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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 29/10/2024
cve: BOCG-15-D-225
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de octubre de 2024
Núm. 225
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para recordar a Martín Durán Grande, guardia civil víctima del terrorismo ... (Página16)
Comisión de Justicia
161/001388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la puesta en funcionamiento de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos en la Fiscalía General, tal y como establece el
Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal en su redacción de la Ley Orgánica 7/2021 ... (Página18)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la elaboración de un plan de digitalización integral con el objeto de adaptar la función pública a los retos tecnológicos ...
161/001384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para regular eficazmente y flexibilizar la figura de la permuta en la Función Pública española ... (Página22)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la mejora y dignificación de las Cercanías en la Comunitat Valenciana y su apuesta para la descarbonización del transporte público ...
161/001371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora en el número de plazas disponibles y de la calidad de los servicios en la línea ferroviaria 76 (Cádiz-Sevilla-Córdoba-Jaén) ...
(Página27)
161/001372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de los trenes históricos y turísticos de León ... (Página29)
161/001373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de las infraestructuras de Navarra... (Página31)
161/001375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la reparación inmediata de la carretera nacional 122 a su paso por la provincia de Zamora ... (Página32)
161/001383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar el impulso del tramo de autovía de la A40 entre la ciudad de Ávila y la A6, para conectarla con Valladolid y el resto del Noroeste
de España ... (Página35)
161/001389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar la autovía A-32 en los próximos Presupuestos Generales del Estado ... (Página36)
161/001391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso del proyecto de la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y sus conexiones ferroviarias y por carretera
con los ejes estratégicos de la provincia de Alicante ... (Página37)
161/001394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para promover la movilidad sostenible a través de la intermodalidad tren-bicicleta ... (Página39)
161/001396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reclamar al Gobierno que proceda a proyectar de manera urgente la conversión de la N-232 en autovía en el tramo entre El Villar de Arnedo y
Arrúbal ... (Página40)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la publicidad del carácter voluntario de las cuotas en los centros concertados y su sanción en caso de incumplimiento ...
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la regulación laboral de la figura de la persona Asistente Personal ... (Página43)
161/001365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para impulsar la modificación de la Orden de 11 de marzo de 1985 por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado ...
161/001367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora asistencial del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ... (Página49)
161/001378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a aprobar un Plan urgente para el fomento del empleo de trabajadores mayores de 45 años ... (Página50)
Comisión de Industria y Turismo
161/001370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo global para la promoción turística de Caravaca de la Cruz como Ciudad Santa de la Cristiandad e impulso de un Programa de
experiencias turísticas diferenciales para 'Los Caminos de La Cruz', con cargo a fondos Next Generation EU ... (Página52)
161/001377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo a la declaración y consideración del Sexenni de Morella (Castellón) como 'Acontecimiento de Excepcional Interés Público' ...
161/001385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso, diseño y puesta en marcha de un Plan nacional de turismo de bienestar y weliness ... (Página55)
161/001387 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo al empleo en la industria automovilística española ... (Página58)
161/001395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación y dotación urgente de un Plan de reactivación y competitividad turística global para la isla de La Palma ...
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la regulación laboral de la figura de la persona Asistente Personal ... (Página62)
161/001382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo en los sectores del gas natural y la energía eléctrica ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la paralización del desarrollo del Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de
fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar ... (Página66)
161/001364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la defensa de los consumidores y del sector cárnico español ante el uso fraudulento de términos relacionados con la carne para comercializar productos de origen
no animal ... (Página73)
161/001392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adaptar el Real Decreto de nutrición sostenible de los suelos a la realidad del agro gallego ... (Página77)
161/001393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la activación de ayudas extraordinarias por el impacto del huracán 'Kirk' en Galicia ... (Página79)
Comisión de Política Territorial
161/001376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a facilitar a las Administraciones locales los instrumentos de financiación y coordinación necesarios para cumplir con las
obligaciones y protocolos sobre colonias felinas contemplados en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales ... (Página82)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la paralización del desarrollo del Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de
fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar ... (Página84)
161/001350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas definitivas encaminadas a la ejecución del proyecto de prolongación del paseo marítimo, así como para revertir la delimitación del
dominio público marítimo-terrestre, que afecta al municipio de Playa de Aro ... (Página92)
161/001369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ayudas de funcionamiento para las empresas de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel autorizadas por la Comisión Europea a través
del Mapa de Ayudas de Finalidad Regional ... (Página95)
161/001380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los refugios climáticos y renaturalización de los espacios públicos ... (Página96)
161/001381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el fomento del modelo de slow cities ... (Página98)
161/001386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el compromiso de España en la lucha contra el cambio climático en la COP29 ... (Página99)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001352 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a establecer los procedimientos de intermediación y conciliación por las administraciones competentes en materia de vivienda ...
161/001358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para la cesión inmediata a Cataluña de la totalidad de los suelos residenciales, solares y viviendas de titularidad de la SAREB en Cataluña, así como
de la financiación suficiente para proceder a la rehabilitación de dichas viviendas ... (Página103)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la adopción de medidas normativas para el desarrollo de una hipoteca a tipo fijo regulada para la adquisición de vivienda habitual ...
161/001390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el impulso de actuaciones contra la morosidad... (Página108)
Comisión de Sanidad
161/001351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre fomentar la utilización de medicamentos reguladores del mercado en el SNS: genéricos y biosimilares ... (Página112)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de adoptar medidas que faciliten la viabilidad laboral de las personas investigadoras perceptoras de las ayudas María Zambrano ...
161/001349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la adopción de medidas para ofrecer continuidad al personal investigador del Programa Margarita Salas ... (Página118)
161/001362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la retención y el retorno del talento de los investigadores españoles ... (Página120)
161/001363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la implantación del Currículum Vitae Normalizado, gestionado por el FECYT, como único currículum vitae válido para todos los integrantes del 'Sistema
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación' ... (Página125)
Comisión de Igualdad
161/001354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre medidas a favor de las mujeres del medio rural ... (Página127)
Comisión de Juventud e Infancia
161/001353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reforzar el apoyo en los procesos de transición a la vida adulta, y la emancipación de la juventud extutelada ...
161/001397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para combatir la situación de récord histórico de pobreza infantil en nuestro país ... (Página131)
161/001398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para crear una Subcomisión de estudio con la finalidad de abordar la pobreza infantil y exclusión social ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/000665 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre medidas previstas para abordar el problema de la falta de conectividad en las zonas rurales al objeto de poder aplicar las reformas legales de organización y digitalización en materia de Justicia de forma que todos los ciudadanos, con las
mismas garantías, tengan acceso a un sistema judicial eficiente y moderno ... (Página136)
181/000666 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre valoración del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acerca de si el ciudadano va a tener garantizado su derecho a la tutela judicial efectiva en cada una de las actuaciones judiciales ...
181/000667 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre previsiones acerca de impulsar la regulación básica de obligado cumplimiento en todo el Estado del teletrabajo en situaciones de normalidad, lejos de las circunstancias excepcionales que supuso la pandemia de COVID-19, para ofrecer garantías
suficientes para el correcto funcionamiento en igualdad del servicio público de Justicia ... (Página137)
181/000668 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre opinión del Gobierno acerca de si el método de trabajo que debe seguir en su proyecto de transformación organizativa de la Justicia es atender y escuchar a los representantes sindicales de los funcionarios de la Administración de Justicia ...
(Página137)
181/000669 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre previsiones acerca de dar instrucciones para acabar con la dilación de los trabajos de la Ponencia del Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia
de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo ... (Página138)
181/000670 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre previsiones acerca del seguimiento de algún protocolo en el caso de que haya un problema de conexión durante un juicio para garantizar que no se vulneren los derechos de las partes ... (Página138)
181/000671 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre creencia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el principio de inmediación ... (Página138)
181/000672 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre opinión del Gobierno acerca de si es realista que una reforma tan profunda de la organización de la Justicia pueda ejecutarse en los plazos tan ajustados que viene defendiendo ... (Página139)
181/000673 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre forma en la que el Gobierno va a proteger a las personas especialmente vulnerables en las actuaciones judiciales en las que se utilicen medios telemáticos ... (Página139)
181/000674 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre previsiones acerca de adaptar el modelo de oficina judicial que se define en el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos
e intereses de los consumidores y usuarios, a las peculiaridades de cada uno de los partidos judiciales y de las Comunidades Autónomas ... (Página139)
181/000675 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre consideración de la experiencia llevada a cabo en la implementación de la que fue denominada nueva oficina judicial que ahora vuelve a modificarse, para la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia y del conjunto de la nueva organización
para la gestión procesal ... (Página140)
181/000676 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre opinión del Gobierno acerca de si la utilización preferente de medios telemáticos para la celebración del juicio oral es compatible con el artículo 24 de la Constitución española ... (Página140)
181/000677 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre medidas económicas y presupuestarias para la ejecución de los cambios materiales y personales a los que obligaría el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la
protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios ... (Página140)
181/000678 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre importancia que el Gobierno concede a la Justicia cuando acepta que la ley que aborda una radical reforma organizativa incorpore materias absolutamente heterogéneas que desvían la atención y generan confusión ...
181/000679 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre opinión del Gobierno acerca de si el método de trabajo que debe seguir en su proyecto de transformación organizativa de la Justicia es atender y escuchar a los letrados de la Administración de Justicia ...
181/000680 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre opinión del Gobierno acerca de si es imprescindible la figura de los Jueces de Paz como figuras más cercanas y conocedoras de los problemas de los ciudadanos ... (Página141)
181/000681 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre motivo por el que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha diferenciado entre funcionarios de su competencia a la hora de alcanzar acuerdos retributivos y de trascendencia normativa con algunas fuerzas
sindicales ... (Página142)
181/000682 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre opinión del Gobierno acerca de si los fallos de conexión que se produzcan en una actuación judicial mediante videoconferencia pueden afectar al derecho a un juicio justo y a una defensa efectiva ... (Página142)
181/000683 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre adopción de medidas suficientes para garantizar la custodia de los datos especialmente sensibles obtenidos a partir de grabaciones de declaraciones a través de videoconferencia ... (Página142)
181/000684 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre opinión del Gobierno acerca de si el método de trabajo que debe seguir en su proyecto de transformación organizativa de la Justicia es atender y escuchar a los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales ...
181/000685 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre escucha del Gobierno y, en su caso, puesta en práctica de las sugerencias y demandas de las Comunidades Autónomas para mejorar los proyectos normativos en materia de Justicia ... (Página143)
181/000686 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre peticiones que han realizado las Comunidades Autónomas al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para hacer efectiva la reforma de la organización de Justicia a la que se ha comprometido el Gobierno con la Unión
Europea ... (Página143)
181/000687 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para coordinar con las Comunidades Autónomas con competencias en materia de administración de la Administración de Justicia la ejecución de
las nuevas normativas organizativas y de digitalización de la Justicia ... (Página144)
181/000688 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre opinión del Gobierno acerca de si el método de trabajo que debe seguir en su proyecto de transformación organizativa de la Justicia es atender y escuchar a las Comunidades Autónomas ... (Página144)
181/000689 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre aplicación del Gobierno de la cogobernanza con las Comunidades Autónomas de la que habla reiteradamente en la reforma de la Justicia ... (Página144)
181/000690 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre escucha del Gobierno y, en su caso, puesta en práctica de las sugerencias y demandas de las asociaciones de LAJS, sobre el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas
para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios ... (Página145)
181/000691 Pregunta formulada por los Diputados María Jesús Moro Almaraz (GP), González Bella, María del Mar (GP), Lorente Anaya, Macarena (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP),
sobre opinión del Gobierno acerca de si el método de trabajo que debe seguir en su proyecto de transformación organizativa de la Justicia es atender y escuchar a las asociaciones de jueces y fiscales ... (Página145)
Comisión de Interior
181/000620 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre medidas que va a implementar el Gobierno al objeto de incrementar la seguridad personal de los funcionarios de
prisiones en el ejercicio de sus funciones, así como del personal laboral que trabaja en los centros penitenciarios ... (Página145)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000621 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre estado de los estudios previos al desarrollo de la estación de Can Llong en Sabadell, previstos en el plan de Rodalies 2020-2030 ...
181/000648 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre estado del diálogo entre ADIF y el Ayuntamiento de Ortigosa de Pestaño para darle una alternativa al derribo de la estación del pueblo segoviano ...
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
181/000652 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX) y González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX), sobre actuaciones previstas para garantizar la
igualdad salarial de los maestros en toda España ... (Página146)
Comisión de Industria y Turismo
181/000651 Pregunta formulada por los Diputados Félix De las Cuevas Cortés (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre proyectos en la Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con el PERTE para la descarbonización industrial en dicha
Comunidad, a 30/09/2024 ... (Página146)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/000628 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Samuel Martín García (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre acciones específicas que está tomando el Gobierno para aumentar la cobertura de IMV, dado que actualmente no llega a dos de cada tres hogares elegibles ...
181/000629 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Samuel Martín García (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre forma en la que se está evaluando el impacto real del IMV en la reducción de la pobreza, considerando que sólo cubre al 17 % de los hogares en situación de pobreza ...
181/000630 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Samuel Martín García (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas que se están implementando para reducir el porcentaje de hogares elegibles que no solicitan el IMV, que actualmente es del 56 % ... (Página148)
181/000631 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Samuel Martín García (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre estrategias que se están utilizando para mejorar la claridad y accesibilidad de la información sobre el IMV, dado el uso de lenguaje técnico que dificulta la comprensión ...
181/000632 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Samuel Martín García (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre forma en la que se garantiza que las propuestas presentadas por la AIReF sean implementadas efectivamente y no queden en recomendaciones sin seguimiento ...
181/000633 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Samuel Martín García (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre forma en la que se están coordinando las administraciones nacional y autonómica para asegurar que el IMV y las rentas mínimas autonómicas se complementen adecuadamente ...
181/000634 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Samuel Martín García (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre forma en la que se aborda la disparidad en la cobertura y efectividad del IMV entre las Comunidades Autónomas ... (Página149)
181/000635 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Samuel Martín García (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre forma en la que se está adaptando el IMV a las nuevas realidades socioeconómicas, como al aumento del coste de la vida y los cambios en el mercado laboral siendo estos los mecanismos
considerados por el Gobierno para incluir la voz y la opinión de los beneficiarios en la evaluación y mejora del IMV ... (Página150)
181/000636 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Samuel Martín García (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas que se están adoptando para asegurar que los incentivos al empleo asociados al IMV realmente fomenten la inserción laboral y no se conviertan en una mera solución temporal ...
181/000637 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Samuel Martín García (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si se puede estar cronificando la pobreza en España, conociendo el dato de que el 40 % de los hogares han estado recibiendo el IMV desde el año 2020 ...
181/000638 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Samuel Martín García (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre mecanismos de seguimiento que se implementarán para evaluar los efectos de las propuestas de la AIReF en el corto y medio plazo ... (Página151)
181/000639 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Samuel Martín García (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre actuaciones previstas para reducir la burocracia y simplificar el proceso de solicitud del IMV que actualmente se percibe como un obstáculo ... (Página151)
181/000649 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre política del Gobierno para la regulación y la prevención de fraudes en los sectores esenciales ... (Página152)
181/000650 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre desafíos a los que se enfrenta el Gobierno en el ámbito de consumo ... (Página152)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000640 Pregunta formulada por los Diputados Javier José Folch Blanc (GP), Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP) y Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), sobre efectividad de las medidas y control que está llevando a cabo el Gobierno, a
través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), para proteger al productor como eslabón más débil y que no se vea abocado a vender a pérdidas ... (Página152)
181/000641 Pregunta formulada por el Diputado Pedro Ignacio Gallardo Barrena (GP), sobre acontecimiento que tendría que suceder para que el Gobierno solicite a la Comisión de la Unión Europea la activación de los fondos de reserva agrícola
de crisis que contempla la PAC ... (Página153)
181/000642 Pregunta formulada los Diputados Pedro Ignacio Gallardo Barrena (GP), Folch Blanc, Javier José (GP) y Marcos Ortega, Milagros (GP), sobre previsiones acerca de respaldar a los ganaderos frente a los ataques de los lobos tras la
rebaja europea del estatuto de protección de los mismos ... (Página153)
181/000643 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Ignacio Gallardo Barrena (GP), Folch Blanc, Javier José (GP) y Argüelles García, Silverio (GP), sobre balance que hace el Gobierno tras la visita del Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación al Principado de Asturias el día 02/10/2024 ... (Página153)
181/000644 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Ignacio Gallardo Barrena (GP), Folch Blanc, Javier José (GP) y Martínez Gómez, Antonio (GP), sobre controles en las importaciones de almendra previstos para que cumplan las mismas
exigencias de calidad y seguridad alimentaria que las españolas ... (Página153)
181/000645 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Ignacio Gallardo Barrena (GP), Folch Blanc, Javier José (GP) y Cantalapiedra Álvarez, María de las Mercedes (GP), sobre medidas previstas para ayudar al sector cerealista ...
181/000646 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Ignacio Gallardo Barrena (GP), Folch Blanc, Javier José (GP) y Macías Gata, Alfonso Carlos (GP), sobre medidas de apoyo económico que ha destinado el Gobierno para los ganaderos que están
viendo afectadas sus ganaderías por la lengua azul ... (Página154)
181/000647 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Ignacio Gallardo Barrena (GP), Folch Blanc, Javier José (GP) y Macías Gata, Alfonso Carlos (GP), sobre balance que realiza el Gobierno de la visita a la feria ganadera de Zafra en el mes
de septiembre de 2024 ... (Página154)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000619 Pregunta formulada por la Diputada Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea [GV (EAJ-PNV)], sobre calendario previsto para la aprobación de las dos órdenes ministeriales, el proceso de diálogo entre ambas órdenes y la convocatoria del
primer procedimiento de concurrencia competitiva para la eólica marina flotante ... (Página155)
181/000664 Pregunta formulada por la Diputada Pilar Calvo Gómez (GJxCAT), sobre condiciones de financiación y de construcción que propone el Gobierno español para las obras de ampliación de la desaladora de La Tordera y mecanismo de control
de su cumplimiento ... (Página155)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
181/000627 Pregunta formulada por los Diputados María Pilar Alía Aguado (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), Puy Fraga, Pedro (GP), Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Moraleja Gómez, Tristana María
(GP), Pedreño Molina, Juan Luis (GP), Lima García, Laura María (GP), Paniagua Núñez, Miguel Ángel (GP), Carazo Hermoso, Eduardo (GP), Conde López, Francisco José (GP), Floriano Corrales, Carlos Javier (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP) y Teniente
Sánchez, Cristina (GP), sobre fallos en la economía de las familias para que, en este año 2024, su endeudamiento haya crecido, la deuda de las empresas está al alza y el crédito concedido a las familias por los bancos desciende ...
Comisión de Sanidad
181/000622 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Román Jasanada (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre variables sobre las que se sustentará la estructura y el funcionamiento de la junta de contratación comprometida por la
Ministra de Sanidad el día 10/09/2024 ... (Página156)
181/000623 Pregunta formulada por las Diputadas Carmen Navarro Lacoba (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre iniciativas previstas ante la necesidad de mejorar los tiempos de acceso a medicamentos innovadores, posibilitar el
reconocimiento de la innovación incremental, impulsar la investigación preclínica y en atención primaria y favorecer el refuerzo de la capacidad productiva ... (Página156)
181/000624 Pregunta formulada por las Diputadas Julia Parra Aparicio (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas ante el hecho de que los médicos ceutíes y melillenses tienen la hora de guardia peor pagada de todo el
territorio nacional ... (Página157)
181/000625 Pregunta formulada por las Diputadas Esperanza Reynal Reillo (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas con las que incorporar la investigación biomédica a los hospitales y centros de investigación
asociados y a sus profesionales a las plantillas del Sistema Nacional de Salud ... (Página157)
181/000626 Pregunta formulada por las Diputadas Elvira Velasco Morillo (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas para facilitar y mejorar el acceso a todos los medicamentos a todos los pacientes oncológicos de este
país ... (Página157)
181/000654 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), García Gomis, David (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre tiempo que van a tener que seguir soportando los
médicos de Ceuta y Melilla las malas condiciones laborales, caracterizadas por la elevada carga de trabajo y presión en estas zonas de difícil cobertura ... (Página158)
Comisión de Igualdad
181/000653 Pregunta formulada por las Diputadas María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Romero Vilches, María de los Reyes (GVOX), Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX) y De Meer Méndez, Rocío (GVOX), sobre cantidad de homicidios de
mujeres que han sido cometidos a manos de extranjeros en España en el último año y evolución de esta cifra desde el año 2019 ... (Página158)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/001361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para recordar a Martín Durán Grande, guardia civil víctima del
terrorismo, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Un Guardia Civil caído en el cumplimiento del deber
El pasado día 15 de septiembre de 2024 se cumplió el quincuagésimo aniversario de la muerte en acto de servicio del guardia civil Martín Durán Grande.
Tal como se expresa en el espacio digital Memoria de vida, 'La noche del 10 de septiembre, varios miembros de ETA que intentaban llegar a España a través del Bidasoa fueron sorprendidos por la Guardia Civil. Uno de ellos fue detenido, pero
el resto consiguió volver a Francia. Gracias a la información obtenida tras ese incidente, los agentes localizaron un piso en Bilbao que podía estar siendo utilizado por ETA. La mañana del día 11, efectivos policiales entraron en la casa y
detuvieron a María Dolores González Catarain, Yoyes, que doce años después sería también asesinada por ETA. Mientras se hallaban allí llegaron otros dos etarras: uno de ellos fue apresado y otro huyó seguido por Durán, que recibió dos disparos.
El agente llegó hasta la calle y allí se desplomó. A causa de la gravedad de las heridas falleció el 15 de septiembre' 1.
Una narración más detallada de estos luctuosos sucesos es la siguiente: 'Poco después, mientras los agentes estaban en la vivienda, llegaron otros dos miembros de la banda. Uno de ellos [...] emprendió la huida seguido por el guardia civil
Martín Durán Grande. El etarra, en su fuga, disparó contra el agente, que recibió dos disparos: uno en el vientre y otro en la pierna izquierda. [...] Martín Durán Grande, pese a estar gravemente
1 https://www.rtve.es/memoriadevida/detalle.php?id=l4
herido, prosiguió la persecución de Urcelay Imaz, desplomándose en el suelo nada más salir a la calle' 2.
Del guardia civil Martín Durán sabemos que 'tenía 21 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Había nacido en Portugalete, en la margen izquierda de la ría del Nervión, pero vivía en Erandio, en la orilla derecha' 3. Pero
sabemos mucho más: que pertenecía a un cuerpo armado consagrado a la seguridad de los españoles y a la defensa de España; que, habiendo sido gravísimamente herido en el curso de una operación contra la banda asesina ETA, intentó sobreponerse al
daño sufrido para cumplir con su deber; y que dio su vida en ese último acto de servicio.
Segundo. La necesidad de honrar la memoria
El desconocimiento de estos asesinatos por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada 'Ley de Memoria Democrática' que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y el separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley 'consagra como portaestandartes de la memoria democrática no sólo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras
organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo' 4.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas a veces indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones...
Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente
enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender esa unidad; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad a la Patria común.
Ambas cualidades se reunían en Martín Durán Grande: era vizcaíno, y era guardia civil. Hay que recordar que la Guardia Civil es un Instituto del Ejército fundado por el duque de Ahumada en 1844 cuya función primordial durante casi dos
siglos ha sido velar por la seguridad de los españoles y por el orden público. La Benemérita, como es también conocida, es una institución con un fuerte espíritu de cuerpo, en el que son especialmente apreciadas determinadas virtudes: sacrificio,
disciplina, rectitud, honradez, servicio... pero, por encima de todo, el sentido del honor y el amor a la Patria.
El compromiso del Instituto con estos ideales ha sido sellado con sangre. Solamente en las últimas décadas, la banda criminal marxista y separatista ETA ha asesinado a 210 guardias civiles 5, y uno de ellos es Martín Durán Grande. Como ya
se ha expuesto, un etarra disparó contra él, y su reacción fue despreciar sus heridas y tratar de sobreponerse, continuando la persecución del criminal hasta que los daños sufridos le hicieron desplomarse. Cayó cumpliendo con su deber, y la
cualidad moral que lleva al cumplimiento
2 https://tribunabenemerita.es/index.php/terrorismo/in-memoriam/3722-mart%C3%ADn-duran-grande-guardia-civiI-asesinado-por-eta-eI-15-de-septiembre-de-1974.html
3 Ibídem.
4 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124_InformeV.pdf
5 https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/terrorismo/resena_historica/index.html
del propio deber es precisamente el honor. Por ello, en él se hizo realidad lo estipulado por el citado fundador del Instituto: 'el honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil'.
Debe subrayarse que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser españoles y
defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional.
De acuerdo con todo ello, cuando se están cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus
familiares; repudiar unánime y contundentemente a la banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en acciones y en principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España como
Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido destruir.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Expresa su consideración y su respeto por la memoria del guardia civil Martín Durán Grande, al que reconoce especialmente por su muerte en el cumplimiento del deber y al servicio de España.
2. Manifiesta su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por
otras víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2024.-Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega
Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Justicia
161/001388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la puesta en funcionamiento de la
Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos en la Fiscalía General, tal y como establece el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal en su redacción de la Ley Orgánica 7/2021, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El derecho fundamental a la protección de datos, establecido en el artículo 18.4 de la Constitución Española, respaldado por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio 108 del Consejo de Europa, requiere de una autoridad de
control independiente para garantizar su tutela y su cumplimento.
En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad independiente de control del tratamiento de datos con fines no jurisdiccionales. Sin embargo, el tratamiento de datos de carácter personal que pueda hacerse con
fines jurisdiccionales será efectuado por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial (Art. 236 nonies) y por la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos del Ministerio Fiscal,
unidad prevista en el artículo 12 n) de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados
para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
Cuando se creó la Agencia era única, asumía sus competencias sobre todo fichero de datos que hubiera en España, fuera público o privado, incluso aquellos propios de la Administración de Justicia.
La configuración de la protección de datos de carácter personal como derecho fundamental exige la sujeción del mismo a todos los poderes públicos, incluidos Jueces, Tribunales y el Ministerio Fiscal, por lo que, formando parte integrante del
derecho la existencia de una autoridad de control parecía claro que las autoridades judiciales debían quedar sometidas a dicho control que ejercía la Agencia Española de Protección de Datos.
Así, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de diciembre de 2011, tras reconocer que la autoridad de control es esencial como garante del derecho afirma que la Agencia Española de Protección de datos 'no deja de ser una Administración
Pública que se inserta dentro del poder ejecutivo. Basta examinar el sistema de nombramiento y separación de su Director en la LOPD (por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia) y el régimen jurídico de sus actos (sujeta su actuación a la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) para que esta afirmación no ofrezca ninguna duda' y que 'la Constitución española ha establecido en su artículo 122 un órgano -el Consejo
General del Poder Judicial- que tiene atribuido entre otros fines la defensa de la posición de independencia de Jueces y Magistrados que aparece proclamada en la propia norma constitucional y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta garantía
presenta dos planos claramente diferenciados. Por un lado, está dirigida a preservar a Jueces y Magistrados de toda interferencia ajena, especialmente las procedentes de otros poderes del Estado, en cuanto titulares de la potestad jurisdiccional,
por razón de que el ejercicio de dicha potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado solo puede controlarse a través de los recursos establecidos por las leyes. El segundo plano que ofrece se refiere a la actividad no jurisdiccional de Jueces y
Magistrados, a aquella que realizan en virtud de una relación de servicio que les sujeta a un determinado estatuto profesional. El control de esta actividad también está reservado con carácter exclusivo al Consejo General del Poder Judicial pues
también la Constitución española así lo ha querido en su Título VI al configurar a dicho Consejo como específico órgano de gobierno del Poder Judicial, desapoderando al poder ejecutivo de esta tarea'.
Según esta sentencia se entiende que la AEPD no puede ser la autoridad de control en aquellos supuestos en los que los órganos judiciales, por extensión el Ministerio Fiscal, obren en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
La preocupación el derecho de protección de datos se ha manifestado en la Unión Europea con una clara voluntad de armonizar el contenido entre todos los países miembros, por lo que, como consecuencia del Reglamento de protección de datos, de
la Directiva (UE) 2016/680 para la investigación de delitos y su trasposición (que se traspone
mediante la referida Ley orgánica 7/2021) se establece la necesidad de incorporar a una persona titular de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de datos del Consejo General del Poder Judicial, para el tratamiento hecho por
jueces y otra en la Fiscalía General del Estado, para el tratamiento hecho por el Ministerio Fiscal.
Con todo ello, se aprecia un incumplimiento de la Directiva (UE) 2016/680 por parte de la Fiscalía española.
Por otro lado, al no desarrollar esta figura de autoridad de control se ha vulnerado el derecho a la protección de datos personales, reconocido como derecho fundamental en el artículo 8.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en el
que se recoge el derecho a la protección de datos y, además, dice que habrá un control mediante una autoridad independiente, por lo que la eleva a integrante del derecho:
'Artículo 8. Protección de datos de carácter personal.
1. Toda persona tiene derecho a la protección de datos de carácter personal que le conciernen.
2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a accederá los datos recogidos
que le conciernan y a obtener su rectifícación.
3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente.'
También el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que '1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan'.
En conclusión, según la ley vigente, la autoridad independiente del Ministerio Fiscal tiene que ser nombrada por mayoría absoluta del Consejo Fiscal y entraría en funcionamiento con el desarrollo reglamentario.
Por lo tanto, todo el tratamiento jurisdiccional que se hace en el Ministerio Fiscal se realiza vulnerando un derecho fundamental, ya que actualmente no está desarrollada la figura de autoridad de control que lo supervise.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La puesta en marcha inmediata de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos en la Fiscalía General, tal y como exige la normativa comunitaria y ratifica la Ley Orgánica 7/2021.
2. Aprobar el Real Decreto que debe desarrollar la figura de autoridad de control.
3. Completar el desarrollo reglamentario necesario para implementar la autoridad de control en el Ministerio Fiscal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Carmen Navarro Lacoba, María Jesús Moro Almaraz, Fernando Rosa Torner, Macarena Lorente Anaya y Daniel Pérez Osma, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de un plan de
digitalización integral con el objetivo de adaptar la función pública a los retos tecnológicos, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
En la era de la digitalización y la globalización, la adaptación a los retos tecnológicos se ha convertido en una necesidad imperante para todas las instituciones, y la función pública no es una excepción. Las tecnologías de la información
y la comunicación han generado un contexto en el que se producen cambios a ritmos vertiginosos y, en este sentido, las Administraciones Públicas no pueden mostrarse inflexibles. Al contrario, deben mostrar un carácter resiliente para implementar
procesos de adaptación eficaces y constantes.
La función pública española, como columna vertebral de la administración del Estado, debe estar a la vanguardia de estos cambios para garantizar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad.
