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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 286, de 20/02/2025
cve: BOCG-15-D-286
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de febrero de 2025
Núm. 286
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000002 Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental.
Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos ... (Página3)
Control sobre las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley
REALES DECRETOS-LEYES
130/000015 Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.
Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cierre programado de la generación nuclear en España.
Enmienda ... (Página3)
Aprobación ... (Página5)
162/000362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la menopausia.
Enmiendas... (Página6)
Aprobación con modificaciones ... (Página8)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000091 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda ... (Página9)
172/000092 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario VOX, a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre cuáles son las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar que los españoles puedan acceder a una vivienda digna ...
(Página9)
172/000093 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre el fracaso de la política del Gobierno en materia de vivienda... (Página10)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000073 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la atención sanitaria a los miles de migrantes que llegan a las costas canarias cada mes.
Texto de la moción, así como enmienda formulada ... (Página10)
Aprobación... (Página12)
173/000074 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles son los planes del Gobierno para hacer frente al invierno demográfico que amenaza el futuro de España.
Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página12)
173/000075 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han provocado el deterioro democrático actual.
Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página18)
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000003 Subcomisión, en el seno de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Informe de la Subcomisión, así como votos particulares presentados ... (Página21)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000002
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Tercero.2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, aprobar la
solicitud de la Comisión de Sanidad, de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental, constituida en el seno de la citada Comisión, hasta
el final del periodo de sesiones.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY
REALES DECRETOS-LEYES
130/000015
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de
vulnerabilidad, se acordó su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000047), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000359
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la enmienda formulada a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cierre programado de la generación nuclear en España, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 232, de 8 de noviembre de 2024.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (G.P. VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley sobre el cierre programado de la
generación nuclear en España, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cuyo debate está incluido en el Punto núm. 3 del orden del día de la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados que se celebrará el día 11 de febrero de
2025.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Reconozca la energía nuclear como una fuente de energía imprescindible dentro de nuestro mix energético.
de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear y los titulares de las instalaciones y atendiendo a criterios técnicos y económicos.
seguro y estable y en su contribución a la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero.
sufrirían su impacto.
la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, por su impacto directo en el precio de la electricidad para las familias y la industria.
5. Impulse los mecanismos oportunos para eliminar la fiscalidad especial impuesta por las administraciones territoriales sobre la producción de energía nuclear.
6. Impulse un programa nacional de formación en el ámbito de la tecnología nuclear que ayude a fomentar la creación de empleo en las regiones donde operan las instalaciones nucleares y que incluya incentivos específicos para atraer a
jóvenes talentos.
implicaciones para la garantía del suministro, atendiendo a las nuevas previsiones contenidas en la revisión del PNIEC.
UE de Ley sobre Industria Cero Emisiones Netas, que incluye tecnologías de
6.
Transición Energética por su impacto negativo en los sectores económicos críticos de nuestra economía y, en especial, la Industria.
en marzo de 2019, con audiencia y participación de las empresas titulares, de conformidad con las acciones a las que instamos con anterioridad.
dichas consideraciones.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cierre programado de la generación nuclear en España, publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 232, de 8 de noviembre de 2024, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1.º Extienda la vida útil de las centrales nucleares existentes en nuestro país, en el marco de la normativa europea, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear y los titulares de las instalaciones y atendiendo a criterios técnicos y
económicos.
2.º Facilite la sostenibilidad económica de las instalaciones nucleares de modo que refleje el papel fundamental de esta tecnología en la transición energética, en la garantía de suministro eléctrico seguro y estable y en su contribución a
la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero.
3.º Promueva un diálogo comprometido con los municipios, diputaciones y comunidades autónomas que se verían afectadas por el cierre de las siete unidades nucleares en España, así como con los diversos sectores económicos que también
sufrirían su impacto.
4.º Solicite informes a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y al operador del sistema eléctrico (REE) en los que se evalúe el impacto económico del cierre nuclear programado, así como las implicaciones para la garantía
del suministro, atendiendo a las nuevas previsiones contenidas en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
5.º Adopte las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los retos y aprovechar las oportunidades que brinda el Reglamento UE de Ley sobre Industria Cero Emisiones Netas, que incluye tecnologías de
energía nuclear.
6.º Promueva las iniciativas legislativas necesarias para la derogación del artículo 10 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
7.º Revise el 7° Plan General de Residuos Radiactivos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y el Protocolo de cierre de las centrales nucleares aprobado en marzo de 2019, con audiencia y participación de las empresas
titulares, de conformidad con las acciones a las que instamos con anterioridad.
8.º Traslade todo lo anterior al Comité Especializado para la Seguridad Energética y le requiera para la presentación de su propuesta de revisión de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional atendiendo a dichas consideraciones.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000362
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la menopausia, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 236, de 15 de noviembre de 2024.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto a instancias de la Diputada de Podemos y Portavoz adjunta del G.P. Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la menopausia.
Enmienda
De adición.
Se añade un nuevo punto que quedaría redactado como sigue:
'7. Dar cumplimiento a lo recogido en la Ley 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que en su artículo 5.
Objetivos y garantías generales de actuación de los poderes públicos recoge que en el desarrollo de las políticas públicas los poderes públicos promoverán 'la atención especializada dirigida a personas en diferentes etapas del ciclo vital, con
énfasis especial en la infancia y juventud, así como en la fase de la vida adulta de las mujeres en que tienen lugar el climaterio y la menopausia'.'
Enmienda
De adición.
Se añade un nuevo punto que quedaría redactado como sigue:
'8. Dar cumplimiento a lo recogido en la Ley 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que en su Artículo 11 bis.
Investigación, recopilación y producción de datos, en el punto 3 recoge que 'Se promoverá y garantizará la investigación que permita obtener la mejor, más amplia y actualizada información acerca de la menstruación y la salud durante la menstruación
en las diferentes fases del ciclo vital de las mujeres, con un enfoque relativo a la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías que afectan al ciclo menstrual y los efectos que sobre este producen los distintos fármacos'.'
Enmienda
De adición.
Se añade un nuevo punto que quedaría redactado como sigue:
'9. Implementar y desarrollar planes de educación menstrual en todas las etapas tal y como recoge la Ley 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción
voluntaria del embarazo en su artículo Artículo 10 ter. Medidas en el ámbito de la educación menstrual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2025.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso, las siguientes enmiendas a la Proposición no de ley sobre la menopausia.
Enmienda
De adición.
Se añade un nuevo apartado 7, que queda redactado de la siguiente manera:
'7. Fomentar la inclusión de la menopausia en la formación de matronas, la enfermería obstétrico-ginecológica, enfermería general y medicina de atención primaria para una mejor identificación de los sistemas que requieran derivación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Esther Gil de Reboleño Lastortres, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
menopausia.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a destinar los recursos económicos, humanos, estructurales y tecnológicos que sean necesarios para posibilitaren todo el Sistema Nacional de Salud un abordaje integral y humanizado de los
problemas de salud en la mujer derivados de la premenopausia, la menopausia y el climaterio.
Para ello, y considerando el impacto de los problemas de salud referidos en la vida personal y profesional de la mujer, el Gobierno trabajará desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y la coordinación plena con los representantes
de los pacientes y de los profesionales sanitarios, impulsando en mayor medida la investigación -incluyendo la colaboración público-privada?- y fomentando sinergias entre la atención primaria, la atención hospitalaria y los servicios sociales.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la menopausia, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, núm. 236, de 15 de noviembre de 2024, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar, investigar y analizar los casos de las mujeres con menopausias que tengan afectada su salud por precocidad (premenopausia), y en la menopausia y posmenopausia (climaterio) con signos y síntomas evidentes.
2. Trasladar información sobre la falta de efectividad del consumo generalizado de cremas, pastillas y terapias alternativas y acientíficas, que exhiben sin ningún tipo de control la indicación para el tratamiento de los síntomas asociados
a la menopausia, y posibilitar información sobre las posibles terapias que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres en esta etapa vital.
3. Poner en marcha campañas de información, sensibilización, difusión y educación para la salud sobre la menopausia dirigidas a la ciudadanía a fin de evitar la estigmatización de las mujeres en una parte importante de la vida personal,
familiar y/o laboral.
4. Apoyar a las Comunidades Autónomas en la mejora de los niveles asistenciales, Atención Primaria y Especializada, para la asistencia, docencia, investigación y divulgación desde la salud pública y comunitaria relacionada con la
menopausia.
5. Impulsar en colaboración con las Administraciones locales y las Comunidades Autónomas, dentro de sus competencias, la participación en la salud comunitaria durante la menopausia, como una etapa importante y larga de la vida de las
mujeres.
6. Fomentar la inclusión de la menopausia en la formación de matronas, enfermería obstétrico-ginecológica, enfermería general y medicina familiar y comunitaria para una mejor identificación de los sistemas que requieran derivación.
7. Dar cumplimiento a lo recogido en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que en su artículo 5
'Objetivos y garantías generales de actuación de los poderes públicos' recoge que en el desarrollo de las políticas públicas los poderes públicos promoverán 'la atención especializada dirigida a personas en diferentes etapas del ciclo vital, con
énfasis especial en la infancia y juventud, así como en la fase de la vida adulta de las mujeres en que tiene lugar el climaterio y la menopausia'.
8. Dar cumplimiento a lo recogido en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que en su Artículo 11
bis 'Investigación, recopilación y producción de datos', en el punto 3 recoge que 'se promoverá y garantizará la investigación que permita obtener la mejor, más amplia y actualizada información acerca de la menstruación y la salud durante la
menstruación en las diferentes fases del ciclo vital de las mujeres, con un enfoque relativo a la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías que afectan al ciclo menstrual y los efectos que sobre este producen los distintos fármacos'.
9. Implementar y desarrollar planes de educación menstrual en todas las etapas tal y como recoge la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo en su artículo 10 ter 'Medidas en el ámbito de la educación menstrual'.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000091
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda, cuyo texto se inserta a
continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de su Portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga y del diputado Javier Sánchez Serna, integrantes de Podemos, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, la presente interpelación sobre la política del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2025.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000092
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre cuáles son las medidas que va a adoptar el Gobierno para
garantizar que los españoles puedan acceder a una vivienda digna, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de los dispuesto en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula interpelación urgente a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre cuáles son las
medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar que los españoles puedan acceder a una vivienda digna.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2025.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
172/000093
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre el fracaso de la política del Gobierno en
materia de vivienda, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente, a la Ministra de Vivienda y Agenda
Urbana sobre el fracaso de la política del Gobierno en materia de vivienda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2025.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000073
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
atención sanitaria a los miles de migrantes que llegan a las costas canarias cada mes y de la enmienda presentada a la misma, que se tramitó entendiendo que la previsión contenida en el punto 1.b. de esta última se haría, en todo caso, por el
procedimiento reglamentario pertinente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre
la atención sanitaria a los miles de migrantes que llegan a las costas canarias cada mes.
El Gobierno de Canarias viene asumiendo en su totalidad el esfuerzo de la atención sanitaria a la población migrante que llega a las islas en embarcaciones precarias, y lo hace a través del presupuesto del Servicio Canario de Salud, que solo
entre los meses de enero y octubre del presente año 2024 ha debido destinar ya más de 22 millones de euros para sufragar la atención sanitaria y social a las personas migrantes.
Desde hace más de un año, las islas Canarias afrontan un crecimiento sostenido de los flujos migratorios de forma intensa y constante, lo que está suponiendo un importante
esfuerzo para el sistema sanitario canario, que destina profesionales, infraestructuras y recursos materiales a la ayuda humanitaria y asistencial que precisan estas personas migrantes sin que hasta el momento el Gobierno de España compense
todos los desequilibrios presupuestarios que generan la atención médica.
En este contexto, el Gobierno de Canarias ya ha trasladado de manera constante esta circunstancia al Ministerio de Sanidad para reclamar el necesario refuerzo del convenio con Cruz Roja para la asistencia sanitaria, dado que no se puede
obviar la situación migratoria que vive Canarias y la demanda asistencial que requieren las personas que llegan a las costas isleñas.
El Servicio Canario de la Salud ya tiene protocolizada la atención sanitaria ante la llegada de miles de personas migrantes para ser asistidas, tanto en su llegada a las costas del archipiélago como en los centros de acogida y, en su caso si
fuera necesaria, la derivación de las personas migrantes a centros hospitalarios cuando requieren abordaje especializado de su salud, así como a la población infantil que se le incluye en el programa del Niño Sano del Servicio Canario de la Salud.
En términos de esfuerzo económico, el enorme reto social que supone para la comunidad autónoma de Canarias la llegada masiva y continuada en el tiempo de personas migrantes a un territorio muy limitado, insular y alejado como el
archipiélago, se refleja en la cuantía de los gastos afrontados por el Servicio Canario de la Salud entre los meses de enero y octubre del año en curso para prestar a asistencia sanitaria a estos migrantes: más de 22 millones de euros solo de enero
a octubre de 2024.
En este contexto, y ante esta realidad, el Gobierno de Canarias sigue y seguirá trabajando sobre el terreno para dar respuesta y atención digna a las personas migrantes que llegan a las islas, pero es indiscutible que la comunidad autónoma
de Canarias necesita el apoyo decidido del Estado para compartir el peso del esfuerzo social, sanitario y económico derivado de las llegadas de embarcaciones con personas migrantes a las islas.
Por todo lo expuesto se formula la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:
El Gobierno de España acuerde con el Gobierno de Canarias la financiación extraordinaria que supone la atención sanitaria a las personas migrantes que llegan a las costas canarias, frontera sur del Estado, asumiendo sus competencias en
materia migratoria, que en la actualidad soporta en solitario la comunidad autónoma de Canarias en la práctica totalidad sus islas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2024.-Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184, 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Mixto (Sra. Valido García) sobre la atención sanitaria a los miles de migrantes que llegan a las costas canarias cada mes, que se debatirá como punto quinto del orden de día en la sesión n.° 71 del Pleno del Congreso de los Diputados
del día 11 de febrero de 2025.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:
E
en materia migratoria, que en la actualidad soporta en solitario la comunidad autónoma do Canarias en la práctica totalidad de sus islas.
comportan para la seguridad de nuestro país. Y, en consecuencia:
a. Aporte los recursos públicos (los medios humanos y recursos materiales, así como los recursos adicionales requeridos de seguridad jurídica y amparo legal) necesarios que se encuentren bajo dependencia del Gobierno de la Nación para poner
fin a dicha situación perjudicial para el bien de España.
b. Informe periódicamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la 'situación de interés para la Seguridad Nacional'.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la atención sanitaria a los miles de migrantes que llegan a las costas
canarias cada mes, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:
El Gobierno de España acuerde con el Gobierno de Canarias la financiación extraordinaria que supone la atención sanitaria a las personas migrantes que llegan a las costas canarias, frontera sur del Estado, asumiendo sus competencias en
materia migratoria, que en la actualidad soporta en solitario la Comunidad Autónoma de Canarias en la práctica totalidad de sus islas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
173/000074
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles son los planes del Gobierno para hacer frente al invierno demográfico que
amenaza el futuro de España, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente a la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre cuáles son los planes del Gobierno para hacer frente al invierno demográfico que amenaza el futuro de España.
Exposición de motivos
I
El pasado 19 de diciembre, este Grupo Parlamentario interpeló a la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre cuáles son los planes del Gobierno para hacer frente al invierno
demográfico que amenaza el futuro de España.
El Gobierno parece que desoye el grito desesperado de la demografía española. Ejemplo de ello son las recientes declaraciones del jefe del Ejecutivo en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados: sentenció que muchas familias no
tienen tantos hijos porque 'no quieren' 1. Esta afirmación no se corresponde en absoluto con los últimos datos proporcionados por el Centro de Investigaciones Sociológicas ('CIS'): según su primer estudio sobre Fecundidad, familia e infancia,
publicado el pasado 8 de octubre, al 58,9% de los encuestados 'que no tienen hijos les hubiese gustado tenerlos' 2.
La misma encuesta desvela otros datos interesantes sobre la opinión de los españoles acerca de la natalidad: casi 1 de cada 3 considera que el número ideal de hijos es 3; sobre las razones por las que no se tienen hijos, 'un 77,3% asegura
que 'por falta de medios económicos', un 44,1% 'por problemas de conciliación de vida laboral y familiar' y, en tercer lugar -un 26,4%- ha dicho que 'por no entorpecer la carrera profesional'' 3. El precio de la vivienda en España también preocupa
a un 40,7% de los encuestados a la hora de tener hijos.
No debería sorprender a nadie que la única cuestión sobre la que hay prácticamente unanimidad (93,1%) es que 'ver crecer a los hijos es el mayor placer de la vida' 4. Es una afirmación de sentido común y enraizada en nuestra naturaleza
humana. Lo que sí es preocupante es que casi 6 de cada 10 encuestados esté muy en desacuerdo o en desacuerdo con la siguiente aseveración: 'tener hijos mejora el prestigio social de la gente en sociedad' 5. Desde el Grupo Parlamentario VOX se
juzga harto necesario revertir este fenómeno escalofriante. Es fundamental que tener hijos vuelva a ser aplaudido y celebrado por parte de toda la sociedad española.
El sondeo no acaba ahí. El encuestador también recoge el sentir de los españoles sobre la incomparecencia del Gobierno en materia de políticas profamilia que ayuden a conciliar la vida familiar con la profesional. Así, por ejemplo, '[U]n
47,6% de los encuestados cree que es necesario flexibilizar la jornada laboral de los trabajadores con responsabilidades familiares, un 31% afirma que hay que mejorar el tratamiento fiscal en el IRPF de familias con hijos y un 27,5% asegura que hay
que facilitar el acceso a mejores viviendas para familias con hijos' 6. En este mismo sentido, un medio de comunicación, basándose en los resultados de una encuesta efectuada a mil jóvenes residentes en nuestro país, afirma que 'el 70% de los
jóvenes españoles quiere tener hijos, pero solo
1 https://gaceta.es/espana/sanchez-senala-que-muchas-familias-no-tienen-hijos-porque-no-quieren-es-una-decision-que-debemos-respetar-20241009-1521/
2 https://www.cis.es/-/un-53-7-cree-que-tener-hijos-afecta-mas-a-la-madre-en-cuanto-a-las-oportunidades-de-trabajo
3 Ídem.
4 https://www.cis.es/-/un-53-7-cree-que-tener-hijos-afecta-mas-a-la-madre-en-cuanto-a-las-oportunidades-de-trabajo
5 Ídem.
6 Ídem.
el 16% lo consigue' 7. Esta misma encuesta recoge, como el motivo principal de no tener hijos, la falta de ayudas del Estado 8.
En esta coyuntura, la de un invierno demográfico que lleva prolongándose décadas y contra el cual no se pone remedio por este Gobierno, este Grupo Parlamentario aboga por diseñar y llevar a cabo políticas fructíferas en materia de natalidad
que se midan por sus buenos resultados y no por sus buenas intenciones, para atajar un problema cada vez mayor para los españoles, provocado en gran medida por las desastrosas políticas de los Ejecutivos de esta y de las pasadas legislaturas.
II
La situación en la que se encuentra la demografía española es intolerable. El Grupo Parlamentario VOX lleva denunciando, desde su fundación en 2014 y desde su entrada en las instituciones en 2018, la renqueante situación poblacional de
nuestro país, la caída constante del número de nacimientos en términos absolutos y relativos año a año y los ataques a la familia.
Los datos referidos a la situación demográfica en España reflejan una realidad alarmante y de tintes apocalípticos: si no pasamos rápido a un renacimiento demográfico, la España de las próximas décadas se parecerá cada vez menos a la que
todos nosotros conocimos en nuestra infancia.
Así, por ejemplo, una breve radiografía de la demografía en España da cuenta de la terrible tendencia que venimos arrastrando desde hace décadas:
- Mientras que hace 61 años el número medio de hijos por mujer se situaba en 3,OI 9, en 2023, último año con datos disponibles, esta cifra ha disminuido al 1,12 10. En este sentido, España se sitúa a la cola de Europa, sólo por detrás de
Malta.
- Nuestro país registró en 2023 la cifra más baja de nacimientos en términos absolutos desde hace 83 años 11: según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística ('INE'), en 2023 nacieron un total de 320.656 niños, lo que
supone una reducción de un 2,6% respecto de 2022 y de un 24% respecto de 2013 12. La tendencia, con mínimas excepciones, es bajista desde hace 49 años 13.
- La tasa de natalidad 14 en España es una de las más bajas de Europa. En 2023, se situaba en el 6,61 %, mientras que en países vecinos como Portugal, Alemania o Francia se encontraba en el 8,1%/ 8,3% y 9,9%, respectivamente 15.
La evidencia estadística prueba de manera contundente la existencia de un suicidio demográfico en España sin precedentes en nuestra historia, una realidad que se expresa en la persistente disminución de la tasa de natalidad y del índice de
fecundidad, lo que plantea muchas dudas respecto de cómo se configurará la sociedad española del futuro.
7 https://www.eldebate.com/familia/20241217/70-jovenes-espanoles-quiere-tener-hijos-solo- 16-consigue_253829.html?utm_source=rrss&utm_medium=tw&utm_campaign=global
8 Ídem.
9 https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/espana
10 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177007&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
11 1941 es la fecha de las primeras recopilaciones de datos fiables en la historia reciente de nuestro país: https://www.europapress.es/sociedad/noticia-espana-registro-320656-nacimientos-2023-
24-menos-hace-10-anos-cifra-mas-baja-1941-20241120114933.html
12 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/es/MNP2023.htm
13 https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=MNP162&c=2&
14 La tasa de natalidad se define como el número de nacimientos por cada mil habitantes en un año.
15 https://datosmacro.expansion.com/demografía/natalidad
III
Por otra parte, el INE hace anualmente proyecciones en las que dibuja una España totalmente distinta a la actual: según el estudio Proyecciones de Población. Años 2024-2074 16, publicado el 24 de junio, de mantenerse las tendencias
demográficas, en 2074 la población mayor de 65 años será del 30,3%, cuando en la actualidad representa al 20,4% del total de la población residente en España. Porque este será otro problema: según estas estimaciones, en 2074 estarán residiendo en
España 54,6 millones de personas, de las cuales nacidas en España serán sólo el 61 %, cuando en la actualidad son el 81,9% del total. Ello quiere decir que nuestro país crecerá en poco más de 6 millones en los próximos 50 años y que la población de
nacionalidad extranjera supondrá 21.294.000 de personas.
Por tanto, estamos claramente ante un fenómeno de sustitución de la población autóctona mediante la inmigración masiva y descontrolada 17. Los españoles se enfrentan al serio riesgo de convertirse en minoría en su propia tierra 18, como
ocurrirá más pronto que tarde en algunas ciudades españolas.
La realidad es que la inmigración masiva y descontrolada no es la solución a nuestro suicidio demográfico. Tan es así, que el economista Jesús Fernández-Villaverde dijo recientemente en una conferencia que la inmigración está 'agravando el
problema del colapso demográfico' 19, porque cada inmigrante que esté por debajo del 70% de percentil de renta (es decir, prácticamente todos), en términos netos, quita recursos del Estado de bienestar, es decir, lo que aporta a la Hacienda pública
es menos de lo que recibe de las Administraciones Públicas en forma de ayudas 20. De ello se deduce, aplicando la lógica, que es una falacia la afirmación -tan aducida por el actual Gobierno y sus predecesores- de que la inmigración salvará nuestro
sistema de pensiones o logrará el equilibrio de la Seguridad Social.
Es decir, tanto en el plano sociocultural como en el económico, la inmigración masiva empeora la situación de España, no la mejora.
Con lo cual se cumple con la advertencia de los expertos desde hace décadas: en el año 2000, incluso el diario El País publicó que la solución de la inmigración al invierno demográfico español era 'inviable social y políticamente' 21, en
opinión de aquellos.
Ciertamente, de la demografía española depende todo lo demás: no sólo nuestro crecimiento económico, sino la supervivencia de nuestra cultura y nuestro modo único e irrepetible de estar en Europa y el resto del mundo 22.
16 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/PROP20242074.htm#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20de%20Espa%C3%Bla%20alcanzar%C3%ADa,millones%20de%20personas%20en%202039.
17 'Antes de convertirse en una 'teoría conspiracionista de la extrema derecha', el gran reemplazo era simplemente una noción demográfica introducida en el año 2000 por la ONU para referirse al envejecimiento de la población en los países
occidentales y al recurso masivo a la inmigración para mantener la población activa (Migration de remplacement: est-ce une solution pour les populations en déclin et vieillissantes?, ONU, marzo)': Erriguel, A., Blasfemar en el templo, 2023,
Ediciones Monóculo, Madrid, página 405.
18 En Alemania, por ejemplo, según una reciente encuesta el 54% tiene 'miedo de que los alemanes se conviertan en una minoría en Alemania':
https://gaceta.es/europa/una-mayoria-de-alemanes-teme-convertirse-en-una-minoria-en-su-propia-patria-20240509-0600/
19 Conferencia magistral: 'España (y Europa) en apuros' (12 de diciembre de 2024): https://www.youtube.com/ watch?v=j03vp-UqYus
20 Según datos del INE, de los 6.735.487 de extranjeros residentes legalmente en España, sólo cotizan a la Seguridad Social 2.832.073, es decir, que, descontando a los que no están en edad de trabajar, casi tres millones de inmigrantes
mayores de edad no cotizan (cerca del 50%): https://gaceta.es/espana/mas-de-39-millones-de-inmigrantes-viven-en-espana-sin-trabajar-el-58-de-la-poblacion-residente-20241121-0307/
21 https://elpais.com/diario/2000/08/14/sociedad/966204004_850215.html?outputType=amp
22 '¿Por qué los migrantes culturalmente lejanos suelen rechazar la identidad del país de acogida? ¿por qué en Francia los sondeos indican que son los hijos y nietos de inmigrantes (nacidos franceses) los que piensan que la sharia debe
prevalecer sobre la ley civil? Los datos demuestran que, si bien es posible asimilar a individuos, es casi imposible asimilar a comunidades constituidas como tal. Especialmente si éstas representan más del 20 % de la población y se concentran en
áreas concretas': Erriguel, A., Blasfemar en el templo, 2023, Ediciones Monóculo, Madrid, página 409.
IV
A pesar de la situación expuesta, el Grupo Parlamentario VOX no cree que este fenómeno sea irreversible. El ambiente no ayuda: los medios de comunicación bombardean constantemente a los españoles con noticias que desalientan tener hijos y
que desprestigian todo lo relacionado con la familia 23. Los españoles, al contrario de lo que refiere el Gobierno, quieren tener hijos, pero las políticas económicas del Ejecutivo están empobreciendo cada vez más a nuestros compatriotas:
dificultad de acceder a una vivienda en propiedad que retrasa la edad de emancipación en los jóvenes 24, incremento constante del riesgo de pobreza o exclusión social 25, una presión fiscal asfixiante 26 y unos salarios cada vez más insuficientes
para el sustento personal y familiar 27.
Por todo ello, es fundamental apostar por una batería de políticas a todos los niveles que genere un clima propicio para la natalidad en España y evite que tener hijos sea una carrera de obstáculos: medidas fiscales (como la reforma del
IRPF propuesta por VOX, gracias a la cual una familia con cuatro hijos no tributará si sus rentas son inferiores a 70.000 euros y pagará sólo un 9% si sus rentas son superiores a 70.000 euros 28), medidas en el ámbito social (como la prestación
universal por crianza para las familias españolas de 200 euros por hijo hasta los 18 años 29) o ayudas en el ámbito educativo (la gratuidad de la educación de 0 a 3 años 30).
Es necesario que los españoles sean conscientes de que el Gobierno está colaborando con este suicidio demográfico, torpedeando las necesidades de los españoles y el bien común, como consecuencia de su agenda política: unas políticas
públicas basadas en una ideología dañina y tóxica para el bien de España y de los españoles.
En virtud de lo expuesto,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear y dotar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una prestación universal por hijo a cargo para las familias españolas, por un mínimo de 200 euros al mes. Esta prestación será creciente a partir del tercer hijo y se
actualizará anualmente. Serán beneficiarias las mujeres españolas que sean madres, sea cual sea su situación familiar y laboral, y mientras los hijos sean menores de edad.
23 Sirva de ejemplo la enumeración de varios titulares en esta proposición no de Ley de este Grupo Parlamentario en la pasada legislatura: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/BOCG/A/BOCG-14-CG-A-162.PDF
24 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230904-1#:~:text=The%20highest%20average%20ages%2C%20at,)%20and%20Italy%20(30.0
25 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ es/ECV2023.htm
26 Desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de La Moncloa, los españoles pagan un 45,2 % más por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IPRF) y un 19,6 % en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Este abuso fiscal
al bolsillo de los españoles se concreta en los casi 70 aumentos de impuestos que los españoles han sufrido: https://gaceta.es/economia/sanchez-ha-subido-69-veces-los-impuestos-cada-familia-paga-hoy-3-890-eurosmas-que-en-2018-20240403-1321/
27 De hecho, de acuerdo con los datos más actualizados publicados por el INE, el salario medio en España se sitúa en 26.948,87 euros brutos anuales, evidentemente insuficiente para el sostenimiento de una familia, especialmente en las
grandes ciudades donde el coste de la vida es muy superior al de ciudades medianas y pequeñas. A mayor abundamiento, el salario modal (el más frecuente de nuestra estructura salarial) se situó en 14.586,44 euros brutos anuales, lo cual imposibilita
una mínima subsistencia individual. Además, como divulga el propio INE, un 17,1 % de los asalariados obtuvo rendimientos por valor de 0 a 1 Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un 48,16 % se situó entre 1 y 2 veces el SMI, y un 20 % de los
trabajadores ganaron un salario situado entre 2 y 3 veces el SMI. A la vista de estos valores, se puede constatar la insuficiencia de los ingresos que perciben los trabajadores españoles, de los cuales más de un 87 % obtienen rendimientos anuales
brutos por debajo de 40.000 euros: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
28 https://www.voxespana.es/grupo_parlamentario/actividad-parlamentaria/vox-propone-dos-tramos-del-irpf-y-la-exencion-para-rentas-inferiores-a-22-000-euros-20240403
29 https://www.voxespana.es/grupo_parlamentario/actividad-parlamentaria/de-meer-desmonta-las-mentiras-de-bustinduy-sobre-la-prestacion-por-crianza-proponemos-que-sea-como-minimo-de-100-euros-por-hijo-a-cargo-hasta-los-18-anos-20240320
30 https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/D/BOCG-15-D-120.PDF#page=110
2. Poner en marcha una campaña de comunicación institucional que, desde un tratamiento positivo del matrimonio, la familia y la paternidad, promueva la concienciación de la opinión pública acerca de la gravedad del invierno demográfico en
España.
3. Llevar a cabo las siguientes medidas en materia fiscal:
a. Reducir el IRPF a un tipo del 15 % a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo del 25 % a aplicar sobre bases imponibles superiores a dicha cantidad, aplicando un mínimo personal de 22.000 euros anuales de rentas
del trabajo con independencia de tener uno o dos pagadores.
b. Aplicar a dichos tipos una reducción de cuatro puntos por cada hijo, de modo que una familia con cuatro hijos no tribute en el IRPF si las rentas son inferiores a 70.000 euros y pague sólo un 9 % si sus rentas son superiores a 70.000
euros.
c. Considerar los suministros de agua, luz y gas como gastos fiscalmente deducibles a efectos del IRPF para aquellas familias españolas que tengan la consideración de familias numerosas.
d. Considerar los gastos efectuados en material educativo y en servicios escolares complementarios relativos a los hijos a cargo, como gastos fiscalmente deducibles, con el objeto de ayudar a las familias españolas con hijos en edad escolar
a hacer frente a los mismos.
4. Promover la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, como medida en favor de la conciliación de la vida profesional y personal de los padres españoles, y como instrumento indirecto para favorecer el impulso de la natalidad en
España.
5. Promover la reducción máxima del IVA de los productos destinados a la primera infancia, como pañales, biberones o leche de fórmula.
6. Impulsar un mecanismo de mejora porcentual de las pensiones públicas en función del número de hijos. Asimismo, reconocer el trabajo de atención exclusiva al cuidado de los hijos mediante el establecimiento de un mecanismo de asimilación
al alta en función del número de hijos tenidos.
7. Incentivar fiscalmente a las empresas que contraten a mujeres que hayan tenido hijos de manera reciente, así como a padres de familias numerosas, y promuevan formas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
8. Promover la modificación del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, dé 5 de marzo, para bonificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el caso de las familias
numerosas y en las que uno de los cónyuges decida dedicarse al cuidado de sus hijos.
9. Impulsar un Programa Nacional de Acceso a la Vivienda del que puedan beneficiarse especialmente las familias españolas que tengan o vayan a tener hijos, teniendo en cuenta el número de hijos de la unidad familiar.
10. Promover la exención del Impuesto de circulación a las familias numerosas.
11. Establecer incentivos fiscales a los fabricantes de vehículos que comercialicen turismos de siete plazas o más, a los efectos de se incremente su producción.
12. Impulsar un plan Renove específico para familias numerosas españolas que contemple entre otros la exención del IVA en la compra de vehículos para familias numerosas españolas.
13. Garantizar a las familias numerosas españolas, en todo el territorio nacional, el acceso en condiciones más beneficiosas a todos servicios públicos, tales como transporte, bibliotecas, instalaciones deportivas o actividades de ocio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
173/000075
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han provocado el
deterioro democrático actual, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el
balance de las actuaciones del Gobierno que han provocado el deterioro democrático actual.
Exposición de motivos
Transcurrido ya más de un año desde que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tomara posesión de su cargo, el obligado balance de su gestión permite concluir que junto a sus compañeros del Ejecutivo, son
responsables del deterioro democrático actual.
Su gestión como ministro de la Presidencia, elemento clave dentro de la estructura del Gobierno, no puede eludir su intervención en los numerosos atropellos contra la Constitución, la división de poderes y el Estado de derecho. Desde 2019,
España ha perdido puestos en los principales índices democráticos entre 2019 y 2023: índice V-Dem, del 9.º puesto al 23.º; Índice Freedom House, del puesto 18.º al 40.º; o el Índice The Economist, del puesto 16.º al 23.º.
Sus grandes hitos en este año pueden resumirse en:
- Como ministro de Relaciones con las Cortes, es directamente responsable del desprecio al Parlamento, de la degradación de las sesiones de control pisoteando los artículos 183 y 188 del Reglamento que regulan la rendición de cuentas del
Gobierno y que determinan que la oposición pregunta y el Gobierno responde, condición imprescindible de una democracia parlamentaria.
El ataque a los contrapesos democráticos: el veto sistemático a las iniciativas del Grupo Popular, la persistente injerencia del Gobierno en el funcionamiento del Congreso, las negativas a comparecer o el abuso del decreto-ley como
instrumento legislativo habitual.
- La amnistía, ese hito inédito de un político que borra los delitos de otros políticos a cambio de poder. Una Ley sobre la que el Informe final de la Comisión de Venecia denunciaba:
Que es tan divisiva que su aprobación exigiría no ya una mayoría absoluta, sino una mayoría cualificada.
Que en lugar de reducir el ámbito temporal, se ha ampliado sin mediar explicación.
Que no todos los delitos de terrorismo fueron excluidos, como se exigió.
Que la amnistía no puede concederse a la carta de delincuentes concretos.
Que se amnistían delitos de malversación sin un nexo claro con el Proceso.
Que los jueces deben tener la última palabra, tanto en relación con la suspensión de las medidas cautelares como en la propia aplicación de la ley.
Que las comisiones de lawfare no deben tener ni siquiera el derecho a pedir la comparecencia de jueces en el Congreso.
- La colonización de las instituciones, en particular, de la Fiscalía General del Estado, hoy a las órdenes de un imputado, don Alvaro García Ortiz -nombrado Fiscal General del Estado por don Pedro Sánchez mediante el Real Decreto 1182/2023,
de 27 de diciembre- que tiene el dudoso honor de ser el primer Fiscal General imputado durante el ejercicio de tan alta magistratura. El Tribunal Supremo le está investigando en la causa abierta tanto a él como a la Fiscal Jefa Provincial de Madrid
por un presunto delito de revelación de secretos.
Entre otras cosas, el Magistrado-Instructor investiga el uso por parte del Fiscal General de su cuenta personal de Gmail para recibir de la Fiscal Provincial datos protegidos que, al parecer, los había pedido por WhatsApp a otro Fiscal
subordinado suyo. Una conducta así, además de ser contraria a la legislación española y a la normativa de la Unión Europea sobre la materia, transgrede las propias instrucciones sobre protección de datos dictadas por la Fiscalía de Madrid, pues
impiden el uso de cuentas privadas de correo electrónico para comunicaciones que contengan información o datos personales cuyo tratamiento sea consecuencia del ejercicio de la función pública atribuida al Ministerio Fiscal.
- Sus ataques al pluralismo informativo y la libertad de prensa. El plan de acción por la democracia, que no es más que un plan para intentar acabar con la discrepancia política y amordazar a la opinión libre y crítica ante un Gobierno
corrupto.
- Su particular relación con la justicia. Lidera los ataques a la Justicia, aceptando el inexistente lawfare, las ofensas a los jueces que investigan la presunta trama corrupta que les rodea, las gravísimas acusaciones de prevaricación a
jueces que no sólo no combate como ministro de Justicia, sino que él mismo replica. Un ministro que busca enfrentar a la democracia con la ley, como si el Estado de derecho pudiera someterse a plebiscito.
- Su contribución a la idea de gobernar levantando muros entre españoles, ensalzando una etapa trágica de España y demonizando la luminosa Transición que concitó la concordia entre españoles.
Por todo ello,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cesar en sus ataques a jueces y magistrados que deciden con independencia sobre la aplicación o no de los beneficios individuales de la ley de amnistía de 2024, en tanto la independencia de la revisión judicial de los efectos prácticos
de esta ley fue considerado un punto clave en opinión de la Comisión de Venecia para que dicha ley no afectase a la separación de poderes.
2. Asumir y respetar el contenido del comunicado del 13 de diciembre de 2024 de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial en el que indicó que 'la labor de los jueces y magistrados puede, y en su caso debe, ser criticada, pero lo
que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos, pues tal forma de proceder menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño
institucional'.
3 Reprobar la participación del Fiscal General del Estado en acciones destinadas a difundir, por motivos de relato político, información confidencial de personas investigadas por la Fiscalía, incluyendo la transgresión de la normativa de
protección de datos de dicha institución al utilizar cuentas privadas de correo electrónico para comunicaciones que contengan información y/o datos personales cuyo tratamiento sea consecuencia del ejercicio de la función pública atribuida al
Ministerio Fiscal.
4. Cumplir estrictamente, sin desarrollos subjetivos ni interpretaciones, con todas las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1083, sobre la Libertad de los Medios de comunicación en nuestro país, incluidas salvaguardias contra la
injerencia política en la libertad editorial, tal y como le exigió esta Cámara el 12 de noviembre de 2024.
5. Rectificar las decisiones tomadas sobre la elección del Consejo de Administración de RTVE o de la presidencia de la Agencia EFE para adaptarse a lo exigido por el artículo 5 del Reglamento Europeo sobre la libertad de medios, que demanda
a los Estados miembros garantizar la independencia de los prestadores del servicio público de medios de comunicación desde el punto de vista editorial y funcional.
6. Respetar a las Cortes Generales en los términos expresados en la moción aprobada por este Congreso el 27 de junio de 2024 y, en particular, abandonar su práctica de veto generalizado por razones económicas a las proposiciones de ley que
está excediendo la doctrina reiterada por el Tribunal Constitucional que restringe el uso de esta facultad a los casos de afectación al presupuesto en vigor.
7. Devolver a las sesiones de control al Gobierno su espíritu constitucional y reglamentario de rendición de cuentas del poder ejecutivo a las Cortes, absteniéndose de eludir la respuesta a las cuestiones planteadas por los grupos políticos
o de centrar su réplica en ataques ad hominem al diputado o diputada que está ejerciendo su labor constitucional de control al Gobierno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184, 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han provocado el deterioro democrático actual, que se debatirá como punto sexto del orden de día en la sesión n.º 71 del Pleno del Congreso de los Diputados
del día 11 de febrero de 2025.
Enmienda
De adición.
Texto que se propone:
'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
[...]
8. Impulsar la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de modo que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial que constitucionalmente deben elegirse entre jueces y magistrados lo sean
efectivamente por ellos, terminando con el sistema de cuotas partidistas.
9. Poner fin a la intolerable situación actual de deterioro institucional, por medio de la convocatoria de elecciones a Cortes Generales, que deberá realizarse por el jefe del Ejecutivo.
Asimismo, el Congreso de los Diputados acuerda:
1. La reprobación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García:
- Por su protagonismo en la negociación y la aprobación de la amnistía inconstitucional para los criminales que pretendieron destruir la Nación española.
- Por su condición de ideólogo de todas las iniciativas del actual Gobierno que más relación tienen con la degradación institucional de nuestro país.
- Por su papel central en el asalto del Gobierno y sus socios a las instituciones, en especial al Poder Judicial.
- Por su complicidad con los ataques a jueces y magistrados por parte de los separatistas.
- Por su posición de muñidor de los pactos entre la extrema izquierda y el separatismo, con el propósito sectario de gobernar España en contra de los principios y convicciones de la mayoría de los españoles.
- Por su trayectoria de principal impulsor de las políticas de la 'Memoria Democrática', a través de las cuales se pretende la imposición de una visión falsa de la historia de España en el siglo XX, que sirva a su vez para justificar el odio
en que se basa la política de la coalición parlamentaria que sostiene al Ejecutivo.
- Por impulsar el llamado Plan de Acción para la Democracia, que encubre entre otras cosas un ataque contra la libertad de expresión.
2. La reprobación del Fiscal General, Álvaro García Ortiz, en atención a los siguientes hechos:
- Por su notoria carencia de la imparcialidad que la Constitución y la ley exigen para el ejercicio de su cargo.
- Por su constante uso partidista del Ministerio Fiscal y su favoritismo hacia sus afines.
- Por sus agresiones intolerables a la separación de poderes y al Estado de Derecho y su desempeño del cargo de modo cómplice con los enemigos de la unidad de España.
- Por su negligente actuación que ha permitido ataques a la confidencialidad en la asistencia letrada.
- Por sus posibles injerencias en los resultados de unas elecciones generales con fines claramente ideológicos y partidistas.
- Y, en general, por sus numerosas acciones en perjuicio de la acción de la Justicia, y por el flagrante incumplimiento que todo ello supone de las funciones legalmente atribuidas al Fiscal General del Estado.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2025.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
OTROS TEXTOS
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000003
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, del Informe aprobado por la Subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de
Estado en materia de violencia de género, constituida en el seno de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, así como de los votos particulares presentados al mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
ÍNDICE
I. ANTECEDENTES ... (Página23)
I.1 Solicitud de creación por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Plurinacional SUMAR, Republicano, Junts per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu y Mixto ... (Página23)
I.2 Propuesta de creación por la Comisión ... (Página23)
A) Objeto de la Subcomisión... (Página23)
B) Composición ... (Página23)
C) Adopción de acuerdos ... (Página24)
D) Plazo ... (Página24)
E) Ampliación del plazo de conclusión de los trabajos ... (Página24)
I.3 Creación por el Pleno ... (Página24)
I.4 Composición ... (Página24)
I.5 Comparecencias solicitadas por los distintos grupos parlamentarios ... (Página25)
I.6 Reuniones y sesiones ... (Página26)
I.6.1 Reuniones de la Subcomisión ... (Página26)
I.6.2 Sesiones de la Comisión ... (Página27)
II. DOCUMENTACIÓN ... (Página27)
II.1 Aportada por el Gobierno ... (Página27)
II.2 Aportada por los comparecientes ... (Página27)
II.2.A) En la XIV Legislatura ... (Página27)
II.2.B) En la XV Legislatura ... (Página29)
III. COMPARECENCIAS ... (Página31)
III.1 Comparecencias celebradas ... (Página31)
III.1.1 En la XIV Legislatura ... (Página31)
III.1.2 En la XV Legislatura ... (Página32)
III.2 Síntesis de las comparecencias ... (Página33)
III.2.1 En la XIV Legislatura ... (Página33)
III.2.2 En la XV Legislatura ... (Página72)
III.3 Propuestas de los comparecientes ... (Página112)
III.3.1 En la XIV Legislatura ... (Página112)
III.3.2 En la XV Legislatura ... (Página121)
IV. MARCO NORMATIVO ... (Página130)
V. INFORME DE LA SUBCOMISIÓN ... (Página135)
VI. ANEXO ... (Página177)
I. ANTECEDENTES
I.1 Solicitud de creación por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Plurinacional SUMAR, Republicano, Junts per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu y Mixto.
Los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Plurinacional SUMAR, Republicano, Junts per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu y Mixto, presentaron un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados, con fecha 5 de
marzo de 2024, solicitando la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia
de violencia de género.
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 12 de marzo de 2024, acordó admitir a trámite dicho escrito y trasladar a la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996 (núm. expte. 158/7) (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie D, núm. 106, de 15 de marzo de 2024).
I.2 Propuesta de creación por la Comisión.
La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en su reunión celebrada el 19 de marzo de 2024, tras debatir la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de dicha
Comisión, para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Plurinacional SUMAR, Republicano, Junts per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV),
Euskal Herria Bildu y Mixto (núm. expte. 158/7), acordó, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta
presentada por dichos Grupos Parlamentarios, con las siguientes características:
A) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión llevará a cabo la evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la actualización de las medidas contenidas en el mismo, en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género.
Para la elaboración de dicho Informe, en el seno de la Subcomisión se llevarán a cabo cuantas comparecencias se acuerden para el adecuado desarrollo de sus trabajos. A tal fin, podrán comparecer personas expertas y cuantas personas y
organizaciones e instituciones se estimen competentes en la materia.
La Subcomisión incorporará las comparecencias que tuvieron lugar en la XIV Legislatura, específicamente a lo largo del primer semestre de 2023, en la Subcomisión creada al mismo efecto que la presente Subcomisión y que, por conclusión de la
Legislatura, no pudo terminar sus trabajos.
Adicionalmente, para el correcto desarrollo de sus trabajos, las/los miembros de la Subcomisión podrán solicitar la documentación necesaria y se podrán organizar reuniones de trabajo o visitas. La Comisión dispondrá, para sus trabajos, de
la evaluación de la ejecución de todas las medidas del pacto precisa y sistematizada, remitida por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
B) Composición
La Subcomisión estará compuesta por quince miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular, tres al Grupo Parlamentario Socialista, dos al Grupo
Parlamentario VOX, y dos al Grupo Plurinacional SUMAR y uno a cada uno de los restantes grupos parlamentarios.
Todos los parlamentarios designados deberán ser miembros de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Los grupos podrán designar a un suplente por cada uno de sus representantes. Los suplentes deberán ser miembros o estar adscritos a la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género.
C) Adopción de los acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
D) Plazo.
La Subcomisión deberá realizar el Informe correspondiente y presentar sus conclusiones a que se refiere el apartado A), antes de la finalización del próximo período de sesiones (septiembre-diciembre de 2024).
E) Ampliación del plazo de conclusión de los trabajos.
Los trabajos de la Subcomisión fueron objeto de prórroga, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 12 de diciembre de 2024, hasta el día 31 de marzo de 2024.
I.3 Creación por el Pleno.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 23 de abril de 2024, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo, 1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la
creación, en el seno de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, de la Subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género (núm.
expte. 154/3), en los términos de la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 117, de 5 de abril de 2024.
I.4 Composición.
Coordinadora:
GUINART MORENO, Lídia (GS), Presidenta de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género (Desde el 26/09/2024)
BOADA DANÉS, Júlia (GS), Vicepresidenta Primera de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género (Desde el 16/07/2024 hasta el 26/09/2024)
LASTRA FERNÁNDEZ, Adriana, Presidenta de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género (Baja el 16/07/2024)
Ponentes:
AGIRRETXEA URRESTI, Joseba Andoni (GV (EAJ-PNV)).
AGUIRRE GIL DE BIEDMA, Rocío (GVOX).
ÁLVAREZ FANJUL, Beatriz (GP).
ANDALA UBBI, Teslem (SUMAR) (Baja el 18/09/2024).
BOADA DANÉS Júlia (GSUMAR) (Alta el 18/09/2024).
CALVO GÓMEZ, Pilar (GPlu).
ESTREMS FAYOS, Etna (GR) (Alta el 23/10/2024).
FRANCO GONZÁLEZ, Silvia (GP).
GUINART MORENO, Lídia (GS) (Baja el 25/10/2024).
HERRERA GARCÍA, Milena (GS).
PIN FERRANDO, Gala (GSUMAR) (Baja el 10/02/2025).
POZUETA FERNÁNDEZ, Isabel (GEH Bildu).
RODRÍGUEZ CALLEJA, Patricia (GP).
ROMERO VILCHES, María de los Reyes (GVOX).
ROS MARTÍNEZ, Susana (GS).
SAINZ MARTÍN, María (GS) (Alta 25/10/2024).
SANTANA PERERA, Noemí (GMx).
VALLUGERA BALAÑÁ, Pilar (GR) (Baja el 23/10/2024).
Ponentes suplentes:
ALÓS LÓPEZ, Ana Isabel (GP).
ANDALA UBBI, Teslem (SUMAR) (Alta el 18/09/2024).
ARMARIO GONZÁLEZ, Blanca (GVOX).
AZORÍN SALAR, Lázaro (GS).
BOADA DANÉS Júlia (GSUMAR) (Baja el 18/09/2024).
CANTALAPIEDRA ÁLVAREZ, María de las Mercedes.
FERNÁNDEZ BENÉITEZ, Andrea (GS).
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Marta (GP).
SANTANA AGUILERA, Ada (GS).
VALLUGERA BALAÑÁ, Pilar (GR) (Alta el 23/10/2024).
Letradas:
SENÉN HERNÁNDEZ, Mercedes.
GARCÍA DE ENTERRÍA RAMOS, Andrea.
CABRERA OREJAS, Mercedes.
I.5 Comparecencias solicitadas por los distintos grupos parlamentarios.
- Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso:
D. José Iniesta Sánchez. Policía judicial EMUME.
D.ª Sonia Vaccaro. Psicóloga clínica y forense.
D.ª María Pilar Esther Rojo Beltrán. Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia.
D.ª Isabel García Salazar. Coordinadora Centro Acogida 3 Comunidad de Madrid.
D.ª Eva Picado. Directora Casa Acogida Beatriz de Suabia (Salamanca) (compareciente suplente).
D.ª Patricia Reyes Rivera. Directora General de Igualdad de la Comunidad de Madrid (compareciente suplente).
- Por el Grupo Parlamentario Socialista:
D.ª Laura Selena Báez. Integrante de la Junta Directiva de la Federación de Mujeres Jóvenes. Responsable de las áreas de violencia de género y sexual.
D.ª Isabel Giménez. Jueza de Familia, sustituta del Juzgado de Primera Instancia n.º 42 de Barcelona.
D.ª Lucía Avilés. Jueza de lo Penal de Mataró.
D.ª María Sellés Vidal. Coordinadora de AADAS-Asociació D'Assistència a Dones Agredides Sexualmente.
D.ª Raquel López Cascales. Libres de Violencia Vicaria (Compareciente suplente).
D.ª Begoña San José. Plataforma Impacto de Género Ya (Compareciente suplente).
D.ª Encarni Iglesias Pereira. Asociación Stop Violencia Digital (Compareciente suplente).
D.ª Asunción Miura. Comisión para la Investigación sobre Malos Tratos a Mujeres (Compareciente suplente).
- Por el Grupo Parlamentario VOX:
D.ª Belén María García Merat. Abogada Derecho Procesal Penal.
D. José Luis Sariego Morillo. Abogado de Familia (Compareciente suplente).
- Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR:
D.ª Úrsula Santa Cruz Castillo. Presidenta de la Asociación Sembrar.
- Por el Grupo Parlamentario Republicano:
D.ª Laia Rosich Solé. Directora general per a l´Erradicació de les Violències Masclistes en la Conselleria d´Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.
- Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya:
D.ª Carme Riu Pascual. Presidenta de la Associació de Dones no Estàndards.
- Por el Grupo Parlamentario Euskal Herría Bildu:
D.ª Laura Gómez Hernández. Exdirectora general de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Especialista en igualdad y participación ciudadana.
- Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV):
Este grupo parlamentario no ha solicitado comparecencias.
- Por el Grupo Parlamentario Mixto:
D.ª María Victoria Rosell Aguilar. Magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
I.6 Reuniones y sesiones.
I.6.1 Reuniones de la Subcomisión.
La Subcomisión ha celebrado un total de 31 sesiones, realizadas en el orden siguiente y con el objeto siguiente:
14 de mayo de 2024. Constitución de la Subcomisión y ordenación de los trabajos.
23 de mayo de 2024. Ordenación de los trabajos.
12 de junio de 2024. Celebración de comparecencias.
18 de junio de 2024. Celebración de comparecencias.
25 de junio de 2024. Celebración de comparecencias.
9 de julio de 2024 (sesión extraordinaria). Celebración de comparecencias.
10 de julio de 2024 (sesión extraordinaria). Celebración de comparecencias.
3 de septiembre de 2024. Celebración de comparecencias.
4 de septiembre de 2024. Celebración de comparecencias.
16 de octubre de 2024. Ordenación de los trabajos.
23 de octubre de 2024. Elaboración del informe.
24 de octubre de 2024. Elaboración del informe.
30 de octubre de 2024. Elaboración del informe.
11 de noviembre de 2024. Elaboración del informe.
12 de noviembre de 2024. Elaboración del informe.
13 de noviembre de 2024. Elaboración del informe.
18 de noviembre de 2024. Elaboración del informe.
20 de noviembre de 2024. Elaboración del informe.
26 de noviembre de 2024. Elaboración del informe.
27 de noviembre de 2024. Elaboración del informe.
11 de diciembre de 2024. Elaboración del informe.
