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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 255, de 17/12/2024
cve: BOCG-15-D-255-C1
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
17 de diciembre de 2024
Núm. 255
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001553 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a manifestar el rechazo a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin
Netanyahu, y el ex Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant ... (Página7)
161/001570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a garantizar la integridad física y el cumplimiento del Derecho Internacional en el caso de Jorge Glas ...
161/001586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para solicitar la liberación inmediata y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos españoles José María Basoa Valdovinos y Andrés
Martínez Adasme, detenidos irregularmente por el régimen de Nicolás Maduro ... (Página11)
161/001589 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en Irán ... (Página13)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la racionalización del reparto del objetivo de déficit ... (Página15)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la conexión Barcelona-Madrid-Extremadura-Lisboa ... (Página20)
161/001569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la creación de aparcamiento para bicicletas en edificaciones públicas ... (Página21)
161/001584 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar el acceso de las ciudades de Lugo y de Ferrol a la Alta Velocidad ... (Página22)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001578 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la dislexia en las aulas ... (Página23)
Comisión de Industria y Turismo
161/001555 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, para el fomento de la industria textil sostenible ... (Página25)
161/001573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a eliminar trámites administrativos innecesarios para el sector turístico español ... (Página28)
161/001579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para mejorar la competitividad de la industria española ... (Página30)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de la pesca ... (Página32)
161/001564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el apoyo a las Cofradías de Pescadores ... (Página36)
161/001565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el apoyo a las cooperativas agroalimentarias españolas ... (Página39)
161/001566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de un modelo de negociación colectiva articulado para la pesca extractiva española ... (Página43)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la agilización de los trámites asociados al tratamiento de los vehículos gravemente afectados por la DANA ... (Página45)
161/001567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para políticas climáticas de adaptación ante fenómenos extremos como las danas ... (Página47)
161/001575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al impulso para el desarrollo de la industria de la minería urbana ... (Página49)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001557 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la creación de un parque público de vivienda de alquiler social permanente en la Operación Campamento ... (Página52)
Comisión de Cultura
161/001556 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre mejorar las condiciones laborales de los artistas ... (Página54)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para acelerar la ejecución del nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT y eliminar los riesgos de adjudicación privilegiada del nuevo canal de
comunicación audiovisual que se libera ... (Página56)
Comisión de Sanidad
161/001561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la mejora de la Sanidad española ... (Página58)
161/001577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para crear un plan integral de protección de la salud mental infantil y juvenil frente a los efectos psicológicos causados por la DANA en Valencia
... (Página62)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para reforzar la evidencia científica en los mecanismos de preparación y respuesta ante desastres naturales ... (Página63)
161/001581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la defensa del sistema universitario público ... (Página66)
161/001583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la financiación de las universidades públicas españolas ... (Página68)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001572 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al cese de las ayudas de cooperación internacional en países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal y organizaciones que la
promuevan ... (Página70)
Comisión de Juventud e Infancia
161/001571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de un marco para pruebas periciales a menores inmigrantes ilegales ... (Página73)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la regulación laboral de la figura de la persona asistente personal ... (Página74)
161/001576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para ampliar y agilizar las ayudas destinadas a personas con discapacidad para la adquisición y reparación de material ortoprotésico, vehículos
adaptados y otros dispositivos de apoyo ... (Página77)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000846 Pregunta formulada por el Diputado Agustín Santos Maraver (GSUMAR), sobre valoración de la situación actual en Ucrania y de las opciones para una negociación que conduzcan a un fin de la guerra y a la resolución del conflicto de
acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad ... (Página79)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000847 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre previsiones acerca de traer al Congreso de los Diputados un Pacto de Estado por el Ferrocarril, similar a la reciente ley federal de ampliación del
ferrocarril alemana ... (Página79)
181/000848 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre previsiones acerca de la realización de un estudio de viabilidad y de la potencial implantación de un servicio de trenes de Cercanías en el Poniente
Almeriense ... (Página79)
181/000849 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre confirmación de si Adif es el ejecutor de las obras del parking provisional en las inmediaciones de la estación de Camp de Tarragona, así como comunicación
al Ayuntamiento de La Secuita del comienzo de las mencionadas obras, y realización de las mismas teniendo en cuenta los criterios y previa oferta de terrenos ... (Página79)
181/000851 Pregunta formulada por el Diputado Jorge Pueyo Sanz (GSUMAR), sobre cumplimiento de la Proposición no de Ley sobre la mejora y ampliación del Cercanías en el corredor Zaragoza-Huesca como apuesta para la descarbonización del
transporte ... (Página80)
181/000852 Pregunta formulada por los Diputados Héctor Palencia Rubio (GP) y Rodríguez Calleja, Patricia (GP), sobre forma en la que el Gobierno explica que con la alternativa seleccionada por la DIA no es viable la conexión por autovía de
Ávila con la A-6, entre Peñalba de Ávila y Adanero, y con la seleccionada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, lo era ... (Página80)
181/000853 Pregunta formulada por los Diputados Héctor Palencia Rubio (GP), Beamonte Mesa, Luis María (GP), Navarro López, Pedro (GP), Folch Blanc, Javier José (GP), Herrero Bono, José Alberto (GP), González Bella, María del Mar (GP), Alós
López, Ana Isabel (GP) y Clemente Muñoz, Raquel (GP), sobre planificación que tiene el Gobierno para la realización del proyecto de la Travesía Central del Pirineo incluida en la Red Transeuropea de Transporte ...
181/000854 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP), Palencia Rubio, Héctor (GP) y García Félix, Manuel (GP), sobre solución definitiva que tiene previsto implementar el Ministerio de Transportes y Movilidad
Sostenible para resolver el deterioro de la autovía A-49 en la provincia de Huesca ... (Página81)
181/000855 Pregunta formulada por los Diputados Óscar Ramajo Prada (GP), Palencia Rubio, Héctor (GP) y Velasco Morillo, Elvira (GP), sobre fecha prevista para aportar la financiación necesaria para finalizar los 72 kilómetros pendientes de
la autovía del Duero A-11 a su paso por la provincia de Zamora, en concreto del tramo de Zamora Oeste a la frontera con Portugal ... (Página81)
181/000858 Pregunta formulada por los Diputados Ana Martínez Labella (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP) y Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP), sobre previsiones acerca de tener en cuenta las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar a los proyectos de carreteras para la 'Remodelación del enlace de la Autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) con las carreteras A-391 y A-1051' y 'Segunda fase de la remodelación del enlace 429 de la Autovía del Mediterráneo (E-15/A-7)
con las carreteras A-391 y A-1051' ... (Página81)
181/000859 Pregunta formulada por la Diputada Cristina Teniente Sánchez (GP), sobre motivos por los que el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible vuelve a retrasar el calendario de finalización de la LAV Madrid-Lisboa al año 2034,
incumpliendo el compromiso de finalización fijado en el año 2030 ... (Página81)
181/000860 Pregunta formulada por la Diputada Mercedes Otero García (GS), sobre valoración que hace el Gobierno sobre la puesta en servicio del AVE para Asturias ... (Página82)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000862 Pregunta formulada por los Diputados Sofía Acedo Reyes (GP), Teniente Sánchez, Cristina (GP), Romaní Cantera, José Ignacio (GP), Alfonso Silvestre, Alma (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Prieto Serrano,
María Isabel (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP), Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), Guardiola Salmerón, Mirian (GP),
Borrego Cortés, Isabel María (GP) y Tomás Olivares, Violante (GP), sobre competencias concretas que van a cederse a la Comunidad Autónoma de Cataluña teniendo en cuenta que el Presidente de la Generalitat ha afirmado que van a poder gestionar
'dentro de poco' las competencias en materia de inmigración ... (Página82)
Comisión de Industria y Turismo
181/000850 Pregunta formulada por la Diputada Esther Gil de Reboleño Lastortres (GSUMAR), sobre planes que tiene el Gobierno para garantizar la formación y la cualificación del personal afectado por la reconversión del sector petroquímico de
la provincia de Cádiz, de forma que se asegure su empleabilidad en nuevas actividades industriales y se fomente un modelo económico más justo y sostenible ... (Página82)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/016714 Autor: García López, Maribel González Gracia, Juan Antonio Ramos Esteban, César Joaquín Almodóvar Sánchez, Emilia
Situación en cuanto a autorizaciones de concesión de la parcela 197 del polígono 22 de Almendralejo, dentro de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ... (Página83)
184/017507 Autor: Micó Micó, Àgueda
Motivo por el que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha realizado el expediente de caducidad de la concesión a la Compañía Minera de Sierra Menera, así como previsiones acerca de revocar el último deslinde
excluyendo el Malecón de Menera de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) ... (Página84)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes proposiciones no de ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2024.- P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Hoces Íñiguez, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Teófilo Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a manifestar el rechazo a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer
ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La hipocresía de la Corte Penal Internacional
El pasado 21 de noviembre la Corte Penal Internacional ('CPI') emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant 1, asi como diversos miembros de la organización
terrorista Hamás.
Concretamente, los jueces de la CPI han determinado que 'existen motivos razonables para creer que cada uno de ellos [el primer ministro Netanyahu y su ministro de Defensa] ha cometido el crimen de guerra de utilizar la inanición como método
de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos, como autor directo, actuando conjuntamente con otros' 2.
Así las cosas, la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de la CPI ha sido, cuando menos, parcial e insuficiente. Concretamente, el Juez que presidió la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI en la que se valoró la competencia de
la corte para juzgar los supuestos crímenes cometidos en los territorios palestinos, Péter Kóvacs, manifestó su
1 'La Corte Penal Internacional ordena la detención de Netanyahu, Gallant y un miembro de Hamás', Euronews, 21.11.24. Disponible [en línea]:
https://es.euronews.com/my-europe/2024/11/21/la-corte-penal-intemacional-emite-ordenes-de-arresto-contra-netanyahu-y-miembros-de-hamas.
2 Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC on the issuance of arrest warrants in the Situación in the State of Palestine. Disponible [en línea]:
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-issuance-arrest-warrants-situation-state-palestine.
voto particular, en relación con la decisión de los otros dos jueces de la CPI sobre los siguientes extremos:
a) que Palestina sea considerada como 'el Estado en cuyo territorio se cometió el delito' a los efectos del artículo 12, apartado 2, letra a), del Estatuto de Roma, b) que la jurisdicción de la CPI se extienda a los territorios ocupados por
Israel desde 1967, esto es, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este 3.
En ese sentido, el juez principal Kóvacs, señala que
'no se puede aceptar y menos aún comprender por qué una Sala debería aceptar como dada, y cuasi obligatoria, una afirmación sobre la existencia del 'territorio del Estado' cuando, como se demostrará a continuación, todos los indicios
muestran que es prematuro hablar de un 'Estado' de pleno derecho y del 'territorio del Estado'' 4. Y continua:
'Cuando existe una discrepancia manifiesta entre la calificación jurídica de hechos comúnmente conocidos, por un lado, y su presentación en la demanda, por otro, los jueces no pueden declinar la responsabilidad de examinar la fiabilidad y
adecuación de las construcciones jurídicas. Una sentencia debe basarse en el derecho positivo. En el presente fallo, soy incapaz de identificar las normas reales del derecho internacional y el enfoque jurídico real de la ONU en relación con la
condición de Estado de Palestina y su territorio y fronteras en los que se basa la Decisión de la Mayoría. Los antecedentes jurídicos dados se acercan mucho más a las expectativas, que abogan por un enfoque más generoso que uno basado en el derecho
positivo' 5.
Así, ya debiese cuestionarse la investigación realizada por el Fiscal de la CPI y, por ende, las órdenes de arresto, tanto del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como la del ex ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant.
A su vez, es oportuno mencionar la hipocresía que manifiesta la Corte Penal Internacional a la hora de realizar investigaciones y promover órdenes de detención. De hecho, el actual Fiscal de la CPI se ha mostrado amigable y laxo con algunos
regímenes totalitarios como el venezolano a la hora de proceder jurídicamente contra este. Así lo demuestra el comunicado del Fiscal de 5 de noviembre de 2021, en el que confirmó que la Fiscalía no había abierto una investigación formal contra el
régimen y su comisión de crímenes de lesa humanidad 6, llegando incluso a concertar un Memorándum de Entendimiento con el régimen.
Segundo. La participación de España en la Corte Penal Internacional
Por su parte, España firmó el Estatuto de Roma ('Estatuto'), el código por el que se rige la CPI, el 18 de julio de 1998. Más tarde, el 24 de octubre de 2000, nuestro país depositó su instrumento de ratificación del citado Estatuto, como
paso final para la entrada en vigor del mismo, que acaeció el 1 de julio de 2002 7.
Desde los atroces atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, perpetrados por la organización terrorista Hamás y sus aliados, el Gobierno español no ha mostrado la misma dureza con los terroristas que con Israel, al que ha condenado en
repetidas ocasiones por
3 PRE-TRIAL CHAMBER I of the International Criminal Court issues this Decisión on the 'Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine', 05.02.21. Disponible [en línea]:
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_01165.PDF.
4 Judge Péter Kóvacs' Partly Dissenting Opinión, p.6. 05.02.21. Disponible [en línea]: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RelatedRecords/CR2021_01167.PDF.
5 Ibidem. p.6.
6 El señor Karim A.A. Khan, QC, Fiscal de la CPI, abre una investigación de la situación en Venezuela y concierta un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno. Disponible [en línea]:
https://www.icc-cpi.int/fr/news/le-procureur-de-la-cpi-m-karim-aa-khan-qc-ouvre-une-enquete-sur-la-situation-au-venezuela-et?lang=Spanish.
7 https://asp.icc-cpi.int/states-parties/westem-european-and-other-states/spain.
defenderse de una agresión del todo aborrecible. La prueba palmaria de ello es la felicitación de los terroristas por la postura 'clara y audaz' sobre Gaza 8.
A tal punto ha llegado el antisemitismo del gobierno presidido por Pedro Sánchez, que la Vicepresidente Segunda, Yolanda Díaz, negó el derecho a existir del Estado de Israel 9. Otro ejemplo palmario de este sentimiento antisraelí que domina
al Ejecutivo es la participación de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Regó, en la manifestación organizada por el Frente Popular para la Liberación de Palestina 'FPLP', organización considerada terrorista por la Unión Europea y, por ende,
también por España 10.
Tercero. Conclusiones
De lo mencionado supra se desprende que la investigación realizada por el Fiscal de la CPI dista mucho de ser imparcial o de responder a un sentimiento de justicia. Sobre todo, si se toman en consideración los argumentos citados por el juez
Kóvacs.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Manifestar su rechazo a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant y reconocer el derecho de
defensa que asiste al citado Estado.
2. Condicionar cualquier aportación económica del Estado español a la Corte Penal Internacional contempladas en los artículos 115 y 116 del Estatuto de Roma, a la retirada de las órdenes de detención contra el primer ministro del Estado de
Israel, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2024.-Ignacio Hoces Íñiguez, Alberto Asarta Cuevas, Carlos Flores Juberías y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinaclonal SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la integridad física y el cumplimiento del Derecho
Internacional en el caso de Jorge Glas, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos vienen mostrando su preocupación por la situación humanitaria del exvicepresidente de la República del Ecuador, Jorge David Glas Espinel, quién se encuentra recluido arbitrariamente desde
hace 8 meses en el Centro de Privación de Libertad Guayas 3, conocido como 'La Roca', una de las cárceles de máxima seguridad del país. Desde su ingreso en este centro, el pasado 5 de abril tras ser detenido en la sede de la Embajada de México en
Ecuador, el cuadro de salud física y mental de Jorge Glas ha sufrido un deterioro notable, por lo que
8 GARCÍA, Martín: 'Los terroristas de Hamás agradecen a Sánchez su ''postura clara y audaz'' sobre Gaza', La Razón, 25.11.23. Disponible [en línea]:
https://www.larazon.es/internacional/hamas-agradece-pedro-sanchez-postura-clara-audaz-guerra-gaza_202311256561fd22533bd200m f24b86.html.
9 https://www.voutube.com/watch?v=iPJ9M36OfhU
10 'La ministra de Juventud, en primera fila de la protesta propalestina organizada por terroristas', El Debate, 28.01.24. Disponible [en línea]:
https://www.eldebate.com/espana/20240128/ministra-juventudmarcha-protesta-propalestina-organizada-terroristas_170386.html.
su vida e integridad física corre un serio peligro en caso de prolongarse su situación. Especialmente preocupantes resultan las denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra Jorge Glas desde su detención.
A estas denuncias, se sumaría el pronunciamiento del pasado 14 de noviembre llevado a cabo por Alice Jill Edwards, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (respaldada por
el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados) instando al Gobierno de Ecuador a garantizar que el exvicepresidente Jorge Glas sea tratado
humanamente y con dignidad, advirtiendo que su situación puede ser potencialmente mortal. También ha solicitado información sobre las acciones tomadas para investigar y procesar las graves alegaciones de tortura.
El 28 de noviembre, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita Jorge Glas en 'La Roca' con el objetivo de constatar de manera directa las condiciones en que se encuentra Jorge Glas. Tanto su
defensa como el Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glas han reclamado que la CIDH amplíe las medidas cautelares que ya dictó en 2019 a favor de este, para que ordene a Ecuador su excarcelación y reconozca su estatus de asilado.
Es preciso recordar que, en un hecho sin precedentes, la noche del 5 de abril de 2024, Jorge Glas, quien se encontraba en calidad de asilado diplomático en la sede de la Embajada de México en Quito, fue detenido violentamente por fuerzas de
seguridad del Estado ecuatoriano bajo las órdenes de la máxima autoridad de ese país, el presidente Daniel Noboa.
La actuación del gobierno ecuatoriano, irrumpiendo en la sede de la Embajada de México, supone una clara vulneración de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares de 1964 que garantiza la inviolabilidad de las misiones
diplomáticas, la inmunidad de sus miembros y el respeto al derecho internacional.
Asimismo, en este caso existiría una violación flagrante al derecho al asilo desarrollado en la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo (Protocolo de Nueva York de 1967) y, específicamente, a la Convención de Caracas sobre Asilo
Diplomático de 1954, que prevé las circunstancias bajo las cuales un Estado puede extender protección diplomática vía asilo, señalándose -además- que tanto México como Ecuador son parte de esta convención.
Por último, cabría señalar que el Gobierno de México otorgó el asilo al Sr. Jorge Glas y, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, formalizó una solicitud al gobierno ecuatoriano para que se otorgue el respectivo 'salvoconducto'
para que Jorge Glas pueda ser trasladado a ese país; no obstante, esta solicitud ha sido negada oficialmente.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso expresa su preocupación por la situación humanitaria del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, recluido desde el pasado 5 de abril en la cárcel de máxima seguridad 'La Roca' de Ecuador e insta al Gobierno de Ecuador a
garantizar su integridad física, poniendo fin, con la mayor celeridad posible, a la grave situación en la que actualmente se encuentra, de acuerdo con el pronunciamiento de las Relatorías de Naciones Unidas.
2. El Congreso condena la actuación de las autoridades ecuatorianas el pasado 5 de abril, irrumpiendo violentamente en la sede de la Embajada de México con el objeto de detener a Jorge Glas y hace un llamamiento al cumplimiento del derecho
internacional, específicamente a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares de 1964, y a retomar las relaciones de concordia entre Ecuador y México.
El Congreso insta al Gobierno a:
3. Trasladar al gobierno de Ecuador, por los cauces oportunos, la preocupación por la situación humanitaria del exvicepresidente Jorge Glas e instar a que se garantice su integridad física.
4. Promover, tanto en el ámbito de las relaciones bilaterales como multilaterales, la mediación ante el gobierno del presidente Daniel Noboa, para que se autorice el salvoconducto solicitado por el gobierno de México para brindar la
protección internacional a Jorge Glas, en cumplimiento de la legalidad internacional.
5. Promover ante el Alto Comisionado para la promoción y la protección de todos los Derechos Humanos, la celeridad en las investigaciones y en Procedimientos Especiales, sobre el caso humanitario de Jorge David Glas, dando cumplimiento al
mandato de la Asamblea General de las Naciones, establecido en la Resolución n.º 48/141 de 20 de diciembre de 1993.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Agustín Santos Maraver y Teslem Andala Ubbi, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para solicitar la liberación inmediata
y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos españoles José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, detenidos irregularmente por el régimen de Nicolás Maduro, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La reciente detención de los ciudadanos españoles José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme en Venezuela es un claro ejemplo de la creciente represión que caracteriza al régimen de Nicolás Maduro, y pone de manifiesto las graves
violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el país desde que el chavismo llegó al poder.
Aunque el gobierno venezolano ha acusado a los dos jóvenes vascos de ser espías al servicio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de estar implicados en un complot para asesinar al presidente Maduro, no existen pruebas que avalen tales
acusaciones. Al contrario, tanto las familias de los detenidos como el Gobierno de España han desmentido tajantemente cualquier relación con actividades de espionaje o desestabilización política.
Esta detención se inscribe en un patrón más amplio de persecución a aquellos que se oponen al régimen de Maduro, o incluso a aquellos que simplemente se encuentran en el país con fines turísticos o comerciales, como es el caso estos dos
ciudadanos españoles. La acusación de espionaje, sin fundamentos claros, es utilizada por las autoridades venezolanas como una herramienta de represión política, un recurso comúnmente empleado por el régimen para silenciar a los disidentes y
mantener un control férreo sobre la sociedad.
Lo que está ocurriendo con estos ciudadanos es solo un ejemplo de la situación de vulnerabilidad que enfrentan miles de personas bajo el régimen autoritario de Maduro. Venezuela, bajo su gobierno, ha devenido en un Estado donde la legalidad
se ve constantemente socavada por decisiones arbitrarias, donde los juicios se politizan y los derechos humanos se convierten en una mercancía que se negocia o se ignora dependiendo de la conveniencia del régimen. En este sentido, las detenciones
de personas como Basoa y Martínez no son incidentes aislados, sino que es parte de una estrategia más amplia de represión contra la disidencia. Por ello, resulta imprescindible que los estados democráticos unas sus fuerzas y actúen denunciando la
situación ante la Corte Penal Internacional.
El régimen de Nicolás Maduro ha demostrado una y otra vez su indiferencia hacia los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las detenciones arbitrarias, los juicios sin garantías procesales, y la falta de acceso a un debido proceso
judicial son prácticas habituales que se suman a las violaciones de la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la protesta pacífica. Lejos de ser una anécdota aislada, la detención de José María Basoa Valdovinos y Andrés
Martínez Adasme es un reflejo de la situación que atraviesa el país en su conjunto.
Ante esta situación, el Gobierno de España tiene la responsabilidad de actuar con firmeza para proteger a sus ciudadanos y garantizar su libertad. La diplomacia española debe hacer todo lo posible para garantizar la liberación de José María
Basoa y Andrés Martínez Adasme y ejercer la presión necesaria sobre el régimen de Maduro para que se respeten sus derechos fundamentales.
En este contexto, el ejercicio de la protección diplomática y consular es una herramienta crucial, y es esencial que el Gobierno de España actúe para que los dos jóvenes detenidos vuelvan a nuestro país, donde pueden estar junto a sus
familias y vivir en un entorno de respeto a la ley y a los derechos humanos.
Sin embargo, la protección de los ciudadanos españoles no es suficiente si no va acompañada de una condena internacional al régimen de Nicolás Maduro y a las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se están llevando a cabo en
Venezuela. La comunidad internacional, a través de organizaciones como las Naciones Unidas y la Unión Europea, debe alzar su voz y exigir el fin de las persecuciones políticas, la liberación de los presos de conciencia y el respeto por la dignidad
humana en Venezuela.
Por ello, la postura de España debe ir más allá de la defensa de sus ciudadanos y convertirse en un llamado a la acción global contra un régimen que ha demostrado un total desprecio por los principios democráticos y los derechos humanos. No
puede haber espacio para la impunidad, ni para la normalización de la violación de derechos humanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Intervenir diplomáticamente ante el régimen de Nicolás Maduro para garantizar la liberación inmediata e incondicional de los ciudadanos españoles José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, quienes han sido detenidos
injustamente en Venezuela.
2. Denunciar públicamente las condiciones de represión y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que están teniendo lugar bajo el régimen de Nicolás Maduro, con especial énfasis en el uso de acusaciones infundadas de espionaje y
conspiración como justificación para la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros y opositores.
3. Reiterar su compromiso con la protección de sus ciudadanos en el extranjero, asegurando que se haga todo lo posible para que José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme regresen a España lo antes posible, y se respeten sus
derechos fundamentales en todo momento, así como la asistencia consular a la que tienen derecho mientras permanezcan en prisión.
4. Solicitar una condena internacional contra la política represiva del régimen de Nicolás Maduro, instando a la comunidad internacional, a través de organizaciones multilaterales como la ONU y la Unión Europea, a ejercer presión
diplomática para la liberación de los detenidos y la restauración del Estado de derecho en Venezuela.
5. Promover, en el marco de la Unión Europea y otros organismos internacionales pertinentes, la ampliación de las sanciones dirigidas a los altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo tanto un aumento del número de personas
sancionadas como el fortalecimiento de las restricciones existentes (congelación de activos, prohibición de viajes y limitaciones económicas), con el objetivo de presionar por el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos
en Venezuela.
6. Comprometerse a seguir de cerca la situación de todos los ciudadanos españoles detenidos en Venezuela, y a proporcionar todo el apoyo necesario a las familias de las víctimas de represalias políticas y judiciales, tal como se ha hecho en
otros casos similares, a través de la asistencia consular debida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en Irán, para
su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En Irán, dos años después del movimiento 'Mujer, Vida y Libertad', lema que las mujeres iraníes coreaban para protestar por el clima de opresión en el que viven en su país, la situación no ha mejorado.
El pueblo iraní, especialmente las mujeres siguen viviendo bajo el yugo de la represión brutal ejercida por las autoridades, en un clima de impunidad sistémica por los crímenes y por las continuas y flagrantes violaciones de sus derechos
humanos y libertades fundamentales.
El pasado 11 de septiembre de 2024, conmemoramos también el segundo aniversario de este movimiento de protesta, esencialmente formado por mujeres y adolescentes y que llevó al pueblo iraní a levantarse contra décadas de opresión y
discriminación por motivos de género.
Han sido dos años de erosión de los derechos humanos y libertades fundamentales, que van mucho más allá de la discriminación de las mujeres y las leyes sobre el uso obligatorio del hiyab, pues alcanza también a las minorías
étnico-religiosas, a los profesionales del mundo del derecho, a periodistas independientes, a activistas de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, y a cualquier grupo calificado como disidente por el régimen. La ofensiva contra los
derechos humanos se ha redoblado en intensidad, y las autoridades han emprendido esencialmente una guerra contra las mujeres y las niñas, reprimiendo cada vez con más violencia a quienes desafían las draconianas leyes sobre el uso obligatorio del
velo, y dictando un número creciente de condenas a muerte para silenciar la disidencia.
Las autoridades se siguen apoyando en estructuras heteropatriarcales para consolidar su poder. En Irán, esta alianza se manifiesta, una vez más, en el control del cuerpo de las mujeres. Mediante estrictas leyes sobre la vestimenta, en
particular la ley del velo obligatorio, y sanciones punitivas, pretenden que las mujeres sean moldeadas como cuerpos-objeto, escaparates para la propaganda que encarna la autoridad moral y política del régimen. La discriminación y exclusión de las
mujeres, viola gravemente un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos como es la igualdad y no discriminación, principio consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en tratados internacionales que Irán
ha ratificado y que por ello está obligado a cumplir
como la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, y lo debe hacer.
En la actualidad, según el Código Penal Islámico de Irán, todo acto considerado como 'ofensivo' para la moral pública es castigado con una pena de 10 días a 2 meses de prisión o 74 latigazos; esta es la pena que se aplica explícitamente a
las mujeres vistas en público sin velo y se aplica a niñas desde los nueve años, aunque en realidad se adelanta a los siete, edad en la que inician su educación elemental.
Las niñas, adolescentes y mujeres iraníes viven en contextos de arbitrariedad donde son cotidianamente amenazadas, insultadas, agredidas y abofeteadas, sufren golpes y porrazos antes de su detención. Estos hombres, se han arrogado la
prerrogativa de controlar a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.
Pero la discriminación y exclusión se está ampliando a todos los ámbitos, se les niega la entrada en los espacios públicos, se las expulsa de escuelas y universidades, se las despide de sus empleos por motivos tan arbitrarios como son su
manera de vestir, su manera de peinarse o de maquillarse.
Frente a todo esto, las autoridades no han llevado a cabo ninguna investigación penal efectiva, imparcial e independiente sobre estas graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos por las
autoridades iraníes. Tampoco se han investigado las violaciones sufridas durante las protestas nacionales de septiembre y diciembre de 2022 y después de ellas, incluido el uso masivo e ilegal de la fuerza y de armas de fuego por parte de las
fuerzas de seguridad, donde dispararon fusiles de asalto, pistolas de perdigones y botes de gas lacrimógeno contra los manifestantes, causando numerosas lesiones incapacitantes y el homicidio ilegítimo de cientos de manifestantes y transeúntes,
muchos de ellos menores de edad. Actualmente, se intenta silenciar a las familias de las víctimas de homicidios ilegítimos que buscan verdad y justicia, mediante detenciones arbitrarias, procesamientos injustos, amenazas de muerte y hostigamiento
implacable.
Las víctimas y sus familias aún no han recibido verdad, justicia ni reparación por los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios del Estado desde hace décadas. Aunque el
movimiento 'Mujeres, Vida, Libertad' es un poderoso recordatorio de que tantos iraníes siguen sufriendo las consecuencias de la brutal represión del gobierno.