La transformación digital, en tanto que necesidad estratégica, puede contribuir a mejorar la función pública a través de las diferentes opciones que aporta, como la automatización de tareas rutinarias, liberando así a los funcionarios para
que se centren en tareas más complejas y de mayor valor añadido. Un ejemplo claro sería la implementación de sistemas de gestión documental digital puede acelerar el acceso a la información y mejorar la toma de decisiones.
Además, una correcta transformación digital y transición a la misma puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas al hacer que la información sea más accesible para los ciudadanos. En este sentido, las plataformas de datos
abiertos permiten a los ciudadanos acceder a información sobre las operaciones gubernamentales, promoviendo una mayor confianza y participación cívica. Asimismo, los sistemas de seguimiento y auditoría digitales pueden garantizar que los recursos
públicos se utilicen de manera adecuada y eficiente.
Por todos es conocido que el entorno tecnológico está en constante evolución, lo cual requiere que la función pública sea ágil y adaptable. La formación continua y el desarrollo de habilidades digitales entre los funcionarios públicos son
cruciales para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y tendencias. Además, la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios puede mejorar la resiliencia de la administración pública ante crisis y desafíos imprevistos.
Por otro lado, desde el punto de vista del ciudadano, en tanto que usuario de los servicios públicos prestados por la Administración, la digitalización de los servicios públicos puede mejorar significativamente su experiencia. Además, las
plataformas digitales pueden ofrecer servicios personalizados basados en las necesidades y preferencias de los ciudadanos, lo cual conlleva que el ciudadano perciba un claro acercamiento de la Administración Pública a sus necesidades.
Sin embargo, la transformación digital también presenta desafíos. Uno de los principales retos es la brecha digital, que puede excluir a aquellos que no tienen acceso a la tecnología o carece de las habilidades para utilizarla.
Además, la ciberseguridad es una preocupación creciente, ya que la digitalización puede hacer que la función pública sea más vulnerable a los ataques cibernéticos. Por ello, con el objetivo de proteger la información sensible y garantizar
la privacidad de los
ciudadanos es fundamental implementar medidas robustas de ciberseguridad. La confianza en los sistemas digitales depende en gran medida de la capacidad del gobierno para salvaguardar los datos y mantener la integridad de sus sistemas. Para
superar estos retos, es esencial que la Administración invierta en una función pública que se encuentre en formación permanente, con el objetivo de desarrollar y mejorar las habilidades digitales. Además, no se debe olvidar la necesidad de fomentar
una cultura organizativa que valore la innovación y la adaptabilidad, ya que la transformación digital no es solo una cuestión de tecnología, sino también de personas y procesos.
La adopción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, el blockchain y el Internet de las Cosas, puede abrir nuevas oportunidades para innovar en la prestación de servicios públicos. Además, fomentar la colaboración con el
sector privado y académico puede acelerar la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas.
La adaptación de la función pública española a los retos tecnológicos es, por tanto, una necesidad urgente y una oportunidad para mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad. Sin embargo, para aprovechar al máximo los
beneficios de la digitalización, es esencial abordar los desafíos que estos mismos retos tecnológicos nos presenta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un plan de digitalización integral que incluya la implementación de herramientas tecnológicas modernas en los procesos administrativos, así como el establecimiento de incentivos para atraer y retener talento especializado en
tecnología dentro de la función pública.
2. Promover la formación en nuevas competencias digitales para los empleados públicos a través de programas de capacitación continuos.
3. Incentivar la colaboración con empresas tecnológicas, startups y universidades para incorporar soluciones tecnológicas innovadoras en la prestación de servicios públicos.
4. Establecer mecanismos de evaluación periódica para identificar las necesidades tecnológicas en la función pública.
5. Implementar medidas para mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión pública a través de la tecnología, como el uso de plataformas digitales para trámites administrativos.
6. Reforzar la ciberseguridad en todos los ámbitos de la Administración Pública, garantizando la protección de los datos sensibles y la infraestructura tecnológica del Estado.'
Palacio del Congreso, 18 de octubre de 2024.-María del Mar González Bella, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Puy Fraga, Santi Rodríguez Serra, María Pilar Alía Aguado, Félix de las Cuevas Cortés, Carlos Javier
Floriano Corrales, Carlos Gil Santiago, Alfonso Carlos Macías Gata, José Vicente Marí Bosó, Pedro Muñoz Abrines y Álvaro Pérez López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para regular eficazmente y
flexibilizar la figura de la permuta en la función pública española, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La permuta es una figura legal, articulada como una forma de provisión de puestos de trabajo, que permite a dos empleados públicos intercambiar sus puestos de trabajo, generalmente dentro de la misma administración. Aunque se trata de una
forma de provisión de puestos de trabajo que tiene carácter excepcional, puede ser sumamente beneficiosa tanto para los empleados como para las instituciones públicas.
La concesión de la permuta se autoriza o deniega por razones debidamente motivadas en el ejercicio de potestades discrecionales de la Administración, requiriendo por ello de motivación y en la que es requisito indispensable el acuerdo de las
Administraciones Públicas implicadas y la previa solicitud de los funcionarios.
La figura de la permuta se regula en el artículo 62 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (LFCE), la cual no ha sido derogada expresamente, aunque ni la Ley 30/1984, de 2 de agosto, ni el Estatuto Básico del Empleado Público
contemplan esta figura.
Por otra parte, las sentencias del Tribunal Constitucional 37/2002 y 1/2003 establecen que, al tratarse de una norma preconstitucional, el legislador estatal posterior a la Constitución debe haber declarado expresamente sus preceptos como
básicos.
Dado que no existe ningún precepto posterior a la Constitución que declare el artículo 62 de la LFCE como básico, se entiende que dicho artículo es aplicable a los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) y se considerará
supletorio para aquellas administraciones que no regulen la permuta en su normativa.
Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Popular se considera que su regulación y flexibilización son aspectos cruciales que merecen una reflexión profunda.
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regula la provisión de puestos de trabajo en el Capítulo III del Título V, refriéndose a la
permuta en el artículo 78 que dice, en su apartado 3:
'3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo,
movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos.'
Sin embargo, ni el Estado ha dictado ley alguna que desarrolle específicamente la regulación de la permuta de puestos de trabajo, ni todas las Comunidades Autónomas han dictado normas en este mismo sentido.
La regulación efectiva de la permuta garantiza que el proceso sea transparente y justo. Sin una normativa clara, el riesgo de favoritismos y decisiones arbitrarias aumenta, lo cual puede generar descontento y desconfianza entre los
empleados públicos. En este sentido, las regulaciones deben asegurar que la permuta no comprometa los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso y la permanencia en el empleo público, lo cual implica establecer criterios objetivos y
claros para evaluar las solicitudes de permuta.
Las normas deben considerar las necesidades operativas y funcionales de las administraciones públicas y, para el caso de la permuta, no existen motivos justificados que demuestren que afecte negativamente la calidad del servicio público ni
la eficiencia de la administración.
El enfoque flexible de la permuta puede facilitar a los empleados públicos que se acojan a ella por necesidad, poder conciliar mejor su vida laboral y personal. Factores como la ubicación geográfica, la salud, y las responsabilidades
familiares pueden ser determinantes para la satisfacción y el rendimiento de los empleados y, entre otros motivos, facilitar la permuta puede ser una herramienta importante para aumentar la motivación y retención del personal.
Además, un sistema de permutas flexible permite una mejor adaptabilidad de la administración pública a los cambios y necesidades emergentes. Ello incluye responder a nuevas demandas de servicio, redistribuir recursos humanos de manera
eficiente, y fomentar un entorno laboral más dinámico y cooperativo.
En definitiva, una regulación eficaz y flexible de la permuta en el empleo público es esencial para asegurar un equilibrio entre las necesidades individuales de los empleados y los requisitos operativos de las administraciones públicas.
Esto no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que también contribuye a una administración pública más eficiente y resiliente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar la legislación necesaria para regular, de forma clara, concisa y flexible, la figura de la permuta en la función pública española, que incluya, entre otros aspectos, una
definición clara de los criterios y procedimientos para las permutas, asegurando que sean objetivos, justos y transparentes, como antigüedad, categoría profesional y evaluaciones de desempeño, permitiendo también consideraciones de circunstancias
personales y familiares, sin comprometer la eficiencia del servicio público; así como la implementación de mecanismos de evaluación y retroalimentación que permitan ajustar las políticas de permuta según las necesidades cambiantes de los empleados
y de la Administración Pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María del Mar González Bella, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Puy Fraga, Santi Rodríguez Serra, María Pilar Alía Aguado, Félix de las Cuevas Cortés,
Carlos Javier Floriano Corrales, Carlos Gil Santiago, Alfonso Carlos Macías Gata, José Vicente Marí Bosó, Pedro Muñoz Abrines y Álvaro Pérez López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora y dignificación de las Cercanías en la Comunitat
Valenciana y su apuesta para la descarbonización del transporte público, para su debate en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En los últimos años, la red de transporte ferroviario en España se ha venido ampliando, sumando nuevos kilómetros y líneas de alta velocidad, creando nuevas conexiones y mejorando tiempos de viaje.
A las ya inauguradas y en servicio líneas Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, Zaragoza- Huesca, Madrid-Valladolid, Córdoba-Málaga y Madrid-Toledo, en los últimos 15 años se han añadido muchas otras. En 2010, la línea Madrid-València/Albacete,
prolongada hasta Alacant en 2013 y hasta Elx y Murcia en 2022. Entre 2011 y hasta 2021, la línea hasta Galicia y el eje atlántico. En 2013 la alta velocidad llega a la frontera francesa. En 2015 se prolonga la línea desde Valladolid a León y
finalmente en 2023 la variante de Pajares. En 2019 la alta velocidad llega a Granada y en 2022 hace lo propio hasta Burgos, se abre la conexión entre Atocha y Chamartín y se pone en servicio una sección en Extremadura. Además, se han producido
adaptaciones para mejorar las prestaciones en líneas convencionales como la Sevilla-Cádiz, València-Castelló o Medina-Salamanca. Se tratan todas ellas de líneas radiales, cuyo origen se sobreentiende, es Madrid.
La red radial debe dejar paso a la red circular, y aquí el corredor mediterráneo tiene un papel destacado. A pesar de unir la 2.ª y la 3.ª ciudades más grandes en población entre ellas (Barcelona y València) y la 2.ª, 3.ª, 5.ª, 8.ª y 10.ª
regiones metropolitanas más pobladas del país entre sí (Barcelona, València, Málaga, Alacant-Elx y Murcia), tras 32 años de la inauguración de la primera línea de alta velocidad en España, el corredor mediterráneo con alta velocidad y ancho
internacional sigue en proyecto o en obras. Cabe destacar en este punto el esfuerzo inversor en los últimos años.
Debido a la falta de incorporación de nuevos trenes a la flota de Renfe, los servicios en algunas líneas de alta velocidad se encuentran estables en los últimos años, como sucede en la LAV Madrid-Barcelona (28 servicios por sentido en día
laborable en 2011 frente a 27 servicios en 2024) o en la LAV Madrid-València (19 servicios en 2010 frente a 15 en la actualidad, aunque hay que tener en cuenta en este caso las obras en la estación de Chamartín). En estos casos han entrado en juego
otras empresas como Iryo y Ouigo, habiendo aumentado sin embargo la oferta global en estos corredores. Otras líneas, con las inauguraciones, sí han visto incrementadas sus frecuencias, como en el caso de las conexiones de Madrid con Murcia, Burgos,
León o Galicia.
Sin embargo, en el caso del corredor mediterráneo, los servicios no solo no han aumentado o ni tan siquiera se han mantenido, sino que, a diferencia de otros corredores, han disminuido en los últimos años. En el momento actual se ofertan 8
servicios de larga distancia entre València y Barcelona en día laborable (2 Intercity, el servicio Torre del Oro y 5 Euromed) más un servicio de media distancia. Antes del inicio de las obras del túnel de Roda (Tarragona), eran un total de 9
servicios. En el año 2010, en cambio, había un total de 13 servicios de larga distancia (7 Euromed + 3 Talgo + 2 Alaris + 1 Arco), a los que hay que sumar un servicio directo de media distancia. Además, a partir de 2012 se realizó un ajuste
horario que permitía crear 2 nuevas conexiones de media distancia con transbordo en L'Aldea-Amposta.
Así pues, se ha producido un descenso del 39% en la oferta de servicios ferroviarios entre la 2.ª y 3.ª ciudades del país en número de habitantes respecto a hace 12 años, además de la desaparición de las conexiones entre los trenes de media
distancia mediante transbordo con tiempos de espera razonables y oferta de billete a través de la página web.
Respecto a la conexión con Alacant, se ha pasado de 8 servicios en día laborable que conectaban con Barcelona (4 Euromed + 3 Talgo + 1 Alaris) a 4 servicios directos Euromed + 1 Intercity con transbordo en València (circunstancia por las
obras del túnel de Roda). En el caso de las conexiones con València la situación es la misma, se ha pasado de 8 conexiones al día a 5 en la actualidad. Se trata en ambos casos de un descenso del 37%.
Influye en este hecho la falta de adquisición de nuevas unidades para servicios de viajeros a lo largo de muchos años, a la vez que hay un envejecimiento progresivo del parque de Renfe y una expansión de la red ferroviaria. Sin embargo,
también se han venido retirando e incluso vendiendo unidades de coches remolcados que podrían seguir prestando servicio en algunos corredores (como el corredor mediterráneo) y que podrían paliar el déficit de unidades autopropulsadas y los retrasos
en las entregas de las nuevas unidades, y por ende, mantener y mejorar las frecuencias de algunos servicios ferroviarios.
Se da además la circunstancia de que los horarios no están cadenciados, es decir, no están repartidos de forma homogénea y a intervalos regulares a lo largo del día. Así pues, para ir desde Alacant a València existe un espacio de más de 4
horas entre las 9:15 y las 13:30 sin ninguna conexión, y el último servicio hacia València sale a las 19:30. En sentido contrario, ocurre que hay un periodo de más de 3 horas por la mañana sin servicio desde València hacia Alacant (desde las 6:55
hasta las 10:20) y por la tarde entre las 16:28 y las 19:12. Además, en fin de semana el espacio sin trenes desde València hacia Alacant por la mañana es mucho mayor, desde las 6:45 hasta las 13:23, más de 6 horas sin ningún servicio entre las
dos principales ciudades valencianas. Lo mismo sucede los sábados desde Alacant hacia València, con un intervalo de más de 5 horas sin trenes por la mañana, y el último servicio antes de las 7 de la tarde.
Ocurren problemas similares en la conexión con Barcelona, no pudiéndose llegar antes las 15:40 a Alacant de forma directa desde Barcelona los sábados debido a que el primer Euromed de la mañana finaliza recorrido en València los sábados.
Respecto a las conexiones de Barcelona con Castelló y València, actualmente resulta imposible llegar a València antes de las 10 de la mañana desde la capital catalana, ni regresar más tarde de las 18:55, algo que merma enormemente las posibilidades
de la capital valenciana. En sentido contrario, el primer tren procedente desde València a pesar de llegar más pronto, no lo hace antes de las 9 de la mañana. Estos horarios dificultan los viajes por motivos laborales, pudiendo afectar a las
posibilidades de desarrollo económico y de empleo.
La falta de servicios y la distribución de los mismos merman enormemente las posibilidades de comunicación entre las principales ciudades valencianas y del arco mediterráneo, abocando a los ciudadanos al uso del vehículo privado.
Por todo lo anteriormente expuesto,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las medidas oportunas para la recuperación del mismo número de servicios de larga distancia que había hace una década entre las ciudades de Barcelona y Alacant. Sin duda, las obras que actualmente se realizan en el conjunto del
corredor mediterráneo limitan su capacidad, además de alargar los tiempos de viaje. El Ministerio de Transportes debería tomar las medidas necesarias para impulsar un aumento en los servicios ferroviarios y aumentar el número de viajeros, instando
a las compañías ferroviarias a una mayor asignación de material o incluso con modificación de cánones por uso de infraestructura o estaciones mientras se desarrollen las obras.
2. Aumentar el número de Obligaciones de Servicio Público (OSP) para complementar con servicios de media distancia las carencias que existen en el servicio de larga distancia en el conjunto del corredor mediterráneo.
- Aumento de los servicios de media distancia entre València y Alacant, especialmente en las franjas horarias y los días en los que haya intervalos mayores sin servicio ferroviario, con especial interés en crear un nuevo servicio
Alacant-València a última hora de la tarde,
- Ampliar las OSP en la relación entre València y Barcelona. Se solicita se realice una coordinación de horarios y recuperación de los billetes integrados entre los servicios regionales València-Tortosa y la línea R16 de Rodalies
(Tortosa-Barcelona) que permitan realizar transbordos con un tiempo de espera razonable en la estación de l'Aldea-Amposta, como ya sucedía hace una década. Además, se insta a la instauración de un nuevo servicio complementario de media distancia
entre València y Barcelona sin entrada en el ramal de Tortosa, lo cual supondría un importante ahorro en tiempo de viaje y mejoraría las conexiones con la estación de la ciudad de Tarragona.
3. Adecuación de los horarios actuales en el corredor mediterráneo, adelantando los horarios de salida a primera hora de la mañana y retrasando la salida de los últimos servicios del día. Debe marcarse como objetivo poder llegar a València
viniendo desde Barcelona en torno a las 9 de la mañana, y lo mismo en sentido contrario. Además, debe garantizarse, bien alargando el servicio Euromed, o bien estableciendo una OSP, que se pueda llegar los sábados a Alacant viniendo desde Barcelona
y Castelló durante la mañana.
4. Las diferentes tipologías en las vías dificultan en este momento la prolongación de servicios hacia la región de Murcia. Se insta a realizar un ajuste de los horarios Avant Murcia-Alacant (sometidos a OSP) para garantizar más enlaces de
los ya existentes con el resto del corredor a través de transbordos en Alacant. Esto beneficiaría no solo a Murcia sino también a importantes localidades del sur valenciano como Orihuela, Callosa o Elx.
5. La recuperación en los tiempos de viaje que había previo al inicio de las diferentes obras, especialmente en las líneas convencionales, a destacar la línea C6 de cercanías entre València y Castelló, y la línea R16 entre Tortosa y
Barcelona, así como el conjunto de líneas regionales entre Tarragona y Barcelona. Esto incluye la eliminación, con las
intervenciones en infraestructura que sean necesarias, de las diferentes limitaciones temporales de velocidad que hay en varios puntos del corredor.
6. En el futuro, las obras de migración del ancho en el corredor mediterráneo al norte de Castellón supondrán meses de obras, tramos de vía única y afectación del servicio. Se insta al Ministerio de Transportes a tomar las medidas
necesarias (incluyendo subvenciones o rebajas en los precios de los billetes) para compensar a los usuarios durante las obras y evitar que se vean obligados a pasar a la carretera y al vehículo privado.
7. Acelerar las obras pendientes del corredor mediterráneo que a la larga mejorará los tiempos de viaje y las frecuencias. Destacan en este caso la finalización de la conexión de alta velocidad entre el nudo de La Encina y València, la
duplicación de la línea convencional Xàtiva-La Encina, la construcción de la nueva línea de alta velocidad entre València y Castelló, la construcción del túnel pasante de València y el cambio de ancho ibérico a ancho internacional en el tramo entre
Castelló y los cambiadores de la Boella en Tarragona.
8. La puesta en servicio del enlace ya construido entre el corredor mediterráneo y la línea de alta velocidad hacia Lleida, además del inicio de prestación de servicio ferroviario en el mismo, o bien mediante servicio comercial o bien
mediante OSP, permitiendo viajes entre València, Castelló, Lleida y Zaragoza.
9. Replantear la política del Ministerio de Transportes y de la empresa Renfe de gestión de material rodante. En un contexto de falta de material, frecuencias insuficientes y previsión de aperturas de nuevos tramos de alta velocidad, a lo
que hay que sumar problemas con el material recibido, la decisión de la retirada del material remolcado para los servicios de viajeros para su sustitución completa por autopropulsados debe ser revisada y posiblemente pospuesta.'
Palacio del Congreso, 17 de octubre de 2024.-Alberto Ibáñez Mezquita y Fèlix Alonso Cantorné, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora en el número de
plazas disponibles y de la calidad de los servicios en la línea ferroviaria 76 (Cádiz-Sevilla-Córdoba-Jaén), para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La línea 76 (Cádiz-Sevilla-Córdoba-Jaén) es una de las líneas de ferrocarril de Media Distancia que 'vertebran' Andalucía, recorriendo de manera directa cuatro de sus provincias y cruzándola, prácticamente en su totalidad, de suroeste a
noreste. Afecta de forma directa a más de 4,5 millones de habitantes si sumamos los casi dos millones de la provincia de Sevilla, el 1,3 de la de Cádiz, los 800.000 de Córdoba y los 630.000 de Jaén, según datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE) en 2023.
Discurre, por tanto, por dos de las diez provincias más pobladas de España (Sevilla y Cádiz) y conecta dos territorios rurales e inmersos en procesos de despoblación como Jaén o Córdoba. Un hecho significativo al que se suman dos factores
más que aumentan su uso frecuente: por un lado, el incremento de población flotante que la de Cádiz experimenta en época veraniega; por otro, la población de otras provincias andaluzas que acaban cogiendo esa línea para hacer algún tipo de
transbordo de manera indirecta.
El alto número de potenciales usuarios que tiene la línea, por la gran cantidad de población a la que afecta, así como el valor turístico, cultural, académico y patrimonial de los lugares por los que pasa, la hacen una línea extremadamente
demandada. Por ende, debería ser una de las líneas que más atención requiriese por parte de la empresa pública estatal que gestiona los servicios ferroviarios españoles.
Pero hay un hecho más que debería ser ponderado para la mejora de este servicio ferroviario que no es otro que el de la vertebración territorial, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la despoblación. Jaén también es una de las
grandes olvidadas de las conexiones ferroviarias y sufre un doble varapalo por el déficit ferroviario: por un lado, la escasez de trenes y, por otro, la deficiente prestación de servicio de las líneas actuales, tanto en frecuencias como en retrasos
y falta de plazas.
La citada alta demanda hace que, históricamente, sea una línea en la que las plazas disponibles se agotan con rapidez. Sin embargo, en el último tiempo debido a medidas que estimulan la demanda pero que no llevan aparejadas una subida
proporcional de la oferta de plazas, como las bonificaciones en los 'abonos' para usuarios frecuentes de RENFE, así como el programa 'Verano Joven', la situación se ha vuelto todavía más complicada. En la actualidad, la mayoría de los trenes,
especialmente en los trayectos Cádiz-Sevilla y Cádiz-Jaén, con varias semanas de antelación, aparecen ya completos. Es, por tanto, imposible tomar un tren de media distancia en Andalucía por motivos de urgencia: médicos, laborales o familiares.
Algo que puede provocar auténticos dramas personales. Actualmente, el único tramo que presenta alternativas es el de Sevilla-Córdoba, debido a la existencia de otras opciones vinculadas a la alta velocidad. No obstante, esta opción es
económicamente más costosa y, por tanto, menos asequible para la mayoría de los usuarios.
A esta situación de saturación y falta de plazas se unen las constantes averías y retrasos que presenta esta línea que obligan a los pasajeros, en ocasiones, a tener que ser reubicados, como medida de urgencia, en líneas de Cercanías.
Estos hechos descritos no son exclusivos de esta línea, ya que es un problema común en todo el territorio nacional en el último tiempo. Hechos que se agravan, especialmente en zonas de costa, en los meses de verano, pero que ocurren todo el
año.
Así, el caso de este servicio ferroviario debería requerir de mayor atención por parte del Gobierno de España por dos motivos. El primero, ya citado, por la gran cantidad de usuarios potenciales que tiene la línea, tanto residentes como
turistas y visitantes. El segundo, porque una de las provincias afectadas, la de Cádiz, por su situación geográfica demanda un tratamiento especial en materia de infraestructuras. Y es que, a pesar de su situación estratégica, por diferentes
motivos, no tiene conexión ferroviaria directa ni con la provincia de Huelva ni con la de Málaga y el resto de provincias de la costa este de Andalucía. A eso se suma que la frecuencia de trenes y el modo de conexión directa con Madrid también es
insuficiente, por lo que el servicio ferroviario Cádiz-Sevilla es también una extensión del AVE Madrid-Sevilla. Por último, que la AP-4, vía rodada que une ambas capitales, también se encuentra saturada de tráfico a la espera de medidas que la
descongestionen, ya que la implementación de un tercer carril solo en la provincia de Sevilla no es suficiente. Ese hecho también hace que muchos usuarios, para evitar atascos, apuesten por el transporte ferroviario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las acciones pertinentes para que RENFE aumente el número de plazas disponibles en la línea 76 (Cádiz-Jaén), garantizando la ampliación de urgencia de plazas en
las 12 horas antes de la salida del tren, mediante la opción de trenes en doble composición o lo que se considere pertinente.
2. Garantizar que RENFE compruebe que los usuarios de los abonos y de programas como 'Verano Joven' realmente utilicen la plaza que han reservado y que ésta no vaya vacía, adoptando las medidas necesarias para evitar trenes aparentemente
completos y que después van vacíos.
3. Pedir a RENFE y ADIF la mejora de la calidad de sus servicios para evitar retrasos y averías en esta línea, reparando, actualizando y modernizando lo que sea necesario tanto en lo que se refiere a las infraestructuras y a las vías por
las que discurren los trenes, como a los propios trenes.
4. Desarrollar un plan de acción para esta línea que incluya los puntos anteriores y que se ponga en marcha antes de final de año.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Ignacio Romaní Cantera, Macarena Lorente Anaya, Juan Bravo Baena, Sergio Sayas López, Héctor Palencia Rubio, Cristina
Teniente Sánchez, José Alberto Herrero Bono, Ana Martínez Labella, María Isabel Prieto Serrano, Bartolomé Madrid Olmo, Juan Diego Requena Ruiz, María Torres Tejada, María Soledad Cruz-Guzmán García, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Ricardo Tarno
Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de los trenes
históricos y turísticos de León, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Las líneas, infraestructuras y tradición ferroviaria de la provincia de León unidas a la riqueza de su patrimonio histórico, natural y arquitectónico aportan un alto valor diferencial que hacen de León un lugar ideal para el turismo
ferroviario.
Los trenes turísticos de RENFE son, sin duda, un referente dentro del sector del turismo ferroviario de lujo. Con anterioridad a la pandemia, RENFE ofertaba un tren turístico, 'El Transcantábrico Clásico', que circulaba entre la ciudad de
León y Santiago de Compostela durante la temporada de trenes turísticos, y que tenía unos niveles de ocupación óptimos que rondaban el 90%. Este tren discurría por las mismas vías ferroviarias que los antiguos trenes carboneros y ello lo convertía
en un medio para trasmitir a los viajeros la esencia de los paisajes y la identidad cultural de la provincia de León.
Sin embargo, este trayecto no ha vuelto a recuperarse. En 2022 RENFE decidió mantener en el norte de España 'El Transcantábrico Gran Lujo', mientras que 'El Transcantábrico Clásico' dejó de circular entonces con esa denominación y se
transformó en el Costa Verde Express; de forma que la oferta de trenes turísticos de lujo actual está compuesta por 'El Transcantábrico Gran Lujo' (entre Donostia y Santiago de Compostela), el tren 'Al Ándalus' (entre Sevilla y Málaga) y el tren
'Costa Verde Express' (entre Bilbao y Santiago de Compostela). León perdió así un recorrido fundamental para la práctica turística, historia viva del territorio, un tren que era un destino en sí mismo, donde transporte y turismo se unían. Sí se ha
recuperado para este año 2024 el 'Expreso de La Robla' (entre León y Bilbao), el único tren turístico que queda en la provincia de León.
La reanudación de la oferta de este recorrido de lujo entre León y Santiago de Compostela tendría un impacto muy positivo tanto para la demanda de los viajeros y los
ingresos de RENFE, como para la promoción turística de la provincia de León. Además de los mencionados trenes turísticos, RENFE oferta diversos trenes temáticos con conceptos diversos y ligados a acuerdos con las administraciones
regionales, provinciales y locales. En junio del año 2021, el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunció, en una visita a la ciudad de León, la creación de esta modalidad bajo la marca 'Trenes Turísticos
e Históricos de León'.
Se trataba de un proyecto de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) y la Diputación Provincial de León, en colaboración con RENFE, para la puesta en marcha de este nuevo producto turístico ferroviario con el fin de impulsar el
turismo por la provincia con rutas que se articularían a través de la red ferroviaria existente tanto de ancho ibérico como de ancho métrico.
A este anuncio le siguió la firma, el 21 de noviembre de 2022, de un Acuerdo de Colaboración por parte de la Diputación Provincial de León y RENFE para la puesta en marcha de esta iniciativa, con el establecimiento inicial de una ruta
turística denominada 'Ruta del sabor ferroviario y la minería' entre León y Cistierna. Este tren histórico que, desde la ciudad de León, llevaba a los turistas a los pueblos mineros de la Montaña Oriental, realizó un único recorrido durante el
último trimestre de 2022. Y ello a pesar de que el Acuerdo de Colaboración preveía darle continuidad durante los siguientes años, con el objetivo de dinamizar la actividad turística, cultural y socioeconómica de la provincia.
En 2023 se redactó un borrador de convenio entre RENFE y la Diputación de León para llevar a cabo nueve recorridos por la provincia de León durante el segundo semestre de 2023, pero no llegaron a ponerse en marcha.
En cuanto al material ferroviario destinado a este proyecto, inicialmente se había anunciado que se estudiarían las posibilidades que pudieran aportar determinados vehículos con valor histórico, un análisis que sería realizado por la FFE y
RENFE para compartir el mejor enfoque con la Diputación de León.
Desde la propia Diputación de León se hizo público el pasado 25 de mayo de 2024 que esperaban firmar en el mes de junio de 2024 un convenio que permitiría la recuperación del Electrotrén 432-012, conocido como tren Obispo, para su uso en
estas rutas turísticas. Esta firma, a fecha actual, sigue sin producirse.
Una vez restaurado, este Electrotrén 432-012, único de su especie que se conserva en toda España, quedaría afecto durante al menos los siguientes diez años al desarrollo del Programa de Trenes Históricos y Turísticos de la Provincia de León,
lo que implicaría su mantenimiento y disponibilidad por parte de la FFE, para un máximo de 24 operaciones o viajes anuales (de 3.000 kilómetros anuales) de los trayectos turísticos que se implanten.
La puesta en marcha de estos trayectos temáticos permitiría dar a conocer los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos del medio rural leonés, y serviría, al tiempo, de revulsivo económico para las localidades incluidas en las
distintas rutas. Además, la ciudad de León se vería altamente beneficiada con este proyecto al ser el punto de inicio de todos los itinerarios, haciendo que aumentasen las pernoctaciones en la capital.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La recuperación inmediata del tren turístico con itinerario entre León y Santiago de Compostela, garantizando suficiente número de frecuencias y plazas, como plataforma que permita dar a conocer la provincia de León y motor de impulso
del turismo en ella.
2. El impulso decidido para el desarrollo del Programa de 'Trenes Históricos y Turísticos de León', la restauración urgente de los trenes históricos precisos y la puesta en marcha de los trayectos temáticos con el fin de dinamizar la
actividad turística, cultural y socioeconómica de la provincia de León.
