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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 287, de 21/02/2025
cve: BOCG-15-D-287-C2
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de febrero de 2025
Núm. 287
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página3)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página3)
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página4)
Declaración de intereses económicos ... (Página15)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el fortalecimiento de los derechos digitales y la lucha contra la desinformación.
Retirada ... (Página20)
162/000417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al acceso al bono social.
Retirada ... (Página20)
162/000427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, en defensa de la soberanía nacional en la composición del Consejo de Ministros ... (Página21)
162/000428 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la suspensión cautelar del ingreso mínimo vital por parte del Gobierno ... (Página23)
162/000429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas ... (Página24)
162/000430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la protección de la salud global y el compromiso con el sistema multilateral ... (Página27)
162/000431 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la recuperación de los apellidos de las familias ceutíes de origen musulmán ... (Página28)
162/000432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la creación de un impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el uso de medios de transporte de lujo ...
162/000433 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano y Mixto, por el incremento, la descentralización y la exención de tributación del salario mínimo interprofesional ... (Página32)
162/000434 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el marco regulatorio contra la opacidad algorítmica y el estudio para la posible creación de una red social de interés y de iniciativa pública de
ámbito europeo ... (Página34)
162/000435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al necesario debate sobre las modificaciones legales para abordar la viabilidad económico-financiera y sostenibilidad de Correos ...
162/000436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en apoyo de las abuelas de Sepur Zarco: supervivientes de la esclavitud sexual del ejército de Guatemala ... (Página39)
162/000437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de medidas para lograr una digitalización con base humanista ... (Página41)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000005 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5514/2023, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra los artículos 15.1 b), c), d) y
e); 16.1 d); 18.2; 18.3; 18.4; 27.1; 27.3; 28.1 b), c) y d); 29.2; 31.1; 31.2; disposición adicional tercera; disposición final primera tres; disposición final cuarta; disposición final quinta dos y disposición final quinta seis de la
Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. ... (Página43)
Otros textos
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000019 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por doña María Dolores López Alarcón, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular para establecer una modificación en la Ley de
Contrato de Seguro ... (Página44)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
RUIZ DE PINEDO UNDIANO, Iñaki 14-02-2025
Alta:
OTERO GABIRONDO, Mikel 18-02-2025
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Araba/Álava:
OTERO GABIRONDO, Mikel GEH Bildu
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: OTERO GABIRONDO, Mikel.
Circunscripción: Araba/Álava.
Número: 398.
Fecha: 18 de febrero de 2025.
Formación electoral: EH Bildu.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (010/000002)
Número de miembros al 18 de febrero de 2025: 6
Baja:
RUIZ DE PINEDO UNDIANO, Iñaki 14-02-2025
Alta:
OTERO GABIRONDO, Mikel 18-02-2025
DIPUTADOS
005 Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
ESTREMS FAYOS, Etna (GR) (núm. expte. 005/000395/0000) 0 ... (Página5)
PIN FERRANDO, Gala (GSUMAR) (núm. expte. 005/000326/0002) 2 ... (Página10)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
007 Declaración de intereses económicos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de intereses económicos presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
ESTREMS FAYOS, Etna (GR) (núm. expte. 007/000393/0000) 1... (Página16)
GÓMEZ PIÑA, Luis Antonio (GS) (núm. expte. 007/000392/0000) 1... (Página18)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000385
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Retirada de su Proposición no de Ley sobre el fortalecimiento de los derechos digitales y la lucha contra la desinformación.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 253, de 13 de diciembre de 2024.
162/000417
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Retirada de su Proposición no de Ley relativa al acceso al bono social.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 282, de 14 de febrero de 2025.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la soberanía nacional en la composición del Consejo de Ministros, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El órgano colegiado del Gobierno
La Constitución Española ('CE') en el artículo 98.1 establece que 'El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley'. De la lectura de este precepto se
induce la existencia de órganos necesarios (presidente y los ministros) y de otros cuya creación queda a disposición del presidente (los vicepresidentes); y se deja al desarrollo legislativo los detalles de la composición de los miembros. De igual
manera, el artículo 108 del texto constitucional establece la responsabilidad solidaria de la gestión política de los miembros del Gobierno ante el Congreso de los Diputados.
La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en cuyo artículo 5 se regulan las funciones del Consejo de Ministros, se refiere expresamente a este como el órgano colegiado del Gobierno. Entre esas funciones atribuidas destacan, por su
relevancia política, la aprobación de los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, la aprobación los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos, o bien, los reglamentos para el desarrollo y
la ejecución de las leyes. Además, es significativa la facultad de acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional. También juega un papel importante en el llamado Derecho de necesidad, declarando los
estados de alarma y de excepción y proponiendo al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
Por su parte, en el apartado 2 de este artículo se regula la asistencia a las reuniones del Consejo de Ministros. La Ley del Gobierno original de 1997 tan sólo preveía la asistencia de los secretarios de Estado cuando fuesen convocados.
Mediante la disposición final 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se introdujo la asistencia de manera excepcional de otros altos cargos. Tras una última reforma, la actual redacción todavía no vigente
prevé la asistencia a las reuniones del Consejo de Ministros de 'excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España'.
Segundo. La reforma de la Ley del Gobierno
Mediante la enmienda 309 del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa
de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, se incorporó una nueva disposición final a la actualmente en vigor Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En efecto, la
disposición final undécima reformaba el artículo 5, apartado 2, de la mencionada Ley del Gobierno de 1997. Con ello se aprobaba la previsión legal de que a las reuniones del Consejo de Ministros, siempre que así lo disponga un tratado internacional
válidamente celebrado por España, pueda acudir un alto cargo de un tercer Estado.
No hace falta hacer conjeturas sobre qué pretendía el legislador con este cambio legislativo, dado que la propia justificación de la referida enmienda legislativa lo indicaba de forma explícita, al hacer referencia a la necesidad de adaptar
la legislación española al Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023. En el artículo 2 apartado 4 de dicho acuerdo internacional se establece la siguiente previsión:
'Un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación'.
Esto supone abrir la puerta a que puedan asistir a las reuniones del Consejo de Ministros altos cargos de terceros Estados si así se dispone en los tratados internacionales, e implica que los asistentes extranjeros puedan conocer y quizá
decidir sobre asuntos de interés nacional, sin tan siquiera tener que someterse al control político de las Cortes Generales.
Tercero. La soberanía de las instituciones españolas
La trayectoria de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España desde 2018 puede resumirse en una alianza con los enemigos de España, tanto los interiores -los separatistas que quieren destruir la unidad nacional- como los exteriores -los
globalistas que pretenden acabar con la soberanía de las naciones-. Desgraciadamente no puede decirse que esta línea política sea una novedad en las últimas décadas de la historia de nuestro país, pero es cierto que Sánchez ha llevado sus
concesiones al separatismo y su entusiasta sometimiento a las agendas del globalismo hasta extremos de absoluta degradación.
Lo cierto es que, a la vista de los cómplices nacionales e internacionales de este Gobierno, no pueden dejar de advertirse las graves consecuencias de esta reforma de la Ley del Gobierno. Más aún si tenemos en cuenta la errática política
exterior del Ejecutivo socialista, que ha aceptado sin dar ninguna explicación las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental, y que junto a sus socios comunistas y separatistas de investidura, mantiene una actitud de aquiescencia con el régimen
despótico socialista venezolano y con el resto de los miembros del Grupo de Puebla, reconoce de manera unilateral el supuesto Estado palestino, o retira al embajador español en Argentina, sin un mayor motivo que el supuesto ataque verbal a la mujer
de Pedro Sánchez.
La situación del actual Gobierno se puede definir por su clamorosa debilidad parlamentaria, y por su permanente actitud de irresponsabilidad y de deslealtad a la Nación a la que debería servir. Estas señales inequívocas de su política
interior y exterior son fácilmente reconocibles por terceros Estados en el concierto internacional. Y contrastan de modo trágico con el hecho de que la mayoría de las naciones aún conservan un cierto nivel de estima por sus fronteras, su unidad y
soberanía y sus intereses nacionales; y, en consecuencia, no dudan en aprovechar la debilidad de otros países como el nuestro para ampliar sus propias redes de inteligencia e influencia tanto política como económica.
