financiero Internacional para la Inmunización), y es un donante importante de este mecanismo financiero innovador, con un compromiso
total de 290 millones de euros.
Un estudio histórico que publicó la revista médica británica The Lancet revela que los esfuerzos mundiales de inmunización ya han salvado unos 154 millones de vidas en las , últimas cinco décadas, 101 millones de ellas de lactantes.
El estudio, dirigido por la OMS, demostró que la inmunización es la intervención sanitaria que más contribuye a garantizar que los bebés no sólo lleguen a su primer cumpleaños, sino que sigan llevando una vida sana en la edad adulta.
Las vacunas contra el sarampión son las que más han contribuido a reducir la mortalidad infantil, según el estudio, que también muestra que la vacunación contra ésta y otras 13 enfermedades, entre ellas la difteria, la poliomielitis, la
rubéola, el tétanos, la tuberculosis y la fiebre amarilla, ha contribuido directamente a reducir la mortalidad infantil en un 40 % en todo el mundo y en más del 50 % en la región africana durante estos últimos 50 años.
La ayuda española al desarrollo se ha comprometido con iniciativas de salud a nivel mundial como esta. Por ello, España está representada en el Consejo de Administración de GAVI desde el año 2008 ininterrumpidamente, formando parte del
mecanismo de toma de decisiones.
Nuestro país también forma parte de CEPI (Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias) que es una coalición internacional de gobiernos, centros
académicos, organismos filantrópicos, privados, públicos e intergubernamentales cuya visión es crear un mundo en el que las epidemias y pandemias dejen de ser una amenaza para la humanidad. Su misión es acelerar el desarrollo de vacunas y
otras medidas biológicas contra las amenazas de epidemias y pandemias para que puedan ser accesibles a todas las personas que las necesiten.
El objetivo de ambas instituciones es proporcionar a la población mundial herramientas tan esenciales para afrontar epidemias como las vacunas. CEPI se encarga de la investigación y desarrollo y GAVI de su distribución a los países menos
desarrollados, por lo que su elección como receptores de contribuciones españolas está basada en la evidencia científica y permite conseguir alcanzar los objetivos de la Cooperación Española en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de
la Agenda 2030.
España ha tenido un rol de liderazgo en la respuesta a la pandemia del COVID-19 como uno de los 10 mayores países donantes de vacunas a través del mecanismo de reparto de COVAX, una alianza creada para garantizar el acceso equitativo a las
vacunas contra el COVID-19 de la que forman parte más de 190 países.
Asimismo, España ha sido el primer donante de la iniciativa de GAVI para introducir la primera vacuna mundial contra la malaria, que salvará la vida de niños y niñas en el continente africano.
Por otro lado, España se comprometió a invertir 170 millones de euros en inmunizar a las personas en países con recursos limitados y para contribuir a la vacunación equitativa contra enfermedades infecciosas y emergentes en el periodo entre
2023 y 2025, que está suponiendo un gran beneficio para millones de niños y niñas en países en vías de desarrollo.
España ha mostrado siempre un firme convencimiento de que la vacunación es un bien público global. Además de la solidaridad internacional y la contribución al disfrute del derecho a la salud de todos los habitantes del planeta. El acceso a
las vacunas de los países en desarrollo es imprescindible para evitar futuras pandemias que puedan poner en peligro la salud y el bienestar de todos. Además de contribuir a cumplir con los Objetivos y las Metas de Desarrollo Sostenible,
independientemente de su capacidad económica y así, contribuir a mejorar la salud y el bienestar de las personas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir manteniendo y fortaleciendo su compromiso con GAVI y CEPI para continuar mejorando los niveles de vacunación en la infancia en los países en vías de desarrollo en los próximos años,
colaborando así en la inmunización de la población mundial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-María Guijarro Ceballos, Diputada.-Montse Mínguez García y Javier Alfonso Cendón, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Rocío de Meer Méndez y Blanca Armario González, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
Proposición no de Ley para mitigar los efectos de la hipoacusia, para su discusión en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La hipoacusia o sordera es una condición caracterizada por la 'anormal de la capacidad auditiva, ya sea por alteración del sistema de conducción (daño del oído externo o el oído medio), por causas neurosensoriales (daño del oído interno o
del nervio acústico) o por causas mixtas' 66. Esta pérdida de la suficiencia auditiva puede variar en intensidad, desde una leve incapacidad de la escucha hasta la sordera total, así como en sus causas, siendo la más común el envejecimiento
-presbiacusia-.