3. El diseño y ejecución de planes promocionales ambiciosos de todos los trenes temáticos y turísticos de la provincia de León.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Silvia Franco González, Ester Muñoz de la Iglesia y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de las
infraestructuras de Navarra, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En el desarrollo regional, en la competltividad de los territorios o en el bienestar de la población juega un papel imprescindible la disponibilidad de buenas infraestructuras básicas.
Entre las infraestructuras que articulan el territorio tienen suma importancia la red de transportes de personas y mercancías, la disponibilidad de agua, las buenas telecomunicaciones o los recursos energéticos accesibles. Son cuestiones
que estructuran las regiones y, en consecuencia, atraen inversión y generan bienestar.
Navarra cuenta con una buena situación geográfica y dispone de excelentes recursos humanos, pero necesita impulsar las infraestructuras para no perder competitividad.
Durante los gobiernos de Sánchez y de Chivite, la Comunidad Foral está siendo una de las que menos porcentaje de inversión recibe de los presupuestos generales del Estado y eso está lastrando la competitividad, el desarrollo social y
económico y las oportunidades de empleo, entre otros factores.
En lo referente al transporte de mercancías y personas tanto por carretera como por ferrocarril la realidad es muy preocupante. Las comunicaciones con Madrid, Barcelona o las grandes ciudades del resto de España y de Europa (y
consecuentemente con los grandes ejes de desarrollo económico) adolecen de un alarmante retraso por la falta de inversión en los últimos años.
El Tren de Alta Velocidad (TAV) soporta una dilación y un bloqueo inexplicable. En las jornadas sobre el ferrocarril en abril de 2023 en Pamplona se concluyó que, a este ritmo de inversión, el corredor completo del TAV en Navarra tardaría
60 años en terminarse. Por poner un ejemplo, en el tramo de TAV de Zuasti-Zaragoza se ha invertido en los últimos años sólo el 8% de lo necesario.
Por otro lado, la conexión con la Y vasca se sigue sin concretar y se discute desde el Gobierno central la unión por Ezkio o por Vitoria, lo que retrasa aún más la conexión con las vías europeas.
En las carreteras ocurre algo similar. De los desdoblamientos de los ejes Pamplona- Barcelona y Pamplona-Madrid solo hay vagas promesas de inversión por el Gobierno central y retraso en la parte navarra (A-15). Estas vías de alta capacidad
por carretera son vitales para unirse a los grandes ejes de comunicaciones que son, a su vez, ejes donde se concentra el desarrollo económico de nuestro país.
Las autovías Pamplona-Jaca-Huesca-Lérida (A21-A22-A23), que unirían el Cantábrico con el Mediterráneo y mejorarían la circulación subpirenaica adolecen de abandono y de falta de inversión, exactamente igual que la A15.
La dejadez, el abandono, el desinterés y la falta de inversión afecta también al Canal de Navarra. Solo vagas y falsas promesas. Esta situación que padece el Canal es muy
sensible para la economía navarra y viene agravada ante un potente sector agroalimentario que demanda soluciones ante la falta de agua, las restricciones y la pérdida de cosechas; con el añadido de que el Canal no sólo es vital para el
regadío, sino también para el abastecimiento urbano de una parte sustancial de la población navarra.
El Canal de Navarra sufre un retraso y bloqueo inexplicable. La ampliación de la primera fase del Canal la que debiera llevar agua a Tierra Estella adolece de un retraso de más de seis años y se supone que con unos sobrecostes elevadísimos
que deben asumir los contribuyentes navarros.
De la segunda fase del Canal, la que debiera llevar agua desde el embalse de Itoiz a La Ribera, se encuentra en una situación de paralización absoluta durante años y se aboca a un futuro incierto.
Hay que recordar que el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Foral de Navarra, firmaron en 1998, bajo el gobierno del Partido Popular, el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Foral de Navarra
para la ejecución del Canal de Navarra. La firma de la tercera actualización del convenio para la ejecución del Canal de Navarra se firmó en 2013. Queda pendiente una renovación del convenio de colaboración para la ejecución de la siguiente fase
del Canal.
Es preocupante la falta de compromisos y de acuerdos entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno central que garanticen la seguridad de disponer de fondos suficientes para iniciar la segunda fase del Canal y para impulsar las infraestructuras
que Navarra necesita.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la aprobación de los expedientes administrativos pendientes y a incrementar las inversiones para acelerar las obras de las Autovías Pamplona-Madrid, Pamplona-Jaca-Huesca-Lérida, el TAV y el Canal de Navarra.
2. Licitar la segunda fase del Canal de Navarra comprometiendo fondos suficientes y a establecer un compromiso de 'Actualización del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad
Foral de Navarra' tal como se hizo con la primera fase y su ampliación, que tan buen resultado dio.
3. Proceder a la licitación de los tramos de la Autovía Pamplona-Madrid en los tramos de Castejón-Medinaceli.
4. Proceder a la licitación de los tramos de Autovía Pamplona-Jaca, Pamplona- Huesca, Huesca-Lérida.
5. Acelerar la construcción, incrementando la inversión, del TAV en los tramos de Aragón y Navarra hasta su llegada a Pamplona.
6. Resolver definitivamente el enlace del TAV navarro con la Y vasca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Sergio Sayas López y Carlos García Adanero, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reparación inmediata de la
carretera Nacional 122 a su paso por la provincia de Zamora, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Nacional 122 (N-122), una carretera nacional española que comunica Aragón con Castilla y León y Portugal a través del Valle del Duero, se trata de una vieja vía de rodaje con un trazado con un alto índice de siniestralidad y con
circulación de un elevado número de vehículos pesados que por longitud eligen esta vía de comunicación, rechazando otras de más largo recorrido y de mayor coste económico. Esta N-122 fue inicialmente definida en el Plan de Caminos de 1940 por el
Ministerio como carretera nacional de Zaragoza a Portugal por Zamora, lo que nos da una idea exacta de los años que lleva construida y que ha dado servicio. A su paso por la provincia de Zamora cruza las poblaciones de Morales de Toro, Toro, Fresno
de la Ribera, Zamora, Muelas del Pan, Ricobayo, Fonfría, Fornillos de Aliste, Ceadea, Alcañices y Trabazos, finalizando su recorrido en la frontera con Portugal, por donde continúa la autovía ya finalizada con la denominación de E-82/A4/IP4 del lado
de Portugal, país vecino que ya ha hecho sus deberes y ha ejecutado su parte para así conectar con España a través de una vía de alta capacidad.
Por otro lado, la Autovía del Duero o A-11 es una autovía en construcción que conecta el Este y el Oeste de la mitad norte de la península, sin pasar por Madrid, uniendo así Soria, Valladolid y Zamora con la frontera portuguesa, desde la
cual se puede continuar hasta Oporto. En la provincia de Zamora, esta autovía solo se ha ejecutado de forma parcial desde el límite con la provincia de Valladolid hasta Zamora capital, restando aún 82 kilómetros para su finalización, desde Zamora
hasta la frontera con Portugal; su ejecución total llevaría a concluir el llamado 'corredor del Duero' y permitiría continuar hasta Zaragoza y Barcelona a través de la A-15.
Las carreteras convencionales de titularidad del Estado, como es la Nacional 122 a su paso por la provincia de Zamora, deben mantenerse siempre bien conservadas, con un firme en buen estado y señalización clara, ofreciendo así un nivel de
seguridad alto y minimizando así el riesgo de sufrir accidentes graves con víctimas por desperfectos en el pavimento, baches profundos, blandones, etc, además de reducir los accidentes menores, como las salidas de vía y otra tipología de accidentes.
Como antecedente, la nacional 122 lleva mucho construida y es una de las vías principales que atraviesa la provincia de Zamora de este a oeste. Su alternativa no acaba de ejecutarse y la construcción de la mencionada Autovía A-11 en la
provincia de Zamora se ha paralizado desde la llegada del PSOE al Gobierno. A lo largo de estos años un clamor social se ha trasladado a través de los ciudadanos de Zamora con peticiones de los distintos agentes económicos, sociales y civiles de la
provincia que reivindican su carácter estratégico y su finalización. Los zamoranos que transitan por la carretera Nacional 122 trasladan permanentemente que es una carretera peligrosa, obsoleta, por la que supone todos los días un riesgo circular
por ella hasta tal punto que cuesta vidas todos los años; el número víctimas lamentablemente se incrementa año a año.
El ministro Óscar Puente ha reconocido en los medios de comunicación que la reconversión de la Nacional 122 en autovía 'va mal' y que los tramos de Zamora de la A-11 están 'en pañales' a excepción del que une la frontera lusa con la
localidad de Trabazos, tramo de solo 1,5 kilómetros de los 82 kilómetros totales.
Por tanto, la inacción del Gobierno actual, su falta de compromiso con las inversiones pendientes en la provincia de Zamora y la no conversión en autovía de la carretera actual, obliga a los zamoranos y resto de usuarios a que la circulación
de vehículos se continúe haciendo por esta obsoleta Nacional 122 (N-122), una carretera con un pésimo estado de conservación y mantenimiento en los últimos 6 años de gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez; a lo que se le une otro problema a su paso
por la comarca alistana, como es el intenso tráfico de trailers de transporte internacional que soporta desde la construcción y puesta en marcha de la 'autopista trasmontana' y la apertura del 'túnel de Marao' por nuestros vecinos de Portugal, ya
que desde entonces el 90% de los camiones de la Región Norte y de la ciudad portuaria de Oporto atraviesan la Nacional 122 por la provincia de Zamora para viajar camino de Europa y volver a Portugal. Algunos días entre 600 y 1.000 camiones de gran
tonelaje y con una media de alrededor de 14 metros de longitud.
La Nacional 122 a su paso por Zamora se ha convertido tristemente en una vía mortal que ha dejado víctimas de casi todos los pueblos por donde transita, con cifras de más de 1.000 siniestros y casi 180 muertos desde 1990. La Nacional 122
está considerada por todo lo anterior una de las más peligrosas de España y su trazado está repleto de puntos negros que acumulan gran parte de los accidentes mencionados, por lo que se le ha terminado llamando la 'carretera de la muerte' en la
provincia de Zamora. Se adjuntan datos de siniestralidad del Ministerio entre los años 2017 y 2022, teniendo en cuenta que estos datos han empeorado después de la pandemia.
Datos de siniestralidad carretera N-122 en la provincia de Zamora 2017-2022
;N.° de accidentes con víctimas mortales a 30 días del siniestro;N.° de fallecidos a 30 días del siniestro;N.° de heridos hospitalizados a 30 días del siniestro;N.° de heridos no hospitalizados a 30 días del siniestro
Total.;11;12;11;61
Es imperativo, por lo tanto, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible habilite los recursos y habilite una partida económica que sea destinada con urgencia a la reparación, rehabilitación urgente y conservación extraordinaria
e inmediata de la Nacional 122, ya que se trata de una carretera con múltiples patologías: un agotamiento generalizado de un firme que ha llegado al final de su vida útil, y que los abundantes parcheos han conseguido mejorar poco lo funcional y
nada lo estético; a ello se unen defectos puntuales de mayor gravedad, y que tienen como origen la debilidad estructural de las capas inferiores y un firme agotado que hace tiempo ha llegado al final de su vida útil. Al circular por esta nacional
se pueden ver:
- Deformaciones en forma de roderas.
- Baches, con forma de 'cazuela', que presentan pérdida de material y deterioro creciente.
- Grietas por fatiga o de piel de cocodrilo, blandones, etc.
- Agrietamiento generalizado.
Estas graves patologías suponen, además, un problema de seguridad vial, reduciendo la adherencia entre el vehículo y la carretera e incrementando la incomodidad y la fatiga al conductor. Estas graves deficiencias que afectan al estado de la
Nacional 122 no han sido solventadas en los últimos 6 años y tienen su origen en la debilidad de las capas que forman el firme y el abundante tráfico de vehículos pesados que soporta la carretera. Por tanto, la única forma de subsanar su estado es
una actuación integral y con carácter urgente, que repare estructural mente la carretera y la dote de una nueva superficie de rodadura estable, sin parcheos localizados que no solucionan nada y suponen una discontinuidad estructural del firme,
además de no solucionar el deterioro del firme y la peligrosidad de rodar por ella.
Como conclusión, se extrae que es necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez habilite con urgencia los recursos suficientes destinados a la reparación, rehabilitación y conservación extraordinaria e inmediata de la Nacional 122 en todo su
recorrido por la provincia de Zamora desde Morales de Toro hasta San Martín del Pedroso, por su lamentable estado de deterioro y conservación en los últimos 6 años; además de la necesidad de ejecutar por parte del Gobierno en un futuro inmediato
los 82 kilómetros que restan para la finalización de la Autovía-11 en la provincia de Zamora y así unir España través de una vía de gran capacidad con la ya finalizada autovía E-82/A4/IP4 en el lado portugués.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Habilitar con urgencia los recursos suficientes para la inmediata reparación, rehabilitación y conservación extraordinaria de todo el firme de la Nacional 122 a su paso por la provincia de Zamora, debido al pésimo estado actual del
mismo, que ha aumentado de forma grave la peligrosidad y el número de accidentes.
2. Realizar lo antes posible una auditoría de seguridad vial en la Nacional 122 que determine a la mayor brevedad el estado actual exacto de la misma desde el punto de vista de la seguridad para los conductores, de su peligrosidad y
deficiencias, además del estado de conservación y de las medidas urgentes necesarias a realizaren la misma, según la Directiva 2008/96/CE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Óscar Ramajo Prada, Elvira Velasco Morillo, Héctor Palencia Rubio, Javier Merino Martínez, Sergio Sayas López, Celso Luis Delgado Arce, José Alberto Herrero Bono, Ana Martínez
Labella, Cristina Teniente Sánchez, Luis Beamonte Mesa, Tomás Cabezón Casas, María Soledad Cruz-Guzmán García, Esther Llamazares Domingo, Alberto Fabra Part, Juan Antonio Rojas Manrique, Bella Verano Domínguez, Ángel Ibáñez Hernando, María Sandra
Moneo Díez y Carlos García Adanero, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el impulso del tramo
de autovía de la A40 entre la ciudad de Ávila y la A6, para conectarla con Valladolid y el resto del Noroeste de España, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Autovía A-40 'A-6-Ávila-Maqueda-Toledo-Cuenca' es una actuación que está incluida en el apartado Nuevas infraestructuras. Autovías interurbanas del Programa de Inversión en lo referente al Transporte por Carretera del Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024.
Este hecho ya por sí mismo demuestra su relevancia como corredor transversal que sirve de enlace entre la zona noroeste de España con la suroeste, sur, este y sureste, sin pasar por Madrid y, por tanto, como alternativa a la tradicional
estructura radial de la Red de Carreteras del Estado, pudiéndose considerar como una 'supercircunvalación' de la capital.
Además, para la provincia de Ávila y para la Comunidad de Castilla y León, supone una oportunidad única para su vertebración, ya que contribuirá a una mejora notable de sus comunicaciones y de su desarrollo.
Especial relevancia tiene el tramo de conexión entre la A-6 y la A-50, y por tanto de Ávila con Valladolid y todo el noroeste de España.
En 2015 el Ministerio de Fomento encargó la redacción de un nuevo Estudio Informativo para este tramo. En 2016, el Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de consultas ambientales. El Estudio Informativo se aprobó provisionalmente
el 14 de diciembre de y el 15 de enero de 2019 se sometió a información pública. El 10 de diciembre
de el expediente completo entró en el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), informada favorablemente la opción denominada 'Alternativa 3', con 25,20 km de longitud y un coste
estimado de 154,18 millones de euros, frente a la 'Alternativa 5', recomendada en el Estudio Informativo por el órgano promotor.
La DIA se emitió el 12 de noviembre de 2021, y se publicó en el BOE el 22 de noviembre de 2021, con un plazo de vigencia de 4 años a partir de ese momento, caducando el 22 de noviembre de 2025 si no se inician las obras. El órgano promotor
puede solicitar una prórroga de 2 años antes de esa fecha, extendiendo la vigencia hasta el 22 de noviembre de 2027. Para entonces el Gobierno de España debería haber iniciado las obras, por pequeño que sea el tramo, de la conexión entre Ávila y la
A6, y por tanto con Valladolid y con el noroeste.
En caso contrario, habría que empezar todo el procedimiento desde el inicio de nuevo, perdiendo el tiempo y los recursos económicos invertidos, que conllevaría iniciarlo nuevamente (El estado encargó el Estudio Informativo en el año 2015).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Reconocer la necesidad, justificación y urgencia de la conexión de la ciudad de Ávila con la A6, para conectarla con Valladolid por autovía, y el resto del noroeste de España, ya que esta conexión tiene un volumen actual de circulación
similar e incluso superior a otros tramos en España que se están transformando en autovía por el Ministerio.
- Desvincular el estudio licitado en diciembre de 2023 sobre la finalización de la actual concesión en la AP6, AP51 y AP61 que afecta el trayecto entre Ávila con Madrid con el proyecto de la A40 y su conexión entre Ávila y Valladolid por la
A6
- Aprobar el Expediente de Información Publica y definitivamente el Estudio Informativo antes del 31 de diciembre de 2024
- Agilizar y reducir los plazos administrativos:
A) Dividiendo el trayecto en tramos con una dimensión adecuada, para que, en al menos uno de ellos, se pueda llegar a cumplir los plazos de caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental y no caduque para todo el recorrido entre Ávila y la
conexión de la A6.
B) Impulsar a través de la vía más rápida, la redacción del proyecto de trazado y construcción de los tramos en que se divida el itinerario, antes del 28 de febrero de 2025.
- Solicitar la prórroga de la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental antes de noviembre de 2025.
- Aprobar los proyectos, licitar y adjudicar las obras de algún tramo antes de noviembre de 2027, fecha de caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Héctor Palencia Rubio y Patricia Rodríguez Calleja, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la Autovía A-32 en los
próximos Presupuestos Generales del Estado, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La autovía A-32 se inició en 1996 y, cuando esté finalizada, permitirá unir Andalucía con la Comunidad Valenciana, Cataluña y el Corredor Litoral Mediterráneo por Albacete, generando expectativas de progreso para la treintena de municipios
que atraviesa, buena parte en zonas oficialmente clasificadas como desfavorecidas.
La A-32 es una autovía de nuevo trazado entre Linares y Albacete cuyo proyecto fue concebido a partir del desdoblamiento de la carretera N-322 y permitiría la conexión directa a través de una red de alta capacidad entre Andalucía y la
Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Madrid.
Albacete lleva años de espera en la ejecución de esta autovía. En abril de 2018 el Gobierno presentó el Plan Extraordinario de Inversión de Carreteras, que consistía en la licitación durante 2018 y 2019 de 20.000 kilómetros de autovías por
importe de 5.000 millones de euros, de esa partida presupuestaria, 692 millones ¡rían destinados para los 90 kilómetros de la autovía A-32. Finalmente, con el cambio de Gobierno este proyecto no se llevó a cabo y perdió ese presupuesto.
A día de hoy, a pesar del tiempo transcurrido, de los seis tramos que constituyen la A-32 en la provincia de Albacete, son solo tres en los que se han iniciado actuaciones, sin embargo, hay otros tres paralizados.
Dada la situación geográfica estratégica de Albacete, es crucial que el Gobierno de España priorice esta infraestructura, ya que la A-32 es vital para cohesionar los territorios y promover el crecimiento económico de la provincia.
La falta de inversión de los Presupuestos Generales de los últimos gobiernos desde 2021 en esta autovía ha frenado el desarrollo de la provincia de Albacete y es necesario que se ejecuten las obras para que Albacete vuelva a ser el nudo de
comunicaciones que siempre ha sido, garantizando la conexión con Andalucía, el Levante y toda la meseta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado la dotación presupuestaria necesaria para aprobar los proyectos definitivos que permitan licitar las obras y hacer realidad el
proyecto de la A-32, eje estratégico de la Red Global Transeuropea, en los tramos que discurren por la provincia de Albacete y a retomar e impulsar de manera definitiva y hasta su finalización las obras de ejecución de la A-32 a su paso por la
provincia de Jaén.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Carmen Navarro Lacoba, Antonio Martínez Gómez y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del proyecto de la
segunda pista del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y sus conexiones ferroviarias y por carretera con los ejes estratégicos de la provincia de Alicante, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández es el único de España con más de 15 millones de pasajeros que tiene una sola pista de vuelo. Los aeropuertos de Gran Canaria y Bilbao, con tráficos de 14 millones de pasajeros y 6 millones
respectivamente, disponen de dos pistas. Si no se acomete la construcción de una segunda pista, con las previsiones de crecimiento contempladas por los estudios y el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026, el aeropuerto colapsará y
la economía de la provincia de Alicante tendrá un impacto con consecuencias negativas para las empresas y el empleo.
El impacto negativo en el PIB provincial en el caso de no acometerse cuanto antes esta infraestructura, se estima en cerca de 800 millones de euros anuales que no se generarían perjudicando principalmente al sector servicios y, en concreto,
a las siguientes ramas de actividad: actividades recreativas, culturales y deportivas; restauración; hoteles y otros tipos de hospedaje; venta y reparación de vehículos; venta de combustibles; comercio al por menor; y las actividades
inmobiliarias. Un total de 14.800 puestos de trabajo al año no podrán mantenerse o crearse en el período entre 2024 y 2030 y provocará un freno al crecimiento de la economía alicantina.
Por otro lado, las infraestructuras de carreteras y ferrocarril en la provincia de Alicante precisan de mejoras que reduzcan la incertidumbre de acceso al Aeropuerto y que permitan el desarrollo económico de la conurbación en torno al propio
Aeropuerto.
Las mejoras más inmediatas que se deben acometer son el tercer carril de la A-70 entre Alicante (túnel de San Juan) y el Aeropuerto y la modernización de la línea de Cercanías C1 y, en especial, la denominada variante de Torrellano, con una
nueva estación en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y la eliminación de la inversión de sentido de marcha de San Gabriel (eliminación de las vías), sin que se aborden actuaciones provisionales de electrificación.
Del mismo modo, es necesario liberar el peaje de la autopista AP-7 entre El Campello y Monforte del Cid y así mejorar la seguridad y aliviar el creciente tráfico de vehículos y camiones en la A-70 a su paso por la capital de la provincia.
Y todo ello en un marco en el que desde la Unión Europea se ha incluido como prioritario en su red transeuropea de transporte el eje ferroviario entre Alicante y Elche pasando por el Aeropuerto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar los trámites para la licitación del proyecto de la segunda pista del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández antes de que finalice 2024.
2. Iniciar los trámites para la licitación del proyecto del tercer carril de la A-70 entre Alicante (túnel de San Juan) y el Aeropuerto antes de que finalice 2024, así como la liberación de la AP-7 entre El Campello y Monforte del Cid.
3. Incorporar a los presupuestos para 2025 una partida específica para la modernización de la Línea de Cercanías C1 Alicante-Elche y la denominada variante de Torrellano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno, Macarena Montesinos de Miguel, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover la movilidad sostenible a través de la intermodalidad Tren-Bicicleta
para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Cada día se producen en nuestro país millones de desplazamientos cotidianos para ir al trabajo, al centro de estudios, centros de salud y de ocio, o por otros motivos. La forma y el medio de moverse de un lugar a otro, ya sea por motivo
obligado o voluntaria es una decisión que cada persona toma dependiendo de múltiples factores como la distancia a recorrer, el tiempo del viaje, las alternativas existentes, la necesidad de puntualidad, la comodidad, etc.
En los últimos años, debido al crecimiento económico y a las cifras de empleo en las que vemos como España alcanza cada mes récords de personas trabajando, nos encontramos con un incremento proporcional al número de desplazamientos diarios.
Este hecho sumado a una concentración cada vez mayor de la población en las áreas urbanas y metropolitanas como un fenómeno creciente en las últimas décadas y que sigue a un ritmo creciente como señalan los datos de INE cada año, supone un enorme
reto para los poderes públicos a la hora de abordar la movilidad general.
El contexto cultural y económico asentado durante décadas en el que el vehículo particular ha dominado la movilidad general con consecuencias y externalidades negativas evidentes como el cambio climático, las afecciones a la salud o el
colapso circulatorio urbano y metropolitano están propiciando en los últimos años que cada vez más ciudadanos opten por otras formas más sostenibles de moverse y también obligan a las administraciones públicas a favorecer formas de desplazarse más
sostenibles que puedan satisfacer de forma satisfactoria las necesidades de movilidad de la ciudadanía.
Desde el gobierno de España se ha apostado de forma clara y evidente por potencia modos de transporte más sostenible, fundamentalmente por los modos colectivos, y promover en nuestras ciudades diseños urbanos que apuesten también por la
movilidad activa a través de itinerarios peatonizados y de redes ciclistas.
Si bien nos encontramos que el incremento de la movilidad diario es un hecho palmario también lo es que gracias a las políticas puestas en marcha por el Gobierno de España las cifras de viajeros en tren, autobús y metros o tranvías son
también históricas. Solo en el año 2023 han utilizado los servicios ferroviarios más de 520 millones de personas, de los cuales más de 490 millones de viajeros corresponden a las obligaciones de servicio público de cercanías y medias distancia.
De la misma manera comprobamos como cada vez más ciudadanos optan para sus desplazamientos diarios la bicicleta, pero es un hecho que viene muy condicionado por la existencia de infraestructuras que faciliten y den seguridad a dichos
desplazamientos. Según el Barómetro de la bicicleta en España 2022 el uso de la bicicleta crece más de 4 puntos porcentuales respecto a la última edición de 2019. En 2022 un 57,1% de las personas residentes en España (de entre 14 y 70 años), es
decir, cerca de 20 millones de personas, utiliza la bicicleta con cierta frecuencia. Así, desde el año 2008 hasta 2022, los ciclistas habituales se han multiplicado casi por tres, de poco más del 10% al 32,5%
Pese al hecho constatable del incremento de la movilidad más sostenible el hecho de que la movilidad en vehículo particular todavía domine con holgura la movilidad general permite asegurar que todavía queda camino transitable para poner en
marcha políticas y acciones que favorezcan la posibilidad de que haya ciudadanos y viajes que puedan traspasarse del vehículo particular a los modos más sostenibles.
Una vía a recorrer en esa política es la intermodalidad sostenible, que consiste en que un mismo viaje que a día de hoy sea más factible, por la distancia a recorrer y por las
infraestructuras existentes, llevarse a cabo en vehículo particular pueda realizarse combinado modos de transporte sostenibles como la bicicleta y el tren.
En los últimos años la operadora pública Renfe ha ido favoreciendo el acceso de bicicletas a los trenes, pero es igualmente cierto que hay un amplio margen de mejora que pueda permitir que cada vez más ciudadanos vean como positivo y óptimo
poder realizar sus desplazamientos combinando ambos modos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar y analizar las posibilidades de poder incrementar los viajeros que se puedan llevar a cabo combinando el ferrocarril con la bicicleta.
2. Adaptar y mejorar las infraestructuras del tren, tanto el material móvil, como las estaciones para promover la intermodalidad.
3. Adaptar y establecer un marco normativo que favorezca y de seguridad jurídica a la intermodalidad bici-tren.
4. Llevar a cabo campañas que permitan conocer las ventajas de desplazarse combinando el ferrocarril con la bicicleta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Ignacio López Cano, Diputado.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reclamar al Gobierno que proceda
a proyectar de manera urgente la conversión de la N-232 en Autovía en el tramo entre El Villar de Arnedo y Arrúbal, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La carretera N-232 (Vinaroz-Santander) recorre La Rioja a lo largo de 140,81 kilómetros de manera transversal a lo largo del Valle del Ebro. Comparte itinerario y funcionalidad con la AP-68 pero, a diferencia de la autopista, la carretera
N-232 es la vía con mayor índice de tráfico de toda La Rioja, del que el 30% son vehículos pesados, alcanzándose tramos que superan el 40%.
La conversión en autovía de la N-232 debe ser, por lo tanto, una prioridad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. A pesar de ello, la propuesta PEIT 2005 no recogía la conversión en autovía del tramo riojano. Las alegaciones
del Gobierno de La Rioja y de los agentes económicos y sociales propiciaron que esta actuación se incluyera en el documento final, pero la discriminación a La Rioja por parte del actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no tiene
comparación.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue adelante con sus planes de convertir los 13 kilómetros de la N-232 en una carretera 2+1 entre El Villar de Arnedo y Arrúbal. Desde el punto de vista económico, el coste de conversión
en autovía de todo este tramo es mucho menos elevado que el presupuestado en otros tramos frente a la propuesta de infraestructura 2+1.
Actualmente, la N-232 es una carretera que se encuentra totalmente desdoblada en Navarra, está prácticamente desdoblada entre Zaragoza y el límite con Navarra, y está a
punto de finalizar el desdoblamiento entre los municipios aragoneses de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro en sentido Alcañiz.
En definitiva, la transformación del tramo entre El Villar de Arnedo y Arrúbal en una carretera 2+1 es una profunda discriminación a los riojanos frente a los ciudadanos de otras comunidades porque supone convertir la N-232 en una vía de
peor calidad a su paso por la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Descartar el proyecto de conversión del tramo de la N-232 entre El Villar de Arnedo y Arrúbal en una carretera 2+1.
2. Proyectar de manera urgente la conversión de la N-232 en Autovía en el tramo entre El Villar de Arnedo y Arrúbal y el tramo entre Calahorra y el límite con Navarra.
3. Que se inicien antes de un año las obras de construcción de la Variante de El Villar de Arnedo cuyo proyecto ha sido aprobado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Javier Merino Martínez y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la publicidad del carácter voluntario de las cuotas en los centros
concertados y su sanción en caso de incumplimiento, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El estudio anual sobre cuotas y precios de los colegios concertados que lanza la Asociación de Colegios Privados Independientes (Cicae) vuelve a reiterar lo que supone una anomalía, además de una ilegalidad: el cobro de cuotas a las
familias sin información sobre su carácter voluntario. Según sus cifras, casi el 80% de los colegios que forman parte del estudio cobra una cuota base a las familias, y en el 72% de los casos ni siquiera existe una voluntariedad. Y aquí radica la
ilegalidad. El estudio refleja que casi el 69% de los centros no menciona la voluntariedad en las entrevistas, y solo el 19,4% lo mencionan en la documentación entregada. En cuanto a la cantidad de la cuota, los centros con titularidad mercantil
son los que cobran un importe más alto a las familias (108,38 al mes), y los centros pertenecientes a congregaciones religiosas tienen una media de 60,10 al mes. Los que pertenecen a sociedades anónimas, cooperativas y sociedades de
responsabilidad limitada son los que generan más casos de exclusión y obligatoriedad de los alumnos, explican desde Cicae. Otros estudios elaborados desde la OCU o desde EsadeEcPol arrojan datos similares.