Es inaceptable que asista a reuniones del Consejo de Ministros cualquier persona extranjera. Y es aún más inaceptable que esa persona sea representante de un país que, con independencia de las relaciones históricas que pueda tener con
España, por naturaleza puede tener intereses que entren en conflicto con los de nuestra Nación. La modificación legislativa que permite esta situación debe calificarse, como poco, de absolutamente desleal, y es imperativo que sea dejada sin efecto
con carácter inmediato.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Rechaza la previsión contenida en el artículo 2, apartado 4, del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023, así como cualquier otro convenio internacional
que permita la presencia de extranjeros, o de representantes de potencias extranjeras, asociaciones, organizaciones u organismos internacionales, en las reuniones del Consejo de Ministros.
Asimismo, insta al Gobierno a:
2. Garantizar el principio de soberanía nacional en la composición del Consejo de Ministros, y rechazar la participación de extranjeros o de representantes de potencias extranjeras, asociaciones, organizaciones u organismos internacionales
en sesiones de dicho órgano colegiado.
3. Revertir con carácter inmediato la modificación del apartado 2 del artículo 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno que permite la posibilidad de que extranjeros o altos cargos de naciones extranjeras, asociaciones,
organizaciones u organismos internacionales, puedan asistir a las reuniones del Consejo de Ministros cuando un tratado internacional válidamente celebrado por España así lo disponga, antes de que dicha reforma legal entre en vigor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2025.-Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz Grupo Parlamentario VOX.
162/000428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz adjunta, lone Belarra Urteaga, miembro de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley relativa a la suspensión cautelar del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno, para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
La Seguridad Social ha suspendido cautelarmente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de forma masiva en todo el país durante el mes de enero. Organizaciones sociales y trabajadoras sociales han denunciado que estas paralizaciones son imputables a
la Administración Pública y no a los particulares.
Las suspensiones se justifican por no haber realizado la revisión anual de los certificados de los Servicios Sociales que acreditan las situaciones de vulnerabilidad social de las familias perceptoras de la prestación. Distintos colectivos
sociales denuncian que esta paralización se produce en casos en los que sí existe la renovación de certificados de
los servicios sociales. El Consejo General del Consejo Social, en declaraciones a prensa, afirma que todas las renovaciones se presentaron, con grandes esfuerzos, en plazo.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad Social, la nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en enero a 671.849 hogares en los que viven 2.050.542 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS). Estos hechos son muy graves siendo el IMV una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos
económicos para cubrir sus necesidades básicas. Se trata, en definitiva, de perjudicar a familias con un alto grado de vulnerabilidad social por un error imputable a la Administración Pública.
Proposición no de Ley
'Por lo expuesto, se insta al Gobierno a:
- Realizar todas las medidas a su alcance para garantizar que las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital puedan percibir la prestación.
- Tomar cuantas medidas sean necesarias para garantizar que esta situación no se vuelva a producir.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta Grupo Parlamentario Mixto.
162/000429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas, para su debate
en Pleno.
Exposición de motivos
Las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) han acompañado a los seres humanos a lo largo de toda la historia. Afecta a las poblaciones con menos recursos y suponen una pesada carga para millones de personas en todo el mundo. Son
enfermedades frecuentes, principalmente en zonas tropicales y subtropicales del planeta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), las define como desatendidas porque a pesar de su alta morbimortalidad están en gran medida fuera de los programas de salud mundial porque afectan a poblaciones pobres y en su mayoría marginales.
Se caracterizan por ser un grupo de afecciones diversas, causadas por una variedad de patógenos que incluyen virus, bacterias, parásitos, hongos y toxinas, y conllevan consecuencias sanitarias, sociales y económicas devastadoras. Aunque son
prevenibles y tratables cuando se detectan temprano.
Las ETD incluyen a 21 enfermedades entre las que se incluyen: úlcera de Buruli; Enfermedad de Chagas; dengue y chikungunya; dracunculosis; equinococosis; trematodiasis de transmisión alimentaria; enfermedad del sueño; leishmaniasis;
lepra; filariasis linfática; micetoma, cromoblastomicosis y otras micosis profundas noma; oncocercosis; rabia; sarna y otras ectoparasitosis; esquistosomiasis; helmintiasis transmitidas por el suelo; envenenamiento por mordedura de
serpiente; teniasis/cisticercosis; tracoma; y pian.
Incluso hoy en día, cuando la atención se centra en lograr la cobertura universal de la salud, son muy pocos los recursos que se destinan a este tipo de enfermedades. Y eso a pesar de que es una responsabilidad colectiva hacer frente a las
personas afectadas y a las desigualdades, y así acabar con estas enfermedades que son prevenibles.
Estas enfermedades, son además un gran problema de salud pública en los países más pobres del planeta.
El acceso al agua potable, la manipulación segura de alimentos, la buena higiene y la reducción de los riesgos ambientales contribuyen a prevenirlas. Igualmente, el retraso en la búsqueda de tratamiento y atención puede derivar en
discapacidad y muerte, de ahí la importancia de su detección temprana.
'No dejar a nadie atrás', este compromiso de la Agenda 2030 es la promesa y el compromiso común para hacer efectivos los derechos y el bienestar de todos en un planeta sano y próspero, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que son la hoja de ruta universal acordada y cuya meta 3.3 habla de poner fin a las epidemias del VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis y las enfermedades desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles.
En el último decenio se lograron importantes progresos. Según datos de la OMS, 'entre 2010 y 2023 el número de personas que necesitaban intervenciones contra enfermedades tropicales desatendidas disminuyó de 2190 millones a menos de 1500
millones, o sea un 31%'. 'Al finalizar 2024, 54 países habían eliminado al menos una ETD, lo que supone la mitad del camino hacia el objetivo de 100 países fijado para 2030'; cada año, centenares de millones de personas en riesgo de contraer ETD
reciben tratamiento o atención.
El logro es encomiable y pone de relieve las posibilidades de seguir avanzando en la lucha contra las ETD para las que se han fijado metas de erradicación, de eliminación, y de eliminación como problema de salud pública. Al mismo tiempo,
subraya la necesidad de desplegar más esfuerzos innovadores, para aumentar el número de países y de enfermedades incluidos en ese grupo.
Durante la pandemia de la COVID-19, los programas sobre ETD fueron algunos de los más frecuente y gravemente afectados por sus recortes. Muchos países tuvieron que aplazar las intervenciones comunitarias, entre ellas las de quimioprofilaxis
o la detección activa de casos, mientras que el acceso a los servicios de los centros de salud se vio reducido debido a las restricciones de los desplazamientos, tanto para el personal sanitario como para los pacientes. Igualmente, las líneas de
producción y suministro de medicamentos y pruebas diagnósticas se readaptaron para satisfacer la gran demanda de productos durante la pandemia, y el envío de productos básicos a los países se vio gravemente interrumpido. Si bien cabía esperar que
la disminución progresiva de las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la salud pública señalara un regreso a la normalidad, ello no ha ocurrido.
En 2020 el número de personas beneficiadas por intervenciones de tratamiento de masa se redujo a 798 millones, en comparación con los 1207 millones de 2019. Si bien en 2021 se reanudaron las actividades, la recuperación observada estaba
lejos de los niveles previos a la COVID-19. En 2022 se dispensó tratamiento a 848 millones de personas, una cifra todavía muy por debajo de los niveles anteriores a la COVID-19.
Según los últimos informes, en 2023, 1500 millones de personas precisaron intervenciones contra las enfermedades tropicales desatendidas (ETD). Lo que supuso una disminución de los objetivos del 31% con respecto a 2010, y nos aleja de la
trayectoria necesaria para cumplir la meta mundial prevista en la hoja de ruta de una reducción del 90% del número de personas que necesitan intervenciones contra las ETD para 2030, tal y como se recoge en la Agenda 2030. Además, el acceso al
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene es en general del 85,8% en los países con ETD endémicas y del 63% entre la población que precisa de intervenciones contra las ETD; la proporción de la población en riesgo que está protegida frente a los
gastos de salud sufragados por cuenta propia y que acarrean consecuencias catastróficas debido a las enfermedades tropicales desatendidas es del 87,4%.
Son enfermedades que representan una pesada carga humana, social y económica para más de mil millones de personas de todo el planeta, sobre todo en países de ingresos medianos y bajos.
Por poner unos ejemplos, sólo las mordeduras de serpiente, la rabia y el dengue causan más de 200.000 muertes todos los años, mientras que la falta de un tratamiento oportuno provoca graves discapacidades físicas, debilidad y desfiguración a
otros tantos cientos de miles de personas con la consiguiente exclusión social, estigmatización y discriminación.
Además, para afrontar la enfermedad, los afectados y sus familias han de incurrir en gastos sanitarios directos lo que les impone una presión económica considerable, e incluso para los países en los que se produce (tanto en el momento del
diagnóstico como del tratamiento), inclusive cuando las pruebas y los medicamentos en sí son gratuitos. Esto se traduce a su vez en pérdida de productividad y merma del rendimiento educativo y socioeconómico.