Por otro lado, puede ser congénita o adquirida y su reversibilidad dependerá de su origen. Así, 'la hipoacusia conductiva generalmente es reversible con tratamiento, mientras que la neurosensorial es permanente en la mayoría de los casos'
67. En su aparición súbita puede provocar una sordera permanente si no se trata como una emergencia médica, mientras que la hipoacusia no atendida en niños pequeños puede 'retrasar el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje' 68. Es más,
independientemente de su reversibilidad o no, esta condición supone una traba para la participación en la vida social y política de las personas que la padecen.
A pesar de lo expuesto, asociaciones de personas con discapacidad auditiva consideran que, desde la sociedad, así como desde las Administraciones y poderes públicos, todavía impera la falsa creencia de que estas personas 'tienen resueltas
todas las situaciones de interacción y no encuentran barreras en el entorno' 69. Sin embargo, las personas con discapacidad auditiva -condición que afecta a más de 1,2 millones de españoles 70-, enfrentan actualmente numerosos obstáculos a la hora
de relacionarse con el sector público.
Por otro lado, se trivializa la importancia de mitigar las causas de esta discapacidad y en numerosas ocasiones no se tiene en cuenta que, al dificultar la sociabilidad natural de la persona, la hipoacusia puede convertirse en un 'factor de
riesgo de deterioro cognitivo y demencia' 71, así como en un elemento multiplicador de enfermedades mentales y otras carencias tales como la depresión o la soledad.
VOX considera necesario desarrollar medidas encaminadas a mitigar los efectos de la hipoacusia, así como para facilitar la comunicación entre la Administración Pública y las personas que padecen este y otros tipos de discapacidades
auditivas.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mejorar la accesibilidad y la comunicación entre la Administración y las personas con hipoacusia o algún otro tipo de discapacidad auditiva con el fin de superar los obstáculos existentes para los afectados por esta discapacidad en sus
trámites con las instituciones públicas.
2. Potenciar los servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación auditiva para mitigar los casos de hipoacusia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2025.-María de la Cabeza Ruiz Solás, Rocío de Meer Méndez y Blanca Armario González, Diputadas.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
66 https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=hipoacusia.
67 https://www.cun.es/diccionario-medico/términos/hipoacusia.
68 Ídem.
69 https://fiapas.es/politicas-publicas-personas-sordera-acompasadas-progreso-tecnologico/.
70 https://fiapas.es/casi-el-98-de-las-personas-sordas-en-espana-utilizan-la-lengua/#:~:text=Seg%C3 %BAn%201os%20datos%20publicados%20hov,la%20lengua%20oral%20para%20comunicarse.
71 https://blog.fpmaragall.org/hipoacusia.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Industria y Turismo
181/001038
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Ester Muñoz de la Iglesia, Silvia Franco González y Mirian Guardiola Salmeron.
¿Confirma el Gobierno el anuncio realizado por el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León en una entrevista publicada el 8 de diciembre de 2024 en un medio de comunicación leonés, en la que afirmó textualmente que, en los
primeros meses de 2025, a comienzos de año, el Ministerio anunciaría el inicio de la segunda fase del Parador de San Marcos en León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2025.-Ester Muñoz de la Iglesia, Silvia Franco González y Mirian Guardiola Salmerón, Diputadas.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001024
El diputado del Bloque Nacionalista Gallego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Considera que la dimensión socioeconómica de la actividad pesquera, marisquera y de miticultura de la ría de Arousa, así como sus valores naturales, la convierten en la ubicación más adecuada para un punto de vertido de lodos y materiales
de dragado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Considera que a dimensión socioeconómica das actividades pesqueira, marisqueira e de miticultura da ría de Arousa, así como os seus valores naturais, fan dela a ubicación máis axeitada para un punto de vertido de lodos e materiais de
dragados?
En Madrid, a 3 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/001025
El diputado del Bloque Nacionalista Gallego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Está dispuesto el Gobierno del Estado a adoptar medidas para acabar con los vertidos y, en colaboración con la administración gallega, llevar a cabo un proyecto de ampliación de la recuperación del litoral y de la zona de la Ribeiriña, en
el Concejo de A Pobra do Caramiñal, que incluya la adquisición y demolición de la antigua fábrica de HADASA y la recuperación de los terrenos donde se ubica para uso y disfrute público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Está en disposición o Goberno do Estado a adoptar as medidas que poñan fin aos vertidos e a, en colaboración coa administracón galega, levar a cabo un proxecto de ampliación da recuperación do litoral e da zona da Ribeiriña, no Concello da
Pobra do Caramiñal, que inclúa a adquisición e derrube da antiga fábrica de HADASA e a recuperación dos terreos onde se asenta para uso e desfrute público?