Existe una clara falta de transparencia a la hora de dar la información a las familias. Los centros sostenidos con fondos públicos deben incluir en sus páginas web el listado y precio de las actividades y servicios complementarios, pero más
de la mitad no muestra dicha información. Si se analizan los datos en función de la comunidad autónoma,
Catalunya lidera el ranking de cuota máxima (510 euros al mes), seguida de la Comunitat Valenciana (450 euros), Madrid (252 euros), Galicia (245 euros) y Euskadi (224 euros). En Catalunya, el 98% de los colegios cobran cuota base, con un
promedio de 246 euros mensuales. En Madrid es del 99% con una cuota promedio de más de 150 euros al mes. Los datos son muy claros, pero el informe también recoge cualitativamente qué tipo de respuestas reciben algunas familias si no quieren pagar
la cuota, usando la exclusión al alumno o alumna: 'tendría que haber alumnos a doble ritmo', 'el niño entraría a otras horas e iría desfasado', 'se ¡ría a otra aula'. O bien apelando a una obligatoriedad del todo ilegal: 'es el pago por la
escolaridad y entran varios servicios', 'lo pagan todos, es de lo que vive el colegio' o 'es la cuota por asistir a este colegio'.
Los principios fundamentales de no discriminación, de solidaridad, de igualdad de oportunidades y de trato, y de acceso universal a la educación están también firmemente anclados en la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Estos principios sustentan el derecho a la educación y ofrecen la base para la acción normativa de dicha organización. El acceso universal a la educación libre de toda discriminación y exclusión
es la piedra angular del derecho a la educación. Este principio se encuentra en la mayoría de los instrumentos que la UNESCO ha elaborado en la esfera de la educación, desplegados posteriormente en contenidos normativos. La Constitución Española
de 1978 ya fundamenta, a través del artículo 27, la obligatoriedad y la gratuidad de la educación básica como pilares esenciales de nuestro sistema educativo.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ya establece en la modificación del artículo 88 las garantías de gratuidad: 'Para garantizar la posibilidad de
escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las
familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos'. Eso sí, quedan excluidas de
esta categoría las actividades extraescolares y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario. El Real Decreto 1635/2009 prohíbe explícitamente el cobro de cuotas, ya que 'en ningún caso podrán los centros públicos o
concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas'. Esta misma normativa fija la prohibición de imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios
que requieran ningún tipo de aportación económica, salvaguardando aquellos servicios que sean voluntarios.
En conclusión, los centros no pueden cobrar cuotas por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, solo aquellas que se consideran extraescolares o de servicio, y siempre será una cantidad aportada de carácter voluntario. Los estudios
muestran que no solo no existe la comunicación hacia las familias del carácter voluntario, es que ni siquiera existe esa voluntariedad. Muchos centros educativos con concierto económico llevan años saltándose la norma sin que haya ninguna
consecuencia al respecto. La impunidad les sirve para que, curso tras curso, sigan ejerciendo esta práctica del todo abusiva y que rompe con el principio de igualdad en materia educativa. La triple red educativa ha generado y sigue generando
muchos estragos y fomenta la segregación escolar, y el cobro de cuotas es una de las causas de esto. Conviene seguir trabajando por una escuela pública de calidad, en igualdad y totalmente gratuita, pero las prácticas normalizadas y no sancionadas
de los centros privados sostenidos con fondos públicos no ayudan nada a conseguir este fin.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar con las administraciones educativas competentes la problemática de la falta de transparencia e información veraz sobre la voluntariedad de las cuotas a las familias, que contraviene
el principio de gratuidad, y que puede comportar sanciones muy graves como la retirada del concierto,
conforme al artículo 62.2 letra b de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la regulación laboral de la figura de la persona Asistente Personal para su debate en la Comisión de Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La prestación económica de asistencia personal, regulada en el Art. 19 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se fija para con el objetivo de
contribuir a la contratación de una persona asistente personal y facilitar así una vida más autónoma de aquellas y de aquellos en situación de dependencia. Con ese contrato se va a establecer una relación laboral, directa o no, que vincula al
beneficiario o beneficiaría con la persona asistente personal. Sin embargo, las características propias y diferenciadas de esta relación contractual no se ajustan ni a la regulación general del Estatuto del Trabajo, ni a ninguna de las relaciones
laborales especiales existentes.
Por falta de regulación específica es habitual que se asimile esta relación a la de los servicios en el hogar familiar. Pero, aunque podría parecer que su actividad se desarrolla en circunstancias parecidas, no cabe subsumirlo bajo el
régimen jurídico previsto para el trabajo doméstico pues las tareas desempeñadas tienen claras diferencias. Asimismo, se les exige, en muchos casos, figurar en el régimen especial de autónomos para facilitar la contratación, sin embargo, existe una
clara dependencia y dirección por parte de la persona empleadora a la empleada, por lo que tampoco cabría regularlo a través de la figura del Trabajo Autónomo.
El Art. 1.4 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, define que su objeto es el cuidado o atención de los miembros de la familia o de las
personas que forman parte del ámbito doméstico o familiar, así como otros trabajos que se desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas, tales como las de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos.
Existe una coincidencia parcial, pero, expertos en la materia ponen de manifiesto que existen diferencias esenciales entre una persona empleada del hogar y una persona Asistente Personal. Por ejemplo, la actividad del servicio en el hogar,
como indica su denominación, se centra en el ámbito doméstico, con alguna excepción, sin embargo la de la persona Asistente Personal no se limita la esa esfera. Entra en sus funciones el acompañamiento en todas las esferas de la vida diaria del o
de la dependiente, como puede ser el acompañamiento al trabajo, en los desplazamientos y desempeño de cualquier actividad o en los estudios. Tareas todas ellas que exceden el ámbito fijado para el trabajo doméstico.
Además, mientras el objetivo de la persona del ámbito doméstico es prestar servicios para el hogar, la persona de Asistencia Personal está para facilitar las tareas pero no tiene por qué ejecutarlas.
Tampoco cabría englobar la Asistencia Personal en la categoría de Trabajo Autónomo o de persona Trabajadora Autónoma económicamente dependiente -en caso de que realice su actividad para una empresa o cliente del que percibe cuando menos 75%
de sus ingresos- pues, en todo caso, la persona autónoma actúa conforme a sus criterios organizativos, circunstancia que no se da en la Asistencia Personal.
Estamos pues, ante un vacío legal que avoca a la confusión y al encaje forzado en otras categorías, por la ausencia de una regulación específica que resulta fundamental para clarificar la relación jurídica entre las Personas con Diversidad
Funcional y las personas Asistentes Personales, así como para establecer un régimen claro de derechos y deberes de cada una de las partes contratantes.
Para eso, es preciso tener presente los servicios y prestaciones contemplados en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, considerando que debería partirse de la fórmula de contrato
laboral indefinido.
En conclusión, creemos que el Gobierno no solo debe financiar la Asistencia Personal mediante la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, sino que también debe promover e impulsar que se regulen de forma clara, en
aras de la seguridad jurídica y del respeto de los derechos de las dos partes contractuales, las características de la relación laboral del o de la Asistente Personal.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular la relación jurídica entre las Personas con Diversidad Funcional y las personas Asistentes Personales, de modo que se establezcan con claridad las características propias de su
relación laboral, así como los derechos y deberes de cada una de las partes en aras de la seguridad jurídica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso de los Diputados
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei para a
regulación laboral da figura da persoa Asistente Persoal para o seu debate na Comisión de Traballo, Economía Social, Inclusión, Seguridade Social e Migracións.
Exposición de motivos
A prestación económica de asistencia persoal, regulada no Art. 19 da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, fixase para co obxectivo de contribuir á contratación
dunha persoa asistente persoal e facilitar así unha vida máis autónoma daquelas e daquelas en situación de dependencia. Con ese contrato vaise estabelecer unha relación laboral, directa ou non, que vincula ao beneficiario ou beneficiara coa persoa
asistente persoal. Porén, as características propias e diferenciadas desta relación contractual non se axustan nin á regulación xeral do Estatuto do Traballo nin a ningunha das relacións laboráis especiáis existentes.
Por falta de regulación específica é habitual que se asimile esta relación á dos servizos no fogar familiar. Mais, aínda que podería parecer que a súa actividade se desenvolve en circunstancias parecidas, non cabe subsumilo baixo o réxime
xurídico previsto para o traballo doméstico pois as tarefas desempeñadas teñen claras diferenzas. Así mesmo, esíxeselles en moitos casos figurar no réxime especial de autónomos para facilitar a contratación, porén, existe unha clara dependencia e
dirección por parte da persoa empregadora á empregada, polo que tampouco caberla regúlalo a través da figura do Traballo Autónomo.
O Art. 1.4 do Real Decreto 1620/2011, de 14 de novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar, define que o seu obxecto é o coidado ou atención dos membros da familia ou das persoas que
forman parte do ámbito doméstico ou familiar, así como outros trabados que se desenvolvan formando parte do conxunto de tarefas domésticas, tales como as de gardería, xardinería, condución de vehículos e outros análogos.
Existe unha coincidencia parcial, mais, expertos na materia poñen de manifestó que existen diferenzas esenciais entre unha persoa empregada do fogar e unha persoa Asistente Persoal. Por exemplo, a actividade do servizo no fogar, como indica
a súa denominación, céntrase no ámbito doméstico, con algunha excepción, mais a da persoa Asistente Persoal non se limita a esa esfera. Entra ñas súas funcións o acompañamento en todas as esferas da vida diaria do ou da dependente, como pode ser o
acompañamento ao traballo, nos desprazamentos e desempeño de calquera actividade ou nos estudos. Tarefas todas elas que exceden o ámbito fixado para o trabado doméstico.
Ademáis, mentres o obxectivo da persoa do ámbito doméstico é prestar servizos para o fogar, a persoa de Asistencia Persoal está para facilitar as tarefas pero non ten por que executalas.
Tampouco cabería englobar a Asistencia Persoal na categoría de Trabado Autónomo ou de persoa Traballadora Autónoma económicamente dependente -no caso de que realice a súa actividade para unha empresa ou cliente do que percibe cando menos 75%
dos seus ingresos- pois, en todo caso, a persoa autónoma actúa conforme aos seus criterios organizativos, circunstancia qeu non se dá na Asistencia Persoal.
Estamos pois, ante un baleiro legal que avoca á confusión e ao encaixe forzado noutras categorías pola ausencia dunha regulación específica que resulta fundamental para clarificar a relación xurídica entre as Persoas con Diversidade
Funcional e as persoas Asistentes Persoais, así como para estabelecer un réxime claro de dereitos e obrigas de cada unha das partes contratantes.
Para iso é preciso ter presente os servizos e prestacións contemplados na Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención a Persoas en Situación de Dependencia, considerando que debería partirse da fórmula de contrato laboral indefinido.
En conclusión, eremos que o Gobernó non só debe financiar a Asistencia Persoal mediante a Lei de Promoción de Autonomía Persoal e Atención á Dependencia, senón que tamén debe promover e impulsar que se regulen de forma clara, en aras da
seguridade xurídica e do respecto dos dereitos das dúas partes contractuais, as características da relación laboral do ou da Asistente Persoal.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta ao Gobernó a regular a relación xurídica entre as Persoas con Diversidade Funcional e as persoas Asistentes Persoais, de modo que se estabelezan con claridade as características propias da súa relación
laboral, así como os dereitos e obrigas de cada unha das partes en aras da seguridade xurídica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de outubro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la modificación de la Orden de 11 de marzo de 1985 por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado, para su
discusión en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. La Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985
La Orden de 11 de marzo de 1985 por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado del entonces llamado Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ('la Orden Ministerial') tiene como objetivo fijar las pautas
para evaluar el desempleo en España. Para ello establece como criterio la contabilización de los trabajadores que figuran como demandantes de empleo en lo que actualmente es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el último día de cada mes,
con ciertas salvedades que más adelante se detallan.
La norma entró en vigor el 15 de marzo de 1985, en un contexto sociopolítico presidido por el Gobierno socialista de Felipe González, en una etapa en que se pasó de las promesas electorales de creación de 800.000 puestos de trabajo a que
hubiera más de tres millones de parados; en que se promovió la extensión del contrato de trabajo temporal, ampliando esta modalidad hasta a catorce variedades distintas y reduciendo drásticamente la exigencia de motivar su carácter necesario;
coincidiendo también con el endurecimiento de las condiciones de acceso a la pensión de jubilación.
La expresión 'paro registrado' en la que se basa la norma se empieza a usar a partir de 1978, produciéndose distintos cambios en los criterios para determinar su alcance hasta la aprobación de la citada Orden Ministerial. Tal noción de paro
registrado, con arreglo al artículo único de la norma, abarcaría el total de demandas de empleo en alta existentes al final del mes, excluyendo ciertas situaciones que son enumeradas en las letras del propio artículo, como los trabajadores que
solicitan otro empleo compatible con el que ya tienen, los que estando ocupados solicitan un cambio de trabajo, los que se encuentren en situaciones de ERE o del actual ERTE, o los demandantes de empleos coyunturales o de empleos inferiores a media
jornada.
Los datos de este paro registrado se recopilan en los términos que establece la Orden Ministerial y se publican mensualmente por el SEPE. Reciben una gran atención por parte de los medios de comunicación y la opinión pública en general, y
su difusión puede tener una gran importancia en la política informativa del Gobierno de turno.
Lo cierto es que la Orden Ministerial refleja los criterios que se consideraban adecuados para la evaluación del desempleo en la España de la época. Hay abundantes motivos para sostener que su contenido ha quedado claramente desfasado.
Así, algunas de las letras del artículo único de la norma se refieren a decretos ya derogados. Es más, en los últimos tiempos se han incrementado las críticas al sistema de medición del paro en nuestro país, sobre todo a raíz de la aprobación de la
conocida como 'reforma laboral' de finales de 2021. Esta reforma, llevada a cabo por medio del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación
del mercado de trabajo, implicó importantes modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores.
Efectivamente, la vigencia de dicha reforma ha traído como consecuencia la proliferación del contrato de trabajo indefinido fijo discontinuo, una figura contractual que era residual con anterioridad y que actualmente representa más del 37 %
de los contratos
indefinidos que se firman cada mes en España. Los trabajadores que prestan sus servicios bajo esta modalidad contractual lo hacen en periodos alternos de tiempo, intercalando altas y bajas en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Sin embargo a efectos de registro del desempleo, no se les incluye como parados por ser personas legalmente ocupadas y estar contemplada su situación en la primera de las excepciones de la mencionada Orden Ministerial ('a) Personas que, estando
ocupadas, demandan otro empleo, sea a tiempo completo o a tiempo parcial, para compatibilizarlo con el actual').
Segundo. Dos fórmulas para medir el paro: la Epa y los datos del SEPE
En España existen dos fuentes estadísticas oficiales que proporcionan datos sobre el paro, cada una de las cuales responde a un órgano distinto. De una parte, se debe consultar los datos de desempleo mensuales, cuyo cómputo lo realiza el
SEPE, siguiendo el criterio contenido en la Orden Ministerial; y de otra parte están los datos de desempleo trimestrales que aparecen en la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Mientras que
la primera toma como referencia las demandas de empleo pendientes de satisfacer que constan en el SEPE al final de cada mes (el ya citado criterio de la Orden Ministerial), la segunda se guía por los criterios de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para que una persona sea considerada en paro, y se basa en una encuesta dirigida a los hogares.
El sistema de medición del paro registrado que cuantifica mensualmente el SEPE, siguiendo los criterios de la Orden Ministerial, encuentra graves dificultades para mostrar un reflejo fiel de la situación del desempleo en España. Excluye,
entre otras, a personas que buscan empleo, pero sin posibilidad de incorporación inmediata, o a personas que se han dado de alta en el SEPE solamente porque es un requisito para aspirar a un determinado trabajo. Pero los inconvenientes principales
de esta medición son que no tiene en cuenta a los desempleados que no se inscriben en una oficina de empleo, y tampoco incluye a los trabajadores fijos discontinuos en periodo de inactividad.
En efecto, una parte importante de todos los trabajadores que finalizan la relación laboral voluntariamente no se inscriben en las oficinas de empleo, y ello a su vez tiene dos motivos principales: la poca confianza en encontrar otro empleo
a través de estas oficinas, y la imposibilidad de solicitar la prestación por desempleo. Esta situación se pone de relieve con más intensidad entre los jóvenes: un 42% de los menores de 25 años que están desempleados no se encuentran registrados
como demandantes de empleo en las oficinas del SEPE. El otro grave problema del cálculo realizado por el SEPE es la no consideración como parados de los trabajadores fijos discontinuos en periodo de inactividad, al estimarlos como demandantes de
empleo ocupados; esto se debe, en teoría, a que el contrato de trabajo sigue en vigor, aunque el empleado no esté prestando servicios en el momento en el que se realiza la medición.
La medición de datos del paro de la EPA se basa en una investigación continua realizada por el INE, realizada por medio de encuesta dirigida a 65.000 hogares (unas 200.000 personas 6); de esta investigación se obtienen datos de la población
en relación con el mercado de trabajo, diferenciando cuatro grupos: activos, ocupados, parados e inactivos. En esta medición, se define como parados a las personas consideradas como población activa que, durante la semana de referencia en la que
se toma la muestra, han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Las personas en esta situación se consideran como parados, aunque compatibilicen esta condición con otras como la de realización de tareas del
hogar, la de estudiante o la de fijo discontinuo inscrito como demandante de empleo en periodo de inactividad, entre otras. Entre ambos tipos de medición existen significativas diferencias en sus resultados. En el primer trimestre del año en
curso, los datos del paro registrado recopilados por el SEPE arrojan un total de 2.751.757 personas, mientras que el paro que computa la EPA en el primer trimestre de 2024 es de 2.977.900 personas. Parece, pues,
6 El concepto de hogar en la EPA no es sinónimo de vivienda, sino que se basa en compartir un mismo presupuesto, por lo que en una misma vivienda puede existir más de un hogar.
evidente que el sistema de recuento de la EPA resulta más adecuado tanto para realizar comparaciones internacionales como para reflejar mejor la realidad del mercado de trabajo. Tiene la solvencia y el crédito suficientes para ser
respaldada por la Oficina Estadística de la UE (Eurostat), ya que sigue estrictamente los criterios de medición del paro de la OIT.
En cambio, el paro registrado se rige por normas administrativas. El paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social, al igual que todas las estadísticas que proceden de registros administrativos, están sujetos a normas legales
variables, por lo que, aparte de que sólo ofrecen información sobre una parte del sector estudiado (parados registrados u ocupados afiliados a la Seguridad Social, respectivamente), no permiten la obtención de series homogéneas.
Tercero. Necesidad de modificación de los criterios para una correcta medición de paro
Una vez identificado el problema, se hace necesario adecuar los criterios que rigen la medición del paro registrado por el SEPE, ya que -como se ha expuesto- excluyen ciertos grupos de trabajadores que realmente no se encuentran prestando
servicios, y que la EPA sí recoge como parados. Los datos de paro registrado que emite mensualmente el SEPE, además de tener gran repercusión periodística, son utilizados por todos los agentes que intervienen y regulan el mercado de trabajo, por lo
que de su credibilidad y exactitud dependen decisiones trascendentales en los ámbitos empresarial y político, incluso en la adopción de concretas políticas activas de empleo. La información que proporciona es la materia prima con la que identificar
los problemas y sus características, y además permite buscar alternativas de resolución y evaluarlas.
Sin embargo, en las casi cuatro décadas transcurridas desde la aprobación de la Orden Ministerial se han producido numerosos cambios, tanto sociales como legislativos, con numerosas reformas laborales que afectan a las normas sustantivas y
procesales, como las de los años 1994, 2010, 2012 y 2021. Estos cambios exigen algunas soluciones distintas, puesto que la Orden de 11 de marzo de 1985 no está ajustada a la evolución del ordenamiento y a las necesidades actuales de la sociedad.
Antes de la aprobación de la mencionada reforma laboral de 2021, según los datos del SEPE, en diciembre de 2021 los contratos fijos discontinuos representaban el 9,6 % de todos los contratos de duración indefinida firmados en este periodo,
mientras que, tras la entrada en vigor de la reforma, en abril de 2022 ya suponían el 34,17 % de todos los contratos indefinidos. En términos interanuales, esta modalidad contractual aumentó en un 1.273 %, pasando de los 17.391 contratos fijos
discontinuos vigentes en el mes de abril de 2021 a los 238.760 contratos de este tipo en abril de 2022 7. La proliferación de estos contratos ha supuesto que entidades como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) haya cuantificado en
1,42 millones de contratos fijos discontinuos al cierre del año 2022, de los cuales 731.000 de sus trabajadores estaban en periodo de actividad y 753.000 personas en periodo de inactividad (teniendo en cuenta que 64.000 personas se encontraban
simultáneamente en ambas situaciones por tener suscrito más de un contrato fijo discontinuo) 8. No obstante, como ya se ha expuesto, estas últimas personas, pese a no desempeñar actividad laboral, no se incluyen como parados en los datos
recopilados por el SEPE, ya que se les considera ocupados.
Finalmente, ya se ha apuntado cómo la obligatoriedad de estar inscrito como demandante de empleo en la oficina de empleo solamente se aplica a aquellos trabajadores que perciben prestaciones y subsidios de paro. Para los que no las cobran,
la inscripción es voluntaria, por lo que esta gran diferencia también hace que se separen los resultados de ambas evaluaciones.
7 https://www.newtral.es/evolucion-contratos-fijos-discontinuos/20220524/
8 Felgueroso, F. (2024). ¿Cuántos son los trabajadores fijos discontinuos?. Fedea.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el contenido de la Orden de 11 de marzo de 1985 por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado, con el objetivo de reflejar fielmente el número real de parados en España, de modo que el
primer apartado de su artículo único quede redactado en los siguientes términos:
'1. En la estadística mensual de paro registrado se incluirán las personas que tengan demandas pendientes de satisfacer el último día del mes en las Oficinas de Empleo del Instituto Nacional de Empleo, salvo las que se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Personas que, estando ocupadas, demandan otro empleo, sea a tiempo completo o a tiempo parcial, para compatibilizarlo con el actual.
b) Personas que, estando ocupadas, demandan otro empleo para cambiarlo por el que ocupan.
c) Trabajadores inscritos en las Oficinas de Empleo que, en virtud de un expediente de regulación de empleo, tienen suspendidos temporalmente sus contratos.
d) Demandantes registrados que tengan reducida la jornada ordinaria de trabajo por resolución de la autoridad competente, dictada en expediente de regulación de empleo o por modificación de las condiciones de trabajo.'
2. Garantizar que tal modificación normativa se lleve a efecto de modo que el resto de los demandantes de empleo hayan de constar como parados y se refleje en la estadística de manera pormenorizada la casuística situación de cada supuesto;
y de modo que la estadística recoja las ofertas de empleo rechazadas por los demandantes de empleo y los motivos por los cuales las hayan rechazado, reflejando de forma separada aquellos que fueran beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, prestación
por desempleo, subsidio de desempleo, rentas de inserción social de las comunidades autónomas o cualquier otra ayuda que tuviera como requisito el inscribirse como demandante de empleo para ser beneficiario de la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2024.-Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora asistencial del
Ingreso Mínimo Vital (IMV), para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado en junio de 2020, surgió con el objetivo de combatir la pobreza extrema en España, proporcionando una red de seguridad a los hogares más vulnerables. No obstante, cuatro años después de su
implementación, el IMV ha demostrado ser insuficiente para mitigar la creciente crisis de pobreza en el país.
Según el INE (última encuesta en condiciones de vida), en España se ha producido un importante aumento del riesgo de pobreza, que afecta actualmente a más del 26'5% de la población, pobreza que tan sólo está atendida en el 36% de los hogares
que potencialmente podrían recibirlo.
Además, la complejidad burocrática está dejando a muchas familias desprotegidas. Un proceso de solicitud engorroso y lento está provocando que los hogares en extrema vulnerabilidad esperen meses para obtener una respuesta. Esta situación
es insostenible para muchas familias que necesitan una solución inmediata para poder cubrir sus necesidades más básicas, como alimentación, vivienda y suministros, además en el contexto de inflación en el que vivimos en los últimos años.
A nivel nacional, la prestación no está logrando su objetivo. Aunque el IMV puede reducir la pobreza extrema en ciertos casos, sigue siendo insuficiente para erradicar la pobreza severa o la pobreza infantil, especialmente en hogares con
familia numerosa, donde las cuantías son claramente inadecuadas.
Además, otro factor que limita el impacto del IMV es el desconocimiento generalizado sobre su funcionamiento. Un 41% de los beneficiarios potenciales no sabe que el IMV es compatible con un empleo, lo que perpetúa la dependencia y frena la
inserción laboral. Esta falta de información agrava la situación, ya que las personas no pueden aprovechar los incentivos al empleo que ofrece la prestación.
Dado que nuestra responsabilidad es no dejar a nadie atrás, proponemos una serie de mejoras, servicios y procesos, concretados en esta PNL
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Simplificar los trámites y reducir la burocracia para la solicitud del ingreso mínimo vital, estableciendo un proceso para lograr que sea más ágil y accesible, evitando que los actuales requisitos documentales y los complejos trámites
digitales dejen a muchas familias fuera del sistema.
2. Poner en marcha una ventanilla única que automatice los procesos para acelerar la resolución de solicitudes, especialmente en los hogares con menores, y aquellos que se encuentren en situación de emergencia social.
3. Llevar a cabo una evaluación continua del impacto real del IMV, analizando periódicamente su impacto en la reducción de la pobreza, e identificando las áreas donde no esté funcionando y realizando los ajustes inmediatos para maximizar su
eficacia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2024.-Isabel Gema Pérez Recuerda, Irene Garrido Valenzuela y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a aprobar un Plan urgente
para el fomento del empleo de trabajadores mayores de 45 años, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El mercado laboral está cambiando a un ritmo vertiginoso. Las nuevas tecnologías, el teletrabajo, la flexibilidad horaria, una mayor formación, la competencia y la emergencia de nuevas profesiones, han dado un giro radical a nuestro mercado
de trabajo y a la forma en la que entendemos un empleo y debemos evolucionar en consonancia con este cambio.
Esta revolución laboral está afectando de manera preocupante a los trabajadores mayores de 45 años. Hace unas décadas un trabajador con 45 años se encontraba en la plenitud de su carrera profesional y en un óptimo momento laboral. En la
actualidad alcanzar esta edad sin tener un empleo -o incluso teniéndolo- significa adentrarse en una etapa de riesgo a perder el trabajo o a no encontrar uno nuevo, en definitiva, puede convertirse en el final de la vida activa para muchas personas.
Según los últimos datos de paro registrado correspondientes al mes de junio, de los 2,561 millones de parados con los que cerró el mes de junio, 1,495 millones, el 58,37%, tiene más de 45 años. El porcentaje es aún más llamativo si la
comparación se reduce al paro femenino: el 59% de las desempleadas tiene más de 45 años.
Esta es una realidad que nuestro país no se puede permitir. En una perspectiva como la actual en la que la edad legal de jubilación ordinaria está incrementándose año tras año -recordemos que a partir de 2027 la edad de jubilación ordinaria
será de 67 años para el caso de aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses- no puede ocurrir que con 45 años una persona potencialmente activa se instale fuera del mercado laboral sin esperanza de retorno.
Es cierto que ya existe un subsidio dirigido a personas trabajadoras que tienen 45 años o más y que han agotado la prestación contributiva, así como el subsidio para mayores de 52 años. Estos subsidios son importantes porque pueden ayudar a
las personas en una etapa vital de vulnerabilidad económica, pero no son la solución. Su objetivo debe ser ayudar al trabajador de más edad en su transición hacia una plena integración en el mercado laboral. Nos encontramos ante personas
perfectamente válidas para trabajar, con experiencia y que desean un trabajo, que lo que necesitan es el apoyo de políticas de empleo públicas eficientes y efectivas dirigidas a ellos, una oportunidad que les acompañe en su transición desde el
desempleo al empleo.
Resulta contradictorio que, por un lado, se exija a los trabajadores una jubilación más tardía y, por el otro, cuando aún les quedan 22 años de vida laboral (más de media vida laboral) les persigan las dificultades, trabas y obstáculos para
continuar en el mercado trabajo llevándoles, en muchos casos, a la desesperación.
Es fundamental adoptar medidas específicas para este colectivo. Diseñar e invertir en medidas como el impulso de la formación digital (trascendental para el acceso y la permanencia en el mundo profesional de hoy), o la cualificación en
nuevas aptitudes a través de las herramientas denominadas como 'upskilling', que busca enseñar a un trabajador nuevas competencias para optimizar su desempeño o 'reskilling', también denominado reciclaje profesional, que busca formar a un empleado
para adaptarlo a un nuevo puesto en la empresa, así como el impulso formativo en habilidades blandas (trabajo en equipo, comunicación, adaptabilidad, etc.) para facilitar su integración en la empresa, son algunas de las palancas que han de
implementarse, pero sin olvidar la necesidad de políticas útiles que generen oportunidades de empleo para este colectivo.
Teniendo en cuenta además, que nos encontramos ante una sociedad cada vez más longeva y que el envejecimiento de la población es evidente, resulta imprescindible hacer un trabajo de sensibilización, poniendo en valor y visibilizando la valía
y experiencia de los trabajadores mayores de 45 años, aupar al colectivo como lo que es, un activo para cualquier empresa con enorme potencial y con mucho que aportar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el seno de la mesa del diálogo social y junto con las Comunidades Autónomas, un Plan urgente para el fomento del empleo de mayores de 45 años que abordará, entre otras, medidas
orientadas a:
- Hacer efectiva la prohibición de discriminación por razón de edad en el lugar de trabajo, durante todo el ciclo laboral del empleado y en las distintas fases como: en la descripción de los puestos de trabajo, en los procesos de selección,
en la realización de entrevistas y en la fase final de extinción colectiva o individual de los contratos de trabajo.
- Impulsar y poner en valor el hecho de que el talento sénior es un gran activo para la empresa y para la sociedad, mejorar la cultura social y fidelizar el mejor talento en el ámbito laboral, con independencia de la edad.
- Fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre distintas generaciones dentro de la misma empresa, aprovechando los conocimientos y habilidades de cada generación.
- Implementar en las empresas políticas de prevención de sesgos y practicar una cultura empresarial inclusiva, con apuesta del 'talento sénior' por su aportación en conocimientos y experiencia.
- Promover la carrera profesional y ascensos en las empresas en base al principio de meritocracia objetiva, evitando cualquier tipo de sesgo de edad.
- Fomentar la recualificación profesional de los colectivos mayores de 45 años, así como proporcionarles formación continua para poder reciclar conocimientos y competencias adquiridas en su vida laboral, adaptándolas a las nuevas tecnologías
y a los nuevos retos del mercado laboral.