Los últimos informes nos indican que el diagnóstico de las ETD presentan grandes diferencias según nos encontremos en un país de renta alta o renta media/baja. Y si bien existen tratamientos eficaces para muchas ETD, tal y como ocurre con
las pruebas diagnósticas, el acceso a dichos tratamientos difiere mucho entre países, entre zonas rurales y urbanas y entre el sector público y el privado.
En la actualidad, estos problemas persisten y la lentitud de los avances pone de relieve la complejidad de combatir a escala mundial las ETD, lo que dificulta el cumplimiento de los ambiciosos objetivos establecidos en los Informes de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Aunque la OMS es optimista, siguen existiendo importantes dificultades. Algunas de ellas pueden ser consecuencias derivadas de las consecuencias del cambio climático, conflictos, nuevas amenazas zoonóticas y problemas ambientales que
afectan a la salud, y desigualdades socioeconómicas que no dejan de obstaculizar directamente el acceso a servicios de salud, vivienda adecuada, agua potable y saneamiento. Por otra parte, las inestabilidades políticas, los flujos migratorios y las
resistencias a los tratamientos pueden complicar aún más la situación y exigirán medidas de mitigación complementarias.
Sin duda, los recursos destinados a las ETD muchas veces son inadecuados para paliar las agudas necesidades que conllevan. Intervenir en esta área es una de las mejores inversiones que se pueden realizar en salud pública y contribuiría de
modo significativo a la cobertura sanitaria universal y la protección social de las personas. Los avances contras las enfermedades tropicales desatendidas suponen aliviar la carga humana y económica que imponen a las comunidades que las padecen.
Avanzar contra las enfermedades tropicales desatendidas es un asunto de derechos humanos, pues hablamos de luchar contra el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la
educación o la salud. Puesto que son enfermedades que afectan a poblaciones desatendidas y que hacen que se perpetúe en ellas un ciclo de resultados educativos deficientes y oportunidades profesionales limitadas; además, están asociadas a la
estigmatización y a la exclusión social. Afectan mucho más a la población infantil, la más vulnerable de todas, puesto que además son más vulnerables a las infecciones causadas por la mayoría de las ETD. Igualmente, causan estigma y
discriminación, especialmente en niñas y mujeres, y pueden implicar abusos.
Y lo más reseñable, que ya hemos señalado, muchas pueden prevenirse o incluso erradicarse con un mejor acceso a un tratamiento adecuado y a las herramientas de diagnóstico disponibles.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar apoyando la lucha contra las ETD a través de los programas y proyectos desarrollados desde diferentes Organizaciones Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales, que están participando activamente y de manera nacional y
global a la lucha contra estas enfermedades aplicando los criterios y prioridades de la próxima Estrategia Española de Salud Global.
2. Reforzar el Fondo de Cooperación para el Agua y el Saneamiento (FCAS), impulsando la agenda de agua y aprovechar así su impacto en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas.
3. Continuar la consolidación del trabajo en el ámbito de la salud que se realiza con los organismos multilaterales, reforzando el papel de España en los mismos y en la agenda internacional.
4. Impulsar iniciativas presentadas por los Estados y Organizaciones Internacionales, que trabajen desde este ámbito de la salud.
5. Estudiar la posibilidad de incluir en el futuro en el Plan de Acción de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), una mención expresa a la inversión en la lucha contra las enfermedades tropicales
desatendidas (ETD).
6. Adaptar y enfocar nuestra cooperación a la situación actual de América Latina y Caribe, bajo el prisma de garantizar los derechos al agua potable y al saneamiento y su impacto en otras áreas como salud o reducción de las desigualdades y
ampliar esta actuación a las acciones desarrolladas en el continente africano o asiático.
7. Continuar el impulso de la Agenda Europea de Diplomacia Científica, destacando las actividades referentes a la medicina personalizada y salud global.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-María Guijarro Ceballos, Olvido de la Rosa Baena, Luc Andre Diouf Dioh, Lídia Guinart Moreno, Cristina López Zamora, José Losada Fernández, Jonay Quintero Hernández, María Isabel
Moreno Fernández, Susana Ros Martínez, Emilio Sáez Cruz, David Serrada Pariente y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Montse Mínguez García y Javier Alfonso Cendón, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El grupo parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de la salud global y el compromiso con el sistema
multilateral, para su debate en el Pleno del Congreso.
Exposición de motivos
La salud es un derecho humano fundamental que trasciende fronteras y requiere de la cooperación internacional para enfrentar desafíos sanitarios globales. Es, además, un bien público global cuya promoción contribuye a asegurar el progreso
de las sociedades, la seguridad humana y la paz.
Como consecuencia de la interdependencia derivada de la globalización, desde finales del siglo pasado, hemos asistido a la creación de un gran entramado de organizaciones que ayudan a la gobernanza, gestión y respuesta al creciente número de
retos para la salud cuya naturaleza va más allá de las fronteras nacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) desempeña un papel central en este sistema de gobernanza, facilitando la coordinación de esfuerzos, estableciendo normas y
estándares técnicos, y promoviendo políticas de salud pública a nivel mundial.
La reciente decisión de Estados Unidos de retirarse de la OMS a partir del 22 de enero de 2026 supone una amenaza a la estabilidad y trabajo adecuado de este sistema multilateral, con posibles implicaciones negativas para la salud global.
Este anuncio muestra una tendencia creciente en nuestro contexto político, que niega el valor de la acción colectiva multilateral para abordar problemas comunes. Además, subraya la dependencia que el sistema de salud global tiene de un único país.
En definitiva, demuestra la necesidad de aumentar el compromiso con un sistema que ha contribuido a mejorar la salud de todas las personas.
España ha demostrado recientemente un firme compromiso con la salud global y la cooperación internacional. Recientemente, aumentó su contribución a la OMS, recuperando su aportación a ONUSIDA e incrementado la financiación a la organización
UNITAID y al Fondo Mundial para la lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria. En noviembre de 2024, la ministra de Sanidad, Mónica García, fue elegida representante de Europa en el Comité Ejecutivo de la OMS, marcando el regreso de España a
este órgano de gobernanza después de dos décadas. Finalmente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó recientemente en el Foro Económico Mundial de Davos la relevancia estratégica de la salud global, enfatizando la necesidad de
garantizar la equidad en el acceso a innovaciones sanitarias y de fortalecer el multilateralismo como vía para abordar los desafíos compartidos por toda la humanidad.
En este contexto, es imperativo que España continúe fortaleciendo su compromiso con la OMS y la gobernanza de la salud global, asegurando una participación activa y constructiva en la formulación e implementación de políticas sanitarias
internacionales, así como mejorando la coordinación entre administraciones para responder de forma conjunta a los problemas sanitarios globales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar y fortalecer el compromiso de España con la Organización Mundial de la Salud, manteniendo y, en la medida de lo posible, incrementando las contribuciones financieras obligatorias y voluntarias para apoyar sus programas y
actividades.
2. Reafirmar y fortalecer el compromiso europeo con la Organización Mundial de la Salud, promoviendo el debate en las instituciones europeas para aumentar las contribuciones financieras obligatorias y voluntarias que apoyen los programas y
actividades de la organización.
3. Fomentar la cooperación multilateral en materia de salud, estableciendo alianzas con organizaciones internacionales clave en la gobernanza de la salud global, aumentando las contribuciones económicas, con el fin de-fortalecer la
gobernanza de la salud global
4. Promover las estructuras de gobernanza nacionales que refuercen la posición y el compromiso español con la salud global, aprovechando el desarrollo de la Estrategia Española de Salud Global, para crear organismos de colaboración
interministerial bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio de Sanidad y Exteriores, que permitan coordinar políticas nacionales e internacionales que mejoren la salud global.
Con estas acciones, España reafirma su compromiso con la salud global y su determinación de contribuir activamente al fortalecimiento de la gobernanza sanitaria internacional, en beneficio de la salud y el bienestar de todas las personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2025.-Alda Recas Martín, Teslem Andala Ubbi, Rafael Cofino Fernández y Agustín Santos Maraver, Diputados.-Verónica Martínez Barbero, Aina Vidal Sáez, Àgueda Micó Micó y Enrique Fernando
Santiago Romero, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000431
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre la recuperación de los apellidos de las familias ceutíes de origen musulmán.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión contenida en el último punto ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentarlo Mixto presenta, con la firma de su Portavoz Adjunta, lone Belarra Urteaga, diputada de Podemos y Martina Velarde diputada de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en el Pleno, sobre la recuperación de los apellidos de las familias ceutíes de origen musulmán.