En Madrid, 3 de marzo de 2025.-Néstor Rego Candamil, Deputado.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/001039
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, Sergio Sayas López, Ana Isabel Alós López, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago,
Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García.
¿Cuál ha sido el gasto en creatividad, comunicación, contratación de medios y redes sociales del Ministerio de Vivienda durante el 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, Sergio Sayas López, Ana Isabel Alós López, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago,
Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.
181/001040
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, Sergio Sayas López, Ana Isabel Alós López, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago,
Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García.
¿Tras la contestación por parte del Gobierno de España donde indicaban que no se había constituido ni el comité de expertos ni el director de la 'Casa de la Arquitectura', dependiente del Ministerio de Vivienda, podrían informarnos si esta
institución ha procedido a regularizar su organigrama?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, Sergio Sayas López, Ana Isabel Alós López, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago,
Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.
181/001041
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, Sergio Sayas López, Ana Isabel Alós López, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago,
Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García.
¿Se ha desarrollado alguna auditoría de control en materia de contrataciones, licitaciones o la gestión de recursos humanos en el ministerio de Vivienda, tal y como se ha realizado en el ministerio de Transportes para analizar posibles
infracciones en el periodo de gestión del ministro Ábalos, tras los diferentes casos de presunta corrupción que se encuentran abiertos en el ámbito Judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, Sergio Sayas López, Ana Isabel Alós López, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago,
Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.
181/001042
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, Sergio Sayas López, Ana Isabel Alós López, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago,
Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García.
¿Cuántas viviendas públicas se han construido en estos 6 últimos años por parte del Gobierno de Sánchez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, Sergio Sayas López, Ana Isabel Alós López, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago,
Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.
181/001043
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce,
Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo y Cristina Moreno Borrás.
¿Cuáles son las políticas que está impulsando este Gobierno para fomentar la colaboración público-privada con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas asequibles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2025.-Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá,
Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo y Cristina Moreno Borrás, Diputados.
181/001044
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
D. Joan Mesquida Mayans, Dña. María Soledad Cruz-Guzmán García, Dña. Isabel María Borrego Cortés, D. Cristóbal Garre Murcia, D. Sergio Sayas López, Dña. Cristina Agüera Gago, D. Miguel Ángel Sastre Uyá, D. Alberto Fabra Part, D. Carlos
Gil Santiago, D. Celso Luis Delgado Arce, D. Daniel Pérez Osma, D. Mario Cortés Carballo, D. Silverio Argüelles García, D. Juan Andrés Bayón Rolo y Dña. Cristina Moreno Borrás
¿Qué medidas concretas ha adoptado este Gobierno para movilizar suelo público y suelo finalista con el fin de incrementar la oferta de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2025.-Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá,
Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo y Cristina Moreno Borrás, Diputados.
181/001045
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Miguel Ángel Sastre Uyá, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Isabel Borrego Cortés, M.ª Soledad Cruz-Guzmán García y Cristóbal Garre Murcia
¿Habrá otro intento por parte del Gobierno para impulsar un nuevo Proyecto de Ley del Suelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Isabel María Borrego Cortés, María Soledad Cruz-Guzmán García y Cristóbal Garre Murcia,
Diputados.
181/001046
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Cristina Agüera Gago, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel Borrego Cortés, M.ª Soledad Cruz-Guzmán García y Cristóbal Garre Murcia
¿Cómo justifica el Gobierno la disminución en 2024 de más de 37.000 viviendas del mercado de alquiler y el grave problema de la okupación ilegal que se produce en la provincia de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Cristina Agüera Gago, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, María Soledad Cruz-Guzmán García y Cristóbal Garre Murcia,
Diputados.
181/001047
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Cristina Agüera Gago, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel Borrego Cortés, M.ª Soledad Cruz-Guzmán García y Cristóbal Garre Murcia
¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno para resolver el grave problema de la okupación ilegal en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2025.-Cristina Agüera Gago, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, María Soledad Cruz-Guzmán García y Cristóbal Garre Murcia,
Diputados.
181/001048
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce,
Daniel
Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo y Cristina Moreno Borrás
¿Considera el Gobierno que la aplicación de incentivos fiscales es una medida efectiva para fomentar la recuperación de viviendas actualmente fuera del mercado de alquiler residencial y así aumentar la oferta disponible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2025.-Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá,
Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Silverio Argüelles García, Juan Andrés Bayón Rolo y Cristina Moreno Borrás, Diputados.