Como parte de su implacable campaña para aplastar el poderoso movimiento por los derechos de las mujeres contra el velo obligatorio, que cobró impulso tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, y el movimiento 'Mujer, Vida, Libertad', las
autoridades lanzaron en abril de 2024 una nueva campaña a escala nacional denominada Plan Noor, lo que provocó un aumentado notablemente del número de patrullas de seguridad a pie, en motocicletas, en automóviles y en furgones policiales en lugares
públicos para imponer el uso obligatorio del velo. Esta represión se caracteriza por peligrosas persecuciones en coche para detener a conductoras en la carretera, incautaciones masivas de vehículos, encarcelamientos, flagelaciones y otros castigos
equivalentes a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La ofensiva sin cuartel contra las mujeres y niñas que reivindican sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión pacífica, religión, creencias y autonomía está siendo llevada a cabo por varios departamentos gubernamentales
encargados de hacer cumplir las degradantes y discriminatorias leyes iraníes sobre el velo obligatorio, Entre ellos se encuentran la policía de moralidad, la policía de tráfico, la fiscalía, los tribunales, el Ministerio de Inteligencia, la Guardia
Revolucionaria, incluidas sus fuerzas Basij, y agentes de paisano.
Además, el Parlamento iraní se dispone a aprobar un proyecto de ley de apoyo a la cultura de la castidad y el hiyab, con vistas a legalizar la implacable represión de las mujeres y niñas que desafían el uso obligatorio del velo.
A todo esto, desde hace dos años, el uso de la pena de muerte se ha duplicado: 2023 fue el año con mayor número de ejecuciones en los últimos ocho años. Las autoridades están utilizando este castigo como herramienta de represión para
aterrorizar a la población, en especial a la perseguida minoría étnica baluch, afectada de forma desproporcionada.
Estas ejecuciones se produjeron tras juicios sumarísimos y manifiestamente injustos, basados en confesiones obtenidas mediante tortura y malos tratos, incluida violencia sexual, que no se investigaron de forma independiente e imparcial.
En esta imparable escalada de violencia también se ha recurrido a la pena de muerte contra mujeres acusadas de motivos políticos. Asimismo, durante estos dos últimos años, las autoridades han negado sistemáticamente que funcionarios del
Estado sometieran a tortura y malos tratos, incluidas violación y otras formas de violencia sexual, a las personas detenidas durante las manifestaciones, incluidos menores de tan solo doce años, aunque hay denuncias e informes que indican lo
contrario.
Se podría decir, que Irán atraviesa una crisis sistémica de impunidad, donde los funcionarios del Estado sospechosos de ser responsables de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos siguen eludiendo la justicia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar condenando la creciente y sistemática represión que el gobierno de Irán ejerce sobre las mujeres adolescentes y niñas iraníes, a través de las leyes y normas que restringen gravemente sus libertades y derechos.
2. Continuar condenando en instancias internacionales y foros multilaterales las leyes y normas que discriminan a las mujeres y las niñas, y a las minorías y el uso de la represión y violencia sobre las mujeres y adolescentes, incluyendo a
las defensoras de los derechos humanos.
3. Instar a la República Islámica de Irán a cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados de derechos humanos de los que es parte.
4. Considerar la activación de los mecanismos de rendición de cuentas contenidos en los convenios internacionales jurídicamente vinculantes, con el objeto de poner fin a la impunidad de los perpetradores de violaciones de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas iraníes.
5. Continuar apoyando en el seno de la Unión Europea el movimiento 'Mujeres, Vida y Libertad', y animar a los Estados miembros de la Unión Europea a seguir apoyándolo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Sergio Gutiérrez Prieto y María Isabel Moreno Fernández, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de las Diputadas Teresa Jordà i Roura y Pilar Vallugera i Balañà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la racionalización del reparto del objetivo de déficit, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
En enero de 2025 entrarán en vigor las nuevas reglas fiscales en la Unión Europea. El gasto público extraordinario durante la COVID-19 llevó a una suspensión primero, y a un replanteamiento después, del marco presupuestario de los estados
miembros. El resultado
mantiene los principales umbrales de deuda y déficit público, pero introduce trayectorias diferenciadas para cada estado miembro y periodos más largos para cumplir con objetivos preestablecidos.
Si bien esta reintroducción reducirá el margen de maniobra de muchos estados, los retos a los que se enfrenta la sociedad europea seguirán estando presentes. La lucha contra el cambio climático se acelerará a medida que nos acercamos al
final de la década, como desgraciadamente nos ha mostrado con toda su crudeza el episodio de la DANA en el País Valencià. La ciudadanía también seguirá exigiendo que se creen puestos de trabajo de calidad, se haga política de vivienda y se consigan
salarios dignos. Es por esta necesidad de desplegar grandes inversiones y mantener niveles de gasto público adecuados que muchos estados de la UE no llevarán a cabo reducciones abruptas en el gasto público en los próximos años. Francia, Italia o
Bélgica, estados con niveles de endeudamiento parecidos en España, prevén para 2025 déficits superiores al 3 % marcado como objetivo por la Unión Europea.
En este contexto, el Gobierno español presentó en septiembre una senda de déficit donde prioriza reducir deuda pública por encima de financiar mejor los servicios públicos. A pesar de las últimas revisiones al alza del crecimiento de la
economía española, la propuesta rechazada en el Congreso reducía el objetivo de déficit para 2025 del 2,7 % al 2,5 % sobre el PIB respecto a la propuesta anterior. Esta propuesta no atiende a la necesidad de reforzar los servicios públicos en
Catalunya ni en el Estado, donde las tasas de riesgo de pobreza son todavía superiores al periodo pre-COVID.
La propuesta tampoco mejora la situación de infrafinanciación para comunidades autónomas o ayuntamientos. El gran grueso del déficit se reserva para la administración central, mientras que se exige equilibrio fiscal a las administraciones
locales y se permite tan solo un 0,1 % de déficit a las comunidades autónomas.
El Estado sigue recentralizando los recursos de Catalunya y exigiendo responsabilidad fiscal a los gobiernos que prestan buena parte de servicios públicos a la ciudadanía, incluidos los de sanidad, educación y servicios sociales. Lo hace
contraviniendo, además, posicionamientos reiterados por parte del Parlamento de Catalunya. En 2014 una mayoría de la cámara aprobó una propuesta de resolución instando al Estado a poner en valor esta prestación de servicios públicos y exigiendo un
reparto equitativo del déficit público. Si se cumpliera este acuerdo, las administraciones locales, autonómicas y estatales podrían registrar déficits cada una de ellas por encima del 0,8 % en 2025 en el supuesto de techo de déficit planteado por
el Gobierno de España en el mes de septiembre.
Si, por el contrario, vinculáramos el margen de déficit al gasto público efectuado durante la década 2010-2019, la administración central se quedaría con el 1,3 % de flexibilidad respecto al objetivo de déficit. En cambio, las comunidades
autónomas se situarían en el 0,7 % y los ayuntamientos en el 0,25 %, también por encima del 0,1 % y 0 actuales. Hay que recordar que cada punto porcentual de déficit supone para la Generalitat recursos adicionales de casi 300 millones de euros.
Esta política recentralizadora del Estado se suma al grave incumplimiento de inversiones en Catalunya. En 2023 el Estado invirtió tan solo el 45 % de lo presupuestado en Catalunya, el nivel más bajo de todas las comunidades autónomas. En
el caso de las infraestructuras ferroviarias esta cifra baja hasta el 24 %.
El cumplimiento del pacto para una financiación singular es clave para que Catalunya disponga de recursos para financiar un Estado del bienestar digno para su ciudadanía y todas las inversiones necesarias para hacer frente al cambio
climático. El acuerdo pactado da a la Generalitat la clave de la caja para gestionar y recaudar todos los tributos y disponer de plena capacidad normativa. También fija un calendario claro para 2025 y 2026. La financiación singular es necesaria
acabar con un défìcit fiscal situado en más de 21.000 millones de euros en 2021, que suponen un 9,6 % del PIB catalán y cerca de la mitad de los recursos de la Generalitat de Catalunya.
Pero, además, hay que exigir que el Estado levante el ahogamiento fiscal al que somete también al mundo local. En el peor momento de la austeridad, el Estado introdujo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que
limitaba el uso de
remanentes de tesorería contabilizándolos en el cálculo del techo de gasto del año siguiente. Esta prohibición de utilizar los recursos generados por la propia administración local en años de superávit impide llevar a cabo políticas
expansivas en todo tipo de ámbitos. Es urgente modificar este marco normativo que volverá a estar en vigor con la reanudación de las reglas fiscales de la UE el próximo mes de enero.
En el caso de Catalunya estas condiciones se agravan por tener las administraciones locales peor financiadas del Estado. Mientras se transfieren 473 por habitante a Catalunya, el Estado financia los ayuntamientos de Aragón con 796 por
habitante, con 673 a los de Extremadura o con 676 a los de Castilla y León.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Reconocer la financiación insuficiente de los entes locales, que impide poder atender las necesidades de la ciudadanía, y reivindicar la necesidad de un nuevo modelo de financiación que asegure el cumplimiento del principio de
suficiencia financiera. Este modelo debe corregir la infrafinanciación que sufren particularmente las administraciones locales en Catalunya.
2. Instar la modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el objetivo de flexibilizar la regla de gasto y excluir del cómputo del déficit las inversiones de los
ayuntamientos financiadas a cargo del remanente de tesorería.
3. Situar el incremento del techo de gasto del Estado español para 2025 por encima del 3,2 % previsto en la última propuesta aprobada por el Consejo de Ministros. Hay que apostar, en el marco de los objetivos de estabilidad 2025-2027, por
una política fiscal expansiva para garantizar la financiación de un Estado del Bienestar digno, dar respuesta a las personas afectadas por la DANA y financiar las inversiones en descarbonización pendientes.
4. Proponer unos límites de déficit a la Generalitat de Catalunya de al menos el 0,7 % y a los ayuntamientos de al menos el 0,25 %, proporcionales al gasto público efectuado durante la década pasada por los diferentes niveles de
administración.
5. Acelerar el cumplimiento de los compromisos del PSC-PSOE en materia de financiación singular para acabar con el déficit fiscal en Catalunya y en línea con el calendario pactado, haciendo posible la mejora de la calidad de los servicios
públicos sin incrementar la injusta deuda con el Estado y revirtiendo los incumplimientos en materia de inversiones.
6. Incluir a la Generalitat de Catalunya en los procesos de co-decisión de los objetivos de déficit con las instituciones europeas, en proporción al peso cualitativo y cuantitativo de los servicios públicos e inversiones que la Generalitat
ejecuta y de acuerdo con ejemplos comparados a nivel europeo como el caso de Bélgica, donde existen mecanismos para que gobiernos no estatales incidan en el diseño conjunto de la senda de déficit.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2024.-Gabriel Rufián Romero, Teresa Jordà i Roura y Pilar Vallugera Balañà, Portavoces del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés de Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància de les diputades Teresa Jordà i Roura i Pilar Vallugera i Balañà, a l'empara del que s'estableix a l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei
sobre la racionalització del repartiment de l'objectiu de dèficit per al seu debat a la Comissió d'Hisenda i Funció Pública.
Exposició de motius
El gener de 2025 entraran en vigor les noves regles fiscals a la Unió Europea. La despesa pública extraordinària durant la COVID-19 va dur a una suspensió primer, i a un replantejament després, del marc pressupostari dels estats membres.
El resultat manté els principals llindars de deute i dèficit públic, però introdueix trajectòries diferenciades per a cada estat membre i períodes més llargs per complir amb objectius preestablerts.
Si bé aquesta reintroducció reduirà el marge de maniobra de molts estats, els reptes als quals s'enfronta la societat europea hi seguiran sent presents. La lluita contra el canvi climàtic s'accelerarà a mesura que ens acostem al final de la
dècada, com malauradament ens ha mostrat amb tota la seva cruesa l'episodi de la DANA al País Valencià. La ciutadania també seguirà exigint que es creïn llocs de treball de qualitat, es faci política d'habitatge i s'aconsegueixin salaris dignes.
És per aquesta necessitat de desplegar grans inversions i mantenir nivells de despesa pública adequats que molts estats de la UE no duran a terme reduccions abruptes en la despesa pública els propers anys. França, Itàlia o Bèlgica, estats amb
nivells d'endeutament semblants a Espanya, preveuen per al 2025 dèficits superiors al 3 % marcat com a objectiu per la Unió Europea.
En aquest context, el Govern espanyol va presentar al setembre una senda de dèficit on prioritza reduir deute públic per sobre de finançar millor els serveis públics. Malgrat les darreres revisions a l'alça del creixement de l'economia
espanyola, la proposta rebutjada al Congrés reduïa l'objectiu de dèficit pel 2025 del 2,7 % al 2,5 % sobre el PIB respecte la proposta anterior. Aquesta proposta no atén a la necessitat de reforçar els serveis públics a Catalunya ni a l'Estat, on
les taxes de risc de pobresa són encara superiors al període pre-COVID.
La proposta tampoc millora la situació d'infrafinançament per a comunitats autònomes o ajuntaments. El gran gruix del dèficit es reserva per a l'administració central, mentre que s'exigeix equlibri fiscal a les administracions locals i es
permet tan sols un 0,1 % de dèficit a les comunitats autònomes.
L'Estat segueix recentralitzant els recursos de Catalunya i exigint responsabilitat fiscal als governs que presten bona part de serveis públics a la ciutadania, inclosos els de sanitat, educació i serveis socials. Ho fa contravenint, a més,
posicionaments reiterats per part del Parlament de Catalunya. El 2014 una majoria de la cambra va aprovar una proposta de resolució instant a l'Estat a posar en valor aquesta prestació de serveis públics i exigint un repartiment equitatiu del
dèficit públic. Si es complís aquest acord, les administracions locals, autonòmiques i estatals podrien registrar cada una dèficits per sobre del 0,8 % el 2025 en el supòsit de sostre de dèficit plantejat pel Govern d'Espanya al mes de setembre.
Si, per contra, vinculéssim el marge de dèficit a la despesa pública efectuada durant la dècada 2010-2019, l'administració central es quedaria amb l'1,3 % de flexibilitat respecte l'objectiu de dèficit. En canvi, les comunitats autònomes es
situarien al 0,7 % i els ajuntaments al 0,25 %, també per sobre del 0,1 % i el 0 actuals. Cal recordar que cada punt percentual de dèficit suposa per a la Generalitat recursos addicionals de gairebé 300 milions d'euros.
Aquesta política recentralitzadora de l'Estat es suma a l'incompliment d'inversions a Catalunya. El 2023 l'Estat va invertir tan sols el 45 % del pressupostat a Catalunya, el nivell més baix de totes les comunitats autònomes. En el cas de
les infraestructures ferroviàries aquesta xifra baixa fins al 24 %.
El compliment del pacte per a un finançament singular és clau perquè Catalunya disposi de recursos per finançar un Estat del benestar digne per a la seva ciutadania i totes les inversions necessàries per fer front al canvi climàtic. L'acord
pactat dona a la Generalitat
la clau de la caixa per gestionar i recaptar tots els tributs i gaudir de plena capacitat normativa. També fixa un calendari clar per al 2025 i 2026. El finançament singular és necessari acabar amb un dèfìcit fiscal situat en més de 21.000
milions d'euros el 2021, que suposen un 9,6 % del PIB català i vora la meitat dels recursos de la Generalitat de Catalunya.
Però, a més, cal exigir que l'Estat aixequi l'ofegament fiscal al què sotmet també al món local. En el pitjor moment de l'austeritat, l'Estat va introduir la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que limitava l'ús de
romanents de tresoreria comptabilitzant-los en el càlcul del sostre de despesa de l'any següent. Aquesta prohibició de fer servir els recursos generats per la pròpia administració local en anys de superàvit impedeix dur a terme polítiques
expansives en tot tipus d'àmbits. És urgent modificar aquest marc normatiu que tornarà a estar en vigor amb la represa de les regles fiscals de la UE el proper mes de gener.
En el cas de Catalunya aquestes condicions s'agreugen per tenir les administracions locals més mal finançades de l'Estat. Mentre es transfereixen 473 per habitant a Catalunya, l'Estat envia als ajuntaments de l'Aragó 796 per habitant,
673 als d'Extremadura o 676 als de Castella i Lleó.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a:
1. Reconèixer el finançament insuficient dels ens locals, que impedeix poder atendre les necessitats de la ciutadania, i reivindicar la necessitat d'un nou model de finançament que asseguri el compliment del principi de suficiència
financera. Aquest model ha de corregir l'infrafinançament que pateixen particularment les administracions locals a Catalunya.
2. Instar la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27, d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb l'objectiu de flexibilitzar la regla de despesa i excloure del còmput del dèficit les inversions dels
ajuntaments finançades a càrrec del romanent de tresoreria.
3. Situar l'increment del sostre de despesa de l'Estat espanyol per a 2025 per sobre del 3,2 % previst en la darrera proposta aprovada pel Consell de Ministres. Cal apostar, en el marc dels objectius d'estabilitat 2025-2027, per una
política fiscal expansiva per garantir el finançament d'un Estat del Benestar digne, donar resposta a les persones afectades per la DANA i finançar les inversions en descarbonització pendents.
4. Proposar uns límits de dèficit a la Generalitat de Catalunya d'almenys el 0,7 % i als ajuntaments d'almenys el 0,25 %, proporcionals a la despesa pública efectuada durant la dècada passada pels diferents nivells d'administració.
5. Accelerar el compliment dels compromisos del PSC-PSOE en matèria de finançament singular per acabar amb el dèficit fiscal a Catalunya i en línia amb el calendari pactat, fent possible la millora la qualitat dels serveis públics sense
incrementar l'injust deute amb l'Estat i revertint els incompliments en matèria d'inversions.
6. Incloure a la Generalitat de Catalunya en els processos de co-decisió dels objectius de dèficit amb les institucions europees, en proporció al pes qualitatiu i quantitatiu dels serveis públics i inversions que la Generalitat executa i
d'acord amb exemples comparats a nivell europeu com el cas de Bèlgica, on existeixen mecanismes perquè governs no estatals incideixin en el disseny conjunt de la senda de dèficit.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de desembre de 2024.-Pilar Vallugera Balañà, Diputada.-Gabriel Rufián Romero y Teresa Jordà i Roura, Portaveus del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conexión Barcelona-Madrid-Extremadura-Lisboa, para su debate
en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Recientemente, la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, formada por 25 organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas de España y Portugal, ha propuesto un esquema de servicio sobre el eje Barcelona-Madrid-Extremadura-Lisboa para 2025
basado en 8 trenes por sentido.
La propuesta expone que con los trenes de los que se dispone actualmente se pueden alcanzar tiempos de viaje en trenes diurnos de sólo 5 horas, entre Madrid y Lisboa, y de 8 h con la conexión a Barcelona. La Alianza Ibérica propone 2
servicios diarios por sentido entre Madrid y Lisboa. Asimismo, proponen un servicio nocturno entre Barcelona y Lisboa, con paso por Madrid (previa parada en Zaragoza y Tarragona) y Extremadura, que podría llegar a Lisboa a las 7:40 h, saliendo de
Madrid a las 23h y de Barcelona a las 19 h. Se realizaría para ello un cambio de ejes (continuando por la vía convencional de ancho ibérico) en Atocha.
Esta propuesta aprovecha la apertura de secciones ferroviarias nuevas entre Plasencia y Badajoz (frontera portuguesa), y entre Elvas (frontera portuguesa) y Évora. Adicionalmente, este proyecto requeriría la ampliación de los Alvia entre
Madrid y Badajoz de los actuales 2 a 3, y la creación de otros 2 servicios regionales por sentido entre Badajoz y Lisboa.
En total, se crearían 6 servicios nuevos por sentido que se suman a los dos Alvia existentes entre Madrid y Badajoz, alcanzando los 8 trenes por sentido propuestos para el eje Barcelona-Madrid-Extremadura-Lisboa.
La iniciativa parte de las recientes informaciones acerca del hecho de que la relación hasta Portugal no estará lista hasta 2035, como mínimo. Esta noticia ha suscitado respuestas y proyectos de funcionamiento alternativos, que consigan
reconectar Madrid y Barcelona con Lisboa a través de la ruta de Extremadura.
Otro de los argumentos que justifican la propuesta es el medioambiental. Se puede observar la popularidad de las rutas entre Barcelona y París y entre Barcelona y Sevilla, con tiempos de viaje similares. Es perfectamente previsible que la
oferta ferroviaria que se presenta resulte a su vez muy propensa a llenar trenes entre Madrid, Extremadura y Lisboa y en algún caso también desde Barcelona. Por supuesto, llenar trenes, significa emisiones cero, grandes ahorros económicos y
energéticos, y una minimización de los accidentes. Esta ventaja se muestra especialmente relevante con la proximidad del Mundial de Fútbol en 2030, en el que la movilidad éntre España y Portugal estará en el punto de mira internacional.
Cabe destacar, finalmente, que el ferrocarril es el sistema por excelencia para vertebrar los territorios y la movilidad de sus gentes, en clave regional para trayectos recurrentes y de más longitud para viajes generalmente puntuales. El
suroeste de la península ibérica debe beneficiarse también de todas las ventajas y la vertebración territorial que ofrece dicha alternativa de transporte.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
Impulsar el proyecto de servicio sobre el eje Barcelona-Madrid-Extremadura-Lisboa, con la adición de seis servicios nuevos en las condiciones anteriormente expuestas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Juan Antonio Valero Morales y Júlia Boada Danés, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de aparcamiento para bicicletas en edificaciones
públicas, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
El Pacto Verde Europeo incorpora un conjunto de iniciativas políticas las cuales tienen como objetivo lograr un espacio europeo climáticamente neutral para el año 2050. Entre estas iniciativas, el fomento de la movilidad sostenible se
presenta como una de las principales prioridades a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el transporte.
Para ello, se debe promover la inclusión de medidas que faciliten y aumenten el uso de transporte limpio y eficiente, logrando una reducción de emisiones, una mejora en la calidad del aire y un avance hacia el desarrollo sostenible. Todo
ello es, precisamente, lo que se pretende con la regulación de la Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios. La mayoría de las modificaciones que
introduce esta directiva promueven la movilidad ecológica y pretenden incorporar medidas para el uso de medios de transporte sostenibles, que deben fomentarse por parte de todos los estados miembros. Es fundamental que estas exigencias europeas se
incorporen a los códigos de construcción y edificación nacionales, en este caso, al Código Técnico de Edificación en España.
De este modo, la falta de un espacio habilitado para el correcto aparcamiento de vehículos ecológicamente responsables supone un importante impedimento para su uso. Por ello, uno de los objetivos principales en la transposición de la
directiva es incluir la obligación de crear espacios de aparcamiento para bicicletas en las edificaciones.
Adicionalmente, la creación de carriles bici en vías que actualmente no cuentan con esta infraestructura es un paso fundamental y complementario a la habilitación de aparcamiento para bicicletas ya que, no solo se debe garantizar un espacio
para su correcto estacionamiento, sino también vías apropiadas en las que puedan desplazarse. Además, la construcción de dichos carriles garantiza un entorno más seguro para los ciclistas, reduciendo el riesgo de accidentes de tráfico y fomentando
su uso como medio de transporte diario.
La directiva citada anteriormente regula, en su artículo 14, una serie de condiciones para garantizar una infraestructura más sostenible. Dentro de estos requisitos se encuentran, tanto la instalación de cableado necesario para la recarga
de vehículos eléctricos, como la creación de infraestructura para el correcto aparcamiento de bicicletas. En la exposición de motivos de la directiva se especifica que, el hecho de garantizar plazas de aparcamiento para bicicletas, no se hará en
base a la previa existencia o disponibilidad de plazas para automóviles. De este modo, los estados miembros quedarán obligados a autorizar la creación de estacionamientos de bicicletas, aun en aquellos edificios residenciales que no cuenten con
parking para coches. Así, se deberá disponer de un mínimo de dos plazas para bicicletas por cada edificio residencial.
En el caso de edificaciones no residenciales, se deberán establecer áreas para bicicletas en función de la capacidad media o total de usuarios, siempre y cuando estos edificios contasen previamente con un mínimo de cinco plazas para
automóviles. Por tanto, en las edificaciones no residenciales no se desvincula el aparcamiento para bicicletas de la previa disponibilidad para coches.
Concretamente, el artículo 14 regula la instalación de infraestructura para bicicletas en función del tipo de edificación del que se trate y de la capacidad total y media de usuarios que puedan ocupar el edifico. En cuanto a los edificios
propiedad de organismos públicos u ocupados por los mismos, la directiva no hace mención a la obligatoriedad de crear los mencionados aparcamientos, solo aludiendo a la instalación de precableado para la carga eléctrica.
La problemática radica en la ausencia de regulación de aparcamientos ciclistas en edificaciones públicas ya existentes. Como se desprende del artículo 14, la redacción únicamente exige la construcción de plazas para bicicletas a edificios,
tanto residenciales como no residenciales, nuevos u objeto de renovaciones importantes.
Asimismo, la directiva también omite incidir en la necesidad de crear zonas de aparcamiento para bicicletas en estaciones de trenes y terminales de autobuses con el fin de aumentar la accesibilidad al transporte público. El no disponer de
la adecuada infraestructura para el estacionamiento de bicicletas, supone un importante obstáculo a la hora de fomentar la intermodalidad, pues dificulta que los usuarios puedan combinar distintas formas de transporte eficiente.
Es necesario, por tanto, una trasposición más ambiciosa; incluyendo una medida para los edificios públicos semejante a la regulación de los edificios de nueva construcción, un aumento de los carriles bici disponibles y la creación de
aparcamientos para bicicletas en estaciones de trenes y autobuses.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio con el objetivo de la implementación de aparcamientos para bicicletas en todos los edificios públicos o empleados por servicios públicos existentes, así como en las principales estaciones de trenes y las terminales de
autobuses.
2. Fomentar e interceder con las administraciones competentes el establecimiento de carriles bici adicionales en las vías que no dispongan de ellos actualmente.
3. Continuar fomentando el transporte público y aumentando la financiación destinada al establecimiento de más líneas, con menores tiempos de espera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001584
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el acceso de las
ciudades de Lugo y de Ferrol a la alta velocidad, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La alta velocidad, que ya tiene un largo recorrido en España, llegó a Galicia en 2021 con la puesta en marcha de la línea Ourense-Madrid. Desde mayo de 2024 también Santiago, Vigo, Pontevedra y A Coruña están conectadas con la Alta
Velocidad.
Este hecho constituye una importante mejora en los servicios ferroviarios que permite conectar los territorios y a los ciudadanos de una manera más rápida, eficiente y segura, tras más de dos décadas de obras y un largo camino de
reivindicación política y social de esta infraestructura. La realidad es que las ciudades de Lugo o Ferrol siguen excluidas de la modernización de sus trayectos para conectar las ciudades con la Alta Velocidad porque la infraestructura actual no
permite circular los trenes Avril.
Esta falta de inversiones, además de un agravio, implica una pérdida de oportunidades desde el punto de vista social, económico y de asentamiento de nuevas empresas. Para corregir esta situación, es fundamental implementar las actuaciones
precisas para modernizar las infraestructuras ferroviarias actuales y permitir la llegada de la Alta Velocidad y la reducción de tiempos entre ciudades.
Mientras que el tiempo de viaje para recorrer los 600 km entre Coruña y Madrid se reduce a 3 horas y 36 minutos, todavía se necesitan 1 hora y 20 minutos para recorrer los 60 km que separan Ferrol de A Coruña, o 2 horas y 10 minutos en
recorrer los 90 Km que separan a Lugo y Ourense. Tiempos que suponen el doble de hacerlo en vehículo privado.
Desde hace muchos años, tanto el tejido social como el empresariado de estas dos ciudades y de Galicia, todas las fuerzas políticas y la Xunta de Galicia vienen reclamando la mejora de las comunicaciones ferroviarias, ya que de lo contrario
no se completará ni el Eje Atlántico de Alta Velocidad ni el Corredor de Transporte de Mercancías.
En abril del 2023 el Parlamento Europeo acordó solicitar a la Comisión Europea la inclusión del eje ferroviario Ferrol-A Coruña-Lugo-Monforte dentro de la Red Transeuropea de Transporte. Para ello el Gobierno de España tendría que hacer la
solicitud e incluirlo dentro de su hoja de ruta la modernización de estas líneas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Realizar las inversiones necesarias para la licitación y ejecución del proyecto y las obras para la modernización del ferrocarril Ferrol-Coruña así como garantizar la alta velocidad a las ciudades de Lugo y Ferrol.
2. Solicitar a la Comisión Europea la inclusión del eje ferroviario Ferrol-Coruña- LugoMonforte dentro de la Red Básica Transeuropea de Transporte.
3. Firmar con la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ferrol el convenio para la construcción de la estación intermodal de Ferrol, la única no iniciada de las 7 ciudades gallegas a pesar del anteproyecto existente, que también permite
disponer de la playa de vias necesaria para el Corredor de Mercancías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Cristina Abades Martínez, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Marta González Vázquez, Tristana Moraleja Gómez, Álvaro Pérez López, Juan Andrés Bayón Rolo,
Celso Luis Delgado Arce, Irene Garrido Valenzuela, Pedro Puy Fraga, Rosa Quintana Carballo y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la dislexia en las aulas, para su debate en la Comisión de
Educación, Formación Profesional y Deportes.
La dislexia es definida por la Asociación Internacional de Dislexia como una 'Dificultad Específica de Aprendizaje de origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de
palabras (escritas) y por un déficit en las habilidades de decodificación (lectora) y deletreo'. Estas dificultades son consecuencia de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y se presentan de manera inesperada, ya que otras
habilidades cognitivas se desarrollan con normalidad y la instrucción lectora es adecuada. Como consecuencias secundarias, además, pueden presentarse dificultades en la comprensión lectora, lo que puede obstaculizar el incremento del vocabulario y
del conocimiento general.
El término Dificultad Específica de Aprendizaje, es un término general que hace referencia a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de las habilidades de escucha, habla, lectura,
escritura, razonamiento o cálculo. Estos trastornos son intrínsecos a los individuos, presuntamente debidos a una disfunción en el sistema nervioso central y pueden tener lugar a lo largo del ciclo vital. Dentro de estos, la dislexia es un
trastorno específico que puede aparecer junto a otros, de origen neurobiológico, ligado al lenguaje y afectando a la ejecución lectora.
Se estima que el 10 % de la población mundial tiene dislexia y que, en España, el porcentaje de alumnos con dislexia se calcula en tomo al 6 % de niñas y niños por aula, es decir, que una clase de 25 niñas y niños existen uno o dos con
dislexia. Esto se traduce en más de 800.000 niños y niñas con dislexia en nuestro país. Sin embargo, el alumnado diagnosticado con dicha dificultad específica de aprendizaje es mucho menor (a pesar de que los diagnosticados han aumentado un 16 %
en el último año).
Esta condición les hace ser vulnerables y genera desigualdad con el resto de las personas que no presentan esta dificultad. Por ello, en la educación obligatoria y en la no obligatoria, el alumnado con dislexia tiene adaptaciones en el aula
y en los exámenes. Así mismo, en las distintas universidades se contemplan adaptaciones con seguimiento de los departamentos de atención a la diversidad. Estas adaptaciones compensan las dificultades inherentes y persistentes. Sin embargo, muchos
niños y niñas no reciben estas adaptaciones porque no son diagnosticados de forma temprana y afrontan todas las etapas educativas sin ellas.
Además, esta falta de diagnóstico temprano o diagnóstico tardío de la dislexia puede derivar en abandono escolar y en problemas de autoestima y salud mental. Para evitarlo son necesarios cribados universales de niños y niñas para detectar
dificultades y actuar a tiempo. De hecho, la dislexia se suele detectar en el tercer curso de Primaria o en la segunda mitad del segundo curso, a los ocho o nueve años. El problema es que cuando se diagnostica ya es más difícil afrontar las
consecuencias del retraso en la aplicación de medidas específicas. Para evitarlo se ha de insistir en la importancia de la detección precoz de estos déficits, antes de que puedan derivar en otros tipos de problema. Ante la duda es recomendable la
derivación hacia el equipo de orientación del colegio: logopeda o el psicopedagogo. Nunca hay que perder de vista la presencia de una dislexia en todos aquellos niños y niñas calificados de inmaduros.
De esta forma, el principal problema es el infradiagnóstico de los trastornos de aprendizaje que genera una diferencia en el rendimiento académico de alumnado que, simplemente, aprende de forma diferente.
Otro problema es que, una vez identificado el alumnado con dislexia, no se aplican los ajustes o adaptaciones de forma regular y estandarizada. En unos casos, se espera al fracaso escolar para aplicar medidas de atención a la diversidad (en
vez de hacerlo de manera preventiva, como marca la ley) y en otros, se aplican medidas educativas extraordinarias antes de las ordinarias (usándose los recursos educativos inadecuadamente).
Tampoco se hacen las suficientes evaluaciones psicopedagógicas en los centros educativos, por lo que las familias tienen que costearlas, siendo un factor añadido de brecha social con las familias más vulnerables.
Sin las medidas adecuadas, el alumnado con dislexia se encuentra en situación de desventaja, desigualdad, falta de inclusión y pobreza educativa, no teniendo las mimas oportunidades para alcanzar su máximo desarrollo.
Un sistema educativo plenamente inclusivo y de calidad tiene que garantizar la atención de cada alumna y alumno según su realidad personal y social, lo que significa, entre otros aspectos, que las medidas organizativas, las curriculares y la
dotación de recursos, se adapten a lo que cada uno necesite. Y para que ello sea así, la Administración Educativa y la comunidad escolar debe promover las actuaciones que permitan conocer y comprometer cómo aprende cada alumno, cómo expresa sus
sentimientos, cómo interactúa y cuáles son sus intereses y su nivel de desarrollo.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. El desarrollo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, de un plan integral sobre la dislexia en el aula.
2. Extender y reforzar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, los departamentos de orientación psicoeducativa en todos los centros escolares públicos.
3. Impulsar la cooperación con las Comunidades Autónomas, para la detección e intervención precoces del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo como es el alumnado con dislexia.
4. Promover la cooperación con las comunidades autónomas para la revisión de protocolos y guías de actuación en todos los centros escolares públicos en la atención al alumnado con trastornos de aprendizaje, entre ellos la dislexia.
5. Contemplar un procedimiento para que el alumnado con el trastorno de aprendizaje de dislexia pueda beneficiarse de las becas que se orientan al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Juan Antonio Valero Morales y Nahuel González López, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Industria y Turismo
161/001555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de
la industria textil sostenible, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Para analizar las tendencias en materia de sostenibilidad en el sector de la moda se tiene que atender necesariamente al impacto social, al impacto económico y, por supuesto, al impacto ambiental.
Según los datos aportados por el Ministerio de Industria y Turismo, el sector textil y de confección supone el 8,37 % de empresas del Estado español y ocupa a un 3,82 % de los trabajadores en activo.
En Catalunya, existen alrededor de 4.000 empresas del sector industrial textil, según datos de CooperaTéxtil, que emplean a más de 64.000 personas en distintas especializaciones (lana, calzado, cuero...). El sector factura unos 14.500 M,
por lo tanto, se trata de un sector puntero a nivel económico y social.
Con todo, el textil es uno de los sectores que genera mayores cantidades de gases de efecto invernadero por unidad de material producido, por encima de los plásticos o el papel.
Según la Agencia Europea de Medioambiente, el sector textil fue la tercera fuente de degradación del agua y del uso del suelo, es responsable del 20 % de la contaminación mundial de agua potable y del 10 % de las emisiones mundiales de
carbono, más que los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados.
Se ha de tener presente que únicamente en el Estado español se generan 890.244.000 kg de residuos textiles al año, de los cuales se recicla o reutiliza un tímido 11 %. En Catalunya,
los datos muestran que se tiran más de 147.000 toneladas de ropa y solamente se recicla un 12 %.
Por lo tanto, el futuro inmediato de la industria textil pasa ineludiblemente por realizar un giro hacia la sostenibilidad. Es decir, pasa por conseguir un equilibrio entre el desarrollo económico, el bienestar social y la protección del
medio ambiente.
El contexto actual implica que los decisores políticos empiecen a abordar la problemática con menos tapujos y dibujen una estrategia a seguir.
Un ejemplo es la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la Estrategia por la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles, también conocida como Pacto Textil 2030, presentada por la Comisión Europea en 2022.
Por otro lado, en enero de 2022 se puso en marcha el Pacte per la Moda Circular de Catalunya, cuyo principal objetivo es la industrialización de la cadena de valor del textil reciclado post-consumo.
Ya en el momento de su nacimiento se unieron más de 55 entidades y empresas, así como la patronal Pimec, y algunos de los mayores gestores de textil.
Esta iniciativa funciona a través de las subvenciones de fomento de la Economía Circular por parte de la Agéncia de Residus de Catalunya y coordina los esfuerzos de todos los agentes de la cadena de valor del textil para que hagan posible la
transformación hacia un modelo circular.
Es necesario también que estos cambios políticos se apoyen en cambios en los patrones de consumo de la ciudadanía. Este pasado marzo, la empresa internacional de investigación de mercado KANTAR, publicó cifras que señalaban que el 38,7 % de
los consumidores consideraban que la moda es un sector que perjudica al medio ambiente. Los consumidores empiezan también a demandar prendas hechas con materiales reciclados, aunque solo un 31 % está dispuesto a pagar el sobrecoste que ello supone,
según los datos de la investigación citada.
La ciudadanía se inclina por retailers cuya propuesta se base en la asequibilidad, que son en su mayoría agentes low cost. Agentes que están muy lejos de la sostenibilidad.
Asumiendo el reto de la sostenibilidad y siendo conscientes de la realidad de las tendencias de consumo actual, es necesario que los gobiernos pongan recursos en apoyar a la industria textil. El objetivo final es un sector textil
comprometido con la sostenibilidad en sus distintas declinaciones, preparado para afrontar los retos y necesidades de las nuevas generaciones.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Apoyar financieramente las estrategias como el Pacte per la Moda Circular de Catalunya para incrementar la durabilidad y reciclabilidad de la ropa, aumentar el porcentaje de material textil reciclado incorporado a los productos y reducir
el uso de materiales nocivos.
2. Impulsar las reformas legislativas necesarias en el ámbito competencial de la Administración General del Estado para asegurar la transparencia en el etiquetado de los productos, con especial atención a la trazabilidad, el origen de
fabricación del producto y a su impacto ambiental.
3. Apoyar a los municipios para que puedan establecer un modelo de contratación de recogida textil que incentive la recogida selectiva y la reutilización.
4. Modificar, en un plazo de 6 meses, el artículo 11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para incluir la posibilidad de que los gastos relativos a la generación y recogida de
residuos puedan ser sufragados con el recargo de la tasa turística municipal.
5. Adoptar las actuaciones necesarias para alinearse con el ODS 12 y apoyar los distintos pactos que desarrollen el resto de administraciones públicas en ese mismo sentido en el ámbito de sus respectivas competencias.
6. Crear las condiciones políticas y económicas necesarias para la relocalización de empresas, la creación de clústeres textiles, la incentivación de la formación y la creación de ocupación estable y de calidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per el foment de la
indústria tèxtil sostenible per al seu debat a la Comissió d'Indústria i Turisme.
Exposició de motius
Per analitzar les tendéncies en matéria de sostenibilitat en el sector de la moda s'ha d'atendre necessáriament l'impacte social, l'impacte econòmic i, per suposat, l'impacte ambiental.
Segons les dades aportades pel Ministeri d'Indústria i Turisme, el sector téxtil i de confecció suposa el 8,37 % d'empreses de l'Estat espanyol i ocupa un 3,82 % dels treballadors en actiu.
A Catalunya, hi ha al voltant de 4.000 empreses del sector industrial tèxtil, segons dades de CooperaTèxtil, que empren més de 64.000 persones en diferents especialitzacions (llana, calçat, cuir...). El sector factura uns 14.500M, per
tant, es tracta d'un sector capdavanter a nivell economic i social.
Amb tot aixo, el tèxtil és un dels sectors que genera majors quantitats de gasos d'efecte hivernacle per unitat de material produït, per sobre dels plástics o el paper.
Segons l'Agència Europea de Medi ambient, el sector tèxtil va ser la tercera font de degradació de l'aigua i de l'ús del sol, és responsable del 20 % de la contaminació mundial d'aigua potable i del 10 % de les emissions mundials de carboni,
més que els vols internacionals i el transport marítim combinats.
S'ha de tenir present que únicament a l'Estat espanyol es generen 890.244.000 kg de residus tèxtils a l'any, dels quals es recicla o reutilitza un tímid 11 %. A Catalunya, les dades mostren que es tiren més de 147.000 tones de roba i només
es recicla un 12 %.
Per tant, el futur immediat de la indústria tèxtil passa ineludiblement per fer un gir cap a la sostenibilitat. És a dir, passa per aconseguir un equilibri entre el desenvolupament economic, el benestar social i la protecció del medi
ambient.
El context actual implica que els decisors polítics comencin a abordar la problemática amb menys embuts i dibuixin una estratègia a seguir.
Un exemple és l'aprovació per part del Parlament Europeu de l'Estratègia per la circularitat i sostenibilitat dels productes tèxtils, també coneguda com a Pacte Tèxtil 2030, presentada per la Comissió Europea el 2022.
D'altra banda, el gener del 2022 es va posar en marxa el Pacte per la Moda Circular de Catalunya, el principal objectiu del qual és la industrialització de la cadena de valor del tèxtil reciclat post-consum.
Ja en el moment del seu naixement es van unir més de 55 entitats i empreses, així com la patronal Pimec, i alguns dels majors gestors de tèxtil.
Aquesta iniciativa funciona a través de les subvencions de foment de l'Economia Circular per part de l'Agéncia de Residus de Catalunya i coordina els esforços de tots els agents de la cadena de valor del tèxtil perqué facin possible la
transformació cap a un model circular.
Cal també que aquests canvis polítics es recolzin en canvis en els patrons de consum de la ciutadania. Aquest passat mar?, l'empresa internacional d'investigació de mercat KANTAR, va publicar xifres que assenyalaven que el 38,7 % dels
consumidors consideraven que la moda és un sector que perjudica el medi ambient. Els consumidors comencen també a
demandar peces fetes amb materials reciclats, tot i que només un 31 % está disposat a pagar el sobrecost que aixo suposa, segons les dades de la investigació citada.
La ciutadania s'inclina per retailers la proposta dels quals es basi en l'assequibilitat, que són en la seva majoria agents low cost. Agents que estan molt lluny de la sostenibilitat.
Assumint el repte de la sostenibilitat i sent conscient de la realitat de les tendéncies de consum actual, cal que els governs posin recursos a donar suport a la indústria tèxtil. L'objectiu final és un sector tèxtil compromés amb la
sostenibilitat en les seves diferents declinacions, preparat per afrontar els reptes i necessitats de les noves generacions.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el govern espanyol a:
1. Donar suport financer a les estratégies com el Pacte per la Moda Circular de Catalunya per incrementar la durabilitat i reciclabilitat de la roba, augmentar el percentatge de material tèxtil reciclat incorporat als productes i reduir
l'ús de materials nocius.
2. Impulsar les reformes legislatives necessáries en l'ámbit competencial de l'Administració General de l'Estat per assegurar la transparència en l'etiquetatge dels productes, amb especial atenció a la traçabilitat, l'origen de fabricació
del producte i al seu impacte ambiental.
3. Donar suport als municipis perquè puguin establir un model de contractació de recollida tèxtil que incentivi la recollida selectiva i la reutilització.
4. Modificar, en un termini de 6 mesos, l'article 11 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular, per incloure la possibilitat que les despeses relatives a la generació i recollida de residus
puguin ser sufragades amb el recàrrec de la taxa turística municipal.
5. Adoptar les actuacions necessáries per alinear-se amb l'ODS 12 i donar suport als diferents pactes que desenvolupin la resta d'administracions públiques en aquest mateix sentit en l'ámbit de les seves respectives competéncies.
6. Crear les condicions polítiques i economiques necessáries per a la relocalització d'empreses, la creació de clústers tèxtils, la incentivació de la formació i la creació d'ocupació estable i de qualitat.'
Congrés dels Diputats, 3 de desembre de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
161/001573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones respectivas de Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a eliminar trámites administrativos innecesarios para el sector turístico español, para su discusión en la
Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El sector turístico es un pilar fundamental de la economía española, representando un 12,8 % del empleo total 11 y siendo responsable de más del 70,8 % del crecimiento del Producto Interior Bruto en 2023, lo que equivale a 180 mil millones
de euros 12. Sin embargo, este sector enfrenta una creciente carga administrativa que afecta tanto a su competitividad como a su capacidad para atraer y retener turistas en un entorno cada vez más competitivo.
La entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos
a motor, ha introducido nuevas obligaciones de registro documental de viajeros, generando una carga administrativa adicional que lastra la agilidad operativa del sector. Según argumenta el Gobierno las disposiciones de este Reglamento están
justificadas 'por la razón del interés general, al perseguir la seguridad de los ciudadanos ante las amenazas terroristas y otros delitos muy graves cometidos por organizaciones criminales'. No obstante, estas medidas van más allá de los requisitos
establecidos por la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos, que ya aseguraba un adecuado control en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
El sector turístico, de forma unánime, ha expresado su rechazo a las nuevas exigencias, alertando sobre el caos operativo que supondrá su puesta en marcha para los alojamientos turísticos y las agencias de viajes 13. Además, se han señalado
posibles conflictos con la normativa europea de protección de datos, ya que los nuevos requisitos incluyen la recopilación de información especialmente sensible, como los siguientes:
- Identificación del medio de pago (tipo de tarjeta, número y fecha de caducidad; IBAN cuenta bancaria, solución de pago por móvil, otros).
- Relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad).
- Dirección completa.
- Teléfonos de contacto (fijo/móvil).
- Correo electrónico.
Expertos en ciberseguridad han advertido del riesgo que supone el manejo de esta información por parte de establecimientos hoteleros, especialmente ante posibles ciberataques que podrían comprometer datos sensibles de los clientes, incluidos
los medios de pago 14. Por otra parte, las sanciones previstas por incumplimiento de estas nuevas obligaciones, que oscilan entre los 100 y los 30.000 euros, resultan desproporcionadas para muchos establecimientos, en especial los de menor
capacidad económica.
El Ministerio del Interior informó el pasado mes de octubre que no exigiría ningún dato más de los que constan en los anexos del Real Decreto 933/2021 que 'no se esté recabando ya en la actualidad' 15. Sin embargo, no se ha llevado a cabo
ninguna modificación legislativa para cumplir con este compromiso.
Por último, el Gobierno no ha garantizado la viabilidad técnica de su implementación. La plataforma SESHospedaje, diseñada ad hoc para recoger los nuevos datos exigidos, no estaba
11 https://www.larazon.es/economía/sector-turistico-emplea-26-millones-personas-126- economia-nacional_2024020865c4c30c344c980001bl331d.html#:~:text=El%20empleo%20tur%C3%ADstico%20en%20Espa%C3%Bl
a,Ministerio%20de%20Industria%20y%20Turismo.
12 https://www.rtve.es/noticias/20240117/turismo-aporto-128-del-pib-2023-maximo-historico-segun-exceltur/15920035.shtml.
13 https://www.hosteltur.com/165610_los-hoteleros-advierten-es-imposible-aplicar-el-registro-de-reservas.html.
14 https://www.interempresas.net/Ciberseguridad/Artículos/580596-expertos-ciberseguridad-alertan-sobre-riesgos-privacidad-del-nuevo-registro-viajeros.html.
15 https://www.elmundo.es/economia/2024/10/04/66fff9f2e9cf4a59628b459d.html.
operativa el pasado 2 de diciembre, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 16. Esta falta de previsión pone en evidencia la inadecuada planificación y coordinación con el sector, generando incertidumbre y costes adicionales innecesarios
para los operadores turísticos.
En este contexto, resulta necesario revisar y simplificar los trámites administrativos que afectan al sector turístico, eliminando aquellos que no aporten un valor claro en términos de seguridad y gestión. La eficacia de las medidas
establecidas en la Orden INT/1922/2003 ha sido ampliamente demostrada, garantizando la seguridad nacional sin imponer cargas administrativas innecesarias. Es decir, no se ha justificado debidamente la necesidad de las medidas adicionales incluidas
en el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, que generan graves perjuicios para un sector estratégico de nuestra economía.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Derogar las disposiciones relativas a las solicitudes de datos personales de viajeros a establecimientos turísticos previstas en el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental
e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
2. Recuperar los requisitos previos establecidos en la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos, garantizando un equilibrio adecuado entre
la seguridad, la privacidad y la eficiencia administrativa.
3. Reducir los trámites administrativos innecesarios que perjudican al sector turístico con el objetivo de reforzar su competitividad y garantizar la seguridad jurídica a largo plazo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario
VOX.
161/001579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley para mejorar la competitividad de la industria española, para su debate en la Comisión de
Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La Unión Europea y sus Estados miembros han de enfrentarse a un conjunto de retos de gran importancia en el futuro próximo, entre los que destaca la gestión de la transición climática, de los efectos de las transformaciones tecnológicas, de
los cambios geopolíticos y de las multicrisis. Tanto las autoridades europeas como las nacionales son conscientes de que las herramientas actualmente disponibles no alcanzan para abordar eficientemente estos desafíos y que es necesario un decidido
impulso reformista para abordarlos. Y todo esto porque Europa, entre otros aspectos presenta unos niveles de competitividad inferiores a los de sus principales competidores, Estados Unidos y China, hay una tendencia desde hace años a perder peso en
sectores estratégicos y de futuro y el Consejo Europeo ha mostrado su preocupación y su determinación para abordar el problema, alcanzando un pacto por la competitividad, que establezca unas líneas de actuación en todos los ámbitos detectados como
vulnerables para las capacidades de la Unión.
16 https://www.diariosur.es/turismo/caos-primera-jornada-nuevo-registro-viajeros-turismo-ministerio-20241202134229-nt.html.
Los informes elaborados por Enrico Letta y Mario Draghi, han permitido hacer un diagnóstico de la situación en la que está la estructura productiva, industrial y de innovación en Europa, comparada con la de las principales regiones con las
que competimos. Además, ofrecen su visión sobre las medidas que deberían tomarse para estrechar las brechas que lastran nuestra competitividad y que pueden comprometer el futuro económico y de bienestar si no se adoptan medidas correctoras.
El informe Draghi señala la creciente dependencia europea de los recursos externos, en particular la energía, una situación agravada por las tensiones geopolíticas; describe una estructura industrial estática, con escasas empresas
innovadoras que impulsen el crecimiento en los sectores de la nueva economía.
Europa pierde competitividad, destacando el escaso peso en el sector tecnológico, donde 36 de las 50 principales empresas del mundo son estadounidenses.
Draghi aboga por fortalecer la gobernanza europea y aumentar la inversión pública y privada para fortalecer la competitividad mientras descarbonizamos la economía y reducimos la dependencia del exterior.
El informe estima la necesidad de invertir 800.000 millones de euros anuales, principalmente en energía, digitalización y defensa, lo que representa alrededor del 4,4 % del PIB. Para lograr financiarlo, Draghi propone una combinación de
inversión privada desbloqueada mediante subvenciones públicas y una iniciativa conjunta de emisión de deuda de la UE. También aboga por reformar el presupuesto actual, desplazando el foco de las políticas de cohesión y los subsidios agrícolas a la
innovación, la defensa y las infraestructuras energéticas. Igualmente aborda distintas soluciones frente la brecha de la innovación, en el seno de la Unión Europea y de sus Estados miembros.
A su vez, realiza diferentes propuestas para equilibrar la descarbonización de la economía con la competitividad en el seno de la Unión.
Asimismo, el informe nos señala diversas medidas con el objetivo de reducir la dependencia exterior de la Unión Europea y reforzar así su seguridad, autonomía y resiliencia.
Con un objetivo análogo al de Draghi, el informe de Enrico Letta examina el Mercado Único Europeo, argumentando que la pérdida de competitividad en Europa se debe principalmente a la falta de integración en los sectores financiero,
energético y de comunicaciones electrónicas.
Coincide con Draghi en la necesidad de aumentar la inversión en innovación, transformación digital y tecnologías verdes, teniendo siempre en cuenta la dimensión social.
Dando una especial relevancia a la necesidad de cooperar para innovar y para mejorar la educación en el ámbito de la Unión y sugiere la introducción de una 'quinta libertad' que se sumaría a las cuatro libertades fundamentales en las que se
basa el Mercado Único: libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales; se trata de la libertad para mejorar la investigación, la innovación y la educación en el Mercado Único.
Por ello, debe fomentar la investigación, la innovación, los datos, la competencia, el conocimiento y la educación, para lograr impulsar la capacidad de la UE en torno a estos aspectos.
El informe resalta la importancia de los datos e insta a desbloquear su potencial, garantizando su accesibilidad entre los sectores dentro de la UE, y más allá de las fronteras, para la mejora de los servicios públicos y el crecimiento
económico. De esta forma, busca reforzar el liderazgo global de la UE en la innovación en inteligencia artificial (IA) mediante la creación de un entorno atractivo para empresas e investigadores.
Para ello, será necesario proporcionar un entorno favorable para catalizar avances en áreas como la l+D, la utilización de datos, las competencias, la IA, la computación cuántica, la biotecnología, la biorrobótica y el espacio, entre otras.
Los dos informes tienen puntos clave de coincidencia:
- Europa debe fortalecer su cooperación, juntos somos más fuertes. Es necesario alinear los objetivos y las estrategias de la Unión Europea y de sus Estados miembros, así como los planes de implementación.
- Completar el Mercado Único de la Unión Europea, instando a retirar las barreras que aún existen y que lastran la competitividad.
- Incrementar la inversión en educación y en investigación e innovación. Fomentar un entorno más favorable sobre la base de una ciencia excelente que impulse sectores estratégicos para mantener la ventaja competitiva de la UE en el
escenario global.
- Llevar a cabo una regulación más eficaz y simplificada para fomentar un entorno más favorable a las empresas, reduciendo las cargas administrativas.
- Concluir la integración del mercado financiero y de capitales.
- Acelerar las transiciones digital y ecológica como motores del crecimiento económico, en particular en un contexto de baja productividad y escasez de recursos energéticos en la región.
- Promover la inclusión. Fomentar la inclusión y la accesibilidad en las políticas de mercado, garantizando el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) manteniendo al mismo tiempo la cohesión social.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir fomentando en el seno de las instituciones europeas y de sus Estados miembros el debate sobre la mejora en la cooperación para alinear los objetivos de la industria europea de forma coordinada optimizando esfuerzos y recursos.
2. Proponer a los socios europeos la creación de grupos de trabajo coordinado para implementar una estrategia de despliegue de Agencias europeas de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPAs) en los ámbitos de la nueva economía, fomentando
el intercambio de datos y la interoperabilidad, que faciliten compartir los avances obtenidos y estimulen y retroalimenten a los grupos de investigadores ya existentes.
3. Proponer en el ámbito de la Unión Europea iniciativas de colaboración y coordinación entre los Estados miembros para fomentar la mejora de la educación pública, incorporando habilidades digitales avanzadas y capacidades innovadoras que
impulsen la competitividad del sector industrial, respetando las competencias nacionales en esta materia.
4. Realizar una revisión de la normativa para garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad, mejorar la integración y la coherencia entre los distintos ámbitos de actuación, adoptar planteamientos innovadores y ser digital por
defecto; además de trabajar para reducir la carga administrativa que pesa sobre las empresas industriales, especialmente sobre las PYMES.
5. Continuar velando por el cumplimiento de las normas de la UE, y la aplicación oportuna y correcta de la legislación evitando la sobrerregulación, así como seguir reduciendo los trámites administrativos que reduzcan las barreras de acceso
a las pymes, garantizando la igualdad de condiciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Andreu Martín Martínez, Cristina López Zamora, César Joaquín Ramos Esteban, Obdulia Taboadela Álvarez, María Dolores Corujo
Berriel, María Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, Patricia Otero Rodríguez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla y Jesús Mayoral Pérez, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Tomás Fernández Ríos, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva
de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la pesca, para su
discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. Importancia de la pesca
España cuenta con cuatro caladeros nacionales para pesca marítima: Cantábrico y Noroeste, el Golfo de Cádiz, el Mediterráneo y Canarias 17. El sector pesquero desempeña un papel crucial en la economía y sociedad española, con un censo de
8.268 buques 18 y más de 90.000 empleos 19 en 2023, posicionando a España como líder en la Unión Europea en volumen de pesca, con una producción anual superior al millón de toneladas 20.
La pesca es vital para mantener el tejido social y económico de las áreas costeras más vulnerables. En particular, la pesca artesanal, una de las formas más antiguas de explotación pesquera, es parte del patrimonio histórico y cultural de
muchas regiones 21. Las técnicas tradicionales y los modos de vida de este sector han sido transmitidos de generación en generación, y sus pequeñas embarcaciones no solo generan actividad económica, sino que también contribuyen al atractivo
turístico de muchas zonas costeras.
Proteger nuestra flota pesquera es esencial para la soberanía alimentaria de España. Su defensa debería ser un eje prioritario en la acción del Gobierno, al ser crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el futuro de las
comunidades costeras.
Segundo. Problemas derivados de la competencia desleal y de la proliferación de explotaciones eólicas marinas
Las asociaciones de pescadores han denunciado que las políticas europeas, en su afán por impulsar la sostenibilidad, están afectando gravemente al sector pesquero en toda la Unión Europea ('UE'), mientras que los productos pesqueros de
países extracomunitarios, sin estas restricciones, representan ya más del 71 % del consumo en la Unión y el 78 % de su facturación 22.
España, pese a la riqueza de sus costas, se ha convertido en un importador neto de pescado, enfrentándose a la competencia desleal de productos de países extracomunitarios, como Marruecos o Mauritania, que no están sujetos a las mismas
normativas europeas. Esto afecta principalmente a las pequeñas explotaciones, provocando un déficit comercial de 2.920 millones de euros en 2023 23. Prueba de ello, el pasado mes de mayo, se alertó de la presencia de anisakis en huevas de merluza
procedente de Marruecos 24.
A la vez, la política energética de la UE promueve el desarrollo de instalaciones eólicas marinas que impactan negativamente en el sector pesquero. Los pescadores de regiones como Canarias han expresado su preocupación por el Real Decreto
962/2024, de 24 de
17 https://www.actualidadjuridicaambiental.com/legislacion-al-dia-espana-pesca-maritima-buques-caladeros-nacionales/#:~:text=Las%20zonas%20de%20pesca%20mar%C3%ADtima,C%C3%Al diz%2C%20el%20Mediterr%C3%Alneo%20y%20Canarias.
18 https://www.mapa.gob.es/es/estadística/temas/estadisticas-pesqueras/estadisticas_pesqueras_2024-04_tcm30-680803.pdf.
19 https://alertaeconomica.com/datos-del-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2023/#:~:text=En%20cuanto%20al%20empleo%20pesquero,con%20respecto%20al%20a%C3%Blo%202022.
20 https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pesca-destaca-el-esf uerzo-del-sector-pesquero-y-acu%C3%ADcola-por-la-intemacionalizaci%C3
%B3n-de-sus-producciones/tcm:30-680781#:~:text=De%20hecho%2C%20Espa%C3%Bla%20es%201%C3%AD der,(con%20datos%20de%202022).
21 https://www.agrodiario.eom/articulo/branded-content/metodos-pesca-artesanal/20201030064759031896.html.
22 https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12727202/03/24/la-tormenta-normativa-hunde-a-la-pesca-europa-importa-ya-el-70-de-lo-que-consume.html.
23 https://industriaspesqueras.com/noticia-81306-sec-mercados%20y%20consumo.
24 https://www.rtve.es/noticias/20240522/anisaki-merluza-marruecos-que-es-sintomas-evitar/16114181.shtml.
septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar, señalando que este no consideró los estudios del Instituto Español de Oceanografía sobre el impacto en
los ecosistemas. Esta situación amenaza especialmente a la pesca artesanal, que enfrenta crecientes dificultades para competir y garantizar su subsistencia. En este sentido, cabe destacar la queja de pescadores portugueses que han advertido de que
la instalación de aerogeneradores marinos arruinará la pesca, tal y como ha ocurrido en los caladores de Viana do Castelo 25.
Todo ello está asfixiando al sector artesanal en mayor medida ya que se enfrenta a dificultades para competir en precio y mantener rentables sus explotaciones, e incluso para garantizar la subsistencia de sus actividades.
Tercero. Impacto de las políticas nacionales: cargas fiscales. Problemas regulatorias. Etiquetados engañosos y falta de relevo generacional
Las políticas fiscales y las crecientes presiones económicas del Gobierno sobre el sector pesquero amenazan la supervivencia de las flotas pesqueras. A pesar de la caída en el consumo de pescado en España en la última década -8 kg de media-
26 , el Gobierno mantiene el Impuesto sobre el Valor Añadido ('IVA') del 10 % sobre los productos pesqueros. Las organizaciones del sector solicitan reducir este impuesto al 4 % 27, como ocurre con otros productos básicos, dada su baja recaudación,
apenas un 1,1 % del total 28.
Asimismo, la falta de un tratamiento adecuado de aguas residuales en algunos municipios está afectando la productividad de las zonas pesqueras. Un claro ejemplo es la acumulación de residuos y aguas residuales de Gibraltar en la Bahía de
Algeciras y el Mar de Alborán 29, lo cual perjudica el entorno natural y la conservación de los caladeros.
Otra problemática común para el sector es el uso fraudulento de términos vinculados al pescado en el etiquetado de productos vegetales, como el 'atún vegano' 30, lo que confunde a los consumidores y afecta la competitividad del sector
pesquero, ya de por sí en desventaja debido a la competencia desleal y las barreras burocráticas que se han comentado previamente.
Por último, las duras condiciones laborales y los bajos ingresos del sector dificultan el relevo generacional. Las normativas europeas y nacionales, sumadas a los bajos rendimientos económicos y el sacrificio personal que implica este
trabajo, ponen en riesgo el futuro del sector. Es por tanto necesario desarrollar un plan integral encaminado a garantizar el futuro del sector, abordando los distintos retos que enfrenta y reforzando su posición en un contexto de competencia
desleal y menosprecio de la actividad pesquera tradicional frente a las actividades relacionadas con la generación de energía renovable en el mar.
Esto implica promover escuelas y talleres de formación profesional que ofrezcan una educación de calidad, priorizando el aprendizaje práctico. Además, es esencial implementar incentivos económicos para el emprendimiento juvenil en
actividades pesqueras, así como ofrecer beneficios fiscales a aquellas empresas que fomenten la contratación de jóvenes pescadores. También es necesario aliviar la carga impositiva sobre los productos pesqueros y realizar campañas que den a conocer
a la sociedad española las bondades de la pesca tradicional, así como sus importantes contribuciones económicas, culturales y
25 https://www.infolibre.es/medioambiente/aviso-pescadores-portugueses-gallegos-molinos-vie nto-marinos-les-han-dejado-peces_l_1450965.html#google_vignette.
26 https://www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/lucha-eliminar-iva-pescado-pequeno-comercio-ayudaria-familias-5646479/.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 https://www.eldebate.com/espana/andalucia/cadiz/20241021/cubos-cubos-residuos-provenientes-gibraltar-ponen-peligro-zona-especial-conservacion_237585.html.
30 https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Denuncian-comercializacion-imitaciones-productos-pesqueros_0_1827718958.html.
sociales. De este modo, se podrá re vitalizar el sector y atraer a nuevas generaciones hacia esta actividad esencial.
Ante los desafíos que enfrenta el sector pesquero, urge implementar medidas para proteger y asegurar su viabilidad. La conservación de este sector es fundamental no solo para la economía y el tejido social de nuestras costas, sino también
para preservar nuestro patrimonio cultural.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Promocionar e incentivar el consumo de los productos de la pesca entre la población española. En particular, se insta al Gobierno de la Nación a aplicar un tipo superreducido del Impuesto sobre el Valor Añadido a los productos
pesqueros.
2. Promover, en colaboración con los municipios costeros, la mejora en el tratamiento de aguas residuales para garantizar la calidad del agua y proteger las zonas productivas pesqueras.
3. Revisar el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas y el Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula
la producción de energías eléctricas a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar con el fin de atender a las reivindicaciones del sector pesquero español. Asimismo, se insta al Gobierno de la Nación a incorporar a los
pescadores a los proyectos de desarrollo de eólica marina que sean susceptibles de afectar a los recursos pesqueros y a la situación de los caladeros, teniéndose en cuenta sus puntos de vista, actividad económica y necesidades.
4. Desarrollar las iniciativas legislativas necesarias con el fin de combatir el uso fraudulento de términos vinculados al pescado en el etiquetado, presentación y publicidad de productos de origen no pesquero, así como evitar la inclusión
de información confusa o engañosa en el etiquetado de productos de origen vegetal que utilicen denominaciones asociadas al pescado.
5. Impulsar un plan integral de relevo generacional para el sector pesquero, que contemple al menos las siguientes acciones:
1.º crear escuelas taller de pesca, en colaboración con los centros de formación profesional;
2.º desarrollar nuevos programas de formación profesional con un enfoque práctico, que permitan a los jóvenes adquirir experiencia real en el sector pesquero;
3.º otorgar ayudas directas para la creación o adquisición de instalaciones pesqueras por parte de jóvenes;
4.º reducir los impuestos y cargas sociales a aquellas explotaciones que contraten nuevos empleados jóvenes;
5.º lanzar campañas de comunicación y promoción del sector pesquero que subrayen su importancia cultural y económica, especialmente entre las generaciones más jóvenes;
6.º crear líneas de crédito específicas con bajos intereses para apoyar a los jóvenes emprendedores en el sector pesquero.
6. Promover en instancias europeas la revisión de la normativa pesquera, de modo que se diferencien claramente las obligaciones entre la pesca artesanal y la pesca industrial, simplificando los requisitos burocráticos para los pequeños
pescadores.
7. Aumentar la vigilancia y control sobre los productos pesqueros procedentes de países extracomunitarios, asegurando que cumplan con las mismas exigencias que los productos nacionales. Para ello, incrementar la dotación de personal y
material en los Puestos de Inspección Fronterizos de los Puertos del Estado, con especial atención a los puntos de mayor volumen de importaciones.
8. Impulsar en el seno de la Unión Europea la prohibición de la importación de productos pesqueros de terceros países que no respeten los estándares de calidad y seguridad alimentaria establecidos por la normativa comunitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a las Cofradías de Pescadores, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
Con un origen que se remonta a los siglos XI y XII, las Cofradías de Pescadores son instituciones con una profunda tradición histórica en España. Surgieron fruto de 'la unión de familias de pescadores bajo el concepto de la solidaridad y
alentados por las congregaciones religiosas' 31 y, a lo largo del tiempo, han desempeñado funciones de diversa índole (mercantiles, militares, de policía de puertos, de asistencia social, etc.) 32, debiendo adaptarse de manera constante a diferentes
necesidades económicas y laborales.
A nivel legal, la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, tras reconocer su 'tradicional implantación [...] en el litoral', las define como 'corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, representativas de intereses
económicos, que actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero' (artículo 45.1) 33. Por su parte, el artículo 46 de dicha ley señala como sus
funciones: actuar como órganos de consulta de las Administraciones públicas competentes (y ejercer las funciones que se les encomienden); prestar servicios a sus miembros y representar y defender sus intereses; administrar los recursos propios de
su patrimonio.
Las Cofradías de Pescadores son consideradas 'entidades de la economía social' a efectos de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (artículo 5.1), siendo algunos de los principios rectores de su actividad la primacía de las
personas y del fin social sobre el capital, la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local y la independencia respecto a los poderes públicos (artículo 4).
Actualmente, con cerca de 200 entidades, las Cofradías de Pescadores agrupan a más de 30.000 asociados 34, desempeñando un papel esencial en sectores de la pesca artesanal y de bajura, así como en el marisqueo.
A pesar de su evidente importancia económica y social, las Cofradías de Pescadores tienen que hacer frente a diferentes retos. Destacan, en particular, la falta de relevo
31 CERVERA PAZ, A. (1998): 'Nueve siglos de las cofradías de pescadores' en Revista de Historia Naval, núm. 61.
32 BOTANA AGRA. M.J. y MILLÁN CALENTI, R.A. (2016): 'Cofradías de pescadores' en CIRIEC-España. Revista jurídica de economía social y cooperativa, núm. 29.
33 Véase también el artículo 1, apartado primero, del Real Decreto 670/1978, de 11 de marzo, sobre Cofradías de Pescadores: 'Las Cofradías de Pescadores son Corporaciones de Derecho Público, que actúan como órganos de consulta y
colaboración con la Administración sobre temas de interés general y referentes a la actividad extractiva pesquera y su comercialización, especialmente en los sectores artesanal y de bajura'.
34 Acceso: https://www.miteco.gob.es/rontent/dam/mltem/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/reeducamarredweb canariassostenibleyverde tcm30-545483.pdf/federacion-nacional-cofradias-pescadores.pdf y
https://industriaspesaueras.com/notitia-78991-seccion-Sector%20Pesauero.
generacional 35, el aumento de los costes de producción, la irrupción de la eólica marina, los parones biológicos impuestos por la Unión Europea y la caída de consumo de pescados y mariscos en los hogares españoles 36.
Particularmente dañino para las Cofradías de Pescadores ha sido el desproporcionado 37 veto a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico impuesto por la Comisión Europea (véase el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión de 15
de septiembre de 2022) 38. El Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca ha cifrado el impacto medio anual de este veto 39 para España entre 13,3 y 16,6 millones de euros 40.
Por su parte, con la Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2024/257 por el que se fijan para 2024, 2025 y 2026 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y,
en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión (COM/2024/114 final) 41, la Comisión Europea ha propuesto un TAC definitivo para el boquerón en aguas atlánticas ibéricas de 9.449 toneladas,
suponiendo esto una reducción del 54 % con respecto al nivel del TAC de la última campaña de pesca 42. Se trata de una decisión que carece de fundamentos científicos sólidos y desatiende las graves consecuencias socioeconómicas para las comunidades
pesqueras que tendría su aplicación, particularmente en el Golfo de Cádiz 43.
También se debe mencionar el 'Plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental' (véase el Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019), el cual ha generado preocupación por poner
en peligro la continuación de la pesca en el Mar Mediterráneo, con un grave impacto en la economía y en las comunidades costeras locales 44. Desde el sector pesquero se ha señalado, en particular, que no se ha tenido suficientemente en cuenta las
repercusiones sociales y económicas de las medidas de reducción del esfuerzo pesquero 45.
Finalmente, destaca el hecho de que, dada su especificidad, las Cofradías de Pescadores no estén reconocidas ni en la Política Pesquera Común ni en la Organización Común de Mercados en el sector de los productos de la pesca y de la
acuicultura 46. Esto
35 El 42 % de los trabajadores a bordo de buques pesqueros y en la acuicultura en España superan los 50 años. Por su parte, solo un 27 % son menores de 40 años. Acceso:
https://www.galiciae.com/articulo/economía/pesea-mas-enveiecida-urge-savia-nueva-42-trabaiadores-pasa-50-anos/20240412141551098338.html
36 Acceso: https://www.laopiniondemurcla.es/comunidad/2024/08/11/pescadores-pesca-murcia-106849379.html. https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/pesca-lanza-SOS-revuelta-perder_0_1886213345.html.
https://www.noticiasfuerteventura.com/fuerteventura/los-pescadores-canarios-ante-el-reto-del-relevo-generacional-y-el-aumento-de-cuotas-y-ayudas.
37 Tanto el Gobierno de España como la Organización de Productores pesqueros del Puerto de Burela han interpuesto ante el Tribunal General de la Unión Europea recursos de anulación contra el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614. Véase el
recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2022 -España/Comisión (Asunto T-681/22) y el recurso interpuesto el 13 de diciembre de 2022- Madre Querida y otros/Comisión (Asunto T-781/22).
38 El Comité de Pesca y Acuicultura no emitió dictamen alguno acerca del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión de 15 de septiembre de 2022. Tampoco lo hizo, por no ser consultado, el Comité Científico, Técnico y Económico de
Pesca. Véase BÜRGIN, A. y RIQUELME VÁZQUEZ, P. (2024): 'El veto a la pesca en aguas profundas del Atlántico Nororiental. ¿Un nuevo fracaso de la comitología?' en Revista de Derecho Comunitario Europeo, año núm. 28, núm. 78.
39 Cabe señalar que, incluso, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar propuso a la Comisión Europea la ampliación de las zonas vedadas. Acceso: https://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news /Pages/VMEadvice.aspx.
40 Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (2024): 73rd plenary report (STECF-PLEN-23-02). Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
41 Acceso: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52024PC0114
42 Acceso: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13476-2024-INIT/es/pdf.
43 Acceso: https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/comision-europea-vuelve-cargar-sector_0_ 2002437899.html.
44 Acceso: https://www.eldebate.com/espana/20231112/futuro-pesca-espanola-aire-ante-castigo-ecologista-union-europea 152651.html.
45 Véase el artículo 7 del Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019.
46 Véase el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican
los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo.
implica que '[se queden] al margen de convocatorias comunitarias [...] y ayudas de emergencia para el sector, como sucedió con las articuladas por Bruselas para atender a la flota en los momentos más complicados de la pandemia' 47. En este
sentido, solamente las Organizaciones de Productores Pesqueros pudieron compensar amarres provocados por la COVID-19 o financiar el almacenamiento para mitigar las pérdidas. En palabras del presidente de la Federación Nacional de Cofradías de
Pescadores ('FNCP'), 'tenemos las mismas obligaciones, pero no los mismos derechos'.
En relación con esto último, cabe señalar que, en marzo de este año, el Gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo 'para estudiar el reconocimiento de las cofradías de pescadores como Organizaciones de Productores' 48. Con todo, a
fecha de presentación de esta iniciativa, no se conoce avance alguno en este sentido.
Todas las anteriores consideraciones ponen de relieve la necesidad de que la actividad de las Cofradías de Pescadores sea apoyada por los poderes públicos, implicando este respaldo no solamente un firme compromiso con la supervivencia de las
comunidades pesqueras, sino también la convicción de que la defensa de la soberanía alimentaria -que implica apostar por nuestro sector primario y fortalecer nuestro sistema de producción- debe de ser una de las bases de nuestro modelo de
crecimiento y de nuestra vocación de liderazgo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Promocionar e incentivar el consumo de los productos de la pesca entre la población española. En particular, se insta al Gobierno de la Nación a aplicar un tipo superreducido del Impuesto sobre el Valor Añadido a los productos
pesqueros.
2. Impulsar un plan integral de relevo generacional para el sector pesquero, que contemple al menos las siguientes acciones: 1.º crear escuelas taller de pesca, en colaboración con los centros de formación profesional; 2.º desarrollar
nuevos programas de formación profesional con un enfoque práctico, que permitan a los jóvenes adquirir experiencia real en el sector pesquero; 3.º otorgar ayudas directas para la creación o adquisición de instalaciones pesqueras por parte de
jóvenes; 4.º reducir los impuestos y cargas sociales a aquellas explotaciones que contraten nuevos empleados jóvenes; 5.º lanzar campañas de comunicación y promoción del sector pesquero que subrayen su importancia cultural y económica,
especialmente entre las generaciones más jóvenes; 6.º crear líneas de crédito específicas con bajos intereses para apoyar a los jóvenes emprendedores en el sector pesquero.
3. Impulsar medidas con el fin de dignificar la actividad pesquera, así como reconocer expresamente el valor económico y social del asociacionismo pesquero y, en particular, de las Cofradías de Pescadores. Asimismo, se insta al Gobierno de
la Nación a adoptar medidas de apoyo financiero para mantener el funcionamiento y fortalecer las estructuras de las Cofradías de Pescadores.
4. Promover en el seno de la Unión Europea:
a) Que la adopción de sus decisiones sobré la pesca esté orientada hacia la reducción de la carga burocrática que soporta la actividad pesquera y cuente con el sector pesquero, valorando especialmente los esfuerzos ya realizados por la
sostenibilidad y empleando informes científicos actualizados.
b) La aplicación estricta de medidas de control con el fin de determinar la conformidad de los productos pesqueros exportados a la Unión Europea con los criterios de acceso al mercado de la Unión, así como con las normas laborales,
sanitarias y de seguridad de buques y establecimientos industriales.
c) La suspensión del veto a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico impuesto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión de 15 de septiembre de 2022 por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas
existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas
47 Acceso: https://www.fao.org/fileadmin/user upload/ssf/documents/IP_FEBRERO_22_Cofradi%CC%81as-1.pdf.
48 Acceso: https://www.mapa.gob.es/es/prensa/240321sgpreunioncofradias_tcm30-678168.pdf.
marinos vulnerables o la posibilidad de que existan. Asimismo, se insta al Gobierno de la Nación a rechazar cualquier propuesta de ampliación de las zonas vedadas a la pesca de fondo.
d) La revisión del Reglamento (UE) 2016/2336 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, por el que se establecen condiciones específicas aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas en el Atlántico
Nororiental y disposiciones relativas a la pesca en aguas internacionales del Atlántico Nororiental, y se deroga el Reglamento (CE) n.° 2347/2002 del Consejo, ello con el fin de garantizar que el establecimiento de zonas vedadas a la pesca de fondo
se realice con el máximo rigor técnico-científico y teniendo en cuenta que no todas las actividades de pesca de arrastre tienen el mismo impacto en la sostenibilidad medioambiental.
e) La revisión de la Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2024/257 por el que se fijan para 2024, 2025 y 2026 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y,
en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, entre otras cuestiones, por las graves consecuencias socioeconómicas para las comunidades pesqueras que tendría la aplicación de la propuesta de un
TAC definitivo para el boquerón en aguas atlánticas ibéricas de 9.449 toneladas, el cual supone una reducción del 54 % con respecto al nivel del TAC de la última campaña de pesca.
f) La revisión del Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental y por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.º 508/2014, por considerar que no se ha tenido suficientemente en cuenta las repercusiones sociales y económicas derivadas de su aplicación y por poner en peligro la continuación de la actividad pesquera española en el Mar Mediterráneo y la
supervivencia de las comunidades costeras locales.
g) El reconocimiento de las Cofradías de Pescadores en la Política Pesquera Común y en la Organización Común de Mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, ello con el fin de que sean equiparadas a las
Organizaciones de Productores Pesqueros y poder acceder a los fondos comunitarios.
5. Revisar el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas y el Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula
la producción de energías eléctricas a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar con el fin de atender a las reivindicaciones del sector pesquero español. Asimismo, se insta al Gobierno de la Nación a incorporar a los
pescadores a los proyectos de desarrollo de eólica marina que sean susceptibles de afectar a los recursos pesqueros y a la situación de los caladeros, teniéndose en cuenta sus puntos de vista, actividad económica y necesidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernández Ríos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus condiciones respectivas de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a las cooperativas agroalimentarias españolas, para su discusión en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En España, el asociacionismo agrario ha sido protagonista fundamental en el desarrollo del sector agroganadero (ello debido especialmente a la complejidad de la actividad agraria y al propio funcionamiento del sistema alimentario) 49. En
este sentido, dentro de las diferentes fórmulas asociativas, cabe poner en valor el particular papel desempeñado por las cooperativas agroalimentarias.
Basadas en una concepción que otorga primacía a las personas y al fin social sobre el capital 50, las cooperativas agroalimentarias fomentan el arraigo local, crean valor en el mundo rural y fortalecen los vínculos comunitarios. Del mismo
modo, han contribuido de manera decisiva a la modernización de la agricultura y permiten a los productores españoles competir en una economía cada vez más globalizada. La propia Constitución pone de relieve la importancia del cooperativismo al
señalar en su artículo 129.2 que 'los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que
faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción'.
El último informe del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español ('OSCAE') señala que el número de cooperativas agroalimentarias en 2022 era de 3.669, dando empleo directo a más de 122.600 personas. Por otro
lado, la facturación directa total del cooperativismo agroalimentario (incluyendo sociedades de capital participadas), equivale al 69 % de valor de la Producción Final Agraria y al 30 % del valor de las Ventas netas de la Industria Alimentaria
Española 51.
A pesar de su evidente importancia económica y social, el cooperativismo agroalimentario español atraviesa actualmente un escenario de gran incertidumbre. Así lo atestiguan las movilizaciones de los agricultores y ganaderos de principios de
este año. Dichas movilizaciones han sido la respuesta legítima a la constante estigmatización (especialmente de la mano del ecologismo radical y el animalismo), a la imposición de políticas verdes inspiradas en el fanatismo climático (cuyo máximo
exponente es el Pacto Verde Europeo), al uso del sector agrario como moneda de cambio en las negociaciones internacionales y a la incoherencia entre los estrictos requisitos exigidos a la producción europea frente a las importaciones de terceros
países.
Mención especial merece la problemática relacionada con la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, especialmente tras su modificación por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre. Desde el
sector cooperativo se ha denunciado, en particular, su inoperancia ante el hecho de que los productos importados de terceros países puedan venderse por debajo de los costes prefijados para los productos españoles 52; el perjuicio que causa la
obligatoriedad -conforme al artículo 11 bis- de inscripción de los contratos alimentarios cuando la compra se produzca a los productores primarios y las agrupaciones de estos (implica más burocracia y una importante desventaja competitiva) 53; y el
hecho de que no se excluya de
49 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2003): Libro Blando de la Agricultura y el Desarrollo Rural (Tomo I).
50 Cabe recordar que las cooperativas son consideradas 'entidades de la economía social' a efectos de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (artículo 5.1).
51 Acceso: https://www.agro-aIimentarias.coop/docs_download/observatorio-del-cooperativismo-agroalimentario-espanol-informe-2022
52 Acceso: https://www.olimerca.com/noticiadet/las-cooperativas-andaluzas-denuncian-la-ley-de-la-cadena-alimentaria/5410fb23d6e63b95146f3a26b518007d
53 Según Cooperativas Agro-alimentarias de España esta medida 'implica que los que compren a una cooperativa agroalimentaria tendrán la obligación de inscribir el contrato, pero si lo hacen a una empresa no cooperativa no tendrán dicha
obligación', Se trata, por tanto, de una situación que supone 'clara desventaja para las cooperativas agroalimentarias'. Acceso: https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2023/07/19/cooperativas-agrarias-denuncian-normativa-registro-90039572.html
su ámbito de aplicación las relaciones cooperativizadas realizadas entre los socios y las cooperativas agroalimentarias, que es lo que hacía el texto original de la ley 54.
A los anteriores problemas hay que añadir una serie de retos a los que se enfrentan las cooperativas agroalimentarias españolas. Destacan la falta de relevo generacional, la pérdida de atractivo del sector agrario (con el consecuente
problema de captación de mano de obra cualificada y no cualificada), la necesidad de profesionalización directiva o la escasa adaptación a las tecnologías de digitalización 55. Por otro lado, el problema de la dimensión de las cooperativas adquiere
una especial relevancia, tal y como se expondrá a continuación.
El sector se caracteriza por estar disperso y atomizado, situándose en una posición de vulnerabilidad frente al mercado (debilidad negociadora, comercial y de competitividad). Además, en España no ha sido frecuente el fomento de los
procesos de integración cooperativa, cosa que sí han hecho otros países europeos 56. En este sentido, la existencia de una multiplicidad de leyes cooperativas autonómicas ha dificultado de manera innecesaria los procesos de integración entre
cooperativas de diferentes regiones, limitando su crecimiento y provocando una 'huida' hacia otros tipos societarios 57. Por su parte, en lo que se refiere a la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras
entidades asociativas de carácter agroalimentario, a pesar de que generó grandes expectativas en el sector 58 y de que el Gobierno ha calificado como 'éxito' su primera década de vigencia 59, lo cierto es que su aplicación ha sido escasa: el número
de entidades que han obtenido el reconocimiento de 'Entidad Asociativa Prioritaria' ('EAP') no ha alcanzado la veintena entre 2013 y 2023 60.
Todas las anteriores consideraciones ponen de relieve la necesidad de que la actividad de las cooperativas agroalimentarias sea promocionada y apoyada por parte de los poderes públicos. El apoyo institucional al cooperativismo
agroalimentario reafirma la convicción de que la defensa de la soberanía alimentaria -que implica apostar por nuestro sector primario y fortalecer nuestro sistema de producción- debe de ser una de las bases de nuestro modelo de crecimiento y de
nuestra vocación de liderazgo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover en el seno de la Unión Europea la prohibición de la importación de productos agroalimentarios de países extracomunitarios que hayan sido tratados con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea.
54 VARGAS VASSEROT, C. (2023): 'Defensa y condiciones para la no aplicación de la ley de la cadena alimentaria a las entregas de productos de socios a las cooperativas (de primer y segundo grado), a otras entidades asociativas y a las
realizadas en virtud de acuerdos intercooperativos' en Revesco. Revista de Estudios Cooperativos, 143.
55 DEL REAL SÁNCHEZ-FLOR, J.M. (2013): 'La dimensión como clave para la mejora de la competitividad' en Mediterráneo económico, n.º 24.
56 CANO ORTEGA, C. (2015): La fusión de cooperativas, Marcial Pons, pág. 27.
57 CANO ORTEGA, C. (2017): 'La fusión de cooperativas' en Revesco. Revista de Estudios Cooperativos, 126.
58 HERNÁNDEZ CÁCERES, D. (2017): 'Las entidades asociativas prioritarias como instrumento de integración de empresas agroalimentarias. Dificultades y oportunidades de su reconocimiento' en Revesco. Revista de Estudios Cooperativos, 126.
59 Véase el Real Decreto 526/2023, de 20 de junio.
60 El propio Gobierno se ha visto obligado a reformar recientemente la Ley 13/2013 y el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, con el fin de tratar de promover que un mayor número de entidades inicien procesos de integración. Véanse en este
sentido la Orden APA/1056/2022, de 4 de noviembre; la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, y el Real Decreto 526/2023, de 20 de junio.
2. Garantizar la aplicación del principio de reciprocidad mediante cláusulas espejo en todos los productos agroalimentarios importados a la Unión Europea.
3. Exigir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos los acuerdos comerciales que afecten al sector primario español.
4. Impulsar una simplificación burocrática que tenga como finalidad la reducción sustancial del volumen y complejidad de la tramitación administrativa para el sector agroganadero.
5. Promover un Plan Nacional del Agua que contemple la gestión racional de los recursos hídricos en todo el territorio nacional y que, sobre la base de los principios de solidaridad y bien común, contemple la interconexión de cuencas como
medida esencial para hacer frente a los contextos climatológicos adversos y garantice el acceso de todos los españoles al agua sin importar en qué parte de España se encuentren.
6. Promover un Plan Nacional de Regadíos que contribuya a la modernización del regadío español para favorecer un uso más eficaz del agua, así como la reducción del volumen de consumo.
7. Mejorar las prestaciones y coberturas del Sistema de Seguros Agrarios. En particular, se insta al Gobierno de la Nación a que aumente el apoyo presupuestario de acuerdo con las necesidades de los cultivos y explotaciones, así como de
manera acorde al aumento de la siniestralidad registrada en los últimos años y al aumento de la superficie asegurada, no presupuestando en ningún caso una cantidad inferior a la del año previo.
8. Favorecer el relevo generacional en el mundo rural, apoyando la incorporación de los jóvenes a la actividad agroganadera con medidas que garanticen su permanencia y profesionalización, así como fomentando su incorporación a las
cooperativas agroalimentarias.
9. Impulsar medidas con el fin de dignificar la actividad agroganadera y reconocer expresamente el valor económico y social del cooperativismo agroalimentario español.
10. Garantizar una correcta aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que garantice la protección y rentabilidad de los productores españoles.
11. Impulsar la modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con el fin de no perjudicar a las cooperativas agroalimentarias españolas. Esta modificación contemplará
necesariamente:
a) la supresión de la obligatoriedad de inscripción de contratos alimentarios cuando la compra se produzca a los productores primarios y las agrupaciones de estos;
b) la exclusión total del ámbito de aplicación de dicha ley las relaciones cooperativizadas realizadas entre los socios y las cooperativas agroalimentarias.
12. Impulsar los procesos de integración de las cooperativas agroalimentarias con el fin de favorecer su competitividad, modernización, profesionalización y el aumento de la renta de los productores agrarios integrantes de las mismas.
Debiendo de contemplar necesariamente:
a) la armonización normativa con el fin de acabar con las dificultades relativas a los procesos de integración supra-autonómicos derivadas de la existencia de múltiples leyes cooperativas regionales;
b) el reconocimiento de la figura 'Entidad Asociativa Prioritaria'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernández Ríos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus condiciones respectivas de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de un modelo de negociación colectiva articulado para la pesca extractiva española,
para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La pesca extractiva constituye un sector de gran importancia económica y larga tradición en nuestra Patria. España ha sido el país europeo que más toneladas de capturas ha registrado en 2023 (698.485,87 toneladas) 61 y, con 8.525 buques,
posee la tercera flota pesquera más grande la Unión Europea 62 -por detrás de Grecia (12.092 buques) e Italia (12.255 buques) 63-, si bien desde 2014 se ha producido un paulatino descenso en el número de buques de la flota española en todos los
caladeros.
En lo que se refiere al ámbito sociolaboral, se estima que la pesca marítima da empleo a cerca de 30.494 personas (28.841 personas a bordo y 1.654 personas en tierra), siendo uno de sus principales retos el relevo generacional. En
particular, centrándonos en los trabajadores de abordo, cabe destacar que existe una notable tasa de envejecimiento (el grueso de los trabajadores se sitúa en el tramo de 40 a 64 años), lo cual amenaza la continuidad de la actividad 64.
Además, se ha de recordar que el trabajo pesquero presenta una serie de particularidades en comparación otras actividades productivas 65, lo que ha dificultado en gran medida la aplicación de las normas laborales y de la Seguridad Social
comunes 66: la dureza de las condiciones de trabajo (se trata de 'una actividad profesional muy peligrosa con altas tasas de morbilidad, siniestralidad y mortalidad') 67, la inexistencia de ciclos productivos regulares por la incidencia de factores
externos (climatológicos, biológicos, técnicos, etc.), el régimen salarial (véase el salario a la parte) y la singularidad del centro de trabajo (buques) 68. También ha adquirido importancia 'la regulación internacional, derivada de la pesca en
aguas internacionales y en jurisdicciones de diferentes Estados y de organizaciones regionales de pesca' 69. En este ámbito se ha de mencionar el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo en la pesca 70, en vigor en
España desde el 29 de febrero de 2024.
61 Acceso: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/FISH_CA_MAIN/default/table?lang=en
62 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2024): Formación y relevo generacional en el sector pesquero extractivo: contexto y actuaciones, pág. 7.
63 Acceso: https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/es/FTU_3.3.9.pdf
64 Ídem, págs. 13 y 14.
65 RIBES MORENO, M. I. (2022): 'La compleja inclusión de los pescadores en el control del tiempo de trabajo' en Cuadernos de Derecho transnacional, 14(2), pág. 773.
66 CARRIL VÁZQUEZ, X. M. (2006): 'Algunas de las especificidades más problemáticas del trabajo en el mar realizado a bordo de embarcaciones pesqueras' en Revista Galega de Economía, vol. 15, núm. 1, pág. 4.
67 AA.VV. (2014): Sector Pesquero: análisis de la literatura científica sobre salud laboral. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pág. 4.
68 SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. (2004): 'El tiempo de trabajo de quienes prestan su actividad a bordo de buques pesqueros' en Anales de Derecho, vol. 22, págs. 239 y 240.
69 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (2023): Informe 3/2023. La pesca, la acuicultura y la industria transformadora en España: retos para su sostenibilidad, pág. 60.
70 Acceso: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_code:c188
Vistas las anteriores particularidades que afectan al trabajo pesquero a bordo, resulta llamativa la escasa presencia de normas jurídicas (legales 71 y convencionales) 72 al respecto, algo especialmente criticado desde la doctrina 73.
En este sentido, particularmente problemático ha sido el ámbito de la negociación colectiva, en donde sector de la pesca extractiva 'muestra un modelo desarticulado y casi caótico, con criterios de selección de su ámbito, en los que [...] se
mezclan según los casos el puerto, el tipo de arte o incluso el tipo de pesca, dando lugar a unidades dispersas y a tejidos fragmentados' 74.
Este modelo ha sido fruto de la incompleta transición de Reglamentaciones y Ordenanzas Laborales a una red de convenios colectivos. En efecto, de la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria de Pesca Marítima de 1946 75 se pasó a
diferentes reglamentaciones para cada arte de pesca 76 y, a partir de finales de la década de los setenta, estas comenzaron a ser sustituidas por convenios colectivos aplicables al ámbito provincial o a un arte pesquera, existiendo, no obstante,
importantes vacíos de regulación 77. A este respecto cabe recordar el papel desempeñado por el 'Acuerdo de cobertura de vacíos de 1997' 78 (véase su Anexo I) y los laudos arbitrales de 27 de noviembre de 2001 (relativo a la sustitución de la
derogada Ordenanza Laboral de Buques Congeladores) 79 y de 30 de mayo de 2002 (relativo a la sustitución de la derogada Ordenanza de Trabajo para la pesca marítima en buques bacaladeros) 80.
Este escenario convencional fragmentado y atomizado, en donde la figura del convenio colectivo juega un papel limitado, contrasta especialmente con el de la acuicultura y la industria transformadora de productos del mar, sectores que, por el
contrario, cuentan con sistemas negociales articulados. Así, en el ámbito de la acuicultura está vigente el 'VII Convenio colectivo estatal para la acuicultura' 81 y, en el ámbito de la industria transformadora de productos del mar, están vigentes
el 'Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco para los
71 En el ámbito legislativo destaca el Real Decreto 618/2020, de 30 de junio, por el que se establecen mejoras en las condiciones de trabajo en el sector pesquero, el cual recoge, en lo esencial, la regulación de las condiciones de trabajo
de la actividad pesquera. Este Real Decreto incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016 (esta Directiva, a su vez, incorporó al acervo comunitario los principales elementos del citado
Convenio OIT C188), salvo en lo que se refiere a la obligación de formalizar por escrito el contrato de trabajo de los pescadores. Por su parte, el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, transpuso la referida obligación de formalizar por escrito el contrato de trabajo de los pescadores.
72 Esta afirmación se extiende también al ámbito internacional: 'es más que evidente la menor atención de la OIT a la pesca que al sector marítimo. Este hecho se refleja en un dato incuestionable: el menor número de normas dirigidas
específicamente a este sector' (véase BERNAL SANTAMARÍA, F. (2022): 'Análisis de la normativa a la luz del Convenio OIT C188 sobre el trabajo en la pesca' en Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 10,
núm. 2, pág. 256).
73 Véase, entre otros autores, BERNAL SANTAMARÍA, F. (2022): 'Análisis de la normativa a la luz del Convenio OIT C188 sobre el trabajo en la pesca' en Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 10,
núm. 2.
74 CRUZ VILLALÓN, J. (2009): La negociación colectiva en la explotación de recursos acuícolas: pesca, acuicultura y actividades afines. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pág. 33.
75 Aprobada por la Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de octubre de 1946 (BOE de 13 de noviembre de 1946).
76 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (1996): Informe 7/96 a iniciativa propia, de análisis socioeconómico del sector pesquero, pág. 219.
77 CRUZ VILLALÓN, J. (2009): La negociación colectiva en la explotación de recursos acuícolas. Colección Informes y Estudios. Serie Relaciones Laborales, núm. 91, pág. 35.
78 Resolución de 13 de mayo de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del acuerdo de cobertura de vacíos.
79 Resolución de 8 de enero de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación del Laudo Arbitral de fecha 27 de noviembre de 2001 dictado por don Alfonso Morón Merchante
en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral de Buques Congeladores.
80 Resolución de 27 de junio de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Laudo Arbitral de fecha 30 de mayo de 2002, dictado por don Alfonso Morón Merchante, en el
proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza de Trabajo para la pesca marítima en buques bacaladeros.
81 Resolución de 23 de abril de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo estatal para la acuicultura.
años 2021-2024' 82 y el 'Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar con procesos de congelación y refrigeración' 83.
Por todo lo anterior, y con el fin de contribuir a la dignificación del trabajo pesquero e incrementar su atractivo, resulta imperativo superar el actual escenario de insuficiente regulación convencional e impulsar de manera decidida un
modelo de negociación colectiva articulado para la pesca extractiva. Se hace necesario, pues, favorecer la consecución de un convenio colectivo nacional que englobe a las diferentes artes de pesca extractiva y contemple las especificidades de ese
sector.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar de manera decidida un modelo de negociación colectiva articulado para la pesca extractiva, apoyando y fomentado a tal fin la consecución de un convenio colectivo nacional que englobe
a las diferentes artes de la pesca extractiva y contemple las especificidades de ese sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernández Ríos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló, Ricardo Chamorro Delmo e Ignacio Hoces Íñiguez en su respectiva condición de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la agilización de los trámites asociados al tratamiento de los vehículos gravemente afectados
por la DANA, para su discusión ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El episodio de gota fría que asoló el pasado mes de octubre diversas regiones del sudeste y litoral mediterráneo y, en particular, Valencia, ha tenido un impacto catastrófico en todos los órdenes.
Entre los daños causados por las inundaciones, destaca la inutilización de un elevado número de vehículos que se vieron arrastrados por las aguas o quedaron gravemente dañados. Se estima que más de 120.000 vehículos fueron retirados de las
vías, acumulándose temporalmente en espacios públicos. La Dirección General de Tráfico estima que el 98 % tendrán que ser desguazados 84.
82 Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas y salazones dé pescado y marisco para los años 2021-2024.
83 Resolución de 3 de abril de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar con procesos de congelación y refrigeración.
84 https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/20241115-trafico-habilita-buscador-para-localizar-vehiculos-afectados-dana/
Muchos de estos lugares habilitados se han convertido en depósitos improvisados de vehículos sin que se hayan implementado las medidas necesarias para mitigar los riesgos asociados; y es que esta acumulación, que se mantiene actualmente,
genera gravísimos riesgos en materia de seguridad, salubridad y deterioro del medio natural. Así, la presencia prolongada de estos vehículos incrementa el riesgo de incendio, debido a la naturaleza inflamable de ciertos componentes, así como el
riesgo de contaminación por el vertido de líquidos como combustibles, aceites, refrigerantes o líquidos de frenos, que se filtran al suelo y contaminan los acuíferos, lo que evidencia la necesidad de actuaciones urgentes de cara a la protección del
medio natural. Es de destacar que no fue hasta el 21 de noviembre cuando las Consejerías de Justicia e Interior y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio del gobierno valenciano dictaron la Orden 16/2024 85 donde indican los lugares donde
proceder al depósito de los vehículos retirados.
En esta urgente necesidad de proceder a la retirada masiva de vehículos inservibles, concurren la localización e identificación de los vehículos afectados, el peritaje correspondiente por parte del Consorcio de Compensación de Seguros y la
tramitación, en su caso, de la baja definitiva de los vehículos ante la Dirección General de Tráfico.
El Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, establece el marco reglamentario para la gestión de los vehículos que tengan la consideración de residuo. Son los desguaces o centros autorizados -públicos o privados- para el tratamiento de los
vehículos al final de su vida útil (CAT) las únicas instalaciones que tienen encomendadas las operaciones de descontaminación y otras funciones, como la separación de componentes, partes o piezas, para su reutilización, y el tratamiento para el
reciclado.
Los CAT están específicamente diseñados para prevenir los riesgos referidos supra mediante sistemas impermeables y mecanismos de recogida de residuos; condiciones que no se están cumpliendo en los emplazamientos actuales.
El catastrófico impacto de la gota fría también obliga al ejercicio del deber de los poderes públicos para con la conservación de nuestro entorno. Esto es a lo que sir Roger Scruton se refería como oikofilia: el amor a nuestra casa 86. No
obstante, el Gobierno ha tardado un mes en reaccionar al manifiesto deterioro del medio natural.
Proteger a España y a los españoles pasa necesariamente por la conservación de su patrimonio natural, que une a los españoles de todas las generaciones. La obligación de preservarlo que vincula a los poderes públicos se vuelve todavía más
acuciante en momentos de catástrofe natural como este.
Es necesario garantizar la conservación del medio, de la fauna y de la flora, al mismo tiempo que se protege la salud de las personas y se procura el desarrollo económico y social.
Así, el pasado 30 de noviembre de 2024 entraba en vigor el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre -el tercer paquete de medidas del Gobierno en relación con el episodio de gota fría-, en el cual prevé una disposición adicional décima
ordenada a la retirada, depósito y tratamiento de los vehículos afectados.
La presente iniciativa busca, pues, en su compromiso con los españoles afectados y la conservación de nuestro entorno, que el Gobierno agilice las actuaciones para prevenir el mayor deterioro de nuestro medio natural producido por el
hacinamiento masivo de decenas de miles de vehículos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Impulsar cualesquiera medidas sean necesarias al objeto de agilizar el traslado de los vehículos afectados por la gota fría que, por la gravedad de sus daños, serán retirados de la circulación, a los Centros Autorizados de Tratamiento
(CAT).
85 https://dogv.gva.es/es/resulta t-dogv?signatura=2024/12360
86 SCRUTON, R. Filosofía verde, Homo Legens, Madrid, 2021.
2. Promover las acciones necesarias con el fin de que las tramitaciones de las bajas definitivas de los vehículos afectados ante la Dirección General de Tráfico se produzcan con la máxima celeridad.
3. Evaluar las zonas destinadas al almacenamiento temporal de los vehículos al objeto de acometer, a la mayor brevedad posible, las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad, la salubridad y la protección del medio natural.
4. Efectuar un estudio para evaluar los daños en el medio natural, la flora y la fauna que hayan podido ocasionar los coches almacenados a causa de la gota fría.
5. Garantizar que el traslado de los coches y los residuos no provoca daños al medio natural, a la fauna y la flora, así como a la salud de las personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, Ignacio Hoces Íñiguez y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para políticas climáticas de adaptación ante fenómenos extremos como las
DANAs, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA) no son un fenómeno nuevo. Este fenómeno se desarrolla cuando una masa de aire muy frío se queda aislada circulando en altitudes muy elevadas, concretamente en la troposfera. Cuando esta masa
choca con un aire más cálido y húmedo, como el que se desprende del mar Mediterráneo, da lugar a tormentas y chubascos, especialmente concentradas entre finales del verano y principios del otoño. No todas las DANAs crean condiciones climáticas
extremas, pero justamente este potencial destructivo aparece cuando se mezclan temperaturas frías con las especialmente cálidas, tanto terrestres como marítimas.
La virulencia de las últimas DANAs, especialmente la que asoló a finales de octubre el País Valenciá y calificada por la AEMET como el temporal 'más adverso del siglo en la Comunitat Valenciana', tiene una relación directa con el cambio
climático. Este mismo fenómeno extremo también afectó a otros territorios como Castilla La-Mancha, especialmente en Letur y Mira; Andalucía, concretamente en el Valle de Guadalhorce, muy vulnerable climáticamente; y Catalunya, en menor medida y
solo con daños materiales.
Así lo avalan estudios como el de World Weather Attríbution (WWA), que indica que la DANA registrada el 29 de octubre provocó precipitaciones que fueron un 12 % más intensas y el doble de probables en relación con el clima preindustrial, que
era un 1,3 °C más frío que el actual. 'El cambio climático es la explicación más probable, pues una atmósfera más cálida puede retener más humedad, lo que provoca aguaceros más intensos', dice WWA en su comunicado. ClimaMeter, un proyecto del
Instituto Pierre-Simon Laplace (IPSL) de ciencias del clima, interpretan esta DANA 'como un fenómeno provocado por condiciones meteorológicas muy excepcionales, cuyas características pueden atribuirse principalmente al cambio climático provocado por
el hombre' ya que 'la variabilidad natural del clima no puede explicar por sí sola la cantidad de precipitaciones registrada'.
Estas conclusiones científicas sobre el rol del cambio climático en fenómenos meteorológicos extremos coinciden en el tiempo con los datos revelados el 7 de noviembre
por el Servicio de Cambio Climático de Copérnico de la Comisión Europea: 'después de 10 meses de 2024, ahora es prácticamente seguro que 2024 será el año más cálido registrado y el primer año de más de 1,5 °C por encima de los niveles
preindustriales según el conjunto de datos [de los que disponemos]'.
Este hito tiene especial relevancia en el Mediterráneo, región que se calienta un 20 % más rápido que la media mundial. El progresivo aumento de la temperatura del mar Mediterráneo facilita que se den las condiciones para la aparición de
DANAs más potentes y destructivas.
Las consecuencias de los fenómenos extremos, que la ciencia los vincula con el cambio climático, se han podido ver de manera trágica en las consecuencias que han sufrido y están sufriendo las zonas afectadas por el paso de la DANA de
octubre. Siendo la pérdida de más de 200 vidas la consecuencia más trágica, también hay que contemplar los daños materiales, sociales, económicos y psicológicos que padece la zona. Los principales efectos de una DANA de esta virulencia han
comportado el desborde de ríos que han ocasionado graves inundaciones. Hay un factor clave que se debe tener en cuenta: la cantidad de construcciones que se ubican en zonas inundables, tal y como muestra el mapa interactivo del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). Este es una situación que sufre todo el país. De hecho, España tiene más de 25.000 kilómetros cuadrados de zonas inundables, en las que viven 2,7 millones de personas, medio millón de las cuales están en
áreas que se inundan de media una vez cada diez años, según el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El desorden urbanístico, iniciado hace décadas, permitía construir en cualquier lugar y sin que la población fuera conocedora de esta circunstancia. Aún hoy en día, en algunos municipios hay planes de ordenación urbanística que no
contemplan medidas de restricción de construcción en zonas inundables. Muchos otros tampoco tienen actualizados los planes de emergencia ante el riesgo de inundaciones (y otros riesgos derivados del cambio climático). Estos planes de competencia
municipal, junto a unos servicios de emergencia públicos bien dotados y estructurados, son esenciales. Ante esta realidad, es imprescindible articular políticas de prevención y adaptación al cambio climático.
La Unión Europea apunta en esta dirección a través de la Estrategia Europea de Adaptación, con el objetivo de impulsar una Europa más resiliente ante el cambio climático, que guíe la actuación por parte de los Estados miembros, que deben
basar su toma de decisiones en base a un mayor conocimiento y deben promover la adaptación en sectores vulnerables clave. En este sentido, España cuenta con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC), que comprende un
conjunto de estrategias orientadas a evitar los impactos potenciales derivados del cambio climático, así como para favorecer una mejor preparación para la recuperación tras los daños. Dicho plan se basa en principios orientadores y contiene unos
componentes estratégicos para la adaptación que conviene tener en cuenta, especialmente el que atañe a la integración en planes, programas y normativa sectorial, que incluyen los planes hidrológicos, los planes de gestión de riesgo de inundación o
de sequía. En concreto, y en materia de fenómenos extremos como la DANA, el Plan destaca que 'en la gestión del riesgo de inundación convergen numerosos campos de la gestión pública, como la previsión meteorológica, el planeamiento urbanístico y la
ordenación del territorio, la protección civil y la alerta temprana, la gestión del dominio público hidráulico y la gestión del dominio público marítimo terrestre, competencias ejercidas desde diferentes niveles de la administración'. De él emana
el Programa de Trabajo 2021-2025, que desarrolla las líneas de acción definidas en el PNACG y, entre otros aspectos, se focaliza en la definición de medidas y asignación de responsabilidades en el ámbito de las administraciones públicas, así como en
el establecimiento de medidas que conllevan un grado de prioridad.
Las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático deben guiar toda política pública y ser un eje transversal, siendo claves en el diseño de medidas de prevención que eviten el desastre humano y material que suponen fenómenos
extremos como las DANAs. Es conveniente no solo reducir la aceleración del cambio climático, sino también el
desarrollo de políticas públicas de adaptación al cambio climático tanto en relación con el modelo productivo como a los hábitats, y que sea debidamente planificada para que sea una transición justa.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Priorizar con carácter urgente las medidas incluidas en el Plan de Trabajo del PNACC relacionadas con al ámbito de trabajo 3, Agua y Recursos Hídricos, y que hacen referencia a la evaluación, integración, la autoprotección, la
participación y el control ante el riesgo de inundaciones. En concreto:
a) Evaluación, análisis y diagnóstico de la gestión de los eventos de inundación y lecciones aprendidas.
b) Desarrollo de actuaciones de adaptación al riesgo de inundación en sectores e instalaciones clave.
c) Integración del riesgo de inundación en la ordenación territorial y urbanística.
d) Fomento de la capacitación y dinamización para la prevención, la autoprotección y la participación ciudadana asociadas a los planes de gestión del riesgo de inundaciones por parte de las administraciones territoriales acorde a lo
establecido a nivel nacional.
e) Elaboración de una Estrategia Nacional de Comunicación del Riesgo de Inundación y Adaptación al Cambio Climático.
2. Estudiar nuevas medidas, no incluidas en el actual Plan de trabajo del PNACC, para incidir de manera directa en la reducción del riesgo para la población en caso de desastres naturales, así como nuevos mecanismos de ayuda con especial
atención a aquellas personas con mayor riesgo de vulnerabilidad o exclusión social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Júlia Boada Danés, Nahuel González López, Àgueda Micó Micó y Alberto Ibáñez Mezquita, Diputados.-Aina Vidal Sáez y Verónica Martínez Barbero, Portavoces del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR.
161/001575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa al impulso para el desarrollo de
la industria de la minería urbana, para su debate en la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La presente Proposición no de Ley tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo de la industria conocida como 'minería urbana', para convertirla en un sector clave en la recuperación de los recursos minerales utilizados en aparatos
eléctricos y electrónicos, poniendo el foco en los componentes del interior del montaje de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y las baterías de vehículos eléctricos.
Estos dispositivos están fabricados con materias primas que son finitas y, por tanto, cada vez son más difíciles de encontrar, la cual cosa afecta no solo a nivel de impacto en el medio ambiente ante su continua extracción y escasa capacidad
de recuperación y reciclaje, sino también a los derechos humanos con el aumento de graves conflictos,
algunos de gran violencia alrededor de las zonas de extracción, principalmente en países del sur global como en la República Democrática del Congo, con la conocida guerra del Coltán, o los conflictos sociales y ambientales crecientes por la
extracción de hierro, cobre, plata y oro en países como Colombia, Méjico y Perú, entre otros de América Latina.
Muchas de estas actividades son además ilegales, con trabajadores en regímenes de semi esclavitud y con afectación directa a parques nacionales, entornos protegidos y/o territorios ancestrales de las comunidades indígenas que los habitan.
La Defensoría del Pueblo de Colombia en su Informe de 2023. Situación de los derechos humanos de la población minera colombiana: Visibilizando la cara de la economía minera ilegal, concluía que 'Detrás de los números y las estadísticas se ocultan
realidades divergentes que constituyen la otra cara de la minería, aquella que se ve reflejada en las circunstancias de pobreza, marginación, abandono y criminalización en las que vive gran parte de la población colombiana, especialmente en las
zonas rurales en donde se practica la MAPE. Esta cara, que se ha intentado visibilizar a través de distintos medios, empero, su estigmatización ha sido normalizada con el pasar de los años al igual que las dinámicas asociadas al conflicto armado
colombiano, con el cual se relacionan gran parte de las afectaciones a los derechos humanos identificadas como consecuencia de la actividad minera'.
Por este motivo, los dispositivos móviles, ordenadores o electrodomésticos se han convertido en una fuente de componentes con mucho valor. De hecho, algunos de los dispositivos que usamos en nuestra rutina diaria pueden contener hasta 60
elementos de la tabla periódica, principalmente algunos como el Cobre/Cu, Platino/Pt, Paladio/Pd, Rodio/ Rh, Níquel/Ni, Litio/Li, Cobalto/Co, Hierro/Fe, Oro/Au y la plata/Ag.
Según el informe de la ONG Amigos de la Tierra, Minerales para la transición energética y digital en España: demanda, reciclaje y medidas de ahorro de diciembre de 2023 'la demanda de todos los metales está dominada principalmente por las
tecnologías de movilidad eléctrica, y dentro de esta, principalmente por el turismo eléctrico. La movilidad eléctrica es responsable del 54-58 % de la demanda acumulada entre 2020 y 2050 de aluminio y cobre, del 73-92 % de manganeso, cobalto,
níquel y litio, y del 79 % de disprosio y neodimio. Mientras tanto, las tecnologías eólicas son responsables del 16 % de la demanda de disprosio y neodimio, y las subestaciones y líneas eléctricas representan el 10-11 % de la demanda de cobre y
aluminio. Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) comercializados demandan aproximadamente entre el 5 % y el 12 % de la mayoría de los metales y hasta el 35 % de la demanda total de oro. También vemos cómo la fabricación de electrolizadores
para la producción de hidrógeno verde en el principal motor (77 %) de la demanda de paladio y platino.
Aplicando diferentes escenarios alternativos vemos que la demanda puede reducirse respecto al escenario de transición (ET) en un 10-20 % alargando la vida útil de las tecnologías (Alternativa 1), en un 3-14 % limitando el tamaño de las
baterías (Alternativa 3), en un 1-4 % dándole una segunda vida a las baterías de movilidad eléctrica (Alternativa 4) y en un 10-25 % con un escenario alternativo de movilidad que reduzca los automóviles individuales y aumente el transporte público
(Alternativa 5). Cuando se combinan todas las medidas (Alternativa 6) se logra una reducción de la demanda de materiales de entre el 10 % y el 50 % según los diferentes metales analizados. El litio es el metal cuya demanda se puede reducir más
(hasta un 50 %).'
Se hace imprescindible pues con la revisión de estos datos aportados por la ONG Amigos de la Tierra, que el Ministerio disponga de datos específicos sobre la demanda mineral futura asociada a todos los marcos estratégicos para la transición
energética en España, que incluyan todas las acciones ejecutivas con relación a dicha demanda, como la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, la Ley de Movilidad Sostenible o la Hoja de Ruta del Hidrógeno.
En cuanto a la denominada minería urbana debemos de tener en cuenta que, para extraer estos materiales, se lleva a cabo un proceso muy minucioso y delicado de recogida
selectiva porque muchos son altamente contaminantes y mezclarlos con el resto de residuos supone un grave peligro para el Medio Ambiente.
Por el contrario, el principal beneficio de la Minería Urbana tiene una relación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pues la recuperación de materiales para darles una nueva vida contribuye al ODS 12 para garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles, y además, evita el desabastecimiento de determinadas materias primas en el mundo. De hecho, el Parlamento Europeo ya aprobó hace pocos meses el refuerzo del derecho a reparar de los consumidores a
través de una Directiva que obliga a los fabricantes a prestar servicios de reparación oportunos y rentables, y que informen a las personas consumidoras sobre este derecho. Por todas estas razones, la Minería Urbana es una solución cada vez más
presente para avanzar hacia un modelo de economía circular.
La minería urbana ofrece pues la posibilidad de aprovechar al máximo los recursos que ya no son primarios, es decir, que ya no son extraídos directamente desde la naturaleza, sino que quedan relegados en las ciudades. Desde metales hasta
materiales de construcción, esta nueva forma de minería brinda una nueva perspectiva sobre cómo reutilizar, reciclar y revitalizar entornos urbanos.
Mas allá de los componentes derivados de la extracción de minerales y metales encontramos otras experiencias de éxito con participación de la Administración Pública, por ejemplo, en Chile, donde a partir de desechos de obras civiles, como
los escombros procedentes de demoliciones de distintos edificios se ha producido el material para la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Santiago de Chile.
Será este, el de la minería, un sector en crecimiento en los próximos años, incluso los expertos lo consideran como estratégico, y deben las distintas administraciones apresurarse y realizar esfuerzos para la implementación de políticas para
impulsar el desarrollo de esta industria, con el diseño y creación de nuevas formaciones regladas para la capacitación de personas extractoras, personal técnico de control de trazabilidad y calidad, o la ampliación de los puntos de reciclaje y
especialización de los ya existentes, para poder incorporar los componentes de residuos electrónicos y eléctricos (RAEE) a nuevos procesos productivos y darles una segunda vida dentro de la economía circular.
De este modo, con un desarrollo integral de la minería urbana se conseguiría dotar de contenido práctico y específico algunos de los principales preceptos y principios de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economía circular, en cuanto a la prevención, reutilización, reciclado y valoración de residuos.
No obstante, cabe resaltar que las actividades vinculadas al reciclado de los componentes de RAEE y pilas también suponen un alto valor significativo en la economía en España, en concreto un valor añadido bruto de cerca de 1.100 millones de
euros y un total de 176 millones de euros al total de la recaudación fiscal del país en 2019, de acuerdo con datos recogidos por el informe de 2021 de Recyclia.
Consecuentemente, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar e implementar un plan para el desarrollo integral de la industria de la minería urbana en España, en coordinación con las Comunidades Autónomas.
2. Tomar las medidas necesarias para alcanzar unas tasas de recogida y reciclaje que permitan que los metales secundarios contribuyan al 57 % de la demanda entre 2020 y 2050.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para la creación de un parque público de
vivienda de alquiler social permanente en la Operación Campamento, para su debate y aprobación en Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El acceso a la vivienda constituye uno de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía madrileña. La reciente manifestación por el derecho a la vivienda del pasado 13 de octubre ha evidenciado la urgencia de acometer un giro profundo en la
política de vivienda de nuestro país, lo que requiere las reformas normativas necesarias y un respaldo de los Presupuestos Generales del Estado que priorice la vivienda como un bien de interés social.
En Madrid, la Operación Campamento representa un ambicioso plan urbanístico orientado a transformar una extensa superficie de suelo público, de aproximadamente de 211 hectáreas, en el suroeste de la ciudad. Estos terrenos han pertenecido
históricamente al Ministerio de Defensa y fueron utilizados durante mucho tiempo como instalaciones militares. La mencionada Operación Campamento tiene como objetivo la creación de un amplio desarrollo residencial y comercial, que contempla la
construcción de alrededor de 10.700 viviendas. De acuerdo con el planeamiento urbanístico, aproximadamente el 60 % de estas viviendas será de protección pública mientras que el 40 % restante estará destinado al mercado. Sin embargo, es importante
señalar que las viviendas con algún tipo de protección estarán sujetas al módulo de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid, el cual presenta dos características preocupantes: en primer lugar, después de 15 años, estas viviendas se
privatizarán y pasarán al mercado; en segundo lugar, los precios de las viviendas protegidas resultan claramente inasequibles. La subida de hasta un 56 % de los precios protegidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha situado el precio de
alquiler de una VPPL de 90 m2 en 1.440, lo que equivale prácticamente a precio de mercado.
Este proyecto ha requerido treinta años de desarrollo, enfrentando numerosos retrasos y complicaciones burocráticas, así como la necesidad de alcanzar acuerdos entre distintas administraciones, incluido el Gobierno central y el Ayuntamiento
de Madrid. Ha sido necesaria una larga espera para poder disponer efectivamente de este suelo, tras diversas propuestas de convenios entre las administraciones. Tras la enajenación de
terrenos del INVIED (Ministerio de Defensa) a favor de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), esta última entidad posee el 97,7 % del aprovechamiento lucrativo y el 93 % del suelo.
El modelo urbano propuesto se basa en el Plan Parcial aprobado en 2009, correspondiente al ámbito de ordenación del Área de Planeamiento Remitido 10.02 'Instalaciones militares de Campamento', que fue posteriormente incorporado al Plan
General de Ordenación de Madrid. Sin embargo, los elementos fundamentales del desarrollo urbanístico y el modelo urbano establecido en la Operación Campamento no se alinean con una perspectiva ecofeminista y de sostenibilidad ambiental; estos
elementos de la estructura urbana no son fácilmente adaptables sin llevar a cabo una modificación del planeamiento, lo que podría demorar considerablemente los objetivos temporales planteados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
No obstante, en lo que respecta al suelo residencial, el modelo presentado es susceptible de mejoras. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tiene la oportunidad de orientar este desarrollo urbanístico hacia un enfoque más social, con el
objetivo de convertir esta operación en un barrio de vivienda verdaderamente asequible y en régimen de alquiler de impulso público, inspirado en las mejores prácticas europeas, como las de Viena, consideradas referencia internacional.
Es fundamental reconocer y aplicar esta premisa, dado que el actual modelo de vivienda protegida en Madrid no responde a la crisis habitacional actual. Históricamente, se han invertido grandes cantidades de suelo y recursos en la
construcción de viviendas que, en pocos años, se privatizan. Esto ha generado un considerable despilfarro de recursos públicos que ha comprometido el acceso a la vivienda de las generaciones futuras. La política de vivienda debe abandonar el
modelo imperante en los últimos 25 años y acercarse a los modelos europeos que nos rodean, que se caracterizan por alquileres estables e indefinidos, un alto porcentaje de vivienda pública y social, y control sobre las diversas formas de
especulación inmobiliaria.
Esta es una oportunidad de oro para corregir errores estructurales del pasado en la política de vivienda y crear un parque de vivienda público y asequible permanente que no tenga un carácter meramente residual. Para lograrlo, es
imprescindible blindar el suelo público de la Operación Campamento como garantía de futuro. La propiedad pública del suelo se convierte en clave para alcanzar los siguientes objetivos: que una gran mayoría de las nuevas viviendas construidas sean
en régimen de alquiler; establecer que la protección de las viviendas tenga un carácter permanente vinculado a los mecanismos de financiación de los Planes Estatales de Vivienda; garantizar que el precio de las mismas sea realmente asequibles para
la mayor parte de la población; y fomentar la promoción de estas viviendas mediante la colaboración con promotores de lucro limitado, cooperativas y empresas públicas de vivienda.
Finalmente, es importante subrayar que este cambio recae completamente en la competencia de SEPES y del Ministerio dé Vivienda. Es necesario distinguir entre el cumplimiento de la legislación (estándar urbanístico) y el destino efectivo y
precio de venta, alquiler, derecho de superficie, etc., que el propietario (SEPES) se compromete a establecer para sus parcelas. En este sentido, el propietario de suelo tiene la opción de dar un 'giro más social' a la operación cuando ponga en
carga sus parcelas ya urbanizadas. En la fase de edificación, el promotor estatal SEPES puede decidir unilateralmente ceder sus parcelas a favor de promotores terceros (públicos, privados de lucro limitado y cooperativas) en régimen de derecho de
superficie, en cumplimiento de su obligación de contribuir a la constitución y ampliación de parques públicos de vivienda, tal como se establece en el artículo 23.2 letra a) de la Ley de Vivienda 12/2023, en conexión con el artículo 28 apartado
primero letra b) de la misma ley. Esta condición de cesión de la vivienda en derecho de superficie, vía licitación debería establecer precios verdaderamente asequibles de alquiler y una calificación permanente de la vivienda protegida.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar que la entidad pública empresarial de suelo SEPES use los instrumentos a su alcance, tales como la cesión de derechos de superficie o concesiones administrativas, para garantizar la titularidad pública respecto de su propio
patrimonio inmobiliario en los convenios que pueda suscribir con otras administraciones públicas y entidades de suelo con destino a la promoción de vivienda encaminada a la formación de parques públicos de vivienda.
2. Garantizar en los pliegos de las licitaciones de los suelos en derecho de superficie o concesión administrativa en la fase de edificación:
a) Que la mayoría de las viviendas sean de alquiler.
b) Que todas las viviendas tengan protección permanente.
c) Que se haga una rebaja considerable del precio de vivienda protegida para que efectivamente sean sociales y asequibles.
d) Que en ningún caso se enajene suelo público.
e) Que los pliegos de derechos de superficie se hagan en colaboración con promotores de lucro limitado, cooperativas y empresas públicas de vivienda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2024.-Teslem Andala Ubbi, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Cultura
161/001556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejorar las
condiciones laborales de los artistas, para su debate en en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Desde hace más de dos décadas, el sector cultural del Estado español, especialmente los músicos y otros profesionales de las artes escénicas, ha tenido que hacer frente a la realidad burocrática que dificulta el desarrollo de su actividad
profesional.
Los ayuntamientos, empresarios y organizadores de eventos exigen la emisión de una factura para justificar las actuaciones artísticas. Esta situación deja en una posición muy precaria a los artistas que no se pueden permitir ser autónomos
ni tienen un contrato laboral directo con la entidad contratante. En este contexto, han surgido empresas de facturación de actuaciones que se aprovechan de la situación y que a pesar de parecer una solución, a largo plazo no lo son.
Estas empresas, hoy en día más de veinticinco en el Estado español, actúan como intermediarios, emitiendo facturas en el nombre de los artistas a cambio de una comisión, sin establecer ningún tipo de relación laboral con estos. Es decir, a
pesar de que formalmente figuran como contratantes, no asumen ninguna responsabilidad real sobre las condiciones laborales, la seguridad social o los derechos de los artistas. Contratan al músico por un día, emiten la factura, reciben el pago por
parte del organizador, ingresan el dinero al músico y tramitan su baja. Estas empresas suelen aprovechar el desconocimiento
de los artistas sobre las normativas legales y fiscales, ofreciendo liquidaciones atractivas que implican infracotizaciones a la seguridad social. Cotizan por el salario mínimo, independientemente del ingreso real, y el resto se declara
como dietas u 'otros complementos no salariales'. El músico recibe más dinero a corto plazo, pero pierde beneficios a largo plazo.
Este modelo perpetúa la precariedad en el sector cultural. Los artistas, sin alternativas viables, aceptan estas condiciones para poder trabajar, mientras las empresas de facturación se benefician de un sistema que vulnera los derechos
laborales.
La mayoría de músicos y profesionales de la cultura generan ingresos escasos e intermitentes, lo que hace inviable pagar una cuota fija de autónomo mensualmente cuando sus ingresos no son regulares. El Gobierno ha prometido en varias
ocasiones revisar las cuotas de los autónomos en el marco del Estatuto del Artista. Actualmente, existe una cuota reducida de 161 euros mensuales para artistas que ganen menos de 3.000 euros al año, pero la precariedad, la intermitencia de los
ingresos y la realidad del sector impiden que esta medida sea una solución efectiva.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Habilitar una cotización reducida al régimen de autónomos para artistas con bajos ingresos con una cuota inferior al 50 % de la cuota actual del primer tramo reducido de cotización.
2. Instar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a tomar las medidas oportunas para poner fin a las malas prácticas de las empresas de facturación de actuaciones.
3. Fomentar las buenas prácticas en la contratación artística en los ayuntamientos y entidades municipales.
4. Fomentar la formación de cooperativas de servicios de músicos y artistas para estructurar y potenciar el segmento de artistas autónomos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància del Diputat Francesc-Marc Álvaro i Vidal , a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre millorar les
condicions laborals dels artistes per al seu debat a en la Comissió de Cultura.
Exposició de motius
Des de fa més de dues dècades, el sector cultural de l'Estat espanyol, especialment els músics i altres professionals de les arts escèniques, ha hagut de fer front a la realitat burocràtica que dificulta el desenvolupament de la seva
activitat professional.
Els ajuntaments, empresaris i organitzacions d'esdeveniment exigeixen l'emissió d'una factura per tal de justificar les actuacions artístiques. Aquesta situació deixa en una posició molt precària als artistes que no es poden permetre ser
autònoms ni tenen un contracte laboral directe amb l'entitat contractant. En aquest sentit, han sorgit empreses de facturació d'actuacions que s'aprofiten de la situació i que tot i semblar una solució, a llarg termini no ho són.
Aquestes empreses, avui dia més de vint-i-cinc a l'Estat espanyol, actuen com a intermediaris, emetent factures en nom dels artistes a canvi d'una comissió, sense establir cap tipus de relació laboral amb aquests. És a dir, tot i que
formalment figuren com a
contractants, no assumeixen cap responsabilitat real sobre les condicions laborals, la seguretat social o els drets dels artistes. Contracten el músic per un dia, emeten la factura, reben el pagament per part de l'organitzador, ingressen
els diners al músic i li tramiten la baixa. En moltes ocasions, aquestes empreses s'aprofiten del desconeixement dels artistes sobre els requisits legals i fiscals per oferir liquidacions atractives, però que impliquen infracotitzacions a la
seguretat social. Cotitzen pel salari mínim, independentment del que han cobrat, i la resta es declara com a dietes o 'altres complements no salarials'. El músic rep més diners a curt termini, però perd de cara al futur.
Aquest model perpetua la precarietat al sector cultural. Els artistes es veuen obligats a acceptar aquestes condicions per poder treballar, ja que no compten amb alternatives viables. Mentrestant, les empreses de facturació, que s'anuncien
obertament com a solucions legals i segures, obtenen beneficis a costa d'un sistema que vulnera els drets laborals dels artistes.
La majoria dels músics i professionals de la cultura generen ingressos escassos i de manera molt intermitent. No és viable pagar una quota d'autònom fixa cada mes quan els ingressos no ho són. El Gobierno ha promès diverses vegades revisar
les quotes dels autònoms en el marc de l'Estatut de l'Artista. Actualment, existeix una quota d'autònom fixa de 161 euros al mes per l'artista que guanyi menys de 3.000 euros a l'any, la precarietat, la intermitència dels ingressos i la realitat
del sector impedeix que aquesta quota sigui una solució efectiva.
Per tot el que s'ha exposat, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Habilitar una cotització reduïda al règim d'autònoms per a artistes amb ingressos baixos, amb una quota interior al 50 % de l'actual quota del primer tram reduït de cotització.
2. Instar la Inspecció de Treball i Seguretat Social a prendre les mesures oportunes per posar fi a les males pràctiques de les empreses de facturació d'actuacions.
3. Fomentar les bones pràctiques en la contractació artística als ajuntament i entitats municipals.
4. Fomentar la formació de cooperatives de serveis de músics i artistes per estructurar i potenciar el segment d'artistes autònoms.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de desembre de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acelerar la ejecución del nuevo
Plan Técnico Nacional de la TDT y eliminar los riesgos de adjudicación privilegiada del nuevo canal de comunicación audiovisual que se libera, para su debate en la Comisión de Economía, Empresa y Transformación digital.
Exposición de motivos
En 2010, se inician las emisiones por ondas terrestres en España, de los primeros canales de televisión con tecnología digital terrestre (TDT). Era una tecnología de emisión audiovisual
que permite, en contraposición con la televisión analógica, una mayor calidad de recepción, la incorporación de más canales y otros servicios añadidos. Una tecnología que establece un número de franjas de frecuencia, denominados múltiplex,
que permiten incluir cierto número de canales en cada uno de ellos, configurando el catálogo de canales TDT.
Desde entonces, se han ido ejecutando planes técnicos nacionales para acomodar estos múltiplex a las bandas de frecuencia disponibles, en convivencia con los servicios de comunicaciones móviles.
Así, el 21 de junio, el RD 391/2019 aprobó un nuevo Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT), para liberar la banda de frecuencias de 694MHz-790MHz, que se dedicaría a las comunicaciones móviles de banda ancha
(reordenación del espectro radioeléctrico), y que finalizó en octubre de 2020. La nueva banda para la TDT pasaba a ocupar la franja de 470MHz - 694MHz con calidad de alta definición (HD). Este proceso, denominado segundo dividendo digital, se
completó el 14 de febrero de 2024, con todos los canales TDT en calidad HD. En esta nueva banda, se creaban 7 múltiplex nacionales y 1 autonómico, cuyos canales eras ocupados por los titulares de licencia de servicios de comunicación audiovisual,
en función de las adjudicaciones, para RTVE, Net TV, Veo TV, Atresmedia, Mediaset, Trece TV, Real Madrid TV, CBM, con carácter nacional, y los correspondientes autonómicos en cada territorio.
La denominación de estos múltiplex digitales, quedaron etiquetados como RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4, MPE5 para los nacionales y MAUT para los autonómicos, cada uno de ellos con capacidad para la emisión de 4 canales HD, resultado 28
canales nacionales o de ámbito estatal. Sin embargo, siguiendo la línea europea de incorporar la tecnología DVB-T2/HEVC para poder mejorar la calidad de los actuales canales HD hacia canales UHD (ultra alta definición), junto a otras ventajas,
precisaba de un nuevo Plan, que fue publicado, en España, como RD de Plan Técnico Nacional de TDT y sometido a exposición pública con fecha fin 17 octubre de 2024.
Este nuevo RD establece el mantenimiento de los múltiplex del anterior Plan, pero con la capacidad de integrar los 4 canales en cada uno de ellos con calidad UHD, estableciendo también los procedimientos adecuados para ello. Esta
redistribución de canales libera un nuevo canal nacional en el múltiplex MPE5, que deberá ser objeto de adjudicación, mediante concurso de licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual.
Además, esta transición, se deberá realizar en 2 fases de forma secuencial. La Fase 1 para implantar la tecnología DVB-T2 en los 4 canales del múltiplex nacional RGE2 (2 RTVE, 1 Mediaset, 1 Atresmedia) y la Fase 2, para implantar esta
tecnología en el resto de canales.
Este nuevo RD establece que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, publicará, con posterioridad a la adjudicación de este
nuevo canal, la fecha concreta de inicio de ejecución de la Fase 1 de este Plan Nacional de TDT, tal y como recoge el siguiente artículo:
'6.5 5. Una vez adjudicada la licencia contemplada en el apartado anterior, se ejecutarán las actuaciones previstas en este artículo para la distribución de la capacidad de los múltiples digitales de cobertura estatal y el inicio de
emisiones con la tecnología de transmisión de señales conforme a la norma europea de telecomunicaciones EN 302 755 (DVB-T2) en el múltiple digital RGE2. Mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales se establecerá la fecha concreta y las condiciones para su ejecución.'
Teniendo en cuenta que, el Consejo de Ministros en acuerdo adoptado el 24 de marzo de 2024, acordó que la aprobación y entrada en vigor de este RD debería tener una tramitación administrativa urgente, la redacción de este artículo supone un
retraso claro en el desarrollo de este Plan y contradice el objetivo principal de este RD para adoptar los nuevos estándares tecnológicos de calidad TDT en España, sin ninguna justificación técnica que lo respalde.
Además, es importante que la licitación del nuevo canal nacional de TDT se adecúe a las condiciones de competencia, y no pueda favorecer a ningún grupo de comunicación concreto, siendo necesario que la CNMC, como organismo regulador
independiente, intervenga en la supervisión del proceso de redacción de las bases de dicha licitación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar el artículo 6.5.5 del RD del Plan Técnico Nacional de TDT, con el fin de no condicionar la fecha de inicio de ejecución de la Fase 1 del Plan a la licitación del nuevo canal nacional, evitando así enorme retraso que ello
supondría.
2. Que la CNMC participe, con informe vinculante, en la redacción de las bases del pliego del concurso para la adjudicación del nuevo canal estatal, al objeto de que la adjudicación se realice en condiciones claras de competencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Juan Luis Pedreño Molina, Mario Cortés Carballo, Jaime Eduardo de Olano Vela, Laura María Lima García, José Enrique Núñez Guijarro, Pedro Puy Fraga, Jimena Delgado-Taramona
Hernández, Tristana Moraleja Gómez, María Pilar Alía Aguado, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Francisco José Conde López, Eduardo Carazo Hermoso, Irene Garrido Valenzuela, Cristina Teniente Sánchez, Sandra Pascual Rocamora y Macarena Montesinos de
Miguel, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad
161/001561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la Sanidad española, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Primero. Introducción
La nefasta situación en la que se encuentra el Sistema Sanitario español es del todo inaceptable. Este Grupo Parlamentario ha denunciado en numerosas ocasiones la desidia del Gobierno de España ante los problemas que aquejan al Sistema
Nacional de Salud ('SNS'), así como el hecho de que el Ejecutivo, lejos de poner los medios para lograr resolverlos, no haya hecho más que agravar la referida situación con sus políticas sociales y económicas.
Entre las cuestiones que han contribuido a deteriorar aún más la ominosa situación del sistema sanitario y que, por ende, amenazan el derecho a la protección de la salud de los españoles que enuncia el artículo 43 de la Constitución Española
('CE'), destacan las siguientes: i) la precariedad laboral de los profesionales sanitarios, ii) la desigualdad que genera el modelo autonómico y iii) la infrafinanciación crónica del SNS.
Segundo. Precariedad laboral del personal sanitario
Para que un sistema sanitario funcione correctamente, lo primero que los poderes públicos deben asegurar son unas excelentes condiciones laborales para los profesionales que trabajan en él. Ellos conforman la columna vertebral del SNS y sin
su trabajo no sería posible ofrecer a los españoles una asistencia sanitaria eficiente y de calidad. Sin embargo, los datos evidencian de forma clara que las condiciones laborales de los profesionales sanitarios españoles distan mucho de ser
óptimas.
La precariedad laboral del personal médico de nuestro país se manifiesta, en primer lugar, en los salarios insuficientes que estos perciben. Así, mientras que el salario medio de un médico que comienza su primer año de residencia en España
es de 18.443 euros brutos anuales (sin contar las guardias) 87, en países vecinos como Alemania o Reino Unido, por ejemplo, el sueldo de un residente de primer año asciende a los 59.265,48 88 y 44.135,93 89 euros brutos anuales, respectivamente.
La precariedad de los sueldos,, generalizada en todo el territorio nacional, se agrava aún más en ciertas regiones debido al desigual reparto de recursos provocado por el modelo autonómico. De esta manera, dependiendo del lugar donde se
presten los servicios, un médico español puede ganar hasta un 19,10 % menos que su homólogo que reside en una región diferente 90. La desigualdad puede también observarse, de forma más sangrante aún, en las retribuciones de las horas de guardia.
Por ejemplo, mientras que un médico residente de primer año percibe en Madrid 11,61 euros/hora en cada guardia, en Castilla-La Mancha se llegan a percibir hasta 16,91 euros/hora, lo que supone un 37,17 % más 91.
Todo lo anterior provoca que algunos profesionales sanitarios españoles tengan que abandonar a sus familias y su lugar de residencia para trasladarse a otras regiones, e incluso a otros países, en busca de mejores condiciones laborales.
Así, de 2019 a 2022, hasta 10.000 facultativos han solicitado el certificado de idoneidad para trabajar en el extranjero y, en apenas tres años, 1.200 médicos se han marchado efectivamente de España 92. La situación de los enfermeros no es mejor
que la de los médicos puesto que, solo en 2023, hasta 1.473 enfermeros solicitaron la documentación necesaria para ejercer su profesión fuera de nuestro país, eligiendo como principales destinos: Noruega (336), Estados Unidos (226), Reino Unido
(92), Irlanda (60), Países Bajos (43), Australia (41), Francia (40), Suiza (39), Canadá (22), Bélgica (13), Arabia Saudí (11) y Portugal (11) 93.
Además, a las nefastas condiciones salariales se les suman otros problemas que deterioran igualmente el bienestar de nuestros profesionales sanitarios y, en muchas ocasiones, los acaban expulsando de facto de España. Entre ellos, cabe
destacar: la temporalidad de los contratos, las largas jornadas de trabajo, las dificultades para conciliar o la desproporción entre el número de facultativos y de pacientes, entre otros.
Tercero. Diecisiete sistemas sanitarios diferentes
Otro de los problemas de fondo del SNS español radica en que el actual modelo de las autonomías propone la coexistencia de diecisiete sistemas sanitarios diferentes, en virtud de lo cual se genera una desigualdad entre los españoles que no
solo afecta a las condiciones laborales de los sanitarios, como se ha explicado anteriormente, sino también
87 https://simeg.org/wp/wp-content/uploads/2023/04/Retribuciones-MIR-2023-corregido.pdf.
88 https://www.redaccionmedica.com/ secciones/formación/alemania:sube-el-sueldo-de-sus mir-de-primer-ano-hasta-los-5-000-euros-mes-4389.
89 https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/doctors/paydoctors#:~:text=Doctors%20in%20training, -As%20a %20doctor&text=In%20Foundation%20training%2C%20you%20will,%C2%A343%2C923%20to%20%C2%A363%2C152..
90 https://simeg.org/wp/wp-content/uploads/2023/04/Retribuciones-MIR-2023-corregido.pdf.
91 https://www.infobae.com/espana/2024/02/26/tabla-de-como-cobran-las-guardias-los-medic os-residentes-mir-en-cada-comunidad-autonoma-de-espana/
92 https://theobjective.com/sanidad/2024-05-16/fuga-medicos-espanoles-extranjero/.
93 https://www.periodicodeibiza.es/noticias/baleares/2024/05/09/2160575/baleares-entre-ccaa-mas-bajas-por-traslados-enfermeras-busca-mejores-salarios-contratos.html.
a la desigualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios. El sistema autonómico discrimina a los pacientes según su lugar de residencia.
Algunos de los ejemplos que sirven para ilustrar lo que acaba de referirse son: la disparidad en los tiempos de espera entre regiones desde el momento que se solicita una cita con el médico hasta que se asiste a la consulta, las diferencias
en el número de camas disponibles según la región, los días de demora media en la lista de espera quirúrgica o la cantidad de tratamientos y equipos disponibles para el diagnóstico y cura de las enfermedades.
En definitiva, la proliferación de hasta 17 sistemas sanitarios diferentes (además de Ceuta y Melilla, competencia directa del Ministerio de Sanidad, gestionada a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria -INGESA-) no ha hecho sino
provocar desigualdad y desprotección de los españoles y pérdida de calidad y accesibilidad del SNS.
Cuarto. Infrafinanciación del SNS
Lo expuesto hasta ahora se agrava por otra de las cuestiones a las que se hacía referencia en el expositivo: la infrafinanciación crónica que padece el sistema sanitario español.
Desde la comparativa con el resto de los países del entorno, cabe destacar que España se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea en lo que se refiere a gasto per cápita en salud. Así, mientras que países como Alemania u Holanda
este gasto se sitúa por encima de los 4.000 euros, España solo llega a los 2.588 euros per cápita 94.
Asimismo, la aportación a la financiación de la Sanidad de nuevo difiere mucho en función de la región. Regiones como Asturias o Castilla y León cuentan con un gasto sanitario per cápita de 1.996 y 1.813 euros respectivamente mientras que
otras, como Cataluña o Madrid, se sitúan en 1.352 y 1.280 respectivamente 95.
Esta falta de recursos resulta más grave aún si se tiene en cuenta el despilfarro que se hace del dinero público para financiar políticas ideológicas que están desconectadas completamente de la realidad y necesidades cotidianas de los
españoles. Un ejemplo de este gasto superfluo es el llamado 'Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres', para el que el Gobierno presupuestó un total de 20.319 millones de euros 96, una cuantía con la que se podría, entre otras
cosas, duplicar el salario de todos los sanitarios en España o triplicar el gasto total destinado a Sanidad en un año.
Quinto. Políticas del ejecutivo
Ante la situación expuesta, el Gobierno de España y, más concretamente, el Ministerio de Sanidad, porfía en empeorar las condiciones en las que se encuentra el sistema sanitario mediante políticas que en nada colaboran al bien común.
Así, en lugar de tratar de poner solución a los problemas con los que se encuentran los españoles a la hora de acceder a los servicios sanitarios, el Ejecutivo dedica todos sus esfuerzos a promover iniciativas que o bien atacan directamente
la salud de los ciudadanos o bien promueven un mayor colapso del sistema y, por ende, vulneran el derecho a la protección salud de los españoles. Un ejemplo de lo primero es la intención declarada de, al menos, parte del Gobierno de coalición de
despenalizar el consumo de marihuana 97 -en este sentido, cabe destacar que el 53 % de los jóvenes que la consumen experimentan pensamientos suicidas 98-. Respecto a lo segundo, conviene señalar iniciativas como el Proyecto de Ley de universalidad
del Sistema Nacional de Salud -que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria-, que propone universalizar la asistencia sanitaria,
94 https://health.ec.europa.eu/document/download/3f9d55be-9e36-43d9-99adb96ac63a5b9b_es?filename=2022_healthatglance_rep_en_0.pdf.
95 https://datosmacro.expansion.com/estado/presupuestos/espana-comunidadesautonomas?sc= PR-G-F-31.
96 https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2022/MARZO/planestrategico.htm.
97 https://www.congreso.es/busqueda-de-miciativas?p_p_id=iniriativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciat i vas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XV&_iniciativas_id=184%2F005882.
98 https://www.eluniversal.eom.mx/ciencia-y-salud/cannabis-produce-pensamientos-suicidas-en-53-de-consumidores-jovenes/.
incluyendo a inmigrantes ilegales, lo que, sin duda, aumentará la presión sobre un sistema ya sobrecargado, incrementará los tiempos de espera, deteriorará aún más la calidad del servicio y generará una seria injusticia para todos los
españoles.
La redistribución justa de los recursos necesita de unas fronteras definidas para poder aplicarse y la política migratoria que propone el actual Gobierno no hace sino empeñarse en disolverlas. Así, mientras que muchos países de la Unión
Europea dan marcha atrás en el proceso de universalización de recursos públicos, los poderes públicos responsables de velar por la salud de los españoles impulsan una política migratoria que no hace más que avanzar en sentido contrario.
Sexto. Conclusión
A resultas de lo expuesto, traemos de nuevo a colación la reflexión del primer expositivo: es esencial que el Gobierno acometa las medidas necesarias para asegurar la protección de la salud de todos los españoles en el corto, medio y largo
plazo.
En tanto que este Gobierno no lleve a cabo una transformación profunda del sistema sanitario que derive en una mejora palpable de las condiciones en las que viven los enfermos y trabajan los sanitarios, el Grupo Parlamentario VOX no dejará
de recordar que es crucial que abandone la ideología y las pretensiones de transformación social globalista como fundamento de sus políticas, para priorizar en cambio la inversión y reordenación de los servicios de Sanidad y salud pública con el
objetivo de curar y cuidar, dentro de un sistema que sitúe a las personas en el centro, especialmente las más vulnerables.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Incrementar en los PGE las partidas destinadas a la Sanidad, de modo que se garantice la suficiencia de la atención a las necesidades reales de los españoles y, en particular, de los más vulnerables. Para poder afrontar este gasto, se
eliminará de los PGE todo gasto superfluo e ideológico.
2. Reducir el volumen y tiempo de las listas de espera en todos los ámbitos sanitarios, incentivando a los centros públicos para su reducción y reforzando los conciertos con la sanidad privada.
3. Garantizar el acceso de todos los españoles en condiciones de igualdad a los servicios sanitarios, con independencia de su lugar de residencia.
4. Promover la creación de una tarjeta sanitaria única, así como unificar la historia clínica y farmacéutica digital de los pacientes españoles para que esta sea accesible al personal sanitario de todo el territorio nacional.
5. Eliminar las barreras lingüísticas impuestas por el separatismo en el acceso al desempeño de las profesiones del ámbito sanitario.
6. Promover unas condiciones laborales para el personal sanitario que garanticen unos salarios competitivos para los profesionales de toda España, faciliten la conciliación familiar y aseguren la retención del talento español.
7. Reforzar la Estrategia Nacional de Salud Mental, mejorando la prevención, con prioridad en la del suicidio y las conductas autolíticas, los trastornos alimentarios y de autismo y las adicciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2024.-David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001577
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para crear un plan integral de
protección de la salud mental infantil y juvenil frente a los efectos psicológicos causados por la DANA en Valencia, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Las inundaciones provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en el este de España entre los últimos días del pasado mes de octubre y los primeros del presente noviembre han puesto en evidencia el devastador impacto que los
desastres climáticos tienen en la población infantil, un grupo especialmente vulnerable. Durante la edad pediátrica, los niños presentan características anatómicas, fisiológicas, metabólicas y conductuales que los hacen más sensibles a las
adversidades ambientales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de representar solo el 12 % de la población global, los menores de 5 años soportan el 43 % de la carga de enfermedades atribuibles a causas ambientales, con un 88 %
de la morbimortalidad climática concentrándose en este grupo etario.
Las inundaciones, como uno de los principales desastres ambientales afectan de manera desproporcionada a la salud infantil. Este impacto se evidencia en tres fases: la inmediata, con tareas de rescate y atención médica de urgencia; la de
restauración funcional de la comunidad; y la de largo plazo, donde emergen efectos en salud que incluyen infecciones, malnutrición, enfermedades crónicas, y trauma psicológico.
Los impactos psicológicos de las inundaciones generan consecuencias inmediatas y prolongadas en la salud mental de los niños afectados. En el caso de las inundaciones en Valencia, las consecuencias psicológicas incluyen:
- Estrés postraumático: aproximadamente el 25 % de los niños expuestos a desastres climáticos desarrollan trastornos como estrés postraumático, ansiedad, ataques de pánico y depresión, debido a su limitada capacidad para afrontar y
comprender estos eventos.
- Trauma emocional: la pérdida de pertenencias, el desplazamiento forzoso y la alteración de la rutina diaria generan en los niños inseguridad, miedo y dificultad para comprender los eventos.
- Ansiedad crónica: la preocupación por la recurrencia de un evento similar afecta su bienestar emocional, alterando su capacidad de adaptación y aprendizaje.
Los efectos psicológicos también están vinculados a la dependencia de los niños hacia los adultos para interpretar y enfrentar los desastres. La falta de explicaciones adecuadas y apoyo emocional durante y después del evento agravan las
consecuencias psicológicas.
Es importante recordar que el impacto psicológico y social es mayor en comunidades con menos recursos, donde la falta de acceso a servicios básicos, como agua potable y atención médica, exacerba los riesgos. Las condiciones en comunidades
rurales y marginadas dificultan una recuperación adecuada, perpetuando ciclos de trauma y vulnerabilidad infantil.
Pese a la gravedad de la situación, no se han desarrollado estrategias específicas para preparar a la infancia frente a desastres climáticos ni se han identificado suficientemente prácticas eficientes para mitigar estos impactos, siendo
imprescindible adoptar medidas integrales para proteger la salud mental de la población infantil.
Las inundaciones asociadas a la DANA no solo destruyen infraestructura y alteran ecosistemas; también dejan una profunda huella emocional en la población infantil, cuya capacidad de afrontamiento es limitada. Proteger la salud mental de
los niños es una obligación moral y un compromiso político frente al cambio climático, que requiere estrategias preventivas, apoyo psicológico continuo y políticas basadas en evidencia.
La infancia, como el grupo más vulnerable, debe estar en el centro de cualquier respuesta ante emergencias climáticas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a materializar cuanto antes un plan integral con el que proteger la salud mental de los niños y los adolescentes frente al impacto que la DANA acontecida en el este de España haya tenido en su
bienestar emocional.
Para ello, y con un enfoque de salud pública que cuente con las familias, el Gobierno trabajará desde el consenso real con las Comunidades Autónomas afectadas; los profesionales sanitarios, del ámbito social y el educativo, y los
representantes de los pacientes.
Además, destinará cuantos recursos económicos, humanos, estructurales y tecnológicos sean necesarios para asegurar que el plan es desarrollado adecuadamente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Julia Parra Aparicio, Macarena Montesinos de Miguel, Belén Hoyo Juliá, Alberto Fabra Part, Sandra Pascual Rocamora, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez, Fernando Rosa
Torner, Alma Alfonso Silvestre, Esperanza Reynal Reillo, Carlos Gil Santiago, Cristina Moreno Borrás, Óscar Clavell López y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001580
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reforzar la evidencia científica en los mecanismos de preparación y respuesta
ante desastres naturales, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La I Estrategia Nacional de Protección Civil fue aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional en abril de 2019, reafirmando el Sistema Nacional de Protección Civil como parte esencial del Sistema de Seguridad Nacional. Este mismo año se ha
aprobado la II Estrategia Nacional de Protección Civil, avalada por el Consejo Nacional de Protección Civil en su reunión del 10 de abril de 2024, y que combina la incorporación de la experiencia acumulada en el abordaje integral de las emergencias
con nuevas líneas de actuación en torno a la autoprotección de la población, la formación de los profesionales y la incorporación de nuevas tecnologías.
Por otro lado, el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres Horizonte 2035 aprobado en 2022 recoge las prioridades que deben guiar a todas las administraciones públicas en su acción frente a los desastres naturales, fundamentalmente
causados por el cambio climático, como son los fenómenos meteorológicos adversos y las inundaciones. Este Plan incorpora la necesidad de profundizar en la cultura preventiva, incorpora la ciencia y las acciones de l+D+i a la prevención y a las
actuaciones de Protección Civil, incluye a los actores relevantes del sector privado y potencia los vínculos con los sistemas sociales y de ayuda humanitaria y, además, refuerza la formación y se crea un Comité Científico Asesor.
El segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros del 22 de septiembre de 2020, sustituyendo al primer PNACC de 2006. El PNACC 2021-2030 constituye el instrumento
de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España y forma parte de una batería de instrumentos de planificación en materia de energía y clima orientados a evitar o reducir los
efectos negativos del cambio climático, entre los que destacan el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a largo plazo para una economía moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050 y el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima.
Entre los ámbitos de trabajo del PNACC se encuentra la 'Reducción del riesgo de desastres', donde se incluyen las siguientes líneas de acción:
- Evaluación prospectiva de riesgos de desastres considerando las proyecciones y escenarios de cambio climático.
- Integración de criterios y medidas adaptativas en el Sistema Nacional de Protección Civil (planes territoriales, planes básicos y planes especiales estatales).
- Apoyo y refuerzo de las medidas preventivas, especialmente Soluciones basadas en la Naturaleza, así como los sistemas de observación, alerta temprana, comunicación y educación ante el riesgo de desastres.
- Consideración de los análisis de riesgos asociados al cambio climático en el estudio, el análisis y la definición de medidas de autoprotección y fomento de la autoprotección para los diferentes riesgos de desastres relacionados con el
cambio del clima.
La planificación de la gestión de riesgos específicos se puede abordar desde el punto de vista de la gestión general del sector al que está asociado el riesgo (planificación forestal, hidráulica, sísmica, nuclear, etc.) como desde el punto
de vista de la protección civil, a los que la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, denomina planes especiales y que tienen que estar desarrollados a escala regional.
Los planes de protección civil para la gestión del riesgo de catástrofes y los programas de trabajo y planes sectoriales del PNACC son instrumentos coherentes con múltiples conexiones, que actúan de forma coordinada y sinérgica, y están
contribuyendo a fortalecer la resiliencia de la sociedad española.
El proyecto del JRC PESETA IV ha analizado los daños por inundaciones fluviales en Europa, con resultados desagregados por Estados Miembros. Para España, en las condiciones actuales (datos referidos a 2015) el impacto económico estimado es
de 451 M /año y la población expuesta es de 11.100 personas/año. A su vez estima que el cambio climático en Europa aumentará progresivamente la frecuencia y gravedad de las inundaciones, aumentando los impactos económicos y sociales.
Para profundizar en el conocimiento de la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación en España se ha desarrollado, en el marco del Plan Nacional de Adaptación, el estudio 'Incorporación del cambio climático en la evaluación
preliminar del riesgo de inundación (EPRI) en el segundo ciclo de aplicación de la directiva de inundaciones (2007/60/CE)'. El proceso de evaluación del riesgo de inundaciones realizado en este estudio ha permitido determinar las zonas con posible
influencia del cambio climático en cada cuenca hidrográfica en España, revelándose como un instrumento que facilita la identificación de posibles nuevas Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación.
Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación recogen como una de las medidas de coordinación para la mejora y desarrollo del conocimiento en materia de gestión del riesgo de inundación, la creación de un grupo de l+D+i que sirva para
fomentar la coordinación entre los todos los sectores relacionados con este ámbito.
Siguiendo esta medida, el Grupo Español de Inundaciones se constituyó durante en junio de 2017 y está formado por la comunidad científica (universidades y centros de
investigación), administraciones responsables de los diferentes aspectos de gestión del riesgo de inundación y el sector empresarial.
El Grupo de inundaciones identifica las prioridades en la investigación y los problemas de interés conjunto, organiza jornadas anuales de coordinación y mantiene un contacto continuo y una colaboración estable y duradera para impulsar nuevas
investigaciones y mejorar conocimientos.
Entre los mayores retos técnico-científicos identificados en España en materia de inundaciones figura la integración del cambio climático en revisión de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación.
En España, con carácter general los planes sectoriales son el marco para aplicar las medidas de prevención del riesgo, adecuación o mejora de infraestructuras y la capacitación de la sociedad y los planes de protección civil, se encargan de
las medidas de prevención, preparación y respuesta, los sistemas de alerta temprana, y los sistemas de seguimiento.
En ese sentido, otras de las cosas que crea la Ley 17/2015 como parte del Sistema Nacional de Protección Civil, es una infraestructura de comunicación de avisos y que ha sido desarrollada por este Gobierno. La Red de Alerta Nacional de
Protección Civil, gestionada por el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, se configura como un sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades
competentes en materia de protección civil. Además, se ha dotado de un sistema de envío de alertas a la población a través de los teléfonos móviles, el sistema ES-Alert, puesto a disposición de los órganos competentes de dirección de las
emergencias.
Lamentablemente, la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que afectó a la Comunidad Valencia, Castilla la Mancha y Andalucía, ha mostrado de forma dramática la necesidad de disponer de servicios públicos como la AEMET y la CH Xuquer
que, sobre la base de la evidencia científica, avisaron con anticipación del peligro que las precipitaciones extremas del pasado 29 de octubre entrañaban que quedó desgraciadamente confirmado con cuantiosos daños materiales y unas pérdidas humanas
muy dolorosas.
En cualquier caso, se yerra absolutamente cuando sí se cuestiona a los servicios de alerta temprana y de seguimiento que hicieron su trabajo correctamente y a los servicios de gestión de la emergencia que continúan haciéndolo con el adecuado
asesoramiento científico y con el único objetivo de salvar vidas.
Por su parte, la fase de gestión de la emergencia, tanto en el caso de la DANA de Valencia como en catástrofes de cualquier otra naturaleza, también tiene que apoyarse siempre en la evidencia científica.
Así, el pasado 30 de octubre de 2024 se activó el Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Un grupo interdisciplinar que desde el primer día asesoró técnicamente al
conjunto de entidades implicadas en la gestión de la DANA, aportando conocimiento sobre interpretación de imágenes obtenidas por el Programa Copernicus de Observación de la Tierra, en materia de elaboración y manejo de datos cartográficos, de estado
de afectación y conservación de infraestructuras, o análisis de comportamiento fluvial y drenaje de áreas anegadas.
Un recurso científico público que ha prestado servicio previamente en otras emergencias como la que tuvo lugar en el vertido de fuel en el Puerto de La Luz y de Las Palmas el pasado mes de septiembre, o en desastres naturales como la
erupción del volcán Tajogaite en la isla de La Palma en 2021.
La protección y respuesta ante emergencias y catástrofes son ámbitos destacados de la seguridad nacional, y la prevención y protección temprana ante eventos de gran capacidad destructiva es fundamental para reducir los daños materiales y
personales y, sobre todo, salvar vidas. Un objetivo al que la ciencia contribuye diariamente a pesar de la mentira y la desinformación lanzada en redes sociales y determinados medios de comunicación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer, fomentar y defender el papel de la evidencia científica como base para la formulación de políticas públicas de todo tipo y, muy especialmente, de aquellas destinadas a la protección y respuesta ante situaciones de alerta.
2. Procurar el acceso universal a la información como uno de los elementos sustanciales en las medidas de preparación ante emergencias y, en especial, para los sistemas de alerta temprana y seguimiento.
3. Seguir fomentando el uso de los instrumentos de alertas en casos de riesgos que puedan provocar daños graves a la ciudadanía, como el sistema ES-Alert.
4. Utilizar los medios legales para proteger los servicios públicos de ataques como campañas de descrédito basadas en informaciones falsas y amenazas a las personas que desarrollan su labor profesional en estos servicios, y perseguir a
quienes fomentan la desinformación y que con ello ponen en riesgo a personas y bienes.
5. Combatir los discursos negacionistas del cambio climático por su peligrosidad y desarrollar programas de concienciación y preparación entre la población general.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Andreu Martín Martínez, Obdulia Taboadela Álvarez y Roberto García Moris, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del sistema universitario público para su debate en la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, aprobada en la pasada legislatura, nos recuerda en su Preámbulo que 'la Universidad ha sido, es y debe ser fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social,
de inclusión, de oportunidades y de libertad cultural para todas las edades'.
La Universidad pública continúa siendo uno de los principales factores que favorece la movilidad social, motivo por el que deviene en imprescindible cuidarla y defenderla. Y con ella a los docentes, investigadores y alumnos que dan vida a
la institución. Aspirar a un país más innovador y menos desigual exige un compromiso ineludible con la educación superior y el sistema universitario público.
Por desgracia, no siempre la Universidad pública ha ocupado el papel que se merece. En efecto, los sucesivos gobiernos del Partido Popular desde el año 2011 sumieron al sistema universitario público a una situación de infrafinanciación sin
precedentes: recortes en becas, precarización del personal universitario e investigador, fuga de cerebros o deterioro de los campus públicos son algunos de las consecuencias sufridas por las universidades públicas de nuestro país. Políticas
neoliberales que han ocasionado una cuantiosa factura que aún estamos pagando como sociedad.
Al tiempo que se producen estos agravios en la Universidad pública se fomenta e impulsa la creación de universidades privadas, principalmente en aquellas comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular. Según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, hoy en día contamos con 50 universidades públicas repartidas por toda la geografía de nuestro país, mientras que las
universidades privadas ascienden a 46, de las cuales 31 han sido aprobadas en los últimos 26 años.
La Comunidad de Madrid es un ejemplo paradigmático de esta situación, hasta el punto de que las universidades privadas superan por mucho a las públicas en esta comunidad: 13 privadas, frente a seis universidades públicas. Y subiendo, ya
que hay cuatro proyectos en marcha. Se estima que la próxima apertura será la Universidad Abierta de Europa, proyecto que contó con un informe desfavorable por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Para evitar el deterioro del sistema universitario, se han iniciado los trabajos para la reforma del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación
institucional de centros universitarios, con el objetivo de reforzar los criterios de calidad docente e investigadora de las nuevas universidades, también las privadas.
Más universidades privadas y menos financiación para las universidades públicas: este es el modelo de enseñanza superior del Partido Popular. En este sentido, los Consejos de Gobierno de las seis universidades públicas madrileñas han
emitido un reciente comunicado en el que ponen de manifiesto su estado de precariedad, comprometiendo su capacidad para formar talento y para impulsar la investigación y la innovación, y exigen una financiación adecuada para asegurar la prestación
de los servicios de docencia e investigación. Los centros universitarios madrileños no han visto incrementada la financiación por parte de su comunidad autónoma desde antes de la crisis financiera de 2008 y su financiación por alumno está un 21 %
por debajo de la media de nuestro país y ni siquiera alcanza la mitad del gasto por estudiante medio de las universidades europeas.
Y pese a que tras la presión de sus rectorados, la Comunidad de Madrid ha anunciado una atropellada mejora de la financiación para su sistema universitario en el próximo ejercicio estos recursos siguen siendo 'insuficientes para garantizar
la sostenibilidad de las Universidades Públicas madrileñas, asegurar la calidad de nuestras instituciones, subsanar su crónica infrafinanciación tras quince años sin subida real y abordar las inversiones necesarias en infraestructuras' según el
comunicado de la Rectora y los Rectores de las seis Universidades Públicas Madrileñas.
Por su parte, el Gobierno de España está comprometido con la defensa y dignificación de la Universidad pública, así como con el rejuvenecimiento y estabilización de sus plantillas. Entre las medidas puestas en marcha en la presente
legislatura, cabe destacar el Programa Maria Goyri de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las universidades públicas españolas, iniciativa por la que el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, verdaderas competentes en
la materia, financiará la incorporación de más de 5.600 profesores/as ayudantes doctor a partir del curso 2024-2025 y durante seis años. Un programa acordado en la Conferencia General de Política universitaria con el consenso de todas las
comunidades autónomas el pasado mes de junio.
Los gobiernos de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia ya han firmado el convenio para su puesta en
marcha. La firma del convenio con Castilla y León tendrá lugar en próximas fechas y en el caso de País Vasco, se gestionará a través de la Comisión Mixta del Concierto Económico.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid es, de nuevo, un ejemplo negativo cuando rechaza inopinadamente la financiación ofrecida por el Ministerio de Innovación Ciencia y Universidades y se niega a formar el convenio que haría posible la
dotación de 169 millones de euros de financiación nacional que supondrían la creación de 1091 plazas de profesor ayudante doctor. Es necesario continuar impulsando medidas que fortalezcan las universidades públicas de nuestro país frente a la ola
de privatización que convierte el sistema de enseñanza superior en un espacio restringido y elitista. La Universidad pública debe continuar siendo un mecanismo que fomente el ascensor social; que asegure la
igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, y que impulse proyectos innovadores en beneficio del conjunto de la sociedad.
Y para ello, es necesario una financiación suficiente y adecuada, que englobe el respeto de las condiciones laborales y la estabilidad laboral de sus profesionales, docentes e investigadores, y que asegure un servicio ejemplar para los
alumnos y alumnas. Además, es imprescindible articular mecanismos de control de la calidad de los centros universitarios efectivos y eficientes, que impidan la proliferación desbocada de centros universitarios privados cuyo único objetivo sea el
beneficio económico en detrimento de la calidad educativa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir combatiendo la infrafinanciación y la precariedad en el sistema universitario español mediante medidas que garanticen la estabilidad y suficiencia de los presupuestos universitarios.
2. Seguir implementando medidas de dignificación y mejora de las condiciones del profesorado y del personal investigador a fin de que la universidad pública siga siendo referente en cuanto a la atracción y retención del talento científico.
3. Revisar los mecanismos existentes para evitar la proliferación de proyectos universitarios privados de baja calidad sostenidos por intereses meramente económicos o criterios de negocio.
4. Continuar trabajando para el pleno despliegue del programa Maña Goyri de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las universidades públicas españolas en todo el territorio.
5. Requerir a todas las administraciones competentes para que cumplan con su labor de defensa del sistema universitario público español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Roberto García Moris y Obdulia Taboadela Álvarez, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001583
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley relativa a la financiación de las universidades públicas españolas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que la previsión contenida en el punto 5.º procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley relativa a la financiación de las
universidades públicas españolas, para su debate y aprobación en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El sistema universitario público español es un motor de progreso, cohesión social e innovación. Sin embargo, enfrenta importantes retos derivados de la infrafinanciación y el incremento de los costes de vida, afectando tanto a las
universidades como al alumnado. La situación es especialmente preocupante en la Comunidad de Madrid, donde los rectores de las seis universidades públicas han alertado sobre la insostenibilidad económica de sus centros mediante una carta abierta a
la presidenta de la Comunidad de Madrid el 28 de noviembre de 2024. Los rectores piden que se enmienden los presupuestos generales de la comunidad (solo ha subido un 0,9 % la partida) durante su trámite en la Asamblea, que se aumente
'considerablemente' la partida de infraestructuras, que se elabore 'de inmediato' un modelo de financiación plurianual y que se garantice que se baje la precariedad de las plantillas como exige la reforma universitaria.
El sistema público madrileño cuenta con 30.000 personas entre profesorado y personal técnico de servicios, y 220.000 estudiantes, la segunda cifra más alta de España. 'La falta de inversión compromete gravemente las condiciones necesarias
para garantizar un entorno adecuado para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación', inciden los rectores. A ello se une que el Gobierno de la Comunidad se niega ahora a cofinanciar 1.100 profesores ayudantes doctor con el Ministerio de
Innovación, Ciencia y Universidades, como el resto de comunidades, también gobernadas actualmente por el Partido Popular, aunque en verano abrazó con dudas el acuerdo.
Este escenario compromete no solo la calidad educativa, sino también la igualdad de oportunidades, al dificultar el acceso de los estudiantes con menos recursos. Es urgente que el Gobierno de España tome medidas en colaboración con las
comunidades autónomas para garantizar la financiación adecuada y asegurar la continuidad del servicio público que ofrecen las universidades.
En línea con estas demandas, se hace imprescindible articular un plan de financiación plurianual que refuerce los recursos de las universidades públicas, incremente las partidas destinadas a becas y apoye la creación de nuevas ayudas que
faciliten el acceso a los estudios superiores.
La educación superior pública es un derecho esencial y un factor decisivo para el desarrollo del país. Garantizar su financiación y accesibilidad es una prioridad que requiere el compromiso firme del Gobierno de España, en colaboración con
las administraciones autonómicas. Asegurar el futuro de las universidades públicas es asegurar el futuro del talento, la innovación y la igualdad de oportunidades en nuestro país.
'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar un plan estatal plurianual de financiación para las universidades públicas españolas, que contemple un aumento progresivo de recursos en colaboración con las comunidades autónomas.
2. Establecer un fondo extraordinario de apoyo para aquellas universidades que afronten situaciones críticas de infrafinanciación, determinando criterios para su identificación , para que se garantice la sostenibilidad de su oferta
educativa y de investigación.
3. Incrementar las dotaciones destinadas a becas y ayudas al estudio, fomentando la creación de becas salario y otras medidas que faciliten el acceso a la educación superior para los estudiantes en situación de vulnerabilidad económica.
4. Convocar una mesa de diálogo con las comunidades autónomas y la CRUE (Conferencia de Rectores) para consensuar estrategias de financiación y asegurar el equilibrio territorial en el acceso a recursos.
5. Rendir cuentas periódicamente ante el Congreso sobre el estado de la financiación universitaria, los resultados del plan plurianual y las medidas adoptadas para garantizar la sostenibilidad del sistema universitario público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Teslem Andala Ubbi y Francisco Sierra Caballero, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco José Alcaraz Martos, Jorge Campos Asensi y María de los Reyes Romero Vilches, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al cese de las ayudas de cooperación internacional en países que no colaboren en la lucha contra la inmigración
ilegal y organizaciones que la promuevan, para su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Primero. La invasión migratoria que sufre España
El Informe Anual de Seguridad Nacional 2023, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional y en el que han participado expertos del sector público y privado, en su apartado de Análisis de Riesgos reconoce que la tercera amenaza para la
seguridad de España es la inmigración ilegal 99. Asimismo, el citado informe también reconoce la tendencia creciente de esta amenaza en los próximos cinco años, manteniéndose como una de las principales amenazas para la seguridad nacional de España
100.
La inmigración masiva de personas en edad adulta con idiomas, religión, costumbres y una visión contraria o cuando menos ajena a los intereses y necesidades de Europa, y en concreto de España, supone una voz de alarma que no ha sido
atendida. Prueba de ello es que ante el incremento de delitos cometidos por inmigrantes ilegales en nuestro
99 'Informe Anual de Seguridad Nacional 2023', Departamento de Seguridad Nacional, abril 2024. P.249. Disponible [En línea]: https://www.dsn.gob.es/es/documento/informe-anual-seguridad-nacional-2023.
100 Ibidem.
país, los números de expulsión de estos individuos son extremadamente bajos. Por ejemplo, en 2023 entraron de forma ilegal 57.000 personas y solo fueron expulsadas 3.000 101.
Durante las últimas décadas, se ha seguido una política errada consistente en transferir importantes fondos de cooperación a los principales países emisores de inmigración ilegal con el ánimo de incentivarles para combatir este fenómeno.
Sin embargo, muchos de estos países, a pesar de recibir estos fondos de cooperación internacional, son reticentes a admitir la devolución de inmigrantes ilegales o, lo que es peor, ni siquiera establecen medidas para evitar la salida de estos
inmigrantes de sus territorios.
Es necesario revisar en profundidad la política de concesión de ayudas de cooperación internacional a aquellos países que no colaboren activamente en erradicar la inmigración ilegal o que pongan trabas a la devolución de los inmigrantes que
han entrado en España de forma ilegal. Resulta inadmisible cooperar con quien no solo no coopera con nosotros, sino que además nos causa graves perjuicios.
Así las cosas, los datos oficiales son clarificadores; entre el 1 de enero y el 15 de octubre de este año han llegado a nuestro país 45.122 inmigrantes ilegales. Esto es un 22,6 % de aumento en relación con el mismo periodo de tiempo del
año pasado. (+8.308) 102. De éstos, 32.878 -casi el 95 %-, han arribado a nuestro país vía marítima, lo que evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en este ámbito, que es de especial interés para la Seguridad Nacional 103. 104 105 106
Año;2020;2021;2022;2023
Expulsiones ejecutadas6.;1.834;2.025;2.627;3.090
Llegadas inmigrantes ilegales.;41.861;41.945;31.219;56.852
% Expulsiones del total de inmigrantes ilegales.;4,38 %;4,82 %;8,41 %;5,43 %
Expedientes de expulsión incoados7.;26.515;31.337;34.949;38.234
Expedientes de Expulsión ordenados de inmigrantes ya expulsados anteriormente8.;3.471;7.954;10.849;10.699
Atendiendo a los datos, se puede concluir que el Gobierno de España está ejecutando un porcentaje mínimo de órdenes de expulsión. De hecho, de los casi 172.000 inmigrantes ilegales que han arribado a nuestro país entre 2020 y 2023, apenas
9.500 han sido expulsados de nuestro país vía orden de expulsión.
Segundo. La incoherencia de la ayuda al desarrollo con la legislación nacional
A la vista de los datos expuestos, resulta evidente la dejación de funciones del Ejecutivo a la hora de luchar contra la inmigración ilegal. Con ello, también se está contraviniendo la legislación nacional, concretamente el artículo 23,
apartado 2, de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que establece que 'la Acción Exterior en materia de inmigración se orientará a la ordenación de los flujos migratorios hacia España y a reforzar la lucha
contra la inmigración irregular'.
Asimismo, la citada ley también prevé la cooperación policial internacional -art. 19.1- 'como elemento esencial para la prevención y la lucha contra todas las formas de
101 MORALES, Enrique. 'España solo expulsó a 3.000 inmigrantes en 2023 de los 57.000 que entraron ilegalmente' 31/3/2024 The Objective. Disponible [En línea]:
https://theobjective.com/espana/2024-03-31/expulsiones-inmigrantes-irregulares-crecen-18/.
102 'Inmigración irregular 2024. Datos acumulados del 1 de enero al 15 de octubre', Ministerio del Interior. Disponible [en línea]:
https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.ga11eries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2024/19_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_15-l0-2024.pdf.
103 Artículo 10 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. Disponible [en línea]: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BQE-A-2015-10389.
104 Respuesta del Gob 13821, de 28 de febrero de 2024. A pregunta número 8833.
105 Respuesta del Gob 24978, de 10 de mayo de 2024. A pregunta número 18900.
106 Respuesta del Gob 36425, de 2 de septiembre de 2024. A pregunta número 27554.
delincuencia organizada transnacional y el terrorismo'. Resulta, por tanto, más que evidente la orientación que la norma da al Ejecutivo en materia de lucha contra la inmigración ilegal.
En este mismo sentido, nuestro país cuenta con convenios de readmisión de inmigrantes ilegales 1079. Entre las naciones con las que existen dichos acuerdos se encuentran: Mauritania, Marruecos y Argelia. Todos ellos países emisores de
inmigración ilegal. En el caso concreto de Marruecos, se firmó en el año 2019 un convenio de cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia. Entre los puntos clave de la cooperación, se cita el terrorismo, incluyendo la
financiación y la colaboración (Art. 1.2.a) la trata de seres humanos y la inmigración ilegal (Art. 1.f) 10810.
No obstante, y atendiendo a las cifras mencionadas en el epígrafe anterior, se demuestra, por un lado, que no existe una voluntad de hacer valer estos tratados por parte del Ejecutivo español, y por otro, la negativa de los países emisores
de aceptar a sus nacionales. De hecho, estas naciones instrumentalizan la inmigración al objeto de conseguir concesiones por parte del Gobierno español. Resulta especialmente llamativa la inoperancia del ejecutivo a la hora de exigir el
cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como la actitud indolente, e incluso hostil, de algunos países al no impedir la avalancha de inmigrantes ilegales hacia España. Este hecho contrasta con la política del ejecutivo de regar de ayudas y
subvenciones a esos mismos países bajo el paraguas de la cooperación al desarrollo.
Así, resulta interesante comprobar como los inmigrantes llegados a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla por vía terrestre ha aumentado un 122,9 % 10911 en comparación con el año 2023. Concretamente en el caso de Ceuta, esta cifra
asciende un 149,1 %.
Tercero. Conclusiones
A tenor de lo mencionado en los epígrafes anteriores, es necesario que el Gobierno frene la invasión inmigratoria que padece nuestro país, pero, sobre todo, que acabe con la financiación de programas de cooperación en aquellos países que no
solo no colaboran con el nuestro en la lucha contra la inmigración ilegal, sino que la instrumentalizan y la promueven.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la lucha contra la inmigración ilegal o impida la repatriación de sus nacionales que hayan entrado de forma ilegal en España.