Exposición de motivos
En los años ochenta, miles de personas ceutíes de origen musulmán, pertenecientes mayoritariamente a la población de origen arabobereber, dejaron de ser apátridas en su propia tierra y obtuvieron la nacionalidad española. Este proceso de
regularización administrativa, pese a ser un paso adelante fruto de la lucha por unos derechos civiles de los que no disfrutaban, fue acompañado de una medida que, no obstante, implicó una grave pérdida de identidad: la imposición de nombres
propios masculinos como apellidos.
De esta forma, los apellidos originales de estas familias fueron sustituidos por los nombres de pila del padre y del abuelo paterno, lo que dio lugar a nombres como Mohamed Mohamed Mohamed, Fátima Mustafa Ahmed o Saida Abdelkader Mohamed.
Se consolidaba así una práctica discriminatoria que, desde tiempo atrás, ya venía sufriendo el colectivo musulmán ceutí de manera extraoficial.
La pérdida de una parte fundamental de la identidad familiar y cultural de esta población constituye una humillación que ha perdurado hasta nuestros días. Y que debe terminar. Por ello, en febrero de 2016, el Pleno de la Asamblea de Ceuta
aprobó por unanimidad instar al Gobierno de España a modificar la normativa del Registro Civil para permitir que estas familias pudieran recuperar sus apellidos originales a través de un procedimiento colectivo y extraordinario. Sin embargo, ocho
años después, este compromiso político sigue sin cumplirse, dejando a miles de personas en una situación de discriminación simbólica y material.
El artículo 50 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, reconoce que toda persona tiene derecho a un nombre y apellidos que la identifiquen. Sin embargo el procedimiento vigente para modificar apellidos impone barreras
individuales y administrativas que dificultan enormemente el acceso a esta reparación. En este contexto, la aprobación de un proceso colectivo de regularización resulta esencial para saldar esta deuda de dignidad y justicia histórica.
Tal y como señaló el portavoz del grupo Caballas, predecesor de Ceuta Ya!, en el Pleno de la Asamblea de Ceuta de 2016, la lucha por la recuperación de los apellidos perdidos no solo supone la devolución de la identidad para las familias
afectadas, sino
también el reconocimiento de una injusticia colectiva que la administración española tiene el deber de reparar. Esta propuesta no es solo una cuestión administrativa, sino también un acto de justicia histórica hacia una comunidad que ha
sufrido una discriminación estructural durante décadas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Impulsar, con carácter prioritario, las modificaciones oportunas de la normativa del Registro Civil para establecer un procedimiento extraordinario que permita, de manera colectiva, a las familias ceutíes de origen musulmán recuperar sus
apellidos originales.
- Garantizar los recursos administrativos y humanos necesarios para que este procedimiento sea accesible, ágil y gratuito para las personas afectadas.
- Reconocer públicamente el error histórico cometido durante el proceso de nacionalización de los años ochenta, así como el compromiso del Estado con la reparación de esta injusticia.
- Informar periódicamente al Congreso de los Diputados sobre los avances realizados en el cumplimiento de esta medida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-Martina Velarde Gómez, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el
uso de medios de transporte de lujo, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
El uso de jets privados ha venido históricamente asociándose a viajes de negocios, principalmente, aunque este paradigma parece estar en un claro proceso de cambio.
Según los datos del informe, El turismo de lujo y su impacto, realizado por T3 Transportation Think Tank, y publicado por Greenpeace en septiembre de 2024, se demuestra que el turismo convencional de vuelos regulares y el turismo de lujo de
vuelos en jets privados tuvieron un patrón estacional muy similar en 2023. El estudio analiza los aterrizajes de jets privados en 45 aeropuertos de destinos de gran importancia turística o vacacional de toda Europa durante todo el 2023. Fueron
117.965 vuelos, y en la mayoría de los aeropuertos los jets privados llegaron durante el periodo vacacional de verano, es decir, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2023. El 42,6 % de los vuelos tuvieron lugar en el periodo comprendido
entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, lo que supone el 41,6 % de las emisiones de CO2.
En España concretamente fueron 27.122 aterrizajes de jets privados en 2023, un 23 % del total de los países analizados en el informe: 7.502 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, 6.504 en Aeropuerto de Ibiza, 6.314 en el Aeropuerto de
Málaga, 4.826 en el Aeropuerto del Prat, 843 en el Aeropuerto de Menorca, 542 en el Aeropuerto Tenerife Sur, 434 en el de Gran Canaria, 93 en el Aeropuerto de Lanzarote y 83 en el de Tenerife Norte.
En los destinos estivales (41 de 45 aeropuertos), la llegada de jets privados aumentó de media un 106 % durante la temporada veraniega (junio-septiembre) en comparación con la temporada baja (octubre-mayo), lo que indica que estos vuelos se
utilizan principalmente para el ocio y no exclusivamente para los negocios. En el mes de julio el uso de jets privados se dispara aún más en los destinos estivales, las llegadas aumentaron de media un 250 % comparado con enero.
El total de los 117.965 vuelos analizados causaron 526.071 toneladas de CO2, y de media, los jets privados emiten diez veces más CO2 por pasajero-kilómetro que un avión comercial típico. Las emisiones de CO2 que emite un vuelo medio en jet
privado en vacaciones (4,4 t de CO2) casi igualan las emisiones anuales de CO2 relacionadas con la energía de una persona europea media en 2023 (5,3 t de CO2).
En total los 27.122 vuelos en jet privado a destinos vacacionales españoles provocaron unas 134.000 toneladas de CO2. Esto equivale a las emisiones anuales de unos 89.300 coches propulsados por combustible fósil. Estas son únicamente las
emisiones de los vuelos a sus destinos; no incluyen las emisiones de los vuelos de vuelta.
El 11,9 % de los vuelos son de muy corta distancia con un máximo de 250 km; el 34,7 % de los vuelos son inferiores a 500 km, lo que significa que más de un tercio de los vuelos son vuelos de muy corta distancia. El 93,2 % de los vuelos se
realizaron dentro de Europa, siendo uno de los principales destinos las islas Baleares.
Sin embargo, los cuatro aeropuertos de las islas Canarias -Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Norte-, experimentan picos de llegadas entre otoño y primavera ya que durante los meses más fríos de Europa Central esta zona
disfruta de unas temperaturas agradables.
También el número de yates de lujo se ha duplicado con creces desde el 2000 tal y como señala el estudio La desigualdad de las emisiones de carbono mata, publicado por la ONG Oxfam el pasado 28 de octubre. Con aproximadamente 150 nuevas
embarcaciones al año (a nivel global y con datos de 2021), a pesar de que estas embarcaciones permanecen atracadas durante casi todo el año, aproximadamente el 22 % de sus emisiones totales se generan durante este período de 'inactividad'. Además,
estos yates suelen contar también con buques de apoyo para su personal, helicópteros que también necesitan combustible e instalaciones con aire acondicionado.
Oxfam estima en su estudio que la huella de carbono anual de cada una de estas embarcaciones asciende, de promedio, a 5672 toneladas; una cantidad que triplica con creces las emisiones generadas por los aviones privados de los
milmillonarios. Esta cifra equivale a las emisiones de una persona corriente durante 860 años, y multiplica por 5610 las emisiones de una persona que se encuentre entre el 50 % más pobre de la población mundial. El informe concluye que unos pocos
milmillonarios están 'acelerando' el cambio climático, mientras que un europeo medio, se calcula que tardaría 585 años en contaminar lo mismo que los más ricos con sus yates durante un solo año.
Este tipo de transporte es el más desigual, más injusto y contaminante. En un mundo que se enfrenta tanto a una crisis energética global como a una crisis climática acelerada que amenazan millones de vidas, es crucial arrojar luz sobre los
daños sociales y medioambientales que causa la industria de los jets privados y los yates. Mientras que las personas con un alto poder adquisitivo realizan numerosos viajes con altas emisiones de carbono, en los últimos 20 años la brecha entre las
personas ricas y pobres ha aumentado en dos tercios de los Estados miembros de la UE.
La crisis climática es el reto más complejo al que nos enfrentamos como humanidad. Las políticas públicas para mitigar sus efectos y adaptarnos a sus consecuencias deben ser por encima de todo justas, y aquellos que más contaminan no solo
deben responder al principio de 'quien contamina paga' sino al de contaminar menos, como hace el resto de la ciudadanía.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
Aprobar un nuevo impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el uso de medios de transporte de lujo, en concreto los vuelos en jets privados y viajes en yates de lujo, con el objetivo de disminuir el impacto ambiental que provoca su uso
abusivo y financiar el coste de medidas de democratización del transporte como el billete único, y la mejora de la red ferroviaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000433
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley por el incremento, la descentralización y la exención de tributación del salario mínimo interprofesional.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y
publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Grupos Parlamentarios autores.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos abajo firmantes al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso presentan la siguiente Proposición no de Ley por el incremento, la descentralización y la exención de tributación del Salario
Mínimo Interprofesional, para su debate en Pleno.
Exposición de Motivos
El Gobierno español ha anunciado la intención de aumentar 50 euros mensuales el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pero mantener el mínimo exento actual. Combinadas, estas medidas no mejorarán la situación de las personas trabajadoras
que han visto cómo
se ha reducido su poder adquisitivo en los últimos años ni contribuirán a mejorar la progresividad del sistema fiscal.
La aplicación del IRPF a las personas trabajadoras que perciban el Salario Mínimo Interprofesional restará gran parte del impacto del aumento anunciado. Este será especialmente el caso para los cerca de 500.000 trabajadores y trabajadoras
en todo el Estado que no se benefician de deducciones y que tendrán que abonar más de 20 euros adicionales al mes en concepto de IRPF.
Incluso para las personas trabajadoras que cuenten con alguna deducción, el aumento anunciado apenas compensará la subida del 2,8% del IPC en 2024 y consolidará una tendencia de pérdida de poder adquisitivo. Tal como ha advertido la OCDE,
los salarios reales de los trabajadores y trabajadoras del Estado seguirán en 2024 un 2,5% por debajo del período inmediatamente anterior a la COVID. Y todo esto después de una década de austeridad que ha castigado especialmente a las clases
trabajadoras.
El SMI propuesto tampoco cumple con los objetivos fijados en la Carta Social Europea. Según datos de la Agencia Tributaria, el salario medio estimado en el Estado fue de 30.800 euros en 2023. Para cumplir con el 60% del SMI sobre el
salario medio fijado por las instituciones europeas, sería necesario aumentarlo hasta los 1.320 euros en 14 pagas. Y a una cantidad superior una vez se publiquen los datos de 2024.
El incumplimiento del objetivo del 60% fue objeto de una reclamación de la Confederación Intersindical Galega (CIG) ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en 2023. A pesar de que el Gobierno español cuestionó la legitimidad de este
sindicato, el Consejo de Europa ha admitido la demanda y estudiará los incumplimientos reiterados del Gobierno español con los objetivos marcados a escala europea.
La insuficiencia del SMI propuesto por el Gobierno es especialmente notable en aquellos territorios donde el coste de vida es más alto. Si se cumpliera con el objetivo del 60 %, por ejemplo, en el caso de Catalunya, el SMI debería situarse
en 1.420 euros anuales. En este sentido, resulta imperioso descentralizar el SMI para adaptarlo a la realidad económica y social de cada territorio garantizando en todo caso que no pueda nunca fijarse un salario mínimo inferior al 60% del salario
medio del conjunto del Estado español. Sin esta herramienta, el SMI pierde gran parte de su potencial como herramienta redistributiva para corregir las desigualdades crecientes y acabar con la precariedad de las personas trabajadoras de nuestros
países.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Incrementar el mínimo exento del IRPF para que no se aplique a los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional fijado para 2025.
2. Impulsar las reformas legislativas necesarias para descentralizar el Salario Mínimo Interprofesional y así adaptarlo a la realidad social y económica de las Comunidades Autónomas, en línea con las resoluciones aprobadas en el Parlamento
de Catalunya a favor de un Salario de Referencia Catalán. En todo caso, se garantizará que ninguna Comunidad Autónoma pueda fijar como Salario Mínimo una cantidad inferior a la que resulte de calcular el 60% del salario medio del conjunto del
Estado Español.
3. Iniciar una reforma fiscal para mejorar la progresividad y justicia del sistema impositivo, alineando el IRPF de los rendimientos del capital con los del trabajo, aliviando la carga las personas trabajadoras con más de un pagador y
aumentando la tributación de grandes empresas para capturar los beneficios extraordinarios que han obtenido en los últimos años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero y Francesc-Marc Álvaro Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de ley sobre el marco regulatorio contra la opacidad algorítmica y el estudio para la posible creación de una Red Social de interés y de iniciativa pública de ámbito Europeo, para su debate en Pleno.
Exposición de Motivos
En la actual era digital, las grandes plataformas tecnológicas han alcanzado una posición de dominio sin precedentes sobre el espacio público en línea. Corporaciones como Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Alphabet (Google, YouTube), X
(anteriormente Twitter) y TikTok no solo determinan las reglas del debate público, sino que también gestionan una parte sustancial de la información que consumimos diariamente. Estas empresas operan bajo un modelo de negocio basado en la
recopilación masiva de datos personales y en la venta de publicidad hiperdirigida, lo que ha convertido a la sociedad digital en un ecosistema cada vez más polarizado y dependiente de sus infraestructuras.
Este fenómeno ha sido descrito por algunos expertos como 'tecnofeudalismo', una nueva forma de poder en la que los usuarios no son propietarios de sus espacios digitales ni de los datos que generan, sino que se convierten en siervos
digitales dentro de un sistema controlado por un reducido número de actores privados. A diferencia del capitalismo industrial tradicional, en el que se produce un intercambio de bienes y servicios a cambio de dinero, el tecno-feudalismo se basa en
la extracción y venta de datos personales y en la monetización de la atención de los usuarios como si fuera un recurso ilimitado. Este modelo no solo perjudica a los usuarios en línea, sino que también ha generado graves consecuencias para la
democracia, la libertad de expresión y la privacidad.
Las Very Large Online Platforms (VLOPs), designadas por la Comisión Europea bajo el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), no solo han permitido la proliferación de desinformación y discursos de odio, sino que también han creado un entorno
donde los contenidos más emocionales y polarizadores tienen una ventaja estructural dentro de sus algoritmos de recomendación. Esto ha favorecido la propagación de ideologías extremistas, la erosión del diálogo democrático y el aumento de la
desconfianza hacia las instituciones.
Esta situación se ha visto agravada por la falta de control público sobre estas plataformas, que actúan como actores políticos de facto sin estar sometidos a mecanismos de rendición de cuentas democráticos. Casos como el de Elon Musk en X
(Twitter), que ha desmantelado mecanismos básicos de moderación y ha permitido el retorno de perfiles que fomentan el odio y la desinformación, demuestran los riesgos de un modelo de redes sociales completamente privatizado y guiado por intereses
empresariales. O Meta, que eliminó los mecanismos de fact-checking con verificadores de datos independientes con la excusa de promover la libertad de expresión y cuyas plataformas (Facebook, Instagram y Threads) se han convertido en un espacio de
difusión de fake news, teorías de la conspiración, información manipulada, contenidos extremistas y discursos de odio sin ningún tipo de control. De la misma manera, TikTok no permite la promoción de contenido político en su plataforma.
Ante este escenario, es necesario apostar por alternativas públicas y democráticas que garanticen la protección de los derechos fundamentales en el espacio digital. Esto debería incluir, como mínimo, el debate sobre la viabilidad y
conveniencia de desarrollar una Red Social de iniciativa pública europea, con posibilidad de financiaciación por parte de la Unión Europea y los Estados miembros y bajo control parlamentario, que funcione como una infraestructura de interés público,
coparticipación públicoprivada y colaboración multinivell entre administraciones y agentes sociales. Esta red debería respetar estrictos criterios de protección de datos, transparencia algorítmica y neutralidad de contenidos, asegurando un espacio
libre de manipulación comercial y censura arbitraria.
Además, es imprescindible reforzar la regulación de las grandes plataformas tecnológicas mediante una aplicación más estricta del DSA, la prohibición de la publicidad personalizada basada en vigilancia masiva y la limitación de las prácticas
de diseño adictivo que explotan la psicología de los usuarios. El objetivo final debe ser garantizar un ecosistema digital más justo, plural y democráticamente controlado, poniendo fin al tecnofeudalismo y devolviendo el control de la información y
las redes sociales a la ciudadanía.
Por todo lo expuesto, se plantea la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Impulsar la creación de una Red Social de interés e iniciativa pública de ámbito europeo, con posibilidad de financiación por parte de la Unión Europea y los Estados miembros, coparticipación público-privada y colaboración multinivel
entre administraciones y agentes sociales, bajo controles parlamentarios democráticos y con pleno respeto a la protección de datos, la transparencia algorítmica y la libertad de expresión. Esta propuesta debe llevarse a debate en el marco de la
negociación presupuestaria de la UE y ante la Comisión Europea.