- Establecer nuevos incentivos a la contratación de los parados mayores de 45 años, y además, y de manera específica para aquellos que hayan participado en un ERE o despido colectivo, con el objetivo de favorecer su reincorporación al
mercado laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Isabel Prieto Serrano, Cristina Teniente Sánchez, José Ignacio Romaní Cantera, Sofía Acedo Reyes, Alma Alfonso Silvestre, Irene Garrido Valenzuela, Rafael Benigno Belmonte
Gómez, Cristóbal Garre Murcia, Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa, Llanos de Luna Tobarra, Belén Hoyo Juliá y Ángel Ibáñez Hernando, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/001370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo global para la
promoción turística de Caravaca de la Cruz como Ciudad Santa de la Cristiandad e impulso de un Programa de experiencias turísticas diferenciales para 'Los Caminos de La Cruz', con cargo a fondos Next Generation EU para su debate en la Comisión de
Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Caravaca de la Cruz constituye una de las 5 Ciudades declaradas santas del cristianismo en todo el mundo junto con Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y
Santo Toribio de Liébana. En efecto, concretamente en 1981 su Santidad Juan Pablo II tuvo a bien conceder a Caravaca de la Cruz nuevo Año Jubilar, coincidiendo con el 750 aniversario de la aparición de la Cruz en Caravaca. Nuevamente en el
año 1996 esta Gracia volvía a ser concedida y ya a partir de 1998, el Vaticano comunicaba la concesión de Año Santo In Perpetuum en torno a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca a celebrar cada siete años, siendo el primero de ellos en 2003.
Por consiguiente, este presente 2024 marca la celebración del Año Jubilar de Caravaca, posicionando a esta Ciudad Santa del Noroeste murciano como a uno de los puntos de referencia obligados para el turismo religioso en nuestro país, de ahí
que haya resultado considerado Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Habría que recalcar que ya desde la Edad Media las tierras de Caravaca de la Cruz atraían la visita de corrientes de peregrinación procedentes de numerosas regiones del
continente europeo empujadas por la fe en torno a la Santa Reliquia. La presencia de la Santísima y Vera Cruz en este lugar desde el siglo XIII, y en la que la tradición religiosa y la fe cristiana considera depositado el 'Lignum Crucis' en que
murió Jesucristo, fue guardada inicialmente por los Caballeros Templarios y tras su desaparición por la Orden de Santiago. Igualmente habría que citar que Caravaca de la Cruz junto con Segovia sería uno de los puntos geográficos mundiales donde los
dos grandes místicos universales, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús fundaron conventos existentes actualmente. También se instalaron en Caravaca los Jerónimos, los Franciscanos y los Jesuitas.
En este punto, convendría poner en valor la tarea desempeñada hasta el momento por la Fundación Camino de la Cruz constituida con anterioridad a la celebración del Año Jubilar 2017, que cuenta con la participación de las Administraciones
Públicas, así como de otras entidades, sin olvidar la imprescindible complicidad del tejido productivo y empresarial de la Región de Murcia. Efectivamente, gracias al indudable compromiso de los patronos de la Fundación Camino de la Cruz, Grupo
Fuertes, Postres y Dulces Reina,Limcamar, Estrella de Levante y Costa Cálida, Grupo Orenes, Grupo Caliche y Café Salzillo, CaixaBank o la misma Universidad Católica de Murcia, se ha podido impulsar la divulgación y el conocimiento del Proyecto
Caravaca de la Cruz Año Jubilar a través de múltiples acciones e iniciativas en materia de promoción, comunicación y mejora de infraestructuras, entre las cuales cabría mencionar exposiciones tales como 'Magna Urbe', Una historia del Arte en
Caravaca; 'Signum'; 'La gloria del Renacimiento en el Reino de Murcia'; 'Místicos'; u otros eventos turísticos, culturales y deportivos llevados a cabo en 2019 ('90K Camino de la Cruz', 'Las Cocinas del Jubileo y la Regata Camino de la Cruz');
sin olvidar por supuesto las restauraciones de las fachadas de la Parroquia de El Salvador y del Convento de Santa Clara en Caravaca de la Cruz, cooperando de esta manera a la recuperación del patrimonio artístico de esta localidad, así como la
señalización del Camino de la Vera Cruz y entrada del camino a la ciudad por el casco antiguo.
Asimismo, a este mismo respecto merece la pena subrayar la importancia no menor en su conjunto de 'Los Caminos de la Cruz' como elementos capilares y dinamizadores desde el punto de vista socioeconómico de la llamada España interior y con
problemas de despoblación, dado que aglutina a numerosas Comunidades Autónomas (Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana o la Región de Murcia), contribuyendo con ello a estimular la economía local y la actividad
turística de todos estos municipios y comarcas.
En este escenario, la preparación y los actos preparativos del año Jubilar, incluyendo la promoción, puesta en valor, acondicionamiento de los caminos y la propia logística de los caminos de peregrinación que tienen lugar para la gran
celebración que culmina cada siete años, es fundamental para el buen desarrollo del año jubilar. Por ello se hace imprescindible, y dado que el Vaticano concedió la consideración de Año Santo In Perpetuo en torno a la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca y con la finalidad de seguir trabajando y desarrollando la buena actividad llevada a cabo durante este Año Jubilar, creemos imprescindible continuar trabajando y aunando esfuerzos para consolidar y posicionar Caravaca de la Cruz como Ciudad
Santa de la cristiandad.
Por todo lo anteriormente expuesto, con el objetivo de poner en máximo valor el potencial de oportunidades que brinda desde el punto de vista socioeconómico y turístico Caravaca de la Cruz como ciudad Santa de la cristiandad, así como en su
conjunto 'Los Caminos de la Cruz', sirviendo como revulsivo o palanca al servicio de numerosos pueblos de la España interior, e incentivando en definitiva la captación y llegada de mayores flujos de peregrinos, senderistas y turistas dispuestos a
emprender cualquiera de Los Caminos y disfrutar de una experiencia inigualable mediante una optimización en la aplicación y destino de los fondos Next Generation EU, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las medidas siguientes:
- Impulsar y apoyar la creación de un Programa de experiencias turísticas diferenciales vinculadas a 'Los Caminos de La Cruz', como referente de turismo de calidad, dado su enorme potencial como instrumento de diversificación de la oferta
turística española, financiable con cargo a fondos Next Generation EU.
- Promover y movilizar en colaboración con las Administraciones territoriales todos aquellos instrumentos, recursos y actuaciones que resulten precisos de cara a consolidar 'Los Caminos de la Cruz' como experiencias diferenciales religiosas,
culturales y recreativas de enorme valor y alcance nacional e internacional.
- Contribuir a profundizar en la desestacionalización de la demanda turística atrayendo mayor cuota de visitantes a los destinos por los que discurren 'Los Caminos de la Cruz', procurando aumentar pernoctaciones, así como generar gasto
turístico local, enriqueciendo con ello la economía productiva de todos estos territorios de la geografía española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Mirian Guardiola Salmerón, Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina, Violante Tomás Olivares, Francisco José Conde López, Sandra Pascual Rocamora, Cristina Agüera
Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa y José
Vicente Marí Bosó, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo a la declaración y
consideración del Sexenni de Moreda (Castellón) como 'Acontecimiento de Excepcional Interés Público', para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La celebración del 55.º Sexenni en Morella este año 2024 en honor a la Virgen de Vallivana en las fechas comprendidas entre los próximos días 17 y 27 de agosto merecería el máximo apoyo e implicación del conjunto de las Administraciones
Públicas.
Ello se justifica en la circunstancia de que Morella contará durante esos días con grandes acontecimientos religiosos, culturales, turísticos, así como conciertos que, sin duda, harán del 55.º Sexenni un elemento dinamizador no sólo del
propio municipio, sino
también con impacto en toda la comarca de Els Ports y en su conjunto en la provincia de Castellón.
La importancia del Sexenni no sólo radica en ser un acontecimiento de primer orden que se celebra cada seis años, sino que además aúna el esfuerzo, trabajo, y el sentimiento de centenares de morellanos que engalanan artesanalmente las calles
para convertirlas en un verdadero museo al aire libre.
Efectivamente, la preparación de estas fiestas en cuestión supone mucho más: la organización de la rogativa hasta el ermitorio de Vallivana, la entrada de la Virgen, los gremios que patrocinan cada uno de los días del novenario, el retablo
con las diversas tradiciones culturales, las danzas de los Torneros, Teixidors, Arts i Oficis, Llauradors, Gitanetes con su indumentaria y música o los conventos hechos también de papel rizado.
Habría que destacar que durante el último sexenio celebrado visitaron la ciudad de Morella más de 150.000 personas. Y todo hace prever que esta cifra anterior será ampliamente rebasada durante este año a tenor de la robustez de la demanda
que está experimentando España gracias a los flujos internacionales, y en el caso concreto de la provincia de Castellón motivado por la entrada de visitantes por medio del aeropuerto de Castellón.
Al apoyo económico impulsado por parte de la Diputación Provincial de Castellón y la Generalitat Valenciana habría que explorar y sumarle todas las opciones para que el novenario festivo pueda proyectarse como se merece al ser una fiesta
declarada Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial que se remonta al juramento que en 1673 realizaron las autoridades civiles en agradecimiento a la
terrible plaga de peste de 1672.
Y por ello en este punto reclamamos al propio tiempo la atención y el compromiso del Gobierno de España para que se incluya al Sexenni de Morella dentro del programa de incentivos fiscales que permitan ayudar a sufragar los múltiples gastos
que principalmente los vecinos y empresas de Morella asumen como propios para organizar una fiesta a la altura de enormes expectativas.
Por todo ello, con la finalidad en definitiva de dispensar al Sexenni de Morella la consideración de 'Acontecimiento de Excepcional Interés Público', posibilitando con ello el desarrollo de dicho programa de incentivos fiscales aplicables al
desarrollo de las actuaciones previstas, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Impulsar la declaración y consideración del 55.º Sexenni de Morella 2024 como 'Acontecimiento de Excepcional Interés Público' a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Óscar Clavell López, Mirian Guardiola Salmerón y Alberto Fabra Part, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso, diseño y puesta
en marcha de un Plan nacional de turismo de bienestar y wellness, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Las tendencias wellness y fitness cada vez son más populares y como se podía prever, ya han llegado a la industria turística. Desde hace unos años, se escuchan entre otros, los términos 'destino saludable', 'Viajes de bienestar' o 'turismo
de salud'. La tendencia a la que se unen cada vez más personas se centra en la salud y el bienestar personal, tanto a nivel físico como mental.
En este contexto, según el artículo Exploring Health Tourism, el turismo de salud se refiere a 'aquellos tipos de viajes cuya motivación principal es la de contribuir a la salud física, mental o espiritual, mediante actividades médicas y de
bienestar (Según la OMT, 2018). Desde hace tiempo se reconoce la popularidad de este tipo de viajes por motivos tales como la realización de operaciones inaccesibles en el país de origen por motivos económicos, el acceso a tratamientos poco
comunes, retoques estéticos, etc. Mientras que todos estos ejemplos ocupan un gran porcentaje en este tipo de segmento, hoy en día se observa un crecimiento exponencial en la demanda de actividades y productos turísticos centrados en la mejora del
bienestar.
Así, los nuevos centros de wellness han de ofrecer entornos de excepción como complemento imprescindible de su oferta de confort y bienestar, alternando terapias activas y pasivas en ámbitos que promuevan la relajación, la estimulación, la
restauración de la atención y la concentración, todo ello en un marco de interacción continua con la naturaleza.
No son pocas las instituciones académicas y científicas que comienzan a enfocar sus esfuerzos en demostrar el carácter prioritario del nuevo modelo del wellness. Países como Finlandia están siendo pioneros en el desarrollo de este sistema
innovador tras considerar que no sólo beneficia al visitante, sino que también valoriza y potencia la gestión de sus paisajes e implica mejoras sustanciales en la salud de su población. Lograr fortalecer la conexión entre cuerpo, la mente y la
salud, para así conseguir un mayor bienestar es uno de los objetivos de este tipo de turismo. El turismo wellness actualmente se encuentra en gran auge en España, pues las personas han comprobado por sí mismas todas las ventajas en cuanto a
relajación y liberación del estrés que esta modalidad de viajes tiene para ofrecer.
Es importante saber diferenciar entre el turismo de salud y de bienestar, porque a pesar de que muchas veces se engloban en el mismo conjunto, estas dos formas de viajar son totalmente distintas. Mientras que el turismo de salud persigue
temas relacionados con tratamientos, operaciones y, en general, la cura de lesiones o enfermedades, el turismo de bienestar busca 'reducir el estrés, prevenir las enfermedades y potenciar el bienestar general, es decir, son actividades con el
objetivo de mantener un estilo de vida saludable. Esta tendencia es muy importante ya que combina dos de las industrias más potentes, el turismo y la industria 'wellness'. Tal y como destaca el Global Wellness Institute, el turismo de bienestar
consta de 'actividades proactivas, voluntarias, no invasivas y no médicas'.
Según Travellyze, un 62,7% de los viajeros que prefieren cuidar su bienestar mientras viajan son mujeres. Los viajeros que más demandan este estilo de vacaciones (19,5%) se encuentra entre los 35 y 44 años, seguido de cerca del grupo de
edad entre 25 y 34 años (17,4%) y por último, los que tienen entre 55 y 64 años (18,7%). La mayoría de los encuestados que eligen este tipo de vacaciones están casados o viven con su pareja (44,1%) mientras que el 36,7% están solteros. La gran
mayoría no tiene hijos, o sus hijos ya se han independizado. El presupuesto más común dedicado a este tipo de viajes se encuentra entre los 1.000 y 3.000 euros, y los viajeros suelen tener rentas que oscilarían entre 18.000-36.000 euros (28,2%) o
entre 36.000-60.000 euros (21,7%).
La palabra 'wellness' -asociada a un tipo de turismo que habitualmente rehúye del estrés y que busca bienestar físico y psicológico-, está cambiando radicalmente de rumbo gracias a una nueva clase de usuario final, ávido de modelos
innovadores de turismo asociado a la salud y a la experimentación de la naturaleza.
El turismo es un fenómeno dinámico que evoluciona en paralelo a otras transformaciones sociales, y este carácter variable actualmente no está siendo compensado con el concepto tradicional de alojamiento. Durante los últimos 20 años, el
turismo ligado al bienestar -como es el caso de spas, balnearios, resorts y centros de wellness-, ha estado dedicado a la reproducción de un modelo limitado . La ubicación geográfica del centro turístico suele ser casi intrascendente, ya que el
diseño -mayoritariamente de espacios interiores- rara vez suele variar entre un contexto u otro: piscinas de hidromasaje, saunas y salas de fisioterapia suelen disponerse como piezas absolutamente indiferenciadas. La gran variación entre unos y
otros radica en el tamaño de las instalaciones y el trato diferencial que el personal sea capaz de brindar.
En efecto, este segmento turístico en auge está haciendo cambiar las cosas. La experiencia de naturaleza como parte de los circuitos de ocio añade un valor cada vez más apreciado por un visitante que reconoce nuevos elementos de confort;
que está más informado de las tendencias; y que es social y ecológicamente mucho más responsable. Todo ello aunado a las investigaciones recientes sobre el poder de la naturaleza como herramienta cardinal para el restablecimiento de la salud y el
wellness. Uno de los enfoques más reveladores -aportados desde el ámbito de la neurología-, ha logrado confirmar que estar inmersos en la naturaleza permite que la corteza pre-frontal -el centro de comando del cerebro-, reduzca sus niveles de
tensión e intensidad y descanse, al igual que como sucede con un músculo que se usa en exceso y necesita distenderse. Estas afirmaciones han desencadenado una nueva tipología de turismo ligado al wellness, el turismo experiencial de naturaleza,
fuertemente relacionado con individuos que reclaman el contacto con lo natural como recurso de bienestar.
El auge y la demanda del denominado turismo experiencial de naturaleza (el término anglosajón 'nature-based tourism' proviene de la adaptación de otra terminología que comienza a estar enraizada en los entornos de las ciencias de la salud:
las terapias basadas en la naturaleza o nature-based therapies), están demostrando ser altamente eficaces en el tratamiento de diversas enfermedades. Así pues, el turismo experiencial de naturaleza propone 'experiencias o actividades directamente
dependientes de la naturaleza', basándose en un modelo de explotación ambientalmente sensible y capaz de mejorar sustancialmente la experiencia del usuario.
En este sentido, ofrecer prácticas o retiros de yoga y opciones de ejercicio como gimnasios y sesiones de ejercicio guiadas es solo la punta del iceberg del bienestar. Promover actividades locales saludables como senderismo o meditación en
la naturaleza también puede ser una opción para participar en esta tendencia. Crear menús teniendo en cuenta la nutrición saludable también es una forma de ofrecer este tipo de producto. No constituye ningún secreto que los viajeros de hoy en día
aprecian experiencias personalizadas cuando viajan. Crear estas experiencias diferenciales en el turismo de salud y bienestar depende de definir los objetivos del huésped, ya sea mejora espiritual, detox o mejora de la salud mental, cada objetivo
define una nueva oportunidad. Investigar e incluir prácticas locales y tradicionales de bienestar podría ser una excelente manera de hacer atractivo el destino y ayudaría a conectar al turista con la cultura y la historia local. Sin ninguna duda,
ofrecer opciones de comida orgánica y participar en iniciativas al aire libre también ayudarían a fomentar este tipo de turismo.
Los destinos de turismo wellness son realmente variados. No obstante, todos tienen en común que se enfocan en brindar bienestar físico y mental a los viajeros. Entre los lugares mayormente dedicados a esta modalidad de turismo se
encuentran spas, donde se realizan masajes relajantes y otras terapias revitalizantes. Así también son bastante comunes los centros de sauna y balnearios.
Otros de los lugares más famosos entre los viajeros que practican el turismo wellness son los centros de yoga, donde estos pueden fortalecer su conexión mente-cuerpo, dejando el estrés y las preocupaciones de lado. Por lo general, todos los
destinos de turismo wellness tienen en común que ofrecen un estrecho contacto con la naturaleza, y buscan que los turistas se separen de la tecnología y el estrés de la ciudad.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar el diseño y la puesta en marcha de un Plan nacional de turismo de bienestar y wellness en coordinación con las Comunidades Autónomas y la cadena de valor turística de los destinos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Sandra Pascual Rocamora, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima
García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa y José Vicente Marí Bosó, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al empleo en la industria
automovilística española, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La industria automotriz es fundamental para la economía española, representando más del 10% del PIB y generando aproximadamente 2 millones de empleos directos e indirectos. Además, es un sector estratégico por su capacidad de innovación y
su efecto tractor sobre otras ramas industriales como la siderurgia y la química.
Tras afrontar la pandemia, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, escasez de semiconductores y el alza en los costes de materias primas y energía, el sector de la automoción necesita asegurar la continuidad de las operaciones
de las empresas fabricantes de vehículos en nuestro país, proteger los empleos y fomentar la inversión para la fabricación de nuevos modelos.
Un claro ejemplo de la situación que vive el sector lo muestra la factoría de Ford España en Almussafes (Valencia). Desde su inauguración en el año 1976, la factoría ha fabricado más de 10 millones de vehículos y más de 13 millones de
motores. Actualmente, cuenta con una plantilla de aproximadamente 4.800 trabajadores, tras haber sufrido entre 2020 y 2023, tres expedientes de regulación de empleo (ERE) que redujeron en 2.124 puestos la plantilla de trabajadores.
En mayo de 2024, la empresa aseguró mantener la producción de la fábrica durante su transición a la producción del vehículo eléctrico, con el compromiso de producir, a partir de 2027, la cantidad de 300.000 vehículos híbridos al año. A
pesar de todo, el 12 de junio, Ford anunciaba un ERE con más de 1.600 despidos, lo que supondría un tercio de su actual plantilla.
Finalmente, la compañía acordó aplicar un ERE a 626 trabajadores, a través de un plan de indemnizaciones económicas de hasta 40.000 euros y pactando salidas a partir de los 53 años. Además, la fábrica presenta un excedente en su fuerza
laboral de casi 1.000 trabajadores hasta que se fabriquen nuevos modelos en el año 2027, por lo que será necesario aplicar ERTE rotativo.
Ante estas circunstancias, para la solución más eficiente para los trabajadores afectados de FORD y para el conjunto del sector, pasa por la activación del mecanismo RED, que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. Esto permitiría a
la empresa adoptar medidas de flexibilidad y estabilización del empleo (supresión de contratos, reducción de la jornada...), en lugar de verse abocada a extinguir una cantidad tan elevada de contratos de trabajo mientras la planta de Ford Almussafes
transita hacia un nuevo modelo de producción.
La aplicación de este mecanismo ha sido reclamada tanto por la Generalitat valenciana, como por la patronal y los sindicatos. En concreto, el secretario general de UGT FICA, ha advertido de la extrema dificultad de Ford si el Gobierno de
España no adopta el mecanismo RED. Por su parte, desde la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, también han manifestado que el programa de apoyo RED ayudaría a mantener el empleo durante el periodo transitorio hasta la producción
del nuevo vehículo de propulsión híbrida, prevista para 2027.
Asimismo, cabe destacar que el 13 de junio, el presidente de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones, Wayne Griffiths, anunció su dimisión debido al incumplimiento y la inacción llevada a cabo por parte del Gobierno,
manifestando literalmente que: 'España no está progresando a la velocidad que tendría que hacerlo. El objetivo de que España esté por encima del 25% de cuota de vehículos electrificados está más lejos ahora que hace un año. En lugar de ir hacia
adelante, vamos hacia atrás'.
Todos estos hechos son indicativos de la falta de compromiso y apoyo por parte del Gobierno de España con el sector de la automoción; pese a que nuestro país sea el segundo fabricante de coches en Europa y el octavo en el mundo.
La activación del mecanismo RED, creado para ofrecer apoyo temporal a las empresas en dificultades, puede garantizar la estabilidad del empleo en el sector, de manera que junto con políticas que incentiven la inversión en nuevas tecnologías,
descarbonización y sostenibilidad pueden generar el marco necesario para que el sector transite con éxito un momento del mercado caracterizado por la alta incertidumbre.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asegurar la continuidad de las operaciones de las empresas del sector mediante el uso del mecanismo RED o cualquier otro mecanismo similar, que tenga la finalidad de facilitar el mantenimiento del empleo mientras dure la adaptación de la
industria del automóvil hacia nuevos modelos de producción como la electrificación.
2. Promover los programas de formación continua para los trabajadores del sector, asegurando su adaptación a las nuevas tecnologías y procesos productivos.
3. Implementar mejoras en los planes de incentivos a la compra de vehículos eléctricos (Moves), así como impulsar la infraestructura de recarga como medidas de apoyo hacia la transición a la movilidad eléctrica.
4. Apoyar proyectos de l+D+i en el sector de la automoción, facilitando la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación, así como promover la digitalización y la implementación de tecnologías avanzadas en los
procesos productivos de la industria de la automoción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Belén Hoyo Juliá, Esperanza Reynal Reillo, Fernando Rosa Torner, Carlos Gil Santiago, Alma Alfonso Silvestre, Cristina Moreno Borrás, José Vicente Marí Bosó y Francisco José Conde
López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación y dotación
urgente de un Plan de reactivación y competitividad turística global para la isla de La Palma, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Como consecuencia del proceso de erupción volcánica ocurrido en la isla de La Palma en septiembre del año 2021 y como resulta del todo sabido, inmediatamente a continuación se dio paso a una interrupción del flujo regular de la demanda
turística en el destino palmero, debido a la inestabilidad del transporte aéreo, la reducción de la capacidad alojativa y la dificultad de la gestión del riesgo durante el periodo activo del volcán que se prolongó por espacio de 85 días, llevando
aparejada la destrucción de más de 1.200 hectáreas, -incluyendo más de 350 hectáreas de cultivos plataneros arrasados, de los cuales vivían directa e indirectamente alrededor del 50% de la población residente-, 4.000 viviendas desaparecidas, junto a
la evacuación de más de 7.000 vecinos de sus hogares.
En este contexto, La Palma, conocida hasta ese momento internacionalmente por sus paisajes naturales, su cielo estrellado y su diversidad de actividades turísticas, se ha venido enfrentando a un desafío sin precedentes para recuperar y
fortalecer su sector turístico, vital para su actividad productiva y el bienestar de su población, dada su condición hasta entonces de segunda fuente de riqueza de la economía local. Así, esta isla, conocida por su naturaleza, senderismo, playas, y
observación astronómica (por su condición de Reserva Starlight), atraía a un público que buscaba ecoturismo y experiencias al aire libre. No obstante, la erupción paralizó gran parte de esta actividad debido a las evacuaciones y la destrucción de
infraestructuras. Muchas instalaciones turísticas (hoteles, restaurantes, rutas de senderismo) quedaron destruidas o inaccesibles, afectando directa y gravemente a la economía insular.
En efecto, la actividad volcánica provocó una pérdida considerable de ingresos en el sector turístico. Durante y después de la erupción, las cancelaciones de reservas y la imposibilidad de operar con normalidad golpearon fuertemente a
hoteles, casas rurales, restaurantes y servicios de guías turísticos, generando pérdidas económicas millonarias. Asimismo, las restricciones de acceso a ciertas zonas de la isla por motivos de seguridad limitaron aún más las actividades que los
visitantes podían realizar, haciendo que muchas empresas se vieran obligadas a cesar o suspender temporalmente sus operaciones.
Por todo lo explicado hasta ahora, aun cuando el pasado año 2023 el archipiélago canario cerró el ejercicio turístico con un 13,1% más de visitantes internacionales (13.942.966 turistas extranjeros), recuperando así los niveles de flujos
turísticos prepandemia, -6,1% por encima de los registros del año 2019-, así como con un incremento interanual del gasto turístico cifrado en el 16% (facturación turística de 20.000 millones de euros y de 22.000 millones en el caso de computar el
gasto del turismo interno de los residentes canarios en 2023) y del 20,6% en comparación con respecto al año 2019, sin embargo la completa recuperación de la actividad turística en la isla de La Palma continúa siendo una asignatura pendiente a fecha
de hoy, acusando el tremendo impacto del cierre de zonas turísticas durante más de dos años y medio.
En este sentido, a partir de datos procedentes de la Encuesta de Alojamiento Turístico del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), mientras que Canarias cerró el año 2023 con una caída del 2,3% de pernoctaciones en el archipiélago respecto
al año 2019, en el caso de la isla de La Palma la cifra de caída se elevó hasta el 45% en comparación con el mismo 2019; al propio tiempo, el Observatorio de Competitividad Turística y Sostenibilidad de Ashotel ha cifrado una disminución de
ingresos en establecimientos alojativos en la isla
palmera superior a 33 millones de euros durante el pasado año, no habiendo sido hasta este verano pasado cuando ha podido reanudar su actividad parte de la planta alojativa que permanecía cerrada en la isla por los efectos de la erupción y
los consecuentes gases emanados del volcán.
No en vano y a efectos de dimensionar adecuadamente la catástrofe ocurrida, cabría recordar que como resultado de la citada erupción la isla perdió el 25% de sus camas turísticas, siendo la comarca oeste la más afectada por la erupción,
-zona turística preferida por excelencia del mercado alemán-, principal emisor de visitantes extranjeros hasta entonces. Efectivamente, el volcán arrasó con un total de 1.000 camas turísticas en el valle y además dejó en aquel momento sin uso otras
4.000 unidades ubicadas en el área turística clave de Puerto Naos localizada en Los Llanos de Aridane, todo lo cual supuso una reducción de oferta alojativa muy significativa para un destino con un nivel de infraestructuras turísticas de desarrollo
inferior en comparación con el tamaño de otros destinos del archipiélago canario.
En definitiva, la erupción del volcán de La Palma ha generado una crisis económica y laboral sin precedentes en la isla, con pérdidas millonarias y un aumento considerable del desempleo, especialmente en sectores clave como la agricultura y
el turismo. Por consiguiente, la recuperación económica de la Isla Bonita se continúa enfrentando a desafíos importantes, como son la reconstrucción de infraestructuras, la diversificación de la economía y la implementación efectiva de ayudas y
medidas de apoyo para la población local formada por alrededor de 85.000 residentes y de las que se puedan beneficiar igualmente los sectores productivos más damnificados.
Fruto de lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular lleva solicitando sin éxito al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez desde el pasado año 2022 mediante la presentación de diferentes iniciativas parlamentarias, la articulación de un
verdadero plan de reactivación turística de carácter extraordinario y urgente para el destino palmero, limitándose hasta ahora el Ejecutivo a la aprobación de un conjunto de medidas aisladas y limitadas a la hora de impulsar una recuperación global
de la actividad turística en esta isla de la provincia occidental canaria.
Por todo lo anteriormente expuesto, dada desgraciadamente la recuperación aún insuficiente de la actividad turística en la isla de La Palma, transcurridos ya más de tres años desde que diese inicio el proceso de erupción volcánica, ante la
pasividad y falta de respuestas proporcionadas a la magnitud de esta tragedia por parte del Gobierno conformista de Pedro Sánchez, con la única finalidad de que el Gobierno de España dote cuanto antes a la isla palmera de un auténtico plan
extraordinario de reactivación y competitividad turística global, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:
1. En primer lugar, presentar y dar a conocer a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados acerca del balance de impacto real y evaluación de las medidas implementadas hasta la actualidad en el marco del plan 'La Palma
renace'.
2. Garantizar el cumplimiento de la línea de incentivos extraordinarios de conectividad aérea correspondientes al año 2024, así como la prórroga o extensión de dicha misma línea a lo largo de todo el año 2025 con la finalidad de mejorar la
capacidad aérea del destino palmero, atrayendo mayor cuota de visitantes residentes e internacionales, así como incentivando la creación de nuevas rutas a la isla palmera, de manera complementaria a las actuaciones desarrolladas por el Gobierno de
Canarias (Programa del Fondo de Desarrollo de Vuelos).
3. Reactivación y ampliación de la campaña de Bonos Turísticos La Palma, considerando su efecto tractor positivo sobre la demanda y los establecimientos turísticos del destino palmero, en coordinación y colaboración con el Gobierno de
Canarias y el Cabildo de La Palma.
4. Agilizar al máximo la ejecución de inversiones pendientes comprometidas para el Parador de Turismo de La Palma, repercutiendo por extensión en la dinamización socioeconómica de esta isla.
5. Diseño y despliegue de una campaña singularizada en materia promocional y de marketing por parte de Turespaña, centrada exclusivamente en el reposicionamiento competitivo del destino 'La Palma' como destino turístico seguro y único ante
nuestros mercados emisores tradicionales, así como persiguiendo la captación de aquellos otros mercados alternativos de interés.
6. Diseño e implementación de un plan específico de mejora de la capacitación y cualificación técnica de trabajadores y profesionales encuadrados dentro del sector turístico palmero en coordinación y colaboración con las Administraciones
territoriales, favoreciendo la generación de servicios, productos y experiencias más diferenciales y de calidad dentro de la oferta palmera, orientado por ejemplo hacia la gestión sostenible del turismo volcánico.
7. Optimizar el desarrollo de una estrategia eficiente de turismo sostenible que promueva la conservación del entorno natural de la Isla Bonita y potencie la observación astronómica y el turismo activo como polos de atracción dirigidos
especialmente hacia el modelo de turista respetuoso y concienciado acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente.
8. Incentivar fiscalmente el autoempleo de jóvenes naturales o residentes en la isla de La Palma, así como de otros colectivos preferentes (mujeres, parados de larga duración, etc.) que realicen actividades profesionales y empresariales
turísticas, así como reforzar el apoyo a la puesta en marcha de proyectos innovadores en materia turística desarrollados por emprendedores, en coordinación y colaboración con las Administraciones territoriales.