Comisión de Cultura
181/001027
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Julia Parra Aparicio, Macarena Montesinos de Miguel, María Soledad Cruz-Guzmán García, Belén Hoyo Juliá, Alberto Fabra Part, Sandra Pascual Rocamora, Joaquín Melgarejo Moreno, Cesar Sánchez Pérez, Fernando de Rosatorner, Alma Alfonso
Silvestre, Esperanza Reynal Reillo, Carlos Gil Santiago, Cristina Moreno Borrás y Óscar Clavell López,
¿Cómo valora el Gobierno que la Generalitat de Cataluña haya catalogado a la localidad castellonense de Morella como parte de la 'geografía catalana' en un documento oficial titulado 'El marco festivo del fuego en Cataluña'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2025.-Julia Parra Aparicio, Macarena Montesinos de Miguel, María Soledad Cruz-Guzmán García, Belén Hoyo Juliá, Alberto Fabra Part, Sandra Pascual Rocamora, Joaquín Melgarejo Moreno, César
Sánchez Pérez, Fernando de Rosa Torner, Alma Alfonso Silvestre, Esperanza Reynal Reillo, Carlos Gil Santiago, Cristina Moreno Borrás y Óscar Clavell López, Diputados.
Comisión de Sanidad
181/001032
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodriguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez
Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria materializar en algún momento medidas de utilidad ante el hecho de que, con cifras validadas desde el Sindicato Médico de Melilla el pasado mes de diciembre, 'la tasa de
externalización de
servicios especializados y pruebas a empresas privadas de la península ha alcanzado en el último año tasas del 40 % en ambas cuidados autónomas' de Ceuta y Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio,
Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001033
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodriguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez
Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad para posibilitar el 'desarrollo la excelencia profesional, incluyendo el impulso a la actualización de los programas formativos de las
especialidades médicas, el desarrollo del modelo de recertificación de los especialistas, la planificación del recambio generacional o el liderazgo de las sociedades en las actividades de formación continuada dirigidas a médicos', tal y como se
consideró necesario el pasado diciembre desde la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio,
Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001034
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez
Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real para hacer posible el 'plan coordinado que garantice la equidad y la sostenibilidad del sistema' Nacional de Salud solicitado el pasado mes de
diciembre desde el Foro Español de Pacientes ante 'el envejecimiento de la población, el aumento de la polimorbilidad y la cronicidad, y la falta de personal sanitario'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio,
Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001035
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodriguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez
Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante la crítica planteada el pasado mes de diciembre desde el Sindicato de Enfermería Satse al Ministerio de Sanidad por 'no mejorar
condiciones laborales'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio,
Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/001036
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodriguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez
Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo.
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante la solicitud planteada el pasado mes de diciembre desde el Sindicato de Enfermería Satse para que la renovación de la 'Ley 55/2003, de 16
de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud' sirva para 'sentar las bases de lo que deberá ser el marco básico de condiciones de trabajo, nuestros derechos y deberes, la regulación de nuestro desempeño
profesional, y la cobertura de nuestras necesidades, presentes y futuras'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio,
Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/001028
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pablo Pérez Coronado.
¿Tiene previsto el Gobierno retirar la participación del CNIO en la empresa Telomere Therapeutics, fundada por María Blasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Pablo Pérez Coronado, Diputado.
181/001029
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pablo Pérez Coronado.
¿Va a exigir el Ministerio la devolución de los sobresueldos indebidamente cobrados por María Blasco durante su etapa como directora del CNIO, y qué acciones legales se van a emprender en caso de negativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Pablo Pérez Coronado, Diputado.
181/001030
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pablo Pérez Coronado.
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre las subvenciones públicas que ha recibido María Blasco y su empresa Telomere Therapeutics, y considera que fueron concedidas con los criterios de transparencia y rigor que exige la financiación pública
de la investigación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Pablo Pérez Coronado, Diputado.
181/001031
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pablo Pérez Coronado.
¿Cómo justifica el Ministerio de Ciencia e Innovación su falta de supervisión efectiva sobre el CNIO, cuando la Ley de Fundaciones le otorga un papel de control y garantía de la transparencia y legalidad en su funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Pablo Pérez Coronado, Diputado.
181/001037
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pablo Pérez Coronado y María Torres Tejada.
¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio para esclarecer y corregir la desigualdad en la financiación de los viajes de los investigadores del CNIO, considerando que mientras la exdirectora María Blasco disfrutaba de desplazamientos a Chicago,
el Ártico, Mozambique o Washington con fondos públicos, algunos investigadores tuvieron que asumir personalmente parte del coste de sus desplazamientos científicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2025.-Pablo Pérez Coronado y María Torres Tejada, Diputados.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001026
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Antonio Román Jasanada.