12 de diciembre de 2024. Elaboración del informe.
16 de diciembre de 2024. Elaboración del informe.
14 de enero de 2025. Sesión extraordinaria. Elaboración del informe.
15 de enero de 2025. Sesión extraordinaria Elaboración del informe.
21 de enero de 2025. Sesión extraordinaria Elaboración del informe.
22 de enero de 2025. Sesión extraordinaria Elaboración del informe.
28 de enero de 2025. Sesión extraordinaria Elaboración del informe.
29 de enero de 2025. Sesión extraordinaria Elaboración del informe.
6 de febrero de 2025. Elaboración del informe.
10 de febrero de 2025. Aprobación del Informe en Subcomisión.
I.6.2 Sesiones de la Comisión.
19 de marzo de 2024. Solicitud de creación de la Subcomisión.
26 de noviembre de 2024. Solicitud de prórroga de los trabajos de la Subcomisión.
II. DOCUMENTACIÓN
II.1 Documentación aportada por el Gobierno.
- Informe de evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, años 2018-2022, y el resumen ejecutivo de dicho informe elaborados por el Ministerio de Igualdad (n.º expte. 43/13).
- Informe Anual de Monitorización del Discurso de Odio en Redes Sociales' elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones (n.º expte. 43/52).
- Propuestas del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (aprobado en el pleno extraordinario del citado organismo el día 23 de septiembre de 2024) (Presidenta del Observatorio
Estatal de Violencia sobre la Mujer. Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género) (n.º expte. 49/101).
II.2 Documentación aportada por los comparecientes.
II.2.A) Documentación aportada por los comparecientes en la XIV Legislatura
Sesión de 17 de enero de 2023
- D.ª María Ángeles Carmona Vergara. Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (núm. expte. 212/2879).
Intervención.
Cuadro de las quejas relativas a Violencia sobre la Mujer que se han recibido en el Unidad de Atención Ciudadana durante el año 2021, así como el motivo general de las mismas.
Estudio sobre sentencias del Tribunal Supremo por delitos contra la libertad sexual.
Análisis de las sentencias dictadas en el año 2019 relativas a homicidios o asesinatos por Violencia de Género y Doméstica.
Folleto conmemorativo 20 aniversario del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Guía Buenas Prácticas para la Toma de Declaración de Víctimas de Violencia de Género.
Implementación por el Consejo General del Poder Judicial de las medidas adoptadas en el seno del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Informe anual sobre Violencia de Género - Año 2021.
Informe sobre víctimas mortales de la Violencia de Género y Doméstica en el ámbito de la pareja o expareja - Año 2021.
Propuesta del Consejo General del Poder Judicial relativa a la especialización de determinados Juzgados de lo Penal, en el conocimiento de asuntos de violencia sobre la mujer.
- D.ª Yolanda Domínguez. Autora del ensayo 'Maldito estereotipo' y experta en el tratamiento de las violencias en los distintos formatos audiovisuales (núm. expte. 219/959).
Análisis de las medidas existentes en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y propuestas de mejora.
- D.ª Cira García Domínguez. Representante de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) (núm. expte. 219/960).
Intervención.
Sesión de 18 de enero de 2023
- D.ª Teresa Peramato Martín. Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer (núm.expte. 212/2876).
Intervención.
Violencia sobre la mujer 2021 - Memoria 2021.
Contestación a las preguntas formuladas.
- D.ª Graciela Atencio. Presidenta de la ONG Feminicidio (núm. expte. 219/956).
Dossier con los siguientes informes:
Radiografía de la violencia sexual en España: las cifras.
Melissa Farley señala al comprador de sexo: la prostitución legalizada normaliza la violencia sexual.
Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España - Año 2021.
Intervención.
- D.ª Begoña Riveira Barros. Exdirectora del Centro de Recuperación de mujeres víctimas de violencia de género de Galicia (núm. expte. 219/957).
Intervención.
- D.ª Ana Bernal Triviño. Experta en violencia/s contra las mujeres y en el tratamiento que se hace de las mismas en los medios de comunicación (núm. expte 219/958).
Intervención.
- D.ª María Tardón Olmos. Magistrada del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Audiencia Nacional (núm. expte. 212/2878)
Intervención.
Sesión de 25 de enero de 2023
- D.ª Isabel Caballero Pérez. Coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (núm.expte. 219/964).
Intervención.
Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Informe España 2021
La violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual.
Informe sobre violencia contra las mujeres con discapacidad a partir de la explotación de los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer 2019 de la DGVG.
- D.ª María del Rosario Blasco Martínez. Coordinadora del grupo de trabajo Atención a la Mujer de la Asociación Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) (núm. expte. 219/965).
Intervención.
- D.ª Rosa Garriga Llorente. Presidenta de la Fundació AGI (Asistència i gestió integral) (núm. expte. 219/967).
Intervención.
- D. Jorge Sesé. Perjudicado por la Ley Orgánica 1/2004, de 18 de diciembre, de Medidas de Protecció (núm. expte. 219/968).
Intervención.
Sesión de 31 de enero de 2023
- D.ª Helena Soleto. Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid (núm. expte. 219/969).
Obstáculos que enfrentan las víctimas de delito sexual en las etapas del proceso penal.
Obstáculos que enfrentan las víctimas de delito sexual en las etapas del proceso penal: Conclusiones.
La ineficacia del sistema español para reparar económicamente a las víctimas de violencia sexual.
- D. Alejandro Villena. Psicólogo y sexólogo clínico. Director clínico y de investigación de la Asociación Dale una vuelta (núm. expte. 219/970).
Intervención (texto).
Intervención (PowerPoint).
- D.ª Chelo Álvarez. Presidenta de la Asociación Alanna. Psicoterapeuta especializada en violencia de género, abusos sexuales a la infancia y trauma (núm. expte. 219/972).
Intervención.
Sesión de 28 de febrero de 2023
- D.ª Carla Vall i Durán. Abogada penalista experta en género (núm. expte. 219/1005).
Intervención.
Contestación a las preguntas formuladas.
II.2.B) Documentación aportada por los comparecientes en la XV Legislatura
Sesión de 12 de junio de 2024
- D. José Iniesta Sánchez, Policía Judicial de EMUME (núm. expte. 212/215).
Propuestas AUCG al Pacto de Estado contra la Violencia de Género
No da igual. Sí a la igualdad.
Intervención.
Sesión de 18 de junio de 2024
- D.ª María Pilar Esther Rojo Beltrán. Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia (núm. expte. 212/232).
Intervención.
Sesión de 25 de junio de 2024
- D.ª Isabel García Salazar. Coordinadora Centro Acogida 3 Comunidad de Madrid (núm. expte. 219/118).
Red de recursos residenciales para protección y atención integral a la violencia de género. Comunidad de Madrid.
- D.ª Lucía Avilés. Jueza de lo Penal de Mataró (núm. expte. 212/239).
Nuevos retos contra la violencia de género. La violencia económica como delito. Documento de propuestas.
Intervención.
- D.ª Isabel Giménez. Jueza de Familia, sustituta del Juzgado de Primera Instancia n.º 42 de Barcelona (núm. expte. 212/240).
Diversos autos judiciales en los que actúa como jueza o ponente la compareciente.
Informe de la Relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem.
Estudio sobre violencia vicaria y violencia de género institucional del Ministerio de Igualdad.
Informe preliminar. Experiencias femeninas de parentalidad. Alegaciones de 'Alineación' en el contexto de la violencia doméstica (Simón Lapierre, Camila Cardeal, Raheleh Sazgar, Tanishka Sharma, Patrick Ladouceur, Naomi Abrahams).
Informe Sombra. Group of experts on action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) España, 20-24. Violencia institucional contra madres, niñas y niños: Aplicación del supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP)
en España.
Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de España.
Recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Sentencias n.º 445/2023 y n.º 172/2024 del Juzgado de Primera Instancia n.º 19 de Barcelona (Familia).
Intervención.
Sesión de 3 de septiembre de 2024
- D.ª Laia Rosich Solé. Directora general per a l´Erradicació de les Violències Masclistes en la Conselleria d´Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya (núm. expte. 219/128).
Pla nacional de prevenció de les vilències masclistes (2023-2025).
Protocolo Marco para una intervención con la diligencia debida en situaciones de violencias machistas.
Llibre blanc de la prevenció de les violències masclistes.
- D.ª Carme Riu Pascual. Presidenta de la Associació de Dones no Estàndards (núm. expte. 219/130).
Intervención.
Esquema de la intervención.
Presentación en power point.
Sesión de 4 de septiembre de 2024
- D.ª María Victoria Rosell Aguilar. Magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género (núm. expte. 212/259).
Intervención.
III. COMPARECENCIAS
III.1 Comparecencias celebradas.
III.1.1 En la XIV Legislatura.
- D.ª María Ángeles Carmona Vergara. Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (núm. expte. 212/2879) (celebrada el 17/01/2023).
- D.ª Yolanda Domínguez. Autora del ensayo 'Maldito estereotipo' y experta en el tratamiento de las violencias en los distintos formatos audiovisuales (núm. expte. 219/959) (celebrada el 17/01/2023).
- D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado (núm. expte. 212/2880) (celebrada el 17/01/2023).
- D.ª Cira García Domínguez. Representante de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) (núm. expte. 219/960) (celebrada el 17/01/2023).
- D.ª Susana Camarero Benítez. Presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad (núm. expte. 219/961) (celebrada el 17/01/2023).
- D.ª Lorena Garrido. Profesora Asociada del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona. Integrante del grupo de investigación Antígona (núm. expte. 219/962)
(celebrada el 17/01/2023).
- D.ª Teresa Peramato Martín. Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer (núm. expte. 212/2876) (celebrada el 18/01/2023).
- D.ª María Eugenia Rufino. Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) (núm. expte. 212/2877) (celebrada el 18/01/2023).
- D.ª Graciela Atencio. Presidenta de la ONG Feminicidio (núm. expte. 219/956) (celebrada el 18/01/2023).
- D.ª Begoña Riveira Barros. Exdirectora del Centro de recuperación de mujeres víctimas de violencia de género de Galicia. Asesora del Centro de Información a la Mujer de Arzúa (A Coruña) (núm. expte. 219/957) (celebrada el 18/01/2023 a
través de videoconferencia).
- D.ª Ana Bernal-Triviño. Experta en violencia/s contra las mujeres y en el tratamiento que se hace de las mismas en los medios de comunicación (núm. expte. 219/958) (celebrada el 18/01/2023).
- D.ª María Tardón Olmos. Magistrada del Juzgado Central de Instrucción N.º 3 de la Audiencia Nacional (núm. expte. 212/2878) (celebrada el 18/01/2023).
- D. Samuel Vázquez Álvarez. Presidente de la Asociación Una Policía para el siglo XXI (núm. expte. 219/963) (celebrada el 25/01/2023).
- D.ª Isabel Caballero Pérez. Coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (núm. expte. 219/964) (celebrada el 25/01/2023).
- D.ª María del Rosario Blasco Martínez. Coordinadora del Grupo de Trabajo Atención a la Mujer de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) (núm. expte. 219/965) (celebrada el 25/01/2023).
- D. Erik Pescador. Especialista en género, igualdad, masculinidades y prevención de la violencia machista (núm. expte. 219/966) (celebrada el 25/01/2023).
- D.ª Rosa Garriga Llorente. Presidenta de la Fundació AGI (Assistència i Gestió Integral) (núm. expte. 219/967) (celebrada el 25/01/2023).
- D. Jorge Sesé. Perjudicado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (núm. expte. 219/968) (celebrada el 25/01/2023).
- D.ª Helena Soleto Muñoz. Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid (núm. expte. 219/969) (celebrada el 31/01/2023).
- D. Alejandro Villena Moya. Psicólogo y sexólogo clínico. Director clínico y de investigación de la Asociación Dale una vuelta (núm. expte. 219/970) (celebrada el 31/01/2023).
- D. Jesús Muñoz Isidoro. Vicepresidente de ANAVID (núm. expte. 219/971) (celebrada el 31/01/2023).
- D.ª Chelo Álvarez. Presidenta de la Asociación Alanna. Psicoterapeuta especializada en violencia de género, abusos sexuales a la infancia y trauma (núm. expte. 219/972) (celebrada el 31/01/2023).
- D.ª Patricia Díaz Estébanez. Estilista (núm. expte. 219/973) (celebrada el 31/01/2023).
- D.ª Nerea Barjola. Doctora en feminismos y género y experta en violencia sexuales (núm. expte. 219/974) (celebrada el 31/01/2023).
- D.ª Carla Vall i Duran. Asociación de Mujeres Juristas (núm. expte. 219/1005) (celebrada el 28/02/2023).
- D.ª Norma Vázquez, Psicóloga feminista. Directora de SORTZEN Consultoría, a través de videoconferencia (núm. expte. 219/1006) (celebrada el 28/02/2023).
III.1.2 En la XV Legislatura.
- D. José Iniesta Sánchez. Policía judicial EMUME (núm. expte. 212/215) (celebrada el 12/06/2024).
- D.ª María Sellés Vidal. Coordinadora de AADAS-Asociació D'Assistència a Dones Agredides Sexualmente (núm. expte. 219/92) (celebrada el 12/06/2024).
- D.ª Sonia Vaccaro. Psicóloga clínica y forense (núm. expte. 219/93) (celebrada el 12/06/2024).
- D.ª Laura Selena Báez. Integrante de la Junta Directiva de la Federación de Mujeres Jóvenes. Responsable de las áreas de violencia de género y sexual (núm. expte. 219/113) (celebrada el 18/06/2024).
- D.ª María Pilar Esther Rojo Beltrán. Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia (núm. expte. 212/232) (celebrada el 18/06/2024).
- D.ª Isabel García Salazar. Coordinadora Centro Acogida 3 Comunidad de Madrid (núm. expte. 219/118) (celebrada el 25/06/2024).
- D.ª Lucía Avilés. Jueza de lo Penal de Mataró (núm. expte. 212/239) (celebrada el 25/06/2024).
- D.ª Isabel Giménez. Jueza de Familia, sustituta del Juzgado de Primera Instancia n.º 42 de Barcelona (núm. expte. 212/240) (celebrada el 25/06/2024).
- D.ª Carmen Martínez Perza. Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (núm. expte. 212/247) (celebrada el 9/07/2024).
- D.ª Lucía Losoviz Adani. Directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (núm. expte. 212/248) (celebrada el 9/07/2024).
- D.ª Belén Crego Sánchez. Comisaria responsable del área de Violencia de Género, Estudios y Formación, del Ministerio del Interior (núm. expte. 212/249) (celebrada el 9/07/2024).
- D. José Manuel Bar Cendón. Secretario de Estado de Educación (núm. expte. 212/250) (celebrada el 10/07/2024).
- D. Manuel Olmedo Palacio. Secretario de Estado de Justicia (núm. expte. 212/251) (celebrada el 10/07/2024).
- D.ª Belén María García Merat. Abogada de Derecho Procesal Penal (núm. expte. 219/127) (celebrada el 3/09/2024).
- D.ª Úrsula Santa Cruz Castillo. Presidenta de la Asociación Sembrar (núm. expte. 219/128) (celebrada el 3/09/2024).
- D.ª Laia Rosich Solé. Directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes en la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya (núm. expte. 219/129) (celebrada el 3/09/2024).
- D.ª Carme Riu Pascual. Presidenta de la Associació de Dones no Estàndards (núm. expte. 219/130) (celebrada el 3/09/2024).
- D.ª María Victoria Rosell Aguilar. Magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género (núm. expte. 212/259) (celebrada el 4/09/2024).
- D.ª Laura Gómez Hernández. Exdirectora general de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Especialista en igualdad y participación ciudadana (núm. expte. 219/131) (celebrada el 4/09/2024).
III.2 Síntesis de las comparecencias.
III.2.1 En la XIV Legislatura.
Sesión de 17 de enero de 2023
1. D.ª María Ángeles Carmona Vergara. Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (núm. expte. 212/2879)
Comenzó su intervención destacando la importancia del Pacto y de su renovación y subrayando la importancia de la información acumulada desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que dirige, el cual viene recopilando
datos de manera profesional y científica desde el año 2003.
Considera que, como han reconocido organizaciones internacionales, España es el país del mundo que ha dispuesto de un mayor número de datos en esta materia. En su opinión, este trabajo es fundamental de cara a que las mujeres tengan
conocimiento de los recursos, por lo que es necesario continuar liderando esta lucha. De hecho, recordó a la Subcomisión que recientemente Vera Jourova, Vicepresidenta de la Comisión, manifestó que España era el país donde las mujeres tienen más
posibilidades de conocer los recursos de los que pueden disponer para garantizar su integridad y la de sus hijos.
En cuanto al acceso a datos, destacó la relevancia de la página Poder Judicial donde a través del enlace al Observatorio, se pueden obtener multitud de datos. Se refirió también a la importancia de la coordinación entre instituciones y a la
relevancia de que éstas estén representadas en el seno del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, del que forman parte ministerios (Interior, Justicia, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), Fiscalía General del Estado, comunidades
autónomas con competencias en materia de justicia, Consejo General de la Abogacía Española y Consejo General de Procuradores de España. Todo ello ha permitido tejer una red de protección de las víctimas, basada en la coordinación institucional.
Subrayó como fundamental entre sus objetivos la formación de todos los operadores que participan en este escenario y el estudio del fenómeno desde todos los puntos de vista. Considera que el Pacto ha servido para adoptar muchas medidas, siendo en
su día reconocido el trabajo desarrollado por los órganos parlamentarios que lo elaboraron en ambas Cámaras con el premio del Observatorio en materia de violencia de género.
Partiendo de las recomendaciones del Pacto, el CGPJ ha desarrollado numerosas actuaciones en todos sus servicios. En su opinión, uno de los ejes del Pacto, la estadística, es fundamental. Los datos llegan al Consejo a través de los propios
juzgados y de los secretarios judiciales lo que les confiere naturaleza pública y ese ha sido uno de los grandes logros de nuestro país. Por otra parte, insistió en que el artículo 11 del Convenio de Estambul exige que el concepto se amplíe a todos
los tipos de violencia contra la mujer, lo cual ha exigido también ampliar la estadística.
Se refirió a continuación a algunos datos de los que se han ido acumulando desde 2003, los cuales ofrecen una visión muy amplia del problema al que nos
enfrentamos. Señaló que estos datos se reflejan en la página del Observatorio e hizo especial hincapié en algunos de ellos, como los más de dos millones de denuncias tramitadas desde 2007, las 546.000 órdenes de protección emitidas de 2004
a 2021, o el porcentaje de muertes cometidas por hombres, que alcanza el 89,6 %. Subrayó que actualmente casi 7000 presos cumplen condena aplicándose también la prisión preventiva (en este momento en 1421 casos).
También se refirió a la importancia del impulso adquirido por los dispositivos electrónicos que actualmente se elevan a una cifra de 3092 y que, en su opinión, son un recurso muy efectivo. De aquí, que otros países hayan seguido nuestro
modelo, como Francia recientemente.
Explicó brevemente el protocolo de actuación que se sigue con estos dispositivos que dotan de un brazalete en el tobillo al agresor, lo cual permite tenerlo vigilado durante 24 horas al día. Actualmente este programa, conocido como Grupo
Cometa, tiene una dotación de 80 personas que vigilan esos dispositivos para que funcionen correctamente. A su juicio, se trata de una herramienta que salva vidas y que ahora se ha ampliado a todos los delitos contra la libertad sexual en base a la
aprobación de la nueva Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. También insistió en la valoración positiva que de estos dispositivos hacen, tanto las víctimas como los propios maltratadores.
A continuación, se refirió a la que a su juicio es la cuestión crítica a la que nos enfrentamos, los 1131 feminicidios producidos entre 2003 y 2021 y al estudio elaborado sobre los 1000 primeros casos, que ha sido facilitado a los miembros
de la Subcomisión.
Se refirió también los terribles resultados que ha arrojado el pasado mes de diciembre, si bien las cifras finales de 2022 han sido idénticas a las de 2021. A su juicio, lo dramático del mes de diciembre es que en algunos de los casos que
han tenido lugar, las mujeres habían presentado denuncia previa. A este respecto, se refirió a que, a pesar de la modificación del artículo 416 de la LECr, la grabación de la declaración de las mujeres no se ha hecho obligatoria.
Por otra parte, se refirió al tema de la formación, cuestión clave en la que se ha hecho por parte del Consejo un gran esfuerzo. No obstante, el curso de especialización actualmente solo es obligatorio para los jueces que van a acceder a un
órgano especializado, pero no para los jueces que son destinados a los juzgados mixtos. Entiende que la obligatoriedad debería afectar a todos.
Mencionó también el hecho de que no ha sido posible establecer la especialidad jurisdiccional de violencia de género por las competencias que restó al Consejo General la Ley Orgánica 4/2021.
Insistió en que es necesario reformar el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, así como la competencia de los juzgados especializados, ya que, si bien ésta se ha ampliado, es evidente que es preciso modificar la planta judicial. En su
opinión, es importantísimo, de cara a las víctimas, que las quejas sean atendidas por funcionarios especializados, que se guíen de protocolos que impidan la revictimización.
También insistió en la importancia de contar con protocolos de coordinación entre jueces de violencia y juzgados de familia para evitar hechos tan lamentables como lo sucedido en Sueca.
Se refirió seguidamente a la ampliación del concepto de violencia de género y a la posibilidad de eliminar el elemento subjetivo, es decir la intención de dominar, aspecto en el que la ley no es expresa, lo cual plantea problemas a pesar de
la interpretación del Tribunal Supremo. En su opinión es preciso incluir la frase 'con cualquier fin', en el ámbito de la violencia de género.
Sugirió también que se elimine la atenuante de confesión y reparación del daño en los casos de violencia de género, así como que los quebrantamientos de las ordenes de alejamiento tengan consecuencias.
Se refirió, igualmente, a la necesidad de que existan programas obligatorios para la rehabilitación de maltratadores, que no dependan de la voluntad del juez.
Propuso, por otra parte, que se remitan a VioGén los partes de lesiones que no van incluidos en los atestados, de forma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
puedan reevaluar el riesgo. También insistió en la conveniencia de que las Unidades de Valoración Forense incluyan la valoración urgente del riesgo en el momento de la guardia, cosa que actualmente en muchos juzgados no sucede.
Sugirió que se proceda a la integración informática de los diferentes sistemas en VioGén, incluyendo los datos que provienen del Sistema Cometa.
También subrayó la relevancia de que los medios de comunicación intenten no confundir a la ciudadanía, trasladando correctamente los mensajes, de acuerdo con las recomendaciones del Pacto.
Por último, mencionó la relevancia de otros ámbitos como la Sanidad y la Educación.
2. D.ª Yolanda Domínguez. Autora del ensayo 'Maldito estereotipo' y experta en el tratamiento de las violencias en los distintos formatos audiovisuales (núm. expte. 219/959)
Manifestó en primer lugar que, en su opinión, en el Pacto existen muchas medidas enfocadas al momento posterior a aquel en que se ha ejercido la violencia y sin embargo pocas medidas de prevención.
Entiende que es necesario evitar que el crimen se produzca y eso solo puede conseguirse a través de procesos de sensibilización, formación etc.
Entiende que la comunicación visual es fundamental, porque es el lenguaje que más se recuerda y convierte en realidad aquello que puede no serlo. Por ello, hay que cuidar la violencia simbólica que se traduce en violencia directa y en
violencia estructural, así como en violencia interiorizada, entendiendo por esta última, la que ejercemos las mujeres contra nosotras mismas cuando nos minusvaloramos.
Los relatos visuales funcionan como mapas visuales. Las mujeres nos buscamos en esa jerarquía en la que prevalece un hombre blanco, heterosexual y dominante. Eso condiciona la percepción de roles, hasta el punto de que siempre se nos ha
transmitido a las mujeres que nuestro lugar no es principal.
Por otra parte, se refirió al hecho de que actualmente se recurre a estereotipos de mujeres infantilizadas y sexualizadas, que pueden observarse en las series que se emiten en las diferentes plataformas. También se percibe este hecho en los
juguetes, como demuestra la circunstancia de que las Bratz reemplazaron a las Barbies, siendo ambas, tipos de muñecas que transmiten el mensaje de que el valor está en la apariencia. Citó también el hecho de que actualmente es frecuente que se
recurra a la representación de cuerpos de mujeres sin rostro, mujeres deshumanizadas, cosa que no sucede con los hombres.
Igualmente, considera que es habitual encontrarse la imagen de mujeres políticas de las que solo aparecen el torso o las piernas. Insistió en el hecho de que la mujer no puede considerarse solo un cuerpo, porque eso justificaría la
prostitución y los vientres de alquiler. Sin embargo, es frecuente encontrarse con imágenes del mundo de la moda donde aparecen cuerpos de mujeres retorcidos, débiles, desparramados, que ni siquiera están en posición vertical, y que incluso
sugieren que han sido víctimas de escenas de violencia.
En su opinión, es también necesario trabajar en la idea de la masculinidad para evitar estereotipos de hombre rígidos, verticales, que no trabajan en equipo....
La mujer se ha visto representada en el arte tradicional como madre, a través de la imagen de la Virgen María, mientras que la violencia y la agresividad ha ido unida a la representación de los hombres, haciéndoles así merecedores de un
mayor respeto social.
Por otra parte, entiende que actualmente existe confusión sobre qué es realmente el empoderamiento de la mujer. Considera que es un hecho que hay mujeres, como muchas cantantes que utilizan letras machistas, que, en realidad, reproducen
culturas patriarcales. A su juicio, esas actitudes no las empoderan, por mucha capacidad de influencia que tengan sobre el público. Entiende que no se trata de copiar comportamientos masculinos como la compra de la prostitución, porque eso, en su
opinión, no es ético. Concluyó que es frecuente encontrarse con cantantes que se consideran símbolo del empoderamiento femenino y que sin embargo se ofrecen al público con una imagen absolutamente infantilizada y una estética sadomasoquista.
En su opinión, no todo vale como empoderamiento femenino, de aquí que la formación y el conocimiento deban ser herramientas básicas.
3. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado (núm. expte. 212/2880)
Comenzó su exposición, subrayando la importancia de hacer frente a la violencia de género, lacra históricamente silenciada por la sociedad, que afecta desde hace siglos a todos los países y tiene su origen en la desigualdad histórica entre
hombres y mujeres.
Subrayó la conveniencia de que se perfile adecuadamente el artículo 450 del Código Penal, para que la lucha contra este crimen se persiga con más rigor. En su opinión, subyace al mismo un interés de naturaleza colectiva y no un mero interés
de la víctima, puesto que vulnera los derechos humanos.
Insistió también en la relevancia de los datos relativos a los asesinatos de mujeres, realizados desde el año 2003, que arrojan una cifra muy superior a la de las víctimas de ETA en 40 años. Se refirió también a la importancia del tema de
la violencia vicaria, sobre la cual han existido interpretaciones judiciales divergentes con relación a la imposición de la prisión permanente revisable y animó al legislador a dejar claro este punto, considerando que los ataques mortales contra los
niños son siempre vicarios.
Otro punto que subrayó fue la necesidad de extremar la coordinación entre los órganos jurisdiccionales, para que no se repita un suceso tan terrible como el de Sueca donde un maltratador mató a su hijo el año pasado.
Insistió en la importancia de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, interpretada con perspectiva de género, así como de la Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y del
artículo 49 del Convenio de Estambul. También subrayó que la Jurisprudencia se ha referido constantemente a la perspectiva de género.
Destacó el hecho de que solo se denuncia un 20 % de la violencia que existe, lo que nos obliga a animar a las mujeres a denunciar, para lo cual es fundamental hacer que se sientan protegidas. También subrayó que es importante que la
resiliencia a la denuncia no implique falta de credibilidad.
Por otra parte, aludió a la reciente sentencia del magistrado Vicente Magro, emitida en 2021, y en la cual se consolida por primera vez el concepto de violencia económica. La consideración de ésta es, a su juicio, fundamental ya que, a
veces, se niega el sustento a los propios hijos. Ello hace que, de acuerdo con su criterio, sea fundamental modificar el art 1 de la Ley 1/2004, con el fin de incluir ese tipo de violencia. En la misma línea, considera que sería necesario,
reforzar los apartados relativos a la violencia económica, el artículo 227 y siguientes sobre el impago de pensiones y el alzamiento de bienes.
A continuación, se refirió a las medidas que, en su opinión, es necesario adoptar, las cuales deben concentrarse en tres ejes: educación, prevención y sanción, incluyendo medidas legislativas, de seguimiento, de asistencia, de información,
de seguridad y de atención a los menores.
Mencionó la necesidad de adoptar medidas políticas, abandonando diferencias y consensuando un nuevo Pacto que incluya el compromiso de todos los grupos políticos.
Por lo que se refiere a las medidas legislativas manifestó que el arsenal jurídico con el que contamos en el Código Penal es, en su opinión, suficiente, porque se ha ido adecuando con el tiempo. No obstante, recomendó:
1. Retocar la agravante de alevosía para incorporar la convivencial o doméstica. Es cierto que la misma se ha ido introduciendo por vía jurisprudencial pero considera que sería muy útil tipificarla.
2. No derogar la atenuante de confesión, aunque sabe que es un tema discutido. Considera que es cierto que si el agresor confiesa cuando los hechos son evidentes, el Tribunal Supremo se la deniega. No obstante, entiende que si estamos
ante un hecho cuya investigación es difícil la confesión puede ser útil y, en ese caso, cabría reconocerla como atenuante, como en otros delitos.
3. Suprimir la consideración en el tipo delictivo de amenaza, de que el mal anunciado ha de llegar a conocimiento de la amenazada. En su opinión, debe ser suficiente para la consumación del delito que el hecho se produzca, aunque no llegue
al amenazado ya que considera que el bien jurídico protegido es la protección de la víctima y no tanto su tranquilidad interior.
4. Con respecto a los delitos continuados de quebrantamiento de medidas cautelares denunció que, a menudo, se saldan incrementando levemente la pena, cuando lo cierto es que son muy reiterados.
5. Con relación al tema recientemente debatido por los medios de si es posible utilizar los antecedentes penales para dictar medidas de prevención, recomendó llevar los instrumentos de protección al Estatuto de la Víctima del Delito,
evitando la dispersión legislativa que atenta contra la buena técnica jurídica.
6. Manifestó que la Fiscalía es concebida en nuestro sistema jurídico como una institución de amparo de los vulnerables, como lo son las mujeres víctimas de violencia. Por otra parte alabó la actuación de otros operadores jurídicos como
los abogados del turno de oficio, que estima deben contar con un justa retribución.
7. Insistió en la necesidad de contar con más juzgados especializados de violencia sobre la mujer, y de proporcionar a la mujer que denuncia un espacio amigable, impidiendo el peregrinaje de jurisdicciones. A su juicio, es importante la
agilidad en la resolución de los conflictos porque cuando éstos se enquistan es fácil que se genere más violencia.
8. Sugirió que los medios de comunicación deben respetar la intimidad de las víctimas.
9. Insistió en la necesidad de mejorar en el procedimiento de ejecución, informando a la víctima de potenciales riesgos.
10. Propuso aumentar los controles de prevención del riesgo y las oficinas de asistencia a la víctima.
Concluyó advirtiendo que toda la sociedad debe implicarse en combatir la lacra social de la violencia de género para que el silencio que rodeaba la violencia contra la mujer deje de ser silencio.
4. D.ª Cira García Domínguez. Representante de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) (núm. expte. 219/960)
Compareció ante la Subcomisión en su calidad de representante de AMJE, asociación que tiene por objeto la defensa y protección de los derechos de las niñas y niños, la adolescencia y mujeres, que está especialmente comprometida con los
derechos humanos y, en particular, en la lucha contra la violencia de género y con la protección de las mujeres.
La compareciente analizó la implantación de algunas de las medidas del pacto de Estado en el ámbito de la Administración de Justicia, principalmente referidas a la actuación judicial y a la intervención de los equipos profesionales que están
directamente en contacto con la Administración de Justicia. En concreto, incidió en aquellas cuestiones que no se han traducido aun en medidas legislativas en materia de violencia de género.
En primer lugar, hizo alusión a la necesidad de ampliación del concepto de violencia de género, conforme al Convenio de Estambul, medida 102. La Ley Orgánica 1/2004 se refiere únicamente al ámbito de la pareja, expareja, relación conyugal o
exconyugal, cuando el Convenio de Estambul establece un concepto más amplio de qué se entiende por violencia de género, así, toda violencia que se comete contra las mujeres por el hecho de ser mujeres o que afecta a las mujeres de manera
desproporcionada.
La Disposición final vigésima de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual señala que, en el plazo de un año, se debe remitir por las Cortes un proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para revisar las competencias de
los juzgados de violencia sobre las mujeres. En caso de ampliarse el concepto de violencia de género conforme al Convenio de Estambul, se produciría una sobrecarga inasumible de los juzgados.
En este sentido, la medida 149 del pacto de Estado se refiere a la evaluación de la carga de trabajo de los juzgados de violencia sobre la mujer y analizar las necesidades de
aumento de plantilla o de redistribución. La compareciente señaló al respecto que es inviable que desde 2004, año en que se aprobó la Ley de Violencia de Género, solamente se hayan creado 106 juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer
en España, cuando existen 431 partidos judiciales, por lo que debería haber al menos 431 juzgados exclusivos en materia de violencia de la mujer. La respuesta ante los casos de violencia de género y la formación de los juzgados mixtos es distinta,
por lo que deben crearse necesariamente más juzgados especializados.
Por otro lado, se refirió a otras formas de violencia y, en concreto, a la violencia económica, cuestión que está siendo estudiada por un grupo de trabajo de la Asociación de Mujeres Juezas. Este concepto no está recogido por el Convenio de
Estambul, pero sí en algunas leyes autonómicas, como, por ejemplo, la Ley de Castilla-La Mancha. Asimismo, se ha reconocido por la jurisprudencia, pero debe traducirse a nivel legislativo. Sería conveniente incluir el concepto en el ámbito de
aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 y definirlo, como se ha hecho con la violencia vicaria como consecuencia de la reforma de la Ley Orgánica 8/2021. También debe darse una respuesta penal contra la violencia económica, lo que ya se ha hecho en
otros ordenamientos, como en la legislación de El Salvador. En nuestro Derecho, únicamente se incluye el impago de pensiones de alimentos en el artículo 227 del Código Penal y la jurisprudencia señala que se trata de violencia económica, pero la
incluye dentro de la violencia psicológica, sin darle entidad propia. Además, son los juzgados de Instrucción los que conocen de los delitos de impago de pensiones. Habría que reformar el artículo 87 de la LOPJ para que sea competencia de los
juzgados de violencia sobre la mujer.
Asimismo, aludió al mejoramiento de la coordinación y cooperación de las instituciones. Una de las medidas del pacto fue la creación de puntos de encuentro especializados en materia de violencia de género. Sin embargo, existe una absoluta
descoordinación en su gestión. Para reforzar la protección a los menores, deberían incrementarse los puntos de encuentro, pues muchas mujeres deben desplazarse desde su lugar de residencia para cumplir con los regímenes de visitas, y el personal de
los mismos debe tener una formación especializada y obligatoria en perspectiva de género y en perspectiva de la infancia. En consecuencia, es fundamental cumplir la medida 210, que habla de promover la puesta en marcha de puntos de encuentro
familiar exclusivos y especializados para la atención de violencia de género y, en su defecto, elaborar y aplicar protocolos específicos. Hay mujeres que no pueden acudir al punto de encuentro y se encuentran con denuncias por incumplimiento de
regímenes de visitas, a lo que se añade que, en ocasiones, no tienen recursos económicos para acudir. En muchos ayuntamientos existen convenios de colaboración para el traslado de las mujeres a las sedes judiciales, pero en otros este problema no
se ha solucionado todavía.
Por otro lado, incidió en la protección de menores. Inicialmente, las resoluciones judiciales no solían suspender los regímenes de visitas de los presuntos maltratadores (medida 205). Sin embargo, en los últimos años la tendencia se ha
invertido y suelen reconocerse de manera prácticamente automática. Actualmente, la ley señala que cuando se dicta una orden de protección, si existen indicios de que el menor ha presenciado, sufrido o convivido con una situación de violencia, el
juez debe suspender el régimen de visitas, valorando el superior interés del menor y previa evaluación de la relación paternofilial. En consecuencia, la suspensión, que inicialmente era la excepción, se ha convertido en la regla general. Sin
embargo, ello puede tener efectos perjudiciales, pues la suspensión del régimen de visitas en ocasiones disuade a las víctimas de pedir una orden de protección. La legislación, como se ha indicado, exige la previa evaluación de la relación
paternofilial, teniendo los jueces 72 horas para resolver sobre la orden de protección, y esta brevedad y la falta de equipos psicosociales suficientes, llevan a que la suspensión del régimen de visitas se acuerde de manera prácticamente automática.
Contra ello, la compareciente abogó por que se valoren las circunstancias caso por caso, contando para ello con el equipo psicosocial adecuado.
Finalmente, la compareciente se refirió a los protocolos de actuación en materia de violencia institucional, indicando que los problemas que plantean son consecuencia de la
falta de formación en perspectiva de género, uno de los ejes fundamentales que establece el Pacto. Ello implica tanto la creación de juzgados especializados, como la formación obligatoria a los jueces que están en este tipo de juzgados. En
2018, como consecuencia de una reforma de la LOPJ para la implantación de las medidas del pacto de Estado, se acordó la creación de una jurisdicción especializada en violencia contra la mujer. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial no
ha convocado ninguna prueba de especialización y, además, no ha establecido la obligatoriedad de la formación en materia de violencia de género. Esta formación debería ser obligatoria y evaluable, señaló, para cumplir las medidas 247 y 224 del
Pacto.
Otra cuestión relativa a la violencia institucional es el abordaje de la prueba preconstituida en los delitos de libertad sexual. La Ley Orgánica 8/2021, de protección a la infancia, recoge la prueba preconstituida, si bien en su reforma se
ha previsto para víctimas menores de 14 años. Desde 2015 los hijos de la víctima tienen la condición de víctimas, aunque no hayan presenciado la violencia o convivido con ella. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, como consecuencia de la reforma de
la Ley Orgánica 8/2021 permite que se constate como prueba preconstituida. Ello implica que al menor se le saca de la sala y se graba la exploración, que se reproduce el día del juicio, sin tener que volver a llamar al menor. Sin embargo, si se
advierte al menor de que el padre va a escuchar lo que dice, no va a declarar. Por eso, concluyó la compareciente señalando que en los casos en que se admita en la prueba preconstituida, el padre no debería estar presente, para respetar al menor.
5. D.ª Susana Camarero Benítez. Presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad (núm. expte. 219/961)
Tras exponer su amplia trayectoria en materia de lucha contra la violencia de género, señaló que comparece como Presidenta de la Confederación de Mujeres en Igualdad, asociación que cuenta con casas de acogida en distintos puntos de España,
además de ser colaboradora también en el ámbito laboral en materia de igualdad, ayudando a poner en marcha planes de igualdad y protocolos de violencia a nivel empresarial, pues, como indicó, entiende que es fundamental que también desde la
perspectiva empresarial se colabore con la lucha contra la violencia de género. En este sentido, la compareciente aportó una visión general de 360 grados en la materia, pues previamente había formado parte del legislativo y del ejecutivo.
Tras condenar la violencia de género y recordar las últimas víctimas, además de las 49 del año 2022 y las 1186 asesinadas desde que hay registros en 2003, señaló que estos datos no son sino la punta del iceberg del problema, pues hay muchas
familias y mujeres que siguen soportando a diario esta violencia. A tales víctimas, señaló que todas las instituciones y la sociedad civil están de su lado, para acompañarlas en el trance y ayudarlas a salir de la violencia.
Al igual que cuando compareció en la Comisión para valorar el desarrollo del pacto de Estado, comenzó poniendo en valor el significado del acuerdo, al que llegaron el conjunto de los grupos parlamentarios aparcando intereses partidistas a
favor del interés general, buscando lo que les unía: el espíritu de tratar de ayudar a las víctimas y tratar de trabajar para ellas. La Ley Integral fue aprobada por unanimidad y el pacto de Estado también, con la excepción de Podemos, si bien
todos los grupos trabajaron por conseguir el consenso, pues las políticas sociales y de igualdad se deben construir desde el acuerdo. Y este acuerdo debe incluir, además de a los diferentes grupos parlamentarios, a la sociedad civil, que
precisamente, tuvo una gran participación en la elaboración de las medidas comprendidas en el pacto, realizando propuestas a través de diversas asociaciones, instituciones y expertos. Continuar con esta participación debe seguir siendo una
prioridad.
En cuanto a la situación actual del pacto, destacó dos puntos: la prevención y la protección y la atención a las víctimas. Comenzando por la prevención, señaló que queda un largo camino que recorrer en la materia, particularmente entre la
juventud. Los jóvenes reproducen situaciones de control y hay que insistir que dicho control es el inicio de la violencia para ayudarles a terminar con relaciones tóxicas. La compareciente advirtió que
en redes sociales como TikTok hay vídeos sobre relaciones tóxicas que realmente lo que pretenden es normalizarlas. Además, se siguen compartiendo imágenes de carácter sexual en Internet, de manera consentida y voluntaria la mayor parte de
los casos, sin que los jóvenes sean luego conscientes de la trascendencia de dicho acto y de dónde pueden llegar a terminar las imágenes compartidas.
Debemos avanzar en la sensibilización de los jóvenes, entre los que sigue incrementándose la violencia sexual, para evitar perpetuar el machismo, las relaciones tóxicas o las situaciones de control y de desigualdad. A esos efectos, desde la
asociación, como señaló, están haciendo programas y guías de prevención contra la violencia de género en los más jóvenes y acudiendo a los institutos con formaciones sobre la materia. La juventud reconoce la violencia física, pero otras
manifestaciones las normaliza. Ello ocurre también con el profesorado, a los que hay que darles herramientas para esta prevención, reforzando su formación. Por otro lado, destacó la necesidad de realizar más campañas de concienciación dirigidas a
la juventud. En 2014, desde el Ministerio se realizó una macroencuesta detectando que el 30% de los jóvenes normalizaban las situaciones de control, datos que se han multiplicado. Las campañas llevaron a que se incrementasen las llamadas
solicitando información al 016, no sólo de jóvenes, sino también de padres y, sobre todo, madres preocupadas por sus hijas. Por ello, recomendó que se multiplicasen las campañas dirigidas a los menores y, además, en sus medios, las redes sociales.
En segundo lugar, la compareciente se centró en la protección y la atención a las víctimas. Hay muchos casos en que las mujeres no denuncian, ya sea porque no se reconocen como víctimas, habiendo normalizado sus situaciones y sin reconocer
la violencia no estrictamente física, porque piensan que la denuncia pueda llevar a represalias sobre ellas o sus hijos o por una cuestión económica. Hacia dichas víctimas es necesario también fomentar más formación y sensibilización. Las víctimas
deben conocer, además de las llamadas al 016, el resto de recursos que tienen a su alcance, muchas veces desconocidos, como por ejemplo la posibilidad de contar con un abogado de oficio.
Los datos de los últimos años de muertes por violencia de género son preocupantes, generando una gran alarma social, como indicó la compareciente, en particular destacan los datos de diciembre de 2022. El 50% de las mujeres que murieron
dicho mes, y el 43% de las que murieron durante 2022, 21 de 43, habían denunciado previamente a su agresor. Estos datos demuestran la necesidad de seguir ayudando a las víctimas y seguir luchando por ellas. Por ello, debe conseguirse que las
medidas de lucha contra la violencia de género sean lo más eficaces posibles, para no fallar a las mujeres que han interpuesto denuncia, así como fomentar que la interpongan.
Por otro lado, en materia de protección, señaló también que, mientras que diversos ministerios, como el de Justicia o Interior, han celebrado reuniones con la sociedad civil para tratar de evaluar el repunte de casos de violencia de género,
el Ministerio de Igualdad no lo ha hecho, considerando adecuado que también se celebren en este.
Por último, destacó la necesidad de incrementar la prevención reforzando la formación a los operadores sanitarios y de fomentar el acompañamiento de las víctimas, psicológico y jurídico, para las víctimas durante los procesos judiciales,
pues muchas víctimas renuncian durante el mismo por la complejidad de sus circunstancias. Para garantizar que éste llegue a su fin, debe darse apoyo a todas las víctimas, con especial atención a las más vulnerables, por su juventud, discapacidad y
otros factores.
Para obtener unos buenos resultados, indicó la necesidad de mejorar en la evaluación del riesgo. A la evaluación policial, debería añadirse la forense, para lo que deben incrementarse las unidades de valoración forense en todas las
comunidades autónomas.
Por otro lado, señaló que la mayoría de los riesgos a los que están expuestas las víctimas son leves, por lo que no se activan las medidas de apoyo. Al no haber suficiente formación en la policía, no son capaces de detectar cuando existe un
nivel de riesgo elevado y las víctimas terminan siendo asesinadas. En este sentido, debe profundizarse en las medidas de protección, para evitar este resultado, incrementándose las condenar en caso de que se salten las órdenes de protección y
aumentando la coordinación entre todos los actores: el medio sanitario y de protección judicial y policial.
A modo de conclusión, la compareciente remarcó que, aunque queda mucho por hacer en materia de lucha contra la violencia de género, el espíritu del pacto sigue vigente, y es importante seguir enviando a la sociedad una señal de unidad contra
la misma y reafirmación del compromiso de los partidos y de la sociedad en la lucha, con prevención, protección y reparación de las víctimas.
6. D.ª Lorena Garrido. Profesora Asociada del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona (núm. expte. 219/962)
La compareciente destacó su participación en numerosos estudios y proyectos en el seno de la Universidad y del grupo de investigación Antígona, lo que le permitía aportar su conocimiento a la Subcomisión en nombre, también, del grupo al que
representa.
Comenzó aludiendo al concepto de violencia de género, pues la ley se refiere únicamente como tal a la que se produce en el ámbito de la pareja, expareja o relaciones afectivo-sexuales. Por el contrario, en los mecanismos internacionales,
como la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación y el Convenio de Estambul, violencia de género abarca todas las formas y ámbitos de este tipo de violencia, incluyendo manifestaciones como violencia económica, matrimonio
forzado, agresiones sexuales a menores, violencia simbólica en medios de comunicación en redes sociales. La limitación del contexto en la ley estatal lleva a una distorsión estadística. Por tanto, debe revisarse el pacto de Estado para asumir la
Normativa internacional, incluyendo todas las formas y ámbito de violencia.
Destacó también la conexión entre la prevención y la protección, que, aunque no son aspectos incompatibles, deben ser estudiados por separado. Así, llamó la atención sobre que, en el ámbito de la reparación a las víctimas de violencia de
género, la legislación, sobre todo autonómica, ha realizado importantes avances, siguiendo el Convenio de Estambul y las recomendaciones de Naciones Unidas, especialmente la número 35, relativa a la incorporación en la materia de la reparación y de
la indemnización. Se debe trabajar en el concepto sobre qué significa reparar la situación de una mujer cuando esta ha sufrido violencia.
Además, destacó también el concepto de diligencia debida, también recogido por la normativa internacional y aplicada por tribunales internacionales regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. La diligencia se refiere al derecho a la no repetición. Sería importante abordar el concepto desde el pacto de Estado. El derecho a la no repetición tiene dos elementos: la no repetición de la violencia para el caso concreto de
la persona que la ha vivido y la no repetición de la violencia a ninguna otra mujer en su situación.
Dentro de la diligencia debida, señaló también la necesidad de atender al compromiso económico señalado en el eje 9 del pacto de Estado, pues es necesaria la existencia de recursos permanentes, para asegurar la estabilidad económica para los
trabajadores en materia de lucha contra la violencia de género para poder garantizar la no repetición de los hechos.
En cuanto al concepto de violencia de género, se han planteado otras alternativas para eludir al problema. La compareciente señaló que, en su momento, indicaron para el caso de la ley catalana que lo más adecuado era hablar de violencias
machistas. En el caso de la violencia hacia las mujeres el foco se pone en quién recibe la violencia. En la violencia de género, en los estereotipos de género, para que no constituyan una fuente de esa violencia. Pero cuando hablamos de violencia
machista, nos centramos en la causa de esta violencia, el machismo y su consecuente abuso de las relaciones de poder, lo que adecuaría nuestra regulación al marco jurídico internacional. Ello permitiría visibilizar el machismo como la causa del
problema.
A los problemas conceptuales respecto de qué es la violencia de género o machista, se añade el de dispersión jurídica, que dificulta que las mujeres sepan cuáles son todos los recursos de que disponen, pues la materia se trata en ámbitos
jurídicos diferenciados: Derecho Laboral, Penal o el Administrativo. Por tanto, frente a esta dispersión jurídica, el
pacto de Estado debe visualizar cuáles son, con carácter general, los recursos a disposición de las mujeres.
Además, el pacto de Estado puede ser revisado atendiendo a la diversidad de las mujeres en todo su espectro. La clase social sólo se refiere a un aspecto de esta violencia, que no evita que una mujer sufra violencia de género, pero, por
ejemplo, cabe afirmar que la situación económica de una persona le permite tener más capacidad para salir de una situación de violencia, aunque no la prevenga. Por ello, la diversidad de las mujeres debe ser abordada.
También recalcó la necesidad de reflexionar sobre las diversas formas que adopta la violencia. La regulación legislativa segmentaba el abuso sexual de la agresión sexual, pero debe entenderse que la violencia sexual no es más que una forma
de ejercer la violencia, como la física o la psicológica, que puede manifestarse en el ámbito de la pareja, la familia, en el trabajo, en la comunidad, y puede ser también violencia simbólica, como en las redes sociales y medios de comunicación, u
obstétrica. Las diferentes manifestaciones de esta violencia nos llevan a que debamos adoptar medidas muy variadas, pues las medidas de prevención no son las mismas si se trata de violencia en el ámbito de la pareja o de la familia, por ejemplo,
cuando un hijo maltrata a la abuela. La última modificación de la ley catalana refleja este cambio social en el modo de afrontar la violencia machista.
También destacó la compareciente el concepto de interseccionalidad, recogido en la ley catalana y en la Recomendación 35 de las Naciones Unidas, que establece que debe actuarse de forma interseccional para abordar la violencia machista. La
concurrencia del machismo con otros ejes de discriminación, algunos más de los recogidos en el Pacto de Estado como el origen, el color de la piel, la llamada racialización o la clase social, implica que deba abordarse esta violencia desde los
diversos ámbitos. Ello lleva a profundizar en aspectos como la precariedad económica, o la diversidad funcional o psíquica de las víctimas. En este último caso, a título de ejemplo, un estudio realizado en la ciudad de Barcelona estableció que el
80 % de las mujeres con discapacidad física o psíquica certificada de carácter grave habían sufrido algún tipo de violencia sexual, con una prevalencia mucho mayor que las personas que no se encontraban en dicha condición. Además, muchas de estas
víctimas no acuden a los servicios sociales, precisamente por su imposibilidad o dependencia, siendo muchas veces agredidas sexualmente por personas de su entorno o cuidadores. Ello muestra que la diversidad debe tenerse en cuenta, pues aspectos
como las adicciones, la edad, o incluso la privación de libertad, inciden en las manifestaciones de la violencia. El pacto de Estado debería también incluir a las mujeres presas, en las que la violencia impacta de manera agravada. En conclusión,
en los casos de intersección de condiciones o situaciones, se ha observado un aumento exponencial del impacto de la violencia.
A continuación, la citó a la autora Nancy Fraser, que señala que debe pasarse por el reconocimiento de toda forma y ámbito de violencia y por la redistribución de los recursos para que lleguen a hacer frente a todas esas formas y ámbitos,
tras lo cual se llegará a una real sensibilización en materia de este tipo de violencia y, sólo entonces, comenzaría la transformación.
Aunque la sociedad poco a poco ya se ha ido transformado, pues hay una creciente sensibilización y visibilizarían sobre la violencia, únicamente se ve la punta del iceberg, y están subiendo los casos de la violencia que no es visible a
primera vista. Hay encuestas de victimización en distintas comunidades autónomas y en la Unión Europea que coinciden en señalar que una de cada tres o de cada cuatro mujeres ha vivido alguna situación de violencia. Hay que mantener campañas de
sensibilización y de educación para mantener y mejorar las cifras pero, además de abarcar el acoso escolar en perspectiva de género, deben abordarse otras cuestiones como el tema de las nuevas masculinidades. En Estados Unidos se ha determinado lo
que se llaman las masculinidades tóxicas o alfa, que constituyen una fuente de opresión para los propios hombres, por lo que debe educarse en superar este tipo de problemas.
La compareciente también hizo alusión a que el pacto de Estado se centre en cómo se aplican legislaciones recientes, como la Ley de Protección a la Infancia. Ésta establece,
por ejemplo, la suspensión de los regímenes de visita cuando hay una denuncia de violencia o de agresión sexual, con la excepción, dice el artículo, de si esto afecta al interés superior del menor. A la hora de aplicar dicho precepto, los
tribunales están utilizando la excepción como regla general. Para la correcta aplicación de la ley, debe fomentarse la formación dentro del poder judicial.
Además, debe diferenciarse entre la violencia que existe y la que es denunciada. El derecho penal debe ser la última ratio a la que recurrir. En muchos casos las víctimas retiran la denuncia o abandonan los procedimientos, porque no se
sentían protegidas durante los mismos o porque la respuesta penal no era la que esperaban. Por ello, debe acompañarse el proceso de medidas de protección y reparación en términos económicos, sociales, sanitarios y psicológicos, lo que vuelve a
llevar a la necesidad de incrementar los recursos en el ámbito de atención y de la reparación a las víctimas.
En diversos estudios, señaló, se ha observado que hay una gran cantidad de denuncias en ámbitos de violencia sexual son manifestaciones de esta violencia hacia menores, de manera que los progenitores deciden con mayor facilidad acudir al
sistema penal cuando son agresiones a sus hijos. Respecto a esto, el artículo 3 del Convenio de Estambul establece la violencia sexual mayoritariamente la sufren las mujeres, lo que debe matizarse, pues un 13,73% de las víctimas son hombres, pero
todos los casos se refieren, en realidad, a menores de edad.
