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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 289, de 25/02/2025
cve: BOCG-15-D-289
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de febrero de 2025
Núm. 289
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001746 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, en defensa de la soberanía nacional en la composición del Consejo de Ministros ... (Página6)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reafirmar el compromiso de la Unión Europea con Ucrania ... (Página8)
161/001765 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación actual de la República de Georgia ... (Página10)
161/001766 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del 75 aniversario del Consejo de Europa ... (Página11)
Comisión de Justicia
161/001756 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la recuperación de los apellidos de las familias ceutíes de origen musulmán ... (Página12)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001758 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano y Mixto, por el incremento, la descentralización y la exención de tributación del salario mínimo interprofesional ... (Página14)
161/001759 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre municipalismo, reforma de la financiación local y actuaciones urgentes para revertir el impacto negativo de la no convalidación del Real
Decreto-ley 9/2024 en los municipios ... (Página16)
Comisión de Interior
161/001760 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de los recursos materiales y humanos de la Guardia Civil, así como la revocación inmediata de la disolución del Grupo de
Reserva y Seguridad (GRS) n.º 8 destinado en el archipiélago canario ... (Página18)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001770 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Metropolitano de Tenerife ... (Página20)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001749 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la suspensión cautelar del ingreso mínimo vital por parte del Gobierno ... (Página23)
161/001777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que las entidades de la Plataforma del Tercer Sector reciban la subvención comprometida por el Gobierno para desarrollar actuaciones de
protección social en los municipios afectados por la DANA del pasado mes de octubre de 2024 ... (Página24)
161/001778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el alivio fiscal y el acceso a los alimentos básicos ... (Página25)
161/001779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para el impulso de la prestación universal por crianza ... (Página26)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001752 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la Sentencia del TJUE sobre el Sáhara Occidental ... (Página28)
161/001755 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la vacunación contra la lengua azul ... (Página29)
161/001764 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el rechazo del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el perjuicio que este acuerdo supone para el sector primario ...
161/001771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para el establecimiento de ayudas extraordinarias para la reparación y limpieza urgente de las explotaciones agrarias afectadas por la DANA en el
País Valencià ... (Página36)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001753 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Anayet-Partacua ... (Página38)
161/001757 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la creación de un impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el uso de medios de transporte de lujo ...
161/001762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a medidas de impulso para la electrificación de la actividad industrial ... (Página44)
161/001768 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la inclusión del cachalote y el rorcual común en el Mediterráneo en la categoría de en peligro de extinción del CEEA ...
Comisión de Cultura
161/001745 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para poner en valor la figura de don Felipe de Neve y Padilla, en el tercer centenario de su nacimiento ... (Página47)
161/001772 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a las medidas de reparación de Cipriano Salvador y al pueblo de Almedina por la protección de la obra 'La Santa Generación' expuesta en el
Museo del Prado ... (Página49)
161/001776 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar una nueva Ley de Patrimonio Cultural para modernizar y refundir la legislación vigente en materia de protección de patrimonio ...
(Página50)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001747 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la transición digital y a los desafíos geopolíticos en la era de las Big Tech ... (Página53)
Comisión de Sanidad
161/001748 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la coordinación efectiva entre los dispositivos sociales y sanitarios a través de modelos de atención integrada ...
161/001754 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la protección de la salud global y el compromiso con el sistema multilateral ... (Página60)
161/001769 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar la diálisis domiciliaria ... (Página61)
161/001773 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de progresos en prevención, diagnóstico precoz, I+D+i y tratamiento temprano, eficaz, humanizado y personalizado del
cáncer infantil en el Sistema Nacional de Salud ... (Página63)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001750 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas ... (Página65)
161/001767 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en apoyo de las abuelas de Sepur Zarco: supervivientes de la esclavitud sexual del ejército de Guatemala ... (Página68)
Comisión de Igualdad
161/001775 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la reducción de la jornada laboral y su impacto positivo en las mujeres ... (Página69)
Comisión de Juventud e Infancia
161/001774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de progresos en prevención, diagnóstico precoz, I+D+i y tratamiento temprano, eficaz, humanizado y personalizado del
cáncer infantil en el Sistema Nacional de Salud ... (Página71)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000977 Pregunta formulada por la Diputada Pilar Vallugera Balañà (GR), sobre opinión del Gobierno acerca de que la tributación del salario mínimo interprofesional no contribuye a la justicia fiscal y a la progresividad ...
Comisión de Interior
181/000972 Pregunta formulada por la Diputada Ana Belén Vázquez Blanco (GP), sobre medidas previstas para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de medios materiales imprescindibles, de los que aún están a la espera en los
núcleos de servicios, secciones y destacamentos de centros penitenciarios y en las UPROSE de la Guardia Civil, para el desarrollo de sus funciones así como para mantener y/o renovar la flota de vehículos de patrullaje ...
181/000973 Pregunta formulada por la Diputada Ana Belén Vázquez Blanco (GP), sobre previsiones del Gobierno acerca de llevar a cabo la rehabilitación de infraestructuras como comisarías y jefaturas superiores de la Policía Nacional en
Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias, atendiendo a las denuncias del mal estado de las mismas, con el objetivo de asegurar unas condiciones óptimas de trabajo y seguridad para sus efectivos ... (Página74)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000971 Pregunta formulada por los Diputados Javier José Folch Blanc (GP), Alós López, Ana Isabel (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre fechas previstas para la finalización del tramo Sietamo-Huesca de la A-22 y para su puesta en
funcionamiento definitivo por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ... (Página74)
181/000974 Pregunta formulada por el Diputado Alberto Ibáñez Mezquita (GSUMAR), sobre cumplimiento de los compromisos climáticos adquiridos por España en el Acuerdo de París sin renunciar a la ampliación de puertos y aeropuertos ...
181/000979 Pregunta formulada por la Diputada Cristina López Zamora (GS), sobre medidas que tiene previsto desarrollar el Gobierno para continuar promoviendo el uso de ferrocarril como alternativa sostenible ...
181/000980 Pregunta formulada por el Diputado César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre actuaciones que se han realizado y que están previstas para la mejora de la línea ferroviaria entre Mérida y Puertollano ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000969 Pregunta formulada por los Diputados César Sánchez Pérez (GP), Melgarejo Moreno, Joaquín (GP), Parra Aparicio, Julia (GP), Pascual Rocamora, Sandra (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), De Rosa Torner,
Fernando (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Alfonso Silvestre, Alma (GP), Moreno Borrás, Cristina (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Clavell López, Óscar (GP) y Montesinos de Miguel, Macarena (GP), sobre razón por la que la Confederación Hidrográfica del
Júcar, entre las 16:13 y las 18:43 horas del día 29/10/2024 no transmitió ninguna información sobre la evolución del barranco del Poyo ... (Página75)
181/000970 Pregunta formulada por los Diputados César Sánchez Pérez (GP), Melgarejo y Moreno, Joaquín (GP), sobre razones que justifican el incumplimiento de la instalación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en el barranco del Poyo (CHJ)
prevista para el año 2023 ... (Página76)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000975 Pregunta formulada por el Diputado Alberto Ibáñez Mezquita (GSUMAR), sobre opinión acerca de si es justo que paguen más impuestos los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional que quienes perciben rentas por
alquilar apartamentos turísticos o ser propietarios de SOCIDIS ... (Página76)
181/000978 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Hernández Quero (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre razón por las que el Gobierno financia ONG que alquilan viviendas a inmigrantes ilegales a
precio de saldo, teniendo en cuenta el enorme problema de acceso a la vivienda al que se enfrentan los españoles ... (Página76)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/001746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la soberanía nacional en la composición del Consejo de Ministros, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. El órgano colegiado del Gobierno
La Constitución Española ('CE') en el artículo 98.1 establece que 'El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley'. De la lectura de este precepto se
induce la existencia de órganos necesarios (presidente y los ministros) y de otros cuya creación queda a disposición del presidente (los vicepresidentes); y se deja al desarrollo legislativo los detalles de la composición de los miembros. De igual
manera, el artículo 108 del texto constitucional establece la responsabilidad solidaria de la gestión política de los miembros del Gobierno ante el Congreso de los Diputados.
La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en cuyo artículo 5 se regulan las funciones del Consejo de Ministros, se refiere expresamente a este como el órgano colegiado del Gobierno. Entre esas funciones atribuidas destacan, por su
relevancia política, la aprobación de los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, la aprobación los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos, o bien, los reglamentos para el desarrollo y
la ejecución de las leyes. Además, es significativa la facultad de acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional. También juega un papel importante en el llamado Derecho de necesidad, declarando los
estados de alarma y de excepción y proponiendo al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
Por su parte, en el apartado 2 de este artículo se regula la asistencia a las reuniones del Consejo de Ministros. La Ley del Gobierno original de 1997 tan sólo preveía la asistencia de los secretarios de Estado cuando fuesen convocados.
Mediante la
disposición final 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se introdujo la asistencia de manera excepcional de otros altos cargos. Tras una última reforma, la actual redacción todavía no vigente prevé
la asistencia a las reuniones del Consejo de Ministros de 'excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España'.
Segundo. La reforma de la ley del Gobierno
Mediante la enmienda 309 del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa
de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, se incorporó una nueva disposición final a la actualmente en vigor Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En efecto, la
disposición final undécima reformaba el artículo 5, apartado 2, de la mencionada Ley del Gobierno de 1997. Con ello se aprobaba la previsión legal de que a las reuniones del Consejo de Ministros, siempre que así lo disponga un tratado internacional
válidamente celebrado por España, pueda acudir un alto cargo de un tercer estado.
No hace falta hacer conjeturas sobre qué pretendía el legislador con este cambio legislativo, dado que la propia justificación de la referida enmienda legislativa lo indicaba de forma explícita, al hacer referencia a la necesidad de adaptar
la legislación española al Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023. En el artículo 2 apartado 4 de dicho acuerdo internacional se establece la siguiente previsión:
'Un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación'.
Esto supone abrir la puerta a que puedan asistir a las reuniones del Consejo de Ministros altos cargos de terceros Estados si así se dispone en los tratados internacionales, e implica que los asistentes extranjeros puedan conocer y quizá
decidir sobre asuntos de interés nacional, sin tan siquiera tener que someterse al control político de las Cortes Generales.
Tercero. La soberanía de las instituciones españolas
La trayectoria de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España desde 2018 puede resumirse en una alianza con los enemigos de España, tanto los interiores -los separatistas que quieren destruir la unidad nacional- como los exteriores -los
globalistas que pretenden acabar con la soberanía de las naciones-. Desgraciadamente no puede decirse que esta línea política sea una novedad en las últimas décadas de la historia de nuestro país, pero es cierto que Sánchez ha llevado sus
concesiones al separatismo y su entusiasta sometimiento a las agendas del globalismo hasta extremos de absoluta degradación.
Lo cierto es que, a la vista de los cómplices nacionales e internacionales de este Gobierno, no pueden dejar de advertirse las graves consecuencias de esta reforma de la Ley del Gobierno. Más aún si tenemos en cuenta la errática política
exterior del Ejecutivo socialista, que ha aceptado sin dar ninguna explicación las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental, y que junto a sus socios comunistas y separatistas de investidura, mantiene una actitud de aquiescencia con el régimen
despótico socialista venezolano y con el resto de los miembros del Grupo de Puebla, reconoce de manera unilateral el supuesto Estado palestino, o retira al embajador español en Argentina, sin un mayor motivo que el supuesto ataque verbal a la mujer
de Pedro Sánchez.
La situación del actual Gobierno se puede definir por su clamorosa debilidad parlamentaria, y por su permanente actitud de irresponsabilidad y de deslealtad a la Nación a la que debería servir. Estas señales inequívocas de su política
interior y exterior son fácilmente reconocibles por terceros Estados en el concierto internacional. Y contrastan de
modo trágico con el hecho de que la mayoría de las naciones aún conservan un cierto nivel de estima por sus fronteras, su unidad y soberanía y sus intereses nacionales; y, en consecuencia, no dudan en aprovechar la debilidad de otros países
como el nuestro para ampliar sus propias redes de inteligencia e influencia tanto política como económica.
Es inaceptable que asista a reuniones del Consejo de Ministros cualquier persona extranjera. Y es aún más inaceptable que esa persona sea representante de un país que, con independencia de las relaciones históricas que pueda tener con
España, por naturaleza puede tener intereses que entren en conflicto con los de nuestra Nación. La modificación legislativa que permite esta situación debe calificarse, como poco, de absolutamente desleal, y es imperativo que sea dejada sin efecto
con carácter inmediato.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechaza la previsión contenida en el artículo 2, apartado 4, del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023, así como cualquier otro convenio internacional
que permita la presencia de extranjeros, o de representantes de potencias extranjeras, asociaciones, organizaciones u organismos internacionales, en las reuniones del Consejo de Ministros.
2. Garantizar el principio de soberanía nacional en la composición del Consejo de Ministros, y rechazar la participación de extranjeros o de representantes de potencias extranjeras, asociaciones, organizaciones u organismos internacionales
en sesiones de dicho órgano colegiado.
3. Revertir con carácter inmediato la modificación del apartado 2 del artículo 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno que permite la posibilidad de que extranjeros o altos cargos de naciones extranjeras, asociaciones,
organizaciones u organismos internacionales, puedan asistir a las reuniones del Consejo de Ministros cuando un tratado internacional válidamente celebrado por España así lo disponga, antes de que dicha reforma legal entre en vigor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2025.-Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reafirmar el compromiso de la
Unión Europea con Ucrania, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, es una grave violación del derecho internacional porque constituye un ataque directo contra la soberanía e integridad territorial de un Estado. Desde el
inicio de esta injustificada guerra, la Unión Europea ha mantenido una postura firme en defensa de Ucrania, adoptando una serie de medidas sin precedentes en respuesta a la agresión rusa.
En la Cumbre de Granada de octubre de 2023, los líderes europeos reafirmaron su compromiso inquebrantable con la defensa de la soberanía de Ucrania y la necesidad de una paz justa, establecida bajo los principios del derecho internacional y
no impuesta por la presión de una potencia agresora. Así, en estos tres años, la Unión Europea ha destinado más de 88.000 millones de euros en asistencia económica, humanitaria y militar a Ucrania, incluyendo el apoyo a los desplazados y el
fortalecimiento de sus capacidades de defensa. Además, ha aprobado catorce paquetes de sanciones dirigidos a debilitar la capacidad de Rusia para continuar con su ofensiva, sancionando a individuos y entidades claves del régimen ruso y
restringiendo sectores estratégicos de su economía.
En octubre de 2024, la Comisión Europea aprobó un nuevo paquete financiero de aproximadamente 35.000 millones de euros para Ucrania, financiado con los beneficios generados por los activos rusos congelados en la UE, consolidando el
compromiso europeo con la estabilidad y reconstrucción del país.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado clara la postura europea al señalar que 'la paz no es sinónimo de rendición', subrayando que cualquier negociación debe contar con la participación directa de Ucrania y
garantizar su derecho a decidir su propio futuro.
Ante las recientes negociaciones iniciadas entre la administración americana y Vladímir Putin, es inaceptable que un acuerdo de paz pueda ser debatido sin la presencia de Ucrania ni de la Unión Europea, actores fundamentales en la resolución
del conflicto. La UE ha sido un pilar de apoyo en la resistencia ucraniana y debe ocupar un papel central en cualquier proceso de negociación que busque poner fin a la guerra, asegurando que cualquier solución sea justa y respetuosa con la
integridad territorial de Ucrania.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar el compromiso de la Unión Europea con la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania y continuar brindando apoyo político, humanitario y militar.
2. Exigir a la comunidad internacional que cualquier iniciativa de negociación incluya la presencia de la Unión Europea y de Ucrania, para evitar acuerdos perjudiciales que comprometan la estabilidad y seguridad de Europa.
3. Defender que cualquier acuerdo de paz respete los principios del derecho internacional.
4. Mantener y reforzar el régimen de sanciones contra Rusia, garantizando su aplicación efectiva.
5. Respaldar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación actual de la
República de Georgia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La política exterior de España se fundamenta en la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, valores que también son pilares esenciales de la Unión Europea y su proyección internacional. Ante los crecientes
desafíos globales y regionales que amenazan estos principios, resulta indispensable que España, en coordinación con sus socios europeos, reafirme su compromiso con la protección de las libertades fundamentales y el fortalecimiento del orden
internacional basado en normas.
Georgia, país con aspiraciones legítimas de adhesión a la Unión Europea y la OTAN, enfrenta actualmente una grave crisis democrática que amenaza su estabilidad interna y, por tanto, su camino hacia Europa. La aprobación de leyes
restrictivas inspiradas del modelo ruso, como la Ley de Transparencia de Influencia Extranjera y la Ley de Protección de Valores Familiares, junto con las irregularidades en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre de 2024, han generado un
deterioro significativo del Estado de Derecho. Estas elecciones, según informes del Parlamento Europeo, estuvieron marcadas por denuncias de manipulación, intimidación y represión violenta de las protestas pacíficas, incumpliendo con los estándares
internacionales de transparencia y libertad.
El pueblo georgiano, mayoritariamente comprometido con un futuro proeuropeo, ha manifestado su rechazo a estos retrocesos. Sin embargo, el gobierno liderado por el partido Sueño Georgiano, abiertamente prorruso, ha adoptado medidas que
debilitan las instituciones democráticas y fomentan la polarización política, socavando el avance hacia la integración europea. Además, las campañas de desinformación en línea, muchas de ellas impulsadas por narrativas propagandísticas de origen
ruso, han complicado aún más el escenario político.
La Unión Europea, como garante de los valores democráticos, ha condenado estas acciones y adoptado medidas como la congelación de fondos destinados al gobierno georgiano. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para respaldar al
pueblo georgiano y asegurar que su legítima aspiración de pertenecer a la familia europea no sea frustrada por intereses autoritarios.
No debemos olvidar que la política exterior de España se basa en la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la promoción de un orden internacional justo y estable. En este sentido, España debe desempeñar un papel
activo en el seno de la Unión Europea para garantizar que las acciones del gobierno georgiano no queden impunes y que los valores fundamentales sean respetados en Georgia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar las irregularidades electorales ocurridas durante las elecciones parlamentarias en Georgia el 26 de octubre de 2024.
2. Condenar la represión de las protestas pacíficas y la persecución de la oposición.
3. Exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, incluidos aquellos acusados injustamente y el expresidente Mikheil Saakashvili.
4. Instar a las autoridades de Georgia a organizar nuevas elecciones parlamentarias libres, justas y transparentes, con observación internacional, para garantizar que se respete la voluntad del pueblo georgiano.
5. Respaldar el envío de misiones internacionales que investiguen las irregularidades denunciadas y supervisen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Georgia como país candidato a la Unión Europea.
6. Reafirmar el compromiso de España con las aspiraciones democráticas y europeas del pueblo de Georgia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del 75
aniversario del Consejo de Europa, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Consejo de Europa, creado el 5 de mayo de 1949 mediante el Tratado de Londres, celebra en 2024 su 75 aniversario. Fundado por diez Estados europeos, entre ellos Francia, Italia y el Reino Unido, y con España como miembro desde 1977, esta
institución ha sido un pilar fundamental en la promoción de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia en Europa. A lo largo más de siete décadas, ha acompañado a Europa en los momentos más críticos de su historia moderna, como la
reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Guerra Fría y la democratización de las naciones del bloque soviético, consolidándose como un referente ético y jurídico internacional sin precedentes.
Entre sus logros más destacados se encuentra la abolición de la pena de muerte en sus Estados miembros, convirtiendo a Europa en una zona libre de esta práctica desde 1997. Asimismo, sus mecanismos de control, como el Comité para la
Prevención de la Tortura, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Comité Europeo de Derechos Sociales, han fortalecido la protección de los derechos fundamentales y garantizado el cumplimiento de las normas democráticas. Asimismo, el Consejo
ha liderado iniciativas clave en ámbitos como la igualdad de género, la protección de las minorías y la lucha contra la discriminación, además de impulsar la educación en derechos humanos y la protección de los derechos de los niños.
Entre las instituciones que están integradas dentro del Consejo de Europa está el Grupo de Estados contra la Corrupción. En estos momentos en que los casos de corrupción acorralan al Gobierno de la nación es más necesario que nunca
reafirmar nuestro compromiso con GRECO y apoyar la independencia de las investigaciones judiciales, así como evitar que figuras jurídicas como la prescripción puedan favorecer a los delincuentes tal y como ya ha sucedido en alguna investigación
judicial reciente. Por otro lado, la Comisión de Venecia es otro órgano que está adquiriendo un papel fundamental a la hora de fijar los estándares de Estado de Derecho en Europa y sus opiniones son utilizadas como la base de los informes sobre
Estado de Derecho que realiza la Comisión Europea. En el caso de nuestro país fue de enorme importancia la opinión sobre el proyecto de ley de amnistía que supuso una evidente censura al proyecto de ley.
España, como miembro activo desde hace casi cinco décadas, ha desempeñado un papel esencial en este proceso, especialmente en el apoyo a los países del este de Europa en su transición democrática tras la caída del Muro de Berlín. Sin
embargo, el Consejo de Europa enfrenta en la actualidad retos significativos, como el retroceso democrático en algunos de Estados miembros, el impacto de la guerra en Ucrania y la necesidad de adaptarse a los desafíos del siglo XXI, como la
regulación del ciberespacio, la inteligencia artificial y la lucha contra la desinformación.
El 75 aniversario del Consejo de Europa es una ocasión idónea para reflexionar sobre su legado y para que España reafirme su compromiso con los valores que esta organización representa. Nuestro país debe asumir un papel de liderazgo activo
en la defensa de los derechos fundamentales y en la promoción de esta institución para enfrentar con éxito las amenazas y transformaciones de nuestro tiempo. En ese sentido, es necesario aprovechar este aniversario no solo como un momento de
celebración, sino como una oportunidad para plantear propuestas concretas que fortalezcan su misión y relevancia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar su compromiso con los valores del Consejo de Europa, promoviendo activamente los principios de derechos humanos, democracia y Estado de derecho.
2. Incrementar el apoyo técnico y financiero a los órganos de supervisión del Consejo, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité para la Prevención de la Tortura y el GRECO.
3. Cooperar con otros Estados miembros para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Venecia.
4. Reafirmar el apoyo a Ucrania reforzando mecanismos del Consejo que garanticen justicia y rendición de cuentas por crímenes de guerra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/001756
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre la recuperación de los apellidos de las familias ceutíes de origen musulmán.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el último punto ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz adjunta, Ione Belarra Urteaga, diputada de Podemos y Martina Velarde diputada de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia, sobre la recuperación de los apellidos de las familias ceutíes de origen musulmán.
Exposición de motivos
En los años ochenta, miles de personas ceutíes de origen musulmán, pertenecientes mayoritariamente a la población de origen arabobereber, dejaron de ser apátridas en su propia tierra y obtuvieron la nacionalidad española. Este proceso de
regularización administrativa, pese a ser un paso adelante fruto de la lucha por unos derechos civiles de los que no disfrutaban, fue acompañado de una medida que, no obstante, implicó una grave pérdida de identidad: la imposición de nombres
propios masculinos como apellidos.
De esta forma, los apellidos originales de estas familias fueron sustituidos por los nombres de pila del padre y del abuelo paterno, lo que dio lugar a nombres como Mohamed Mohamed Mohamed, Fátima Mustafa Ahmed o Saida Abdelkader Mohamed.
Se consolidaba así una práctica discriminatoria que, desde tiempo atrás, ya venía sufriendo el colectivo musulmán ceutí de manera extraoficial.
La pérdida de una parte fundamental de la identidad familiar y cultural de esta población constituye una humillación que ha perdurado hasta nuestros días. Y que debe terminar. Por ello, en febrero de 2016, el Pleno de la Asamblea de Ceuta
aprobó por unanimidad instar al Gobierno de España a modificar la normativa del Registro Civil para permitir que estas familias pudieran recuperar sus apellidos originales a través de un procedimiento colectivo y extraordinario. Sin embargo, ocho
años después, este compromiso político sigue sin cumplirse, dejando a miles de personas en una situación de discriminación simbólica y material.
El artículo 50 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, reconoce que toda persona tiene derecho a un nombre y apellidos que la identifiquen. Sin embargo, el procedimiento vigente para modificar apellidos impone barreras
individuales y administrativas que dificultan enormemente el acceso a esta reparación. En este contexto, la aprobación de un proceso colectivo de regularización resulta esencial para saldar esta deuda de dignidad y justicia histórica.
Tal y como señaló el portavoz del grupo Caballas, predecesor de Ceuta Ya!, en el Pleno de la Asamblea de Ceuta de 2016, la lucha por la recuperación de los apellidos perdidos no solo supone la devolución de la identidad para las familias
afectadas, sino
también el reconocimiento de una injusticia colectiva que la administración española tiene el deber de reparar. Esta propuesta no es solo una cuestión administrativa, sino también un acto de justicia histórica hacia una comunidad que ha
sufrido una discriminación estructural durante décadas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Impulsar, con carácter prioritario, las modificaciones oportunas de la normativa del Registro Civil para establecer un procedimiento extraordinario que permita, de manera colectiva, a las familias ceutíes de origen musulmán recuperar sus
apellidos originales.