9. Promover y facilitar la adopción de cualesquiera otras medidas y actuaciones encaminadas a relanzar y perseguir la más pronta y completa recuperación de la actividad turística, teniendo en cuenta las necesidades específicas del
territorio palmero, en permanente coordinación y cooperación con el Gobierno autonómico canario, Cabildo y resto de entidades locales, así como en compañía de todos los actores de la cadena de valor turística palmera.
10. Monitorizar y evaluar periódicamente el avance y cumplimiento de los hitos parciales de este Plan extraordinario de reactivación turística para la isla palmera, estableciendo indicadores claros de recuperación económica y turística, así
como posibles mecanismos de ajuste para acompasar las políticas, medidas y acciones a la evolución en la recuperación integral y real de la isla de La Palma, dando cuenta en todo momento de su ejecución y seguimiento en el seno del Congreso de los
Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Laura María Lima García, Mirian Guardiola Salmerón, Cristina Moreno Borrás, Francisco José Conde López, Juan Antonio Rojas Manrique, Ainhoa Molina León, Jimena Delgado-Taramona
Hernández, Guillermo Mariscal Anaya y Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la regulación laboral de la figura de la persona Asistente Personal, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La prestación económica de asistencia personal, regulada en el Art. 19 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se fija para con el objetivo de
contribuir a la contratación de una persona asistente personal y facilitar así una vida más autónoma de aquellas y de aquellos en situación de dependencia. Con ese contrato se va a establecer una relación laboral, directa o no, que vincula al
beneficiario o beneficiaria con la persona asistente personal. Sin embargo, las características propias y diferenciadas de esta relación contractual no se ajustan ni a la regulación general del Estatuto del Trabajo, ni a ninguna de las relaciones
laborales especiales existentes.
Por falta de regulación específica es habitual que se asimile esta relación a la de los servicios en el hogar familiar. Pero, aunque podría parecer que su actividad se desarrolla en circunstancias parecidas, no cabe subsumirlo bajo el
régimen jurídico previsto para el trabajo doméstico pues las tareas desempeñadas tienen claras diferencias. Asimismo, se les exige, en muchos casos, figurar en el régimen especial de autónomos para facilitar la contratación, sin embargo, existe una
clara dependencia y dirección por parte de la persona empleadora a la empleada, por lo que tampoco cabría regularlo a través de la figura del Trabajo Autónomo.
El Art. 1.4 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, define que su objeto es el cuidado o atención de los miembros de la familia o de las
personas que forman parte del ámbito doméstico o familiar, así como otros trabajos que se desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas, tales como las de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos.
Existe una coincidencia parcial, pero, expertos en la materia ponen de manifiesto que existen diferencias esenciales entre una persona empleada del hogar y una persona Asistente Personal. Por ejemplo, la actividad del servicio en el hogar,
como indica su denominación, se centra en el ámbito doméstico, con alguna excepción, sin embargo la de la persona Asistente Personal no se limita la esa esfera. Entra en sus funciones el acompañamiento en todas las esferas de la vida diaria del o
de la dependiente, como puede ser el acompañamiento al trabajo, en los desplazamientos y desempeño de cualquier actividad o en los estudios. Tareas todas ellas que exceden el ámbito fijado para el trabajo doméstico.
Además, mientras el objetivo de la persona del ámbito doméstico es prestar servicios para el hogar, la persona de Asistencia Personal está para facilitar las tareas pero no tiene por qué ejecutarlas.
Tampoco cabría englobar la Asistencia Personal en la categoría de Trabajo Autónomo o de persona Trabajadora Autónoma económicamente dependiente -en caso de que realice su actividad para una empresa o cliente del que percibe cuando menos 75 %
de sus ingresos- pues, en todo caso, la persona autónoma actúa conforme a sus criterios organizativos, circunstancia que no se da en la Asistencia Personal.
Estamos pues, ante un vacío legal que avoca a la confusión y al encaje forzado en otras categorías, por la ausencia de una regulación específica que resulta fundamental para clarificar la relación jurídica entre las Personas con Diversidad
Funcional y las personas Asistentes Personales, así como para establecer un régimen claro de derechos y deberes de cada una de las partes contratantes.
Para eso, es preciso tener presente los servicios y prestaciones contemplados en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, considerando que debería partirse de la fórmula de contrato
laboral indefinido.
En conclusión, creemos que el Gobierno no solo debe financiar la Asistencia Personal mediante la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, sino que también debe promover e impulsar que se regulen de forma clara, en
aras de la seguridad jurídica y del respeto de los derechos de las dos partes contractuales, las características de la relación laboral del o de la Asistente Personal.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular la relación jurídica entre las Personas con Diversidad Funcional y las personas Asistentes Personales, de modo que se establezcan con claridad las características propias de su
relación laboral, así como los derechos y deberes de cada una de las partes en aras de la seguridad jurídica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso de los Diputados
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei para a
regulación laboral da figura da persoa Asistente Persoal para o seu debate na Comisión de Dereitos Sociais e Consumo.
Exposición de motivos
A prestación económica de asistencia persoal, regulada no Art. 19 da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, fíxase para co obxectivo de contribuír á contratación
dunha persoa asistente persoal e facilitar así unha vida máis autónoma daquelas e daquelas en situación de dependencia. Con ese contrato vaise estabelecer unha relación laboral, directa ou non, que vincula ao beneficiario ou beneficiara coa persoa
asistente persoal. Porén, as características propias e diferenciadas desta relación contractual non se axusta nin á regulación xeral ordinaria do Estatuto do Traballo nin a ningunha das relacións laborais especiais existentes.
Por falta de regulación específica é a habitual que se asimile esta relación á dos servizos no fogar familiar. Mais, aínda que podería parecer que a súa actividade se desenvolve en circunstancias parecidas, non cabe subsumilo aixo o réxime
xurídico previsto para o traballo doméstico pois as tarefas desempeñadas teñen claras diferenzas. Así mesmo, esíxelles en moitos casos figurar no réxime especial de autónomos para facilitar a contratación, porén, existe unha clara dependencia e
dirección polo que tampouco cabería regulalo a través da figura do Traballo Autónomo.
O Art. 1.4 do Real Decreto 1620/2011, de 14 de novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar, define que o seu obxecto é o coidado ou atención dos membros da familia ou das persoas que
forman parte do ámbito doméstico ou familiar, así como outros traballos que se desenvolvan formando parte do conxunto de tarefas domésticas, tales como as de gardería, xardinería, condución de vehículos e outros análogos.
Existe unha coincidencia parcial, mais, expertos na materia poñen de manifesto que existen diferenzas esenciais entre unha persoa empregada do fogar e unha persoa Asistente Persoal. Por exemplo, a actividade do servizo no fogar, como indica
a súa denominación, céntrase no ámbito doméstico, con algunha excepción, mais o da persoa Asistente Persoal non se limita a esa esfera. Entra nas súas funcións o acompañamento en todas as esferas da vida diaria do ou da dependente, como pode ser o
acompañamento ao traballo, nos desprazamentos e desempeño de calquera actividade ou nos estudos. Tarefas todas elas que exceden o ámbito fixado para o traballo doméstico.
Ademais, mentres o obxectivo da persoa do ámbito doméstico é prestar servizos para o fogar, a persoa de Asistencia Persoal está para facilitar as tarefas pero non ten por que executalas.
Tampouco cabería englobar a Asistencia Persoal na categoría de Traballo Autónomo ou de persoa Traballadora Autónoma economicamente dependente -no caso de que realice a súa actividade para unha empresa ou cliente do que percibe cando menos 75
% dos seus ingresos- pois, en todo caso, a persoa autónoma actúa conforme aos seus criterios organizativos, circunstancia eu non se da na Asistencia Persoal.
Estamos pois, ante un baleiro legal que avoca á confusión e ao encaixe forzado noutras categorías pola ausencia dunha regulación específica que resulta fundamental para clarificar a relación xurídica entre as Persoas con Diversidade
Funcional e as persoas Asistentes Persoais, así como para estabelecer un réxime claro de dereitos e obrigas de cada unha das partes contratantes.
Para iso é preciso ter presente os servizos e prestacións contemplados na Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención a Persoas en Situación de Dependencia, considerando que debería partirse da fórmula de contrato laboral indefinido.
En conclusión, cremos que o Goberno non só debe financiar a Asistencia Persoal mediante a Lei de Promoción de Autonomía Persoal e Atención á Dependencia, senón que tamén debe promover e impulsar que se regulen de forma clara, en aras da
seguridade xurídica e do respecto dos dereitos das dúas partes contractuais, as características da relación laboral do ou da Asistente Persoal.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta ao Goberno a regular a relación xurídica entre as Persoas con Diversidade Funcional e as persoas Asistentes Persoais, de modo que se estabelezan con claridade as características propias da súa relación
laboral, así como os dereitos e obrigas de cada unha das partes en aras da seguridade xurídica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de outubro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo en los sectores del
gas natural y la energía eléctrica, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural están obligadas a ofrecer a sus consumidores, la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo
(ADR). Así, el artículo 46.1.n) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que serán obligaciones de las empresas comercializadoras, en relación con el suministro, informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de
las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio. A estos efectos las empresas comercializadoras deberán ofrecer a sus consumidores, la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa
de litigios en materia de consumo, que cumpla los requisitos establecidos por la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 y en las disposiciones nacionales de transposición. En términos similares se expresa
el artículo 57 bis j) Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos respecto del suministro del servicio del gas natural.
La ADR supone una vía de acceso a la Justicia que, debido a la escasa cuantía de las reclamaciones, la sencillez y agilidad de los trámites y su bajo coste, es de especial importancia en el ámbito de la protección de las personas
consumidoras.
Una de las principales dificultades con las que se encuentra, con carácter general, el sometimiento de las controversias entre comerciantes y consumidores a los ADR es el desconocimiento de la ciudadanía sobre la existencia de estas vías de
reclamación. Por ello, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios
en materia de consumo, señala en su artículo 40 que el empresario que esté adherido a una entidad acreditada en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o venga obligado por una norma o código de conducta a aceptar su intervención en
la resolución de sus litigios, deberá informar a los consumidores de la posibilidad de recurrir a dicha entidad. Así mismo, señala que la información anterior deberá incluir la identificación completa de la entidad acreditada competente, incluyendo
la dirección de su página web. Esta información se ofrecerá de manera clara, e identificable, comprensible y mediante un acceso fácil en su página web, debiendo constar también en las condiciones generales de los contratos de compraventa o de
prestación de servicios que el empresario ofrezca al consumidor.
Dada la importancia de este procedimiento en materia de protección al consumidor, lo últimos informes de supervisión del proceso de resolución alternativa de litigios entre comercializadores y consumidores de energía eléctrica y gas natural
publicados por la Comisión nacional de los Mercados y de la competencia vienen señalando la importancia de incluir en sus páginas web, contratos y en las facturas que emiten las citadas empresas comercializadoras todos los datos que señala el
artículo 40 de la ley relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, así como el carácter vinculante de las resoluciones que, en su caso, se dicten.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que las empresas comercializadoras de gas y electricidad incluyan en sus páginas web, contratos y facturas que emitan a sus clientes domésticos, todos los datos de contacto de la
entidad de resolución alternativa de litigios a la que tienen derecho a recurrir en caso de controversia y el carácter vinculante de la resolución que, en su caso, dicte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2024.-Noelia Cobo Pérez e Isabel María Pérez Ortiz, Diputadas.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la paralización del desarrollo del 'Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar' trasladada
por la Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
En la resolución de 2 de diciembre por la que se formula la Declaración de Evaluación Estratégica de los POEM, a respecto de las medidas de ordenación a desarrollar se nos indica que se incorporan cuatro medidas a desarrollar durante el
primer ciclo de los planes (entre ellas):
ER2: Análisis del sector pesquero potencialmente afectado por el desarrollo de la energía eólica marina en las zonas propuestas en los POEM.
ER3: Análisis de los efectos potenciales de los parques eólicos marinos sobre los ecosistemas marinos.
Dichas medidas están en proceso de estudio y se calcula, como mínimo, 1 año para su realización, según las informaciones facilitadas por el IEO (Instituto Español Oceanográfico).
Cabe destacar que el Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste Atlántico, CONVENIO OSPAR, hecho en París, 22 de septiembre de 1992 y ratificado por el Estado español en 1994, en su artículo 2 indica:
'Artículo 2. Obligaciones generales.
1. a) Según lo dispuesto en el Convenio, las Partes contratantes adoptarán todas las medidas posibles a fin de prevenir y eliminar la contaminación, así como las medidas necesarias para proteger la zona marítima de los efectos dañinos de
las actividades humanas, de manera que se proteja la salud humana y se preserven los ecosistemas marinos y, si es posible, se recuperen las zonas marinas que hayan padecido dichos efectos.
b) Con ese fin, las Partes contratantes adoptarán, por separado o en conjunto, programas y medidas y armonizarán sus políticas y estrategias.
2. Las Partes contratantes aplicarán:
a) El principio de precaución, en virtud del cual se tomarán medidas preventivas cuando haya motivos razonables para pensar que las sustancias o energía introducidas, directa o indirectamente, en el medio marino puedan constituir un peligro
para la salud humana, dañar los recursos vivos y los ecosistemas marinos, deteriorar las posibilidades recreativas u obstaculizar otros usos legítimos del mar, incluso cuando no haya pruebas concluyentes de una relación de causalidad entre las
aportaciones y sus consecuencias;'
Además, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino en su artículo 4, específicamente nos indica lo siguiente:
'Artículo 4. Criterios de planificación en el medio marino.
1. La actuación de los poderes públicos en materia de planificación del medio marino se regirá por los siguientes criterios:
a) Se aplicará una gestión adaptativa de las actividades humanas siguiendo el principio de precaución y el enfoque ecosistémico y teniendo en cuenta el conocimiento científico, para garantizar que la presión conjunta de dichas actividades se
mantenga en niveles compatibles con la consecución de un buen estado ambiental.
b) No se comprometerá la capacidad de los ecosistemas marinos de responder a los cambios inducidos por la actividad humana.'
Por su parte, el Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, en sus artículos 4.5 y 6 en relación a la ordenación del espacio marítimo, indica:
'Artículo 4. Determinación y aplicación de la ordenación del espacio marítimo.
5. Al determinar la ordenación del espacio marítimo, se tendrán debidamente en cuenta las peculiaridades de las demarcaciones marinas, las actividades y usos existentes
y futuros pertinentes y sus repercusiones en el medio ambiente, y en especial sobre las especies y espacios protegidos, y los recursos, teniendo también en cuenta las interacciones entre tierra y mar.
Artículo 6. Requisitos aplicables a los planes de ordenación del espacio marítimo.
b) tendrán en cuenta tanto los aspectos medioambientales, económicos y sociales como los aspectos de seguridad.
e) utilizarán los mejores datos disponibles de conformidad con el artículo 9;'
Así mismo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre una economía azul sostenible de la UE: papel de los sectores de la pesca y la acuicultura (2021/2188(INI)), se pide a los Estados miembros en su punto 63 que:
'[...] en consonancia con las disposiciones sobre ordenación del espacio marítimo, designen los caladeros históricos y tradicionales específicos de los pescadores como zonas que deben permanecer libres de energías renovables marinas;'
y en su punto 64 destaca:
'[...] que solo deben construirse parques eólicos marinos si puede garantizarse que no habrá repercusiones negativas de carácter medioambiental y ecológico, ni consecuencias económicas, socioeconómicas y socioculturales para los pescadores y
los productores acuícolas, en consonancia con los objetivos de la economía azul y del Pacto Verde Europeo;'
En este mismo sentido, cabe destacar la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura con el siguiente mandato al Gobierno:
'La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proteger al sector pesquero de la amenaza que supondría la ubicación de instalaciones eólicas marinas en caladeros y espacios dedicados a la actividad pesquera.
2. Atender el contenido del 'Manifiesto de Burela en defensa del sector pesquero del Cantábrico-noroeste' y dar audiencia a una representación de sus organizaciones, cofradías y entidades firmantes al objeto de conocer de primera mano el
objeto de su alarma ante la implantación de instalaciones y complejos eólicos marinos.
3. Evitar el severo perjuicio al sector pesquero y a la preservación de los ecosistemas marinos que supondría la implantación desordenada de este tipo de instalaciones eólicas y, en consecuencia, garantizar su compatibilidad con las
actividades pesqueras.
4. Evaluar a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Español de Oceanografía (IEO) el impacto de la instalación de complejos eólicos marinos sobre los recursos pesqueros y áreas de trabajo de los
diferentes artes y segmentos de la flota que operan en la pesca del Cantábrico Noroccidental y sus efectos sobre la economía de las comunidades pesqueras del Cantábrico.
5. Aprobar, con el mayor grado de detalle posible de zonificación, los respectivos Planes de Ordenación de Espacios Marinos de cada Demarcación, que tengan en cuenta el respeto de la actividad pesquera y la conservación de los hábitats
marinos, que no interfiera en las rutas de comunicación, sirva para orientar a la inversión privada en la ubicación de los proyectos y permitan la correcta valoración y autorización administrativa de los mismos.
6. Considerar, en línea con la Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, la necesidad de investigar más sobre los efectos de los parques eólicos y otros sistemas de energía renovable marina en el medio marino y los recursos
pesqueros.
7. Establecer programas de seguimiento normalizados y una armonización de los datos sobre el esfuerzo pesquero a fin de permitir una evaluación acumulativa del impacto
ecológico, socioeconómico y medioambiental de la expansión de las energías renovables marinas.'
El pasado 4 de septiembre en la reunión de la Mesa de Trabajo sector-administración coordinada por el MITECO se dio traslado a la Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños de un informe encargado por el MITECO al IEO, con el
título La Energía Eólica Marina: situación actual, impactos y aspectos a tener en cuenta en relación al sector pesquero español que en su punto 4 indica:
'4. Aspectos a tener en cuenta para la planificación de la energía eólica marina.
En la planificación espacial de los parques eólicos marinos es necesario considerar tanto los aspectos espaciales, como los socioeconómicos y ecológicos (Punt et al., 2009).'
Se considera que esta planificación debe incluir datos sobre la velocidad del viento, las características de la costa y del fondo marino, características ecológicas de la zona y su valor en relación a los servicios ecosistémicos, e
interacciones con otras actividades humanas.
En el diseño de los POEMs ya se incluyó la zonificación de áreas de alto valor ecológico (Zonas de Uso Prioritario y de Alto Potencial para la protección de la Biodiversidad), sin embargo, no se ha realizado una evaluación de los impactos
ecológicos y socioeconómicos en las mismas.
En relación a las actividades humanas, se han tenido en cuenta aquellas actividades que están asociadas a espacios delimitados por regulaciones nacionales o autonómicas (zonas destinadas a la extracción de áridos destinados a la protección
costera, la actividad portuaria, la Defensa Nacional, la seguridad de la navegación, la protección del patrimonio cultural, la investigación, desarrollo innovación (I+D+i) y la acuicultura marina). Sin embargo, para el resto de actividades, como la
pesca o la navegación, es necesario hacer una evaluación de las interacciones y consecuencias de todo el proceso de implantación de estas infraestructuras.
Teniendo en cuenta estos nuevos aspectos, el modelo espacial debería determinar cuáles serían las ubicaciones más idóneas para la implantación de la eólica marina (Pinarbasi et al., 2019), y la mitigación de los efectos potencialmente
adversos.
En el caso concreto de las demarcaciones del Estado español, y dado que hay una actualización por ciclo de los POEMs, las zonas de alto potencial para el desarrollo de la eólica marina deberían ser actualizadas conforme se mejore el
conocimiento en el marco de la implementación de la medida ER2 que incluye la identificación de los tipos de arte y puertos base afectados en cada una de las ZAPER, la identificación de los stocks pesqueros más aprovechados en estas zonas, junto con
la valoración del impacto económico que supondría su no extracción y la propuesta de medidas de ordenación y medidas correctoras.
Por lo tanto, dada la probada incertidumbre sobre los efectos adversos a los distintos niveles de organización del ecosistema, ambientales y actividades socioeconómicas, principalmente la actividad pesquera, es necesario implementar trabajos
experimentales y programas de seguimiento que evalúen las consecuencias de la implantación de estas infraestructuras.
Las Órdenes Ministeriales de desarrollo del Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar, deberán publicarse en el
momento que dichos trabajos y estudios estén acabados, para no adoptar decisiones que vulneren el Principio de Precaución y no generar expectativas con concesiones en zonas que podrán ser revisadas en base a los estudios que se están desarrollando.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG, a instancia de la Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que aplace el desarrollo del Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones
ubicadas en el mar, en relación a la implantación de proyectos de eólica marina en las zonas ZAPER hasta que las medidas ER2 (Análisis del sector pesquero potencialmente afectado por el desarrollo de la energía eólica marina en las zonas propuestas
en los POEM) y ER3 (Análisis de los efectos potenciales de los parques eólicos marinos sobre los ecosistemas marinos y la elaboración de una guía que abarcará todos los aspectos relacionados con la realización de estudios de fauna y hábitats en el
procedimiento de evaluación ambiental, desde la planificación, valoración, el análisis del impacto acumulado, la propuesta de medidas ambientales y el programa de vigilancia o seguimiento ambiental) que está desarrollando el IEO estén finalizados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso de los Diputados
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á paralización do desenvolvemento do 'Real Decreto 962/2024, de 24 de setembro, polo que se regula a produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovábeis en instalacións situadas no mar' trasladada pola Plataforma en Defensa da
Pesca e dos Ecosistemas Mariños, para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
Na resolución de 2 de decembro pola que se formula a Declaración de Avaliación Estratéxica dos POEM, a respecto das medidas de ordenación a desenvolver indícase que se incorporan catro medidas a desenvolver durante o primeiro ciclo dos plans
(entre elas):
ER2: Análise do sector pesqueiro potencialmente afectado polo desenvolvemento da enerxía eólica mariña nas zonas propostas nos POEM.
ER3: Análise dos efectos potenciais dos parques eólicos mariños sobre os ecosistemas mariños.
Estas medidas están en proceso de estudo e calcúlase, como mínimo, 1 ano para a súa realización, segundo as informacións facilitadas polo IEO (Instituto Español Oceanográfico).
Cabe destacar que o Convenio sobre a protección do medio mariño do Nordeste Atlántico, CONVENIO OSPAR, feito en París, 22 de setembro de 1992 e ratificado polo Estado español en 1994, no seu artigo 2 indica:
'Artigo 2. Obrigacións xerais.
1. a) Segundo o disposto no Convenio, as Partes contratantes adoptarán todas as medidas posíbeis a fin de previr e eliminar a contaminación, así como as medidas necesarias para protexer a zona marítima dos efectos daniños das actividades
humanas, de maneira que se protexa a saúde humana e se preserven os ecosistemas mariños e, se é posíbel, se recuperen as zonas mariñas que padecesen os citados efectos.
b) Con ese fin, as Partes contratantes adoptarán, por separado ou en conxunto, programas e medidas e harmonizarán as súas políticas e estratexias.
2. As Partes contratantes aplicarán:
a) O principio de precaución, en virtude do cal se tomarán medidas preventivas cando haxa motivos razoábeis para pensar que as substancias ou enerxía introducidas, directa ou indirectamente, no medio mariño poidan constituír un perigo para a
saúde humana, danar os recursos vivos e os ecosistemas mariños, deteriorar as posibilidades recreativas ou obstaculizar outros usos lexítimos do mar, mesmo cando non haxa probas concluíntes dunha relación de causalidade entre as achegas e as súas
consecuencias;'
Ademais, a Lei 41/2010, do 29 de decembro, de protección do medio mariño no seu artigo 4, especificamente indícanos o seguinte:
'Artigo 4. Criterios de planificación no medio mariño.
1. A actuación dos poderes públicos en materia de planificación do medio mariño rexerase polos seguintes criterios:
a) Aplicarase unha xestión adaptativa das actividades humanas seguindo o principio de precaución e o enfoque ecosistémico e tendo en conta o coñecemento científico, para garantir que a presión conxunta das citadas actividades sexa mantido en
niveis compatíbeis coa consecución dun bo estado ambiental.
b) Non se comprometerá a capacidade dos ecosistemas mariños de responder aos cambios inducidos pola actividade humana.'
Pola súa banda, o Real Decreto 363/2017, do 8 de abril, polo que se establece un marco para a ordenación do espazo marítimo, nos seus artigos 4.5 e 6 en relación á ordenación do espazo marítimo, indica:
'Artigo 4. Determinación e aplicación da ordenación do espazo marítimo.
5. Ao determinar a ordenación do espazo marítimo, teranse debidamente en conta as peculiaridades das demarcacións mariñas, as actividades e usos existentes e futuros pertinentes e as súas repercusións no medio ambiente e, en especial, sobre
as especies e espazos protexidos, e os recursos, tendo tamén en conta as interaccións entre terra e mar.
'Artigo 6. Requisitos aplicables aos plans de ordenación do espazo marítimo.
b) terán en conta tanto os aspectos ambientais, económicos e sociais como os aspectos de seguridade
e) utilizarán os mellores datos dispoñíbeis de conformidade co artigo 9.'
Así mesmo, a Resolución do Parlamento Europeo, do 3 de maio de 2022, sobre unha economía azul sostible da UE: papel dos sectores da pesca e a acuicultura (2021/2188(INI)), pídese aos Estados membros no seu punto 63 que:
'[...] en consonancia coas disposicións sobre ordenación do espazo marítimo, designen os caladoiros históricos e tradicionais específicos dos pescadores como zonas que deben permanecer libres de enerxías renovables mariñas;'
E no seu punto 64 destaca:
'[...] que só deben construírse parques eólicos mariños se pode garantirse que non haberá repercusións negativas de carácter ambiental e ecolóxico, nin consecuencias económicas, socioeconómicas e socioculturais para os pescadores e os
produtores acuícolas, en consonancia cos obxectivos da economía azul e do Pacto Verde Europeo;'
Neste mesmo sentido, cabe destacar a Proposición non de Lei aprobada polo Congreso dos Deputados na pasada lexislatura co seguinte mandato ao Goberno:
'A Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación do Congreso dos Deputados insta o Goberno a:
1. Protexer ao sector pesqueiro da ameaza que suporía a localización de instalacións eólicas mariñas en caladoiros e espazos dedicados á actividade pesqueira.
2. Atender ao contido do 'Manifesto de Burela en defensa do sector pesqueiro do Cantábrico-noroeste' e dar audiencia a unha representación das súas organizacións, confrarías e entidades asinantes ao obxecto de coñecer de primeira man o
obxecto da súa alarma ante a implantación de instalacións e complexos eólicos mariños.
3. Evitar o severo prexuízo ao sector pesqueiro e á preservación dos ecosistemas mariños que suporía a implantación desordenada deste tipo de instalacións eólicas e, en consecuencia, garantir a súa compatibilidade coas actividades
pesqueiras.
4. Avaliar a través do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e do Instituto Español de Oceanografía (IEO) o impacto da instalación de complexos eólicos mariños sobre os recursos pesqueiros e áreas de traballo das diferentes
artes e segmentos da frota que operan na pesca do Cantábrico Noroccidental e os seus efectos sobre a economía das comunidades pesqueiras do Cantábrico.
5. Aprobar, co maior grao de detalle posible de zonificación, os respectivos Plans de Ordenación de Espazos Mariños de cada Demarcación, que teñan en conta o respecto da actividade pesqueira e a conservación dos hábitats mariños, que non
interfira nas rotas de comunicación, sirva para orientar ao investimento privado na localización dos proxectos e permitan a correcta valoración e autorización administrativa dos mesmos.
6. Considerar, en liña coa Resolución do Parlamento Europeo, do 7 de xullo de 2021, a necesidade de investigar máis sobre os efectos dos parques eólicos e outros sistemas de enerxía renovábel mariña no medio mariño e os recursos pesqueiros.
7. Estabelecer programas de seguimento normalizados e unha harmonización dos datos sobre o esforzo pesqueiro a fin de permitir unha avaliación acumulativa do impacto ecolóxico, socioeconómico e ambiental da expansión das enerxías renovábeis
mariñas.'
O pasado 4 de setembro na reunión da Mesa de Traballo sector-administración coordinada polo MITECO deuse traslado á Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños dun informe encargado polo MITECO ao IEO, co título A Enerxía Eólica
Mariña: Situación actual, impactos e aspectos a ter en conta en relación ao sector pesqueiro español que no seu punto 4 indica:
'4. Aspectos a ter en conta para a planificación da enerxía eólica mariña.
Na planificación espacial dos parques eólicos mariños é necesario considerar tanto os aspectos espaciais, como os socioeconómicos e ecolóxicos (Punt et al., 2009).'
Considérase que esta planificación debe incluír datos sobre a velocidade do vento, as características da costa e do fondo mariño, características ecolóxicas da zona e o seu valor en relación aos servizos ecosistémicos, e interaccións con
outras actividades humanas.
No deseño dos POEMs xa se incluíu a zonificación de áreas de alto valor ecolóxico (Zonas de Uso Prioritario e de Alto Potencial para a protección da Biodiversidade), con todo, non se realizou unha avaliación dos impactos ecolóxicos e
socioeconómicos nas mesmas.
En relación ás actividades humanas, tivéronse en conta aquelas actividades que están asociadas a espazos delimitados por regulacións nacionais ou autonómicas (zonas destinadas á extracción de áridos destinados á protección costeira, a
actividade portuaria, a Defensa Nacional, a seguridade da navegación, a protección do patrimonio cultural, a investigación, desenvolvo innovación (I+D+i) e a acuicultura mariña). Con todo, para o
resto de actividades, como a pesca ou a navegación, é necesario facer unha avaliación das interaccións e consecuencias de todo o proceso de implantación destas infraestruturas.
Tendo en conta estes novos aspectos, o modelo espacial debería determinar cales serían as localizacións máis idóneas para a implantación da eólica mariña (Pinarbasi et al., 2019), e a mitigación dos efectos potencialmente adversos.
No caso concreto das demarcacións do Estado español, e dado que hai unha actualización por ciclo dos POEMs, as zonas de alto potencial para o desenvolvemento da eólica mariña deberían ser actualizadas conforme mellore o coñecemento no marco
da implementación da medida ER2 que inclúe a identificación dos tipos de arte e portos basee afectados en cada unha das ZAPER, a identificación dos stocks pesqueiros máis aproveitados nestas zonas, xunto coa valoración do impacto económico que
supoñería a súa non extracción e a proposta de medidas de ordenación e medidas correctoras. Por tanto, dada a probada incertidume sobre os efectos adversos aos distintos niveis de organización do ecosistema, ambientais e actividades
socioeconómicas, principalmente a actividade pesqueira, é necesario formular traballos experimentais e programas de seguimento que avalíen as consecuencias da implantación destas infraestruturas.
As Ordes Ministeriais de desenvolvemento do Real Decreto 962/2024, do 24 de setembro, polo que se regula a produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovábeis en instalacións situadas no mar, deberán publicarse no momento que
devanditos traballos e estudos estean acabados, para non adoptar decisións que vulneren o Principio de Precaución e non xerar expectativas con concesións en zonas que poderán ser revisadas en base aos estudos que se están desenvolvendo.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG, a instancia da Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños, presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a que aprace o desenvolvemento do Real Decreto 962/2024, do 24 de setembro, polo que se regula a produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovábeis en instalacións situadas no
mar, en relación á implantación de proxectos de eólica mariña nas zonas ZAPER até que as medidas ER2 (Análise do sector pesqueiro potencialmente afectado polo desenvolvemento da enerxía eólica mariña nas zonas propostas nos POEM) e ER3 (Análise dos
efectos potenciais dos parques eólicos mariños sobre os ecosistemas mariños e elaboración dunha guía que abarcará todos os aspectos relacionados coa realización de estudos de fauna e hábitats no procedemento de avaliación ambiental, desde a
planificación, valoración, a análise do impacto acumulado, a proposta de medidas ambientais e o programa de vixilancia ou seguimento ambiental) que está a desenvolver o IEO estean finalizados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de outubro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez Del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de los consumidores y del sector cárnico español ante el uso fraudulento de términos relacionados con la carne para
comercializar productos de origen no animal, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. La industria cárnica española
La industria cárnica es el sector principal de la industria alimentaria y de bebidas de España, alcanzando en 2023 una facturación de 33.218 millones de euros; lo que representa un 2,72 % del PIB nacional, un 27,30 % del PIB de la industria
alimentaria y un 4,53 % de los ingresos totales de la industria española 9. Así, la industria cárnica se posiciona como uno de los sectores industriales más relevantes de España, solo superado por los sectores energético y automovilístico, y al
mismo nivel que la industria química y metalúrgica 10. En cuanto a las exportaciones, el sector alcanzó un récord anual en 2023, generando 10.299 millones de euros, lo que representa un aumento del 5,9 % en comparación con las ventas al exterior de
2023 11.
Asimismo, el sector cárnico lidera la generación de empleo dentro de la industria alimentaria, creando 113.464 puestos de trabajo directos, lo que representa el 29,46 % del total de empleos en este sector en España 12. Contribuye así de
manera decisiva al desarrollo socioeconómico de la España rural, ya que se integra en gran parte por pymes y empresas familiares, que coexisten con grandes corporaciones, algunas de ellas con proyección internacional. Además, la mayoría de estas
empresas se encuentran ubicadas en áreas rurales, lo que convierte su solvencia económica en un elemento decisivo para la mitigación del fenómeno de la despoblación en la España rural.
El papel de la industria cárnica en la alimentación es esencial. De acuerdo con un estudio de la Fundación Española de Nutrición, la carne animal contiene entre un 20 % y un 25 % de proteínas de alto valor biológico, con alrededor del 40 %
de sus aminoácidos siendo esenciales, es decir, aquellos que el cuerpo no puede sintetizar y deben obtenerse a través de la dieta. Además, es rica en vitaminas del grupo B y vitamina A en forma de retinol. También es una excelente fuente de
minerales como hierro y zinc. Entre el 30 % y el 60 % del hierro presente en la carne es de alta biodisponibilidad (hierro hemo), lo que la convierte en un aliado clave para prevenir la anemia ferropénica. En comparación, el hierro que se
encuentra en los vegetales -principalmente no hemo- tiene una menor biodisponibilidad, lo que refuerza la importancia de la carne en la dieta para garantizar una adecuada absorción de este mineral 13.
Segundo. Necesidad de garantizar un etiquetado justo
A pesar del papel fundamental que la carne juega en la alimentación, la salud y el bienestar de las personas y de la importancia del sector cárnico en términos socioeconómicos, en los últimos tiempos han emergido voces -amparadas en la
Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo- que pretenden correlacionar el consumo de carne y la actividad ganadera con el aumento de las emisiones de CO2 y la destrucción del medio natural.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha sumado a esta tendencia radical que busca criminalizar el consumo de carne, llegando a incorporar en su plan 'España 2050' críticas hacia los hábitos alimenticios de los españoles. El plan afirma que el
consumo de carne en España es excesivo, según 'numerosos estudios', y proyecta que, en las próximas décadas, 'la población deberá reducir su ingesta de productos de origen animal' 14. En esa misma línea, el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, destacó la
9 https://www.anice.es/industrias/el-sector/el-sector-carnico-espanol_171_1_ap.html
10 Ibidem.
11 https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/avanceanualcomercioexterior2023_datos22actualizados_tcm30-675855.pdf
12 https://carnica.cdecomunicacion.es/actucilidad-sectorial/140283/la-industria-carnica-espanola-se-posiciona-como-el-primer-sector-alimentario-con-mas-de-33-000-millones-de-euros-de-facturacion-en-2023
13 https://www.fen.org.es/aplicaciones/fedecarne-fen/pdf/guiaNutricion.pdf
14 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf
importancia de promover fuentes proteicas de origen vegetal, sin hacer referencia alguna a los productos cárnicos 15.
Aunque la legislación nacional y europea define claramente el concepto de carne y establece límites a las denominaciones. Así, el Reglamento (UE) 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, define la carne como
'las partes comestibles de los animales [...] incluida la sangre'. Asimismo, el Reglamento (UE) n.° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, prevé en su Anexo VI, parte A, punto 4 -acerca de las menciones
obligatorias que acompañan a la denominación del alimento-, lo siguiente: 'En el caso de alimentos en los que un componente o ingrediente que los consumidores esperan que haya sido habitualmente utilizado, se ha sustituido por otro componente o
ingrediente, el etiquetado deberá contener -junto con la lista de ingredientes- una indicación clara del componente o ingrediente que ha sido utilizado en esa sustitución parcial o total.
En España, el Real Decreto 474/2014, de 13 de julio, establece que los derivados cárnicos deben contener como ingredientes esenciales carne, tocino o grasa, sangre o sus componentes, menudencias o tripas naturales-, en la actualidad se
comercialización productos de origen no animal que emplean nomenclatura y forma vinculada a la carne.
No obstante, la norma prevé definiciones legales acerca de lo que deben ser los derivados cárnicos, tales como hamburguesas, salchichas o mortadela, entre otros numerosos términos (anexo II del Real Decreto 474/2014, de 13 de julio). Luego
el uso de éstos respecto a productos de origen no animal no solo contradice la norma, sino que es causa de confusión para los consumidores y de perjuicio para el sector cárnico, no solo en términos comerciales, sino también en la percepción del
valor de sus productos 16, toda vez que estos productos de origen no animal se comercializan bajo el rótulo de 'sustitutivos' de la carne.
Y es que el aumento en el consumo de productos vegetales que se promocionan como 'carne vegana' o 'carne vegetal' ha sido notable en España. Según un estudio elaborado en 2021 por Smart Protein, basado en datos obtenidos por la consultora
NielsenlQ, las ventas de alimentos de origen vegetal crecieron un 20 % en volumen y un 48 % en facturación, alcanzando los 448 millones de euros 17. Estos alimentos, los cuales carecen de carne o derivados cárnicos, son comercializados bajo una
denominación que alude a productos de origen animal.
Este etiquetado engañoso ha sido cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la Sentencia de 14 de junio de 2017, determinando que los productos vegetales no pueden comercializarse con denominaciones como 'leche',
'nata', 'mantequilla', 'queso' o 'yogur' puesto que son conceptos reservados por el Derecho de la Unión Europea a los productos de origen animal. Esta decisión se sustentó en el considerando 76 del Reglamento (UE) 1308/2013 que reconoce que, para
ciertos sectores y productos, las definiciones, designaciones y denominaciones de venta son elementos importantes para la determinación de las condiciones de competencia. Así pues, procede establecer definiciones, designaciones y denominaciones de
venta para esos sectores y/o productos, que deben utilizarse únicamente en la Unión para la comercialización de productos que reúnan los requisitos correspondientes.
En consonancia con esta postura, países como Francia han prohibido el uso de terminología asociada al sector cárnico para designar productos que no son de origen animal, a fin de evitar confusiones por parte de los consumidores 18 .
Análogamente, Italia aprobó a finales de 2023 una ley que prohíbe la denominación de carne para productos transformados que contengan proteínas vegetales con el fin de 'garantizar la protección de la salud humana y los intereses de los ciudadanos,
así como a preservar el patrimonio
15 https://www.libremercado.com/2024-04-12/menos-carne-y-mas-lentejas-el-gobierno-de-sanchez-se-olvida-de-la-ganaderia-para-impulsar-las-proteinas-vegetales-7116071/
16 https://cedecarne.es/llamemos-a-las-cosas-por-su-nombre-y-a-la-carne-por-el-suyo/
17 https://www.revistaaral.com/texto-diario/mostrar/3171383/mercado-alimentos-vegetales-crece-48-en-espana-en-dos-anos
18 https://es.euronews.com/cultura/2024/02/28/francia-prohibe-las-etiquetas-filete-y-jamon-para-los-productos-vegetales
agroalimentario, como conjunto de productos que expresan el proceso de evolución socioeconómica y cultural de Italia' 19.
Ambos países también han encabezado la prohibición de las llamadas carnes sintéticas o cultivadas en laboratorio; productos que, al presente, no se comercializan en Europa, lo que no obsta para que, por señalar un ejemplo reciente, una
empresa francesa haya solicitado a la Comisión Europea la comercialización de productos proteínicos sintéticos, como una imitación del foie gras producido a partir de células madre de pato 20.
En relación con la promoción de medidas nacionales, la reciente Sentencia del TJUE en el asunto C-438/23, de 4 de octubre de 2024, ha realizado una lectura conjunta de las disposiciones del artículo 7 -prácticas informativas leales-,
apartados 1, 2 y 4, del artículo 9 -lista de menciones obligatorias-, apartado 1, letra a), del artículo 17-denominación del alimento-, apartados 1 y 5, así como del referido punto 4 de la parte A del Anexo VI, en los siguientes términos: 'En
primer lugar, los productos alimenticios deben llevar una denominación. En segundo lugar, esta denominación debe ser una denominación legal o, a falta de ésta, una denominación común o, en su defecto, una denominación descriptiva. En tercer lugar,
la denominación debe ser precisa, clara y fácilmente comprensible para los consumidores. En cuarto lugar, la misma denominación no debe inducir a error a los consumidores, en particular sobre las características del producto alimenticio de que se
trate, que incluyen su naturaleza y composición, y sobre la sustitución de componentes o ingredientes naturales normalmente utilizados por componentes o ingredientes diferentes. En quinto lugar, estos requisitos deben respetarse al comercializar y
promocionar cualquier producto alimenticio'.
La Sala Segunda concluye que los preceptos referidos deben interpretarse en el sentido de que 'armonizan expresamente, en el sentido del artículo 38, apartado 1, de dicho Reglamento [sobre la adopción medidas nacionales], la protección de
los consumidores frente al riesgo de ser inducidos a error por el uso de denominaciones, distintas de las legales, consistentes en términos de los sectores de la carnicería, charcutería y pescadería para describir, comercializar o promocionar
productos alimenticios que contengan proteínas vegetales en lugar de proteínas de origen animal, incluso en su totalidad, y, por tanto, se oponen a que un Estado miembro adopte medidas nacionales que regulen o prohíban el uso de tales
denominaciones'.
No obstante, el TJUE interpreta que dicha armonización expresa no es óbice para que 'un Estado miembro imponga sanciones administrativas por el incumplimiento de los requisitos y prohibiciones que resulten de las disposiciones de dicho
Reglamento y de las medidas nacionales conformes con él'.
En definitiva, si bien la referida armonización establece que existe una presunción refutable consistente en que la información prescrita en el antecitado Reglamento protege suficientemente al consumidor en caso de sustitución parcial o
total de proteínas vegetales en lugar de proteínas de origen animal - y, en este sentido, impide a los Estados miembros restringir su uso-, no obstante, sí cabría invertir dicha presunción en caso de que las autoridades competentes determinen que la
venta o promoción de un producto puede inducir a engaño al consumidor, contraviniendo el Reglamento (UE) n.° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011.
Tercero. Conclusiones
Con cifras que superan a cualquier otro, el sector cárnico encabeza la industria alimentaria en términos de producción y aportación económica. Resulta crucial defender al sector cárnico frente a las crecientes críticas que, sin base
científica, señalan a la carne como un producto contaminante y perjudicial para la salud. Además, es imperativo proteger al sector de las prácticas engañosas en el etiquetado de productos que, sin tener origen animal, se comercializan bajo el
término 'carne', generando confusión en los
19 https://www.agenzianova.com/es/news/carne-coltivata-e-legge-il-testo-sul-divieto-ecco-cosa-prevede/
20 https://agroinformacion.com/la-carne-frankenstein-sigue-ampliando-sus-productos-ahora-tambien-pide-autorizacion-para-crear-un-foie-gras-a-partir-de-celulas-de-pato/#goog_rewarded
consumidores y atentando contra la justa competitividad del mercado. Apostar por una regulación clara y una defensa informada del sector cárnico es vital para garantizar su permanencia en el tiempo, prestigio y la seguridad jurídica en su
mercado.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Impulsar las medidas legislativas necesarias al objeto de combatir el uso fraudulento de términos relacionados con la carne en el etiquetado, presentación y publicidad de productos de origen no animal, en defensa de los consumidores y
del sector cárnico español.
2. Manifestar su oposición ante las instituciones de la Unión Europea respecto a la autorización para comercializar la denominada carne sintética o cultivada en laboratorios.
3. Adoptar medidas ordenadas a defender el consumo de carne y la reputación de nuestros ganaderos y la industria cárnica española. Para ello se pondrá en marcha una campaña de promoción, a nivel nacional y europeo, de las propiedades y
beneficios de los productos cárnicos españoles para llevar una vida saludable, así como la contribución de la ganadería a la conservación del medio natural y el desarrollo socioeconómico de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de adaptar el RD de nutrición sostenible de los suelos para adaptarlo a la realidad del agro gallego, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Real Decreto 1051/2022, que prohíbe el uso del plato invertido para la aplicación de purines, representa un nuevo golpe a la, ya de por sí, delicada situación que enfrenta el sector agrario gallego, en particular para las pequeñas
explotaciones familiares que constituyen la base de nuestra economía rural. Esta medida, impuesta sin una adaptación a la realidad productiva gallega y sin una alternativa viable que sea accesible para nuestras agricultores y agricultoras, añade
una nueva capa de complejidad y costes a su actividad diaria, afectando negativamente a su viabilidad económica y al equilibrio del medio rural.
Esta normativa busca reducir la contaminación por nitratos y amoniaco pero, al no adaptarse a las condiciones del campo gallego, puede derivar en un impacto negativo en la sostenibilidad de las explotaciones. Según informes del Centro de
Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM), el uso del plato invertido podría ser compatible con la preservación ambiental en Galiza, dada su particularidad climática, especialmente las temperaturas medias, y las características del suelo gallego
y su alta capacidad de intercambio catiónico que hace que sea menos propenso a liberar amoniaco al ambiente. Asimismo, el Ministerio debe tener en cuenta los datos reales de pastoreo que implican la reducción de las emisiones estimadas. No
integrar estas recomendaciones científicas en su normativa sería ignorar un enfoque más adaptado a la realidad local.
Sin el uso del plato invertido, los ganaderos se verán obligados a adquirir nuevos equipos más costosos, como inyectores o aplicadores de banda, que implican una elevada inversión. Muchas explotaciones gallegas, que ya funcionan con
márgenes de beneficio muy ajustados, no podrán asumir estos gastos adicionales sin apoyo financiero. Además la nueva maquinaria de aplicación es de gran volumen y peso, por lo que sería imposible que pueda ser usada en la mayor parte de los
terrenos agrícolas gallegos, principalmente caracterizados por su pequeña extensión y difícil orografía.
La prohibición del plato invertido, sin una alternativa viable, podría hacer que las explotaciones gallegas pierdan competitividad en comparación con otras regiones que tengan más flexibilidad o apoyo institucional.
La falta de adaptación de la normativa aumentará los costes logísticos, lo que afectará a los márgenes de beneficio de las pequeñas explotaciones familiares. Sin medidas de apoyo o adaptación, muchas explotaciones familiares gallegas
podrían verse obligadas a cerrar, ya que no tendrán los recursos necesarios para cumplir con las noticias normativas. Esto contribuiría a la despoblación del rural y a la pérdida de actividad económica en el rural gallego. Es necesario que se
flexibilice o se adapte la normativa a la realidad del campo gallego.
El Bloque Nacionalista Galego, al igual que el conjunto del sector agrario, considera que este Decreto, tal como fue promulgado, supone una muestra más de como la administración estatal actúa ignorando la realidad del sector agroganadero
gallego, que en lugar de recibir el apoyo necesario, padece continuos atrancos y la aplicación de una normativa que no tiene en cuenta sus características diferenciadas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, atender a las características propias de los terrenos agrarios de Galiza, así como a los problemas de utilización y
mayores costes que supone la prohibición el uso del plato invertido para la aplicación de purines para el sector agroganadero gallego, y modificar y adaptar el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la
nutrición sostenible en los suelos agrarios a las necesidades gallegas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso de los Diputados
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á necesidade de adaptar o RD de nutrición sustentábel dos solos para adaptalo á realidade do agro galego, para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
O Real Decreto 1051/2022, que prohibe o uso do prato invertido para a aplicación de xurros, representa un novo golpe á xa de por si delicada situación que enfronta o sector agrario galego, en particular para as pequenas explotacións
familiares que constitúen a base da nosa economía rural. Esta medida, imposta sen unha adaptación á realidade produtiva galega e sen unha alternativa viábel que sexa accesíbel para as nosas labregas e labregos, engade unha nova capa de complexidade
e custos á súa actividade diaria, afectando negativamente á súa viabilidade económica e ao equilibrio do medio rural.
Esta normativa busca reducir a contaminación por nitratos e de amoníaco pero, ao non adaptarse ás condicións do agro galego, pode derivar nun impacto negativo na sustentabilidade das explotacións. Segundo informes do Centro de
Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), o uso do prato invertido podería ser compatíbel coa preservación ambiental na Galiza, dada a particularidade climática, especialmente as temperaturas medias, e as características do solo galego e a súa
alta capacidade de intercambio catiónico que fai que sexa menos propenso a liberar amoníaco ao ambiente. Así mesmo, o Ministerio debe ter en conta os datos reais de pastoreo que implican a redución das emisións estimadas. Non integrar estas
recomendacións científicas na súa normativa sería ignorar un enfoque máis adaptado á realidade local.
Sen o uso do prato invertido, os gandeiros veranse obrigados a adquirir novos equipos máis custosos, como inxectores ou aplicadores de banda, que implican un elevado investimento. Moitas explotacións galegas, que xa funcionan con marxes de
beneficio moi axustadas, non poderán asumir estes gastos adicionais sen apoio financeiro. Ademais a nova maquinaria de aplicación é de grande volume e peso, polo que sería imposíbel que poida ser usada na maior parte dos terreos agrícolas galegos,
principalmente caracterizados pola súa pequena extensión e difícil orografía.
A prohibición do prato invertido, sen unha alternativa viábel, podería facer que as explotacións galegas perdan competitividade en comparación con outras rexións que teñan máis flexibilidade ou apoio institucional.
A falta de adaptación da normativa aumentará os custos loxísticos, o que afectará as marxes de beneficio das pequenas explotacións familiares. Sen medidas de apoio ou adaptación, moitas explotacións familiares galegas poderían verse
obrigadas a pechar, xa que non terán os recursos necesarios para cumprir coas novas normativas. Isto contribuiría ao despoboamento do rural e á perda de actividade económica no rural galego. É necesario que se flexibilice ou se adapte a normativa
á realidade do agro galego.
O Bloque Nacionalista Galego, ao igual que o conxunto do sector agrario, considera que este Decreto, tal como foi promulgado, supón unha mostra máis de coo a administración estatal actúa ignorando a realidade do sector agrogandeiro galego,
que en lugar de recibir o apoio necesario, padece continuos atrancos e a aplicación dunha normativa que non ten en conta as súas características diferenciadas.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado, a través do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, atender ás características propias dos terreos agrarios da Galiza, así como aos problemas de utilización e maiores custos que
supón a prohibición do uso do prato invertido para a aplicación de xurros para o sector agro gandeiro galego, e modificar e adaptar o Real Decreto 1051/2022, de 27 de decembro, polo que se estabelecen normas para a nutrición sustentábel nos solos
agrarios ás necesidades galegas.'
Palacio del Congreso, 18 de outubro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la activación de ayudas extraordinarias por el impacto del huracán 'Kirk' en Galiza, para su debate en la Comisión de Agricultura, pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En los últimos meses, el sector agrario de Galiza está viviendo una de las peores crisis que se recuerdan, ahora agravada por las extremas condiciones meteorológicas, que causaron estragos en la campaña de recogida de la patata y del maíz
forrajero, con un impacto devastador que afecta tanto a la economía rural como al conjunto tejido social y productivo del país.
En la comarca de A Limia, que representa uno de los principales centros de producción agrícola de Galiza, la situación es límite. Las fuertes precipitaciones acumuladas en las últimas semanas impiden el acceso a las fincas para realizar la
recogida de la patata. Los terrenos, anegados por el agua, no permiten la entrada de maquinaria y, por tanto, la recogida de la cosecha se está retrasando o directamente no se podrá llevar a cabo. Esto está provocando una pérdida cuantiosa e
irreparable y, en muchos casos, la pérdida total de la producción, que se traduce en graves consecuencias económicas para las familias que dependen directamente de esta actividad.
La patata, producto estratégico en A Limia, corre el riesgo de quedar en la tierra, y con ella se perderá el trabajo de todo un año e ingresos vitales para la subsistencia de las y de los agricultores, sus familias y para la estabilidad del
sector.
En el caso del maíz forrajero, la situación es también altamente preocupante, y afecta en particular a las provincias de Lugo y A Coruña, donde las condiciones climáticas extremas causaron daños muy significativos.
Las cosechas de maíz, que juegan un papel esencial en la alimentación del ganado, sufrieron daños en un gran porcentaje, lo que compromete la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas, que dependen de los silos de maíz para mantener a
los animales durante el invierno.
Además, esta situación compromete las ayudas europeas puesto que los agricultores necesitan justificar la rotación de tierras de maíz, cuestión obligatoria para obtener las ayudas de la PAC.
La pérdida de toneladas de maíz supondrá un incremento de los costes de alimentación para los ganaderos, que ya de por sí están soportando precios elevados, por tanto, un aumento en los costes de producción, y se añadirá al resto de cargas
que ya están soportando, como las consecuencias de la nueva PAC y la mayor burocratización o las nuevas normativas estatales como la derivada del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, que prohíbe el uso del plato invertido para la aplicación
de purines y que implica importantes gastos en nuevos equipos.
Es preciso articular políticas de planificación agraria a medio y largo plazo más eficaces y que tengan en cuenta el impacto del cambio climático, así como la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria de Galiza.
Sin embargo, ante la situación actual de emergencia, el BNG insta a las administraciones competentes a que tomen medidas urgentes para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados, mediante la activación de ayudas directas y la puesta en
marcha de planes de recuperación, al tiempo que se programa inversión en infraestructuras de drenaje, allí donde sea posible, y otras medidas preventivas que eviten que situaciones como esta se repitan en el futuro.
Son necesarias soluciones de fondo ante los cambios climáticos y su repercusión en la realidad agroganadera de Galiza. El sector agroganadero gallego, en particular las comarcas más afectadas por los últimos temporales precisan de la
articulación de medidas que eviten la desaparición de una parte fundamental de la economía del medio rural y del conjunto del País.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a:
1. Aprobar ayudas extraordinarias para el sector agroganadero gallego afectado por el impacto del huracán 'Kirk', especialmente en las cosechas de patata y maíz forrajero.
2. Activar fondos de emergencia para paliar las pérdidas causadas por el temporal en el sector agroganadero de Galiza.
3. Adoptar medidas para impedir que esta situación catastrófica pueda comprometer las ayudas de la PAC.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso de los Diputados
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á activación deaxudas extraordinarias polo impacto do furacán 'Kirk' na Galiza, para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
Nos últimos meses, o sector agrario da Galiza está a vivir unha das peores crises que se lembran, agora agravada polas extremas condicións meteorolóxicas, que causaron estragos na campaña de recollida da pataca e do millo forraxeiro, cun
impacto devastador que afecta tanto á economía rural como ao conxunto tecido social e produtivo do país.
Na comarca da Limia, que representa un dos principais centros de produción agrícola da Galiza, a situación é límite. As fortes precipitacións acumuladas nas últimas semanas impiden o acceso ás fincas para realizar a recollida da pataca. Os
terreos, anegados pola auga, non permiten a entrada de maquinaria e, por tanto, a recollida da colleita estase retrasando ou directamente non se poderá levar a cabo. Isto está a provocar unha perda cuantiosa e irreparábel e, en moitos casos, a
perda total da produción, que se traduce en graves consecuencias económicas para as familias que dependen directamente desta actividade.
A pataca, produto estratéxico na Limia, corre o risco de quedar na terra, e con ela perderase o traballo de todo un ano e ingresos vitais para a subsistencia das e dos agricultores, as súas familias e para a estabilidade do sector.
No caso do millo forraxeiro, a situación é tamén altamente preocupante, e afecta en particular ás provincias de Lugo e A Coruña, onde as condicións climáticas extremas causaron danos moi significativos.
As colleitas de millo, que xogan un papel esencial na alimentación do gando, sufriron estragos nunha grande porcentaxe, o que compromete a sustentabilidade das explotacións gandeiras, que dependen dos silos de millo para manter os animais
durante o inverno.
Ademais, esta situación compromete as axudas europeas posto que os agricultores necesitan xustificar a rotación de terras de millo, cuestión obrigatoria para obter as axudas da PAC.
A perda de toneladas de millo suporá un incremento dos custos de alimentación para os gandeiros, que xa de por si están soportando prezos elevados, por tanto, un aumento nos custos de produción, e engadirase ao resto de cargas que xa están a
soportar, como as consecuencias da nova PAC e a maior burocratización ou as novas normativas estatais
como a derivada do Real Decreto 1051/2022, de 27 de decembro, que prohibe o uso do prato invertido para a aplicación de xurros e que implica importantes gastos en novos equipamentos.
É preciso artellar políticas de planificación agraria a medio e longo prazo máis eficaces e que teñan en conta o impacto do cambio climático, así como a necesidade de garantir a soberanía alimentar da Galiza.
Porén, ante a situación actual de emerxencia, o BNG insta ás administracións competentes a que tomen medidas urxentes para apoiar aos agricultores e gandeiros afectados, mediante a activación de axudas directas e a posta en marcha de plans
de recuperación, ao tempo que se programa investimento en infraestruturas de drenaxe, alí onde sexa posíbel, e outras medidas preventivas que eviten que situacións como esta volvan repetirse no futuro.
Son necesarias solucións de fondo ante os cambios climáticos e a súa repercusión na realidade agro gandeira da Galiza. O sector agro-gandeiro galego, en particular as comarcas máis afectadas polos últimos temporais, precisan da articulación
de medidas que eviten a desaparición dunha parte fundamental da economía do medio rural e do conxunto do País.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado, a través do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a:
1. Aprobar axudas extraordinarias para o sector agro gandeiro galego afectado polo impacto do furacán 'Kirk', especialmente nas colleitas de pataca e millo forraxeiro.
2. Activar fondos de emerxencia para paliar as perdas causadas polo temporal no sector agro gandeiro da Galiza.
3. Adoptar medidas para impedir que esta situación catastrófica poida comprometer as axudas da PAC.'
Palacio del Congreso, 18 de outubro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Política Territorial
161/001376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a facilitar a
las administraciones locales los instrumentos de financiación y coordinación necesarios para cumplir con las obligaciones y protocolos sobre colonias felinas contemplados en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar
de los animales, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales tiene como objeto implementar mecanismos legales con el fin de fomentar la protección animal y reducir el grado de abandono de animales en nuestro
país, estableciendo un marco común en todo el territorio español e implicando a todos los poderes públicos y a la ciudadanía en el respeto de todos los animales.
En el contexto de esta ley, el legislador ha atribuido a las entidades locales un papel fundamental como agente para el adecuado desarrollo de las previsiones de la nueva regulación, pues la Administración local no solo representa el primer
contacto con la ciudadanía, sino que afronta, en primera persona, el problema que conlleva el abandono animal.
Uno de los aspectos más destacables de la mencionada ley es la regulación de las colonias felinas. La normativa establece la obligación de las administraciones locales de aplicar el método CER (captura, esterilización y retorno) como
protocolo de actuación, con el fin de controlar la población de gatos y garantizar su bienestar. La gestión ética de estas colonias implica, además de la esterilización, un seguimiento continuo de las condiciones de vida de los animales, la
garantía de su salud y seguridad, y la colaboración con asociaciones protectoras y voluntarios. Todo ello, sin duda, representa un desafío considerable para las administraciones locales, que deben asumir responsabilidades adicionales en un contexto
ya de por sí complejo en cuanto a la gestión de los recursos municipales.
En concreto, en los artículos 22 y 23 se determina un aumento de las obligaciones administrativas derivadas de la gestión y cuidado de los animales abandonados que exceden de las exigencias establecidas por la normativa sectorial aplicable
hasta la fecha en algunas comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, por ejemplo, la Ley 11/2003, de 24 de noviembre de protección de los animales de Andalucía circunscribe las obligaciones impuestas a los municipios a mantener un
centro-refugio para animales abandonados y/o perdidos con un número de plazas determinado en relación con los habitantes de cada población, un servicio de recogida y transporte adecuado y a la cesión de terceros de los animales o, en último extremo,
a proceder a su sacrificio.
Si añadimos a estas exigencias el mantenimiento de los centros de recogida y atención de animales de forma permanente, el exhaustivo control veterinario, la planificación del personal conforme a las exigencias de acreditación profesional y
el mantenimiento de los animales de forma permanente, al no poder ser sacrificados salvo en los supuestos en los que un dictamen facultativo así lo requiera, se aprecia fácilmente que los costes asumidos por parte de la Administración encargada de
estas obligaciones aumentan de forma considerable, requiriendo así de una previsión presupuestaria por parte de las entidades locales en un contexto en el que es imprescindible garantizar la suficiencia financiera de estas.
La atribución de competencias específicas a las entidades locales no incluye una expresa previsión sobre su repercusión financiera en esta Administración. Una exigencia de excelencia en la prestación de servicios como la que se pretende
implantar no puede imponerse sin una adecuada previsión de su repercusión financiera o de un régimen de transitoriedad en el que se puedan ir asumiendo estas obligaciones de forma que no se vean afectadas las arcas municipales.
Específicamente, en relación con la población animal existente en los núcleos de población, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales atribuye a las entidades locales la competencia
específica sobre el control de los gatos comunitarios, con la finalidad de reducir progresivamente su población, manteniendo su protección como animales de compañía. Los municipios son la Administración competente del control de los gatos
comunitarios, introduciendo medidas que permitan su control sanitario, la esterilización para evitar su expansión poblacional y la vigilancia activa, tanto en lo que respecta al cuidado de los gatos por sus responsables como para evitar la relación
entre los gatos de compañía y los comunitarios.