Estas circunstancias expuestas llevan a que sea necesario entender la justicia en perspectiva de género, incluso aunque se ejerza por juezas, pues a veces también mantienen estereotipos.
Por otro lado, destacó la lentitud de la protección. Curiosamente, se ha demostrado que los juzgados en ámbito no específico de violencia de género conceden más órdenes de protección que los específicos, es decir, que la especialización no
siempre tiene como resultado una mayor sensibilización o protección de las mujeres.
La situación mejoraría, a su entender, con el modelo utilizado por la Ley Integral para la Protección, tomado de las Naciones Unidas que se remonta al Convenio de Estambul, de Protocolos separados para las situaciones de crisis, de los
aplicables en las situaciones que no lo son. Pues hay circunstancias, por ejemplo, cuando las mujeres se están separando o divorciando, en que subvierten los roles de género y dejando la relación de poder, en las que se incrementa el riesgo. En
consecuencia, hay servicios en paralelo que deben reforzarse en situaciones de urgencia. Información y orientación, además de centro de crisis de 24 horas, servicio de recuperación integral, aunque ya no se de la situación de crisis, y
acompañamiento. Hay entidades que cubren estos aspectos, en la medida en que el Estado no las está cubriendo adecuadamente.
Por último, destacó que se aborde en el pacto de Estado las diversas formas que reviste la violencia, pues hay nuevas legislaciones en materia de planes de igualdad en las empresas, que deben reforzarse y garantizar su aplicación. Hay una
gran prevalencia del acoso sexual y, en general, se denuncia la impunidad existente, a pesar de la existencia de protocolos. La Inspección de Trabajo debe tener un rol más activo en esta labor.
A modo de conclusión, señaló que desde el pacto de Estado se inste a incrementar la actividad, recursos y formación especializada en materia de lucha contra la violencia machista.
Sesión de 18 de enero de 2023
1. D.ª Teresa Peramato Martín. Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer (núm. expte. 212/2876)
La compareciente, en representación de la Fiscalía General, comenzó haciendo una alusión al repunte de feminicidios registrados en el ámbito de la pareja o expareja durante el mes de septiembre de 2022, así como a los altos porcentajes de
situaciones en las que ya existía una denuncia previa. En relación con lo anterior, procedió a exponer una serie de datos, comparando los obtenidos en 2021 y 2021.
En el año 2021 se registraron 52 feminicidios, entre cuyas víctimas 12 habían denunciado previamente, lo que representa un 23%. De esas 12, 10 habían obtenido medidas cautelares de prohibición de aproximación o plenas, lo que es el 99 % del
total de las mujeres que habían denunciado. En comparación, en 2022 se registraron 49 víctimas, 5,77% menos, de las que habían denunciado 22, un 44,9%, porcentaje muy superior al de 2021. De esas 22, solamente 11 habían recibido medidas cautelares
o penas de prohibición de aproximación en relación con alguna de las denuncias, el 50%, porcentaje inferior al de 2021. Dentro de estos datos, 12 de los feminicidios se produjeron en septiembre, con 7 denuncias previas, 4 de las cuales habían
obtenido medidas o penas de alejamiento, un 57% del total de las denunciantes.
Si bien se trata de datos estadísticos objetivos, la compareciente señaló que, para analizar un trasfondo sociológico serían necesarios estudios, no solamente cuantitativos, sino también cualitativos. Son datos muy variados que no nos
sirven para sacar conclusiones definitivas, pero sí afirmó que las mujeres, cada vez en mayor medida, se están acercando a la justicia formulando denuncias, por lo que se debe reflexionar sobre si se está dando la respuesta adecuada ante las mismas.
Esta circunstancia le llevó a analizar dos medidas del pacto: la medida 135, relativa a la mejora del diagnóstico del riesgo, y la medida 150, sobre las Unidades de Valoración Integral Forense.
La medida 135 habla de la mejora del diagnóstico del riesgo. En muchas ocasiones, en la comparecencia no se puede determinar con seguridad cuál es el riesgo al que están sometidas las víctimas, por lo que jueces y fiscales requieren del
auxilio pericial de médicos forenses, que se integran en Unidades de Valoración Integral Forense. Aunque el Ministerio de Justicia aprobó en 2011 un protocolo médico forense, que en lo que a la valoración del riesgo se refiere fue modificada en
2020, en el que se prevé la posibilidad de que los médicos forenses hagan una valoración de riesgo programada, con la intervención de las unidades de valoración forense integral, en la práctica no se está contando con tal posibilidad, por falta de
infraestructura en los juzgados. Tras exponer los datos relativos al número de Unidades de Valoración Integral Forense constituidas en España (según los datos del Ministerio de Justicia, existen 24 Unidades, repartidas en 15 provincias, atendiendo
a 10 juzgados de violencia exclusivos y 104 juzgados compatibles, por lo que la media sería de 4,75 juzgados por cada unidad de valoración integral, mientras que de los datos de las comunidades autónomas, en las que solo 9 de 14 se han constituido
estas Unidades, se desprende que existen 42 Unidades de Valoración Integral Forense para dar asistencia a 17 juzgados de violencia exclusivos y 221 compatibles, con una media de 5,7 Juzgados por Unidad), destacó la sobrecarga de las Unidades y la
imposibilidad que tienen de atender a todos los juzgados, atendiendo, además, a la dispersión geográfica y a la distancia que existe entre los partidos judiciales y el lugar donde tienen su sede las unidades de valoración. Por otro lado, el
protocolo establece que el informe sobre el riesgo deberá emitirse el mismo día en el que se solicita, sin que se esté cumpliendo dicho plazo. A modo de conclusión, señaló que debemos contar con medidas de valoración integral forense. Si bien el
Pacto de Estado ya aludía a esta cuestión, las Unidades de Valoración Integral Forense deben estar, además, dotadas de personal suficiente, especializado en materia de violencia de género y perspectiva de la infancia y estable, para valorar
adecuadamente los riesgos, para que los jueces adopten las medidas oportunas con mayor seguridad.
A continuación, se refirió a la medida 155 del pacto, relativa a los dispositivos telemáticos de control, señalando que deben mejorarse los mecanismos y que se debe potenciar su utilización. En 2021 se acordó su utilización en 26.254
ocasiones como medidas cautelares y en 41.940 como pena en sentencias condenatorias. En 2022 han subido un 15% los dispositivos impuestos. Debe potenciarse su uso, de modo que, cuando la valoración de riego es alta o media, con especial
vulnerabilidad, se debe acordar la instalación del dispositivo, toda vez que no se ha producido ningún feminicidio ni ningún intento de feminicidio a mujeres que estuvieran protegidas a través de este dispositivo. Por otro lado, se debe actualizar
el protocolo de seguimiento de actuación de los dispositivos
para incluir también las normas de conducta en la suspensión las prohibiciones de aproximación en los casos de libertad vigilada.
En relación con las medidas 122 y 232, relativas a la especialización de los órganos judiciales, destacó que en 2022 existen 113 Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos y 351 compatibles, que llevan un total de 220.483 procedimientos
penales y 21.767 procedimientos civiles. Es un volumen de procedimientos muy alto, sobre todo teniendo en cuenta la multiplicidad y complejidad de trámites que exige un procedimiento relativo a una materia como la violencia de género. Una de las
soluciones que se han planteado ha sido contar con una infraestructura con la que puedan contar todos los operadores en dicho ámbito, que sea igualitaria de cara a las víctimas, a través de las agrupaciones o comarcalizaciones, existiendo, hasta la
actualidad, 11, y solo habiendo 32 juzgados de lo penal especializados. La mayoría de los procedimientos de violencia sobre la mujer se están enjuiciando por juzgados que no llevan en exclusividad ni llevan como especialidad la violencia sobre la
mujer. Los compatibles, además, llevan mucho más trabajo. Frente a esta situación, únicamente hay 50 fiscales delegados provinciales, que coordinan las secciones territoriales y 28 fiscales enlace en las áreas. No obstante, en el ámbito de la
violencia sobre la mujer, no solo intervienen los fiscales especializados, sino también los fiscales de instrucción, que hacen las guardias. Se debe conseguir llegar la formación en violencia de género a toda la carrera, aunque ya se está tratando
de hacer a través de continuos cursos de formación. A esta precariedad se une la dispersión geográfica entre los juzgados, que lleva a que los fiscales no siempre puedan atender todos los casos, intentando llegar a través de sistemas de
videoconferencias. Es, por lo tanto, necesario, ampliar la plantilla, crear una plaza de fiscal por cada unidad judicial especializada que se cree y aumentar la plantilla para asegurar la presencia de un fiscal especializado en todos los
procedimientos y trámites de violencia de género.
En cuanto a las medidas 204 y 205, sobre el impacto de la reforma del régimen de visitas, señaló que, tras analizar 1060 resoluciones, hasta el 31 de diciembre de 2021, resultó que solamente el 11% tenía un régimen de visitas previamente
acordado. Respecto a ese 11%, en un 67% de casos se acordó la suspensión del régimen de visitas y su mantenimiento solo en un 33%, siendo llamativo que se acuerde un régimen de visitas cuando no existe una regulación previa, acordándose sin embargo
en un 30% de casos la suspensión, en lo que señaló que estaban trabajando para mejorar la respuesta judicial. Por otro lado, deben extenderse y revisarse las ayudas a los huérfanos y a los familiares que se hacen cargo de ellos en todos los ámbitos
de su vida. Y también deben revisarse los puntos de encuentro familiar, exclusivos y especializados para la violencia sobre la mujer, añadió.
Para finalizar, la compareciente aludió a otras medidas que debían añadirse o mejorarse. Así, es necesario ampliar la respuesta integral y especializada a todas las manifestaciones de Violencia sobre la Mujer, debe tipificarse la violencia
económica, tiene que mejorarse la detección de las situaciones de violencia vicaria instrumental y deben estudiarse las necesidades y las carencias estructurales para garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas de violencia vicaria
extrema, en concreto, su derecho a la reparación, en todos los procedimientos administrativos judiciales. Además, señaló la necesidad de profundizar en el síndrome de alienación parental, en el que deben estar formados todos los operadores,
potenciar la prohibición de la mediación o coordinación parental, debe mejorarse la coordinación para mejorar la asistencia, potenciar la denuncia, mejorar la protección y evitar espacios de impunidad y, por último, añadió la necesidad de garantizar
la supervivencia de las asociaciones de mujeres, asegurando el debido cumplimiento de las obligaciones establecida en los art. 7, 8 u 9 del Convenio de Estambul.
2. D.ª María Eugenia Rufino. Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) (núm. expte. 212/2877)
Se refirió, en primer lugar, a la posición que sostuvo en la Comisión de Igualdad, cuando se centró especialmente en dos cuestiones: por un lado, la financiación local que llevaba aparejada el pacto de Estado, y por otro, el servicio
ATENPRO, gestionado por la
FEMP mediante un convenio con el Ministerio. A diferencia de aquel momento, destacó su preocupación por la continuidad del pacto de Estado, así como de la financiación consecuente. Cuando se habla, por ejemplo, del centro de asistencia
integran de 24 horas en cada provincia, le preocupa cómo se consolidará dicho centro a lo largo del tiempo, pues no hay garantía de si posteriormente serán otros entes territoriales quienes gestionen dichos centros. Por ello, manifiesta la
preocupación de generar un espacio casi integral de atención a las víctimas que luego se quede sin financiación.
Los ayuntamientos son la puerta de entrada a los problemas de la ciudadanía, como manifestó, siendo, en general, la mayoría de tamaño reducido, lo que genera una fluidez en la relación de los vecinos con su institución, Alcalde y Concejales.
Por ello, para dar respuesta al problema de la violencia de género hay que centrarse en el ámbito municipal, que es donde se deben mantener las estructuras integrales de atención, donde, como mínimo, haya un centro de apoyo psicológico y, a ser
posible, asesoramiento jurídico para las víctimas, que se sientan acompañadas en todo momento. Éste debe ser uno de los condicionantes del pacto, como señaló.
Por otro lado, criticó los criterios de reparto de los fondos del Estado a los ayuntamientos, pues habían cambiado en numerosas ocasiones, produciendo una descompensación entre distintos Municipios. La pandemia puso de manifiesto también
que debía reflexionarse sobre cómo repartir dichos fondos. Sin penalizar a los ayuntamientos, habría que exigir que una de las cuestiones en las que se debe trabajar es en la homogeneización de la atención a las víctimas de violencia machista, con
independencia de su lugar de residencia. Se debe tender a establecer estructuras estables en los ayuntamientos que cuenten con lo mínimo.
Recientemente sorprendían datos como el que ya desde los 12 años hasta el 60% de niños esté consumiendo pornografía de forma natural, y que la educación afectivo-sexual les llegue a través de los comportamientos observados, de sumisión de la
mujer y violentos. Por ello, es importante insistir en la prevención a través de la educación, lo que debe priorizarse en el pacto de Estado. Con independencia del partido político que domine en un ayuntamiento, la violencia de género se debe
proteger, pues se trata de una cuestión que afecta a los derechos humanos.
A continuación, se centró en el servicio ATENPRO. La última vez que compareció, señaló que una de las demandas que hacían reiteradamente era el establecimiento, con cargo a los fondos del pacto de Estado, de una oficina técnica de atención
a los ayuntamientos, pues muchos no cuentan con personal técnico suficiente. Se demandó a la FEMP que canalizase la ayuda con los distintos ayuntamientos, dotando de personal técnico y de medios materiales la oficina para hacerla efectiva. Esta
oficina germinó en torno al año 2018, pero ha crecido su vocación, y se trata de crear también una escuela virtual, parecida a la EVI (Escuela Virtual del Ministerio de Igualdad), pero residenciada en la FEMP, para dar soporte, asesoramiento y
coordinación entre los ayuntamientos, no sólo en la forma de gastar los fondos del pacto de Estado, sino también para cuestiones de formación en materia de igualdad. Esta formación profesional en materia de igualdad, como ocurre en el ámbito
judicial o sanitario, debe extenderse a todo el personal al servicio de las instituciones, y no únicamente a las que llevan cuestiones relativas a la igualdad. Todos los integrantes del municipalismo deben contar con formación suficiente en la
materia. Ello permitiría detectar los casos de violencia de género, considerando que esta detección, en un porcentaje relevante, se ha producido a través de la Oficina de Recaudación Municipal. La persona que atiende al público, si tiene formación
suficiente, puede detectar un caso de violencia de género. Por ello, se debe dar la formación adecuada a toda la plantilla del ayuntamiento, pues en el ámbito rural además hay una doble victimización, toda vez que los casos de violencia de género
incluso estigmatizan a las víctimas, faltando compromiso social para sacar a la luz los casos de violencia. En relación con la citada oficina virtual, lo que se pretende, indicó, es que sea una escuela de formación continua y un banco de buenas
prácticas, para que se compartan las experiencias de otros municipios y, en su caso, se acaben reflejando en las leyes.
Por su parte, el servicio ATENPRO, es consecuencia de un convenio firmado por el Ministerio con la FEMP, que licita y gestiona y lleva el control, tanto estadístico, como el buen funcionamiento del servicio. Está residenciado en Cruz Roja.
Si bien la anterior vez que la compareciente acudió a la Comisión presentaba una importante deuda de ejercicios anteriores, esta circunstancia ya estaba resuelta. En la actualidad, señaló que se va a volver a sacar la licitación, pero ahora se
cuenta con los fondos Next Generation, uno de cuyos ejes es la lucha contra la violencia de género, habiendo firmado un convenio entre el Ministerio y la FEMP para la ejecución de 33 millones de euros, las tres próximas anualidades. La primera
anualidad contempla la modernización, mejora y puesta en valor del servicio ATENPRO, hablándose de ATENPRO 2.0, que busca mejorar la tecnología, además de establecer nuevos dispositivos y un centro mejorado, de manera que sea un centro público,
residenciado en Alcorcón. La idea es que en el centro ATEMPRO confluya también la escuela virtual, de la misma manera que VioGén canaliza todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. ATENPRO ya mostró su eficacia durante la pandemia, evitando
numerosos suicidios.
3. D.ª Graciela Atencio. Presidenta de la ONG Feminicidio (núm.expte. 219/956)
Tras señalar que el proyecto de su ONG ha ido evolucionando de acuerdo con las necesidades de responder a las diversas manifestaciones sobre la violencia machista, señaló que, en las últimas décadas, el principal problema ha girado en torno
a la ciberviolencia, como consecuencia del poder de las redes sociales y de Internet con las nuevas generaciones. En 2017, cuando compareció en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pidió la extensión del reconocimiento de las víctimas de
violencia de género fuera del marco de la pareja, pues, desde 2010, en que su Observatorio comenzó a contabilizar los asesinatos de las mujeres, se ha vivido un preocupante aumento de la violencia sexual.
Cuando comenzaron a documentar los feminicidios fuera del marco de la pareja les llevó a tener que trabajar como ONG, sin que el público entendiese la abstracción de que recopilasen datos de violencia de las mujeres que sufren por el hecho
de ser mujeres, ni su caracterización como una violencia estructural y una forma de control social, a través de la violencia sexual. Esto se advirtió ya en el caso de la violación múltiple de Sanfermines en 2016, que permitió observar que no se
trataba de un caso aislado, sino que se manifestaba con cierta generalidad, por lo que a partir de 2019 comenzaron a documentar también las cifras sobre agresiones sexuales múltiples, que representan un 5% de la violencia sexual. Posteriormente, en
el caso denominado 'la manada de Castelldefels', en comparación con el de 2016, con una ley en vigor y con campañas hechas públicas por las instituciones, vemos que los casos de violencia sexual grupal han aumentado, como lo ha hecho su crueldad.
De ahí que, frente a quienes manifiestan el negacionismo de la violencia machista, la compareciente destacó que tenemos que comprender que con la violencia machista se manifiesta no solo el machismo, sino la misoginia. La forma de actuar que
tuvieron en aquel caso los hombres con esas mujeres, como se desprende de todas las agresiones sexuales múltiples, es un profundo odio y cosificación de las mismas, a través de una manera de relacionarse con ellas que lleva aparejada la
subordinación y una forma sistemática de amedrentar y poner a las mujeres de objeto. En el caso de Castelldefels, todos los agresores eran hombres aparentemente normales, adultos entre 30 y 40 años, con un trabajo y una vida funcional, que sabían
perfectamente lo que hacían.
En consecuencia, para mejorar la prevención y la sensibilización, hay que poner el foco en el concepto de libertad sexual. A título de ejemplo, la compareciente presentó un caso reciente en el que, en una sala de discoteca, con horario de 5
a 9 de la tarde, había circulado un vídeo de TikTok con cientos de jóvenes con una pose sexual, de manera consentida y en el marco, supuestamente, de la libertad sexual. Por ello, debe reabrirse el debate sobre qué entendemos por libertad sexual y
sexualidad responsable, así como por coeducación, pues los jóvenes están normalizando ciertas conductas que se desprenden de muy diversos ámbitos, como de la pornografía, incluso de la música, con las alusiones
machistas del reguetón. También se debe incidir en que es algo que afecta a la colectividad, frente al debate abierto por un sector de la sociedad que considera que el Estado no debe intervenir en cómo educar a los niños, pues se ha
incrementado notablemente la violencia sexual y están bajando las edades de las víctimas y agresores, incluso de 11 y 12 años.
El aumento de la violencia sexual se puede demostrar con cifras, incidió la compareciente, que destacó que en los últimos dos años hemos tenido un aumento de la denuncia de la violencia sexual, según datos estadísticos oficiales, del 90%
entre 2021 y 2022. Los delitos de violencia sexual en 2022 incluso han aumentado un 16% en los datos que se tienen en el momento, respecto al 2021, e incluso los datos de la pandemia deben estudiarse contextualizados, pues disminuyeron como
consecuencia de la situación anómala que se produjo precisamente con ocasión de la misma, lo que no permite estudiar adecuadamente la evolución durante ese periodo. En todo caso, remarcó que los delitos que han subido con más fuerza han sido los
delitos sexuales.
Sin embargo, destacó que las denuncias de la ciberviolencia todavía son muy bajas, para lo que realmente implican. Hay que tener en cuenta que, desde 2008 tenemos en los móviles acceso fácil a la descarga de imágenes, siendo la pornografía
lo más descargado. Un estudio científico elaborado por Luis Ballester y su equipo en la Universidad de Balears, que tiene una especialización en pornografía y trabajan con estudios sobre adolescentes, manifestó que, entre los adultos jóvenes a los
que se les preguntó por el primer recuerdo que tuvieron de haber visto pornografía por primera vez, un 18% indicó que, entre 7 y 8 años, aunque las cifras globales indican que la mayoría en torno a los 10 años. Según las estadísticas oficiales, el
98% de los niños actualmente tienen móviles y, por tanto, acceso a esa pornografía y, de hecho, la ven. Save the Children, en su último informe sobre violencia sexual en la infancia, calcula que únicamente se denuncian un 15% de los casos, lo que
demuestra que es una violencia que, en gran parte, está oculta. Y a escala mundial, según Naciones Unidas, en promedio, lo que se denuncia es un 10%. Estos datos son importantes a efectos de saber cómo enfrentarnos al problema, con respuestas
multidisciplinares. La atrición permite medir qué porcentaje de delitos de los que se denuncian acaban en condena. En este sentido, en comparación de lo que se denuncia y se condena hay un 18% de condenas.
En el caso de la ciberviolencia, el escaso número de denuncias existentes no permite hacer un diagnóstico profundo de la situación. Hay que realizar una gran campaña de sensibilización de los tipos de violencia sexual que se manifiestan en
el mundo digital. En este sentido, la ONG a la que pertenece la compareciente, como señaló, va a sacar una guía informativa al respecto, lo que consideró urgente para, tanto los padres, como los adolescentes y niños. Hay que enseñar a los niños de
8 a 10 años las formas de violencia extrema sexual para ver cómo prevenirla, y como hacerlo sin que les cause problemas para relacionarse con los demás. Este problema, hoy en día, no se está viendo reflejado en las políticas públicas.
A continuación, señaló que la organización a la que representa es abolicionista tanto de la prostitución como de la pornografía, lo que debería ser tenido en cuenta por el legislador, ya que causarán importantes problemas en las próximas
generaciones si no se adoptan medidas a tiempo, pues la pornografía está cambiando los hábitos sexuales y la manera en que se relacionan los más jóvenes, y las próximas generaciones de serán todo nativos digitales. Ello nos lleva a preguntarnos si
vamos hacia un cambio civilizatorio o no. La importancia del asunto debe reflejarse en las políticas públicas. En las plataformas de Feminicidio, en este sentido, pasan 11.000 personas cada año que participan en cursos para formarse en la materia,
de las cuales se certifican aproximadamente 6.000, lo que demuestra que los profesionales de distintas áreas piden la formación específica en la materia.
El problema principal se encuentra en el marco conceptual de los tipos de violencia sexual, que se ha adoptado en algunas comunidades autónomas, como Asturias, que cuenta con un centro de crisis que debe servir como referencia. En su marco
conceptual, señaló que se han incorporado la pornografía y la prostitución como formas de violencia machista. Porque las otras expresiones de la violencia sexual, como han señalado
expertos, académicos y psicólogos clínicos, son la manifestación de las primeras violencias sexuales, que son las violencias por antonomasia y que marcan el rumbo de lo que las personas entienden normalmente como violencia sexual. Por
tanto, deben incrementarse las medidas de prevención, sensibilización y formación de los operadores jurídicos o educadores, que en muchas ocasiones no cuentan con las herramientas suficientes para enfrentarse al problema. Debe existir una voluntad
política que se enfrente a la legitimidad de la pornografía y la prostitución.
Para finalizar, se centró en la cuestión del feminicidio, en particular, el familiar, como lo es el cometido por hijos. Cada año, entre 10 y 15 o 20 hombres asesinan a sus madres. En este sentido, su organización ha estudiado que, en
dichos casos, también se dan patrones. En un porcentaje alto son hombres con problemas psiquiátricos severos, muchos de los cuales tenían antecedentes de maltrato y, tras acabar divorciándose de sus mujeres, vuelven a convivir con sus madres,
trasladando ese maltrato a las mismas. Por ello, en conclusión, señaló la necesidad de que se haga un seguimiento adecuado de los maltratadores, también en el seno del hogar, a través de los Servicios Sociales e incluyéndoles también en el
seguimiento que se hace a través de los diversos estudios.
4. D.ª Begoña Riviera Barros, exdirectora del Centro de recuperación de mujeres víctimas de violencia de género de Galicia. Asesora del Centro de Información a la Mujer de Arzúa (A Coruña) (núm. expte. 219/957)
La compareciente, por videoconferencia, se centró en las dificultades que está produciendo el pacto de Estado en materia en materia de Violencia de Género, cuestión que conoce bien gracias a haber ejercido la dirección del Centro de
emergencia para mujeres que sufren violencia de género y, después, por la puesta en marcha de la dirección del Centro de Recuperación integral para mujeres que sufren violencia de género en Galicia.
Señaló que, la necesidad de conocer el sistema, le dio la capacidad para poder detectar sus errores, muchos de ellos fruto de la profunda descoordinación entre servicios y administraciones, que resta eficacia al sistema. Y, por otro lado,
destacó la desigualdad de oportunidades existente entre las mujeres que sufren estas situaciones en las ciudades y las que la sufren en los pueblos, en la España rural.
A continuación, pasó a exponer ejemplos concretos sobre posibles modificaciones normativas que tiendan a mejorar el sistema.
En primer lugar, destacó que la integridad física y moral es un derecho fundamental reconocido en el artículo 15 de la Constitución Española, por lo tanto, es un derecho reconocido para todas las personas, con independencia de su
nacionalidad y residencia. Sin embargo, su aplicación práctica encuentra dificultades. En Galicia se comenzó a admitir personas de otras nacionalidades en su sistema de acogimiento. Sigue habiendo comunidades autónomas que no forman parte del
Protocolo de derivación entre casas de distintas comunidades autónomas, denegando el ingreso de las mujeres víctimas. Por otro lado, se puede realizar una revictimización, al no tratar la violación de un derecho fundamental en el caso contemplado
en el art. 31 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que establece que '1. Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, cualquiera que sea su situación
administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la
legislación vigente' y '3. La mujer extranjera que se halle en la situación descrita en el apartado anterior (denuncia por Violencia de Género en situación irregular), podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias
excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género'. En la práctica, esto no siempre se
cumple, pues, por ejemplo, en un caso que se dio el pasado mes de noviembre, en relación con una mujer brasileña con residencia en Portugal, donde había obtenido el Estatuto de Víctima, por miedo a represalia decidió mudarse a España.
Sin embargo, no se le podía reconocer la residencia con el Estatuto portugués, únicamente con el español. Esta situación debería resolverse para garantizar la adecuada protección de las víctimas.
En segundo lugar, destacó el problema de las casas de acogida. Galicia es de las primeras comunidades autónomas que admiten personas de otros países, siendo la mayor parte de ellas de Portugal, incluso de Andorra, porque la comunidad
autónoma limítrofe con Andorra no permitía estos accesos. Debería plantearse por qué el protocolo estatal de derivación de casas de acogida hay comunidades autónomas que no lo firman, pues se crean desigualdades entre las mujeres según el lugar en
que se encuentren.
Ello se traduce en una desigualdad de recursos existentes. Esto se manifiesta tanto en las oficinas de asistencia a víctimas, en los equipos de VioGén, en los juzgados mixtos o exclusivos, etc. Estos recursos no se reparten de manera
equitativa, estando más dotadas las ciudades que el medio rural. Nos encontramos con la intervención del Ministerio Fiscal por videoconferencia en los pueblos, de escasos minutos, la actuación de los médicos forenses a través de videoconferencia
para determinar los posibles trastornos de un agresor, etc. Además, varían los niveles de riesgo, sin que en muchas ocasiones haya medios humanos suficientes. También se desprende de que, en muy pocas ocasiones, hay una intervención letrada previa
a la denuncia, como lo dice la Ley 1/1996, de Asistencia jurídica gratuita, y, además, esta intervención es mucho menor en pueblos que en ciudades.
En tercer lugar, y en relación con los turnos de oficio de violencia de género, señaló que ha recibido muchas quejas relacionadas con la falta de empatía de los profesionales, que no dan tarjetas con sus datos de contacto y que, en muchos
casos, en lugar de atención presencial, dan exclusivamente atención telefónica a las víctimas, por la dificultad que les puede suponer llegar a los pueblos en que residen. Como solución, propuso que las mujeres cubriesen una encuesta sobre puntos
básicos de atención, para que, en su caso, se corrijan las anomalías. Si bien los turnos de oficio son voluntarios, debería exigirse cierto compromiso mínimo para poder permanecer en los mismos.
En cuarto lugar, se refirió a la publicidad institucional equívoca, mencionando el daño que ha producido en muchas mujeres la consigna de 'denuncia', ya que muchas han considerado que con la mera denuncia ya estaban protegidas, sin estar
avisadas de las dificultades que vendrían después. Uno de los primeros talleres grupales que se realizó en el Centro de Recuperación Integral, señaló, fue un grupo de mujeres que habían superado la situación y que contaban su experiencia,
transcurrido el tiempo. El 90% dijeron que ni se imaginaban lo que iba a ocurrir, y que denunciaron con la idea de que ese era el paso crucial, cuando no era más que el primer paso y el portal a un abismo desconocido. Produce también confusión el
teléfono 016, que es de información y no de denuncia, siendo necesaria aclarar la distinción.
En quinto lugar, destacó la cuestión relativa al concepto de víctima. Ana Bella y su fundación explicaron ya hace años que debía desaparecer que cataloguen a alguien como víctima. En la actualidad, señaló que, con la radicalización que se
está produciendo en la materia, es imprescindible dejar de hablar de víctimas para hablar de mujeres que sufren una situación de violencia de género. Todas las personas pueden ser víctimas de delitos, sin que se las categorice como tales. Aunque
ello ya estaba recogido en la medida 23 del pacto, en los documentos de la Comisión sigue hablándose de víctima, por lo que rogó a los Diputados que cambien el lenguaje y comiencen a aludir a las mujeres que sufren una situación de violencia de
género, para evitar crear estereotipos.
En sexto lugar, la compareciente aludió al papel de las Subdelegaciones del Gobierno, inicialmente muy activo en relación con la atención a estas mujeres y que, sin embargo, ha decaído. En los puestos de la Guardia Civil se otorga un
documento, elaborado por la Subdelegación del Gobierno, a las denunciantes en materia de agresiones sexuales en la provincia de A Coruña, que había mención a un servicio que dependía del Servicio Galego de Promoción da igualdade do home e da muller
(SGI), organismo autónomo que fue suprimido por la Ley 7/2015, de 15 de octubre. De ello se desprende una gran dejadez en los servicios, sin revisión pormenorizada de los protocolos y documentos que aplican.
Deben abordarse las cuestiones en materia de violencia de género con mayor seriedad y empatía.
En séptimo lugar, destacó también la radicalización de la opinión pública y profesionales en materia de violencia de género, constantes cambios legislativos. Por ello, rogó a los miembros de la Subcomisión que trabajen de una manera más
pausada pero completa, de una vez, y no con una modificación tras otra, escuchando siempre a la sociedad civil.
En octavo lugar, se refirió a la descoordinación existente entre servicios y Administraciones, siendo necesario el establecimiento de un expediente social único. Se requiere una coordinación eficaz y real.
En noveno lugar, hizo alusión a la necesidad de tener actualizadas mensualmente las medidas del Pacto de Estado, puesto que es imposible conocer el Estado de las mismas, para mantener un control de su cumplimiento y sus carencias.
En décimo lugar, destacó la necesidad de prohibir de manera absoluta la mediación en los casos de violencia de género. La violencia de género es fruto de la desigualdad entre personas, una, el hombre, se cree y siente superior a otra, la
mujer, por el simple hecho de serlo, lo que no puede modificarse con unas pocas sesiones con el psicólogo. La mediación surge de la igualdad de partes. Por ello, señaló que es imposible equiparar la desigualdad de género en unas sesiones
psicológicas, como algunos pretenden. En consecuencia, no se debe permitir jamás, la mediación en materia de violencia de género, debiendo prohibirse cualquier tipo de experimento en la materia en Universidades o administraciones, sufragadas con
dinero público. Otra cosa es que se hable de coordinación parental o marental, pero nunca de mediación.
Por lo demás, señaló que deben revisarse las medidas 63 y 64 relativas al papel que se da a los consulados, pues plantea problemas en materia de trata, como demuestran los casos ocurridos en Pakistán.
Finalizó su comparecencia haciendo alusión a un documento del Congreso de los Diputados donde se hablaba del 'compareciente'. Destacó que se trata de una compareciente y, como lo que no se nombra no existe, se ve obligada a señalar este
aspecto en el Congreso de los Diputados, para que se adapte adecuadamente el lenguaje.
5. D.ª Ana Bernal-Triviño. Experta en violencia/s contra las mujeres y en el tratamiento que se hace de las mismas en los medios de comunicación (núm. expte. 219/958)
Señaló al comienzo de su intervención que la misma se centraría en el eje del Pacto relativo a la prevención y sensibilización, y en concreto en los aspectos relacionados con el papel de los medios de comunicación dada su condición de
profesora universitaria.
En concreto, se refirió a la importancia de los medios de comunicación de cara al problema que nos ocupa y se refirió al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, cuya misión no es censurar la información, sino imponer el respeto a la ética
periodística y a la Constitución, en los términos del artículo 20 del Texto Fundamental, que reconoce el derecho a comunicar y recibir información veraz. A la vista de este artículo, entiende que la veracidad debería ser una línea roja, por lo que
considera que las fake news deben entenderse como un ataque constitucional.
De hecho, manifestó que actualmente el 82 % de los españoles, de acuerdo con los datos facilitados por el Eurobarómetro, entiende que la desinformación es un problema para el país.
En su opinión, todos los ciudadanos han de ser responsables y el objetivo debe ser evitar malas prácticas, no transgredir derechos. Considera que los bulos terminan restando apoyo a las víctimas de violencia de género e impiden proporcionar
a éstas las herramientas necesarias para defenderse.
Se refirió también al hecho de que el concepto de medios de comunicación que maneja el Pacto no es actualmente el más frecuente entre los jóvenes, que se apoyan en herramientas como YouTube o TikTok, donde es muy fácil encontrar contenidos
misóginos. De hecho, de acuerdo con el Eurobarómetro, actualmente el número de jóvenes españoles que consideran que no existe la violencia de género se ha duplicado. También dicen las
estadísticas que los jóvenes no son capaces de distinguir entre un bulo y una noticia veraz. Todo ello hace que la medida 54 del Pacto encuentre serias dificultades para su cumplimiento. En consecuencia, considera que, en el momento
actual, el Pacto debe tener en cuenta las redes sociales.
Mencionó el hecho de que el Instagram del Ministerio de Igualdad no refleja desde el mes de junio el número de mujeres asesinadas.
Se preguntó, seguidamente, cómo impacta la desinformación en la violencia machista entre los jóvenes y concluyó que es importante saberlo para adoptar las políticas que sean más correctas. En este punto se refirió al papel del Observatorio
de la imagen de las Mujeres, cuya última actualización es de 2020, lo que hace plantearse la cuestión de si el Observatorio está inactivo. Insistió en la necesidad de sensibilizar y prevenir, teniendo en cuenta el papel que juegan los medios de
comunicación, evitando la desinformación.
Seguidamente, se refirió a la medida 47 y al acuerdo Marco, insistiendo en que la misma no se ha llevado a cabo, especialmente en las tertulias de los platós de nuestro país. Entiende que es notoria la falta de autoridad de las periodistas
de esta especialidad, a diferencia de los profesionales de otras materias y denunció la tendencia de los medios a incluir los temas relacionados con la violencia de género en la información de sucesos.
También hizo mención de la medida 43, relativa al compromiso de los medios para comunicar las sentencias condenatorias ha tenido escasa incidencia. Entiende procedente hablar de los fallos que se están produciendo y llama a la
responsabilidad de los políticos cuando hablan de violencia de género, ya que sus manifestaciones influyen en la víctima y en su actuación a la hora de pedir ayuda.
Entiende que, a veces, las mujeres demandan apoyo y las instituciones no lo prestan y eso da argumentos al negacionismo y favorece la demagogia en las tertulias de los medios de comunicación, que no dan valor a las periodistas
especializadas.
Manifestó que valora las sentencias en las que se respeta la perspectiva de género e insistió en la importancia de recurrir al Informe del Defensor del Pueblo para verificar donde se están produciendo fallos.
Insistió en la necesidad de contar con datos que impidan manipulaciones informativas y abogó por una transparencia absoluta en los presupuestos del Pacto de Estado, tanto en las partidas gestionadas por el Ministerio como en las que
corresponden a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Con relación a la medida 246, recomendó que el Gobierno insté, en el ámbito de la Unión Europea, a la formalización de un pacto de alfabetización mediática, medida que todavía está pendiente.
Subrayó también la necesidad de educar mediáticamente y se manifestó muy cansada de constatar la existencia de meros papeles mojados que no conducen a ningún objetivo cierto. Considera que los medios de comunicación piensan que están
actuando correctamente, pero lo cierto es que no se toman en serio la especialidad de los periodistas de violencia de género, tal como se percibe en las tertulias en las que participan personas que no tienen ningún conocimiento del tema. De hecho,
entiende que se sigue favoreciendo una visión tremendista y sensacionalista del problema, lo que provoca que las periodistas especializadas se sientan muy solas. De aquí, que necesiten el trabajo del Parlamento para evitar titulares triunfalistas.
Concluyó pidiendo que no hagamos del feminismo partidismo. Porque se trata de vidas cortadas.
6. D.ª María Tardón Olmos, Magistrada del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Audiencia Nacional (núm. expte. 212/2878)
Como miembro del Grupo de Expertos de Violencia de Género, manifestó que se referiría al desarrollo de medidas que conciernen al Consejo General del Poder Judicial y seguidamente destacó algunas.
En primer lugar, se refirió a la importancia de la Guía de Criterios de Buenas Prácticas en la actuación judicial, documento donde el Consejo recogió los fundamentos básicos en esta materia, partiendo de la idea de que a los miembros del
Poder Judicial no se les pueden imponer criterios sino simplemente sugerírselos. De aquí, que se optara por titular
el documento como Guía de Criterios, cuyo fin era protocolizar buenas prácticas de la actuación judicial en sus distintas fases. El documento se envió a todos los miembros de la Carrera Judicial y ha servido para guiar su actuación con
criterios sobre las normas aplicables, que muchas veces están dispersas. Se aprobó en noviembre de 2018, aunque posteriormente ha sido actualizado para incluir las previsiones de la Ley 8/2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia
frente a la violencia.
Se refirió, a continuación, a los cursos de formación en perspectiva de género que han sido puestos en marcha por el Consejo y en concreto habló de los siguientes:
1. El curso de inicio de formación en violencia de género, el más antiguo. Destinado a aquellos que serán adscritos a juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Tiene naturaleza obligatoria y es condición indispensable para
proceder al cambio de orden jurisdiccional.
De esta forma, los jueces que quieren pasar al orden jurisdiccional de violencia de género han de superar necesariamente ese curso.
No obstante, el curso también puede ser realizado de forma voluntaria en lo que se refiere a su parte teórica, que se realiza a distancia, no así en su parte práctica, la cual exige actividad en órganos especializados. Su propuesta es que
este curso sea obligatorio también para quienes van a ocupar un Juzgado de primera instancia, normalmente mixto, y no exclusivo de violencia. Actualmente, si los jueces no lo solicitan voluntariamente, lo cual no es lo habitual porque suelen ser
primeros destinos, el curso no se lleva a cabo. En su opinión, al menos la parte teórica que se puede realizar online debería ser obligatoria y eso afectaría a cientos de órganos.
No obstante, subrayó que esto no solucionaría el problema de los sustitutos que cubren los puestos de esta naturaleza, atendiendo a la urgencia que la propia sustitución exige.
2. Curso de violencia de género avanzado, que se basa en la experiencia del curso inicial. Es un curso de naturaleza voluntaria, que ha sido diseñado de forma más sosegada y en respuesta a las medidas 214 y 218 del Pacto. En atención a
este curso, se incorporaron módulos no solo de formación jurídica sino también relativos a otras materias, relacionadas por ejemplo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración Asistencial o la Educativa. Incluso con temas
relacionados con la situación de estancias irregulares en España.
3. Curso que pretende dotar a los miembros de la Carrera Judicial de las herramientas necesarias para los enfoques de perspectiva de género, no solo en base al Pacto sino también en función del Convenio de Estambul. Se proporciona un
enfoque de derechos humanos, basado en la interseccionalidad. Es un curso de formación continua y de naturaleza voluntaria, porque no se puede imponer la participación en la formación continua. No obstante, subrayó que es obligatorio para
promocionar en la carrera judicial y para concurrir a algunos procesos de especialización.
Señaló que actualmente las especialidades jurisdiccionales son la Civil, la Penal, la Contencioso Administrativa y la Mercantil. Es cierto que el Pacto aludía a una especialización en Violencia sobre la Mujer, pero no se ha llevado a efecto
hasta la fecha. Considera que debería retomarse. En su opinión, nadie accede a un destino de violencia sobre la mujer con objetivos exclusivos de promoción, sino más bien por un compromiso personal. Entiende que esto debería corregirse, otorgando
a esta posible especialidad un reconocimiento profesional que no entorpeciera la carrera de quiénes eligen esta opción.
A continuación se refirió a la necesaria dotación de medios y recursos. En este punto, señaló que ni siquiera todos los juzgados especializados cuentan con Unidades de Valoración Forense Integral, lo que les impide disponer de la
información necesaria de manera inmediata, en el transcurso de las guardias. En consecuencia, el titular del juzgado carece de los informes necesarios en los primeros momentos, lo que le dificulta valorar las situaciones de riesgo.
Habló también de la comarcalización de los Juzgados de Violencia, que ha implicado agrupar varios partidos judiciales de una comarca, con el fin de que uno de ellos asuma
las competencias en materia de violencia de género. Esto ha provocado que existan juzgados en situación de colapso real, como por ejemplo el de Algeciras, al que compete asumir los términos de La línea, San Roque y en definitiva, todo el
Campo de Gibraltar. Por eso solicita el retorno a la situación anterior. En su opinión, es fundamental proporcionar los medios necesarios y adecuar la planta judicial, ya que es imprescindible tener el suficiente sosiego en el momento de tomar
declaraciones y recibir informes.
Por lo que se refiere a la valoración policial del riesgo, basada en un formulario informático integrado por casillas que es preciso rellenar, manifestó que es cierto que se ha hecho un gran esfuerzo, pero esta herramienta es insuficiente
para los jueces porque las cruces recogidas en el formulario a veces incluso contradicen la declaración de la víctima. Es necesario proceder a una recopilación de datos mucho más profunda, obteniendo, si es necesario, declaraciones de las personas
del entorno de la víctima y adoptando otras medidas cautelares que permitan protegerla adecuadamente. Todo ello, teniendo en cuenta que si carece de indicios el juez no puede adoptar medidas que implican limitación de derechos.
Se refirió también a las incidencias de los Protocolos de Actuación. De hecho, manifestó que, en ocasiones, los dispositivos no han funcionado sin que se conozca la causa, o al menos sin que ésta conste en los papeles que se envían al juez.
También son frecuentes los problemas de cobertura que padece el sistema, por lo que entiende que es necesario abordar su mejora técnica. Igualmente, es imprescindible que el Centro Cometa mejore la información que remite a los juzgados. Denunció
que no es excepcional que el dispositivo se convierta, en ocasiones, en un auténtico instrumento de tortura para la víctima, que, a veces, recibe de madrugada la advertencia de que su agresor está fuera de control. En todo caso, considera que a
pesar de esta situación se trata de una buena herramienta que es necesario potenciar y mejorar.
Por lo que se refiere a las modificaciones legislativas se refirió a las siguientes:
1. Supresión de la circunstancia atenuante de confesión que, en su opinión, carece de sentido.
2. Modificación de las competencias de los Juzgados de Violencia para que se extiendan a todos los tipos de violencia contra la mujer, de acuerdo con el Convenio de Estambul.
3. Correcta definición de la expresión 'análoga relación de afectividad', porque pese a que la Jurisprudencia de la Sala Segunda ha clarificado los términos del artículo 1 de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, el mismo sigue dando lugar a interpretaciones dispares. A estos efectos, se ofreció a facilitar a la Subcomisión una propuesta de redacción.
Sesión de 25 de enero de 2023
1. D. Samuel Vázquez Álvarez. Presidente de la Asociación una Policía para el siglo XXI (núm. expte. 219/963)
El compareciente comenzó señalando los malos datos de diciembre de 2022 en materia de violencia de género. A continuación, hizo alusión al nacimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, que se suponía que iba a resolver el problema de los homicidios, indicando que no ha sido una herramienta adecuada para resolver el problema, como muestran los datos.
Al analizar los malos resultados, señaló la inadecuada localización de las verdaderas causas del problema, lo que impedía su solución. En este sentido, destacó que la manera de haber llegado a dicha ley era más propia de las dictaduras que
de las democracias: mientras en las segundas, las leyes se acompasan al sentir de la sociedad, en las dictaduras esto no sucede, sino que se acompasan al sentir de unas élites, que deciden que la sociedad debe pensar como ellas. Así, antes de la
ley, se introdujo la ideología de género en la sociedad y luego se aprobó la misma. Sin embargo, no se ha acompasado al
papel real de la mujer en la sociedad, que va evolucionando, como en casi todas las sociedades europeas, de manera paulatina. Las leyes, por tanto, deben adaptarse a las dinámicas sociales, sin ser los políticos los que determinen el ritmo
de la sociedad. A modo de ejemplo, hizo alusión a un atleta con gran potencial a los diez años, que con gran entrenamiento físico y psicológico podría alcanzar una medalla de oro a los veinte años. Pero que, sin embargo, si se le forzaba de más,
probablemente las lesiones y la frustración le llevarían al fracaso. En materia de violencia de género, según el parecer del compareciente, ocurre lo mismo. Hay que adaptarse, por tanto, al ritmo de la sociedad.
A continuación, puso de ejemplo las cuotas que se han aplicado en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, señalando que las mujeres ya habían ido incorporándose de una manera paulatina y armónica, destacando que, cuando entró en la
Policía, en Seguridad Ciudadana de su comisaría había dos en los zetas, los uniformados, mientras hoy hay cuarenta. Asimismo, al comienzo, prácticamente ninguna mujer practicaba deportes de contacto, mientras que hoy los practican cientos de
alumnas en la oficina de Ávila, sin que hayan sido necesarias las cuotas impuestas por los políticos, cuotas que generarán conflictos en las organizaciones. Por ello, falla el espíritu que hay detrás de la idea que condujo a la ley, a pesar de
haber sido una medida adoptada con buenas intenciones. El compareciente señaló que, sus apreciaciones, las hace desde la perspectiva de una persona implicada en la lucha contra la violencia de género, que incluso se ha llegado a jugarse la vida
para tratar de que no asesinasen a una mujer.
El compareciente procedió a leer entonces un extracto de un libro de la Universidad de Salamanca, escrito por una mujer fiscal, profesora universitaria de criminología y profesora de la escuela de Ávila, de talante progresista, en el que se
disponía lo siguiente 'Esta ley diferencia punitivamente la violencia doméstica de la de género. De esta forma, ante las mismas conductas se prevé una mayor pena cuando el autor es hombre y la víctima es una mujer con la que tiene o ha tenido
alguna relación afectiva, respecto de las demás combinaciones entre sujeto activo y sujeto pasivo en las agresiones en el ámbito familiar, lo que se llamaría violencia doméstica. Una diferenciación que, más que responder a una serie de argumentos
político-criminales, parece sustentarse en meras manifestaciones políticas, pues, una vez reconocida públicamente la gravedad de la violencia de género, no han dejado de crecer al mismo tiempo los intereses en pugna para visualizarla y sacarle
rentabilidad política. Esto es, lo que siempre es una cuestión terriblemente seria y dolorosa se ha pervertido hasta el punto de convertirse en un asunto exclusivamente político cuyos resultados dejan mucho que desear. Juzgados colapsados con
jueces desbordados por la sobrecarga de asuntos, insuficiencia de policías que controlen las medidas de protección antes las cuantiosas medidas por maltrato, y lo que es más importante, en mujeres en grave situación de riesgo que quedan
invisibilizadas y confundidas bajo ese concepto legal de violencia de género que etiqueta por igual un brote agresivo en un conflicto puntual que una manifestación de opresión y dominio prolongada en el tiempo'.
Según el compareciente, de dicho texto se desprende que aumentar el problema tiene un impacto en la política, en los impuestos y un impacto negativo en las mujeres realmente maltratadas. La urgencia por criminalizar actos leves de maltrato
desincentiva muchas veces a los tribunales a investigar las situaciones graves de violencia, de modo que la violencia habitual acaba quedando oculta detrás de muchas conductas por delitos leves. La obcecación de encuadrarlo todo a través del
Derecho penal ha dado lugar al colapso de los juzgados con casos de mínima entidad, mentira que se ocultan situaciones auténticamente graves de violencia instrumental. Por ello, concluyó señalando que, mientras no se cambie la manera de abordar el
problema, los homicidios no van a descender, sino aumentar, señalando que las predicciones criminológicas que ha hecho la asociación que preside no han fallado desde 2017.
Posteriormente, continuó aludiendo a lo que la profesora citada señalaba en el libro 'todo el sistema se ha construido desde un planteamiento victimista considerando que las mujeres que sufren o han sufrido un maltrato, por muy leve que sea,
son personas altamente vulnerables, necesitadas de tutela permanente de las instituciones, y ello pese a que la práctica judicial ha demostrado que la imposición obligatoria de la orden de
alejamiento es el motivo por el que un elevado número de porcentaje de mujeres no denuncian, o habiéndolo hecho no declaran después contra el agresor, o se retractan en un juicio, motivando las sentencias absolutorias. Si bien las políticas
penales basadas en ignorar la voluntad de la víctima han garantizado a los movimientos feministas un cierto control sobre la respuesta estatal a la conducta violenta, ello ha sido a costa de limitar el control ejercido por la mujer como individuo,
pasando a ser controlada por el Estado en una imagen de fragilidad y debilidad del género femenino que se acomoda perfectamente al modelo patriarcal del que precisamente se quería huir'. Con este fragmento, el compareciente resumió su parecer,
señalando que, todos los que se dedican a la lucha contra la violencia de género en primera línea (policías y jueces), también se acogen a la citada percepción de manera generalizada, mientras que los políticos entienden que se trata de una opinión
residual, extremista y la rechazan de plano.
En diciembre, dados los números preocupantes de víctimas de violencia de género, se constituyó un gabinete de crisis para abarcar la cuestión, criticando el modo en que se llevó a cabo, pues no se trató sino de una reunión extraordinaria de
las mismas personas que habitualmente tratan la materia. Por el contrario, el compareciente, desde su asociación, reunió un gabinete de crisis, solicitando a través de las redes sociales que todos los implicados en la lucha contra la violencia de
género en primera línea, mandasen un correo a la asociación para aclarar las posibles razones por las que las cifras de 2022 eran tan malas. Contestaron aproximadamente medio centenar de policías, ertzainas, mossos y guardias civiles, tanto mujeres
como hombres, que se dedican a ello, aportando sus testimonios. El compareciente resumió algunos de los principales testimonios, señalando aspectos como la poca preparación de las mujeres mandos policías que vigilan la perspectiva del género en el
cuerpo de policía, el hecho de que, cada vez que se da un caso de VioGén se pone en marcha un procedimiento absolutamente mecanizado, sin apenas control y sin que en muchas ocasiones los contactos digan la verdad, creándose una operativa ineficaz
que implica que finalmente se desatienda a las verdaderas víctimas, así como el hecho de que se está regulando un elenco de conductas de muy diversa gravedad con un mismo procedimiento, cuando sería necesario analizar más factores y diferenciar los
procedimientos.
El compareciente concluyó señalando la necesidad de realizar un replanteamiento general de este tipo delictivo, pues, mientras no se trate la violencia en su conjunto dentro del ámbito familiar y se siga circunscribiendo en exclusiva a la
mujer, se estarán dejando fuera factores definitivos para la resolución del conflicto. Además, añadió que, a su juicio, el más importante de todos los factores para explicar la evolución de la violencia sobre la mujer en España era la inmigración
de determinados orígenes y religiones, pues los problemas culturales y religiosos, de costumbres y valores, son determinantes en este problema, siendo infinitamente superior la violencia en el ámbito familiar de inmigrantes de determinados orígenes,
aunque no exclusiva, y habría que tratar esos dos elementos como factores también principales. Mientras no se estudien dichos aspectos, los datos de violencia de género no van a mejorar, sostuvo.
Por último, rogó a los políticos que no señalen en las redes sociales que no van a dejar de trabajar 'hasta que se acabe con la violencia de género', pues los crímenes siempre van a existir, y debe abordarse la cuestión con una terminología
más adecuada.
2. D.ª Isabel Caballero Pérez. Coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (núm. expte. 219/964)
Agradeció que en los trabajos de la Subcomisión se reservase también un espacio para las mujeres con discapacidad, procediendo a exponer el estado de la situación en relación con la violencia machista que sufren y a dar cuenta de lo que
desde la sociedad civil organizada se ha venido haciendo en la materia, así como a poner de manifiesto las principales demandas de este sector de la población en relación con las medidas del Pacto de Estado.
Comenzó presentando algunos datos: en el mundo hay aproximadamente un total de 600 millones de mujeres y niñas con discapacidad, habiendo una mayor prevalencia de
la discapacidad entre las mujeres que entre los hombres. Entre los factores que contribuyen a ello, incluyó el menor estatus económico y social de las mujeres y niñas, la violencia machista y las prácticas nocivas y discriminatorias por
razón de género. Estas situaciones llevan a que las mujeres estén más expuestas a situaciones de empeoramiento de sus condiciones de salud, desembocando en la aparición de discapacidades. De entre las mujeres con discapacidad, un alto porcentaje
ha sufrido o sufre algún tipo de violencia.
Centrándose en las cifras en nuestro país, caracterizadas por la compareciente por su opacidad, los últimos datos del INE, del año 2020, reflejaban que en España viven aproximadamente 2,5 millones de mujeres con algún tipo de discapacidad
(EDAD, Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia). Casi el 60% de la población con discapacidad en nuestro país es mujer. De una Macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 se desprende que un 20,7% de las
mujeres que tienen una discapacidad acreditada ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad. Además, el 17,5% de las mujeres con discapacidad que ha sufrido violencia física, sexual o
emocional o ha sentido miedo de sus parejas, afirma que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas.
Por otro lado, expuso los datos de los Informes Anuales del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, de los que se desprende que el 10% del total de víctimas de violencia de género en el periodo que abarca desde 2013-2019 tenían
algún tipo de discapacidad. Es cierto que este dato únicamente está sistematizado desde 2020, sin que haya mucha información sobre el periodo inmediatamente anterior. Como excepción, el informe publicado con datos de 2018 señala que un 19,6% de
las mujeres asesinadas tenían una discapacidad. Debe analizarse a qué se debe el repunte, si es por un error del recuento. En todo caso, puso de manifiesto que son muy pocos datos que reflejan estas estadísticas, lo que dificulta el análisis de la
cuestión.
La Fundación CERMI, prosiguió, ha hecho una explotación de las macroencuestas oficiales, tanto de 2015 como de 2019, si bien partiendo de su escasa representatividad, toda vez que analizan los datos de 1.000 a 10.000 mujeres, de las cuales
escasamente el 5% son mujeres con discapacidad. Por ello, las muestras de estas encuestas realmente están bastante sesgadas, pues, además, contemplan un perfil de discapacidad muy variada pero no completa, siendo por ejemplo menores los casos de
discapacidad cognitiva o trastornos de salud mental representados.
En todo caso, partiendo de la explotación de la macroencuesta de 2015 y la de 2019, en todos los tipos de violencia, ya sea física, psicológica, de control o económica, las mujeres con discapacidad están expuestas porcentualmente 10 puntos
superiores al resto de las mujeres a ser víctimas de violencia. A pesar de la cautela con que deben estudiarse los citados datos, se puede observar una tendencia que se sigue repitiendo. Por ello, una de las reivindicaciones que hacen desde la
Fundación, es la puesta en marcha de una macroencuesta específica que tenga en cuenta todos los elementos: el perfil de las mujeres a las que se va a encuestar y las necesidades de apoyo que cada una de ellas pueda necesitar.
Los informes destacados son accesibles y pueden descargarse desde la página web de la fundación FERMI. Partiendo de los datos de la macroencuesta de 2015, realizaron un informe con los datos relativos a las mujeres con discapacidad. A éste
se añaden otros estudios territoriales que se han hecho con fondos del pacto de Estado, realizados por las comunidades autónomas. Concretamente, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Madrid han desarrollado estudios específicos sobre la situación
de las mujeres con discapacidad frente a la violencia machista. Son estudios modestos, hechos con contratos menores, con una metodología que ha combinado elementos cualitativos con cuantitativos. La idea que tienen es, en el año 2023, realizar una
comparativa entre los tres estudios, en los que se ha utilizado en todos la misma tecnología y se ha contado con el asesoramiento de la Fundación CERMI Mujeres.
Desde la Fundación, como señaló, también han elaborado un Protocolo para la atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia, disponible en su web, que trata de sentar las bases de la coordinación institucional, pues la falta de
coordinación tiene un
especial impacto en las mujeres con discapacidad. Así lo puso de manifiesto, a título de ejemplo, el asesinato de una mujer en diciembre de 2021 con discapacidad, que había denunciado la situación de violencia ante los servicios sociales y
el sector sanitario previamente. No es que la violencia que sufren las mujeres con discapacidad sea sustancialmente diferente a la que sufren el resto de las mujeres, pero sí lo es la manera en que se ejerce. En estos casos, la omisión tiene una
especial trascendencia, pues, por ejemplo, hay numerosas manifestaciones diferentes de la violencia, como ocurre con las mujeres malnutridas.
Hablar de la violencia y mujeres con discapacidad no es algo nuevo. Como recordó la compareciente, según el Informe del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea de 2004, casi el 80%
de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de las mujeres de sufrir violencia sexual. Asimismo, aludió al estudio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos,
sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas y la discapacidad de 2012, un análisis global comparativo de distintos países que permite reflexionar sobre problemas compartidos.
En la Fundación CERMI Mujeres, abordar este problema ha sido uno de los ejes fundamentales. Destacó que parten de una definición de violencia contra las mujeres amplia, de modo que abarque 'todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga, o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida
pública o privada'. Con este punto de partida, se trata de realizar un enfoque interseccional para proteger a las mujeres con discapacidad en nuestro país, a través también de instrumentos jurídicos internacionales vinculantes para España, como la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor en nuestro Derecho desde 2008, o la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que, aunque no alude en su articulado a la violencia,
sí lo hacen la jurisprudencia y las observaciones elaboradas por su comité, y contiene la exigencia a los Estados de reportar o informar sobre la situación concreta en la que se encuentran las mujeres con discapacidad respecto a los temas de
violencia. A su vez, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sí que trata la cuestión explícitamente, regulando la protección contra la explotación, la violencia y el abuso.
El gran desafío que han tenido como parte de la sociedad civil ha sido integrar desde un enfoque interseccional la protección a las mujeres con discapacidad, aplicando también el Convenio de Estambul en su ámbito. Debe diferenciarse la
discriminación interseccional y la múltiple o doble o triple discriminación.
Otro de los desafíos que destacó fue el hecho de que no se identificaba la violencia a las que se veían sometidas las mujeres con discapacidad con la violencia de género. Frente a esta circunstancia, el Comité de seguimiento de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha hecho en 2011 y en 2019 llamadas de atención a España, señalando que sus políticas de discapacidad no tienen una transversalidad de género, así como que las políticas de igualdad
crecían de un enfoque de discapacidad o de diversidad. Su fundación llevaba mucho tiempo manifestando estas circunstancias, pues por su intersección, su situación ha estado mucho tiempo invisibilizada.
Además, señaló que debe tenerse en cuenta que hay muchas otras formas de violencia, además de la de género, como la violencia sexual. La Ley Orgánica 10/2022 ha venido a cumplir con los mandatos establecidos por el Convenio de Estambul.
Pero, además, hay otras formas de violencia que también son machistas y capacitistas, siendo este último aquel eje de discriminación que parte de que todos los seres humanos tienen un cuerpo estandarizado y que podemos hacer uso de los espacios y
servicios de la misma manera, cuando la realidad es que esto no es así. La confluencia entre el machismo y el capacitismo ha tenido manifestaciones como la esterilización forzada, en vigor en nuestro país hasta diciembre de 2020, o la tutela. En
el artículo 38 del Convenio de
Estambul, se establece que los países que ratifican esta convención tendrán que tipificar como delito la esterilización que se produzca contra la voluntad de la mujer, al igual que la mutilación genital femenina. Aunque la Ley de Garantía
Integral de la Libertad Sexual no ha incluido la esterilización forzada como una forma de violencia sexual, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva sí lo hará.
En definitiva, señaló la compareciente que, entre otras, las demandas de su Fundación son:
- Que se ponga en marcha una macroencuesta específica sobre la violencia de la que son objeto las mujeres con discapacidad, para poder emprender políticas y ayudas adecuadas.
- Que se garantice la accesibilidad universal de los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género y, en general, de todos los recursos e información a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia,
suprimiendo las barreras arquitectónicas que pudiesen existir.
- Que se garantice el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad, incluyendo la ayuda legal gratuita, asegurando la plena accesibilidad de todas las garantías procesales.
- Que se forme al personal involucrado en la lucha contra la violencia de género también en relación con la situación en la que se encuentran las mujeres con discapacidad.
- Que se trabaje en el desarrollo e implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad y se profundice en la generación de conocimiento en torno a la prevalencia de la
violencia machista por razón de discapacidad.
3. D.ª María del Rosario Blasco Martínez. Coordinadora del Grupo de Trabajo Atención a la Mujer de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) (núm. expte. 219/965)
Partió de la definición realizada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la violencia de género como 'todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada'.
Mientras que el sexo es un concepto biológico, distinguiéndose entre hombre y mujer, señaló que el género es un concepto cultural, hablándose de masculino o femenino. En este sentido, no hay dos culturas en las que coincida en qué se
diferencia un género del otro, por lo que no existe una definición exclusiva acerca de qué son y qué contenidos tienen la masculinidad y la feminidad. Más bien, se trata de constructos sociales dinámicos, que varían en función de las culturas, los
grupos étnicos y las clases, sin olvidar la posición de las personas (hombres y mujeres) en tales grupos. Los géneros masculino y femenino están, por tanto, diversificados, pues el derecho de que seamos distintos en nuestra cultura, conlleva que
seamos desiguales. Por ello, la violencia de género es la ejercida por el hombre 'desde arriba', frente a la mujer, que se encuentra en una situación de inferioridad cultural.
Como señaló, las manifestaciones de la violencia de género son múltiples y se sufren por las mujeres en todas las etapas de la vida, incluso antes del nacimiento, considerando que hay países en los que se permite abortar selectivamente por
el hecho de que el feto sea mujer. En la infancia, hay países que tienen tolerado el infanticidio femenino, por el hecho de que el recién nacido sea una niña, o se descuida su salud y nutrición, como demuestra el hecho de que las niñas tengan peor
salud que los niños en muchos países. Por otro lado, hay supuestos de abuso infantil, desnutrición y mutilación genital femenina. Durante la adolescencia, se puede producir la prostitución forzada, el tráfico de personas, el matrimonio precoz
forzado, el abuso psicológico y la violación. Durante la edad reproductiva, las mujeres sufren asesinato por honor, violencia en la pareja, agresión
sexual por persona que no sea la pareja, feminicidio, tráfico de personas, abuso psicológico y violación. E incluso durante la tercera edad se han observado casos de abuso a viudas o incluso a personas de tercera edad siguen sufriendo
situaciones de violencia de género.
La violencia de género, a su vez, se manifiesta de diversas formas. En primer lugar, encontramos la violencia física, que comprende el uso intencional de la fuerza física con el fin de causar daño corporal: golpes, bofetadas, quemaduras,
agresiones con armas, etc. En segundo lugar, la violencia psicológica, que se distingue de la anterior en función de los actos cometidos por el agresor, no de sus consecuencias. Comprende aspectos como la intimidación, la desvalorización o la
culpabilización, produciendo consecuencias tan graves como la violencia física, pero siendo más difícil de detectar y de demostrar. En tercer lugar, la violencia sexual, incluye cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no
consentida por la mujer, que abarca la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de
parentesco con la víctima. Por último, la violencia económica y patrimonial, incluye todas aquellas acciones u omisiones que afectan a la economía y subsistencia de las mujeres, a través de limitaciones encaminadas a controlar sus ingresos, en la
restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener recursos económicos propios.
A continuación, la compareciente pasó a aludir la violencia de género desde una perspectiva sanitaria, como un problema de salud pública, por su magnitud, su gravedad y su impacto en los servicios sanitarios. Solamente en 2022, fueron menos
de 100.000, pero la media desde 1009 ronda unas 140.000 denuncias por año. En cuanto a las víctimas mortales, la media anual se sitúa entre 50 y 60.
Ante tales cifras, se cuestionó si los médicos de familia están preparados para asumir esa cantidad de denuncias. Debe tenerse en cuenta que la violencia es reiterada, mantenida en el tiempo y tiene una repercusión social física y psíquica,
siendo escasamente diagnosticada, existiendo una media de entre 5 y 10 años de maltrato hasta su detección. Hay poca concienciación como médicos con este problema como un problema de salud, pues suele abarcarse como un problema social o cultural.
Sin embargo, las cifras señalan que el 93% de víctimas acude al médico, aunque sólo el 5% de los casos denunciados se detectan en el servicio de Atención Primaria, pues los profesionales no relacionan los malestares de las mujeres con la violencia
que sufren o han sufrido.
El círculo de la violencia de género, como indicó la compareciente, ya fue descrito por Leonor Walker en 1979. Comienza con la fase de acumulación de tensión, sigue con la fase de agresión y, por último, llega la fase de agresión. Una vez
se ha producido la agresión, se vuelve a una fase de 'luna de miel', comenzando de nuevo el círculo con una nueva fase de acumulación de tensión. Mientras que, en la actualidad, suele confundirse a la mujer agredida con la maltratada, es preciso
realizar una formación adecuada a los sanitarios, para que sepan diagnosticar en la fase de acumulación de tensión, para evitar que el círculo siguiese su cauce.
Prosiguió señalando que la capacidad de la víctima para responder a los abusos va disminuyendo a medida que estos van incrementando su frecuencia e intensidad a lo largo de la relación, de manera que, con el tiempo, la mujer se vuelve
pasiva, sumisa, con muy baja autoestima y con un profundo miedo s disgustar a su maltratador. Acaban creyendo que realmente se lo merecen, que son tan malas como parejas que su novio o marido no tiene otra alternativa que enseñarles a través de la
violencia. Así pues, se sienten totalmente culpables de la situación en la que están atrapadas. Las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia suelen sentirse cansadas e impotentes, además de sufrir una constante situación de pánico,
situación en la que llegan a la consulta médica.
El síndrome de la mujer maltratada, como enfermedad, fue también descrito por Leonor Walker en 1979. Así, destacó la compareciente, que éste se manifiesta en aspectos físicos (abuso de sustancias, molestias y alteraciones físicas erráticas,
infecciones respiratorias frecuentes, cefaleas, mareos, desvanecimientos, dolores de espalda y cuello e insomnio), así como en aspectos psicológicos (baja autoestima, ansiedad, depresión,
sensación de fracaso, inseguridad y vergüenza, síndrome de estrés postraumático e intentos autolíticos).
Lo que SEMERGEN ofrece como sociedad, señaló, es el Plan Nacional SEMERGEN Contra la Violencia de Género en Atención Primaria, firmado en 2019. El objetivo general del programa es la optimización de recursos y estrategias de prevención,
detección, atención y formación de los profesionales de la Atención Primaria, en relación con las distintas formas de violencia de género. Su principal justificación es que, aunque la violencia de género no es exclusiva del núcleo familiar, la
Medicina de Familia debe estar preparada para la actuación e intervención en todas las cuestiones sociosanitarias de la población, además de contar con los recursos diagnósticos y asistenciales, pues la exposición a la violencia de género genera la
aparición de numerosos problemas de salud físicos y psíquicos de la mujer y de sus hijos. De tal manera, el círculo del maltrato expuesto se convierte en un iceberg del maltrato. Lo que los médicos ven al llegar al hospital es normalmente una
mujer que ya ha sido agredida, o la agresión física, el abuso sexual, amenazas, etc., la parte visible, pero hay una parte no visible detrás, que constituye la mayoría, de humillaciones, desvalorizaciones, depreciaciones, la invisibilización
femenina, el lenguaje sexista, la anulación de la mujer, etc. Por ello, es importante que sea en la atención primaria, como el primer acceso sanitario a la salud de la mujer, donde se localicen estos síntomas.
4. D. Erik Pescador. Especialista en género, igualdad, masculinidades y prevención de la violencia machista (núm. expte. 219/966)
Comenzó señalando que la violencia pasa por un cambio con los hombres. Él indicó que trata de contribuir a dicho cambio desde la escuela y desde la calle, habiendo acudido a la Subcomisión para presentar su perspectiva, tras 27 años de
intervención en la prevención de la violencia con los hombres y en desarrollo de la igualdad, realizando asimismo propuestas para seguir avanzando en el Pacto de Estado.
El compareciente comenzó su trabajo en masculinidades en 1996, con una investigación europea, a través del proyecto Ariadne, que se dedica a la perspectiva de trabajo con alumnado, padres, madres, profesorado y agentes sociales,
convirtiéndose su experiencia posteriormente en el llamado proyecto Ulises, que desde entonces desarrolla. Su finalidad es la intervención en centros, pero también el trabajo con las fuerzas del orden público, el ámbito sanitario o la intervención
social, habiendo hecho formaciones también con bomberos. Durante estos casi 23 años de trabajo, fundamentalmente se han centrado en el cambio de los hombres, que consideró fundamental.
Ya en el primer congreso internacional celebrado en San Sebastián en 2001 hubo participantes de todo el mundo que estaban trabajando la implicación de los hombres en el desarrollo de la igualdad y en la construcción de las relaciones en
igualdad, sin violencia y en el desarrollo del buen trato, el origen de la campaña del lazo blanco. En ese congreso, recibieron atención por parte del movimiento, pero también rechazo y críticas. Lo que tiene que hacer el pacto de Estado,
consideró, es seguir trabajando con hombres, mujeres, personas, en el ámbito social, a través de la educación, para que realmente se produzca un proceso de cambio. A través del Proyecto Ulises, en este sentido, se trata de que los jóvenes se
repiensen como hombres y vean que hay opciones diferentes al modelo patriarcal tradicional. Es importante trabajar con la mente de los hombres, pero también con la idea de los hombres y de lo masculino en la cabeza de las mujeres. Así, trabajar
sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre ese constructo patriarcal que toda la sociedad ha creado también en la mente de las mujeres.
Se está avanzando en la materia, puesto que, en un comienzo, cuando el compareciente acudía a un colegio y hablaba de 'masculinidades', los alumnos no entendían bien a qué se refería, mientras que ahora hay incluso series en Netflix, lo que
demuestra el avance, incluso reconociendo los partidos más reaccionarios la necesidad de trabajar este aspecto.
Una buena experiencia en este avance fue la creación del teléfono de información para hombres, en el 9210021, que se desarrolló a través del Ministerio de Igualdad entre 2009
y 2010. Se descubrió que dar información a los hombres sobre igualdad era una forma de evitar las situaciones de violencia. Por desgracia, indicó que no se publicitó el teléfono de forma adecuada, sin que tuviese continuidad. Sin embargo,
más de 6.800 hombres hicieron llamadas al mismo, generando otro modo de pensar, fundamental para construir una sociedad sin violencia machista, dando salida a esos hombres que, sin ayuda, caerían en el modelo patriarcal agresivo y subversivo, que
muchas veces oculta que para los hombres hay otras alternativas.
No obstante, remarcó la necesidad de no solo hablar de la violencia, sino que se debe educar también en la paz, el buen trato y las buenas relaciones desde la igualdad. Hay que dar este tipo de recursos a los jóvenes, como hacen desde el
proyecto Ulises. Sin la igualdad, no hay ausencia de violencia, pero también gracias a la igualdad, se pueden construir identidades y relaciones de buen trato.
Por otra parte, desde su formación como sexólogo y sociólogo, destacó que, para que haya cambio, no son suficientes las conferencias, sino que se requieren talleres formativos en continuidad, pues con una charla se vuelca información a los
jóvenes, pero no hay trascendencia en su cambio de comportamiento que, al ser tan fuerte el estado de las cosas, el modelo tradicional patriarcal, es muy difícil penetrar en esa manera de pensar y actuar. Esto se aprecia en los hombres que están en
proceso de cambio, pero todavía se resisten y, por ejemplo, en un momento de celos, vuelven al modelo tradicional.
Trabajar con la sexualidad con los hombres ha sido fundamental desde el proyecto Ulises, en muy diversos ámbitos. Se requiere dar información y formación en sexualidades desde la diversidad, en una sexualidad integral, que integre todos los
marcos, tanto del cuerpo como de las relaciones. Deben trabajarse las emociones y sensualidades, porque si hay un buen desarrollo empático y emocional es muy difícil que los hombres se coloquen en la violencia. En este sentido, destacó la
Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, de la que el compareciente también forma parte, trabajando con hombres el proceso de recreación de la masculinidad durante la crianza, pues desarrolla masculinidades no violentas. Las personas que salen
dentro de los marcos de asistencia a sus hijos, permaneciendo a su lado los primeros años de crianza, salen estadísticamente de las listas de hombres agresores. La crianza, por tanto, construye los desarrollos empáticos y la capacidad emocional de
los hombres para situarles frente a las situaciones de otra forma, restando esta violencia, que no es natural, sino construida socialmente. Así, si educamos en las relaciones de igualdad, buen trato y cuidado durante la crianza evitamos las
situaciones de violencia en las relaciones cotidianas.
En cuanto a la pornografía, señaló que en España es la línea única de educación sexual que están recibiendo los niños, por lo que el 99,99% de centros de España no están cumpliendo la ley con los contenidos explícitos que hay que dar en
sexualidad, que incluye el qué hacer con nuestros cuerpos y cómo relacionarlos. Educar en sexualidad es un antídoto contra la violencia y una forma de llegar más fácilmente a los chicos en la escuela. Estamos en la era de la pornografía, donde la
educación sexual es menor que en los años noventa en España, y al mismo tiempo surgen series televisivas que normalizan prostituir a las chicas, lo cual no es educativo, ni construye la igualdad, sino lo contrario.
Como principales notas relativas al seguimiento del Pacto de Estado destacó, en primer lugar, la necesidad de blindar el pacto de Estado, pues es el instrumento que permite que se trabaje por la igualdad en este momento. Muchos
ayuntamientos, por ejemplo, realizan actividades en la materia por la financiación que aporta el pacto. Es necesario seguir dedicando financiación a esta materia, pues es lo que salva vidas y está cambiando la sociedad, incluso a nivel local. No
obstante, debe asegurarse un buen uso de dichos fondos. Hay ayuntamientos u organizaciones que no saben cómo utilizarlos, como lo demuestra, por ejemplo, que los dediquen a comprar camisetas, o encargar la formación a una empresa intermediaria, lo
que ofrece unos servicios de peor calidad y más caros. A título de ejemplo, señaló el compareciente que su actuación en el marco de una empresa subsidiaria encarece su valor por tres, siendo más económico contactar directamente con él.
También se refirió al alcance de la evaluación del pacto, pues no solo importa el número de gente a la que se llega, sino la calidad con la que se llega. Por ello, destacó la importancia de hacer programas de largo recorrido y con
continuidad y seguimiento de dichos programas, pues es este aspecto lo que realmente hace efectivos los cambios sociales.
Por otra parte, recalcó la necesidad de seguir trabajando con los hombres, pues, aunque haya sido objeto de críticas esta actuación, asegura que cuantos más hombres trabajados, menos hombres van a violentar a otras mujeres; por cada hombre
que se saque de la violencia, aunque sean pocos y aunque las terapias no tengan un éxito mayor del 18%, ese 18% va a dejar de golpear o asesinar a cualquiera de las mujeres que se cruce en su vida, con lo cual se ha avanzado en la materia,
sencillamente por haber conseguido el cambio de ese porcentaje de hombres.
Señaló también que el trabajo con la sexualidad, el cuerpo y las emociones es fundamental, pues un cambio cognitivo es superficial. A título de ejemplo, en las formaciones en Instituciones Penitenciarias se adoptaba una terapia conductista
repitiendo al hombre que no fuese violento. Pero este discurso debe completarse con uno sobre las relaciones de paz. No se trata de decir a los hombres que no sean violentos, sino de cómo pueden ser de otra forma no violenta, que todavía no han
aprendido, pero que pueden aprender. Trabajar con sexualidades, por tanto, no es solo un trabajo cognitivo, sino desde el cuerpo, a través de paternidades desde el buen trato o el trabajo sobre el amor, pues es importante cambiar la idea de amor,
tanto en la mente de los hombres como de las mujeres.
Finalmente destacó la necesidad de incidir en la coeducación social. Los cambios pueden comenzar en la escuela, pero es necesario trabajar también con las madres y los padres, así como con el profesorado, que en ocasiones ha mostrado su
discrepancia con este tipo de formaciones, reforzando algunos estereotipos y modelos tradicionales que no ayudan al cambio, lo que podría considerarse apología a la violencia de género, pues las formaciones están exigidas en el marco de la ley y son
constitucionales, respondiendo al modelo de educación social. Por ello, las personas que estén en contra deberían recibir algún tipo de apercibimiento, pues su conducta influye también en el alumnado.
5. D.ª Rosa Garriga Llorente. Presidenta de la Fundació AGI (Assistència i Gestió Integral) (núm. expte. 219/967)
Comenzó su intervención refiriéndose a la fundación AGI a la que representa, que cuenta con gran experiencia en materia de mujeres víctimas de violencia, dado que comenzó sus actividades en 1993.
Se dirigió a la Subcomisión en su condición de antropóloga y socióloga, experta en temas relacionados con la violencia sobre la mujer en los que ha trabajado desde 1993.
En este sentido destacó el hecho de que lo que inicialmente era un problema privado ha pasado, afortunadamente, a considerarse un problema político y social, al que se puede hacer frente con normas jurídicas, tanto nacionales como
internacionales.
No obstante, señaló que a la vez que se consolidaba esta naturaleza pública de la violencia de género, surgía una resistencia de ciertos sectores de hombres que continuaban entendiendo la violencia como una disputa familiar. De hecho,
subrayó que todavía hoy en día, aunque pueda parecer paradójico, existe, de acuerdo con la lectura que ofrecen informes recientes, un 20 % de jóvenes que no consideran que la violencia de género sea un problema, a pesar de que ellos ya se han
formado en regímenes de coeducación. Entiende que las mentalidades tardan en cambiar y eso debe ser tenido en cuenta por quienes diseñan planes de educación.
Insistió en el hecho de que en este campo se trata con personas, que viven dramas particulares, cuya intensidad solo conocen quiénes han sido sus protagonistas.
Por lo tanto, considera que no son únicamente responsables las instituciones, sino toda la sociedad.
Por otra parte, manifestó que, en su opinión, y desde su perspectiva de profesional de la materia, a veces se hace demasiado énfasis en la falta de denuncia, cuando en realidad
ésta no es la panacea. Es cierto que muchas mujeres no denuncian por incertidumbre y miedo a lo que a lo que pueda pasar (medios de vida, hijos...).
Se refirió a la situación que se produjo en el caso de Armeñique, en el que la mujer asesinada contaba con una orden de alejamiento, si bien no había querido reiterar la denuncia.
Declaró que su Asociación lleva más de 20 años atendiendo mujeres y comenzó a hacerlo cuando prácticamente no existían instituciones que lo hicieran, ni públicas ni privadas. La Fundación AGI decidió poner este servicio al alcance de las
mujeres que quisieran solicitar ayuda psicológica. Más tarde, se pondrían en marcha servicios y programas adicionales, pero en un comienzo su Fundación junto con la denominada Tamaya, hoy ya desaparecida, prestaba en solitario, apoyo psicológico a
las mujeres maltratadas y a sus hijos.
Hoy en día, las cifras que arroja este programa asistencial son de 218 mujeres beneficiarias en 2021, con 645 visitas. Igualmente se ha prestado apoyo a 239 niños.
Subrayó que la situación de maltrato afecta a todo tipo de familias y a mujeres de muy diversa condición, entre las que se incluyen empresarias, abogadas, notarias... Estas mujeres, en ocasiones no se atreven a acudir a un servicio social,
pero si recurren a este programa, cuyo servicio también es gratuito porque se financia públicamente.
Por otra parte, señaló que en el año 2000, desde su Fundación se dieron cuenta del problema que tenían algunas mujeres maltratadas para permanecer en sus hogares. De hecho, la mayoría acudían a los ayuntamientos, intentando encontrar
protección en este sentido. En este contexto, en 2001 tuvo lugar el suicidio de una mujer maltratada alojada, junto con sus hijos, en una pensión, a cargo de un Ayuntamiento. Este dramático suceso hizo pensar a los miembros de la Fundación AGI que
era necesario diseñar un servicio de urgencia que alojase a estas mujeres que se encontraban en situaciones extremas. Actualmente, la Fundación cuenta con cuatro servicios de urgencia de estas características, inicialmente concebidos para periodos
breves, de 15 días o un mes, períodos que son con frecuencia prolongados en la práctica, incluso a veces hasta más allá de un año, ante la ausencia de respuesta por parte de las instituciones públicas. Invocó el dato de que actualmente estos
servicios de urgencia cuentan con una prestación media de 1.258 días, lo que excede considerablemente la naturaleza con la que fueron concebidos inicialmente. De hecho, acogen en sus instalaciones a mujeres maltratadas que provienen de
ayuntamientos de 15.000/20.000 habitantes, los cuales no cuentan por sí mismos con los recursos necesarios. En estos servicios se presta atención psicológica a la mujer y a sus hijos, se les proporcionan actividades de fin de semana, se les
acompaña en la denuncia... En su opinión, la ausencia de recursos públicos implica una revictimización de la mujer, que requiere una solución a medio o largo plazo y no un mero servicio de urgencia. Mencionó también el dato de que en 2022 han
atendido a 122 mujeres y a 99 menores de los que 50 eran niñas y 49 niños. También mencionó la existencia de otros servicios alternativos de los que disponen, donde la estancia es más larga y se conciben como un hogar.
Por último, mencionó el tema de la rehabilitación de los hombres maltratadores, tema también sumamente relevante, en su opinión, y al que su Fundación ha dedicado tiempo y recursos desde hace muchos años, siendo en este campo su actividad
absolutamente innovadora.
6. D. Jorge Sesé. Perjudicado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (núm. expte. 219/968)
Compareció ante la Subcomisión para relatar su experiencia personal en un proceso de divorcio, en el que, a su juicio, se ha visto perjudicado por las sucesivas actuaciones de su exmujer que le impide o dificulta el contacto con sus tres
hijos.
De hecho, relató a la Subcomisión que durante los primeros 18 meses y hasta que no recayó la sentencia de divorcio que le otorgó la custodia compartida, no le permitió verlos.
A partir de ese momento denunció que los incumplimientos por parte de su exmujer han sido constantes, hasta el punto de que existen un total de 80 denuncias ante los juzgados de Toledo. Alguna de ellas por atentados contra su seguridad
personal como la planteada por el intento de quemar su vehículo.
También se refirió al hecho de que nada más obtener la custodia compartida por sentencia judicial, su exmujer le denunció por violencia de género por hechos supuestamente acaecidos en 2018, demostrándose que la denuncia era falsa.
Actualmente manifestó que tampoco se cumple el régimen de visitas periódicas en los puntos de encuentro.
Sesión de 31 de enero de 2023
1. D.ª Helena Soleto Muñoz. Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid (núm. expte. 219/969)
Compareció ante la Subcomisión como experta en derecho procesal y directora de algunos proyectos europeos vinculados al tratamiento procesal de la víctima. Subrayo que el principal problema con el que nos enfrentamos es el de la eficacia,
ya que contamos con normas completas y correctas que sin embargo no se aplican bien. En su opinión esto se debe a la falta de transparencia con la que funcionan muchos operadores jurídicos y mencionó el ejemplo del tratamiento policial, tal como se
refleja en el proyecto denominado Rethrick. Entiende que el sistema de enjuiciamiento vigente produce mucha victimización secundaria, favorecida por el hecho de que existen falsos mitos, que provocan que los operadores actúen de acuerdo con unos
comportamientos impermeables a la formación que pretende la sensibilización hacia las víctimas. En su opinión este hecho exige cambiar las formas de evaluar el aprendizaje, externalizando la evaluación para que las instituciones no se evalúen así
mismas.
Se refirió como primera cuestión al tema de la importancia de la reparación económica a la cual nos obligan dos Directivas europeas, la de 2004 que habla de reparación estatal y otra relativa a la eficacia del sistema. Entiende que nuestro
sistema cuenta con elementos positivos, como la posibilidad de que la Fiscalía pida reparación contra las víctimas en el curso del proceso penal, cosa que no sucede en otros países. No obstante, ésto se topa en la realidad con el problema de que
solo un tercio de los ofensores pagan plenamente sus indemnizaciones, un tercio lo hace parcialmente y el restante no lo hace en absoluto.
Esta situación exige, en su opinión que establezcamos un sistema de compensación eficaz, como han hecho otros países. Así se podría establecer que el Estado disponga de unos fondos que le permitan adelantar las cantidades reconocidas en las
sentencias, sin perjuicio de que posteriormente intente recuperarlas del agresor. Junto a este tipo de compensación, estaría la compensación estatal propiamente dicha, cuyas ayudas es preciso actualizar, porque se rigen por una ley del año 95 y el
Reglamento que la desarrolla que está totalmente obsoleto. Por otra parte, es frecuente que la Comisión ad hoc constituida en el seno del Ministerio de Hacienda, que aprueba las compensaciones en este ámbito, deniegue servicios tan básicos como la
ayuda a la atención terapéutica de niños y niñas víctimas de 12 años, alegando que no se ha demostrado la necesidad del tratamiento.
Como segunda cuestión se refirió al tratamiento procesal. De sus estudios se concluye que aunque los operadores jurídicos entiendan que no es así, las víctimas se sienten maltratadas en el proceso. Después de tanto tiempo, la realidad es
que no hemos conseguido que los operadores adopten la perspectiva de la víctima y sigue habiendo muchos factores que tienen que cambiar. Por todo ello es preciso modernizar el proceso penal para conseguir un cambio de perspectiva, de percepción de
la sociedad, de las propias víctimas y de los operadores jurídicos.
Finalmente incidió en la cuestión de la ejecución. Reconoció que el Estatuto de la Víctima le reconoce competencias para participar en la ejecución, lo que supuso, en su momento, un cambio de mentalidad jurídica muy relevante. No obstante,
este planteamiento no funciona en la práctica, porque en los centros penitenciarios no se tiene
en cuenta a la víctima y el dinero del penado, cuando éste trabaja, no llega a aquella. La realidad es que, en muchas ocasiones, el penado comienza pagando pero deja de hacerlo cuando ya ha conseguido los beneficios penitenciarios. Ello se
debe al hecho de que el juzgado o la audiencia que ha emitido la condena y que introduce los datos de la reparación económica no se encuentra conectado con el de vigilancia penitenciaria. En la práctica, esto provoca que en muchos casos, se llame a
la víctima cada seis meses para recoger cantidades menores, lo que supone para ella una humillación.
2. D. Alejandro Villena Moya. Psicólogo y sexólogo clínico. Director clínico y de investigación de la Asociación Dale una vuelta (núm. expte. 219/970)
Compareció ante la Subcomisión en su condición de investigador del consumo de pornografía y como profesional que atiende a pacientes que padecen problemas de sexualidad.
A efectos ilustrativos, se refirió a circunstancias de personas normales que acuden a su consulta y cuyas experiencias demuestran que, como afirma el sexólogo español Félix López 'Hemos avanzado en libertad sexual, pero no educamos bien para
llevar a cabo esa libertad'. En su opinión, la pandemia también ha agravado esta situación puesto que ha provocado una mayor soledad, aislamiento, ansiedad y problemas de salud mental. De hecho, los estudios demuestran que el consumo de
pornografía en España, como el de otras adicciones, ha aumentado hasta un 61 %. Subrayó el dato de que la edad media en España para el primer contacto con la pornografía está entre los nueve y los 11 años. Además señaló que cerca del 30 % de los
adolescentes accede a esas páginas por accidente, en buena medida a causa de la inexistencia de una educación afectivo sexual adecuada, tanto en los colegios como en las familias.
Destacó también el dato de que un solo portal pornográfico recibe al día 83 millones de visitas y que una pequeña búsqueda en Google relacionada con los contenidos de pornografía violenta y violación arroja resultados desalentadores. Así,
señaló que en base a su propia experiencia introduciendo el término 'violación grupal' obtuvo 316.000 resultados en 0,31 segundos.
Planteó como se cruzan la pornografía y la violencia y aportó en este sentido una serie de datos. Asimismo señaló que de diferentes estudios se deduce que las mujeres usuarias de pornografía tienen más probabilidades de sufrir violencia
sexual igual, que los hombres que lo hacen tienen más probabilidad de agredir sexualmente. Esto se debe a que el consumo de la pornografía conduce a normalizar y banalizar la violencia, como si esta debiera tener lugar normalmente en el ámbito
sexual. Se refirió en este campo a un metaanálisis efectuado en Estados Unidos, en el que se hace referencia a los mitos de la violación, entendiendo por éstos, aquellas creencias erróneas según las cuales cuando existe una violación se culpa a la
víctima. De acuerdo con este estudio elaborado sobre una muestra de 12.000 sujetos, un mayor uso de pornografía aumenta la probabilidad de incorporar esos mitos sobre la violación, especialmente cuando la pornografía que se consume es violenta.
Por otra parte, también en Estados Unidos se demostró que la mayor plataforma de pornografía contaba con un 77 % de vídeos ilegales, donde se había captado a menores sin su consentimiento.
Se refirió igualmente a otros estudios en esta línea, los cuales demuestran la relación de la prostitución con la Trata y la explotación de mujeres, como el libro de Mabel Lozano. Igualmente el estudio longitudinal elaborado en los Países
Bajos, que tomó como muestra el comportamiento de adolescentes durante 20 meses y demostró que a mayor uso de pornografía mayor agresión sexual.
Finalmente mencionó el informe Ybarra y Thompson, en su opinión de gran interés, porque incluye otras variables, como la personalidad, el nivel cultural o las circunstancias socio-demográficas y familiares. Asimismo, citó un reciente
informe de 2022 que demuestra igualmente que mayor uso de pornografía, mayor nivel de cosificación sexual de las personas.
Seguidamente se refirió al aspecto neurocognitivo, es decir a como afecta la adicción a la pornografía a la estructura neuronal. En este sentido, manifestó que múltiples estudios que han comparado por resonancia magnética funcional a
sujetos sanos con adictos a la pornografía, demuestran cómo en estos últimos, los sistemas de recompensa, de dopamina y de adicción, están alterados; sobre todo, en lo que se refiere al freno del cerebro, que se encuentra en el lóbulo frontal.
Insistió también en la relación de un mayor consumo de pornografía con una mayor probabilidad de conductas sexuales de riesgo.
Todos estos factores justifican, en su opinión, que se hayan puesto en marcha diferentes iniciativas en los distintos países que pretenden hacer frente a esta situación. Así, en Estados Unidos existen programas de alfabetización de la
pornografía dirigidos a adolescentes con el fin de que estos desarrollen una sexualidad basada en la empatía el respeto y el cariño hacia la pareja.
En la misma línea, la Asociación a la que pertenece ha llevado a cabo campañas de concienciación, en colaboración con algunos gobiernos autonómicos, las cuales han tenido un notable impacto, tanto en colegios públicos como privados.
Otras iniciativas desarrolladas desde el ámbito empresarial también pretenden poner coto al uso de la pornografía. Así, las desarrolladas por PayPal y MasterCard para impedir que las páginas web pornográficas utilicen sus sistemas de pago.
También se refirió al espacio que han puesto en marcha para las parejas de los adictos a la pornografía, con el fin de que estas personas cuenten con un espacio personal en el que volcar sus experiencias y obtener ayuda.
Por último, mencionó a distintas iniciativas que podrían desarrollarse para ayudar a las familias y los profesores a abordar este problema con sus hijos y alumnos. Así, habló del incremento de recursos para detectar, en atención primaria,
posibles problemas de sexualidad con menores. También recomendó que en los colegios se desarrollen protocolos de intervención y que se establezca algún organismo de regulación como se ha propuesto en Reino Unido y se ha llevado a cabo en Estados
Unidos. En este punto se refirió a la Digital Service Act de la UE, la cual ya plantea la posibilidad de controlar contenidos nocivos para los menores que no necesariamente han de ser ilegales.
En su opinión, es necesario desarrollar programas de educación afectivo sexual que cuenten con grupos de expertos y operen sobre bases científicas, propugnando relaciones sexuales basadas en el respeto y la ética.
Por último se refirió a la conveniencia de encontrar un punto de acuerdo entre los distintos partidos políticos, sobre la base de unos contenidos mínimos y básicos, siguiendo el ejemplo de experiencias como las desarrolladas en otros países.
Así, se refirió al hecho de que en el Senado francés se haya hablado de evitar la mercantilización del cuerpo de la mujer y de la violencia en la pornografía como de una prioridad política pública, estableciendo un organismo de regulación de
contenidos en Internet, especializado en sexualidad, para detectar casos de violencia sobre la mujer o de pedofilia. Igualmente, se ha barajado la posibilidad de imponer a las operadoras telefónicas la obligación imponer filtrados en función de la
edad.
3. D. Jesús Muñoz Isidoro. Vicepresidente de ANAVID (núm. expte. 219/971)
Manifestó que comparecía ante la Subcomisión como Vicepresidente de ANAVID y creador de la página web 'malostratosfalsos.com' y del canal de YouTube 'malos tratosfalsostv', donde se recoge el testimonio de un gran número de hombres y mujeres
afectados por esta situación.
Relató, por otra parte, en el curso de su intervención, su experiencia personal, que le ha hecho enfrentarse a la amenaza de una condena de más de 14 años, habiendo obtenido finalmente la libre absolución.
Declaró que las denuncias falsas existen y que con las leyes de género actualmente vigentes se destruye a un gran número de familias. Por otra parte manifestó que se utiliza el dinero público para destrozar la vida de muchos hombres,
mientras que anualmente siguen muriendo una media de 50 mujeres por violencia de género.
Manifestó que su experiencia personal demuestra que existen lo que denominó organizaciones criminales, dedicadas exclusivamente a la interposición de denuncias falsas por violencia de género.
Condenó las políticas desarrolladas por el Ministerio de Igualdad y cuestionó la cifra oficial del 0,01 % de denuncias falsas, ya que entiende que esa cifra no se corresponde con el número de sentencias que declaran la libre absolución del
procesado. Todo ello, de acuerdo con los datos obtenidos de los Informes oficiales del CGPJ y la Fiscalía General del Estado.
En su opinión, esto demuestra que muchos hombres padecen la aplicación de un Derecho Penal especifico, que les arrebata la presunción de inocencia.
Habló de la existencia de asimetría penal, ya que, a su juicio, por un mismo delito un hombre recibe una condena un 66% superior a una mujer.
A ello se une, a su juicio, el uso de subvenciones públicas por asociaciones afines a determinados partidos políticos, que hacen una utilización fraudulenta de la violencia de género. En concreto, se refirió en este punto a su experiencia
personal con la Asociación de Mujeres Progresistas y a las 7 denuncias de las que considera ha sido víctima, basadas en datos que en su opinión son falsos, y que sin embargo, han provocado que haya estado apartado de su hijo durante 13 años.
4. D.ª Chelo Álvarez. Presidenta de la Asociación Alanna. Psicoterapeuta especializada en violencia de género, abusos sexuales a la infancia y trauma (núm. expte. 219/972)
Compareció ante la Subcomisión en su condición de Presidenta de la Asociación Alanna, la cual opera principalmente en Valencia y trabaja con niños víctimas de violencia machista. Denunció que nos enfrentamos a un problema estructural
gravísimo, en parte provocado por los agujeros negros que dejan algunas leyes actualmente vigentes y que a toda costa hay que intentar evitar cuando se aprueban normas que, en líneas generales, han supuesto considerables avances.
Propuso a la Subcomisión la creación de una ventanilla única, donde las víctimas se sientan apoyadas y seguras. En su opinión, hay que evitar a toda costa la revictimización que se produce cuando se envía a la víctima de un servicio a otro,
haciéndola declarar múltiples veces, en un proceso que supone una mala utilización de los recursos disponibles. Combatir la violencia contra las mujeres y contra sus hijos debe ser una cuestión de estado.
Denunció el uso del SAP o síndrome de alienación parental, que desgraciadamente sigue siendo utilizado en algunos juzgados y en equipos psicosociales, e incluso aparece analizado en algunos másteres universitarios. Insistió en que el SAP es
una construcción no científica, tal como han refrendado múltiples instituciones y organismos y se utiliza para condenar a los menores a un trato constante con su posible abusador. Muchas mujeres han sido condenadas judicialmente por intentar
defender a sus hijos e hijas y esto no puede tolerarse. La violencia vicaria existe y si no acabamos con este problema no conseguiremos que se incremente el número de denuncias, porque la mujer siempre teme lo que pueda suceder con sus hijos. Por
eso, la compareciente solicitó que los diferentes ministerios implicados impidan el uso del SAP y que se cuente con un reglamento sancionador que permita regular las conductas de cualquier operador público o privado que lo utilice.
Subrayó que es necesario entender que una madre víctima de violencia de género y sus hijos e hijas, forman una familia que debe estar en el centro de las actuaciones contra la violencia de género, aunque no se ajuste al modelo tradicional de
la familia patriarcal. Denunció que en los casos de denuncias por abusos a menores de edad en el ámbito intrafamiliar, las condenas no llegan a un 13 % lo que significa que el 87 % de los menores que supuestamente han padecido esa violencia, quedan
desprotegidos.
Esta situación exige, en su opinión, que se fomente la coordinación interministerial y se revisen los protocolos existentes que, a pesar de estar bien concebidos, en muchos casos se utilizan escasamente. De hecho, insistió en que es preciso
regular, como han hecho ya algunas comunidades autónomas, lo que se conoce como 'violencia de segundo
orden', la cual se ejerce sobre los profesionales que se atreven a denunciar situaciones de violencia.
También incidió en el hecho de que el trato recibido por las víctimas varía en función de la comunidad autónoma en la que residen y recomendó que estas actuaciones se centralicen. Del mismo modo insistió en la necesidad de que las
acreditaciones se proporcionen físicamente a las víctimas para que puedan usarlas siempre que quieran, en su beneficio o el de sus hijos sin tener que solicitarlas nuevamente cada vez que requieran un servicio. También en este punto es necesaria, a
su juicio, la unificación de los criterios que se aplican en las diferentes comunidades autónomas.
5. D.ª Patricia Díaz Estébanez. Estilista (núm. expte. 219/973)
Compareció ante la Subcomisión como miembro de la asociación ANAVID, con objeto de relatar su experiencia personal como víctima de violencia doméstica y como mujer de un hombre que, a su juicio, ha sido perjudicado por las leyes de género.
Manifestó a los asistentes que hace 13 años afrontó un divorcio que la obligó abandonar su casa y la ciudad en la que vivía, no habiendo recibido ninguna ayuda por parte de las instituciones. Años después conoció al que hoy es su marido al
que también considera una víctima, al haberle sido arrebatado su hijo.
Se refirió a la situación de ruina económica que padecen muchos hombres afectados por lo que denominó 'leyes de desigualdad', los cuales se ven obligados a afrontar pensiones desproporcionadas y situaciones familiares que les destruyen a
ellos y a todo su entorno. Se refirió al SAP, que es reconocido en algunos países, aunque no en el nuestro, como maltrato infantil. Mencionó también las alarmantes cifras de suicidio de los últimos años y señaló que de los 4.003 fallecimientos por
esta causa acaecidos en 2021, el 80 % eran de hombres, que en un 71 % de los casos estaban atravesando devastadores procesos de divorcio, algunos con denuncias falsas. También subrayó la alarmante cifra de suicidios de menores de 15 años, la
mayoría procedentes de familias monoparentales.
Denunció también la reducción de condenas a sentenciados por agresiones sexuales, como muestra de que el sistema no está siendo eficaz en la protección de las víctimas.
Igualmente, manifestó que en muchos casos se producen denuncias de abusos sexuales a los hijos que son recomendadas por abogados sin escrúpulos, como demuestra el hecho de que en el 90 % de los casos se acaba declarando la inocencia de los
acusados.
Solicitó que se realice un uso correcto del dinero público y puso como ejemplo los 436.577 utilizados en carteles contra la gordofobia por el Ministerio de Igualdad, cifra que, en su opinión, estaría mejor utilizada si se destinara a
ayudar a las familias que están en apuros, o a subvencionar tratamientos o investigaciones médicas.
También denunció que se dé prioridad al hecho de que los niños de 10 años experimenten con su cuerpo y decidan tener relaciones sexuales con adultos, lo cual, a su juicio, normaliza la pederastia. Entiende que es preferible dejar que los
menores comiencen a conocerse sexualmente ellos solos en el momento correcto de maduración.
6. D.ª Nerea Barjola. Doctora en feminismos y género y experta en violencias sexuales (núm. expte. 219/974)
Comenzó su intervención aludiendo al hecho de que la violencia machista es estructural, lo que justifica la aprobación de un Pacto de Estado.
Considera que esa estructura está en la base misma del ámbito político, social y económico. De aquí que los partidos políticos entendieran, en su momento, que la violencia dada su naturaleza estructural, exigía un pacto de Estado en el que
se reflejara el acuerdo de los diferentes principios con independencia de su ideología.
Señaló que el eje que estructura las sociedades modernas se basa en el concepto de 'contrato social', tal como que concebido por los autores clásicos de Teoría Política. La Teoría del contrato social fue la primera emancipadora por
excelencia, ya que prometía la libertad individual como principio de la Edad Moderna.
No obstante, subrayó que tal como ha demostrado, Carole Pateman, se trataba de un 'Contrato' entre varones libres e iguales que establecía unas normas de acceso al cuerpo
de las mujeres. Aquí estaría, en opinión de la compareciente, la base de la violencia machista estructural, ya que cuando se hablaba de 'contrato social' y de los derechos políticos universales que le eran anejos, se hacía referencia en
realidad a los derechos políticos universales de los hombres.
Según Pateman los hombres han acordado un 'contrato sexual', es decir, han pactado el acceso al cuerpo de las mujeres, porque el contrato sexual precede al contrato social.
Aquí está la base según la compareciente de las violencias machistas y de la ideología machista estructural. En su opinión, es preciso romper con este contrato social que no nos representa.
En definitiva, la violencia machista está en la base de nuestro ordenamiento discursivo y social, como demuestra la obra de Rousseau.
Los mitos y los estereotipos continúan vigentes y darían base a la 'cultura de la violencia' que se divulga de forma continuada en los medios de comunicación.
Los relatos son la forma en la que la sociedad entiende la violencia y son la base para una correcta asistencia a las víctimas y una eficaz reparación. Si no comprendemos la violencia machista revictimizamos a las mujeres.
El sistema de representación que utilizamos, es decir, aquello que define cómo debemos actuar está impregnado de significados y determina nuestra conducta.
Cuando hablamos de relatos nos referimos a un entramado de representaciones y significados que sustentan la violencia machista.
Las representaciones no son neutrales, sino que están inmersas en un ordenamiento político social machista que establece el terror sexual como principal elemento de dominación. Es necesario entender esto para saber cómo abordar la
violencia.
La compareciente mencionó también el estudio elaborado por la Delegación de Gobierno sobre la percepción social de la violencia sexual donde se analiza como en muchos casos se culpa a la propia víctima.
Sesión del día 28 de febrero de 2023
1. D.ª Carla Vall i Durán. Abogada penalista experta en género (núm. expte. 219/1005)
Comenzó su intervención insistiendo en la importancia de la prevención, ya que se trata de atacar el problema antes de que el feminicidio se produzca. Manifestó que cuantas más veces atraviesa una mujer ciclos de violencia, más difícil es
pedir ayuda, por lo que recomendó practicar la prevención mediante el acercamiento a las víctimas y a su entorno cercano, partiendo de la base de que nos hallamos ante un delito público.
Subrayó que se trata de un problema social endémico, ya que más de la mitad de las españolas, en algún momento de su vida, ha padecido o padecerá violencia. De aquí que, a su juicio, sea fundamental la ampliación del Pacto, para conseguir
un futuro distinto. Entiende que el Estado tiene una obligación de diligencia debida, no solo desde el punto de vista de la actividad legislativa, sino también en lo que se refiere a las políticas públicas y los recursos que se destinan a las
mismas. Subrayó que a las mujeres desde pequeñas se las educa en el temor, cuando lo cierto es que el Estado debe hacerse cargo de su protección, porque por el hecho de ser mujeres no debemos asumir un riesgo mayor.
Manifestó también que una lesión no es simplemente un dolor físico o sexual sino que tiene influencia en muy diferentes aspectos y se refirió al caso de una menor de tres años que había sido víctima de su propio padre.
Igualmente, apuntó a la necesidad de que las víctimas tengan una protección a nivel laboral, ya que muchas situaciones de violencia derivan en incapacidades temporales, que a su vez acarrean pérdida de nivel económico y menoscabo de la vida
social. Sugirió, por otra parte, que se aconseje a las mujeres desde la perspectiva de la prevención, igual que antes se practicaban consejos sobre las calles que debían evitar o la forma de vestir.
Desde otro punto de vista insistió en la necesidad de que el Estado se encuentre presente en todas las partes del territorio y que no se prime exclusivamente la
concentración de servicios en las ciudades. Entiende que en los pueblos los derechos se diluyen y se imponen los vínculos sociales en perjuicio de las víctimas. De hecho, en su opinión, en los espacios pequeños la violencia se considera un
estigma social, lo que impide a las víctimas reconocer que lo son. Sugirió, igualmente, que es necesario disponer de estadísticas sobre las cifras de agresores, así como fomentar la formación desde la infancia y no solo en los sectores educativos.
Entiende que no debe relegarse todo al ámbito penal, aunque éste sea imprescindible, dado que la violencia es un fenómeno complejo y como tal exige una respuesta integral.
Considera que es una realidad el hecho de que cada vez haya más mujeres que denuncian, si bien entiende que también hay que dar una salida a aquellas que no quieren hacerlo, ofreciéndoles servicios públicos suficientes.
En definitiva, concluyó que es necesario destinar los recursos necesarios para que las víctimas no tengan que superar una carrera de obstáculos y se encuentren con un apoyo social suficiente, basado en el compromiso democrático y político.
2. A través de videoconferencia, D.ª Norma Vázquez. Psicóloga feminista. Directora de SORTZEN Consultoría (núm. expte. 219/1006)
Comenzó su intervención destacando la importancia de la renovación del Pacto, ya que, a su juicio, existen dos razones fundamentales para su actualización:
1. La necesidad de que reconozcamos que la violencia de género es un tema de interés público y no solo de interés personal. Esto significa que la sociedad debe asumirlo como un problema estructural que requiere una intervención integral en
muchos niveles.
2. La necesidad de que nos dotemos de recursos que permitan cambiar la situación, ya que es imprescindible que las políticas públicas se vean acompañadas por la correspondiente dotación presupuestaria si quieren convertirse en realidad.
Subrayó que, en su opinión, el balance desde la aprobación del Pacto de Estado es positivo ya que el mismo ha permitido que los ayuntamientos, incluidos los pequeños, hayan desarrollado programas y actividades de sensibilización y
prevención, especialmente en temas de formación de profesionales y mejora de los recursos de atención.
En su opinión, las mujeres víctimas no pueden frenar por sí mismas la violencia. La misma es responsabilidad de quien la ejerce y del entorno que la tolera y tener esto en cuenta es fundamental de cara a las políticas de prevención y
sensibilización.
Relató el caso de una víctima de 25 años que ha padecido 10 años de violencia, con tres intentos de asesinato. Su agresor, es un sociópata con orden de alejamiento que, a pesar de eso, la ha contactado en sucesivas ocasiones, lo que ha
sumido a la víctima en el terror y la impide salir de casa.
Entiende que, en estos contextos, es preciso evitar la victimización secundaria ya que cuándo es ejercida por los profesionales denota una falta de formación especializada.
También se refirió a la necesidad de prestar más atención a los hijos de la víctima. En concreto, relató que esa mujer tiene una hija con la que el padre sigue teniendo un régimen de visitas a pesar de los intentos de la madre por evitarlo.
Subrayó que la idea de que es mejor un mal padre que ninguno esta arraigada en muchos ámbitos, incluso entre aquellos que atienden a la mujer víctima de violencia.
En su opinión, es necesario consolidar la idea de que los menores necesitan seguridad y confianza y no un padre maltratador. No obstante, socialmente esa idea está arraigada e implica una revictimización de la mujer. Es preciso tener en
cuenta que la violencia machista afecta no solo a la mujer sino también a sus hijos, familia, amigos y entorno laboral y social, lo que hace necesario no prestar atención solo a la mujer, y requiere desactivar todos los mecanismos de silencio,
complicidad, etc.
En su opinión, actualizar el Pacto implica insistir en un enfoque de atención que goce de una perspectiva de reparación del daño y no solo del que está producido por el agresor, sino también del que provoca la sociedad. Las mujeres víctimas
no son necesariamente mujeres sumisas, sino supervivientes que hacen lo que pueden para enfrentarse a su problema. Por eso el Estado y la sociedad tienen la obligación de no abandonarlas.
III.2.2 En la XV Legislatura
Sesión de 12 de junio de 2024
1. D. José Iniesta Sánchez. Policía Judicial. Representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y secretario de Acción Asociativa de la Junta Directiva Nacional de la AUGC (núm. expte. 212/215)
Comenzó su intervención señalando que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en el marco de sus funciones como asociación, han propuesto una serie de medidas en el ámbito policial relacionadas con la violencia de género, medidas
que lo que pretenden es potenciar tanto la vigilancia y protección directa de las víctimas como su seguimiento. Así, señaló que el trabajo no consiste solo en proteger a las víctimas, sino que también hay una labor posterior, después de la
denuncia, de seguimiento y acompañamiento, en aras a lograr un mayor bienestar y una mayor tranquilidad en las mismas.
A continuación, manifestó que, como asociación profesional, una de las principales medidas que proponen es la incorporación a los actuales equipos de violencia de género de personal que se encuentran en la situación de reserva.
Recordó que los equipos de VioGén se crearon en la Guardia Civil a finales del 2022. Explicó que estos equipos son unas unidades funcionales que se regularon en una orden de servicios de 2021. Por otro lado, también recordó que la Guardia
Civil desde la entrada en vigor de la Ley 1/2004, de protección integral contra la violencia de género, dedicó personal en todas las unidades territoriales a la protección y seguimiento de las víctimas.
Explicó que el problema real que existe en relación con los equipos de VioGén es la falta de personal. En este sentido puso de relieve que las plazas en VioGén no son de nueva creación, lo que conlleva de manera indirecta a una merma a la
prevención y asistencia a las víctimas, ya que se traen efectivos de las unidades territoriales que realizan labores diarias de patrulla, vigilancia, etc. Además, señaló que como la Guardia Civil es conocedora de esta situación, crea los propios
equipos VioGén con un número de efectivos reducido al mínimo para intentar no perjudicar el resto de funciones del día a día de las unidades territoriales.
Volviendo a la propuesta realizada por la AUGC explicó que la misma se realiza por primera en 2018 aprovechando la firma del Pacto de Equiparación Salarial. En la cláusula tercera de dicho Pacto se daba la opción de incorporarse al servicio
a guardias civiles de la reserva activa. Pone de relieve que, actualmente, en la Guardia Civil en esta situación de reserva se encuentran aproximadamente 7.300 efectivos que podrían reforzar las unidades actuales sin detraerse personal de otros
lugares. Señaló que con la cláusula tercera se activarían 100 millones de euros.
Por otro lado, señaló que desde la AUGC son conscientes de que para atender a las víctimas es necesario tener una formación especializada, y lo que proponen es que los equipos de VioGén se traten como especialidades, es decir, que se cree la
especialidad de violencia de género, haciendo cursos específicos de formación.
En definitiva, señaló que su propuesta sería que existiera personal formado específicamente para desarrollar las funciones requeridas que ocuparía una vacante propia y no una vacante detraída de otra unidad e integrar, ampliar y reforzar los
equipos de VioGén con el personal que se encuentra en la situación de reserva mediante la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018.
Por otro lado, pasó a referirse a las mujeres guardias civiles. Señaló que ha aportado un documento en relación con los protocolos de acoso. Explicó que, aunque los protocolos de acoso no se recojan dentro del Pacto de Estado, en su
opinión cualquier tipo de acoso constituye una forma de violencia sobre la mujer, ya que el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, etcétera, al final son violencias que recaen o que quienes mayor la sufren son las mujeres. Explicó que hasta hace
poco los protocolos en la Guardia Civil eran poco garantistas con las víctimas pero que ahora ya recogen el acompañamiento a la víctima, aunque tiene que ser una persona del cuerpo ya que no se permite que sea una persona
especializada externa, ya sea un asesor jurídico o un psicólogo, lo que puede no facilitar la declaración. Además, señaló que hay que comunicar al superior jerárquico el acoso, lo cual puede ser también un obstáculo para que se denuncie.
Y, finalmente, añadió que, si el procedimiento no demuestra la situación de acoso, la víctima puede ser sancionada porque se entienda que ha presentado una denuncia falsa. Por todo ello, dice que hay casos en los que se producen situaciones de
acoso que no se denuncian.
Finalizó señalando que a la AUGC le preocupa que haya mujeres guardias civiles que no den el paso de denunciar y recuerda una sentencia reciente de condena a un sargento por acoso y violación a una compañera guardia civil, en la que la AUGC
ha acompañado a la víctima durante todo el procedimiento.
2. D.ª María Sellés Vidal. Coordinadora de AADAS-Asociació D'Assistència a Dones Agredides Sexualmente (núm. expte. 219/92)
Comenzó su intervención señalando que en el eje 1 del Pacto Estado aparece el concepto de romper el silencio, de visibilizar. Y, señaló que, aun estando totalmente a favor de que se rompa el silencio, este es solo el primer paso para poder
acabar las violencias, pues luego hay que recoger a las personas que han hablado. Aporta datos señalando que en España hay 25 millones de mujeres y que el 100% han sufrido violencia machista, de mayor o menor grado, y que una de cada cuatro han
sufrido agresiones sexuales, es decir, 6 millones de mujeres. Explicó que para atender a 6 millones de mujeres hacen falta muchos recursos y que hay mucha saturación tanto en los servicios públicos como privados y que, por tanto, si todas las
mujeres rompen el silencio no hay espacio para atenderlas a todas, pudiendo producirse una revictimización.
Por otro lado, señaló que en este Eje 1 se pone el foco en mujeres que viven en zonas rurales y en mujeres con discapacidad y que si no se recoge a aquellas que rompen el silencio aumenta su vulnerabilidad. Por ello, propone que antes de
que las mujeres rompan el silencio es necesario tener las estructuras y recursos suficientes.
Se refirió seguidamente a cómo ha cambiado el perfil de las mujeres que van a su Asociación. Explicó que ahora son mujeres de entre 50 y 60 años, que fueron agredidas sexualmente cuando eran jóvenes, quizás tenían 15 o 20 años y que durante
toda su vida no han hablado de la agresión sexual porque creían estar o estaban en un contexto donde era muy difícil el poder expresarlo y se atreven a romper el silencio ahora. Añadió que muchas muestran síntomas de estrés postraumático agudo,
como si estuviesen reviviendo la agresión y que, además, tienen un duelo profundo por todo lo que no han podido hacer o se han perdido en toda su vida.
Por tanto, insistió en que a las mujeres que rompen el silencio hay que darles respuesta y que ahora no hay espacio suficiente porque no se dan los recursos oportunos. Añadió que se está haciendo un buen trabajo y que las mujeres cada vez
hablan más pero que hacen falta recursos y como ejemplo señala que su Asociación que lleva 33 años funcionando, éste es el primer año que tienen lista de espera.
A continuación, pasó a abordar el aspecto económico que queda recogido en el eje 9 del Pacto de Estado. En relación con su Asociación señaló que en 2019 a Cataluña le correspondían 13 de los 100 millones del reparto del pacto en el ámbito
estatal y que en ese año a AADAS se le asignó una cantidad que fue superior a la que habían percibido hasta entonces, lo que tuvo un impacto muy positivo y que les permitió afrontar el aumento de mujeres que pedían ayuda o acompañamiento. De hecho,
concretó que su Asociación pudo cambiarse de local y pudieron contratar dos terapeutas más. Explicó que el local lo alquilan a una cooperativa de vivienda y pagan un precio inferior al de mercado. A su juicio, el local debería ser cedido por el
Ayuntamiento o por la Generalitat.
En el mismo sentido, explicó que el presupuesto de su Asociación aumentó un tercio y que se les prometió que el Pacto de Estado tendría una continuidad de cinco años, período en el que a Cataluña han llegado 13 millones. Sin embargo,
explica que a su Asociación no ha recibido más recursos después del primer año. Continuó la explicación con el ejemplo de su Asociación y los problemas que tuvieron que gestionar como consecuencia de la falta de recursos y concluyó que no es
positivo que la atención directa especializada
a víctimas dependa de que las trabajadoras continúen como voluntarias o que hagan campañas de donaciones. Finalizó esta parte de la intervención con una reflexión general, señalando que hay que cuidar a los profesionales que acogen a las
mujeres víctimas pues son una de las piezas esenciales en este ámbito.
A continuación, se refirió a las limitaciones de las instituciones. Y señaló que éstas no pueden llegar a todas las mujeres y cuando no lo hacen hay organizaciones populares, organizaciones vecinales, asociaciones y entidades de base que
están haciendo este trabajo y que este trabajo es muy importante. Por tanto, insistió en que este trabajo es complementario y que necesitan recursos para hacer lo que las instituciones no llegan a hacer.
Por último, quiso realizar una reflexión. Explicó que han tenido una reunión con la Regidoria de Promoció Econòmica donde ahora los feminismos están incluidos. En dicha reunión llegaron a la conclusión de que las mujeres que han sufrido
violencia machista no pueden recuperarse si no tienen una estabilidad vital o un sostenimiento básico de la vida cubierto. Describió casos muy complejos de mujeres que han sufrido violencia sexual pero que tienen preocupaciones relacionadas con la
vivienda y con la comida de sus hijos e insiste en que estas mujeres están preocupadas por sobrevivir. Y, por tanto, concluyó que lo primero de todo es que hay que garantizar pan, comida, trabajo y techo porque sin eso no hay recuperación de la
violencia machista y reclamó que se tomen medidas para garantizar que la gente viva dignamente.
3. D.ª Sonia Vaccaro. Psicóloga clínica y forense (núm. expte. 219/93)
Comenzó su intervención recordando que el Pacto de Estado, al igual que la ley, que pronto va a cumplir 20 años, fue firmado, ratificado y decidido en el año 2017 por unanimidad, y que espera que se continúe en esa línea.
Continuó su intervención con la violencia vicaria, concepto que acuñó, estudió e investigó hace 12 años y que fue incluido en un documento público por primera vez en el Pacto de Estado. La compareciente define la violencia vicaria como
aquella violencia contra la mujer que un hombre violento realiza de modo preferente, a través de las hijas e hijos, a quienes va a utilizar como objetos para continuar la violencia contra la madre. El término vicario lo tomó como adjetivo, que
viene definido en la RAE como que ocupa el lugar de otra persona o que la sustituye. La violencia vicaria, por lo tanto, es violencia de género, es violencia contra la mujer que se realiza sobre las hijas e hijos como objeto para dañarla.
Volviendo al Pacto de Estado recordó que la violencia vicaria sólo se menciona una vez para ser definida y defiende que, a la vista de los datos de violencia vicaria de los primeros seis meses del año, es apremiante que en este Pacto se haga
algo más que nombrarla. Por ello, propone que se tipifique en el Código Penal y Civil a la violencia vicaria y que se agregue en este Pacto de Estado un eje que la incluya de modo preponderante y específico.
La compareciente explicó que en 2022 se había hecho el primer estudio de casos en España de violencia vicaria extrema que puede ser definida como aquella que tiene como consecuencia el asesinato o la desaparición de las criaturas con el
único fin exclusivo -como dicen los mismos agresores- de dañar a la madre. En 2024 se ha hecho junto con la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista y la Universidad de Granada dos estudios más y dos investigaciones, con especial énfasis en
estas hijas y los hijos, y en las instituciones que hemos identificado que replican y permiten que esta violencia continúe.
Continuando con la explicación sobre estos estudios, señaló que han identificado una violencia vicaria cotidiana o habitual, que de acuerdo con los testimonios de las víctimas ejercen el 95 % de los hombres violentos en el momento o después
del divorcio o la separación. Manifestó que esta violencia vicaria cotidiana o habitual se puede prevenir y erradicar. A través de estos estudios han identificado sus indicadores y por ello es posible evitarla y evitar las graves consecuencias que
tiene. De acuerdo con la compareciente, han concluido que el hombre violento puede ejercer esta violencia cotidiana o habitual porque el sistema y las instituciones se lo permiten, porque un individuo identificado como
violento, procesado o condenado como tal y calificado como de alto riesgo, continúa teniendo contacto con sus hijas, con sus hijos y decide, además, acerca de la vida de ellos. A continuación, puso una serie de ejemplos para explicar qué
forma adquiere este tipo de violencia, ejemplos que les han relatado más de 500 madres que han entrevistado.
Insistió en que es necesario que la violencia vicaria tenga un tratamiento especial en el Pacto de Estado y añade que se debe actuar sobre esta violencia vicaria habitual o cotidiana. Por ello propone que se incremente el número de juzgados
de violencia sobre la mujer, porque es allí donde debe atenderse esta violencia. Además, insistió en la necesidad de dejar de dividir el tratamiento a la mujer (órdenes de alejamiento y medidas de protección) y a los menores porque el individuo que
es violento es siempre violento.
Por otro lado, propone que la formación de juezas, jueces y todo el personal que tenga contacto con la mujer y sus hijas e hijos sea obligatoria, especializada, continua y actualizada. Señala que son estas personas las que deben identificar
la violencia y tomar las medidas necesarias que impidan que avancen.
A continuación, puso de relieve que en la violencia de género las hijas y los hijos, como dicen los tratados internacionales que España ha suscrito, son siempre víctimas directas y la violencia de género es una pandemia, como la calificó la
Organización Mundial de la Salud.
Cierra su exposición recordando el video que compartió en su comparecencia de 2022 y otros casos como ejemplos de violencia vicaria y concluye que estos asesinatos son planificados, no son individuos enfermos ni realizan esta acción como una
explosión de ira. Y finalizó insistiendo en que la violencia vicaria se puede prevenir.
Sesión de 18 de junio de 2024
1. D.ª Laura Selena Báez. Integrante de la Junta Directiva de la Federación de Mujeres Jóvenes. Responsable de las áreas de violencia de género y sexual (núm. expte. 219/113)
Tras explicar los rasgos fundamentales de la Federación de Mujeres Jóvenes, y su labor de concienciación social, investigación y formación de la juventud, repasó los datos de violencia de género desde 2003, incidiendo en que en la
macroencuesta de 2019 se identificó que una de cada dos mujeres reconoce haber sido víctima de violencia de género y que la violencia sexual en menores ha crecido un 116% según datos de la Fiscalía General del Estado.
Alertó de que se observa una clara regresión, entre los varones jóvenes, en términos de igualdad. Se ha detectado un incremento sustancial de discursos machistas, lo que a su juicio es especialmente grave al tratarse de una generación que
ha crecido con muchas leyes en vigor llamadas a atajar el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Consideró que las redes sociales pueden desempeñar un rol muy nocivo, al servir de plataforma de difusión de mensajes contrarios a la igualdad.
La Sra. Báez puso de manifiesto que la pornografía está teniendo un impacto nocivo, especialmente entre las personas más jóvenes, que se ven sometidas a una forma de violencia contra las mujeres para la que no están preparadas. Se trata de
otro factor que está debilitando las políticas de concienciación de la igualdad. Criticó de manera específica una plataforma, como algo simbólico de lo que representa la industria pornográfica, en la que supuestamente las mujeres acceden
libremente, que carece de mecanismos de control y protección para evitar que las jóvenes, incluso menores de edad, se vean sometidas a sus efectos, y que a su juicio normaliza una forma de violencia de género con un grave impacto entre las capas más
jóvenes de la sociedad. En relación con las plataformas digitales y redes sociales, la compareciente defendió que se lleve a cabo una regulación mucho más incisiva de su contenido, y en particular de las formas a través de las cuales acceden las
personas más jóvenes, y que se generalice el uso de la inteligencia artificial para detectar y excluir las conductas violentas y la pornografía.
La Sra. Báez exigió que se incremente la transparencia en el uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, y que se excluya que los mismos se
dediquen a medidas meramente simbólicas. Es preciso garantizar que los fondos tengan un impacto real y que se enfoquen directamente a las víctimas. Apostó, en este sentido, por una auditoría de estos fondos y que parte de los mismos se
orienten a tareas de investigación para localizar cuáles son los mayores desafíos a los que nos enfrentamos.
La compareciente consideró que es preciso seguir reforzando las campañas de concienciación y formación dirigidas a las personas más jóvenes, que deberían contar con el asesoramiento de la juventud para realizarse. Defendió la inclusión en
el programa educativo de una perspectiva de género incluyendo el papel de los referentes femeninos en la historia, lo que permitirá dar visibilidad al protagonismo de las mujeres en nuestra sociedad.
La Sra. Báez indicó que es preciso reforzar la formación del profesorado y los profesionales de la educación, así como apostar en la coeducación en los términos que ya exige la ley. En relación con el pin parental, criticó que se faculte a
que se restrinja la información y que el mismo se pueda dirigir a excluir la docencia de materias relacionadas con la igualdad.
La compareciente reclamó que se establezcan servicios especializados de atención a jóvenes víctimas de violencia machista y vicaria y que estos operen las 24 horas del día. Asimismo, demandó inversión en personal especializado en estos
centros para víctimas jóvenes de violencia machista, pues en ocasiones se requieren conocimientos específicos tales como el de distinguir las formas de violencia que se despliegan en el entorno digital.
La Sra. Báez señaló que la Federación ha detectado un problema que está teniendo consecuencias muy negativas. A las personas víctimas de violencia vicaria se le retiran la mayor parte de las ayudas cuando alcanzan los 18 años de edad. Se
trata de una circunstancia injustificada pues a esa edad una persona sigue sin poder valerse por sí misma en la mayor parte de los casos. La situación de abandono provoca en muchos casos que las víctimas entren en un grave riesgo de exclusión
social que se debe atajar.
2. D.ª María Pilar Esther Rojo Beltrán. Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia (núm. expte. 212/232)
Comenzó su intervención señalando que, con carácter general, la mayor parte de los problemas existentes están ya previstos en la legislación. No son precisas grandes reformas normativas sino aprovechar al máximo las herramientas que ya
ofrece la legislación vigente y optimizar los recursos existentes. A continuación, distribuyó su exposición en cuatro ejes.
En relación con la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género, señaló que la clave reside en la adecuada valoración del riesgo. A su juicio, se está incurriendo en una infrautilización del protocolo de valoración forense
del riesgo. Existe, y se utiliza de forma amplia, un protocolo policial, pero que tiene la deficiencia de que únicamente cuenta con los datos suministrados por la mujer (que calificó de importantísimos), por los suministrados por los testigos y con
los antecedentes policiales. Puso en valor la importancia de la valoración forense del riesgo, que está ya prevista en el protocolo de valoración urgente revisada en diciembre de 2023. Este mecanismo cuenta con la ventaja de que cuenta con
entrevistas tanto de la víctima como del victimario, lo que permite obtener información más completa al detectar factores de riesgo: si existe consumo de drogas, enfermedades mentales, rasgos marcados de personalidad en el agresor, etc.
También en relación con las protección de las víctimas, la Sra. Rojo defendió aprovechar mejor los dispositivos telemáticos. Se están superando, paulatinamente, las deficiencias técnicas que lastraban el sistema. Se sigue produciendo
cierta tardanza de los técnicos en acudir al órgano judicial para la colocación de las pulseras, y es preciso seguir avanzando en suprimir las zonas que cuentan con falta de cobertura. Se trata de un problema especialmente grave en zonas rurales
que produce que se disparen las alertas generando un sentimiento de inseguridad.
La compareciente también señaló que existen ciertos factores de riesgo y vulnerabilidad que deben ser tenidos en cuenta, como la residencia en ámbitos rurales o la presencia de enfermedades físicas o psíquicas, la toxicomanía, la edad
avanzada, o el ser migrantes o
menores. La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de mayo de 2024 pone de relieve la necesidad de un enfoque interseccional que tenga en cuenta estos y otros factores a la hora de identificar y reforzar la protección de los
colectivos más vulnerables.
A continuación, la compareciente se refirió a la violencia sexual. Criticó que actualmente existe un agravio comparativo para las víctimas cuando ésta no se produce en el ámbito de la pareja o la expareja. Ello se debe a que solo cuando la
violencia se ha ejercido en estos ámbitos se lleva a cabo una valoración forense integral por parte de un equipo multidisciplinar. Existen instrumentos legales para evitar esta discriminación y que la valoración forense integral se practique a toda
mujer que haya sido víctima de un episodio de violencia sexual.
Adicionalmente, la Sra. Rojo consideró fundamental garantizar que la recogida de muestras biológicas se realice de inmediato, incluso en los casos en los que aún no se ha formulado denuncia. Además, es esencial que se garantice la cadena
de custodia de las muestras recolectadas.
En relación con la violencia vicaria, la compareciente señaló que es precisa la interconexión entre los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados de familia, sin olvidar los juzgados mixtos en aquellos partidos judiciales donde no
existan estos últimos. Esta interconexión permite a los órganos judiciales contar con información mucho más completa y adoptar resoluciones que protejan debidamente a las víctimas.
La Sra. Rojo también señaló que sería muy positivo que se garantice que siempre que exista un procedimiento de violencia de género se llevara a cabo una anotación en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de
Justicia (SIRAJ). Hasta ahora, solo se produce la anotación desde el momento en el que se ha adoptado alguna medida cautelar, lo que impide que el Juzgado de familia tenga conocimiento de la existencia de un proceso paralelo. En la misma línea, la
compareciente indicó que debería hacerse efectiva la interoperabilidad de las aplicaciones de la Administración de Justicia prevista en el Real Decreto-Ley 6/2023.
En relación con la prevención, la Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia defendió la implantación de una asignatura de tolerancia cero contra la violencia tanto en colegios como en universidades; la unificación del protocolo
policial que se aludió anteriormente; el establecimiento de un protocolo único de detección del riesgo y mejorar los medios de suministro de la información. Apostó por emplear un lenguaje fácil y accesible y emplear canales que sean habituales
entre los colectivos de más riesgo (redes sociales, Netflix, etc.). Por último, subrayó la importancia del personal sanitario como herramienta en la detección precoz de la violencia de género. Sería necesario elaborar un protocolo orientado
especialmente a este personal para articular cómo puede colaborar en la prevención y detección de la violencia.
Sesión de 25 de junio de 2024
1. D.ª Isabel García Salazar. Coordinadora Centro Acogida 3 Comunidad de Madrid (núm. expte. 219/118)
Comenzó su intervención señalando que, como coordinadora del Centro de Acogida número 3 desde 2008, el objeto de su comparecencia consistiría en una breve presentación de la red de recursos residenciales para la protección y la atención de
mujeres y menores víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid.
Como puso de manifiesto, la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 19, recoge el derecho a la atención integral contra la violencia de género y, más en concreto, el derecho a los
servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. Posteriormente, la Ley 5/2005, Integral contra la Violencia de Género, de la Comunidad de Madrid, en su artículo 16, establece el tipo de dispositivos de
acogida temporal. Ambas leyes tienen como objeto actuar contra la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas, aunque no haya habido convivencia.
En el primer nivel de centros de alojamiento protegido, se encuentran los centros de emergencia, que dispensan un alojamiento seguro e inmediato para las mujeres y menores que lo necesiten, así también como su manutención y los gastos
necesarios, no por un tiempo superior a dos meses. La vía de acceso a estos centros de emergencia es a través de servicios de emergencia sociales o de policía que están establecidos.
Los centros de acogida, siendo coordinadora la compareciente de uno, se encuentran en el siguiente nivel, y dispensan alojamiento seguro, como la manutención y otros gastos, por un tiempo que no puede exceder de un año, de los doce meses.
También dispensan un tratamiento integral de recuperación desde distintos ámbitos, psicológico, educativo, sociolaboral, jurídico, buscando la normalización de la vida de la unidad familiar y superar los efectos de la violencia que han vivido. El
acceso a estos centros de acogida es a través de las propuestas que hacen los propios centros de emergencia, en este caso a la Dirección General de Igualdad.
Y un tercer nivel, como destacó, son los pisos tutelados, que también dispensan este alojamiento y un seguimiento psicosocial en el caso de aquellas mujeres que, una vez que han finalizado su estancia en un centro de acogida, aún siguen
precisando un apoyo para conseguir una vida autónoma. La vía de acceso a estos pisos tutelados es a través de la propuesta que hacen los propios centros de acogida a la Dirección General de Igualdad.
No todas las mujeres necesariamente tienen que hacer todo el circuito de pasar por los tres tipos de centro, sino que depende de las características de cada unidad familiar.
A continuación, pasa a detallar los centros existentes en la Comunidad de Madrid: cuatro centros de emergencia, con 65 plazas; cinco centros de acogida, con 118 plazas, siendo uno de ellos para mujeres mayores de 65 años; y seis pisos
tutelados, con 39 plazas, uno de los cuales es para víctimas de violencia de género con discapacidad intelectual.
Posteriormente, describió las características del centro que la compareciente coordinaba, centro de larga estancia que cuenta con una dirección confidencial para la seguridad y protección de las familias que tienen alojadas, cuenta con 25
plazas, distribuidas en cuatro pisos que ocupan dos plantas, formando una unidad integral de convivencia. Para ello, cuenta con un equipo de profesionales con acreditada experiencia en violencia de género, que utiliza una metodología de
intervención interdisciplinar. Dicho centro atiende a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, mayores de edad, con o sin hijos a su cargo, residentes en la Comunidad de Madrid que necesitan protección. Para
ello, no deben tener un consumo activo de sustancias, pues ello impediría la intervención y convivencia, y tienen múltiples nacionalidades, culturas y religiones. El equipo en dicho centro está formado por 14 profesionales: una coordinadora, una
trabajadora social, una psicóloga para las mujeres, una psicóloga infantil, seis educadoras sociales, dos educadores infantiles, una administrativa y una cocinera. Y el centro funciona con un sistema de rotación de turnos para dar cobertura las 24
horas, los 365 días del año.
El centro de acogida organiza las tareas en base a programas y procesos, que procedió a detallar. Así, cuentan con un programa de protección y seguridad, un programa de sustitución del hogar, el programa de asistencia integral a mujeres y
el programa de asistencia integral a menores. A su vez, hay diversos procesos de intervención: de acceso, acogida, evaluación, intervención y de salida.
Dentro del programa de protección y seguridad, señala que debe valorarse el riesgo que tienen las mujeres. Cuando acceden al primer nivel, el centro de emergencia, pueden haber interpuesto o no una denuncia. Si hay denuncia, la policía
realiza una primera valoración del riesgo e incluye los datos en el sistema VioGén, activando un proceso de seguimiento de estas mujeres. A los centros llegan con un riesgo alto o medio. A las mujeres que atienden les cuesta identificarse como
víctimas, porque tienen muy normalizada esta violencia o la correlacionan directamente con agresiones físicas. Hay una normalización, una negación, en ocasiones una minimización y una justificación de la propia violencia vivida, que hace que las
ponga en riesgo, porque no hay una percepción ajustada del propio riesgo que ellas tienen, que justifican la necesidad de los programas
de protección dentro de los centros de emergencia y de acogida. Por lo tanto, se establecen planes de seguridad, que suelen consistir en: no frecuentar zonas de riesgo, cambiar el número de teléfono, no coger o devolver llamadas al
agresor, bloquearle, si es necesario, no desvelar la ubicación y los teléfonos de estos centros, no llevar la geolocalización del móvil encendida, hacer un buen uso de las redes sociales no hacerlo, respetar la confidencialidad del resto de los
residentes y menores que están allí alojados, hacer uso del ATENPRO, del dispositivo. Además, hay un seguimiento y una coordinación con la Policía Nacional y la Policía Municipal en Madrid.
El proceso de evaluación, según explicó, comienza a los 10 días de ingresar en el centro, y consiste en hacer una observación de necesidades detectadas por los propios equipos o manifestadas por las unidades familiares que permita elaborar
un plan de intervención individual (P.I.I.) con la finalidad de mejorar la autonomía personal y la recuperación emocional del daño que han sufrido. Este plan trata de conseguir la recuperación y superación de los efectos de la violencia, detallando
una serie de objetivos en las diferentes áreas de intervención en la mujer y menores: área psicológica, social, educativa y jurídica, precisando a continuación el procedimiento que se sigue para la elaboración del mismo. Su importancia radica en
que se trata del documento de referencia y el eje central de la intervención a llevar a cabo con la usuaria y sus hijos. Una vez aprobado el plan se produce una coordinación permanente entre los profesionales que componen el equipo para proceder a
su seguimiento y, trimestralmente, se revisa el P.I.I, enviándose los Informes de seguimiento a la Dirección General de Igualdad.
En el proceso de intervención, como destacó, se combinan diversas metodologías de trabajo tanto personal de la mujer como grupal dentro del centro o fuera de éste, en función de los objetivos del P.I.I.
Al final de la estancia se produce el proceso de salida, realizándose una reunión con la usuaria, su educadora de referencia y la trabajadora social, valorándose las circunstancias personales que concurren en cada caso, así como el
cumplimiento de objetivos. Se tiene en cuenta el tipo de salida que prefieren las usuarias y se coordina con los servicios sociales de su zona, solicitándose a continuación una ayuda de salida, que trata de favorecer la autonomía de las mujeres
víctimas de violencia de género. Además, se valoran otras derivaciones tras la salida del centro en servicios ambulatorios o de la red de atención a la violencia de género. Se contemplan distintos tipos de salida, con diverso procedimiento cada
una: autónoma, con apoyo familiar, con apoyo de su red social, ingreso en piso tutelado de la Dirección General de Igualdad o ingreso en otros recursos residenciales. También puede producirse una baja voluntaria o un cese de la prestación por
incumplimiento de la normativa.
La Sra. García destacó que, a pesar de la ayuda que reciben, las mujeres que reciben su prestación no dejan de tener un sentimiento de revictimización, ya que son ellas las que abandonan sus domicilios, trabajos, redes familiares y sociales
y tienen que cambiar de centros educativos de sus hijos. Además, tienen que acreditar que son víctimas, ocultarse, no revelar información y ser acogidas en centros con normas, horarios y convivencias multiculturales, en ocasiones problemáticas,
empezando de cero con pocos recursos personales y económicos y con cargas familiares mayormente no compartidas.
Para finalizar, la compareciente compartió los datos de ocupación de la red residencial de la Comunidad de Madrid del año 2024. Por ejemplo, el Centro de Acogida 3, que ella coordina, tiene capacidad para nueve unidades familiares, si bien
en 2023 han dado acogida a 19 unidades familiares, con 24 menores, sin que todas las mujeres puedan pasar a un nivel de piso tutelado, pues hay menos plazas que en acogida. El total de atenciones en centros residenciales asciende a 674, entre
mujeres y mejores, manifestando su optimismo en relación con la posibilidad de que exista una salida a la violencia de género.
2. D.ª Lucía Avilés. Jueza de lo Penal de Mataró (núm. expte. 212/239)
Compareció para realizar una serie de propuestas, muchas de las cuales, como indicó, se encuentran recogidas en el estudio previo de violencia económica elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al ser
precisamente la experta que las propuso.
La violencia económica, a pesar de su importancia, no está contemplada legislativamente, poniendo de relieve la compareciente que a nivel judicial se hizo una primera referencia la Sentencia del Tribunal Supremo 239/21 de 17 de marzo,
teniendo como supuesto de hecho un impago de pensiones. El delito de abandono de familia en su modalidad de incumplimiento de prestaciones económicas está contemplado en el Código Penal, en el artículo 227, en donde se prevé la penalización con
pena de multa de seis a veinticuatro meses o prisión de tres meses a un año al que de manera intencionada dejara de cumplir las prestaciones económicas establecidas en favor de hijos e hijas o en favor del cónyuge, y que se hayan establecido en una
resolución judicial o en un convenio regulador homologado judicialmente en casos de separación, divorcio o nulidad, proceso de filiación o alimentos en favor de los hijos. Se incluyen en esta categoría no solamente las pensiones alimenticias, sino
también las pensiones compensatorias, otro tipo de prestaciones económicas, las actualizaciones por IPC y gastos extraordinarios, es decir, todos aquellos gastos que supongan el sustento del otro progenitor o de los hijos y de las hijas. El
supuesto de hecho es el impago de dos mensualidades consecutivas o cuatro mensualidades no consecutivas.
El principal problema que encuentra la violencia económica, como señaló, es su definición, pues no se cuenta con una definición oficial de dicho concepto. La compareciente destaca su preferencia por el concepto dado por el Informe Mundial
sobre la Violencia y la Salud de la OMS de 2002, que define la violencia como 'uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones'. Partiendo de dicha definición, el concepto de violencia económica de género sería la 'Acción de limitar/suprimir/controlar de manera
injustificada e intencionada el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia o de la pareja, o propios, o reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, y/o para continuar
con sus hábitos anteriores con el objetivo de que dependan económicamente del agresor mermando las posibilidades de escapar de la violencia y causando o con muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones'. Se trata de una violencia que no requiere contacto físico, ni comunicación entre víctima y victimario.
Debe destacarse que la violencia económica es una violencia con entidad propia, sin perjuicio de que pueda tener consecuencias psicológicas. Por otro lado, señaló que también está relacionada con la violencia vicaria, que se produce
fundamentalmente a través de dos vías: el régimen de visitas, contra la que el legislador ha previsto la suspensión inmediata del régimen de visitas en contextos de violencia de género, y el impago de pensiones alimenticias, puesto de manifiesto
tanto por la Fiscalía como por el Parlamento Europeo. En este sentido, se la violencia económica se utiliza en muchas ocasiones como moneda de cambio para el cumplimiento del régimen de visitas o para forzar cualquier otro tipo de acuerdo en los
convenios reguladores, así como el impago de pensiones alimenticias a modo de venganza por los victimarios, utilizando todos los instrumentos legales a tal fin. Por ello, entre sus propuestas, incluye también el atajar esta forma de acoso legal,
por la indebida utilización del sistema en la búsqueda del empobrecimiento de la víctima.
Señala también que el impago de pensiones como delito se encuentra inserto en la discriminación estructural por razón de sexo, pudiéndose hablar de una violencia económica estructural, que se manifiesta en el poder económico de los hombres
sobre las mujeres y en instituciones clave ya asumidas, como la brecha salarial u otras categorías,
que del ámbito público al privado pasan a través de la violencia de género en cualquiera de sus modalidades.
A continuación, la Sra. Avilés hizo alusión a algunas de las cuestiones que observa como fallos del sistema, que son consecuencia de que las víctimas de violencia económica no tengan la consideración de víctimas de violencia de género. En
primer lugar, puso de manifiesto que es necesario el asesoramiento jurídico desde el inicio, de manera que la interposición de denuncias como fuente de la notitia criminis permita una investigación integral del delito y de sus consecuencias en la
unidad familiar.
Además, a su juicio, también debe recogerse la necesidad de que se realicen periciales contables y económicas, para que se pueda valorar económicamente toda la unidad familiar, la necesidad de la madre, de las hijas y de los hijos, la
capacidad económica real, todo el patrimonio real que tienen los victimarios, realizándose una investigación de la posible descapitalización para la frustración del crédito.
A continuación, la compareciente lamentó que no exista una regulación de la violencia económica en nuestro derecho, a pesar de que el marco internacional la contemple, como ocurre con el Convenio de Estambul y de que en la normativa
autonómica se reconozca. No obstante, cuando se trasponga la directiva del Parlamento Europeo a nuestro derecho, se deberá prever su existencia, puesto que la Unión Europea así lo impone. En este sentido, propone actualizar el art. 1.3 de la Ley
Orgánica 1/2004 para la inclusión de la violencia económica como forma de violencia de género, o la modificación del art. 227 del Código Penal, cuyo apartado tercero hace referencia a la reparación del daño procedente del delito, que implica el
pago de las cuantías adeudadas. Sin embargo, en la práctica jurídica solamente se cuantifican las pensiones alimenticias no pagadas. Por ello, también propone la formación de los operadores jurídicos para que se apliquen fórmulas de reparación
integrales que incluyan expresamente el daño social.
A su vez, el art. 227 del Código Penal podría incluir una modalidad agravada en un eventual punto cuarto para la inclusión de las personas contenidas en el artículo 173.2 del Código Penal, así como una modalidad agravada que tenga en cuenta
que el incumplimiento del pago de las prestaciones revista una especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia o cuando suponga la pérdida de la vivienda o limite o impida
el acceso a recursos básicos para la vida. Asimismo, añade un apartado sexto con criterios para la fijación de la cuantía económica del perjuicio causado.
Otra de las carencias que la Sra. Avilés destacó del art. 227 del Código Penal es que, mientras que el matrimonio se puede celebrar ante notario y la separación y el divorcio se pueden acordar por escritura pública notarial, el art. 227
del Código Penal solamente contempla como supuesto de hecho para la determinación del impago de la pensión alimenticia las resoluciones judiciales o convenios reguladores judicialmente aprobados, quedando fuera las escrituras públicas en las que se
pacte la separación o el divorcio, que deberían incluirse en el art. 227 CP.
También destacó que, en muchas ocasiones, no solo el delito de impago de pensiones puede conllevar una situación de violencia económica, sino también otros tipos penales como el delito de alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones
indebidas o administración desleal, cuya redacción debería identificar los supuestos de violencia económica.
A continuación, la compareciente hizo alusión a otras reformas más básicas, pero igualmente necesarias, como el aumento de juzgados especializados en materia de violencia de las mujeres, no solamente de instrucción, sino también penales, así
como el aumento de las unidades de valoración forense integral, que, además de valorar las agresiones físicas, tienen que valorar cualquier signo de violencia de género. Además, deben realizarse concretas modificaciones para la inclusión de la
reparación integral del daño.
La Sra. Avilés hizo también alusión a la necesidad de realizar una serie de modificaciones concretas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recogidas en un documento que remitió a los miembros de la Subcomisión, relativas a la suspensión del
régimen de visitas, la agilización de la tramitación de los señalamientos con la inclusión expresa en el
art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como uno de los delitos de instrucción sencilla, a tramitar como juicio rápido en el juzgado de guardia.
Asimismo, propuso modificar las competencias en favor de los juzgados de violencia sobre la mujer, modificando el art. 87 ter de la LOPJ, el freno al 'acoso legal' por la indebida utilización del sistema en la búsqueda del empobrecimiento
de la víctima y la mejora en los sistemas de valoración del riesgo, que deben tener en cuenta marcadores de dependencia económica.
Añadió la necesidad de realizar una serie de modificaciones en el Derecho de Familia, principalmente la referida ya a en relación con los matrimonios celebrados ante notario. También hizo alusión a la necesidad de establecer medidas
efectivas que aseguren el pago de pensiones alimenticias desde el momento en el que se acuerdan, pues el art. 227 CP solo habla de las previstas por resolución judicial o convenio judicialmente homologado. Por otro lado, deben actualizarse las
pensiones alimenticias, así como las tablas orientadoras elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, que deben actualizarse también.
En cuanto a las modificaciones necesarias en el derecho laboral, se refirió a una de las formas de violencia económica: el sabotaje laboral, no previsto en la normativa laboral. Además, deberían impulsarse sistemas específicos, en su caso
a través de la investigación de Hacienda, aflorando estas situaciones e impulsando la investigación de la economía sumergida.
Por último, se refirió a una serie de propuestas para la mejor práctica profesional jurídica, que pasan por una adecuada formación especializada de todos los operadores jurídicos.
3. D.ª Isabel Giménez. Jueza de Familia, sustituta del Juzgado de Primera Instancia n.º 42 de Barcelona (núm. expte. 212/240)
Tras agradecer la invitación a participar en los trabajos de la Subcomisión, la compareciente destacó que la violencia vicaria es solo una de las muchas violencias que sufren los niños, pidiendo que se sumen las fuerzas para protegerles
frente a todas ellas. Muchas de las agresiones provienen, además, de un progenitor, las personas que les deben proteger, dejando una profunda huella. Por ello, señala que a los niños y niñas hay que creerlos, puesto que, en asuntos de abusos y
malos tratos, no mienten, como señalan psicólogos o psiquiatras infantiles. El problema en este tipo de delitos es que, como pone de manifiesto el Defensor del Pueblo en un estudio sobre violencia en la Iglesia, los abusos sexuales y malos tratos
dentro de las familias se están invisibilizando y únicamente se conocen los que acaban publicándose en prensa.
El siguiente punto que destacó es la necesidad de poner en marcha los Tribunales de infancia contra la violencia, previstos en la LOPIVI. Dicha ley es un instrumento fundamental para la protección de la infancia, pero reviste un carácter
programático, deben aprobarse las herramientas que permitan su aplicación efectiva. Ha transcurrido más de un año del plazo previsto en la disposición final vigésima para la creación de estos juzgados, que también prevé la especialización dentro
del orden jurisdiccional civil en Infancia, Familia y Capacidad. Además de la formación a jueces, también debe formarse a Fiscalía, equipos psicosociales y puntos de encuentro, en los que también hay un grave problema, en la medida en que los
intercambios dan lugar a situaciones de conflicto, pues hay muchas cuestiones que no se están abordando correctamente.
La Sra. Giménez, a continuación, se refirió a la necesidad de tipificar la violencia vicaria en el Código Penal, para que dicha violencia pueda ser castigada y para delimitar las conductas que integran dicho tipo de violencia. Se trata de
un tipo de violencia extrema, en que incluso se mata a niños, y en muchas ocasiones se extingue la responsabilidad penal como consecuencia de que el progenitor, en un último acto de poder, se mata a sí mismo. Sería deseable reconocer la
responsabilidad civil, condenas económicas de que los bienes de la herencia del agresor fueran a favor de las víctimas que han sufrido la violencia vicaria.
En cuanto a los juzgados que deben conocer la violencia vicaria, se debe prever si deben ser los juzgados de violencia de género o los de infancia, pero sin dividir la continencia de la causa. En todo caso, si se optase por los juzgados de
violencia de género, se deben dotar de medios humanos y tecnológicos adecuados para que puedan asumir la nueva competencia.
Con independencia de la opción que se adopte, tipificar la violencia vicaria no es suficiente. En este sentido, la compareciente destacó que, en muchas ocasiones, no se produce una situación de violencia extrema, que también debe ser
protegida. Por lo tanto, es preciso realizar un buen diseño de la forma de proteger, para lo que se requiere, no solo determinar los juzgados y tribunales que sean competentes, sino evitar que se divida la continencia de la causa, que puedan tomar
medidas cautelares en prevención de riesgo de forma transversal y que sea obligatorio tener en cuenta cualquier tipo de antecedentes de violencia en cualquier procedimiento y jurisdicción.
Por otro lado, cuando resuelven los juzgados de violencia de género una cuestión penal, tienen vis atractiva de las acciones civiles. Sin embargo, cuando se recurre en apelación, la parte civil corresponde a las audiencias provinciales de
familia, sin perspectiva de género ni de infancia, ni del tema penal. Por ello, los Tribunales deben tener vis atractiva de ambas jurisdicciones y, además, los juzgados penales deben tener especialistas en violencia de género. También remarcó que
no se han creado todos los juzgados de violencia de género que estaban previstos y que, los existentes, se encuentran colapsados.
En cuanto al síndrome de alienación parental, aunque está previsto en la LOPIVI, debe tipificarse, pues, como señaló, carecemos de instrumentos que permitan sancionar su utilización del falso síndrome, que permite poner en duda las
declaraciones de niños, niñas y adolescentes cuando relatan abusos sexuales o malos tratos que llegan a ser determinantes del cambio de custodia a favor del presunto agresor.
Por otro lado, destacó que se está imponiendo en algunos tribunales la figura del coordinador de parentalidad, que no está regulada salvo en Navarra, y sin que existan sentencias del Tribunal Supremo ni de Tribunales Superiores de Justicia
que avalen la figura, que es ilegal e infringe la protección de datos. Dicha figura se impone desde los juzgados a las partes, que son las que deben abonar sus honorarios, a pesar de la falta de regulación.
El siguiente punto al que hizo alusión la compareciente es el relativo a la justicia restaurativa y a otras formas de resolución de conflictos alternativas en la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Entiende que no se
trata de instrumentos adecuados cuando no hay equilibrio entre las partes, pues hay una revictimización, y nos encontramos ante víctimas vulnerables en las que muchas veces no hay libertad para tomar decisiones.
Asimismo, destacó la falta de medios materiales y personales. En cuanto a medios materiales, es preciso que haya salas de vistas en todos los juzgados que lleven violencia de género o contra la infancia y la adolescencia, debe mejorarse la
protección de datos en los atestados de víctimas y testigos, regular las guardias de los juzgados de violencia de género y de violencia contra la infancia y la adolescencia, pues están permanentemente de guardia. Deben, también, dotarse de medios
personales y resolver la situación de los jueces interinos.
También hizo alusión a la necesidad de prever una formación continua obligatoria especializada: prácticas antes de ejercer en el juzgado de violencia de género o de violencia contra la infancia y la adolescencia, formación de todos los
profesionales (y no únicamente los jueces) en perspectiva de género y de infancia y formación obligatoria en todas las jurisdicciones sobre indicadores de riesgo sobre las violencias.
Otra cuestión que la Sra. Giménez apuntó es la necesidad de revisar la regulación de las resoluciones de las direcciones generales de infancia y adolescencia, resoluciones administrativas que son ejecutivas sin ser revisadas por un juez.
Así, cuando se acuerdan desamparos preventivos, si el juez considera que no se debió adoptar dicha resolución, el niño o niña sigue en el centro. Por ello, lo adecuado sería que las resoluciones administrativas de infancia deberían estar siempre
revisadas por un juez.
En cuanto a la violencia institucional señaló la necesidad de exigir la diligencia debida a todos los poderes públicos, modificándose los cauces para su exigencia para que sean rápidos y efectivos.
Para terminar, recordó que sería deseable que las reformas legislativas apuntadas se incluyesen sin demora en el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en ese momento se encontraba
en tramitación parlamentaria, en fase de ampliación de enmiendas.
Finalizó su intervención leyendo un fragmento de una resolución en la que exponía su decisión a una niña víctima de violencia vicaria.
Sesión de 9 de julio de 2024
1. D.ª Carmen Martínez Perza, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (núm. expte. 212/247)
Comenzó su intervención señalando que España es un referente en materia de lucha contra la violencia machista si bien, por su naturaleza estructural, compleja y dinámica, es preciso reforzar la unidad de acción para que toda la sociedad en
su conjunto propicie el cambio cultural que requiere su erradicación. Asimismo, puso de manifiesto la importancia de la Subcomisión y la necesidad de renovar el Pacto contra la violencia de género. Respecto al Pacto de 2017 señaló que el mismo ha
servido para para financiar recursos y actuaciones de protección, acompañamiento y atención directa a víctimas, y para sensibilizar y educar a la ciudadanía y que ha vertebrado un marco coordinado y sostenible de colaboración entre todas las
Administraciones, instituciones, sociedad civil, como pocas políticas han logrado en este país.
Por otro lado, señaló que la Subcomisión tiene a su disposición al Ministerio de Igualdad y, en concreto, a la Delegación para colaborar en todo lo necesario y que quieren contribuir al proceso de renovación del Pacto de Estado. En este
sentido, contó que desde la Delegación están utilizando diferentes herramientas para obtener un diagnóstico de la situación e hizo referencia a: los datos que se elaboran en la propia Delegación del Gobierno, en las investigaciones que realizan, en
las macroencuestas, boletines estadísticos e información que extraen del trabajo diario, los informes emitidos por GREVIO, los informes de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, el informe
del Tribunal de Cuentas, las recomendaciones del Defensor del Pueblo, los informes de evaluación del Pacto, los informes de evaluación realizados por la propia Delegación del Gobierno y por el Senado y, por último, las conclusiones de otros estudios
recientes y aportaciones de expertas, como los del Observatorio Estatal de Violencia contra las Mujeres, de la sociedad civil e incluso de las propias mujeres supervivientes, víctimas y madres protectoras, a través de reuniones bilaterales, de
encuentros participativos y de consultas directas.
A continuación, hizo un análisis de los datos de los que disponen de los últimos veinte años y del año 2024 y, específicamente, de los datos de VioGén. Hizo énfasis en un dato, el 85,7% de los casos de mujeres asesinadas no había
denunciado, por lo que no se hallaban dentro del sistema de protección. Y concluyó que el sistema protege y la red de recursos que se ha construido entre todas las Administraciones e instituciones protege y salva vidas. Por otro lado, incidió en
que el número de denuncias ha aumentado. Y, finalmente, se refirió a la cifra oculta de delitos de violencia contra las mujeres, que es muy alta, y que es mucho más amplia la cifra oculta en delitos de violencia sexual.
Asimismo, informó de que se está preparando la próxima macroencuesta que comenzará en septiembre.
Posteriormente, pasó a describir las herramientas a las que se había referido anteriormente. En primer lugar, dio lo datos relativos al teléfono 016, Atenpro y dispositivos telemáticos. En segundo lugar, describió la fase final de la
construcción de centros de crisis previstos en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En tercer lugar, se refirió a la financiación del trabajo que se está realizando que, de acuerdo con la compareciente, es un buen reflejo de
las políticas que se realizan. En este sentido, hizo
referencia a los fondos del Pacto de Estado y de otros cuatro fondos que dependen de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, así como a los fondos destinados a las Administraciones locales. Respecto a estos últimos,
informó de que tienen el objetivo en 2024 de crear una oficina para hacer el seguimiento completo del uso de los fondos por parte de los municipios.
A continuación, informó en relación con las reuniones de diferentes organismos. En primer lugar, se refirió al Observatorio de Violencia contra las Mujeres, donde se han puesto en marcha siete grupos de trabajo. En segundo lugar, señaló
que en el Foro Social contra la Trata se han creado dos grupos de trabajo para trabajar, uno en el texto del Anteproyecto de Ley de Trata y otro para trabajar en las acreditaciones de la condición de víctima de trata. En tercer lugar, describió
tres encuentros participativos que han tenido relativos a violencia vicaria, mujeres migrantes y mujeres con discapacidad. Por otro lado, señaló que en el primer semestre se ha celebrado un comité de crisis y que también se celebró en mayo una
reunión que quisieron asemejar a un comité de crisis para analizar los casos de asesinatos de menores de edad. En relación con el Anteproyecto de la Ley de Trata manifestó que se han recibido 56 aportaciones en el trámite de audiencia e información
pública, así como informes de ministerios y comunidades autónomas y que se han pedido informes a expertos.
Siguiendo con la actividad que han llevado a cabo en la Delegación, señaló que tienen dos convocatorias de concurrencia competitiva abiertas para proyectos de atención a víctimas de trata y otra para sensibilización, formación, innovación e
investigación. Por otro lado, en relación con las campañas desarrolladas describió la última campaña titulada '¿Vas hacer algo?' e informó de que en el periodo estival está previsto realizar una campaña dirigida a la violencia sexual y que,
después, continuarían con acciones de sensibilización.
Por otro lado, la compareciente señaló que existen dos informes de GREVIO, uno en 2019 y otro en febrero de este año. De acuerdo con ella, GREVIO ha reconocido las iniciativas y prácticas innovadoras que se han llevado a cabo en España y
realiza recomendaciones como el impulso del Pacto de Estado, aumentar el nivel de apoyo y protección de las mujeres víctimas, la mejora de la evaluación de las medidas y la mejora de la cohesión legislativa y de recursos. Asimismo, hizo referencia
a cuestiones íntimamente ligadas con la violencia vicaria. En relación con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas hizo referencia al Informe Custodia, violencia contra mujeres y violencia
contra los niños que señala que el falso síndrome de alienación parental es utilizado en los litigios de derecho de familia por maltratadores como herramienta para continuar con sus abusos y coacciones y para socavar y desacreditar las denuncias de
violencia presentadas por las madres que intentan mantener a salvo a sus hijos y a sus hijas.
Respecto a las evaluaciones del Pacto de Estado, la compareciente se refirió a la elaborada por la Delegación del Gobierno y al realizado por el Senado. Respecto a este último señaló que consideraba imprescindible contar con financiación
estable y consolidar el sistema de cogobernanza. Por otro lado, en relación con el Informe del Tribunal de Cuentas dijo que el mismo contiene una serie de recomendaciones como reforzar a la Delegación del Gobierno, potenciar la eficiencia en la
toma de decisiones de financiación, incidir en los instrumentos de participación pública, reforzar el modelo de colaboración entre Administraciones públicas, etc.
Finalmente, se refirió a varios estudios de manera específica: 'OnlyFans, un espacio blanqueado del negocio del sexo', 'La reproducción de la violencia sexual en las sociedades formalmente igualitarias', 'Violencia institucional contra las
madres y la infancia, aplicación del falso síndrome de alienación parental en España', 'Violencia vicaria y violencia de género institucional: un laberinto perverso contra las madres protectoras' y 'Aproximación a la monomarentalidad derivada de la
violencia de género'. Por último, señala que desde la Delegación se va a publicar un estudio denominado 'Estimación del número de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y en situación de prostitución en España'.
Acto seguido, la compareciente pasó al último apartado de su intervención, referido a las prioridades y retos que cree deben ser incluidas en el Pacto de Estado. En primer lugar, señala que la violencia vicaria debe ser un eje específico
del Pacto con medidas concretas. Asimismo, señala que se debe dedicar especial atención a la violencia económica, a la violencia digital y a los efectos de la pornografía en menores de edad, así como a la necesidad de educación afectivosexual, a la
sensibilización y al enfoque interseccional.
Por otro lado, señala como reto específico de la Delegación del Gobierno construir un texto de Anteproyecto de Ley de Trata con un enfoque victimocéntrico y el desarrollo de las medidas previstas en la LOGILS.
La compareciente comenzó, a continuación, con las propuestas en materia de violencia vicaria. En este sentido, señaló que es urgente abordar esta vertiente de la violencia de género que impacta gravemente en las mujeres y en sus hijos e
hijas, y que, además, sus consecuencias son muy difíciles de revertir.
Comenzó las propuestas en esta materia señalando que la LOPIVI estableció como regla general que debe procederse a la suspensión o al no establecimiento de la guardia y custodia y del régimen de visitas para el progenitor violento y que
dicho mandato -señaló que de acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género y Doméstica del CGPJ durante el primer trimestre de 2024 en el 14% de los casos de violencia de género de acordó suspender el régimen de visitas respecto de los padres-
se está aplicando de manera un tanto tímida.
En segundo lugar, señaló que es clave garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos siempre por los órganos judiciales cuando se trate de procedimientos penales o de familia que les afecten, de acuerdo con la
recomendación general número 12 de la Convención de Derechos del Niño.
En tercer lugar, trasladó que se tiene que revisar el significado real y profundo del concepto del interés superior del menor de acuerdo con la recomendación número 14 de la Convención de Derechos del Niño. Señaló que en ocasiones se está
confundiendo con el interés del mantenimiento del vínculo con el progenitor, incluso con el progenitor violento. E incidió en que se refiere a los progenitores violentos.
En cuarto lugar, puso de manifiesto que en los supuestos de violencia de género en los que haya menores de edad, se ha de garantizar siempre que tengan la consideración de víctima de violencia de género.
En quinto, lugar propuso que se tipifique expresamente la violencia vicaria en el ordenamiento jurídico. De acuerdo con la compareciente, actualmente, la violencia vicaria está reconocida, pero se muestra insuficiente en la persecución y en
la concreción de las conductas punibles.
En sexto lugar, expresó que se han de extremar las precauciones para evitar que se siga aplicando el falso síndrome de alienación parental con sus diversas denominaciones. Incidió en que a pesar de la expresa prohibición en la Ley y en el
Convenio de Estambul ha comprobado que todavía se sigue recogiendo y utilizando y que llegan a obstaculizar e impedir el contacto de las madres con sus hijos.
En séptimo lugar, señaló como fundamental que los juzgados de familia consulten e incorporen a los procedimientos de familia el historial, la situación penal de los progenitores y las resoluciones penales, aunque sean de archivo provisional,
para que el juez o jueza de familia tenga toda esa información para valorar y para decidir.
Como octava propuesta señaló que se debe revisar si es contrario al Convenio de Estambul y a la LOPIVI la práctica de acordar custodias compartidas de manera generalizada. Señaló que a pesar de que el artículo 92.5 del Código Civil prevé
las custodias compartidas en principio para cuando se solicita por parte de ambos progenitores, se está utilizando como norma general.
En relación con lo anterior, puso de relieve que hay que revisar si es conveniente mantener las diligencias urgentes del juicio rápido desde el punto de vista del interés superior del menor. Dentro del mismo ámbito, señaló que es
contradictorio que en casos de condena por violencia de género se puedan cerrar divorcios de mutuo acuerdo incluso
recogiendo medidas que afecten a menores de edad. De acuerdo con la compareciente, siguiendo los informes de GREVIO es necesario abordar la figura del coordinador parental y sus posibles vinculaciones con el SAP, así como con la mediación.
Como propuesta número doce consideró oportuno seguir avanzando en la implantación y dotación suficiente de las unidades de valoración forense integral. A continuación, y como propuesta número trece puso de manifiesto la necesidad de
implementar y mejorar protocolos sanitarios pensados para detectar, en este caso específicamente violencia vicaria. Además, añade hay que trabajar en los protocolos en el ámbito educativo que es el mejor espacio para la detección cuando se refiere
a niños y niñas.
Como propuesta número catorce puso de relieve la necesidad de elaborar y actualizar un conjunto de indicadores, en concreto indicadores de violencia vicaria, que ayude a los distintos sectores profesionales a detectar casos y a valorar los
riesgos que puede haber en cada caso. En el mismo sentido, señaló que es importante fomentar las investigaciones académicas dentro de este ámbito.
Finalmente, en relación con la violencia vicaria señala que es necesaria la formación obligatoria y periódica en perspectiva de género y de infancia a todos los agentes que participan en procedimientos judiciales donde haya menores de edad
y, por último, las acciones de sensibilización en esta materia.
En relación con otras materias, señaló que cree necesario abordar la violencia económica que es una forma oculta de violencia de género porque busca controlar y someter a la víctima, seguir dañándola, perpetuar la situación de violencia que
se ha ejercido, y dificultar que la misma pueda salir de la situación de violencia. Por ello, puso de manifiesto que hay que abordar la violencia económica con previsiones puntuales en el Código Penal, y también regular más claramente qué conductas
suponen esta violencia económica y, prever la reparación integral del daño a la víctima.
Por otro lado, incidió en que el Pacto de Estado debe recoger la violencia digital, que está afectando especialmente a colectivos vulnerables, como el de la adolescencia y señaló que son fundamentales las campañas de publicidad institucional
dirigidas específicamente a este público joven y adolescente. En este sentido, puso de relieve que se podría ser beneficioso colaborar con entidades, con empresas clave del mundo digital y con asociaciones para diseñar y elaborar protocolos de
actuación en el ámbito digital.
Y, por último, en relación con pornografía y menores remarcó que de acuerdo con sus datos, siete de cada diez adolescentes están consumiendo pornografía de forma regular, y que este consumo impacta negativamente en el desarrollo sexoafectivo
de las y los menores. Y por ello resalta que es importante el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de las personas menores de edad en los entornos digitales y cree que es un tema que debería recogerse en el nuevo Pacto.
Terminó su intervención incidiendo en que su objetivo de legislatura es erradicar la violencia contra las mujeres y recordando la necesidad de alcanzar el máximo consenso en el Pacto de Estado y compartió con la Subcomisión el coste que
provoca la propia violencia, que remarcó, de acuerdo con el estudio 'Impacto de la violencia de género y la violencia sexual contra mujeres en España, una valoración de sus costes', es superior a todas las inversiones que podamos hacer desde todas
nuestras Administraciones. Finalmente, señaló que es necesario que todos los grupos parlamentarios trabajen juntos por una sociedad libre de violencias machistas.
2. D.ª Lucía Losoviz Adani, Directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (núm. expte. 212/248)
Tras condenar los siete asesinatos de violencia realizados durante el año a niños por sus padres, así como los catorce niños que, durante el año, han quedado huérfanos por violencia de género y los 447 producidos desde 2013, señaló la
necesidad de ser contundente con la violencia machista, afirmando que un maltratador no puede ser buen padre. En este sentido, indicó que es preciso reconocer que los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género son víctimas directas de la
violencia que sus padres ejercen contra sus madres, y no testigos. Destacó que, en violencia machista contra la
infancia se utilizan eufemismos que anulan la realidad, como la aplicación del síndrome de alienación parental.
La compareciente quiso aprovechar también la comparecencia para trasladar el compromiso del Ministerio de Juventud e Infancia para avanzar y poner todos los medios jurídicos, humanos e institucionales para proteger y garantizar sin
dilaciones los derechos humanos de la infancia y de la adolescencia víctima de la violencia machista.
A continuación, señaló que la serie histórica de datos oficiales sobre la violencia machista que los padres ejercen contra sus hijos deben llevar a una reflexión colectiva que permita, por un lado, fortalecer e implementar todas las medidas
de protección a la infancia víctimas de esta violencia que, se materializan en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como son la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, o la
Ley Orgánica 10/2022, del 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, pero también otras políticas públicas en las cuales están trabajando, como la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia o la
Estrategia estatal para combatir las violencias machistas.
Pero, por otro lado, indicó que era el momento para articular nuevas medidas que permitan mejorar la prevención, la detección, la protección y reparación de las víctimas y supervivientes y destacó que en ese sentido se han ido impulsando
diversas medidas desde su ministerio desde noviembre de 2023, momento en que se creó. A tal efecto, se trabaja coordinadamente con otras instituciones, particularmente con el Ministerio de Igualdad y con las víctimas y supervivientes para erradicar
esta vulneración de derechos humanos, con la finalidad de transversalizar las políticas de infancia y adolescencia en el marco de las violencias machistas. Manifestó el deber del ministerio de cumplir con los tratados internacionales de derechos
humanos y con la amplia legislación desarrollada en los últimos años. También señaló que se han mantenido reuniones con mujeres víctimas y con asociaciones especializadas, así como con otras entidades, además de participar en comités de crisis
convocados por el Ministerio de Igualdad. Junto a otros ministerios, se ha creado un grupo de expertos para avanzar en la consolidación de entornos digitales seguros para la infancia y la adolescencia, además de trabajar también en la erradicación
de la violencia contra las mujeres.
A continuación, se refirió a las principales líneas de balance que desde el Ministerio de Juventud e Infancia se hacen sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Precisamente, el eje 4 de ese pacto contienen 21 medidas para
intensificar la protección de los menores de edad víctimas de este tipo de violencia, de las cuales, según el informe de evaluación de 2023, 17 se han cumplido durante los primeros cinco años de vigencia del pacto por la Administración General del
Estado, tres se encuentran en proceso de cumplimiento y una queda pendiente de desarrollo.
En líneas generales, consideró que en los últimos años se han producido importantes avances para proteger a los menores de edad frente a la violencia machista, como a través de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la
Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, LOPIVI, por cuyo impulso y desarrollo velan desde su dirección. Las actuaciones de las Administraciones públicas deben producirse de forma integral, como indicó, contemplando conjuntamente la
recuperación de la persona menor de edad y de la madre y, al ser ambas víctimas de la violencia de género, se debe garantizar el apoyo necesario para que los menores permanezcan con la madre, salvo si es contrario a su interés superior. También
señaló que se han dado los primeros pasos para considerar en España el modelo de atención Barnahus, que es un modelo islandés por cuya implantación están trabajando con otros ministerios y comunidades autónomas.
Aludió entonces al marco normativo aprobado en los últimos años para avanzar en la erradicación de la violencia que sufren los hijos de mujeres víctimas, así como en las violencias sexuales que sufre la infancia y la adolescencia, y el
avance en la prevención y detección desde el ámbito educativo o sanitario, integrado por el Real Decreto Ley 9/2018, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 3/2020, por la que se
modifica la Ley Orgánica del 2006, del 3 de mayo, de Educación, la Ley del 2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil
procesal por el apoyo de personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la Ley Orgánica del 2022, que mejora la protección de las personas huérfanas de víctimas de violencia de género, o la Ley Orgánica 1/2023, por la
que se modifica la Ley Orgánica del 2010, de salud sexual reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Desde este marco normativo, se reconoce la violencia vicaria, se suspende el régimen de visitas de los casos de que las personas
menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia, se establece que los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos como el falso SAP puedan ser tomados en consideración,
se prohíben las visitas de los menores de edad al padre en prisión condenado por violencia de género, se da una nueva redacción al artículo 156 del Código Civil para permitir que la acreditación de las víctimas de violencia de género también permita
eximir del consentimiento del progenitor maltratador para la atención psicológica de sus hijos menores de edad y se avanza en la obligatoriedad de consolidar un sistema educativo que prevenga la violencia en la pareja y la violencia sexual.
A pesar del balance positivo sobre los avances normativos de los últimos años, advirtió que consideraba imprescindible que se apliquen de manera efectiva en la práctica. Por ello, señaló, en primer lugar, que se está produciendo una mejora
en el conocimiento sobre la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, entendiendo como esencial la necesidad de seguir impulsando medidas que permitan obtener datos objetivos. A tal efecto, desde el Ministerio están trabajando en generar
registros de violencia, como el RUSSVI, el Registro Central de Violencia contra la Infancia y anunció que en 2025 van a presentar los resultados de un estudio de prevalencia en materia de violencia contra la infancia y adolescencia.
En segundo lugar, hizo referencia a la prevención y detección de la violencia, en el ámbito educativo y sanitario, que consideró esencial. Mostró su preocupación por los discursos que desde personas menores de edad se puedan estar lanzando
para legitimar la violencia contra las mujeres, reflejo de lo que escuchan muchas veces en sus entornos más cercanos. En consecuencia, destacó la importancia de adoptar en medidas de sensibilización, así como en el ámbito de prevención y detección,
tanto en el ámbito educativo como sanitario. En el ámbito sanitario, aludió a la creación de la Comisión frente a la Violencia en los Niños, Niñas y Adolescentes, COVINNA, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que
recientemente ha aprobado el Protocolo Común de Actuación Sanitaria frente a la Violencia en la Infancia y la Adolescencia, en el que también su Dirección General de la Infancia y la Adolescencia ha trabajado con el Ministerio de Sanidad.
En tercer lugar, se refirió a la violencia vicaria y mostró su preocupación por la posible falta de recursos especializados con enfoque de género, de derechos humanos y de infancia para quienes se enfrentan a esta violencia, puesto que la
Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU ha advertido a España en varias ocasiones sobre la necesidad de aplicar los estándares y normas internacionales que protegen los derechos que se les están vulnerando a las víctimas,
tales como el derecho fundamental a la integridad física y psicológica, el interés superior de la niña o el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. Los niños deben ser escuchados y acompañados desde todas las instituciones, para lo que
se deben impulsar formaciones especializadas en perspectiva de género y de infancia para que los profesionales que trabajan en el ámbito conozcan las características de la violencia de género y no se utilicen posibles sesgos, lo que permitirá que
todos los profesionales actúen conforme al principio de diligencia debida.
La compareciente compartió una serie de datos con el ánimo de reflexionar al respecto. Según el último informe sobre violencia de género que elabora el Consejo General del Poder Judicial, de 2023, se interpusieron 64 940 medidas judiciales
de protección penales, derivadas de la orden de protección u otras medidas cautelares, adoptadas en los casos de mayor gravedad o peligrosidad de las casi 200.000 denuncias presentadas. Solo el 12,75 % medidas judiciales mencionadas se adoptó a la
vez la medida civil de suspensión del régimen de visita del padre maltratador, y solo el 0,59 % se adoptaron
medidas de protección a personas menores de edad para evitar peligro o perjuicio. Datos que consideró sorprendentes, lamentando que el artículo 94 del Código Civil no se esté aplicando de manera efectiva en la práctica, sino que se aplica
la excepción. Por ello, señaló que tan importante es la existencia de una ley como su aplicación práctica.
En cuarto lugar, mostró su preocupación por la posible aplicación de los falsos SAP, el síndrome de alienación parental, así como de los estereotipos y prejuicios de género que se siguen aplicando en niñas y niños víctimas de violencia de
género por parte de su padre, lo que se trata de evitar con la LOPIVI. Consideró que es importante llegar a un acuerdo entre todas las instituciones competentes para incluir este asunto como un punto prioritario en el futuro pacto de Estado.
En quinto lugar, hizo alusión a otra cuestión que preocupa especialmente en el Ministerio: la situación de las madres protectoras y de los niños que están obligados a vivir con sus padres maltratadores, también advertido a España desde el
ámbito internacional, incluyendo también la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer. Creemos que es esencial que la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género tenga también en cuenta estas situaciones de arrancamiento de
grave vulneración de derechos humanos.
En sexto lugar, aludió a la violencia sexual que se ejerce contra los niños y niñas y jóvenes, que aún sigue invisibilizada en muchas ocasiones y que es otra de las prioridades sobre las que estamos trabajando. La violencia sexual tiene que
convertirse en un tema social, debemos señalarla a quienes la ejercen para proteger a la infancia y a la adolescencia, y sobre todo para erradicarla. Es fundamental que todas las medidas desarrolladas en la LOPIVI, así como la Ley Orgánica 10/2022
sean implementadas de manera eficaz, por ejemplo, consideró prioritario la educación sexual a nuestra infancia, porque previene la violencia sexual. Tal y como se está realizando desde Igualdad con los centros de crisis, las comunidades autónomas
deben implementar también estos modelos de Barnahus señalados anteriormente, aplicando un enfoque de derechos humanos, un enfoque de infancia y un enfoque de género, proyecto que se está desarrollando también con la colaboración de la Unión Europea
y del Consejo de Europa.
En séptimo lugar, hizo referencia a la violencia digital y la generación de entornos seguros, cuestión con la que están trabajando junto a otros ministerios, puesto que es fundamental la generación de entornos digitales seguros. El
Ministerio de Juventud e Infancia ha creado un grupo de trabajo de expertos para regular la materia. En el mismo sentido, consideró que la violencia digital y la prevención del consumo de pornografía deben ser otras cuestiones a tener en cuenta en
la renovación del pacto de Estado. También destacó la existencia de nuevas plataformas digitales de contactos, en las que muchas chicas y adolescentes están siendo víctimas de violencia sexual. Violencia digital, consumo de pornografía y violencia
y explotación sexual a través de los medios digitales son, por lo tanto, otras de las preocupaciones de su dirección.
En octavo lugar, habló de los mecanismos seguros de denuncia, destacando la necesidad de seguir trabajando para que los niños, las niñas y los adolescentes tengan mecanismos seguros para que puedan denunciar situaciones de violencia o
simplemente contar lo que les está sucediendo para detectar cualquier vulneración de sus derechos.
Para finalizar, reflexionó sobre la necesidad de ampliar a todas las violencias machistas la renovación del pacto de Estado, y no centrarse casi en exclusiva en la violencia en la pareja o expareja.
3. D.ª Belén Crego Sánchez. Comisaria responsable del área de Violencia de Género, Estudios y Formación, del Ministerio del Interior (núm. expte. 212/249)
La compareciente agradeció a la Subcomisión por la oportunidad de participar en su trabajo, exponiendo las principales acciones realizadas desde el área de Violencia de Género, Estudios y Formación del Ministerio del Interior, relacionadas
con medidas recogidas en el pacto de Estado, previendo que las medidas vinculadas al Ministerio del Interior del pacto tengan continuidad por su importancia, a pesar de que muchas de ellas se consideren cumplidas.
El área de su responsabilidad, como señaló, forma parte del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Igualdad, del grupo de trabajo del pacto de Estado y Estrategia estatal para combatir las violencias machistas,
cuya finalidad es colaborar en la renovación e impulso de un nuevo pacto de Estado.
A continuación, aludió a las principales acciones llevadas a cabo en el área, en línea con las medidas del pacto, comenzando por la actividad normativa. En este sentido, destacó la necesidad de hacer frente a las nuevas realidades que
surgen en la prevención de violencia de género, especialmente en relación con los mecanismos de detección y prevención temprana de homicidios de violencia de género, intervención con agresores especialmente peligrosos o persistentes, y la atención
de mujeres de alto riesgo de revictimización y muy vulnerables. Al respecto, aludió al desarrollo de Planes de Seguridad Personalizados y las actividades de prevención de la violencia contra los menores a cargo de las víctimas de violencia de
género ya incorporadas o en fase de actualización y mejora, que mejoran el protocolo de valoración policial del riesgo en el que se sustenta el sistema VioGén.
Así, en primer lugar, se refirió al protocolo para valoración policial del nivel del riesgo de violencia de género, que trata de predecir no solo la reincidencia, sino también la gravedad de esta reincidencia del riesgo de homicidio.
Además, señaló que se han recogido las agresiones graves contra los menores y se actualizó el Plan de Seguridad Personalizado, junto con el resto de las medidas de protección policial.
En segundo lugar, aludió al protocolo del primer contacto policial con víctimas de violencia de género, Protocolo Cero, orientado a minimizar el riesgo de las víctimas en situación de posible desprotección y que manifiestan su deseo de no
denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de un delito en el marco de la violencia de género.
En tercer lugar, habló de los casos de especial complejidad por tratarse de agresores persistentes o plurivictimizadores, recogidos en el sistema VioGén con más de una víctima, que constituyen alrededor del 10% de los casos recogidos.
Algunas de las medidas para prevenir posteriores agresiones en estos casos que han sido incorporadas son las siguientes: indicación en la ficha dosier, ficha sumario imprimible, que se trata de un caso persistente, inclusión en el atestado, un
nuevo informe automatizado de diligencia adicional de caso con agresor persistente, con independencia del nivel de riesgo, que va dirigido a la autoridad judicial o autoridad fiscal, comunicación de tal circunstancia de riesgo especial para la
víctima.
Otra parte de normativa en la que destacó la compareciente que se está trabajando también es la modificación de criterios sobre inactivación de casos. Los casos en VioGén pueden estar en situación de activo o de inactivo y desde marzo del
2024 se ha incorporado una nueva situación, que es la inactivación supervisada, lo que permite prolongar la protección que reciben las víctimas de violencia de género y evitar una indefensión prematura.
Por último, en cuanto a la parte de normativa, dijo que están trabajando en una nueva instrucción, que, pretende compilar todas las instrucciones referentes al sistema VioGén en un solo documento, de fácil manejo para las personas usuarias.
También incorporará actualizaciones en los protocolos de actuación policial y un plan de protección personalizado revisado y ampliado que reforzará algunos aspectos, como la protección de los menores y los casos de especial relevancia.
Por otro lado, indicó que otra de las acciones que están llevando a cabo es la creación de un nuevo sistema, el sistema VioGén II, que sustituirá al sistema actual con mejoras significativas, especialmente la interconexión de bases de datos,
lo que supondrá una mayor coordinación interinstitucional, que es esencial para poder actuar frente a la violencia de género con mayor efectividad y eficacia. Esta interconexión permitirá interoperabilidad con otros sistemas, gracias a las nuevas
tecnologías, que abrirán nuevas posibilidades de integración y cooperación. La previsión es que la migración se produzca en el mes de octubre, contando con varias plantillas piloto de Policía Nacional y Guardia Civil haciendo pruebas. Además,
están trabajando en la elaboración de un curso en formato Moodle para que los usuarios puedan conocer sus nuevas funcionalidades.
Por otro lado, señaló que se han incorporado los cuerpos de policía local al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género. Una de las medidas del pacto de Estado ha sido el impulso de los convenios entre la Secretaría
de Estado de Seguridad y los ayuntamientos, habiéndose suscrito hasta la fecha 751 convenios con distintos municipios, lo que implica que sus policías locales están adheridos al sistema, colaborando en la protección policial de víctimas de violencia
de género en base a lo recogido en los respectivos protocolos de actuación.
A continuación, se refirió a las mesas de evaluación de casos de homicidios como otra de las acciones de su área. Estas mesas se realizan desde enero de 2023 periódicamente, con asistencia de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado y policías autonómicas y desde diciembre de 2023 se ha incorporado el Ministerio de Igualdad. En estas reuniones se revisan todas las variables posibles que hayan intervenido en cada caso y, en caso de existir denuncia previa, se verifican
todos los protocolos de actuación seguidos, lo que está arrojando mejoras de coordinación interinstitucional. Por otro lado, se trata de sacar conclusiones de lo ocurrido para así poder mejorar en la precisión de las medidas.
Otra acción que subrayó es la relativa a dispositivos telemáticos de control, conocidos como dispositivos Cometa. Se trata de uno de los sistemas de protección más eficaces, no existiendo un caso de víctima letal que portara dispositivo,
herramienta gestionada por el Ministerio de Igualdad. El sistema VioGén emite una diligencia automatizada, instando a la autoridad judicial y fiscal la instalación de este tipo de dispositivos en caso de resultado de riesgo medio, alto y extremo,
correspondiendo la decisión al juez. A solicitud del Ministerio de Igualdad, el Área de Violencia de Género Estudios y Formación ha participado en los últimos meses en la coordinación de los cuerpos policiales que han colaborado en la sustitución
de los dispositivos debido al cambio de empresa. Está prevista la interconexión también en tiempo real entre la sala que gestiona los dispositivos, que depende del Ministerio de Igualdad, con el sistema VioGén II, para lo que se producen reuniones
periódicas entre ambos ministerios.
Otra de las medidas del pacto de Estado que aludió es el aumento de efectivos, de unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la atención, protección e investigación de delitos de violencia de género. En
ámbito de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en mayo de 2024, los efectivos ascendían a 2891, habiéndose aumentado los recursos un 53 % en los últimos cinco años. En este sentido, manifestó el compromiso de seguir incrementando esta cifra,
así como incrementar su formación y actualización, tanto agentes especializados como agentes que prestan servicio en labores de seguridad ciudadana.
En cuanto a formación de unidades especializadas, señaló que desde el área se realizan formaciones en cascada dirigidas a los distintos perfiles de usuarios de VioGén, entre ellos a fuerzas y cuerpos de seguridad, pero también a Justicia,
Unidades de Coordinación y Violencia del Ministerio de Igualdad, oficinas de asistencia a las víctimas, servicios sociales adscritos a comunidades autónomas. En Policía Nacional y Guardia Civil esta formación es de carácter obligatorio y se
encuentra incardinada en sus planes de formación para acceder a todas las escalas y empleos a través de sus propios planes, y también cuentan con una formación especializada en las unidades referentes.
En cuanto a la colaboración institucional, además de colaboraciones formativas, señaló que también se han producido numerosas asesorías internacionales sobre el sistema VioGén. Por otro lado, el área de Violencia de Género, Estudios y
Formación forma parte de varios grupos de trabajo interinstitucionales, como el observatorio sobre la renovación del pacto de Estado, o grupos de trabajo sobre violencias digitales y violencia sexual, proyecto Círculos de Apoyo y Responsabilidad,
para prevención de violencia sexual, de Instituciones Penitenciarias, Comisión de Seguimiento de la LOPIVI, Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, etcétera.
La compareciente también aludió a los estudios e investigaciones que realiza su área, que apuesta por la innovación y por la mejora continua. Así, la actividad desarrollada por la administración central de VioGén es transversal e integral e
incorpora análisis y los
estudios científicos desarrollados a la práctica operativa, obtenida del contacto y cooperación constante con las fuerzas y cuerpos de seguridad, transformándolo en instrucciones que a su vez se ponen en marcha a nivel operativo a través de
VioGén como plataforma integral donde se incorpora toda la gestión de protección y prevención a las víctimas que se encuentran en el sistema. Es bastante numeroso el número de estudios que se están llevando a cabo desde el área, destacando, por
ejemplo, el estudio y evaluación de impacto; el primer estudio nacional sobre violencia sexual ejercida en grupo, o un estudio que se está realizando sobre víctimas de alto riesgo de revictimización en el contexto rural.
En cuanto a violencia sexual, destacó que, en línea con los planteamientos del pacto de Estado, en el Área de Violencia de Género, Estudios y Formación, presentó el 4 de julio la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (Onvios).
Esta oficina se constituye a raíz del primer Plan Estratégico de prevención de las violencias sexuales, que abarca desde el 2023 al 2027, y será la responsable de ejecutar las hasta 59 medidas que incluye el plan y que se divide en seis ejes
estratégicos relacionados con la cooperación institucional, formación y concienciación, estudios e investigaciones, mitigación del daño a las víctimas, etcétera. Onvios se convierte en un punto de contacto con autoridades nacionales e
internacionales y con instituciones públicas y privadas en este ámbito, y coordina la prevención y reacción contra delitos de violencia sexual, así como la atención y protección de las víctimas. Además, actúa como observatorio, recopilando y
analizando datos sobre violencias sexuales que puedan mostrar de forma fidedigna la incidencia de las violencias sexuales y el impacto de las políticas públicas que se implementen para la prevención de estas violencias. Entre otras acciones, indicó
que están trabajando en el diseño de un sistema de registro, prevención y seguimiento de delitos sexuales, que se llamará Sistema Onvios, y que será una herramienta informática destinada a mejorar la prevención y el análisis de la violencia sexual,
porque la pretensión es que integren los datos y cree motores de búsqueda para identificar patrones delictivos. Además, pretenden que se interconexione con VioGén, ya que la violencia sexual también forma parte de la violencia de género, aunque
VioGén está enfocado a la víctima y a la protección y a la prevención y Onvios estará más enfocado al agresor o a los autores de violencia sexual. Está previsto que Sistema Onvios también pueda vincularse con la aplicación AlerCops para potenciar
el intercambio de información y mejorar la eficacia en la prevención y seguimiento de delitos sexuales.
También presentó el grupo de trabajo sobre menores, dados los casos que han surgido en el año 2024 sobre homicidios y asesinatos a menores por parte del progenitor. Dicho grupo está compuesto por distintos expertos, para que desde su
disciplina académico-profesional realicen aportaciones con el objetivo de mejorar en lo posible los complejos mecanismos de valoración y gestión policial del riesgo de violencia de género incluidos en VioGén, todo ello desde un marco
multidisciplinar y con el propósito de prevenir la reincidencia en sus distintas facetas.
Para finalizar, destacó que la administración central del sistema VioGén está en continua evolución y evaluación y, por lo que una renovación del pacto de Estado redundará en mejoras para la prevención de la violencia de género, mediante
estrategias de gestión del riesgo que atiendan a naturaleza y magnitud de la violencia.
Sesión de 10 de julio de 2024
1. D. José Manuel Bar Cendón. Secretario de Estado de Educación (núm. expte. 212/250)
Comenzó indicando que el objeto de su comparecencia es informar sobre diversas medidas que en el Ministerio de Educación y Formación Profesional se desarrollan para cumplir el pacto de Estado contra Violencia de Género.
Tras recordar las 21 víctimas del año, recuerda la necesidad de reforzar al máximo todas las actuaciones que como responsables políticos deban adoptar, con decisión y el máximo consenso. Consideró una obligación del Gobierno rendir cuenta
de las medidas
aceptadas, pero manifestó su intención de escuchar las propuestas de los miembros de la Subcomisión a los efectos de mejorar las políticas adoptadas.
Desde la responsabilidad correspondiente a su departamento, aludió al foco principal de los centros educativos, que juegan un papel crucial, pues acuden las generaciones llamadas a cambiar la sociedad, siendo espacios en los que se produce
la primera socialización y los primeros aprendizajes para la convivencia. En la escuela se construyen los principios y valores democráticos de justicia, de igualdad y de solidaridad, principios que deben cimentar la sociedad. Por ello, señaló que
el Ministerio de Educación se centra principalmente en poner en práctica las iniciativas acordadas para erradicar toda violencia, pero especialmente la ejercida contra la mujer.
Tras recordar la legislación española, referencia internacional en la lucha contra la violencia machista, así, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y el Pato de Estado contra la Violencia de Género, hizo alusión a que se consolida así un hito en nuestra historia, una declaración rotunda contra la violencia de género en
cualquiera de sus formas y un compromiso con su erradicación, que se plasma en las medidas recogidas por el Pacto, cuya existencia puso en valor.
Indicó que el pacto de Estado contiene 10 ejes, 292 medidas que obligan a las instituciones del Estado a implementar leyes, protocolos, reglamentos y acciones para hacer cumplir el texto aprobado. A tal efecto, el Ministerio de Educación,
Formación Profesional y Deportes ha ido introduciendo los compromisos acordados desde los cimientos normativos. Así, la Ley Orgánica 3/2020, de Educación, sirve como referencia para las administraciones educativas de las comunidades autónomas y
orienta sus acciones. A ella se sumó posteriormente, la Ley 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, la LOPIVI, que recoge en su exposición de motivos su pretensión de dar cumplimiento a lo establecido en el pacto de Estado.
Dichas medidas se han traducido en que se ha situado el foco de atención en los centros educativos, por su importancia esencial en la coeducación, desde un enfoque transversal y sistémico, en la igualdad efectiva, la prevención de la
violencia de género, el respeto a la diversidad afectivo-sexual, que no sólo se plasma en todas las áreas y materias de enseñanza, sino también en las relaciones diarias de organización de los centros y sus normas de convivencia. En todos los
proyectos educativos, tanto el proyecto del centro como los proyectos de dirección, deben incluir obligatoriamente señas de identidad, objetivos y contenidos de igualdad, de no discriminación y prevención contra la violencia de género. Por ello,
señaló que se regulan entre otras cosas las funciones del coordinador o coordinadora de bienestar, uno de los agentes claves para la prevención de la violencia de género. Se asegura la existencia, difusión y actualización de los protocolos de
actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género o cualquier otra manifestación de violencia y, de una manera transversal, se promueve la inclusión de referentes femeninos en las áreas y materias, y se crea
una asignatura llamada Valores Cívicos y Éticos en la que se trabajan los derechos humanos, la cultura de la paz y la igualdad entre hombres y mujeres.
En el pacto, como recordó, hay 22 medidas que son responsabilidad de su ministerio: la medida 3, que se refiere a la coeducación en todos los niveles, la 4 a la prevención, la 5 a actividades formativas, la 6 a los responsables, la 7 a
supervisión y protocolos, la 9 a oposiciones y temarios, la 10 a libros de historia, la 11 a becas, la 15 a formación permanente del profesorado, la 17 a itinerarios formativos de formación profesional, la 18 a órganos directivos y colegiados, la 19
a repositorio de materiales, la 20 a protocolos de detección precoz, la 21 al proyecto educativo de centro, la 22 a los proyectos de dirección, la 23 a incrementar la financiación de las AMPA, asociaciones de padres y madres para llevar a cabo sus
actividades en relación a esto, la 57 a la sanciones a los clubes deportivos, la 156 a los casos de convivencia entre víctimas y agresores, la 211 a la atención a hijos de víctimas mortales, la 228 a programas formativos para profesionales de la
educación, la 237 a informes al observatorio estatal y a la inspección educativa, y la 252 a protocolos adaptados a los diferentes tipos de violencia sexual.
A efectos expositivos, agrupó dichas medidas en tres grandes bloques. En primer lugar, presentó las actuaciones vinculadas con la legislación educativa y la ordenación académica de las enseñanzas con el fin de integrar la igualdad y la
prevención de manera transversal en todas las etapas del sistema educativo, lo que incluiría medidas como la 3, la 4, la 10, 17 y 18. Destacó, en este sentido, cómo el texto refundido del pacto de Estado está presente en la ley orgánica y cómo la
medida 4 se incluye en todas las etapas educativas. En la medida 3 están todos los reales decretos que regulan las enseñanzas mínimas desde infantil hasta el bachillerato, primaria y secundaria obligatoria. Y, en lo relativo a la medida 10 del
pacto de Estado, se ha introducido en los libros de texto mismos el origen y desarrollo de los logros del movimiento feminista, como se desprende de la disposición adicional 4 de la ley orgánica. Respecto a la medida 17, en los ciclos formativos de
formación profesional se ha incluido el título de Técnico Superior en Promoción de la Igualdad de Género, que, según el registro actual, se imparte en 67 centros de diferentes comunidades autónomas. La medida 18 se refería principalmente a la
paridad en los órganos colegiados, en los órganos de dirección, sobre todo en referencia a equipos directivos y a los consejos escolares. En términos generales señaló que se está cumpliendo dicha previsión, puesto que se asiste a un fenómeno ya
desde la infantil y primaria de feminización de los claustros de profesorado. En secundaria, en formación profesional y en las enseñanzas de régimen especial, se procura, y se está cumpliendo, la presencia paritaria en los órganos de dirección y en
los consejos escolares.
En segundo lugar, hizo alusión a las medidas relacionadas con la formación e iniciativas específicas del Ministerio de Educación, que incluyen programas específicos de capacitación para el personal docente, así como campañas y proyectos
dirigidos a sensibilizar y educar tanto al alumnado como a la comunidad educativa en general.
A este respecto, destacó, en relación con la medida 3, tres iniciativas del Ministerio de Educación: en primer lugar, los premios Aulas por la Igualdad, que se otorgan en tres modalidades que acogen a centros de régimen general, de
formación profesional y de enseñanzas de régimen especial, y están orientados a fomentar desde el sistema educativo la prevención de la violencia contra las mujeres mediante la promoción y difusión de experiencias realizadas en centros educativos no
universitarios. En segundo lugar, la 'Alianza STEAM por el talento femenino, niñas en pie de ciencia', que tiene como objeto reducir la brecha de género en las disciplinas STEAM y promover los valores igualitarios en educación y luchar contra los
estereotipos sexistas en la educación. En tercer lugar, diversas investigaciones y publicaciones. En concreto, aludió a tres, que difundió en la Subcomisión: el informe de 2021 Igualdad y violencia contra las mujeres en la adolescencia en España.
El papel de la escuela, impulsado y coordinado por la Secretaría de Estado, por la Unidad de Igualdad; el estudio de 2022 sobre la radiografía de la brecha de género en la formación en STEAM, un estudio en detalle de la trayectoria educativa de
niñas y mujeres en España elaborada también por la Unidad de Igualdad del Ministerio de Educación y La igualdad en cifras de la educación, informe que se presenta anualmente de Aulas por la Igualdad, cuya sexta edición se presentó en 2024.
La medida número 11 se refería a las becas, que, como indicó, supone el impacto económico más importante en la financiación por parte del Ministerio de Educación. Durante el curso 2018-2019, en el real decreto de umbrales de renta y
patrimonio familiar, se introdujo una disposición adicional estableciendo que las mujeres víctimas de violencia de género, junto con sus hijos e hijas menores de 23 años, 25 años a partir de este curso, no estarán sujetas a los requisitos generales
académicos, como los relacionados con la exigencia de alcanzar un cierto porcentaje de créditos, asignaturas y módulos, ni el número de créditos en que deberán estar matriculadas. El presupuesto va oscilando cada año, con una previsión para 2024 de
en torno a los 2 millones de euros.
En cuanto a la medida 9, los temarios de acceso al profesorado, dijo que se estaba trabajando en lo que se llaman órdenes ECI, responsabilidad del Ministerio de Ciencia y Universidades, con el que trabajan conjuntamente. Su Ministerio
elaboró el marco competencial docente, con las competencias que deberían tener los docentes del futuro, cuyo currículo se desarrollará en las órdenes ECI. Dentro de dichas competencias, deberá
estar el diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, a la educación emocional y en valores a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Asimismo, destacó que están en negociación
con organizaciones sindicales para modificar el acceso a la función docente y los temarios de oposiciones, en los que se incluya la igualdad y la prevención de la violencia.
En cuanto a la formación permanente del profesorado, en la ley orgánica se especifica que los programas de formación se hacen en los mismos centros educativos y que deben incluir formación concreta en materia de igualdad, que durante los
últimos años siempre se ha incluido en los planes formativos ofrecidos por el INTEF. Aunque la formación del profesorado es una competencia transferida a las comunidades autónomas, hizo alusión al organismo de coordinación que también realiza
tareas de formación abierta a través de los llamados MOOC y NOOC, que actúan en colaboración con el Instituto de las Mujeres, donde el curso 'Educar en igualdad' ya se hace desde 2017, además de otros pequeños cursos formativos en abierto que
incluyen la perspectiva de género. También recordó que se han ofrecido varias ediciones de formación tutorizada en línea del curso 'Educación afectivo sexual' y están disponibles otros cursos como 'Convivencia, prevención e intervención'.
A continuación, se refirió a la medida 19, el repositorio de buenas prácticas, donde cuentan con el banco de recursos de la Alianza STEAM, con un portal web en la página de la Subdirección General llamado 'Intercambia: educar en femenino y
en masculino', que es de intercambio de formaciones entre comunidades autónomas.
En cuanto a los protocolos de detección, señaló el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, ha publicado un informe con indicadores para evaluar y mejorar la convivencia escolar, con un apartado dedicado a la prevención de la
violencia desde una perspectiva integral con especial atención al acoso escolar y a la violencia de género. En dicho instrumento se ofrecen herramientas para prevenir las violencias específicas desde una perspectiva integral. En la propuesta de
trabajo de este observatorio para el período 2024 a 2027 se ha incluid un eje temático específico de igualdad con una serie de actuaciones orientadas a difundir materiales sobre el impacto del lenguaje sexista y la elaboración de guías sobre la
educación e igualdad de género. Por otro lado, como el Ministerio de Educación tiene transferidas todas las competencias a las comunidades autónomas, se ocupa principalmente de colaborar a través de programas de cooperación territorial, como el
Programa de cooperación territorial de bienestar emocional en el ámbito educativo, cuya tercera edición ya corresponde al año 2024 incluye la violencia de género.
En la medida 23 se pedía que se incrementasen las ayudas a federaciones de padres y madres, señalando el compareciente que en la convocatoria para estas ayudas hay un apartado que dice que se seleccionarán preferentemente aquellos proyectos
de actividades que contengan programas contra la violencia, la xenofobia y el racismo y a favor de la paz, la tolerancia y la igualdad prestando especial relevancia a la atención y gestión de la diversidad, inclusión y protección de la familia.
Frente a la paralización de las subvenciones, se ha adoptado la decisión de incrementarlas en un 30 %.
La medida 57 se refiere a sanciones a los clubes deportivos. En la Ley del Deporte, que modifica el artículo 2 de la ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, xenofobia y la intolerancia en el deporte, está contemplado todo el régimen
sancionador para quienes incumplan dicha normativa.
En tercer y último lugar, se refirió a las medidas que estamos desarrollando en nuestro ámbito de gestión de Ceuta y Melilla, en relación con las medidas que contiene el pacto de Estado. En cuanto a los protocolos, para Ceuta y Melilla se
ha hecho el protocolo correspondiente, y se están elaborando nuevos protocolos, actualizándose sobre todo los protocolos contra el acoso escolar o la violencia de género, como establece en la medida 211 el pacto de Estado. El informe anual del
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer constituye para la inspección educativa en Ceuta y Melilla un elemento esencial el recabar la información.
Concluyó recalcando la importancia de la escuela como espacio de socialización de niños y niñas para adquirir competencias académicas, pero también para aprender a
convivir, respetar las diferencias y construir valores fundamentales para una sociedad justa y equitativa. Igual que la violencia se educa y se aprende, la no violencia y la igualdad también, construyendo así tanto a los jóvenes como a la
sociedad del futuro.
2. D. Manuel Olmedo Palacios. Secretario de Estado de Justicia (núm. expte. 212/251)
El Secretario de Estado de Justicia, recordó los últimos asesinatos de mujeres ocurridos en Málaga y Alicante y puso de manifiesto la necesidad de que se la lucha contra la violencia de género se lleve a cabo con unidad y consenso, aludió a
la necesidad de que la violencia de género, no únicamente se visibilice, sino que también se denomine por su nombre, para poder emplear herramientas específicas contra la misma. Tras mostrar su disposición a prestar todo apoyo a la Subcomisión para
la realización de su trabajo, expuso las medidas que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes está adoptando para actualizar el Pacto contra la Violencia de Género.
Destacó para comenzar el compromiso del ministerio al que representa con el cumplimiento del pacto de Estado, sobre todo con las víctimas, que se ubican en el centro de todas las políticas públicas de Justicia, para adaptar la respuesta
judicial a su situación, humanizando la justicia para que genere confianza en las víctimas y cuenten con recursos suficientes.
Aunque muchos de los datos que pasó a exponer se encuentran publicados en el Informe de evaluación del Pacto de Estado de 2018 a 2022, que elaboró el Ministerio de Igualdad, señaló la necesidad de seguir avanzando. Desde el punto de vista
cuantitativo, indicó que, en primer lugar, que de las 290 medidas recogidas en el informe de evaluación 76 corresponden al Ministerio de Justicia, de las que 32 ya se han cumplido y 36 están en proceso de cumplimiento, quedando aún pendientes 8, por
lo que el 90% de las medidas están puestas en marcha. En el año 2018, en el conjunto de actuaciones destinadas a la lucha contra la violencia de género, el ministerio destinó casi 59 millones de euros en 2024 han sido 107, prácticamente el doble.
Al ser numerosas las medidas que le corresponde explicar, se centró en las cinco cuestiones que consideraba fundamentales. Todas ellas se inspiran en la línea de trabajo denominada 'la justicia de los cuidados' que supone la aplicación de la ética
de los cuidados al mundo de la justicia, contemplando a cada persona en su situación y, en este caso, a las víctimas de violencia de género, para poder dar la respuesta más adecuada.
En primer lugar, se refirió a la especialización y comarcalización de los juzgados de violencia, señalando los avances producidos con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, desde cuya aprobación se han creado 121 juzgados exclusivos
de violencia sobre la mujer, 328 compatibles, 22 comarcalizaciones, 42 juzgados de lo Penal especializados y 70 secciones especializadas en diferentes audiencias provinciales. El último decreto de creación de unidades judiciales, 1170/2023, creó 6
juzgados de violencia en todo el territorio, en Almería, en Málaga, en Dos Hermanas, en las Palmas de Gran Canaria, en Valencia y en Pamplona-Iruña, y materializó 8 comarcalizaciones en distintas comunidades autónomas, concretamente en Andalucía, en
Navarra, en Extremadura y en Canarias. Esta comarcalización entendió que es la línea que se debe seguir, tratando de compatibilizar la cercanía de la justicia con los ciudadanos con su especialización, pues esta última permite atender de manera más
adecuada a las víctimas de violencia de género.
En este sentido, hizo hincapié en que la digitalización está permitiendo, sin renunciar a la cercanía, especializar y que las mujeres víctimas de violencia de género sean atendidas en juzgados de este tipo. En consecuencia, se ha procedido
a la comarcalización, con informes favorables del Consejo General del Poder Judicial, en distintas comunidades autónomas, poniendo como ejemplo la realizada en Cáceres, de manera que las víctimas son atendidas en un juzgado especializado sin tener
que desplazarse, salvo en casos de mayor gravedad o cuando lo soliciten, ala capital, siendo atendidas en el puesto de la Guardia Civil o juzgado de la comarca mediante videoconferencia con la jueza de violencia sobre la mujer.
La comarcalización se ha visto favorecida por la digitalización, que ha sido impulsada también en el ámbito de la justicia, gracias, en parte, a los fondos europeos, creándose
herramientas como la Carpeta Justicia o el Expediente Judicial Electrónico. También a través del presupuesto ordinario del Ministerio de Justicia, se ha cooperado con las comunidades autónomas con competencias transferidos en una línea de
trabajo compartida en la Conferencia Sectorial, adecuando los juzgados de violencia sobre la mujer para dotarles de dependencias especializadas adecuadas.
En segundo lugar, hizo alusión a la mejora y mejor compartición de los datos. Aunque se debe seguir avanzando en la materia, pues todavía hay datos que no están compartidos, se ha dado un gran paso a través del Sistema de Registros
Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, el SIRAJ, que recoge todos los registros, incluido registro central para la protección de víctimas de violencia doméstica y de género, facilitando el acceso a muchos expedientes, como en el
sistema Minerva y Atenea del Ministerio de Justicia, debiendo avanzarse también en otras comunidades autónomas, como en las comunidades Avantius y en los demás sistemas de gestión procesal que tienen las comunidades autónomas. En esta línea de
facilitar compartir los datos y acceder a SIRAJ debe seguir trabajando el ministerio, para adoptar las medidas que sean necesarias con celeridad. Además, destacó que en ministerio participa en el grupo de trabajo de estadística del Observatorio
Estatal de Violencia sobre la Mujer, en el que se han propuesto una serie de principios metodológicos unificados para actuar en cada territorio, teniendo en cuenta que la materia de justicia esta descentralizada de manera asimétrica, donde cinco
comunidades autónomas son gestionadas por el Ministerio de Justicia. Por ello, la conferencia sectorial se reúne periódicamente para unificar principios de actuación para mejorar el servicio público de justicia. Por otra parte, el CTEAJE, el
Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, se ha actualizado a través del Real Decreto Ley 6/2023, siendo una herramienta que nos permite trabajar coordinadamente en las distintas administraciones.
En tercer lugar, aludió a la valoración forense. Dada su importancia, señaló que se han reforzado los institutos de medicina legal y ciencias forenses, permitiendo mejorar la asistencia a las víctimas, sobre todo, a través de unidades de
valoración forense integral. A tal efecto, recordó que se ha aprobado el real decreto que regula estas unidades de valoración forense integral, que es el 144/2023, lo que ha permitido revisar y actualizar los protocolos de valoración forense del
riesgo para una actuación homogénea y coordinada en todos ellos. A fecha de la comparecencia, indicó que 24 unidades de valoración forense integral y en 2023 se han creado nueve nuevos equipos técnicos. Puso de ejemplo la funcionarización del
personal en la Comunidad Valenciana, incidiendo en la dificultad de impartir formación a personal laboral, por la gran rotación existente. Por ello, recalcó que sería adecuado crear un cuerpo funcionarial, como psicólogos forenses y trabajadores
sociales.
En cuarto lugar, se centró en la atención a la víctima, habiéndose reforzado la atención integral de acompañamiento a través del Real Decreto Ley 6/2023, que contempla una serie de medidas de reforzamiento de la presencia telemática de las
víctimas. También destacó la existencia de 26 oficinas de asistencia a las víctimas de delito dependientes del ministerio, además de aquellas con las que cuentan las comunidades autónomas, habiéndose duplicado la plantilla. Para las oficinas de
las comunidades autónomas que se gestionan desde Justicia, se ha aprobado un protocolo de actuación en el año 2022 al que se han adherido todas menos Castilla y León, en el que se trata de salvaguardar el derecho de las niñas y los niños a ser
escuchados y el carácter obligatorio de la videograbación de sus declaraciones para evitar que tengan que volver a declarar y evitar la revictimización o victimización secundaria. Además de este protocolo, se ha elaborado una guía de
recomendaciones para la evaluación individualizada de las víctimas y modelos de evaluación individualizada de las víctimas. También reiteró la existencia de una asistencia gratuita jurídica a las mujeres víctimas de violencia de género que, en el
ámbito del ministerio, en el último ejercicio supuso una inversión de más de 6 millones de euros.
En quinto y último lugar, aludió a la formación. Señaló que los problemas abordados por la Subcomisión tienen su solución última en la educación y en la formación, por lo que
es importante continuar formando en perspectiva de género a los cuerpos que desde el ministerio se forman, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial en relación con la formación en el ámbito de la carrera judicial. A tal
efecto, se han introducido temas de derecho antidiscriminatorio con perspectiva de género en las oposiciones de los cuerpos de justicia, se ha firmado un convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos y la Delegación del Gobierno contra la Violencia
de Género para prevenir, sensibilizar y formar en violencia contra las mujeres y se ha impulsado una formación de calidad en la materia con el Consejo General de la Abogacía Española y con todos los colegios de abogados.
Tras el balance de las medidas adoptadas, destacó las reformas legislativas que están pendientes de aprobación. Primero se refirió al proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia al servicio público de justicia y acciones
colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, con el que se pretende dar cumplimiento a la disposición final vigésima de la Ley Orgánica 8/2021, de la LOPIVI, y a la disposición final vigésima de
la 10/2022, de la LOGILS, que obligan al Gobierno a presentar un proyecto de ley para adecuar la planta judicial a las necesidades consignadas en las mismas, creando las secciones de violencia contra la infancia y adolescencia, esencial también para
luchar contra la violencia vicaria. Después hizo referencia a la Ley orgánica de medidas complementares para reforzar la protección frente a la violencia de género, incluida en el PAN de 2024, que también contiene diversas modificaciones para
cumplir algunas recomendaciones del pacto de estado, así, la especialización y ampliación de las competencias de estos juzgados y Fiscalía de violencia sobre la mujer a las violencias sexuales, entre otras razones para permitir que el enjuiciamiento
de todos los procesos de la misma víctima de violencia de género se efectúen por el mismo órgano judicial para evitar respuestas contradictorias. Asimismo, aludió a la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, también incluida en el PAN de 2024,
con la que se pretende adecuar el régimen vigente al nuevo servicio público de justicia, en relación con la insuficiencia de recursos para litigar, ampliando el ámbito personal de aplicación, la organización de los servicios de asistencia
especializada y el turno de oficio. Dicha regulación pretende dar cumplimiento al mandato al legislador de la Ley 10/2022 de incluir como beneficiarias de asistencia jurídica gratuita, con independencia de sus recursos, a las víctimas de violencia
sexual. Para finalizar, puso de manifiesto la necesidad de realizar la transposición de la Directiva 2024/1385, sobre a lucha contra la violencia, contra las mujeres y la violencia doméstica, sobre todo en relación con los delitos de carácter
digital, pues, aunque algunas de las medidas ya se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, como la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados, todavía faltan algunas por transponer. Algunas de las medidas pendientes están
incluidas ya en el proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales, pero quedan otras pendientes de ser incorporadas al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sesión de 3 de septiembre de 2024
1. D.ª Belén María García Merat. Abogada de Derecho Procesal Penal (núm. expte. 219/127).
La compareciente comenzó señalando que su intervención estaría centrada en trasladar el día a día de los letrados en los juzgados de violencia de género y expuso su experiencia profesional al respecto.
A continuación, detalló las leyes aplicables en violencia de género (Ley Orgánica de 2004 y Ley de Enjuiciamiento Criminal) y puso de manifiesto sus dudas respecto a la relación de la Ley Orgánica con el artículo 24 de la Constitución y el
principio de igualdad ante la ley. Por otro lado, explicó que la ley define la violencia de género como aquella que, como manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres,
se ejerce sobre estas por el hecho de serlo y que, por tanto, el elemento fundamental es el sometimiento por el hecho de ser mujer. De
acuerdo con la compareciente hay que revisar el fundamento y las bases del procedimiento porque el mismo no está funcionando.
Indicó que la legislación establece la protección de la mujer frente a su pareja, pero siempre que sea hombre y se preguntó qué ocurre con las parejas del mismo sexo. Y, en este sentido, describió una experiencia en este ámbito con una
pareja de mujeres. Y puso de manifiesto que en estos casos se ha visto la indefensión de las víctimas porque no entran dentro de la cobertura de la ley. Continúo la intervención analizando la situación de las parejas que sí entran en la cobertura
de la ley y señaló que se han encontrado casos en los que hay procesos de rupturas en los cuales hay faltas de respeto mutuas y casos en los que se abusa del sistema, describiendo varias experiencias en este sentido.
A continuación, en relación con la protección de los menores, señaló que los equipos técnicos están saturados y que sus valoraciones se realizan cuando ya una persona lleva un año como investigado.
Incidió en que el sistema no funciona y no es igualitario y enumeró algunas razones. En primer lugar, cuestionó que ya no se utilice el término presunto y que el denunciado pase a ser agresor y la denunciante, víctima. Se preguntó sobre el
derecho a la presunción de inocencia, resaltando que el procedimiento debe cambiar para que se respeten las garantías procesales y legales.
Por otro lado, señaló que ahora la Fiscalía y los órganos judiciales están denegando órdenes de protección, pero que ha habido una época en que la orden era automática con las consecuencias que de ello se derivan, en relación con la
limitación de derechos o las visitas a los hijos. Además, añadió que los denunciados no tienen justicia gratuita por la vía normal y que las denunciantes si lo tienen de forma automática, de manera que los denunciados tienen que desembolsar mucho
dinero y pueden ver limitada su libertad de movimiento y, sobre todo, tienen el estigma de que están siendo investigados por maltrato. E incidió en que hay casos en los que se utiliza este procedimiento como una vía rápida para sentar las bases de
una futura sentencia de divorcio o de medidas paternofiliales, de manera que se criminaliza una cuestión civil, problema que quizás con el procedimiento o con los medios adecuados se podría haber solventado.
A continuación, describió a las víctimas, que son mujeres que están anuladas, que se ven solas, en gran mayoría extranjeras, con carencia de recursos y que es en estos casos en los que el sistema tiene que protegerlas. Señaló que las
denuncias muchas veces las presentan el entorno o los colegios. Por otro lado, señaló que con el cambio de legislación si la víctima declara en instrucción, luego en juicio no puede acogerse a su derecho a no declarar y que esto impide que durante
el interín desde que se presenta la denuncia hasta que se declara en juicio puedan reconducirse o arreglarse las cosas.
Indicó que el sistema está tan saturado que los medios que tendrían que dedicarse exclusivamente a las víctimas están desbordados y que acaban revictimizadas porque están en una casa de acogida, sin libertad de movimiento, sin poder trabajar
y con una gran carencia de recursos para ayudarlas. Por otro lado, señaló que no hay pulseras de protección, y que a pesar de que existe el teléfono Atenpro, el sistema está perdiendo recursos y medios para las víctimas que lo necesitan porque van
a personas que no lo necesitan.
Planteó la cuestión de los asesinatos que se habían producido este verano y cuántos de los agresores están registrados en algún sistema e indicó que muchos no lo estaban porque las víctimas no denuncian porque se sienten desprotegidas. Por
ello, señaló que si se utilizara como premisa y se valorara la prueba con base en la definición que dio la ley en su momento de violencia de género, se podrían cribar los asuntos que son conflictos entre miembros de una pareja que está en crisis de
un verdadero caso de violencia de género. Y añadió que ve necesario que se modifique el sistema para añadir ambos géneros y señaló que hay casos de varones que cambian de sexo y son absueltos.
Manifestó que es necesario reforzar a las verdaderas víctimas porque los recursos periféricos están desbordados. En este sentido, señaló que hay que formar a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad y darles capacidades y para ello preparar
equipos de psicólogos y equipos técnicos que entrevisten previamente a las víctimas y a los presuntos agresores y
hagan un informe y que comparezcan en el procedimiento, pero ex ante, en instrucción, no al final de la instrucción.
Por otro lado, señaló que en las grandes capitales hay varios juzgados de violencia de género pero que en otras sólo hay uno y, en consecuencia, el fin de semana si ese juzgado no está de guardia, el juzgado que realiza las primeras medidas
no es un juzgado especializado y supone que el asunto cambie de órgano jurisdiccional y que ello provoque que no se cumpla con el principio de inmediación.
Finalmente, señaló que solicita que en aquellos casos en los que queda acreditado que los hechos no son veraces los jueces incoen diligencias previas contra la persona que ha abusado del sistema y que se le condene en costas y se le retire
la justicia gratuita.
2. D.ª Úrsula Santa Cruz Castillo. Presidenta de la Asociación Sembrar (núm. expte. 219/128).
La compareciente comenzó su intervención condenando el último feminicidio ocurrido en Castellón. A continuación, señaló que su intervención estaría centrada en las mujeres migrantes porque en estos casos las violencias se vuelven mucho más
complejas porque se esconden muchos factores estructurales que no se toman en cuenta. En este sentido, describió que existe un discurso que se basa en que las violencias vienen porque los hombres y las comunidades de origen son violentas y que está
basado en los siguientes tipos de violencias tipificadas en la ley: las violencias en la relación de pareja, en la que se asume que el maltratador es, también, un hombre migrante; en los matrimonios forzados; en las mutilaciones genitales
femeninas y en la trata con fines de explotación sexual. Respecto a esta última señaló que no se tienen en cuenta la violencia de la explotación laboral que sufren muchas mujeres migrantes.
Continuó explicando que en las violencias que viven las mujeres migrantes hay que centrarse no sólo en el género, sino también en otros ejes, como la raza, la clase o la sexualidad. Y, además, añadió hay que hablar de migraciones y que en
el Pacto no se tiene en cuenta la Ley de Extranjería, que atraviesa la vida de las mujeres migrantes. Incidió en que al hablar de la violencia deben tenerse en cuenta factores como las condiciones de vida, las condiciones laborales, la vivienda,
los ingresos, así como el racismo institucional que está presente a la hora de hacer las intervenciones. Pasó a describir el contexto de las migraciones, señalando que, a partir de finales de los años ochenta tienen que ver con un orden económico y
geopolítico de ámbito global, que ha hecho que muchas mujeres salgan de sus países de origen para convertirse en mano de obra barata no cualificada. Incidió en que este es un tipo de violencia: trabajar muchísimas horas, estar sujeta a condiciones
de precariedad, de explotación, de irregularidad y de no ciudadanía y que se debe hablar no de mujeres vulnerables, sino de procesos de vulnerabilización. En este sentido, hizo referencia a la iniciativa legislativa popular que se está tramitando
en el Congreso y señaló que muchas de esas 500.000 personas a las que podría beneficiar son mujeres migrantes que trabajan en condiciones de explotación y que eso las vulnerabiliza tanto en sus relaciones de pareja como en otras situaciones.
Por otro lado, señaló que las violencias de género no se pueden ver separadas de toda la violencia a nivel global, ya que se debe situar en el contexto de una violencia capitalista, de una violencia racista, de una violencia colonial, de una
violencia heterosexual, que también violenta cuerpos que no están sujetos a los roles tradicionales de género. En ese sentido, señaló que esos cuerpos son objetos, mercancías dentro de ese mercado capitalista global. Y, a continuación, puso varios
ejemplos de violencia sobre las mujeres como la que a su juicio tiene lugar en los centros de internamiento o en las quitas de custodia. Explicó que en estos casos es fácil echar la culpa de estas violencias a los inmigrantes.
Se preguntó por qué las violencias que sufren las mujeres como explotación laboral en el trabajo del hogar no forman parte del Pacto de Estado. Y señaló que eso es una preocupación de las mujeres inmigrantes e incidió en que cuando se habla
de principio de igualdad, para ellas no existe porque no se las tiene en cuenta con el tipo de trabajo que hacen o sus condiciones de vida.
Incidió en que para atender las violencias que viven las mujeres inmigrantes es importante analizar el contexto en el que viven. Se refirió, por ejemplo, al racismo, el contexto económico y laboral o a la necesidad de tener en cuenta que
hay nichos laborales que son específicos para las mujeres inmigrantes. Señaló que en el anterior Pacto de Estado no se hicieron comparecencias de mujeres migrantes y que, por ello, una de las cuestiones que le parece muy importante es poder tener
presente, ahora que se va actualizar el Pacto, visiones diferentes como perspectivas antirracistas o interseccionales. A continuación, puso diferentes ejemplos para ilustrar la importancia de tener presente estas perspectivas y de situaciones de
racismo que viven las mujeres inmigrantes. Y, concluyó señalando que para hablar de estas violencias es importante poder tener en cuenta no solo el género, sino diferentes aspectos que están presentes.
A continuación, indicó que, a la vista de la evaluación del Pacto, cree que se debería desglosar no solo por mujer española-mujer inmigrante, sino también por las condiciones de vida, es decir, incidir en que otros aspectos están generando
la vulnerabilidad y volvió a señalar la importancia de la violencia laboral. En relación con la trata con fines de explotación sexual señaló que hay mucha información detallada sobre esta violencia, si bien no la hay sobre otras violencias que
viven las trabajadoras migrantes en otros ámbitos.
En relación con los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina manifestó que debe tenerse en cuenta no solo la cultura de origen, sino también las condiciones de vida y que hay mucha hipervisibilización de estas situaciones que
hace que no se pongan de relieve de manera suficiente otro tipo de violencias.
Y, finalmente, señaló que consideran muy relevante la participación de organizaciones de mujeres inmigrantes y que es importante poder tenerlas en cuenta a la hora de hacer las intervenciones en los programas. Abogó por un criterio más
inclusivo a la hora de determinar qué organizaciones son llamadas a participar, defendiendo que tengan voz las organizaciones de inmigrantes porque las personas migran por cuestiones personales, pero estas obedecen o responden a procesos históricos
económicos, políticos y cuestiones de guerra.
3. D.ª Laia Rosich Solé. Directora General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes en la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya (núm. expte. 219/129).
La compareciente comenzó su intervención señalando que se centraría en su experiencia de gestión en los últimos tres años y poniendo de manifiesto la importancia de tener un departamento para las políticas de transversalidad y la aplicación
del Pacto de Estado. A continuación, manifestó la necesidad de un Pacto porque el mismo supone un mensaje político unánime que es básico, y que ha articulado un cambio social. E incidió en el cambio radical de los últimos años y señaló que la
violencia de género se puede ahora nombrar y las mujeres que lo sufren pueden identificarlo. Además, puso de manifiesto que esto no se refiere sólo a la violencia de género, sino también a la violencia machista en el ámbito laboral, en las
agresiones sexuales o la mutilación genital y que esto ha hecho que haya más apoyo social que explica de algún modo el aumento de las denuncias así como el aumento exponencial en la atención y en los recursos.
Por otro lado, dijo que es un tema muy complejo y que no es un sprint, es una carrera de fondo y, por tanto, el camino debe seguir ya que queda mucho por recorrer. En este sentido, señaló que el Pacto da un mensaje de la mano de la
sociedad, de las entidades y de todos aquellos que sienten que tienen que combatir esta violencia y que, aunque hay un ataque importante a los derechos humanos, hay un sentido común muy amplio ganado a que la violencia no le pasa a una mujer
concreta, sino que es algo de nuestra cultura y que este sistema patriarcal perjudica a hombres y a mujeres y que la violencia no debe minimizarse ni tolerarse.
En segundo lugar, manifestó que el Pacto necesita un mayor orden, es decir, tener un marco más comprensivo. Puso de relieve que, por un lado, existen las 290 medidas del Pacto del año 2017, así como la Estrategia Estatal. Además, el Pacto
tiene un Catálogo
que se hizo de la mano de las comunidades autónomas, que intenta ceñir especialmente el gasto y un sistema de evaluación. Y, concluye, todos estos instrumentos necesitan una coherencia. Por otro lado, señaló que también es necesario
reordenar el marco del Convenio de Estambul porque, en relación con la justificación de los fondos, las comunidades autónomas al incluir las agresiones sexuales tienen que ampliar el ámbito a todas las violencias que sufren las mujeres y no sólo a
las que se producen en el ámbito de la pareja. En este sentido, informó de que la Ley del 2008 de Cataluña (actualizada en 2020) se refiere a violencias machistas y que en la última modificación se incluyeron el ámbito digital, la debida
diligencia, los feminicidios, etc. Y, concluyó, sería necesario actualizar la ley de 2004 para adecuarla al marco del Convenio de Estambul.
Como tercer punto se refirió al Catálogo y la Estrategia. El primero se hizo para homogeneizar las políticas públicas y los servicios en los que se utiliza la financiación del Pacto. Sin embargo, señaló que las comunidades autónomas
utilizan otras fuentes de financiación en la lucha contra las violencias machistas y puso como ejemplo el trabajo de su Dirección General. Y, en este sentido, insistió en que es necesario que haya una correlación entre aquello que aporta el Pacto
de Estado y lo que aportan las comunidades autónomas. Señaló que, en definitiva, su propuesta sería que el Ministerio estableciera unos estándares mínimos de derechos que deban ser garantizados y que cada comunidad autónoma con su estrategia pueda
desarrollarlos.
Como cuarto punto se refirió a la evaluación del Pacto y señaló que sería preciso que hubiera indicadores que sean coherentes y que sean conocidos de antemano. Además, puso de manifiesto en que algunos indicadores son prácticamente
imposibles de calcular o, en algunos casos, hay medidas que se han hecho con fondos diferentes a los del Pacto y que es necesario especificarlo.
A continuación, incidió en que la Estrategia estatal debe estar vinculada a acciones concretas a cumplir por parte del Ministerio y que, por otro lado, algunos estándares específicos deban ser cumplidos por las comunidades autónomas. Y, en
consecuencia, señaló la evaluación conjunta debe estar orientada globalmente (tanto a comunidades autónomas como a municipios) a valorar si se están cumpliendo los estándares y derechos. En este sentido, puso el ejemplo en Cataluña del Protocolo
Marco que está basado en la lógica de derechos a poder cumplir y, por ello, se habla de diligencia debida. Otro ejemplo en este sentido señaló que serían las ayudas o indemnizaciones, en las que cada comunidad autónoma debe poder desarrollar su
estrategia pero debe haber unos mínimos que deben garantizarse de manera global.
Como quinta cuestión se refirió a la económica y legal, es decir, a los acuerdos sectoriales. Señaló que hay un primer acuerdo donde se sitúa el marco temporal de los cinco años, si bien en realidad el Pacto está vinculado normalmente a la
aprobación de los presupuestos y que esto es problemático para la intervención de muchas comunidades autónomas. Por ello, señaló que lo que daría la seguridad necesaria es convertir el Pacto de Estado en una asignación plurianual y que sea la
Conferencia Sectorial de Igualdad la que establezca los importes de las aportaciones anuales, fijando un mínimo.
Por otro lado, se refirió a los capítulos a los que se puede imputar el presupuesto y puso de relieve que ha sido positivo que haya un porcentaje destinado al Capítulo 6, Inversión, porque hay muchos servicios que son propios e incidió en la
necesidad de que puedan ser plurianuales.
Como sexta cuestión se refirió al Libro Blanco de Prevención que han elaborado en el que se desarrollan los estándares mínimos que se deben cumplir y que está resultando muy útil. En este sentido señaló que el Libro Blanco ha permitido que
todos los departamentos desarrollen los mismos ejes y que el trabajo sea coherente y ha sido clave para eliminar acciones poco eficaces.
Concluyó señalando que estamos ante un reto que cada vez es mayor porque, aunque se entiende mejor lo que está pasando, cada vez se identifican más tipos y formas de violencia, como puede ser la del ámbito digital. Y terminó con una
petición señalado que es necesario más presupuesto porque la inversión debe ser asegurada, continuada y evaluada.
4. D.ª Carme Riu Pascual. Presidenta de la Associació de Dones no Estàndards (núm. expte. 219/130)
La compareciente comenzó su intervención señalando que la violencia en materia de género es una lacra social y que, aunque se han adoptado muchas medidas, hay señales de alerta muy evidentes que debemos tener en cuenta. En este sentido,
expuso los datos violencia de género de los últimos años incidiendo en que se debe intentar hacer mucho más porque quizás no se ha llegado a las raíces de todo ello.
A continuación, puso de relieve que existe otro problema que es el de los escándalos digitales, las imágenes de mujeres reducidas a meros objetos sexuales de deseo. De acuerdo con la Sra. Riu, estas situaciones generan metástasis en las
redes sociales y en los medios de comunicación, donde la estética devora la esencial de lo que es la mujer y se refuerzan los estereotipos perjudiciales que limitan la percepción universal del valor de las mujeres.
De acuerdo con la compareciente estamos educados en una sociedad patriarcal, donde la estructura social, la filosofía, el vector convencional, tiene su origen en el patriarcado. En este sentido, señaló que esto provoca que, en cualquiera de
los sistemas de organización política, digital, industrial, económica, financiera, pedagógica, jurídica y religiosa, la mayoría de puestos de trabajo de los altos cargos se mantengan ocupados por hombres, y en el juego de las relaciones que tienen
una base material, aunque sean jerárquicas, se establezcan o creen independencia y solidaridad entre los hombres, lo que permite dominar a las mujeres. Incidió en el hecho de que este engranaje es perverso y está basado en la clasificación; se
clasifica a hombres y mujeres y se hacen subgrupos, en función de cómo son las mujeres.
Continuó su intervención señalando que el androcentrismo que practica el patriarcado impone una mirada machista, proyectando a una mujer con unas características en un cuerpo normativo e incidió en que sexo y cuerpo son conducciones,
productos de prácticas y discursos culturales que dicotomizan el sexo y el género, hombre o mujer separan el cuerpo y la mente, lo convencional y la diversidad, la cultura y la naturaleza, y el patriarcado nos da un cuerpo normativo al que cualquier
mujer debe llegar con esas medidas. Sin embargo, señaló que es importante ser diverso e incidió en que la diversidad reactiva.
A continuación, contestó a la pregunta de qué es la normalidad y especificó que la misma es el 75 por ciento de la población porque la normalidad es una media estadística. De esta manera, dijo que la normalidad se ha convertido en una
categoría que hay que defender por encima de toda ética y que toda diversidad se esconde. Señaló que se refería específicamente a las mujeres porque el machismo proyecta una determinada mujer y que las que no son así sufren mayor castigo y mayor
violencia. En este sentido, especificó que las diversidades que se castigan son la edad, el fenotipo, el origen, la orientación sexual, la situación administrativa, la lengua o la religión. Esto lleva de acuerdo con la compareciente a que el
machismo establezca estrategias clasificatorias, que son las estrategias machistas, normalistas, discapacitistas, racistas, edadistas y LGTBIfóbicas. Puntualizó que se refiere a discapacitistas porque no tiene que ver únicamente con la
discapacidad.
Continuó la intervención señalando que para prevenir y erradicar la violencia de género hay que estudiar las raíces de la separación entre hombre y mujer y para ello hay que aplicar la interseccionalidad, que es la clave para no repetir
dinámicas excluyentes. Pasó a explicar las propuestas que plantea en este sentido.
En primer lugar, se refirió a la necesidad de que el Pacto de Estado recoja sistemáticamente datos desagregados por género, de diferentes territorios, origen, orientación sexual, expresión de género, edad, diversidad funcional y aspecto
físico en todos los ámbitos y que los presupuestos inviertan en cada diversidad y lugar de manera proporcional.
En segundo lugar, señaló que se debe sensibilizar, educar y formar a las personas de todos los ámbitos sociales, educativos, universidades, culturales en prácticas profesionales
políticos y digitales, en perspectiva de género e interseccionalidad con el objetivo de evitar continuar reproduciendo la violencia.
Como tercera propuesta señaló que el presupuesto se ha de multiplicar si queremos ser un país de democracia avanzada y libre de violencia machista, para intervenir en más ámbitos, como el digital, y aplicar medidas y perspectivas
interseccionales. En este sentido, propuso que existan medidas de coordinación con los diferentes ministerios, comunidades autónomas y entidades locales y se realice un seguimiento de todas las medidas en el que participen los poderes públicos, la
sociedad civil, medios de comunicación y entidades privadas.
En relación con diferentes leyes señaló que es necesario que algunas de ellas como la Ley 13/2014, del 30 de octubre, de Accesibilidad Universal; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección contra la Violencia de
Género; el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul); la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Autonomía Personal y la Dependencia, y la Ley
15/2022, de 12 de julio, por la Igualdad de Trato y no Discriminación, se implementen de forma completa.
Por otro lado, propuso la elaboración y aprobación de una ley para erradicar el normalismo y el capacitismo y trabajar en el diseño y aplicación de legislación y políticas destinadas a garantizar los derechos de las mujeres con diversidad.
Como siguiente propuesta se refirió a la necesidad de establecer, sistemáticamente, planes de formación y cláusulas de contratación que fomenten la contratación de mujeres diversas en los pliegos de condiciones de entes públicos.
A continuación, propuso establecer mecanismos eficientes de fiscalización en las empresas para el cumplimiento de todos estos mandatos legales, además de establecer un sistema de sanciones que se aplique de forma diligente frente a su
vulneración.
Como siguiente propuesta se refirió a establecer cuotas también de acceso a altos cargos en empresas a mujeres con diversidad, debiendo reservarse un 10 % de estos cargos a mujeres con diversidad. En este sentido, señaló que se debe
establecer el otorgamiento de créditos para las mujeres con diversidad emprendedoras. Señaló que, en el Congreso de los Diputados, la interseccionalidad ha de ser clave para no repetir dinámicas excluyentes, ya que los esfuerzos deben tender a que
más mujeres diversas puedan llegar a cargos de representación y liderazgo.
Por otro lado, propuso que se establezcan planes de comunicación de forma generalizada que favorezcan la imagen positiva de la mujer con diversidad. Y en este mismo ámbito propuso incrementar los canales de información, en el ámbito de la
salud sexual y reproductiva, con atención al especial impacto de estas violencias sobre las mujeres con diversidad. Se refirió a la esterilización de mujeres con discapacidad y señaló que todavía se continúan realizando, aunque se están eliminando.
Como siguiente propuesta señaló que sería necesario suprimir barreras arquitectónicas y materiales que no permitan el tratamiento por igual de las mujeres con diversidad, sobre todo, los de las prácticas ginecológicas. En el mismo sentido,
propuso incrementar los canales de información, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, con atención al especial impacto de estas violencias sobre las mujeres con diversidad.
A continuación, propuso impulsar la investigación de la 'ciencia de la diversidad' y clínica feminista, para explicar los elementos diferenciales de las mujeres con diversidad en relación con determinadas dolencias.
Por otro lado, propuso facilitar el acceso a intérpretes en lengua de signos de forma generalizada.
Como siguiente propuesta manifestó la necesidad de modificar los planes de estudio de todas las carreras universitarias y profesionales, para incluir contenidos con la perspectiva Interseccional y con esto participen entidades del sector.
Asimismo, señaló que es necesario formar en perspectiva feminista Interseccional a todos los profesionales que intervienen en procesos penales.
Asimismo, propuso implementar medidas transversales que obliguen a todos los estamentos empresariales, políticos, sociales, culturales, jurídicos, académicos, sanitarios,
económicos, científicos a ser participados por mujeres con diversidad en los diferentes órganos de poder y de toma de decisiones en un 8%.
En otro sentido señaló que es necesario un Plan de Desarrollo Rural que desde la perspectiva de género contemple las necesidades reales de las mujeres y la violencia machista en los territorios rurales.
Por otro lado, expuso que es necesario trabajar para hacer accesible a la población en general una percepción de las mujeres con diversidad como mujeres; con deseos, anhelos y necesidades, a través del uso de los medios públicos. Y,
asimismo, propuso compensar el agravio económico que sufren las mujeres con diversidad, con medidas sistémicas y directas a las mujeres.
Finalmente, propuso que se realice una rendición de cuentas cada cuatro años por parte de las administraciones públicas implicadas.
Finalizó su intervención señalando que, aunque el Gobierno lleva mucho tiempo trabajando en la erradicación de la violencia de género, queda mucho por hacer y que es necesario alcanzar un consenso entre todas las fuerzas políticas e
institucionales del país e incidió en la necesidad de contar con un mayor presupuesto para el Pacto de Estado. Concluyó señalando que para ser una verdadera democracia todas las personas han de gozar de igualdad de trato y no discriminación.
Sesión de 4 de septiembre de 2024
1. D.ª María Victoria Rosell Aguilar. Magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género (núm. expte. 212/259).
La compareciente comenzó su intervención agradeciendo el trabajo de la Subcomisión. Continúo señalando que ella pensaba que la Delegación del Gobierno tenía una estructura mucho más grande y que cuando llegó se sorprendió porque la Relación
de Puestos de Trabajo que tenía era la misma a la que existía tras la aprobación de la Ley de 2004. Señaló que es imposible hacer frente a todas las violencias con el mismo personal e incidió en que es un organismo muy pequeño. Puso de relieve la
gran capacidad y compromiso de las personas que trabajan en la Delegación y en el Observatorio Estatal.
De acuerdo con la compareciente, el Pacto de Estado fue un valor en sí mismo pero faltaron en el mismo algunas violencias como la vicaria, que definió como la violencia por persona interpuesta utilizando a los niños y niñas, no como las
personas que son, sino como instrumentos. Señaló que, aunque no está en la Ley, sí se incluyó en el artículo 1, en el objeto de la Ley Orgánica 1/2004 y al haberse aprobado las leyes de infancia la Legislatura pasada les es aplicable todo el
esquema de protección de la Ley de 2004. De acuerdo con la compareciente todavía no se está asumiendo en los juzgados la violencia vicaria que se ejerce contra las madres y que tiene como víctimas directas a los hijos. Por otro lado, señaló que
también faltaron en el Pacto de Estado la violencia institucional, la violencia digital y la violencia económica. Respecto a esta última señala que una Jueza, ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial, formuló una petición al Gobierno para
que se regulara como delito. Y, finalmente, señala que tampoco estaban incluidas la violencia política y la violencia obstétrica.
Respecto a la violencia obstétrica explicó que ha habido varios pronunciamientos de organismos internacionales. Asimismo, señaló que el término creó mucho rechazo en la comunidad médica, del mismo modo que la violencia institucional crea
rechazo en otros ámbitos porque parece que es dolosa, que siempre es voluntaria y es consciente para hacer daño a alguien. Incidió en que el concepto de violencia obstétrica se esta conceptualizando como una falta de diligencia, como una omisión,
aunque hay algunas expertas que incluyen acciones positivas. Concluyó respecto a esta cuestión que mientras siga suscitando este rechazo, es necesario el diálogo.
Por otro lado, señaló que en el Pacto de Estado faltaron medidas con respecto a los agresores. En ese sentido, explicó que inicialmente no había muchas medidas, pero que ahora existen programas e ideas muy buenas para actuar con los
agresores en las
comunidades autónomas, que no tenían una medida del Pacto a la que poder acoger programas de reeducación, reinserción, de formación para la igualdad y muchos otros. Además, por otro lado, Instituciones Penitenciarias tiene programas, en
régimen cerrado y en régimen abierto. Pero subrayó que faltan programas de prevención con agresores y educación con agresores.
Y, finalmente, respecto al Pacto de Estado anterior señaló que faltó una estructura en el pacto de atribución de responsabilidad, es decir, de a quién corresponde actuar en relación con cada medida, y unos indicadores de evaluación.
A continuación, pasó a describir las tres herramientas esenciales que considera insoslayables: la Evaluación del Pacto de Estado 2018-2022; la Estrategia Estatal contra las violencias machistas 2022-2025, que ha sido una estrategia muy
participada, incluyendo Poder Judicial, Fiscalía, víctimas y supervivientes de todas las violencias y tiene una atribución competencial a diferentes organismos e indicadores de evaluación; y, finalmente, el Plan Conjunto Plurianual en materia de
violencia contra las mujeres. Este último, conocido como el Plan 2023-2027, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 20 de marzo del 2023, fue un acuerdo multilateral, aprobado tras una conferencia sectorial, donde se acordó que tenía que
haber una continuidad del Pacto de Estado, una estabilidad financiera y una permanencia en las políticas públicas y los servicios que se derivaban del Pacto. El Plan contiene en su anexo primero un catálogo de referencia de políticas y servicios en
materia de violencia contra las mujeres conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y un anexo segundo que es el sistema de indicadores y evaluación. Añadió que estas herramientas se completan con una aplicación informática, que
todavía no está en marcha, pero con la que se pretendía un seguimiento, una validación y una firma electrónica de los documentos por parte del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.
A continuación, pasó a explicar una serie de medidas específicas que de acuerdo con la compareciente salvan vidas y que se pueden remitir o encomendar al Congreso a través de esta Subcomisión al Gobierno o a cada uno de los organismos
competentes. En primer lugar, respecto al ámbito internacional de los tratados y los convenios, la inclusión de una cláusula de violencia contra la mujer que tenga casi el efecto de la cláusula de orden público. Puso como ejemplo el Convenio de la
Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y señaló que si hubiera una excepción de violencia de género como parte esencial del orden público español en algunos casos de victimas de violencia no se aplicaría como
si fuera mero derecho civil. También en el ámbito internacional señaló que sería muy importante la vinculación de los dictámenes de los comités de la ONU y de la CEDAW. Y añadió que habría que incluir una vía de ejecución en las leyes procesales.
Probablemente, al ser subsidiaria del resto, sería suficiente que se hiciera en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por otro lado, se refirió a la protección internacional, donde está vigente la Orden Europea de Protección y varios instrumentos a nivel policial y jurisdiccional que de acuerdo con la compareciente funcionan razonablemente bien. Añadió que
los consulados y las embajadas españolas son puntos violeta con teléfonos operativos las 24 horas y que funcionan muy bien y remarca el trabajo de las personas encargadas en este ámbito. Pero señaló que estaría muy bien que hubiera también VioGén
en las sedes consulares.
A continuación, propuso la mejora y reforma de determinadas leyes. En primer lugar, se refirió al Anteproyecto de Ley Integral contra la Trata, que está en tramitación, que de acuerdo con la compareciente debe incluir una Directiva europea
de 2024 que incluye el enfoque multiagencia. Además, incidió en que no puede haber una exclusividad policial en la detección e identificación de trata de seres humanos porque es mucho más que un delito. En este sentido, señaló que es una
vulneración de los derechos humanos y la protección no puede depender de que la víctima sea un testigo funcional en un proceso penal. Puso de manifiesto que, en realidad, es la misma evolución que con la violencia de género y que ahora el Estado ha
cambiado el enfoque para pasar a proteger y reconocer como víctima, aunque el proceso penal no concluya.
Respecto a la explotación sexual y la prostitución señaló que no hay que confundir abolicionismo con prohibicionismo y aunque el debate no esté cerrado hay una obligación común como Estado y un mínimo común, que es parte de la CEDAW, en el
artículo 6, que es la lucha contra la trata y la explotación sexual ajena. Dijo, por ello, que hay un consenso en perseguir a la industria proxeneta y en no criminalizar a las mujeres y tampoco aumentar su vulnerabilidad a través de la persecución.
Incidió en que tenemos ya una historia desde el Código Penal de 1973, que respecto de menores penaba a quien promueva, favorezca y facilite la prostitución. Por otro lado, explicó que la jurisprudencia ha sido muy restrictiva y que no se puede
perder de vista que el bien jurídico protegido es la libertad sexual y que no hay que perseguir el lucro, sino a quien impone condiciones a la prostitución ajena.
A continuación, apuntó que se podrían corregir algunos fallos en la Ley Orgánica 4/2023, sobre todo en las agresiones sexuales a menores de dieciséis años. Por otro lado, respecto al artículo 197 señaló que algunos expertos están echando de
menos las invasiones de intimidad o, si no, en el artículo 172 ter el acoso que supone poner balizas o intervenir, es decir, geolocalizar a la pareja o expareja. Además, añadió que no se incluyó en la LOGILS el acoso en las relaciones laborales y
explicó que en el Proyecto de Ley se incluía las presentes o futuras pero que estas últimas podía parecer un concepto abstracto. De acuerdo con la compareciente se podría incluir el proceso de acceso, concurrencia, beca o entrevista, e incidió en
que es un nicho de acoso que no es una relación laboral todavía y que, por lo tanto, queda fuera de la de la punición penal.
Por otro lado, señaló que aparte de lo que hay que hacer en relación con la aprobación o modificación de las leyes, lo necesario es cumplir las leyes vigentes. Por ejemplo, indicó que se va con retraso en el cumplimiento de las
disposiciones vigésima y vigésimo primera de la Ley Orgánica 10/2022, y que los juzgados de violencia contra la mujer asuman toda la violencia sexual y añadió que es necesario que se especialicen todos los niveles, no solo los juzgados, también la
Fiscalía, los equipos técnicos, que se dé la asistencia jurídica gratuita, que ahora mismo se le reconoce solo a violencia de género, menores y trata, pero no a víctimas de violencia sexual.
A continuación, señaló que respecto a VioGén es necesario incorporar algunas mejoras en los Ministerios de Igualdad, Asuntos Exteriores y en Hacienda, en este último caso, en relación con las prestaciones.
En relación con el Poder Judicial señaló que no se ha cumplido en estos últimos años con la formación y la especialización y recomendó el Documento del XVIII Seminario de Fiscales Especialistas en Violencia sobre la Mujer de 2023, en el que
se analiza cuestiones que se podrían dar en los juzgados y no se dan, y puso como ejemplo: fianzas y embargos, medidas cautelares civiles respecto de huérfanos, orden europea de protección, o en los casos de asesinatos de embarazadas y protección
del nasciturus, que a los efectos favorables siempre se tiene por nacido.
Por otro lado, expuso la posibilidad de que se establezca una relación entre la Subcomisión y los comités de crisis que lidera el Ministerio de Igualdad cuando hay más de cinco asesinatos o un repunte y, donde señaló, que trabajando con
compromiso de máxima confidencialidad y de confianza interinstitucional se sacan medidas muy interesantes.
En relación con VioGén señaló que cree que deberían mantenerse las medidas en el punto en que estén mientras el agresor siga siendo jurídicamente un agresor y puso como ejemplo un caso reciente de un asesinato en el que el caso estaba
inactivo en VioGén.
Finalmente, incidió en que a la vista de defectos como por ejemplo el caso de los agresores que tenían armas o problemas de salud mental es necesaria la coordinación interinstitucional, que cree que debe ser uno de los ejes de la
Subcomisión.
Concluyó señalando la importancia de los comités de crisis y de la Comisión del Congreso, de escuchar a las víctimas que enseñan los fallos del propio Estado y de las propias instituciones y manifestó que, en su opinión, el reconocimiento
incluye luchar contra el negacionismo al que es tan cómplice la violencia, y sobre todo escuchar en cada caso, analizarlo y, por lo tanto, aunque sea a posteriori, saber en qué se puede mejorar el
trato a las víctimas. En conclusión, de acuerdo con la compareciente toda esta coordinación interinstitucional salva muchas vidas.
2. D.ª Laura Gómez Hernández. Exdirectora general de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Especialista en igualdad y participación ciudadana (núm. expte. 219/131).
La compareciente comenzó su intervención agradeciendo a la Comisión la invitación a participar. Continuó señalando que la pregunta principal que debe formularse es cómo parar las escenas de crueldad contra las mujeres, pues resulta
fundamental hacerse las preguntas correctas. La compareciente expuso que en un país las muertas despiertan y hablan y su voz tiene la capacidad de perforar el oído de la sociedad en su conjunto y de las instituciones e incidió en que para las
mujeres de este país no es solo un capítulo o un episodio en la historia reciente, sino que se trata de un verdadero acto de supervivencia. Continuó señalando que la voluntad de muchas mujeres es la de querer seguir mirando, no ceder a la voluntad
de congelarse, como las muertas han podido hablar y las vivas han recuperado el derecho a contarlo todo sobre la violencia. En este sentido señaló que cuando las mujeres han perdido el miedo a ser y a decir, cuando han dejado de sentirse culpables,
han podido nombrar y han podido entender cómo han vivido, cómo las han imaginado y narrado los hombres. E incidió en que las mujeres han podido tomar conciencia y romper el poder de capturarlas, han podido decir que aquello a lo que llamaban amor
es en realidad un campo de concentración. Han podido nombrar, han podido diseccionar y delimitar qué es y con qué múltiples ropajes culturales se presenta la violencia machista.
Continuó su comparecencia señalando que el grito de dolor de las mujeres muertas y supervivientes es la energía que ha perforado el oído de la sociedad y de las instituciones. Describió que han tenido que pasar más de dos décadas, desde que
España hiciera la transición a un Estado social y democrático, para que hubiera las primeras legislaciones que reconozcan el derecho de las mujeres a ser dueñas de su destino y a proteger sus cuerpos del control y la violencia masculina.
Por otro lado, señaló que los intentos de borrar la voz de las mujeres no han sido pocos pero que, a pesar de ello, se ha conseguido contar con leyes que abriguen sus derechos y políticas públicas que aterrizan esos derechos, como el Pacto
de Estado contra la Violencia Machista como política marco y bajo control y seguimiento de las Cortes Generales. Sin embargo, añadió que la violencia no ha cedido e incluso que su repetición produce cierto efecto de normalización de los paisajes de
la crueldad y que hay que preguntarse por qué. En su opinión, la violencia no da tregua porque las mujeres han autorizado su voz y hacer público su dolor y esa voz ha provocado un seísmo cultural. Así, señaló que cuanta más confianza tienen las
mujeres en que las instituciones no las dejarán solas, más pierden el miedo a buscar información, a pedir apoyo y protección. A pesar de ello, la inmensa mayoría de las mujeres siguen sin tocar la puerta de las instituciones y, cuando lo hacen, las
instituciones no acaban de descodificar su idioma, especialmente el de las mujeres de origen extranjero.
A continuación, se preguntó dónde está la raíz de una violencia que no tiene formas definidas, que no tiene reglas y cuyos agresores son como fantasmas, que están en ninguna y en todas partes. Y señaló que el fallo sistémico más grave que
hay es precisamente que no se acaba de entender la violencia machista. Incidió en que la violencia machista es muy compleja de entender y citando a la antropóloga Rita Segato señaló que es un crimen del poder. En este sentido, explicó que este
crimen no puede ser comprendido por fuera de un orden político arcaico, que es rastreable históricamente, que organiza la sociedad entre cuerpos dominantes y cuerpos dominados. A este orden político, señaló la compareciente, las feministas
radicales de los años setenta le llamaron patriarcado y lo describieron como sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres que no se explica solo por las desigualdades materiales, sino también y sobre todo por su carácter cultural y
psicológico. Para la compareciente es un poder que formatea las mentes de mujeres y hombres a través de procesos de socialización genérica. Continúo
señalando que en este proceso hay elementos de seducción, actos de sumisión consentida, pero también hay actos de manipulación, de coacción y, por supuesto, de violencia. Concluyó a este respecto diciendo que el poder patriarcal como
sistema sociocultural es diferente a la fuerza y a la violencia, pero esta última solo adquiere sentido en relación con aquel y por ello señaló que la violencia debe abordarse desde su raíz sociocultural a través de políticas dirigidas a la toma de
consciencia.
La compareciente continuó su intervención señalando que no se acaba de aterrizar en la práctica esta mirada de interpretar la violencia machista. Incidió en que para combatir la violencia machista es necesario que las mujeres puedan ser
autónomas en lo material y libres en lo emocional. Para llevarlo a cabo, en opinión de la compareciente, el Pacto de Estado debe poner atención en cuatro desafíos. En primer lugar, se debe desplazar la reflexión hacia la masculinidad y hacia
aquellos mandatos que la construyen. En segundo lugar, es necesario agenciar a las políticas de igualdad de género. En tercer lugar, se debe comprender que los cambios culturales no van a provenir única y exclusivamente de instituciones que tienen
aún profundos sesgos patriarcales y que, por tanto, hay que redefinir los modelos de atención y de protección desde su dimensión relacional o comunitaria. Y, por último, el sistema de financiación del Pacto de Estado debe, efectivamente, rendir
cuentas de su ejecución y evaluar su impacto real. A continuación, pasó a analizar cada uno de estos desafíos.
En primer lugar, respecto al desplazamiento de la mirada hacia el mandato de la masculinidad, la compareciente señaló que los mandatos de género son construcciones que mutan a lo largo del tiempo, por ello, el pensamiento patriarcal ha
tratado de fijarlos y esencializarlos desesperadamente, porque se pueden desactivar. Continuó señalando que la falta de reflexión sobre qué es ser hombre es un privilegio que hace que la masculinidad sea un concepto prepolítico, preexistente al
sujeto, imposibilitando el cambio. En este sentido, añadió que, a diferencia del mandato de la feminidad, el mandato de la masculinidad no opera en el terreno del ser, es un estatus, es una potencia de carácter sexual, económico, moral, político,
que necesita aprobarse y ser reconocido por otros hombres. Para describirlo utilizó el ejemplo de una violación, que señaló que es una de las formas que tienen los hombres de dar cuenta a otros hombres de que merecen ser reconocidos como
verdaderamente hombres, de que merecen poder formar parte de la fratría. Citando de nuevo a Rita Segato añadió que la violación es instrumental, enuncia algo, les dice algo a otros hombres y concluye que esa formación masculina construye una
personalidad de tipo psicopático, limita la capacidad vincular y afectiva de los hombres y permite que sean capaces de cometer actos de enorme brutalidad con una muy baja sensibilidad a sus efectos. A este respecto, la compareciente concluyó que es
urgente que los hombres tomen conciencia de lo que implica dar cumplimiento al mandato de la masculinidad, y que se unan a la lucha contra el patriarcado.
Por otro lado, la compareciente señaló, citando el ensayo de Beatriz Ranea 'Desarmar la masculinidad', que el feminismo está desafiando la masculinidad hegemónica y esta puede tratar de reconstruir su subjetividad herida.
Continuando con el segundo desafío planteado, la compareciente señaló que los organismos y las políticas de igualdad nacieron desde el reconocimiento del ADN patriarcal de las instituciones comunes pero que a medida que el combate contra la
violencia ha irrumpido en la agenda parece haber sido colonizada por un sistema asistencial y de protección. En este sentido, propuso que se sigan haciendo esfuerzos para corregir radicalmente las condiciones materiales y simbólicas que construyen
las posiciones de inferioridad de las mujeres y desarmar el mandato de la masculinidad. Por ello, añadió que el horizonte del Pacto de Estado no debería ser solo combatir la violencia machista, sino el logro de la igualdad efectiva, y eso debe
incluir el cumplimiento íntegro de la normativa en materia de igualdad y dotar también a las políticas de igualdad de agencia, que significa, entre otras cosas, que los fondos del Pacto de Estado también vayan dirigidas al desarrollo de las
políticas de igualdad, al fortalecimiento de los organismos de igualdad, que son quienes tienen el mandato de cumplir la normativa en materia de igualdad de género.
A continuación, puso de relieve el esfuerzo de las instituciones vascas para alinear normativamente las políticas de igualdad con las políticas de lucha contra la violencia machista, razón por la que la última reforma de la Ley de Igualdad
vasca ha dado a los organismos de igualdad el papel de ser las coordinadoras del conjunto de la lucha contra la violencia machista. Señaló que la Ley vasca recoge entre principios generales que deben regir la actuación de los poderes públicos la
implicación de los hombres y establece que las instituciones públicas tienen que dedicar el 1,5% de su presupuesto al desarrollo de las políticas de igualdad.
En relación con el tercer desafío señaló que los organismos de igualdad son claves para desbordar la red asistencia y de protección y hacerla porosa al acompañamiento comunitario. En este sentido, describió que el sistema de atención y de
acompañamiento tiene que desburocratizarse y que, además, es necesario que el ecosistema relacional haga suyo el sufrimiento de las víctimas. Concluye a este respecto que la dimensión comunitaria es vital porque la violencia machista es sobre todo
una violencia relacional que destruye el tejido afectivo de las mujeres víctimas porque los hombres que las agreden en la mayoría de los casos o casi siempre forman parte de su entorno.
Por último, la compareciente se refirió al desafío de articular un sistema de transferencias económicas estables para los territorios a nivel local, con la finalidad de desarrollar las medidas del Pacto de Estado y que, en su opinión, debe
ser objeto de control exhaustivo. Señala que es necesario porque no se conoce su ejecución efectiva ni la evaluación del impacto de las medidas contenidas en el propio Pacto y porque no está garantizado que el presupuesto transferido se esté
destinando exclusivamente para alcanzar los objetivos fijados en las medidas del Pacto. Por ello, concluyó que sería oportuno reflexionar sobre qué hacer con el potencial incumplimiento de la política marco, de las medidas que establece el pacto, y
que, desde su perspectiva, puede entenderse como el incumplimiento de la debida diligencia de las instituciones.
A continuación, la compareciente pasó a resumir sus conclusiones. En primer lugar, señaló que conviene alejarse de cualquier discurso triunfalista porque el calendario está lleno de cruces, que son una tragedia colectiva. Además, añadió
que se corre el riesgo de normalizar los paisajes cotidianos de la crueldad y que se instale cierto hastío, cierto cansancio, desesperanza, que en su opinión es la tierra fértil en la que puede crecer esa pedagogía de la crueldad y que se
reconstruya sin respuesta efectiva por. Por ello, señaló es urgente que desactivemos los discursos, las prácticas, los rituales, las imaginaciones que construyen la psique agresora y la psique victimizada.
Como segunda conclusión señaló es necesario con urgencia poner la atención en desmontar el mandato de la masculinidad. Para ello, como ha descrito en su intervención, es necesario agenciar a las políticas de igualdad de género, autorizar y
apoyar el papel de la comunidad en la reparación de los cuerpos de las mujeres supervivientes y de un tejido social profundamente dañado, y, finalmente, gestionar de manera efectiva los fondos destinados al Pacto de Estado.
Finalmente, señaló que es necesario que las instituciones entiendan que la pelea no se hace sólo en su seno, sino también fuera, porque ha sido, en su opinión, el hilo afectivo que une a las abuelas con las madres y con las hijas el que ha
hecho audible para las instituciones el grito de dolor de quienes han compartido sus experiencias. En su opinión, además, es ese hilo afectivo el que puede hacer que los abuelos, los padres y los hermanos sientan el dolor de las mujeres como propio
y puedan abrirse desde esa empatía al dolor de las mujeres y a las preguntas más difíciles y a las preguntas más incómodas. Concluyó que cuando los hombres dejen de tener miedo a reconocer en sí mismos a algo de los monstruos, cuando dejan de tener
miedo a agitar las sábanas de sus fantasmas, cuando puedan liberarse de sí mismos, cree que las mujeres podrán empezar a imaginar que la vida podría ser algo distinto a caminar por el precipicio de un abismo cubierto de hielo, y cree que entonces sí
podremos empezar a caminar o a pensar que estamos llegando a destino.
III.3 Propuestas de los comparecientes
III.3.1 En la XIV Legislatura
- D.ª María Ángeles Carmona Vergara, Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (núm. expte. 212/2879) (celebrada el 17 de enero de 2023).
Obligatoriedad de la grabación de la declaración de la mujer (art. 416 LECr).
Obligatoriedad de los cursos de especialización en violencia de género. Ahora no lo son para quienes van a ocupar un juzgado mixto (coincide con propuesta de la Sra. Tardón).
Crear la especialidad jurisdiccional de violencia de género (competencias restadas al Consejo por la Ley 4/2021) (coincide con propuesta de la Sra. Tardón y el Sr. Sánchez Melgar).
Reforma del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004.
Modificación de la competencia de los juzgados especializados vinculada a la modificación de la planta judicial.
Atención por funcionarios especializados y protocolos específicos (para evitar revictimización).
Elaborar protocolos de coordinación entre jueces de violencia y juzgados de familia (coincide con propuesta del Sr. Sánchez Melgar).
Ampliar el concepto de violencia de género y supresión de elementos subjetivos (intención de dominar). La Ley no es expresa y eso plantea al Tribunal Supremo problemas de interpretación.
Eliminar la atenuante de confesión y reparación del daño en los casos de violencia de género.
Que los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento tengan consecuencias (coincide con propuesta del Sr. Sánchez Melgar).
Existencia de programas obligatorios para la rehabilitación de maltratadores, independientemente de la voluntad del juez.
Que se remitan a VioGén, los partes de lesión que no van incluidos en los atestados para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan reevaluar el riesgo.
Que las Unidades de Valoración Forense incluyan la valoración urgente del riesgo en el momento de la guardia (actualmente esto no sucede en muchos juzgados) (coincide con propuesta de la Sra. Tardón).
Que se integren informáticamente los diferentes sistemas de VioGén, incluyendo los datos del sistema Cometa.
Que los medios de comunicación no confundan a la ciudadanía y trasladen correctamente los mensajes, de acuerdo con el Pacto.
- D.ª Yolanda Domínguez. Autora del ensayo 'Maldito estereotipo' y experta en el tratamiento de las violencias en los distintos formatos audiovisuales (núm. expte. 219/959) (celebrada el 17 de enero de 2023).
Importancia de la prevención, sensibilización y formación.
Evitar las imágenes en las que la mujer aparece infertilizada, sexualizada, evitando los estereotipos.
No confundir el verdadero empoderamiento femenino.
- D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado (núm. expte. 212/2880) (celebrada el 17 de enero de 2023).
Perfilar mejor el artículo 450 del Código Penal para que la lucha contra la violencia de género se persiga con más rigor, partiendo de la base de que se trata de un delito que vulnera derechos humanos (al que subyace un interés colectivo
no únicamente de la víctima).
Entender que los ataques sobre los menores son siempre vicarios. Animó al legislador a concretar el tema de la prisión permanente revisable con relación a la violencia vicaria (hasta ahora se han dado diferentes interpretaciones
judiciales).
Extremar la coordinación entre órganos judiciales.
Animar a denunciar y evitar que la resiliencia a la denuncia implique falta de credibilidad.
Modificar el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para que la violencia económica se incluya. En la misma línea reforzar los apartados relativos a
violencia económica en el artículo 227 y siguientes (impago de pensiones y alzamiento de bienes).
Adoptar medidas políticas consensuando un nuevo pacto por consenso.
Retocar la agravante de alevosía para incorporar la convivencial o doméstica (se ha ido introduciendo por vía jurisprudencial pero estima que sería útil tipificarla).
No derogar la atenuante de confesión (es materia discutida). La considera útil para los casos en que la investigación es difícil.
Suprimir en el tipo delictivo de amenaza la consideración de que el mal anunciado ha de llegar a conocimiento de la amenazada.
Evaluar los leves incrementos de la pena que se producen ante el quebrantamiento de medidas cautelares de forma continuada.
Tratar el tema del uso de los antecedentes penales como medida de prevención en el ámbito del Estatuto de la Víctima del Delito, por ser más correcto desde el punto de vista de técnica jurídica.
Que los abogados del turno de oficio cuenten con una justa retribución.
Que haya más juzgados especializados sobre la violencia contra la mujer (que la mujer que denuncia se encuentre con un espacio amigable, evitando el peregrinaje de jurisdicciones y actuando ágilmente en la resolución de conflictos.
Que los medios de comunicación respeten la intimidad de las víctimas.
Que se mejore el procedimiento de ejecución informando a la víctima de los riesgos potenciales.
Aumentar los controles de prevención del riesgo y las oficinas de asistencia a la víctima.
- D.ª Cira García Domínguez, Representante de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE) (núm. expte. 219/960) (celebrada el 17 de enero de 2023).
Ampliar el concepto de violencia de género, conforme al Convenio de Estambul, medida 102. La Ley Orgánica 1/2004 se refiere únicamente al ámbito de la pareja, expareja, relación conyugal o exconyugal, cuando el Convenio de Estambul
establece un concepto más amplio de qué se entiende por violencia de género, así, toda violencia que se comete contra las mujeres por el hecho de ser mujeres o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada.
Ampliar la plantilla de los juzgados de violencia sobre la mujer y analizar su redistribución.
Incluir el concepto de violencia económica en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 y darle entidad propia en el Código Penal, sin entenderla incluida dentro de la violencia psicológica, atribuyendo la competencia de su
conocimiento a los juzgados de violencia sobre la mujer.
Incrementar los puntos de encuentro especializados en materia de género, con personal dotado de una formación especializada y obligatoria en perspectiva de género y en perspectiva de la infancia.
Mejorar la coordinación y cooperación de las instituciones.
Valorar de las circunstancias concurrentes para la suspensión del régimen de visita de los presuntos maltratadores caso por caso, contando los juzgados con el equipo psicosocial adecuado para dicha valoración.
Garantizar una formación en perspectiva de género de los jueces obligatoria y evaluable.
Garantizar que, en los casos en que se admita la prueba preconstituida, el padre no este presente, para respetar al menor.
- D.ª Susana Camarero Benítez, Presidenta de la Confederación nacional de mujeres en igualdad (núm. expte. 219/961) (celebrada el 17 de enero de 2023).
Continuar con el espíritu conciliador del pacto entre los diferentes grupos parlamentarios y con la colaboración de la sociedad civil.
Reforzar la prevención de la violencia de género, promoviendo la sensibilización de los jóvenes a través de programas y guías de prevención contra la violencia de género y de la formación del profesorado.
Incrementar las campañas de concienciación contra la violencia de género dirigidas a la juventud, destacadamente a través de las redes sociales.
Fomentar más formación y sensibilización a las víctimas, así como poner en su conocimiento el conjunto de recursos que tienen a su alcance, como, por ejemplo, la posibilidad de contar con un abogado de oficio.
Conseguir que las medidas de lucha contra la violencia de género sean lo más eficaces posibles, tanto en relación con las mujeres que han denunciado su situación, como con las que no.
Fomentar las reuniones con la sociedad civil para evaluar el repunte de casos de violencia de género con el Parlamento y con todos los ministerios, incluido el de Igualdad.
Incrementar la prevención reforzando la formación de los operadores sanitarios.
Fomentar el acompañamiento de las víctimas, psicológico y jurídico, durante los procedimientos judiciales, con especial atención a las más vulnerables, por su juventud, discapacidad y otros factores.
Incrementar las unidades de valoración forense en todas las comunidades autónomas.
Profundizarse en las medidas de protección, formando a los miembros de la policía y aumentando la coordinación entre todos los actores: sanitarios, judiciales y policiales.
- D.ª Lorena Garrido, Profesora asociada del Departamento de Ciencia política y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona e integrante del grupo de investigación Antígona (núm. expte. 219/962) (celebrada el
17 de enero de 2023).
Revisión del concepto de violencia de género para su adaptación a la normativa internacional y, en particular, al Convenio de Estambul, para que no abarque exclusivamente la violencia que se produce en el ámbito de las relaciones
afectivo-sexuales y abarque todas las formas y ámbitos de este tipo de violencia, incluyendo manifestaciones como violencia económica, matrimonio forzado, agresiones sexuales a menores, violencia simbólica en medios de comunicación y en redes
sociales.
Profundizar en el concepto de la reparación de la situación de una mujer cuando ha sufrido violencia.
Abordar el concepto de diligencia debida y derecho a la no repetición, compuesto por dos elementos: la no repetición de la violencia para el caso concreto de la persona que la ha vivido y la no repetición de la violencia a ninguna otra
mujer en su situación.
Dentro de la diligencia debida, atender al compromiso económico del Pacto de Estado, con recursos permanentes para asegurar la estabilidad económica de los trabajadores en materia de lucha contra la violencia de género para poder
garantizar la no repetición de los hechos.
Cambiar el concepto de violencia de género por violencia machista, que se centra en la causa de la violencia, el machismo, y no en su víctima.
Visualizar el conjunto de recursos a disposición de las mujeres, de manera sistemática, para hacer frente a su regulación jurídica, caracterizada por su dispersión.
Atender a la diversidad de las mujeres en todo su espectro.
Reflexionar sobre las diversas formas que adopta la violencia, sexual, física o psicológica y que se manifiesta en el ámbito de la pareja, la familia o en el trabajo, pudiendo ser también violencia simbólica, en las redes sociales y medios
de comunicación u obstétrica, para que las medidas de prevención se adapten a las diferentes manifestaciones de esta violencia.
Incluir el concepto de interseccionalidad, de acuerdo con la recomendación 35 de las Naciones Unidas, que implica la necesidad de actuar de forma interseccional para abordar la violencia machista, como consecuencia de la concurrencia del
machismo con otros ejes de discriminación, como el origen, el color de la miel, la racialización o la clase social, además de las mujeres presas, en las que la violencia impacta de manera agravada.
Profundizar en la sensibilización y visibilización de la violencia de género.
Necesidad de atender al modo en que se aplican las legislaciones recientes, como la Ley de Protección a la Infancia.
Diferenciar entre la violencia de género que existe y la que es denunciada.
Dotar a las víctimas de protección y reparación en términos económicos, sociales, sanitarios y psicológicos, incrementándose los recursos en el ámbito de la atención y de la reparación a las víctimas.
Entender la justicia en perspectiva de género.
Agilizar la protección.
Aplicar el modelo utilizado por la Ley Integral para la Protección, tomado de las Naciones Unidas, de Protocolos separados para las situaciones de crisis, como puede ser una situación de separación o divorcio.
Reforzar la protección de las diversas formas que reviste la violencia, incluyendo el ámbito de la empresa, garantizando los protocolos de igualdad la Inspección de Trabajo.
Incrementar la actividad, recursos y formación especializada en materia de lucha contra la violencia machista.
- D.ª Teresa Peramato Martín, Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer (núm. expte. 212/2876) (celebrada el 18 de enero de 2023).
Mejorar las medidas de diagnóstico del riesgo, con Unidades de Valoración Integral Forense dotadas de personal suficiente, especializado en materia de violencia de género y perspectiva de la infancia y estable, que valore adecuadamente los
riesgos, para que los jueces adopten las medidas oportunas con mayor seguridad.
Mejorar los dispositivos telemáticos de control y potenciar su utilización, acordándose su instalación cuando la valoración de riesgo es alta o media, con especial vulnerabilidad, dada su probada eficacia. Asimismo, se deben actualizar
los protocolos de seguimiento de actuación de dichos dispositivos, incluyendo las normas de conducta en la suspensión de las prohibiciones de aproximación en los casos de libertad vigilada.
Aumentar la plantilla de los juzgados, asegurando la presencia de un fiscal especializado en todos los procedimientos y trámites en materia de violencia de género.
Revisar el régimen de visitas, las ayudas a los huérfanos y familiares que se hacen cargo de ellos.
Revisarse los puntos de encuentro familiar, exclusivos y especializados, para la violencia sobre la mujer.
Ampliar la respuesta integral y especializada a todas las manifestaciones de violencia sobre la Mujer.
Tipificar la violencia económica.
Mejorar la detección de situaciones de violencia vicaria instrumental.
Estudiar las necesidades y carencias estructurales para garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas de violencia vicaria extrema en todos los procedimientos administrativos y judiciales.
Profundizar en el síndrome de alienación parental, en el que deben estar formados todos los operadores.
Potenciar la prohibición de la mediación o coordinación parental.
Mejorar la coordinación para mejorar la asistencia.
Potenciar la denuncia.
Mejorar la protección y evitar espacios de impunidad.
Garantizar la supervivencia de las asociaciones de mujeres, asegurando el debido cumplimiento de las obligaciones establecida en los art. 7, 8 u 9 del Convenio de Estambul.
- D.ª María Eugenia Rufino, Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) (núm. expte. 212/2877) (celebrada el 18 de enero de 2023).
Establecer y mantener, en el ámbito municipal, estructuras integrales de atención donde, como mínimo, haya un centro de apoyo psicológico y, a ser posible, asesoramiento jurídico para las víctimas.
Trabajar en la homogeneización de la atención a las víctimas de violencia machista, con independencia de su lugar de residencia, estableciendo estructuras estables en los ayuntamientos.
Insistir en la prevención a través de la educación.
Apoyar la creación de una escuela virtual, ubicada en la FEMP que confluya con ATENPRO, para dar soporte, asesoramiento y coordinación entre los ayuntamientos, no sólo en la forma de gastar los fondos del pacto de Estado, sino también para
cuestiones de formación en materia de igualdad. Además, dicha escuela virtual debe ser una escuela de formación continua y un banco de buenas prácticas, en el que se compartan las experiencias de otros municipios y, en su caso, se acaben reflejando
en las leyes.
Garantizar una formación en materia de igualdad extendida a todo el personal al servicio de las instituciones, y no únicamente a las que llevan cuestiones relativas a la igualdad, para permitir la detección temprana de los casos de
violencia de género, en particular, a través del personal que atiende al público.
- D.ª Graciela Atencio, Presidenta de la ONG Feminicidio (núm. expte. 219/956) (celebrada el 18 de enero de 2023).
Mejorar la prevención y la sensibilización, poniendo el foco en el concepto de libertad sexual, sexualidad responsable y coeducación.
Realizar una gran campaña de sensibilización de los tipos de violencia sexual que se manifiestan en el mundo digital, enseñando a los niños menores las formas de violencia sexual extrema para prevenirla, sin que les cause problemas para
relacionarse con los demás.
Incrementar el marco conceptual de los tipos de violencia sexual, incorporando la pornografía y la prostitución como formas de violencia machista.
Incrementar las medidas de prevención, sensibilización y formación de los operadores jurídicos o educadores.
Realizar un seguimiento adecuado de los maltratadores, también en el seno del hogar, a través de los Servicios Sociales e incluyéndoles también en el seguimiento que se hace a través de los diversos estudios, para prevenir otras formas de
violencia como el asesinato de sus madres.
- D.ª Begoña Riveira Barros, Exdirectora del Centro de recuperación de mujeres víctimas de violencia de género de Galicia. Asesora del Centro de Información a la Mujer de Azúa (A Coruña) (núm. expte. 219/957) (celebrada el 18 de enero de
2023).
Necesidad de garantizar la integridad física y moral del artículo 15 de la Constitución Española para todas las personas, con independencia de su nacionalidad y residencia, frente a las comunidades autónomas que deniegan el ingreso de las
mujeres víctimas por no tener en ellas su residencia.
Superar las desigualdades entre comunidades autónomas, garantizando que las casas de acogida admitan personas de otros países.
Garantizar la igualdad de los recursos existentes, como oficinas de asistencia a víctimas, equipos de VioGén o juzgados mixtos o exclusivos, entre las ciudades y el mundo rural.
Realizar encuestas a las víctimas sobre los puntos básicos de atención para que, en su caso, se corrijan las anomalías en cuanto a la atención por parte de su personal.
Superar la publicidad institucional equívoca en torno a la consigna de 'denuncia', y aclarar la confusión que produce que el teléfono 016 sea un teléfono de información y no de denuncia.
Sustituir el concepto de víctima por el de 'mujeres que sufren una situación de violencia de género', para evitar crear estereotipos.
Aumentar el papel de las Subdelegaciones del Gobierno en materia de violencia de género, revisando de manera pormenorizada los protocolos y documentos que se aplican y abordando la cuestión de una manera más seria y empática.
Trabajar la materia de violencia de género por el legislador de una manera más pausada pero completa, para no estar modificando constantemente la legislación.
Establecer un expediente social único, coordinando de manera eficaz y real los servicios de violencia de género y las Administraciones.
Actualizar mensualmente las medidas del Pacto de Estado, para mantener un control de su cumplimiento y de sus carencias.
Prohibir de manera absoluta la mediación en los casos de violencia de género.
Revisar las medidas 63 y 64 relativas al papel que se da a los consulados, pues plantean problemas en materia de trata.
- D.ª Ana Bernal-Triviño. Experta en violencia/s contra las mujeres y en el tratamiento que se hace de las mismas en los medios de comunicación (núm. expte. 219/958) (celebrada el 25 de enero de 2023).
Atender al problema de la prevención y la necesidad de impedir la desinformación.
La medida 54 del Pacto encuentra graves problemas para su cumplimiento dada la difusión del uso de plataformas, digitales especialmente entre los jóvenes. En consecuencia, que el Pacto tenga en cuenta las redes sociales.
Que se actualice el Instagram del Ministerio de Igualdad en lo que se refiere a las cifras de mujeres asesinadas.
Actualización de los datos que proporciona el Observatorio de la Imagen de las mujeres.
Advirtió del incumplimiento de la Medida 47 (tendencia de los medios de comunicación a incluir los temas de violencia de género en el campo de los sucesos y de periodistas no especializados).
También advirtió de la escasa incidencia de la Medida 43 relativa al compromiso de los medios de comunicar las sentencias condenatorias.
Transparencia en los presupuestos del Pacto en todas las partidas tanto en las gestionadas por el Estado como en las de las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Medida 246 (todavía pendiente) que el Gobierno inste en el ámbito de la Unión Europea a la formalización de un pacto de alfabetización mediática.
- D.ª María Tardón Olmos. Magistrada del Juzgado Central de Instrucción N.º3 de la Audiencia Nacional (núm. expte. 212/2878) (celebrada el 25 de enero de 2023).
Extender la obligatoriedad del curso de inicio de formación en violencia de género a quienes van a ocupar un juzgado de primera instancia, normalmente mixto y no exclusivo de violencia. Que al menos sea obligatorio la parte teórica que se
puede realizar on-line.
Retomar de una jurisdicción especial en violencia sobre la mujer (medida del pacto no realizada).
Otorgar reconocimiento profesional a esta especialidad para no entorpecer la carrera de quienes eligen esa opción.
Incrementar el número de Unidades de Valoración forense integral ya que ni siquiera todos los juzgados especializados cuentan con una, lo cual les impide contar con los informes necesarios de forma inmediata, en el transcurso de las
guardias.
Análisis del proceso de comarcalización de los juzgados de violencia (agrupación de varios partidos judiciales con el fin de que uno de ellos asuma las competencias en violencia de género. Ha supuesto verdaderas situaciones de colapso,
por ejemplo, en Algeciras) y retorno a la situación anterior.
Adecuar la planta judicial.
Necesidad de mejorar técnicamente los protocolos de actuación y la cobertura del sistema.
Necesidad de mejorar la información que el Centro Cometa remite a los juzgados.
Potenciar y mejorar los instrumentos del sistema Cometa que protegen a la víctima.
Supresión de la atenuante de confesión.
Modificación de las competencias de los Juzgados de Violencia para que se extiendan a todos los tipos de violencia contra la mujer, de acuerdo con el Convenio de Estambul.
Imponer una correcta definición de la expresión 'análoga relación de afectividad' del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, ya que da lugar a interpretaciones dispares a pesar de que la Jurisprudencia de la Sala Segunda ha clarificado los
términos del citado artículo. Se ofreció a facilitar una redacción a la Subcomisión sobre este extremo.
- D. Samuel Vázquez Álvarez, Presidente de la Asociación Una Policía para el siglo XXI (núm. expte. 219/963) (celebrada el 25 de enero de 2023).
Garantizar que las leyes se adapten a las dinámicas sociales, sin que los políticos determinen a través de las mismas el ritmo que debe seguir la sociedad.
Despenalizar todos los conflictos que se generan en la llamada violencia de género, pues colapsa los juzgados con casos de mínima entidad, mientras se ocultan situaciones graves de violencia instrumental.
Escuchar la opinión de todos los implicados en la lucha contra la violencia de género en primera línea.
Replantear el tipo delictivo de la violencia de género, tratándose la violencia en su conjunto dentro del ámbito familiar, para no dejar fuera factores definitivos para la resolución del conflicto.
Atender a otros criterios para explicar la evolución de la violencia sobre la mujer en España, como los problemas culturales y religiosos, de costumbres y de valores.
Adecuar la terminología política, sin señalar que se va a acabar con la violencia de género, toda vez que, aunque de una manera más residual, la violencia siempre va a existir.
- D.ª Isabel Caballero Pérez, Coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (núm. expte. 219/964) (celebrada el 25 de enero de 2023).
Poner en marcha una macroencuesta específica sobre la violencia de la que son objeto las mujeres con discapacidad, para poder emprender políticas y ayudas adecuadas.
Garantizar la accesibilidad universal de los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género y, en general, de todos los recursos e información a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, suprimiendo las
barreras arquitectónicas que pudiesen existir.
Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad, incluyendo la ayuda legal gratuita, asegurando la plena accesibilidad de todas las garantías procesales.
Formar al personal involucrado en la lucha contra la violencia de género también en relación con la situación en la que se encuentran las mujeres con discapacidad.
Trabajar en el desarrollo e implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad y se profundice en la
generación de conocimiento en torno a la prevalencia de la violencia machista por razón de discapacidad.
- D.ª Maria del Rosario Blasco Martínez, Coordinadora del Grupo de Trabajo Atención a la Mujer de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) (núm. expte. 219/965) (celebrada el 25 de enero de 2023).
En línea con el Plan Nacional SEMERGEN Contra la Violencia de Género en Atención Primaria, firmado en 2019, optimizar recursos y estrategias de prevención, detección, atención y formación de los profesionales de la Atención Primaria, en
relación con las distintas formas de violencia de género, para garantizar que la Medicina de Familia está preparada para la actuación e intervención en todas las cuestiones sociosanitarias de la población, además de contar con los recursos
diagnósticos y asistenciales, pues la exposición a la violencia de género genera la aparición de numerosos problemas de salud físicos y psíquicos de la mujer y de sus hijos. Por ello, es importante que sea en la atención primaria, como el primer
acceso sanitario a la salud de la mujer, donde se localicen estos síntomas.
- D. Erik Pescador, Especialista en género, igualdad, masculinidades y prevención de la violencia machista (núm. expte. 219/966) (celebrada el 25 de enero de 2023).
Blindar el pacto de Estado, pues es el instrumento que permite que se trabaje por la igualdad. Se debe seguir con la financiación de la materia, pues está cambiando la sociedad, y debe asegurarse un buen uso de dichos fondos.
Hacer programas de largo recorrido y con continuidad y seguimiento de dichos programas, pues es este aspecto lo que realmente hace efectivos los cambios sociales.
Seguir trabajando con los hombres, pues las terapias han tenido un éxito de un 18%. Trabajar también con la idea de los hombres y de lo masculino en la cabeza de las mujeres.
Trabajar la sexualidad, el cuerpo y las emociones, para evitar el constructo patriarcal que se ha creado y como antídoto contra la violencia.
La educación sobre la violencia debe complementarse con la educación en la paz, el buen trato y las relaciones desde la igualdad.
Incidir en la coeducación social. Además del alumnado, debe trabajarse con las madres, los padres y el profesorado, para evitar que se refuercen algunos estereotipos y modelos tradicionales.
- D.ª Rosa Garriga Llorente. Presidenta de la Fundació AGI (Assistència i Gestió Integral) (núm. expte. 219/967) (celebrada el 25 de enero de 2023).
Necesidad de contar con mayor número de recursos asistenciales (casos de acogida, atención psicológica...).
Importancia de la rehabilitación de maltratadores.
- D. Jorge Sesé. Perjudicado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (núm. expte. 219/968) (celebrada el 25 de enero de 2023).
Necesidad de proteger a los padres a los que, a veces, se impide ver a sus hijos de manera infundada.
Que se cumplan los requisitos del régimen de visitas.
- D.ª Helena Soleto Muñoz. Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid (núm. expte. 219/969) (celebrada el 31 de enero de 2023).
Que se cambien las formas de evaluar el aprendizaje de los operadores, externalizando la evaluación para que las instituciones no se evalúen a sí mismas.
Que se mejore el tratamiento de la reparación económica para imponer un sistema más eficaz: Creación de un Fondo estatal que permita adelantar las cantidades reconocidas
en las sentencias, sin perjuicio de que posteriormente sea el propio Estado quien intente resarcirse ante el agresor.
Que se actualice la Ley de 1995 y su Reglamento porque las compensaciones estatales están obsoletas.
Que la Comisión ad hoc del Ministerio de Hacienda, que aprueba compensaciones en este ámbito, no niegue servicios básicos como la atención terapéutica de menores, alegando que no se ha demostrado la necesidad del tratamiento.
Modificar el proceso penal para evitar que las víctimas se sigan sintiendo maltratada. Modernizar el proceso para conseguir un cambio de perspectiva y percepción de la sociedad y los operadores jurídicos.
Con relación a la ejecución, vigilar el pago que los agresores que se encuentran en prisión deben hacer a las víctimas. Actualmente no existe conexión entre el Juzgado o la Audiencia que ha emitido la sentencia e impuesto la condena,
incluida la reparación económica, y el juez de vigilancia penitenciaria.
- D. Alejandro Villena Moya. Psicólogo y sexólogo clínico. Director clínico y de investigación de la Asociación Dale una vuelta (núm. expte. 219/970) (celebrada el 31 de enero de 2023).
Incrementar los recursos para detectar en atención primaria posibles problemas de sexualidad con menores.
Desarrollar en los colegios protocolos de intervención.
Establecer algún organismo de regulación (la Digital Service Act de la Unión Europea plantea la posibilidad de controlar contenidos nocivos para los menores aunque no sean ilegales).
Desarrollar programas de educación afectivo-sexual que cuenten con grupos de expertos y operen sobre bases científicas proporcionando relaciones sexuales basadas en el respeto y la ética.
Encontrar puntos de acuerdo políticos sobre unos contenidos mínimos (evitar la violencia en la pornografía y la mercantilización del cuerpo de la mujer como una prioridad pública estableciendo con los organismos de regulación de contenidos
en Internet, especializados en sexualidad para detectar casos de violencia sobre la mujer o de pedofilia).
Posibilidad de imponer a las operadoras telefónicas la obligación de colocar filtros en función de la edad del usuario.
- D. Jesús Muñoz Isidoro. Vicepresidente de ANAVID (núm. expte. 219/971) (celebrada el 31 de enero de 2023).
Igualdad ante la Ley.
Control de las denuncias falsas.
- D.ª Chelo Álvarez. Presidenta de la Asociación Alanna. Psicoterapeuta especializada en violencia de género, abusos sexuales a la infancia y trauma (núm. expte. 219/972) (celebrada el 31 de enero de 2023).
Creación de una ventanilla única para evitar la revictimización.
Que se impida el uso del SAP (Síndrome de Alienación Parental) por parte de los ministerios implicados y que se cuente de un Reglamento sancionador que permita regular las conductas de cualquier operador público o privado.
Que se fomente la coordinación interministerial y se revisen los protocolos existentes que a veces se utilizan escasamente.
Regular la 'violencia de segundo orden' que se ejerce sobre los profesionales que denuncian situaciones de violencia (ya lo han hecho algunas comunidades autónomas).
Que se centralicen las actuaciones para que el trato que recibe la víctima no varíe en función de la comunidad autónoma en la que reside.
Que las acreditaciones de la condición de víctima se proporcionen físicamente a estas para que los utilicen siempre que lo requieran. Que también se unifique criterios de las comunidades autónomas en este punto.
- D.ª Patricia Díaz Estébanez. Estilista (núm. expte. 219/973) (celebrada el 31 de enero de 2023).
Necesidad de mejorar la asistencia a las víctimas, de un buen uso del dinero público y evitar las denuncias falsas.
- D.ª Nerea Barjola. Doctora en feminismos y género y experta en violencias sexuales (núm. expte. 219/974) (celebrada el 31 de enero de 2023).
Normalizar los pagos que se hacen a los ayuntamientos, que actualmente no llegan hasta enero, contando con escasos meses para su ejecución que debe concluir en junio.
Incidir en las políticas locales, procurando actuaciones estables y continuadas en base a estructuras municipales en áreas de igualdad dotadas de personal técnico incluyendo los pequeños municipios y zonas rurales.
- D.ª Carla Vall i Durán. Abogada penalista experta en género (núm. expte. 219/1005) (celebrada el 28 de febrero de 2023).
Necesidad de incrementar la protección laboral de las víctimas, dado que muchas situaciones de violencia derivan en incapacidades temporales.
Que se aconseje a las mujeres desde el punto de vista de la prevención.
Necesidad de dotar de servicios a los pueblos y los sitios pequeños no concentrando toda la asistencia en las ciudades.
Necesidad de disponer de estadísticas sobre los agresores.
Necesidad de fomentar la formación desde la infancia y no solo en el ámbito educativo.
Necesidad de dotar de recursos para que la atención a las víctimas sea suficiente.
- D.ª Norma Vázquez. Psicóloga feminista. Directora de SORTZEN Consultoría (núm. expte. 219/1006) (celebrada el 28 de febrero de 2023).
Importancia de renovar el Pacto insistiendo en un enfoque de reparación del daño (no sólo del producido por el agresor sino también del que provoca a la sociedad).
Evitar la revictimización que cuando es ejercida por profesionales denota una falta de formación especializada.
Prestar más atención a los hijos.
III.3.2 En la XV Legislatura
- D. José Iniesta Sánchez. Policía Judicial. Representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y secretario de Acción Asociativa de la Junta Directiva Nacional de la AUGC (núm. expte. 212/215) (celebrada el 12/06/2024).
Activar la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, para integrar, ampliar y reforzar los Equipos VioGén con los Guardias Civiles en la reserva que así lo desearan. Con esta cláusula se activarían 100 millones de
euros y 7.300 efectivos que actualmente se encuentran en la situación de reserva que podrían incorporarse a los equipos de VioGén.
Mejorar la calidad del servicio que prestan esas unidades, ya que el personal sería formado específicamente para desarrollar las funciones requeridas y ocuparía una vacante propia, no detraída de otra unidad.
Liberar vacantes de unidades enclavadas en los Puestos de seguridad ciudadana.
- D.ª María Sellés Vidal. Coordinadora de AADAS-Asociació D'Assistència a Dones Agredides Sexualmente (núm. expte. 219/92) (celebrada el 12/06/2024).
En relación con el Eje 1 del Pacto de Estado propone que antes de que las mujeres rompan el silencio es necesario tener las estructuras y recursos suficientes.
En relación con el Eje 9 del Pacto de Estado y los recursos asignados a las asociaciones propone que hay que cuidar a los profesionales que acogen a las mujeres víctimas.
En relación con el trabajo de las asociaciones propone que el trabajo es complementario al de las instituciones pero que es necesario darles recursos para que puedan realizarlo.
Propone que se tomen medidas para garantizar la vivienda, el trabajo y el sostenimiento básico de la vida de las víctimas como paso previo a la recuperación de la violencia machista.
- D.ª Sonia Vaccaro. Psicóloga clínica y forense (núm. expte. 219/93) (celebrada el 12/06/2024).
Propone que la violencia vicaria se agregue al Pacto de Estado como un eje que la incluya de modo preponderante y específico.
Tipificar en el Código Penal y Civil la violencia vicaria.
Incrementar el número de juzgados de violencia sobre la mujer porque es allí donde debe atenderse la violencia vicaria.
Propone que la formación de juezas, jueces y todo el personal que tenga contacto con la mujer y sus hijas e hijos sea obligatoria, especializada, continua y actualizada.
- D.ª Laura Selena Báez. Integrante de la Junta Directiva de la Federación de Mujeres Jóvenes. Responsable de las áreas de violencia de género y sexual (núm. expte. 219/113) (celebrada el 18/06/2024).
En relación con las plataformas digitales y redes sociales, la compareciente defendió que se lleve a cabo una regulación mucho más incisiva de su contenido, y en particular de las formas a través de las cuales acceden las personas más
jóvenes, y que se generalice el uso de la inteligencia artificial para detectar y excluir las conductas violentas y la pornografía.
Propuso que se incremente la transparencia en el uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, que se realice una auditoría de la puesta en marcha de estos fondos y que parte de los mismos se orienten a tareas de
investigación para localizar cuáles son los mayores desafíos a los que nos enfrentamos.
Seguir reforzando las campañas de concienciación y formación dirigidas a las personas más jóvenes, que deberían contar con el asesoramiento de la juventud para realizarse.
Inclusión en el programa educativo de una perspectiva de género incluyendo el papel de los referentes femeninos en la historia.
Reforzar la formación del profesorado y los profesionales de la educación, así como apostar en la coeducación en los términos que ya exige la ley.
Propuso que se establezcan servicios especializados de atención a jóvenes víctimas de violencia machista y vicaria y que estos operen las 24 horas del día con personal especializado para tratar con colectivos jóvenes.
Extender las medidas de protección a las personas víctimas de violencia vicaria a personas que ya hayan cumplido los 18 años de edad.
- D.ª María Pilar Esther Rojo Beltrán. Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia (núm. expte. 212/232) (celebrada el 18/06/2024).
En relación con la violencia de género, en general, se deben aprovechar al máximo las herramientas que ya ofrece la legislación vigente y optimizar los recursos existentes.
Utilizar de manera más amplia el protocolo de valoración forense del riesgo de violencia de género.
Superar las deficiencias que lastran la plena utilización de los dispositivos telemáticos (las 'pulseras'): tardanza de los técnicos en acudir al órgano judicial y existencia de zonas del territorio que cuentan con falta de cobertura.
Aplicar un enfoque interseccional que tenga en cuenta los factores de riesgo a la hora de identificar y reforzar la protección de los colectivos más vulnerables.
Que la valoración forense integral se practique a toda mujer que haya sido víctima de un episodio de violencia sexual, con independencia de que la misma haya provenido de una pareja o expareja.
Garantizar que la recogida de muestras biológicas se realice de inmediato, incluso en los casos en los que aún no se ha formulado denuncia.
Llevar a cabo la interconexión entre los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados de familia, sin olvidar los juzgados mixtos en aquellos partidos judiciales donde no existan estos últimos.
Imponer que siempre que exista un procedimiento de violencia de género se llevara a cabo una anotación en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ).
En relación con la prevención, la implantación de una asignatura de tolerancia cero contra la violencia tanto en colegios como en universidades; la unificación del protocolo policial; el establecimiento de un protocolo único de detección
del riesgo y mejorar los medios de suministro de la información.
Elaborar un protocolo orientado especialmente al personal sanitario para articular cómo puede colaborar en la prevención y detección de la violencia.
- D.ª Lucía Avilés. Jueza de lo Penal de Mataró (núm. expte. 212/239) (celebrada el 25/06/2024).
Atajar el acoso legal que supone la indebida utilización del sistema en la búsqueda del empobrecimiento de la víctima.
Garantizar el asesoramiento jurídico desde el inicio en los casos de violencia de género, de manera que la interposición de denuncias como fuente de la notitia criminis permita una investigación integral del delito y de sus consecuencias
en la unidad familiar.
Necesidad de que se realicen periciales contables y económicas, para que se pueda valorar económicamente toda la unidad familiar, la necesidad de la madre, de las hijas y de los hijos, la capacidad económica real, todo el patrimonio real
que tienen los victimarios, realizándose una investigación de la posible descapitalización para la frustración del crédito.
Regular de la violencia económica en nuestro derecho, dotándole de entidad propia. En este sentido, propone actualizar el art. 1.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, para la inclusión de la violencia económica como forma de violencia de género, o la modificación del art. 227 del Código Penal, así como formar a los operadores jurídicos para que apliquen fórmulas de reparación integrales que incluyan
expresamente el daño social.
Incluir en el art. 227 del Código Penal una modalidad agravada en un eventual punto cuarto para la inclusión de las personas contenidas en el artículo 173.2 del Código Penal, así como una modalidad agravada que tenga en cuenta que el
incumplimiento del pago de las prestaciones revista una especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia o cuando suponga la pérdida de la vivienda o limite o impida el
acceso a recursos básicos para la vida. Asimismo, añadir un apartado sexto con criterios para la fijación de la cuantía económica del perjuicio causado.
Incluir en el art. 227 del Código Penal como supuesto de hecho para la determinación del impago de la pensión alimenticia, además de las resoluciones judiciales o convenios reguladores judicialmente aprobados, las escrituras públicas en
las que se pacte la separación o el divorcio.
Identificar los supuestos de violencia económica en otros delitos, además del de imago de pensiones, como el delito de alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal.
Aumentar los juzgados especializados en materia de violencia de las mujeres, no solamente de instrucción, sino también penales, así como el aumento de las unidades de valoración forense integral, que, además de valorar las agresiones
físicas, tienen que valorar cualquier signo de violencia de género. Además, deben realizarse concretas modificaciones para la inclusión de la reparación integral del daño.
Modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuestiones relativas la suspensión del régimen de visitas o la agilización de la tramitación de los señalamientos con la inclusión expresa en el art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
como uno de los delitos de instrucción sencilla, a tramitar como juicio rápido en el juzgado de guardia.
Modificar las competencias en favor de los juzgados de violencia sobre la mujer, modificando el art. 87 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, el freno al 'acoso legal' por la indebida utilización del sistema en
la búsqueda del empobrecimiento de la víctima y la mejora en los sistemas de valoración del riesgo, que deben tener en cuenta marcadores de dependencia económica.
Modificar el Derecho de Familia, principalmente en relación con los matrimonios celebrados ante notario, y establecer medidas efectivas que aseguren el pago de pensiones alimenticias desde el momento en el que se acuerdan, pues el art.
227 del Código Penal solo habla de las previstas por resolución judicial o convenio judicialmente homologado.
Actualizar las pensiones alimenticias, así como las tablas orientadoras elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, que deben actualizarse también.
Modificar el derecho laboral para incluir el sabotaje laboral e impulsar sistemas específicos, en su caso a través de la investigación de Hacienda, aflorando estas situaciones e impulsando la investigación de la economía sumergida.
Mejorar la práctica profesional jurídica, a través de una adecuada formación especializada de todos los operadores jurídicos.
- D.ª Isabel Giménez. Jueza de Familia, sustituta del Juzgado de Primera Instancia n.º 42 de Barcelona (núm. expte. 212/240) (celebrada el 25/06/2024).
Que los testimonios de los niños y niñas sean tenidos en cuenta y que se les crea.
Poner en marcha los Tribunales de violencia contra la infancia y especialización dentro del orden jurisdiccional civil en Infancia, familia y capacidad, en cumplimiento de lo previsto en la disposición final vigésima de la LOPIVI. Formar
no solo a jueces, sino también a la Fiscalía, equipos psicosociales y al personal de los puntos de encuentro, que deben mejorarse.
Tipificar la violencia vicaria en el Código Penal, para que dicha violencia pueda ser castigada y para delimitar las conductas que integran dicho tipo de violencia.
Reconocer la responsabilidad civil, condenas económicas de que los bienes de la herencia del agresor fueran a favor de las víctimas que han sufrido la violencia vicaria.
Precisar si los juzgados que deben conocer la violencia vicaria deben ser los de violencia de género o contra la infancia, sin dividir la continencia de la causa. Dotar de medios humanos y tecnológicos adecuados a los juzgados de
violencia de género para asumir la nueva competencia, si se optase por los mismos.
Tipificar la violencia vicaria no es suficiente, ya que no siempre se produce una situación de violencia extrema, por lo que deben adoptarse medidas cautelares en prevención de riesgo de forma transversal y en las que sea obligatorio tener
en cuenta cualquier tipo de antecedentes de violencia en cualquier procedimiento y jurisdicción.
Modificar los recursos en la materia, para que los Tribunales tengan vis atractiva de la jurisdicción civil, además de las cuestiones penales, debiendo tener los juzgados penales especialistas en violencia de género.
Crear los juzgados de violencia de género que estaban inicialmente previstos puesto que los existentes se encuentran colapsados.
Tipificar la utilización del falso síndrome de alienación parental.
Impedir la utilización de la figura del coordinador de parentalidad, no regulada, ilegal y que infringe la protección de datos.
Evitar la utilización de la justicia restaurativa y otras formas de resolución de conflictos alternativas en la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, por no ser instrumentos adecuados cuando no ha equilibrio entre las
partes por existir víctimas vulnerables.
Mejorar los medios materiales y personales. En cuanto a medios materiales, es preciso que haya salas de vistas en todos los juzgados que lleven violencia de género o contra la infancia y la adolescencia, debe mejorarse la protección de
datos en los atestados de víctimas y testigos, regular las guardias de los juzgados de violencia de género y de violencia contra la infancia y la adolescencia, pues están permanentemente de guardia. Deben, también, dotarse de medios personales y
resolver la situación de los jueces interinos.
Prever una formación continua obligatoria especializada: prácticas antes de ejercer en el juzgado de violencia de género o de violencia contra la infancia y la adolescencia, formación de todos los profesionales (y no únicamente los
jueces) en perspectiva de género y de infancia y formación obligatoria en todas las jurisdicciones sobre indicadores de riesgo sobre las violencias.
Revisar la regulación de las resoluciones de las direcciones generales de infancia y adolescencia para que estén siempre revisadas por un juez.
Exigir la diligencia debida a todos los poderes públicos para evitar la violencia institucional.
Incluir las reformas legislativas citadas, sin demora, en el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en tramitación parlamentaria.
- D.ª Carmen Martínez Perza, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (núm. expte. 212/247) (celebrada el 9/07/2024).
La violencia vicaria debe ser un eje específico del Pacto con medidas concretas.
Aplicación de la regla general de la LOPIVI de acuerdo con la cual debe procederse a la suspensión o al no establecimiento de la guardia y custodia y del régimen de visitas para el progenitor violento.
Garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos siempre por los órganos judiciales cuando se trate de procedimientos penales o de familia que les afecten.
Revisar el significado real y profundo del concepto del interés superior del menor de acuerdo con la recomendación número 14 de la Convención de Derechos del Niño.
Garantizar, en los supuestos de violencia de género en los que haya menores de edad, que estos tengan la consideración de víctima de violencia de género.
Tipificar expresamente la violencia vicaria en el ordenamiento jurídico.
Extremar las precauciones para evitar que se siga aplicando el falso síndrome de alienación parental con sus diversas denominaciones.
Asegurar que los juzgados de familia consulten e incorporen a los procedimientos de familia el historial, la situación penal de los progenitores y las resoluciones penales, aunque sean de archivo provisional, para que el juez o jueza de
familia tenga toda esa información para valorar y para decidir.
Revisar si es contrario al Convenio de Estambul y a la LOPIVI la práctica de acordar custodias compartidas de manera generalizada.
Revisar si es conveniente mantener las diligencias urgentes del juicio rápido desde el punto de vista del interés superior del menor.
Abordar, siguiendo los informes de GREVIO, la figura del coordinador parental y sus posibles vinculaciones con el SAP, así como con la mediación.
Seguir avanzando en la implantación y dotación suficiente de las unidades de valoración forense integral.
Implementar y mejorar protocolos sanitarios pensados para detectar violencia vicaria.
Trabajar en los protocolos en el ámbito educativo, que es el mejor espacio para la detección de violencia cuando se refiere a niños y niñas.
Elaborar y actualizar un conjunto de indicadores, en concreto indicadores de violencia vicaria, que ayude a los distintos sectores profesionales a detectar casos y a valorar los riesgos que puede haber en cada caso.
Fomentar las investigaciones académicas dentro del ámbito de la violencia vicaria.
Establecer la formación obligatoria y periódica en perspectiva de género y de infancia a todos los agentes que participan en procedimientos judiciales donde haya menores de edad.
Fomentar las acciones de sensibilización dentro del ámbito de la violencia vicaria.
Abordar la violencia económica como forma oculta de violencia de género, con previsiones puntuales en el Código Penal, y regular más claramente qué conductas suponen esta violencia económica y, prever la reparación integral del daño a la
víctima.
Recoger en el Pacto de Estado la violencia digital, realizando campañas de publicidad institucional dirigidas específicamente a este público joven y adolescente y en colaboración con entidades, con empresas clave del mundo digital y con
asociaciones diseñar y elaborar protocolos de actuación en el ámbito digital.
Recoger en el Pacto de Estado un eje sobre pornografía y menores que será regulado en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.
Construir un texto de Anteproyecto de Ley de Trata con un enfoque victimocéntrico y el desarrollo de las medidas previstas en la LOGILS.
- D.ª Lucía Losoviz Adani, Directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (núm. expte. 212/248) (celebrada el 9/07/2024).
Reconocer que los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género son víctimas directas de la violencia que sus padres ejercen contra sus madres y no testigos.
Seguir impulsando medidas que permitan obtener datos objetivos para mejorar en el conocimiento sobre la violencia que sufre la infancia y la adolescencia.
Adoptar medidas de sensibilización, así como en el ámbito de prevención y detección, tanto en el ámbito educativo como sanitario.
Impulsar formaciones especializadas en perspectiva de género y de infancia para que los profesionales que trabajan en el ámbito conozcan las características de la violencia de género y no se utilicen posibles sesgos, lo que permitirá que
todos los profesionales actúen conforme al principio de diligencia debida.
Como asunto prioritario, evitar la posible aplicación de los falsos SAP (síndrome de alienación parental), así como de los estereotipos y prejuicios de género que se siguen aplicando en niños víctimas de violencia de género por parte de su
padre, lo que se trata de evitar en la LOPIVI.
Considerar que las situaciones de arrancamiento, cuando los niños están obligados a convivir con sus padres maltratadores, constituyen una grave vulneración de derechos humanos.
Convertir la violencia sexual en tema social, para proteger a la infancia y a la adolescencia y para erradicarla, siendo prioritaria la educación sexual.
Implementar en los centros de crisis, también en las comunidades autónomas, los modelos Barnahus, aplicando un enfoque de derechos humanos, un enfoque de infancia y un enfoque de género.
Generación de entornos digitales seguros, para prevenir la violencia digital y el consumo de pornografía.
Seguir trabajando para que los niños, niñas y adolescentes tengan mecanismos seguros de denuncia de situaciones de violencia.
Ampliar el Pacto de Estado a todas las violencias machistas, y no centrarse en exclusiva en la violencia en la pareja o expareja.
- D.ª Belén Crego Sánchez. Comisaria responsable del área de Violencia de Género, Estudios y Formación, del Ministerio del Interior (núm. expte. 212/249) (celebrada el 9/07/2024).
Hacer frente a las nuevas realidades que surgen en la prevención de violencia de género, especialmente en relación con los mecanismos de detección y prevención temprana de homicidios de violencia de género, intervención con agresores
especialmente peligrosos o persistentes, y la atención de mujeres de alto riesgo de revictimización y muy vulnerables.
Modificar los criterios sobre inactivación de casos.
Seguir aumentando efectivos, de unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la atención, protección e investigación de delitos de violencia de género.
Establecer estrategias de gestión del riesgo que atiendan a la naturaleza y magnitud de la violencia.
- D.ª Belén María García Merat. Abogada de Derecho Procesal Penal (núm. expte. 219/127) (celebrada el 3/09/2024).
Revisar el fundamento y las bases del procedimiento porque el mismo no está funcionando.
Revisar el ámbito de aplicación de la ley, modificando el sistema para incluir a hombres y mujeres.
Revisar el cambio de legislación de acuerdo con el cual, si la víctima en instrucción declara, luego en juico no puede acogerse a su derecho a no declarar.
Utilizar como premisa y valorar la prueba según la definición que daba la ley de violencia de género.
Formar y reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía autonómica y Policía Local).
Preparar equipos de psicólogos y equipos técnicos que entrevisten previamente a las víctimas y a los presuntos agresores.
Reforzar los juzgados en aquellos lugares en los que sólo hay un Juzgado de violencia de género para cumplir con el principio de inmediación.
En aquellos casos en los que queda acreditado que los hechos no son veraces los jueces incoen diligencias previas contra la persona que ha abusado del sistema y que se le condene en costas y se le retire la justicia gratuita.
- D.ª Úrsula Santa Cruz Castillo. Presidenta de la Asociación Sembrar (núm. expte. 219/128) (celebrada el 3/09/2024).
En el Pacto de Estado debe incluirse la violencia que viven las mujeres migrantes pero que hay que centrarse no sólo en el género, sino también en otros ejes, como la raza, la clase o la sexualidad.
En el Pacto de Estado debe incluirse como violencia la explotación laboral.
En el Pacto de Estado debe incluirse perspectivas diferentes como perspectivas antirracistas o interseccionales.
En las estadísticas del Pacto se debe desglosar no solo por mujer española-mujer inmigrante, sino también por las condiciones de vida, es decir, incidir en que otros aspectos que están generando la vulnerabilidad.
Se debe fomentar la participación de organizaciones de mujeres inmigrantes ya que es importante poder tenerlas en cuenta a la hora de hacer las intervenciones en los programas.
- D.ª Laia Rosich Solé. Directora General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes en la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya (núm. expte. 219/129) (celebrada el 3/09/2024).
El Pacto necesita tener un marco más comprensivo, junto con la Estrategia Estatal y el Catálogo.
Es necesario actualizar la Ley de 2004 para adecuarla al marco del Convenio de Estambul.
El Ministerio debe establecer unos estándares mínimos de derechos que deban ser garantizados y que cada comunidad autónoma con su estrategia pueda desarrollarlos.
Es necesario que los indicadores de evaluación del Pacto sean coherentes con las diferentes acciones de las comunidades autónomas y sean conocidos de antemano.
La evaluación debe ser conjunta y global encaminada a valorar si se están cumpliendo los estándares y derechos.
El Pacto de Estado debería tener una asignación plurianual y garantizar unas aportaciones mínimas anuales.
- D.ª Carme Riu Pascual. Presidenta de la Associació de Dones no Estàndards (núm. expte. 219/130) (celebrada el 3/09/2024).
Es necesario que el Pacto de Estado recoja sistemáticamente datos desagregados por género, de diferentes territorios, origen, orientación sexual, expresión de género, edad, diversidad funcional y aspecto físico en todos los ámbitos y que
los presupuestos inviertan en cada diversidad y lugar de manera proporcional.
Se debe sensibilizar educar y formar a las personas de todos los ámbitos sociales, educativos, universidades, culturales en prácticas profesionales políticos y digitales, en perspectiva de género e interseccionalidad.
El presupuesto se ha de multiplicar para intervenir en más ámbitos por ejemplo el digital y aplicar medidas y perspectivas interseccionales.
Es necesario que existan medidas de coordinación con los diferentes ministerios, comunidades autónomas, y entidades locales y realizar un seguimiento de todas las medidas, donde participen los poderes públicos, la sociedad civil, medios de
comunicación y entidades privadas.
Es necesario que algunas de leyes como la Ley 13/2014, del 30 de octubre, de Accesibilidad Universal; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección contra la Violencia de Género; el Convenio del Consejo de Europa
sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul); la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Autonomía Personal y la Dependencia, y la Ley 15/2022, de 12 de julio, por la Igualdad de Trato
y no Discriminación se implementen de forma completa.
Elaborar y aprobar una ley para erradicar el normalismo y el capacitismo y trabajar en el diseño y aplicación de legislación y políticas destinadas a garantizar los derechos de las mujeres con diversidad.
Establecer sistemáticamente, planes de formación y cláusulas de contratación que fomenten la contratación de mujeres diversas en los pliegos de condiciones de entes públicos.
Establecer mecanismos eficientes de fiscalización en las empresas para el cumplimiento de todos estos mandatos legales, además de establecer un sistema de sanciones que se aplique de forma diligente frente a su vulneración.
Establecer cuotas también de acceso a altos cargos en empresas a mujeres con diversidad, debiendo reservarse un 10 % de estos cargos a mujeres con diversidad.
Establecer el otorgamiento de créditos para las mujeres con diversidad emprendedoras.
Establecer planes de comunicación de forma generalizada que favorezcan la imagen positiva de la mujer con diversidad.
Incrementar los canales de información, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, con atención al especial impacto de estas violencias sobre las mujeres con diversidad.
Suprimir barreras arquitectónicas y materiales que no permitan el tratamiento por igual de las mujeres con diversidad, sobre todo, los de las prácticas ginecológicas.
Incrementar los canales de información, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, con atención al especial impacto de estas violencias sobre las mujeres con diversidad.
Impulsar la investigación de la 'ciencia de la diversidad' y clínica feminista, para explicar los elementos diferenciales de las mujeres con diversidad en relación con determinadas dolencias.
Facilitar el acceso a intérpretes en lengua de signos de forma generalizada.
Modificar los planes de estudio de todas las carreras universitarias y profesionales, para incluir contenidos con la perspectiva Interseccional y con esto participen entidades del sector.
Formar en perspectiva feminista Interseccional a todos los profesionales que intervienen en procesos penales.
Implementar medidas transversales que obliguen a todos los estamentos empresariales, políticos, sociales, culturales, jurídicos, académicos, sanitarios, económicos, científicos a ser participados por mujeres con diversidad en los
diferentes órganos de poder y de toma de decisiones en un 8%.
Establecer un Plan de Desarrollo Rural que desde la perspectiva de género contemple las necesidades reales de las mujeres y la violencia machista en los territorios rurales.
Trabajar para hacer accesible a la población en general una percepción de las mujeres con diversidad como mujeres; con deseos, anhelos y necesidades, a través del uso de los medios públicos.
Compensar el agravio económico que sufren las mujeres con diversidad, con medidas sistémicas y directas a las mujeres.
Establecer una rendición de cuentas cada cuatro años por parte de las administraciones públicas implicadas.
- D.ª María Victoria Rosell Aguilar. Magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas y ex Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (núm. expte. 212/259) (celebrada el 4/09/2024).
Ampliar la estructura de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
En el ámbito de los tratados y convenios internacionales incluir una cláusula de violencia contra la mujer que tenga el efecto de la cláusula de orden público.
En el ámbito internacional establecer la vinculación de los dictámenes de los comités de la ONU y de la CEDAW.
En el ámbito de la protección internacional establecer VioGén en las sedes consulares.
En relación con el Anteproyecto de Ley Integral contra la Trata incluir la Directiva europea de 2024 que incluye enfoque multiagencia.
En relación con la explotación sexual y la prostitución hay un consenso en perseguir a la industria proxeneta y en no criminalizar a las mujeres y tampoco aumentar su vulnerabilidad por perseguir.
Corregir algunos fallos en la Ley Orgánica 4/2023, sobre todo en las agresiones sexuales a menores de dieciséis años.
Modificar del artículo 197 del Código Penal (o, en su caso, el artículo 172 ter) para incluir las invasiones de intimidad que suponen las balizas o geolocalización.
Incluir en el Código Penal el acoso en relaciones laborales en el proceso de acceso, concurrencia, beca o entrevista.
Cumplir las disposiciones vigésima (especialización en violencia sexuales) y vigésimo primera (asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencias sexuales) de la Ley Orgánica 10/2022.
Establecer formación y especialización del poder judicial y las recomendaciones incluidas en las Conclusiones del XVIII Seminario de Fiscales Especialistas en Violencia sobre la Mujer 2023.
Mantener en VioGén las medidas en el punto en que estén mientras el agresor siga siendo jurídicamente agresor.
Establecer una relación entre la Subcomisión y los comités de crisis.
Establecer como eje de la Subcomisión la coordinación interinstitucional.
- D.ª Laura Gómez Hernández. Exdirectora general de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Especialista en igualdad y participación ciudadana (núm. expte. 219/131) (celebrada el 4/09/2024).
El Pacto de Estado debe poner atención en cuatro desafíos:
Se debe desplazar la reflexión hacia la masculinidad y hacia aquellos mandatos que la construyen.
Es necesario agenciar a las políticas de igualdad de género.
Se debe comprender que los cambios culturales no van a provenir única y exclusivamente de instituciones que tienen aún profundos sesgos patriarcales y que, por tanto, hay que redefinir los modelos de atención y de protección desde su
dimensión relacional o comunitaria.
El sistema de financiación del Pacto de Estado debe, efectivamente, rendir cuentas de su ejecución y evaluar su impacto real.
IV. MARCO NORMATIVO
MARCO INTERNACIONAL.
Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.
MARCO COMUNITARIO.
Directiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco
2001/220/JAI del Consejo.
Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión
marco 2004/68/JAI del Consejo.
Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del
Consejo.
MARCO ESPAÑOL.
Constitución Española.
1. NORMATIVA ESTATAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género.
Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades
locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
1.1 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
1.1.1 ORDEN DE PROTECCIÓN.
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
Orden JUS/242/2009, de 10 de febrero, por la que se aprueban los modelos de remisión al Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica de la información que debe inscribirse en el mismo.
1.1.2 ASISTENCIA JURÍDICA.
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa.
1.1.3 ÁMBITO PENAL.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad,
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas.
1.1.4 ÁMBITO CIVIL.
Código Civil.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ley 4/2023, de 28 de febrero, para igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
1.1.5 ÁMBITO SOCIAL, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración general del Estado.
Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por la que se aprueba el Acuerdo para favorecer la movilidad
interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género.
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.
Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas.
1.1.6 EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN.
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009.
Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
1.1.7 MENORES.
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Resolución de 9 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 21 de julio de 2014, por el que se aprueba el protocolo de derivación
entre centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas.
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Órden PCM/126/2023, de 10 de febrero, por la que se crea y regula la Comisión de seguimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
1.2 JUZGADOS SOBRE LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER.
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
1.3 ORGANIZACIÓN.
Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
Real Decreto 246/2024, de 8 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
Real Decreto 752/2022, de 13 de septiembre, por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
Orden INT/859/2023, de 21 de julio, por la que se desarrolla la a estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía.
1.4 OTRAS NORMAS RELACIONADAS.
Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.
Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales.
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado.
Real Decreto 201/2024, de 27 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025.
2. NORMATIVA AUTONÓMICA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.
ANDALUCÍA.
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
ARAGÓN.
Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.
Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto Aragonés de la Mujer.
Ley 9/2017, de 19 de octubre, por la que se regulan los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos de Aragón.
CANARIAS.
Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género.
CANTABRIA.
Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.
CASTILLA-LA MANCHA.
Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
CASTILLA Y LEÓN.
Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León.
CATALUÑA.
Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
COMUNIDAD DE MADRID.
Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres.
COMUNIDAD VALENCIANA.
Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
EXTREMADURA.
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.
GALICIA.
Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.
ILLES BALEARS.
Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.
LA RIOJA.
Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja.
Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja.
PAÍS VASCO.
Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.
PRINCIPADO DE ASTURIAS.
Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género.
REGIÓN DE MURCIA.
Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.
V. INFORME DE LA SUBCOMISIÓN
Los Grupos Parlamentarios que subscribimos el presente Informe señalamos la necesidad de:
1. Declarar que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación y comprende todos los actos de violencia basados en el género que implican o puedan implicar para las mujeres,
daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, así como cualquier otra forma de violencia que afecte a las mujeres.
2. A estos efectos también se entenderá como violencia contra las mujeres, las amenazas de realización de dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
Señalar la especificidad de las medidas de protección integral contenidas en la LO 1/2004, en relación con la violencia de género que se establece como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder
de los hombres sobre las mujeres, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Estas medidas de protección integral tienen como
finalidad prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos e hijas menores, y a los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia, víctimas directas de esta violencia.
3. Declarar que son también formas de violencia contra las mujeres conforme al Convenio de Estambul, la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y
el acoso por razones de sexo, el aborto forzado y la esterilización forzada.
Por lo tanto, la atención y recuperación, con reconocimiento de derechos específicos de las mujeres víctimas de cualquier acto de violencia contemplado en el Convenio de Estambul, y no previsto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se regirá por las leyes específicas e integrales dictadas al efecto.
4. Considerar que son otras formas de violencia contra las mujeres, al menos, el proxenetismo, la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, la violencia digital, la violencia económica y la violencia vicaria.
parte 1
parte 2