- Garantizar los recursos administrativos y humanos necesarios para que este procedimiento sea accesible, ágil y gratuito para las personas afectadas.
- Reconocer públicamente el error histórico cometido durante el proceso de nacionalización de los años ochenta, así como el compromiso del Estado con la reparación de esta injusticia.
- Informar periódicamente al Congreso de los Diputados sobre los avances realizados en el cumplimiento de esta medida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-Martina Velarde Gómez, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001758
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley por el incremento, la descentralización y la exención de tributación del salario mínimo interprofesional.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Grupos Parlamentarios autores.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos abajo firmantes al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso presentan la siguiente Proposición no de Ley por el incremento, la descentralización y la exención de tributación del Salario
Mínimo Interprofesional, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El Gobierno español ha anunciado la intención de aumentar 50 euros mensuales el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pero mantener el mínimo exento actual. Combinadas, estas medidas no mejorarán la situación de las personas trabajadoras
que han visto cómo se ha reducido su poder adquisitivo en los últimos años ni contribuirán a mejorar la progresividad del sistema fiscal.
La aplicación del IRPF a las personas trabajadoras que perciban el Salario Mínimo Interprofesional restará gran parte del impacto del aumento anunciado. Este será especialmente el caso para los cerca de 500.000 trabajadores y trabajadoras
en todo el Estado que no se benefician de deducciones y que tendrán que abonar más de 20 euros adicionales al mes en concepto de IRPF.
Incluso para las personas trabajadoras que cuenten con alguna deducción, el aumento anunciado apenas compensará la subida del 2,8 % del IPC en 2024 y consolidará una tendencia de pérdida de poder adquisitivo. Tal como ha advertido la OCDE,
los salarios reales de los trabajadores y trabajadoras del Estado seguirán en 2024 un 2,5 % por debajo del período inmediatamente anterior a la COVID. Y todo esto después de una década de austeridad que ha castigado especialmente a las clases
trabajadoras.
El SMI propuesto tampoco cumple con los objetivos fijados en la Carta Social Europea. Según datos de la Agencia Tributaria, el salario medio estimado en el Estado fue de 30.800 euros en 2023. Para cumplir con el 60 % del SMI sobre el
salario medio fijado por las instituciones europeas, sería necesario aumentarlo hasta los 1.320 euros en 14 pagas. Y a una cantidad superior una vez se publiquen los datos de 2024.
El incumplimiento del objetivo del 60 % fue objeto de una reclamación de la Confederación Intersindical Galega (CIG) ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en 2023. A pesar de que el Gobierno español cuestionó la legitimidad de este
sindicato, el Consejo de Europa ha admitido la demanda y estudiará los incumplimientos reiterados del Gobierno español con los objetivos marcados a escala europea.
La insuficiencia del SMI propuesto por el Gobierno es especialmente notable en aquellos territorios donde el coste de vida es más alto. Si se cumpliera con el objetivo del 60 %, por ejemplo, en el caso de Catalunya, el SMI debería situarse
en 1.420 euros anuales. En este sentido, resulta imperioso descentralizar el SMI para adaptarlo a la realidad económica y social de cada territorio garantizando en todo caso que no pueda nunca fijarse un salario mínimo inferior al 60 % del salario
medio del conjunto del Estado español. Sin esta herramienta, el SMI pierde gran parte de su potencial como herramienta redistributiva para corregir las desigualdades crecientes y acabar con la precariedad de las personas trabajadoras de nuestros
países.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Incrementar el mínimo exento del IRPF para que no se aplique a los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional fijado para 2025.
2. Impulsar las reformas legislativas necesarias para descentralizar el Salario Mínimo Interprofesional y así adaptarlo a la realidad social y económica de las Comunidades Autónomas, en línea con las resoluciones aprobadas en el Parlamento
de Catalunya a favor de un Salario de Referencia Catalán. En todo caso, se garantizará que ninguna Comunidad Autónoma pueda fijar como Salario Mínimo una cantidad inferior a la que resulte de calcular el 60 % del salario medio del conjunto del
Estado Español.
3. Iniciar una reforma fiscal para mejorar la progresividad y justicia del sistema impositivo, alineando el IRPF de los rendimientos del capital con los del trabajo, aliviando la carga las personas trabajadoras con más de un pagador y
aumentando la tributación de grandes empresas para capturar los beneficios extraordinarios que han obtenido en los últimos años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-Pilar Vallugera Balañà, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Grupo Parlamentario Mixto.
161/001759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre municipalismo, reforma de la financiación local y actuaciones urgentes para revertir
el impacto negativo de la no convalidación del RDL 9/2024 en los municipios, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
El desarrollo de la autonomía local definida en el artículo 140 CE sigue siendo una cuestión pendiente de nuestra democracia. A pesar del consenso municipalista, expresado en reiteradas declaraciones de la FEMP, los sucesivos gobiernos han
ido postergando esta segunda descentralización para abordar las reformas en el gobierno local y su financiación.
Después de más de dos décadas, esta debería ser la legislatura del fortalecimiento político de los Ayuntamientos y la plasmación efectiva de su autonomía y suficiencia financiera. No hay ninguna justificación para continuar dilatando las
reformas legislativas necesarias para la adecuación y actualización del marco de competencias municipales, así como la regulación de nuevo modelo de financiación local. Además, existe un sólido consenso, tanto en la FEMP como entre las formaciones
políticas, entorno a esta cuestión que, además, cuenta con trabajos técnicos e informes que pueden ser tenidos en cuenta como precedentes a la hora de impulsar estas reformas, como el informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de
financiación local elaborado en junio de 2017.
Por un lado, es el momento de avanzaren la descentralización de competencias en todas materias que por su naturaleza sea posible, por ser los municipios el espacio de mayor cercanía a la hora de abordar las necesidades de los ciudadanos
desde una perspectiva integral y porque facilita la participación de la ciudadanía en la gestión de lo público. En este marco, se deberían reformar tanto la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local como la Ley 27/2013,
de 29 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Como se recoge en la Declaración aprobada en el XIII Pleno de la FEMP 'Parte fundamental de esa actualización la constituye la revisión al alza de las competencias
locales en materia de: servicios sociales y socio sanitarios, economía, empleo, desarrollo local y agenda urbana, políticas de juventud, políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, consumo y educación'.
Por otro, las reformas en el sistema de financiación local no han solventado el núcleo del problema: la clarificación de competencias y transferencia de recursos, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, cuya aplicación ha de
significar que los servicios dependan de la administración más cercana y en mejores condiciones para prestarlos con eficacia, eficiencia y participación democrática. Por el contrario, las modificaciones en materia de financiación han supuesto en la
práctica una reducción de ingresos que nos conduce por el camino contrario a los preceptos de la Carta Europea de Autonomía Local. Resumiendo, transcurridos más de 20 años no ha habido respuesta a los problemas, disfuncionalidades y limitaciones
que ha evidenciado la legislación vigente en materia de financiación local.
Además, nuestro sistema de financiación local está alejado de los parámetros europeos. La participación de los ayuntamientos en el gasto público está muy alejada el 33 % reivindicado por la FEMP. Y todo ello, como señalábamos, cuando todas
las formaciones políticas coincidimos en la necesidad de reforzar los mecanismos de financiación local. Esto revela una evidente contradicción: uno de los países más descentralizados de Europa se queda en los dos primeros niveles de la
organización del Estado, mientras que los Ayuntamientos siguen sometidos a una financiación insuficiente y dependiendo de aportaciones o subvenciones finalistas, que mantienen el sometimiento a la tutela y control de otras administraciones.
Por este motivo, es impostergable la reforma de la financiación local que nos lleve a un nuevo modelo guiado por los principios constitucionales de suficiencia financiera y autonomía en la gestión de sus intereses de las Entidades locales,
que deberá inspirarse en los principios generales de lealtad institucional, transparencia, autonomía, colaboración y cooperación interadministrativa y adecuación normativa a la realidad social, jurídica, económica e institucional.
Esta realidad obliga a fijar como prioridad política la reforma competencial y del sistema de financiación de los municipios y, por tanto, las demandas municipalistas como una prioridad en las previsiones legislativas para esta legislatura.
Por último, es preciso hacer mención especial al impacto negativo que ha tenido en la financiación local la no convalidación RDL 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de
transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. Aunque no haya tenido tanta repercusión pública, los votos en contra del PP, Vox y Junts también representan un ataque
directo a la autonomía local, con graves consecuencias paré la financiación municipal y la capacidad de los Ayuntamientos para proporcionar servicios esenciales a sus vecinos y vecinas.
La derogación del RDL implica que las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado para 2025 se calcularán con base en presupuestos desactualizados (los de 2023). Esto supone una merma
significativa en los ingresos municipales, concretamente el fondo bajará en un 13 % de 26.893 a 20.793 millones de (6.200 millones menos) y afectará directamente a la capacidad de los ayuntamientos para financiar servicios esenciales como
educación, transporte público, vivienda social y atención a colectivos vulnerables.
También implica una reducción significativa en los ingresos municipales para 2025. Concretamente, afecta a la participación en los Ingresos del Estado (PIE) y al Fondo Complementario de Financiación.
En la práctica significa dejar sin efecto medidas esenciales para garantizar la estabilidad financiera de los ayuntamientos y la protección social de millones de persona. Es preciso revertir, con carácter urgente, los efectos de esta
derogación que no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también pone en riesgo los servicios públicos básicos.
Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía, son la administración a la que se dirigen casi todas las demandas, de trabajo, vivienda, medio ambiente, mayores y servicios sociales en general. Por tanto, es necesario, en
primer lugar, revertir los efectos derivados de la no convalidación del RD y, como solución a los problemas estructurales señalados anteriormente, abordar durante esta legislatura todas las reformas necesarias para adecuar el marco competencial de
nuestros municipios y la financiación local.
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario viene a presentar la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acometer, en la presente legislatura, las reformas legales necesarias para adecuar y actualizar el marco competencial municipal, estableciendo un nuevo marco de
competencias definidas exclusivas y compartidas entre las diferentes Administraciones -Estatal, Autonómica y Local- atendiendo al principio de colaboración y cooperación.
2. Acometer, en la presente legislatura, la reforma del modelo de financiación local, asegurando la suficiencia financiera de las entidades locales para garantizar los servicios que les correspondan, en un marco de descentralización y
coordinación interadministrativa, con especial atención a pequeños y medianos municipios. A tal efecto se partirá de los trabajos e informes elaborados por comisiones de expertos y por los Grupos de Trabajo FEMP-Ministerio de Hacienda. En otras
cuestiones, deberá abordarse el incremento en la participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas con la implantación generalizada de participaciones municipales incondicionadas en los recursos de estas (PICAs) como única forma de
garantizar la financiación de las denominadas competencias impropias que están prestando todos los Ayuntamientos.
3. Revertir, con carácter urgente, el impacto negativo en la financiación municipal y, por extensión en la prestación de servicios públicos esenciales, derivada de la derogación del RDL 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.
4. Implementar, con carácter urgente, medidas extraordinarias para solucionar la situación de aquellos Ayuntamientos en riesgo financiero o de sostenibilidad, sin excepción, adaptándose a las circunstancias específicas de cada municipio
mediante planes individualizados de actuación, incluyendo:
a) Reestructuración de la deuda municipal.
b) Flexibilización de los compromisos de pago.
c) Posibilidad de dación en pago de bienes municipales como compensación de deuda.
d) Rebaja sustancial de los intereses de la deuda con el Estado.
e) Establecimiento de periodos de carencia en el pago de la deuda.
5. Priorizar en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado:
a) El aumento significativo de las partidas destinadas a los municipios.
b) La inversión en servicios públicos esenciales.
c) El fomento del desarrollo local sostenible.
d) El refuerzo de la autonomía fiscal de los ayuntamientos.
e) La implementación de medidas de redistribución para garantizar la igualdad de servicios en todo el territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2025.-Juan Antonio Valero Morales, Engracia Rivera Arias y Nahuel González López, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Interior
161/001760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de los recursos
materiales y humanos de la Guardia Civil, así como la revocación inmediata de la disolución del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) N.° 8 destinado en el archipiélago canario, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Guardia Civil desempeña un papel esencial en la seguridad y protección de los ciudadanos en el conjunto del archipiélago canario. Su labor es especialmente relevante en un territorio fragmentado, con una orografía compleja y con
necesidades operativas que requieren una dotación de recursos adecuada y ajustada a la realidad poblacional y delictiva de nuestras islas situadas a más de 1.500 kilómetros del territorio peninsular.
En este contexto, es fundamental actualizar y reforzar los medios de los que dispone la Guardia Civil en las Islas Canarias para garantizar un servicio eficaz y en cumplimiento con la normativa vigente.
En particular, actualmente se identifican varias áreas críticas que precisan de una actuación urgente: para empezar, las dotaciones de efectivos de la Guardia Civil no reflejan las necesidades derivadas del crecimiento poblacional y de las
circunstancias delictivas de cada localidad y por esta razón, resultaría imprescindible actualizar el catálogo de puestos de trabajo no solo en función del padrón municipal de habitantes de las localidades donde la Guardia Civil tiene competencias,
sino también de acuerdo con el incremento de la 'población flotante', dada la singularidad turística de muchos municipios del archipiélago atlántico; asegurando así una distribución equitativa y proporcionada del personal.
A día de hoy, las unidades de seguridad ciudadana carecen de vehículos adecuados para el traslado de detenidos con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente. Esta carencia supone un incumplimiento normativo que debe ser
subsanado inmediatamente con la adquisición de vehículos dotados de mampara de separación.
La orografía de Canarias con múltiples zonas de difícil acceso requiere que las unidades de Policía Judicial dispongan de vehículos todoterreno que les permitan desarrollar su labor de investigación y asistencia sin limitaciones operativas.
Hay que resaltar que el Grupo de Reserva y Seguridad N.° 8 (GRS-8) es la única unidad de intervención rápida de la Guardia Civil en Canarias. Desde su creación en 2009, ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad del archipiélago,
asumiendo cometidos como el control de masas en eventos multitudinarios, la protección de personalidades, el refuerzo en zonas conflictivas, operaciones antiterroristas y apoyo en situaciones de emergencia y crisis humanitarias.
A pesar de su relevancia, esta unidad ha venido enfrentando importantes carencias que generan incertidumbre y preocupación entre sus 100 integrantes. Por ello, era imprescindible dotar al GRS-8 de los medios y recursos necesarios para el
adecuado desarrollo de su labor, garantizando su estabilidad y operatividad en el archipiélago.
En este punto, hay que insistir en que los servicios prestados por el GRS-8 en los últimos años reflejan su importancia estratégica para la seguridad en Canarias. Algunos ejemplos recientes incluyen la intervención en situaciones de
emergencia y crisis humanitaria como la actuación en la erupción del volcán de La Palma, asegurando la evacuación, el mantenimiento del orden y la protección de los afectados; o los desplazamientos fuera del archipiélago para refuerzos en crisis
nacionales, como el apoyo tras la DANA en Valencia y la vigilancia en el río Guadalquivir.
Efectivamente, estos ejemplos evidencian la trascendencia del GRS-8 en la seguridad del archipiélago y la necesidad de dotarlo con los recursos adecuados para garantizar su operatividad y eficacia en el cumplimiento de sus funciones.
Sin embargo, el Ministerio del Interior sigue sin atender a las reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que son desplazados y operan en las Islas Canarias. El complemento de insularidad sigue siendo insuficiente, al igual que
en las Islas Baleares, más aun teniendo en cuenta el encarecimiento generalizado y desorbitado de los costes, especialmente en materia de acceso a la vivienda.
Asimismo, pese a que llevan más de un año haciendo frente en primera persona a la incesante llegada de cayucos, los agentes siguen sin ser reconocidos como profesión de riesgo ni se considera a día de hoy su jubilación anticipada.
Añadir que tampoco se les ha dotado de más medios para hacer frente a la crisis migratoria, como nuevos vehículos terrestres, ni un refuerzo de las embarcaciones o del número de drones necesarios para la vigilancia efectiva del territorio.
En este sentido, a nadie se le escapa que el actual Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra centrado exclusivamente en atender su supervivencia política mediante la transferencia de más recursos y competencias a los Cuerpos de Seguridad de
carácter autonómico, a costa del mantenimiento de la seguridad ciudadana y de ofrecer unas mejores condiciones laborales a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar los catálogos de puestos de trabajo de las unidades de la Guardia Civil en el Archipiélago Canario teniendo en cuenta tanto el padrón municipal, como la denominada 'población flotante' de las localidades donde tengan
competencias, garantizando de esta manera una asignación de efectivos acorde a las necesidades reales de seguridad ciudadana.
2. Proceder con carácter urgente a la adquisición y dotación de vehículos con mampara para el traslado de detenidos en las unidades de seguridad ciudadana, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y
derechos de los detenidos.
3. Proveer a la Policía Judicial que presta sus servicios en el Archipiélago Canario con vehículos todoterreno (4x4) adecuados a la orografía de las islas, permitiendo la plena operatividad de sus funciones de investigación y asistencia.
4. Garantizar en todo caso la continuidad y estabilidad de la unidad del Grupo de Reserva y Seguridad N.° 8 (GRS-8) con base en la isla de Tenerife, dotándolo de los recursos materiales y humanos necesarios para el desempeño de sus
funciones, con especial atención a su papel fundamental en la seguridad del archipiélago canario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2025.-Juan Antonio Rojas Manrique, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Laura María Lima García, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Guillermo Mariscal Anaya, Ainhoa Molina León y Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Metropolitano de Tenerife, para
su debate en la Comisión Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La Constitución, en su artículo 35, reconoce el derecho al trabajo y encomienda, en su artículo 40.2, a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el
trabajo.
De este mandado constitucional deriva, por tanto, la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de las personas trabajadoras mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo, cuyo pilar fundamental se
sustenta en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, LPRL), marco general de actuación coherente con las disposiciones que en la materia se dicten en la Unión Europea.
La salvaguarda de la salud de las personas trabajadoras se instituye así en corolario básico del derecho al trabajo, tal y como recoge el artículo 4.2 d) del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, al disponer que los trabajadores tienen derecho 'a su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales'.
La protección de las personas trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo ha sido objeto de gran preocupación y atención desde la promulgación de la LPRL, viéndose plasmada en el
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos durante el trabajo, normativa que recoge las disposiciones de las
sucesivas Directivas en la materia.
Fue el Real Decreto 1154/2020, de 23 de diciembre, que traspuso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2017/2398, de 27 de diciembre, el que incluyó los 'trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina
generado en un proceso de trabajo' en el anexo I del Real Decreto 665/1997, como agente cancerígeno. Con ello, se hacía eco de la conclusión alcanzada en 1996 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer que ya alertaba sobre este
potencial cancerígeno de la arena de sílice cristalina.
La importancia de este agente cancerígeno ha motivado que el Instituto Nacional de Silicosis (INS), centro de referencia nacional de prevención técnico sanitaria de las enfermedades profesionales que afecten al sistema cardiorrespiratorio,
por mor de la Disposición adicional segunda de la LPRL, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico, haya publicado en 2022 una guía para la prevención del riesgo por la exposición a la sílice cristalina respirable en el
ámbito laboral, contando con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La arena de sílice cristalina se usa en los sistemas de frenado de emergencias y/o urgencias de metros y trenes. Y, como consta en la sentencia 1730/2021 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en su antecedente de hecho
3, párrafo cinco, que reproduce íntegramente el informe emitido por OSLAN el 27 de marzo de 2018 en relación con el recurso de suplicación seguido contra el Metro de Bilbao, S.A., 'las frenadas que requieren sílice cristalina hacen que este producto
caiga sobre las vías y sobre los elementos del tren que están próximos a los puntos por donde salen. Además, el rozamiento de las ruedas de tren con las vías puede generar en la zona una nube que contenga sílice cristalina. Por ello, podrían
entrar en contacto con la sílice cristalina, aunque fuera de forma puntual, cualquier trabajador próximo a los puntos de frenada, ya sea en estaciones, vías, etc. Así como los trabajadores de mantenimientos que accedan a las partes inferiores de
los vagones'. También los usuarios de estos medios de transporte.
En base a ello, y teniendo en cuenta el informe emitido por la Inspección de Trabajo el 16 de octubre de 2018, el TSJPV se atiene al mismo y falla que se requiera a la empresa a la sustitución de la sílice cristalina, debiendo adoptar, hasta
en tanto se produzca esa sustitución, medidas de protección de las personas trabajadoras.
Situación similar nos encontramos en la empresa Metropolitano de Tenerife S.A., (en adelante, Metrotenerife), participada por el Cabildo Insular de Tenerife en un 100 %.
En la actualidad, Metrotenerife es una compañía que gestiona la explotación de sus dos líneas de tranvía en la zona metropolitana de la isla de Tenerife desde 2007, comunicando las dos grandes ciudades de la isla: la capital de la
provincia, Santa Cruz de Tenerife, con 209.395 habitantes, y la ciudad Patrimonio de la Humanidad, San Cristóbal de La Laguna, con 159.034 habitantes. Un área densamente poblada que utiliza a diario
este sistema de transporte, con más de 25 millones de usuarios en lo que va de año, lo que pone de manifiesto la importancia de este transporte para la isla.
Ahora bien, ante la denuncia del Comité de Empresa de Metrotenerife por la exposición de las personas trabajadoras a este agente nocivo para la salud, se convocó una huelga en febrero del año 2023 finalizada el 26 de junio de ese mismo año
tras la firma de un acuerdo que, sin embargo, tras el cambio de gobierno en la institución insular, ha resultado incumplido, por lo que desde febrero de 2024 se mantiene activa una nueva huelga, intensificada a partir del mes de septiembre.
Los trabajadores y las trabajadoras de Metropolitano solicitan reiteradamente que se ponga atención a sus condiciones de salud, que se evalúe con seriedad la exposición a un agente que tiene reconocido su alta peligrosidad y que atenta
contra su salud y que, una vez constatado dicho riesgo, se proceda a la sustitución de dicho material, la arena de sílice, del sistema de frenado por otra alternativa inocua, como, por ejemplo, el silicato de calcio.
Es cierto que, a propuesta del Comité de Empresa de Metrotenerife, esta situación ha sido objeto de estudio, tanto por un Servicio de Prevención Ajeno de la entidad (QUIRONPREVENCIÓN), como por el INS, debiendo señalar que las mediciones
realizadas por el INS han concluido con la presencia de la arena de sílice respirable en determinados puestos de trabajo, como mantenimiento y limpieza de vías dónde se superaban los índices aceptables, y, en general, exposición en todos los
puestos.
Al respecto conviene señalar que, del conjunto de los 206 trabajadores de Metrotenerife, ya se ha detectado a 7 personas empleadas una afección de tipo pulmonar compatible con los efectos a la exposición de la arena de sílice, sin que por el
momento se esté realizando una vigilancia de la salud de los puestos expuestos, ni adoptando medidas de autoprotección.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife ha actuado, informando y realizando requerimientos a Metrotenerife para que tome medidas concretas en los diferentes puestos de trabajo, principalmente en los
más afectados; para que proceda a la sustitución del material cancerígeno; para que se adopten medidas de información así como de autoprotección; para que se confeccione un listado de todos los trabajadores expuestos, o que hayan estado expuestos
con anterioridad, a polvo de sílice en la empresa. Sin embargo, no se conoce que se hayan llevado a cabo ninguna de las medidas requeridas.
En síntesis, parece evidente que existe una exposición que atenta sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras; también que pudieran existir alternativas de sustitución de la arena de sílice cristalina por otro material que pudiera
resultar fiable tanto para la salud como para la seguridad del transporte. Es más, la propia empresa fabricante de los vagones y la estructura de Metropolitano de Tenerife, Alstom, ha concluido que la sustitución es posible.
En base a lo expuesto, y ante la inobservancia de los requerimientos efectuados, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Brinde su apoyo a las personas trabajadoras de dicha empresa garantizando la vigilancia de las condiciones de seguridad y salud en la empresa, a través de la actuación de la ITSS al objeto de que:
a. Se cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales, concretamente la relativa a los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, como la exposición a la sílice cristalina.
b. En cumplimiento de dicha norma, se sustituya la arena de sílice cristalina y, hasta en tanto ello se produzca, adopte medidas de protección adecuadas para evitar el riesgo de su exposición.
2. Continué investigando para la sustitución de la arena de sílice cristalino por otro material inocuo para la salud de las personas trabajadoras y seguro en el trasporte ferroviario.
3. Exhorte a los agentes sociales para, a través de la negociación colectiva, y especialmente en actividades expuestas a agentes cancerígenos, como las realizadas en el Metropolitano de Tenerife, abunden en el control de la exposición a los
riesgos laborales, mediante, entre otras medidas, mejoras en los programas de vigilancia de la salud, la formación de las personas trabajadoras y empleadoras, la utilización de protecciones individuales o la divulgación de protocolos, como la guía
para la prevención del riesgo por la exposición a la sílice cristalina respirable en el ámbito laboral elaborada por el Instituto Nacional de Silicosis.
