Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 261, de 27/12/2024
cve: BOCG-15-D-261
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de diciembre de 2024
Núm. 261
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa al proceso de diálogo de paz impulsado por el Gobierno de Colombia... (Página4)
161/001600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre las denuncias en materia de derechos humanos relativas a las futuras Copas del Mundo de fútbol... (Página5)
Comisión de Interior
161/001604 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dotar de más medios y reforzar la presencia de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid... (Página7)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001597 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a adoptar para garantizar a los vecinos de San Estevo do Sil un paso seguro que permita el cruce de la línea 810 evitando
su aislamiento... (Página9)
161/001599 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al Tren de Tomelloso... (Página11)
161/001610 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la reposición del paso peatonal a nivel en la estación de Santo Estevo de Sil en Pantón... (Página12)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001598 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la catalanofobia en el mundo del fútbol... (Página15)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001608 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para el impulso de una Carta Global de Derechos Laborales... (Página17)
Comisión de Industria y Turismo
161/001603 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al reconocimiento e impulso al programa 'Rutas del Vino de España'... (Página20)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001592 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del sector pesquero en el Mediterráneo... (Página21)
161/001593 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de la pesca de arrastre... (Página23)
161/001594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur... (Página25)
Comisión de Sanidad
161/001601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la integración en la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) de los colectivos pertenecientes a la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), junto con los recursos monetarios correspondientes según la Estadística del Gasto Sanitario Público...
161/001602 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre desarrollo e implantación del modelo de intervención en salud mental ante grandes catástrofes y emergencias climáticas...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el objetivo del 0,7 % en la Ayuda Oficial al Desarrollo y el envío de ayuda humanitaria a Siria... (Página31)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para instar la mejora de la seguridad y la prevención de accidentes de los pasos a nivel de Cataluña... (Página34)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000865 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre restitución del paso peatonal a nivel de la estación de Santo Estevo do Sil en Pantón al tiempo que se estudia, de ser necesario, la posibilidad de construir un
paso alternativo elevado o soterrado y su impacto por ser la única vía de evacuación en caso de inundación... (Página37)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/000864 Pregunta formulada por los Diputados Rocío De Meer Méndez (GVOX), Fernández Ríos, Tomás (GVOX) y Hernández Quero, Carlos (GVOX), sobre medidas que tomará el Gobierno para paliar el creciente número de españoles que se encuentran
en riesgo de pobreza y exclusión social... (Página38)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y Jon Iñarritu García, Diputado del mismo Grupo Parlamentario, al amparo del vigente Reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al proceso de
diálogo de paz impulsado por el Gobierno de Colombia, para su inclusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El Gobierno de la República de Colombia, Gustavo Petro se encuentra en una situación preocupante por los intentos de desestabilizar su mandato, con la inédita formulación de cargos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su
campaña electoral de 2022. La ponencia pedía formular cargos a la campaña de Gustavo Petro por la presunta violación de los topes de campaña.
El presidente de Colombia afirma que esto se trata de un intento de golpe de Estado en el país, por lo que llama a la ciudadanía colombiana y a la comunidad internacional, a estar atenta por lo que pueda suceder en el país.. El involucrar
al presidente en una investigación administrativa vulnera la Constitución Política de Colombia que establece que solo el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, puede iniciar causas contra el presidente.
Además, se vulnera la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que versa que solo autoridades judiciales pueden abrir causas penales en contra representantes elegidos electoralmente. El CNE no es un órgano judicial.
Nada más conocerse esta noticia, el pasado 8 de octubre, el presidente de Colombia afirmaba: 'Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la república de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un
golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos'.
Mientras tanto, el Gobierno colombiano continúa llevando a cabo su programa de gobierno progresista en el país, así como su apuesta por la denominada 'Paz total'. En este sentido, continúan los diálogos con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), además de otros grupos insurgentes.
El gobierno de Colombia y el ELN acordaron a retomar el proceso de diálogo de paz congelado en septiembre, tras una reunión que culminó en Caracas el pasado 7 de noviembre. 'Para continuar en las labores propias de la Mesa de Diálogos para
la Paz decidimos que, una vez hechas las consultas necesarias, nos reuniremos del 19 al 25 de
noviembre', indicó un comunicado conjunto, que apuesta por 'fortalecer esta mesa como instancia de negociación y decisión'.
Las partes insistieron 'en la urgencia de superar los factores de crisis y en hacer lo necesario para avanzar al máximo en los siguientes veinte meses del actual gobierno'.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados y Diputadas:
1. Se reafirma en el apoyo inequívoco al Gobierno del Presidente Gustavo Petro, democráticamente elegido por más de 11 millones de colombianos y colombianas.
2. Rechaza cualquier intento de desestabilizar el gobierno progresista en Colombia.
3. Se reafirma en el compromiso con la 'Paz total' del gobierno colombiano, por lo que insta a las partes implicadas en este proceso de negociación, a continuar hasta conseguir una paz justa y duradera en el país.
4. Insta al Gobierno colombiano a continuar con el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana, firmados entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, en 2016.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2024.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/001600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Francesc-Marc Álvaro i Vidal, Jordi Salvador i Duch i Etna Estrems Fayos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre las denuncias en materia de derechos humanos relativas a las futuras Copas del Mundo de fútbol, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Durante el día de hoy, la FIFA ha anunciado oficialmente la elección de las sedes de la Copa del Mundo de Fútbol para 2030 y 2034. España, Portugal y Marruecos albergarán la primera, mientras que Arabia Saudí será la sede en 2034.
Arabia Saudí será la segunda sede de una Copa del Mundo en Oriente Medio en cuatro ediciones, tras Catar 2022. También recoge el lamentable testigo catarí en materia de Derechos Humanos. Según el periódico británico The Guardian, desde que
la FIFA concedió la organización de la Copa del Mundo a Catar, hasta 2021, murieron 6.500 trabajadores migrantes en ese país, gran parte de los cuales se encontraban allí en régimen de semiesclavitud trabajando en la construcción de las
infraestructuras necesarias para la celebración de la Copa del Mundo de Futbol. Este escándalo se sumó a la ya conocida discriminación contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ en ese país.
En un informe reciente, Amnistía Internacional apuntaba a los grandes riesgos humanos derivados de la construcción y reforma de once estadios de cara a la Copa del Mundo de 2034 en Arabia Saudí. Tal y como se apunta, no se ha reformado el
sistema de patrocinio basado en la explotación laboral, no se han introducido medidas para prevenir la muerte de trabajadores y no se ha establecido un salario mínimo para los no nacionales. Volvemos a tener ante nosotros un potencial desastre
humanitario en un país donde viven más de 1,8 millones de trabajadores migrantes en el sector de la construcción.
Todo ello en un país en un país donde los Derechos Humanos son vulnerados continuamente, donde se ha normalizado la tortura en interrogatorios y sentencias penales,
donde las mujeres están tuteladas por sus maridos y donde la discriminación al colectivo LGTBIQ+ se encuentra a la orden del día.
A pesar de que la FIFA fue uno de los primeros organismos deportivos internacionales en incorporar criterios de Derechos Humanos en su proceso de elección de sedes, ninguna de las prácticas documentadas por Amnistía Internacional, Human
Rights Watch y otras entidades han supuesto unimpedimento para la concesión de la celebración de la Copa del Mundo de 2034 en Arabia Saudí.
La elección de Marruecos como co-sede de la Copa del Mundo de 2030 tampoco está exenta de riesgos para los Derechos Humanos. Las relaciones homosexuales siguen siendo perseguidas legalmente a día de hoy en Marruecos, de la misma forma que
existen severas limitaciones a la libertad de expresión y reunión. Ninguna de las tres federaciones de fútbol organizadoras de esta competición ha manifestado la intención de garantizar los DDHH puestos en grave amenaza como consecuencia de esta
Copa del Mundo.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Establecer estrategias y compromisos vinculantes para prevenir las violaciones de Derechos Humanos en relación con la Copa del Mundo 2030 en Marruecos, España y Portugal.
2. Exigir a FIFA la suspensión de la elección de sede del Mundial 2034 hasta que no se asegure la protección de los Derechos Humanos y de las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente aquellos de origen migrante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Jordi Salvador i Duch y Etna Estrems Fayos, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republica, a instancia dels Diputats Francesc-Marc Álvaro i Vidal, Jordi Salvador i Duch i Etna Estrems Fayos a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent
Proposició no de Llei sobre les denúncies en matéria de Drets Humans relacionades amb les futures Copes del Món de futbol per al seu debat en la Comissió d'Afers Exteriors.
Exposició de motius
Durant el dia d'avui, la FIFA ha anunciat oficialment l'elecció de les seus de la Copa del Món de Futbol per al 2030 i el 2034. Espanya, Portugal i el Marroc seran els pai'sos amfitrions de la primera, mentre que l'Arabia Saudita sera la
seu el 2034.
L'Arabia Saudita sera la segona seu d'una Copa del Món a l'Orient Mitja en quatre edicions, després de Qatar 2022. També recull el lamentable testimoni qataria en materia de Drets Humans. Segons el diari britanic The Guardian, des que la
FIFA va concedir l'organització de la Copa del Món a Qatar, fins al 2021, van morir 6.500 treballadors migrants en aquest país, gran part dels quals es trobaven allí en regim de semiesclavitud treballant en la construcció de les infraestructures
necessaries per a la celebració de la Copa del Món de Futbol. Aquest escandol es va sumar a la ja coneguda discriminació contra les dones i el col-lectiu LGTBIQ+ en aquest país.
En un informe recent, Amnistia Internacional assenyalava els grans riscos humans derivats de la construcció i reforma d'onze estadis de cara a la Copa del Món de 2034 a Arabia Saudita. Tal com s'hi apunta, no s'ha reformat el sistema de
patrocini basat en l'explotació laboral, no s'han introduit mesures per prevenir la mort de treballadors i no s'ha establert un salari mínim per als no nacionals. Tornem a tenir davant nostre un potencial
desastre humanitari en un país on viuen més de 1,8 milions de treballadors migrants en el sector de la construcció.
Tot aixo en un país on els Drets Humans són vulnerats contínuament, on s'ha normalitzat la tortura en interrogatoris i sentencies penals, on les dones estan tutelades pels seus marits i on la discriminació al col-lectius LGTBIQ+ és a l'ordre
del dia.
Malgrat que la FIFA va ser un dels primers organismes esportius internacionals a incorporar criteris de Drets Humans en el seu procés d'elecció de seus, cap de les practiques documentades per Amnistia Internacional, Human Right Watch ialtres
entitats ha suposat un impediment per a la concessió de la celebració de la Copa del Món del 2034 a l'Arábia Saudita.
L'elecció del Marroc com a co-seu de la Copa del Món del 2030 tampoc esta exempta de riscos per als Drets Humans. Les relacions homosexuals continuen sent perseguides legalment a dia d'avui al Marroc, de la mateixa manera que existeixen
severes limitacions a la llibertat d'expressió i reunió. Cap de les tres federacions de futbol organitzadores d'aquesta competició ha manifestat la intenció de garantir els Drets Humans posats en greu perill com a conseqüencia d'aquesta Copa del
Món.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Establir estrategies i compromisos vinculants per prevenir les violacions dels Drets Humans en relació amb la Copa del Món 2030 al Marroc, Espanya i Portugal.
2. Exigir a la FIFA, conjuntament amb altres federacions nacionals, la suspensió de l'elecció de la seu del Mundial 2034 fins que no es garanteixi la protecció dels Drets Humans i de les condicions laborals dels treballadors, especialment
aquells d'origen migrant.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de desembre de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Jordi Salvador i Duch y Etna Estrems Fayos, Diputats.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Interior
161/001604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar de más medios y reforzar la
presencia de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Comunidad de Madrid ha superado en 2024 los 7 millones de habitantes. Su población ha aumentado en casi 500.000 personas en estos últimos siete años. Y la previsión de llegar a los 8 millones de habitantes es una realidad plausible para
los próximos años, teniendo en cuenta tanto los atractivos planes de desarrollos urbanos en la capital como el crecimiento demográfico de los municipios rurales, gracias, en buena medida, al esfuerzo de la Administración regional para revitalizar
estas localidades con inversiones que las dotan de unos servicios públicos de la más alta calidad.
Tal aumento de población exigirá un esfuerzo muy grande en servicios públicos esenciales para conseguir mantener los niveles de excelencia alcanzados en servicios públicos como la sanidad, la educación, el transporte o los servicios
sociales.
Sin embargo, un servicio público por excelencia dentro del Estado de Derecho, sobre el que también se asienta el Estado de Bienestar, no es otro que el de la prestación de seguridad. No hay prosperidad, ni desarrollo, ni calidad de vida, si
los ciudadanos estamos a merced de posibles riesgos y amenazas que comprometan nuestro patrimonio y nuestra integridad personal.
En el territorio de la Comunidad de Madrid, el gran proveedor de seguridad es el Gobierno de la Nación, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Administración autonómica está desarrollando, dentro de su ámbito de
competencias, un programa de apoyo a las Policías Locales en la Estrategia Integral ESICAM179, que impulsa y sostiene los esfuerzos de los municipios. No obstante, sin Policía Nacional y Guardia Civil, el personal y los medios municipales resultan
escasos, a lo que hay que añadir los lógicos límites en sus competencias y ámbitos de actuación, hechos que afectan a la evolución y mejora de la seguridad ciudadana en la región.
La cuantificación de la tasa de criminalidad, con el número de infracciones penales que se cometen, pone de manifiesto que, a cierre de 2023, se ha producido una tendencia al alza de las infracciones penales en el último año, del 2,7 %,
destacando -con aumentos de dos dígitos- el tráfico de drogas, los homicidios, las agresiones sexuales y los ciberdelitos, así como los robos en establecimientos.
Reconociendo que en estos últimos años han aumentado en la región los puestos de catálogo de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, hasta rozar las 22.000 personas, no es menos cierto que el aumento no ha sido suficiente ni
acorde al crecimiento de muchas de nuestras poblaciones, sobre todo, en los municipios con menos de 20.000 habitantes, así como para dar respuesta a los nuevos escenarios de riesgo que han aparecido en los últimos tiempos.
Las plantillas y presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en particular las de la Guardia Civil en el entorno rural, requieren un incremento notable, y también de un refuerzo de su presencialidad, que bien pudiera ser
articulado a través de una figura emblemática de las poblaciones españolas: la casa-cuartel.
En la Comunidad de Madrid, según la web casacuartel. es, llegó a haber 79 en funcionamiento, sin contar las del Ayuntamiento de Madrid. Por lo que respecta a los popularmente conocidos como 'cuartelillos', sólo 61 de los 178 municipios
madrileños (de nuevo sin contar con Madrid capital) tienen puesto propio y, de ellos, sólo 22 prestan atención 24 horas.
Además de la cuestión del despliegue territorial en estos destacamentos, también están en entredicho las condiciones en las que se hallan estas infraestructuras. Los puestos de la Guardia Civil están sufriendo el deterioro y el abandono de
sus instalaciones. Su mal estado se ha convertido en un incentivo negativo, ya que los guardias civiles no desean residir en casas cuartel destartaladas ni permanecer mucho tiempo en puestos en malas condiciones.
Por otro lado, hay que destacar la merma considerable de las plantillas destinadas a la seguridad ciudadana, ya que las mínimas incorporaciones de efectivos de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid están destinadas a otros servicios,
como la atención y vigilancia de los organismos públicos de la capital (sedes ministeriales y gubernativas que detraen recursos de campo), las infraestructuras críticas o la creación de nuevas unidades especializadas en los diferentes tipos de
crímenes, en detrimento de los efectivos destinados a seguridad ciudadana.
En ningún momento se ha notado una mayor presencia en la calle o en servicios operativos que son los que realmente atienden la seguridad pública e, incluso, ha conllevado que se reduzcan las horas de atención al ciudadano, el cierre de los
cuarteles para realizar trámites de denuncias y otras gestiones o, en los casos más extremos, que se clausuren puestos que existían desde hace décadas en determinadas localidades.
Por estos motivos, y de forma particular, se hace imprescindible incrementar el personal de la Benemérita en la Comunidad de Madrid, que, con sólo 7.064 agentes disponibles en la Comunidad, de una plantilla total de 72.462, debería tener al
menos
otros 1.000 miembros para patrullar y proteger las pequeñas localidades dispersas, las urbanizaciones y, por supuesto, las viviendas y explotaciones rurales.
Hay que tener también en cuenta otro aspecto importante respecto a la mayor presencia de guardias civiles en el ámbito rural madrileño, y es una contribución decisiva para evitar la despoblación, porque más allá de su evidente aportación a
la seguridad de las zonas, también forman parte de la vida cotidiana de las comunidades, a las que dinamizan y apoyan con su presencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar el personal de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, así como a reforzar su distribución territorial.
2. Incrementar la inversión para la mejora de las infraestructuras existentes de la Guardia Civil ya sea a través de la modernización y acondicionamiento de los cuarteles, o casas cuartel, u otro tipo de soluciones para que los guardias
residan digna y confortablemente lo más cerca posible de sus zonas de trabajo en la Comunidad de Madrid.
3. Mantener los horarios de atención al ciudadano, con personal propio, en sus instalaciones puestos, cuarteles o comisarías en la Comunidad de Madrid.
4. Culminar urgentemente el proceso de equiparación salarial real y total de policías nacionales y guardias civiles con las policías autonómicas de las Comunidades Autónomas que tienen estos cuerpos propios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2024.-María Eugenia Carballedo Berlanga y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas a adoptar para
garantizar a los vecinos de San Estevo do Sil un paso seguro que permita el cruce de la línea 810 evitando su aislamiento, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Para corregir la degradación del tramo de la línea ferroviaria entre Ourense-Monforte- Lugo, entre 2017 y 2018, ADIF adjudicó la redacción de un conjunto de proyectos cuyo objetivo era la rehabilitación y adaptación a las nuevas condiciones
de explotación de la citada línea. Después de aquellos proyectos vinieron las licitaciones y adjudicaciones de diferentes contratos de obras: tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones), renovación de vía,
mejora de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones, renovación total de la línea aérea de contacto, etc.
Y también ADIF contrató la ejecución de obra relativas al Proyecto de tratamiento de andenes y cruces entre andenes en las estaciones del tramo Ourense-Monforte de Lemos (línea 810). Un proyecto que definía las actuaciones necesarias en
andenes, pasos inferiores y otras estructuras de las estaciones y apeaderos de Barra do Miño, Os Peares, San Estevo do Sil y Canabal.
Así como ejemplo de estos trabajos, en la muy cercana estación de Canabal (Sober), ADIF construyó un paso peatonal inferior bajo las vías para dar una alternativa al paso superior sobre las vías que existía con anterioridad y desde hace
años. De esa manera se hace posible mantener la comunicación para los vecinos de un pueblo partido por el ferrocarril. Sin duda una decisión acertada que celebramos.
Sin embargo, en localidad de San Estevo do Sil (Pantón), ADIF no ha proporcionado la misma solución a sus vecinos, ya que se ejecutaron obras en los andenes y vías de la estación, y se decidió suprimir el paso habilitado para cruzar las vías
que estaba autorizado y señalizado, pero no se ha construido ningún paso inferior o superior que permita mantener la permeabilidad peatonal entre el Este y el Oeste de la aldea.
La consecuencia es que hay al menos cuatro viviendas, así como fincas y viñedos que van a quedar aislados, toda vez que ADIF ha comenzado esta semana a colocar un cierre metálico en el lado izquierdo de la vía, en sentido Monforte-Ourense y
próximamente lo van a hacer en el lado derecho sobre un murete de hormigón que ya ha sido levantado y que aísla esas propiedades.
La única alternativa que queda para conseguir llegar a las citadas viviendas es dar un gran rodeo por un camino con una escarpada pendiente, en la ladera de la montaña, y después usar una escalera de 81 peldaños, lo que se convierte en
inviable para personas ancianas y con movilidad reducida.
Además, este cierre que ADIF pretende instalar bloquea, lo que entre otras funciones es la 'salida de evacuación' de los residentes, habitantes, visitantes y usuarios del ferrocarril -andén de 250 metros-, por localizarse esta aldea, en
'zona inundable', al encontrarse en una cota de nivel más baja y con una proximidad a la presa de San Esteban del Sil de 2 Km., en la confluencia Río Cabe y Río Sil, de la Cuenca Hidrográfica Miño-Sil.
Este cierre impediría la única salida de evacuación posible, dado que la carretera de la Diputación de Lugo: San Estevo do Sil-Ferreira de Pantón, se encuentra en su primer tramo, en una cota de nivel más baja que la zona urbana de la aldea
de San Esteban del Sil.
Los vecinos de esta localidad se sienten marginados y discriminados por ADIF, que les proporcionó informaciones engañosas mientras se ejecutaban las obras en la estación de San Estevo do Sil, diciéndoles que, aunque se suprimiera el paso
habilitado para cruzar las vías se les daría una solución alternativa.
Sus reiteradas quejas, así como las del alcalde del concello de Pantón han sido desoídas por ADIF de una manera flagrante e injusta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Que ADIF paralice la colocación del cierre metálico que impide a los vecinos de San Estevo do Sil (Pantón) el acceso para llegar a sus casas y propiedades y a esos efectos permita seguir utilizando el paso que estaba anteriormente
señalizado y autorizado sobre las vías a la altura de la estación.
2. Exigir a ADIF que evalúe como ese aislamiento con cierre metálico genera un peligro evidente para los vecinos ya que bloquearía la 'salida de evacuación' por localizarse esta aldea, en 'zona inundable', al encontrarse en una cota de
nivel más baja y con una proximidad a la presa.
3. Que ADIF presente a la mayor urgencia un proyecto de paso seguro inferior o superior con un cronograma de ejecución, que garantice la permeabilidad entre los dos lados de la localidad, en condiciones similares a las que acaba de ejecutar
en otras estaciones de esta línea 810.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2024.-Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Cristina Abades Martínez y Celso Luis Delgado Arce, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001599
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Tren de Tomelloso, para su debate en la Comisión de
Transportes y Movilidad Sostenible.
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, necesita el establecimiento de un trazado ferroviario entre Cinco Casas y Socuéllamos, con estación en Tomelloso-Argamasilla de Alba. Dicho tramo ferroviario debe construirse con vía doble
electrificada para tráfico mixto, con trenes de pasajeros y de mercancías, acondicionado para velocidades de 160 a 200 km/h y con sistema común europeo de gestión del tráfico ferroviario, Ertms.
La conexión de este tramo con la línea que comunica el centro de la Península con el Levante se establecería en la estación de Socuéllamos, y la conexión con la línea que enlaza el centro peninsular con Andalucía se realizaría en la estación
de Cinco Casas. En ambos extremos del nuevo tramo debe contemplarse el enlace en los dos sentidos de circulación, hacia el centro peninsular y hacia Levante y hacia Andalucía, respectivamente.
En lo que respecta a los servicios ferroviarios, se deberán contemplar trenes regionales que conecten esta comarca por la zona este con Albacete, Alcázar de San Juan y Comunidad de Madrid, y por la zona oeste con Manzanares, Ciudad Real,
Andalucía y la Comunidad de Madrid, así como los servicios de trenes de grandes distancias que se sirvan de este nuevo trazado de manera transversal entre Levante y Andalucía. Dentro de los trenes de largas distancias han de tomarse en
consideración los trenes nocturnos; y a los trenes de pasajeros deben sumarse los trenes de mercancías.
Es de vital importancia la conexión ferroviaria de esta comarca ya que cuenta con una población de unos 45.000 habitantes y supone uno de los núcleos económicos más importantes de La Mancha. La puesta en servicio de estos trenes supone la
posibilidad de ofrecer a la ciudadanía de este área geográfica un transporte del siglo XXI, rápido y sostenible, capaz de impulsar la actividad productiva de la zona tanto en la vertiente agraria e industrial como en la turística. Para las
plataformas locales, comarcales y provinciales, la vertebración autonómica sólo puede ser posible si el sistema multimodal de transporte es accesible y asequible a la mayoría de la población de Castilla-La Mancha y en la mayor parte de su
territorio.
Desde el punto de vista ambiental, en el contexto actual, la amplia mayoría de las organizaciones políticas, así como la práctica totalidad de los agentes sociales y económicos asumen la situación de emergencia climática, y cuando las
últimas cumbres climáticas de Naciones Unidas muestran como el tren (por sus bajísimas emisiones de gases con efecto de invernadero, GEI, su bajo consumo energético y su beneficio social, en comparación con cualquier otro medio motorizado) es la
opción prioritaria dentro del sistema multimodal de transporte para combatir el cambio climático y sus consecuencias. Las conclusiones de la Conferencia de las Partes (COP28), celebrada en 2023, son claras: sin un transporte sostenible,
descarbonizado, bajo en emisiones, no cumpliremos los objetivos del Acuerdo de París.
Sin embargo, desde 1953 en España, y por tanto también en Castilla-La Mancha, se ha producido un abandono progresivo del ferrocarril, perdiendo una gran parte de la red básica ferroviaria. Pero, a pesar del abandono que ha sufrido y está
sufriendo el tren, y debido a la asequibilidad efectuada por el Gobierno de Coalición tras la pandemia de 2020, más del 92 % de las personas que se sirvieron del ferrocarril en julio de 2024, según el Instituto Español de Estadística, INE, lo
hicieron en trenes de proximidad, (81 % en trenes de cercanías y 11 % en trenes regionales), y el 8 % restante en trenes de largas distancias, donde sólo un 6 % se efectuó en trenes AVE. Los sucesivos gobiernos de la época más reciente han ido
apostando por el modelo 'Todo AVE', dejándo sin apenas inversión al ferrocarril más comúnmente utilizado.
La vertebración territorial de Castilla-La Mancha debe plantearse potenciando sus propias ventajas comparativas en la producción de bienes y en la prestación de servicios, con respecto a las regiones del entorno. Un ferrocarril que sólo
relacione las capitales de provincia con Madrid, mediante las líneas de alta velocidad de carácter radial, ha sido y está siendo muy peijudicial para Castilla-La Mancha ya que supone la pérdida de valor estratégico de los puntos intermedios del
recorrido al mejorar la conectividad entre los extremos más desarrollados.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Comenzar los trámites administrativos para la redacción del Estudio Informativo del nuevo tramo ferroviario Cinco Casas-Tomelloso-Socuéllamos, como paso previo a la redacción del Proyecto Constructivo de la nueva línea, para que este
pueda tener:
a) Doble vía electrificada para tráfico mixto.
b) Ser acondicionada para velocidades de 160 a 200 km/h.
c) Estar dotada del sistema común europeo de gestión del tráfico ferroviario Ertms.
d) y que incluya la nueva estación ferroviaria de Tomelloso-Argamasilla de Alba.
2. Establecer que el nuevo tramo ferroviario debe conectar en Socuéllamos con la línea que comunica el centro de la Península con el Levante y en cinco Casas con la línea que enlaza el centro peninsular con Andalucía. En ambos extremos de
este nuevo tramo debe contemplarse el enlace en los dos sentidos de circulación, hacia el centro peninsular y hacia Levante y Andalucía, respectivamente.
3. Contemplar además el establecimiento, con un horizonte temporal claramente definido, de trenes regionales que conecten la comarca de Tomelloso-Argamasilla de Alba por la zona este con Albacete, Alcázar de San Juan y Comunidad de Madrid,
y por la zona oeste con Manzanares, Ciudad Real, Andalucía y la Comunidad de Madrid, así como los servicios de trenes de largas distancias que se sirvan de este nuevo trazado de manera transversal entre Levante y Andalucía, tomando en consideración
trenes nocturnos y de mercancías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Engracia Rivera Arias, Juan Antonio Valero Morales y Nahuel González López, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR.
161/001610
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la reposición del paso peatonal a nivel en la estación de Santo Estevo de Sil en Pantón, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Después de las actuaciones para la mejora de la línea ferroviaria Lugo-Monforte-Ourense, preocupa a los vecinos y vecinas cuyas viviendas se sitúan del lado del apeadero de Santo Estevo de Sil, en el Concello de Pantón, que puedan quedar
incomunicados debido a las obras que eliminaron el paso que tenían para atravesar la vía de un lado al
otro. Ahora mismo, por un lado no pueden acceder a sus fincas y, por el otro, no pueden acceder al apeadero.
Asimismo, consideran lesivos los planes de Adif de levantar un cierre metálico sobre un muro de hormigón entre las casas y la vía lo que aislará, aún más, a los habitantes del lugar.
Es preciso recordar que el vecindario de la zona ya tuvo que litigar hace unos años para que se construyera el actual paso peatonal, sin embargo, el acceso desapareció ahora con las obras. El vecindario se queja de que desde el inicio de
las obras comenzaron los problemas, eliminando por una parte el paso y, por otra, construyendo la base de hormigón para levantar una valla metálica delante de las casas. No solo quedan aisladas las casas sino que también afecta a las fincas de
viñedos situadas en el lado contrario.
Además, con el cierre se corta el acceso del área este a la oeste, bloqueando la única salida en caso de evacuación de las personas residentes y de las usuarias del ferrocarril por estar Santo Estevo en 'zona inundable', dado que se
encuentra en una cuota de nivel más baja y próxima al embalse de Santo Estevo do Sil ubicado a menos de dos kilómetros, en la confluencia del Río Cabe y el Río Sil.
No tienen una alternativa viable puesto que la otra opción para llegar a las viviendas es dar un gran rodeo por un camino en pendiente que no está preparado y que resulta inviable para las personas con una movilidad reducida.
Así las cosas, se encuentran incomunicados y sin alternativa para pasar de una a otra margen. En este sentido, es preciso que se atienda la demanda de los vecinos y vecinas y que se reponga el acceso tal y como estaba, a nivel, o que, de no
ser posible, se disponga de un paso peatonal subterráneo o elevado para poder cruzar la vía férrea de un lado al otro. No es admisible que se elimine un servicio y se deje abandonados y sin alternativa a los vecinos y vecinas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Restituir, a la mayor brevedad posible, el paso peatonal que comunicaba el área este con la oeste en la estación de Santo Estevo de Sil en el Concello de Pantón para permitir la accesibilidad del vecindario a sus viviendas y fincas.
2. Paralizar las obras del vallado de hormigón y cierre metálico que impedirá por completo el cruce de las vías y reponer las señales de información que indicaban 'paso habilitado' en el camino público.
3. Iniciar un estudio sobre la situación de la estación y de las viviendas próximas a la misma en zona inundable, de los planes de evacuación existentes en caso de inundación y cómo afectaría al levantamiento del vallado para cerrar el
acceso.
4. De considerarlo necesario, acometer las acciones precisas para construir un paso peatonal elevado o soterrado que permita el cruce seguro de las personas residentes así como de los usuarios y usuarias del ferrocarril en la Estación de
Santo Estevo de Sil en Pantón.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á reposición do paso peonil a nivel na estación de Santo Estevo de Sil en Pantón para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de Motivos
Após as actuacións para a mellora da liña ferroviaria Lugo-Monforte-Ourense, preocupa aos veciños e veciñas cuxas vivendas se sitúan ao lado do apeadeiro de Santo Estevo de Sil, no Concello de Pantón, que poidan ficar incomunicados debido ás
obras que eliminaron o paso que tiñan para atravesar a vía dun lado ao outro. Agora mesmo, dun lado non poden acceder ás súas fincas e do outro non poden acceder ao apeadeiro.
Así mesmo, consideran lesivos os plans de Adif de levantar un fechamento metálico sobre un muro de formigón entre as casas e a vía o que illará aínda máis aos habitantes do lugar.
É preciso lembrar que a veciñanza da zona xa tivo que litigar hai uns anos para que se construíse o actual paso peonil, porén o acceso desapareceu agora coas obras. A veciñanza quéixase de que desde o inicio das obras comezaron os
problemas, eliminando por unha banda o paso e, por outra, construíndo a base de formigón para levantar a tela metálica diante das casas. Non só fican illadas as casas senón que tamén afecta ás fincas de viñedos situadas no lado contrario.
Ademais, co fechamento córtase o acceso da área leste á oeste bloqueando a única saída en caso de evacuación das persoas residentes e usuarias do ferrocarril por estar Santo Estevo en 'zona inundábel', dado que se encontra nunha cota de
nivel máis baixa e próxima ao encoro de Santo Estevo do Sil situado a menos de dous quilómetros, na confluencia do Río Cabe e o Río Sil.
Non teñen unha alternativa viábel posto que a outra opción para chegar ás vivendas é dar unha grande volta por un camiño en pendente que non está preparado e que é inviábel para as persoas con unha mobilidade reducida.
Así as cousas, atópanse incomunicados e sen alternativa para pasar dunha a outra marxe. Neste sentido, é preciso que se atenda a demanda dos veciños e veciñas e que se repoña o acceso tal e como estaba, a nivel, ou que, de non ser posíbel,
se dispoña dun paso peonil soterrado ou elevado para poder atravesar a vía férrea dun lado ao outro. Non é admisíbel que se elimine un servizo e se deixe abandonados e sen alternativa aos veciños e veciñas.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Restituír, á maior brevidade posíbel, o paso peonil que comunicaba a área leste coa área oeste na estación de Santo Estevo de Sil no concello de Pantón para permitir a accesibilidade da veciñanza ás súas vivendas e fincas.
2. Paralizar as obras do valado de formigón e fechamento metálico que impedirá por completo o cruzamento das vías e repor os sinais de información que indicaban 'paso habilitado' no camiño público.
3. Iniciar un estudio sobre a situación da estación e das vivendas próximas a esta en zona inundábel, dos plans de evacuación existentes en caso de inundación e como afectaría o levantamento do valado para fechar o acceso.
4. De consideralo necesario, acometer as accións precisas para construír un paso peonil elevado ou soterrado que permita o cruzamento seguro das persoas residentes así como dos usuarios e usuarias do ferrocarril na Estación de Santo Estevo
de Sil en Pantón.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de decembro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch y de la Diputada Etna Estrems Fayos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la catalanofobia en el mundo del fútbol, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte.
Exposición de motivos
Los medios de comunicación han dado a conocer el escándalo que supuestamente implica el arbitraje del partido Club Gimnàstic de Tarragona-Málaga Club de Fútbol del pasado 22 de junio de 2024, correspondiente a la categoría de Primera
Federación. El resultado del partido fue de empate a 2 goles, permitiendo al Málaga ascender a Segunda División tras ganar el partido anterior de la eliminatoria. En paralelo a este ascenso, dicho árbitro fue también promocionado como colegiado de
la categoría de Segunda División.
Tras encargar una investigación, el club Gimnàstic de Tarragona se ha querellado contra el colegiado por falsedad documental en la redacción del acta del partido. El acta arbitral relataba una serie de insultos y amenazas de muerte al
colegiado, pero las pruebas recaudadas, así como la propia investigación hecha por los Mossos d'Esquadra tras el encuentro niegan que tuvieran lugar.
La refutación de estas afirmaciones es especialmente importante ya que el Gimnàstic fue sancionado con el cierre de su estadio durante cuatro partidos tras la eliminatoria.
Pero la investigación también es relevante porque apunta a que el arbitraje supuestamente discriminó al Gimnàstic durante el transcurso del propio partido. La demanda del club catalán describe afirmaciones del árbitro contra determinados
jugadores del equipo, uno de los cuales fue expulsado y recibió una sanción de 12 partidos sin poder competir.
Todas estas sospechas son especialmente graves por las expresiones de catalanofobia que, según la investigación, pronunció el colegiado. Estas expresiones incluían insultos a los Mossos d'Esquadra, a la ciudad de Tarragona y a Catalunya.
Lamentablemente, este es un ejemplo más de los discursos de odio en el mundo del deporte dirigidos contra jugadores, entrenadores o directivos de clubes catalanes. Desde los insultos recibidos por Aitana Bonmatí tras hablar en catalán durante la
gala del Balón de Oro de 2024 a las protestas contra periodistas por usar esta lengua en la rueda de prensa posterior al Extremadura UD-Girona FC en 2019, la lista de casos es larga y sobradamente conocida.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Perseguir las actuaciones que adulteren las competiciones deportivas profesionales, estudiando eventuales conflictos de interés del cuerpo de colegiados, así como la coincidencia de partidos deportivamente relevantes y las oportunidades
de promoción en el cuerpo arbitral.
2. Crear una estrategia específica para erradicar las actitudes catalanófobas en los eventos deportivos como parte de la lucha contra discursos de odio.
3. Adoptar las medidas necesarias para garantizar las reparaciones económicas y deportivas oportunas al Gimnàstic de Tarragona por los hechos ocurridos en el partido
disputado contra el Málaga Club de Fútbol del pasado 22 de junio de 2024, admitiendo los errores derivados de la elección arbitral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2024.-Jordi Salvador i Duch y Etna Estrems Fayos, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instancia del Diputat Gabriel Rufián Romero, del Diputat Jordi Salvador i Duch i de la Diputada Etna Estrems Fayos, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra,
presenta la següent Proposició no de Llei sobre la catalanofòbia al món del futbol per al seu debat en la Comissió d'Educació, Formació Professional i Esport.
Exposició de motius
Els mitjans de comunicació han informat sobre l'escàndol que presumptament implica l'arbitratge del partit Club Gimnàstic de Tarragona-Málaga Club de Futbol del passat 22 de juny de 2024, corresponent a la categoria de Primera Federació. El
resultat del partit va ser d'empat a 2 gols, permetent al Málaga ascendir a Segona Divisió després de guanyar el partit anterior de l'eliminatòria. En paral·lel a aquest ascens, aquest àrbitre va ser també promocionat com a col·legiat de la
categoria de Segona Divisió.
Després d'encarregar una investigació, el club Gimnàstic de Tarragona s'ha querellat contra el col·legiat per falsedat documental en la redacció de l'acta del partit. L'acta arbitral relatava una sèrie d'insults i amenaces de mort al
col·legiat, però les proves recollides, així com la mateixa investigació feta pels Mossos d'Esquadra després del partit, neguen que aquests fets tinguessin lloc.
La refutació d'aquestes afirmacions és especialment important, ja que el Gimnàstic va ser sancionat amb el tancament del seu estadi durant quatre partits després de l'eliminatòria.
Tanmateix, la investigació també és rellevant perquè apunta que l'arbitratge suposadament va discriminar el Gimnàstic durant el transcurs del mateix partit. La demanda del club català descriu afirmacions de l'àrbitre contra determinats
jugadors de l'equip, un dels quals va ser expulsat i va rebre una sanció de 12 partits sense poder competir.
Totes aquestes sospites són especialment greus per les expressions de catalanofòbia que, segons la investigació, va pronunciar el col·legiat. Aquestes expressions incloïen insults als Mossos d'Esquadra, a la ciutat de Tarragona i a
Catalunya. Lamentablement, aquest és un exemple més dels discursos d'odi en el món de l'esport dirigits contra jugadors, entrenadors o directius de clubs catalans. Des dels insults rebuts per Aitana Bonmatí després de parlar en català durant la
gala de la Pilota d'Or del 2024 a les protestes contra periodistes per usar aquesta llengua en la roda de premsa posterior a l'Extremadura UD-Girona FC el 2019, la llista de casos és llarga i sobradament coneguda.
Per tot l'exposat, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Perseguir les actuacions que adulterin les competicions esportives professionals, estudiant eventuals conflictes d'interès del cos arbitral, així com la coincidència de partits esportivament rellevants i les oportunitats de promoció dins
el cos d'àrbitres.
2. Crear una estratègia específica per erradicar les actituds catalanòfobes en els esdeveniments esportius com a part de la lluita contra els discursos d'odi.
3. Adoptar les mesures necessàries per garantir les reparacions econòmiques i esportives oportunes al Gimnàstic de Tarragona pels fets ocorreguts en el partit disputat contra el Malaga Club de Futbol el passat 22 de juny de 2024, admetent
els errors derivats de l'elecció arbitral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de desembre de 2024.-Jordi Salvador i Duch y Etna Estrems Fayos, Diputats.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de una Carta Global de Derechos Laborales, para su debate
en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Vivimos una incesante concentración de información estratégica, poder y capital en manos de empresas multinacionales muy concretas que disponen de una capacidad de influencia y dominio muy superior a muchos estados y gobiernos.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha impulsado una campaña entre sus organizaciones afiliadas para la denuncia colectiva de siete empresas que socavan activamente la democracia. Empresas que generan y trabajan para el
desconocimiento y el engaño de, por ejemplo, las consecuencias del cambio climático y cómo frenar su avance. Empresas capaces de captar al legislador mediante lobbys, puertas giratorias, chantajes y corrupción. Empresas que alteran resultados
electorales en múltiples escalas, entre otras muchas prácticas contrarias a la soberanía popular y a la democracia.
En una entrevista televisiva reciente, el antiguo directivo de Meta y responsable del departamento de Protección, Arturo Béjar, denunciaba que la empresa no tenía interés en la protección de los menores de edad, sino al contrario: la falta
de protección generaba más tráfico en sus redes sociales (Instagram, Facebook, Whatsapp) favoreciendo su negocio. De manera conexa, es de sobra conocido cómo estas redes sociales fomentan las opiniones políticas más extremas a fin de generar un
mayor tráfico, y por tanto mayores ingresos, a costa de un claro aumento de la polarización política en las democracias liberales. Incluso se han conocido casos de manipulación electoral por parte de Meta, como el de Cambridge Analytic, cuando se
filtraron los datos y perfiles de 50 millones de usuarios, lo que permitió la creación de noticias falsas con el fin de incidir en los resultados electorales.
Precisamente, el multimillonario Elon Musk, ha modificado significativamente el algoritmo de la red social X en favor de posiciones extremas con el fin de incidir políticamente. Se trata de una práctica muy alineada con el trato denunciado
por los trabajadores de otra de sus empresas, Tesla, en Estados Unidos, Suecia o Alemania.
El pasado mes de octubre, Tesla despidió a un representante sindical en Alemania, donde el sindicato IG Metal ya había denunciado las tácticas agresivas de intimidación al personal con el fin de silenciar aquellas voces que reclaman mejores
condiciones laborales. En Estados Unidos, los trabajadores de Tesla han denunciado jornadas laborales
interminables, acoso, condiciones de trabajo inseguras y el temor a ser despedidos por cualquier falso error. En Suecia y otros países nórdicos, Tesla se ha negado siquiera a negociar, impulsando con ello la mayor y más duradera huelga
jamás vista en el país.
Otro caso muy sonado es el de Amazon, que destaca por su práctica del capitalismo de vigilancia más explícito. La instalación de cámaras en sus furgonetas en Estados Unidos, que inicialmente se defendió como una medida de seguridad, ha
demostrado ser sin embargo un instrumento de seguimiento y agresivo monitoreo de sus trabajadores apoyado en la inteligencia artificial. La empresa también ha recibido denuncias por las grabaciones de voces de niños a través de sus altavoces
inteligentes 'Alexa'. La BBC informaba en 2021 que algunos de los camioneros de la compañía en Estados Unidos se veían obligados a orinar en botellas de plástico debido a 'a la presión por cumplir las cuotas'. No es casual, en este sentido, que la
compañía imposibilite de manera práctica la formación de sindicatos en su seno, pues puede decirse que su modelo de negocio descansa en la explotación de sus trabajadores a través de condiciones laborales a todas luces desproporcionadas.
Hay una conexión muy clara entre el ahorcamiento de los derechos laborales y la libertad sindical por parte de las grandes multinacionales y la utilización de su poder e influencia en pro de su beneficio económico y en contra del interés
general. Tal vez uno de los casos más graves sea el de ExxonMobile. A pesar de que sus directivos contaban con información desde 1977 de su propio equipo científico según la cuál una duplicación de la concentración de dióxido de carbono en la
atmósfera aumentaría la temperatura global entre 2 y 3 grados, financiaron estudios negacionistas del calentamiento global y desacreditaron aquellos que describían la realidad con la que hoy nos encontramos, todo por mantener su cuota de negocio.
Otra empresa con una incidencia notablemente contraria al interés general es Glencore, uno de los mayores operadores de materias primas del mundo y con enormes intereses en minería, productos energéticos o agricultura. Medios como Financial
Times o Forbes vienen informando de los sobornos pagados a altos funcionarios y agentes del gobierno en países como Brasil, Venezuela, Nigeria, Costa de Marfil o Camerún por parte de altos ejecutivos de la compañía, llegando incluso a ser sancionada
por ello. Sin embargo, es evidente que esta multinacional tiene provisionadas todas sus pérdidas por este tipo de condenas, de manera que éstas terminan no resultando en absoluto disuasorias para su actividad.
La acción de estas grandes multinacionales y el inmenso poder que acumulan incide en lo más inmediato de la vida de la ciudadanía. Un claro ejemplo es el del precio de la vivienda. Como publicaba el diario 5 Días el pasado 15 de octubre,
Blackstone, un fondo con sede en Estados Unidos, es el casero de 22.000 hogares, con una cartera total de 32.000 viviendas únicamente en España. Blackstone fue el comprador de las 1.860 viviendas sociales que puso a la venta Ana Botella en Madrid.
Recientemente se hicieron públicas las denuncias de la misma empresa contra más de 40 familias en Madrid, cuyos inmuebles adquirió para posteriormente subir sus alquileres entre un 30 y un 70 %. Se trata de un caso más en el que la falta de límites
legales a la actividad de las grandes empresas condena a la pobreza y a la precariedad a las familias, que ven cómo gran parte de sus salarios pasan a engrosar los formidables beneficios de la multinacional.
Además de restringir los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores y de ahogar los ingresos de las familias, estas empresas realizan agresivas maniobras fiscales. Por poner solo algunos ejemplos de esta realidad manifiesta, en un
estudio de la University of London, Richard Phillips, Jenaline Pyle y Ronen Palan detallan las prácticas para evitar el pago de impuestos por parte de Amazon. La propia Comisión Europea denunció a la empresa por su esquema fiscal en Luxemburgo, si
bien en aquella ocasión el Tribunal General de la UE determinó que la Comisión no había aportado suficientes pruebas. Por su parte, los llamados 'Papeles de Panamá' pusieron de manifiesto prácticas fiscales igualmente agresivas por parte de
Blackstone o Glencore, entre otros casos destapados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ.
Sin el control adecuado, estas empresas pueden ser realmente nocivas para la democracia. En palabras de la CSI: 'Cuando no están controladas, las megacorporaciones como Amazon, ExxonMobil, Glencore, Tesla y Meta socavan la democracia en el
trabajo vulnerando los derechos sindicales. Socavan la democracia en las sociedades monopolizando los medios de comunicación y la tecnología, exacerbando la catástrofe climática privatizando los servicios públicos. Recurren a complejas operaciones
de presión para socavar la democracia en las instituciones internacionales y las políticas que pudieran exigirles responsabilidades'.
Para tratar de contrarrestar el desmedido poder de estas corporaciones, la CSI, mediante su campaña 'Por la Democracia', se ha movilizado todo este año 2024 participando y difundiendo el mensaje en diversos foros internacionales. Entre
ellos están las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Conferencia de las Partes (COP 29) o la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas, entre otros. Uno de los elementos centrales de su campaña es el
impulso de un tratado internacional que aborde el impacto de estas corporaciones en los derechos humanos ya que, pese a los esfuerzos realizados por instituciones fundamentales del mundo del trabajo como la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), se constata en el plano internacional una falta de soluciones regulatorias a los nuevos retos que enfrenta el mundo del trabajo, entre ellos la acción coordinada de las grandes multinacionales cuyos ejemplos se acaban de exponer.
Precisamente, en el marco del Congreso Internacional del Trabajo organizado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en Madrid los pasados 13 y 14 de noviembre, ocho países, la CSI, la Confederación Europea de Sindicatos, CCOO y UGT,
el Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social de la Unión Europea y cinco asociaciones de juristas firmaron la Carta Global de Derechos Laborales. Este texto propone un conjunto de derechos laborales básicos para su integración entre los
objetivos de la Cumbre Social Mundial de 2025. El fin último es crear un suelo de derechos laborales aplicable en todo el mundo que las grandes empresas multinacionales no puedan eludir en función del país o jurisdicción en el que ubiquen sus
centros productivos o directivos, que empodere a los y las trabajadoras y a la sociedad en su conjunto para exigir un mejor trato y mayor transparencia a estas empresas y que otorgue a los gobiernos e instituciones internacionales las herramientas
necesarias para controlar y limitar estas actividades nocivas para la democracia.
Por todo ello, y con el objetivo de mejorar, favorecer y fortalecer la calidad democrática a través de la garantía de los derechos laborales y la democracia en el trabajo, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar los apoyos necesarios con el fin de promover la firma por más países de la Carta Global de Derechos Laborales. Asimismo, instamos al Gobierno a buscar el apoyo de la OIT a la
mencionada Carta en el marco de la Segunda Cumbre de Desarrollo Social de 2025, con el objetivo de impulsar un tratado internacional vinculante que, a través del establecimiento de un suelo mínimo de derechos laborales aplicable en todo el mundo,
aborde el poder y el impacto de las corporaciones transnacionales sobre los derechos humanos de millones de trabajadores y trabajadoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2024.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Industria y Turismo
161/001603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento e impulso al programa 'Rutas del Vino de España', para
su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Todo lo relacionado con el mundo del vino impregna un buen número de actividades en el día a día de nuestro país: agricultura, industria comercio, turismo, transportes, ciencia, etc.
El sector del vino en España ha sido importante ya desde la época romana con continuas referencias, que acreditan su importancia, en la literatura.
Como señalan un buen número de publicaciones y estudios, el sector económico relacionado con el vino ha alcanzado cifras más que considerables para la economía en un buen número de zonas españolas en las que el cultivo de la vid es uno de
los ejes prioritarios de su economía.
En este ámbito de actuación, la Asociación Española de Ciudades del Vino, ACEVIN, reúne un buen número de ciudades que tienen como denominador común el predominio de la industria vitivinícola en su economía.
Así, los municipios que se integran en ACEVIN entienden que la importancia del sector vitivinícola en su sector económico influye en aspectos como el perfil urbanístico y paisajístico de los municipios, hasta la propia configuración del
mercado laboral, sin olvidar los propios aspectos culturales de cada comunidad.
Las Ciudades del Vino integradas en ACEVIN, al ser plenamente conscientes del buen número de elementos comunes que confluyen en ellas, han considerado oportuno agrupar sus intereses y encaminar sus esfuerzos con la finalidad de poder
disponer de los oportunos instrumentos de actuación que permitan reflexionar sobre la situación del sector del vino y de poder elaborar los preceptivos análisis estratégicos que permitan una correcta toma de decisiones y la realización de propuestas
de mejora para este interesante sector económico.
La labor que desarrolla ACEVIN se puede concretar en la creación del producto turístico 'Rutas del Vino de España', que ha sido apoyado por los Ministerios de Industria y Turismo, de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Economía, Comercio
y Empresa y que en su día fue concebido para 'hacer descubrir al viajero una España diferente y vivir experiencias únicas'.
Así, las 'Rutas del Vino de España' están emplazadas en territorios vitivinícolas que desde hace años trabajan, con indudable éxito, bajo la tutela de la Administración española, y de ACEVIN, con el objetivo de generar nuevas experiencias
para los viajeros que buscan un nuevo concepto de turismo basado en la cultura del vino.
Por tanto, las 'Rutas del Vino' de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) son propuestas, que no sólo están orientadas al disfrute del buen vino, sino también tienen como objetivo poder realizar un buen número de viajes a
través de los diversos itinerarios vinícolas encaminados a descubrir y difundir la cultura del vino en España.
En el marco de este producto de éxito, se pueden visitar las bodegas; existen alojamientos entre viñedos; se puede participar en catas; se pueden probar los más diversos maridajes; se puede tomar conocimiento directo de cómo se elaboran
los vinos; y también se pueden realizar otro tipo de actividades como sobrevolar en globo los campos de viñas; recorrer los viñedos en bicicleta; formar parte de degustaciones a ciegas, etc. Etc.
El objetivo con el que en su día nació ACEVIN no era otro que el de convertir el recurso del vino en un producto turístico singular, capaz de dinamizar los diversos territorios donde se produce vino con denominación de origen, a través nada
más y nada menos que de 37 Rutas del Vino de España, rutas que involucran a un buen número municipios, empresas de turismo entre bodegas, enotecas, museos, alojamientos, restaurantes, agencias de viajes, empresas de actividades turísticas, etc.
Tras diversos años de singladura, ACEVIN ha conseguido desarrollar su marca gracias a los diversos convenios de promoción firmados con Turespaña que le han permitido elaborar y desarrollar su estrategia de marketing, y ejecutar las más
variadas acciones de promoción.
Asimismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo/Ministerio de Industria y Turismo apoya el turismo enológico a través de ACEVIN, que impulsa las Rutas del Vino de España proporcionando apoyo para el desarrollo de algunas de sus
actuaciones, también apoya al club de producto Rutas del Vino de España.
Por otro lado, a través del programa Experiencias, se han financiado algunos proyectos relacionados con la mejorar de la sostenibilidad y digitalización de las experiencias de turismo enológico, que siempre implican la participación de, al
menos, tres comunidades autónomas, ya que la competencia en el desarrollo de producto es de las comunidades autónomas. Por otro lado, TURESPAÑA incorpora en diversas campañas de promoción en el exterior el turismo enogastronómico.
Así las cosas, el producto 'enoturismo' es un importante elemento que permite la desestacionalización de la demanda turística en los diferentes destinos, ya que, a diferencia de los flujos habituales de turistas, que se concentran
principalmente en los meses de verano (julio y agosto), las puntas de la afluencia de turistas interesadas en el producto que ofrecen las diferentes Rutas del Vino se producen en primavera (abril y mayo) y en otoño (octubre).
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar y analizar nuevas fórmulas de colaboración con el sector del vino en el desarrollo e impulso del producto 'Rutas del Vino de España'.
2. Analizar y en su caso adecuar y reforzar las actuales necesidades de sector vinícola para que pueda continuar con su labor de fomento y difusión de la Cultura del Vino en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2024.-Víctor Javier Ruiz de Diego, Marta Gracia Blanco y Pepe Mercadal Baquero, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del sector
pesquero en el Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector pesquero de arrastre que faena en el Mediterráneo está formado en la actualidad por 565 buques que capturan especies como la merluza, rape, brotóla, salmonete, bacaladilla, gamba roja, gamba blanca y cigala. Esta flota genera
alrededor de 17.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. En la actualidad se enfrenta una situación crítica en el Mediterráneo español debido a las restricciones impuestas por la Unión Europea.
En 2019 se publicó el Reglamento (UE) 2019/1022 por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, que introduce un régimen de gestión del esfuerzo pesquero a nivel de la UE para todas las redes
de arrastre de la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental.
El Reglamento se aplicaba a las especies objeto de la pesca demersal (merluza, salmonete, gamba roja del Mediterráneo, gamba de altura, langostino moruno y cigala), a las capturas accesorias y a otras especies demersales sobre las que se
reconocía que no disponer de datos suficientes sobre la situación de sus poblaciones.
Según el Reglamento, cada año, el Consejo debería fijar el esfuerzo pesquero máximo admisible, o número de días de pesca, para cada grupo de esfuerzo pesquero y por país de la Unión Europea. El plan preveía inicialmente una reducción del 10
% para 2020 y de hasta el 30 % entre el segundo y el quinto año. Además, se habilitaba al Consejo a establecer límites para la pesca recreativa.
Desde 2020, las limitaciones en días de pesca y cuotas de captura han generado un impacto severo en la viabilidad económica, laboral y social del sector, comprometiendo su continuidad. Para 2024, la UE ya había establecido una reducción
adicional del 9,5 %, por lo que se rozaba el límite máximo fijado en el Plan plurianual (40 %). En la práctica, esto suponía una autorización media de 125 días al año para faenar que suponía poner al límite la viabilidad de la flota.
Sin embargo, las recientes propuestas de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) agravan esta situación, plantea una reducción del 79 % de los días de pesca de la flota de arrastre del Mediterráneo y una reducción del 30
% del TAC para la gamba roja hasta solamente 551 toneladas al año.
Con la propuesta de la Comisión se pasaría de la actual media de 130 días al año hasta sólo 27 días y establecer estrictos topes de captura, dificultando la sostenibilidad económica de las embarcaciones, cuyas operaciones no son rentables
bajo estas condiciones.
Esta decisión queda pendiente del próximo consejo de ministros de pesca de la UE que se celebrará los días 9 y 10 de diciembre en Bruselas, en la misma es más que dudoso que se cumplan estos objetivos pues son varios los países que han hecho
pública su oposición.
La Política Pesquera Común (PPC) establece la necesidad de equilibrio social, económico y medioambiental. Sin embargo, estas restricciones no cumplen dicho equilibrio, poniendo en riesgo la subsistencia de comunidades pesqueras y la
conservación de su patrimonio cultural y gastronómico. Además, las decisiones tomadas carecen de transparencia y participación activa de los sectores directamente afectados y de instituciones científicas locales.
Lamentablemente existe la idea preconcebida de que los pesqueros de arrastre perjudican nuestros fondos marinos. Sin embargo, nuestros marineros son los más eficientes limpiadores de nuestros fondos. Solo los barcos de la provincia de
Alicante, en 2023, recogieron y depositaron en los puertos 42 toneladas de basura y el primer semestre de 2024 han recogido más de 20 toneladas.
Además, la propia comisión ha exigido que este tipo de decisiones se adopten desde la objetividad y rigor científico. Sin embargo, la UE no hace públicas las conclusiones del Plan Plurianual de la Pesca y, por tanto, consideran que no
existen datos para decidir estos recortes. En este sentido empieza a cundir la sospecha sobre los datos científicos que se manejan para adoptar estas decisiones.
Es imperativo abordar esta problemática con soluciones innovadoras que combinen sostenibilidad ambiental con viabilidad económica y social, preservando el valor cultural y el impacto positivo del sector en el turismo gastronómico y la
economía circular.
En 2025 se cumplirán cinco años plan de gestión plurianual Y es necesario alcanzar un acuerdo de pesca equilibrado, que permita mantener la actividad y rentabilidad de la flota, al tiempo que se preservan los recursos. A su vez, el sector
pesquero mediterráneo debe transformarse hacia un modelo sostenible que no sacrifique su viabilidad económica ni su herencia cultural. Es vital adoptar medidas que integren sostenibilidad ambiental con innovación tecnológica, diversificación
económica y promoción cultural, garantizando el futuro de las comunidades costeras y su papel en la economía circular y el turismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender ante las instituciones de la Unión Europea al sector pesquero español del Mediterráneo para evitar nuevas reducciones en el esfuerzo pesquero máximo admisible y cuotas de captura y, en base a los datos científicos, que el nuevo
reglamento de pesca del Mediterráneo contemple elevar el número de días de faena debido a la recuperación de los caladeros.
2. Establecer alianzas con otros países mediterráneos miembros de la UE para presentar propuestas conjuntas que equilibren sostenibilidad y viabilidad económica.
3. Realizar un Plan de Gestión para el sector pesquero en el Mediterráneo, evaluando sus recursos, adoptando tecnologías, que fomenten la diversificación económica y la sostenibilidad del sector.
4. Poner a disposición de la Comisión Europea toda la información de los organismos nacionales sobre la situación del caladero Mediterráneo, exigir a la Comisión Europea mayor transparencia en los datos que sustentan las decisiones
pesqueras y favorecer la participación activa de las Comunidades Autónomas afectadas en el diseño de las políticas.
5. Incrementar la disponibilidad de datos contrastados y la información científica que avalen las decisiones políticas, ampliando la red de científicos y miembros del sector pesquero para estudiar e investigar las situaciones pesqueras del
Mediterráneo, implicando a las Universidades y centros de investigación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2024.-César Sánchez Pérez, Rosa Quintana Carballo, Ainhoa Molina León, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del
Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Sergio Sayas López, Ana
Martínez Labella y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la pesca de arrastre, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En septiembre de 2024, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento del Consejo para establecer las posibilidades de pesca en 2025. Dicha propuesta incluye una reducción drástica del 79% en los días de actividad permitidos para
los barcos de pesca de arrastre en el Mediterráneo Occidental, pasando de los 130 días actuales a tan solo 27 días anuales. La medida, que afecta de manera directa a la flota pesquera española, se debatirá en el seno del Consejo de Agricultura y
Pesca de la Unión Europea los días 9 y 10 de diciembre de 2024.
De confirmarse esta propuesta, supondría la desaparición práctica del sector de la pesca de arrastre en España, afectando a 556 barcos y a más de 17.000 empleos directos e indirectos en las comunidades costeras del Mediterráneo. Esto
generaría no solo un impacto devastador en términos económicos, sino también una ruptura en el tejido social y tradicional que representa la pesca, lo que ha motivado la oposición frontal del sector.
La reducción propuesta se enmarca en los objetivos del Plan Plurianual para la Pesca Demersal en el Mediterráneo Occidental, aprobado en el Reglamento (UE) 2019/1022, cuyo propósito es garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las
especies demersales. No obstante, esta iniciativa parece basarse en datos desactualizados y modelos teóricos, sin considerar los avances recientes en la recuperación de las poblaciones pesqueras ni el impacto acumulativo de las restricciones
impuestas en años anteriores.
Desde la entrada en vigor del Plan, el sector de la pesca de arrastre ha asumido importantes sacrificios, incluyendo una reducción del 40% de los días de pesca, cierres de zonas y restricciones de artes entre 2020 y 2024, cumpliendo
estrictamente con las normativas. Pese a estos esfuerzos, la Comisión Europea insiste en aplicar medidas desproporcionadas que ponen en riesgo la viabilidad económica y social de la pesca de arrastre, evidenciando una desconexión con la realidad
del sector y las comunidades afectadas.
La pesca de arrastre en el Mediterráneo español es una actividad esencial para la economía y cultura de numerosas localidades costeras. Según los datos del sector, la flota de arrastre está compuesta por 556 barcos que generan empleo para
más de 17.000 personas, como se ha referido, incluyendo trabajadores de industrias relacionadas como la transformación, el transporte y la comercialización de productos pesqueros. La desaparición de este sector, insistimos, no solo implicaría la
pérdida de estos empleos, sino también un grave daño al tejido social y económico de las comunidades costeras, muchas de las cuales dependen casi exclusivamente de la actividad pesquera.
Además, la propuesta de reducción de días de pesca provocaría un aumento en la importación de productos pesqueros de terceros países, donde las normativas ambientales y laborales son menos estrictas, perjudicando así a los productores
europeos que cumplen con los estándares más elevados.
La Política Pesquera Común establece que las medidas de gestión deben garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y los beneficios económicos y sociales. Sin embargo, la propuesta de la Comisión Europea parece estar impulsada
por un fanatismo climático que prioriza objetivos ideológicos sobre la realidad del sector.
Esta obsesión por aplicar medidas extremas, sin considerar las circunstancias específicas y los esfuerzos ya realizados, fomenta un discurso ambientalista radical que demoniza al sector primario y desprecia el conocimiento y las necesidades
de los pescadores. Es importante recordar que los pescadores son los primeros interesados en preservar el medio marino, ya que su actividad y su modo de vida dependen directamente de la sostenibilidad de los recursos naturales.
Además, la medida se basa en estudios científicos que no reflejan la situación actual del Mediterráneo, ignorando evidencias recientes que muestran una recuperación significativa en las poblaciones gracias a las medidas adoptadas en años
anteriores. Este enfoque no solo es injusto para el sector pesquero, sino que también pone en entredicho la credibilidad de las políticas ambientales de la Unión Europea, desconectadas de la realidad concreta e incapaces de preservar nuestro
patrimonio natural sin condenar
a la ruina a miles de familias, destruir la industria pesquera y poner en riesgo nuestra soberanía alimentaria.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Promover ante las instituciones de la Unión Europea el rechazo a la propuesta de Reglamento para establecer las posibilidades de pesca en 2025, que reduce los días de pesca de arrastre a 27 días anuales.
2. Promover una política pesquera basada en la defensa del sector pesquero y el medio natural, en el que se encuentren equilibrados los objetivos de conservación de nuestro patrimonio natural con la defensa del empleo y la viabilidad del
sector pesquero.
3. Solicitar una revisión del Plan Plurianual para la Pesca Demersal al objeto de incorporar datos actualizados y garantizar que la conservación del medio natural conviva con la salvaguarda del sector pesquero.
4. Denunciar ante las instituciones de la Unión Europea el fanatismo climático como criterio en la toma de decisiones de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos, Ignacio Hoces Íñiguez y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, para su discusión en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur
Después de más de dos décadas de negociaciones, la Unión Europea y Mercosur han alcanzado un Acuerdo de Asociación que establece la mayor zona de libre comercio del mundo. El acuerdo redefinirá el comercio global, dará cabida a más de 780
millones de personas y creará un mercado común del que participarán Europa e Iberoamérica.
La Comisión Europea estima que, gracias a las numerosas barreras arancelarias que el acuerdo permite eliminar, las exportaciones europeas se beneficiarán de un ahorro arancelario de hasta 4.000 millones de euros anuales dado que Mercosur
liberalizará el 91 % de sus importaciones.
Por otra parte, el acuerdo de libre comercio que han suscrito la Unión Europea y Mercosur supondrá la eliminación progresiva de los elevados aranceles que el bloque económico iberoamericano aplica a un gran número de productos
agroalimentarios europeos en los que España tiene importantes intereses comerciales, pero la Unión
Europea también se verá obligada a liberalizar el 82% de las importaciones agroalimentarias venidas de América 1.
Segundo. La oposición del mundo agrario al acuerdo
Por este motivo, tan pronto como se ha conocido la noticia del acuerdo comercial, agricultores europeos y representantes del sector agrario de la Unión han alzado la voz para expresar su malestar con dicha decisión. Asimismo, los
representantes del sector han reiterado que no se oponen al comercio y afirman comprender la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales en un contexto geopolítico complejo. Sin embargo, los agricultores europeos exigen acuerdos justos,
equilibrados y sostenibles en los que se respete el principio de reciprocidad, en los que el sector primario no sea considerado una moneda de cambio a utilizarse para beneficiar a otros sectores productivos.
Por otra parte, los agricultores también subrayan la incoherencia de la Comisión Europea, que en el anterior mandato aumentó las exigencias en materia de sostenibilidad medioambiental y bienestar animal para los productores europeos,
mientras ahora permitirá la entrada de productos que no cumplen con esos estándares. Todo ello generará, a su juicio, un desequilibrio que expondrá al sector primario a la pérdida de rentabilidad y a la saturación del mercado como consecuencia de
la llegada masiva de productos de bajo coste provenientes de países extracomunitarios en los que no se respetan las exigentes regulaciones que desde Bruselas se han impuesto a nuestros productores desde hace décadas, pero muy especialmente durante
la última legislatura.
En consecuencia, los principales representantes del sector primario han exigido políticas que protejan a las comunidades rurales europeas dado que, a su juicio, el acuerdo mina la competitividad de la agricultura comunitaria, traiciona los
valores y principios que la UE dice defender y, por tanto, no es aceptable en su forma actual 2.
Tercero. El proceso de aprobación definitiva del acuerdo
En cualquier caso, el acuerdo no está cerrado puesto que aún tiene que ser refrendado en el Consejo de Europa por una mayoría cualificada que requiere el voto afirmativo del 55 % de los Estados miembros y que estos representen, al menos, al
65 % de la población total de la Unión Europea. De hecho, Francia busca apoyos para conseguir una minoría de bloqueo frente a los gobiernos de Alemania y España, que se han consagrado como los máximos defensores del acuerdo, y, en este momento,
París ya cuenta con el apoyo de Polonia, Austria, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica e Italia 3.
Sin embargo, a las dudas acerca del fondo del acuerdo que ya han expresado todos estos países se suman también las críticas a las formas que ha utilizado la Comisión Europea para aprobar un acuerdo que no es seguro que cuente con la
aprobación de la inmensa mayoría de los europeos. No en vano, este acuerdo, que tendrá una gran trascendencia en el devenir histórico de la Unión, se ha negociado de espaldas a agricultores y ganaderos, y la decisión final ha sido tomada por una
oscura camarilla de burócratas en la más absoluta opacidad, vulnerando, así, lo dispuesto en el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que la Comisión Europea 'informará periódicamente' al Parlamento sobre las
negociaciones que lleve a cabo.
Además, a la falta de transparencia que ha mostrado la Comisión Europea en las negociaciones cabría sumar el hecho de que tanto populares como socialistas hayan hecho gala de un oportunismo político sin precedentes al acelerar el ritmo de
las negociaciones para alcanzar el acuerdo con Mercosur al poco de iniciar su segundo
1 https://www.infobae.com/espana/2024/12/07/el-acuerdo-ue-mercosur-en-cifras-asi-beneficiara-a-la-union-europea-la-alianza-que-redefinira-el-comercio-global/
2 https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/b009b3135b684e8aadce05c33f9bc711 https://www.asaja.com/publicaciones/agricultores_europeos_protestan_en_bruselas_contra_el_acuerdo_ue-mercosur_12794
3 https://www.infobae.com/espana/2024/12/07/el-acuerdo-ue-mercosur-en-cifras-asi-beneficiara-a-la-union-europea-la-alianza-que-redefinira-el-comercio-global/
mandato y, por tanto, ahora que en el horizonte no se vislumbran elecciones en las que los europeos puedan mostrar su rechazo a la decisión que apoyan tanto unos como otros.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur, en todo aquello que perjudique los intereses de los productores españoles, y concretamente al sector primario, al mundo rural y a sus formas tradicionales de vida.
2. Denunciar ante las instituciones de la Unión Europea la opacidad de la que se ha servido la Comisión Europea para negociar este acuerdo de espaldas a las naciones europeas.
3. Someter a referéndum consultivo la aprobación definitiva del acuerdo para que sea el pueblo español el que tome la decisión última acerca de cuál ha de ser la postura oficial de España ante esta cuestión política de especial
trascendencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Sanidad
161/001601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad relativa a la
integración en la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) de los colectivos pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y a la Mutualidad
General Judicial (MUGEJU), junto con los recursos monetarios correspondientes según la Estadística del Gasto Sanitario Público.
Exposición de motivos
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS) dispuso integrar en el Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, en el conjunto de servicios de salud de la Administración de Estado y de las Comunidades Autónomas que integran todas
las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud, la asistencia sanitaria de toda la ciudadanía cubierta por los diversos subsistemas de
financiación pública entonces existentes. El mayoritario, por el número de sus integrantes, era el Régimen General de la Seguridad Social (SS), pero han existido otros subsistemas. Aunque la mayoría de ellos eran Regímenes Especiales de la SS de
ámbito nacional, también han existido de ámbito autonómico y local.
En el preámbulo de la propia LGS se hablaba entonces de la existencia de subsistemas 'que se ordenan separadamente, respondiendo a principios y finalidades propias, al margen de una dirección unitaria'. Esos subsistemas, no sólo entonces
también ahora los que todavía persisten, escapan de la jurisdicción directa del Ministerio de Sanidad pues dependen de otros ministerios: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (MUFACE), Ministerio de Defensa (ISFAS) y
Ministerio de Justicia (MUGEJU). Es
decir, no sólo persiste la ausencia de 'una dirección unitaria', sino que esa dirección ni siquiera es del ámbito sanitario.
La LGS se cumplió parcialmente y la ciudadanía cubierta por algunos de esos subsistemas se integró en la asistencia sanitaria del SNS. Así ocurrió sin mucha dilación, por ejemplo, con algunos Regímenes Especiales de la SS para determinados
colectivos de personas trabajadoras por cuenta ajena como el Agrario, el de los Trabajadores del Mar o el de la Minería del Carbón. Con siete años de retraso, en 1993, también se incluyen en la asistencia sanitaria del SNS a quienes integraban la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL) del Régimen Especial de la SS de funcionarios y funcionarías de la Administración Local. Sin embargo, la LGS se ha incumplido durante más de 38 años para los tres Regímenes
Especiales objeto de esta PNL (MUFACE, ISFAS y MUGEJU).
Da la sensación de que los sucesivos Gobiernos de España han cumplido la LGS para incluir en el SNS a los subsistemas cuyos integrantes pertenecían a sectores sociales con menor capacidad de incidencia, tales como la agricultura, la pesca o
la minería, pero no han sido capaces de cumplirla en el caso de MUFACE, ISFAS Y MUGEJU. El análisis de las causas de estos motivos en el retraso en la integración de regímenes es importante para analizar uno de los elementos que posiblemente
también ha tenido que ver con la pérdida de prestigio y de poder de nuestro Sistema Nacional de Salud y específicamente de una atención sanitaria centrada en la Atención Primaria, modelo inexistente en las mencionadas mutualidades.
El término 'universalización' de un sistema sanitario público de financiación impositiva como el nuestro implica dos componentes. Uno de ellos es la amplitud de la cobertura que aspira a ser del 100% de la población. El otro es que se
acceda mediante un mismo título de derecho, cívico, ligado a la única condición de ciudadanía o residencia, de modo que la asistencia sanitaria sea igual para todos y no implique desigualdades.
Mantener estos subsistemas no sólo incumple la LGS, también genera problemas de equidad y de eficiencia. En primer lugar, produce desigualdades no relacionadas con la necesidad sanitaria en la provisión, estabilidad del aseguramiento,
cartera de servicios, copago, acceso y utilización de los servicios sanitarios financiados públicamente. En segundo lugar, favorece la selección de riesgos de modo que el SNS carga con los peores riesgos, los más costosos, debido a la capacidad que
tienen los mutualistas para elegir salir de estos subsistemas y cambiarse al SNS y, posteriormente, volver a entrar de nuevo, prácticamente en cualquier momento y a conveniencia. Finalmente, como habíamos mencionado antes, invisibiliza la práctica
de trabajo en un modelo de Atención Primaria, uno de los modelos asistenciales actualmente más deteriorado en nuestro SNS.
Hay un hecho que supone una oportunidad para esta migración de un sistema a otro. En el informe presentado por el Ministerio de Sanidad 'MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud', con fecha de 18 de noviembre de 2024, se
describe la situación actual, coyuntural y estructural, del sistema de provisión de asistencia sanitaria a funcionarios públicos a través de MUFACE. Teniendo en cuenta que ninguna empresa aseguradora concurrió al concierto del año 2024 y este quedó
desierto se plantean dos posibilidades:
- Tratar de mejorar la oferta para hacerla más atractiva para las empresas aseguradoras.
- Prorrogar durante 9 meses el concierto actual, tal y como permite la Ley de Contratos del Sector Público, y abordar el tránsito de los mutualistas de MUFACE a la prestación de servicios sanitarios por parte del Sistema Nacional de Salud.
Tal como señalan las conclusiones de este informe, y en línea con lo anteriormente propuesto, consideramos que este es un momento idóneo para acelerar la transición de la provisión de asistencia sanitaria de personas beneficiarías de
aseguradoras privadas del sistema de MUFACE a la sanidad pública, en un proceso que facilite de forma progresiva una transición similar en las otras mutualidades (ISFAS, MUGEJU). Esta transición se haría de forma equilibrada y progresiva, en el
periodo de prórroga establecida que permite
la Ley de Contratos del Sector Público, de manera que la financiación destinada a la asistencia sanitaria en las aseguradoras privadas se transfiera a la sanidad pública con criterios proporcionales a las personas que participarían en la
transición del modelo, sus características e identidades patológicas y con un refuerzo específico para su incorporación en un modelo pleno de Atención Primaria y de coordinación con los diferentes recursos sanitarios hospitalarios y de la red
sanitaria y social.
Esta integración, como no puede ser de otro modo, se ha de acompañar de los recursos monetarios necesarios. Según la Estadística del Gasto Sanitario Público en 2022, último año para el que se dispone de datos, la asistencia sanitaria de las
tres mutualidades en cuestión significaba unos 2.436 millones de euros.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a desarrollar las siguientes actuaciones, en coordinación con las Administraciones públicas competentes:
1. Crear una comisión de trabajo interministerial, liderada desde el Ministerio de Sanidad, que incluya a las Comunidades Autónomas, con el objetivo de establecer un proceso de transición de beneficiarios del sistema de aseguradoras
privadas al sistema público.
2. Dicho proceso, teniendo en cuenta las características coyunturales y estructurales actuales anteriormente presentadas, comenzaría con los mutualistas incluidos en MUFACE. Se plantearía un sistema de transición adecuado y que
incorporaría aquellas prórrogas extraordinarias que fueran necesarias para la continuidad de pacientes y transferencia desde el modelo de aseguradoras y sistema público. Se tendría en cuenta así mismo aquellas situaciones especiales como las de
trabajadores y trabajadoras en el extranjero en situaciones donde no exista el Sistema Nacional de Salud y no existieran acuerdos bilaterales.
3. Además de esta transición más acelerada de los colectivos pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), se iniciaría también un proceso para la incorporación progresiva de los colectivos
pertenecientes al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).
4. La financiación correspondiente de la asistencia sanitaria a aseguradoras privadas se transferiría plenamente al sistema público y de forma finalista y proporcional a las diferentes comunidades autónomas teniendo en cuenta los criterios
demográficos y perfiles de morbilidad de la población que transita de un modelo a otro. Esta financiación será destinada mayoritariamente a reforzar los sistemas de Atención Primaria y Comunitaria con los recursos humanos y materiales que fueran
necesarios.'
Palacio del Congreso, 12 de diciembre de 2024.-Rafael Cofiño Fernández, Alda Recas Martín, Agustín Santos Maraver y Engracia Rivera Arias, Diputados.-Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley sobre desarrollo e implantación del modelo
de intervención en salud mental ante grandes catástrofes y emergencias climáticas, para su debate y aprobación ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
El cambio climático está incrementando la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como inundaciones, olas de calor, incendios forestales y sequías, que afectan gravemente a la población y su entorno. Además de los impactos físicos y
sociales, estas emergencias pueden tener consecuencias en la salud mental de los afectados, incluyendo estrés postraumático, ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales.
Las comunidades más vulnerables, como personas mayores, niños y niñas, personas con discapacidades y habitantes de zonas rurales o empobrecidas, son particularmente susceptibles a estos efectos.
España atraviesa una de las más devastadoras tragedias de lo que va de siglo: la peor DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) registrada hasta la fecha ha dejado un rastro de destrucción en el País Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón,
Catalunya y Andalucía. Numerosos municipios han sido profundamente afectados, enfrentando no solo pérdidas materiales, sino también el dolor humano que acompaña a este tipo de catástrofes.
La gravedad de los daños y la urgencia de la situación han requerido una respuesta inmediata y cohesionada por parte de las administraciones públicas. La coordinación entre diversos servicios, en especial el Sistema Nacional de Salud (SNS),
se ha convertido en un pilar fundamental para atender las necesidades de la población afectada. Sin embargo, en momentos como este, la atención no puede limitarse a lo físico: el impacto emocional de una catástrofe como esta deja heridas
invisibles que también exigen cuidado y acción decidida.
El sufrimiento psíquico que generan estas tragedias es profundo y se manifiesta en formas como insomnio, cansancio extremo, irritabilidad y dolor emocional. Aunque muchas de estas reacciones son naturales y tienden a disminuir con el
tiempo, la magnitud de esta crisis podría duplicar la incidencia de trastornos mentales como la ansiedad y la depresión entre los afectados.
La 77.ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS) adoptó el 29 de mayo de 2024 una resolución histórica para fortalecer la salud mental y el apoyo psicosocial antes, durante y después de los conflictos armados, los desastres naturales y provocados
por el hombre, y las crisis sanitarias y otras crisis humanitarias.
En España, aunque se han dado pasos significativos para gestionar las emergencias climáticas, el impacto en la salud mental sigue siendo un área que necesita mejores recursos para adaptarse a esta creciente frecuencia e intensidad de los
fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático. Las políticas públicas deben incorporar estrategias específicas que respondan a las necesidades psicosociales derivadas de los fenómenos climáticos extremos, integrando la salud
mental como un pilar fundamental en los planes de emergencia y adaptación al cambio climático.
Conscientes de esta realidad, y a partir de los aprendizajes adquiridos tras la pandemia, el Ministerio de Sanidad a través del Comisionado de Salud Mental creado en esta legislatura, ha incorporado la salud mental en catástrofes como una
prioridad en su agenda.
Frente a los retos que presenta el cambio climático y otras posibles catástrofes, es necesario crear un servicio que atienda las necesidades en salud mental en estas emergencias.
Estas necesidades pueden ser sintetizadas en:
- Prevenir el deterioro de la salud mental en los afectados.
- Proporcionar atención comunitaria grupal durante la crisis.
- Fortalecer el tejido social que se ve desgarrado en estos momentos.
- Acompañar a las personas en su camino hacia la normalidad.
- Detectar los casos más graves y garantizar su acceso a tratamientos especializados.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar con la implantación del Modelo de Intervención integrado y escalonado que, junto a las CC.AA. y otros actores implicados, de respuesta inmediata a corto, medio y largo plazo a las necesidades de salud mental durante y después
de una catástrofe.
2. Que dicho modelo sea integrado, con visión a largo plazo, y enfoque de oportunidad para mejorar los sistemas de salud mental y con especial atención a los colectivos más vulnerables.
3. La atención integral en este modelo de intervención en salud mental tras grandes catástrofes pondrá el foco en la prevención y apoyo comunitario y contará con diferentes niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud:
a. Respuesta inmediata a la emergencia teniendo en cuenta necesidades básicas sociales y de seguridad.
b. Apoyo a la comunidad y a las familias: Intervención grupal para fortalecer el tejido social, promover la resiliencia y prevenir problemas de salud mental. Se prestará especial atención a las necesidades de niños, niñas y adolescentes.
c. Apoyos focalizados no especializados: Atención individual y grupal para personas con sufrimiento moderado y grupos vulnerables que requieran apoyo terapéutico.
d. Servicios especializados: Coordinación con las redes de atención especializada a la salud mental y con los profesionales expertos en el tema implicados.
4. El Gobierno tendrá un papel clave en la activación y coordinación de este modelo de intervención ante una gran catástrofe junto a las CC.AA. afectadas.'
Palacio del Congreso, 9 de diciembre de 2024.-Alda Recas Martín, Teslem Andala Ubbi, Agustín Santos Maraver, Rafael Cofiño Fernández y Candela López Tagliafico, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el objetivo del
0,7% en la Ayuda Oficial al Desarrollo y el envío de ayuda humanitaria a Siria, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
En 1980, en el seno de la 34 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se acordó que los países más desarrollados deberían destinar el porcentaje del 0,7% del PIB como ayuda oficial al desarrollo (AOD). Pocos años después,
España fue declarada país donante por el Comité de Ayuda al Desarrollo, momento en el que asumió el compromiso de llegar al 0,7%. En la Cumbre del Milenio, Conferencia de Addis Abeba y la Cumbre del Desarrollo Sostenible, España ratificó nuevamente
su cometido de alcanzar este porcentaje.
Los próximos años serán clave en materia de AOD. Las desigualdades persistentes a escala internacional, entre y dentro de países, y las necesidades de acción humanitaria y reconstrucción derivadas de los numerosos conflictos bélicos en
curso exigen que los países más desarrollados aceleren su camino hacia el 0,7%.
Además, la AOD será clave en la medida que complemente la financiación al desarrollo sostenible y los acuerdos logrados en foros multilaterales. Durante la COP15 de Copenhagen, en 2009, los países desarrollados se comprometieron a movilizar
100.000 millones de dólares antes de 2020 para financiar la transición ecológica. Un compromiso que se alcanzó dos años más tarde de lo fijado, en 2022. La última cumbre celebrada en Bakú, la COP29, ha elevado el objetivo a 300.000 millones de
dólares al año antes de 2035. Esta meta tan ambiciosa pretende fomentar las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, especialmente en aquellos países más vulnerables, mejorando también el acceso a tecnologías limpias y la
preservación de la biodiversidad.
La sociedad española está muy mayoritariamente a favor de la cooperación al desarrollo. Según el último CIS, un 70% de ciudadanos apoyan las políticas de ayuda a los países que más lo necesitan. A pesar de ello, el Estado español está aún
lejos de alcanzar el objetivo del 0,7%.
De entre el grupo de estados miembros que accedieron a la UE antes de 2004, el grupo UE-15, España es el tercero con un porcentaje de AOD menor, con un 0,24% en el año 2023 según la OCDE. Por el contrario, estados como Suecia, Luxemburgo,
Alemania o Dinamarca ya cumplen con el 0,7% y posicionan la UE como el actor líder en AOD a escala mundial.
En Catalunya ya se ha trazado un camino claro para alcanzar el 0,7 sobre el total de recursos no condicionados de la Generalitat de Catalunya antes de 2030. Mediante el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2023-2026, el Govern
liderado por Esquerra Republicana fijó un fórmula vinculante, viable económicamente y con amplio apoyo parlamentario para alcanzar el 0,7. Este acuerdo refleja el gran consenso en la sociedad catalana respecto a la cooperación al desarrollo, un
campo donde la sociedad civil organizada, el mundo local y las empresas, sindicatos y universidades son muy activos.
En un contexto donde comunidades autónomas como Andalucía, Aragón o Extremadura, reducen drásticamente su aportación a la AOD, el caso de Catalunya debería de servir como ejemplo de compromiso con las políticas de desarrollo y con la acción
humanitaria. Este segundo ámbito es clave para dar respuesta a las crisis derivadas de guerras y desastres naturales, así como para atender a pueblos en una especial situación de vulnerabilidad, como el kurdo, palestino o saharaui.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Incorporar en la próxima propuesta de Presupuestos Generales del Estado un presupuesto de AOD de un mínimo del 0,4% sobre la RNB, como primer paso creíble para alcanzar el 0,7% en 2030, en cumplimiento de la Ley de Cooperación y tal y
como exigen las entidades que trabajan en el sector. Esta propuesta debe potenciar la adaptación y mitigación del cambio climático en países en vías de desarrollo, complementando los compromisos adquiridos en la COP29. También debe reforzar el
compromiso con la cooperación feminista.
2. Establecer canales para que las Comunidades Autónomas participen en el diseño, planificación y ejecución de la política de cooperación en la UE, incluyendo las futuras negociaciones sobre el marco financiero plurianual 2028-2034, con el
objetivo de fomentar la cooperación descentralizada y la participación directa en partenariados internacionales.
3. Inspeccionar las leyes y normativas estatales que incidan directamente en las competencias e instrumentos de las administraciones autonómicas, con la intención de
agilizar, desburocratizar y flexibilizar las políticas y proyectos de cooperación descentralizada.
4. Movilizar los recursos necesarios para proporcionar ayuda humanitaria en Siria, que permita la reconstrucción del país y la seguridad y desarrollo de poblaciones en riesgo de persecución, en especial el pueblo kurdo, tanto aquellos
desplazados como los ciudadanos de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància del Diputat Jordi Salvador i Duch, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre l'objectiu del 0,7% en
Ajuda Oficial al Desenvolupament i l'enviament d'ajuda humanitaria a Síria per al seu debat en la Comissió de Cooperació Internacional pel Desenvolupament.
Exposició de motius
L'any 1980, en el marc de la 34a sessió de l'Assemblea General de les Nacions Unides, es va acordar que els països més desenvolupats haurien de destinar un percentatge del 0,7% del PIB com a ajuda oficial al desenvolupament (AOD). Pocs anys
després, Espanya va ser declarada país donant pel Comitè d'Ajuda al Desenvolupament, moment en què va assumir el compromís d'arribar al 0,7%. A la Cimera del Mil·lenni, Conferència d'Addis Abeba i la Cimera del Desenvolupament Sostenible, Espanya
va ratificar novament el seu compromís d'assolir aquest percentatge.
Els propers anys seran clau en matèria d'AOD. Les desigualtats persistents a escala internacional, entre i dins dels països, i les necessitats d'acció humanitària i reconstrucció derivades dels nombrosos conflictes bèl·lics en curs
exigeixen que els països més desenvolupats accelerin el seu camí cap al 0,7%.
A més, l'AOD serà clau en la mesura que complementi el finançament al desenvolupament sostenible i els acords aconseguits en fòrums multilaterals. Durant la COP15 de Copenhaguen, el 2009, els països desenvolupats es van comprometre a
mobilitzar 100.000 milions de dòlars abans del 2020 per finançar la transició ecològica. Un compromís que es va assolir dos anys més tard del previst, el 2022. L'última cimera celebrada a Bakú, la COP29, ha elevat l'objectiu a 300.000 milions de
dòlars a l'any abans del 2035. Aquesta fita tan ambiciosa pretén fomentar les polítiques d'adaptació i mitigació del canvi climàtic, especialment en aquells països més vulnerables, millorant també l'accés a tecnologies netes i la preservació de la
biodiversitat.
La societat espanyola està molt majoritàriament a favor de la cooperació al desenvolupament. Segons l'últim CIS, un 70% de ciutadans donen suport a les polítiques d'ajuda als països que més ho necessiten. Malgrat això, l'Estat espanyol
encara està lluny d'assolir l'objectiu del 0,7%.
D'entre el grup d'estats membres que van accedir a la UE abans de 2004, el grup UE-15, Espanya és el tercer amb un percentatge d'AOD més baix, amb un 0,24% l'any 2023 segons l'OCDE. En canvi, estats com Suècia, Luxemburg, Alemanya o
Dinamarca ja compleixen amb el 0,7% i posicionen la UE com l'actor líder en AOD a escala mundial.
A Catalunya ja s'ha traçat un camí clar per assolir el 0,7 sobre el total de recursos no condicionats de la Generalitat de Catalunya abans del 2030. Mitjançant el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2023-2026, el Govern liderat
per Esquerra Republicana va establir una fórmula vinculant, viable econòmicament i amb ampli suport parlamentari
per assolir el 0,7. Aquest acord reflecteix el gran consens en la societat catalana pel que fa a la cooperació al desenvolupament, un àmbit on la societat civil organitzada, el món local i les empreses, sindicats i universitats són molt
actius.
En un context on comunitats autònomes com Andalusia, Aragó o Extremadura redueixen dràsticament la seva aportació a l'AOD, el cas de Catalunya hauria de servir com a exemple de compromís amb les polítiques de desenvolupament i amb l'acció
humanitària. Aquest segon àmbit és clau per donar resposta a les crisis derivades de guerres i desastres naturals, així com per atendre pobles en una situació especial de vulnerabilitat, com el kurd, palestí o sahrauí.
Proposició no de llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Incorporar en la propera proposta de Pressupostos Generals de l'Estat un pressupost d'AOD d'un mínim del 0,4% sobre la RNB, com a primer pas creïble per assolir el 0,7% el 2030, en compliment de la Llei de Cooperació i tal com exigeixen
les entitats que treballen en el sector. Aquesta proposta ha de potenciar l'adaptació i mitigació del canvi climàtic en països en vies de desenvolupament, complementant els compromisos adquirits a la COP29. També ha de reforçar el compromís amb la
cooperació feminista.
2. Establir canals perquè les Comunitats Autònomes participin en el disseny, planificació i execució de la política de cooperació a la UE, incloent les futures negociacions sobre el marc financer pluriennal 20282034, amb l'objectiu de
fomentar la cooperació descentralitzada i la participació directa en partenariats internacionals.
3. Inspeccionar les lleis i normatives estatals que incideixin directament en les competències i instruments de les administracions autonòmiques, amb la intenció d'agilitzar, desburocratitzar i flexibilitzar les polítiques i projectes de
cooperació descentralitzada.
4. Mobilitzar els recursos necessaris per proporcionar ajuda humanitària a Síria, que permeti la reconstrucció del país i la seguretat i desenvolupament de poblacions en risc de persecució, especialment el poble kurd, tant aquells
desplaçats com els ciutadans de l'Administració Autònoma del Nord i Est de Síria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de desembre de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancia de la diputada Marta Madrenas i Mir, en atención a lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Seguridad
Vial, una Proposición no de Ley para instar la mejora de la seguridad y la prevención de accidentes de los pasos a nivel de Catalunya.
Exposición de motivos
Los pasos a nivel constituyen uno de los puntos más críticos y peligrosos de la red de transporte ferroviaria, especialmente en su interconexión con la red viaria de Catalunya. Las escasas actuaciones de eliminación o transformación, hasta
ahora implementadas, han resultado insuficientes e ineficaces. Actualmente, Catalunya cuenta con 142 pasos a
nivel operativos, distribuidos entre las demarcaciones de Barcelona (41), Girona (34), Lleida (33) y Tarragona (34). De éstos, sólo 43 disponen de planes para su eliminación, mientras que el resto siguen sin ningún proyecto claro y siguen
representando una amenaza latente para la ciudadanía y para la seguridad vial y ferroviaria.
El caso de Figueres es el ejemplo claro de las dificultades de convivencia entre infraestructuras ferroviarias y entornos urbanos. En municipios como éste, la proximidad de los pasos a nivel a zonas residenciales y escolares, sumada a la
alta densidad de tráfico, pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Estas carencias en la gestión y transformación de las infraestructuras aumentan el riesgo de graves accidentes.
El 24 de abril de 2024, durante la comparecencia del Director General de Tráfico en la Comisión de Seguridad Vial, se pusieron de manifiesto graves carencias en el seguimiento y la gestión de los pasos a nivel en Catalunya, y se puso de
manifiesto la urgencia de adoptar medidas planificadas para mejorar su seguridad.
La falta de información dificulta una evaluación precisa del riesgo y una eficiente planificación de las acciones necesarias. Un trágico ejemplo es el accidente que tuvo lugar en el paso a nivel de Montcada i Reixac en septiembre de 2024,
en el que una menor de 16 años perdió la vida. Esta localidad, con sólo 14 km de vía ferroviaria, ha registrado a 182 víctimas mortales en los últimos 40 años, una cifra alarmante que evidencia la gravedad del problema que nos ocupa.
Los recursos asignados a la supresión de estos puntos críticos son claramente insuficientes, siendo el ritmo de las actuaciones del Gobierno español excesivamente lento. Además, la carencia de un plan estratégico a corto y largo plazo para
afrontar esta problemática evidencia la desidia y negligencia por parte de las autoridades responsables.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Elaborar un informe exhaustivo y actualizado sobre los pasos a nivel operativos en Catalunya, incluyendo ubicación específica, estado de mantenimiento, medidas de seguridad implementadas y registro histórico de accidentes asociados.
2. Priorizar la supresión de los pasos a nivel más críticos, basada en criterios de riesgo potencial, volumen de tráfico y afectación a la movilidad urbana, con especial atención a los que representan un peligro inminente para la seguridad
de las personas.
3. Establecer una calendarización de actuaciones, en total coordinación con la Generalitat de Catalunya y cada municipio afectado, así como, dotar a la financiación necesaria para poder adoptar las soluciones más adecuadas en cada caso,
como soterramientos, pasos elevados u otras alternativas viables.
4. Implementar tecnologías avanzadas de seguridad vial, como sistemas automáticos de detección de vehículos y peatones, barreras inteligentes y señalización reforzada en los pasos a nivel que no puedan ser eliminados, mejorados o adecuados
a corto plazo.
5. Instar al Gobierno español a proporcionar la financiación necesaria para cubrir los costes de campañas de educación y sensibilización en materia de seguridad en los pasos a nivel, garantizando un respeto absoluto a las administraciones
con competencias exclusivas en este ámbito, para que sean éstas las responsables de diseñar e implementar las acciones preventivas correspondientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2024.-Marta Madrenas i Mir, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancia de la diputada Marta Madrenas i Mir, d'acord amb allò establert als articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta per al seu debat a la Comissió de seguretat viària, una
proposició no de llei per instar la millora de la seguretat i la prevenció d'accidents dels passos a nivell de Catalunya.
Exposició de motius
Els passos a nivell constitueixen un dels punts més crítics i perillosos de la xarxa de transport ferroviària, especialment en la seva interconnexió amb la xarxa viària de Catalunya. Les escasses actuacions d'eliminació o transformació, que
fins ara s'han implementat, han resultat insuficients i ineficaces. Actualment, Catalunya compta amb 142 passos a nivell operatius, distribuïts entre les demarcacions de Barcelona (41), Girona (34), Lleida (33) i Tarragona (34). D'aquests, només
43 disposen de plans per a la seva eliminació, mentre que la resta continuen sense cap projecte clar i segueixen representant una amenaça latent per a la ciutadania i per a la seguretat viària i ferroviària.
El cas de Figueres és el clar exemple de les dificultats de convivència entre infraestructures ferroviàries i entorns urbans. En municipis com aquest, la proximitat dels passos a nivell a zones residencials i escolars, sumada a l'alta
densitat de trànsit, posa en risc la seguretat de la ciutadania. Aquestes mancances en la gestió i transformació de les infraestructures augmenten el risc d'accidents greus.
El 24 d'abril de 2024, durant la compareixença del Director General de Trànsit a la Comissió de Seguretat Viària, es van posar de manifest greus mancances en el seguiment i la gestió dels passos a nivell a Catalunya, i es va fer palès la
urgència d'adoptar mesures planificades per millorar-ne la seguretat.
La falta d'informació dificulta una avaluació precisa del risc i una planificació eficient de les accions necessàries. Un tràgic exemple és l'accident que va tenir lloc al pas a nivell de Montcada i Reixac el setembre de 2024, en què una
menor de 16 anys va perdre la vida. Aquesta localitat, amb només 14 km de via ferroviària, ha registrat 182 víctimes mortals en els darrers 40 anys, una xifra alarmant que evidencia la gravetat del problema que ens ocupa.
Els recursos assignats a la supressió d'aquests punts crítics són clarament insuficients, i el ritme de les actuacions del Govern espanyol és excessivament lent. A més, la manca d'un pla estratègic a curt i llarg termini per afrontar
aquesta problemàtica evidencia la desídia i negligència per part de les autoritats responsables.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a:
1. Elaborar un informe exhaustiu i actualitzat sobre els passos a nivell operatius a Catalunya, incloent-hi la ubicació específica, l'estat de manteniment, les mesures de seguretat implementades i el registre històric d'accidents associats.
2. Prioritzar la supressió dels passos a nivell més crítics, basada en criteris de risc potencial, volum de trànsit i afectació a la mobilitat urbana, amb especial atenció als que representen un perill imminent per a la seguretat de les
persones.
3. Establir una calendarització d'actuacions, en total coordinació amb la Generalitat de Catalunya i cada municipi afectat, així com, dotar el finançament necessari per poder adoptar les solucions més adients en cada cas, com soterraments,
passos elevats o altres alternatives viables.
4. Implementar tecnologies avançades de seguretat viària, com sistemes automàtics de detecció de vehicles i vianants, barreres intel·ligents i senyalització reforçada en els passos a nivell que no puguin ser eliminats, millorats o adequats
a curt termini.
5. Instar el govern espanyol a proporcionar el finançament necessari per cobrir els costos de campanyes d'educació i sensibilització en matèria de seguretat als passos a
nivell, garantint un respecte absolut a les administracions amb competències exclusives en aquest àmbit, perquè siguin aquestes les responsables de dissenyar i implementar les accions preventives corresponents.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de desembre de 2024.-Marta Madrenas i Mir, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000865
El Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Restituirá el Ministerio, a la mayor brevedad posible, el paso peatonal a nivel de la Estación de Santo Estevo do Sil en Pantón al tiempo que estudia, de ser necesario, la posibilidad de construir un paso alternativo elevado o soterrado y
como afecta que sea la única vía de evacuación en caso de inundación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Restituirá o Ministerio, á maior brevidade posíbel, o paso peonil a nivel da Estación de Santo Estevo do Sil en Pantón ao tempo que estuda, de ser necesario, a posibilidade de construír un paso alternativo elevado ou soterrado e como afecta
que sexa a única vía de evacuación en caso de inundación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de desembre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Deputado.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/000864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
¿Qué medidas tomará el Gobierno para paliar el creciente número de españoles que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, Diputados.