2. Exigir el cumplimiento de los acuerdos bilaterales suscritos con terceros países con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.
3. Auditar todos los programas de la Cooperación Internacional y desechar todos aquellos que se desarrollen en países que no colaboren con el nuestro en la lucha contra la inmigración ilegal.
107 9Convenios de readmisión de personas en situación irregular, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Disponible [en línea]:
https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/convenios-de-readmision-de-personas-en-situacion-irregular.
108 10Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia, hecho en Rabat el 13 de febrero de 2019. Disponible [en línea]: https://www.boe.es/diario
boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5595.
109 11'Inmigración irregular 2024... op.cit.
4. Endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal que trafican con seres humanos, así como empresas, oenegés o particulares que colaboren con ellas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Francisco José Alcaraz Martos, Jorge Campos Asensi y María de los Reyes Romero Vilches, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Juventud e Infancia
161/001571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Blanca Armario González, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Joaquín Robles López, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de un marco para pruebas periciales a menores inmigrantes ilegales, para su discusión en la Comisión de Juventud e
Infancia.
Exposición de motivos
La inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, tal y como señala el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde la inmigración se ha convertido en el principal problema
existente en España para el 30,4 % de los encuestados.
Los datos avalan la preocupación que tienen los españoles respecto a la inmigración ilegal. De hecho, desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre de 2024 han entrado ilegalmente a España 37.970 inmigrantes ilegales, lo que supone un
aumento del 49,1 % respecto al mismo periodo de 2023 (cuando llegaron 25.471 inmigrantes ilegales) y un aumento del 93,9 % respecto al mismo periodo de 2022 (cuando llegaron 19.573 ilegales).
Un total de 15.045 menores y jóvenes extutelados de edades comprendidas desde los 16 hasta los 23 años contaban con una autorización de residencia a finales de 2023, representando los marroquíes un 68 % del total de jóvenes, siendo la
inmensa mayoría varones (el 94 % del total).
Los centros de menores inmigrantes no acompañados en España están desbordados.
Dentro de este contexto de inmigración ilegal creciente, cobran especial importancia las pruebas de determinación de la edad que se realizan a los ilegales recién llegados, a efectos de repatriación por la Delegación o Subdelegación del
Gobierno, debiendo realizarse las pruebas oportunas mediante autorización del Ministerio Fiscal. La determinación de la mayoría o minoría de edad es sumamente importante al desprenderse de esta determinación el ámbito de los derechos de los
extranjeros que entran ilegalmente en territorio nacional.
Esta determinación de la edad mediante pruebas médicas y periciales procede cuando no puede desprenderse de la apariencia física de la persona en cuestión su edad con claridad, es decir, ante una persona cuya apariencia física corresponde a
la de un menor, no se realizarían pruebas periciales para la determinación de la edad.
Estas pruebas deberían hacerse a todos los inmigrantes ilegales que llegan a territorio nacional (a no ser que por la apariencia física pueda desprenderse su mayoría de edad), para determinar fielmente su edad. La apariencia física está en
muchas ocasiones influenciada y condicionada por cuestiones nutricionales, higiénico-sanitarias, grado de
madurez y más factores; por lo que resulta necesario realizar pruebas médicas exhaustivas para determinar fielmente la edad de los inmigrantes ilegales.
A título de ejemplo, más del 90 % de los MENAS sometidos a pruebas periciales en Aragón por el Instituto de Medicina Legal de Aragón han sido declarados mayores de edad, por lo que es razonable pensar que muchos de los que son considerados
como MENAS realmente son mayores de edad. Dé hecho, la prueba para la determinación de la edad de los ilegales más comúnmente realizada arroja un margen de error de dos años aproximadamente, existiendo pruebas más rigurosas para determinar la edad
de los ilegales que llegan a territorio nacional.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la realización a todos los inmigrantes ilegales no acompañados que se encuentren bajo tutela de los gobiernos regionales, de pruebas periciales exhaustivas para determinar fielmente su edad, con el mínimo margen de error posible
y con la finalidad de evitar el fraude.
2. Impulsar la elaboración de un protocolo general para la determinación de la edad de los ilegales bajo tutela de los gobiernos regionales, que contemple la realización de pruebas periciales y médicas más exhaustivas, como la radiografía
de la cresta ilíaca de la cadera (técnica del índice de Risser).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Rocío Aguirre Gil de Biedma, Joaquín Robles López y Blanca Armario González, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la regulación laboral de la figura de la persona Asistente Personal, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La prestación económica de asistencia personal, regulada en el artículo 19 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se fija para con el objetivo de
contribuir a la contratación de una persona asistente personal y facilitar así una vida más autónoma de aquellas y de aquellos en situación de dependencia. Con ese contrato se va a establecer una relación laboral, directa o no, que vincula al
beneficiario o beneficiaria con la persona asistente personal. Sin embargo, las características propias y diferenciadas de esta relación contractual no se ajustan ni a la regulación general del Estatuto del Trabajo, ni a ninguna de las relaciones
laborales especiales existentes.
Por falta de regulación específica es habitual que se asimile esta relación a la de los servicios en el hogar familiar. Pero, aunque podría parecer que su actividad se desarrolla en circunstancias parecidas, no cabe subsumirlo bajo el
régimen jurídico previsto para el trabajo doméstico pues las tareas desempeñadas tienen claras diferencias. Asimismo, se les exige, en muchos casos, figurar en el régimen especial de autónomos para facilitar la
contratación, sin embargo, existe una clara dependencia y dirección por parte de la persona empleadora a la empleada, por lo que tampoco cabría regularlo a través de la figura del Trabajo Autónomo.
El artículo 1.4 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, define que su objeto es el cuidado o atención de los miembros de la familia o de
las personas que forman parte del ámbito doméstico o familiar, así como otros trabajos que se desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas, tales como las de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos.
Existe una coincidencia parcial, pero, expertos en la materia ponen de manifiesto que existen diferencias esenciales entre una persona empleada del hogar y una persona Asistente Personal. Por ejemplo, la actividad del servicio en el hogar,
como indica su denominación, se centra en el ámbito doméstico, con alguna excepción, sin embargo la de la persona Asistente Personal no se limita la esa esfera. Entra en sus funciones el acompañamiento en todas las esferas de la vida diaria del o
de la dependiente, como puede ser el acompañamiento al trabajo, en los desplazamientos y desempeño de cualquier actividad o en los estudios. Tareas todas ellas que exceden el ámbito fijado para el trabajo doméstico.
Además, mientras el objetivo de la persona del ámbito doméstico es prestar servicios para el hogar, la persona de Asistencia Personal está para facilitar las tareas pero no tiene por qué ejecutarlas.
Tampoco cabría englobar la Asistencia Personal en la categoría de Trabajo Autónomo o de persona Trabajadora Autónoma económicamente dependiente -en caso de que realice su actividad para una empresa o cliente del que percibe cuando menos 75 %
de sus ingresos- pues, en todo caso, la persona autónoma actúa conforme a sus criterios organizativos, circunstancia que no se da en la Asistencia Personal.
Estamos pues, ante un vacío legal que avoca a la confusión y al encaje forzado en otras categorías, por la ausencia de una regulación específica que resulta fundamental para clarificar la relación jurídica entre las Personas con Diversidad
Funcional y las personas Asistentes Personales, así como para establecer un régimen claro de derechos y deberes de cada una de las partes contratantes.
Para eso, es preciso tener presente los servicios y prestaciones contemplados en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, considerando que debería partirse de la fórmula de contrato
laboral indefinido.
En conclusión, creemos que el Gobierno no solo debe financiar la Asistencia Personal mediante la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, sino que también debe promover e impulsar que se regulen de forma clara, en
aras de la seguridad jurídica y del respeto de los derechos de las dos partes contractuales, las características de la relación laboral del o de la Asistente Personal.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular la relación jurídica entre las personas con discapacidad con Diversidad Funcional y las personas Asistentes Personales, de modo que se establezcan con claridad las características
propias de su relación laboral, así como los derechos y deberes de cada una de las partes en aras de la seguridad jurídica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei para a
regulación
laboral da figura da persoa Asistente Persoal para o seu debate na Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
A prestación económica de asistencia persoal, regulada no Art. 19 da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, fíxase para co obxectivo de contribuír á contratación
dunha persoa asistente persoal e facilitar así unha vida máis autónoma daquelas e daquelas en situación de dependencia. Con ese contrato vaise estabelecer unha relación laboral, directa ou non, que vincula ao beneficiario ou beneficiara coa persoa
asistente persoal. Porén, as características propias e diferenciadas desta relación contractual non se axustan nin á regulación xeral do Estatuto do Traballo nin a ningunha das relacións laborais especiais existentes.
Por falta de regulación específica é habitual que se asimile esta relación á dos servizos no fogar familiar. Mais, aínda que podería parecer que a súa actividade se desenvolve en circunstancias parecidas, non cabe subsumilo baixo o réxime
xurídico previsto para o traballo doméstico pois as tarefas desempeñadas teñen claras diferenzas. Así mesmo, esíxeselles en moitos casos figurar no réxime especial de autónomos para facilitar a contratación, porén, existe unha clara dependencia e
dirección por parte da persoa empregadora á empregada, polo que tampouco cabería regulalo a través da figura do Traballo Autónomo.
O Art. 1.4 do Real Decreto 1620/2011, de 14 de novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar, define que o seu obxecto é o coidado ou atención dos membros da familia ou das persoas que
forman parte do ámbito doméstico ou familiar, así como outros traballos que se desenvolvan formando parte do conxunto de tarefas domésticas, tales como as de gardería, xardinería, condución de vehículos e outros análogos.
Existe unha coincidencia parcial, mais, expertos na materia poñen de manifesto que existen diferenzas esenciais entre unha persoa empregada do fogar e unha persoa Asistente Persoal. Por exemplo, a actividade do servizo no fogar, como indica
a súa denominación, céntrase no ámbito doméstico, con algunha excepción, mais a da persoa Asistente Persoal non se limita a esa esfera. Entra nas súas funcións o acompañamento en todas as esferas da vida diaria do ou da dependente, como pode ser o
acompañamento ao traballo, nos desprazamentos e desempeño de calquera actividade ou nos estudos. Tarefas todas elas que exceden o ámbito fixado para o traballo doméstico.
Ademais, mentres o obxectivo da persoa do ámbito doméstico é prestar servizos para o fogar, a persoa de Asistencia Persoal está para facilitar as tarefas pero non ten por que executalas.
Tampouco cabería englobar a Asistencia Persoal na categoría de Traballo Autónomo ou de persoa Traballadora Autónoma economicamente dependente - no caso de que realice a súa actividade para unha empresa ou cliente do que percibe cando menos
75 % dos seus ingresos - pois, en todo caso, a persoa autónoma actúa conforme aos seus criterios organizativos, circunstancia qeu non se dá na Asistencia Persoal.
Estamos pois, ante un baleiro legal que avoca á confusión e ao encaixe forzado noutras categorías pola ausencia dunha regulación específica que resulta fundamental para clarificar a relación xurídica entre as Persoas con Diversidade
Funcional e as persoas Asistentes Persoais, así como para estabelecer un réxime claro de dereitos e obrigas de cada unha das partes contratantes.
Para iso é preciso ter presente os servizos e prestacións contemplados na Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención a Persoas en Situación de Dependencia, considerando que debería partirse da fórmula de contrato laboral indefinido.
En conclusión, cremos que o Goberno non só debe financiar a Asistencia Persoal mediante a Lei de Promoción de Autonomía Persoal e Atención á Dependencia, senón que tamén debe promover e impulsar que se regulen de forma clara, en aras da
seguridade xurídica e do respecto dos dereitos das dúas partes contractuais, as características da relación laboral do ou da Asistente Persoal.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta ao Goberno a regular a relación xurídica entre as persoas con discapacidade e as persoas Asistentes Persoais, de modo que se estabelezan con claridade as características propias da súa relación laboral, así
como os dereitos e obrigas de cada unha das partes en aras da seguridade xurídica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de decembro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ampliar y agilizar las ayudas
destinadas a personas con discapacidad para la adquisición y reparación de material ortoprotésico, vehículos adaptados y otros dispositivos de apoyo, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Constitución Española, en su artículo 49, establece:
'1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus
organizaciones, en los términos que establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.'
La reciente DANA, que ha arrasado la provincia de Valencia y afectado a otras CC.AA., ha evidenciado la vulnerabilidad de todos, volviendo a poner en evidencia, de modo especial, la de las personas con discapacidad y dependientes. Según
informes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), más de 1.625 personas con discapacidad.
Se han perdido o dañado seriamente material ortoprotésico, sillas de ruedas, audífonos, vehículos adaptados y otros elementos necesarios para ellos. También se han visto gravemente afectados el acceso a dispositivos de movilidad y
asistencia comprometiendo seriamente la autonomía de muchas personas.
Pero eso no es todo, esta catastrófica DANA ha generado consecuencias muy graves y dañado seriamente infraestructuras y sistemas de accesibilidad tan necesarios para muchas personas con discapacidad.
Ante esta dramática situación el propio CERMI ha elaborado protocolos globales de actuación que incluyen la reposición, pero no podemos dejar esta responsabilidad al CERMI. Se hace, pues, imperiosa la necesidad de establecer programas de
ayuda y fondos específicos que faciliten el acceso a materiales ortoprotésicos y otros dispositivos de apoyo financiero para la adquisición y reparación de vehículos adaptados, tanto de propiedad particular como de entidades sociales, que garanticen
la movilidad cuanto antes de todas las personas con discapacidad afectadas.
Del mismo modo la reparación o reconstrucción de infraestructuras de accesibilidad se hace urgente.
Es responsabilidad de los poderes públicos garantizar que ninguna persona con discapacidad se vea privada de los recursos necesarios para llevar una vida plena y digna. Es pues fundamental que el Gobierno adopte medidas urgentes para
ampliar y agilizar las ayudas.
El propio Ministro de derechos sociales, consumo y agenda 2030 ha anunciado 3 millones de euros para sufragar la reparación de estructuras de accesibilidad y la compra de materiales para personas con discapacidad que se han visto afectadas.
Pero esta ayuda resulta claramente insuficiente para atender todas las necesidades que han surgido a estas personas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ampliar la cuantía de las ayudas económicas destinadas a la adquisición y reparación de material ortoprotésico, vehículos adaptados y otros dispositivos de apoyo para personas con discapacidad y dependientes, incrementando las partidas
presupuestarias dedicadas a este fin.
2. Simplificar y agilizar los procedimientos administrativos para la solicitud y concesión de estas ayudas, con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a ellas de manera rápida y eficaz.
3. Promover la colaboración con las comunidades autónomas y entidades del tercer sector para coordinar acciones y facilitar la ayuda en las zonas más afectadas, garantizando una gestión más eficiente y equitativa de las ayudas.
4. Implementar campañas de información y sensibilización dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias, para que conozcan las ayudas disponibles y los procedimientos para solicitarlas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Ana Isabel Alós López, María Mercedes Fernández González, Violante Tomás Olivares, Macarena Montesinos de Miguel, Belén Hoyo Juliá, Alberto Fabra Part, Julia Parra Aparicio,
Sandra Pascual Rocamora, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez, Fernando Rosa Torner, Alma Alfonso Silvestre, Esperanza Reynal Reillo, Carlos Gil Santiago, Cristina Moreno Borrás, Óscar Clavell López, Agustín Parra Gallego, María Sandra
Moneo Díez, Antonio Martínez Gómez y Bella Verano Domínguez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000846
Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar
De acuerdo con el artículo 189 y 188 apartado 3 del Reglamento del Congreso de los diputados, el Grupo Plurinacional de Sumar presenta la siguiente pregunta:
¿Cuál es la valoración que el Gobierno español hace de la situación actual en Ucrania y de las opciones para una negociación que conduzcan a un fin de la guerra y a la resolución del conflicto de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y las
resoluciones del Consejo de Seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2024.-Agustín Santos Maraver, Diputado.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000847
Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar
¿Planea el Ministerio de Transportes traer al Congreso de los Diputados un Pacto de Estado por el Ferrocarril, similar a la reciente ley federal de ampliación del ferrocarril alemana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
181/000848
Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar
¿Planea el Ministerio de Transportes la realización de un estudio de viabilidad y la potencial implantación de un servicio de trenes de cercanías en el Poniente Almeriense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
181/000849
Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar
¿Puede el Ministerio de Transportes confirmar si ADIF es el ejecutor de las obras de parking provisional en las inmediaciones de la estación de Camp de Tarragona?
¿Se comunicó al Ayuntamiento de La Secuita el comienzo de las mencionadas obras?
¿Se realizaron estas teniendo en cuenta sus criterios y previa oferta de terrenos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
181/000851
Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar
Jorge Pueyo Sanz
Dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible
¿Qué previsión tiene el Ministerio en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley 161/226, sobre la mejora y ampliación del Cercanías en el corredor Zaragoza-Huesca como apuesta para la descarbonización del transporte, aprobada
el pasado 20 de marzo en esta Comisión por amplísima mayoría y sin votos en contra, y que insta al Gobierno a mejorar las frecuencias, horarios y material rodante de la línea de Cercanías C1 Casetas-Miraflores (Zaragoza), corregir el deterioro de
las estaciones de dicha línea y del corredor Zaragoza-Huesca, elaborar en este ejercicio los estudios necesarios para ampliar el servicio ferroviario del área metropolitana de Zaragoza hasta Huesca, Gallur, Quinto, Cariñena y Calatayud y garantizar
las inversiones en esta legislatura que permitan ejecutar su puesta en marcha, así como analizar las peticiones que se reciban sobre las ampliaciones o mejoras de los servicios declarados Obligaciones de Servicio Público, entre otras actuaciones en
materia de infraestructuras ferroviarias previstas en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.
181/000852
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Héctor Palencia Rubio y Patricia Rodríguez Calleja
¿Cómo explica el Gobierno que con la alternativa seleccionada por la DIA no es viable la conexión por autovía de Ávila con la A6, entre Peñalba de Ávila y Adanero, y con la seleccionada por el Ministerio de Transporte lo era?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Héctor Palencia Rubio y Patricia Rodríguez Calleja, Diputados.
181/000853
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Héctor Palencia Rubio, Luis María Beamonte Mesa, Pedro Navarro López, Javier José Folch Blanc, José Alberto Herrero Bono, María del Mar González Bella, Ana Isabel Alós López y Raquel Clemente Muñoz
¿Qué planificación tiene el Gobierno de España para la realización del proyecto de la Travesía Central del Pirineo incluida en la Red Transeuropea de Transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Héctor Palencia Rubio, Luis María Beamonte Mesa, Pedro Navarro López, Javier José Folch Blanc, José Alberto Herrero Bono, María del Mar González Bella, Ana Isabel Alós López y
Raquel Clemente Muñoz, Diputados.
181/000854
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Bella Verano Domínguez, Héctor Palencia Rubio y Manuel García Félix
¿Cuál es la solución definitiva que tiene previsto implementar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para resolver el notable deterioro de la autovía A-49 en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Bella Verano Domínguez, Héctor Palencia Rubio y Manuel García Félix, Diputados.
181/000855
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Óscar Ramajo Prada, Héctor Palencia Rubio y Elvira Velasco Morillo
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aportar la financiación necesaria para finalizar de una vez los 72 kilómetros pendientes de la autovía del Duero A-11 a su paso por provincia de Zamora,
en concreto del Tramo de Zamora Oeste a la Frontera con Portugal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Óscar Ramajo Prada, Héctor Palencia Rubio y Elvira Velasco Morillo, Diputados.
181/000858
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Ana Martínez Labella, Maribel Sánchez Torregrosa y Rafael Antonio Hernando Fraile
¿Va a tener en cuenta el Ministerio de Transportes y Movilidad las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a los proyectos de carreteras para la 'Remodelación del enlace de la Autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) con las
carreteras A-391 y A-1051' y 'Segunda fase de la remodelación del enlace 429 de la Autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) con las carreteras A-391 y A- 1051'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Ana Martínez Labella, Maribel Sánchez Torregrosa y Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputados.
181/000859
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Cristina Elena Teniente Sánchez
¿Cuáles son los motivos por los que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible vuelve a retrasar el calendario de finalización de la LAV Madrid-Lisboa al año 2034, incumpliendo el compromiso de finalización fijado en el año 2030?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Cristina Elena Teniente Sánchez, Diputada.
181/000860
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Mercedes Otero García
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la puesta en servicio del AVE para Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Mercedes Otero García, Diputada.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000862
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Sofía Acedo Reyes, Cristina Teniente Sánchez, José Ignacio Romaní Cantera, Alma Alfonso Silvestre, Belén Hoyos Juliá, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Cristóbal Garre Murcia, Isabel Gema
Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa, Ángel Ibáñez Hernando, Ana Belén Vázquez Blanco, Miriam Guardiola Salmerón, Isabel Borrego Cortés, Violante Tomás Olivares.
¿Qué competencias concretas van a cederse a la comunidad autónoma de Cataluña teniendo en cuenta que el presidente de la Generalitat ha afirmado que van a poder gestionar 'dentro de poco' las competencias en materia de inmigración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2024.-Sofía Acedo Reyes, Cristina Teniente Sánchez, José Ignacio Romaní Cantera, Alma Alfonso Silvestre, Belén Hoyo Juliá, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto Serrano, Rafael
Benigno Belmonte Gómez, Cristóbal Garre Murcia, Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa, Ángel Ibáñez Hernando, Ana Belén Vázquez Blanco, Mirian Guardiola Salmerón, Isabel María Borrego Cortés y Violante Tomás Olivares, Diputados.
Comisión de Industria y Turismo
181/000850
Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar
Dirigida a la Secretaria de Estado de Industria
La transición ecológica plantea el reto de reconvertir sectores estratégicos, como el petroquímico, hacia modelos más sostenibles, especialmente en una provincia como Cádiz, donde este sector tiene un peso significativo.
¿Qué planes específicos tiene el Gobierno para garantizar la formación y la cualificación del personal afectado por esta reconversión, de forma que se asegure su empleabilidad en nuevas actividades industriales y se fomente un modelo
económico más justo y sostenible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2024.-Esther Gil de Reboleño Lastortres, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/016714
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: García López, Maribel (GS) González Gracia, Juan Antonio (GS) Ramos Esteban, César Joaquín (GS) Almodóvar Sánchez, Emilia (GS)
Situación en cuanto a autorizaciones de concesión de la parcela 197 del polígono 22 de Almendralejo, dentro de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto las preguntas 7 a 9 ya
que, en los términos en que se encuentran redactadas, supondrían consulta de índole estrictamente jurídica, en contra de lo dispuesto en el artículo 186.2 del Reglamento de la Cámara, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Maribel García López, diputada por Badajoz, D. Juan Antonio González Gracia, diputado por Badajoz, D. César Joaquín Ramos Esteban, diputado por Cáceres, y D.ª Emilia Almodóvar Sánchez, diputada por Cáceres, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito:
Se ha planteado en diversos medios y en la Asamblea de Extremadura la situación en cuanto a autorizaciones de concesión de la parcela 197 del polígono 22 en el término municipal de Almendralejo, según referencia catastral- SIG. A este
respecto, se formulan las siguientes preguntas a la Confederación Hidrográfica del Guadiana:
1. ¿Existe alguna solicitud de concesión sobre dicha parcela?
2. En el caso de que así sea, ¿ha sido concedida?
3. Si la citada parcela no tuviera concesión y existiera captación de agua y cultivo de viñas, ¿qué acciones lleva a cabo o va a iniciar la Confederación Hidrográfica del Guadiana de conformidad con sus procedimientos?
4. ¿En qué situación se encuentra la masa de agua subterránea en la zona en la que está situada la parcela 197 del polígono 22 del término municipal de Almendralejo de Badajoz?
5. ¿Cuántas autorizaciones se han concedido de captación de aguas subterráneas por parte de la CHG en los últimos 5 años en el polígono 22 del término municipal de Almendralejo Badajoz?
6. Cuántos expedientes sancionadores se han tramitado por parte de la CHG por captación ilegal en la masa de agua del acuífero subterráneo de Sierra de Barros, el cual está declarado en riesgo?
7. [...]
8. [...]
9. [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2024.-Maribel García López, Juan Antonio González Gracia, César Joaquín Ramos Esteban y Emilia Almodóvar Sánchez, Diputados.
184/017507
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Motivo por el que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha realizado el expediente de caducidad de la concesión a la Compañía Minera de Sierra Menera, así como previsiones acerca de revocar el último deslinde
excluyendo el Malecón de Menera de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó y Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
El 25 de agosto de 1902, la Gaceta de Madrid publicaba la RO de 11 de agosto del mismo año, por la que se concedía la autorización a la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM) para construir un embarcadero en la playa de Sagunto para el
embarque de minerales procedentes de sus minas de Ojos Negros y Setiles. La autorización estaba sujeta 13 cláusulas de las que cabe señalar las siguientes:
8.ª El embarcadero sólo podrá utilizarse para la carga y descarga de minerales, carbones y materiales destinados exclusivamente a la sociedad concesionaria.
10.ª La concesión se otorga sin plazo limitado y con sujeción a lo que dispone el artículo 50 de la ley de Puertos.
13.ª Serán causa de caducidad de la concesión, además de las generales que determina la legislación de obras públicas, la falta de cumplimiento de cualesquiera de estas cláusulas.
En 1950 el ministerio realizó el deslinde en la zona que incluyó la totalidad de los terrenos de la concesión más los creados por la acreción de arenas y gravas acumuladas debido a las corrientes marinas en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
En 1984 cesó la producción de arrabio en los AHM con el cierre de la factoría, que se proveía del mineral de la concesionaria.
En 1987 cesó toda actividad de la CMSM y la compañía entró en liquidación. Por lo que desde ese momento la administración debería haber abierto un expediente de caducidad, cosa que no se hizo ni entonces ni hasta ahora. Hoy sus últimas
instalaciones están en la ruina y bajo el mar.
En 1988 los derechos sobre esos terrenos de la concesión (Malecón de Menera) junto con otros de la CMSM en liquidación fueron adquiridos por una promotora inmobiliaria. Ese mismo año la promotora solicitó a la demarcación de costas un nuevo
deslinde que excluye de la ZMT dichos terrenos, solicitud denegada por la demarcación que terminó en un contencioso ante el TS que falló (STS 23/2002) que era innecesario incoar un nuevo deslinde al no haberse alterado la configuración del Dominio
Público Marítimo Terrestre tras el deslinde aprobado en el año 1950, remitiendo a la jurisdicción civil el tema de la propiedad.
Recurrida la misma ante la jurisdicción civil la Audiencia Provincial de Valencia (SAPV 671/2010) declaró que a los terrenos de la concesión les era de aplicación la disposición transitoria segunda de la ley de costas de 1988, es decir la
propiedad estaba sujeta a sus cláusulas concesionales, que como es doctrina unánime del Tribunal Supremo son la ley de cada concesión. Y las cláusulas concesionales nos llevan inexorable e ineludiblemente a la caducidad de la concesión. A más
abundamiento las cláusulas 8.ª y 13.ª de la misma impiden que esos terrenos pasen a propiedad particular, véase las SSTS 2876/1997; 5085/2002; 4217/2010. Y congruentemente con estas las SSTS 5204/1994; 19102/1994;3108/1999; 9085/2000 que
reiteradamente declaran 'Si existe causa de caducidad de la concesión, no es que la administración pueda sino que debe acudir para recuperar el dominio público a la declaración de caducidad de la concesión'.
No obstante lo anterior la Ministra de Medio Ambiente por resolución de 30 de junio de 2014 actuó en sentido contrario y en lugar de declarar la caducidad de la concesión aprobó un nuevo deslinde, con motivo de dar 'cumplimiento' a la
sentencia de 671/2010 de la APV y coincidente con el propuesto por la promotora inmobiliaria, sacando los terrenos de la concesión de la ZMT. Deslinde que recurrido por el Ayuntamiento de Sagunto fue anulado por la Audiencia Nacional (SAN
2437/2018), argumentando 'En definitiva, la Sala no puede compartir la motivación de la resolución del deslinde, pues en ningún momento la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que la Administración demandada dice cumplir en sus términos
estrictos, exigía una exclusión de la finca del dominio público marítimo terrestre'.
Sorprendentemente a pesar de las sentencias tanto del TS 23/2002 como de la AN 2437/2018, de nuevo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, eludiendo declarar la caducidad de la concesión, el 8 de febrero del 2021
aprueba un nuevo deslinde excluyendo el Malecón de Menera de la ZMT, y lo hace de nuevo fundamentándose en el cumplimiento de la SAPV que ya la AN ha declarado erróneo. Deslinde de nuevo recurrido por el Ayuntamiento de Sagunto.
Nos encontramos ante un caso paradigmático reproduciendo lo que la Ley de Costas en su exposición de motivos dice querer subsanar 'el creciente proceso de privatización y depredación y la grave dejación administrativa...' para garantizar el
uso y disfrute de la ribera del mar abierta a todos.
El Malecón de Menera es el fruto del sudor y la salud de miles de trabajadores de los Altos Hornos y de la Compañía Minera de Sierra Menera que ha costado la vida a cientos de ellos. Y desde 1987 se está usurpando a la ciudadanía.
Por todo ello se presentan las siguientes:
1. ¿Por qué motivo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha realizado aún el expediente de caducidad de la concesión a la CMSM?
2. ¿Cuándo tiene previsto realizarlo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico?
3. ¿Va el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a revocar el último deslinde realizado en vista de lo expuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.
Nota:
Advertido error en el BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 255, de 17 de diciembre de 2024, el ejemplar con cve: BOCG-15-D-255 se ha sustituido por el presente con cve: BOCG-15-D-255-C1.