4. Estudie la vinculación del uso de arena de sílice cristalina con determinadas actividades profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2025.-Alicia Álvarez González, Ada Santana Aguilera y Elisa Garrido Jiménez, Diputadas.-Montse Mínguez García y Patricia Blanquer Alcaraz, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz adjunta, Ione Belarra Urteaga, miembro de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley relativa a la suspensión cautelar del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno, para su debate y aprobación en la Comisión de derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La Seguridad Social ha suspendido cautelarmente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de forma masiva en todo el país durante el mes de enero. Organizaciones sociales y trabajadoras sociales han denunciado que estas paralizaciones son imputables a
la Administración Pública y no a los particulares.
Las suspensiones se justifican por no haber realizado la revisión anual de los certificados de los Servicios Sociales que acreditan las situaciones de vulnerabilidad social de las familias perceptoras de la prestación. Distintos colectivos
sociales denuncian que esta paralización se produce en casos en los que sí existe la renovación de certificados de los servicios sociales. El Consejo General del Consejo Social, en declaraciones a prensa, afirma que todas las renovaciones se
presentaron, con grandes esfuerzos, en plazo.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad Social, la nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en enero a 671.849 hogares en los que viven 2.050.542 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS). Estos hechos son muy graves siendo el IMV una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos
económicos para cubrir sus necesidades básicas. Se trata, en definitiva, de perjudicar a familias con un alto grado de vulnerabilidad social por un error imputable a la Administración Pública.
Proposición no de Ley
'Por lo expuesto, se insta al Gobierno a:
- Realizar todas las medidas a su alcance para garantizar que las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital puedan percibir la prestación.
- Tomar cuantas medidas sean necesarias para garantizar que esta situación no se vuelva a producir.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta Grupo Parlamentario Mixto.
161/001777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que las entidades de la
Plataforma del Tercer Sector reciban la subvención comprometida por el Gobierno para desarrollar actuaciones de protección social en los municipios afectados por la DANA del pasado mes de octubre de 2024, para su debate en la Comisión de Derechos
Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La DANA que azotó la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía a finales de octubre de 2024 dejó tras de sí una crisis social y humanitaria de enorme magnitud. Más de 70 municipios sufrieron un impacto devastador, con
consecuencias sociales profundas. Ante esta emergencia, la Plataforma del Tercer Sector asumió un papel clave en la interlocución con el Gobierno de España, promoviendo un intenso trabajo de incidencia política para garantizar una respuesta rápida
y ajustada a las necesidades de cada territorio.
Gracias a la estrecha colaboración con las entidades sociales, en especial con la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad Valenciana, se identificaron las prioridades de intervención basadas en la experiencia directa de
las organizaciones que estuvieron en primera línea desde el inicio de la crisis. Este esfuerzo conjunto permitió estructurar una estrategia eficaz que puso en valor el papel esencial del Tercer Sector en la asistencia a las personas afectadas.
Como resultado de estas gestiones el Ministerio aprobó, mediante el Real Decreto-ley 7/2024 de 11 de noviembre, una subvención directa destinada a la protección social de los colectivos más vulnerables en los municipios incluidos en el anexo
I del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre.
En este contexto, los órganos de gobierno de la Plataforma del Tercer Sector acordaron aceptar excepcionalmente la concesión directa de una subvención por importe de cuatro millones setecientos mil euros (4.700.000 ) que serían gestionados
por las entidades miembro y otras organizaciones vinculadas, con el fin de desarrollar intervenciones en el ámbito de los servicios sociales en los municipios afectados, siempre en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Las entidades del Tercer Sector trabajaron intensamente para cumplir con los exigentes plazos marcados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con el fin de completar todas las fases del proceso a tiempo para que los
fondos destinados a los municipios afectados por la DANA pudieran ser ingresados a principios de 2025.
Desde la Plataforma y las organizaciones implicadas se hizo un gran esfuerzo para preparar y presentar la documentación requerida en tiempo y forma, llevando a cabo las gestiones coordinadas al detalle para que los recursos lleguen cuando
más se necesitaban.
Sin embargo, el Ministerio comunicó a la Plataforma del Tercer Sector la paralización del pago de la subvención nominativa esperada para inicios de año, con una nueva fecha estimada en marzo de 2025.
Este retraso significa un duro golpe para la planificación y ejecución de las actuaciones previstas en los municipios afectados a los que hay que dar una respuesta integral para abordar las necesidades urgentes detectadas por las entidades
sociales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de manera urgente, tramite y ponga a disposición de las entidades de la Plataforma del Tercer Sector la subvención directa por importe de cuatro millones setecientos mil euros (4.700.000
) para desarrollar actuaciones de protección social en los municipios afectados por la DANA del pasado mes de octubre de 2024, acordando, junto a la Plataforma, las acciones precisas que palien el impacto de este retraso en las entidades
afectadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Ana Isabel Alós López, Patricia Rodríguez Calleja, Silverio Argüelles García, Bella Verano Domínguez, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez, Carmen Fúnez de Gregorio,
Agustín Parra Gallego, María del Mar Vázquez Jiménez, Bartolomé Madrid Olmo, Beatriz Jiménez Linuesa, María del Socorro Cuesta Rodríguez, María Sandra Moneo Díez, Sandra Fernández Herranz, Violante Tomás Olivares, Belén Hoyo Juliá, Óscar Clavell
López y César Sánchez Pérez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el alivio fiscal y el acceso a
los alimentos básicos, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La política económica del Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a la sociedad española a una situación crítica, donde el acceso a productos esenciales como la alimentación, la energía y los servicios básicos se ha convertido en un problema
grave para millones de familias. La inflación descontrolada, la política fiscal asfixiante y la falta de medidas eficaces han llevado a que el 45,4 % de los hogares tenga algún tipo de dificultad para llega a fin de mes.
Desde que Sánchez es presidente, los alimentos han subido un 37 % de media, haciendo que tres de cada cuatro familias ya no puedan comprar lo que adquirían hace tres años.
La pobreza entre menores de 16 años alcanzó en 2024 la cifra más alta de los últimos 10 años, el 34,7 % de los menores de 16 años está en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta subida ha disparado la tasa de carencia material severa
alcanza ya el 9 % para los menores de 18 años, más del doble que antes de la crisis financiera de 2008 y por encima del máximo registrado en 2014 (7,1 %), según datos del INE. Este indicador de pobreza extrema refleja la incapacidad del Gobierno
para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
El informe El Estado de la Pobreza 2024 revela que la tasa AROPE en España alcanzó el 25,8 % en 2024, afectando a más de 12,6 millones de personas. Destacando el impacto
de la crisis energética y la inflación en la calidad de vida de los españoles, con grandes desigualdades territoriales y una mayor afectación en mujeres y a los menores de 18 años.
A estos datos se suma una crisis energética y fiscal que agrava aún más la situación. El precio de la luz alcanzará los 120 euros/MWh en febrero de 2025 debido a la caída del 41,61 % en las reservas de gas en Europa, lo que tendrá un
impacto directo en los hogares, las empresas y el coste de la vida. A ello se añade la decisión del Gobierno de eliminar la exención del IVA en la luz y el gas, incrementando las facturas de los ciudadanos en plena crisis de precios.
Además, el PSOE ha obligado a todos los Ayuntamientos a repercutir el 100 % del coste de la tasa de basura a los ciudadanos, con un incremento en algunos casos del 300 %, encareciendo aún más el coste de vida de las familias, que ya soportan
una carga fiscal sin precedentes. Esta decisión del Gobierno supone otro golpe directo a la economía doméstica, en un momento en el que millones de hogares ya no pueden asumir gastos básicos.
El consumo de productos esenciales como la carne y el pescado ha caído drásticamente: un 15 % en el caso de la carne y un 32 % en el pescado, el 20 % de los hogares no puede permitirse comer carne o pescado cada 2 días. Mientras tanto, el
Gobierno sigue recaudando más a costa de los ciudadanos: solo la eliminación del IVA reducido en estos productos ha supuesto una recaudación extra de 1.200 millones de euros anuales, dinero que, de haberse mantenido en los bolsillos de los
españoles, habría permitido recuperar el consumo de estos productos básicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un paquete de medidas urgentes para que las familias recuperen poder adquisitivo que incluya, al menos, las siguientes medidas:
- Modificar el IRPF para que quienes cobran el SMI se beneficien íntegramente de la subida aprobada para 2025.
- Mantener la fiscalidad sobre los suministros energéticos (electricidad, gas natural...) en los niveles que estaban vigentes hasta diciembre de 2024.
- Recuperar las rebajas fiscales de los alimentos básicos, añadiendo la carne, el pescado y las conservas, hasta que realmente se reduzca la inflación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Ana Isabel Alós López, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez, Patricia Rodríguez Calleja, Bartolomé Madrid Olmo, Enrique Belda
Pérez-Pedrero, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Sandra Fernández Herranz, Beatriz Jiménez Linuesa, María Sandra Moneo Díez, Agustín Parra Gallego, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la prestación universal por crianza, para su debate en
la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
A pesar de que la tasa de pobreza monetaria y la desigualdad en la distribución de ingresos marcaron en 2024 el nivel más bajo de la última década en España, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida el riesgo de pobreza
o exclusión social infantil entre los menores de 18 años creció hasta el 34,6 %, el dato más alto desde 2014. Los hogares más afectados son las familias monomarentales, con un 50,3 % en riesgo de pobreza o exclusión social, duplicando casi la tasa
de las familias biparentales.
Esto refleja una cronificación preocupante de la pobreza infantil, una realidad que se agrava por el creciente coste de la crianza que en 2024 alcanzó una media de 758 euros mensuales por hijo o hija, lo que supone un aumento del 13 %
respecto a 2022 y del 29 % respecto a 2018 (Save the Children, 2024).
Históricamente, la inversión pública en materia de familias viene siendo insuficiente: España destina solo el 1,5 % del PIB a políticas de apoyo a la infancia, frente al 2,4 % de media en la Unión Europea (Eurostat), lo que limita
significativamente el impacto de las ayudas existentes y dificulta la reducción efectiva de la pobreza infantil.
A este respecto, una tendencia preocupante es la cuestión de la adecuación de la protección social en España. El impacto de las transferencias sociales en España se ha reducido hasta el 22,9 % en 2023, frente a la media europea del 34,7 %.
De nuevo, las diferencias son especialmente acusadas en el caso de la pobreza infantil.
Las respuestas institucionales frente a esta emergencia social han sido varias. En 2018 se creó el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, con el firme propósito de elaborar políticas públicas dirigidas a erradicar la
desigualdad que afecta especialmente a este colectivo tan vulnerable. Y, a pesar de los evidentes retos que siguen existiendo, la protección social desplegada por el Gobierno en los últimos años ha contribuido a la promoción del bienestar y la
protección de derechos de la infancia. La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020 ha sido especialmente efectiva para mejorar la situación de aquellos hogares vulnerables que carecían de recursos económicos suficientes para la cobertura
de sus necesidades básicas, y en cuyo seno crecen niños y niñas. A mayores, en la misma línea se aprobó el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) que ha ampliado aún más la especial protección a la infancia vulnerable, y cuyas cuantías se han
visto incrementadas como resultado de las diferentes medidas contempladas en el Escudo Social. También el Ministerio de Infancia y Juventud ha dedicado esfuerzos a reforzar el Pacto de Estado contra la pobreza infantil.
Pero a pesar de los avances, los datos sobre pobreza infantil son inasumibles para cualquier democracia, menos aún en un país donde los indicadores macroeconómicos no dejan de progresar. El estado de bienestar en España tiene una deuda con
las familias cuyo saldo pasa por aprobar medidas en materia de permisos y medidas de protección integral a las familias, como las contenidas en el Proyecto de Ley de Familias, pero la realidad de la pobreza infantil es una emergencia social que
requiere de la implantación de medidas específicas y urgentes.
Por estos motivos es imprescindible la introducción de cambios normativos que erradiquen la pobreza infantil. A este respecto, la universalidad de la prestación por crianza es la garantía de un acceso inmediato, generalizado, eficaz en
términos de gestión y no estigmatizante para la protección de la igualdad de oportunidades de los niños y niñas en España. Esta medida, que promueve un ingreso básico de 200 euros por hija o hijo afectaría a 8 millones de menores siendo el primer
paso para desplegar una política democrática de familia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva las reformas legales y los mecanismos necesarios para el impulso de la prestación universal por crianza, con carácter urgente, para las familias con personas menores de tres años
de edad por un importe mensual de 200 euros para cada persona de 0 a 18 años, con el objeto de apoyar
a las familias en los gastos asociados a la crianza y revertir la incidencia de la pobreza infantil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Sentencia del TJUE sobre el Sáhara Occidental, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El pasado 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunció su decisión en los asuntos [C-778/21P y C-798/21P] y [C-779/21P y C-799/21P] desestimando los recursos de casación interpuestos por la Comisión Europea y el
Consejo de la Unión Europea contra las sentencias del Tribunal General de septiembre de 2021 (EU:T:2021:640 y EU: T:2021:639, respectivamente) relativas a los Acuerdos Comerciales entre la Unión y el Reino de Marruecos, que se refieren
específicamente a los productos pesqueros y agrícolas. Estas decisiones, cabe recordar, consideraron nulos los respectivos Acuerdos Comerciales, porque, entre otras cosas, consideraban que el pueblo saharaui y sus legítimos representantes, el
Frente Polisario, no habían dado su consentimiento.
La sentencia reitera que el Frente Polisario es 'uno de los interlocutores privilegiados en el proceso de determinación del futuro del Sáhara Occidental bajo la égida del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyas decisiones son
vinculantes para todos los Estados miembros y para las instituciones de la Unión Europea'.
También señala que 'el Tribunal observa que la falta de consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a tales acuerdos, cuya aplicación se extiende al territorio del Sáhara Occidental o a sus aguas adyacentes, puede afectar a la validez de
los actos de la Unión relativos a la celebración de tales acuerdos'.
La decisión del TJUE, que desestima los recursos mencionados en su totalidad y confirma nuevamente la decisión del Tribunal General, requiere la intervención jurídica. El Acuerdo de Pesca expiró en julio de 2023, mientras que el Acuerdo de
Asociación UE-Marruecos -sobre el que el TJUE ya se pronunció en 2016 (EU:C:2016:973) afirmando que dicho Acuerdo abarcaría únicamente el territorio del Reino de Marruecos y no el territorio no autónomo del Sáhara Occidental- seguía en vigor.
España debe tener en cuenta estas decisiones en futuros Acuerdos, en particular en el ámbito de la pesca.
La celebración de Acuerdos con el Reino de Marruecos, haciendo caso omiso de sentencias anteriores del TJUE, ha causado un daño al pueblo saharaui a través del uso ilegítimo de recursos explotados ilegalmente hasta ahora por el Reino de
Marruecos. El perjuicio causado al pueblo saharui debe ser reparado.
No existe ninguna razón legal ni moral para la ocupación perpetrada por Marruecos. El territorio del Sáhara Occidental no tiene ni ha tenido ningún vínculo histórico, cultural, ni de soberanía territorial con el Reino de Marruecos, tal y
como concluye la resolución del Tribunal de la Haya de octubre de 1975.
Las saharauis tienen derecho a la independencia y, en cualquier caso, a la libre autodeterminación a través de un referéndum, como establece la Resolución 2229 de 1966 de Naciones Unidas. Este derecho se reafirma en 1991 con la firma del
alto al fuego en la
primera guerra de liberación, y se lleva prometiendo desde hace más de 50 años en los sucesivos tratados de paz.
Esta resolución del TJUE contribuye, aunque no solventa la situación de expolio de los recursos naturales del Sáhara por parte de Marruecos, que cuenta con la complicidad de las empresas españolas y europeas. Estos recursos naturales
pertenecen al pueblo saharaui, y sólo pueden usarse con la aprobación de su representante, el Frente Polisario.
Cualquier Acuerdo de Asociación entre la UE o España y el Reino de Marruecos no puede dejar de tener en cuenta el estatuto actual del territorio del Sáhara Occidental como territorio colonizado, así como el proceso en curso de
autodeterminación y reconocimiento del Sáhara Occidental como patria independiente y soberana, que debe continuar bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El pueblo saharaui lleva décadas esperando el cumplimiento de su derecho a la libre
determinación, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, incluidas las numerosas resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y en el respeto de estos.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Aplicar de forma inmediata la sentencia del TJUE.
2. Suspender las importaciones pesqueras y agrícolas provenientes del Sáhara Occidental en virtud de acuerdos que estén al margen de la legalidad internacional.
3. Impulsar en la UE legislación para el etiquetado preciso y correcto del origen de los productos importados, en especial los provenientes del Sáhara Occidental.
4. Destinar ayudas a las empresas y trabajadores españoles que se vean perjudicados por la aplicación de la sentencia del TJUE.
5. Impulsar en la UE medidas reparadoras con el pueblo saharaui en virtud del perjuicio sufrido por los acuerdos agrícolas y pesqueros entre la UE y Marruecos que contravengan el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental.
6. Impulsar en la UE acuerdos pesqueros y agrícolas con los legítimos representantes del pueblo saharaui.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-Juan Antonio Valero Morales y Teslem Andala Ubbi, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara en vigor, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la vacunación contra la lengua azul, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La lengua azul es una enfermedad vírica, no contagiosa, de Declaración Obligatoria (Real Decreto 779/2023) transmitida por la picadura de un mosquito vector del género Culicoides cuyos meses de actividad se centran en las épocas con
temperaturas suaves, por lo que la temporada libre de su presencia, como en el caso de muchos insectos, es el invierno. La gravedad de la enfermedad varía en función de la especie y afecta a cada animal de forma diferente, pudiendo provocar pérdida
de peso, problemas respiratorios y reproductivos e incluso la muerte.
En marzo de 2023 se puso en marcha por parte de la Xunta de Galicia un programa de vacunación que permite prevenir la enfermedad clínica e interrumpir el ciclo del virus en el medioambiente, con lo que se pretende minimizar las pérdidas
económicas derivadas del impacto sobre los animales. Este programa ha contado con una inversión de 2,4 millones de euros y en él han participado personal propio de la Xunta, personal contratado, veterinarios de las ADSG y personal veterinario
privado. Pese a la importancia de este programa, cabe señalar que presentó serias deficiencias que se repitieron a lo largo de las campañas 2023 y 2024 sin corregirse, principalmente por la falta de personal y una organización deficiente.
La situación epidemiológica desde la llegada de la lengua azul, una vez más, al Estado español, dejó 80 focos en la temporada 22-23, de los que 4 se localizaron en Galicia. En el siguiente intervalo anual 23-24 se produjeron 125 focos en
todo el Estado y 7 en Galicia, lo que demuestra la circulación de la enfermedad en las explotaciones ganaderas gallegas.
Actualmente, el número de brotes registrados a nivel estatal asciende a 2134, mientras que Galicia se mantiene, por el momento, libre de diagnósticos positivos tanto en el bovino como en el ovino, si bien el riesgo de circulación es evidente
a juzgar por la evolución del resto de áreas.
A pesar del aumento de casos cada temporada y del elevado riesgo de contagio, el cambio de estrategia para combatir la lengua azul se encuentra actualmente sometido a consulta pública hasta el 14 de febrero, pasando de una estrategia de
erradicación con declaración y vacunación obligatoria a una vacunación voluntaria por parte de los propietarios sin restricción de movimientos en el Estado, a excepción de los archipiélagos, según informó recientemente la Consejería de Medio Rural.
La Subdirección General de Ganadería ha informado en las últimas semanas del contenido de la nueva normativa que supondrá, según el propio comunicado, la consideración de todo el territorio peninsular como zona suspendida frente a los
serotipos 1, 3, 4 y 8, pasando a ser voluntaria la vacunación de los citados serotipos en el Estado, con la eliminación de los requisitos específicos de la lengua azul para el movimiento de ganado vacuno y ovino, sin exigirse la vacunación de los
animales mayores de 3 meses ni la desinfestación de vehículos.
Sin embargo, la realidad es que tanto el Gobierno del Estado como la Xunta de Galicia reconocen una amplia distribución de los diferentes serotipos en el territorio durante 2024, por lo que la enfermedad continúa presente en las
explotaciones ganaderas. Al mismo tiempo, señalan la falta de existencias de vacunas para ciertos serotipos que imposibilitarían inmunizar al ganado antes de que finalice el período libre de vectores, cuestión que confirma la deficiente gestión.
En Galicia comprobamos que hubo falta de organización desde el principio, porque los programas de vacunación no se desarrollaron ni de forma adecuada ni con unos resultados fructíferos, con los problemas asociados que esto supuso para los
agricultores y los tratantes de ganado, por carecer de información actualizada y la falta de personal para llevar a cabo el programa de inmunización.
Por ello, sería recomendable redoblar esfuerzos para asegurar la vacunación, ya que mantener un adecuado estado sanitario de las explotaciones ganaderas es una responsabilidad que no recae exclusivamente en los ganaderos. Las
Administraciones Públicas deben cumplir con sus obligaciones y, a la vista de todos los brotes registrados el año pasado, no pueden dejar la responsabilidad de vacunar o no contra la lengua azul en manos de los titulares de las explotaciones. Por
ello, la campaña de vacunación debe mantenerse, con las mejoras necesarias, para garantizar la bioseguridad de todos y no arriesgar nuevamente al sector ovino y bovino a una crisis sanitaria.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Mantener el programa de vacunación contra la lengua azul, excluyendo a los animales que no estén destinados a la reproducción, con el fin de minimizar el riesgo de
propagación de la enfermedad dentro de nuestras fronteras, sin responsabilizar a los propietarios de los posibles efectos de la suspensión de la obligatoriedad del programa.
2. Coordinar las actuaciones con las diferentes Administraciones competentes en la materia para garantizar la inmunización de los animales antes de que finalice el periodo libre de vectores.
3. Excluir de la obligación de completar la pauta de vacunación a los tratantes que trasladen ganado, de manera que los animales que permanezcan en sus instalaciones menos de los 21 días estipulados para realizar la primovacunación y la
segunda dosis puedan desplazarse con una sola dosis a expensas de completar la pauta en destino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á vacinación sobre lingua azul para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
A lingua azul é unha enfermidade vírica, non contaxiosa, de Declaración Obrigatoria (Real Decreto 779/2023) transmitida pola picadura dun mosquito vector do xénero Culicoides cuxos meses de actividade se centran ñas etapas de temperaturas
suaves, de xeito que a tempada libre da súa presenza, coma no caso de moitos insectos, é o invernó. A gravidade da enfermidade varía segundo as especies e afecta de forma diferente aos animáis, podendo producir perda de peso, problemas
respiratorios, reprodutivos e chegar incluso á morte.
En marzo de 2023, púxose en funcionamento un programa de vacinación por parte da Xunta da Galiza que permite prever a enfermidade clínica e interromper o ciclo do virus no medio ambiente, co que se trata de minimizar as perdas económicas
derivadas da afectación dos animáis. Este programa contaba cun investiment.o de 2,4 millóns de euros e participaba persoal propio da Xunta, persoal contratado, veterinarios de ADSG e persoal veterinario privado. A pesar da importancia do programa,
debe destacarse que tivo serias eivas que se repetiron ao longo das campañas de 2023 e 2024 sen seren corrixidas, derivadas, principalmente, da falta de persoal e deficiente organización.
A situación epidemiolóxica desde a chegada da lingua azul, máis unha vez, ao Estado español, deixou na tempada 22-23 80 focos, dos cales 4 localizáronse na Galiza. No seguinte intervalo anual 23-24 foron 125 focos no conxunto do Estado e 7
na Galiza, evidenciando a circulación da enfermidade na cabana gandeira galega.
Actualmente, o número de focos rexistrados a nivel estatal ascende a 2134, mentres a Galiza mantense, polo momento, libre de diagnoses positivas tanto no gando bovino como no ovino, aínda que o risco de circulación é evidente a xulgar pola
evolución do resto das áreas.
A pesar do incremento de casos en cada temporada e do risco alto de contaxios, na actualidade, estase a someter a consulta pública até o 14 de febreiro, o cambio de estratexia de loita contra a lingua azul, pasando dunha estratexia de
erradicación con declaración e vacinación obrigatoria a unha vacinación voluntaria por parte dos propietarios sen restrición de movementos no Estado, exceptuando os arquipélagos, segundo foi informado desde a Consallería de Medio Rural recentemente.
Desde a subdirección Xeral de Gandería informouse nas pasadas semanas do contido da nova regulación que suporá, segundo o propio comunicado, a consideración de todo o territorio peninsular como zona suspendida frente a serotipos 1,3,4, e 8,
pasando a ser
voluntaria a vacinación dos citados serotipos no Estado, coa eliminación dos requisitos específicos da lingua azul para o movemento de bovinos e ovinos, sen que se esixa a vacinación dos animais maiores de 3 meses nin a desinsectación dos
vehículos.
Porén, a realidade é que, tano o Goberno do Estado como o da Xunta da Galiza, recoñecen unha ampla distribución dos diferentes serotipos no territorio durante o 2024, de forma que a enfermidade continúa presente na cabana gandeira. Ao
tempo, indican a falta de stock de vacinas de determinados serotipos que imposibilitarían a inmunización do gando antes da fin do período sen vector, cuestión que vén confirmar a xestión deficiente. Na Galiza comprobamos que existiu unha falta de
organización desde o comezo, pois os programas de vacinación non se desenvolveron de forma nin con resultados proveitosos, cos problemas asociados que isto supuxo para os gandeiros e gandeiras e ás persoas tratantes, por carecer de información
actualizada e estar fallos de persoal que levase a cabo o programa de inmunización.