2. Adoptar las modificaciones oportunas de normativas estatales e impulsar el desarrollo y, en su caso, la reforma de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la Ley de Mercados Digitales (DMA) y cualquier otra normativa internacional para
garantizar la imposición de sanciones más severas a las grandes plataformas digitales que incumplan sus obligaciones, especialmente en lo que respecta a la moderación de contenidos, el uso de algoritmos opacos y la desinformación.
3. Instar a la Comisión Europea a desarrollar medidas para garantizar la integridad electoral ante la manipulación informativa en línea, incluyendo la obligación para las VLOPs de adoptar cambios en sus sistemas de recomendación y reforzar
los mecanismos de verificación de la información.
4. Instar a la Comisión Europea a adoptar un enfoque holístico del ''Escudo de la Democracia Europea'', que incluya una implementación sólida de la legislación vigente, como la Ley de Servicios Digitales, la Ley de IA o la Ley Europea de
Libertad de Medios, intensificando la acción y la coordinación en el ámbito de la alfabetización mediática, la verificación de hechos y el apoyo al periodismo independiente como componentes esenciales de la democracia.
5. Limitar el uso de publicidad personalizada basada en la vigilancia masiva y la recopilación de datos personales excesivos o innecesarios, restringiendo así la capacidad de las grandes plataformas para explotar la información privada de
los usuarios con fines comerciales.
6. Restringir el alcance del diseño adictivo de las plataformas digitales, prohibiendo prácticas como el scroll infinito y otros mecanismos destinados a maximizar el tiempo de permanencia en línea sin considerar el impacto en la salud
mental.
7. Apoyar la creación de sistemas de recomendación y redes sociales alternativas, basadas en protocolos libres e independientes, que permitan una experiencia digital más plural, democrática y transparente.
8. Garantizar y financiar la presencia de verificadores y equipos independientes de moderación de contenidos, formados y arraigados en cada Estado miembro y en los diferentes idiomas, con criterios transparentes y supervisión pública, para
evitar sesgos discriminatorios y garantizar una aplicación justa de las normas comunitarias.
9. Impulsar las modificaciones normativas oportunas para garantizar que las administraciones públicas tengan conocimiento de todos los parámetros, normas e instrucciones en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia
artificial con el fin de analizar su legalidad y evaluar su impacto social'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instancia dels diputats Gabriel Rufián Romero i Francesc Marc Álvaro Vidal, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei
sobre el marc regulador contra l'opacitat algorítmica i l'estudi per a la possible creació d'una Xarxa Social d'interès i d'iniciativa pública d'àmbit europeu per el seu debat al Ple.
Exposició de motius
En l'actual era digital, les grans plataformes tecnològiques han assolit una posició de domini sense precedents sobre l'espai públic en línia. Corporacions com Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Alphabet (Google, YouTube), X (antic
Twitter) i TikTok no només determinen les regles del debat públic, sinó que també gestionen una part substancial de la informació que consumim diàriament. Aquestes empreses operen sota un model de negoci basat en la recopilació massiva de dades
personals i en la venda de publicitat hiperdirigida, fet que ha convertit la societat digital en un ecosistema cada vegada més polaritzat i dependent de les seves infraestructures.
Aquest fenomen ha estat descrit per alguns experts com a 'tecnofeudalisme', una nova forma de poder en la qual els usuaris no són propietaris dels seus espais digitals ni de les dades que generen, sinó que esdevenen serfs digitals dins d'un
sistema controlat per un reduït nombre d'actors privats. A diferència del capitalisme industrial tradicional, en el qual es produeix un intercanvi de béns i serveis a canvi de diners, el tecnofeudalisme es basa en l'extracció i venda de dades
personals i en la monetització de l'atenció dels usuaris com si fos un recurs il·limitat. Aquest model no només perjudica els usuaris en línia, sinó que també ha generat greus conseqüències per a la democràcia, la llibertat d'expressió i la
privacitat.
Les Very Large Online Platforms (VLOPs), designades per la Comissió Europea sota el Reglament de Serveis Digitals (DSA), no només han permès la proliferació de desinformació i discursos d'odi, sinó que també han creat un entorn on els
continguts més emotius i polaritzadors tenen un avantatge estructural dins dels seus algoritmes de recomanació. Això ha afavorit la propagació d'ideologies extremistes, l'erosió del diàleg democràtic i l'augment de la desconfiança cap a les
institucions.
Aquesta situació s'ha vist agreujada per la falta de control públic sobre aquestes plataformes, les quals actuen com a actors polítics de facto sense estar sotmeses a mecanismes de rendició de comptes democràtics. Casos com el d'Elon Musk a
X (Twitter), que ha desmantellat mecanismes bàsics de moderació i ha permès el retorn de perfils que fomenten l'odi i la desinformació, demostren els riscos d'un model de xarxes scials completament privatitzat i guiat per interessos empresarials. O
Meta, que va eliminar els mecanismes de fact-checking amb verificadors de dades independents amb l'excusa de promoure la llibertat d'expressió i les seves plataformes (Facebook, Instagram i Thread) s'han convertit un espai de difusió de fake news,
teories de la conspiració, informació manipulada, continguts extremistes i discursos d'odi sense cap mena de control. De la mateixa manera, TikTok no permet la promoció de contingut polític a la seva plataforma.
Davant d'aquest escenari, cal apostar per alternatives públiques i democràtiques que garanteixin la protecció de drets fonamentals a l'espai digital. Això hauria d'incloure, com a mínim, el debat sobre la viabilitat i conveniència de
desenvolupar una Xarxa Social d'iniciativa pública europea, amb possibilitat de finançament per part de la Unió Europea i els Estats membres i sota control parlamentari, que funcioni com una infraestructura d'interès públic, amb coparticipació
públicoprivada i col·laboració multinivell entre administracions i agents socials. Aquesta xarxa hauria de respectar criteris estrictes de protecció de dades, transparència algorítmica i neutralitat de continguts, assegurant un espai lliure de
manipulació comercial i de censura arbitrària.
A més, és imprescindible reforçar la regulació de les grans plataformes tecnològiques mitjançant una aplicació més estricta del DSA, la prohibició de la publicitat personalitzada basada en vigilància massiva i la limitació de les pràctiques
de disseny addictiu que
exploten la psicologia dels usuaris. L'objectiu final ha de ser garantir un ecosistema digital més just, plural i controlat democràticament, posant fi al tecnofeudalisme i retornant el control de la informació i les xarxes socials a la
ciutadania.
Per tot l'exposat, es planteja la següent:
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a:
1. Impulsar la creació d'una Xarxa Social d'interès i d'iniciativa pública d'àmbit europeu, amb possibilitat de finançament per part de la Unió Europea y estats membres, coparticipació públicoprivada i col.laboració multinivell entre
administracions y agents socials, sotmesa a control democràtic parlamentari i amb ple respecte a la protecció de dades, la transparència algorítmica i la llibertat d'expressió. Aquesta proposta s'ha de portar a debat en el marc de la negociació
pressupostària de la UE i davant de la Comissió Europea.
2. Adoptar les modificacions oportunes de normatives estatals i impulsar el desenvolupament i, si s'escau, la reforma de la de la Llei de Serveis Digitals (DSA), la Llei de Mercats Digitals (DMA) i de qualsevol altra normativa internacional
per garantir la imposició de sancions més severes per a les grans plataformes digitals que incompleixin les seves obligacions, en especial pel que fa a la moderació de continguts, l'ús d'algoritmes opacs i la desinformació.
3. Instar la Comissió Europea a desenvolupar mesures per garantir la integritat electoral davant la manipulació informativa en línia, incloent-hi l'obligació per a les VLOPs d'adoptar canvis als seus sistemes de recomanació i reforçar els
mecanismes de verificació de la informació.
4. Instar a la Comissió Europea a adoptar un enfocament holístic de l''Escut de la Democràcia Europea' que inclogui una implementació sòlida de la legislació vigent, com ara la Llei de serveis digitals, la Llei d'IA o la Llei europea de
llibertat de mitjans, intensificant l'acció i la coordinació en l'àmbit de l'alfabetització mediàtica, la verificació de fets i el suport al periodisme independent com a components essencials de la democràcia.
5. Limitar la utilització de publicitat personalitzada basada en la vigilància massiva i la recopilació de dades personals excessives o innecessàries, limitant així la capacitat de les grans plataformes per explotar la informació privada de
les persones usuàries amb finalitats comercials.