¿Qué medidas piensa adoptar la Dirección General de Tráfico para solucionar el caos y retrasos injustificados en los exámenes de circulación en la jefatura provincial de tráfico de Guadalajara, propiciados por la no cobertura de vacantes y
bajas de larga duración de examinadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2025.-Antonio Román Jasanada, Diputado.
OTROS TEXTOS
PREMIOS
292/000015
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de 11 de marzo de 2025, ha acordado aprobar la convocatoria de la VII edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario, de acuerdo con las bases que figuran a continuación:
El Congreso de los Diputados convoca la VII edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario, tanto audiovisual como gráfico y escrito. El Premio tiene como objetivo ayudar a fortalecer la imagen del Congreso y de los
miembros de la Cámara, así como fomentar la defensa de los valores de los derechos y libertades que representan y defienden cada día en su acción política desde el Parlamento, y al mismo tiempo honrar la memoria de la primera mujer que se dedicó
profesionalmente de forma exclusiva al periodismo.
La convocatoria se hace con arreglo a las siguientes Bases:
Primera. El Premio 'Josefina Carabias' está dotado con 6.000 y un obsequio institucional.
Segunda. Podrán proponerse para el Premio profesionales de la información o los medios de comunicación que hayan destacado por llevar a cabo una brillante narración del trabajo parlamentario o de la defensa de los derechos y libertades
desde el Congreso, bien a lo largo de su trayectoria, bien en alguno de sus trabajos.
Tercera. En la concesión del Premio se tendrá en cuenta su labor en pro de la democracia y de la pluralidad informativa. Su obra podrá haberse publicado en prensa escrita o digital, radio o televisión de todo el territorio nacional, en
castellano o en cualquier otra lengua cooficial en las Comunidades Autónomas de España.
Cuarta. El Premio en metálico estará sujeto a la normativa fiscal vigente en el momento de su entrega.
Quinta. Las candidaturas deberán ser propuestas por asociaciones de periodistas, grupos parlamentarios o entidades reconocidas por su labor social y política en defensa de la democracia y de los derechos humanos. Cada propuesta estará
motivada e irá acompañada de un currículo que recoja su trayectoria profesional. El plazo de presentación de propuestas finalizará el día 31 de mayo de 2025.
Sexta. El Premio será otorgado por la Mesa del Congreso de los Diputados a propuesta de un jurado integrado por su Presidenta, que lo presidirá, cuatro miembros de la Mesa de la Cámara, el ganador del Premio en su sexta edición, la
Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios o miembro de la Junta Directiva en quien delegue, el Director de Comunicación de la Presidencia del Congreso de los Diputados y la Directora de Comunicación de la
Secretaría General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretaria.
Séptima. El Jurado resolverá cuantas cuestiones surjan en el proceso de concesión del Premio. Podrá proponer, asimismo, que se declare desierto. En todo caso, sus decisiones no serán susceptibles de recurso alguno.
Octava. Las candidaturas se enviarán por correo electrónico a la dirección secretaria.comunicacion@congreso.es o se entregarán en la Secretaría de la Dirección de Comunicación (calle de Floridablanca s/n, Edificio Ampliación II, planta
baja, Congreso de los Diputados, 28071 Madrid), en horario de 10 a 14 horas, de lunes a viernes, y deberán incluir el nombre, domicilio y teléfono de la persona propuesta. En el sobre se hará constar 'Premio Josefina Carabias'.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Elaso.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de 11 de marzo de 2025, ha acordado que el Jurado de la VII edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario esté integrado por las siguientes personas:
- Excma. Sra. D.ª Francina Armengol Socias, Presidenta, que lo presidirá.
- Excmo. Sr. D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Vicepresidente Primero.
- Excmo. Sr. D. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Vicepresidente Segundo.
- Excma. Sra. D.ª Esther Gil de Reboleño Lastortres, Vicepresidenta Tercera.
- Excma. Sra. D.ª Marta González Vázquez, Vicepresidenta Cuarta.
- Sr. D. Josep Capella i Matas, ganador del Premio en su sexta edición.
- Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, o miembro de la Junta Directiva en quien delegue.
- Sr. D. Álvaro Gil Amigo, Director de Comunicación de la Presidencia del Congreso de los Diputados.
- Ilma. Sra. D.ª María Rosario Rodríguez García, Directora de Comunicación de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretaria del Jurado.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Elaso.