Por tanto, o recomendábel sería redobrar os esforzos para asegurar a vacinación, pois, manter un adecuado estado sanitario da cabana gandeira é unha responsabilidade que non lles compete aos gandeiros e gandeiras en exclusiva. As
Administracións Públicas, teñen que atender as súas obrigas e non poden, despois de todos os focos rexistrados no pasado ano, deixar a responsabilidade de vacinar ou non frente á lingua azul á potestade das persoas titulares das explotacións. Por
iso, a campaña de vacinación debe manterse, coas melloras necesarias, para garantir a bioseguridade de todas e todos e non arriscar ao sector ovino e bovino a unha crise sanitaria novamente.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Manter o programa de vacinación frente á lingua azul exceptuando os animais que non estean destinados á recría, de xeito que se minimice o risco de extensión da enfermidade dentro das nosas fronteiras, sen responsabilzar aos titulares
dos posíbeis efectos de suspender a obrigatoriedade do programa.
2. Coordinar as actuacións coas distintas Administracións competentes na materia para garantir a inmunización dos animais antes da fin do período libre de vector.
3. Excluír da obrigatoriedade de completar a pauta de vacinación aos tratantes que moven gando, de xeito que os animais que permanecen nas súas instalacións menos dos 21 días estipulad,os para levar a cabo a primovacinación e a segunda dose
poidan moverse cunha soa dose a expensas de completar a pauta en destino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febreiro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a petición de la diputada Teresa Jordà i Roura , al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
rechazo del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el perjuicio que este acuerdo supone para el sector primario, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario es un pilar fundamental de nuestro país, tanto por su contribución económica y su capacidad de crear empleo como por su aportación a la cohesión territorial,
la preservación del medio ambiente y el mantenimiento de un modelo de producción sostenible que garantiza la soberanía alimentaria.
La Unión Europea y el Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, han cerrado un acuerdo comercial de gran alcance que amenaza la supervivencia de nuestro sector primario. En las próximas semanas se hará público el modelo
de ratificación del acuerdo, que podría dividirse en una parte que se validará a nivel europeo y otra a nivel de los Estados miembros.
La negociación del acuerdo ha estado marcada por la falta de transparencia. La Comisión Europea obtuvo un mandato de negociación en 1999 que no publicó, impidiendo así que la ciudadanía y los miembros de los sectores afectados pudieran
anticipar el impacto de un posible acuerdo. Durante la última ronda de negociaciones, la Comisión Europea ignoró la petición de renovar este mandato para incluir, aunque de forma limitada, aspectos climáticos relativos a los Acuerdos de París o la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tampoco ha tenido en cuenta a los parlamentos de los Estados miembros, ni a los gobiernos subestatales ni la opinión de la sociedad civil.
El acuerdo contempla la liberalización de más del 90 % de los intercambios comerciales mediante la eliminación de aranceles, incluyendo en los mercados agrícolas. Esto supondría una importación adicional de 99.000 toneladas de carne de
vacuno, aves de corral, azúcar, miel y soja en la Unión Europea. Y no debemos olvidar que estos volúmenes se suman a los previstos en otros acuerdos comerciales ya firmados o en proceso de negociación, como los que se han cerrado con India, México
o Chile.
Se trata de un acuerdo negociado sin garantías suficientes para el sector agrario europeo, ya que permitiría la entrada masiva de productos agrícolas y ganaderos procedentes de los países miembros del Mercosur. Aparte del impacto que esta
importación tendría sobre la estructura de precios -en unos sectores que deben cumplir con las exigencias de la normativa europea y que, en muchos casos, se ven forzados a vender sus productos por debajo del precio de coste por la presión de los
oligopolios de la gran distribución-, se debe tener presente que los productores del Mercosur no cumplen las mismas normas que se imponen a los productores europeos. Por consiguiente, el hecho de que estos no deban respetar los estándares y
requisitos fitosanitarios, laborales y ambientales exigidos a los productores de la Unión Europea creará una situación de competencia desleal que agravará la caída de los precios y hará imposible que agricultores y ganaderos locales puedan mantener
sus explotaciones, con lo que se verán forzados a abandonarlas. Y no sólo eso: los consumidores, debido a la relajación de los controles derivada de este acuerdo, también sufriremos el impacto en la calidad de los productos de consumo.
Otro aspecto que se debe considerar, que, además, es una reivindicación del sector primario europeo desde hace años, es la obligación de establecer el principio de reciprocidad en las negociaciones comerciales con los países integrantes del
Mercosur, mediante la incorporación de cláusulas espejo que impongan a los productos importados las mismas condiciones de producción que las de los países de la Unión Europea. Este agravio no es ninguna novedad, ya que existe el precedente del
acuerdo de asociación comercial entre la Unión Europea y Chile, en el que las cláusulas espejo no llegaron a aplicarse.
En cuanto al mercado laboral, según las estimaciones, la reducción arancelaria podría provocar la pérdida de entre 900 y 4.000 empleos en España, principalmente en la agricultura y la industria alimentaria. Además, los trabajadores de estos
sectores suelen tener una baja calificación y altas tasas de temporalidad, lo que dificultaría su reinserción laboral.
La pérdida de puestos de trabajo tendrá un efecto negativo en la cohesión territorial. La actividad agroalimentaria y ganadera es clave para vertebrar el país, manteniendo un mundo rural vivo, además de luchar contra la despoblación y
contribuir a la preservación del medio ambiente. En Cataluña, pero también en el resto de la UE, el campesinado lleva años liderando protestas contra un contexto económico que les obliga a abandonar sus actividades y que la firma de este acuerdo
acelerará aún más.
Por último, el acuerdo UE-Mercosur es altamente preocupante desde un punto de vista climático. No incluye instrumentos vinculantes para garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de París e incentivará el comercio de productos con fuerte
impacto en la deforestación en Sudamérica, como la caña de azúcar o la soja. Según diversas estimaciones, el acuerdo podría acelerar la deforestación en esta región hasta un 25 % en los próximos años, además de contribuir a la destrucción de
ecosistemas clave para la biodiversidad y amenazar a las comunidades indígenas que viven en ella. También pone en riesgo el cumplimiento de la legislación propia de la Unión Europea en materia de contaminación por plásticos y uso de pesticidas.
La Unión Europea y el Mercosur deben intensificar los lazos políticos para liderar a nivel global la lucha contra el cambio climático e impulsar el desarrollo social y económico. Pero, para alcanzar estos objetivos, es necesario establecer
relaciones comerciales justas que pongan los derechos humanos y la transición ecológica en el centro.
Por todo ello se presenta la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Rechazar explícitamente el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, atendiendo a las graves consecuencias que tendría para el sector agrario y ganadero local, que afectarán directamente a la economía y la sostenibilidad de nuestro
territorio, y votar en contra del acuerdo en el Consejo de la Unión Europea.
2. Exigir a la Comisión Europea que opte por un modelo de ratificación que incluya una votación vinculante de los Estados miembros sobre la parte comercial del acuerdo.
3. Adoptar medidas para proteger al sector primario frente a la competencia desleal derivada de este acuerdo, incluyendo cláusulas comerciales espejo que garanticen que los productos importados cumplan los mismos estándares fitosanitarios,
laborales y ambientales que los de la Unión Europea.
4. Exigir a las instituciones europeas que lleven a cabo estudios rigurosos sobre el impacto económico y social de este acuerdo comercial en el sector agrario y ganadero local antes de su posible ratificación.
5. Defender la soberanía alimentaria mediante políticas que prioricen a los pequeños y medios productores, así como la adopción de medidas para adaptar el sector primario a las consecuencias del cambio climático.
6. Promover un modelo de relaciones comerciales y políticas entre la UE y el Mercosur basado en el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático y un modelo de
desarrollo sostenible para ambos bloques.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2025.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Teresa Jordà i Roura, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre el rebuig a
l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur i el greuge de l'acord al sector primari per al seu debat en la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Exposició de motius
El sector agrari és un pilar fonamental del nostre país, tant per la seva contribució econòmica i la seva capacitat de generar ocupació com per la seva aportació a la cohesió
territorial, la preservació del medi ambient i el manteniment d'un model de producció sostenible que garanteix la sobirania alimentària.
La Unió Europea i el Mercosur, integrat per Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai, han tancat un acord comercial de gran abast que amenaça la supervivència del nostre sector primari. En les properes setmanes es farà públic el model
de ratificació de l'acord, que podria dividir-se en una part validada a nivell europeu i una altra a nivell dels estats membres.
La negociació de l'acord ha estat marcada per la falta de transparència. La Comissió Europea va obtenir un mandat negociador l'any 1999 que no va publicar, impedint així que la ciutadania i els membres dels sectors afectats poguessin
anticipar l'impacte del possible acord. Durant la darrera ronda de negociacions, la Comissió Europea ha ignorat la petició de renovar aquest mandat per incloure-hi, encara que de manera limitada, aspectes climàtics relatius als Acords de París o a
l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Tampoc no ha tingut en compte els parlaments dels estats membres, els governs subestatals ni l'opinió de la societat civil.
L'acord preveu la liberalització de més del 90 % dels intercanvis comercials mitjançant l'eliminació d'aranzels, incloent-hi els mercats agrícoles. Això suposaria una importació addicional de 99.000 tones de carn de boví, aviram, sucre, mel
i soja a la Unió Europea. I no hem d'oblidar que aquests volums se sumen als previstos en altres acords comercials ja signats o en procés de negociació, com ara els d'Índia, Mèxic o Xile.
Es tracta d'un acord negociat sense prou garanties per al sector agrari europeu, ja que permetria l'entrada massiva de productes agrícoles i ramaders procedents dels països membres del Mercosur. A banda de l'impacte que aquesta importació
tindria sobre l'estructura de preus -en uns sectors que han de complir amb les exigències de la normativa europea i que, en molts casos, es veuen forçats a vendre els seus productes per sota del preu de cost per la pressió dels oligopolis de la gran
distribució-, cal tenir present que els productors del Mercosur no compleixen les mateixes normes que s'imposen als productors europeus. Per consegüent, el fet de no respectar els estàndards i requisits fitosanitaris, laborals i ambientals exigits
als productors de la Unió Europea crearà una situació de competència deslleial que agreujarà la caiguda dels preus i farà impossible que agricultors i ramaders locals puguin mantenir les seves explotacions, veient-se forçats a abandonar-les. I no
només això: els consumidors, a causa de la relaxació dels controls derivada d'aquest acord, també patirem una afectació en la qualitat dels productes de consum.
Un altre aspecte que cal considerar, que, a més, és una reivindicació del sector primari europeu des de fa anys, és l'obligació d'establir el principi de reciprocitat en les negociacions comercials amb els països integrants del Mercosur,
mitjançant la incorporació de clàusules mirall que imposin als productes importats les mateixes condicions de producció que les dels països de la Unió Europea. Aquest greuge no és cap novetat, ja que existeix el precedent de l'acord d'associació
comercial entre la Unió Europea i Xile, en què les clàusules mirall no es van arribar a aplicar.
Pel que fa al mercat laboral, segons les estimacions, la reducció aranzelària podria provocar la pèrdua d'entre 900 i 4.000 llocs de treball a l'Estat espanyol, principalment en l'agricultura i la indústria alimentària. A més, els
treballadors d'aquests sectors solen tenir una baixa qualificació i altes taxes de temporalitat, fet que dificultaria la seva reinserció laboral.
La pèrdua de llocs de treball tindrà un efecte negatiu en la cohesió territorial. L'activitat agroalimentària i ramadera és clau per vertebrar el país, mantenint un món rural viu, lluitant contra el despoblament i ajudant a preservar el
medi ambient. A Catalunya, però també a la resta de la UE, la pagesia fa anys que lidera protestes contra un context econòmic que els obliga a abandonar les seves activitats i que s'accelerarà encara més amb la signatura d'aquest acord.
Per últim, l'acord UE-Mercosur és altament preocupant en matèria climàtica. No inclou instruments vinculants per garantir el compliment dels Acords de París i incentivarà el comerç de productes amb un fort impacte en la desforestació a
Sud-amèrica, com la canya
de sucre o la soja. Segons diverses estimacions, l'acord podria accelerar la desforestació en aquesta regió fins a un 25 % en els propers anys, contribuir a la destrucció d'ecosistemes clau per a la biodiversitat i amenaçar les comunitats
indígenes que hi viuen. A més, també posa en risc el compliment de la legislació pròpia de la Unió Europea en matèria de contaminació per plàstics i ús de pesticides.
La Unió Europea i el Mercosur han d'intensificar els llaços polítics per liderar a escala global la lluita contra el canvi climàtic i impulsar el desenvolupament social i econòmic. Peró, per assolir aquests objectius, cal establir relacions
comercials justes que posin els drets humans i la transició ecològica al centre.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Rebutjar explícitament l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur, atenent les greus conseqüències per al sector agrari i ramader local, que afecten directament l'economia i la sostenibilitat del nostre territori, i votar en contra de
l'acord al Consell de la Unió Europea.
2. Exigir a la Comissió Europea que opti per un model de ratificació que inclogui una votació vinculant dels estats membres sobre la part comercial de l'acord.
3. Adoptar mesures per protegir el sector primari davant la competència deslleial derivada d'aquest acord, incloent-hi clàusules mirall en el comerç que garanteixin que els productes importats compleixin els mateixos estàndards
fitosanitaris, laborals i ambientals que els de la Unió Europea.
4. Reclamar a les institucions europees la realització d'estudis rigorosos sobre l'impacte econòmic i social d'aquest acord comercial en el sector agrari i ramader local abans de la seva possible ratificació.
5. Defensar la sobirania alimentària mitjançant polítiques que prioritzin els petits i mitjans productors, així com l'adopció de mesures per adaptar el sector primari a les conseqüències del canvi climàtic.
6. Promoure un model de relacions comercials i polítiques entre la UE i el Mercosur basat en el respecte als drets humans, el compliment dels compromisos internacionals de lluita contra el canvi climàtic i un model de desenvolupament
sostenible per a tots dos blocs.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrer de 2025.-Teresa Jordà i Roura, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grup Parlamentari Republicà.
161/001771
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley para el establecimiento de ayudas extraordinarias para la reparación y limpieza urgente de las explotaciones agrarias afectadas por la DANA en el País Valencià.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, en conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley para el establecimiento de ayudas extraordinarias para la reparación y limpieza
urgente de las explotaciones agrarias afectadas por la DANA en el País Valencià, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario es un sector dinámico que precisa de acciones urgentes e inmediatas para garantizar la continuidad de las actividades productivas, después de las graves consecuencias sufridas por el efecto de la DANA que ha tenido lugar
entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Actualmente, muchos agricultores se enfrentan a la imposibilidad de esperar la actuación de TRAGSA para realizar las tareas necesarias como, por ejemplo, la reparación de los caminos de acceso a parcelas para la recolección de cultivos, la
aplicación de tratamientos fitosanitarios, especialmente fungicidas para evitar la pérdida de las cosechas, cultivos y plantaciones, o la limpieza y acondicionamiento de infraestructuras esenciales para mantener la viabilidad de los cultivos.
Estos trabajos de urgencia, a estas alturas, están siendo realizados o se prevé que sean realizados, por los propios titulares de las explotaciones agrarias, con sus medios y recursos. Sin embargo, esta situación supone un coste adicional y
un esfuerzo significativo para los agricultores, que ya han sufrido pérdidas económicas importantes como consecuencia de la DANA.
Es por eso que necesitamos la ayuda decidida por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para abrir líneas de apoyo económico directas para los titulares de las explotaciones agrarias valencianas que puedan realizar o hayan
realizado, con carácter de urgencia y con sus propios medios acciones la reparación de infraestructuras agrarias (caminos, sistemas de riego, muros, etcétera) necesarias para el acceso a los cultivos, como también tareas de limpieza de parcelas y
caminos agrícolas afectados por la acumulación de materiales arrastrados por la DANA.
La agilidad y flexibilidad de esta medida permitiría a los agricultores afectados realizar intervenciones inmediatas, garantizando así la continuidad de la producción y minimizando las pérdidas. Estas ayudas podrían establecerse de forma
parecida a las ayudas que se contemplan en el artículo 25 del Real Decreto-Ley de 7/2024 pero sin la intermediación de TRAGSA, permitiendo que los agricultores utilizaran fondos directamente para cubrir los costes de las acciones urgentes y
necesarias.
Por todo lo expuesto anteriormente se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta en el Gobierno del Estado a adoptar las siguientes medidas:
1. En relación en el artículo 25 del Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el cual se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la
Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado a varios municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, incorporar ayudas directas para que los titulares de explotaciones agrarias realicen o hayan realizado, con carácter de
urgencia y con sus propios medios acciones de reparación de infraestructuras para el acceso a los cultivos, y acciones de limpieza de parcelas y caminos agrícolas afectados por la DANA. Estas ayudas se establecerán como las ya contempladas en el
artículo 25 del referido Real Decreto-Ley pero sin la necesaria intermediación de TRAGSA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2025.-Alberto Ibáñez Mezquita y Nahuel González López, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) de Anayet-Partacua, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
PORN de Anayet-Partacua
Mediante Decreto 223/2006 del Gobierno de Aragón (Boletín Oficial de Aragón, n.º 137, de 27/11/2006), se inició el procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Anayet-Partacua y se creó su Consejo
consultivo y de participación. Dicho procedimiento de aprobación se inició al amparo de lo previsto en las entonces vigentes Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, Ley 6/1998 de Espacios Naturales
Protegidos (ENP) de Aragón y Decreto 129/1991 de la Diputación General de Aragón (DGA) por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento de aprobación de los PORN. Mediante el Decreto 223/2006 se delimita el ámbito territorial del citado PORN,
que abarca un total de 23.569 hectáreas sobre los Municipios de Sallent de Gállego, Canfranc, Biescas, Sabiñánigo y Villanúa (provincia de Fluesca) y se ordena al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón la elaboración y tramitación del
PORN (arts. 1 y 3), se establece un régimen de protección cautelar durante la tramitación del PORN con el fin de impedir la realización de actos que hagan imposible o dificulten de forma importante la consecución de los objetivos del mismo, para lo
cual se establece un régimen de concesión de informe favorable del medio ambiente para una lista de actividades susceptibles de generar tales impactos sobre el objeto de protección del PORN (art. 4) y se crea el Consejo de Anayet-Partacua, órgano
consultivo y de participación para el
desarrollo del PORN, adscrito a efectos administrativos al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y compuesto, entre otros, por dos miembros elegidos entre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cuya finalidad sea la
conservación de la naturaleza (arts. 5 a 9).
El marco normativo sin embargo ha sido profundamente modificado durante el periodo de 18 años en el que el Decreto 223/2006 ha permanecido sin ejecutar. Así la Ley 4/1989 fue derogada por Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (Boletín Oficial del Estado-BOE-n.º 299), actualmente vigente. La Ley 6/1998 de Espacios Naturales Protegidos (ENP) de Aragón, fue derogada por la Disposición Derogatoria Única del Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón (TRLEPA) (BOA n.º 151, de 6/08/2015), actualmente vigente. Y el Reglamento del procedimiento de aprobación de los PORN, aprobado por el Decreto 129/1991, fue derogado por la Disposición
Derogatoria Segunda, apartado 1.º, de la Ley 6/2014, por la que se modificó la Ley 6/1998, de ENP de Aragón y que ha sido igualmente derogada por el TRLEPA.
Los límites del PORN Anayet-Partacua conectarían por el oeste con el río Aragón, y por el norte con el Parque Nacional de los Pirineos (Francia) y el entorno de la estación de esquí alpino de Formigal. Quedaría incorporada la margen
izquierda del río Aragón con los valles de Canal Roya, Izas e lp, extendiéndose hacia el este de forma que se incluye todo el entorno del Anayet, la cuenca del río Escarra y los praderíos de Lana Mayor. Por el sur, rebasaría la orla cretácica de
Sierra Partacua para alcanzar la cabecera del Aurín y parte del Sobremonte. El ámbito del PORN incluye en su totalidad los Lugares de Interés Comunitario (LIC) Pico y Turberas del Anayet, Turberas de Acumuer, Río Aurín, Collarada y Canal de lp y
Monte Pacino. Además, se incluye gran parte de los LIC del Curso Alto del río Aragón y Telera-Acumuer todos ellos dentro de la Región Alpina. Así mismo se incluye la totalidad de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Collarada-Ibón
de Ip. Además, hay que señalar que el ámbito territorial de estos espacios de la Red Natura 2000 está asimismo incluido en el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) aprobado por Decreto 45/2003.
Según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su capítulo IV expone que los PORN serán determinantes respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, sin perjuicio de lo que disponga al
respecto la legislación autonómica. Las actuaciones, planes o programas sectoriales sólo podrán contradecir o no acoger el contenido de los PORN por razones imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo caso la decisión deberá motivarse y
hacerse pública.
El programa Next Generation EU y el Plan de Recuperación. Transformación y Resiliencia
El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa Next Generation EU. El 10 de noviembre de 2020 el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron el acuerdo sobre el paquete que incluye los fondos de Next Generation EU
y el Marco Financiero Plurianual 20212027. En el marco de la iniciativa Next Generation EU se crea el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Este mecanismo está dotado con 672.500 millones de euros para apoyar las reformas e inversiones
emprendidas por los países de la UE. España accederá a un total de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, de los cuales cerca de 70.000 millones serán en forma de transferencias. Mediante resolución de 29 de abril de 2021, de la.
Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El Plan se articula
alrededor de cuatro ejes principales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
Estos cuatro ejes de trabajo se desarrollan a través de diez políticas palanca:
1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, y desarrollo de la agricultura.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
4. Una administración para el siglo XXI.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora.
6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
9. Impulso de la industria de la cultura y del deporte.
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.
Las diez políticas palanca integran a su vez treinta componentes o líneas de acción como, por ejemplo: conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, movilidad sostenible, segura y conectada, plan de modernización y
competitividad del sector turístico, etc.
El PRTR incluye dentro de la 'política de infraestructuras y ecosistemas resilientes' el componente cuatro: 'conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad'. Este componente tiene como objetivo alcanzar
un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios
ecosistémicos. El Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incluye, en su artículo 19, once criterios que se han utilizado en la evaluación de los diferentes Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia. Uno de ellos es el
relativo al principio de 'No Causar un Perjuicio Significativo' (Do No Significant Harm, DNSH). El Reglamento establece que las diferentes medidas, tanto las reformas como las inversiones, que propongan los Estados miembros, no deben ocasionar un
perjuicio significativo en ninguno de los siguientes objetivos medioambientales:
- Mitigación del cambio climático.
- Adaptación al cambio climático.
- Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
- Transición hacia una economía circular.
- Prevención y control de la contaminación.
- Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
La unión de las estaciones de esquí de Astún, Candanchú y Formigal
En diciembre de 2022 la Conferencia Sectorial de Turismo aprobó un total de 196 proyectos de sostenibilidad turística correspondientes a la II convocatoria extraordinaria del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 2022
(BOE n.º 310, de 27/12/2022, páginas 185.603 a 185.627), financiada íntegramente con los fondos Next Generation EU del PRTR. Uno de los planes aprobados fue el 'Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comunidad Autónoma de
Aragón', que comprende cuatro intervenciones, una de ellas presentada por la Diputación Provincial de Huesca (DPH), que recibirá una inversión de 26,4 millones de euros, para la unión de las estaciones de esquí de Astún, Candanchú y Formigal, a
través del valle de Canal Roya. En enero de 2023 el Consejo de Gobierno de Aragón aprueba el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, el grupo Aramón (participado al 50 % por el Gobierno de Aragón y
por Ibercaja), Astún S.A., Formigal S.A., y Candanchú S.A., para el impulso de la unión de estaciones, con el fin de tener finalizado el proyecto en 2025. En febrero de 2023 el pleno de la DPH aprueba el Convenio de Colaboración. Ese mismo mes se
firma el Convenio por todas las partes.
Aragón gestionará otros tantos Planes de Sostenibilidad Turística correspondientes a la convocatoria de 2021. En total, una decena de proyectos turísticos que conllevan más de 63 millones de euros. De ellos, 53 millones (por encima del 84
%) serán para el turismo
de nieve. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) expone que, según un informe del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC), en el Pirineo Central (a más de 1.800 metros de altura), el espesor
medio de la nieve podría disminuir a la mitad en el año 2050, a la vez que la permanencia de la nieve en el suelo podría reducirse en más de un mes.
La necesidad de continuar con la protección preventiva
Han pasado ya 18 años y no se ha formalizado el PORN, aunque sigue existiendo un factor de perturbación que afecta a los recursos naturales, en concreto en el valle de la Canal Roya y áreas próximas. El factor de perturbación se ha
concretado en el Plan de Sostenibilidad Turística de Aragón 2022. Este Plan cuyo promotor es la DPH, contiene la instalación de un transporte mediante telecabina de 4,3 kilómetros y obras auxiliares (pistas de acceso y otros) desde la estación de
esquí alpino de Astún hasta la de Formigal, a lo largo del valle de Canal Roya. Ante el debate social y político generado sobre la oportunidad del Plan y sobre la vigencia de lo previsto en la Orden del año 2006, por un lado, el Servicio de
Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 expuso en un informe según declaraciones del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal que el PORN seguía vigente, así como sus valores ambientales; pero, por otro lado, según declaraciones
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y a raíz de un informe solicitado a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, la protección prevista en la Orden habría caducado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Espacios
Protegidos de Aragón en su texto refundido del año 2014. A pesar de todo ello, en comparecencia en las Cortes de Aragón en octubre de 2022 el mismo Consejero expuso que el PORN seguía vigente.
Desde la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y otras organizaciones de defensa del medioambiente y del territorio se ha discrepado de la interpretación que han realizado los Servicios Jurídicos. No obstante, con independencia
de las diversas interpretaciones, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar considera que debe continuar la protección preventiva prevista en la legislación básica del Estado, por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ya que existe una zona
bien conservada (en concreto el valle de Canal Roya), amenazada de forma significativa por un factor de perturbación que alterará tal estado, por lo que las administraciones públicas competentes deberán tomar las medidas necesarias para eliminar o
reducir el factor. Según nuestra interpretación, los PORN son disposiciones de carácter general que gozan de la consideración de normas reglamentarias y por lo tanto no caducan. Sí que caducan los actos administrativos, pero un PORN no es un acto
administrativo. Aunque la Ley de ENP de Aragón establecía que los PORN tenían que ser aprobados en el plazo de dos años a contar desde la orden de inicio y que, cuando existieran razones que lo justificasen, el Gobierno de Aragón podría acordar una
ampliación de plazo que no podría exceder de un año, el que no se haya hecho en ese plazo no quiere decir que haya caducado el PORN, sino que se ha producido un incumplimiento por parte de la Administración competente. Por ello, la Plataforma en
Defensa de las Montañas de Aragón y, más concretamente, Ecologistas en Acción realizaron requerimiento en febrero de 2023 al Gobierno de Aragón de reanudación del procedimiento de aprobación del PORN Anayet-Partacua.
Por todo ello, consideramos necesario dar cumplimiento de inmediato al mandato del artículo 24 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
'Artículo 24. De los espacios naturales sometidos a régimen de protección preventiva.
1. Cuando de las informaciones obtenidas por la comunidad autónoma se dedujera la existencia de una zona bien conservada, amenazada de forma significativa por un factor de perturbación que alterará tal estado, las administraciones públicas
competentes tomarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el factor de perturbación.
2. En caso de que la eliminación o reducción del factor de perturbación no fuera posible, se establecerá un régimen de protección preventiva consistente en:
a) La obligación de los titulares de los terrenos de facilitar información y acceso a los agentes de la autoridad y a los representantes de las comunidades autónomas.
b) Se iniciará de inmediato el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona, de no estar ya iniciado.
c) Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en el artículo anterior de esta Ley, se aplicará, en su caso, algún régimen de protección, previo cumplimiento del trámite de audiencia a los interesados, información pública y
consulta de las Administraciones afectadas.'
Con este objetivo, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a interceder ante el Gobierno de Aragón para que mantenga la protección preventiva prevista en el Artículo 24 ('De los espacios naturales sometidos a régimen de protección preventiva') de la
Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y avance con la máxima celeridad posible en la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Anayet-Partacua.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.-Vicenç Vidal Matas, Portavoz Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el
uso de medios de transporte de lujo, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El uso de Jets privados ha venido históricamente asociándose a viajes de negocios, principalmente, aunque este paradigma parece estar en un claro proceso de cambio.
Según los datos del informe, 'El Turismo de lujo y su impacto', realizado por T3 Transportation Think Tank, y publicado por Greenpeace en septiembre de 2024, se demuestra que el turismo convencional de vuelos regulares y el turismo de lujo
de vuelos en jets privados tuvieron un patrón estacional muy similar en 2023. El estudio analiza los aterrizajes de jets privados en 45 aeropuertos de destinos de gran importancia turística o vacacional de toda Europa durante todo el 2023. Fueron
117.965 vuelos, y en la mayoría de los aeropuertos los jets privados llegaron durante el periodo vacacional de verano, es decir, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2023. El 42,6 % de los vuelos tuvieron lugar en el periodo comprendido
entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, lo que supone el 41,6 % de las emisiones de CO2.
En España concretamente fueron 27.122 aterrizajes de Jets Privados en 2023, un 23 % del total de los países analizados en el informe: 7.502 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, 6.504 en Aeropuerto de Ibiza, 6.314 en el Aeropuerto de
Málaga, 4.826 en el Aeropuerto del Prat, 843 en el Aeropuerto de Menorca, 542 en el Aeropuerto Tenerife Sur, 434 en el de Gran Canaria, 93 en el Aeropuerto de Lanzarote y 83 en el de Tenerife Norte.
En los destinos estivales (41 de 45 aeropuertos), la llegada de jets privados aumentó de media un 106 % durante la temporada veraniega (junio-septiembre) en comparación con la temporada baja (octubre-mayo), lo que indica que estos vuelos se
utilizan
principalmente para el ocio y no exclusivamente para los negocios. En el mes de julio el uso de jets privados se dispara aún más en los destinos estivales, las llegadas aumentaron de media un 250 % comparado con enero.
El total de los 117.965 vuelos analizados causaron 526.071 toneladas de CO2, y de media, los jets privados emiten 10 veces más CO2 por pasajero-kilómetro que un avión comercial típico. Las emisiones de CO2 que emite un vuelo medio en jet
privado en vacaciones (4,4 t de CO2) casi igualan las emisiones anuales de CO2 relacionadas con la energía de una persona europea media en 2023 (5,3t de CO2).
En total, los 27.122 vuelos en jet privado a destinos vacacionales españoles provocaron unas 134.000 toneladas de CO2. Esto equivale a las emisiones anuales de unos 89.300 coches propulsados por combustible fósil. Estas son únicamente las
emisiones de los vuelos a sus destinos; no incluyen las emisiones de los vuelos de vuelta.
El 11,9 % de los vuelos son de muy corta distancia con un máximo de 250 km; el 34,7 % de los vuelos son inferiores a 500 km, lo que significa que más de un tercio de los vuelos son vuelos de muy corta distancia. El 93,2 % de los vuelos se
realizaron dentro de Europa, siendo uno de los principales destinos las islas Baleares.
Sin embargo, los cuatro aeropuertos de las islas Canarias -Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Norte-, experimentan picos de llegadas entre otoño y primavera ya que durante los meses más fríos de Europa Central esta zona
disfruta de unas temperaturas agradables.
También el número de yates de lujo se ha duplicado con creces desde el 2000 tal y como señala el estudio La desigualdad de las emisiones de carbono mata, publicado por la ONG Oxfam el pasado 28 de octubre. Con aproximadamente 150 nuevas
embarcaciones al año (a nivel global y con datos de 2021), a pesar de que estas embarcaciones permanecen atracadas durante casi todo el año, aproximadamente el 22 % de sus emisiones totales se generan durante este período de 'inactividad'. Además,
estos yates suelen contar también con buques de apoyo para su personal, helicópteros que también necesitan combustible e instalaciones con aire acondicionado.
Oxfam estima en su estudio que la huella de carbono anual de cada una de estas embarcaciones asciende, de promedio, a 5672 toneladas; una cantidad que triplica con creces las emisiones generadas por los aviones privados de los
milmillonarios. Esta cifra equivale a las emisiones de una persona corriente durante 860 años, y multiplica por 5610 las emisiones de una persona que se encuentre entre el 50 % más pobre de la población mundial. El informe concluye que unos pocos
milmillonarios están 'acelerando' el cambio climático, mientras que un europeo medio, se calcula que tardaría 585 años en contaminar lo mismo que los más ricos con sus yates durante un solo año.
Este tipo de transporte es el más desigual, más injusto y contaminante. En un mundo que se enfrenta tanto a una crisis energética global como a una crisis climática acelerada que amenazan millones de vidas, es crucial arrojar luz sobre los
daños sociales y medioambientales que causa la industria de los jets privados y los yates. Mientras que las personas con un alto poder adquisitivo realizan numerosos viajes con altas emisiones de carbono, en los últimos 20 años la brecha entre las
personas ricas y pobres ha aumentado en dos tercios de los Estados miembros de la UE.
La crisis climática es el reto más complejo al que nos enfrentamos como humanidad. Las políticas públicas para mitigar sus efectos y adaptarnos a sus consecuencias deben ser por encima de todo justas, y aquellos que más contaminan no solo
deben responder al principio de 'quien contamina paga' sino al de contaminar menos, como hace el resto de la ciudadanía.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno: aprobar un nuevo impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el uso de medios de transporte de lujo, en concreto los vuelos en jets privados y viajes en yates de lujo, con el objetivo de
disminuir el impacto
ambiental que provoca su uso abusivo y financiar el coste de medidas de democratización del transporte como el billete único, y la mejora de la red ferroviaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, a instancias del diputado Oskar Matute, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas de
impulso para la electrificación de la actividad industrial, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Muchas empresas de todo el mundo están tratando de reducir las emisiones de CO2 de sus procesos productivos. También en el estado y, por supuesto, en Euskal Herria. Cambiar la producción de calor industrial de fuentes de origen fósil a
fuentes de energía eléctrica puede significar una contribución importante en la medida en que la electricidad provenga en proporción cada vez mayor de energías renovables.
Por su parte, las políticas de descarbonización estatales están orientadas principalmente por el Plan nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este Plan, contempla un aumento de la demanda eléctrica como factor clave para la
descarbonización, ya que, en la actualidad, la generación eléctrica renovable se aproxima ya al 60 % de la generación total y el propio PNIEC prevé que se llegue al 81 % de renovables en 2030.
Para que la demanda eléctrica aumente un 16 % sobre el consumo actual hasta los 273 TWh como contempla el PNIEC, es imprescindible que se avance en la electrificación de sectores como la movilidad o la industria. En el caso de la industria,
sin embargo, a día de hoy existen varios cuellos de botella que están retrasando las inversiones necesarias, entre las que se pueden destacar la dificultad de acceso a las potencias requeridas, las tarificaciones desfavorables, o los desincentivos
fiscales.
Esta PNL aborda esta última cuestión. Diversas industrias están realizando estudios para abordar las inversiones en electrificación y se topan con un factor fiscal que, en algunos casos, termina por desincentivar las inversiones necesarias.
El origen de la dificultad se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y las instrucciones del Impuesto sobre Actividades Económicas, el cual, en el apartado A) de su Regla n.º 14,
exime a las calderas y hornos que funcionen a base de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos de la potencia instalada tributable, no siendo así para las calderas y hornos que funcionen con electricidad. Este hecho provoca que, a la hora de
analizar económicamente las inversiones necesarias para la electrificación, se topen con un subsidio indirecto a los combustibles fósiles, frustrándose la inversión, en algunos casos, debido a este hecho.
No podemos pasar por alto que el Parlamento Europeo, en noviembre de 2023, aprobó, por amplia mayoría, una resolución para poner fin a todos los subsidios, directos e indirectos, a los combustibles fósiles para el año 2025. Entendemos que
ha llegado el momento.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y las instrucciones del Impuesto sobre Actividades Económicas, con el fin de equiparar el tratamiento, a efectos de potencia
instalada tributable, de los hornos y calderas a base de electricidad con aquellos a base de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos.
2. Estudiar, con el objetivo de impulsar la electrificación de la industria, una progresiva finalización de la exención del cómputo a efectos de potencia instalada tributable a los hornos y calderas que funcionen a base de combustibles
fósiles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2025.-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/001768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la inclusión del cachalote y el rorcual común en el Mediterráneo en
la categoría de en peligro de extinción del CEEA, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Según datos del Acuerdo sobre Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS), se estima que la población de rorcual común en el Mediterráneo se ha reducido a un total de 1.800
ejemplares, mientras que en la década de los 90 se contaba con 3.500 individuos 1. Así mismo, como consta en informes recientes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2, se estima que el número de cachalotes presente
en el Mediterráneo se sitúa entre 500 y 5.000 ejemplares, estando entre 250 y 2.500 el número de individuos maduros Este descenso del número de individuos de estas especies de cetáceos en el Mediterráneo alerta sobre la importancia de su protección
eficaz, ya que además las poblaciones mediterráneas de estas especies se encuentran catalogadas en la categoría de 'en peligro de extinción' por la UICN. La ONG OceanCare ya lleva tiempo advirtiendo: el 80 % de las muertes de cetáceos que se dan
se debe a colisiones con barcos, en zonas que no solo son de tránsito de los movimientos migratorios, sino que también alberga la reproducción y alimentación de estos animales.
Sin embargo, actualmente, el cachalote y el rorcual común están clasificadas como 'vulnerable' en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), ambos
registros derivados de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Muchos organismos internacionales ya han dado la voz de alarma, instando a que estas especies queden catalogadas en situación de 'en peligro de
extinción'. Es el caso de la
1 ACCOBAMS Survey Initiative (2021). Estimates of abundance and distribution of cetaceans, marine mega-fauna and marine litter in the Mediterranean Sea from 2018-2019 surveys. Disponible en:
https://accobams.org/wp-content/uploads/2021/11/ASI-Med-Report-updated.pdf.
2 E Pirotta, E Carpinelli, A Frantzis, P Gauffier, C Lanfredi, D.S Pace, L.E. Rendell (2021). Physeter macrocephalus (Mediterranean subpopulation). The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T16370739A50285671. Disponible en:
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T16370739A50285671.en
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que, en su última evaluación de diciembre de 2021, mantuvo en su Lista Roja al cachalote en la categoría de 'en peligro de extinción', mientras que el rorcual común en el
Mediterráneo pasó de la categoría de 'vulnerable' a la de 'en peligro de extinción'.
Las evaluaciones de la UICN tienen 'un alto valor científico', según explica el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en respuesta a unas preguntas parlamentarias hechas por el Grupo Parlamentario Plurinacional
Sumar. De hecho, tiene tanto valor científico que el Inventario Español de Especies Terrestres se determina a través del conocimiento científico más actualizado, empleando las metodologías más adecuadas y, en especial, las propuestas por la UICN.
La Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2017, por el que se aprueban los criterios
orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, marca una serie de criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Concretamente, en el Anexo IV.A se marcan qué criterios se deben seguir para las diferentes categorías. En su apartado D de 'En peligro de extinción' se reconoce el criterio de expertos, de aplicación excepcional, 'en los casos en los que la
información disponible para aplicar los criterios anteriores sea insuficiente, pero haya coincidencia entre técnicos en conservación y expertos en biología de la especie en que la situación del taxón es 'vulnerable' o 'en peligro de extinción'. Es
decir, además del criterio por declive del tamaño poblacional, la reducción del área de distribución o el análisis de Viabilidad Poblacional, un criterio reconocido para la indexación es la opinión de expertos.
Teniendo en cuenta el peso del criterio científico experto de la UICN que el propio Ministerio valora; que en 2022 también se manifestó, en el mismo sentido que la UICN, el Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar
Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS), de la que España es parte contratante; sumadas a las voces de diferentes asociaciones y organizaciones que conjugan el rigor científico en el país; la decisión del cambio de categoría del
cachalote y el rorcual común en el Mediterráneo a la de 'en peligro de extinción' debería tenerse muy en cuenta para conseguir una adecuada y eficaz protección de dichas especies.
Cabe recordar que la Resolución 8.12 de ACCOBAMS de 2022 insta a las partes a que se apliquen medidas 'para hacer frente a las amenazas que pesan sobre las poblaciones evaluadas de acuerdo con la lista anterior [en referencia a las
categorías reconocidas por la UICN en su última evaluación de 2021], con especial atención a las poblaciones en peligro crítico y en peligro, y a que actualicen sus Listas Rojas nacionales' siguiendo la ya referida clasificación de la UICN.
Si bien el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está llevando a cabo algunas medidas de conservación, la urgencia para eliminar las graves amenazas actuales en que están conduciendo a la extinción al cachalote y el
rorcual común en el Mediterráneo exige elevar la categoría de protección y tomar así medidas más efectivas que no solo intenten conservar la especie sino protegerla eficazmente y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Si bien es cierto que la
inclusión de estas especies en la categoría de 'en peligro de extinción' también depende de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, el cumplimiento del Criterio D anteriormente mencionado ya tiene el acuerdo científico y
técnico, así como la solicitud para iniciar la tramitación, que también podría hacerse por iniciativa del propio Ministerio, cabe añadir.
Debe existir voluntad política para la protección adecuada de las especies, en este caso dos especies de cetáceos que cuentan con una mortalidad preocupante a causa principalmente de los atropellos del tráfico marítimo, y cuyas poblaciones,
dado su lento crecimiento y bajas tasas reproductivas, no pueden reponer ejemplares con la suficiente rapidez para compensar esas pérdidas. Su supervivencia, por lo tanto, requiere toda la atención.
Debemos dar vías seguras para estos animales, que están en su hábitat natural, y cuya supervivencia solo se podrá conseguir con una protección adecuada a la categoría que le corresponde según el criterio científico experto ya existente, la
de 'en peligro de extinción'. Si no se llevan a cabo las actuaciones necesarias pronto ya no habrá especie a proteger.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar los trámites pertinentes en el plazo de tres meses para la inclusión del cachalote (Physeter macrocephalus) y el rorcual común (Balaenoptera physalus) en el Mediterráneo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de 'en peligro de extinción', cumpliendo así con las resoluciones adoptadas en el marco de convenios internacionales de los que España es Parte Contratante, en
concreto ACCOBAMS, y dado que se cumple el 'Criterio de expertos' (recogido en apartado D de 'En peligro de extinción' del Anexo IV.A de la Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2017), como demuestra la decisión de la UICN tras su última evaluación de diciembre de 2021, de clasificar ambas especies en el Mediterráneo en la categoría de 'en peligro
de extinción', decisión que fue ratificada en 2022 por el Comité Científico de ACCOBAMS, organismos ambos que cuentan con los mejores técnicos en conservación y expertos en biología de dichas especies.
2. En paralelo al procedimiento indicado en el punto anterior y a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, seguir avanzando en el diseño de medidas
eficaces de conservación de las citadas especies en el Plan de Gestión del AMP y ZEPIM 'Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo', actualmente en elaboración. Entre ellas, se debe poner en marcha de forma inmediata el grupo de trabajo
para definir las medidas obligatorias de reducción de velocidad por categoría de barco a incluir en el citado Plan de Gestión, grupo de trabajo cuya creación fue acordada en diciembre de 2024 por la Dirección General de Marina Mercante del MITMS en
reunión mantenida con las ONG OceanCare, WWF y Client Earth y en el cual también han aceptado participar la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Cultura
161/001745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para poner en valor la figura de D.
Felipe de Neve y Padilla, en el tercer centenario de su nacimiento, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Felipe de Neve y Padilla nació en Bailén (Jaén, 1727) y fue Gobernador de las Californias y comandante inspector de las Provincias Internas del norte de Nueva España.
Además, Felipe fue fundador, entre otras ciudades, de la ciudad de Los Ángeles (EEUU). El municipio que lo vio nacer, Bailén, está elaborando un gran programa de actividades con motivo del 300 aniversario de su nacimiento.
Con motivo de esta efeméride, y anticipando el 300 aniversario del nacimiento de Felipe de Neve y Padilla (Bailén, 1727), The Hispanic Council ha publicado el informe: 'Felipe de Neve, el hombre que forjó Los Ángeles'. De las 10 ciudades
más pobladas hoy de Estados Unidos, cuatro fueron fundadas por españoles. Entre ellas, San José y Los Ángeles, que tuvieron como gran artífice de su fundación a Felipe de Neve.
El Gobierno de España debe preservar el legado y mantener viva la memoria de tantos españoles, como la de Felipe de Neve y Padilla, que forjaron el Virreinato de Nueva España, sumándose a las actividades que desde el Ayuntamiento de Bailén
se pretende llevar a cabo entre los años 2025 y 2027, para la conmemoración de este hecho histórico.
Durante ese trienio está previsto en su ciudad natal lanzar una serie de propuestas que acerquen al ciudadano la historia de Felipe de Neve y Padilla, contextualizándolo en el tiempo y explicando el arrojo y la valentía de todos aquellos
españoles del siglo XVI al XIX.
La Real Academia de la Historia refiere en la biografía de D. Felipe de Neve y Padilla que el virrey Antonio Bucareli le nombró gobernador de las Californias por mandato de 28 de octubre de 1774. Desde México se dirigió en 1775 al presidio
de Loreto para tomar posesión formal del cargo en las mismas Californias, adonde llegó el 4 de marzo. En las instrucciones que recibió del mismo Bucareli se le fijaba como objetivo principal el mantenimiento de los asentamientos de su gobernación.
Para ello se le encomendó prestar cuidado a las milicias como el mejor medio de controlar un territorio aún por explorar, especialmente en la Alta California. Mantuvo la capitalidad de la gobernación en Loreto hasta 1777, cuando la trasladó a
Monterrey hasta el final de su mandato. En el período de 1775 a 1777, Neve se dedicó fundamentalmente a repoblar el presidio de Loreto y a fundar nuevas misiones en la Baja California, como San Vicente Ferrero Santo Tomás. En esta expansión
misional contó con el apoyo de los dominicos. Militarmente se ocupó de la defensa de estas misiones consiguiendo un notable éxito.
El ministro José de Gálvez promulgó un decreto para el traslado de la capital desde Loreto a Monterrey, en la Alta California, el 16 de agosto de 1775, aunque no fue hasta 1777 cuando Neve, tras instrucción del virrey, abandonó su anterior
lugar de residencia. El nombramiento casi simultáneo de Teodoro de Croix como primer comandante de las Provincias Internas del norte de Nueva España hizo que Neve mantuviera correspondencia directa con él, como su superior inmediato. Fomentó
notablemente la agricultura en el norte de California al tiempo que fundaba un nuevo presidio, denominado Santa Bárbara. Fundó el poblado, luego ciudad, de San José el 29 de noviembre de 1778, año en el que ganó también el grado de coronel. En
1779 tuvo que hacer frente a una insurrección indígena cerca de la misión de San Diego.
Neve elaboró el nuevo Real Reglamento de Presidios fechado en Monterrey el 1 de junio de 1779. En 1781, el virrey ordenó su impresión y entrada en vigor. Este reglamento fijaba el importe de los situados de los presidios de San Francisco,
Loreto, San Diego y Monterrey, detallaba la administración interna de los presidios y las facultades militares de sus componentes. Durante su mandato se realizaron tres importantes expediciones marítimas por las costas de las Californias.
En 1782 dejó el cargo de gobernador de las Californias para ocupar el de comandante inspector de las Provincias Internas, y un año después el de comandante general de las mismas provincias en sustitución de Croix. A finales de 1783 fue
ascendido abrigadier. Como responsable máximo de las Provincias Internas se ocupó especialmente de su apoyo financiero. Pretendió establecer comunicación entre los territorios de Sonora y Sinaloa y los establecimientos de la Alta California, pero
murió en el cargo en agosto de 1784.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar:
1. En la difusión de la figura y gesta de Felipe de Neve y Padilla, en el tercer centenario de su nacimiento, mediante la difusión y promoción de las conferencias, exposiciones, y cuantas actividades organice y programe el Ayuntamiento de
Bailén, durante los próximos tres años, en colaboración con las entidades públicas y privadas afectadas, así como de las actividades llevadas a cabo por las sociedades hispanistas vinculadas con Felipe de Neve y Padilla.
2. En la celebración de un Congreso internacional previsto para el cuarto trimestre de 2026, sobre su figura y su tiempo, donde se presenten las últimas investigaciones realizadas en torno a su figura por las universidades involucradas en
el proyecto de Salamanca y Jaén, y en colaboración con el Ayuntamiento de Bailén'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2025.-María Torres Tejada, María Soledad Cruz-Guzmán García, Sandra Pascual Rocamora y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/001772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinaclonal SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas de reparación de Cipriano Salvador y al pueblo de
Almedina por la protección de la obra 'La Santa Generación' expuesta en el Museo del Prado, para su debate en la Comisión de Cultura.
Domingo Cipriano Salvador Gijón (Pedro Muñoz, 1894-Toro, 1975), conocido como Cipriano Salvador, fue un maestro, pintor, escritor y periodista cervantista que hace un siglo, con el Quijote como brújula, quiso tumbar los gigantes del
desempleo, el caciquismo y la despoblación de la Mancha a través de la cultura.
En el otoño de 1936, dado que en los años 20 había inventariado y catalogado buena parte del patrimonio material e inmaterial de la provincia de Ciudad Real para impulsar el turismo cultural en la región, recibió un encargo de las
autoridades republicanas: proteger las obras de arte del Campo de Montiel.
Una de las joyas por las que Cipriano Salvador arriesgó su integridad fue una importante tabla del siglo XVI de Fernando Yáñez que se conservaba en la parroquia de Santa María de Almedina: 'La Santa Generación'.
La pintura, conocida también como 'Santa Ana, la Virgen, Santa Isabel, San Juan y Jesús niño', era el último fragmento que quedaba del retablo pintado por el discípulo de Leonardo da Vinci para su pueblo natal. Dada a conocer por un
epigrama de Quevedo, durante mucho tiempo fue la única prueba de la existencia de Yáñez de la Almedina, uno de los introductores del Renacimiento pictórico en la península.