El control de los gatos existentes en los núcleos urbanos siempre ha sido una atribución municipal, pero la entrada en vigor de esta nueva regulación aumenta de forma exponencial las exigencias de gestión atribuidas a la Administración
local, lo que se debe plasmar en un aumento de dotación técnica, humana y financiera.
Resulta evidente que el Gobierno no ha acompañado esta normativa de los instrumentos necesarios para su implementación en coordinación con los ayuntamientos. Las administraciones locales, que son el pilar fundamental para hacer efectivo
este marco legal, se enfrentan a importantes dificultades financieras y logísticas para llevar a cabo
estas medidas, sin que se les haya dotado de los recursos adecuados para su cumplimiento. Asimismo, la ausencia de una adecuada coordinación entre los distintos niveles de la Administración dificulta la puesta en marcha de los protocolos
establecidos, lo que genera situaciones de incumplimiento de la normativa y desprotección para los animales, además de problemas de convivencia con la ciudadanía.
El artículo 39.2 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales determina que la Administración General del Estado establecerá líneas de subvención en favor de las entidades locales, para el
cumplimiento de sus obligaciones con respecto a las colonias felinas, algo que ya ha ejecutado en parte el Ministerio de Derechos Sociales, aunque con una financiación totalmente insuficiente.
La ampliación de competencias no puede quedar sometida a la introducción de meras líneas de subvención, cuya naturaleza jurídica difiere del sentido de financiación incondicional a la que la reforma del año 2013 vincula toda ampliación
competencial de la Administración Local, por lo que es fundamental que el Gobierno asuma su responsabilidad en la financiación y coordinación de estas políticas para evitar que se conviertan en una carga insostenible para los ayuntamientos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar a las administraciones locales de un fondo específico de financiación para la implementación del protocolo CER (captura, esterilización y retorno) en la gestión de las colonias felinas, de acuerdo con las exigencias de la Ley
7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, garantizando de esta forma la suficiencia financiera de las administraciones locales.
2. Establecer un mecanismo de coordinación y apoyo técnico entre el Gobierno y las administraciones locales para garantizar la correcta implementación del protocolo de gestión de colonias felinas.
3. Impulsar la formación especializada para los técnicos municipales encargados de la gestión de las colonias felinas, así como para los cuerpos de seguridad locales, con el fin de asegurar una actuación adecuada y conforme a los principios
de bienestar animal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Lourdes Ramírez Martín, Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis Beamonte Mesa,
Antonio Cavacasillas Rodríguez, Carmelo Barrio Baroja, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la paralización del desarrollo del 'Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar' trasladada
por la Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En la resolución de 2 de diciembre por la que se formula la Declaración de Evaluación Estratégica de los POEM, a respecto de las medidas de ordenación a desarrollar se nos indica que se incorporan cuatro medidas a desarrollar durante el
primer ciclo de los planes (entre ellas):
ER2: Análisis del sector pesquero potencialmente afectado por el desarrollo de la energía eólica marina en las zonas propuestas en los POEM.
ER3: Análisis de los efectos potenciales de los parques eólicos marinos sobre los ecosistemas marinos.
Dichas medidas están en proceso de estudio y se calcula, como mínimo, 1 año para su realización, según las informaciones facilitadas por el IEO (Instituto Español Oceanográfico).
Cabe destacar que el Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste Atlántico, CONVENIO OSPAR, hecho en París, 22 de septiembre de 1992 y ratificado por el Estado español en 1994, en su artículo 2 indica:
'Artículo 2. Obligaciones generales.
1. a) Según lo dispuesto en el Convenio, las Partes contratantes adoptarán todas las medidas posibles a fin de prevenir y eliminar la contaminación, así como las medidas necesarias para proteger la zona marítima de los efectos dañinos de
las actividades humanas, de manera que se proteja la salud humana y se preserven los ecosistemas marinos y, si es posible, se recuperen las zonas marinas que hayan padecido dichos efectos.
b) Con ese fin, las Partes contratantes adoptarán, por separado o en conjunto, programas y medidas y armonizarán sus políticas y estrategias.
2. Las Partes contratantes aplicarán:
a) El principio de precaución, en virtud del cual se tomarán medidas preventivas cuando haya motivos razonables para pensar que las sustancias o energía introducidas, directa o indirectamente, en el medio marino puedan constituir un peligro
para la salud humana, dañar los recursos vivos y los ecosistemas marinos, deteriorar las posibilidades recreativas u obstaculizar otros usos legítimos del mar, incluso cuando no haya pruebas concluyentes de una relación de causalidad entre las
aportaciones y sus consecuencias;'
Además, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino en su artículo 4, específicamente nos indica lo siguiente:
'Artículo 4. Criterios de planificación en el medio marino.
1. La actuación de los poderes públicos en materia de planificación del medio marino se regirá por los siguientes criterios:
a) Se aplicará una gestión adaptativa de las actividades humanas siguiendo el principio de precaución y el enfoque ecosistémico y teniendo en cuenta el conocimiento científico, para garantizar que la presión conjunta de dichas actividades se
mantenga en niveles compatibles con la consecución de un buen estado ambiental.
b) No se comprometerá la capacidad de los ecosistemas marinos de responder a los cambios inducidos por la actividad humana.'
Por su parte, el Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, en sus artículos 4.5 y 6 en relación a la ordenación del espacio marítimo, indica:
'Artículo 4. Determinación y aplicación de la ordenación del espacio marítimo.
5. Al determinar la ordenación del espacio marítimo, se tendrán debidamente en cuenta las peculiaridades de las demarcaciones marinas, las actividades y usos existentes y futuros pertinentes y sus repercusiones en el medio ambiente, y en
especial sobre las especies y espacios protegidos, y los recursos, teniendo también en cuenta las interacciones entre tierra y mar.
Artículo 6. Requisitos aplicables a los planes de ordenación del espacio marítimo.
b) tendrán en cuenta tanto los aspectos medioambientales, económicos y sociales como los aspectos de seguridad.
e) utilizarán los mejores datos disponibles de conformidad con el artículo 9;'
Así mismo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre una economía azul sostenible de la UE: papel de los sectores de la pesca y la acuicultura (2021/2188(INI)), se pide a los Estados miembros en su punto 63 que:
'[...] en consonancia con las disposiciones sobre ordenación del espacio marítimo, designen los caladeros históricos y tradicionales específicos de los pescadores como zonas que deben permanecer libres de energías renovables marinas;'
y en su punto 64 destaca:
'[...] que solo deben construirse parques eólicos marinos si puede garantizarse que no habrá repercusiones negativas de carácter medioambiental y ecológico, ni consecuencias económicas, socioeconómicas y socioculturales para los pescadores y
los productores acuícolas, en consonancia con los objetivos de la economía azul y del Pacto Verde Europeo;'
En este mismo sentido, cabe destacar la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura con el siguiente mandato al Gobierno:
'La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proteger al sector pesquero de la amenaza que supondría la ubicación de instalaciones eólicas marinas en caladeros y espacios dedicados a la actividad pesquera.
2. Atender el contenido del 'Manifiesto de Burela en defensa del sector pesquero del Cantábríco-noroeste' y dar audiencia a una representación de sus organizaciones, cofradías y entidades firmantes al objeto de conocer de primera mano el
objeto de su alarma ante la implantación de instalaciones y complejos eólicos marinos.
3. Evitar el severo perjuicio al sector pesquero y a la preservación de los ecosistemas marinos que supondría la implantación desordenada de este tipo de instalaciones eólicas y, en consecuencia, garantizar su compatibilidad con las
actividades pesqueras.
4. Evaluar a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Español de Oceanografía (IEO) el impacto de la instalación de complejos eólicos marinos sobre los recursos pesqueros y áreas de trabajo de los
diferentes artes y segmentos de la flota que operan en la pesca del Cantábrico Noroccidental y sus efectos sobre la economía de las comunidades pesqueras del Cantábrico.
5. Aprobar, con el mayor grado de detalle posible de zonificación, los respectivos Planes de Ordenación de Espacios Marinos de cada Demarcación, que tengan en cuenta el respeto de la actividad pesquera y la conservación de los hábitats
marinos, que no interfiera en las rutas de comunicación, sirva para orientar a la inversión privada en la
ubicación de los proyectos y permitan la correcta valoración y autorización administrativa de los mismos.
6. Considerar, en línea con la Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, la necesidad de investigar más sobre los efectos de los parques eólicos y otros sistemas de energía renovable marina en el medio marino y los recursos
pesqueros.
7. Establecer programas de seguimiento normalizados y una armonización de los datos sobre el esfuerzo pesquero afín de permitir una evaluación acumulativa del impacto ecológico, socioeconómico y medioambiental de la expansión de las
energías renovables marinas.'
El pasado 4 de septiembre en la reunión de la Mesa de Trabajo sector- administración coordinada por el MITECO se dio traslado a la Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños de un informe encargado por el MITECO al IEO, con el
título la energía eólica marina: situación actual, impactos y aspectos a tener en cuenta en relación al sector pesquero español que en su punto 4 indica:
'4. Aspectos a tener en cuenta para la planificación de la energía eólica marina:
En la planificación espacial de los parques eólicos marinos es necesario considerar tanto los aspectos espaciales, como los socioeconómicos y ecológicos (Punt et al., 2009).'
Se considera que esta planificación debe incluir datos sobre la velocidad del viento, las características de la costa y del fondo marino, características ecológicas de la zona y su valor en relación a los servicios ecosistémicos, e
interacciones con otras actividades humanas.
En el diseño de los POEMs ya se incluyó la zonificación de áreas de alto valor ecológico (Zonas de Uso Prioritario y de Alto Potencial para la protección de la Biodiversidad), sin embargo, no se ha realizado una evaluación de los impactos
ecológicos y socioeconómicos en las mismas.
En relación a las actividades humanas, se han tenido en cuenta aquellas actividades que están asociadas a espacios delimitados por regulaciones nacionales o autonómicas (zonas destinadas a la extracción de áridos destinados a la protección
costera, la actividad portuaria, la Defensa Nacional, la seguridad de la navegación, la protección del patrimonio cultural, la investigación, desarrollo innovación (I+D+i) y la acuicultura marina). Sin embargo, para el resto de actividades, como la
pesca o la navegación, es necesario hacer una evaluación de las interacciones y consecuencias de todo el proceso de implantación de estas infraestructuras.
Teniendo en cuenta estos nuevos aspectos, el modelo espacial debería determinar cuáles serían las ubicaciones más idóneas para la implantación de la eólica marina (Pmarbasi et al., 2019), y la mitigación de los efectos potencialmente
adversos.
En el caso concreto de las demarcaciones del Estado español, y dado que hay una actualización por ciclo de los POEMs, las zonas de alto potencial para el desarrollo de la eólica marina deberían ser actualizadas conforme se mejore el
conocimiento en el marco de la implementación de la medida ER2 que incluye la identificación de los tipos de arte y puertos base afectados en cada una de las ZAPER, la identificación de los stocks pesqueros más aprovechados en estas zonas, junto con
la valoración del impacto económico que supondría su no extracción y la propuesta de medidas de ordenación y medidas correctoras.
Por lo tanto, dada la probada incertidumbre sobre los efectos adversos a los distintos niveles de organización del ecosistema, ambientales y actividades socioeconómicas, principalmente la actividad pesquera, es necesario implementar trabajos
experimentales y programas de seguimiento que evalúen las consecuencias de la implantación de estas infraestructuras.
Las Órdenes Ministeriales de desarrollo del Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar, deberán publicarse en el
momento que
dichos trabajos y estudios estén acabados, para no adoptar decisiones que vulneren el Principio de Precaución y no generar expectativas con concesiones en zonas que podrán ser revisadas en base a los estudios que se están desarrollando.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG, a instancia de la Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que aplace el desarrollo del Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones
ubicadas en el mar, en relación a la implantación de proyectos de eólica marina en las zonas ZAPER hasta que las medidas ER2 (Análisis del sector pesquero potencialmente afectado por el desarrollo de la energía eólica marina en las zonas propuestas
en los POEM) y ER3 (Análisis de los efectos potenciales de los parques eólicos marinos sobre los ecosistemas marinos y la elaboración de una guía que abarcará todos los aspectos relacionados con la realización de estudios de fauna y hábitats en el
procedimiento de evaluación ambiental, desde la planificación, valoración, el análisis del impacto acumulado, la propuesta de medidas ambientales y el programa de vigilancia o seguimiento ambiental) que está desarrollando el IEO estén finalizados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso de los Diputados
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á paralización do desenvolvemento do 'Real Decreto 962/2024, de 24 de setembro, polo que se regula a produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovábeis en instalacións situadas no mar' trasladada pola Plataforma en Defensa da
Pesca e dos Ecosistemas Mariños, para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Na resolución de 2 de decembro pola que se formula a Declaración de Avaliación Estratéxica dos POEM, a respecto das medidas de ordenación a desenvolver indícase que se incorporan catro medidas a desenvolver durante o primeiro ciclo dos plans
(entre elas):
ER2: Análise do sector pesqueiro potencialmente afectado polo desenvolvemento da enerxía eólica mariña ñas zonas propostas nos POEM.
ER3: Análise dos efectos potenciáis dos parques eólicos mariños sobre os ecosistemas mariños.
Estas medidas están en proceso de estudo e calcúlase, como mínimo, 1 ano para a súa realización, segundo as informacións facilitadas polo IEO (Instituto Español Oceanográfico).
Cabe destacar que o Convenio sobre a protección do medio mariño do Nordeste Atlántico, Convenio OSPAR, feito en París, 22 de setembro de 1992 e ratificado polo Estado español en 1994, no seu artigo 2 indica:
'Artigo 2. Obrigacións xerais.
1. a) Segundo o disposto no Convenio, as Partes contratantes adoptarán todas as medidas posíbeis a fin de previr e eliminar a contaminación, así como as medidas necesarias para protexer a zona marítima dos efectos daniños das actividades
humanas, de maneira que se protexa a saúde humana e se preserven os ecosistemas mariños e, se é posíbel, se recuperen as zonas mariñas que padecesen os citados efectos.
b) Con ese fin, as Partes contratantes adoptarán, por separado ou en conxunto, programas e medidas e harmonizarán as súas políticas e estratexias.
2. As Partes contratantes aplicarán:
a) O principio de precaución, en virtude do cal se tomarán medidas preventivas cando haxa motivos razoábeis para pensar que as substancias ou enerxía introducidas, directa ou indirectamente, no medio mariño poidan constituir un perigo para a
saúde humana, danar os recursos vivos e os ecosistemas mariños, deteriorar as posibilidades recreativas ou obstaculizar outros usos lexítimos do mar, mesmo cando non haxa probas concluíntes dunha relación de causalidade entre as achegas e as súas
consecuencias;'
Ademais, a Lei 41/2010, do 29 de decembro, de protección do medio mariño no seu artigo 4, especificamente indícanos o seguinte:
'Artigo 4. Criterios de planificación no medio mariño.
1. A actuación dos poderes públicos en materia de planificación do medio mariño rexerase polos seguintes criterios:
a) Aplicarase unha xestión adaptativa das actividades humanas seguindo o principio de precaución e o enfoque ecosistémico e tendo en conta o coñecemento científico, para garantir que a presión conxunta das citadas actividades sexa mantido en
niveis compatíbeis coa consecución dun bo estado ambiental.
b) Non se comprometerá a capacidade dos ecosistemas mariños de responder aos cambios inducidos pola actividade humana.
Pola súa banda, o Real Decreto 363/2017, do 8 de abril, polo que se establece un marco para a ordenación do espazo marítimo, nos seus artigos 4.5 e 6 en relación á ordenación do espazo marítimo, indica:
'Artigo 4. Determinación e aplicación da ordenación do espazo marítimo.
5. Ao determinar a ordenación do espazo marítimo, teranse debidamente en conta as peculiaridades das demarcacións mariñas, as actividades e usos existentes e futuros pertinentes e as súas repercusións no medio ambiente e, en especial, sobre
as especies e espazos protexidos, e os recursos, tendo tamén en conta as interaccións entre terra e mar.
Artigo 6. Requisitos aplicables aos plans de ordenación do espazo marítimo.
b) terán en conta tanto os aspectos ambientais, económicos e sociais como os aspectos de seguridade
e) utilizarán os mellores datos dispoñíbeis de conformidade co artigo 9;'
Así mesmo, a Resolución do Parlamento Europeo, do 3 de maio de 2022, sobre unha economía azul sostible da UE: papel dos sectores da pesca e a acuicultura (2021/2188(INI)), pídese aos Estados membros no seu punto 63 que:
'[...] en consonancia coas disposicións sobre ordenación do espazo marítimo, designen os caladoiros históricos e tradicionais específicos dos pescadores como zonas que deben permanecer libres de enerxías renovables mariñas;'
E no seu punto 64 destaca:
'[...] que só deben construirse parques eólicos mariños se pode garantirse que non haberá repercusións negativas de carácter ambiental e ecolóxico, nin consecuencias económicas, socioeconómicas e socioculturais para os pescadores e os
produtores acuícolas, en consonancia cos obxectivos da economía azul e do Pacto Verde Europeo;'
Neste mesmo sentido, cabe destacar a Proposición non de Lei aprobada polo Congreso dos Deputados na pasada lexislatura co seguinte mandato ao Goberno:
'A Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación do Congreso dos Deputados insta o Goberno a:
1. Protexer ao sector pesqueiro da ameaza que suporía a localización de instalacións eólicas mariñas en caladoiros e espazos dedicados á actividade pesqueira.
2. Atender ao contido do 'Manifesto de Burela en defensa do sector pesqueiro do Cantábrico-noroeste' e dar audiencia a unha representación das súas organizacións, confrarías e entidades asinantes ao obxecto de coñecer de primeira man o
obxecto da súa alarma ante a implantación de instalacións e complexos eólicos mariños.
3. Evitar o severo prexuízo ao sector pesqueiro e á preservación dos ecosistemas mariños que suporía a implantación desordenada deste tipo de instalacións eólicas e, en consecuencia, garantir a súa compatibilidade coas actividades
pesqueiras.
4. Avaliar a través do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e do Instituto Español de Oceanografía (IEO) o impacto da instalación de complexos eólicos mariños sobre os recursos pesqueiros e áreas de traballo das diferentes
artes e segmentos da frota que operan na pesca do Cantábrico Noroccidental e os seus efectos sobre a economía das comunidades pesqueiras do Cantábrico.
5. Aprobar, co maior grao de detalle posible de zonificación, os respectivos Plans de Ordenación de Espazos Mariños de cada Demarcación, que teñan en conta o respecto da actividade pesqueira e a conservación dos hábitats mariños, que non
interfira nas rotas de comunicación, sirva para orientar ao investimento privado na localización dos proxectos e permitan a correcta valoración e autorización administrativa dos mesmos.
6. Considerar, en liña coa Resolución do Parlamento Europeo, do 7 de xullo de 2021, a necesidade de investigar máis sobre os efectos dos parques eólicos e outros sistemas de enerxía renovábel mariña no medio mariño e os recursos pesqueiros.
7. Estabelecer programas de seguimento normalizados e unha harmonización dos datos sobre o esforzo pesqueiro a fin de permitir unha avaliación acumulativa do impacto ecolóxico, socioeconómico e ambiental da expansión das enerxías renovábeis
mariñas.'
O pasado 4 de setembro na reunión da MESA DE TRABALLO sector- administración coordinada polo MITECO deuse traslado á Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños dun informe encargado polo MITECO ao IEO, co título A enerxía
eólica mariña: situación actual, impactos e aspectos a ter en conta en relación ao sector pesqueiro español que no seu punto 4 indica:
'4. Aspectos a ter en conta para a planificación da enerxía eólica mariña.
Na planificación espacial dos parques eólicos mariños é necesario considerar tanto os aspectos espaciais, como os socioeconómicos e ecolóxicos (Punt et al., 2009).'
Considérase que esta planificación debe incluír datos sobre a velocidade do vento, as características da costa e do fondo mariño, características ecolóxicas da zona e o seu valor en relación aos servizos ecosistémicos, e interaccións con
outras actividades humanas.
No deseño dos POEMs xa se incluíu a zonificación de áreas de alto valor ecolóxico (Zonas de Uso Prioritario e de Alto Potencial para a protección da Biodiversidade), con todo, non se realizou unha avaliación dos impactos ecolóxicos e
socioeconómicos nas mesmas.
En relación ás actividades humanas, tivéronse en conta aquelas actividades que están asociadas a espazos delimitados por regulacións nacionais ou autonómicas (zonas destinadas á extracción de áridos destinados á protección costeira, a
actividade portuaria, a Defensa Nacional, a seguridade da navegación, a protección do patrimonio cultural, a investigación, desenvolvo innovación (I+D+i) e a acuicultura mariña). Con todo, para o resto de actividades, como a pesca ou a navegación,
é necesario facer unha avaliación das interaccións e consecuencias de todo o proceso de implantación destas infraestruturas.
Tendo en conta estes novos aspectos, o modelo espacial debería determinar cales serían as localizacións máis idóneas para a implantación da eólica mariña (Pmarba§i et al., 2019), e a mitigación dos efectos potencialmente adversos.
No caso concreto das demarcacións do Estado español, e dado que hai unha actualización por ciclo dos POEMs, as zonas de alto potencial para o desenvolvemento da eólica mariña deberían ser actualizadas conforme mellore o coñecemento no marco
da implementación da medida ER2 que inclúe a identificación dos tipos de arte e portos basee afectados en cada unha das ZAPER, a identificación dos stocks pesqueiros máis aproveitados nestas zonas, xunto coa valoración do impacto económico que
supoñería a súa non extracción e a proposta de medidas de ordenación e medidas correctoras. Por tanto, dada a probada incertidume sobre os efectos adversos aos distintos niveis de organización do ecosistema, ambientais e actividades
socioeconómicas, principalmente a actividade pesqueira, é necesario formular traballos experimentáis e programas de seguimento que avalíen as consecuencias da implantación destas infraestruturas.
As Ordes Ministeriais de desenvolvemento do Real Decreto 962/2024, do 24 de setembro, polo que se regula a produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovábeis en instalacións situadas no mar, deberán publicarse no momento que
devanditos traballos e estudos estean acabados, para non adoptar decisións que vulneren o Principio de Precaución e non xerar expectativas con concesións en zonas que poderán ser revisadas en base aos estudos que se están desenvolvendo.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG, a instancia da Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños, presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a que aprace o desenvolvemento do Real Decreto 962/2024, do 24 de setembro, polo que se regula a produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovábeis en instalacións situadas no
mar, en relación á implantación de proxectos de eólica mariña ñas zonas ZAPER até que as medidas ER2 (Análise do sector pesqueiro potencialmente afectado polo desenvolvemento da enerxía eólica mariña ñas zonas propostas nos POEM) e ER3 (Análise dos
efectos potenciáis dos parques eólicos mariños sobre os ecosistemas mariños e elaboración dunha guía que abarcará todos os aspectos relacionados coa realización de estudos de fauna e hábitats no procedemento de avaliación ambiental, desde a
planificación, valoración, a análise do impacto acumulado, a proposta de medidas ambientáis e o programa de vixilancia ou seguimento ambiental) que está a desenvolver o IEO estean finalizados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de outubro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Carina Mejías Sánchez, Ricardo Chamorro Delmo y Patricia Rueda Perelló, en su respectiva condición de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas definitivas encaminadas a la ejecución del proyecto de prolongación del
paseo marítimo, así como para revertir la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, que afecta al municipio de Playa de Aro, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Problemática derivada de la dinámica litoral
El paseo marítimo de playa de Aro se encuentra ubicado en el término municipal de Castillo de Aro-Playa de Aro-S'Agaró (Gerona). Se trata de una zona muy turística perteneciente a la Costa Brava, con un importante centro de comercio y ocio
diurno y nocturno. En los meses de verano, gracias a su ubicación y temperatura, su población llega a los 90.000 habitantes 21, pese a que su censo general, según los datos del Instituto Nacional de Estadística se encuentra en los 12.500 habitantes
22.
La principal actividad de los españoles residentes en este municipio es el sector servicios, con casi el 90% de la tasa de ocupación en este sector, según los datos publicados 23. Ello se evidencia en el gran número de empresas relacionadas
con el sector turístico que se encuentran radicadas en la zona, constituyendo esta la principal actividad económica.
Playa de Aro padece desde hace años una particular problemática, y es que requiere de permanentes aportaciones de material para evitar que el mar le gane terreno, afectando a su paseo marítimo e instalaciones próximas. Así, en el año 2020
el temporal Gloria causó estragos en el municipio por valor de 2,4 millones de euros, afectando muy particularmente a la Playa de Aro, hundiéndose, debido al fuerte oleaje, un tramo de 500 metros en el sur de su paseo marítimo. Ante esta situación,
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico invirtió un millón de euros para establecer un muro de rocalla cimentado por debajo del nivel del mar para evitar futuros descalces, reforzando así la base del paseo 24. La ejecución
de las obras debía comenzar en marzo, pero la pandemia de la COVID-19 obligó a retrasarlas a septiembre. Complementariamente a estas actuaciones, el Ayuntamiento se comprometió a invertir 750.000 euros en concepto de redistribución de 20.000 m3 de
arena, así como para la renovación y reubicación del cableado de alumbrado, pasando de estar bajo la arena al subsuelo del paseo 25.
Sin embargo, es necesaria una mayor dotación, ya que la playa sigue estando expuesta a la dinámica litoral 26 y a las inclemencias del tiempo. Durante los últimos meses, varios temporales han azotado la zona, destruyendo varios
emplazamientos como, por ejemplo, la escuela de vela 27. El Ayuntamiento declaró su estado de ruina y la emergencia
21 https://www.vacaciones-espana.es/Playa-d_Aro
22 https://www.ine.es/nomen2/inicio_a.do?accion=busquedaAvanzada&inicio=inicio_a&subacc ion=&botonBusquedaAvanzada=Consultar+selecci%C3%B3n&numPag=0&ordenAnios=ASC&
comunidad=00&entidad_amb=no&poblacion_amb=T&poblacion_op=%3D&poblacion_txt=&d enoimnacion_op=like&denominacion_txt=&codProv=17&codMuni=048&codEC=00&codES=00 &codNUC=00
23 Afiliaciones al régimen general según ubicación de la cuenta de cotización. Por sectores 03/2024. https://www.idescat.cat/emex/?id=170486&lang=es
24 https://www.lavanguardia.com/vida/20200907/483357927288/empieza-la-reforma-del-paseo-maritimo-de-platja-daro-afectado-por-el-gloria.html
25 https://www.lavanguardia.eom/edicion-impresa/20200907/483365777225/platja-daro-inicia-1a-reforma-del-paseo-que-hundio-el-gloria.html
26 Evolución de la línea de costa, mediante procesos de erosión, transporte y sedimentación.
27 https://www.lavanguardia.com/local/girona/20240430/9606847/hunde-parte-edificio-escola-vela-platja-d-aro.html
de actuación a principios de mayo, procediendo la Dirección General de la Costa y el Mar a su demolición 28.
Segundo. Falta de cumplimiento en la prolongación del paseo marítimo
El Gobierno publicó en el año 2019 el Proyecto de prolongación del paseo marítimo de Platja d'Aro, T.M. Castell-Platja d'Aro (Girona), adjudicándolo a la empresa DOPEC SL por un importe de 42.289,5 euros, y dotando de un plazo máximo de
seis meses para la redacción del proyecto, según establece su pliego de prescripciones técnicas 29.
Este proyecto de construcción desarrolla la prolongación del paseo marítimo desde el final del paseo existente hasta el puerto deportivo, con una longitud aproximada de 530 metros. Se busca así una solución de compatibilidad con el
desarrollo urbanístico de la zona, incorporando en él una pasarela sobre el cauce del Ridaura, la cual se ejecutará sin ninguna pila intermedia y estará dimensionada para uso peatonal, permitiendo el paso de vehículos de emergencia.
En la zona interior del dominio público marítimo terrestre se establecerán dunas artificiales para la protección del paseo y se estabilizará un ancho de playa comprendido entre los 20 y los 25 m. Esta actuación permite la solución del cruce
con el río de Ridaura en su desembocadura, el cual se trata de un condicionante existente desde los años 90.
Pese a que la adjudicación se produjo en junio de 2020 30, y los documentos de la empresa adjudicataria datan de noviembre de 2021 31, a fecha actual sigue sin ejecutarse este proyecto que tiene en jaque a los españoles residentes en la zona
32.
Tercero. Terrenos incluidos en el dominio público
Otra problemática existente en el término municipal de Castell-Playa de Aro es la que afecta a 1.200 propietarios de 850 fincas ubicadas en las proximidades del paseo marítimo, las cuales actualmente forman parte del dominio público marítimo
en virtud de la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas ('Ley 22/1988')
La Ley 22/1988 estableció una moratoria de treinta años para los propietarios de viviendas situadas en dominio público marítimo, de conformidad con su Disposición transitoria primera: 'los titulares de los terrenos de la zona
marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta Ley, por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley
Hipotecaria, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, por treinta años, respetando los usos y aprovechamientos existentes'.
Posteriormente, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas ('Ley 2/2013') prevé, en su Disposición adicional séptima, la exclusión del dominio
público marítimo-terrestre de los terrenos correspondientes a los núcleos de población que se enumeran en el anexo de la Ley 33, entre los cuales se incluye a Playa de Aro.
Sin embargo, la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 233/2015, de 5 de noviembre de 2015 34, resolvió el recurso de inconstitucionalidad número 5012-2013 contra -entre otros- el Anexo de la Ley 2/2013, dejando sin efecto dicho
Anexo. Esta sentencia
28 https://www.elperiodico.eom/es/sociedad/20240503/derruida-escuela-vela-platja-daro-temporales-101891019
29 https://contratadondelestado.es/wps/wcm/connect/bf4ab3c7-4221-4eab-b0c6-bf9913890c94/DOC2019123011374917-0349+PPT.pdf?MOD=AJPERES. Ver el punto 7 del pliego, en la página 5.
30 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_j9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjUlJTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyUlzLcvQj3UKzqnKCPSvMIoIjAsMMwl3NcyIDymlt9QtycxOBjPxW9Q!!/
31 https://sites.google.com/gl.miteco.gob.es/pro-170349/inicio
32 https://clubnauticportdaro.cat/es/port-daro-lamenta-la-poca-implicacion-de-las-administraciones-con-el-paseo-maritimo/
33 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5670 'Relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre en virtud de la disposición adicional séptima, en la extensión que se fija en la planimetría'
34 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13480
reconoce al legislador un margen de discrecionalidad para establecer 'el régimen jurídico de los terrenos que, no perteneciendo a la ribera del mar, hubieran sido inundados mediante técnicas artificiales y controladas' (FJ 7). No obstante,
dicha discrecionalidad no se reconoce en este caso, ya que la Sentencia establece que 'la pretensión de excluir porciones del dominio público natural en atención a su transformación artificial y al tipo de explotación resulta constitucionalmente
inadmisible' (FJ 7). