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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 279, de 11/02/2025
cve: BOCG-15-D-279
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
11 de febrero de 2025
Núm. 279
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al Monumento a los caídos de Navarra. ... (Página11)
161/001670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la creación de un Centro Cívico de Memoria, de titularidad pública estatal, en la antigua Prisión Provincial de Cáceres, relacionado con
la represión franquista, los derechos humanos y la paz. ... (Página13)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, instando al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba en coherencia con las resoluciones adoptadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. ... (Página14)
161/001673 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la adhesión de España al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN). ... (Página15)
161/001674 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para condenar la distorsión de la Resolución 2758 de las Naciones Unidas por parte de la República Popular de China. ... (Página17)
161/001680 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa al conflicto de Siria. ... (Página19)
161/001681 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa al espacio aéreo del Sahara Occidental. ... (Página20)
161/001684 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la denuncia del Acuerdo de París. ... (Página21)
161/001690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre las denuncias en materia de Derechos Humanos relativas a las futuras Copas del Mundo de fútbol. ... (Página23)
Comisión de Justicia
161/001659 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la normativización de la cláusula rebus sic stantibus, ante los problemas contractuales que puedan producirse a consecuencia de
catástrofes. ... (Página26)
161/001672 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la remisión a las Cortes de la información completa y detallada de todos los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, en los
registros de la propiedad, desde 1946 hasta el año 2015. ... (Página28)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001655 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la devolución correspondiente a los afiliados a las extintas mutualidades laborales. ... (Página30)
161/001661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la nueva ley de gobiernos
y finanzas locales. ... (Página31)
161/001675 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la precariedad que están sufriendo las familias españolas ante el aumento de los precios y de los impuestos que gravan la cesta de la compra. ...
Comisión de Interior
161/001699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la constitución del Consejo General de Colegios Oficiales de Detectives Privados de España. ... (Página36)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001664 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la mejora y ampliación del servicio ferroviario Zaragoza-Monzón-Binéfar-Lleida. ... (Página37)
161/001678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar el desarrollo de la conexión ferroviaria con Extremadura como requisito necesario para la ejecución de la línea de Alta Velocidad Madrid-Lisboa.
... (Página38)
161/001697 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la urgente ejecución del proyecto de humanización de la travesía de El Cuervo (Sevilla). ... (Página41)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001679 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, para la protección de las escuelas catalanas en la Cataluña Norte. ... (Página42)
161/001689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la subvención de centros educativos privados-concertados. ... (Página44)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001693 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a prorrogar las prestaciones extraordinarias por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la DANA. ...
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre una nueva regulación para los créditos rápidos en defensa del consumidor. ... (Página49)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001653 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el acuerdo de libre comercio UE-MERCOSUR. ... (Página51)
161/001688 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la Ganadería Industrial. ... (Página54)
161/001692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, relativa a la regularización de las bases de cotización de los autónomos agrarios correspondientes al año 2023. ...
161/001694 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo y protección al sector apícola español. ... (Página58)
161/001695 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la defensa del sector porcino español ante la posible imposición de aranceles por parte de China. ... (Página59)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la derogación del calendario de cierre de centrales nucleares para contribuir a la soberanía energética. ... (Página61)
161/001691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al rechazo al trasvase del Ebro propuesto desde Cantabria. ... (Página64)
161/001708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para asegurar la plena ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignados al Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico. ... (Página65)
161/001710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para asegurar la garantía del suministro eléctrico impulsando redes y trámites para energías renovables y el mantenimiento de la operación de las
centrales nucleares en España. ... (Página70)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001665 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a asentamientos de trabajadores inmigrantes en la provincia de Huelva. ... (Página74)
161/001696 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la lucha contra la ocupación ilegal y la inquiocupación de viviendas. ... (Página75)
161/001698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo urgente de medidas para facilitar el acceso a la vivienda. ... (Página76)
161/001700 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a recuperar una España de familias propietarias de sus casas. ... (Página77)
161/001701 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el desarrollo de un plan de control y optimización del agua en núcleos poblacionales. ... (Página80)
161/001702 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el diseño del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029. ... (Página82)
Comisión de Cultura
161/001654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al reconocimiento de la obra artística y su influencia cultural en España y América Latina de Miguel de Molina, víctima del franquismo
perseguido por su orientación sexual y por su compromiso con la República. ... (Página84)
161/001671 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la presentación de un Proyecto de Ley de Patrimonio Histórico en España. ... (Página85)
161/001703 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección, promoción y proyección de la artesanía y los oficios tradicionales en España. ... (Página87)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001662 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la transparencia del establecimiento de los precios de los algoritmos de las plataformas de movilidad. ...
161/001667 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Plurinacional SUMAR, relativa a los incrementos injustificados de las primas de las pólizas de los seguros al sector del taxi. ...
161/001686 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la posible entrada de Saudí Telecom Company (STC) en el Consejo de Administración de Telefónica. ... (Página92)
161/001687 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, para la protección de los consumidores frente al fraude en los pagos. ... (Página93)
Comisión de Sanidad
161/001676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación de una red de Centros Nacionales de Oncología. ... (Página97)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la sede filial del Museo Cajal en la ciudad de Huesca. ... (Página100)
161/001666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a restituir con carácter urgente el procedimiento de ayudas anulado para la financiación de planes de investigación en el área de la
inteligencia artificial, en el marco del PRTR europeo, y a garantizar la seguridad jurídica en la gestión de las ayudas para la financiación de los proyectos de investigación de la universidad española. ... (Página102)
Comisión de Juventud e Infancia
161/001677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la erradicación de los matrimonios forzados. ... (Página103)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar de manera urgente la transposición de la Directiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2024 por
la que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad. ... (Página106)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000923 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Flores Juberías (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX) y Sánchez García, José María (GVOX), sobre relación actual del Gobierno con la red estadounidense de subvenciones Open Society
Foundations. ... (Página108)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000930 Pregunta formulada por los Diputados Javier José Folch Blanc (GP), Alós López, Ana Isabel (GP) y Herrero Bono, José Alberto (GP), sobre previsión de fechas para restablecer por parte del Gobierno y del Ministerio de Transportes y
Movilidad Sostenible (Adif y Renfe) la conexión de Binéfar-Lleida, dento de la línea ferroviaria Zaragoza-Lleida. ... (Página108)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
181/000913 Pregunta formulada por los Diputados Joaquín Robles López (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX) y González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX), sobre valoración del Gobierno ante la evidencia científica de que los españoles con estudios
universitarios o de Formación Profesional superior tengan peor nivel que los bachilleres de países como Suecia, Finlandia, Países Bajos o Japón. ... (Página109)
181/000914 Pregunta formulada por los Diputados Joaquín Robles López (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX) y González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX), sobre previsiones acerca de aceptar la exigencia de
la comunidad islámica de garantizar el uso del hiyab para niñas en los colegios españoles. ... (Página109)
181/000940 Pregunta formulada por los Diputados José Ramírez del Río (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX) y González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX), sobre medidas que está adoptando el Gobierno para mejorar el prestigio de los oficios y las
artes mediante el impulso a la formación profesional dual. ... (Página109)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/000916 Pregunta formulada por los Diputados Rocío De Meer Méndez (GVOX), Fernández Ríos, Tomás (GVOX) y Hernández Quero, Carlos (GVOX), sobre reacción del Gobierno ante la subida de los precios del sector servicios, que encadena once
trimestres consecutivos al alza a fecha de diciembre de 2024. ... (Página110)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000931 Pregunta formulada por los Diputados Javier José Folch Blanc (GP), Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP) y Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), sobre estudio de impacto económico que se ha desarrollado respecto al incremento
de los costes de producción, de transporte y de los precios para el consumidor en los productos cárnicos por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la nueva propuesta de Reglamento europeo sobre el transporte de animales
vivos que plantea la Comisión Europea, y que modifica el vigente Reglamento europeo 1/2005 sobre bienestar en el transporte de animales vivos. ... (Página110)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000908 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Hernández Quero (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre medidas que está tomando el Gobierno en materia de vivienda para evitar que el precio de
esta no encadene otro trimestre más al alza, dado que a fecha de noviembre de 2024 lleva acumulados 42 trimestres consecutivos. ... (Página110)
181/000909 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Hernández Quero (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre medidas previstas para edificar obra nueva y conseguir que salgan al mercado las viviendas
vacías, dado el déficit de 600.000 viviendas que señala el Banco de España. ... (Página111)
181/000910 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Hernández Quero (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre motivos por los que el Gobierno no ha entregado las 184.000 viviendas destinadas a alquiler
social y asequible que prometió. ... (Página111)
181/000911 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Hernández Quero (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre motivos por los que el Gobierno no promueve la exención del pago del ITP en los casos de
adquisición de vivienda habitual para facilitar la compra de vivienda a los españoles. ... (Página111)
181/000912 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Hernández Quero (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo,
Ricardo (GVOX), sobre motivos por los que el Gobierno no promueve una reforma de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para que la adquisición de la vivienda habitual de nueva construcción esté exenta de
IVA, una medida que favorecerá sobre todo a las familias españolas jóvenes. ... (Página112)
181/000932 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Hernández Quero (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre forma en la que el Gobierno va a promover la conversión de suelo rústico en urbanizable ante
la emergencia habitacional. ... (Página112)
181/000933 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Hernández Quero (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre previsiones acerca de si el Gobierno va a liberar suelo público urbanizable. ...
181/000939 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Hernández Quero (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre razones por las que los jóvenes españoles deben destinar más anualidades que hace 30 años de
su salario a pagar la entrada de su primera vivienda. ... (Página113)
Comisión de Cultura
181/000907 Pregunta formulada por los Diputados Joaquín Robles López (GVOX), Armario González, Blanca (GVOX) y Ramírez del Río, José (GVOX), sobre razón por la que se ha declarado el 'estremeñu' como Bien de Interés Cultural. ...
Comisión de Sanidad
181/000918 Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre previsiones del Gobierno acerca de conceder las ayudas que prometió a los pacientes de ELA. ...
181/000919 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP),
Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre
medidas previstas por el Gobierno ante la petición de 'tolerancia cero con los casos de agresiones' realizada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. ... (Página113)
181/000920 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP),
Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre
previsiones acerca de tomar en consideración la valoración del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y materializar alguna medida para garantizar las condiciones necesarias para que los médicos puedan seguir desempeñando su labor de forma
plena y segura con el fin único y principal de nuestros pacientes y su salud. ... (Página114)
181/000921 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP),
Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre
previsioines acerca de tomar en consideración la aloración realizada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y materializar alguna medida con la que apoyar la formación continua, la investigación y la capacidad de innovar para
mirar hacia el futuro con garantías. ... (Página114)
181/000922 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP),
Parra Aparicio, Julia (GP), Reynal Reillo, Esperanza (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Torres Tejada, María (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) y Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre
previsiones acerca de tomar en consideración la valoración realizada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y materializar alguna medidad con la que garantizar el respeto a las competencias ya establecidas, velar por el
cumplimiento de las condiciones laborales de los médicos, protegerlos de las agresiones y escuchar a quien está en primera línea y liderando esa atención sanitaria, como vía esencial para mantener un sistema sanitario robusto. ...
181/000929 Pregunta formulada por la Diputada Etna Estrems Fayos (GR), sobre posición del Ministerio de Sanidad en relación con la fiscalidad aplicada a las subvenciones y retribuciones a las personas afectadas por la talidomida. ...
181/000934 Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre forma en la que el Gobierno pretende compensar el desabastecimiento de medicamentos en las
farmacias, que está afectando negativamente a la salud de los españoles. ... (Página116)
181/000935 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Martínez Ramírez (GS), sobre actuaciones que está poniendo en marcha el Gobierno para reforzar el liderazgo de nuestro país en los órganos mundiales de decisión sanitaria, como la OMS, con
la finalidad de contribuir con una gobernanza multilateral, democrática y representativa en salud global. ... (Página116)
181/000936 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Martínez Ramírez (GS), sobre medidas previstas para el desarrollo de las competencias de las profesionales de la enfermería, en el marco del Comité de Cuidados del Sistema Nacional de
Salud, y tras la presentación del informe técnico 'Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España. 2024'. ... (Página116)
181/000938 Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre motivos por los que el Gobierno no avanza en materia de
interoperabilidad del historial clínico entre la sanidad pública y la privada a nivel nacional. ... (Página117)
Comisión de Igualdad
181/000915 Pregunta formulada por las Diputadas María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX) y De Meer Méndez, Rocío (GVOX), sobre previsiones acerca de aceptar la exigencia de la comunidad islámica de
garantizar el uso del hiyab para niñas en los colegios españoles. ... (Página117)
181/000926 Pregunta formulada por las Diputadas María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX) y De Meer Méndez, Rocío (GVOX), sobre consideración que hace el Gobierno acerca de la posible incitación a las
denuncias falsas del sistema jurídico actual, evidenciada por el dato de que solo dos de cada diez denuncias por violencia de género terminan con la condena del hombre. ... (Página117)
181/000927 Pregunta formulada por las Diputadas María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX) y De Meer Méndez, Rocío (GVOX), sobre motivos por los que el Gobierno ha decidido finalizar la política pública
consistente en la creación y desarrollo de la app MeToca, procedente del Plan Corresponsables, sobre el reparto equitativo de las tareas domésticas impulsado por la Ministra de Igualdad de la pasada legislatura. ...
181/000941 Pregunta formulada por las Diputadas María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX) y De Meer Méndez, Rocío (GVOX), sobre razones por las que se han duplicado en España en los últimos 10 años los
delitos contra la libertad sexual y, concretamente, en Cataluña han aumentado en más de un 500 %, según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior. ... (Página118)
Comisión de Juventud e Infancia
181/000917 Pregunta formulada por los Diputados Blanca Armario González (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX) y Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX), sobre razones por las que el Gobierno no tiene en cuenta la opinión de los vecinos de los
lugares donde se vaya a abrir un nuevo centro, ante el rechazo generalizado de la población que padece las consecuencias de la apertura de los centros de menores extranjeros no acompañados en sus localidades. ...
Comisión sobre Seguridad Vial
181/000924 Pregunta formulada por los Diputados Ángel López Maraver (GVOX) y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para garantizar que se paguen las sanciones por infracciones cometidas
por conductores extracomunitarios dentro de nuestro territorio nacional. ... (Página119)
181/000925 Pregunta formulada por los Diputados Ángel López Maraver (GVOX) y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre previsiones acerca de la implementación de alguna medida para garantizar la seguridad de los trabajadores del sector de
auxilio en carretera, considerando el creciente número de atropellos que se está produciendo. ... (Página119)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/017641 Autor: Guijarro García, Txema
Competencias de la Dirección General de la Costa y el Mar en el mantenimiento y adecuación de la desembocadura del barranco de Aiguamarga en Alicante. ... (Página119)
184/018437 Autor: Guardiola Salmerón, Mirian Moreno Borrás, Cristina Conde López, Francisco José Marí Bosó, José Vicente Bravo Baena, Juan Agüera Gago, Cristina De las Cuevas Cortés, Félix Garrido Valenzuela, Irene Lima García, Laura María
Mesquida Mayans, Joan Velasco Retamosa, José Manuel Muñoz Abrines, Pedro
Motivos que llevaron a la exministra Reyes Maroto Illera a descartar el proyecto de reactivación turística al que se ha referido recientemente la misma. ... (Página121)
184/018724 Autor: Micó Micó, Àgueda
Explicación del Ministerio del Interior de la filtración de agentes de Policía Nacional, con identidades falsas, en distintos espacios sociales y políticos con las graves consecuencias que atentan contra los derechos fundamentales de las
víctimas. ... (Página122)
184/018730 Autor: Vidal Sáez, Aina Pisarello Prados, Gerardo
Opinión del Gobierno en relación con las infiltraciones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en movimientos sociales con fines ideológicos y no por motivos de seguridad.... (Página124)
184/019042 Autor: Micó Micó, Àgueda Ibáñez Mezquita, Alberto
Disponibilidad de construcción de 99 pisos de alquiler social en suelo cedido por la Sareb en Castellón de la Plana. ... (Página126)
184/019043 Autor: Micó Micó, Àgueda Ibáñez Mezquita, Alberto
Medidas previstas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para frenar el crecimiento del precio del alquiler de pisos en Castellón de la Plana. ... (Página127)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/001658
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Monumento a los caídos de Navarra, para su debate en la
Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Tras el golpe de estado fascista de 1936 y la posterior Guerra Civil, promovido por la Diputación de Navarra e inaugurado en 1952, fue erigido en el centro de la ciudad de Pamplona-Iruñea el monumento 'Navarra a sus Muertos en la Cruzada',
también conocido como 'Monumento a los Caídos'. Con este monumento se pretendía perpetuar el recuerdo y el homenaje a las 4.500 personas de la comunidad pertenecientes al bando golpista o 'Glorioso Movimiento Nacional' muertas en combate durante la
guerra. Se trata de un monumento que genera rechazo en amplios sectores sociales por su carácter ofensivo para con las víctimas de la represión.
El monumento, diseñado por José Yárnoz y Víctor Eusa, fue construido por la Diputación de Navarra en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Pamplona al final de la avenida Carlos III. Es un ejemplo más de arquitectura totalitaria. Tras
el crecimiento de nuevos desarrollos urbanísticos, este memorial se encuentra hoy situado en pleno centro de la capital navarra, siendo posible vislumbrar su gran cúpula desde buena parte de la Comarca de Pamplona. El interior está repleto de
iconografía franquista. Por una parte, están inscritos los nombres de los fallecidos. Por otra, la cúpula se remata con unas pinturas de Ramón Stolz, repletas de iconografía tradicionalista que exalta la sublevación. Los símbolos y los textos se
taparon para cumplir la Ley de Símbolos de 2003, una decisión que no aplacó la polémica que siempre ha rodeado este megalómano memorial fascista, sino que la aumentó. En su cripta estuvieron los restos de los generales Mola y Sanjurjo desde 1961
hasta 2016, en que fueron exhumados por el Ayuntamiento de Pamplona.
El Censo de Simbología Franquista elaborado por la Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Memoria Histórica del Gobierno de Navarra, señala a este monumento, en su conjunto, como un símbolo franquista.
La legislación en materia de Memoria Histórica y Democrática vigente, la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del
golpe militar de 1936
(Artículo 11), y la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática (en su artículo 35), mandata de manera clara la retirada y la eliminación de este tipo de simbología. En el caso de la retirada o la eliminación del colosal monumento
'Navarra a sus Muertos en la Cruzada', esta, evidentemente, pasa por su inescrutable demolición.
A principios del año 2024, 32 asociaciones y grupos memorialistas de la Comunidad Foral de Navarra constituyeron la Plataforma de Asociaciones por el derribo del Monumento a Los Caídos para trabajar de manera unánime por esta demanda
generalizada del movimiento memorialista de Navarra.
El pasado 20 de noviembre, tres organizaciones políticas; el PSN-PSOE, EH Bildu y Geroa Bai; hicieron público un acuerdo político para resignificar el monumento 'Navarra a sus Muertos en la Cruzada'. Este acuerdo no atiende el mandato
legislativo de retirar o eliminar la simbología franquista, incluso contradice el espíritu de los acuerdos políticos que estas tres organizaciones políticas firmaron para dar constitución al actual Gobierno de Navarra y al actual gobierno municipal
del Ayuntamiento de Pamplona. Y, sobre todo, este acuerdo contradice el sentir generalizado del movimiento memorialista de Navarra que aboga por su demolición.
En febrero de 2024, los grupos memorialistas navarros mencionados suscribieron un Manifiesto en favor del derribo del monumento. Se afirmaba que éste 'conmemora y ensalza las ideologías que instigaron y ampararon aquellos horrores y es un
símbolo apologético del pensamiento único y totalitario', siendo su resignificación 'incompatible con la propia esencia del edificio, que es la exaltación material y simbólica del fascismo y la negación permanente del recuerdo de la represión
sufrida'. Terminaba afirmando que 'la única solución que consigue respetar la memoria de nuestras familias y los principios de verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición, es la demolición total de esta estructura',
instando a las instituciones a que 'eliminen el blindaje legal actualmente existente que impide que su posible derribo sea una alternativa real'.
En las semanas siguientes, otros grupos suscribieron el Manifiesto alcanzándose esa cifra de 32 asociaciones memorialistas, 36 colectivos sociales y 558 familiares de personas fusiladas y desaparecidas. A partir de ahí prácticamente no ha
habido semana en la que no apareciera algún artículo de opinión en la prensa tratando el tema, siendo estos, con mucha diferencia, favorables al derribo. Destacan entre ellos algunos firmados por personas destacadas de la izquierda abertzale
(ex-concejales de Iruñea, exparlamentarios forales...) posicionándose por la demolición del edificio y reclamando del Ayuntamiento una actuación rápida en pro de ésta.
La Plataforma de Asociaciones Memorialistas por el Derribo del 'Monumento a los Caídos. Navarra a sus muertos en la Cruzada' sigue denunciando con contundencia el acuerdo firmado por diversas fuerzas políticas de Navarra para el futuro del
monumento, calificándolo de 'retroceso' en los avances logrados en la recuperación de la memoria histórica y la dignidad de las víctimas.
Las administraciones públicas, desde las locales como el Ayuntamiento de Pamplona a las estatales como el Gobierno de la Nación, pasando por las autonómicas como el Gobierno de Navarra, deben realizar una lectura correcta de la legislación
vigente, sin realizar interpretaciones tendenciosas que busquen legitimar de manera resignificada la perpetuación en el tiempo del segundo símbolo franquista más grande del país tras el Valle de Cuelgamuros.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Rechazar el acuerdo político alcanzado por diversas fuerzas políticas de Navarra para resignificar el monumento 'Navarra a sus Muertos en la Cruzada' de la ciudad de Pamplona-Iruñea contrario a las reivindicaciones del movimiento
memorialista y colectivos sociales de Navarra que continúan abogando por su demolición.
2. Promover ante las administraciones autonómica y local, en cumplimiento de la legislación vigente, la demolición del monumento 'Navarra a sus Muertos en la Cruzada'
de la ciudad de Pamplona-Iruñea, como la forma más efectiva de respetar la memoria de las víctimas y garantizar los principios de verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Nahuel González López, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001670
El Grupo Parlamentario Plurlnacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Centro Cívico de Memoria, de titularidad
pública estatal, en la antigua Prisión Provincial de Cáceres, relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz, para su debate en la Comisión de Constitucional.
Exposición de motivos
En 2009 cerró sus instalaciones la antigua Prisión Provincial de Cáceres. A partir de ese momento y hasta hoy este edificio, de titularidad estatal, ha sufrido y sigue sufriendo un importante proceso de deterioro que debe detenerse cuanto
antes. La construcción de la Prisión Provincial de Cáceres se inició a principios de 1934 y continuó en los años siguientes. El golpe de estado de julio de 1936, triunfante en la ciudad de Cáceres y en la mayor parte de la provincia, supuso un
importante cambio en el previsto uso de la nueva prisión todavía inacabada y, a partir de agosto de 1936, comenzaron a llegar a la 'cárcel nueva' un buen número de personas consideradas como 'peligrosas' por parte de las nuevas autoridades militares
golpistas, debido a sus responsabilidades institucionales, partidarias o sindicales previas a la sublevación. De esta manera, la nueva prisión provincial de Cáceres se convirtió en un importante centro de reclusión de los oponentes políticos reales
o ficticios del nuevo estado. El fin de la Guerra Civil y los primeros años de posguerra, al igual que en el resto del país, supuso un importante crecimiento en el número de reclusos, la mayoría de ellos originarios de diferentes localidades de la
provincia cacereña pero también un número significativo oriundos de otras provincias españolas.
Durante estos años, entre 450 y 500 personas abandonaron los muros de esta prisión para ser asesinados por piquetes militares y entre 150 y 200 murieron dentro de la prisión. Todavía desconocemos el número de presos políticos que
sobrevivieron, pero las evidencias hacen suponer que fueron varios miles.
Con el transcurso de los años, los presos políticos fueron abandonando la prisión. No obstante, desde mediados de los años cuarenta y como consecuencia de la actividad de la guerrilla antifranquista en la provincia de Cáceres, ingresaron en
ella varios cientos de presos políticos más (especialmente enlaces guerrilleros), si bien permanecieron escaso tiempo entre sus muros al ser trasladados a Madrid, al poco de su ingreso. Actualmente se ignora si en la década de los cincuenta la
Prisión Provincial de Cáceres albergó presos políticos.
Hay que destacar que durante la primera mitad de la década de los sesenta más de 200 presos antifranquistas, la mayoría originarios de otras provincias españolas, se encontraban encarcelados por sus actividades políticas y/o sindicales
contrarias a dictadura. Por ahora, se carece de datos de los presos políticos de los últimos años del franquismo y los primeros momentos de la transición a la democracia.
La instauración de un sistema democrático en España acabó con el carácter de 'cárcel política' de la Prisión Provincial de Cáceres.
Todo lo expuesto anteriormente deja claro el carácter represivo que el régimen franquista le concedió a la Prisión Provincial de Cáceres, convirtiéndose en no pocas ocasiones, a lo largo de la Dictadura, en una verdadera cárcel política.
Varios investigadores han puesto de manifiesto para casos similares en España y en otros países que este tipo de 'cárcel' no solo 'remiten a funciones y hechos concretos del pasado colectivo' sino que 'son huellas materiales de unos hechos,
momentos y circunstancias dolorosas y tristes del pasado, pero que pueden ser muy relevantes para la historia y política actual de los países o comunidades afectados'.
Por desgracia desde 1977 no faltan ejemplos en nuestro país de destrucción o invisibilización 'cultural' de antiguas prisiones que tuvieron claro carácter represivo durante la dictadura franquista, actuaciones que conllevaban implícitamente
un claro intento de olvido.
Hoy nos encontramos en otro tiempo donde los valores relacionados con la Memoria Democrática han sido asumidos por una buena parte de nuestros ciudadanos. Como sociedad, y en relación con los espacios represivos de la dictadura franquista,
no podemos permitir que se repitan situaciones como las acontecidas años atrás. Por ello debemos evitar el olvido y avanzar en la construcción de una sociedad que defienda los valores democráticos apostando por iniciativas concretas que nos
permitan alcanzar dichos fines.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Adoptar, a la mayor brevedad, las medidas oportunas para detener el deterioro de la antigua Prisión Provincial de Cáceres con el fin de posibilitar la conversión de este espacio en un Centro Cívico de Memoria.
2. Adoptar, en coordinación con las administraciones autonómica y municipal, todas las medidas necesarias, incluida la dotación presupuestaria suficiente, para convertir la antigua Prisión Provincial de Cáceres en un Centro Cívico de
Memoria de titularidad pública estatal vinculado a la memoria democrática, los derechos humanos y la paz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2025.-Nahuel González López, Diputado. -Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001657
A La Mesa del Congreso de los Diputados
Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Jon Iñarritu García, Diputado del mismo Grupo, al amparo del Reglamento del Congreso presenta la Proposición no de Ley instando al levantamiento del bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto a Cuba en coherencia con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 14 de enero de 2025, el gobierno de los Estados Unidos anunció la exclusión de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, así como la adopción de medidas complementarias, como el uso de la prerrogativa presidencial para
evitar demandas judiciales al amparo del Título III de la ley Helms-Burton y la eliminación de la lista de entidades cubanas restringidas.
Estas decisiones suponen un cambio significativo en la política hacia Cuba adoptada desde 2017,y abren un marco para la mejora de las relaciones bilaterales y multilaterales entre Cuba y otros actores internacionales.
Sin embargo, estas medidas no abordan el impacto acumulado de las sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas durante décadas a Cuba, conocidas como el 'bloqueo', que continúa vigente. Este bloqueo genera restricciones en
ámbitos como el comercio internacional, las transacciones financieras y la cooperación internacional, afectando el desarrollo económico del país.
La inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo,restablecida en 2021 durante el mandato del expresidente Donald Trump, había sido objeto de cuestionamientos por organismos internacionales y Estados miembros de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que han reiterado, año tras año, su apoyo al levantamiento del bloqueo. Asimismo, el carácter extraterritorial de muchas de estas sanciones ha generado tensiones con terceros países, cuyas empresas y
ciudadanos han enfrentado limitaciones para establecer relaciones comerciales con Cuba.
Dado que las decisiones recientes de la administración Biden podrían ser revertidas por un cambio de administración en Estados Unidos, es crucial que la comunidad internacional trabaje de manera conjunta y sostenida en la eliminación del
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba. Este esfuerzo debe basarse en el respeto al derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados y el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países, asegurando
que los avances logrados no se vean retrocedidos y que se favorezca un entorno de cooperación, paz y desarrollo para todos los pueblos.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Exteriores del Congreso insta al Gobierno a:
1. Trabajar activamente, mediante los medios diplomáticos a su alcance, en foros bilaterales y multilaterales, para promover el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, en coherencia con las resoluciones
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Impulsar el diálogo con el actual gobierno de los Estados Unidos y con futuras administraciones con el objetivo de consolidar la decisión de excluir a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y de evitar su eventual
reversión, subrayando la necesidad de respetar los compromisos adquiridos en el marco del derecho internacional.
3. Reafirmar el compromiso de España con la defensa del derecho internacional y la cooperación al desarrollo, así como con el respeto al principio de igualdad soberana entre los Estados y la solución pacífica de las controversias
internacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2025.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/001673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adhesión de España al Tratado sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares (TPAN), para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En 2025 se cumplirán 80 años del lanzamiento de las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, pero el recuerdo del horror producido por esas bombas, de las
víctimas y de la destrucción de las dos ciudades, sigue presente en nuestra memoria colectiva.
El final de la Guerra Fría comportó una serie de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Rusia de reducción de estas armas, muchas de ellas fueron destruidas, pero todavía quedan más de 13.000 bombas nucleares, con capacidad destructiva
superior a las de Hiroshima y Nagasaki.
En los últimos 20 años estamos viviendo un retroceso en los compromisos internacionales en materia nuclear. Ese retroceso se plasma en que los citados tratados bilaterales no solo no se han renovado, sino que se ha iniciado una 'carrera
armamentística' sobre la que no existen mecanismos de control sobre la proliferación de armas nucleares tácticas o no estratégicas; y la guerra de Ucrania sitúa el continente europeo como un posible escenario de uso de armas nucleares, como lo fue
durante la Guerra Fría.
Igualmente, en los últimos años hemos visto cómo los países que poseen armas nucleares renuevan los arsenales con una amplia gama armas con menor carga nuclear y por tanto menores daños, por lo que su uso puede ser más factible y creíble.
La preocupación sobre el uso de estas armas menos poderosas se ha incrementado.
No solamente se renuevan los arsenales nucleares, también se están modernizando aeronaves que las transportan, se renuevan los silos de misiles, los submarinos, se desarrollan misiles hipersónicos y, además, se empieza a utilizar la
inteligencia artificial, sin que sepamos los límites de su uso.
Este escenario nos acerca más que nunca a que la escalada de la amenaza nuclear culmine con la decisión de detonar una de estas armas nucleares menos potentes.
Por este motivo es imprescindible un instrumento internacional como el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) de una extraordinaria relevancia para avanzar hacia modelos de sociedad que apuesten por la construcción de la
paz. Después de décadas de reivindicaciones del movimiento pacifista antinuclear se consiguió un primer paso esencial, la aprobación del TPAN el 7 de julio de 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (122 votos a favor). A pesar de la
no participación en la Conferencia y la votación en contra de los países con armas nucleares y los estados miembros de la OTAN, desde el 22 de enero de 2022, el TPAN entró en vigor con la firma y ratificación de 51 Estados.
Por tanto, el TPAN ya forma parte de la legislación Internacional y debe permitir negociaciones posteriores legales y técnicas para la eliminación de dichas armas en el espíritu de la Carta de Naciones Unidas. En esta línea, la Asamblea
General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 68/32 que declara el 26 de septiembre como Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.
La única manera de hacer imposible que se utilicen las armas atómicas es eliminándolas. Tal y como el mundo ha avanzado hacia la prohibición efectiva de otras armas de destrucción masiva (como las biológicas o las químicas) es necesario
avanzar, por responsabilidad y seguridad, hacia la prohibición de las armas nucleares, tal y como NN. UU. promueve activamente. Para alcanzar este objetivo es imprescindible el compromiso de los Estados con la paz y el desarme nuclear y el
compromiso más concreto pasa inevitablemente porque los Estados, entre ellos España, se adhieran al TPAN, como solicitan desde el movimiento pacifista antinuclear y, más concretamente, las entidades integradas en la 'Alianza por el Desarme Nuclear'.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar el proceso para la adhesión de España al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2025.-Agustín Santos Maraver y Teslem Andala Ubbi, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001674
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, Ignacio Hoces Íñiguez, Alberto Teófilo Asarta Cuevas y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para condenar la distorsión de la Resolución 2758 de las Naciones Unidas por parte de la República Popular de China,
para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La creciente conflictividad en el sistema internacional
Tras la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ('URSS'), en Occidente prevaleció la idea del 'fin de la historia' 1. Esto es, que el orden internacional occidental surgido tras la Segunda
Guerra Mundial -y cuyos rasgos definitorios eran el libre mercado y el Estado de Derecho- había triunfado y, por ende, sería éste el que prevalecería en todo el orbe.
Sin embargo, pocas décadas después, estas tesis han sido cuestionadas. En la actualidad nos encontramos en un mundo crecientemente hostil, en el que potencias revisionistas como la República Popular China, la Federación Rusa, la República
Islámica de Irán y la República Popular Democrática de Corea cuestionan y tratan de socavar el sistema internacional anteriormente citado.
En este sentido, el contexto internacional actual se caracteriza por la incertidumbre y la volatilidad. Y prueba de ello es el aumento exponencial de los presupuestos de Defensa de las principales potencias. Concretamente, 'el gasto
militar mundial aumentó por noveno año consecutivo hasta alcanzar el máximo histórico de 2,44 billones de dólares' 2. En particular, éste ha crecido un 6,8 % en relación con el año 2022, suponiendo el mayor incremento desde el año 2009 3. A mayor
abundamiento, y como novedad, este incremento ha sido de carácter global.
Es especialmente reseñable el caso chino. Actualmente, el régimen chino posee el segundo mayor presupuesto anual en Defensa, con 296.000 millones de dólares, lo que implica un aumento del 6 % respecto al ejercicio anterior 4. Este aumento
constante de recursos, unido a la manifiesta voluntad del Partido Comunista Chino ('PCCh') de ser la nueva potencia hegemónica, ha obligado al resto de países de la región a incrementar sus presupuestos de Defensa.
Segundo. La asertividad de la República Popular de China
La política exterior del partido comunista chino busca remodelar el orden internacional en lo que llama una 'comunidad de destino común', para apoyar su estrategia de realizar el 'rejuvenecimiento'. Esto es, una China capaz de convertirse
en potencia hegemónica y líder en campos tan cruciales como la tecnología para el año 2049.
Los líderes comunistas chinos afirman que 'su poder para influir en los acontecimientos mundiales sigue creciendo, presentando nuevas oportunidades estratégicas para crear un entorno favorable a los intereses de la RPC y al rejuvenecimiento
nacional' 5.
1 FUKUYAMA, Francis: 'The End of History?', The National Interest, núm. 16-1989, pp. 3-18.
2 'El gasto militar mundial aumenta en medio de guerras, tensiones crecientes e inseguridad', Stockholm International Peace Research Institute, 22.04.24. Disponible [en línea]:
https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex%20Press%20Release%20ESP.pdf.
3 SIPRI YEARBOOK 2024: Armaments, Disarmament and International Security, SIPRI, p. 8. Disponible [en línea]: https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-09/vb24_summarv_es.pdf.
4 Ibidem.
5 'Military And Security developments involving the People's Republic of China 2024: Annual report to Congress', US Department of Defense, p. VI. Disponible [en línea]:
https://media.defense.gov/2024/Dec/18/2003615520/-1/-1/0/MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-2Q24.PDF.
Este 'rejuvenecimiento nacional' debe conllevar -según el partido comunista chino- la reunificación con la República de China ('Taiwán'). De hecho, esto es considerado como una 'exigencia natural' 6 por sus dirigentes. A este efecto en
particular, la República Popular China está ejerciendo una presión cada vez mayor en el Estrecho de Taiwán, al objeto de seguir presionando a Taiwán para que ceda ante sus pretensiones soberanas. Cabe mencionar que, desde el año 2003, el PCCh viene
utilizando el término 'intereses centrales', que son aquellas cuestiones que son tan críticas para su 'rejuvenecimiento nacional' que no están sujetas a negociación. Es decir, son cuestiones en las que el PCCh no está dispuesto siquiera a llegar a
un acuerdo intermedio o un compromiso que no contemple la consecución absoluta de su propia voluntad. Ese mismo año 2003, el PCCh empleó el término para las cuestiones relativas a Taiwán, el Tíbet y Xinjiang 7.
A la vez que ha crecido su influencia -tanto militar como económica-, Beijing ha ido aumentando el número de cuestiones que considera como 'intereses centrales'. Así, en el año 2015, extendió la cobertura de dicho término a las disputas
relativas al Mar del Sur de China, las Islas Senkaku, y a la región india de Arunachal Pradesh.
Un ejemplo de la creciente asertividad del PCCh y su política exterior de marcado carácter expansionista es su mala interpretación de la Resolución 2758 de las Naciones Unidas -puesta de manifiesto en una Resolución del Parlamento Europeo,
de 24 de octubre de 2024-, con el único objeto de 'bloquear la participación significativa de Taiwán en organizaciones internacionales y modificar unilateralmente el statu quo' 8. Asimismo, estas actuaciones por parte del PCCh ponen de manifiesto
la ambición de la República Popular de China de alterar el orden internacional existente, 'así como de socavar el Derecho Internacional' 9.
En este sentido, las actuaciones de presión y coerción por parte de las Fuerzas Armadas chinas contra Taiwán se han multiplicado durante los últimos años. Así, éstas violaron la Zona de Identificación de Defensa Aérea ('ADIZ', por sus
siglas en inglés) en 1.733 ocasiones en el 2022, y 1.641 veces en el 2023. Un caso paradigmático por su gravedad fue el desarrollo de un ejercicio militar JOINT SWORD, que incluyó el despliegue de un grupo de combate -incluyendo un portaviones- al
este de Taiwán, lo que habría rodeado y aislado la isla.
Tercero. Conclusiones
A tenor de lo señalado, queda patente que el PCCh está llevando a cabo una política exterior más agresiva, respaldada por un incremento constante de su inversión en Defensa. Resulta realmente llamativa la asertividad con la que el régimen
de Pekín está acosando a Taiwán, no solo desde el dominio militar, sino también desde el diplomático. Es por ello por lo que nuestro país debe respaldar la correcta interpretación de la ya mencionada Resolución 2758 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español, condena las actuaciones agresivas llevadas a cabo por el Partido Comunista de China contra Taiwán.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Oponerse a la distorsión por parte de la República Popular. China de la Resolución 2758 de las Naciones Unidas.
6 Ibidem, p. 2.
7 Ibidem, p. 4.
8 Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2024, sobre la interpretación errónea de la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte de la República Popular China y sus continuas provocaciones
militares en torno a Taiwán (2024/2891). Disponible [en línea]: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2024- 0030_ES.html.
9 Ibidem.
b) Oponerse a cualquier acción unilateral que modifique el statuo quo por la fuerza o la coerción en el estrecho de Taiwán.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2025. -Carlos Flores Juberías, Alberto Asarta Cuevas, Ignacio Hoces Íñiguez y José María Sánchez García, Diputados. -María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz Grupo Parlamentario
VOX.
161/001680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y Jon Iñarritu García, Diputado del mismo Grupo, al amparo del vigente Reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al conflicto de Siria, para
su inclusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El conflicto en Siria, que comenzó en 2011, ha desembocado en una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI, con miles de muertos y millones de desplazados. A lo largo de los años, el enfrentamiento entre diversas facciones y la
intervención de potencias extranjeras han dado lugar a una guerra civil prolongada, profundizando la inestabilidad en la región.
En las últimas semanas, los acontecimientos en Siria han tomado un giro dramático con la intensificación de los ataques de los rebeldes islamistas, liderados principalmente por el Organismo de Liberación del Levante (HTS) y otros grupos
armados apoyados por Turquía. Estos ataques, que comenzaron a finales de noviembre de 2024, resultaron en el colapso del ejército gubernamental el 8 de diciembre de 2024, lo que ha generado la caída del régimen de Bashar al-Ásad y ha complicado aún
más la situación política y humanitaria.
La situación en Siria sigue siendo profundamente compleja, con un escenario fragmentado donde los intereses internacionales se entrelazan con las dinámicas internas del país. En este contexto, la comunidad internacional ha reiterado la
necesidad urgente de encontrar una solución política duradera que permita la reconstrucción del país, garantice la inclusión de todas las partes implicadas, respete los derechos humanos y fomente la paz y la justicia en la región.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su solidaridad con todas las víctimas del régimen de al-Asad y con las víctimas que ha dejado el conflicto sirio.
2. Insta a todas las partes en Siria, en la región y en la comunidad internacional a:
- Suspender las acciones militares en todo el territorio.
- Impulsar un dialogo nacional, entre todas las fuerzas políticas sirias para abordar el proceso de transición y reconstrucción, en el que todas las sensibilidades políticas y las etnias estén representadas, con el objetivo de que los
acontecimientos históricos que vive el país conduzcan a una transición política pacífica, democrática e inclusiva, según los términos de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
- Promover la defensa de los derechos humanos en el territorio sirio, con especial incidencia en la situación de las mujeres.
- Reforzar la ayuda humanitaria en todos los territorios de Siria, especialmente los campos de personas refugiadas.
- Contribuir a defender los derechos del pueblo kurdo que reside en el norte y este de Siria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2025.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/001681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y Jon Iñarritu García, Diputado del mismo Grupo, al amparo del vigente Reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al espacio aéreo del Sahara
Occidental, para su inclusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental es hoy en día una responsabilidad de España, que la supervisa desde el Centro de Control Aéreo de Canarias dentro del reparto del espacio aéreo español por parte de Enaire. Esta realidad
deriva de que España fuera la potencia colonial de ese país. Aunque España abandonó la provincia del Sahara, el 27 de febrero de 1976 con la salida de los últimos militares y miembros del gobierno local, la Organización de Internacional de Aviación
Civil, agencia de Naciones Unidas y máxima responsable de toda regulación internacional del transporte aéreo, decidió que España continuase siendo la responsable del espacio aéreo como medida ante el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario.
En las últimas fechas y a raíz del cambio de posición del Gobierno español en marzo de 2022 sobre el Sahara Occidental y especialmente tras la Reunión de Alto Nivel (RAN)hispano-marroquí en Rabat en febrero de 2023, han sido numerosas las
veces que se ha insinuado que España pretendía ceder la gestión del espacio aéreo saharaui a Marruecos.
La situación actual garantiza seguridad operacional, neutralidad y el cumplimiento con los estándares internacionales. En cambio, la cesión del control de este espacio aéreo a Marruecos, o cualquier forma de cogestión o estratagema como la
cesión a otros proveedores extranjeros de los servicios ATS plantearía una situación preocupante desde una perspectiva democrática, jurídica y estratégica.
En primer lugar, dicha cesión podría interpretarse como un respaldo implícito a las reclamaciones de soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, contradiciendo la posición neutral y garantista que debe tener España en consonancia con el
Derecho Internacional. La Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU establece el derecho de los pueblos a la autodeterminación, y el Sáhara Occidental sigue siendo considerado un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
Cualquier movimiento que legitime la ocupación marroquí socava este principio y debilita el papel de España como actor neutral en el conflicto.
En segundo lugar, el Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui según la ONU, ha expresado su oposición y el temor a que esa posible cesión sea una forma encubierta de reconocimiento de la soberanía marroquí. Este gesto
sería percibido como un abandono de las responsabilidades históricas de España hacia el pueblo saharaui, poniendo en peligro el ya frágil equilibrio en la región y aumentando con ello de nuevo las tensiones con Argelia, que recientemente se han
normalizado, y afectaría también a la estabilidad en el Magreb.
Por otro lado,desde un punto de vista estratégico, la gestión provisional de ese espacio hasta la resolución del conflicto garantiza la integridad de las rutas aéreas y evita depender
de un país que ha demostrado tener un enfoque asertivo en sus relaciones diplomáticas con España, como quedó patente en la crisis de Ceuta y la tensión sobre las aguas territoriales canarias.
Finalmente,ceder este control significaría un retroceso en la defensa de los valores democráticos y los principios del Estado de Derecho. España como Estado debe actuar como garante del respeto al Derecho Internacional y no como facilitador
de políticas que perpetúen situaciones de ocupación o despojo de derechos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados y Diputadas:
1. Reafirma el compromiso con el Derecho Internacional y con el pueblo saharaui.
2. Insta al Gobierno de España, hasta que se resuelva el conflicto, a mantener el control exclusivo del espacio aéreo del Sáhara Occidental desde las Islas Canarias, reafirmando su posición neutral y garantista en el conflicto, en línea con
las resoluciones de la ONU y los principios de la descolonización.
3. Exige al Gobierno a informar de cualquier transferencia o modificación sobre el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos,incluso bajo fórmulas de cogestión al Congreso de los Diputados.
4. Defiende que cualquier cambio en el estatus actual del espacio aéreo del Sahara Occidental sea debatido y aprobado por el Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2025.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/001684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, Alberto Teófilo Asarta Cuevas y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la denuncia del Acuerdo de París, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015, fue ratificado por el Reino de España el 23 de diciembre de 2016, y entró en vigor el 11 de febrero de 2017. Es heredero del protocolo de Kioto y fue adoptado en la 21.ª
Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tiene por objeto mantener el aumento de la temperatura media anual por debajo de los 2 °C, limitar ese aumento a 1,5 °C, aumentar la capacidad
de adaptación al llamado 'cambio climático', promover la 'resiliencia al clima', así como un desarrollo con bajas emisiones de CO2 y situar los flujos financieros a un nivel compatible con tales fines.
La denuncia del Acuerdo de París es un compromiso del grupo parlamentario VOX, cuya formación política cuenta en su programa electoral con la medida de abandonar todos los acuerdos lesivos para la soberanía energética de España y en
detrimento del interés nacional, como es este Acuerdo.
Del mismo modo es preciso señalar que EEUU, principal potencia económica a nivel mundial, ha anunciado recientemente su salida del Acuerdo de París, y otros como Argentina estudian la posibilidad de abandonarlo. Se trata de un paso decisivo
frente a un instrumento de cooperación multilateral que se ha revelado insuficiente y contrario en muchos casos al desarrollo de los intereses de las naciones soberanas.
Su aplicación ha sido nefasta para el desarrollo económico y social de España. Su concreción práctica se ha traducido en el ámbito de la Unión Europea en el Pacto Verde Europeo, que ha resultado un lastre para la productividad y
competitividad de España y de Europa. Desde su implementación en el 2019, la ola de hiper regulación verde impuesta desde Bruselas ha limitado nuestra capacidad de decidir sobre nuestras políticas energéticas, económicas y de protección del medio
natural. Esta injerencia exterior mina el derecho soberano del país a determinar cómo utilizar sus recursos naturales. La pandemia de la COVID-19 puso de relieve los efectos de la dependencia energética de terceros países.
El ejemplo normativo más paradigmático es, sin duda, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética -a cuyo proyecto de ley este grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad-, que inauguró la senda de
la llamada 'transición energética' hacia un panorama de falta de libertad y de prosperidad, sometiendo la economía al fanatismo climático y prohibiendo la explotación de nuestros recursos.
Las metas de reducción de emisiones y 'transición energética' establecidas en el marco del Acuerdo imponen costes directos e indirectos para las familias y empresas, especialmente aquellas basadas en combustibles fósiles, lo que ha puesto en
riesgo miles de empleos y amenaza la competitividad de sectores clave, como la industria automovilística o la industria electrointensiva.
El campo es uno de los grandes afectados por el Acuerdo de París. La Política Agraria Común se ha visto transformada por los criterios del fanatismo climático, imponiendo políticas contrarias a los intereses del sector primario, como la
reducción de los días de pesca de arrastre, la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia de Biodiversidad 2030, la irrupción de los ecorregímenes, la reducción del uso de plaguicidas y fertilizantes, o el Reglamento sobre la Restauración de
la Naturaleza, condenando así al mundo rural a la ruina. No en vano el pasado 31 de octubre de 2024 este grupo parlamentario registraba una Proposición no de Ley relativa a promover la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde
Europeo y en la Agenda 2030, en especial el acuerdo de París, por el impacto que ha tenido sobre el sector primario y la industria española.
Además de la burocracia asfixiante para los trabajadores y empresas, los efectos abrasivos del Acuerdo se han concretado en el despliegue masivo e indiscriminado de las fuentes de energía renovables y en la limitación del uso de los
vehículos de los españoles, que ven como de forma progresiva ven restringida su movilidad en las ciudades, además de asistir al encarecimiento de los precios de los vehículos, lo que, naturalmente, aboca al envejecimiento del parque automovilístico
español.
En definitiva, el Acuerdo de París se ha concretado en un coloso burocrático que ha limitado la soberanía energética del España, ha puesto en peligro sectores estratégicos de la economía y tiene consecuencias nocivas para todos los
españoles, aumentando los costes para las familias y empresas a través de las restricciones impuestas en nombre de la 'transición energética'.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Promover la denuncia del Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015, por su incompatibilidad con el impulso de la conservación del medio natural sin renunciar a la soberanía energética y la prosperidad de los españoles.
2) Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia del Acuerdo de París por parte de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2025.-Carlos Flores Juberías, Alberto Asarta Cuevas y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Francesc-Marc Álvaro i Vidal, Jordi Salvador i Duch i Etna Estrems Fayos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre las denuncias en materia de Derechos Humanos relativas a las futuras Copas del Mundo de fútbol para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La FIFA anunció oficialmente la elección de las sedes de la Copa del Mundo de Fútbol para 2030 y 2034. España, Portugal y Marruecos albergarán la primera, mientras que Arabia Saudí será la sede en 2034.
Arabia Saudí será la segunda sede de una Copa del Mundo en Oriente Medio en cuatro ediciones, tras Catar 2022. También recoge el lamentable testigo catarí en materia de Derechos Humanos. Según el periódico británico The Guardian, desde que
la FIFA concedió la organización de la Copa del Mundo a Catar, hasta 2021, murieron 6.500 trabajadores migrantes en ese país, gran parte de los cuales se encontraban allí en régimen de semiesclavitud trabajando en la construcción de las
infraestructuras necesarias para la celebración de la Copa del Mundo de Futbol. Este escándalo se sumó a la ya conocida discriminación contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, tanto hombres como mujeres enfrentan persecución por su orientación
sexual o identidad de género.
En 2019, la agencia de seguridad estatal saudí clasificó el feminismo, la homosexualidad y el ateísmo como ideas extremistas, castigables con prisión y flagelación, lo que evidencia la intolerancia del reino hacia diversas identidades y
expresiones.
En un informe reciente, Amnistía Internacional apuntaba a los grandes riesgos humanos derivados de la construcción y reforma de once estadios de cara a la Copa del Mundo de 2034 en Arabia Saudí. Tal y como se apunta, no se ha reformado el
sistema de patrocinio basado en la explotación laboral, no se han introducido medidas para prevenir la muerte de trabajadores y no se ha establecido un salario mínimo para los no nacionales. Volvemos a tener ante nosotros un potencial desastre
humanitario en un país donde viven más de 1,8 millones de trabajadores migrantes en el sector de la construcción.
Todo ello en un país donde los Derechos Humanos son vulnerados continuamente, donde se ha normalizado la tortura en interrogatorios y sentencias penales, donde las mujeres están tuteladas por sus maridos, expuestas a violencia doméstica, y
donde la discriminación al colectivo LGTBIQ+ se encuentra a la orden del día. La celebración del Mundial y de otros eventos deportivos solo sirve para blanquear la imagen internacional de Arabia Saudí mientras persisten las violaciones de derechos
humanos en su territorio.
La Supercopa de España en Arabia Saudí terminó con la denuncia de las mujeres de los futbolistas del RCD Mallorca, que sufrieron acoso y tocamientos por parte de espectadores locales. La RFEF no ha hecho ningún comunicado sobre lo sucedido,
ni se han condenado públicamente los hechos. Lo que si ha hecho son declaraciones en diferentes medios de comunicación, de las que se desprende que 'hay que diferenciar bien entre acoso, que siempre se vincula a lo sexual y un agobio, que fue lo
que sintieron las afectadas'. Dejando de lado la violencia machista que sufrieron las mujeres y poniendo por delante los intereses económicos de la RFEF.
Ha priorizado los beneficios económicos sobre la defensa de los Derechos Humanos al mantener acuerdos comerciales para celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí, ignorando las graves denuncias de acoso y la falta de garantías para la
seguridad e integridad de los asistentes. La RFEF debe adoptar una postura firme y comprometida con los valores de igualdad, respeto y derechos fundamentales en todas sus decisiones y acuerdos internacionales.
A pesar de que la FIFA fue uno de los primeros organismos deportivos internacionales en incorporar criterios de Derechos Humanos en su proceso de elección de sedes, ninguna de las prácticas documentadas por Amnistía Internacional, Human
Rights Watch y otras entidades han supuesto un impedimento para la concesión de la celebración de la Copa del Mundo de 2034 en Arabia Saudí. Tampoco han supuesto un impedimento para que la RFEF quiera celebrar la Supercopa, tanto femenina como
masculina, en un país que utiliza los eventos deportivos para blanquear las violaciones de los derechos humanos.
La elección de Marruecos como co-sede de la Copa del Mundo de 2030 tampoco está exenta de riesgos para los Derechos Humanos. Las relaciones homosexuales siguen siendo perseguidas legalmente a día de hoy en Marruecos, de la misma forma que
existen severas limitaciones a la libertad de expresión y reunión. Ninguna de las tres federaciones de fútbol organizadoras de esta competición ha manifestado la intención de garantizarlos DD. HH. puestos en grave amenaza como consecuencia de
esta Copa del Mundo.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Establecer estrategias y compromisos vinculantes para prevenir las violaciones de Derechos Humanos en relación con la Copa del Mundo 2030 en Marruecos, España y Portugal.
2. Exigir a FIFA la suspensión de la elección de sede del Mundial 2034 hasta que no se asegure la protección de los Derechos Humanos y de las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente aquellos de origen migrante.
3. Instar a la RFEF a revisar y condicionar sus acuerdos internacionales a la garantía de respeto y protección de los Derechos Humanos, evitando la celebración de eventos deportivos en países con antecedentes de violaciones de derechos
fundamentales.
4. Impulsar la inclusión de protocolos contra la violencia machista, el acoso, la xenofobia y el racismo en todos los eventos deportivos organizados en territorio del Estado español o bajo la participación y el respeto hacia las mujeres y
otros colectivos vulnerables.
5. Promover la creación de un observatorio internacional independiente que supervise el cumplimiento de los Derechos Humanos durante la organización y desarrollo de eventos deportivos internacionales.
6. Impulsar la inclusión de cláusulas de respeto a los Derechos Humanos y laborales en todos los contratos y acuerdos relacionados con la organización de eventos deportivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2025.-Etna Estrems Fayos, Jordi Salvador i Duch y Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància dels Diputats Francesc-Marc ÁlvaroiVidal,JordiSalvadoriDuchiEtnaEstremsFayosal'emparadelque s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de
Llei sobre les denúncies en matèria deDrets Humans relacionades amb les futures Copes del Món de futbol per al seu debat en la Comissió d'AfersExteriors.
Exposició de motius
La FIFA va anunciar oficialment l'elecció de les seus de la Copa del Món de Futbol per al 20230 i el 2034. Espanya, Portugal i el Marroc acolliran la primera, mentre que l'Aràbia Saudita serà la seu el 2034.
L'Aràbia Saudita serà la segona seu d'una Copa del Món a l'Orient Mitjà en quatre edicions, després de Qatar 2022. També recull el lamentable testimoni qatarià en matèria de Drets Humans. Segons el diari britànic The Guardian, des que la
FIFA va concedir l'organització de la Copa del Món a Qatar, fins al 2021, van morir 6.500 treballadors migrants en aquest país, gran part de les quals es trobaven en règim de semiesclavatge treballant en la construcció de les infraestructures
necessàries per a la celebració de la Copa del Món de Futbol. Aquest escàndol es va sumar a la ja coneguda discriminació contra les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, tant homes com dones enfronten persecució per la seva orientació sexual o identitat
de gènere.
El 2019, l'agència de seguretat estatal saudita va classificar el feminisme, l'homosexualitat i l'ateisme com a idees extremistes, castigables amb pressió i flagel·lació,cosa que evidencia la intolerància del regne cap a diverses identitats
i expressions.
En un informe recent, Amnistia Internacional apuntava els grans riscos humans derivats de la construcció i reforma d'onze estadis de cara a la Copa del Mónde 2034 a l'Aràbia Saudita. Tal com s'apunta, no s'ha reformat el sistema de
patrocini basat en l'explotació laboral, no s'han introduït mesures per prevenir la mort de treballadors i no s'ha establert un salari mínim per als no nacionals. Tornem a tenir davant nostre un potencial desastre humanitari en un país on viuen més
de 1,8 milions de treballadors migrants en el sector de la construcció.
Tot això en un país on els Drets Humans són vulnerats contínuament, on s'ha normalitzat la tortura en interrogatoris i sentències penals, on les dones estan tutelades pels seus marits,exposades a violència domèstica, i on la discriminació al
col·lectiu LGTBIQ+ es troba a l'ordre del dia. La celebració del Mundial i d'altres esdeveniments esportius només serveis per blanquejar la imatge internacional de l'Aràbia Saudita mentre persisteixen les violacions dels drets humans al seu
territori.
La Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita va acabar amb la denúncia de les dones dels futbolistes del RCD Mallorca, que van patir assetjament i tocaments per part d'espectadors locals. La RFEF no ha fet cap comunicat sobre el que va passar,
ni s'han condemnat públicament els fets. El que sí que ha fet són declaracions en diferents mitjans de comunicació, de les quals es desprèn que 'cal diferenciar bé entre assetjament, que sempre s'associa a la cosa sexual i una angoixa, que va ser
el que van sentir les afectades'. Deixant de banda la violència masclista que van partir les dones i posant al davant els interessos econòmics de la RFEF.
Ha prioritzat els beneficis econòmics sobre la defensa dels Drets Humans en mantenir acords comercials per celebrar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, ignorant les greus denúncies d'assetjament i la manca de garanties per a la
seguretat i integritat dels assistents. La RFEF ha d'adoptar una postura ferma i compromesa amb els valors d'igualtat, respecte i drets fonamentals en totes les seves decisions i acords internacionals.
Tot i que la FIFA va ser un dels primers organismes esportius internacionals a incorporar criteris de Drets Humans en el seu procés d'elecció de seus, cap de les pràctiques documentades per Amnistia Internacional, Human Rights Watch i altres
entitats han suposat un impediment per a la concessió de la celebració de la Copa del Mónde 2034 al'Aràbia Saudita.Tampoc han suposat un impediment perquè la RFEF vulgui celebrar la Supercopa, tant femenina com masculina, en un país que utilitza els
esdeveniments esportius per blanquejar les violacions dels dretshumans.
L'elecció del Marrco com a co-seu de la Copa del Món de 2030 tampoc està exempta de riscos per als Drets Humans. Les relacions homosexuals continuen sent perseguides legalment a dia d'avui al Marroc, de la mateixa menra que existeixen
severes limitacions a la llibertat d'expressió i reunió. Cap de les tres federacions de futbol organitzadores d'aquesta competició ha manifestat la intenció de garantir el Drets Humans posats en greu amenaça com a conseqüència d'aquesta Copa del
Món.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Establir estratègies i compromisos vinculants per prevenir les violacions de Drets Humans en relació amb la Copa del Món 2030 al Marroc, Espanya i Portugal.
2. Exigir a la FIFA la suspensió de l' elecció de seu del Mundial 2034 fins que no s'asseguri la protecció dels Drets Humans i de les condicions laborals dels treballadors, especialment aquells d'origenmigrant.
3. Instar a la RFEF a revisar i condicionar els seus acords internacionals a lagarantiaderespecteiprotecciódelsDretsHumans,evitantlacelebració d'esdeveniments esportius en països amb antecedents de violacions de dretsfonamentals.
4. Impulsar la inclusió de protocols contra la violència masclista, l'assetjament, la xenofòbia i el racisme en tots els esdeveniments esportius organitzats en territori espanyol o sota la participació d'entitats espanyoles, assegurant la
protecció i el respecte cap a les dones i altres col·lectiusvulnerables.
5. Promoure la creació d'un observatori internacional independent que supervisi el compliment dels Drets Humans durant l'organització i desenvolupament d'esdeveniments esportius internacionals.
6. Impulsar la inclusió de clàusules de respecte als Drets Humans i laborals en tots els contractes i acords relacionats amb l'organització d'esdeveniments esportius internacionals.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de geners de 2025.-Etna Estrems Fayos, Jordi Jordi Salvador i Duch y Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Justicia
161/001659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la normativización de la
cláusula rebus sic stantibus, ante los problemas contractuales que puedan producirse a consecuencia de catástrofes, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Sentencia del Tribunal Supremo 829/2008 (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 15 de enero de 2008, define a 'la construcción doctrinal y jurisprudencial, hoy pacífica, de la cláusula rebus sic stantibus [...] como remedio equitativo al
desequilibrio de las prestaciones por causas sobrevenidas en los contratos de tracto sucesivo'.
A su vez, en la obra dirigida por el Prof. Muñoz Machado, Diccionario panhispánico del español jurídico, se traduce como 'estando así las cosas' aludiendo, a continuación, a su 'origen medieval incierto procedente de una idea del derecho
romano: la obligación puede modificarse si se alteran las circunstancias existentes en el momento de su constitución'. Asimismo, entre otras definiciones recoge la siguiente: 'Procede la aplicación de esta cláusula cuando se ha producido una
alteración extraordinaria entre las circunstancias existentes en el momento de celebración del contrato y el de su cumplimiento, esto es, cuando concurre una desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes como
consecuencia de circunstancias sobrevenidas totalmente imprevisibles. Se viene admitiendo la aplicabilidad de esta cláusula, si bien de forma restrictiva por
afectar al principio general pacta sunt servanda y al de seguridad jurídica, recogidos en los artículos 1091 y 1258 del Código Civil'.
Esta cláusula no fue incorporada al Código Civil de 1889 ni en su redacción originaria ni en ninguna de sus reformas posteriores. En el año 2009, la Sección Primera de la Comisión General de Codificación redactó una propuesta de
modernización de los Títulos I y II del Libro IV, que fue revisada transcurrida más de una década, en 2023. En el prólogo de la propuesta, firmada por el Presidente de la Sección Primera, se dice lo siguiente: 'La regulación de la tradicionalmente
llamada cláusula rebus sic stantibus se ha localizado igualmente entre las disposiciones generales de los contratos, dedicándole una sección específica dentro de ellas, que se rubrica como alteración sobrevenida de las circunstancias. Se trata de
una figura que ya recogió la Propuesta de Modificación 2009, lo cual supuso un gran avance con respecto al Código Civil de 1889, que no la tuvo en cuenta y dejó su aplicación en manos de la jurisprudencia. Partiendo de la importante aportación de
la Propuesta de Modificación 2009, tras la experiencia de la pandemia de la COVID-19, la Propuesta de Modificación Revisada ha retocado aquella regulación, tratando de robustecer el deber de los contratantes de renegociar el contrato'.
En la referida propuesta, esta cláusula se recoge en el artículo 1238 del Código Civil que en la actualidad está sin contenido.
Nuestra Constitución establece en el artículo 149.1 entre las competencias exclusivas del Estado la Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, torales
o especiales, allí donde existan.
En este ámbito sí se ha regulado la cláusula rebus sic stantibus, pues el 28 de marzo de 2019, el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad la actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, promulgada como
Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo.
En dicha reforma se incluyó la regulación de la cláusula mediante la modificación del precepto rubricado como Ley 498, al que se le dio la siguiente redacción: 'Rebus sic stantibus. Cuando se trate de obligaciones de largo plazo o tracto
sucesivo, y durante el tiempo de cumplimiento se altere fundamental y gravemente el contenido económico de la obligación o la proporcionalidad entre las prestaciones, por haber sobrevenido circunstancias imprevistas que hagan extraordinariamente
oneroso el cumplimiento para una de las partes, podrá esta solicitar la revisión judicial para que se modifique la obligación en términos de equidad o se declare su resolución'.
En países de nuestro entorno y tradición jurídica también se ha plasmado de forma expresa en sus Códigos. Es el caso de Italia en cuyo Códice Civile de 1942 fue tipificada la 'cláusula rebus' con carácter general. Alemania la incorpora en
su reforma del derecho de obligaciones y contratos en 2002. En Francia se reforma el Code Civil en 2016 y se da entrada a la 'rebus' en el artículo 1195. Y también el Código Civil Portugués la incorpora en el artículo 437 de su Código Civil.
La jurisprudencia del TS ha mantenido a lo largo de los años una posición restrictiva en la aplicación de esta cláusula no recogida de forma expresa en el Código Civil. A partir de 2012, sin embargo, admite la posibilidad de que las crisis
económicas constituyan una alteración extraordinaria e imprevisible de las circunstancias (STS 9188/2012, de 8 de noviembre de 2012 y STS 1013/2013, de 17 de enero de 2013). En 2014 dicta dos sentencias en 30 de junio y 15 de octubre abogando por
una aplicación plenamente normalizada, pero en su jurisprudencia posterior vuelve a su posición anterior.
Es amplia la literatura jurídica sobre el tema y las propuestas sobre el tratamiento normativo en los últimos años, pero con la pandemia del COVID se multiplicaron las propuestas reclamando su regulación expresa y, en la actualidad, tras la
catástrofe de la DANA, la abogacía reclama que no hay tiempo que perder para modificar el Código civil
incluyendo la regulación de la cláusula rebus sin stantibus para dar garantías en su aplicación en situaciones tan dramáticas como ésta.
El pasado 19 de diciembre de 2024, el Pleno de Les Corts Valencianes aprobó la toma en consideración de la Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre la normativización de la cláusula rebus sic stantibus ante los
problemas contractuales que puedan producirse como consecuencia de catástrofes, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar las reformas legales necesarias para formular una regulación expresa de la cláusula rebus sic stantibus en el Código Civil, que garantice su plena y normalizada
aplicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Macarena Montesinos de Miguel, María Jesús Moro Almaraz, Fernando de Rosa Torner, Belén Hoyo Juliá, Alberto Fabra Part, César Sánchez Pérez, Óscar Clavell López, Carlos Gil
Santiago, Alma Alfonso Silvestre, Cristina Moreno Borrás, Esperanza Reynal Reillo, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio y Sandra Pascual Rocamora, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la remisión a las Cortes de la información completa y detallada
de todos los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, en los registros de la propiedad, desde 1946 hasta el año 2015, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Como ya es conocido, desde 1946 hasta 2015, la Iglesia Católica ha inmatriculado bienes en los Registros de la propiedad aportando, como única documentación, una mera certificación eclesiástica.
Este mecanismo, carente de toda garantía, ha sido ya duramente criticado en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (2014) por vulnerar los principios de igualdad y seguridad jurídica, extrañándose el propio
Tribunal de que pudiera ser compatible con nuestro ordenamiento jurídico.
No obstante, este procedimiento, mantenido en tiempos del franquismo, ha perdurado incluso una vez aprobada la Constitución española de 1978 hasta el año 2015 en que se modificó la Ley Hipotecaria eliminando esta prerrogativa eclesiástica.
Consecuencia de ello es que, en la actualidad, se estima que más de 100.000 bienes se encuentran inscritos a nombre de la Iglesia Católica (o cualquiera de sus múltiples denominaciones) en los Registros de la Propiedad sin las mínimas
garantías que hubieran sido exigibles a cualquier entidad particular.
Desde 2017, la Coordinadora 'Recuperando' ha venido impulsando diversas iniciativas parlamentarias que tenían por objeto recabar información completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica al amparo del derogado art. 206 de la
Ley Hipotecaria.
El 4 de abril de 2017, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, se aprobó una PNL en la Comisión de Justicia en la que se instaba al Gobierno a que, en el plazo
improrrogable de seis meses, elaborase un estudio en el que se recogieran todos aquellos bienes que desde 1998 hubieran sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica.
Posteriormente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno informó de que el listado de las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015 alcanzaba las 34.984 fincas y adoptó una resolución por la que se comprometía a hacerlas públicas.
Sin embargo, este proceso se alargó más de lo deseado y no fue hasta el 16 de febrero de 2021 cuando el Ministerio de Presidencia remitió a las Cortes el estudio realizado. La información facilitada comprendía una relación de 34.961 bienes
inmuebles ordenados por comunidades autónomas y municipios. Sin embargo, dicha información resulta notoriamente insuficiente e inadecuada para dilucidar el tamaño real de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en España mediante
el mecanismo de certificación eclesiástica y para poder identificarlas, porque presenta dos deficiencias graves:
1. Es incompleta:
- Abarca únicamente el período 1998-2015 mientras que, por los datos parciales de que se dispone, se sabe que el número de bienes inmatriculados con anterioridad, entre 1946 y 1998, es mucho mayor.
- Faltan bienes de Registros de la Propiedad enteros, por lo que no se puede determinar si en dichos Registros no se realizó ninguna inmatriculación, poco probable, o simplemente, y más probable, no contestaron al requerimiento del Gobierno.
2. No permite identificar la gran mayoría de los bienes:
- La gran mayoría de los bienes resultan inidentificables. Así, por ejemplo, una capilla en Felgueras resulta ser la iglesia de Santa Cristina de Lena, una de las joyas del prerrománico asturiano. Y lo mismo sucede con otros bienes de
especial relevancia cultural, por no mencionar los cientos de locales, fincas o viviendas que se mencionan, sin más indicación que el municipio en el que se encuentran.
- Al tratarse de un simple listado, bajo un único ítem del mismo pueden ocultar bienes que no se pueden visualizar. Así, por ejemplo, bajo el ítem de la catedral de Sevilla y dependencias anexas, se ocultan la Giralda y el Patio de los
Naranjos.
Conocer, de manera exhaustiva, todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica de esta manera tan poco garantista e irregular es, simplemente, una cuestión de transparencia democrática.
Conocer la historia de nuestra democracia y sus antecedentes, en este caso en lo referente al patrimonio histórico y cultural de nuestro país, es un derecho ciudadano que no puede ni debe olvidarse.
No se trata de prejuzgar, ni siquiera de cuestionar el uso litúrgico que muchos de esos bienes tienen y que deberían seguir teniendo. Se trata de conocer y de dar a conocer a toda la ciudadanía que más de 100.000 bienes han pasado a ser de
titularidad privada, de manera cuanto menos cuestionable y, sobre todo, de que se conozcan cuáles han sido estos bienes.
Algunas Comunidades Autónomas como Asturias, Navarra, Cataluña y País Vasco ya lo han realizado, aunque en ocasiones de manera parcial, y ha contado con el voto favorable de la mayoría de los Grupos Parlamentarios en sus respectivos
parlamentos.
Por ello, atendiendo al principio de transparencia democrática, con el objetivo de facilitar el derecho de las ciudadanía y de las Administraciones Públicas a conocer esta problemática, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, antes de que finalice la presente legislatura, proceda a recabar y a remitir a las Cortes Generales las Notas Simples, con información detallada y suficiente, que permitan la
identificación de todas las
inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica (en cualquiera de sus denominaciones) desde 1946 hasta 2015, al amparo de los arts. 206 LH y 304 RH. Asimismo, entre la información remitida, el Gobierno deberá incluir las razones o
motivos por las que determinados Registros de la Propiedad figuran en blanco.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2025.-Nahuel González López y Francisco Sierra Caballero, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la devolución correspondiente a
los afiliados a las extintas mutualidades laborales, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
En los últimos meses el Tribunal Supremo se ha visto en la obligación de pronunciarse sobre la tributación en IRPF de las pensiones de jubilación e invalidez de los pensionistas que habían realizado aportaciones a mutualidades laborales por
las que NO pudieron aplicarse reducción o minoración en la base imponible del impuesto y, sin embargo, ahora tributan por la pensión percibida y la aplicación al caso de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006 de IRPF.
La sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2023 vino a sentar criterio jurisprudencial sobre la efectiva aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006 de 28 de febrero de 2023 a
las aportaciones realizadas a mutualidades laborales desde el 1 de enero de 1967 a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, cuando se han realizado aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca a partir del 1 de enero de
1967 y precisando que debe integrarse en la base imponible del impuesto el 75 % de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.
Además la sentencia del mismo Tribunal Supremo de 19 de abril de 2024, que complementa la doctrina jurisprudencial establecida en la STS de 28 de febrero de 2023 y de 8 de enero de 2024, reiterando el tratamiento de las prestaciones de
Mutualidades de Previsión derivadas de aportaciones efectuadas a partir del 1 de enero de 1967, y declara que las prestaciones de jubilación e invalidez, correspondientes a aportaciones a Mutualidades de Previsión Social a que se refiere la DT 2ª
LIRPF, que se hubieren efectuado en el periodo anterior a 1 de enero de 1967 no se integran en la base imponible del IRPF en los términos de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, es decir, no tributará esta parte de pensión correspondiente a aportaciones a Mutualidades de Previsión Social efectuadas con anterioridad a 1 de enero de 1967.
Por tanto, quienes tengan reducción calculada solo por período cotizado hasta 1967 deberían reclamara la AEAT la rectificación de sus declaraciones de los últimos cuatro ejercicios no prescritos todavía, como son cuando se estaba en plazo de
presentar el IRPF de 2023, es decir, a 30 de junio, además de las declaraciones de renta de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
Y, además, en caso de fallecimiento de mutualistas, el derecho puede ser ejercido por sus herederos.
La cuestión es que la AEAT ha procedido a regularizar las declaraciones de IRPF en muchos casos de forma completa en la declaración del ejercicio 2023 y sin embargo, habiendo hecho eso con unos contribuyentes ahora decide que las cuantías a
aplicar en las declaraciones de renta deben hacerse ejercicio a ejercicio conforme a la siguiente pauta: las de 2019 y anteriores n 2025, la de 2020 en la declaración de 2026 y así sucesivamente.
Este sorpresivo cambio de criterio es arbitrario, excede y retuerce el cumplimiento del criterio jurisprudencial de nuestro más alto tribunal y pugna abiertamente con los derechos de los contribuyentes que no tienen más culpa de haber
aplicado bien el derecho cuando la interpretación de la AEAT era del todo incorrecta, como se ha demostrado en los tribunales.
El Gobierno, consolidando ese cambio arbitrario de criterio, a través del Grupo socialista en el Congreso introdujo en la ley 7/2024 de 20 de diciembre una enmienda que se convirtió en la Disposición final décima sexta relativa a la
tramitación a seguir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para determinar la procedencia y, en su caso, practicar las devoluciones derivadas de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en relación a la disposición
transitoria segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en
relación con los períodos impositivos 2019 a 2022.
El Grupo Popular ya advirtió de la arbitrariedad que se pretendía perpetrar, conculcando los derechos de los contribuyentes y votó en contra de la mencionada enmienda.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
- Dejar sin efecto la Disposición final décimo sexta de la Ley 7/2024 de 20 de diciembre.
- Proceder a la devolución íntegra y sin aplazamientos de las cuantías solicitadas por los contribuyentes aún después de la entrada en vigor de la norma el 22 de diciembre de 2024, para no generar diferencias de trato a los contribuyentes
que presentaron en tiempo y forma ante la AEAT el formulario de solicitud de devolución de cuantías indebidas y no lo han cobrado en 2024 o inicios de 2025.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2025.-Juan Bravo Baena, José Vicente Marí Bosó, Jaime Eduardo de Olano Vela, Francisco José Conde López, Pedro Puy Fraga, María Pilar Alía Aguado y Santi Rodríguez Serra,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la nueva ley de gobiernos y finanzas locales, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Desde la transición democrática, los ayuntamientos han sido el primer nivel de gobierno en responder a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. En los últimos 45 años, los
ayuntamientos han pasado de ser actores reactivos ante un modelo urbanístico descontrolado y devorador a convertirse en agentes activos en la construcción de ciudades más sostenibles y equitativas. De la necesidad de dotar a nuestros
pueblos y ciudades de infraestructuras básicas,hemos evolucionado hacia la gestión de retos complejos como el cambio climático, la diversidad cultural y el envejecimiento de la población. Los ayuntamientos son organismos vivos que se adaptan a las
demandas cambiantes de su comunidad, demostrando una gran capacidad de resiliencia frente a las crisis.
En un contexto marcado por la globalización y la crisis económica, los municipios se han consolidado como el principal refugio y red de seguridad de los derechos para la ciudadanía y la generación de alternativas sociales.
Frente a las políticas centralistas y neoliberales, los ayuntamientos han demostrado ser el último bastión de la ciudadanía, capaces de ofrecer respuestas locales a problemas globales. En definitiva, los municipios han demostrado ser
laboratorios de políticas públicas donde se ponen a prueba soluciones creativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Sin embargo, a pesar de su importancia, los ayuntamientos han sufrido históricamente una infrafinanciación crónica, lo que ha limitado su capacidad política de incidir voluntariamente en la realidad. La financiación de las entidades locales
ha sido siempre desigual e insuficiente. La aportación estatal no ha estado a la altura de las responsabilidades asumidas por los municipios, lo que ha generado una brecha financiera que ha dificultado la prestación de las competencias propias e
impropias.
En el peor momento, cuando la crisis económica y social exigía una administración local más fuerte y cercana a la ciudadanía, el gobierno del PP aprobó La Ley 27/2013 -LRSAL-. Esta ley, lejos de fortalecer a los ayuntamientos, supuso un
drástico recorte de sus competencias, debilitando su capacidad para responder a las necesidades de sus vecinos y vecinas agravando los efectos de la crisis. Esta ley contenía una carga ideológica que priorizaba la centralización y el recorte del
gasto público por encima de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y que generó una situación de desequilibrio en la provisión de servicios públicos debilitando los lazos comunitarios y la construcción de sociedades más justas y equitativas.
La LRSAL fue una ley profundamente impopular, rechazada por la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso y recurrida ante el Tribunal Constitucional por numerosos partidos políticos y comunidades autónomas y con una
fuerte reacción por parte de las entidades locales. 2.300 ayuntamientos de todo el Estado han presentado un recurso de inconstitucionalidad, alegando que la LRSAL vulneraba principios básicos del sistema autonómico y de la organización territorial
del Estado. El Tribunal Constitucional anuló parte de la ley, reconociendo así su carácter inconstitucional y la extralimitación del Gobierno del PP.
La afirmación de que los gobiernos locales necesitaban un control financiero más riguroso carecía de fundamento. Los datos muestran que los gobiernos locales cerraban sus cuentas con superávits, lo que demuestra una gestión fiscal
responsable. Las medidas impuestas por la LRSAL, lejos de ser necesarias, supusieron una intromisión injustificada en la autonomía financiera de los municipios. La LRSAL, al limitar las intervenciones administrativas, favoreció la privatización de
servicios públicos locales al servicio de los intereses de determinadas empresas, en detrimento de los servicios públicos y de los ciudadanos y ciudadanas. Esta privatización encubierta ha llevado a una precarización de los servicios y a un aumento
de los costes para la ciudadanía, lo que demuestra que la verdadera intención de esta ley era favorecer a determinados sectores económicos. Es hora de desmitificar la ¡dea de que la privatización es siempre la mejor opción. La evidencia empírica
refuta la ¡dea de que la externalización de servicios públicos sea una estrategia universalmente eficiente. Estudios comparativos sobre la prestación de servicios sociales, sanitarios y municipales muestran que la gestión pública, en términos de
coste- eficacia y calidad, suele ser superior a la gestión privada. La externalización, en muchos casos,
conduce a una disminución de la calidad del servicio y a un incremento de los costes para la administración y, por extensión, para los ciudadanos y ciudadanas.
En un momento en el que es más necesario que nunca fortalecer la autonomía local, debemos trabajar para revertir los efectos de esta ley y garantizar que los ayuntamientos dispongan de los recursos y las competencias necesarias para atender
las necesidades de sus vecinas y vecinos.
Creemos en una administración local fuerte y cercana, capaz de responder a las necesidades reales de la ciudadanía. La proximidad es clave para afrontar los desafíos de nuestro tiempo y garantizar una gestión eficaz de los servicios
públicos. Exigimos el respeto a la distribución competencial establecida en los estatutos de autonomía y la dotación de los recursos necesarios para que los ayuntamientos puedan ejercer sus funciones de manera eficiente. La nueva democracia local
se basa en la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, permitiendo a los ciudadanos ejercer un control real sobre la gestión pública.
Es hora de construir un nuevo municipalismo, más democrático, participativo y cercano a la ciudadanía. La propuesta que presenta el grupo parlamentario plurinacional SUMAR es un primer paso en esa dirección. Al ampliar las competencias
municipales, fortalecer la participación ciudadana y reformar el sistema de financiación local, podemos construir un modelo de gestión pública más eficiente y transparente y donde todos los actores implicados se sumen a este proceso de
transformación.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar ante esta Cámara un Proyecto de Ley de Gobiernos Locales que refuerce la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias muy definidas de las entidades locales para que se
puedan desarrollar políticas públicas con garantías de calidad y transparencia, modificando la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y derogando los aspectos más lesivos de la LRSAL para la autonomía financiera
de los entes locales. La nueva ley reconocerá las competencias exclusivas que en régimen local tengan las comunidades autónomas que así lo contemplen en sus estatutos, a las cuales les corresponderá regular, ampliar y desarrollar a través de una
arquitectura institucional propia dichas competencias.
2. Presentar una nueva Ley de Finanzas Locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo con claridad la participación
de las haciendas locales en los tributos del Estado (PIE) y en los de las Comunidades Autónomas (PICAs).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2025.-Eloi Badia Casas, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la precariedad que están sufriendo las familias españolas ante el aumento de los precios y de
los impuestos que gravan la cesta de la compra, para su discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El pueblo español se enfrenta a una crisis de capacidad adquisitiva que le impide llegar a fin de mes y que está comprometiendo el bienestar de las familias. Desde mediados del 2020, el nivel de precios (índice de Precios de Consumo, IPC)
ha aumentado más de un 20 % 10, mientras que los salarios apenas han crecido un 16 % 11. Más alarmante es el aumento de los precios de la cesta básica de la compra: desde mediados de 2020 hasta ahora, el aceite de oliva es un 152,5 % más caro, las
patatas un 58,1 %, los huevos un 46,2 %, la leche entera un 45,7 %, las harinas un 42,6 %, el azúcar un 41,6 %, las legumbres y hortalizas un 38,9 %, el arroz un 38,4 %, la pasta un 34 %, los alimentos para bebés un 33,5 %, la carne de porcino un
30,3 %, las prendas de vestir de bebés un 25,7 %, y el pan un 24,8 %, entre otros. Otro insumo básico como la electricidad ha aumentado casi un 25 % 12.
Según Eurostat, la inflación en España sigue siendo superior a la media de los países de la Eurozona 13, y nuestra capacidad adquisitiva está 9 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea 14, sin que se llegue a recuperar
el nivel de 2017.
A pesar de que el Gobierno insiste en vender un discurso de recuperación económica, la realidad es otra: miles de familias españolas viven bajo una presión insoportable, obligadas a desempeñar no uno, sino dos e incluso tres trabajos para
poder llegar a fin de mes. Así lo constata el Banco de España: 'los hogares han recurrido, en mayor medida que en la UEM, al crédito y a incrementos en su oferta laboral (buscando un segundo trabajo o trabajando más horas) como vías para
amortiguar el impacto del incremento de los precios sobre el consumo' 15. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de personas que desempeñan más de una tarea profesional es de 558.800, un 48,8 % más que a mediados de 2020 16. Por su
parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que el pluriempleo alcanzó a más de 800.000 personas en 2023 17, un 18,4 % más que en el 2020, de las que 100.000 tenían 3 o más trabajos 18.
Este escenario, que maquillan los triunfalistas datos públicos de empleo, no evita que España sea la economía que mayor tasa de paro general y juvenil registre en la Unión Europea 19 y en el conjunto de países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico 20.
Además, a ello se suma el riesgo de pobreza y exclusión social, que en nuestra Nación alcanza a 12,55 millones de españoles 21, siendo el tercer país que mayor tasa tiene de toda la Unión Europea después de Rumania y Bulgaria 22, y con la
segunda mayor tasa de riesgo de pobreza infantil (de menores de 16 años).
Ante esta lamentable situación, en lugar de establecer el mejor entorno para proteger el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de las familias, el Gobierno ha tomado la irresponsable decisión de subir los impuestos que gravan la cesta
de la compra y los insumos básicos para el hogar 23.
10 Índice de noviembre de 2024 sobre julio de 2020. https://www.ine.es/up/KDXCTuUJilP.
11 Media de los últimos cuatro trimestres sobre la media del año 2019. https://www.ine.es/up/ ihbDAkOgiA.
12 Ver nota 1.
13 La tasa anual del IPC en el mes de diciembre fue el 2,8 % en España y el 2,4 % en la media de los países de la Eurozona. https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-07012025-ap.
14 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/f07d262b-lff_7-4d8d-98cb- d3fd94145204?lang=en.
15 La reacción de los hogares ante el repunte de los precios en España y en la UEM.?https://doi.org/10.53479/36144.
16 Datos del tercer trimestre de 2024. https://www.ine.es/up/p57BNx02il.
17 Página 10 del documento.?https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/anuarios/2023/AFI/AFI.pdf.
18 https://www.elmundo.es/economia/2025/01/06/677ad2fd21efa0046f8b45a6.html.
19 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/ w/3-31102024-bp.
20 https://www.oecd.org/en/data/indicators/unemployment-rate.html.
21 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/cec03532-df60-4882-970a- el6e4427ec66?lang=en
22 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01ncustom_14899369/default/1able?lang=en
23 Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para combatir el empobrecimiento de los españoles,
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciati vas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XV_&_iniciativas_id=l73/000052.
Este mayor esfuerzo que, desde el 1 de enero, tienen que hacer las familias españolas, coincide en el tiempo con el momento en el que más impuestos se recaudan de toda la historia: 273.993 millones de euros (de enero a noviembre del 2024),
un 52 % más de lo recaudado en el mismo periodo del año 2020. Tan solo en impuestos directos a las familias (IRPF), el Gobierno está recaudando un 47 % más, y en el IVA un 44 % más.
El Gobierno, mostrando una falta de preocupación por el impacto de la inflación en el bolsillo de los españoles, trata de quedarse con cada vez más recursos a través de estrategias que incrementan las bases de recaudación tributaria mediante
un modelo destructivo:
1. Aumenta sin control el precio de la cesta de la compra y resto de bienes y servicios para recaudar proporcionalmente más con el IVA.
2. Los incrementos salariales realizados elevan las rentas a tramos marginales más elevados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), mientras el Gobierno no ajusta las tarifas impositivas para reflejar los efectos de la
inflación.
Este modelo constata la imperiosa necesidad del Gobierno de recaudar más para no dejar de gastar en compromisos ideológicos, como la Agenda 2030 que está destruyendo nuestro campo e industria, y en compromisos políticos para mantenerse en el
poder, como sus pactos con grupos separatistas, sin reducir el déficit público.
Urge, por tanto, acometer las medidas necesarias desde los poderes públicos para que la cesta de la compra y los consumos del hogar sean asequibles para todos los españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Impulsar en materia del IVA, y en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, la reducción del tipo general del 21 % al 18 % y el reducido del 10 % al 8 %.
2. Promover de forma permanente un tipo impositivo del 0 % de IVA a los productos básicos de alimentación, incluyendo a los aceites de oliva y de semillas, pastas alimenticias, carnes y pescados, considerándolos como bienes esenciales.
3. Reducir al tipo superreducido del IVA los pañales infantiles y geriátricos; biberones y leches de fórmula pediátricas; servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche o atención residencial; y
productos farmacéuticos infantiles y geriátricos.
4. Establecer de forma permanente el tipo del IVA al 4 % en las facturas de luz, de gas y agua para hogares.
5. Suprimir el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica.
6. Llevar a cabo una sustancial rebaja del IRPF, estableciendo un tramo exento a rentas inferiores a 22.000 euros, un tipo del 15 % hasta rentas de 70.000 euros y del 25 % a las superiores, reduciendo ambos tipos en cuatro puntos por cada
hijo a cargo.
7. Eliminar el gasto no esencial, superfluo, ideológico e improductivo, para conseguir reducir la deuda pública en el menor tiempo posible, sin poner en peligro los servicios públicos esenciales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2025.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/001699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la constitución del Consejo
General de Colegios Oficiales de Detectives Privados de España, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, establece en su artículo 4.4 que cuando estén constituidos varios colegios de la misma profesión de ámbito inferior al nacional, existirá un Consejo General de Colegios, cuya
creación ha de tener lugar mediante Ley del Estado, a tenor de lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico.
La situación antes descrita se produce en la actualidad en relación con la profesión de Detective Privado, por lo que resulta procedente constituir mediante esta norma el correspondiente Consejo General de Colegios Oficiales de Detectives
Privados de España.
En la Ley 23/1992 de 30 de julio de Seguridad Privada, derogada por la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, se incluyó a los detectives privados en el articulado de la misma, como personal habilitado de seguridad privada,
justificándose esta inclusión por la necesidad de ampliar su regulación y su régimen sancionador. Esta norma fue desarrollada por el Reglamento de 9 de diciembre de 1994, actualmente en vigor.
Los Detectives Privados, en su afán de dignificación de la profesión y autorregulación, han fomentado la creación de Colegios Oficiales de Detectives Privados, esencialmente para poder ofrecer un servicio de calidad y garantía a la
ciudadanía, una mayor defensa de sus derechos en las relaciones con los ciudadanos, un control deontológico más exhaustivo, a la vez que facilitar a los propios Detectives Privados una mejor defensa de sus derechos como colectivo profesional y una
óptima coordinación con las FCSE, constituyéndose por Ley de la Generalitat Catalana 2/1999 de 30 de marzo, el primer Colegio Oficial de España, siguiendo el de la Comunidad Valenciana, creado por la Ley 6/2001 de 20 de junio y el de Galicia por la
Ley 1/2008 de 17 de abril.
La Ley de Seguridad Privada 5/2014 de 4 abril, que sustituyó a la de 1992, amplía la regularización del sector, adaptando la normativa a la transformación de la sociedad, a los cambios jurídicos y evoluciones tecnológicas, pasando a dar
mayor amparo a los Detectives Privados, así como a la información obtenida por éstos y a la protección de los ciudadanos y empresas que utilizan sus servicios, a la vez de proteger los derechos de las personas o entidades que puedan ser objeto de
investigación.
Por tanto, la normativa vigente establece que la seguridad privada es complementaria, subordinada y colaboradora de la Seguridad Pública apostando por su papel preventivo, su potencial informativo, sus recursos y medios, aprovechándose estos
al servicio de la seguridad del conjunto de la ciudadanía.
El espíritu que motivó la creación de los Colegios Oficiales de Detectives Privados sigue vigente, siendo el que fundamenta la conveniencia de la creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Detectives Privados de España ya que es
necesaria por un lado, la defensa de los derechos e intereses del colectivo profesional y, por otro, la no menos importante de salvaguardar e incluso tutelar los derechos de los usuarios de los servicios profesionales frente a actuaciones poco
diligentes o incluso carentes de ética.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a constituir el Consejo General de Colegios Oficiales de Detectives Privados de España como corporación de derecho público, que tenga personalidad jurídica y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines con arreglo a la ley vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2024.-Fernando de Rosa Torner y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la mejora y ampliación del servicio
ferroviario Zaragoza-Monzón-Binéfar-Lleída, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La conexión ferroviaria entre Zaragoza, Tardienta, Grañén, Sariñena, Monzón, Binéfary Lleida es fundamental para el Alto Aragón oriental, porque contribuye a vertebrar media provincia de Huesca (las comarcas de La Llitera, Cinca Medio, Baix
Cinca y Monegros), además de comunicar Aragón y Cataluña atendiendo a las necesidades económicas, laborales, académicas, sanitarias y demás que comparten los territorios vecinos (en especial, con la comarca catalana de El Segriá). Sin embargo, a
pesar de tratarse de una línea considerada Obligación de Servicio Público, en 2014 el Ministerio de Transportes dejó de financiar una de las tres frecuencias (precisamente la matutina destino Lleida, objetivamente la más atractiva), recayendo el
coste entonces en la Comunidad Autónoma de Aragón, hasta que en noviembre de 2021 se decidió que no podía asumir un servicio fuera del territorio aragonés. Esta reducción horaria ha repercutido en el número de pasajeros anuales, que ha pasado de
20.000 a 12.500, casi un 35 % menos.
Actualmente, los servicios de ferrocarril convencional entre Zaragoza y Lleida han quedado reducidos a dos en cada sentido, con llegadas a la ciudad catalana a las 17.27 y a las 23.08 horas, unos horarios muy poco atractivos para los
usuarios que se desplazan por motivos laborales, sanitarios o de estudios. El cuadro es similar en sentido contrario, con una salida a las 6.25 y otra a las 17.48. Mientras tanto, el tren que llega a Binéfar a las 7.51 de lunes a viernes permanece
en esa estación hasta que a las 15.47 regresa a Zaragoza, en una rocambolesca operativa que incluye vigilancia privada y viajes en taxi y AVE para el maquinista.
Ese convoy, parado durante ocho horas en la estación cerrada de Binéfar, es un símbolo del abandono por parte de los sucesivos Gobiernos centrales de sus responsabilidades y del traslado a la administración aragonesa de una responsabilidad
indebida, como es la financiación del transporte entre comunidades autónomas.
Dado que este Gobierno de coalición progresista se ha comprometido a que esta sea la legislatura del ferrocarril, y dado que los servicios considerados Obligación de Servicio Público que afectan a más de una comunidad autónoma deben ser
financiados por la Administración General del Estado, el Ministerio competente debe adecuar las frecuencias y horarios para
facilitar tanto la movilidad de los vecinos dé las comarcas altoaragonesas y leridanas como para conectar desde Lleida con el AVE con destino a Madrid o Barcelona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar en 2025 los horarios y frecuencias de la línea ferroviaria Zaragoza-Lleida y a restablecer la conexión Binéfar-Lleida, atendiendo a su condición de Obligación de Servicio Público,
competencia por tanto de la Administración General del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Hoces Íñiguez, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar el desarrollo de la conexión ferroviaria con Extremadura como requisito necesario para la ejecución de la línea
de alta velocidad Madrid-Lisboa, para su discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Primero. Conexión Madrid-Lisboa
A pesar de ser Portugal país vecino de España, viajar a su capital desde Madrid a través de líneas ferroviarias requiere tomar cuatro trenes y emplear 11 horas en el viaje 24. En concordancia con esta desconexión el Parlamento Europeo
aprobó el 24 de abril de 2024 nuevas directrices para la Red Transeuropea de Transporte 25, planteando al efecto completar antes de 2030 proyectos transfronterizos, como la conexión de alta velocidad Madrid-Lisboa, uniendo estas capitales en
trayectos de menos de cuatro horas 26.
El Gobierno de Portugal anunció en mayo de 2024 que la conexión ferroviaria de alta velocidad con Madrid se concluiría en 2034. Para ello, se construirá un tercer puente sobre el río Tajo dando cabida así a esta infraestructura, siendo el
coste estimado de todo el proyecto, según el ministro de Infraestructuras y Vivienda luso, de 2.200 millones de euros 27. En esta línea, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció el desbloqueo del trazado del AVE
Madrid-Lisboa mediante una nueva línea que discurrirá por Toledo y Talavera de la Reina, reduciendo los tiempos de viaje también para los trenes con origen o destino en Extremadura. Para ello, el Gobierno ha aprobado la publicación de los estudios
informativos y prevé definir el trazado en 2025 para iniciar los proyectos de construcción 28.
24 https://elpais.com/internacional/2022-06-22/cuatro-trenes-y-ll-horas-viajar-entre-madrid-y-lisboa-es-peor-que-en-1881 .html.
25 https://www.europaxl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2024-04-22/16/el-pe-adopta-las-nuevas-directrices-para-la-red-transeuropea-de-transporte e.
26 https://gaceta.es/economia/europa-preve-la-alta-velocidad-lisboa-madrid-para-2030-20240425-1233/.
27 https://elpais.com/ economía/2024-05-15/el-gobierno-de-portugal-anticipa-la-conexion-ferrovi aria-por-alta-velocidad-entre-lisboa-y-madrid-para-2034.html
28 https://www.ondacero.es/emisoras/extremadura/desbloaueado-ave-madrid-lisboa-nueva-linea-toledo-talavera-que-recortara-tiempos-extremadura_20241227676e6ee9bc785b00016b87f8.html.
Además, cabe destacar en el marco de la XXXV Cumbre luso-española 29, ambos países se comprometen a impulsar las conexiones ferroviarias transfronterizas, especialmente en tomo al Corredor Atlántico -las conexiones entre Vigo y Oporto,
Salamanca y Aveiro 30-. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, han expresado desacuerdos en el orden de prioridades para conectar por alta velocidad España y Portugal 31.
En relación con ello, como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo del tan esperado proyecto ferroviario para unir Madrid y Lisboa no podrá hacerse realidad mientras el Gobierno de España no termine de completar la línea de alta
velocidad entre Madrid y Extremadura. El proyecto de alta velocidad Madrid-Extremadura cuenta con una inversión de 3.800 millones de euros y consta de tres etapas 32. El único ejecutado por completo, el tramo Plasencia-Badajoz, fue inaugurado en
julio de 2022 33. Sin embargo, los otros dos tramos -Madrid-Oropesa y Talayuela-Plasencia- se encuentran pendientes de desarrollo. Así, el primero de los tramos ha sufrido varios retrasos en la aprobación de su estudio informativo, a pesar de
haber sido sometido a información pública en 2020 34, debido, entre otros motivos, a la falta de celeridad por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible 35. Y el segundo es el único tramo del proyecto de alta velocidad
Madrid-Lisboa que se encuentra en fase de construcción en España y se prevé que esté operativo para el año 2027 36.
Segundo. Promesas incumplidas
El proyecto de una línea férrea de alta velocidad que conecte Madrid con Extremadura ha estado marcado desde sus orígenes por una serie de lamentables promesas incumplidas tanto por Gobiernos nacionales como regionales y de retrasos a lo
largo de más de dos décadas. Empezando por la XVI Cumbre Hispano Lusa del año 2000 37, en la que se abordó la creación de una Comisión Mixta para estudiar la conexión de alta velocidad Madrid-Lisboa, con el consiguiente compromiso público por parte
del expresidente José María Aznar de que en Extremadura circularían trenes que alcanzarían hasta 350 km/h 38.
Posteriormente, con el partido socialista en el Gobierno, este afirmó que todos los tramos de las dos capitales provinciales de Extremadura estarían licitados para inicio de obras en el primer semestre de dicho año, estando comprometida para
2010 la terminación del tramo extremeño 39. En la misma línea, el Ejecutivo de Rajoy anunció en 2013 la licitación las obras para la implantación en Extremadura del AVE 40, sin cumplirla finalmente. Por último, el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, también dio su palabra en 2018 de que, si llegaba a gobernar, llevaría el AVE hasta Extremadura 41. Sin embargo, pese a lo
29 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes-movilidad-sostenible/paginas/ 2024/231024-alta-veloridad-madrid-lisboa.aspx
30 https://www.exteriores.gob.es/Embaiadas/lisboa/es/Comunicacion/Noticias/PublishingImages/Pagirtas/Artículos/24102024 NOT-l/231024-Dedaracion-Cumbre-Hispano-Portuguesa.pdf
31 https://www.elespanol.com/ treintayseis/ actualidad/ galicia/20241024/indignacion-galicia-declaraciones-sanchez-prioridad-ave-lisboa-madrid-no-vigo-porto/895910892_0.html
32 https://www.adifaltavelocidad.es/1 % C3 % ADnea-madrid-extremadura-frontera-portuguesa
33 Ibidem.
34 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-45159
35 https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/region/ toledo/20240514/ ave-madrid-extremadura-ministerio-resiste-prescindir-viaducto-tajo-toledo/854914855_0.html
36 https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2024/11/09/ obras-alta-velocidad-plasencia-talayuela-111528747.html
37 https://www.lavanguardia.eom/politica/20140604/54409620027/cronologia-de-las-cumbres-luso-espanolas.html
38 https://www.elperiodicoextremadura.com/lo-ultimo/2002/11/08/aznar-garantiza-gran-ave- madrid-45786322.html
39 https://www.abc.es/espana/ abci-2008-estaran-licitados-tramos-extremenos-segun-alvarez-200 801090300-1641546045639_noticia.html
40 https://www.expansion.com/2013/05/28/extremadura/1369741420.html
41 https://www.europapress.es/extremadura/noticia-pedro-sanchez-da-palabra-si-presidente-go bierno-ave-sera-realidad-extremadura-20180518143652.html
publicitado por el Gobierno como el primer trayecto 'AVE', se utilizó un tren diésel, no electrificado y en una vía de ancho ibérico en la que el tren alcanzó una velocidad media de 89 km/h 42.
Asimismo, como se puede observar en el siguiente Mapa de la Red de Ferrocarriles de Interés General de la Declaración sobre la Red del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, actualizado a febrero de 2024 43, en la región extremeña
solo están electrificadas las líneas que conectan Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz. Asimismo, ninguna de las vías presenta el ancho internacional (1.435mm), ya que todas ellas son de ancho ibérico (1.668mm), mostrando además que actualmente las
velocidades máximas admisibles en las líneas extremeñas no superan los 200 km/h.
Tercero. Aislamiento de Extremadura
La situación penosa del transporte ferroviario en Extremadura no se debe solo a la falta de infraestructuras, sino también al mal estado de los trenes que circulan por la región. Se han registrado toda clase de incidentes en los convoyes,
debiendo destacarse un suceso reciente de febrero de 2024, en el que en un trayecto Cáceres-Madrid una locomotora ardió, provocando que los pasajeros tuvieran que terminar el trayecto en autobús. En esta ocasión, el ministro de Transporte y
Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó que 'hay que acostumbrarse. Son incidencias normales', y lo relacionó directamente con 'un material obsoleto' 44.
La sociedad extremeña lleva años quejándose del abandono que sufre esta región. Así, en multitud de ocasiones se han planteado manifestaciones por parte de los empresarios 45 y residentes 46, que aluden a las graves diferencias que se
presentan entre las distintas regiones de España. La última de estas quejas se formuló tras la nefasta gestión del Gobierno en la 'inauguración del AVE', que evidenció la nula importancia que para el Gobierno parece tener esta región 47.
En otro orden, esta falta de comunicaciones entre las dos provincias de Extremadura y de esta región con el resto de España impacta negativamente sobre la inversión y la economía, especialmente en el sector servicios y en la Industria, que
son la principal fuente de valor añadido generado para la región -representando en conjunto el 86,8 % de su valor Agregado Bruto- 48.
La llegada de la alta velocidad a Extremadura no solo fortalecerá los lazos económicos y la interoperabilidad de las empresas que allí se radican, sino que también impulsará la economía regional al mejorar la competitividad de los sectores
clave. Asimismo, fomentará una mayor cohesión social mejorando las oportunidades para los habitantes de la región y reduciendo las desigualdades que históricamente han sufrido derivadas del abandono de los diferentes gobiernos de la nación. Por
último, facilitará el acceso rápido a la región para el resto de los españoles, mejorando la conectividad y fortaleciendo su atractivo turístico.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la ejecución y aceleración de los proyectos de líneas ferroviarias de Alta Velocidad entre Madrid, Extremadura y Lisboa, con especial atención a los kilómetros pendientes en el
trazado que une Madrid con Extremadura, reconociéndolos como una prioridad en la agenda
42 https://www.abc.es/espana/extremadura/extremadura-mmca-alta-velocidad-lenta-20220718170959-nt.html
43 https://www.adif.es / documents/ 20124/26593593/20240410_03_DR_Adif_2024_Mapas.pdf/54 eb4dl3-93cf-eb63-75e4-b9e753318f97?t=1712756453600
44 https://www.elmundo.es/espana/2024/02/15/65cddd43e85ece886e8b45b6.html
45 https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2023/12/02/tren-extremadura-despegar-dicen-empresarios-95360408.html
46 https://www.elconfidencial.com/ espana/2023-02-27/castigo-del-tren-socavon-aisla-capitales-e xtremadura_3582176/
47 https://www.eldebate.com/ economia/20220719/ verdad-sobre-tren-rapido-extremadura-no-p udo-ave.html
48 Gráfico 8, página 18 del documento, https://www.juntaex.es/documents/77055/3102644/24L_ll_informe_socioeconomico.pdf/6a 49944d-d884-908f-574a-6ef3443dll0b?t=1707480082114
nacional y asegurando que se cumplan los plazos establecidos para su conclusión en el menor tiempo posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2025.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías, Patricia Rueda Perelló e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz Grupo Parlamentario VOX.
161/001697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la urgente ejecución del
proyecto de humanización de la travesía de El Cuervo (Sevilla), para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Orden TMA/1160/2021, de 8 de octubre establece el marco para la celebración de acuerdos de entrega a los ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal, y tiene por objeto establecer un marco para la celebración de acuerdos entre el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los ayuntamientos interesados que tengan por finalidad la entrega a estos de los tramos de carreteras estatales que ya no reúnan los requisitos para ser de titularidad del Estado por haber
adquirido la condición de vías urbanas.
Tal es el caso, según se indica, del tramo de N4 entre los PPKK 613+400 y 615+850, en el término municipal de El Cuervo de Sevilla.
Para la formalización de este acuerdo, se ha formalizado un proyecto de acondicionamiento, mejora y humanización de la vía urbana que define con precisión el tramo de carretera que es objeto de entrega al Ayuntamiento, con todos los
elementos auxiliares y equipamientos cuya titularidad será transferida.
La redacción y tramitación de los proyectos ha correspondido a la Dirección General de Carreteras, y su aprobación al órgano competente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El proyecto de trazado denominado Humanización de la travesía de El Cuervo (Sevilla) en la carretera N-4 entre los pp.kk. 613+850 y 616+010. TT.MM. de El Cuervo y Jerez. Provincias de Sevilla y Cádiz, lleva ya años de tramitación, y el
presupuesto base de licitación (I.V.A. incluido) asciende a 3.283.318,59 .
El proyecto se engloba dentro de la Componente 6. Inversión 2. Proyecto 3: Actuaciones en la Red de Carreteras, en la submedida 'Sostenibilidad y eficiencia energética y acción contra el ruido en la RCE'. Las actuaciones proyectadas
contribuyen a promover la movilidad de peatones y ciclistas, y reducen tanto las emisiones a la atmósfera como la contaminación acústica. El proyecto evaluado garantiza el pleno cumplimiento del principio DNSH y el etiquetado climático '048 Medidas
de calidad del aire y reducción del ruido', de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, en el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en la guía técnica sobre la aplicación del principio de 'no causar un perjuicio significativo' en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), para cada una de
las actuaciones.
Pese a que el proyecto de trazado fue aprobado provisionalmente con fecha 26-09-2023 para su sometimiento a información pública y oficial, pese a que con fecha 29-02-2024 se resolvió la aprobación del expediente de información pública y
definitiva del proyecto de trazado con un total de nueve prescripciones y pese a que el Ayuntamiento de El Cuervo
recibió notificación de dicho proyecto firmado en junio del 2024 por la Subdirectora General de Conservación y Gestión de Activos, lo cierto es que no existe comunicación oficial del inicio del proyecto, y todo parece indicar que a pesar de
la aprobación no hay partida presupuestaria asignada.
En sesión plenaria de carácter ordinario celebrada por este limo Ayuntamiento el día 18.07.2024 se aprobó el por unanimidad de los doce miembros presentes de los trece que componen la corporación, esta transferencia.
El 18 de julio de 2024, se aprobó por unanimidad en el pleno del ayuntamiento el acuerdo de la Corporación municipal la transferencia de la citada travesía del Estado al Ayuntamiento una vez terminadas las obras proyectadas.
El Ayuntamiento de El Cuervo (Sevilla) lleva dos años solicitando repetidamente la ejecución de este proyecto tan importante para la localidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, de forma urgente y con las partidas presupuestarias suficientes, las obras correspondientes al proyecto de trazado denominado Humanización de la travesía de El Cuervo (Sevilla) en
la carretera N-4 entre los pp.kk. 613+850 y 616+010. TT.MM. de El Cuervo y Jerez. Provincias de Sevilla y Cádiz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Ricardo Tarno Blanco, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Etna Estrems Fayos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección de las
escuelas catalanas en la Cataluña Norte, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
En 1976 nace la primera escuela en catalán en la Cataluña Norte, La Bressola. A pesar de los pocos recursos con los que ha contado desde sus inicios y de la falta de apoyo de las instituciones departamentales, La Bressola ha sobrevivido
gracias a la solidaridad y la implicación de la sociedad civil.
Hoy en día, La Bressola cuenta con 9 centros escolares (7 escuelas y 2 centros de secundaria) con más de 1.100 alumnos repartidos en siete municipios de la Cataluña Norte (Perpiñán, Nyils, Prada, El Soler, Sant Esteve, Pesillà y Canet de
Rosselló).
Esta red de colegios consolidada como el referente en la enseñanza del catalán en la Cataluña Norte se encuentra en situación de peligro. Su principal objetivo es que la enseñanza en catalán sea accesible para todos, por esta razón, su
modelo económico es progresivo: las familias pagan en función de sus ingresos. En consecuencia, La Bressola, como la gran mayoría de centros educativos tanto en Francia como en el Estado español, depende de las subvenciones. En los últimos 15
años, La Bressola ha conseguido duplicar el número de alumnos y, sin embargo, las subvenciones, tanto desde el Departamento
como desde la Región, se han ido reduciendo hasta llevar al proyecto a una situación límite en términos de viabilidad económica.
La Associació d'Amics de la Bressola nació con la voluntad de apoyar el mantenimiento y la expansión de los colegios catalanes de la Cataluña Norte. Desde su creación, esta asociación ha difundido la labor y la existencia de las escuelas de
la Cataluña Norte y ha hecho llegar aportaciones económicas recogidas entre los asociados o ayudas institucionales desde la Cataluña Sur. A menudo, dichas aportaciones han resultado vitales y decisivas para poder seguir pagando el sueldo del
personal docente de La Bressola.
El catalán es una lengua minorizada y uno de los elementos vertebradores de la identidad cultural y social de los Països Catalans. En el contexto político y lingüístico actual, tanto del Estado francés como del Estado español, se hace
evidente la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para asegurar la supervivencia de la lengua catalana y el respeto a los derechos lingüísticos de la ciudadanía. De hecho, este mandato se desprende incluso del artículo 3 de la Constitución
española, que reconoce la lengua catalana como patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección. Asimismo, debe cumplirse con la legislación internacional y proteger y promocionar las lenguas regionales y minoritarias.
La enseñanza del catalán en la Cataluña Norte es imprescindible para el mantenimiento de la lengua en el contexto actual de minorización lingüística que se vive en el Estado francés.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Establecer una asignación de fondos estable para la Associació d'Amics de La Bressola, con el objetivo de proteger y promocionar la diversidad lingüística.
2. Proteger y promocionar las lenguas oficiales distintas del castellano en aquellos territorios de fuera del Estado español donde se hablan.
3. Cumplir con los compromisos asumidos en virtud de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias.
4. Aplicar las actuaciones necesarias en política internacional para conseguir el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2024.-Etna Estrems Fayos, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància de la Diputada Etna Estrems Fayos, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per la protecció de les escoles
catalanes a la Catalunya Nord per al seu debat a en la Comissió de Educació, Formació Professional i Esports.
Exposició de motius
El 1976 neix la primera escola en català a la Catalunya Nord, La Bressola. Malgrat els pocs recursos amb què ha contat des dels seus inicis i la falta de suport de les institucions departamentals, La Bressola ha sobreviscut gràcies a la
solidaritat i la implicació de la societat civil.
Avui dia La Bressola conta amb 9 centres escolars (7 escoles i 2 centres de secundària) amb més de 1.100 alumnes repartits en set municipis de la Catalunya Nord (Perpinyà, Nyils, Prada, El Soler, Sant Esteve, Pesillà i Canet de Rosselló).
Aquesta xarxa d'escoles consolidada com el referent en l'ensenyament del català a la Catalunya Nord es troba en situació de perill. El seu principal objectiu és que l'ensenyament en català sigui accessible per a tothom, per aquesta raó, el
seu model econòmic és progressiu: les famílies paguen en funció dels seus ingressos. En conseqüència, La Bressola, com la gran majoria de centres educatius tant a França com a l'Estat espanyol, depèn de les subvencions. En els darrers 15 anys, La
Bressola ha aconseguit duplicar el nombre d'alumnes i, malgrat això, les subvencions, tant des del Departament com des de la Regió, s'han anat reduint fins a portar el projecte a una situació límit en termes de viabilitat econòmica.
L'Associació d'Amics de la Bressola va néixer amb la voluntat de donar suport al manteniment i a l'expansió de les escoles catalanes de la Catalunya Nord. Des de la seva creació, aquesta associació ha difós la tasca i l'existència de les
escoles de la Catalunya Nord i ha fet arribar aportacions econòmiques recollides entre els associats o ajuts institucionals des de la Catalunya Sud. Sovint, aquestes aportacions han estat vitals i decisives per a poder continuar pagant el sou del
personal docent de La Bressola.
El català és una llengua minoritzada i un dels elements vertebradors de la identitat cultural i social dels Països Catalans. El context polític i lingüístic actual, tant de l'Estat francès com de l'Estat espanyol, es fa evident la
necessitat d'adoptar mesures extraordinàries per assegurar la supervivència de la llengua catalana i el respecte als drets lingüístics de la ciutadania. De fet, aquest mandat es desprèn fins i tot de l'article 3 de la Constitució espanyola, que
reconeix la llengua catalana com a patrimoni cultural objecte d'especial respecte i protecció. D'igual manera, s'ha de complir amb la legislació internacional i protegir i promocionar les llengües regionals i minoritàries.
L'ensenyament del català a la Catalunya Nord és imprescindible pel manteniment de la llengua en el context actual de minoració lingüística que es viu a l'Estat francès.
Per tot el que s'ha exposat, es presenta la següent:
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Establir una assignació de fons estable per a l'Associació d'Amics de La Bressola, amb l'objectiu de protegir i promocionar la diversitat lingüística.
2. Protegir i promocionar les llengües oficials diferents al castellà en aquells territoris de fora de l'Estat espanyol on es parlen.
3. Complir amb els compromisos assumits amb la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries.
4. Aplicar les actuacions necessàries en política internacional per aconseguir el reconeixement del català com a llengua oficial a la Unió Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2024.-Etna Estrems Fayos, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/001689
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la subvención de centros educativos privados-concertados, para
su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La Constitución Española, en su artículo 27, reconoce el derecho universal a la educación, que tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales. Asimismo, dicho artículo, en su punto 5, impone a los poderes públicos la obligación de garantizar el derecho a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los
sectores afectados y la creación de centros docentes.
La libertad de enseñanza, reconocida también en este artículo 27, se concreta en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Además, la
Constitución establece que la educación básica es obligatoria y gratuita, lo cual no implica que el estado deba sufragar la educación en centros privados simplemente porque las familias decidan optar por ellos y no por los centros públicos. De
igual modo, ni la Constitución ni el derecho comparado faculta a que las familias reciban ayuda por elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que esta última deba ser financiada por fondos públicos. Como determinó el Tribunal Constitucional
en su Sentencia 86/1985, 10 julio, Sala Segunda: 'Los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales'.
En una interpretación abusiva de este derecho de creación de centros escolares por la iniciativa privada, la LODE estableció la posibilidad de elegir entre dos redes educativas financiadas con fondos públicos, la de titularidad y gestión
pública y la privada concertada, con lo que se dio lugar a confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a elegir centro y recibir, en su caso, una ayuda pública para sufragarlos, lo que en modo alguno responde a lo recogido
en nuestra Constitución ni en el derecho comparado.
El problema, sin embargo, se ha agravado sustancialmente desde que se dio carta blanca a la composición y extensión de la red privada concertada, puesto que el número de unidades educativas concertadas en España ha aumentado año tras año
desde que se les otorgó cobertura legal en 1985 (LODE), con el argumento o pretexto, en aquel momento, del aumento notable de la tasa de natalidad, y de la falta de plazas públicas suficientes para atender las necesidades de escolarización, junto a
la ampliación legal de los años de escolarización obligatoria. Posteriormente, lo que parecía ser una situación coyuntural, dadas las circunstancias, se convirtió en permanente, de modo que lo que se concertó en su día (por razones más o menos
justificadas) pasó a ser sine die.
Cuatro décadas más tarde, contamos con datos y estudios suficientes para constatar que la red de centros de enseñanza concertada no sólo ha crecido exponencialmente en detrimento de la red pública, que ha sufrido la supresión de unidades
escolares, o incluso de centros completos; sino que ha puesto de manifiesto el carácter segregador de la enseñanza privada concertada, de tal manera que actualmente el funcionamiento de la red concertada, en la práctica, se basa en la posibilidad
de seleccionar al alumnado por parte de esos centros, ejerciendo una segregación escolar donde se puede excluir al alumnado inmigrante, con necesidades especiales o a las familias con rentas más bajas, en muchos casos. De hecho, esta doble red de
centros se ha convertido en estos años en garantía de desigualdad y el mayor factor de segregación del Estado. El 82 % del alumnado inmigrante, de minorías y con necesidades educativas específicas está escolarizado en la escuela pública.
De esta forma, se institucionaliza la xenofobia, el clasismo y el capacitismo en un Estado social de derecho que debería velar por el bien común y no fomentar un mercado educativo con rankings de colegios donde las familias compitan para
conseguir la mejor oferta. Nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social, a pesar de que la legislación educativa vigente exige los mismos criterios y normas de admisión del alumnado para escuelas públicas y privadas-concertadas.
Los centros concertados generalizan el levantamiento de barreras de entrada, sobre todo con el mecanismo de cobro ilegal de cuotas (además del copago de actividades o tasas 'voluntarias', la religión católica como ideario excluyente y las
propias zonificaciones geográficas que han favorecido esta selección), lo cual atenta contra el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos, regulado en el artículo 88 de la LOMLOE: 'Para garantizar la
posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito,
imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias -de los alumnos-'.
Cada vez más fondos, que deberían destinarse al mantenimiento o apertura de centros públicos, son transferidos a centros de titularidad privada de la red concertada. Sirva como ejemplo el hecho de que en Andalucía (estos últimos años) se
han cerrado 2000 aulas de centros públicos frente a ninguna baja en líneas en centros concertados. En la Comunidad de Madrid ya se destinan más fondos a la enseñanza concertada que a los centros públicos en las etapas de Infantil, Primaria y
Especial. Otro ejemplo podría ser el País Vasco, en el que, según el último informe del Consejo Escolar de Euskadi, en el curso 2022-23 -el último analizado- había 359.017 estudiantes matriculados en la enseñanza no universitaria. De ellos,
185.267 (el 51,6 %) estudian en la pública y 173.750 (48,4 %) en la concertada. El crecimiento de la red concertada se lleva a cabo a costa de retirar fondos a la red pública, lo que pone en riesgo la igualdad de oportunidades educativas para todos
los estudiantes. No apostar por la educación pública genera efectos negativos en el sistema educativo y en la sociedad en su conjunto, pues la escuela pública es la única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad.
Las exigencias por fomentar una red pública única quedan respaldadas por los óptimos resultados de países europeos que sí promueven un sistema educativo público o conceden un peso mucho menor a la red privada que lo que se otorga en España.
Así, países como Finlandia o Suecia suelen liderar los rankings de sistemas educativos del mundo y únicamente el 3 % y 5 %, respectivamente, de sus estudiantes acuden a escuelas privadas. Del mismo modo, la reciente supresión de conciertos
educativos en Portugal tuvo un efecto claro en la mejora de la educación del país.
Además, estudios como el realizado por Fernández Llera y Muñiz Pérez (Colegios concertados y selección de escuela en España: un círculo vicioso) demuestran que no existe una mejor calidad académica en centros privados-concertados. Los
colegios públicos cuentan con un proceso objetivo de selección y cualificación del profesorado, suelen contar con menos alumnado por aula y más posibilidades de atención personalizada e inclusiva y docentes con mayor especialización pedagógica,
entre otros factores. Asimismo, el informe de la OCDE denominado 'Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja', indica claramente que 'proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar
por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos'.
Es del todo prioritario aplicar de forma taxativa la prohibición establecida en la LOMLOE para impedir en todas las Comunidades Autónomas que se destine suelo público a la creación de centros educativos privados-concertados. Este tipo de
medidas solo han favorecido la privatización encubierta de la educación por gobiernos conservadores en los últimos años. En este contexto, es esencial que el destino del suelo público garantice una educación pública e inclusiva para todos y todas.
La creciente privatización de la Formación Profesional (FP) presenta una problemática importante en el acceso y la equidad educativa. Desde CGT se informó, en el año 2023, que la FP privada viene creciendo al triple de velocidad que la
oferta de los centros públicos. A medida que más instituciones privadas se hacen cargo de la oferta formativa
en este ámbito, se incrementa la desigualdad entre aquellos que pueden permitirse pagar por recibir dicha formación y quienes dependen de las opciones públicas. La privatización de la FP conduce a una mayor mercantilización de la educación,
priorizando el beneficio económico por encima de la formación integral de los estudiantes y poniendo en manos del mercado y de los intereses empresariales la formación profesional. La FP tiene un sentido educativo esencial que se está viendo
desplazado, volviendo a su consideración de una vía 'de segunda', precarizada y privatizada al servicio de intereses mercantiles que no garantizan el derecho fundamental a la educación.
Se plantea la misma cuestión con las plazas públicas de Educación Infantil de 0 a 3 años, donde determinadas administraciones públicas no abren centros públicos con el fin de garantizar que la red privada subvencionada continúe encargada de
la gestión de las plazas ya existentes y que les aseguran además una 'clientela' futura en los siguientes tramos educativos, una vez empezada su escolarización en un centro privado. Decisiones como la de la Junta de Andalucía de devolver fondos
europeos, valorados en 112 millones de euros, para crear plazas públicas de Educación Infantil, por estar solo destinados a la educación pública, no solo desatiende las necesidades reales de la educación pública, sino que también perpetúa la
desigualdad social y económica, al no asegurar el acceso universal a una educación infantil para todos y todas.
Una red escolar pública, única e inclusiva, es la única forma de garantizar el desarrollo pleno del derecho a la educación, alcanzando una mayor cohesión social y convivencia democrática, sin ningún tipo de discriminación de origen social o
cultural, o por razones de creencias, de sexo, de orientación sexual o cualesquiera otras características de índole personal. La enseñanza pública garantiza la educación como un derecho universal y no como un negocio o una inversión ideológica.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Celebrar una mesa sectorial con las Comunidades Autónomas y administraciones competentes con el fin de establecer una red escolar pública única, que no derive recursos públicos a financiar opciones privadas. Para esto, se podrían
suprimir progresivamente los conciertos educativos mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos.
2. Promover, en el marco de las competencias estatales, la garantía de proporcionar plazas públicas suficientes en los alrededores o accesibles para los nuevos desarrollos urbanísticos que se produzcan. Además, se instará a las
administraciones competentes a no destinar suelo público (sea de titularidad municipal o de otras administraciones públicas) para centros escolares privados, según establece la Disposición Adicional Decimoquinta de la citada Ley.
3. Revisar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, los conciertos actuales y los recursos distribuidos, teniendo en cuenta las plazas vacantes en los centros públicos actualmente, y el desarrollo de los índices de natalidad,
atendiendo a la territorialidad.
4. En coordinación con las Administraciones competentes, establecer mecanismos normativos y protocolos administrativos para que no se produzca el cierre de líneas de escuelas públicas en aquellas zonas donde se mantengan conciertos con la
enseñanza privada concertada.
5. Promover el aumento de la oferta pública de la Formación Profesional y Educación Infantil de 0 a 3 años, a fin de fortalecer e invertir lo necesario en estos niveles educativos que cada vez cuentan con menos inversión y respaldo público
para cubrir todas las necesidades de la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2025.-Juan Antonio Valero Morales y Nahuel González López, Diputados. -Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a prorrogar las prestaciones
extraordinarias por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la DANA, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Se han cumplido ya tres meses de las lluvias torrenciales, riadas e intensas ráfagas de viento derivadas de la DANA que asoló la península los días 29 de octubre y sucesivos, y sus efectos devastadores. Pero que haya pasado cierto tiempo,
no significa que los territorios afectados y las personas que en ellos viven y/o trabajan hayan recuperado la normalidad. Han sido tres meses muy duros, de lucha diaria para recuperar su vida previa a la catástrofe y, a pesar de las ayudas
aprobadas, no se puede negar que aún queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo que realizar. Es nuestro deber continuar acompañando a los afectados en la senda hacia la total reconstrucción de sus vidas, de sus trabajos y de sus territorios.
El Partido Popular, como no podía ser de otra manera, se ha posicionado desde un principio, del lado de quienes más han perdido por causa de la riada. En coherencia y responsabilidad, propusimos una batería de medidas para completar las ya
existentes, algunas de las cuales celebramos que el Gobierno haya incorporado a los reales decretos ya aprobados (RDL 7/2024 y 8/2024). Les pedimos agilidad en los trámites para que el dinero llegase pronto e incluyeron una ayuda anticipada del 50
%, también el Plan de salud mental, imprescindible a todos los efectos. Asimismo, permitió, en virtud del Real Decreto-ley 8/2024, que los trabajadores autónomos acogidos a tarifa plana pudieran también acogerse a la prestación extraordinaria por
cese de actividad, tal y como le había exigido el Partido Popular.
Además, el pasado 11 de diciembre, en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión Seguridad Social y Migraciones se debatió una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para aprobar un Plan de Choque a favor
del colectivo de los trabajadores autónomos afectados por la DANA que a pesar de haber sido aprobada, el Gobierno no ha tenido en cuenta.
Los trabajadores autónomos han sido uno de los colectivos más afectados, que han visto con impotencia, cómo este fenómeno meteorológico ha afectado a la viabilidad de sus negocios que, en muchos casos, con deudas aún pendientes de pago, han
quedado destrozados y arrasados por el agua y el lodo.
El Real Decreto-ley 6/2024 por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, aprobó una prestación extraordinaria por cese de
actividad dirigida a trabajadores autónomos cuyas actividades se vieron afectadas por los daños causados por la DANA, si bien, las mismas finalizan el próximo 31 de enero de 2025.
Los autónomos son uno de los pilares fundamentales de la economía española, y una vez más, los grandes olvidados de este Gobierno. Desde el Partido Popular, entendemos imprescindible prorrogar la prestación extraordinaria por cese de
actividad al colectivo afectado hasta, al menos, el 30 de junio de 2025, a fin de no poner en riesgo la supervivencia de miles de pequeños negocios y autónomos que son esenciales para la recuperación económica de las zonas afectadas.
Es nuestra responsabilidad estar a la altura de las circunstancias, y actuar con eficacia y sensibilidad, adaptando las políticas de ayuda a la realidad de quienes más lo necesitan.
No podemos olvidar que el tejido empresarial en España está impulsado en gran medida por los autónomos y pymes -también en los territorios afectados- que desempeñan un papel fundamental en la economía del país. Estos trabajadores autónomos
ya se enfrentan a numerosos retos y desafíos en su día a día, es por ello, que cuando repentinamente suceden situaciones tan devastadoras como la que nos ocupa, es nuestra obligación reafirmar nuestro compromiso y apoyarles para, en la medida de los
posible, proporcionar soluciones tangibles a fin de minimizar las consecuencias de esta tragedia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Prorrogar, de manera urgente, la prestación extraordinaria por cese de actividad dirigida a trabajadores autónomos cuyas actividades se han visto afectadas por los daños causados por la DANA, y aprobada en virtud del Real Decreto-ley
6/2024 por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, hasta ,al menos, el 30 de junio de 2025, todo ello, a fin de no poner en
riesgo la supervivencia de miles de pequeños negocios y autónomos que son esenciales para la recuperación económica de las zonas afectadas.
2. En caso de que el Gobierno no haya aprobado la prórroga solicitada en el punto precedente a fecha 31 de enero de 2025, implementará, nuevamente la medida, con la mayor celeridad y con efectos retroactivos desde el 1 de febrero de 2025,
en los mismos términos que los establecidos en el Real Decreto-ley 6/2024 y, al menos, hasta el 30 de junio de 2025.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Alma Alfonso Silvestre, Irene Garrido Valenzuela, Macarena Montesinos de Miguel, Belén Hoyo Juliá, Alberto Fabra Part, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia
Parra Aparicio, César Sánchez Pérez, Sandra Pascual Rocamora, Óscar Clavell López, Esperanza Reynal Reillo, Fernando de Rosa Torner, Carlos Gil Santiago y Cristina Moreno Borrás, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una nueva regulación para los créditos rápidos en defensa del
consumidor, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Un falso abogado escapa con más de un millón de euros después de estafar a centenares de personas vulnerables, informaba la radio RAC1 este pasado 20 de noviembre. El estafador había fundado la empresa 'Acaba con tu deuda' consciente de la
situación de miles de personas en España que se endeudan con créditos rápidos, a veces de bajo importe, pero con intereses que podrían calificarse sin duda de usura. Una estafa
que responde a la desesperación de miles de consumidores que sufren las agresivas estrategias de empresas financieras que actúan en nuestro país sin estar registradas. Una estafa sobre una usura.
Las empresas que se anuncian en metro, televisión o por internet ofreciendo créditos de pequeños importes han proliferado los últimos años. Ofrecen créditos de bajo importe, entre 50 y 1000 euros, que en algunos casos suponen intereses de
hasta el 4000 %, 5000 % e incluso 59 000 % TAE. Actualmente, la normativa española no tiene reserva de actividad para la concesión de crédito lo que supone que estas empresas que conceden préstamos inmediatos no son supervisadas por el Banco de
España y ni siquiera hay un registro de las mismas. Cientos de compañías estarían ofreciendo créditos inmediatos incluso operando desde el extranjero sin ningún tipo de supervisión.
El periódico económico 5 Días realizaba una comparativa de la tasa media de interés que aplican los bancos a los préstamos de consumo que se sitúa en el 7,7 % (datos del BCE). Otras firmas financieras ofrecerían tipos entre el 15 o el 25 %,
elevados sin duda, pero incomparables a los préstamos abusivos que ofrecen las empresas de créditos rápidos.
A los tipos abusivos se suma la falta de información. Algunas empresas ofrecen un préstamo sin interés para el primer crédito para captar al cliente. Una vez ofrecido el primer crédito, las empresas aplicarían los tipos excesivos y sin
supervisión a clientes vulnerables que entran en espirales de pagos imposibles.
En otros casos, la ausencia de intereses oculta comisiones de apertura o gestión totalmente abusivas.
Ante los posibles abusos parece que los clientes no tienen la posibilidad clara de demandar, en algunos casos las empresas al no estar registradas disolverían la sociedad y desaparecerían. Algunos tribunales afirman que no existe una
normativa clara ni un parámetro objetivo para poder calificar como usurario un crédito y el supervisor no hace referencia a este tipo de productos. Las pocas sentencias que se han emitido se han basado en la imposibilidad de estas empresas en
justificar los elevados tipos de sus préstamos.
Por su parte, la Unión Europea ya se ha ocupado del problema con la aprobación de la Directiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se
deroga la Directiva 2008/48/CE. Esta normativa europea establece que las comunicaciones deben ser claras, justas y no engañosas, la obligatoriedad del prestamista de verificar la solvencia del consumidor, la obligación de los prestamistas de
restructuración de la deuda antes de aplicar procedimientos de ejecución o establece que los estados miembros velen por que se pongan unos servicios independientes de asesoramiento en materia de deudas a disposición de los consumidores que tengan
dificultades con sus compromisos financieros, entre otras medidas.
En definitiva, el negocio de las empresas de créditos rápidos es crear espirales de dependencia para explotar la situación de vulnerabilidad de miles de personas. Sin ningún tipo de estudio de solvencia del perfil de sus clientes, los
atrapan y persiguen a través de empresas de cobros muy agresivas tratando de alargar el hilo de pagos el mayor tiempo posible. La UE ha regulado este tipo de créditos al consumo y es absolutamente necesario que nuestro país lo haga en el menor
plazo de tiempo posible.
Por todo ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para regular los créditos rápidos eliminando su carácter abusivo y garantizando los derechos de los consumidores recogidos en la legislación vigente. Las
medidas deben incluir:
1. Establecer criterios para definir qué se considera un préstamo abusivo.
2. Implementar toda medida destinada a evitar costes de créditos excesivos o usurarios como los que han sufrido algunos consumidores.
3. Ampliar el ámbito objetivo de los créditos regulados eliminando el límite inferior de 200 euros existente en la normativa actual.
4. Establecer un procedimiento de registro y supervisión de todos los prestamistas de crédito al consumo. La actividad debe reservarse a aquellas empresas que muestren la solvencia adecuada y presenten prácticas respetuosas con el
consumidor en un marco de rendición de cuentas que responda ante los reguladores de nuestro país.
5. Presentar desde la administración modelos contractuales respecto a este tipo de créditos que ofrezcan unos estándares adecuados para el consumidor.
6. Someter a empresas de crédito al consumo y de créditos rápidos al control y la supervisión del Banco de España.
7. Prohibir la publicidad de los créditos rápidos en la que se destaque la facilidad de obtención del crédito frente a otras características del mismo como su coste.
8. Articular, junto al resto de administraciones, un estudio utilizando los medios necesarios, incluida la Inteligencia Artificial, para detectar los anuncios y posibles abusos y fraudes de estos prestamistas y en su debido caso sancionar o
iniciar una denuncia penal si se prueba necesario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2025.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001653
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el acuerdo de libre comercio UE-MERCOSUR, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El pasado 6 de diciembre se firmaba el Acuerdo entre MERCOSUR y la Unión Europea. Este Acuerdo está causando una gran preocupación en el sector agroganadero gallego por las graves repercusiones que van a tener la entrada de productos
agrarios procedentes de América del Sur y, especialmente, en el sector avícola, de carne de vacuno y apícola.
Según las cifras publicadas, este Acuerdo supondrá la entrada de 99.000 toneladas de carne de vacuno, 80.000 de aves y 45.000 de miel anuales procedentes del MERCOSUR en la Unión Europea sin aranceles o con una importante reducción de los
mismos. En Galiza se producen anualmente 95.600 toneladas de carne de vacuno, de las cuales 23.000 están amparadas por la indicación geográfica TG, 215.000 toneladas de aves y 2.700 toneladas de miel. Si comparamos la importación con la producción
de Galiza vemos que este acuerdo supone la entrada de un volumen de carne en la UE similar a producción anual gallega. Una producción que no tendrá que cumplir ninguno de los requisitos exigibles a la ganadería gallega. En el caso de la miel
supone casi el doble de la producción total de todo el estado español, que produjo 27.400 toneladas.
El Acuerdo permitirá, por lo tanto, la entrada de un enorme volumen de productos procedentes del otro lado del Atlántico para abastecer nuestro mercado, pero también favorece el monocultivo y especialización agraria de grandes extensiones
para el posterior traslado de la producción a miles de kilómetros. Prácticas completamente contrarias a la descarbonización, la recuperación de la biodiversidad natural, la soberanía alimentaria y el
consumo de productos de proximidad. Es preciso también destacar que los cultivos y cría de ganado son realizados en condiciones muy diferentes, pues se permiten unas prácticas -uso de pesticidas, antibióticos, piensos...- en los que no se
aplican los mismos estándares que en la Unión Europea y los controles en origen no son los mismos. Asimismo, es preciso tener en cuenta que las condiciones laborales que, en muchos casos, padece la mano de obra fomenta la explotación laboral y no
garantizan salarios y condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras.
Así, en primer lugar, debería favorecerse el consumo de productos locales y sin transporte, los llamados de 'km 0', limitando la importación de productos no necesarios de forma masiva para, en segundo lugar, exigir el cumplimiento de ciertos
mínimos o estándares de los productos para asegurar también la igualdad competitiva de los productores y ganaderos de Galiza.
Ante esta situación, al BNG le sorprenden las declaraciones realizadas por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en que afirma que el sector agroganadero del Estado español va a salir 'reforzado' y que el acuerdo de Mercosur va a
suponer una 'oportunidad económica para el sector'. Más, cuando otros países de la Unión, como pueden ser Francia o Italia, ya han manifestado también su posición contraria al acuerdo.
Resulta especialmente criticable que, en el marco de los ODS 2030 impuestos por la propia UE y en un contexto de lucha contra lo Cambio Climático, se impulsen macro acuerdos comerciales que supondrán un incremento de las emisiones CO2 por el
impulso de actividades de monocultivo intensivo y el transporte intercontinental. Además de no reparar en el empobrecimiento de nuestros sectores agroganaderos o la desaparición de pequeñas y medianas explotaciones que no podrán competir con los
gigantescos acuerdos comerciales que dan carta blanca a la entrada de alimentos a un precio de mercado muy inferior.
Después de la firma del acuerdo, la Comisión presentará su evaluación del resultado de las negociaciones en la propuesta que remita para la ratificación por el Consejo y el Parlamento Europeo. Esta propuesta determinará si el acuerdo debe
ser sometido íntegramente a la aprobación de la UE y de todos los Estados miembros antes de la entrada en vigor o bien si parte de su contenido, aquellas que son competencia exclusiva de la UE, requieren solo la ratificación por parte de las
instituciones europeas.
En todo caso, el Estado español puede y debe expresar su rechazo al acuerdo en aquellas instituciones y órganos en que el tratado sea sometido a debate y votación.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso rechaza el acuerdo UE-MERCOSUR por las graves repercusiones que tendrá en el sector campo ganadero gallego y del conjunto del Estado español.
Asimismo, el Congreso insta al Gobierno del Estado a rechazar el acuerdo UE-MERCOSUR en su trámite de ratificación ante el Consejo por las graves repercusiones que tendrá en el sector campo ganadero gallego y del conjunto del Estado
español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei sobre
o Acordo de libre comercio UE-MERCOSUR, para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
O pasado 6 de decembro asinábase o Acordo entre MERCOSUR e a Unión Europea. Este Acordo está a causar unha fonda preocupación no sector agrogandeiro galego polas graves repercusións que van ter a entrada de produtos agrarios procedentes de
América do Sur e, especialmente, no sector avícola, de carne vacún e apícola.
Segundo as cifras publicadas, este Acordo suporá a entrada de 99.000 toneladas de carne de vacún, 80.000 de aves e 45.000 de mel anuais procedentes do MERCOSUR na Unión Europea sen aranceis ou con unha importante redución dos mesmos. Na
Galiza prodúcense anualmente 95.600 toneladas de carne de vacún, das cales 23.000 están amparadas pola indicación xeográfica TG, 215.000 toneladas de aves e 2.700 toneladas de mel. Se comparamos a importación coa produción de Galiza vemos que este
acordo supón a entrada dun volume de carne na UE similar a produción anual da Galiza. Unha produción que non terá que cumprir ningún dos requisitos esixíbeis á gandería galega. No caso da mel supón case o dobre da produción total de todo o estado
español, que produciu 27.400 toneladas.
O Acordo permitirá, por tanto, a entrada dun enorme volume de produtos procedentes do outro lado do Atlántico para abastecer o noso mercado, mais tamén favorece o monocultivo e especialización agraria de grandes extensións para o posterior
traslado da produción a miles de quilómetros. Prácticas completamente contrarias á descarbonización, a recuperación da biodiversidade natural, a soberanía alimentar e o consumo de produtos de proximidade. É preciso tamén destacar que os cultivos e
cría de gando son realizados en condicións moi diferentes, pois permítense unhas prácticas -uso de pesticidas, antibióticos, pensos...- nos que non se aplican os mesmos estándares que na Unión Europea e os controis en orixe non son os mesmos. Así
mesmo, é preciso ter en conta que as condicións laborais que, en moitos casos, padece a man de obra fomenta a explotación laboral e non garante salarios e condicións dignas para os traballadores e traballadoras.
Así, en primeiro lugar, debera favorecerse o consumo de produtos locais e sen transporte, os chamados de 'km 0', limitando a importación de produtos non necesarios de forma masiva para, en segundo lugar, exixir o cumprimento de certos
mínimos ou estándares dos produtos para asegurar tamén a igualdade competitiva dos produtores e gandeiros da Galiza.
Ante esta situación, ao BNG sorpréndenlle as declaracións realizadas polo Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación en que afirma que o sector agro gandeiro do estado español vai saír 'reforzado' e que o acordo de Mercosur vai supor unha
'oportunidade económica para o sector'. Máis, cando outros países da Unión, como poden ser Francia ou Italia, xa manifestaron tamén a súa posición contraria ao acordo.
Resulta especialmente criticábel que, no marco dos ODS 2030 impostos pola propia UE e nun contexto de loita contra o Cambio Climático, se impulsen macro acordos comerciais que suporán un incremento das emisións CO2 polo impulso de
actividades de monocultivo intensivo e o transporte intercontinental. Ademais de non reparar no empobrecemento dos nosos sectores agro gandeiros ou a desaparición de pequenas e medianas explotacións que non poderán competir cos xigantescos acordos
comerciais que dan carta branca á entrada de alimentos a un prezo de mercado moi inferior.
Despois da sinatura do acordo, a Comisión presentará a súa avaliación do resultado das negociacións na proposta que remita para a ratificación polo Consello e o Parlamento Europeo. Esta proposta determinará se o acordo debe ser sometido
integramente á aprobación da UE e de todos os Estados membros antes da entrada en vigor ou ben se parte do seu contido, aquelas que son competencia exclusiva da UE requiren só a ratificación por parte das institucións europeas.
En todo caso, o Estado español pode e debe expresar o seu rexeitamento ao acordo naquelas institucións e órganos en que o tratado sexa sometido a debate e votación.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso rexeita o acordo UE-MERCOSUR polas graves repercusións que terá no sector agro gandeiro galego e do conxunto do Estado español.
Así mesmo, o Congreso insta o Goberno do Estado a rexeitar o acordo UE-MERCOSUR no seu trámite de ratificación ante o Consello polas graves repercusións que terá no sector agro gandeiro galego e do conxunto do Estado español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de xaneiro de 2025.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001688
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Ganadería Industrial, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Entre los compromisos adquiridos de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible encontramos la adopción de la Estrategia Estatal para la Ordenación y el Fomento de la Ganadería Extensiva. Esta estrategia establecerá las condiciones por
las que deberá guiarse la utilización de un modelo extensivo para el aprovechamiento de los recursos pastables del territorio, teniendo en cuenta tanto los aspectos económicos y productivos como el importante papel de la ganadería extensiva desde el
punto de vista medioambiental y social, contribuyendo a la mitigación de las emisiones, la prevención de incendios forestales y la conservación de determinados hábitats seminaturales de alto valor ecológico, generando empleo de calidad, asentando
población al territorio y conservando el patrimonio cultural y etnográfico. Además, en los objetivos 2050 también España incluye 'Generalizar los sistemas de producción ganadera sostenibles y ligados al territorio, como los sistemas extensivos de
dehesa y pastoralistas'.
No es ningún secreto actualmente que la producción industrial y no ecológica es mucho más contaminante, debido a los mayores insumos necesarios, y productos contaminantes generados. A pesar de ello, en muchas comunidades autónomas de las
que se disponen datos (Catalunya, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Aragón, Murcia, Extremadura...), el sistema de producción intensivo supera con creces al extensivo y es la forma de producción ganadera predominante, muy especialmente en la
ganadería porcina y aves.
En 2020 el censo ganadero ecológico representó tan sólo el 2,1 % del censo ganadero total, especialmente en el sector porcino, donde es prácticamente inexistente. Otro ejemplo concreto podría ser las explotaciones de porcino en Castilla-La
Mancha que son las que desarrollan un sistema más contaminante, dado que un 86,6 % de las explotaciones se dan bajo un sistema intensivo y tan sólo un 13,4 % son explotaciones en extensivo. En el informe de 2017 del Ministerio de Agricultura y
Pesca se define la huella de carbono como buen indicador de extensividad o intensividad, dando indicaciones sobre lo perjudicial que puede ser esta práctica.
Las granjas industriales no sólo afectan directamente a las emisiones nocivas que se liberan a la atmósfera, sino que también empeoran significativamente la calidad del agua que nos rodea, destruye el suelo y contribuye a la deforestación,
como evidencian numerosas organizaciones en sus informes sobre la ganadería intensiva (un buen ejemplo
de estas, podría ser la asociación 'Stopganaderíaindustrial'). Estos efectos también inciden directamente en la salud de las personas, al consumir y convivir con estos recursos naturales que nos rodean. La ganadería industrial masificada
además genera pocos puestos de trabajo debido a que son instalaciones muy automatizadas, generalmente de gran precariedad, con ganaderos sometidos a las integradoras y en muchos casos, falsos autónomos. Además, crea problemas económicos y sociales
en las zonas en las que se ubican, un deterioro de la calidad de vida de los residentes, y pérdida de biodiversidad y del paisaje. La concentración de la producción en grandes explotaciones influye también en la desaparición de granjas menores y
más sostenibles, normalmente más ligadas al territorio y que suponen la renta de muchos pueblos, que envejecen y se van vaciando.
Solo en España anualmente se sacrifican tantos cerdos como habitantes hay en nuestro país y más aves de corral que habitantes hay en la Unión Europea. Con esta masificación industrial dominada por las grandes corporaciones, los animales no
son considerados seres sintientes como reconoce el artículo 13 del TFUE y con base neurológica que da lugar a la conciencia, como fue confirmado en la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia, en 2012, sino meras mercancías confinadas en naves
industriales.
Es bien conocido el maltrato que, en ocasiones, reciben cerdos, vacas y otros grandes animales, sin embargo, el pollo, cuyo consumo ha aumentado en los últimos años por considerarse más saludable que la carne roja, tampoco es una excepción.
El 90 % de pollos que se crían mundialmente para ser explotados por su carne son los llamados de engorde o de variedad 'broiler'. Son genéticamente seleccionados para acelerar su engorde y lograr el máximo tamaño en el mínimo tiempo.
Llegan a alcanzar los 2,6 kilos en 40 días, el equivalente de que un bebé humano llegara a los 300 kilos a los dos meses.
El tratamiento de los animales, la proliferación de una industria tan dañina, contaminante y consumidora de insumos externos como la cárnica y el desarrollo sostenible del territorio son algunas de las razones que justifican una aceleración
del cambio hacia la ganadería sostenible y extensiva en vez del modelo permisivo de la ganadería industrial con el que contamos actualmente, y que es consecuente con los planes y estrategias que se han aprobado y adoptado para el futuro de la
ganadería.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a establecer claras definiciones y límites cuantitativos y cualitativos de lo que supone en España la 'ganadería industrial', la 'ganadería intensiva' y las 'macrogranjas'.
2. Establecer un límite menor de cabezas de ganado o UGM que pueda impedir la, apertura de nuevas granjas industriales e intensivas, y promover el desarrollo de la ganadería extensiva que cumpla con los límites y definiciones previamente
establecidos.
3. Desarrollar un plan para la reducción paulatina del número de explotaciones ganaderas industriales hasta equilibrar los residuos generados con la capacidad de tratamiento y uso sostenibles, que comprenda la movilización gradual de las
subvenciones hacia la ganadería extensiva, creando un plan de apoyo al despliegue de granjas de ganadería extensiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2025.-Juan Antonio Valero Morales, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero y Àgueda Micó Micó, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Isidre Gavín i Valls, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, una Proposición no de Ley relativa a la regularización de las bases de cotización de los autónomos agrarios correspondientes al año 2023.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad se elaboró sin la necesaria interlocución
social con los representantes del sector agrario, obviando lo aclarado en el preámbulo de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo respecto de que 'Se trata de una Ley que regulará el trabajo autónomo, sin interferir en
otros ámbitos de nuestro tejido productivo, como el sector agrario, que cuenta con su propia regulación y sus propios canales de representación'.
Transcurridos más de dos años desde su promulgación y sin que el gobierno español haya tomado en cuenta los nefastos efectos en el conjunto de las prestaciones sociales de los agricultores, ganaderos y silvicultores por cuenta propia, lo que
agrava aún más la situación de los procedentes del antiguo Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social por cuenta propia, para quienes el cálculo de las pensiones de jubilación siguen teniendo bases de dicho régimen anterior, el pasado mes de
diciembre, la Tesorería General de la Seguridad Social, inició el proceso de regularización de las bases de cotización del año 2023, sin haber difundido previamente suficiente información a los afectados del sector agrario para que, de forma
informada, tomaran la decisión sobre mantener la base de cotización de 2022 o bien proceder a su regularización.
El trámite de audiencia sobre la base de cotización definitiva del año 2023 que finalizaba el 31 de enero de 2024, se lleva a cabo sin corregir esta falta de información previa y, a quienes la determinación de la base de cotización de 2023,
en base a los rendimientos netos de su IRPF 2023, de acuerdo con los cálculos previstos en el Real Decreto-ley 13/2022, que pueden optar por una base de cotización menor, y que entre los agricultores autónomos son la inmensa mayoría, no se les
informa en la misma proporción sobre los efectos en cada una de sus prestaciones sociales contributivas a las que tienen derecho o sus beneficiarios y, además, se considera que el interesado acepta la regularización si no comunica que quiere optar
por mantener la base de cotización.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Ampliar, en tres meses, hasta el 30 de abril de 2025, el plazo de regularización de las bases de cotización de 2023 a los agricultores, ganaderos y silvicultores autónomos que, en base a los datos utilizados por la Tesorería General de
la Seguridad Social, están en situación de optar por reducir su base de cotización definitiva de 2023 o mantener la base de cotización de 2022.
2. Modificar el trámite de audiencia de estos autónomos sobre la base de cotización definitiva del año 2023 como trabajadores autónomos para que se invierta el sentido del hecho de no ejercer la opción y sea la aceptación expresa la que
indique que se opta por el resultado menor según el cálculo de la Tesorería General de la Seguridad Social.
3. Así como, a utilizar ese tiempo adicional para informar a todos y cada uno de estos autónomos, por el mismo procedimiento de comunicación de los efectos en todas y cada una de sus prestaciones sociales contributivas a las que tienen
derecho o a sus beneficiarios, si aceptan la regularización reduciendo su base de cotización definitiva del año 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2025.-Isidre Gavin i Valls, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancies del diputat Isidre Gavín i Valls, a l'empara del que estableix l'article 193 i ss del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
una Proposició no de Llei relativa a la regularització de les bases de cotització dels autònoms agraris corresponents a l'any 2023.
Exposició de motius
El Reial-Decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel que s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat es va elaborar sense la necessària
interlocució social amb els representants del sector agrari, obviant l'aclarit en el preàmbul de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom respecte de que 'Es tracta d'una Llei que regularà el treball autònom, sense
interferir en altres àmbits del nostre teixit productiu, com el sector agrari, que compta amb la seva pròpia regulació i els seus propis canals de representació'.
Passats més de dos anys des de la seva promulgació i seguint sense tenir en compte el govern espanyol els nefastos efectes en el conjunt de les prestacions socials dels agricultors, ramaders i silvicultors per compte propi, agreujant encara
més la situació dels procedents de l'antic Règim Especial Agrari de la Seguretat Social per compte propi als quals el càlcul de les pensions de jubilació continuen tenint bases d'aquest anterior règim, el mes de desembre passat, la Tresoreria
General de la Seguretat Social, va iniciar el procés de regularització de les bases de cotització de l'any 2023, sense haver difós prèviament suficient informació als afectats del sector agrari perquè, de forma informada, prenguessin la decisió
sobre mantenir la base de cotització de 2022 o bé procedir a la regularització.
El tràmit d'audiència sobre la base de cotització definitiva de l'any 2023 que finalitzava el 31 de gener del 2024, s'efectua sense corregir aquesta falta d'informació prèvia i, per als quals la determinació de la base de cotització del
2023, sobre la base dels rendiments nets del seu IRPF 2023, d'acord amb els càlculs establerts en el Reial decret llei 13/2022, poden optar per una base de cotització menor, que entre els agricultors autònoms són la immensa majoria, no se'ls informa
en la mateixa proporció sobre els efectes en cadascuna de les seves prestacions socials contributives a les quals té dret o els seus beneficiaris i, a més, es considera que l'interessat accepta la regularització sinó comunica que vol optar per
mantenir la base de cotització.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
1. Ampliar, en tres mesos, fins al 30 d'abril de 2025, el termini de regularització de les bases de cotització del 2023 als agricultors, ramaders i silvicultors autònoms que, sobre la base de les dades utilitzades per la Tresoreria General
de la Seguretat Social, estan en situació d'optar per reduir la seva base de cotització definitiva de 2023 o mantenir la base de cotització de 2022.
2. Modificar el tràmit d'audiència d'aquests autònoms sobre base de cotització definitiva de l'any 2023 com a persona treballadora autònoma perquè s'inverteixi el sentit del no exercici d'opció i sigui l'acceptació expressa la que indiqui
que s'opta pel resultat menor segons el càlcul de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
3. Així com, a usar aquest temps addicional per a informar a tots i cadascun d'aquests autònoms, pel mateix procediment de comunicació dels efectes en totes i cadascuna de les seves prestacions socials contributives a les quals té dret o
els seus beneficiaris, si accepten la regularització reduint la seva base de cotització definitiva de l'any 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de gener de 2025.-Isidre Gavin i Valls, Diputatat.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
161/001694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo y protección al sector
apícola español, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector de la miel en España lleva arrastrando, varios años, una considerable competencia desleal dada la intrusión y comercialización en el mercado de los siropes, sucedáneos y pseudomieles, provocando en los apicultores españoles una
situación que puede hacer inviables sus explotaciones.
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, en los últimos años el sector viene manteniendo un crecimiento constante, tanto en número de colmenas, de explotaciones y de apicultores. Sin embargo, la comercialización de
productos de menor calidad y precio está incitando el abandono de la actividad de nuestros apicultores profesionales, quiénes con su esfuerzo y rigor, ofrecen un producto de máxima calidad, sano y sostenible.
El sector de la apicultura cumple una función, por todos sabida, de preservar nuestros ecosistemas, así como contribuir a la conservación del medioambiente, siendo las abejas el gran polinizador de nuestra agricultura.
Hoy día hablamos constantemente de la sostenibilidad medioambiental, y por otro lado nos olvidamos de la gran labor que ejercen nuestros apicultores, condenándolos a la insostenibilidad económica por la falta de protección, control y
regulación más estricta en la comercialización de la miel.
Se ha llegado a un punto tan dramático, dónde la miel de calidad de los apicultores españoles no se comercializa en las grandes superficies, siendo su única canal de venta las pequeñas tiendas de pueblo, el comercio de cercanía, las ferias y
mercadillos o los canales de venta 'online'.
La Comisión Europea publicó en marzo de 2023, conjuntamente con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, y la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión
Europea), los resultados de los controles llevados a cabo en frontera a cientos de importaciones de miel durante 2021 y 2022. El informe destacaba que un 46 % de las muestras europeas analizadas eran fraudulentas, y un 66 % de las empresas
importadoras controladas tuvieron, al menos, un resultado positivo. Para el caso concreto de España, los resultados obtenidos se elevan a un 51 % de importaciones con producto fraudulento y un 85 % de empresas importadoras con, al menos, un
resultado positivo.
Normativamente hablando, el Real Decreto 523/2020 de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1049/2003 de 1 de agosto, establecía la obligación de mencionar en la etiqueta el país o los países de origen de la miel, y en su caso,
las mezclas dónde hayan sido recolectadas. Pero se ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar y aportar una información más completa y rigurosa, a fin de no inducir a error a los consumidores en lo que respecta a la calidad, propiedades, y
origen de la miel.
Por otro lado, la reciente Directiva (UE) 2024/1438 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de mayo, establece la obligación de mencionar en la etiqueta del país de origen de la miel dónde haya sido recolectada, así como en el caso de
mezclas, el listado de países de origen en que la miel haya sido recolectada, junto con sus respectivos porcentajes, en proporción decreciente en peso.
Para su trasposición, el proyecto del Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1049/2003 de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel, que incorpora la Directiva UE antes mencionada, tuvo su trámite
de audiencia e información pública en España del 22 de julio al 9 de agosto del presente año 2024.
Una sencilla modificación que supone mucho para el sector apícola que se encuentra en una situación dramática y de vulnerabilidad, con medidas que le den seguridad, y que, a su vez, protegerán al consumidor ofreciéndole una información clara
y precisa de la procedencia y calidad.
Es urgente y necesario defender al sector de la apicultura como sector no sólo económico que se desarrolla en el mundo rural, sino como un sector benefactor para el medioambiente, la agricultura y el mantenimiento de nuestros ecosistemas y
biodiversidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Agilizar la tramitación del proyecto de Real Decreto que modifica la norma de calidad de la miel, en lo referente al etiquetado de origen.
2. Disponer y realizar analíticas homologadas más exactas para detectar las mieles falsas y poder actuar en consecuencia de cara a su penalización, en línea con los controles realizados por la OLAF.
3. Revisar e intensificar, en coordinación con las administraciones autonómicas competentes, los programas de control e inspección para detectar la comercialización de las mieles falsas y articular las retiradas y sanciones oportunas.
4. Establecer con carácter prioritario un programa de acciones promocionales y de publicidad para apoyar al sector apícola e incentivar el consumo de las mieles españolas de calidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-Javier José Folch Blanc, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Joaquín Melgarejo
Moreno, Milagros Marcos Ortega, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Ainhoa Molina León, Rosa Quintana Carballo, Manuel García Félix, Óscar Ramajo Prada y Antonio Martínez Gómez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa del sector porcino
español ante la posible imposición de aranceles por parte de China, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector porcino español es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía agroalimentaria. España es uno de los principales productores de carne de cerdo de la Unión Europea y el segundo mayor productor del mundo, después de China.
La producción de carne de cerdo en España ha crecido de manera constante en las últimas décadas. En 2023, España produjo aproximadamente 4,8 millones de toneladas de carne de cerdo, lo que representa alrededor del 25 % de la producción total de la
Unión Europea.
España es el mayor exportador de carne de cerdo de la UE, con una importante participación en los mercados internacionales. En 2023, España exportó aproximadamente 2,6 millones de toneladas de carne de cerdo, lo que representa casi el 55 %
de la producción
total del país. Esto convierte al sector porcino en uno de los motores principales de las exportaciones agroalimentarias de España.
China es un mercado clave y uno de los destinos más importantes para las exportaciones de carne de cerdo de España. En 2023, las exportaciones de carne de cerdo española a China alcanzaron alrededor de 450.000 toneladas, lo que representó
aproximadamente el 17 % de las exportaciones totales de carne de cerdo de España. China es uno de los principales mercados no solo para la carne fresca, sino también para los productos derivados del cerdo, como embutidos y otros procesados.
El mercado chino es crucial para el sector porcino español, ya que es un mercado con gran demanda y un alto valor para los productores españoles debido a los precios que se alcanzan en este mercado. Además, la carne de cerdo española es muy
valorada en China por su calidad y sabor.
No obstante, nos encontramos ante la posibilidad de que la República Popular China imponga aranceles a la carne de cerdo de la Unión Europea, lo que afectaría gravemente a nuestros productores, especialmente a aquellos dedicados a la
producción de cerdo blanco, que verían peligrar sus ventas a uno de los mercados más rentables.
La Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), ha alertado sobre este riesgo, señalando que la investigación iniciada por China podría ser una medida política en respuesta a los aranceles impuestos por la Unión Europea
a los coches eléctricos chinos. Según la información de este sector, el precio al que se vende la carne de cerdo española en China es superior al de otros competidores, como los productores americanos, por lo que no existe 'dumping'. A pesar de
ello, China mantiene abierta una investigación sobre prácticas comerciales desleales, lo que podría culminar en la imposición de aranceles que afectarían de forma dramática a los productores españoles, dado que las tasas impuestas podrían hacer que
nuestra carne perdiera competitividad frente a productores como Brasil.
El sector porcino español se enfrenta a una amenaza real que puede comprometer miles de empleos y la estabilidad de un sector clave para la economía nacional. Si China decide imponer aranceles a las exportaciones de carne de cerdo de
España, como se teme, esto afectaría de manera significativa tanto al volumen como al valor de las exportaciones españolas al país asiático, poniendo en riesgo una fuente importante de ingresos para el sector porcino español.
La posición de China es una cuestión de máxima preocupación y, por lo tanto, el Gobierno debe tomar las medidas necesarias para proteger a nuestros productores y garantizar la competitividad de la carne de cerdo española en el mercado
internacional.
La respuesta de las instituciones españolas y europeas ante esta amenaza debe ser contundente, estratégica y coordinada, con el fin de evitar que el sector se vea gravemente perjudicado por decisiones políticas ajenas a la lógica comercial y
económica. La unidad de todos los actores involucrados será clave para mitigar los posibles efectos negativos que esta situación podría acarrear.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aumentar las gestiones diplomáticas ante las autoridades chinas con el objetivo de evitar la imposición de aranceles sobre el sector porcino español, en particular ante la posible repercusión que tendría sobre el precio y la
competitividad de los productos porcinos de España en el mercado chino.
2. Rechazar de forma rotunda cualquier acusación de prácticas de dumping que no esté debidamente fundamentada con hechos objetivos y verificables y exigir que se garantice la transparencia en la investigación abierta por las autoridades
chinas.
3. Actuar de manera coordinada con la Unión Europea y las instituciones comunitarias, para que se defienda el interés del sector porcino español.
4. Analizar en profundidad el impacto más detallado sobre los efectos de la posible imposición de aranceles por parte de China en el sector porcino español, así como una estrategia a largo plazo para fortalecer la posición de la industria
en mercados internacionales, diversificando las exportaciones y mejorando las condiciones de competencia global.
5. Establecer, en caso de que se impongan aranceles, mecanismos de apoyo inmediato a los productores nacionales para minimizar los efectos adversos sobre su competitividad, incluyendo posibles ayudas directas o líneas de crédito favorables
para el sector, y apoye la diversificación de mercados para la carne de cerdo española.
6. Apoyar la modernización de las infraestructuras y la mejora de la competitividad de los productores del sector porcino español a través de la innovación tecnológica y la sostenibilidad.
7. Mantener informado al sector y a las administraciones autonómicas sobre el avance de las negociaciones con China y las medidas adoptadas en defensa de nuestros productores porcinos frente a cualquier posible arancel o barrera comercial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Ainhoa Molina León, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix,
Alfonso Carlos Macías Gata, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en su respectiva condición de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de
lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa la derogación del calendario de cierre de centrales nucleares para contribuir a la soberanía energética, para su
discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. La energía nuclear
La energía nuclear es una fuente que presenta grandes potencialidades: (i) es capaz de suministrar grandes cantidades de electricidad, (ii) genera bajas emisiones de dióxido de carbono, y (iii) permite garantizar un suministro constante:
i. Según los datos de generación eléctrica publicados por Red Eléctrica de España 49, en 2024 esta fuente representó cerca del 20 % de la energía producida en el país, destacándose como un pilar esencial del mix energético nacional.
49 https://www.ree.es/es/datos/generación/estructura-generación
ii. Según un informe 50 elaborado por la Agencia Internacional de Energía en 2019, la producción de energía nuclear evitó la emisión de 60 gigatoneladas de dióxido de carbono durante los 50 años anteriores a dicho análisis.
iii. La producción energética asociada a la nuclear no depende de condiciones atmosféricas y su producción puede alargarse en el tiempo, tan solo con paradas puntuales para la revisión de sus sistemas 51.
Desde el 1 de enero de 2023, la Unión Europea ('UE') reconoce que la energía nuclear representa una fuente de energía de bajas emisiones de carbono 52, un aspecto que aparentemente se ha convertido en el leitmotiv del Gobierno en su política
energética. Asimismo, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP28) 53, este reconocimiento fue reforzado por más de veinte países, comprometiéndose a triplicar la capacidad de energía nuclear para
2050. A esta lista se sumaron seis naciones adicionales en la COP29, alcanzando un total de 31 países adheridos 54. Sin embargo, en contraste con esta tendencia global, el Ejecutivo español ha mantenido una política contraria a la energía nuclear,
aumentando la dependencia energética del país y comprometiendo su seguridad de suministro.
Segundo. El calendario de cierre de centrales nucleares implementado por el Gobierno de España
En evidente negación de los beneficios señalados, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ('PNIEC') 55 contempla el cierre de todas las centrales nucleares de España entre 2027 y 2035.
Los siete reactores actualmente operativos -Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona)- representan aproximadamente un 6 % de la potencia eléctrica instalada en
España 56 y, como se ha mencionado previamente, cerca del 20 % de la generación. Además, su ubicación en áreas rurales contribuye significativamente a la fijación de población y al desarrollo económico local. Por ejemplo, el cierre de la central
de Almaraz, previsto como el primero del calendario, supondría una disminución del 36 % de la población activa en su área de influencia, y afectaría directamente a unas 2.000 familias 57. En su conjunto, el sector nuclear emplea a casi 30.000
personas, entre puestos directos e indirectos, cuyo futuro se ve amenazado por esta decisión política 58.
A esta estrategia de desmantelamiento se suma un incremento de la presión fiscal sobre la producción energética nuclear. La denominada 'Tasa Enresa', creada para financiar la gestión y almacenamiento de residuos, ha aumentado un 30 % desde
su implementación en 2013 59. En la misma línea, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto por el combustible gastado, y los impuestos ambientales creados por las administraciones territoriales, contribuyen al
aumento del precio de la energía. Todo ello hará, según los operadores, que entre 2025 y 2035 la carga fiscal
50 https://www.iaea.org/es/newscenter/news/la-tecnologia-nuclear-puede-contribuir-a-la-lucha-contra-la-contaminacion-atmosferica#:~:text=Tras%20analizar%20datos%20sobre%20la,durante%20los%20 %C3 %BAltimos%2050 %20a%C3 %B1os.
51 https://es.nttdata.com/insights/blog/puede-la-energia-nuclear-satisfacer-la-necesidad-de-una-fuente-energia-estable-baja-en-emisiones
52 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_711
53 https://www.energy.gov/articles/cop28-countries-launch-declaration-triple-nuclear-energy-capacity-2050-recognizing-key
54 https://www.foronuclear.org/actualidad/noticias/compromiso-global-de-la-energia-nuclear-una-estrategia-para-lograr-los-objetivos-climaticos/
55 https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/images/es/pnieccompleto_tcm30- 508410.pdf
56 https://www.foronuclear.org/wp-content/uploads/2020/04/Impacto_sociecono%CC%81mico_de_la_industria_nuclear_en_Espan%CC%83a.pdf
57 https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/nuclear-almaraz-cierre-familias.html
58 https://www.eldebate.com/sociedad/sociedad-medio-ambiente/20250105/planeta-dirige-hacia-boom-nuclear-mientras-espana-sigue-apagon-decision-ideologica_258208.html
59 https://www.eleconomista.es/branded-content/noticias/12896439/07/24/la-nueva-tasa-enresa-otro-ejemplo-de-la-inseguridad-juridica-en-espana.html
alcance el 40 % de los costes totales del parque nuclear 60, generando un entorno de inseguridad jurídica que desincentiva la inversión en este sector clave.
Tercero. La tecnología SMR
El Parlamento Europeo aprobó a finales del año 2023 una Resolución 61 que insta a los Estados miembros a desarrollar estrategias para el despliegue de reactores modulares pequeños (denominados, por sus siglas en inglés, SMR). Estas
tecnologías innovadoras, gracias a su diseño compacto y menor coste de construcción, ofrecen una alternativa eficiente para complementar el mix energético y posicionan a la energía nuclear como una oportunidad de liderazgo tecnológico.
España, sin embargo, no ha mostrado un compromiso claro con esta vía, desaprovechando su potencial para reducir la dependencia energética y fortalecer la soberanía energética.
Cuarto. Conclusiones
El cierre injustificado, guiado por un enfoque ideológico contrario a las evidencias técnicas y económicas, amenaza la soberanía energética nacional y expone al sistema eléctrico a la volatilidad de las energías renovables ante condiciones
climáticas adversas. Esta situación ha llevado a una mayor dependencia de importaciones, especialmente de Francia -nación que ha apostado claramente por la energía nuclear 62-, con la que España mantiene un déficit comercial de electricidad de
2.104 GWh 63. Asimismo, la desconexión de la gran industria en momentos críticos evidencia la incapacidad de las renovables para garantizar el suministro continuo 64. A tal efecto, cabe mencionar que, durante el año 2024, Red Eléctrica, como
operador del sistema, detuvo el suministro eléctrico a la gran industria hasta en cinco ocasiones para evitar el colapso del sistema 65.
España necesita una generación energética que permita garantizar el suministro en todo momento, sin comprometer el desarrollo económico. Por ello, el reconocimiento de la energía nuclear como una fuente de energía eficaz para contribuir a
la Soberanía Energética es más que necesario. En esta línea, el Gobierno debe asumir su responsabilidad apostando por una energía limpia y accesible para los españoles, alejándose así de su fanatismo climático.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer la energía nuclear como una fuente de energía imprescindible dentro de nuestro mix energético.
2. Cancelar el calendario de cierre y desmantelamiento de centrales nucleares españolas, promoviendo en su lugar la extensión de la vida útil de las mismas.
3. Fomentar la rehabilitación de las centrales nucleares existentes, impulsando para ello la evaluación de los costes, beneficios y viabilidad técnica de estas operaciones.
4. Analizar los emplazamientos de las centrales nucleares cerradas, los emplazamientos autorizados en los que estaba prevista la construcción de centrales y que nunca llegaron a utilizarse -incluyendo espacios adyacentes a centrales
operativas y
60 https://www.pwc.es/es/publicaciones/energia/assets/fiscalidad-parque-nuclear.pdf
61 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0456_ES.pdf
62 https://elpais.com/economia/2023-09-30/francia-y-una-veintena-de-paises-de-la-ocde-promueven-una-alianza-para-relanzar-la-nuclear.html
63 https://gaceta.es/europa/espana-vuelve-a-importar-mas-electricidad-de-la-que-exporta-a-francia-tras-dar-la-espalda-a-la-energia-nuclear-20250107-0943/
64 https://www.vozpopuli.com/economía/red-electrica-paralizacion-gran-industria-apagon-hogares.html
65 https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13132120/12/24/red-electrica-corta-la-luz-a-la-industria-por-segundo-dia-y-se-prepara-para-volver-a-hacerlo.html
previstos al efecto-, y los nodos de vertido de las centrales térmicas clausuradas para la posible implantación en dichas localizaciones reactores modulares pequeños (SMR) o de reactores ordinarios de tecnologías ya empleadas en España.
5. Impulsar la investigación en tecnología nuclear, como fuente de abastecimiento energético esencial para España y creadora de valor añadido para la Nación.
6. Impulsar un programa nacional de formación en el ámbito de la tecnología nuclear que ayude a fomentar la creación de empleo en las regiones donde operan las instalaciones nucleares y que incluya incentivos específicos para atraer a
jóvenes talentos.
7. Poner fin a la imposición de gravámenes fiscales existentes, como la 'Tasa Enresa' o los impuestos especiales, que impactan directamente en el precio de la electricidad para las familias y la Industria. Asimismo, promover los mecanismos
oportunos para tratar de eliminar la fiscalidad especial impuesta por las administraciones territoriales.
8. Establecer un marco normativo estable que garantice la seguridad jurídica para las inversiones en energía nuclear, promoviendo a su vez la confianza de los inversores en nuevas tecnologías asociadas, como los reactores modulares pequeños
(SMR).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2025.-Ricardo Chamorro Delmo y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/001691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al rechazo al trasvase del Ebro propuesto desde
Cantabria, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 16 de diciembre el pleno del Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley en la que se reclama al Gobierno español una autorización permanente para que se trasvase de forma gratuita un mínimo anual de 10
hectómetros cúbicos de agua del embalse del Ebro a la cuenca del Saja-Besaya, puesto que en el mes de febrero finaliza el convenio firmado por el anterior Gobierno de Cantabria. Esta infraestructura, inaugurada en 2007, permite captar en verano
agua del Ebro y enviarla a la cuenca de los ríos Saja-Besaya para así abastecer a las principales poblaciones de la región, como Santander, y en invierno trasladar desde esa cuenca agua al pantano de cabecera del Ebro.
Independientemente del volumen de agua afectado y de su ubicación en la cabecera, no puede aceptarse un trasvase que pretende ser permanente y gratuito, que rompe la unidad de cuenca hidrográfica y que promueve un turismo insostenible, con
la proliferación de segundas viviendas en zonas costeras. En definitiva, un trasvase que puede ser utilizado como precedente para posteriores trasvases a otras cuencas.
Por eso, es necesario reafirmarnos en el rechazo a un modelo de trasvases entre cuencas que en tiempos de emergencia climática y escasez del recurso agua resulta delirante, que atenta directamente contra la Directiva Marco del Agua de la UE,
que resulta absurdo en términos económicos, que depreda recursos primando el beneficio económico de una minoría por encima del beneficio de la sociedad e incluso que ignora la ciencia al no comprenderer ciclo del agua.
Por consiguiente, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda rechazar el impulso de nuevos trasvases del río Ebro fuera de su cuenca hidrográfica, por incumplir la Directiva Marco de Agua de la UE y por promover un sistema productivo insostenible y depredador del
territorio que pone en peligro la supervivencia del propio ecosistema.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2025.-Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para asegurar la plena ejecución de
los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) es el principal componente del programa Next Generation EU, creado por la Unión Europea para abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de COVID-19. Con un presupuesto
total de 723.800 millones de euros, complementado por otros instrumentos que suman 806.000 millones, representa una respuesta histórica ante la crisis.
España es uno de los mayores beneficiarios, recibiendo 163.800 millones de euros, equivalentes al 12 % de su PIB, que deben ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2026. Esta suma incluye 69.500 millones en subvenciones, 84.000 millones en
préstamos y 7.700 millones en ayudas adicionales. Los fondos están condicionados al cumplimiento de hitos y objetivos semestrales para los desembolsos.
La entrada en vigor en enero de 2024 de la Adenda al Plan de Recuperación aprobada por la Unión Europea en octubre de 2023 ha supuesto el inicio de una nueva fase en la ejecución de los fondos Next Generation EU en España, con la
introducción de los fondos reembolsables para préstamos, que van a cambiar el método de seguimiento que se ha estado realizando de la aplicación de ese programa de fondos europeos. Y que empezará a notarse cuando la asignación de los préstamos se
concrete, lo que está ocurriendo con un ritmo mucho menor que el aplicado a los fondos no reembolsables, que ya de por si ofrece un ritmo de implementación muy mejorable.
Según el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la mitad de los 163.000 millones de euros que gestiona España en el PRTR (82.583 millones) contribuyen a los objetivos climáticos de mitigación y adaptación. El
40 % de las inversiones del PRTR contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, superando el 37 % exigido por la normativa y al menos un importe equivalente debían contribuir también a otros objetivos medioambientales.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sido uno de los 22 Ministerios del Gobierno que más fondos ha dispuesto, con un presupuesto de 23.286 millones, por tener encomendada la competencia en las políticas
orientadas a conseguir objetivos principales del Programa Next Generation UE, como son la transición energética y la lucha contra el Cambio Climático; es responsable del cumplimiento de un 20 % de los
hitos y objetivos fijados por el Plan de Recuperación y su Adenda, y participa en el Plan a través de 13 componentes. España ha cumplido oficialmente 181 de los 595 hitos de reforma y objetivos de inversión (con 179 adicionales que se suman
tras la aprobación de la Adenda a los 416 del Plan original), por lo que aún quedarían pendientes 414 (158 hitos de reforma y 256 objetivos de inversión) asociados a seis desembolsos pendientes, dos desembolsos más tras el reajuste de calendario
aprobado con la Adenda, de aquí a mediados de 2026. Para alcanzar el ritmo previsto tras el reajuste de dicho calendario y tras el retraso sufrido en la aprobación del cuarto desembolso, el Ejecutivo debe cumplir durante el último semestre del 2024
los 57 hitos de reforma y 61 objetivos de inversión pendientes, vinculados al desembolso de 26.258 M y a su consiguiente compromiso y adjudicación.
En diciembre de 2023, con motivo de la aprobación de la Adenda al Plan de Recuperación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) presentó el primer informe sobre la contribución de los fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a la transición ecológica. El informe se centró en tres áreas principales y ofreció un desglose de los presupuestos en ejecución hasta octubre de 2023, aunque no proporcionó cifras detalladas sobre
el total ejecutado o los pagos realizados.
Se destacó que al menos la mitad de estos fondos tienen un impacto climático y medioambiental positivo y lo que representa una oportunidad única para avanzar en la agenda de transformación ecológica, ya programada antes en estrategias claves
como el PNIEC, PNACC o la planificación hidrológica nacional
En el informe se destaca el volumen de fondos destinados a la eficiencia energética (más de 25.000 millones disponibles, en ayudas y préstamos a empresas); la movilidad sostenible (casi 15.000 millones); generación de energía renovable
(ayudas por más de 9.500 millones); investigación verde, incluido el hidrógeno verde (más de 9.000 millones); gestión del agua (más de 9.000 millones); o los casi 5.000 millones en gestión de residuos.
El informe también subrayo que la Adenda al PRTR pretendía reforzar las inversiones, PERTEs con un impacto medioambiental positivo, como el PERTE ERHA, el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, el PERTE de Economía Circular o el PERTE
de Descarbonización, al tiempo que pone más de 30.000 millones en préstamos a disposición de las CCAA y de las pymes para inversiones con impacto climático positivo, a través del Fondo de Resiliencia Autonómica y de la Línea ICO- Verde.
En resumen, según venía a reconocer el propio Ministerio, El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia representa una oportunidad crucial para Europa y España, destinada a transformar el tejido productivo nacional. Su objetivo es no solo
superar la crisis provocada por la pandemia, sino también impulsar un modelo de crecimiento sostenible, con mayor productividad y empleo a largo plazo. La transición energética se presenta como una vía para aprovechar las ventajas competitivas de
España, garantizando acceso a energía limpia, asequible y segura.
Tras la adición de los nuevos fondos de la Adenda para subvenciones, el último Informe de la Consultora Llórente y Cuenca señala que el MITECO ha ganado en volumen de fondos y se destaca como el departamento que, con mucha diferencia, más
fondos gestiona (más de una cuarta parte del total), pero ha comprometido mucho menos (casi 10 puntos porcentuales menos) de lo que tiene asignado, lo que refleja que gran parte de los fondos nuevos y la mayoría de las convocatorias pendientes
corresponden a este Ministerio.
Y es que la gestión liderada por la exVicepresidenta Tercera y exMinistra para la Transición Ecológica, ha llevado a que esta oportunidad se perciba como una ocasión perdida. La falta de una estrategia clara y eficaz ha dificultado la
implementación de cambios significativos, lo que podría comprometer el potencial de recuperación y transformación del país.
Y el Gobierno, ocupado sólo en el relato propagandístico de una sucesión de anuncios y promesas que se reiteran año a año sin llegar a cumplirse, pero conocedor de la mala gestión de dichos fondos, no rinde cuentas ni ofrece información
transparente.
Sin embargo, a pesar de la política de opacidad que está llevando a cabo el gobierno al ocultar los datos reales de ejecución del Programa, desde el último dato oficial publicado, los informes independientes y la información proporcionada
por el propio Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la Comisión Europea, AIReF y los informes periódicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) confirman la incapacidad del gobierno para ejecutar eficaz y
eficientemente los fondos del MRR.
El análisis de los datos sobre la ejecución de los fondos del MRR en España revela una situación preocupante. El último informe de seguimiento de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es el elaborado por
la Consultora LLorente y Cuenca (LLYC). A pesar de haber transcurrido casi cuatro años desde el inicio del programa, el MITECO solo ha comprometido 11.051 millones de euros de los 20.985 millones de euros asignados, apenas un 52 % de lo disponible
para el Ministerio, es decir, un 48 % pendiente de compromiso a Junio de 2024.
Y si seguimos detallando el grado de ejecución de dichos fondos a cargo del MITECO, descubrimos que ese compromiso se basa en gran medida en las transferencias a CCAA, que supone 4.532 millones de euros, del total de 11.051 millones, es
decir, el 41 % de lo comprometido se ha realizado mediante el simple método de habilitar para las CCAA las dotaciones correspondientes.
Al continuar detallando, comprobamos que de los 6.519 millones de euros comprometidos que corresponden a la ejecución directa del MITECO, 5.564 millones de euros corresponden a convocatorias de concurrencia competitiva, de los cuales sólo se
han resuelto lo correspondiente a 3.552 millones de euros, es decir, el 64 %. En definitiva, con el 64 % resuelto, del 59 % de lo comprometido, del 52 % de lo disponible, el MITECO presenta los peores registros del Gobierno. Y todo ello, sin
disponer de información confiable sobre cuanto de esos 3.552 millones de euros resueltos (de 20.985 millones disponibles) ha llegado a sus destinatarios. El Informe referido de Llórente y Cuenca señala que la contabilización de pagos respecto a lo
comprometido por la Administración General del Estado en 2021, fue del 52,46 %; en 2.022, descendió al 52,07 %; en 2023, siguió bajando al 41,70 % y en 2024 (hasta mayo de 2024), al 16,17 %. Ciertamente preocupante cuando enfilamos ya los dos
últimos años de plazo para la ejecución de los fondos europeos.
Las entidades encargadas de la supervisión, como la AIReF y la IGAE, subrayan que la capacidad de absorción de estos fondos no ha mejorado y que se ha producido una acumulación de fondos no ejecutados. Los datos de pagos realizados durante
2021 a 2023 muestran una tendencia decreciente, con un notable descenso en 2023 donde solo se alcanzó un 27,33 % de ejecución.
Pero es que en el año 2024 la situación sigue yendo a peor. Este año también comenzó de manera negativa, con una ejecución muy baja y la posibilidad real de que España deba devolver fondos a Europa. La situación se agrava por un
presupuesto que ha sido modificado, evidenciando que los remanentes no comprometidos se trasladan de un año a otro, lo que sugiere una gestión deficiente y una parálisis en la implementación de los proyectos financiados. Esto no solo pone en riesgo
el éxito del programa, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro de la financiación europea en el país.
En enero de 2024 el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), reconocía en su página web tener asignados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la gestión de 13.295 millones de euros, de los
cuales le corresponde la gestión directa 8.405 M y sólo se habían resuelto convocatorias correspondientes al 40,82 %: mientras que el importe gestionado por las Comunidades Autónomas de los transferido por IDAE, 4.391 M, se había resuelto el
55,88 %, un 36 % más.
Según datos del propio gobierno, el PERTE de las Energías Renovables, el Hidrógeno Verde y el Almacenamiento energético (PERTE ERHA), dotado con 5.862 millones de euros, sólo ha resuelto, a día de hoy, más de tres años transcurridos desde su
aprobación, 3.001 millones de euros, un escaso 51 % del total, el de más baja ejecución.
Y es que la ejecución presupuestaria del Ministerio va de mal en peor. Al cierre de 2023, de los 22 programas del ministerio con fondos del MRR, 12 no había realizado ningún pago, y solo 3 tenían una ejecución de prácticamente el 100 %.
La situación no mejora y en lo que llevamos de 2024, hasta el 31 de agosto, Programas del PERTE ERHA, PERTE ERHA, Esquema para apoyar cadena valor energías renovables o de Infraestructuras eléctricas no han realizado ningún pago. Otro tanto
sucede don los programas ambientales de Transición digital del agua, Digitalización usos del agua, Plan de apoyo a la implementación de normativa de residuos y fomento de la economía circular o de Esquema ayuda sectores clave economía circular,
donde pagos son nulos o paupérrimos. El PERTES sobre economía circular sólo ha concedido el 41 % de sus fondos y el PERTE del ciclo integral del agua apenas un 24 %.
Por su parte, el Informe de LLYC, demuestra que de los fondos solicitados como adicionales, como Adenda del PRTR, sólo se había comprometido el 38,99 % del total asignado para España, una cuantía que se eleva a 83.140 millones. De las
subvenciones, se han comprometido 10.454 millones de euros hasta el noveno mes del año, lo que representa el 62,24 % de lo comprometido a la misma altura de 2023. Por su lado, el volumen de licitaciones de la Administración General del Estado (AGE)
ha sido de 1.945 millones de euros, un 49 % menos que el mismo periodo del año anterior (3.836 millones), Y las transferencias a las comunidades autónomas alcanzan apenas una cuarta parte de lo transferido en el mismo período de 2023, unos 1.204
millones este año. Además, en los primeros nueve meses del año se han resuelto sólo un 15,65 % de las convocatorias, apenas la mitad del ya muy bajo 28 % del mismo periodo del año anterior.
En cuanto al total de los fondos 'Next Generation EU' comprometido por el Gobierno, el referido Informe de LLYC indica que, a septiembre de este año fue de 108.495 millones de euros, el 66,01 % del total asignado para España, un total de
163.801 millones de euros.
Es una tónica general de parálisis y mayor deterioro durante 2024 en el conjunto del Ministerio, que ha estado a la expectativa del futuro laboral europeo de la ya ex Ministra y actual Vicepresidenta y Comisaria de la Comisión Europea.
Según la IGAE de los 11.614.369 millones presupuestados para 2024; 7.163 millones de euros se han comprometido, un -16 % que en esa misma fecha en 2023, pero de ellos sólo 4.966 millones de euros son obligaciones reconocidas netas, un -22 % que en
2023. Y los pagos realizados sólo han sido de 2.551 millones de euros, un -23 % que en 2023, y sólo un 22 % del total del crédito inicial disponible.
En su conjunto los pagos del MRR realizado por el MITECO en 2023 supusieron sólo el 9,9 % del total de su presupuesto y en 2024 únicamente suponen un 0,13 %, siendo el ministerio con peor balance.
La realidad con la que nos encontramos es que España elaboró un diseño del MRR sin contar con las CCAA y alejado de la realidad social y empresarial de nuestro país, lo que le he llevado a tener que solicitar ante la Comisión Europea hasta
en dos ocasiones la modificación del PRTR, tal y como permite el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241 (cambios objetivos en las circunstancias económicas, como el impacto de los precios internacionales de energía y materias primas
sobre los costes productivos). La mayoría de estas modificaciones implicaron el aplazamiento del plazo de finalización, reducción de la ambición o la necesidad de rediseñar las medidas originales, ya que resultaban inalcanzables.
Estas modificaciones representan la constatación de la falsedad del relato del gobierno que se ha visto obligado a modificar varios hitos debido a problemas administrativos, fallos en el diseño de las inversiones y errores en la
identificación en los potenciales beneficiarios finales, es decir, responsabilidad exclusiva del gobierno.
El MRR también desempeña un papel crucial en el desarrollo económico de las CCAA y en la mejora de la cohesión social y territorial en España. También al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le ocupa una importante
responsabilidad como responsable de mitigar y resolver los problemas que padece la España en retroceso demográfico, económico y social. Pese a ello, la exVicepresidenta y exMinistra Ribera ha hecho gala de un sectarismo excluyente, -que esperamos
no 'exporte' a la Comisión Europea-, mientras el Gobierno alardeaba de una cogobernanza que no ha sido real y efectiva en ningún momento.
En este sentido hay que destacar la escasa participación de las comunidades autónomas en el diseño y gestión de las políticas públicas relacionadas con los fondos, la ausencia de convocatoria del órgano de cooperación, y que solo un
porcentaje muy bajo de los fondos habilitados para ellas ha sido efectivamente transferido a las comunidades autónomas, con una total falta de diálogo y cooperación por parte del gobierno. Hay que recordar que, como señala el Informe de LLYC citado
anteriormente, los remanentes totales que se podrían llegar a generar por falta de asignación en los programas ascendería a 21.593 M, el 21,63 % del total de subvenciones otorgadas por el MRR. Y las CC.AA. deberían poder jugar un mayor papel en
el diseño, gestión y ejecución de los programas que puedan reasignar dichos remanentes.
Por último, también el gobierno es responsable de la falta de transparencia y la opacidad, y de la ausencia de mecanismos y protocolos que garanticen la rendición de cuentas a la sociedad, lo que permitiría evaluar el impacto y la
contribución de los fondos del MRR a los objetivos establecidos por Europa y en particular, los relativos a la transición energética, la descarbonización, la lucha contra el cambio climático y la cohesión territorial amenazada por el reto
demográfico, todos ellos objetivos prioritarios que resultan ser responsabilidad del Ministerio para la Transición ecológica y el Reto Demográfico.
Por todo lo expuesto, es evidente que nos encontramos ante una última oportunidad crucial para implementar medidas urgentes que garanticen que los fondos Next Generation, y en particular el MRR, no se conviertan en una oportunidad perdida
para España. Es imprescindible un cambio de rumbo que permita maximizar el potencial de estos recursos y asegurar que contribuyan a un crecimiento sostenible, a la mejora de la productividad y de nuestro tejido industrial y a la cohesión social y
territorial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la transparencia en la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, mediante la publicación trimestral detallada de los datos de
ejecución real de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER) y organismos públicos dependientes del ministerio, incluyendo un desglose de los fondos asignados a entidades
públicas y privadas, con el fin de facilitar un seguimiento exhaustivo de su impacto.
2. Detallar el grado de cumplimiento de hitos y objetivos del Plan de Recuperación dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, justificando las modificaciones de hitos realizadas hasta la fecha, así como los
retrasos o desviaciones en la ejecución de los proyectos asignados, el estado de los remanentes no comprometidos y las acciones previstas para su reasignación.
3. Establecer un diálogo urgente con las Comunidades Autónomas que permita su participación en la definición, gestión y ejecución de los proyectos que se van a incluir o modificar en la nueva Adenda DANA que se está negociando con la
Comisión Europea.
4. Revisar y adaptar los procedimientos administrativos y de gestión de los fondos, eliminando las barreras burocráticas y agilizando los procesos de adjudicación y pago, con especial atención a los programas relacionados con la transición
energética, la eficiencia energética y la descarbonización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, César Sánchez Pérez, Raquel Clemente Muñoz, Joaquín Melgarejo Moreno, Maribel Sánchez
Torregrosa, Tomás Cabezón Casas, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Bella Verano Domínguez, Guillermo Mariscal Anaya y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para asegurar la garantía del suministro eléctrico impulsando redes
y trámites para energías renovables y el mantenimiento de la operación de las centrales nucleares en España, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Este jueves 12 de diciembre el operador del sistema eléctrico, REE, ha tenido que activar por segundo día consecutivo, -tras aplicarlo también el miércoles 11-, el 'Sistema de Respuesta Activa de la Demanda' que interrumpe el suministro
eléctrico a la gran industria española. Es una solución de emergencia, en la medida en que perturba el normal funcionamiento productivo, aunque las industrias afectadas estén suscritas de forma voluntaria a dicho servicio, por el que perciben una
retribución. Y se activa cuando el sistema eléctrico está en riesgo de no poder atender la demanda de electricidad por insuficiencia en la oferta, es decir, cuando está en riesgo la seguridad del suministro.
Lo preocupante es que esta es la cuarta ocasión en la que sucede en este año, frente a las dos ocasiones en las que se produjo en 2023. El doble. Y cuando nos encontramos con esa incidencia se está poniendo de relieve que estamos rozando
los límites demasiado frecuentemente, con claros perjuicios para el sistema y para los consumidores. Según los datos del propio operador del sistema, el mix de generación necesitó a pleno rendimiento a las centrales de ciclo combinado de gas, que
aportaron para cubrir el 44 % de la demanda (había 43 ciclos programados), pero también se necesitó activar un 6 % con cogeneración, un 2,82 % con carbón y hasta un 1,12 % con motores diésel. Esta situación límite en cuanto a la garantía de
suministro, incrementa los precios del mercado eléctrico y las emisiones de CO2, alejándonos de los objetivos del PNIEC. El precio final de la electricidad en el mercado mayorista de este viernes 12 de diciembre de 2024, superaba los 160 /MWh; un
+84 % que el precio en el mes de Junio de 2021, el inicio de la crisis energética y el mes en que se adoptaron las primeras medidas paliativas por parte del Gobierno.
Esta situación no era imprevisible, al contrario; viene a coincidir en el tiempo con las reiteradas advertencias del sector respecto a la insuficiencia del marco normativo para la retribución y la inversión en redes eléctricas en España que
permita superar la escasez de acceso y conexión para incrementar la oferta de generación y facilitar la incorporación de nueva demanda industrial; la excesiva lentitud en la tramitación de los expedientes administrativos para obtener las
autorizaciones pertinentes para la nueva generación; y el empecinamiento en mantener el cierre programado de las centrales nucleares en operación, sin tener previamente asegurada la operación de la nueva generación renovable que ha de sustituirla.
Desde APPA Renovables se señala que sería necesario un ritmo de inversión en renovables de cerca de 11.000 MW anuales hasta 2.030, para conseguir los objetivos marcados en la revisión del PNIEC, cuando el ritmo medio anual de penetración
renovable está en el entorno de los 7.000MW. Y además recuerda que no sólo vamos tarde sino que también vamos mal, porque hay un despliegue asimétrico de distintas tecnologías renovables y un ritmo de crecimiento desigual. Otras estimaciones,
calculan que sería necesaria triplicar el ritmo de instalación de energía eólica de los últimos años.
Tanto la UE como recientemente la Agencia Internacional de la Energía han llamado la atención sobre la necesidad de incrementar la inversión en redes si se quieren alcanzar los nuevos objetivos de despliegue de renovables y la
electrificación de la industria.
Según los estándares europeos, un sistema fiable y que garantice la seguridad de suministro debe observar un ratio de fiabilidad (LOLE) menor de 3 horas al año. Pero según el informe de ENTSO-E, de no desarrollarse los mercados de capacidad
en España, para el 2025 el LOLE incrementaría hasta 6,7h/ año, duplicando el máximo estándar, lo que supondría un problema para la seguridad de suministro de nuestro país.
Lamentablemente, pese a los nuevos ambiciosos objetivos en la revisión del PNIEC para el almacenamiento, la falta de puesta en marcha del mecanismo de reserva de capacidad está impidiendo esquemas retributivos que hagan posible su
despliegue.
Y es que la importancia estratégica de las redes, que necesitan crecer, expandirse y digitalizarse para dar cabida al proyectado despliegue masivo renovable, no está respaldada en España con los incentivos adecuados para captar la inversión
necesaria, porque el actual marco retributivo español desincentiva la inversión en redes. La media de inversión entre 2015 y 2018 fue de 1.482 millones de euros anuales y con los actuales límites legales, las inversiones medias entre 2023 y 2030
serían de alrededor de 2.700 millones de euros anuales. Pero con las nuevas previsiones de revisión del PNIEC 2023-2030, la inversión necesaria se eleva a 5.631 millones, el doble del límite legal actual. Incluso esa cifra se queda pequeña, si
tenemos en cuenta que supone 0,45 euros para redes por cada euro invertido en capacidad de generación renovable, cuando la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que es necesario invertir en redes 0,70 euros por cada euro en generación
renovable, un 35 % más de lo que proyecta España y casi el triple de lo permite la legislación actual.
El Gobierno aprobó un 'parche' provisional, con el artículo 21.1 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre (BOE 28/12/2022), y tras las demandas realizadas por las diversas administraciones y los propios promotores de estas
iniciativas industriales, el pasado 14 de diciembre de 2023 se publicó el documento de modificación de aspectos puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, que apenas dispuso de la mitad de los 931
Millones de euros disponibles.
Es urgente la adecuación de la revisión del PNIEC, junto con el modelo retributivo, con una buena planificación en redes y una anticipación a la reindustrialización de España para aprovechar todo el potencial que el país tiene en materia
energética e industrial, pero ya empieza a serlo también para asegurar la garantía de suministro. El fuerte interés por el desarrollo renovable no está acompañado por un crecimiento o refuerzo alineado de las tecnologías que garanticen la seguridad
de suministro y favorezcan la flexibilidad en los momentos de intermitencia de generación renovable, como el almacenamiento, la flexibilidad de la demanda y crear un mercado de capacidad que favorezca el mantenimiento y la rentabilidad de las
tecnologías de respaldo.
A lo anterior, se añade el problema de la lentitud en los trámites administrativos para obtener las autorizaciones pertinentes para el desarrollo de redes y de nueva generación. El Informe de Optimización de los procesos administrativos
como impulso al sector industrial, promovido por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (que engloba patronales de distintos sectores industriales, como ANFAC de automoción, AOP de refino, ASPAPEL de papel, Feique de química y
farmacia, FIAB de alimentación y bebidas, Oficemen de cemento, Primigea de materias primas minerales , Sernauto de componentes de automoción y UNESID de siderurgia) y realizado por KPMG, pone de relieve la gravedad de la situación.
Con respecto al ámbito ambiental que fundamenta esta Proposición no de Ley, el Informe señala unas demoras de 26,3 y 21,2 meses para la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y para la formulación del Informe de Impacto
Ambiental (NA) respectivamente. En el caso del Informe de Impacto Ambiental (IIA), añade el texto que 'aunque el plazo para la autorización del mismo no se detalle en la normativa, la formulación se limita a 3 meses y la demora de la autorización
es de casi siete veces el plazo de la formulación'. Y señala entre otras causas, la falta de coordinación interdepartamental y administrativa para proyectos, la falta de digitalización y la inseguridad del funcionariado en la resolución de
expedientes ante posibles denuncias.
En esta situación de incertidumbre sobre el cumplimiento de los plazos previstos para la instalación de nueva generación renovable, que pondría en riesgo la seguridad de suministro, es una grave irresponsabilidad empecinarse en no dejar
abierta la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares en operación, obligándolas a un cierre que no obedece a razones técnicas ni económicas.
La energía nuclear es una pieza estratégica para el equilibrio del sistema eléctrico nacional. Su estabilidad y capacidad de producción a lo largo del tiempo le hacen
desempeñar un papel fundamental en el mix energético español, por ser desde hace décadas una fuente constante y fiable de electricidad. Las centrales nucleares vienen generando en los últimos años entorno al 20 % de la electricidad
consumida en España. Por lo tanto, es clave para mantener la seguridad de suministro en España. Y produce sin emisiones y a precios más competitivos que el ciclo combinado de gas.
Europa ha experimentado un cambio notable en su percepción de la energía nuclear. Países como Francia y Reino Unido han reafirmado su apuesta por esta fuente como clave en la reducción de emisiones y la seguridad energética. La Comisión
Europea ha reconocido la energía nuclear en su taxonomía de inversiones sostenibles, subrayando su importancia en la transición hacia una economía libre de carbono. Este resurgimiento se debe tanto a los avances tecnológicos que han mejorado la
seguridad y eficiencia de los reactores como a la creciente preocupación por el cambio climático. Sin embargo, España es actualmente el único país del mundo con centrales nucleares en operación que tiene calendario de cierre.
El conjunto de la industria nuclear española es fuente de empleo de unas 28.500 personas -más de 8.500 de ellas de forma directa- y tiene un impacto significativo tanto en el Producto Interior Bruto, al que aporta unos 3.000 millones de
euros anuales, como en la balanza exterior.
Asimismo, y según los datos aportados por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, las centrales nucleares españolas podrían operar de forma segura y fiable durante otros 40 años. Un ejemplo es la planta nuclear estadounidense de
North Ana, hermana de las Unidades I y II de Almaraz, que recientemente ha obtenido el visto bueno por parte del regulador para operar otros 40 años, hasta los 80 en total. Sin embargo, el Gobierno mantiene el cierre nuclear, pese a que el sistema
está dando señales de estar al límite en periodos de alta demanda y con problemas estructurales de altos precios.
El problema de la falta de acceso y conexión en redes, de falta de suficientes recursos técnicos y económicos para las tramitaciones administrativas de nueva generación renovables y de fuerte dependencia de la energía nuclear para asegurar
la garantía de suministro, tiene especiales impactos negativos en Comunidades singularmente afectadas, como Extremadura o Cataluña.
Así, el Gobierno tiene prevista la parada de la unidad Uno de la producción de la Central Nuclear de Almaraz para el año 2027 y, de la unidad Dos, para el año 2028, y, por tanto, será la primera de las cinco que cierre sus puertas a la
producción de energía eléctrica en España después de la aprobación del PNIEC. Y si no se adoptan ya decisiones de prórroga, el proceso de parada será irreversible. Cuenta con una potencia instalada en torno a 2.100 MW y una producción en el año
2021 de más de 15.000 GWh, siendo la primera, a mucha distancia de la siguientes, en producción de energía en Extremadura, situándose en el 61,63 % del total de los más de 24.000 GWh de energía producida en Extremadura en el año 2021. Además, es el
motor más importante de la economía de la comarca de Campo Arañuelo y de Extremadura, con una generación de empleo de más de 800 puestos de trabajo directos y más de 2.100 indirectos, con una importante aportación económica al PIB de Extremadura.
El cierre de esta central nuclear supone un serio varapalo a la economía de la comarca de campo arañuelo y de Extremadura, por su importancia en el empleo y la generación de riqueza local. España no se puede permitir, al menos en varias
décadas, prescindir de la energía que producen sus centrales nucleares, y mucho menos de Almaraz, que como todos los indicadores de seguridad demuestran, es la más segura de España y la más productiva.
Situación similar se produce en Cataluña, que cuenta en su territorio con tres reactores (Asco I, Asco II y Vandellós II), que en 2022 suministraron el 58 % de la electricidad de Cataluña, mientras que desde 2015 únicamente se han puesto en
operación 38 MW de energía fotovoltaica y 107 MW de eólica. Con este ritmo de despliegue de renovables, es un suicidio económico prescindir de las centrales nucleares. Según Foment del Treball, el cierre programado de las tres centrales nucleares
activas en Cataluña (Aseó I, Aseó II y Vandellós II) supone un 'riesgo de desabastecimiento energético' para la industria. Un 'apagón nuclear' en Cataluña comportaría un 'apagón industrial'. Así lo ha advertido el presidente de Foment del Treball,
Josep Sánchez Llibre, en un encuentro con distintas autoridades de la Comisión Europea en Bruselas, concretamente de las direcciones generales de Energía y Medio Ambiente. Si no se modifica el calendario pactado entre los operadores y la
administración, el reactor de Aseó I será el primero catalán que finalizará sus operaciones en 2030. Le seguirán Aseó II en 2033 y Vandellós II en 2035. Además, se estima que el cierre nuclear supondrá la desaparición de unos 3.000 empleos
directos e indirectos.
En Cataluña también es especialmente preocupante el problema de la tramitología para nuevos proyectos fotovoltaicos y eólicos. Solo un 15 % de la energía generada en Cataluña en 2023 procedió de fuentes renovables, es decir, fue la segunda
comunidad donde la energía verde tuvo menos peso respecto a su producción total, según los datos de Red Eléctrica, muy lejos de la media española del 50,3 %. Hace diez años, el 21 % de la energía que producía era de origen renovable. Además,
Cataluña es la quinta comunidad que menos renovables ha instalado en los últimos cinco años.
Y ENDESA, principal responsable de la red de distribución eléctrica en Cataluña, ha reconocido que en el último año ha debido rechazar el 40 % de las peticiones de acceso y conexión a sus redes, por falta de capacidad o por ser inviable
económicamente en el refuerzo de la red que debía ser sufragado por el peticionario.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar la garantía del suministro eléctrico impulsando redes y trámites para energías renovables y el mantenimiento de la operación de las centrales nucleares en España, con arreglo a las
siguientes actuaciones:
1. Realizar un análisis exhaustivo de las causas de la demora actualmente existente en los procesos de evaluación ambiental de los planes y programas.
2. Diseñar una estrategia que contemple dotar presupuestariamente transferencias a las Comunidades Autónomas para el aumento temporal de los recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios, así como una regulación clara y con
seguridad jurídica, acerca de la posibilidad de externalización de aquellos trámites administrativos cuya naturaleza lo permita, relacionados con la instalación de nueva generación renovable y nueva demanda industrial.
3. Adoptar cualesquiera otras medidas resulten necesarias, de acuerdo con las Comunidades Autónomas afectadas, para que se aceleren los plazos de tramitación y ejecución de estas infraestructuras, con el fin de que la puesta en marcha de
los proyectos no se vea retrasada por la falta de la interconexión eléctrica.
4. Reformar la Ley del Sector Eléctrico para introducir modificaciones de una manera ágil y sencilla en la planificación de la red de transporte y distribución para dar respuesta a las necesidades de conexión de proyectos que tengan una
calificación de prioritarios o estratégicos por un gobierno autonómico o por el Gobierno central.
5. El establecimiento de cauces de participación efectivos de los administrados ante el organismo regulador CNMC para que éste pueda determinar qué peticiones han de ser consideradas prioritarias y estratégicas e incluir en la Planificación
quinquenal, considerando el conjunto del sistema energético y la economía nacional, y la retribución asignada a la inversión destinada a cubrir dichas necesidades.
6. El desarrollo de mecanismos de co-gobernanza real con las Comunidades Autónomas para el adecuado cumplimiento de las medidas anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2025.-Juan Diego Requena Ruiz, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, César Sánchez Pérez, Raquel Clemente Muñoz, Joaquín Melgarejo Moreno, Maribel Sánchez
Torregrosa, Tomás Cabezón Casas, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Bella Verano Domínguez, Guillermo Mariscal Anaya, Sergio Sayas López, Carlos Javier Floriano Corrales,
Cristina Teniente Sánchez, Belén Hoyo Juliá, Esperanza Reynal Reillo, Fernando de Rosa Torner, Carlos Gil Santiago, Alma Alfonso Silvestre, Cristina Moreno Borrás, Antonio Román Jasanada y María Elisa Vedrina Conesa, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a asentamientos de trabajadores inmigrantes en la provincia de
Huelva, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La Junta de Andalucía, en junio de 2024, presentó las bases para el primer Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales e infraviviendas y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía
conformados por población inmigrante (Plan EASEN). El Plan tiene como objetivo diseñar propuestas y coordinar a las distintas administraciones públicas para la integración residencial y socio laboral de las personas que residen en dichos
asentamientos. Asimismo, y dentro de una estrategia regional conjunta con las entidades locales, se colabora para la puesta en marcha de planes locales y/o comarcales de intervención integral en asentamientos e infraviviendas asociadas, ubicados en
cada uno de sus términos municipales.
El pasado año la vicepresidenta y responsable del MITECO del Gobierno de España suscribió un acuerdo con la Junta de Andalucía llamado 'Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural
Doñana' mediante el cual se aprobaban 350 millones para actuaciones en todos los ámbitos relacionados con el Parque Nacional de Doñana y su entorno.
Uno de ellos de vital importancia para la producción agrícola y de absoluta emergencia social y humanitaria es la 'Línea 13. Mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de las personas temporeras agrícolas y otros
colectivos en situación de vulnerabilidad', dotada con 32 millones de euros.
A pesar de estas iniciativas anunciadas por las distintas instituciones, este Grupo Parlamentario ha constatado in situ que, en los asentamientos de temporeros en Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, se sigue sin cumplir las
condiciones propias de una vida y vivienda digna en lo referente a salubridad y habitabilidad.
La situación, lejos de mejorar, ha empeorado, de manera que las basuras y los escombros rodean a las propias chabolas de esos trabajadores y trabajadoras, el agua que se emplea proviene de balsas de riego abandonadas y no hay ni una sola
condición de habitabilidad y humanidad en esos asentamientos. De hecho y, después de las dañinas lluvias en la provincia de Huelva, sería necesario declarar una situación de emergencia humanitaria en esos asentamientos.
Lo que es una evidencia clara es que más allá de lo imperativo de impulsar y acelerar las previsiones contenidas en los planes del Ministerio y la Consejería, es necesario evaluar de manera urgente las condiciones de habitabilidad de los
asentamientos y acometer con carácter inmediato las actuaciones necesarias para mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad en los mismos.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. La elaboración urgente, en coordinación con las administraciones competentes, de un informe que relate las condiciones existentes de vivienda, salubridad y seguridad de las
personas inmigrantes que mal viven en los asentamientos de Huelva, incluyendo las medidas correctoras necesarias.
2. En base a ese informe, implementar, en coordinación con las administraciones competentes, un plan de choque de aplicación urgente, que mejore las condiciones de habitabilidad y vivienda, salubridad y seguridad en los asentamientos de
personas inmigrantes de Huelva.
3. Instar a los gobiernos locales al cumplimiento de las obligaciones del acuerdo marco suscrito entre el Gobierno y la Junta de Andalucía sobre las medidas de atención a esta población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-Francisco Sierra Caballero, Juan Antonio Valero Morales y Engracia Rivera Arias, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la
ocupación ilegal y la inquiocupación de viviendas, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La política debe orientarse a dar soluciones a los problemas de los ciudadanos y uno que destaca especialmente es, sin duda, el de la vivienda. El barómetro del CIS del pasado mes de diciembre sitúa la vivienda como la primera preocupación
para los españoles (cuando Sánchez llegó al Gobierno la vivienda se situaba en decimosexto lugar). Así, se estrena como principal problema del país, por delante del paro y la crisis económica.
Efectivamente, la vivienda se ha convertido en un problema de Estado, dada la enorme dificultad para acceder a ella por los altos precios, la escasez de oferta y la intervención del mercado, a todo lo cual, además, se suma la protección a
los ocupas ilegales.
Cada año se producen entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas relacionados con la ocupación ilegal, dejando desprotegidos a los propietarios, generando problemas de convivencia vecinal e inseguridad en los barrios y afectando negativamente al
acceso a la vivienda.
Se debe recordar que el 95 % de los arrendadores son pequeños propietarios, en la mayoría de las ocasiones ahorradores que tratan de obtener pequeños rendimientos a largo plazo del fruto de sus esfuerzos. Unos propietarios que cada vez ven
menos incentivos para alquilar su vivienda por todos los riesgos a los que se exponen, que es precisamente de lo que pretendían huir.
Desde el Partido Popular defendemos la propiedad privada porque, además de un derecho reconocido constitucionalmente, es la hucha de muchas familias. Sin embargo, la izquierda tiene bloqueada en el Congreso de los Diputados nuestra
Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, que incluye medidas como el desalojo de los ocupas en 24 horas o la
imposibilidad de empadronarse en el domicilio que se ocupa ilegalmente. De esta forma, la Mesa de la Cámara baja está impidiendo desde febrero de 2024 la continuación de su tramitación iniciada en el Senado.
Por otro lado, el Gobierno ha mantenido en 2024 la suspensión de los desahucios y lanzamientos para personas vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en determinados casos de viviendas ocupadas sin título habilitante para ello, y la
ha vuelto a prorrogar para todo 2025. Esta medida, aprobada en 2020 durante la pandemia y prorrogada desde entonces, traslada a los propietarios particulares la responsabilidad de la administración pública de proteger a los vulnerables y está
favoreciendo la
inquiokupación, es decir, los casos en los que personas buscan ocupar ilegalmente una vivienda a través de un contrato de alquiler que dejan de cumplir y se ven protegidos por esta normativa.
Ello está provocando una reducción de la oferta de viviendas y una exigencia de mayores garantías para los inquilinos, consecuencias derivadas de la inseguridad jurídica que sufren los propietarios, que puedan verse imposibilitados de
recuperar su vivienda porque las medidas del Ejecutivo protegen más al ocupa que al propietario.
El Gobierno debe proteger a propietarios e inquilinos que cumplen con sus obligaciones y también a las familias que sí son vulnerables. Hay que diferenciar a los ocupas de los inquilinos realmente vulnerables. Las familias que acrediten su
vulnerabilidad deben ser atendidas por las administraciones públicas, facilitándoles el acceso a una vivienda, sin trasladar a los arrendadores la responsabilidad de hacerse cargo de ellas, obligación que corresponde a la administración pública.
En definitiva, al ocupa ilegal se le desaloja y al vulnerable se le protege, sin que el Gobierno tenga derecho a que los ciudadanos carguen con su obligación ni a amparar conductas fraudulentas. Y tampoco hay que olvidar el problema que
supone la ocupación ilegal también para las viviendas públicas, que están destinadas a los más vulnerables, no a los ocupas.
No obstante, lamentablemente, el Gobierno viene amparando desde hace tiempo con su normativa el problema de la ocupación ilegal y la inquiocupación y, además, lo relativiza e incluso ha llegado a frivolizar con el mismo, lo cual es una falta
de respeto a todos los ciudadanos que lo sufren.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revertir todas las medidas que ha adoptado en perjuicio de los propietarios legítimos de vivienda y a impulsar todas aquellas acciones necesarias para combatir el problema de la ocupación
ilegal y la inquiocupación, así como para atender a las personas verdaderamente vulnerables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2025.-Cristina Agüera Gago, Joan Mesquida Mayans, Sergio Sayas López, Isabel María Borrego Cortés, María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Cristóbal Garre Murcia, Ana
Isabel Alós López, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo urgente de medidas
para facilitar el acceso a la vivienda, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La problemática de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones para las familias españolas; así se demuestra en las últimas encuestas que se han realizado. El acceso a la vivienda es ya el primer problema de los
españoles.
El desfase entra la oferta y la demanda se ha convertido en uno de los retos más importantes que tenemos que afrontar como país. El Banco de España advierte de la urgencia de afrontar el problema de la vivienda, señalando que este año serán
necesarias
más de 600.000 viviendas, pero la producción anual solo llega a 100.000 y este déficit condenará a muchos españoles, sobre todo jóvenes, al ver frustrado su proyecto de vida.
Efectivamente, este desfase entre la oferta y la demanda ha conllevado una subida de precios que perjudica especialmente a los más vulnerables y los jóvenes son, sin duda, los más perjudicados, con una edad de emancipación muy superior a la
media europea.
Es verdad que no es un problema homogéneo en todo el territorio español, pero comienza a extenderse en ciudades medias o aquellas de menor tamaño pero que están bien comunicadas con las ciudades más pobladas del país.
En este desequilibrio del mercado de la vivienda tienen un gran impacto la falta de suelo y los altos costes de la construcción, que amenazan al sector y que auguran una solución lejana e incierta al problema del acceso a la vivienda. Es
primordial cubrir la necesidad de poner suelo en el mercado y agilizar los plazos de su desarrollo, pues no hay política de vivienda si no hay política de suelo.
Por otro lado, la colaboración público-privada es clave para conseguir satisfacer las necesidades de la demanda en materia de vivienda, siendo un problema inabarcable para las administraciones públicas la construcción de este volumen de
viviendas que necesitamos y que sigue creciendo.
Se necesita determinación y mayor velocidad por parte del sector público en las soluciones para ayudar a los más jóvenes, soluciones para multiplicar la oferta, para que los propietarios dejen de tener reparos para alquilar sus viviendas,
soluciones para el sector y soluciones para que tener un hogar sea accesible a todos.
Sin embargo, las normas recientes o la Ley por el derecho a la Vivienda han traído una enorme inseguridad al sector que ha tenido como consecuencia la retirada de oferta. Ha producido el efecto contrario al perseguido y, a pesar de las
continuas promesas del Gobierno, no se ven síntomas de mejora en el mercado inmobiliario.
Los recientes anuncios de Sánchez sobre vivienda agravarán la situación, ya que se equivocan tanto en el diagnóstico como en las soluciones. Así, el Ejecutivo central, lejos de rectificar, ahonda en los mismos errores de intervenir el
mercado, profundiza en una política fracasada que ha convertido la vivienda en un problema de Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al desarrollo urgente de medidas realistas y eficaces que persigan objetivos como disponer de más suelo para la construcción de vivienda asequible, fomentar la vivienda protegida y la vivienda
en alquiler, ampliar el acceso a hipotecas, rebajar la fiscalidad de la vivienda, agilizar las tramitaciones para construcción y rehabilitación y luchar contra la ocupación ilegal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Miguel Ángel Sastre Uyá, Ana
Isabel Alós López, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a recuperar una España de familias propietarias de sus casas, para su discusión en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
España sufre una emergencia habitacional sin precedentes. El país de familias propietarias que tanto costó construir está dando paso en los últimos tiempos a una nación de precarios sin casa y esto está afectando, particularmente, a los
jóvenes y a las personas con rentas bajas, que se están viendo excluidos de la posibilidad de ser dueños de la vivienda en la que habitan. Un simple vistazo a los datos permite contrastar este aserto. En 2002, el 65 % de los españoles entre 23 y
28 años era propietario de su casa. Dos décadas después, la cifra ha caído más de 40 puntos 66. En 2011, el 70 % de los menores de 35 años era dueño de su hogar. El dato más reciente indica que ya solo lo es el 31 % de los jóvenes españoles 67.
Lo mismo sucede con las rentas bajas y medias-bajas, entre las que cada vez hay menos propietarios, con el consiguiente daño en la renta familiar y en la capacidad de ahorro, cada vez más exigua.
Hasta aquí hemos llegado tras dos décadas en las que el bipartidismo ha dilapidado el legado heredado de nuestros mayores. La deuda pública ha aumentado a niveles estratosféricos; los impuestos que pagan las familias son cada vez más
diversificados y más altos; los sueldos han crecido de forma pírrica e insuficiente, muy por debajo de la inflación acumulada; el poder adquisitivo de las familias ha decrecido; el peso de la industria es cada vez menor en nuestra economía; la
productividad y competitividad de nuestras empresas son menguantes; somos el país de la Unión Europea con peores datos estructurales y juveniles de desempleo; así como la inmigración masiva, que satura servicios, devalúa condiciones laborales,
degrada barrios y tensa la demanda de vivienda en un país en el que apenas se ha construido en quince años.
Con esos datos, a nadie ha de sorprender que España hoy cope los primeros puestos en una de las peores clasificaciones posibles, la de emancipación tardía. Menos del 15 % de los españoles menores de 35 años vive fuera del hogar de sus
padres. Es la peor cifra desde que hay registros 68. 10 puntos por debajo que en la crisis de 2008 69. Aquí llegamos, además de por todas las cuestiones señaladas anteriormente, porque hemos olvidado aquello que nos permitió forjar una España de
familias propietarias, es decir, una España de familias estables, seguras, prósperas e independientes de vaivenes económicos o políticos.
Todas las medidas tomadas en materia de vivienda en las últimas dos décadas han perjudicado el acceso tanto de los jóvenes como de las rentas bajas y medias- bajas a la propiedad: regulaciones restrictivas sobre el suelo, criminalización de
la construcción, inseguridad jurídica, carga burocrática excesiva, fiscalidad poco amable para la compra, trabas a la financiación con la ruptura de la garantía hipotecaria, desinversión en vivienda protegida en régimen de propiedad hasta la
práctica desaparición de esta figura, así como la promoción pública y mediática del alquiler.
Olvidamos la fórmula del éxito, que no era otra que las políticas en favor de la extensión y generalización de la propiedad, y la consecuencia es evidente. Millones de españoles que antes accedían a la compra de su vivienda habitual han
sido condenados a tener que negociar perpetuamente en un mercado cambiante y al alza, el del alquiler, un bien precario y que nunca se termina de pagar. Así, en solo dos décadas, encontramos que los españoles menores de 45 años ya viven más en
alquiler que sus homólogos europeos, están más sobreendeudados y destinan una mayor parte de su sueldo al pago de la renta
66 https://www.rtve.es/noticias720230504/espana-pais-propietarios-generacion-alquiler /2443328.shtml
67 https://www.bde.es/f/webbe/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economía/Are/Fie/IIPP-2024-05-14-gavilan-es-or. pdf
68 https://www.publico.es/sociedad/emanciparse-mision-imposible-cada-seis-iovenes-casa-padres-30.html#:~:text=Solo%20el%2014 %2C8 %25 %20de,lo%20han%20hecho%20un%2054 %25.
69 https: / / www.de.org/ observatoriols2024/
mensual 70. Lo mismo sucede a las rentas bajas. Las familias en el primer cuartil tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor que hace 20 años para poder satisfacer el pago del alquiler. Casi la mitad de los inquilinos en España son
vulnerables 71. Y junto a ello, han ido apareciendo una serie de figuras indeseables pero cada vez más comunes: pisos compartidos hasta los 40, familias que van dando tumbos de casa en casa y jóvenes en castings para encontrar hogar, entre otras.
Mientras todo esto pasaba, mientras jóvenes y clases populares eran excluidos de la propiedad, se triplicaba el stock de vivienda en manos de extranjeros y crecía su capacidad de compra, llegando hasta un 20 % en el último año 72. Lo que
los españoles no pueden adquirir ni siquiera a plazos está siendo comprado en muchas ocasiones al contado por extranjeros no residentes, muchas veces extracomunitarios.
Dos décadas de políticas contra la extensión de la propiedad han dejado una sociedad mucho más débil, unas rentas bajas con mucha menor autonomía y unos jóvenes sin esperanza y sin una base material que les permita comprometerse y formar
familias. En consecuencia, tenemos la tasa de natalidad más baja de Europa, superando nuestro mínimo histórico año tras año 73.
Tras haberse probado fallido el experimento, lo prudente y juicioso parece volver la vista sobre lo que ya ha funcionado y retomar políticas que permitan el acceso popular a la propiedad inmobiliaria.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las reformas legislativas necesarias, en materia de suelo y regulación, para favorecer y facilitar la construcción en España de vivienda.
2. Promover las modificaciones legislativas pertinentes para crear un entorno fiscal favorable a la compra de vivienda.
3. Promover una regulación de la venta a plazos garantizada con condición resolutoria.
4. Impulsar una regulación más clara del arrendamiento con opción a compra y del leasing inmobiliario.
5. Favorecer fiscalmente las formas de alquiler que promuevan el acceso a la propiedad.
6. Promover la bonificación de las ganancias patrimoniales y las plusvalías municipales cuando el vendedor venda a plazos al comprador.
7. Proponer las reformas legislativas pertinentes a fin de garantizar el acceso de jóvenes y rentas bajas a financiación hipotecaria.
8. Terminar en todo el territorio nacional con las políticas de efecto llamada que favorecen fiscalmente a compradores extranjeros frente a los nacionales y, en su lugar, promover las fórmulas y modificaciones legislativas necesarias para
priorizar a los españoles en el acceso a una vivienda en propiedad.
9. Retomar el papel de la Administración Pública en el acceso popular a la propiedad, desarrollando nuevos y ambiciosos planes de vivienda protegida en propiedad o alquiler con opción a compra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
70 https://www.eldiario.es/economia/alquiler-vulnerable-espana-pais-europeo-hay-inquilinos-riesgo-pobreza 1 11310233.html
71 https: / /www.eleconomista.es /vivienda-inmobiliario /noticias /13035909/10/24/espana-vive-la-situacion-mas-critica-de-europa-con-eI-alquiler-el-45-de-los-hogares-esta-en-riesgo-de-pobreza.html
72 https://efe.com/economia/2024-10-16/compra-vivienda-extranjeros/
73 https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2024/10/NQTAPRENSA-l.pdf
161/001701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de un plan de
control y optimización del agua en núcleos poblacionales, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Desde los inicios de la humanidad, las civilizaciones han surgido y prosperado en torno a lugares donde había agua, como ríos, lagos y mares. Estas 'fuentes' no solo proporcionaban los recursos necesarios para la supervivencia diaria, sino
que también eran catalizadores del desarrollo y la prosperidad gracias al impulso de la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio o la innovación. Desde los egipcios o los primeros asentamientos en Mesopotamia hasta nuestros días, pasando,
por supuesto, por la civilización romana. Un ejemplo de ello es que en España encontramos muchísimas poblaciones cuyo nombre e historia son inseparables de su vinculación con el agua.
Cuando el agua escasea, el desarrollo se frena. Las sequías siempre han sido motivo de preocupación y hoy en día lo son con especial frecuencia. Sin embargo, aunque el agua sea imprescindible para la vida y el desarrollo humano, la
proximidad a ella de las distintas civilizaciones ha traído desde el pasado, también, elevados riesgos y desastres naturales. La historia de España tiene, sin duda, distintas páginas tristemente protagonizadas por catástrofes como inundaciones o
maremotos. El agua tiene, como vemos, un tremendo poder de generar vida y prosperidad pero, también, cuando perdemos el control sobre ella, de destruirla.
El ejemplo más reciente de este poder destructor del agua es la DANA que España ha sufrido a finales del mes de octubre y que ha tenido efectos devastadores en determinados lugares. Muy especialmente en algunas zonas del Levante como las
poblaciones que se encuentran alrededor de Valencia ciudad, cercanas al cauce del río Turia, la rambla del Poyo o la Presa de Forata. Poblaciones que pertenecen a una de las áreas más densamente pobladas de España y donde las riadas se han cobrado
cientos de vidas humanas.
El Gobierno de España, en sus propias publicaciones, desde hace años, algunas de ellas impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) como la Guía de Adaptación al Riesgo de Inundación: Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible (SUDS) (Centro de Publicaciones de la AGE, 2019) señala el impacto de las catástrofes vinculadas al agua en nuestro territorio. Por un lado, cita que este fenómeno natural es el que ha generado en nuestro país 'más daños personales y
materiales, en cantidad y gravedad'. Por otro, afirma que 'cada año se registran una media de 10 episodios graves de inundación en España'. Igualmente, estima que 'alrededor de 3 millones de españoles viven en zonas de alto riesgo de inundación'.
En dicho documento propone distintas soluciones para que el diseño urbano sea un instrumento que contribuya positivamente a paliar el riesgo de catástrofe en caso de inundación, así como a optimizar la recogida y uso eficiente del agua.
Siguiendo con las acciones vinculadas al MITECO relacionadas con esta materia de control y optimización del agua en los núcleos urbanos, el 'PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua' consecuencia del Plan de Recuperación financiado con
fondos europeos, tanto en su memoria descriptiva como en su resumen ejecutivo citan que, además de la necesidad de que nos apoyemos en recursos digitales para medir el impacto del agua en los núcleos urbanos, es imprescindible el impulso de esos
sistemas de diseño urbano citados en el párrafo anterior. Sin embargo, esta cuestión, aunque es reseñada, no tiene un papel protagonista en ninguno de los documentos. Algo que se ve, también, en las convocatorias de líneas de impulso derivadas de
este PERTE, en las que, por lo general, esta necesidad, tremendamente importante, aparece de manera muy discreta.
A pesar de que esa circunstancia afecta, como vemos, a un número importante de municipios españoles, la atención que presta el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) a este hecho es, si cabe, menor que la que se veía en el MITECO.
Es significativo que en la Guía Divulgativa de la Agenda Urbana Española no se haga alusión a la necesidad de poner el diseño urbano al servicio del fin descrito en esta exposición de motivos. Sí que se nombra en los documentos que desarrollan los
objetivos de la misma, en concreto el referente al 'Objetivo Estratégico 3'. Sin embargo, la información de este documento es también escasa y, en ella, no se concretan soluciones. Ni siquiera se citan los 'sistemas de drenaje urbano sostenible'
(SUDS) que explica el MITECO en el documento referente a ellos ya citado.
Por tanto, aunque se reconoce la gravedad del problema, se concluye que la relevancia concedida a las soluciones que ayudan a resolverlo o amortiguarlo, por parte de los Ministerios que componen este Gobierno, es escasa, especialmente la que
le otorga el MIVAU.
Las consecuencias de las inundaciones suelen ser devastadoras independientemente de si la zona a la que afectan es urbana o rural, sin embargo, en las áreas urbanizadas su impacto negativo suele incrementarse. Por un lado, como ya se citaba
con el ejemplo del área metropolitana de Valencia, porque, a mayor densidad de población, los daños personales y humanos suelen ser más contundentes. Por otro, porque la urbanización impermeabiliza el suelo, incrementando las escorrentías.
También, en ocasiones, la falta de mantenimiento y limpieza de las redes de saneamiento, especialmente las unitarias, provoca la acumulación de residuos y el colapso de las mismas, contaminando el agua y aumentando el riesgo. Ese hecho, el de
mezclar aguas pluviales con residuales en redes unitarias en vez de separativas, provoca, por otra parte, que sea más difícil el aprovechamiento del agua de lluvia para periodos de escasez y sequía. Por ello, el Ministerio que impulsa
recomendaciones que influyen en el diseño urbano, debería ser especialmente sensible con la materia, así como abanderar el impulso e implementación de soluciones innovadoras.
Para prevenir que el impacto de estos fenómenos meteorológicos sea devastador, es necesario concienciar de la necesidad de invertir en sistemas que ayuden al control y recogida de aguas pluviales. Además de no olvidar la importancia de las
grandes infraestructuras hidráulicas como presas e infraestructuras hidráulicas allá donde sea necesario, en los núcleos de población y áreas urbanas, especialmente en aquellos que se encuentran en zonas de riesgo, hay que apostar por soluciones que
pasan desde aumentar el drenaje del pavimento de estos municipios para reducir las escorrentías, hasta la creación de los llamados 'tanques de tormentas', pasando por una buena integración de las zonas libres verdes en el diseño urbano, reforestando
ciudades o incorporando sistemas digitales de monitorización de ciclo urbano del agua, así como el buen mantenimiento, limpieza y diseño de las redes de saneamiento, impulsando que sean separativas cuando esto pueda ayudara prevenir el colapso de
las mismas.
Soluciones todas ellas que, además de evitar catástrofes vinculadas a lluvias torrenciales o inundaciones por otras causas, sirven para mejorar la tremendamente necesaria optimización del agua pluvial. Una cuestión muy importante para
territorios que sufren escasez de agua y sequías frecuentes. Se consigue, con estas medidas, además del drenaje del agua para su conducción subterránea y acumulación posterior en depósitos, reducir también los contaminantes que acumula con el
objetivo de facilitar su depuración en las EDAR y que la energía que éstas consuman sea menor.
Son soluciones que, en su gran mayoría, suponen una importante inversión para los municipios que las tienen que acometer, especialmente si estos tienen presupuestos ajustados, por lo que necesitan del apoyo económico de otras
administraciones, especialmente de la que tiene más recursos: la administración central.
Esta iniciativa, cuyas medidas se detallarán a continuación, está enfocada, por tanto, no a exigir grandes infraestructuras hídricas, que también son necesarias, sino a impulsar acciones para que el diseño y mantenimiento urbano de nuestras
ciudades incorpore la perspectiva del control y optimización del agua, ya bien sea de lluvia, o en caso de inundación vinculadas a desbordamientos o maremotos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas para el desarrollo de un plan de control y optimización del agua en núcleos poblacionales:
1. Creación de una partida específica impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que se apoye en los 'mecanismos de transformación' ya existentes o en nuevos fondos que puedan venir de la Unión Europea que llegue a todos los
niveles de la administración (Comunidades Autónomas y entidades locales) enfocada al impulso de soluciones de control y optimización de aguas pluviales en municipios situados en zonas con riesgo de inundación o que viertan a zonas con riesgo de
inundación aguas abajo. Los tanques de tormenta actúan como herramientas de control para otros municipios.
2. Hacer que las convocatorias de líneas de impulso económico vinculadas al 'PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua' incluyan de manera más explícita partidas para el desarrollo de proyectos enfocados al diseño urbano relacionado con
los sistemas urbanos de drenaje sostenible.
3. Impulso de soluciones innovadoras desde las disciplinas de la ingeniería, el urbanismo o la arquitectura, entre otras posibles, mediante proyectos de investigación financiados por los Ministerios competentes, en colaboración con el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y distintas universidades españolas.
4. Programas de colaboración público-privada para desarrollar e implementar soluciones que cumplan con este propósito.
5. Actualización de las recomendaciones de la Agenda Urbana Española para que incluyan en sus documentos alusiones a esta materia, sobre la base de las recomendaciones de técnicos especialistas. Las zonas de riesgo han de conocer la
importancia de apostar, tanto en nuevos desarrollos urbanísticos como en la renovación de zonas ya existentes, por soluciones de control y optimización del agua como: sistemas digitales para la monitorización del ciclo del agua en núcleos urbanos
que permitan el análisis de datos en tiempo real; pavimentos drenantes, construcción de 'tanques de tormentas' u otras estrategias derivadas de los SUDS; zonas verdes que soporten grandes acumulaciones de agua en corto periodo de tiempo; adecuada
limpieza y mantenimiento de redes de saneamiento, así como la apuesta por el sistema separativo frente al unitario cuando sea necesario. Dicha propuesta tiene por objetivo concentrar las soluciones ya existentes en España, pero dispersas, e
incorporar las nuevas que se desarrollen a través de los apartados 3 y 4.
6. El desarrollo de un plan de divulgación tanto para las admnistraciones, como para los ciudadanos, en coordinación con las CCAA y la FEMP, para formar a la población sobre los riesgos de inundaciones y las medidas de autoprotección que
pueden tomar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2025.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Ana
Isabel Alós López, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García, Laura María Lima García, Javier Noriega Gómez y Juan Andrés
Bayón Rolo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el diseño del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana inició los trabajos de diseño del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, de acuerdo con el anuncio efectuado por la ministra Isabel Rodríguez el pasado 20 de junio de 2024 en el Cercle
d'Economía en Barcelona.
Como viene siendo habitual en este gobierno, los trabajos de diseño del citado Plan se están realizando de forma unilateral y secreta, sin contar para nada con la opinión de quienes posteriormente van a tener que aplicarlo, que son
fundamentalmente las Comunidades Autónomas. La colaboración no consiste en presentar una información restringida, dogmática y sesgada en una Conferencia Sectorial, a modo de trágala, sino que requiere de un diálogo leal, abierto y constructivo con
quienes tienen que aplicar la mayoría de las políticas que se definirán en dicho Plan.
El pasado 12 de enero de 2025, los representantes políticos de 12 Comunidades Autónomas (Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León),
además de las 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), firmaron la Declaración de Asturias, un documento público de acción política que acordaba, entre otras cosas, un conjunto de soluciones para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para
jóvenes y familias vulnerables.
Se trata de 10 ejes de actuación política en materia de vivienda a desplegar en las Comunidades Autónomas donde gobiernan dichos dirigentes, pero que pueden ser complementadas con actuaciones de ámbito nacional, y con marco legal nacional,
para lograr desplegar toda su eficacia, y así ofrecer a los ciudadanos las soluciones tangibles que tanto nos reclaman.
En concreto, el punto 2 de esta Declaración trata sobre el 'fomento de la vivienda de protección (o de precio tasado) en propiedad', y específicamente habla de 'ofrecer incentivos a promotores y constructores para el desarrollo de
actuaciones de vivienda protegida, recuperando el modelo de éxito que permitió hacer una España de propietarios en los años 80 y 90'.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 puede incorporar algún programa que contemple líneas de ayuda para el desarrollo de viviendas de esta tipología, tanto para promotores como para usuarios. Cualquier ayuda que se ofreciera tendría su
reflejo automático en una reducción del precio de la vivienda, lo que la convertiría en una vivienda más asequible y serviría para facilitar el acceso a la misma a los colectivos diana para la que estén diseñadas (por ejemplo, jóvenes, familias
vulnerables, monoparentales, numerosas, con personas con discapacidad a su cargo, etc.).
Dado que estas políticas son prioritarias para los gobiernos que representan al 70 % de la población española, considerando que no tienen sesgo ideológico alguno, y apostando por la efectividad de las mismas en su capacidad de ofrecer a
corto plazo un buen número de las viviendas asequibles que necesitan urgentemente los ciudadanos, podría incrementarse su eficacia si se ven reforzadas mediante actuaciones del gobierno central, por ejemplo, a través del Plan Estatal de Vivienda
2026-2029.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar un diálogo constructivo y leal con las Comunidades Autónomas para diseñar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, lo que supone escuchar y atender las observaciones y demandas que efectúan.
2. Incorporar en dicho Plan medidas de complemento y refuerzo de las políticas de vivienda pactadas por los representantes políticos de 12 Comunidades Autónomas
y 2 ciudades autónomas en la Declaración de Asturias del 12 de enero de 2025, puesto que representan la voluntad de gobierno de los legítimos representantes del 70 % de la población de España.
3. Incorporar, en concreto, medidas de incentivo para el desarrollo de actuaciones de vivienda protegida, que pueden incluir líneas de subvención tanto para promotores como para beneficiarios de las mismas. Estas líneas permitirían ajustar
el precio de dichas viviendas, haciéndolas más asequibles y facilitando con ello el acceso a las mismas por parte de los colectivos diana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2025.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Miguel Ángel Sastre Uyá, Ana
Isabel Alós López, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/001654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la obra
artística y su influencia cultural en España y América Latina de Miguel de Molina, víctima del franquismo perseguido por su orientación sexual y por su compromiso con la República, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La democracia española está en deuda con artistas represaliados por el franquismo que dentro y fuera de nuestras fronteras alcanzaron enorme popularidad. Entre esos artistas se encuentra el malagueño universal Miguel Frías de Molina (nacido
en Málaga en 1908 y fallecido en Buenos Aires en 1993).
Miguel de Molina, como se le conoció artísticamente, nació en el popular barrio malagueño de Capuchinos en abril de 1908 en el seno de una familia humilde. Desde muy temprana edad sufrió acoso escolar (le llamaban 'mujercita') y se vio
obligado a trabajar. Su origen andaluz, su condición social y su orientación sexual marcarían su personalidad y su arte, siendo un artista perseguido por 'rojo' y por homosexual por la dictadura franquista. Cómo él decía de sí mismo 'Yo solo fui
un señor que nació pobre en Málaga, trabajó toda su vida y le gustaron los hombres'.
Con 22 años se instaló en Madrid y debutó con la llegada de la República en el teatro Romea. En. 1934 destacó con 'El Amor brujo' a la par que Federico García Lorca estrenaba 'Yerma'. Puso de relieve un género musical reservado hasta
entonces a las mujeres, la copla, con un estilo transgresor para la época. Un éxito que también se daría en Valencia. Así, en los años treinta se convirtió en 'el faraón de la copla' con 'El día que nací yo', 'Triniá' 'Te lo juro yo', 'La bien
pagá' y 'Ojos verdes' entre otras. Tras el golpe de Estado franquista se comprometió con la causa republicana y recorrió los frentes con sus actuaciones para elevar la moral de las tropas. Dijo 'Yo solo pido trabajo para todos, libertad y respeto
mutuo y eso, solo nos lo garantiza la República'
Fue un fiel defensor de la República de la mejor manera que sabía hacer, con la copla. No en vano, la copla se convirtió durante la República en la 'canción española' que más tarde, durante la dictadura, sufriría la censura de sus letras y
la instrumentalización del régimen. La censura, la represión y la asfixia moral de la dictadura franquista le llevaron al exilio, decisión que tomó tras sufrir una paliza a la salida de una actuación en el Teatro Pavón. Le dieron una brutal paliza
en los altos de la Castellana, le raparon y le hicieron beber aceite de ricino mientras le gritan: '¡Esto por marica y por rojo! Vamos a terminar con todos los maricones y los comunistas. ¡Uno por uno!'. Años más tarde Miguel de Molina señalaría
a los torturadores: José Finat y Escrivá de Romaní (Director General de Seguridad) y el falangista Sancho Dávila. Se exilió en 1942 tras sufrir confinamiento en Cáceres y en Buñol, y verse privado de trabajar.
Recaló en Bueno Aires, Argentina, donde fue muy popular y reconocido, pero fue devuelto a España por orden del gobierno franquista. Tras un año en España sufriendo el hostigamiento del régimen se marchó a México hasta que las presiones
volvieron a obligarle a volver a Argentina, esta vez, se dice, bajo el auspicio de Eva Perón, donde permanecería hasta el final de sus días.
Miguel Frías de Molina, Miguel de Molina, fue el 'faraón de la copla' pero también un intelectual, escritor, poeta, compositor, escenógrafo, coreógrafo y cronista que en sus diarios del destierro tuvo siempre muy presente a Andalucía, su
patria chica que se llevó al exilio.
Miguel de Molina no tuvo los reconocimientos institucionales en vida que mereció. No fue hasta muy tarde, en 1992, cuando recibió la distinción de Caballero de la orden de Isabel la Católica, y, años después de su muerte fue declarado Hijo
Predilecto de Málaga. Sin embargo, el mundo de la cultura siempre lo tuvo muy presente como se ha manifestado en obras de teatro, películas y homenajes.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer al artista Miguel de Molina (Málaga, 1908-Buenos Aires 1993) como víctima del franquismo por su condición de homosexual y por su compromiso con la II República.
2. Fomentar desde el Ministerio de Cultura la realización de estudios e investigaciones sobre su obra artística y su influencia cultural en España e Iberoamérica.
3. Promover, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales que pudieran estar interesadas, la organización de exposiciones y conferencias, coloquios, jornadas divulgativas, etc. para la difusión de la obra artística
y biografía de Miguel de Molina.
4. Otorgar a título póstumo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Miguel de Molina, en reconocimiento a su extensa obra y a su legado, como escritor, poeta, compositor, escenógrafo, coreógrafo y cronista comprometido con la
libertad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2025.-Nahuel González López, Juan Antonio Valero Morales y Jorge Pueyo Sanz, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la presentación de un Proyecto de Ley de Patrimonio Histórico en España, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Ley de Patrimonio Histórico en España, promulgada en 1985, supuso un avance significativo en la protección y gestión del patrimonio cultural de nuestro país. No obstante, más de tres décadas después, se han evidenciado las limitaciones
de una normativa que, pese a su relevancia histórica, necesita ser actualizada para abordar los retos del siglo XXL
En 2021, el entonces ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Oribes, presentó un anteproyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico con el objetivo de modernizar el marco normativo, adaptándolo a los estándares
internacionales y garantizando una protección más efectiva de nuestro legado cultural. Entre sus propuestas destacaba la creación de la figura de Bien de Interés Mundial (BIM), que habría dotado de una protección especial a ciertos bienes de valor
excepcional declarados por la Unesco. También contemplaba la prohibición expresa de privatizar los monumentos en manos de la Iglesia Católica, en un régimen similar al que ya existe para los bienes muebles.
Sin embargo, dicho anteproyecto quedó paralizado debido a diversos obstáculos, entre los que se incluyen las tensiones competenciales con algunas comunidades autónomas y la denuncia de intrusión, por parte de entidades como la Iglesia
Católica, en la gestión del patrimonio cultural.
La falta de avance en esta materia ha dejado a nuestro patrimonio en una situación de vulnerabilidad, privando a la sociedad de un marco legal actualizado que impulse una gestión inclusiva, transparente y eficaz.
España posee un extraordinario patrimonio histórico que constituye un legado cultural común de la ciudadanía. Parte de todo este valioso tesoro arquitectónico es de carácter religioso y está en manos de la Iglesia. La jerarquía católica
reconoce la posesión de 3.161 bienes de interés cultural (BIC), la mayoría de los cuales han sido privatizados en virtud del controvertido mecanismo de las inmatriculaciones diocesanas. Más allá de la titularidad de los monumentos protegidos, su
administración directa por parte de la Iglesia Católica plantea graves distorsiones y anomalías que el marco legal vigente no resuelve de forma adecuada o simplemente ignora.
Por ello, entendemos que es necesario que el Gobierno presente un Proyecto de ley de Patrimonio Histórico, buscando el mayor consenso posible en la cámara y salvando las dificultades que se presentaron durante la tramitación del anteproyecto
de ley referido. Esto permitiría promover un enfoque integrador y dialogado que respete el marco competencial establecido en la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía, asegurando la cooperación entre administraciones públicas y otros
agentes implicados. También posibilitaría establecer mecanismos que permitan una mayor transparencia y corresponsabilidad en la gestión del patrimonio, en especial respecto a los bienes de titularidad pública y aquellos gestionados por entidades
privadas o eclesiásticas.
En cualquier caso, deberían primar los criterios científicos, el interés general y el uso y disfrute de nuestro patrimonio cultural por toda la ciudadanía frente a intereses particulares. Se debe garantizar, igualmente, que dicho
anteproyecto se presente al público y pueda ser objeto de un debate amplio y participativo, incluyendo a asociaciones patrimonialistas, expertos académicos y otras entidades interesadas, con el fin de recoger aportaciones y sugerencias.
Con esta propuesta, pretendemos garantizar una mayor protección de nuestro legado cultural y una gestión más justa y participativa, a la altura de la riqueza y diversidad de nuestro patrimonio histórico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional de SUMAR presenta la
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en la presente legislatura un nuevo Proyecto de Ley de Patrimonio Histórico que responda a las necesidades actuales de protección, conservación y gestión de nuestro patrimonio
cultural en el que primen los criterios científicos, el interés general y el uso y disfrute de nuestro patrimonio cultural por toda la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2025.-Nahuel González López y Francisco Sierra Caballero, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección, promoción y
proyección de la artesanía y los oficios tradicionales en España, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Los oficios tradicionales no son solo un legado del pasado, sino que conforman la columna vertebral de nuestra identidad. Los artesanos, en sus oficios, se dedican a fabricar los útiles que empleamos en nuestra vida diaria. No es
descabellado afirmar que en la artesanía y en los oficios se encuentra la raíz de lo que hoy llamamos diseño.
Son muchos los oficios tradicionales que han contribuido al desarrollo económico y social de múltiples municipios españoles a lo largo y ancho de nuestra historia y nuestra geografía. Generaciones de maestros que se especializaron en
ciertas técnicas y que, con el paso del tiempo y la falta de relevo generacional, corren el riesgo de perder ese patrimonio que ellos mismos construyeron. Esta pérdida ha llevado a muchas personas a desplazarse en busca de nuevas oportunidades
profesionales, contribuyendo a la despoblación en algunas zonas del país.
Es incuestionable el valor social de los oficios tradicionales en España. La artesanía es una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, pero en ocasiones olvidamos que la artesanía también es industria. Por ese motivo, además de
preservar los oficios y las técnicas tradicionales, es nuestro deber apoyar a la artesanía en su proyección hacia el futuro y en su adaptación a las necesidades contemporáneas para garantizar así su continuidad, su relevancia y su viabilidad.
En España existen notables ejemplos de cómo de un oficio puede nacer una industria centenaria y una referencia creativa a escala global. Podemos enorgullecemos de contar con Loewe o Ubrique en el cuero y la marroquinería, con Elosegui o
Fernández y Roche en la sombrerería, con Sargadelos, La Cartuja o Cumella en cerámica, con Tous en la joyería, con la Real Fábrica de La Granja en el vidrio o con Castañer en el calzado, como ejemplos sobresalientes de nuestra artesanía.
Andalucía es una comunidad rica en trabajos artesanales en barro, cuero, textil, piedra, metales, madera, fibras vegetales, etc, que se encuentra recogida en la cultura popular y son oficios tradicionales de la tierra. La amplitud y riqueza
de la artesanía andaluza hace difícil la tarea de resumirla: Ubrique y Prado del Rey (Cádiz) constituyen el centro marroquinero (estuchería) más importante del país, mientras que Córdoba destaca por sus 'guadamecíes' o 'cordobanes', cuero repujado
y policromado de ascendencia árabe, Valverde del Camino (Huelva) por su producción de botas, y Sevilla destaca por su tradición ceramista. Aunque muchos talleres artesanales han desaparecido, como el de Águilas 25, ha surgido una tendencia de
nuevos talleres y cursos de formación que
rescatan la tradición alfarera. Algunas localidades, como Carmona o el Viso del Alcor, continúan con artesanos que trabajan el barro aplicado a la construcción.
En Elche, Alicante, surge el oficio de palmerero, desarrollado desde hace siglos en distintos puntos del levante español, donde hay un mayor número de ejemplares de palmeras. El palmerero ha trabajado y cuidado de las palmeras, sirviéndose
tan solo de unas alpargatas y de una cuerda vegetal elaborada con esparto, y ha desarrollado a su vez otras actividades como la del datilero o la de los artesanos de palma blanca. Son estos artesanos, que han pasado sus técnicas de padres a hijos,
los que hacen que en los Domingos de Ramos de la ciudad de Elche las palmas blancas luzcan preciosas y con unas formas increíbles y que se envían desde pequeños talleres familiares a diferentes ciudades españolas e incluso hasta al Vaticano.
En Triste, Huesca, recuperan las técnicas de tejeduría que se ha desarrollado desde el neolítico hasta nuestros días, permitiendo a los visitantes descubrir los diferentes tipos de telares artesanales que han existido. Entre todos destaca
el Telar de Tiro, una pieza tradicional altoaragonesa presente en la zona desde la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica. Además, ofrece talleres que permiten al visitante aprender sobre esta técnica artesanal.
En Galicia, la artesanía siempre ha formado parte de la vida diaria de miles de personas, usando técnicas tradicionales que han ido pasando de generación en generación, sobre todo en las zonas rurales que tanto abundan en estas tierras.
Desde la fabricación de mobiliario, utensilios para el hogar o herramientas para trabajar el campo, oficios artesanos que estaban presentes en incontables hogares.
La protección de estos oficios artesanales cobra aún más importancia en los territorios de baja densidad de población, donde el mantenimiento de la artesanía y de los oficios artesanales, además de proteger nuestro paisaje cultural común,
supone un atractivo turístico y palanca económica. En ese sentido, pueden mencionarse prácticas reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO como el arte de la construcción en piedra (2024); la técnica de producción artesanal del
vidrio hueco, plano o de corona (2023); la maderada (2022); producción de cerámica talaverana (2019); y la fabricación tradicional de la cal (2011).
Ese saber hacer y ese conocimiento profundo de materiales y técnicas de los artesanos no es solo un legado a conservar, sino que es el cimiento ideal para una innovación duradera y con raíces. Pero el potencial del saber hacer de los
artesanos va más allá de su dimensión social y su valor cultural, ya que la artesanía ha conseguido penetrar durante las últimas décadas en la alta tecnología y en la investigación en ciencia de materiales, inspirando soluciones innovadoras para la
ingeniería, el diseño, la arquitectura e incluso la salud. Además, esa conexión con la tecnología funciona en ambas direcciones, ya que muchos artesanos también han abrazado la digitalización de sus procesos, transformando su manera de trabajar y
conectar con el público.
El esfuerzo de los artesanos por adaptarse al presente debe ser correspondido con nuestro apoyo, y por eso instamos al Gobierno a impulsar un programa de protección, promoción y proyección de la artesanía y los oficios tradicionales en
España.
Esta proposición busca la protección de nuestros oficios y el reconocimiento público de la labor de los artesanos como referentes profesionales y sociales para las nuevas generaciones. También promueve nuestra artesanía dentro y fuera de
nuestras fronteras, integrándola en los currículos educativos y creando campañas de visibilización. Y, en último lugar, también busca la proyección hacia el futuro planteando un esfuerzo coordinado entre profesionales, asociaciones y escuelas que
contribuyan a un mejor desarrollo económico del sector, además de ensanchar la cohesión social, el arraigo cultural y la generación de oportunidades en zonas rurales y despobladas para construir un futuro económico y cultural sostenible.
España puede y debe liderar el renacimiento artesanal europeo, convirtiendo nuestra rica tradición en un símbolo global de excelencia, sofisticación e innovación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un plan de protección, promoción y proyección de la artesanía y los oficios en España para salvaguardar los conocimientos, técnicas y materiales que forman parte del legado cultural artesanal.
2. Elaborar un mapa histórico y etnográfico actualizado de artesanías y oficios tradicionales de España.
3. Instaurar la figura del 'Tesoro Nacional Viviente' dentro de los Premios Nacionales de Artesanía, para combinar el reconocimiento honorífico a una carrera en artesanía con iniciativas de formación con estos tesoros, además de eventos y
plataformas para visibilizarlos en el panorama nacional e internacional.
4. Crear publicaciones y exposiciones que actualicen, documenten y celebren la artesanía y los oficios como parte de nuestro patrimonio cultural común.
5. Elaborar un Registro Nacional de Oficios en Peligro de Desaparición, creando un censo de los oficios tradicionales más amenazados para priorizar recursos y esfuerzos en su conservación.
6. Fundar un Banco de materiales artesanales para fomentar la investigación y preservación de materiales autóctonos asociados a la artesanía, promoviendo su uso sostenible.
7. Crear una plataforma digital que compile tutoriales, procesos y técnicas documentadas por los propios artesanos, garantizando su acceso público.
8. Crear una línea de ayudas para proyectos que incorporen tecnologías avanzadas, sostenibilidad y comercio electrónico en los talleres artesanales.
9. Promover colaboraciones entre artesanos y sectores como la moda, el diseño industrial, la arquitectura y la tecnología, incentivando proyectos conjuntos con empresas españolas.
10. Promocionar estos oficios tradicionales entre las nuevas generaciones para que conozcan el valor de estas labores, que han sido la base del desarrollo económico y de los municipios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2025.-Sandra Pascual Rocamora, María Soledad Cruz-Guzmán García, Borja Semper Pascual, Eduardo Carazo Hermoso, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel García Félix,
Edurne Uriarte Bengoechea, Jaime Miguel de los Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Nacho Martín Blanco, Óscar Clavell López, Miriam Guardiola Salmerón y María Elisa Vedrina Conesa,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley relativa a la transparencia del
establecimiento de los precios de los algoritmos de las plataformas de movilidad, para su debate y aprobación en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Durante el festival Mad Cool en julio de 2023, los precios de los servicios de transporte como Uber, Cabify o Bolt se dispararon hasta cinco veces más en comparación con las tarifas normales, según un estudio de la consultora Games Econ.
Este análisis, encargado por la Federación Profesional del Taxi de Madrid y Antaxi, reveló que los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) incrementaron sus tarifas entre dos y cuatro veces más de lo habitual, mientras que los taxis
aumentaron solo entre un 20 % y 40 %. En algunos casos, los precios de los VTC llegaron a ser hasta un 273 % más altos. El informe también detectó que este aumento de precios no solo afectó a los trayectos hacia y desde el evento, sino a otras
rutas dentro de Madrid.
Durante años, desde múltiples esferas se ha cuestionado el funcionamiento de los algoritmos de estas empresas. En Estados Unidos se observó que Uber cobraba más a viajeros que se hospedaban en hoteles más caros. Un análisis similar
realizado por Bloomberg mostró que los precios variaban según la renta del barrio. El algoritmo de precios de VTCs no es solo un conjunto de reglas fijas: es un sistema dinámico que aprovecha el aprendizaje automático y los datos en tiempo real
para tomar decisiones sobre precios.
El 10 de enero de 2024, la Comunidad de Madrid aprobó el primer reglamento para regular el servicio de VTC, que afecta a empresas como Uber, Cabify y Bolt. Desde su implementación, se han gestionado 757 denuncias hasta el 31 de mayo, siendo
la principal causa la ausencia de hojas de reclamaciones en los vehículos, con 329 sanciones (43 %). El reglamento también introdujo un límite del 75 % en el aumento de precios en momentos de alta demanda. Aunque no hay sanciones por este motivo,
se han multado prácticas previas como la captación de pasajeros en la calle o la falta de comunicación con el registro de VTC. El reglamento establece requisitos para las empresas, como contar con un mínimo de conductores (75 % de las licencias), y
exige formación recurrente para los conductores. Además, estos deben tener un permiso de conducción de al menos dos años y aprobar una prueba de conocimientos.
Aunque el reglamento establece el límite del 75 % de aumento de precios en momentos de alta demanda, el precio no está predeterminado. ¿Cuál es el precio base cuando no hay una medida concreta como la tarifa, sino el algoritmo?. Por ello
el reglamento no resuelve la falta de transparencia sobre cómo trafica el algoritmo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la protección de los derechos digitales de los ciudadanos, contenidos tanto en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales como en la Carta de Derechos Digitales, así como la
transparencia y equidad en el establecimiento automatizado de los precios de los servicios de transporte y movilidad mediante instrumentos algorítmicos.
2. Solicitar a La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia garantizar que las plataformas de servicios de movilidad no utilicen datos individualizados de los usuarios que respondan a características contextúales, personales, de
renta o socioeconómicas. Datos como la nacionalidad, el lugar de residencia, de establecimiento o de solicitud del servicio o tipo, antigüedad o nivel de carga del dispositivo electrónico utilizado, no pueden ser usados para determinar directa o
indirectamente por el algoritmo el precio del servicio. Esto evitará discriminaciones injustificadas entre los usuarios.
3. Determinar que las plataformas de movilidad presenten un informe semestral al Ministerio de Transporte y Movilidad Urbana en el que se expliquen las técnicas de elaboración de perfiles de consumidores para el establecimiento de las
tarifas. Este informe se someterá a una auditoría independiente para que evalúe la integridad y exactitud de la descripción proporcionada.
4. Solicitar a las plataformas de servicios de movilidad que mantengan publicada y actualizada, a disposición del usuario y de manera suficientemente comprensible para el ciudadano, la descripción de las variables fundamentales que
determinan el funcionamiento del algoritmo de precios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-Teslem Andala Ubbi y Carlos Martín Urriza, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, con la firma de su Portavoz o Portavoz adjunto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no
de Ley relativa a los incrementos injustificados de las primas de las pólizas de los seguros al sector del taxi, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La organización Asociación Profesional de Autónomos Élite Taxi Andalucía, con el respaldo de la Plataforma Taxi España y de la Unión Nacional de Comercio (CNAC), han detectado una problemática que afecta gravemente al sector del taxi, a sus
trabajadores autónomos y a sus asalariados.
Actualmente la flota de taxis a nivel estatal está compuesta por unos 60.000 vehículos, dando trabajo al mismo número de autónomos y empleo a decenas de miles de asalariados. La actividad está declarada en el Real Decreto Ley 5/2023 de 28
de junio, como 'Transporte de viajeros, con una consideración de servicio de interés público'. Ello es con el propósito de garantizar la prestación de un servicio de calidad y garante a la ciudadanía, no discriminatorio y accesible, dando cobertura
en todo el territorio nacional, que, a su vez, garantice la viabilidad económica de los titulares de licencia, así como indican las propias normativas autonómicas y locales por las que se regula el servicio del taxi.
Uno de los requisitos indispensables exigidos para el desarrollo de la actividad es la contratación del seguro del vehículo auto taxi con ciertas coberturas, como pueda ser la responsabilidad civil de hasta cincuenta millones de euros.
Las compañías aseguradoras para automóviles están impulsando medidas de presión para subir de una forma desorbitada las primas, que pueden llegar a multiplicar hasta por 12 veces su importe corriente, o directamente no renovar los seguros a
los taxistas sin justificación alguna. Estas nuevas prácticas pueden conllevar un serio riesgo de deterioro del servicio público del taxi. Estas subidas o no renovaciones se producen sin ninguna justificación, partiendo de la base de que el sector
tiene una baja siniestralidad. Además, los taxistas que han realizado una gran inversión para la adquisición de vehículos eléctricos, como los nuevos taxistas que se incorporan a esta profesión, se están encontrando con una negativa rotunda por
parte de las compañías aseguradoras para asegurarlos. De hecho, en la actualidad hay taxis inmovilizados temporalmente ante la imposibilidad de encontrar una compañía que los asegure.
Por todo lo expuesto anteriormente, los grupos firmantes presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar todas las medidas a su disposición para garantizar al sector del taxi pólizas de seguro con un coste competitivo, ajustado y proporcional a las coberturas requeridas, como hasta hace
algo más de un año así era, para poder seguir ejerciendo la actividad profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-Cristina Valido García, Martina Velarde Gómez, Néstor Rego Candamil e Inés Granollers Cunillera Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto y
Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario SUMAR.
161/001686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación
Digital, sobre la posible entrada de Saudí Telecom Company (STC) en el Consejo de Administración de Telefónica.
Exposición de motivos
La pretensión de Saudí Telecom Company (STC) de entrar en el Consejo de Administración de Telefónica, tras la adquisición de un 9,9 % de la compañía, comunicada al regulador del mercado estadounidense (SEC), plantea señas preocupaciones en
cuanto a la seguridad nacional, la soberanía tecnológica y la estrategia internacional de una empresa que constituye un gran activo estratégico para España.
Telefónica no solo es un referente en el sector de las telecomunicaciones, sino también un actor clave en el desarrollo de tecnologías esenciales para la digitalización, la defensa y la ciberseguridad de nuestro país, que recibe importantes
subvenciones con cargo a los Presupuesto Generales del Estado para desarrollar las telecomunicaciones en el país. La participación de STC, respaldada por el gobierno saudí, podría derivar en un acceso a información crítica y sensible,
comprometiendo potencialmente los intereses nacionales y la privacidad de los ciudadanos españoles.
Además, el notable poder financiero de STC y que conozca de antemano cuál será la estrategia empresarial de Telefónica permitiría a este competidor global adelantarse o influir en la toma de decisiones estratégicas de Telefónica. Este claro
conflicto de intereses puede chocar con las prioridades nacionales y europeas en sectores clave como el despliegue de redes 5G, la seguridad de las infraestructuras y las relaciones internacionales.
Por tanto, es necesario establecer medidas claras para garantizar que esta compra de acciones saudí se limita estrictamente a una inversión financiera estable, que solo busca una rentabilidad a largo plazo sin comprometer la independencia
operativa ni la integridad estratégica de Telefónica.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar el marco normativo para asegurar que la inversión de STC en Telefónica y otras que afecten a la seguridad nacional y a empresas estratégicas tienen un carácter estrictamente financiero, sin participación activa en la toma de
decisiones operativas de la compañía.
2. Implementar salvaguardas adicionales para proteger la información crítica relacionada con la seguridad nacional y los intereses estratégicos de España, evitando cualquier transferencia de información sensible, conocimientos o tecnología.
3. Colaborar con las instituciones europeas para desarrollar un mecanismo más robusto de supervisión y regulación de inversiones extranjeras en sectores críticos, garantizando la coordinación entre los Estados miembros.
4. Instar a Telefónica a reforzar sus mecanismos internos de gobernanza para asegurar la independencia de sus decisiones y la alineación con los intereses nacionales y europeos.
Con estas medidas, se busca preservar la soberanía tecnológica y económica de España, garantizando que las inversiones extranjeras en empresas estratégicas como Telefónica sean compatibles con el interés general y la seguridad colectiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2025.-Carlos Martín Urriza, Diputado.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección de
los consumidores frente al fraude en los pagos, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El rápido avance de las nuevas tecnologías ha facilitado un gran incremento en el número de transacciones financieras que se realizan de forma virtual. Esta tendencia obliga a actualizar constantemente tanto el marco regulatorio como los
mecanismos de supervisión actuales, con el fin de prevenir riesgos para la estabilidad financiera, la protección de datos o el fraude.
Es precisamente en el ámbito del fraude donde las cifras de reclamaciones por parte de los consumidores afectados no dejan de aumentar. Según el Banco Central Europeo, el valor de los operaciones fraudulentas alcanzó los 4300 millones de
euros en 2022, un ritmo que se mantuvo en el primer semestre de 2023. Estas operaciones se basan en estafas, a menudo a través de la usurpación de la identidad, para inducir a comprar productos, pedir préstamos, invertir en activos o transferir
fondos de forma fraudulenta.
En España, las reclamaciones al Banco de España alcanzaron un máximo histórico en el primer semestre de 2024. Buena parte del incremento de los últimos años es directamente atribuible a las estafas en los pagos con tarjeta y las
transferencias, que supusieron más de 12 000 expedientes el pasado año.
Si bien es cierto que los consumidores pueden denunciar estos casos en canales del Banco de España, se topan con un muro a la hora de intentar que los bancos les devuelvan el dinero estafado. Un 37 % de las reclamaciones mencionadas no se
admitieron con el argumento de que los bancos no tienen responsabilidad sobre los pagos autorizados por los clientes. Y esto es así pese a que la autorización a menudo es el resultado de haber sido víctima de una estrategia de ingeniería social.
Si bien es cierto que existen sentencias judiciales que avalan que se devuelva el dinero a los consumidores víctimas de engaño, también instan a revisar la legislación europea para ofrecer una mayor protección.
La norma europea clave en este ámbito es la Ley de Servicios de Pago. En la versión en vigor, de 2015, esta directiva introdujo requisitos de doble autenticación para validar operaciones, e impuso a los bancos la responsabilidad en los
pagos fraudulentos salvo que se pruebe que el usuario habría tenido un comportamiento negligente. Esta ley introdujo una mayor seguridad en el sistema financiero de la UE, como prueba el hecho de que el porcentaje de fraude a día de hoy es 10 veces
mayor cuando una de las contrapartes
se encuentra fuera de la UE y se ampara en normas de autenticación más laxas. Ahora bien, el hecho de determinar qué significa un comportamiento negligente y la concreción del régimen de responsabilidad siguen siendo cuestiones sin
resolver.
Las instituciones europeas están actualmente inmersas en la negociación para actualizar esta ley, tratando de no perder la batalla contra las estrategias de fraude que no cesan de evolucionar. La propuesta de la Comisión Europea de hacia
dónde debería ir esta reforma refuerza las medidas de autenticación e implica en la lucha contra el fraude a un mayor número de agentes. En este sentido, dos de los elementos clave de la negociación en curso son la definición de hasta dónde llega
la responsabilidad de los bancos para resarcir en las operaciones fraudulentas y qué se considera una negligencia del consumidor.
Pero este debate también debe esclarecer si las grandes plataformas tecnológicas asumen alguna responsabilidad por las estafas derivadas de los anuncios o mensajes en sus redes. Al no ser actualmente responsables del reembolso de las
operaciones fraudulentas, estas plataformas tienen pocos incentivos para colaborar con las entidades financieras para atajar este problema. Según varios estudios, hasta el 60 % del fraude autorizado en la Unión Europea se origina en Meta o en
plataformas parte de su grupo. Sin embargo, en el caso de España, la principal proporción de estafas originadas en redes sociales provienen de X.
Por último, otra herramienta importante en el caso del estado español será la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Este organismo se centrará en las reclamaciones en los ámbitos bancario, de
seguros y de inversión, abarcando así buena parte de las operaciones en las que el fraude es más habitual. Será particularmente relevante que también establezca un criterio claro sobre el mencionado régimen de responsabilidad en los casos de
estafa.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Exigir, en las negociaciones en el marco del Consejo de la Unión Europea, sobre la nueva regulación de los servicios de pago, que en casos de fraude en los pagos se garantice el derecho de los consumidores al reembolso. Esta garantía
deberá incluir los casos de pagos autorizados, teniendo en cuenta que ser víctima de una estafa profesional no puede considerarse un caso de negligencia por parte del consumidor.
2. Impulsar, junto con el Banco de España y otras entidades públicas, así como las entidades de crédito y las plataformas como Meta, Instagram o X, campañas de educación financiera para ayudar a los consumidores a identificar los diferentes
tipos de estafas. Estas campañas de educación financiera deberán centrarse particularmente en las nuevas formas de ingeniería social y deberán ofrecer herramientas para empoderar a los consumidores. Asimismo, deberán recomendar buenas prácticas en
materia de protección de las cuentas, de validación de las operaciones, de establecimiento de límites permitidos en transferencias y otras medidas de prevención de riesgos.
3. Exigir una mayor supervisión en las plataformas sociales y redes de mensajería de los contenidos relativos a estafas en pagos. Está documentado cómo muchas de estas estafas están directamente ligadas a contenido ilegal y/o engañoso
publicado en redes sociales, a menudo contraviniendo la normativa estatal y comunitaria.
4. Exigir a las plataformas, bancos, proveedores de servicios de pago y administraciones públicas un mayor intercambio de información para identificar las operaciones fraudulentas, bloquearlas y evitar que se repitan.
5. Valorar la creación de un fondo de garantía que resarza una parte de los importes estafados a los consumidores, financiado con aportaciones de los operadores del sector financiero. En paralelo al resto de medidas propuestas, este fondo
deberá servir para incentivar a las entidades a reducir el volumen total de fraude mientras se dota de mayor protección a los consumidores.
6. Velar por que todas las iniciativas legislativas relevantes en el ámbito financiero incluyan la perspectiva de la protección al consumidor, particularmente a los más vulnerables, en el ámbito de las estafas y el fraude en los pagos. En
concreto, la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero deberá ser una herramienta clave para asegurar que los bancos cumplen con los estándares europeos en esta materia y ofrecen herramientas adecuadas a los
colectivos vulnerables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2025.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per la protecció dels
consumidors envers el frau en pagaments per al seu debat a en la Comissió d'Economia, Comerç i Transformació Digital.
Exposició de motius
El ràpid avenç de les noves tecnologies ha facilitat un gran increment en el nombre de transaccions financeres dutes a terme virtualment. Aquesta tendència obliga a actualitzar constantment tant el marc regulatori com els mecanismes de
supervisió presents, per tal de prevenir riscos d'estabilitat financera, protecció de dades o frau.
És precisament en l'àmbit del frau que les xifres de reclamacions per part de consumidors afectats no deixen d'augmentar. Segons el Banc Central Europeu, el valor d'operacions fraudulentes va ser de 4300 milions d'euros el 2022, un ritme
que es va mantenir el primer semestre de 2023. Aquestes operacions es basen en estafes, sovint a partir d'usurpacions d'identitat, per induir a comprar productes, demanar préstecs, invertir en actius o transferir fons de forma fraudulenta.
A l'estat espanyol, les reclamacions al Banc d'Espanya van situar-se en un màxim històric el primer semestre de 2024. Una bona part de l'increment dels darrers anys és directament atribuïble a les estafes en pagaments amb targeta i
transferències, que representaren més de 12.000 expedients l'any passat.
Tot i poder denunciar aquests casos en canals del Banc d'Espanya, els consumidors es topen amb un mur a l'hora d'intentar que els bancs els retornin els diners estafats. Un 37 % de les reclamacions esmentades van ser inadmeses amb
l'argument que els bancs no tenen responsabilitat sobre pagaments autoritzats pels clients. I això malgrat que l'autorització sovint és resultat d'haver estat víctima d'una estratègia d'enginyeria social. Si bé existeixen sentències judicials
avalant que es retornin els diners a consumidors víctimes d'engany, també remeten a reformar la legislació europea per oferir una major protecció.
La norma europea clau en aquest àmbit és la Llei de Serveis de Pagament. En la versió vigent, de 2015, aquesta directiva va introduir requisits de doble autenticació per validar operacions, i va imputar als bancs la responsabilitat en
pagaments fraudulents tret que es provi que l'usuari ha tingut un comportament negligent. Aquesta llei va introduir una major seguretat al sistema financer de la UE, com prova el fet que el percentatge de frau avui en dia és 10 vegades més gran
quan una de les contraparts es troba fora de la UE i es beneficia de normes d'autenticació més laxes. Ara bé, la determinació de què significa un comportament negligent i la concreció del règim de responsabilitat continuen sent qüestions sense
resoldre.
Les institucions europees es troben actualment immerses en la negociació per actualitzar aquesta llei, tot intentant no perdre la batalla contra estratègies de frau que evolucionen constantment. La proposta de la Comissió Europea de cap a
on hauria d'anar aquesta reforma reforça les mesures d'autenticació i implica en la lluita contra el frau a un major nombre d'operadors. En aquest sentit, dos dels elements claus de la negociació en
curs són la definició de fins on arriba la responsabilitat dels bancs per rescabalar operacions fraudulentes i què es considera una negligència del consumidor.
Però aquest debat també ha d'esclarir si les grans plataformes tecnològiques assumeixen alguna responsabilitat per estafes provinent d'anuncis o missatges en les seves xarxes. Al no ser en l'actualitat responsables pel reemborsament
d'operacions fraudulentes, aquestes plataformes tenen pocs incentius per cooperar amb entitats financeres per acabar amb el problema. Segons diversos estudis, fins al 60 % del frau autoritzat a la Unió Europea s'origina a Meta o a plataformes part
del seu grup. En el cas de l'Estat espanyol, no obstant, la major proporció d'estafes originades en xarxes socials provenen d'X.
Finalment, una altra eina important en el cas de l'Estat espanyol serà la futura Autoritat administrativa independent de defensa del client financer. Aquest organisme centralitzarà les reclamacions en els àmbits bancari, d'assegurances i
d'inversió, cobrint bona part de les operacions on el frau és més habitual. Serà especialment rellevant que també fixi un criteri clar sobre l'esmentat règim de responsabilitat en casos d'estafa.
Per tot el que s'ha exposat, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Exigir, en les negociacions en el marc del Consell de la Unió Europea sobre la nova regulació de serveis de pagament, que en casos de frau en pagaments es garanteixi el dret dels consumidors a ser reemborsat. Aquesta garantia ha
d'incloure casos de pagaments autoritzats, tenint en compte que ser víctima d'estafes professionals no es pot considerar un cas de negligència per part del consumidor.
2. Impulsar, juntament amb el Banc d'Espanya i d'altres entitats públiques, així com entitats de crèdit i plataformes com Meta, Instagram o X, campanyes d'educació financera per ajudar els consumidors a identificar diferents tipus
d'estafes. Aquestes campanyes d'educació financera han de centrar-se especialment en noves formes d'enginyeria social i han d'oferir eines per empoderar els consumidors. També han de recomanar bones pràctiques en matèria de protecció de comptes,
de validació d'operacions, d'establiment de límits permesos en transferències i altres mesures de prevenció de riscos.
3. Exigir una major supervisió a les plataformes socials i xarxes de missatgeria dels continguts relatius a estafes en pagaments. Està documentat com moltes d'aquestes estafes estan directament lligades a contingut il·legal i/o enganyós
publicat en xarxes socials, sovint contravenint la normativa estatal i comunitària.
4. Exigir a plataformes, bancs, proveïdors de serveis de pagament i administracions públiques un major intercanvi d'informació per identificar operacions fraudulentes, bloquejar-les i evitar-ne la repetició.
5. Valorar la creació d'un fons de garantia que rescabali una part de les quantitats estafades a consumidors, finançat amb aportacions d'operadors del sector financer. En paral·lel a la resta de mesures proposades, aquest fons ha de servir
per incentivar les entitats a reduir el volum total de frau mentre es dota de major protecció als consumidors.
6. Vetllar perquè totes les iniciatives legislatives rellevants en l'àmbit financer incloguin la perspectiva de protecció al consumidor, especialment aquells més vulnerables, en l'àmbit d'estafes i frau en pagaments. En concret, la futura
Autoritat administrativa independent de defensa del client financer ha de ser una eina clau per assegurar que els bancs compleixen els estàndards europeus en aquesta matèria i ofereixen eines adequades a col·lectius vulnerables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de geners de 2025.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Sanidad
161/001676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de una red de Centros Nacionales de Oncología, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Primero. El uso fraudulento del presupuesto del CNIO para fines ajenos a la investigación oncológica
Recientemente hemos conocido un caso de notable negligencia en la gestión del presupuesto público destinado, supuestamente, a ayudar a algunos de los españoles que más lo necesitan: los pacientes oncológicos.
A comienzos de diciembre de 2024 se hizo pública la siguiente información: la Fundación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III ('CNIO'), perteneciente al Sector Público Estatal, dedicó cientos de miles de euros a
adquirir obras de arte. Según las informaciones publicadas, en la documentación interna de la entidad consta que el comité de empresa alertó de 'la existencia de actividades que no son acordes al fin fundacional de CNIO y que además no incrementa
[n] su imagen como centro de investigación del cáncer' 74.
Así, la entidad reveló, tras un requerimiento a su portal de transparencia, que 'el centro destinado a la investigación del cáncer se gastó 877.787 euros en la compra de obras de arte y en la contratación de al menos dos personas
pertenecientes a la Oficina de Imagen Institucional, área responsable de la actividad del CNIO Arte, una 'sucursal' del CNIO que puso en marcha la actual dirección del organismo' 75. Dicho gasto podría elevarse a casi 2 millones (1.898.249 euros)
si se tiene en cuenta que miembros del equipo de comunicación de la entidad y otra serie de personas realizaron funciones centradas en esta actividad artística 76.
A mayor abundamiento, informaciones posteriores a la publicación de este escándalo han asegurado que se destinaron más de 20.000 euros en viajes para promocionar estas obras de arte en exhibiciones en el extranjero 77. No sólo eso, sino que
nuevos datos divulgados por los medios de comunicación denunciaron el cobro de sobresueldos con base en normativas carentes de validez jurídica por valor de más de 4 millones de euros entre 2014 y 2020 en concepto de regalías, según la auditoría de
cuentas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 78.
Según reza el artículo 5 de sus estatutos, sobre los fines de la fundación, la misión del CNIO es 'el fomento de la investigación oncológica [...] y la consiguiente promoción de los avances científicos y sanitarios en el área oncológica' 79.
74 https://www.abc.es/espana/centro-nacional-investigaciones-oncologicas-gasto-millon-proyecto-20241211202719-nt.html.
75 Ibid.
76 Ibid.
77 https://www.abc.es/espana/artico-mozambique-centro-cancer-gasto-20000-etu-os-20241211204631-nt.html.
78 https://theobiective.com/economia/2024-12-18/cnio-creo-norma-derechos-autor-sobresueIdos.
79 https://www.cnio.es/wp-content/uploads/2018/06/estatutos-fspcnio.pdf.
A continuación, la misma disposición habla de los fines particulares de la entidad: en ningún momento menciona nada relacionado con el arte o con la promoción artística. Tampoco hay mención, ni explícita ni implícita, a actividad artística
alguna cuando, a renglón seguido, se habla de las posibles actividades a desarrollar por el CNIO con el objeto de lograr la finalidad de este.
En cambio, sí se hace referencia expresa a 'colaborar con otros Centros de Investigación Oncológica', a 'que los avances científicos repercutan sobre el sistema sanitario y por tanto sobre el bienestar de los pacientes' y a 'potenciar y
colaborar en la investigación de carácter oncológico que se realiza en España', entre otras finalidades 80.
En resumidas cuentas, nos encontramos ante un claro caso de uso indebido de los fondos públicos: el CNIO debe destinar todos sus recursos económicos y humanos a luchar contra el cáncer en España a través de la investigación con el fin de
que su actividad impacte positivamente en la vida de los enfermos oncológicos en nuestro país, y abstenerse de cualesquiera otras actividades ajenas a sus fines estatutarios.
Segundo. La deficiente gestión del CNIO
Por otro lado, la Dirección del centro de investigación no ha negado las noticias acerca del actual déficit de 4,5 millones de euros en la entidad, con lo que los españoles pueden temerse lo peor: en vez de utilizar el dinero de los
contribuyentes de una manera eficiente y responsable para investigar para mejorar la vida de los enfermos de cáncer, se han destinado cuantiosos fondos procedentes de las arcas del Estado para fines que nada tienen que ver con la misión de este
centro público adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 81.
De hecho, según científicos consultados, 'el CNIO podría prescindir en la actualidad de más de 40 técnicos y administrativos sin que la productividad del centro se resintiera lo más mínimo. Esta medida serviría para paliar prácticamente la
totalidad del déficit existente en la actualidad [...] durante los últimos diez o doce años se ha producido un importante incremento de personal totalmente prescindible que ha aumentado el gasto en el capítulo 1 sin incrementar la productividad
científica del centro' 82. Además, estas fuentes aseguraron que hasta ocho miembros del personal investigador abandonaron la institución por la deficiente gestión de la dirección y han terminado siendo contratados por centros homólogos de alto
nivel en el extranjero 83. España no puede permitirse esta pérdida de talento nacional altamente cualificado.
La crisis institucional es de tal calibre que el patronato del CNIO rechazó dar el visto bueno al Plan de Actuación de la entidad para 2025 como consecuencia de la situación financiera y las sospechas fundadas por uso fraudulento de los
fondos públicos desde hace años: 'El Patronato ha solicitado paralizar las actividades ligadas al programa CNIO-Arte, así como una auditoría externa e independiente sobre dicho programa' 84.
Tercero. La propuesta de VOX
VOX propone que el presupuesto público se ejecute siguiendo los criterios de eficiencia en el gasto para cumplir con la máxima de servir al bien común de España y los españoles, en este caso concreto de los pacientes oncológicos. Es
fundamental asegurar la transparencia de la financiación y el trabajo del CNIO, para que los fondos destinados a la investigación del cáncer se dediquen efectivamente a las necesidades en materia de salud de los españoles y no al despilfarro
provocado por los malos gestores.
80 Ibid.
81 https://efe.com/ciencia-y-tecnologia/2024-12-24/maria-blasco-denuncia-campana-contra-cnio-y-contra-ella/.
82 https://www.abc.es/espana/directora-cnio-engordo-plantilla-empleados-imprescindibles-20241222175416-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
83 Ibid.
84 https://elpais.com/ciencia/2024-12-17/el-gobiemo-tumba-las-cuentas-de-2025-del-cmo-el-mayor-centro-de-cancer-de-espana-y-exige-una-explicacion-exhaustiva-a-la-direccion.html.
Igualmente, es esencial avanzar en el desarrollo de una red de Centros Nacionales de Oncología con el fin de promover la investigación, el diagnóstico precoz y las terapias innovadoras. En España, una de las principales causas de mortalidad
desde hace años es el cáncer: en el primer semestre de 2024, un 25,6 % de las defunciones fueron causadas por un tumor 85.
Sin embargo, según la Organización Europea de Institutos del Cáncer (OECI), España sólo cuenta con 15 hospitales y clínicas con algún tipo de reconocimiento en el campo oncológico. Estos centros se acumulan en apenas 5 provincias españolas
(Madrid, Barcelona, Valencia, Tarragona y Navarra) y sólo uno tiene el certificado Comprehensive Cáncer Centre, la más alta distinción en este ámbito 86.
Este déficit de centros especializados en tratamientos contra el cáncer es manifestación clara de que España necesita invertir y gestionar con destreza en el ámbito de la investigación oncológica: el hecho de que más de 1 de cada 4
españoles fallezcan a causa de un cáncer debería ser justificación suficiente para que las Administraciones Públicas destinen fondos a la prevención y tratamiento adecuados y eficientes de esta enfermedad.
Como se ve por los datos señalados, nuestro país sufre las consecuencias de la inequidad del sistema autonómico en el acceso a las prestaciones sanitarias.
VOX lleva denunciando desde su fundación en 2014 y desde su entrada en las instituciones en 2018 la desigualdad entre los españoles según su lugar de residencia provocada por la existencia de 17 sistemas de salud. También, como es palpable,
en lo que respecta a los pacientes oncológicos. Es necesario, por lo tanto, un cambio de rumbo, que pasa necesariamente por el establecimiento de una red de centros nacionales de cáncer.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover el destino íntegro de los fondos públicos percibidos por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas a la investigación y desarrollo de tratamientos contra el cáncer.
2. Realizar una auditoría externa del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas con el fin de racionalizar el gasto de la entidad y reorientar su presupuesto a la investigación y el desarrollo de tratamientos para la cura del cáncer.
3. Llevar a cabo las investigaciones pertinentes con el fin de depurar y exigir responsabilidades de quienes, encargados de la gestión del presupuesto del CNIO, han permitido que este se destinase a propósitos ajenos a sus fines
estatutarios.
4. Crear una red de Centros Nacionales de Oncología con el objeto de potenciar la investigación, el diagnóstico precoz y las terapias innovadoras relacionadas con el cáncer, y para reducir la desigualdad entre españoles en materia de acceso
a prestaciones sanitarias en este campo médico.
5. Evaluar el nivel de cumplimiento actual dé los objetivos de la vigente Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud para determinar en qué áreas se ha de mejorar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2025.-David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz Grupo Parlamentario VOX.
85 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/es/EDCM2023.htm.
86 https://oeci.eu/Membership.aspx.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la sede filial del Museo Cajal en la ciudad de
Huesca, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros aprobó el 25 de junio de 2024 el Real Decreto 590/2024, por el que se crea el Museo Cajal como Museo Nacional de titularidad estatal, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cuyo objetivo
será difundir y hacer justicia al valor universal del legado de D. Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1906 y pionero universal en la neurociencia. El Real Decreto fija la sede central del Museo Cajal en la ciudad de
Madrid y contempla la posibilidad de poner en marcha sedes filiales o vinculadas al museo en otros municipios españoles 'mediante la suscripción de los correspondientes instrumentos jurídicos de colaboración entre las distintas Administraciones,
entidades y organismos interesados'.
La creación de un museo estatal integrado en la Red de Museos de España tiene por objeto preservar el Legado Cajal en el contexto de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento 'Año de Investigación Santiago Ramón
y Cajal 2022'.
El Legado Cajal fue declarado Memoria del Mundo por la UNESCO en 2017. Y el 2 de abril de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de bien mueble, el denominado
Legado Cajal, fondo patrimonial de indiscutible valor histórico y científico, adscrito a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Tras pasar varias décadas almacenado en el Instituto Cajal, en la sede del CSIC en Madrid, desde mayo de 2023 el Legado Cajal se encuentra depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde está disponible para investigadores,
exposiciones y divulgación, aunque lejos de la vista del público.
Desde hace décadas, el legado de D. Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906, bajo custodia del Instituto Cajal del CSIC por su propia voluntad testamentaria, esperaba la creación del Museo Cajal. El legado lo forman 28.222
objetos de tipo científico y técnico, como instrumental, material de lajsoratorio y placas histológicas con inscripciones de su puño y letra, además de dibujos -de valor excepcional, porque con ellos mostraba las complejas texturas del sistema
nervioso-, publicaciones y un gran archivo fotográfico, así como diferentes enseres personales del científico, tal y como era la voluntad de sus descendientes: su silla y su mesa de trabajo y un grupo de objetos personales como sus últimas gafas,
billetera, bastón y la toga de catedrático, además de condecoraciones, entre las que destaca el Premio Nobel en Fisiología y Medicina de 1906 y del Premio Helmholtz.
Por otra parte, las instituciones y la sociedad oscenses siempre han mostrado su interés por trabajar en la proyección y difusión del Legado de Ramón y Cajal, aspirando incluso a albergar en la ciudad de Huesca un museo sobre su vida y obra.
Son innegables las raíces aragonesas del Premio Nobel más relevante de la ciencia española, por lo que resulta razonable atender las propuestas que se ha lanzado desde la ciudad de Huesca. Hijo de Justo y Antonia, de la localidad de Larrés
(municipio de Sabiñánigo, comarca oscense del Alto Gállego), Santiago Ramón y Cajal nació en 1852 en Petilla de Aragón, enclave navarro ubicado en mitad de la comarca zaragozana de las Cinco Villas, donde su padre ejercía como médico. Durante su
infancia recorrió distintas poblaciones aragonesas, que fueron sucesivos destinos profesionales de su padre: Larrés (1854), Luna (1855), Valpalmas (1856)
y Ayerbe (1860). Precisamente, durante su estancia en Ayerbe, el pequeño Santiagué se apuntó a clases de dibujo y pintura con León Abadías, en Huesca, lo que le permitió desarrollar su capacidad para estas artes, que se muestra para la
posteridad en sus excelentes gráficos del sistema nervioso. Cursó los estudios primarios con los Escolapios de Jaca y los de Bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Huesca. Posteriormente estudió la carrera de Medicina en Zaragoza,
donde toda su familia se trasladó en 1870.
Recordemos que el 3 de julio de 2017 se firmó entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Ayuntamiento de Huesca un acuerdo marco para llevar a cabo actividades relacionadas con la promoción, recuperación, puesta en
valor y difusión del legado de D. Santiago Ramón y Cajal. En dicho acuerdo se regulaba el marco general para la colaboración entre las partes y se establecía, en su cláusula segunda, cuáles eran las modalidades colaborativas concretas, entre las
que se citaba el establecimiento de un espacio expositivo permanente sobre la figura de Ramón y Cajal, cuya realización requeriría, conforme a lo indicado en la cláusula tercera, la previa formalización de un contrato, convenio u otro instrumento
específico de colaboración. Dicho convenio nunca llegó a firmarse, expirando en cuatro años el plazo establecido en el citado acuerdo.
Tengamos en cuenta que, en la actualidad, el Archivo Histórico Provincial de Huesca ya cuenta con los muebles personales de Ramón y Cajal, que su familia donó a Aragón para su exposición en Huesca: en concreto, su cama, un armario caoba,
dos orejeros y algunos elementos más de ornamentación.
En consecuencia, conscientes de las raíces altoaragonesas de Ramón y Cajal y dado que el Gobierno de coalición progresista ha defendido el criterio de descentralización de los centros culturales y, en especial, los museísticos, parece
oportuno promover la aplicación del apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 590/2024, que recoge lo siguiente: 'Mediante la suscripción de los correspondientes instrumentos jurídicos de colaboración entre las distintas Administraciones,
entidades y organismos públicos interesados, podrán establecerse sedes filiales o vinculadas al Museo Cajal en otros municipios españoles. Respetando la integridad del Legado Cajal en una sede única, se regularán a través de dichos instrumentos las
relaciones entre dicha sede central y las diversas sedes territoriales que pudieran crearse, en materia de movilidad de colecciones, rotación de exposiciones, conservación y restauración y cuantas otras cuestiones se estimen necesarias'.
Huesca y Aragón, mediante la creación de esa sede filial del Museo Cajal como centro expositivo permanente, reivindicarían esta figura universal, en torno a la cual se organizarían exposiciones anuales con material original y se impulsaría
la celebración de eventos científicos, como congresos, simposios, becas de investigación, tesis doctorales o reuniones científicas que podrían dar proyección internacional a Huesca dentro del panorama científico mundial, creando asimismo un eje
museístico y expositivo en colaboración con el Ayuntamiento de Ayerbe (comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca) y el Centro de Interpretación Ramón y Cajal ubicado en dicha localidad, donde Ramón y Cajal vivió su infancia durante ocho años.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno suscribir los correspondientes instrumentos jurídicos de colaboración con las Administraciones oscenses y aragonesas que correspondan para establecer en la ciudad de Huesca una sede filial del
Museo Cajal, dadas las innegables raíces altoaragonesas del Premio Nobel y en coherencia con el criterio del Gobierno de descentralización de los nuevos centros y equipamientos de titularidad estatal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a restituir con carácter
urgente el procedimiento de ayudas anulado para la financiación de planes de investigación en el área de la inteligencia artificial, en el marco del PRTR europeo, y a garantizar la seguridad jurídica en la gestión de las ayudas para la financiación
de los proyectos de investigación de la universidad española, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El pasado 27 de diciembre se aprobó la Resolución de la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades por la que se declaraba la terminación del procedimiento iniciado por la Orden UNI/777/2023, de 7 de julio, de bases
reguladoras y concesión de ayudas para la financiación de planes de investigación en cooperación en el área de la inteligencia artificial desarrollados por grupos de investigación interdisciplinares, en el marco del plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Con dicha resolución se resolvió poner fin al procedimiento de la citada convocatoria por imposibilidad sobrevenida, anulando y dejando sin efectos todas las actuaciones correspondientes a la citada
convocatoria.
En dicha resolución se apuntaba exclusivamente a que la terminación del procedimiento iniciado se producía por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
Estas ayudas financiaban con 31 millones de euros y hasta 2 millones por red unos proyectos interdisciplinares punteros en IA. Para ello habrían de coordinarse investigadores de diferentes áreas y universidades para formar una red de
cooperación y llevar a cabo un proyecto de investigación puntero en IA. Se trataba de una convocatoria única en relación con su capacidad para movilizar un potencial latente del sistema universitario español, retener el talento investigador en
dicho sistema y generar las sinergias interdisciplinares capaces de superar los retos que la IA supone en la sociedad contemporánea.
Se ha puesto en evidencia por la comunidad científica el parón enorme que supone la cancelación de esta convocatoria en investigación en IA, uno de los sectores más innovadores y potencialmente impactantes del mundo en este momento, y el
hecho de que una nueva convocatoria comportaría la pérdida de más de dos años en la investigación en un campo en que la innovación es constante y cada día más acelerada. Lo que, en definitiva, en nada contribuye a la mejora de los proyectos de
investigación en la universidad pública española.
El pasado 12 de diciembre la Directora General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento (Rivera Mendoza) aseguró en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, a cuenta de este asunto y a requerimiento de este
Grupo Parlamentario, que 'esta convocatoria específica de la que usted me habla está en vías de ser resuelta; de hecho, va a ser tratada al más alto nivel esta semana, y habrá una solución en un brevísimo espacio de tiempo, la semana que viene
tiene que estar ya resuelto realmente, sin que así haya sido.
Ante el aluvión de críticas, desde el Ministerio que dirige la ministra Morant, secretaria general del PSPV-PSOE de la Comunidad Valenciana, se ha alegado que se había producido una reasignación de los fondos europeos como consecuencia de
los daños ocasionados por la DANA del pasado 29 de octubre, cuando se da además la circunstancia que esta convocatoria debía estar resuelta con anterioridad a estos hechos.
Los afectados, la sociedad científica, la CRUE han reclamado transparencia en la resolución, restitución de las ayudas y la compensación económica para los afectados. Han manifestado que la decisión, junto con la falta de explicaciones son
'inaceptables, indignas e irresponsables'. La Sociedad científica se ha dirigido tanto a la presidenta de la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, y la CRUE, por su parte, al Secretario de Estado de Ciencia Innovación y
Universidades.
La CRUE incide además en el precedente de inseguridad jurídica que supone en la gestión de fondos competitivos para la investigación, una decisión que afecta a la situación laboral de docenas de investigadores que habían vinculado su carrera
al mantenimiento de estos proyectos porque las propuestas desestimadas comportaban la contratación de centenares de investigadores, en su mayoría postdoctorales, que ven así frustrada su progresión académica e investigadora.
Este Grupo Parlamentario ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra, que en todo caso debía haber comparecido a solicitud propia, atendiendo la gravedad del asunto, para informar de las causas, del procedimiento seguido, y de la
responsabilidad que asume, cuestiones objeto también de preguntas escritas formuladas y de las que no ha habido respuesta hasta la fecha.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Restituir, con carácter urgente, el procedimiento iniciado por la Orden UNI/777/2023, de 7 de julio, del Ministerio de Universidades (BOE núm. 165, de 12 de julio de 2023), de bases reguladoras y concesión de ayudas para la financiación
de planes de investigación en cooperación en el área de la inteligencia artificial desarrollados por grupos de investigación interdisciplinares, que ha sido anulado por el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades.
2. Articular las medidas necesarias para garantizar seguridad jurídica en la gestión de las ayudas para la financiación de proyectos de investigación de la universidad española, con la finalidad de evitar que en el futuro vuelva a
producirse la anulación de un procedimiento iniciado de estas características.
3. Asumir la responsabilidad exigible por las consecuencias y daños ocasionados en la anulación de este procedimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-María Sandra Moneo Díez, Pedro Navarro López, María Torres Tejada, Pablo Pérez Coronado, Juan Luis Pedreño Molina, Francisco José Conde López, Mario Cortés Carballo, Cristina Moreno
Borrás, María Jesús Moro Almaraz, José Enrique Núñez Guijarro, Rosa Quintana Carballo, Juan Antonio Rojas Manrique, Edurne Uriarte Bengoechea y Miguel Ángel Sastre Uyá, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Comisión de Juventud e Infancia
161/001677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Blanca Armario González, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Joaquín Robles López, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la erradicación de los matrimonios forzados, para su discusión en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Primero. El matrimonio forzado
El matrimonio forzado es aquel que se celebra sin el consentimiento ni la voluntad de uno de los contrayentes y, por tanto, sin la concurrencia de su libre y plena aceptación. El
matrimonio forzado, además de ser nulo según la legislación civil -no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial; art. 45 del Código Civil-, se encuentra tipificado en el artículo 172 bis del Código Penal ('CP'), que recoge,
precisamente, esa conducta típica por la cual se compele a la referida celebración por la vía de la intimidación grave o la violencia. Se trata de un delito agravado cuando la víctima es menor de edad. De igual modo, el artículo 177 bis CP recoge
dicha conducta dentro del listado de las finalidades de la trata de seres humanos. Asimismo, las 'promesas o acuerdos de matrimonio forzado' son considerados indicadores de riesgo del menor según la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil 87.
Las víctimas de este delito son fundamentalmente mujeres menores de edad, (matrimonio infantil forzado). Así lo han confirmado algunos organismos internacionales, señalando que, 'en todo el mundo, alrededor de un 19 % de mujeres
adolescentes se han casado antes de cumplir los 18 años', '640 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad se casaron en la infancia, lo que asciende a 12 millones de niñas al año, según las cifras mundiales más recientes incluidas en el
análisis' 88. Este es un fenómeno que se da con fuerza en el África subsahariana, donde el 20 % de las niñas se han casado durante su infancia 89 -región que, de mantenerse esta tendencia, 'está a más de 200 años de acabar con esta práctica' 90-, y
en África occidental y central, donde casi 4 de cada 10 mujeres jóvenes se casaron antes de los 18 años' 91.
Según los datos de un estudio de la Revista Española de Investigación Criminológica 92, 'por comunidades-etnias, la mayoría de las víctimas identificadas [para la investigación] proceden del Magreb (42.9 %), África Subsahariana (25 %) y Asia
Central (8.9 %), aunque el 7.1 %, eran gitanas'. Por otro lado, revela que cerca de un tercio de los matrimonios forzados manejados por el estudio se celebraron o estaban previsto celebrarse en España 93.
87 Según esta norma, una situación de riesgo es 'aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social
o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la
intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar' (artículo 17).
88 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/la-policrisis-mundial-dificulta-la-lucha-para-poner-fin-al-matrimonio-infantil.
89 https://data.unicef.org/resources/is-an-end-to-child-marriage-within- reach/?_gl=l*losluqc*_ga*OTEzNzAwNDA2LjE3MjgzNzc2MjI.*_ga_ZEPV2PX419*MTcyODM 4MTExOC4yLjEuMTcyODM4MTYOMS41Ny4wLjA.*_ga_9ZKVYH4DTE*MTcyODM4MTExOC
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90 https://www.unicef.org/lac/comumcados-prensa/la-policrisis-mundial-dificulta-la-lucha-para-poner-fin-al-matrimonio-infantil.
91 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/la-policrisis-mundial-dificulta-la-lucha-para-poner-fin-al-matrimonio-infantil.
92 https://reic.criminologia.net/index.php/journal/article/view/154/171.
93 Como advierte el propio estudio, 'la metodología empleada muestra dos limitaciones fundamentales a las que debe atenderse a la hora de valorar los resultados de esta investigación. De un lado, la dificultad de acceder directamente a
víctimas de matrimonio forzado, derivada de la dificultad de contacto con cualquier tipo de víctima, a lo que en el caso de los matrimonios forzados se añade el escaso conocimiento que existe todavía sobre esta realidad en España [...]. De otro
lado, el porcentaje de respuesta de los cuestionarios electrónicos no ha sido elevado, como acostumbra a suceder con otras investigaciones que emplean dicha metodología. [...] Con todo, la muestra real asciende a 150 entidades, con lo que resulta
de dimensiones reducidas para efectuar inferencias'.
Figura 8: Lugar dónde se celebró o estaba previsto celebrar el matrimonio
Segundo. El matrimonio forzado en España
Desgraciadamente, el matrimonio forzado es un fenómeno que se da en España. Una de las causas de que esto suceda es el hecho de que 'la globalización y las migraciones pueden haber contribuido a la reproducción en Europa y en otros
territorios del mundo occidental de patrones de conducta importados desde las comunidades de origen (Philipps & Dustin, 2004; Martínez & Lee, 2004; Chantler, Gargoli & Hester, 2009)' 94.
En este mismo sentido, un informe señala que, 'en un contexto de globalización, multiculturalidad y migraciones, los matrimonios forzados también aparecen en Europa' 95. Además, 'a diferencia de otros países europeos, donde se han realizado
investigaciones sobre la existencia de los matrimonios forzados en sus sociedades, en España se sigue percibiendo como un fenómeno muy aislado que solo tiene lugar de manera esporádica en algunas comunidades. Sin embargo, si analizamos la población
que hay en España según datos del INE 2018, vemos que se trata de una realidad que no es lejana. Los datos nos dicen que en España hay importantes comunidades que proceden de países en donde los matrimonios forzados se llevan a cabo' 96. Los datos
más recientes del INE, correspondientes a 2023, aseveran lo siguiente y ratifican esta tendencia:
Nacionalidad;Número de mujeres entre 15 y 44 años
Marruecos;587.509
China;166.056
Pakistán;51.675
Senegal;29.222
Nigeria;23.561
India;33.390
Malí;7.535
Gambia;7.411
Bangladesh;10.134
Fuente: INE 2023 97
94 https://reic.crimmologia.net/index.php/journal/article/view/154/171.
95 https://fmujeresprogresistas.org/ wp-content/uploads/2018/03/NO-ACEPTO.-Aproximaci%C3 %B3n-a-los-matrimonios-forzados-en-Espa%C3 %Bla-INFORME.pdf.
96 Ídem.
97 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=56936#_tabs-tabla.
Sin ir más lejos, en Cataluña los matrimonios forzados crecieron un 60 % de 2021 a 2022 98 y un 20 % de 2022 a 2023 99. Por su parte, el 28 % de la población catalana es de origen extranjero, alcanzando una nueva cifra récord 100.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Crear un Protocolo nacional que involucre a todos los operadores del ámbito de la Justicia, la Seguridad pública, la Sanidad y la Educación, y que tenga como fin la erradicación del matrimonio forzado que tiene lugar en nuestro país y
del que tiene como víctimas a mujeres españolas fuera del territorio nacional.
2. Crear un plan de información y prevención para detectar y proceder al cierre o a la investigación, según proceda, de las organizaciones, asociaciones y centros socioculturales islámicos que aceptan y promueven la práctica de matrimonios
forzados.
3. Eliminar las subvenciones públicas a las organizaciones, asociaciones y centros socioculturales respecto de las cuales exista sospecha de que no colaboran con la prevención de matrimonios forzados plasmada en el Protocolo nacional
antedicho.
4. Garantizar el asesoramiento y la ayuda legal y psicológica a las víctimas de matrimonio forzado, incluyendo la ayuda para tramitar la nulidad matrimonial si el matrimonio tiene efectos jurídicos en España.
5. Llevar a cabo una campaña institucional a fin de que las jóvenes pertenecientes a comunidades donde existe el riesgo de que se les obligue a contraer matrimonio forzado conozcan que en España dicha conducta constituye un delito y que
existen centros de asesoramiento y ayuda a los que pueden acudir.
6. Impulsar campañas de formación a los educadores y profesores de todos los colegios públicos y concertados, al personal de los centros de salud de Atención Primaria y a los asistentes sociales de los servicios sociales, a fin de que
puedan detectar y denunciar cualquier sospecha de matrimonio forzado de mujeres mayores y menores de edad.
7. Promover la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el fin de endurecer las penas del delito de matrimonio forzado regulado en los artículos 172 bis y 177 bis y de asegurar la expulsión
inmediata del territorio nacional y la prohibición de nueva entrada de los inmigrantes que cometan este delito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2025. -Blanca Armario González, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Joaquín Robles López, Diputados. -María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar de manera urgente la
transposición de la Directiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2024 por la que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de
98 https://www.larazon.es/Cataluña/20230102/frcfdvwlevgtlaiixuepcoww24.html.
99 https://www.abc.es/sociedad/casar-hijos-menores-voluntad-20240303182733-nt.html.
100 https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20240212/cataluna-barcelona-migracion-natalidad-envejecimiento-98049562.
Estacionamiento para personas con discapacidad, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La aprobación de la directiva que regula la tarjeta europea de discapacidad y actualiza la tarjeta de estacionamiento reservado para personas con discapacidad en todo el ámbito de la Unión Europea, llevada a cabo el pasado 24 de abril de
2024 por una amplia mayoría, es una regulación que dota de un estatuto europeo aplicable a todas las personas con discapacidad que hasta ahora dependían casi en exclusiva de la normativa de cada Estado.
Esto supone un avance considerable para una Europa más social que incluya a las personas con discapacidad, a pesar de no recoger todas las demandas del movimiento social de la discapacidad europeo y español y al hecho de que el progreso se
está dando lentamente.
Con la nueva normativa las personas con discapacidad gozarán de una mayor movilidad en toda la Unión Europea, ya que, sin apoyos y sin correspondencia de acompañamiento en cada uno de los Estados, la libre circulación de personas con
discapacidad se dificulta debido a que fuera de su país no tienen reconocidos los mismos servicios, apoyos o acompañamiento que tienen en el suyo propio, lo cual disuadía hasta ahora la posibilidad de plantearse estancias prolongadas en el
extranjero para estudiar, trabajar o para otros fines culturales o de ocio.
La nueva regulación implica que las personas con discapacidad a escala de la Unión Europea serán reconocidas ya no solo por el estatus del que gocen en su país, sino por una regulación homologada en todo el ámbito de la Unión, que permitirá
avanzar hacia el objetivo de que la situación de discapacidad declarada en un país tenga absoluta correspondencia en los demás.
La tarjeta europea complementará las tarjetas nacionales de discapacidad que las autoridades nacionales sigan concediendo sobre la base de sus propios criterios. A esto hay que sumarle la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con
discapacidad. Esta es una versión mejorada de esta tarjeta que garantizará que las personas con discapacidad puedan utilizar plazas de aparcamiento y servicios reservados para ellas en todos los países de la Unión Europea. Como es natural, dicha
tarjeta se va a encargar de sustituir a las tarjetas de estacionamiento nacionales que existen actualmente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar, lo antes posible, el trámite para una pronta transposición de la Directiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, por la que se establecen la
Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2025. -Ana Isabel Alós López, María Mercedes Fernández González, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo Díez, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo, Esther Llamazares Domingo,
Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García Pedro Samuel Martín García, Violante Tomás Olivares, Bella Verano Domínguez y María Lourdes Ramírez Martín,
Diputados. -Miguel Tellado Filgueira, Portavoz Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000923
Grupo Parlamentario VOX
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Flores Juberías, Alberto Teófilo Asarta Cuevas y José María Sánchez García.
Dirigida a Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
¿Cuál es la relación actual del Gobierno con la res estadounidense de subvenciones Open Society Foundations?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-Carlos Flores Juberías, Alberto Asarta Cuevas y José María Sánchez García, Diputados.
Comisión de Trasportes y Movilidad Sostenible
181/000930
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Javier José Folch Blanc, Ana Isabel Alós López y Alberto Herrero Bono
¿Qué previsión de fechas se plantean para restablecer por parte del Gobierno y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Adif y Renfe), la conexión de Binéfar-Lleida, dentro de la línea ferroviaria Zaragoza-Lleida, dadas las
demandas continuas de la población, y de las administraciones locales, comarcales, provinciales y autonómicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2025.-Javier José Folch Blanc, Ana Isabel Alós López y José Alberto Herrero Bono, Diputados.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
181/000913
Grupo Parlamentario VOX
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquín Robles López, José Ramírez del Río y Jacobo González-Robatto Perote, en su condición respectiva de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.
¿Qué tiene que decir el Gobierno ante la evidencia científica de que los españoles con estudios universitarios o de FP superior tengan peor nivel que los bachilleres de países como Suecia, Finlandia, Países Bajos o Japón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Joaquín Robles López, José Ramírez del Rio y Jacobo González-Robatto Perote, Diputados.
181/000914
Grupo Parlamentario VOX
Joaquín Robles López, José Ramírez del Río y Jacobo González-Robatto Perote, en su condición respectiva de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.
¿Aceptará el Gobierno la exigencia de la comunidad islámica de garantizar el uso del hiyab para niñas en los colegios españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Joaquín Robles López, José Ramírez del Rio y Jacobo González-Robatto Perote, Diputados.
181/000940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ramírez del Río, Joaquín Robles López y Jacobo González-Robatto Perote, Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.
¿Qué está haciendo el Gobierno para mejorar el prestigio de los oficios y las artes mediante el impulso a la formación profesional dual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, Diputados.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/000916
Grupo Parlamentario VOX
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
¿Cuándo va a reaccionar el Gobierno ante la subida de los precios del sector servicios, que encadena 11 trimestres consecutivos a fecha de diciembre de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, Diputados.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000931
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Javier Folch Blanc, Pedro Gallardo Barrena y María del Socorro Cuesta Rodríguez
¿Qué estudio de impacto económico se ha desarrollado respecto al incremento de los costes de producción, de transporte, y de los precios para el consumidor en los productos cárnicos por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ante la nueva propuesta de Reglamento europeo sobre el transporte de animales vivos que plantea la Comisión Europea, y que modifica el vigente Reglamento europeo 1/2005 sobre bienestar en el transporte de animales vivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2025.-Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena y María del Socorro Cuesta Rodríguez, Diputados.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Vivienda y Agenda Urbana
¿Qué medidas está tomando el Gobierno en materia de vivienda para evitar que el precio de esta no encadene otro trimestre más al alza, puesto que a fecha de noviembre de 2024 lleva acumulados 42 trimestres consecutivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Vivienda y Agenda Urbana
¿Qué piensa hacer para edificar obra nueva y conseguir que salgan al mercado las viviendas vacías, dado el déficit de 600.000 viviendas que señala el Banco de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Vivienda y Agenda Urbana
¿Por qué motivos el Gobierno no ha entregado las 184.000 viviendas destinadas a alquiler social y asequible que prometió?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Vivienda y Agenda Urbana
¿Por qué motivo el Gobierno no promueve la exención del pago del ITP en los casos de adquisición de vivienda habitual para facilitar la compra de vivienda a los españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Vivienda y Agenda Urbana
¿Por qué motivo el Gobierno no promueve una reforma de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para que la adquisición de la vivienda
habitual de nueva construcción esté exenta de IVA, medida que favorecerá sobre todo a las familias españolas jóvenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Vivienda y Agenda Urbana
¿Cómo va el Gobierno a promover la conversión de suelo rústico en urbanizable ante la emergencia habitacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Vivienda y Agenda Urbana
¿Va a liberar el Gobierno suelo público urbanizable?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Vivienda y Agenda Urbana
¿Por qué razones los jóvenes españoles deben destinar más años de su salario a pagar la entrada de su primera vivienda que hace 30 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
Comisión de Cultura
181/000907
Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministro de Cultura
¿Por qué se ha declarado el 'estremeñu' como Bien de Interés Cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, Diputados.
Comisión de Sanidad
181/000918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Sanidad.
¿A qué va a esperar el Gobierno para dar las ayudas que prometió a los pacientes de ELA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
181/000919
Grupo Parlamentario Popular
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez
Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante la petición de 'tolerancia cero con los casos de agresiones' realizada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio,
Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/000920
Grupo Parlamentario Popular
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez
Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María Del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo
¿Se tiene previsto desde el Gobierno tomar en consideración la valoración realizada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y materializar en algún momento alguna medida de utilidad real con la que 'se garanticen las
condiciones necesarias para que puedan seguir desempeñando su labor de forma plena y segura con un fin único y principal: nuestros pacientes y su salud'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio,
Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/000921
Grupo Parlamentario Popular
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez
Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo
¿Se tiene previsto desde el Gobierno tomar en consideración la valoración realizada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y materializar en algún momento alguna medida de utilidad real con la que 'apoyar la formación
continua, la investigación y la capacidad de innovar para mirar hacia el futuro con garantías'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio,
Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/000922
Grupo Parlamentario Popular
Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez
Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo
¿Se tiene previsto desde el Gobierno tomar en consideración la valoración realizada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y materializar en algún momento alguna medida de utilidad real con la que garantizar 'el respeto a
las competencias ya
establecidas, velar por el cumplimiento de las condiciones laborales de los médicos, protegernos de las agresiones y escuchar a quién está en primera línea y liderando esa atención sanitaria', como vía 'esencial para mantener un sistema
sanitario robusto'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Juan Andrés Bayón Rolo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Muñoz Abrines, Carmen Navarro Lacoba, Julia Parra Aparicio,
Esperanza Reynal Reillo, Antonio Román Jasanada, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López, María Torres Tejada, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/000929
Grupo Parlamentario Republicano
Diputado Gabriel Rufián Romero, Diputada Etna Estrems Fayos
Dirigida a Ministra de Sanidad
Texto:
¿Cuál es la posición del Ministerio de Sanidad en relación con la fiscalidad aplicada a las subvenciones y retribuciones a las personas afectadas por la Talidomida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2025.-Etna Estrems Fayos y Gabriel Rufián Romero, Diputados.
Grup Parlamentari Republicà
Diputado Gabriel Rufián Romero, Diputada Etna Estrems Fayos
Dirigida a Ministra de Sanitat
Text:
Quina és la posició del Ministeri de Sanitat en relació amb la fiscalitat aplicada a les subvencions i retribucions a les persones afectades per la Talidomida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de gener de 2025.-Etna Estrems Fayos y Gabriel Rufián Romero, Diputats.
181/000934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Sanidad.
¿De qué manera pretende compensar el Gobierno el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias, que está afectando negativamente a la salud de los españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2025.-David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
181/000935
Carmen Martínez Ramírez
¿Qué actuaciones está poniendo en marcha el Gobierno para reforzar el liderazgo de nuestro país en los órganos mundiales de decisión sanitaria, como la OMS, con la finalidad de contribuir con una gobernanza multilateral, democrática y
representativa en salud global?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-Carmen Martínez Ramírez, Diputada.
181/000936
Carmen Martínez Ramírez
¿Puede detallar las medidas que se prevén poner en marcha para el desarrollo de las competencias de las profesionales de la enfermería, en el marco del Comité de Cuidados del Sistema Nacional de Salud, y tras la presentación del informe
técnico 'Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España. 2024.'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-Carmen Martínez Ramírez, Diputada.
181/000938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Sanidad.
¿Por qué el Gobierno no avanza en materia de interoperabilidad del historial clínico entre la sanidad pública y la privada a nivel nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
Comisión de Igualdad
181/000915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Igualdad.
¿Aceptará el Gobierno la exigencia de la comunidad islámica sobre garantizar el uso del hiyab en las niñas en los colegios españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, Diputadas.
181/000926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, en su condición de Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Igualdad.
¿Qué consideración hace el Gobierno de la posible incitación a las denuncias falsas del sistema jurídico actual, evidenciada por el siguiente dato: 'solo dos de cada diez denuncias por 'violencia de género' terminan con la condena del
hombre'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma, Rocío de Meer Méndez, Diputadas.
181/000927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, en su condición de Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Igualdad.
¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno ha decidido finalizar la política pública consistente en la creación y desarrollo de la app MeToca, procedente del Plan Corresponsables, sobre el reparto equitativo de las tareas domésticas
impulsado por la ministra de Igualdad de la pasada legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma, Rocío de Meer Méndez, Diputadas.
181/000941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, en su condición de Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Igualdad.
¿Por qué se han duplicado en España en los últimos 10 años los delitos contra la libertad sexual y, concretamente, en Cataluña han aumentado en más de un 500 %, según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2025.-María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, Diputadas.
Comisión de Juventud e Infancia
181/000917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Armario González, Joaquín Robles y Rocío Aguirre Gil de Biedma López, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Juventud e Infancia.
¿Por qué el Gobierno no tiene en cuenta la opinión de los vecinos donde se vaya a abrir un nuevo centro, ante el rechazo generalizado de la población que padece las consecuencias de la apertura de los centros de menores extranjeros no
acompañados en sus localidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2025.-Blanca Armario González, Joaquín Robles López y Rocío Aguirre Gil de Biedma López, Diputados.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/000924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos.
Dirigida a: Ministro del Interior.
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno para garantizar que se paguen las sanciones por infracciones cometidas por conductores extracomunitarios dentro de nuestro territorio nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.
181/000925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos.
Dirigida a: Ministro del Interior.
¿Va el Gobierno a implementar alguna medida para garantizar la seguridad de los trabajadores del sector de auxilio en carretera, considerando el creciente número de atropellos que se están produciendo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/017641
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Guijarro García, Txema (GSUMAR)
Competencias de la Dirección General de la Costa y el Mar en el mantenimiento y adecuación de la desembocadura del barranco de Aiguamarga en Alicante.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr.
Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, diputado por Alicante D. Txema Guijarro del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta las siguientes preguntas relativas a las competencias de la Dirección General de la
Costa y el Mar en el mantenimiento y adecuacuación de la desembocadura del barranco de Aiguamarga en Alicante, dirigidas al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para las que se solicita respuesta escrita.
Exposición de motivos
Hemos conocido a través de los medios de comunicación sobre la falta de mantenimiento, al parecer por cuatro años, en lo que se refiere a la limpieza y adecuación de la desembocadura del barranco de Aiguamarga en el término municipal de
Alicante.
Según se informa, el tramo final del barranco colindante con el mar y atravesado por un puente de la carretera de Elche y del trazado ferroviario de la línea de Cercanías que cruza el cauce, es competencia de la Dirección General de la Costa
y el Mar, sin embargo, se alude que la administración estatal no está autorizada a realizar acciones de limpieza y desbroce pero sí capacitada para otorgar el preceptivo visto bueno -por estar la zona dentro del dominio público marítimo-terrestre-
al consistorio alicantino que debería ser quien se hiciera cargo de dichas tareas.
Por otra parte, hay cuestiones de ámbito medioambiental y de prevención de riesgos a evaluar en dichas actuaciones, puesto que se debe tener en cuenta que los barrancos son ecosistemas vivos, que dicho cauce finaliza en la zona litoral
protegida como Lugar de Interés Comunitario dentro del ámbito de la isla de Tabarca y que tanto diferentes expertos como la propia Comisión Europea si bien recomiendan la retirada de elementos humanos, construcciones innecesarias, basura y
vegetación invasora, aconsejan respetar la vegetación autóctona no sólo por cuestiones de preservación de biodiversidad, sino también y muy especialmente ahora tras la catástrofe de la Dana de València, como desaceleradores de la velocidad del agua
en caso de riadas e inundaciones.
Así, cabe señalar que ya en el año 2020, ante el proyecto del ayuntamiento de Alicante de cubrir la ribera de dicho barranco con una malla geotextil, entidades ecologistas del territorio como Amigos de los Humedales del Sur defendieron que
la especie vegetal que crece en el tramo final del barranco de Aiguamarga no es la caña común Arundo donax, sino el carrizo Phragmites australis, una especie autóctona de esta zona húmeda que es mucho más flexible que la caña común, que aunque de
origen asiático, lleva siglos colonizando áreas como la del Mediterráneo.
Por eso se pregunta:
- ¿Tiene la Dirección de la Costa y el Mar previsto actuar por iniciativa propia en materia de limpieza y desbroce en la desembocadura del barranco de Aiguamarga?
- ¿Cuándo fue la última vez que dicha Dirección General tuvo constancia por parte del ayuntamiento de Alicante de solicitud de autorización para la limpieza y desbroce de la desembocadura del barranco de Aiguamarga?
- ¿Seguirá la Dirección General de la Costa y el Mar las recomendaciones sobre el respeto a la vegetación autóctona y la preservación de la biodiversidad en cauces y barrancos de la provincia de Alicante, como elementos importantes para la
prevención de inundaciones en caso de fuertes riadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2025.-Txema Guijarro García, Diputado.
184/018437
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Guardiola Salmerón, Mirian (GP) Moreno Borrás, Cristina (GP) Conde López, Francisco José (GP) Marí Bosó, José Vicente (GP) Bravo Baena, Juan (GP) Agüera Gago, Cristina (GP) De las Cuevas Cortés, Félix (GP) Garrido Valenzuela, Irene
(GP) Lima García, Laura María (GP) Mesquida Mayans, Joan (GP) Velasco Retamosa, José Manuel (GP) Muñoz Abrines, Pedro (GP)
Motivos que llevaron a la exministra Reyes Maroto Illera a descartar el proyecto de reactivación turística al que se ha referido recientemente la misma.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. Mirian Guardiola Salmerón, Dña. Cristina Moreno Borrás, D. Francisco José Conde López, D. José Vicente Marí Bosó, D. Juan Bravo Baena, Dña. Cristina Agüera Gago, D. Félix de las Cuevas Cortés, Dña. Irene Garrido Valenzuela, Dña.
Laura Lima García, D. Joan Mesquida Mayans, D. José Manuel Velasco Retamosa y D. Pedro Muñoz Abrines, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito:
En relación con las recientes declaraciones efectuadas por parte de la ex Ministra de Industria, Comercio y Turismo y actual Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto Hiera, justificando el contexto
de su relación con el empresario investigado Víctor de Aldama Delgado, se formula lo siguiente:
1. ¿Qué motivos llevaron a descartar el 'proyecto de reactivación turística' al que se ha referido Reyes Maroto?
2. ¿Qué motivación y objetivos perseguían el citado proyecto?
3. ¿Se llegó a registrar formalmente el referido proyecto en el Ministerio o en cualquier otro organismo, sociedad o entidad adscrito o tutelado por el mismo? En el supuesto afirmativo, ¿a través de qué instancia, autoridades o
funcionarios se canalizó o delegó el análisis de este proyecto?
4. ¿Qué tipo de colaboración concreta se requirió al Organismo Instituto de Turismo de España (Turespaña) al respecto particular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2025.-Mirian Guardiola Salmerón, Cristina Moreno Borrás, Francisco José Conde López, José Vicente Marí Bosó, Juan Bravo Baena, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene
Garrido Valenzuela, Laura María Lima García, Joan Mesquida Mayans, José Manuel Velasco Retamosa y Pedro Muñoz Abrines, Diputados.
184/018724
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Explicación del Ministerio del Interior de la filtración de agentes de Policía Nacional, con identidades falsas, en distintos espacios sociales y políticos con las graves consecuencias que atentan contra los derechos fundamentales de las
víctimas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó i Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante su respuesta por
escrito.
Recientemente, ha salido a la luz la infiltración de agentes de Policía Nacional, con identidades falsas, en distintos espacios sociales y políticos. Las infiltraciones, en algunos casos, han llegado incluso a condicionar la vida personal,
privada e íntima de activistas. Es el caso del activista gerundense Óscar Camps que, sin ser sabedor, mantuvo durante tres años una relación sentimental con una Policía Nacional infiltrada en los movimientos sociales de Girona y Salt, bajo una
identidad falsa.
Pero no es solo el único caso, a pesar de no conocer todos. El reportaje de 30 minutos 'Infiltrados' emitido en TV3 en una producción de 3Cat con la colaboración de la Directa y Polar Star Films, revela que, a comienzos del 2020, después de
las movilizaciones contra la sentencia del procés, al menos cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía, se infiltraron a los movimientos sociales de Cataluña principalmente, pero también en Valencia. Todos los infiltrados lo hicieron con
identidades falsas como por ejemplo: María Perelló a Girona, Ramón Martínez en Valencia, Daniel Hernández y Marc Hernández, en Barcelona.
Los cuatro actuaban bajo las órdenes de la Comisaría General de Información, al servicio de inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía, con funciones de captación de información para la orden y la seguridad pública; su misión es combatir
el terrorismo y todas las actuaciones están en secreto absoluto.
Las infiltraciones alcanzan una pluralidad de consecuencias negativas, no solo para el estado social y democrático de derecho o para el derecho de reunión y asociación, sino también para las personas afectadas: son situaciones de maltrato o
tortura, tal como han apuntado los psiquiatras después de evaluar los impactos psicológicos en las personas afectadas por las infiltraciones.
A pesar de que el agente encubierto es una figura prevista a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta se tiene que restringir solo a supuestos delictivos muy concretos, como por ejemplo el terrorismo o el narcotráfico, y siempre operando bajo
autorización y control judicial. Si bien, el argumento que ampara esta actuación concreta que se denuncia hacia la infiltración es la de la figura de agente de inteligencia, que no está definida dentro del marco legal vigente y no está sujeta a
control judicial.
Con la aparición de los casos de infiltraciones, personas y colectivos afectados han presentado varias querellas, por delito de tortura, maltrato y revelación de secretos. El Ministerio del Interior, es el responsable civil subsidiario de
estas infiltraciones y, por lo tanto, de las vulneraciones de derechos.
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. Todas las actuaciones tienen que tener como límite, al menos, los derechos fundamentales y se tiene que defender con un control judicial, ¿como explica el Ministerio del Interior estas infiltraciones con las graves consecuencias que
atentan contra los derechos fundamentales de las víctimas?
2. Teniendo en cuenta que la figura del agente encubierto se restringe a supuestos delictivos muy concretos como ahora el terrorismo o el narcotráfico, ¿considera el Ministerio del Interior que los movimientos sociales y políticos en los
que se han identificado infiltrados se circunscriben a estos supuestos delictivos?
3. En caso de amparar la infiltración bajo la figura de agente de inteligencia, ¿Qué objetivos perseguía el Ministerio del Interior con estas infiltraciones? ¿Cómo se seleccionan, y en base a qué variables, los movimientos sociales en los
cuales se infiltran? ¿Cuáles son las razones que motivan estas infiltraciones?
4. ¿Qué medidas tiene previstas tomar el Ministerio del Interior después de conocer estas infiltraciones que atentan contra los derechos fundamentales de las víctimas?
5. ¿Cómo valora el Ministerio del Interior estas infiltraciones por parte del Cuerpo Nacional de Policía, siendo un órgano dependiente del Ministerio del Interior? ¿Qué información tiene el Ministerio del Interior sobre las infiltraciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2025.-Àgueda Micó Micó, Diputada.
184/018730
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Vidal Sáez, Aina (GSUMAR) Pisarello Prados, Gerardo (GSUMAR)
Opinión del Gobierno en relación con las infiltraciones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en movimientos sociales con fines ideológicos y no por motivos de seguridad.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, Aína Vidal Sáez y Gerardo Pisarello Prados, diputados adscritos al grupo parlamentario Plurinacional SUMAR, formulan las siguientes
preguntas al Gobierno para su respuesta escrita.
Desde el pasado 13 de febrero de 2023 hasta la actualidad se han destapado por algunos medios de comunicación, especialmente por el semanario La Directa y TV3 Televisión de Cataluña, diversos casos de Policías Nacionales Infiltrados en
movimientos sociales de todo el Estado, con especial relevancia en movimientos anarquistas e independentistas de Barcelona, Girona y Valencia.
Los movimientos sociales son una parte indispensable de la democracia. Sin embargo, según la información La Directa se señala que un agente de la policía Nacional 'Ramón' con las iniciales R.M.F. se habría infiltrado en los movimientos
sociales de la ciudad de Valencia. Según el mencionado medio de comunicación, el agente llevaba casi un año y medio, des de marzo del año 2020 hasta setiembre de 2021, infiltrado en organizaciones vecinales y sociales, tales como Cuidem Benimaclet,
Grama EntreBarris, en el Centre Social Okupat Anarquista (CSOA), y en proyectos puramente sociales como la red de reciclaje o el reparto de alimentos, haciéndose pasar por militante antifascista y ocultando su condición de funcionario del Estado.
Según la investigación periodística el policía infiltrado disponía de un Documento de identidad falso con número 49735198K y un número de afiliación falso en el Sistema de Salud valenciano con número 46/11739103/09 de la Seguridad Social.
Con esta identidad falsa llegó a cursar incluso un grado de Trabajo Social en la Universitat de Valéncia durante el curso 2020-2021.
También se destapó con potserioridad y a raíz de este reportaje, la infiltración de otra Agente, 'María I.T', en los movimientos sociales de Girona y dos casos más en Barcelona, el de los agentes 'Dani' y 'Marc', durante prácticamente el
mismo periodo de tiempo, y que según admitió la propia agente María I.T eran todos miembros de una misma promoción.
En el caso de R.M.F durante el tiempo en que estuvo infiltrado, el policía siempre estableció relaciones con mucha implicación emocional con algunas activistas y personas en situación de vulnerabilidad.
Lo mismo sucedió en los casos de 'Dani' y 'Marc' y con especial relevancia en cuanto a María M.I.T, que mantuvo una relación sentimental de más de tres años con un activista de Girona, llegando a hacer creer a su pareja que estaban
construyendo un verdadero proyecto de vida.
Mas allá de si esta actividad se ve amparada por el ordenamiento jurídico, de si se trata de la actividad de un 'Agente Encubierto', o bien, como se ha venido argumentado en diversas ocasiones por el Ministerio del Interior, de 'Agentes de
Inteligencia' al amparo de las funciones encomendadas a la Policía Nacional, la infiltración en estos movimientos sociales no parece justificada por motivos de seguridad sino por motivos ideológicos. Además, como en cualquier otro caso el gobierno
debe velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales, así como salvaguardar la parte más humana, la de la afectación al normal desarrollo de la vida de estas personas y los daños psicológicos sufridos por esta actividad.
Las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están recogidas en la Constitución; su cometido es el de garantizar la seguridad con la finalidad de hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades
públicas de los ciudadanos; y con estas actuaciones de los agentes parece que habrían vulnerado algunos de los derechos fundamentales que se pretendían garantizar.
Uno de los agentes instrumentalizó a varias mujeres activistas, ocho en total, con las que mantuvo relaciones sexuales y afectivas sostenidas en el tiempo, ocultando su identidad real y su condición de agente de policía, con el cometido de
extraer información política u de su entorno.
Por último, cabe recordar que la jurisprudencia del TEDH establece la exigencia de que las infiltraciones policiales estén sometidas a estrictos controles judiciales, más allá de la autorización inicial, y que las relaciones entre el agente
encubierto y la persona investigada deben mantenerse dentro de la investigación judicial sin invadir su vida privada de manera desproporcionada.
Ante esta situación realizamos las siguientes preguntas:
¿Como valora el Gobierno infiltraciones en movimientos sociales con fines ideológicos y no por motivos de seguridad?
¿Considera el Gobierno que el mantenimiento de relaciones sexoafectivas continuadas por parte de los y las agentes de inteligencia de la policía nacional con las activistas de los movimientos sociales entra dentro de la proporción debida en
una investigación judicial?
¿Va a impulsar el Gobierno los cambios legislativos necesarios para evitar estos posibles abusos por parte de los agentes y limitar nuevos casos que afecten a la intimidad y la vida personal y sexual de las personas objeto de una
investigación de inteligencia?
¿Tiene previsto el Gobierno aprobar medidas de reparación para las víctimas?
¿Tiene previsto el Gobierno articular un sistema de acompañamiento y reparación de posibles daños morales, físicos y psicológicos, que puedan sufrir personas que formen parte de una investigación de agentes encubiertos o agentes de
inteligencia, como en el caso de las relaciones afectivas o sexoafectivas con activistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2025.-Aina Vidal Sáez y Gerardo Pisarello Prados, Diputados.
184/019042
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR) Ibáñez Mezquita, Alberto (GSUMAR)
Disponibilidad de construcción de 99 pisos de alquiler social en suelo cedido por la Sareb en Castellón de la Plana.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó i Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante su respuesta por
escrito.
El precio medio del alquiler en el País Valenciano ha subido cerca de un 12 % desde 2023, con una media de 10,17 el metro cuadrado, según un informe recientemente publicado. De estos alarmantes datos, destacan los de Castelló de la Plana,
con un incremento anual del 21,02 % en el precio de la vivienda, siendo la segunda ciudad del estado español donde más han incrementado los precios de la vivienda.
Este incremento se traduce en que el alquiler de una habitación en un piso compartido en Castelló de la Plana está en un precio medio de 284 euros al mes, mientras que hace solo un año era de 250 euros (anualmente supone un coste adicional
de 420 euros por habitación).
Castelló de la Plana, además, ya forma parte de las ciudades donde la oferta de pisos para alquilar escasea como consecuencia del incremento del alquiler turístico y de temporada. Según algunos estudios, Castelló de la Plana necesitaría
aproximadamente 50.000 viviendas a precios asequibles para poder controlar los precios del sector inmobiliario, y que el pago del alquiler no suponga más del 30 % de la tasa de esfuerzo en familias.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancada (Sareb) oferta en Castelló una pastilla de 2.980 metros cuadrados para la construcción de pisos destinados a alquiler asequible, con una posibilidad aproximada de
la edificación de 99 pisos. Si bien, de momento ha quedado desierta la oferta de la Sareb por parte de los constructores que podrían haber optado a la adopción de la oferta. El argumento, desde la Asociación Provincial de Empresas de la
Construcción de Castelló (Apecc) culpan a la inseguridad jurídica para los proyectos de alquiler y la carencia de financiación bancada, también la medida y el precio máximo que tenían que tener los pisos.
En un contexto de emergencia habitacional en Castelló de la Plana tal como se ha descrito en líneas anteriores, y habiendo una posibilidad de construcción de 99 pisos destinados a alquiler social, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
tiene que asumir la responsabilidad.
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. A la vista de la disponibilidad de construcción de pisos de alquiler social en suelo cedido por la Sareb, ¿tiene previsto el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acciones para el PIa Viena en Castelló de la Plana? ¿Ha previsto
quedarse con la cesión del solar y permitir la edificación de los 99 pisos previstos para alquiler social? ¿Es consciente el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de la emergencia habitacional en Castelló de la Plana y de la necesidad de actuación
por parte del Gobierno de España?
2. En caso de que el Ministerio no tenga previsto quedarse con la cesión del solar, ¿cuáles son las razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-Àgueda Micó Micó y Alberto Ibáñez Mezquita, Diputados.
184/019043
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR) Ibáñez Mezquita, Alberto (GSUMAR)
Medidas previstas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para frenar el crecimiento del precio del alquiler de pisos en Castellón de la Plana.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó i Micó, el Diputado de Compromís en el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Alberto Ibáñez Mezquita, presentan al amparo del artículo
185 del Reglamento del Congreso, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitando su respuesta por escrito.
El precio medio del alquiler en el País Valenciano ha subido cerca de un 12 % desde 2023, con una media de 10,17 el metro cuadrado, según un informe recientemente publicado. De estos alarmantes datos, destacan las de Castelló de la Plana,
con un incremento anual del 21,02 % en el precio de la vivienda, siendo la segunda ciudad del estado español donde más han incrementado los precios de la vivienda.
Este incremento se traduce en que el alquiler de una habitación en un piso compartido en Castelló de la Plana está en un precio medio de 284 euros al mes, mientras que hace solo un año era de 250 euros (anualmente supone un coste adicional
de 420 euros por habitación).
Castelló de la Plana, además, ya forma parte de las ciudades donde la oferta de pisos para alquilar escasea como consecuencia del incremento del alquiler turístico y de temporada. Según algunos estudios, Castelló de la Plana necesitaría
aproximadamente 50.000 viviendas a precios asequibles para poder controlar los precios del sector inmobiliario, y que el pago del alquiler no supongo más del 30 % de la tasa de esfuerzo en familias.
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas tiene previstas el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para frenar el crecimiento desorbitado del precio del alquiler de pisos en Castelló de la Plana?
2. ¿Qué medidas tiene previstas el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para limitar el alquiler turístico y de temporada, atendiendo a los efectos negativos que provoca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2025.-Àgueda Micó Micó y Alberto Ibáñez Mezquita, Diputados.