6. Restringir l'abast del disseny addictiu de les plataformes digitals, prohibint pràctiques com l'scroll infinit i altres mecanismes destinats a maximitzar el temps de permanència en línia sense considerar l'impacte en la salut mental.
7. Recolzar la creació de sistemes de recomanació i xarxes socials alternatives, basades en protocols lliures i independents, que permetin una experiència digital més plural, democràtica i transparent.
8. Garantir i finançar la presència de verificadors i d'equips independents de moderació de continguts formats i arrelats a cada Estat membre i en les diferents llengües, amb criteris transparents i supervisió pública, per evitar biaixos
discriminatoris i garantir una aplicació justa de les normes de comunitat.
9. Impulsar les modificacions normatives oportunes per garantir que les administracions públiques tenen coneixement de tots els paràmetres, normes i instruccions en les que es basen els algoritmes o sistemes d'intel·ligència artificial per
tal d'analitzar-ne la legalitat i avaluar-ne l'impacte social.'
Congrés dels Diputats, 14 Febrer de 2025.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grup Parlamentari Republicà.
162/000435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al necesario debate sobre las
modificaciones legales para abordar la viabilidad económico-financiera y sostenibilidad de Correos, para su debate en el Pleno.
Exposición de Motivos
El Gobierno de España está inmerso en un abismo de ineficiencia e incompetencia. Su exclusiva ambición de mantenerse en el poder, sin importar las nefastas consecuencias que ello supone, no es sólo una evidencia de su poca utilidad para el
conjunto de los españoles. Es también un reflejo de cómo, velando exclusivamente por sus intereses particulares y partidistas, Pedro Sánchez perjudica directa y conscientemente a los ciudadanos cada día que se mantiene en el poder.
Un buen ejemplo de ello fue lo ocurrido en el Pleno del Congreso, reunido el 22 de enero de 2025 en sesión extraordinaria, que derogó el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia
económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.
La no convalidación de este Real Decreto-ley fue fruto, exclusivamente, de dos circunstancias independientes, pero íntimamente vinculadas entre sí: la primera, la extrema debilidad de este Gobierno; y la segunda, la absoluta falta de
respeto e hipocresía que aquel texto suponía para el conjunto de los españoles, las Cortes Generales y el ordenamiento jurídico. Ambas circunstancias son responsabilidad exclusiva del ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.
Los chantajes de este Gobierno fueron la causa única de que, cuestiones de gran relevancia para el día a día de los ciudadanos no salieran adelante, por concurrir entremezcladas con otras medidas que, lejos de mejorar la vida de los
españoles, empeoraban aún más sus condiciones de vida y que eran, por ende, inadmisibles.
La consecuencia fue que el citado Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo, que había entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado', el pasado 24 de diciembre, dejó por tanto de aplicarse. Y por
ello no entró en vigor su disposición final cuarta, que se titulaba: Modificación de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
Al Grupo Parlamentario Popular le preocupa extraordinariamente la desastrosa situación económico-financiera de la gran empresa pública estatal Correos. Sin duda el principal responsable de ello ha sido Pedro Sánchez, por haber nombrado
presidente de Correos a Juan Manuel Serrano, por los únicos criterios de amistad y de coincidencia política, toda vez que era su jefe de gabinete en la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, a sabiendas de que no reunía las condiciones
de experiencia y solvencia para gestionar esta gran empresa.
En los cinco años de presidencia de Correos de Serrano, las pérdidas superaron los 1.000 millones de euros y el patrimonio neto cayó un 49,69 % pasando de 1.457 millones en 2019 a tan sólo 724 millones en 2023.
Tan grave es la situación de Correos que en la exposición de motivos del derogado RDL 9/2024 se decía literalmente: 'la ausencia de diversificación de ingresos y sus elevados costes estructurales han provocado un ebitda negativo recurrente
que actualmente condiciona la viabilidad económico-financiera' y se añadía 'Ese conjunto de medidas constituye, junto con las incluidas en este Real Decreto-ley, un todo necesario para eludir en el corto plazo el riesgo de disolución de empresa'.
El Grupo Parlamentario Popular está convencido de la viabilidad del Grupo Correos siempre que esté bien gestionado y que se aborden profundas transformaciones en el operador público postal, una gran empresa por dimensión, capilaridad y
capital humano, nada menos que 50.221 empleados.
El ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a haberlo solicitado el Grupo Parlamentario Popular, no ha comparecido todavía en el Congreso para informar sobre el contenido del Acuerdo Marco Estratégico y sobre Plan Estratégico de 2024-2028 suscritos
ambos en julio del pasado año.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos necesario un debate sobre las medidas que se planteaban en la disposición final cuarta del RDL 9/2024 que abordaba una modificación de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal
universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
Modificaciones legales que ampliaban el plazo durante el que Correos continuará como operador designado para prestar el Servicios Postal Universal, habilitaban a Correos a prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG) de carácter
administrativo y financiero, y daban cobertura legal a las estipulaciones que podrán pactarse cuando, por mutuo acuerdo y en el marco del Plan Estratégico 2024-2028. Además de regular el sistema para compensar a Correos por la prestación de esos
nuevos servicios
Por todo lo anterior consideramos que, el ejecutivo si desea volver a abordar estas modificaciones legales, ha de hacerlo aprobando en Consejo de ministros un nuevo Real Decreto-ley de temática exclusivamente postal, que permita el necesario
debate de convalidación en el Congreso de los Diputados, en el que el Grupo Parlamentario Popular valorará con seriedad y espíritu constructivo las medidas y acciones necesarias para la transformación del Grupo Correos, su viabilidad y la
sostenibilidad financiera de esta gran empresa pública estratégica para España.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Consejo de Ministros apruebe un Real Decreto-ley con un único contenido, relativo a la modificación de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los
derechos de los usuarios y del mercado postal, de modo que permita un debate de convalidación en el Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Celso Luis Delgado Arce y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en apoyo de las abuelas de Sepur Zarco: supervivientes de la esclavitud sexual del
ejército de Guatemala, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La nueva Ley de Cooperación aprobada recientemente por la gran mayoría de la representación parlamentaria recoge una perspectiva feminista que convierte la igualdad en un eje transversal de todas las acciones de cooperación. Se trata de un
gran valor añadido, de reconocimiento y de justicia. De más y mejor democracia.
El pasado 23 de octubre, una destacada delegación de 'las abuelas' de Sepur Zarco (Guatemala), de ONU mujeres y de la asociación de Mujeres de Guatemala AMG, realizaron una visita de trabajo en nuestro país. Su agenda tenía un amplio
contenido internacional y una representación de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo tuvo la oportunidad de escuchar, compartir y ser partícipes de la lucha por la justicia y reparación de las mujeres y niñas en los conflictos
bélicos. En este caso con un factor añadido: el de ser mujeres indígenas y pobres.
Las Abuelas de Sepur Zarco son un grupo de mujeres indígenas que sobrevivieron a actos de desapariciones forzosas, asesinatos, violencia sexual y esclavitud atroces cometidos por el ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno
en Guatemala en los años 80 del siglo pasado.
Hasta 71 mujeres sufrieron las desapariciones forzosas y los asesinatos de sus familiares, la esclavitud doméstica y la violencia sexual de los militares bajo el silencio del Gobierno. Quince mujeres denunciaron y, treinta y cinco años
después, han conseguido que, por primera vez en el mundo, un tribunal nacional, aplicando leyes nacionales e internacionales, juzgó un crimen de persecución internacional como es la esclavitud sexual relacionada con los conflictos armados y, se
condenase la esclavitud sexual como crimen de guerra.
Este caso sin precedentes concluyó con la condena de dos exmilitares por delitos de lesa humanidad y la concesión de 18 medidas de reparación transformadoras para las sobrevivientes y para su comunidad.
Las Abuelas de Sepur Zarco, como se las conoce respetuosamente, esperan poder vivir hoy con justicia. Para ellas, la justicia incluye educación para las niñas y niños de su comunidad con medidas como mejoras de escuelas o becas para la
educación, el acceso a la tierra, una clínica sanitaria y un conjunto de medidas que pongan fin a la pobreza extrema que su comunidad ha sufrido durante generaciones.
Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, ONU Mujeres lidera los esfuerzos dirigidos a conseguir que se aplique la sentencia transformadora dictada en el caso Sepur Zarco. Para ello, trabaja en
colaboración con las autoridades nacionales, la sociedad civil guatemalteca y otros organismos de las Naciones Unidas.
En definitiva, el acceso de las mujeres a la justicia es un pilar fundamental para garantizar la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, especialmente en contextos
tras los conflictos donde las mujeres hayan sido víctimas y supervivientes de violaciones sistemáticas de derechos humanos y discriminación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Expresar todo nuestro reconocimiento y apoyo al coraje y valentía de las Abuelas de Sepur Zarco.
2. Manifestar nuestro firme compromiso para que, a través de la Cooperación Internacional al Desarrollo de nuestro país y con las gestiones oportunas, se inste al Gobierno de Guatemala a que, a la mayor brevedad posible, se lleven a cabo
las acciones de reparación tal y como recoge la sentencia.
3. Fortalecer las capacidades de Guatemala a través de la cooperación española desarrollando las medidas de reparación transformadora, con especial énfasis en el enfoque de protección y defensa de derechos humanos y libertades fundamentales
y de igualdad de género.
4. Continuar impulsando medidas para combatir la impunidad en los casos de violencia sexual en el marco de los conflictos y garantizar el acceso de las mujeres a la justicia de género y a reparaciones. Avanzar en la lucha contra las
prácticas dilatorias ejercidas para que las supervivientes desistan de los casos.
5. Continuar promoviendo y reforzando a través de la cooperación internacional la participación de las mujeres mediante ejercicios de consulta en los que se garanticen su participación en la planificación, aplicación y seguimiento en todos
los procesos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-María Guijarro Ceballos, Olvido de la Rosa Baena, Luc Andre Diouf Dioh, Lídia Guinart Moreno, Cristina López Zamora, José Losada Fernández, Jonay Quintero Hernández, María Isabel
Moreno Fernández, Susana Ros Martínez, Emilio Sáez Cruz, David Serrada Pariente y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Montse Mínguez García y Javier Alfonso Cendón, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de medidas para lograr una digitalización con base humanista,
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La revolución digital que vivimos desde hace décadas se ha convertido en una fuente de oportunidades para mejorar la vida de las sociedades: ha multiplicado las capacidades de las economías, ha mejorado los avances en el desarrollo de la
salud y la educación, e incluso ha posibilitado la interconexión y la transferencia de conocimiento, a una velocidad nunca antes vista. Pero como toda revolución, también lleva consigo amenazas y riesgos para la ciudadanía.
En el contexto de esta revolución digital las redes sociales irrumpieron como espacios de participación y escucha accesibles para la sociedad, pusieron en contacto a la ciudadanía de diferentes lugares del mundo y permitieron ampliar el
debate público y ser un altavoz para personas que de otra manera hubieran tenido muy complicado acceder al mismo, generando movimientos sociales que han enriquecido nuestra democracia. Su uso se ha vuelto masivo, acaparando hoy en día alrededor de
5.000 millones de usuarios en todo el mundo, más del 60 % de la población mundial. Y ha sido precisamente este éxito lo que ha abierto la puerta no sólo a oportunidades de negocio, en algunos casos cuestionables, sino también a nuevos tipos de
delincuencia, a ataques a la estabilidad de las economías, a la difusión de bulos y al aumento de la desinformación y, en última instancia, a cuestionar la credibilidad de las instituciones y del propio sistema democrático. En definitiva, los
objetivos iniciales con los que nacieron estas plataformas, en gran parte, se han distorsionado.
Hoy las sociedades son conscientes de que en el espacio digital la ciudadanía puede ver vulnerados sus derechos. El anonimato en las redes sociales y la falta de transparencia en la definición de los algoritmos son factores que favorecen su
menoscabo, y los datos así lo corroboran: según el último balance de criminalidad presentado por el Ministerio del Interior, los delitos informáticos ya representan casi una quinta parte de todas las infracciones penales. Si nos centramos en lo
que tiene que ver con el discurso de odio difundido en redes sociales, nos encontramos con que los delitos de odio cometidos a través de internet y redes sociales aumentaron en un 32 % en 2023 respecto al año anterior, según refleja el último
Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España. Estos últimos se ven propiciados en muchas ocasiones por el retraso en la retirada de los contenidos por parte de las plataformas o la falta de verificación en la publicación de
contenido, una tendencia esta última que va en aumento.
Todo lo expuesto ha llevado a los diferentes Estados a ir aprobando declaraciones o cartas de derechos digitales. El Gobierno de España fue uno de los pioneros, aprobando
su Carta de Derechos Digitales en julio de 2021, con el objetivo de que los derechos reconocidos en la Constitución y en otras normas se respeten también en el entorno digital, con la misma eficacia que en el mundo físico. Recientemente se
ha dado un paso más en este ámbito, con la creación del Observatorio de Derechos Digitales, un espacio en el que participan 177 entidades públicas y privadas y 280 especialistas que velarán por el cumplimiento y la protección de estos derechos
digitales.
Mención aparte merece abordar uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las democracias: el crecimiento de la desinformación. De hecho, en su último Informe sobre Riesgos Mundiales, el World Economic Forum señala a la
desinformación como principal riesgo mundial en los próximos dos años, y el quinto riesgo mundial en la próxima década. La velocidad a la que viaja la desinformación -está demostrado que los bulos se comparten un 70% más rápido que las noticias
verdaderas, a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería-, unido al aumento de contenidos generados por inteligencia artificial difíciles de distinguir respecto a los que corresponden a personas reales, genera un clima de desconfianza
que amenaza la paz pública.
El restablecimiento de la confianza y la protección de los derechos digitales pasa necesariamente por que Europa fomente una digitalización humana y humanista, basada en la regulación, e inspirada en los valores tradicionales de la Unión.
La Ley de Servicios Digitales aprobada por la Unión Europea en 2023 va en esta dirección, pero es necesario avanzar en la soberanía digital y configurar un modelo alternativo de desarrollo tecnológico que contribuya al crecimiento económico desde el
respeto a los derechos digitales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el seno de las instituciones europeas, las iniciativas necesarias para que Europa avance en soberanía digital y tecnológica, apostando por un modelo de digitalización con base
humanista.
Para ello se proponen las siguientes medidas:
1. Avanzar en la implantación de la Identidad Digital Europea y al mismo tiempo analizar las medidas para evitar que el anonimato se convierta en un instrumento para eludir responsabilidades.
2. Estudiar la necesidad de impulsar y complementar el modelo de transparencia algorítmica para las plataformas digitales que ofrezca información sobre cómo funcionan, que vaya más allá de lo que regula el DSA, y hacer así posible una mejor
supervisión.
3. Evaluar en el marco del Reglamento (UE) 2022/2065 posibles medidas para reforzar la responsabilidad de los prestadores de servicios digitales en caso de vulneración de derechos y libertades fundamentales de los usuarios'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000005
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5514/2023, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra los artículos 15.1 b), c), d) y e); 16.1 d);
18.2; 18.3; 18.4; 27.1; 27.3; 28.1 b), c) y d); 29.2; 31.1; 31.2; disposición adicional tercera; disposición final primera tres; disposición final cuarta; disposición final quinta dos y disposición final quinta seis de la Ley 12/2023, de
24 de mayo, por el derecho a la vivienda, así como votos particulares formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer
Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, don Juan Carlos Campo Moreno, doña Laura Díez Bueso y don José María Macías
Castaño, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5514-2023, promovido por ciento treinta y seis diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra los arts. 15.1 b), c), d) y e), 16.1 d), 18.2, 18.3, 18.4, 27.1,
27.3, 28.1 b), c) y d), 29.2, 31.1, 31.2, disposición adicional tercera, disposición final primera tres, disposición final cuarta, disposición final quinta dos y disposición final quinta seis de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la
vivienda. Han comparecido el Congreso de los Diputados, el
Senado y el Gobierno de la Nación, habiendo formulado alegaciones este último. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido
1.° Declarar la pérdida sobrevenida de objeto del presente recurso de inconstitucionalidad respecto de la impugnación de los artículos 16.1.d), 27.1 y 27.3 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
2.° Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 6 c) y 7 del art. 439 y de los apartados 1 y 2 del art. 655 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la disposición final quinta dos y seis de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
3.° Extender, por conexión o consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad al inciso del art. 685.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la disposición final quinta ocho de la
Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que se indica en el FJ 7 de la presente sentencia.
4.° Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 29 de enero de 2025.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000019
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular
Autor: Doña María Dolores López Alarcón.
Proposición de Ley para establecer una modificación en la Ley de Contrato de Seguro.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín Oficial de la
Cortes Generales, conforme a los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota:
Advertido error en el BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 287, de 21 de febrero de 2025, el ejemplar con cve: BOCG-15-D-287-C1 se ha sustituido por el presente con cve: BOCG-15-D-287-C2.