El maestro republicano, consciente del valor del hallazgo y por miedo a que fuera quemado, como había pasado con otros objetos de culto durante los primeros meses del conflicto, decidió esconder el cuadro en su casa de Infantes hasta que el
gobierno republicano se hiciera cargo de él y lo llevara a una pinacoteca. Su llamada fue atendida por una brigada de la Caja General de Reparaciones de Daños y Perjuicios de la Guerra en enero de 1938.
No obstante, en 1939, Cipriano Salvador fue detenido por las autoridades franquistas acusado de colaborar con la República y de la desaparición de la obra y condenado a
pena de muerte en 1941, posteriormente conmutada por treinta años de prisión y trabajos forzados, entre interrogatorio e interrogatorio en busca del cuadro perdido.
Pese al infierno que vivió, Cipriano Salvador no se rindió. Además de alfabetizar a otros presos y organizar talleres artísticos con Rivas Cherif, educó a distancia con cartas y viñetas a su hijo, del que lo habían separado cuando este
apenas tenía un año.
En 1946 salió amnistiado, pero inhabilitado para ejercer sus oficios, desterrado de La Mancha y con el estigma de haber robado una obra de arte por la que se había jugado la vida.
Sin embargo, una investigación de José A. López Camarillas en 2020 (publicada en la revista científica Archivo de Arte Valenciano, de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia) ha demostrado que mientras que las autoridades
franquistas buscaban la tabla y Cipriano Salvador sufría las consecuencias, la pintura colgaba de las paredes del Museo del Prado. 'La Santa Generación' de Yáñez fue adquirida de manera poco ética a la iglesia de Villanueva de los Infantes con la
connivencia del director del museo (que ya había intentado comprarla al pueblo de Almedina en 1930) y del sacerdote de la infanteña parroquia de San Andrés, que aprovecharon su posición después de la guerra y un error en la trascripción de las
medidas de la obra en las actas de incautación para apoderarse del cuadro.
Consideramos que es de justicia reconocer el gran sacrificio de Cipriano Salvador Gijón, quien pagó con su libertad y con su cuerpo que hoy podamos disfrutar de una de las obras más importantes de la pintura española. Pero también lo es que
haya un resarcimiento con el pueblo de Almedina, un municipio de menos de 500 habitantes al que expoliaron su principal tesoro y, con él, una oportunidad de construir un futuro sostenible en torno al turismo cultural, contribuir al desarrollo local
y a la lucha contra la despoblación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados rinde homenaje y expresa su reconocimiento a Cipriano Salvador por proteger La Santa Generación de Fernando Yáñez de Almedina durante la guerra civil.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
2. Realizar un acto de homenaje al pintor manchego y al pueblo de Almedina, en el que se haga entrega al Ayuntamiento del referido municipio de una réplica del cuadro expoliado y se proceda a la colocación de una placa que repare con
honores el nombre de Cipriano Salvador.
3. Que el Museo del Prado incorpore, tanto en las guías o materiales divulgativos como en la sala dónde se exhibe la pintura, toda la información relativa a su procedencia y su historia, así como el papel de la persona que lo protegió,
Cipriano Salvador Gijón.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Engracia Rivera Arias, Jorge Pueyo Sanz y Nahuel González López, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001776
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley para impulsar una nueva Ley de Patrimonio Cultural para modernizar y refundir la legislación vigente en materia de protección de patrimonio.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el párrafo segundo se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar una nueva Ley de
Patrimonio Cultural para modernizar y refundir la legislación vigente en materia de protección de patrimonio, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español ha sido un marco clave para la protección del patrimonio cultural en España, pero transcurridos 40 años de su aprobación existe la necesidad de reformarla con la finalidad de
abordar desafíos actuales como nuevas figuras de protección, la digitalización del patrimonio y nuevas formas de promoción y difusión de nuestro patrimonio, abordando entre otras cuestiones:
- Mayor protección contra expolio y destrucción: España sigue enfrentando problemas con el expolio arqueológico, la destrucción de bienes culturales y el tráfico ilícito de arte.
- Mayor claridad en la gestión y competencias: La descentralización en materia de patrimonio ha generado diferencias significativas en la protección y gestión entre comunidades autónomas. Una reforma podría mejorar la coordinación entre
administraciones.
- La inclusión de nuevos tipos de patrimonio como el industrial, cinematográfico y audiovisual o la incorporación de la categoría de Paisajes Culturales.
- El patrimonio cultural inmaterial y nuevas categorías, derivadas de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. La disposición final quinta de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial, (modificada por Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
septiembre de 2017), concedía al Gobierno un plazo para la elaboración de un texto refundido que expiró el 31 de diciembre de 2019, y que se ha incumplido.
- Mayor implicación ciudadana: mejorar la participación de la sociedad civil en la protección y gestión del patrimonio, fomentando una mayor conciencia y colaboración con asociaciones y entidades locales.
- Mayor protección al patrimonio.
- Nuevos mecanismos que favorezcan la colaboración público-privada para la recuperación del patrimonio en peligro.
- Desarrollo de políticas para que el patrimonio sea una palanca económica y social en zonas de baja densidad de población.
- Promocionar y destacar aquellas obras de protección y promoción de nuestro patrimonio.
- Protección arquitectónica relativas al movimiento moderno.
En la actualidad se encuentra pendiente de tramitación, en el Congreso de los Diputados, la Proposición de Ley del Grupo Popular de protección del Patrimonio Histórico frente al vandalismo (124/13), una iniciativa que surge en respuesta a
una serie de ataques a obras de arte y bienes culturales que ponen en riesgo su integridad, y que ha generado la preocupación por la protección del patrimonio histórico, tanto en España como a nivel internacional.
Una propuesta que busca abordar lagunas legales, para lo que incluye la tipificación de nuevas infracciones específicas por los daños causados a bienes muebles protegidos ante casos de imprudencia grave, menos grave o leve, por el riesgo de
deterioro intencionado, y el incremento de sanciones y restricciones de acceso.
La propuesta del Grupo Popular refleja una creciente preocupación por la necesidad de actualizar y fortalecer la legislación para proteger el patrimonio histórico frente a nuevas formas de vandalismo y protestas.
La pasada legislatura, en junio de 2021, el Consejo de Ministros tomó conocimiento del Anteproyecto por la que se modifican la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que no fue capaz de sacar adelante por la inclusión de medidas que restaban eficacia y eficiencia a la gestión de los poderes públicos en materia de patrimonio cultural, y que invadían competencias
autonómicas.
Sin embargo, el debate sereno entre todos los actores públicos y privados que protegen y promueven el conocimiento de nuestro extenso patrimonio puede ser una gran oportunidad para actualizar el marco normativo ágil y eficaz para el impulso
de este propósito.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una nueva Ley de Patrimonio Cultural para modernizar y refundir la legislación vigente en patrimonio, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y demás
instituciones públicas y privadas del sector.
Asimismo, el Congreso se compromete a impulsar la tramitación de Proposición de Ley de protección del Patrimonio Histórico frente al vandalismo (124/000013), en este periodo de sesiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, María Eugenia Carballedo Berlanga, Jaime
Miguel de los Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001747
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la transición digital y a los desafíos geopolíticos en la era
de las Big Tech, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
La era de los GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) y las grandes tecnológicas de Silicon Valley han transformado radicalmente el panorama global, no solo en términos económicos y tecnológicos, sino también en el ámbito
político y social. Estas corporaciones, a causa de alcanzar una hegemonía económica sin precedentes, han reconfigurado las dinámicas tradicionales de poder, desplazando, en muchos casos, a actores estatales e instituciones democráticas.
En este nuevo paradigma, las decisiones tomadas por dichas empresas no solo afectan a la vida cotidiana de millones de personas, sino que también juegan un rol crucial en la definición de las narrativas públicas, en el control de la
información y en la regulación de las interacciones sociales. Esta reconfiguración del poder se traduce, por tanto, en la capacidad de dichas multinacionales de moldear la realidad social, política y económica a través de la tecnología.
En los últimos años, grandes plataformas tecnológicas como 'X' (anteriormente conocida como Twitter) y 'Meta' (Facebook, Instagram, WhatsApp...) han llevado a cabo medidas trascendentales que han alterado la manera en que se gestionan los
contenidos y la información que circulan en sus redes. Estos movimientos, centrados en la eliminación de controles y regulaciones, han permitido que los algoritmos operen sin las tradicionales medidas de supervisión, tanto internas como externas,
que antes buscaban minimizar el sesgo y la manipulación de información. Esta desregulación ha dado paso a una era de aceleracionismo digital, en la que la rapidez de la propagación de contenidos y la producción masiva de imágenes falsas se ha
intensificado. Este fenómeno ha generado un entorno donde las plataformas sociales ya no solo amplifican la información, sino que también contribuyen a la creación y difusión de narrativas distorsionadas, sin los filtros y responsabilidades de los
medios de comunicación tradicionales. De esta forma, se multiplica el fenómeno de la infodemia, un término que describe la sobreabundancia de información, tanto veraz como falsa, que se propaga a través de las plataformas digitales y dificulta la
capacidad de discernir entre fuentes confiables e información falsa.
La retirada del programa de verificación de datos (el cual contaba con organizaciones independientes de comprobación de hechos e información), obstaculiza gravemente la lucha contra la desinformación al generar el terreno idóneo para la
propagación de discursos polarizados y extremistas. Mark Zuckerberg, fundador y director de 'Meta', justificó recientemente este cambio significativo en la gestión de las políticas de moderación como una medida en favor de la libertad de expresión.
Sin embargo, estas nuevas medidas actúan como un mecanismo que facilita el desarrollo de algoritmos diseñados para maximizar la interacción y el beneficio económico y político de unos pocos. Así, las Big Tech no solo ostentan poder a través de la
acumulación de capital, sino también mediante el control de información y los recursos digitales.
El dominio de las empresas GAFAM sobre la información, la comunicación y la logística plantea serios problemas sobre el cumplimiento de las leyes de competencia y antimonopolio. A pesar de los intentos regulatorios, como las investigaciones
antimonopolio en varios países, las estrategias de estas compañías para absorber a pequeñas startups, manipular algoritmos o generar redes de dependencia siguen siendo una práctica común. Esto limita la competencia, pone en riesgo la innovación y
la diversidad empresarial, y sobre todo otorga un control excesivo a estas compañías sobre el mercado, al no tener oposición ni permitir a otras voces hacerles frente.
La transición digital se ha consolidado como un terreno clave de confrontación geopolítica desde que Donald Trump irrumpiera en la escena política internacional. Su enfoque sobre la ciberseguridad, la infraestructura 5G y la privacidad de
los datos ha dado lugar a un nuevo capítulo en la competencia global, en el que la tecnología se ha transformado en una herramienta para impulsar agendas políticas y económicas. Este enfoque está estrechamente vinculado con el fortalecimiento de la
industria nacional estadounidense y la expansión de la OTAN, consolidando la tecnología como un pilar esencial en la redefinición de las relaciones internacionales.
Por lo tanto, el impacto de estas empresas no se limita solo al ámbito de la información, sino que también se extiende a la política global. En el contexto del genocidio en Gaza, las grandes tecnológicas han sido acusadas de ser cómplices
activos del sionismo, al permitir la difusión de narrativas sesgadas y restringir la visibilidad de voces críticas hacia las políticas de Israel. Al servir de plataforma para las campañas de propaganda y censura, estas empresas se alinean, aunque
sea de forma indirecta, con ciertos intereses geopolíticos, favoreciendo el statu quo y perpetuando determinados conflictos.
Además, en situaciones de inestabilidad política, estas empresas cuentan con la capacidad de influir en la opinión pública, movilizar a grandes masas y deslegitimar gobiernos a través de la manipulación de información. La influencia de
estas multinacionales tecnológicas en el golpismo es innegable, como lo demuestran casos como el de Evo Morales en 2019 donde, tras las elecciones presidencias en octubre de ese mismo año, las plataformas sociales se convirtieron en un espacio donde
surgieron la mayoría de las narrativas que alimentaron las protestas y favorecieron el discurso opositor, al no aplicar políticas de moderación que contrarrestaran los discursos de odio y desinformación. Esto permitió que se multiplicaran los
mensajes polarizantes que jugaron un papel central en la caída del gobierno de Morales.
También casos como el de Lava Jato, una de las investigaciones de corrupción más grandes en la historia de Brasil, donde, más allá de la investigación misma, esta operación se convirtió en un elemento clave en la crisis política de dicho
país. En este caso, el concepto de golpismo adquiere un matiz más amplio, al implicar maniobras legales, mediáticas y políticas que terminaron contribuyendo al juicio político de Dilma Rousseff y al encarcelamiento de Lula. Las filtraciones
selectivas de información, la difusión de escándalos en el momento adecuado y la cobertura mediática agresiva fueron interpretadas por muchos como un intento deliberado de debilitar al gobierno de Rousseff y de socavar la figura de Lula, quien aún
mantenía un fuerte apoyo popular.
En paralelo, la expansión de estas empresas también está ligada a un modelo de explotación de recursos naturales que tiene un profundo impacto en la ecología política. El proceso de digitalización y la transición hacia una economía
completamente conectada requiere de ingentes recursos naturales que incidirán en el expolio de países como Argentina o Brasil, los cuales contienen recursos estratégicos para sostener la carrera sin futuro de la innovación tecnológica. Este abuso
de los recursos naturales no solo plantea desafíos éticos en términos de derechos humanos, sino que también intensifica las crisis ecológicas, creando una paradoja en la que la transición digital parece avanzar a expensas de la sostenihilidad del
planeta. Por ende, además de un problema político de amenaza a la democracia, tenemos un problema de ecología política, de ecología de la comunicación, en términos de cómo la política energética y medioambiental puede afectar el desarrollo de
tecnologías informacionales y a la gestión de recursos naturales a largo plazo.
En este contexto, las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, intentan mantener una hegemonía global unipolar, utilizando el control de la tecnología como un instrumento de dominación en un escenario geopolítico cada vez más
polarizado. De esta forma, se promueve la desregulación absoluta que la UE, y algún que otro gobierno como el de Lula en Brasil, buscan contrarrestar garantizando el normal desarrollo de la actividad de estas corporaciones desde el punto de vista
del derecho.
En concreto, los diversos preceptos legales en vigor dentro de la Unión Europea tienen como objetivo garantizar la implementación de mecanismos adecuados para supervisar posibles infracciones legales en las plataformas digitales. Aunque los
recientes cambios y
medidas adoptados por 'Meta' y 'X' puedan ser compatibles con la legislación estadounidense, su aplicación en la UE debería ser descartada, dado que las normativas existentes sobre la eliminación de contenido que infrinja la legislación,
como los discursos de odio o el contenido destinado a alterar procesos electorales, lo prohíben explícitamente.
El conflicto, aun así, surge en un contexto donde Bruselas, a pesar de reconocer la necesidad de regular el comportamiento de las grandes plataformas digitales, enfrenta dificultades en la aplicación de la legislación vigente. En
particular, la Ley de Servicios Digitales (DSA), una de las normativas más recientes de la UE en el ámbito digital, resulta complicada de implementar, lo que retrasa su efectividad ante estas nuevas medidas. La situación subraya la creciente
complejidad de la regulación digital en un contexto global donde las grandes plataformas y sus propietarios se ven cada vez más involucrados en controversias políticas que trascienden las fronteras nacionales.
En conclusión, las grandes empresas tecnológicas, lejos de ser agentes neutros, están configurando el orden mundial de manera significativa, afectando tanto la política global como el entorno ecológico. Su poder va más allá de lo económico
y su influencia sobre la libertad de expresión, las relaciones internacionales y el acceso a la información es cada vez más evidente. En un escenario donde Estados Unidos busca consolidar su supremacía, las GAFAM se han convertido en actores clave,
cuyos intereses pueden contradecir los valores democráticos y éticos fundamentales. La transición digital y el control de la información, en este contexto, no solo representan un desafío tecnológico, sino también un reto político, social y
ambiental de gran magnitud. Así, la respuesta a esta dinámica imperialista y oligárquica de los GAFAM y Estados Unidos pasa por una mayor regulación, la defensa de la privacidad y la soberanía digital, y la promoción de un espacio digital que sea
verdaderamente público y democrático. La vigilancia y la crítica de estas dinámicas son esenciales para salvaguardar la democracia en el siglo XXL
Por todo ello,
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Liderar en el seno de la UE el desarrollo de una política de soberanía digital que refuerce la autonomía tecnológica europea y promueva un ecosistema digital más equilibrado y justo frente a las injerencias y el intervencionismo de
grandes compañías en la política comunitaria.
2. Impulsar los cambios normativos necesarios para exigir las obligaciones tributarias, legales, de protección de la libertad de expresión y las garantías de las libertades públicas de dichas plataformas, en particular obligando a
responsabilizarse y hacer transparentes sus criterios de moderación de contenidos, tanto en procesos electorales, como en el debate público.
3. Promover en el seno de la UE plataformas digitales de dominio público, así como políticas de software libre en la Administración Pública del Estado, para evitar la dependencia tecnológica de proveedores externos.
4. Incluir en el proyecto de Ley de Autonomía Estratégica e Industria, durante su tramitación parlamentaria, un capítulo específico para la promoción de medios digitales propios, tecnología soberana y el fortalecimiento de las
infraestructuras digitales estratégicas, a fin de hacer posible el intercambio y comunicación de nuestro sistema político y económico sin la dependencia tecnológica actual de Silicon Valley.
5. Impulsar en las instituciones comunitarias una política de cooperación internacional con diferentes actores como los BRICS, MERCOSUR, CELAC y la comunidad panafricana para definir una agenda de democratización internacional de las
telecomunicaciones, en particular de la UIT.
6. Fomentar programas de educación digital y alfabetización mediática que permitan a los ciudadanos comprender mejor los riesgos asociados con la desinformación y las dinámicas de poder que están en juego en la era digital.
7. Revisar a nivel europeo los acuerdos comerciales y reguladores con las grandes tecnológicas existentes para asegurar que los intereses comunitarios y nacionales, democráticos y ecológicos estén protegidos frente a la creciente
concentración de poder económico y político en manos de estas corporaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Francisco Sierra Caballero, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Sanidad
161/001748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la coordinación efectiva entre
los dispositivos sociales y sanitarios a través de modelos de Atención Integrada, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Las necesidades sanitarias y sociales que tenemos a lo largo de nuestra vida se presentan de forma concurrente e interdependiente. No se puede entender la salud individual únicamente desde la perspectiva de la relevancia del sistema
sanitario, sino que debe atenderse a la importancia de los cuidados sociales y comunitarios desde el nacimiento hasta la muerte. Las circunstancias sociales, entendidas en un sentido muy amplio (recursos económicos, situación laboral, vivienda,
redes de apoyo, soledad no deseada...) condicionan de forma considerable la evolución y el pronóstico de todas las enfermedades, desde las más leves hasta aquellas que coexisten en las personas más mayores o en las que tienen mayor vulnerabilidad
social.
Disfrutar de una mayor esperanza de vida, por tanto, es una buena noticia siempre y cuando esta se trate de una esperanza de vida con buena calidad. Al respecto, los datos del Perfil sanitario de España en el 2023 elaborado por la OCDE y el
Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas Sanitarios 3 apuntan lo siguiente:
'La población española de 65 años y más aumentó del 16,5 % en el año 2000 a más del 20 % en el 2020, porcentaje ligeramente inferior a la media de la UE del 21 %. Según las proyecciones, esta cifra aumentará hasta superar el 33 % de aquí a
2050. En 2020, una española de 65 años podía esperar vivir otros 22,4 años (alrededor de 1,4 años más que la media de la UE), mientras que un hombre podía esperar vivir 18,4 años más (1 año por encima de la media de la Unión). Además de disfrutar
de esperanzas de vida superiores a las medias de la UE, tanto los hombres como las mujeres en España pueden esperar pasar una mayor proporción de sus vidas después de los 65 años sin discapacidad, en comparación con las medias de la UE. Sin
embargo, al igual que en otros países, las mujeres españolas a partir de los 65 años tienen más probabilidades que los hombres de declarar múltiples enfermedades crónicas y limitaciones en sus actividades cotidianas, así que la brecha en la
esperanza de vida con buena salud es prácticamente nula.'
La coordinación de nuestros servicios sanitarios y sociales es compleja. Existe muchas veces una fragmentación en las tareas que se realizan que hace que las personas con
3 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f12f0172-es.pdf?expires=1710068967&id=id&accname=guest&checksum=095EABE9E3CE83783E2D45E4B874B836
problemas se pierdan y desorienten en un intrincado proceso asistencial o en el momento de solicitar determinadas prestaciones. Esta fragmentación puede suponer ineficiencia y desigualdad en la atención, consiguiendo una inequidad en el
acceso a los cuidados sociosanitarios.
Por ello, uno de los grandes retos para nuestro presente y nuestro futuro inmediato es dar un paso más allá de la coordinación sociosanitaria (de la que llevamos hablando más de cuarenta años) y avanzar en la Atención Integrada. En nuestro
país se han usado diferentes términos para aludir a esta complementariedad entre lo social y lo sanitario: 'espacio sociosanitario' 4, 'coordinación sociosanitaria' o sinónimos como 'complementariedad intersectorial', 'atención compartida',
'atención transmural', etc. En este sentido, la Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud definió la Atención Sociosanitaria como: 'aquella que comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos,
generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su
reinserción social'.
En los últimos años, partiendo de principios que ya se encontraban en la raíz conceptual de la Atención Primaria y Comunitaria, se ha comenzado a utilizar el nuevo término de Atención Integrada (Integrated Care), entendiendo por ello un
enfoque centrado en las necesidades de las personas y donde las rutas de cuidades estén perfectamente engranadas entre los diferentes sistemas sanitarios y sociales y los pacientes siempre tengan una persona claramente definida de referencia en su
proceso. De tal modo, la definición de Atención Integrada ampliaría la definición de Atención Sociosanitaria incorporando una visión más social a la perspectiva sanitaria. Atención Integrada, en definitiva, sería aquella 'que se dirige a la
consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias contando con su participación efectiva 5.'
Este modelo tiene también su raíz en el marco de referencia de la OMS sobre Servicios de Salud integrados centrados en las personas, publicado en el 2016 6. Este documento de la Organización Mundial de la Salud define 'People-Centred Care'
como un enfoque a los cuidados 'que adopta conscientemente las perspectivas de los individuos, cuidadores, familiares y las comunidades como participantes en, y beneficiarios de, sistemas de salud confiables que están organizados alrededor de las
amplias necesidades de la gente antes que alrededor de enfermedades individuales, y que respeta las preferencias sociales. La atención centrada en las personas también requiere que los pacientes tengan la formación y el apoyo que necesitan para
tomar decisiones y participar en su propio cuidado y que los cuidadores sean capaces de conseguir la funcionalidad máxima dentro de un ambiente laboral que les apoya. La atención centrada en las personas es más amplia que la atención centrada en el
paciente y la atención centrada en la persona, al abarcar no solo los encuentros clínicos, sino prestar también atención a la salud de la gente en sus comunidades y su rol fundamental como definidores de las políticas de salud y los servicios de
salud. La atención integrada no solamente es un enfoque para coordinar la actuación en determinadas patologías crónicas. Es muy probable que todo el mundo, todos nosotros, tarde o temprano, necesitemos respuestas integradas de los sectores social
y sanitario, bien durante un tiempo breve hasta la recuperación o por una duración larga. Todos estamos expuestos a un agravamiento de una enfermedad crónica que nos genere dependencia, a un daño cerebral sobrevenido, a un problema de salud mental,
a un
4 Sobremonte, E. y Leonardo, J. (2001): El espacio socio-sanitario en la Comunidad Autónoma de Euskadi: Una propuesta funcional de análisis. Vol. 39. http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/ZERBITZUAN%2039.pdf; De la Rica,
J.A., et al. (2016). La atención sociosanitaria en Euskadi. Una visión pragmática, Actas de Coordinación Sociosanitaria, vol. 16
5 Rodríguez, P. (2010): La atención integral centrada en la persona. Principios y criterios que fundamentan un modelo de intervención en discapacidad, envejecimiento y dependencia. Informes portal mayores, 106.
6 WHO Framework on integrated people-centred health services, Ginebra: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_39-en.pdf
accidente o a un COVID-persistente que genere discapacidad, a un proceso terminal que requiera cuidados paliativos. Es decir, son tantos y tan variados los grupos humanos y las necesidades susceptibles de atención integrada, que realmente
llega a ser la respuesta esperada para muchos; o mejor, ¡la respuesta necesaria para todos 7'.
La atención integrada tampoco es el ámbito exclusivo de la gestión de enfermedades crónicas. Bien es cierto que la respuesta eficaz al reto de la cronicidad solo puede hacerse desde la cooperación y el concurso entre los servicios
sanitarios, sociales y comunitarios, pero la atención integrada ha sido reclamada desde múltiples ámbitos, desde los enfoques de atención a mayores y envejecimiento, discapacidad, dependencia, enfermedades raras, salud mental, cronicidad, cuidados
paliativos, etc. Asimismo, las necesidades de coordinación de la atención a víctimas de maltrato y de violencia sexual, a personas sin hogar, o la atención temprana a niños y niñas, por poner solo algunos ejemplos, reclaman igualmente una respuesta
coordinada.
El desarrollo de la Atención Integrada en nuestro país ha tenido una progresión notable en las últimas décadas:
El paradigma de la coordinación social y sanitaria lleva gestándose desde los años 80 del siglo XX. Se han venido produciendo múltiples declaraciones programáticas tanto a nivel nacional como autonómico a favor de la coordinación entre
sistemas y servicios sociales y sanitarios. 'Todas las comunidades autónomas, en mayor o menor medida han formulado programáticamente la necesidad de coordinarse intersectorialmente con el fin de mejorarla atención a los colectivos a los que se
dirigían los planes y estrategias. Aunque en algunos casos se tratan de formulaciones generales no concretadas en acciones o intervenciones, en otros casos, son apuestas estratégicas decididas que despliegan acciones e intervenciones, establecen
recursos y estructuras de coordinación y especifican herramientas concretas 8'.
En febrero de 2010 en el marco de la primera conferencia conjunta del Consejo Interterritorial de Sanidad y el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) se acordó la elaboración de un Libro
Blanco para la coordinación sociosanitaria, con la participación de las Administraciones competentes en la materia. Dicho Libro presentó un mapeo de prácticas de coordinación sociosanitaria y de experiencias de éxito en el espacio sociosanitario en
las diferentes comunidades autónomas. Se ponía en evidencia que había poca conexión entre estas buenas prácticas y que eran necesario un liderazgo de estas 9. Igualmente, merece la pena mencionar que, aparte de declaraciones programáticas, también
hay suficientes experiencias prácticas ya implementadas en España 10.
La situación actual de nuestros sistemas sanitarios y sociales, y los cambios demográficos señalados, junto con la necesidad de un abordaje integral y eficaz de la protección, promoción, prevención y atención a la salud, nos señalan la
importancia de dar un paso más allá de la coordinación sanitaria y comenzar a pensar en términos de Atención Integrada. Esto supone:
- Un importante despliegue de recursos (roles profesionales, estructuras, inversión tecnológica, etc.) y una profunda reorganización de servicios (valga como ejemplo la necesidad de potenciar la Atención Primaria y Comunitaria como elemento
vertebrador de los sistemas sanitario y social).
- Requiere, igualmente, una transformación de valores y cultura organizativas, que cambie 'la forma de mirar de todos los agentes intervinientes'.
7 Álvarez Rósete, A., Martínez Martín, L. (2016): La Atención Integrada en España - Tres décadas de buenas intenciones (y algún que otro silencio), Actas de Coordinación Sociosanitaria, N. 18,
https://www.fundacioncaser.org/publicaciones-y-estudios/actas-de-coordinacion-sociosanitaria/historico/actas-de-coordinacion-sociosanitaria-n-18
8 OMIS (2018) Cinco años de atención integrada en España, https://issuu.com/new-health-foundation/docs/5_a_os_omis_v2
9 https://www.sanidad.gob.es/novedades/docs/Libro_Blanco_CCS_15_12_11.pdf
10 OMIS (2018) Cinco años de atención integrada en España, https://issuu.com/new-health-foundation/docs/5_a_os_omis_v2
- Requiere un sistema social que funcione en un plano de igualdad y no subsidiario al sistema sanitario y donde sea necesario plantearse la posibilidad de la integración orgánica y funcional de dispositivos sociales y sanitarios.
- Teniendo en cuenta las buenas prácticas, los avances existentes ya en algunas comunidades autónomas (a nivel más estratégico o a nivel más operativo en algunos proyectos de excelencia) asumir que el Gobierno tiene un protagonismo en
organizar las bases de la Atención Integrada, unificando servicios y coberturas configurando 'los servicios sociales como un verdadero sistema de servicios, al igual que lo son los servicios sanitarios y romper, de una vez por todas, la
configuración como un sistema de ayudas y el funcionamiento fragmentado. El Estado tiene un papel importantísimo y esencial en la financiación, en la cartera de servicios y en la calidad 11'.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan de Atención Integrada que articule una estrategia sólida para coordinar los sistemas sanitario y social, basándose en un enfoque centrado en las personas y garantizando una atención integral y continua.
2. Elaborar dicho Plan de Atención Integrada a partir de las experiencias de trabajo en las diferentes comunidades autónomas, escalando las buenas prácticas existentes, tanto estatales como autonómicas, fomentando la transferencia de
conocimiento y replicación de modelos exitosos a nivel estatal. Este Plan de elaborará de forma conjunta entre los ministerios con competencias en la materia junto a las diferentes Comunidades Autónomas y la participación activa del tercer sector y
sociedad civil.
3. Fortalecer la Atención Primaria con una orientación comunitaria y sociosanitaria, como eje vertebrador, integrando estructuras territoriales, promoviendo la capacitación profesional e incorporación de profesionales del ámbito social y
asegurando el acceso equitativo a los servicios.
4. Seleccionar prácticas de organización territorial y decretos de estructura donde se proponen fórmulas orgánicas y funcionales de coordinación entre consejerías, direcciones generales y servicios sociales municipales.
5. Impulsar la participación activa y vinculante de la sociedad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de atención integrada, incluyendo a entidades del tercer sector y redes comunitarias, atendiendo al criterio de
complementariedad y reforzando los recursos públicos a su disposición.
6. Garantizar una financiación suficiente y sostenible para implementar medidas innovadoras, con indicadores claros de seguimiento que reflejen avances en calidad de vida y bienestar de la población.
7. Promover la innovación tecnológica y organizativa, orientada a simplificar los procesos de atención, reducir la fragmentación de servicios, reforzar la interoperabilidad y coordinación entre las administraciones y con el tejido
asociativo, y asegurar la accesibilidad a todos los colectivos, especialmente a los más vulnerables.
8. Incluir en este Plan de Atención Integrada procesos de desarrollo y acción comunitaria y programas de promoción y protección de la salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Rafael Cofiño Fernández, Alda Recas Martín, Agustín Santos Maraver, Júlia Boada Danés, Lander Martínez Hierro y Engracia Rivera Arias, Diputados.-Verónica Martínez Barbero y
Vicenç Vidal Matas, Portavoces Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
11 Declaraciones de Isabel Donado, Gerente de New Health Foundation, Cuestionario Coqemfe.
161/001754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El grupo parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de la salud global y el compromiso con el sistema
multilateral, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La salud es un derecho humano fundamental que trasciende fronteras y requiere de la cooperación internacional para enfrentar desafíos sanitarios globales. Es, además, un bien público global cuya promoción contribuye a asegurar el progreso
de las sociedades, la seguridad humana y la paz.
Como consecuencia de la interdependencia derivada de la globalización, desde finales del siglo pasado, hemos asistido a la creación de un gran entramado de organizaciones que ayudan a la gobernanza, gestión y respuesta al creciente número de
retos para la salud cuya naturaleza va más allá de las fronteras nacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) desempeña un papel central en este sistema de gobernanza, facilitando la coordinación de esfuerzos, estableciendo normas y
estándares técnicos, y promoviendo políticas de salud pública a nivel mundial.
La reciente decisión de Estados Unidos de retirarse de la OMS a partir del 22 de enero de 2026 supone una amenaza a la estabilidad y trabajo adecuado de este sistema multilateral, con posibles implicaciones negativas para la salud global.
Este anuncio muestra una tendencia creciente en nuestro contexto político, que niega el valor de la acción colectiva multilateral para abordar problemas comunes. Además, subraya la dependencia que el sistema de salud global tiene de un único país.
En definitiva, demuestra la necesidad de aumentar el compromiso con un sistema que ha contribuido a mejorar la salud de todas las personas.
España ha demostrado recientemente un firme compromiso con la salud global y la cooperación internacional. Recientemente, aumentó su contribución a la OMS, recuperando su aportación a ONUSIDA e incrementado la financiación a la organización
UNITAID y al Fondo Mundial para la lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria. En noviembre de 2024, la ministra de Sanidad, Mónica García, fue elegida representante de Europa en el Comité Ejecutivo de la OMS, marcando el regreso de España a
este órgano de gobernanza después de dos décadas. Finalmente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó recientemente en el Foro Económico Mundial de Davos la relevancia estratégica de la salud global, enfatizando la necesidad de
garantizar la equidad en el acceso a innovaciones sanitarias y de fortalecer el multilateralismo como vía para abordar los desafíos compartidos por toda la humanidad.
En este contexto, es imperativo que España continúe fortaleciendo su compromiso con la OMS y la gobernanza de la salud global, asegurando una participación activa y constructiva en la formulación e implementación de políticas sanitarias
internacionales, así como mejorando la coordinación entre administraciones para responder de forma conjunta a los problemas sanitarios globales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar y fortalecer el compromiso de España con la Organización Mundial de la Salud, manteniendo y, en la medida de lo posible, incrementando las contribuciones financieras obligatorias y voluntarias para apoyar sus programas y
actividades.
2. Reafirmar y fortalecer el compromiso europeo con la Organización Mundial de la Salud, promoviendo el debate en las instituciones europeas para aumentar las
contribuciones financieras obligatorias y voluntarias que apoyen los programas y actividades de la organización.
3. Fomentar la cooperación multilateral en materia de salud, estableciendo alianzas con organizaciones internacionales clave en la gobernanza de la salud global, aumentando las contribuciones económicas, con el fin de fortalecer la
gobernanza de la salud global.
4. Promover las estructuras de gobernanza nacionales que refuercen la posición y el compromiso español con la salud global, aprovechando el desarrollo de la Estrategia Española de Salud Global, para crear organismos de colaboración
interministerial bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio de Sanidad y Exteriores, que permitan coordinar políticas nacionales e internacionales que mejoren la salud global.
Con estas acciones, España reafirma su compromiso con la salud global y su determinación de contribuir activamente al fortalecimiento de la gobernanza sanitaria internacional, en beneficio de la salud y el bienestar de todas las personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2025.-Alda Recas Martín, Teslem Andala Ubbi, Rafael Cofino Fernández y Agustín Santos Maraver, Diputados.-Verónica Martínez Barbero, Aina Vidal Sáez, Àgueda Micó Micó y Enrique Fernando
Santiago Romero, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la diálisis domiciliaria, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) se ha convertido en un grave problema de salud pública, con un preocupante crecimiento en los últimos años en España y en todos los países de nuestro entorno, asociado en parte al aumento de la longevidad y
la esperanza de vida de la población.
Pero es que, además, y de acuerdo con el Documento Marco sobre Enfermedad Renal Crónica (ERC) dentro de la Estrategia de Abordaje a la Cronicidad en el SNS, la 'ERC es un importante problema de Salud Pública asociado a una mortalidad
prematura (especialmente de origen cardiovascular) con importantes implicaciones sociales y económicas'.
Las causas más comunes de ERC terminal que en muchos casos coexisten, y que pueden llegar a requerir Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS) son: Nefropatía diabética; Enfermedad vascular arteriosclerótica; Nefroangiosclerosis; Nefropatía
isquémica; la Enfermedad glomerular primaria o secundaria a enfermedad sistémica; las Nefropatías congénitas y hereditarias, y las Nefropatías. Además, hay que tener en cuenta la existencia de factores de riesgo como la edad o el género, con
otras condiciones evitables como son la obesidad, la dislipemia, el tabaquismo, la hiperuricemia y la enfermedad cardiovascular.
Según datos de 2022 de la Sociedad Española de Nefrología, 'en España, el estudio EPIRCE halló en 2010 que la ERC afecta aproximadamente al 10 % de la población adulta española y a más del 20 % de los mayores de 60 años' (...). 'Más
recientemente, el análisis de la información recogida en el estudio ENRICA-Renal ha situado la prevalencia de la ERC en el 15,1 %, por encima de la estimada por The Global Kidney Health Atlas para España'.
De estos, una parte pequeña, pero muy relevante por lo que tiene de impacto en la calidad de vida de las personas y en el sistema público de salud, necesita un TRS que
sustituya la función de sus riñones cuando la enfermedad está en fases avanzadas y estos ya no pueden realizarla. Esa población que necesita TRS tampoco ha parado de crecer, en concreto un 30 % en la última década, situándose actualmente en
casi 68.000 personas, con una media de 7.000 nuevos casos (incidencia) anuales.
Incrementar las cifras del TRS en el domicilio, en especial la diálisis peritoneal (DP), es uno de los retos más relevantes para nuestro Sistema Nacional de Salud en el abordaje de la ERC por varias razones.
En primer lugar, porque tiene un impacto clínico muy positivo (menor tasa de hospitalizaciones y visitas a los servicios de urgencias, menos infecciones y menos graves, mejor preservación de la función renal residual, mejores resultados tras
el trasplante y mejor manejo de la enfermedad cardiovascular especialmente la insuficiencia cardiaca, entre otras). Y lo que es más importante, la supervivencia del paciente es mejor (al menos en los primeros 3 o 4 primeros años) al compararlo con
la otra forma de TRS que es la hemodiálisis en centro sanitario (HD).
Un segundo aspecto está relacionado con la mejor calidad de vida y la posibilidad de una mejor conciliación de la vida laboral y familiar frente a las técnicas de diálisis en el hospital. Esto es fácil de entender al tratarse la DP de una
técnica que se realiza en el entorno familiar, sin desplazamiento innecesario y con flexibilidad de horarios.
En tercer lugar, porque los tratamientos domiciliarios suponen menos costes económicos que la HD (el coste medio de la HD es de 70.000 euros por paciente y año, frente a los 30-50.000 de la DP, en función de que se haga DP manual o
automática). Si bien es cierto, también es necesario tener en cuenta el coste de los requisitos indispensables para su prestación, como pueden ser los de suministro eléctrico o el establecimiento de los recursos profesionales necesarios.
Y finalmente, porque el TRS domiciliario tienen un menor impacto ambiental: la DP consume un 80 % menos de agua que la HD, un 93 % menos de electricidad, genera un 60 % menos de gases efecto invernadero y un 35 % menos de residuos, al
compararlo con la HD.
Sin embargo, y a pesar de todas estas evidencias, el número de personas que inician la diálisis en sus domicilios en nuestro país sólo representa el 17 %, frente al 76 % de quienes comienzan la diálisis en un centro.
Son muchos los pacientes que podrían beneficiarse de dializarse en casa y a todos ellos se les debe dar la oportunidad de hacerlo. En ocasiones, personas mayores o frágiles deciden hacer DP, pero no la pueden realizar por falta de una ayuda
para su desarrollo, a pesar de las ventajas que supondría para ellos y para el Sistema Nacional de Salud.
Un estudio estimó que aumentar el uso de DP en España para tratar al 30 % de los pacientes a lo largo de 15 años supondría un ahorro de 500 millones de euros y aumentaría las tasas de supervivencia. Un informe de 2013 estimó además que si
el 30 % de los pacientes que reciben diálisis utilizaran DP, como en algunos países de la UE, el ahorro en costes indirectos (pérdida de productividad) relacionados con la morbilidad superaría los 13,5 millones de euros en España. Mantener este
porcentaje supondría un ahorro estimado de 21 millones de euros porque la DP permite a los pacientes seguir trabajando (50 frente al 22 % de la HD) y mantener un estilo de vida activo, lo que es importante porque el 50 % de los pacientes que inician
diálisis en España están en edad laboral. Por último, un análisis coste-efectividad del programa español de TRR también mostró que sería más rentable aumentar el número de pacientes incidentes que utilizan DP.
Por esta razón, y en un contexto en el que convergen factores como el envejecimiento de la población, el crecimiento de la incidencia y prevalencia de las patologías renales, el desafío de asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario y
los retos relacionados con el Cambio Climático, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos plantear la necesidad de promover la diálisis en los domicilios de los y las pacientes.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con las Comunidades Autónomas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, y en el marco del Consejo Inter-territorial del Sistema Nacional de Salud, y del desarrollo
de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud:
1. Establecer como objetivo prioritario en el abordaje de la Enfermedad Renal Crónica el aumento de las personas que inician diálisis en sus domicilios, por el menor impacto clínico que genera en los pacientes y la mayor calidad de vida que
ofrece a éstos, fijando las metas a alcanzar en el período 2025-2027.
2. Incorporar la equidad como criterio en la creación de las unidades de diálisis domiciliarias necesarias, para garantizar la igualdad de oportunidades de acceso en todo el territorio.
3. Avanzar en el establecimiento de sistemas de acreditación y certificación de calidad en las consultas de Enfermedad Renal Crónica Avanzada, a fin de asegurar la mejor atención sanitaria en fases avanzadas de la enfermedad, promover la
diálisis domiciliaria, el acceso al trasplante renal de forma precoz y el desarrollo de modelos de diálisis peritoneal asistida.
4. Desarrollar campañas de concienciación para informar y sensibilizar a los pacientes sobre los beneficios de los tratamientos renales sustitutivos domiciliarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2025.-Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Víctor Camino Miñana, María Luisa Faneca López, Margarita Martín Rodríguez, Carmen Martínez Ramírez, María Isabel Moreno Fernández,
Modesto Pose Mesura, Caridad Rives Arcayna, Emilio Sáez Cruz, María Sainz Martín y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Montse Mínguez García y Maribel García López, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución de progresos
en prevención, diagnóstico precoz, l+D+i y tratamiento temprano, eficaz, humanizado y personalizado del cáncer infantil en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 'cáncer es una de las principales causas de mortalidad en la niñez y la adolescencia', pues 'cada año lo padecen unos 400.000 niños y adolescentes' con edades comprendidas 'entre 0
y 19 años'.
La propia OMS plantea que 'el 10 % de los niños que padecen cáncer tienen predisposición genética' y hace referencia a la leucemia, a los cánceres cerebrales, a los linfomas y a los tumores sólidos como los tipos de cáncer más prevalentes
durante la infancia. Además, explica en su informe 'Desigualdades del cáncer infantil en la Región Europea' del año 2022 que en las últimas décadas se han producido avances en términos de supervivencia que sitúan la curación en el 80 % de los
casos.
En el mismo sentido, desde la Comisión Europea cuantifican en 300.000 ios supervivientes de cáncer infantil gracias a los progresos experimentados en los últimos años en materia de detección precoz, de efectividad de las terapias y de
desarrollo de los cuidados de apoyo.
En convergencia con los planteamientos realizados desde la OMS y la Comisión Europea, en España, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (Sehop), y la Asociación
Española de Pediatría (AEP), la curación se produce en una proporción superior a ocho de cada diez pacientes.
Desde la propia SEOM se cuantifica la incidencia anual del cáncer infantil en nuestro país en 14,4 casos por cada 100.000 niños -en torno a los 1.500 niños según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap); el 3 % del
total de tumores diagnosticados según la Asociación Española Contra el Cáncer-, siendo los casos más numerosos las leucemias, los tumores en el sistema nervioso central, linfomas y neuroblastomas. También se afirma desde la SEOM que a pesar de los
avances diagnósticos y terapéuticos acontecidos, el cáncer es en nuestro país la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia y la adolescencia, y conlleva un impacto considerable tanto para el paciente como para su familia y su entorno
social.
De igual forma, la SEOM destaca como variables que impiden un mejor abordaje de los tumores infantiles la dificultad en el diagnóstico -pues los primeros síntomas suelen ser inespecíficos y pueden atribuirse inicialmente a enfermedades
pediátricas más habituales-, la complejidad en la prevención primaria y secundaria -a pesar de iniciativas como los programas de cáncer hereditario, las guías interdisciplinares (Pediatría, Hematología, Oncología...) de detección temprana y la
investigación sobre factores medioambientales- y el hecho de que dentro del cáncer infantil estén catalogados -con datos del Registro Español de Tumores Infantiles- 15 grupos diferentes de enfermedades neoplásicas de las que 'muchas' son
clasificadas como 'cánceres raros' por su incidencia inferior a los seis casos anuales por cada 100.000 personas.
Desde la Sehop consideran necesario 'disminuir los efectos secundarios que en ocasiones puede comportar el tratamiento del cáncer infantil y velar por la calidad asistencial y la calidad de vida de los supervivientes' y sus allegados, y
desde asociaciones de pacientes como la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer inciden en las diferencias etiológicas que existen entre el cáncer infantil y los casos en adultos, así como en la necesidad de que dichas diferencias sean
adecuadamente apreciadas a la hora de procurar avances tanto desde la perspectiva asistencial e investigadora, como desde el punto de vista afectivo, el educativo y el social.
Por todo lo anterior, considerando recomendaciones como las incluidas en la 'Guía de detección temprana de cáncer en niños y adolescentes' elaborada por la Aepap, Sehop, la mencionada Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y la
AEP; desde los parámetros de trabajo establecidos por el 'Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer' y la 'Estrategia en Cáncer del SNS', y con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a materializar todas las medidas que sean necesarias para hacer tangibles avances en la prevención, la detección precoz y el tratamiento temprano, eficaz, personalizado, de precisión y
humanizado del cáncer infantil en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El Gobierno también impulsará la investigación específica -ensayos clínicos incluidos- frente al cáncer infantil para acelerar la consecución de progresos reales en su tratamiento integral; garantizará un acceso ágil, equitativo y
cohesionado a los avances terapéuticos y tecnológicos en todo el SNS, y favorecerá una atención transversal desde el ámbito sanitario, el social -especialmente desde el prisma psicológico y emocional- y el educativo.
Para todo ello, el Gobierno invertirá cuantos recursos humanos, materiales, estructurales y tecnológicos sean necesarios, trabajando en todo momento desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y la coordinación plena y permanente
con las asociaciones de pacientes, los representantes de los profesionales sanitarios, la industria farmacéutica y las empresas de biotecnología y tecnología sanitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Ester Muñoz de la Iglesia, Elvira Velasco Morillo, Cristina Abades Martínez y Jaime Miguel de los Santos González, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas, para su debate
en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Las enfermedades tropicales desatendidas (ETDs) han acompañado a los seres humanos a lo largo de toda la historia. Afecta a las poblaciones con menos recursos y suponen una pesada carga para millones de personas en todo el mundo. Son
enfermedades frecuentes, principalmente en zonas tropicales y subtropicales del planeta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), las define como desatendidas porque a pesar de su alta morbimortalidad están en gran medida fuera de los programas de salud mundial porque afectan a poblaciones pobres y en su mayoría marginales.
Se caracterizan por ser un grupo de afecciones diversas, causadas por una variedad de patógenos que incluyen virus, bacterias, parásitos, hongos y toxinas, y conllevan consecuencias sanitarias, sociales y económicas devastadoras. Aunque son
prevenibles y tratables cuando se detectan temprano.
Las ETDs incluyen a 21 enfermedades entre las que se incluyen: úlcera de Buruli; Enfermedad de Chagas; dengue y chikungunya; dracunculosis; equinococosis; trematodiasis de transmisión alimentaria; enfermedad del sueño; leishmaniasis;
lepra; filariasis linfática; micetoma, cromoblastomicosis y otras micosis profundas noma; oncocercosis; rabia; sarna y otras ectoparasitosis; esquistosomiasis; helmintiasis transmitidas por el suelo; envenenamiento por mordedura de
serpiente; teniasis/cisticercosis; tracoma; y pian.
Incluso hoy en día, cuando la atención se centra en lograr la cobertura universal de la salud, son muy pocos los recursos que se destinan a este tipo de enfermedades. Y eso a pesar de que es una responsabilidad colectiva hacer frente a las
personas afectadas y a las desigualdades, y así acabar con estas enfermedades que son prevenibles.
Estas enfermedades, son además un gran problema de salud pública en los países más pobres del planeta.
El acceso al agua potable, la manipulación segura de alimentos, la buena higiene y la reducción de los riesgos ambientales contribuyen a prevenirlas. Igualmente, el retraso en la búsqueda de tratamiento y atención puede derivar en
discapacidad y muerte, de ahí la importancia de su detección temprana.
'No dejar a nadie atrás', este compromiso de la Agenda 2030 es la promesa y el compromiso común para hacer efectivos los derechos y el bienestar de todos en un planeta sano y próspero, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que son
la hoja de ruta universal acordada y cuya meta 3.3 habla de poner fin a las epidemias del VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis y las enfermedades desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles.
En el último decenio se lograron importantes progresos. Según datos de la OMS, 'entre 2010 y 2023 el número de personas que necesitaban intervenciones contra enfermedades tropicales desatendidas disminuyó de 2190 millones a menos de 1500
millones, o sea un 31 %'. 'Al finalizar 2024, 54 países habían eliminado al menos una ETDs, lo que supone la mitad del camino hacia el objetivo de 100 países fijado para 2030'; cada año, centenares de millones de personas en riesgo de contraer
ETDs reciben tratamiento o atención.
El logro es encomiable y pone de relieve las posibilidades de seguir avanzando en la lucha contra las ETDs para las que se han fijado metas de erradicación, de eliminación, y de eliminación como problema de salud pública. Al mismo tiempo,
subraya la necesidad de desplegar más esfuerzos innovadores para aumentar el número de países y de enfermedades incluidos en ese grupo.
Durante la pandemia de la COVID-19, los programas sobre ETDs fueron algunos de los más frecuente y gravemente afectados por sus recortes. Muchos países tuvieron que aplazar las intervenciones comunitarias, entre ellas las de
quimioprofilaxis o la detección activa de casos, mientras que el acceso a los servicios de los centros de salud se vio reducido debido a las restricciones de los desplazamientos, tanto para el personal sanitario como para los pacientes. Igualmente,
las líneas de producción y suministro de medicamentos y pruebas diagnósticas se readaptaron para satisfacer la gran demanda de productos durante la pandemia, y el envío de productos básicos a los países se vio gravemente interrumpido. Si bien cabía
esperar que la disminución progresiva de las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la salud pública señalara un regreso a la normalidad, ello no ha ocurrido.
En 2020, el número de personas beneficiadas por intervenciones de tratamiento de masa se redujo a 798 millones, en comparación con los 1207 millones de 2019. Si bien en 2021 se reanudaron las actividades, la recuperación observada estaba
lejos de los niveles previos a la COVID-19. En 2022 se dispensó tratamiento a 848 millones de personas, una cifra todavía muy por debajo de los niveles anteriores a la COVID-19.
Según los últimos informes, en 2023, 1500 millones de personas precisaron intervenciones contra las enfermedades tropicales desatendidas (ETDs). Lo que supuso una disminución de los objetivos del 31 % con respecto a 2010, y nos aleja de la
trayectoria necesaria para cumplir la meta mundial prevista en la hoja de ruta de una reducción del 90 % del número de personas que necesitan intervenciones contra las ETDs para 2030, tal y como se recoge en la Agenda 2030. Además, el acceso al
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene es en general del 85,8 % en los países con ETDs endémicas y del 63 % entre la población que precisa de intervenciones contra las ETDs; la proporción de la población en riesgo que está protegida frente a
los gastos de salud sufragados por cuenta propia y que acarrean consecuencias catastróficas debido a las enfermedades tropicales desatendidas es del 87,4 %.
Son enfermedades que representan una pesada carga humana, social y económica para más de mil millones de personas de todo el planeta, sobre todo en países de ingresos medianos y bajos.
Por poner unos ejemplos, sólo las mordeduras de serpiente, la rabia y el dengue causan más de 200.000 muertes todos los años, mientras que la falta de un tratamiento oportuno provoca graves discapacidades físicas, debilidad y desfiguración a
otros tantos cientos de miles de personas con la consiguiente exclusión social, estigmatización y discriminación.
Además, para afrontar la enfermedad, los afectados y sus familias han de incurrir en gastos sanitarios directos lo que les impone una presión económica considerable, e incluso para los países en los que se produce (tanto en el momento del
diagnóstico como del tratamiento), inclusive cuando las pruebas y los medicamentos en sí son gratuitos. Esto se
traduce a su vez en pérdida de productividad y merma del rendimiento educativo y socioeconómico.
Los últimos informes nos indican que el diagnóstico de las ETDs presentan grandes diferencias según nos encontremos en un país de renta alta o renta media/baja. Y si bien existen tratamientos eficaces para muchas ETDs, tal y como ocurre con
las pruebas diagnósticas, el acceso a dichos tratamientos difiere mucho entre países, entre zonas rurales y urbanas y entre el sector público y el privado.
En la actualidad, estos problemas persisten y la lentitud de los avances pone de relieve la complejidad de combatir a escala mundial las ETDs, lo que dificulta el cumplimiento de los ambiciosos objetivos establecidos en los Informes de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Aunque la OMS es optimista, siguen existiendo importantes dificultades. Algunas de ellas pueden ser consecuencias derivadas de las consecuencias del cambio climático, conflictos, nuevas amenazas zoonóticas y problemas ambientales que
afectan a la salud, y desigualdades socioeconómicas que no dejan de obstaculizar directamente el acceso a servicios de salud, vivienda adecuada, agua potable y saneamiento. Por otra parte, las inestabilidades políticas, los flujos migratorios y las
resistencias a los tratamientos pueden complicar aún más la situación y exigirán medidas de mitigación complementarias.
Sin duda, los recursos destinados a las ETDs muchas veces son inadecuados para paliar las agudas necesidades que conllevan. Intervenir en esta área es una de las mejores inversiones que se pueden realizar en salud pública y contribuiría de
modo significativo a la cobertura sanitaria universal y la protección social de las personas. Los avances contras las enfermedades tropicales desatendidas suponen aliviar la carga humana y económica que imponen a las comunidades que las padecen.
Avanzar contra las enfermedades tropicales desatendidas es un asunto de derechos humanos, pues hablamos de luchar contra el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la
educación o la salud. Puesto que son enfermedades que afectan a poblaciones desatendidas y que hacen que se perpetúe en ellas un ciclo de resultados educativos deficientes y oportunidades profesionales limitadas; además, están asociadas a la
estigmatización y a la exclusión social. Afectan mucho más a la población infantil, la más vulnerable de todas, puesto que además son más vulnerables a las infecciones causadas por la mayoría de las ETDs. Igualmente, causan estigma y
discriminación, especialmente en niñas y mujeres, y pueden implicar abusos.
Y lo más reseñable, que ya hemos señalado, muchas pueden prevenirse o incluso erradicarse con un mejor acceso a un tratamiento adecuado y a las herramientas de diagnóstico disponibles.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar apoyando la lucha contra las ETDs a través de los programas y proyectos desarrollados desde diferentes Organizaciones Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales, que están participando activamente y de manera nacional y
global a la lucha contra estas enfermedades aplicando los criterios y prioridades de la próxima Estrategia Española de Salud Global.
2. Reforzar el Fondo de Cooperación para el Agua y el Saneamiento (FCAS), impulsando la agenda de agua y aprovechar así su impacto en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas.
3. Continuar la consolidación del trabajo en el ámbito de la salud que se realiza con los organismos multilaterales, reforzando el papel de España en los mismos y en la agenda internacional.
4. Impulsar iniciativas presentadas por los Estados y Organizaciones Internacionales, que trabajen desde este ámbito de la salud.
5. Estudiar la posibilidad de incluir en el futuro en el Plan de Acción de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), una mención expresa a la inversión en la lucha contra las enfermedades tropicales
desatendidas (ETDs).
6. Adaptar y enfocar nuestra cooperación a la situación actual de América Latina y Caribe, bajo el prisma de garantizar los derechos al agua potable y al saneamiento y su impacto en otras áreas como salud o reducción de las desigualdades y
ampliar esta actuación a las acciones desarrolladas en el continente africano o asiático.
7. Continuar el impulso de la Agenda Europea de Diplomacia Científica, destacando las actividades referentes a la medicina personalizada y salud global.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-María Guijarro Ceballos, Olvido de la Rosa Baena, Luc Andre Diouf Dioh, Lídia Guinart Moreno, Cristina López Zamora, José Losada Fernández, Jonay Quintero Hernández, María Isabel
Moreno Fernández, Susana Ros Martínez, Emilio Sáez Cruz, David Serrada Pariente y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Montse Mínguez García y Javier Alfonso Cendón, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en apoyo de las abuelas de Sepur Zarco: supervivientes de la esclavitud sexual del
ejército de Guatemala, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La nueva Ley de Cooperación aprobada recientemente por la gran mayoría de la representación parlamentaria recoge una perspectiva feminista que convierte la igualdad en un eje transversal de todas las acciones de cooperación. Se trata de un
gran valor añadido, de reconocimiento y de justicia. De más y mejor democracia.
El pasado 23 de octubre, una destacada delegación de 'las abuelas' de Sepur Zarco (Guatemala), de ONU mujeres y de la asociación de Mujeres de Guatemala AMG, realizaron una visita de trabajo en nuestro país. Su agenda tenía un amplio
contenido internacional y una representación de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo tuvo la oportunidad de escuchar, compartir y ser partícipes de la lucha por la justicia y reparación de las mujeres y niñas en los conflictos
bélicos. En este caso con un factor añadido: el de ser mujeres indígenas y pobres.
Las Abuelas de Sepur Zarco son un grupo de mujeres indígenas que sobrevivieron a actos de desapariciones forzosas, asesinatos, violencia sexual y esclavitud atroces cometidos por el ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno
en Guatemala en los años 80 del siglo pasado.
Hasta 71 mujeres sufrieron las desapariciones forzosas y los asesinatos de sus familiares, la esclavitud doméstica y la violencia sexual de los militares bajo el silencio del Gobierno. Quince mujeres denunciaron y, treinta y cinco años
después, han conseguido que, por primera vez en el mundo, un tribunal nacional, aplicando leyes nacionales e internacionales, juzgó un crimen de persecución internacional como es la esclavitud sexual relacionada con los conflictos armados y, se
condenase la esclavitud sexual como crimen de guerra.
Este caso sin precedentes concluyó con la condena de dos exmilitares por delitos de lesa humanidad y la concesión de 18 medidas de reparación transformadoras para las sobrevivientes y para su comunidad.
Las Abuelas de Sepur Zarco, como se las conoce respetuosamente, esperan poder vivir hoy con justicia. Para ellas, la justicia incluye educación para las niñas y niños de su
comunidad con medidas como mejoras de escuelas o becas para la educación, el acceso a la tierra, una clínica sanitaria y un conjunto de medidas que pongan fin a la pobreza extrema que su comunidad ha sufrido durante generaciones.
Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, ONU Mujeres lidera los esfuerzos dirigidos a conseguir que se aplique la sentencia transformadora dictada en el caso Sepur Zarco. Para ello, trabaja en
colaboración con las autoridades nacionales, la sociedad civil guatemalteca y otros organismos de las Naciones Unidas.
En definitiva, el acceso de las mujeres a la justicia es un pilar fundamental para garantizar la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, especialmente en contextos
tras los conflictos donde las mujeres hayan sido víctimas y supervivientes de violaciones sistemáticas de derechos humanos y discriminación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Expresar todo nuestro reconocimiento y apoyo al coraje y valentía de las Abuelas de Sepur Zarco.
2. Manifestar nuestro firme compromiso para que, a través de la Cooperación Internacional al Desarrollo de nuestro país y con las gestiones oportunas, se inste al Gobierno de Guatemala a que, a la mayor brevedad posible, se lleven a cabo
las acciones de reparación tal y como recoge la sentencia.
3. Fortalecer las capacidades de Guatemala a través de la cooperación española desarrollando las medidas de reparación transformadora, con especial énfasis en el enfoque de protección y defensa de derechos humanos y libertades fundamentales
y de igualdad de género.
4. Continuar impulsando medidas para combatir la impunidad en los casos de violencia sexual en el marco de los conflictos y garantizar el acceso de las mujeres a la justicia de género y a reparaciones. Avanzar en la lucha contra las
prácticas dilatorias ejercidas para que las supervivientes desistan de los casos.
5. Continuar promoviendo y reforzando a través de la cooperación internacional la participación de las mujeres mediante ejercicios de consulta en los que se garanticen su participación en la planificación, aplicación y seguimiento en todos
los procesos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-María Guijarro Ceballos, Olvido de la Rosa Baena, Luc Andre Diouf Dioh, Lídia Guinart Moreno, Cristina López Zamora, José Losada Fernández, Jonay Quintero Hernández, María Isabel
Moreno Fernández, Susana Ros Martínez, Emilio Sáez Cruz, David Serrada Pariente y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Montse Mínguez García y Javier Alfonso Cendón, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/001775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley sobre la reducción de la jornada laboral y su impacto
positivo en las mujeres, para su debate y aprobación en Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La historia de los derechos laborales está marcada por conquistas que han transformado profundamente nuestras sociedades, acercándolas a modelos más justos y democráticos. Una de las más relevantes pero que más tiempo lleva sin lograr
avances significativos en nuestro país es la de la duración de la jornada laboral. En España, esta lucha ha tenido hitos importantes, como la aprobación de la jornada de ocho horas tras la huelga de La Canadiense en 1919, que constituyó una de las
movilizaciones obreras más significativas de nuestra historia.
Pero hace más de un siglo de aquella histórica protesta. Desde la década de los 80 del siglo pasado se han pactado, progresivamente, algunas reducciones muy puntuales en la jornada laboral. Primero en 1983 estableciendo la jornada semanal
de 40 horas, y luego otras posteriores, aunque acotadas solamente a algunos sectores y en determinados convenios colectivos. Desde 2007 este proceso se ha estancado. Hoy, la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, sin
reducción del salario, se presenta como una continuación de todas estas reivindicaciones, adaptada a los retos del siglo XXI.
La sociedad reclama una nueva reducción generalizada de la jornada de trabajo para ganarle tiempo a la vida, hasta el punto de que más de un 80 % de la población cree que esta medida es absolutamente necesaria, siempre y cuando no implique
una reducción del salario. Fijar la jornada laboral en 37,5 horas semanales no solo constituye un avance técnico en la regulación del tiempo de trabajo a nivel laboral y un más que demostrado incremento de la productividad para nuestra economía,
sino que va aun más allá: supone un paso hacia un modelo de sociedad más equitativo en términos sociales, y más sostenible en términos ambientales. Hay numerosa evidencia de que la reducción de la jornada laboral tiene efectos positivos en
aspectos como la salud de las personas trabajadoras -tanto física como mental-, en la reducción del absentismo, en la distribución más equitativa de las tareas de cuidados o en la reducción de las emisiones de partículas derivadas de un descenso en
los desplazamientos.
Y en esa línea de avances sociales, no podemos olvidar que la reducción de la jornada laboral tiene consecuencias directas y positivas en los derechos de las mujeres. Y así, su puesta en marcha es una demanda urgente, pues las españolas
trabajadoras llevan ya muchas décadas soportando altos niveles de discriminación laboral respecto de los hombres.
El mercado laboral español está marcado por una vergonzosa brecha de género. La brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en un 28,21 %, lo que implica que las trabajadoras perciben retribuciones significativamente inferiores a las
de sus homólogos masculinos por trabajos de igual valor. El desempleo femenino es sistemáticamente superior al masculino, con una diferencia de tres puntos porcentuales. Y la tasa de temporalidad entre mujeres es nueve puntos mayor que la de los
hombres, consolidando una mayor precarización de sus condiciones laborales, según fuentes de la EPA del tercer trimestre de 2024.
Precisamente, y en relación con la temporalidad, en España, las trabajadoras representan el 74 % de los contratos a tiempo parcial, una modalidad que, en la mayoría de los casos, no responde a una elección voluntaria, sino a la imposición de
estructuras laborales que perpetúan la desigualdad. Esta situación impacta negativamente en su capacidad económica, en sus cotizaciones a la seguridad social y, en última instancia, en sus pensiones, perpetuando la brecha de género en todas las
etapas de la vida laboral.
Ello se une a la segregación ocupacional que limita el acceso de las mujeres a sectores de mayor remuneración y responsabilidad. Aproximadamente 1,5 millones de españolas, según datos del Ministerio de Trabajo, trabajan parcialmente,
principalmente en los sectores del comercio, la hostelería, actividades de los Hogares o actividades administrativas y servicios auxiliares.
Para acabar con este escenario tan negativo para las mujeres, la reducción de la jornada laboral debe venir acompañada de elementos que permitan que quienes trabajen a tiempo parcial tengan derecho a seguir realizando el mismo número de
horas de trabajo
que viniesen efectuando antes de que entre en vigor la norma que aplique dicha reducción. Igualmente, estas personas deberían tener derecho a incrementar proporcionalmente su salario a partir de la aplicación de la jornada máxima ordinaria,
cuando esta se fije en 37,5 horas semanales. Así, profesiones como las empleadas del hogar, las camareras de piso, las dependientas de comercio y las trabajadoras del sector de cuidados, donde las mujeres son amplia mayoría, verían cómo esta medida
mejora sus condiciones económicas y laborales de forma tangible.
De este modo, no se puede entender esta medida de otra forma que no sea como un primer paso hacia un nuevo proyecto de sociedad más feminista, que nos permita recuperar algo que nos ha sido robado durante demasiado tiempo: el tiempo.
Tiempo para cuidar, para ser cuidadas, para el ocio, para la participación social y política, para construir una vida mejor y más plena. Reducir la jornada sin reducir el salario es un paradigma opuesto al modelo neoliberal que prioriza el
beneficio empresarial a costa de la vida de las personas. En unas jornadas laborales más cortas está la clave para avanzar hacia una economía más eficiente, una sociedad más igualitaria y un planeta más sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha todas las estrategias e iniciativas legislativas oportunas que permitan reducir la brecha laboral y salarial existente entre mujeres y hombres, de forma que, cuando se produzcan reducciones en la jornada laboral, se
permita, en primer lugar, que las personas trabajadoras a tiempo parcial seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando previamente y, en segundo lugar, que se reconozca su derecho a incrementar proporcionalmente su
salario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Esther Gil de Reboleño Lastortres, Engracia Rivera Arias y Júlia Boada Danés, Diputadas.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Juventud e Infancia
161/001774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución de progresos
en prevención, diagnóstico precoz, l+D+i y tratamiento temprano, eficaz, humanizado y personalizado del cáncer infantil en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 'cáncer es una de las principales causas de mortalidad en la niñez y la adolescencia', pues 'cada año lo padecen unos 400.000 niños y adolescentes' con edades comprendidas 'entre 0
y 19 años'.
La propia OMS plantea que 'el 10 % de los niños que padecen cáncer tienen predisposición genética' y hace referencia a la leucemia, a los cánceres cerebrales, a los linfomas y a los tumores sólidos como los tipos de cáncer más prevalentes
durante la infancia. Además, explica en su informe 'Desigualdades del cáncer infantil en la Región
Europea' del año 2022 que en las últimas décadas se han producido avances en términos de supervivencia que sitúan la curación en el 80 % de los casos.
En el mismo sentido, desde la Comisión Europea cuantifican en 300.000 los supervivientes de cáncer infantil gracias a los progresos experimentados en los últimos años en materia de detección precoz, de efectividad de las terapias y de
desarrollo de los cuidados de apoyo.
En convergencia con los planteamientos realizados desde la OMS y la Comisión Europea, en España, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (Sehop), y la Asociación
Española de Pediatría (AEP), la curación se produce en una proporción superior a ocho de cada diez pacientes.
Desde la propia SEOM se cuantifica la incidencia anual del cáncer infantil en nuestro país en 14,4 casos por cada 100.000 niños -en torno a los 1.500 niños según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap); el 3 % del
total de tumores diagnosticados según la Asociación Española Contra el Cáncer-, siendo los casos más numerosos las leucemias, los tumores en el sistema nervioso central, linfomas y neuroblastomas. También se afirma desde la SEOM que a pesar de los
avances diagnósticos y terapéuticos acontecidos, el cáncer es en nuestro país la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia y la adolescencia, y conlleva un impacto considerable tanto para el paciente como para su familia y su entorno
social.
De igual forma, la SEOM destaca como variables que impiden un mejor abordaje de los tumores infantiles la dificultad en el diagnóstico -pues los primeros síntomas suelen ser inespecíficos y pueden atribuirse inicialmente a enfermedades
pediátricas más habituales-, la complejidad en la prevención primaria y secundaria -a pesar de iniciativas como los programas de cáncer hereditario, las guías interdisciplinares (Pediatría, Hematología, Oncología...) de detección temprana y la
investigación sobre factores medioambientales- y el hecho de que dentro del cáncer infantil estén catalogados -con datos del Registro Español de Tumores Infantiles- 15 grupos diferentes de enfermedades neoplásicas de las que 'muchas' son
clasificadas como 'cánceres raros' por su incidencia inferior a los seis casos anuales por cada 100.000 personas.
Desde la Sehop consideran necesario 'disminuir los efectos secundarios que en ocasiones puede comportar el tratamiento del cáncer infantil y velar por la calidad asistencial y la calidad de vida de los supervivientes' y sus allegados, y
desde asociaciones de pacientes como la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer inciden en las diferencias etiológicas que existen entre el cáncer infantil y los casos en adultos, así como en la necesidad de que dichas diferencias sean
adecuadamente apreciadas a la hora de procurar avances tanto desde la perspectiva asistencial e investigadora, como desde el punto de vista afectivo, el educativo y el social.
Por todo lo anterior, considerando recomendaciones como las incluidas en la 'Guía de detección temprana de cáncer en niños y adolescentes' elaborada por la Aepap, Sehop, la mencionada Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y la
AEP; desde los parámetros de trabajo establecidos por el 'Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer' y la 'Estrategia en Cáncer del SNS', y con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a materializar todas las medidas que sean necesarias para hacer tangibles avances en la prevención, la detección precoz y el tratamiento temprano, eficaz, personalizado, de precisión y
humanizado del cáncer infantil en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El Gobierno también impulsará la investigación específica -ensayos clínicos incluidos- frente al cáncer infantil para acelerar la consecución de progresos reales en su tratamiento integral; garantizará un acceso ágil, equitativo y
cohesionado a los avances terapéuticos y tecnológicos en todo el SNS, y favorecerá una atención transversal desde
el ámbito sanitario, el social -especialmente desde el prisma psicológico y emocional- y el educativo.
Para todo ello, el Gobierno invertirá cuantos recursos humanos, materiales, estructurales y tecnológicos sean necesarios, trabajando en todo momento desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y la coordinación plena y permanente
con las asociaciones de pacientes, los representantes de los profesionales sanitarios, la industria farmacéutica y las empresas de biotecnología y tecnología sanitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Ester Muñoz de la Iglesia, Elvira Velasco Morillo, Cristina Abades Martínez y Jaime Miguel de los Santos González, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000977
Grupo Parlamentario Republicano
Pilar Vallugera i Balañà
Dirigida a Vicepresidenta primera y ministra de Hacienda
¿Está de acuerdo el Gobierno en que la tributación del Salario Mínimo Interprofesional no contribuye a la justicia fiscal y a la progresividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Pilar Vallugera Balañà, Diputada.
Grup Parlamentari Republicà
Pilar Vallugera i Balañà
Dirigida a Vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda
Està d'acord el Govern que la tributació del Salari Mínim Interprofessional no contribueix a la justícia fiscal i a la progressivitat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrer de 2025.-Pilar Vallugera Balañà, Diputat.
Comisión de Interior
181/000972
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Ana Belén Vázquez Blanco
¿Qué medidas inmediatas prevé implementar el Gobierno para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de medios materiales imprescindibles -de los que aún están a la espera en varias unidades como los Núcleos de Servicios,
Secciones y Destacamentos de Centros Penitenciarios y UPROSEs de la Guardia Civil- para el desarrollo de sus funciones, así como para mantener y/o renovar la flota de vehículos de patrullaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
181/000973
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Ana Belén Vázquez Blanco
¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo la rehabilitación de aquellas infraestructuras, como comisarías y Jefaturas Superiores de la Policía Nacional en varias comunidades autónomas -en concreto las de Extremadura, Castilla-La Mancha y
Canarias- atendiendo a las denuncias del mal estado de las mismas con el objetivo de asegurar unas condiciones óptimas de trabajo y seguridad para sus efectivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000971
Javier José Folch Blanc
Ana Isabel Alós López
José Alberto Herrero Bono
¿Dadas los continuos retrasos, que se vienen produciendo en los últimos 8 años, en la finalización de la obra del tramo Sietamo-Huesca de la A22, y teniendo en cuenta los numerosos accidentes producidos como consecuencia del estado de las
carretera por las obras, así como la pérdida de competitividad a nivel económico por la deficiencia en dicha vía, qué previsión de fechas están previstas para la finalización de dicho tramo de la A22, y su puesta en funcionamiento definitivo por
parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2025.-Javier José Folch Blanc, Ana Isabel Alós López y José Alberto Herrero Bono, Diputados.
181/000974
A la Mesa del Congreso
Alberto Ibáñez Mezquita
¿Puede cumplir España los compromisos climáticos adquiridos en el Acuerdo de París sin renunciar a la ampliación de Puertos y Aeropuertos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.
181/000979
Grupo Parlamentario Socialista
Cristina López Zamora
¿Qué medidas tiene previsto desarrollar el Gobierno de España para continuar promoviendo el uso del ferrocarril como alternativa sostenible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Cristina López Zamora, Diputada.
181/000980
Grupo Parlamentario Socialista
César Joaquín Ramos Esteban
¿Qué actuaciones se han realizado y están previstas realizarse para la mejora de la línea ferroviaria entre Mérida y Puertollano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000969
César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Belén Hoyo Juliá, Esperanza Reynal Reillo, Fernando de Rosa Torner, Carlos Gil Santiago, Alma Alfonso Silvestre, Cristina Moreno Borrás, Alberto
Fabra Part, Óscar Clavell López y Macarena Montesinos de Miguel.
¿Por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar, entre las 16:13 y las 18:43 horas, del pasado 29 de octubre de 2024 no transmitió ninguna información sobre la evolución del Barranco del Poyo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2025.-César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Belén Hoyo Juliá, Esperanza Reynal Reillo, Fernando de Rosa Torner, Carlos Gil
Santiago, Alma Alfonso Silvestre, Cristina Moreno Borrás, Alberto Fabra Part, Óscar Clavell López y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.
181/000970
César Sánchez Pérez
Joaquín Melgarejo Moreno
¿Cuáles son las razones que justifican el incumplimiento de la instalación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en el barranco del Poyo (CHJ) prevista para 2023?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2025.-César Sánchez Pérez y Joaquín Melgarejo Moreno, Diputados.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000975
A la Mesa del Congreso
Alberto Ibáñez Mezquita
¿Cree justo que paguen más impuestos los trabajadores y trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional que quienes perciben rentas por alquilar apartamentos turísticos o ser propietarios de SOCIDIS y otros chiringuitos
fiscales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.
181/000978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
¿Por qué el Gobierno financia ONG que alquilan viviendas a inmigrantes ilegales a precio de saldo, teniendo en cuenta el enorme problema de acceso a la vivienda al que se enfrentan los españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.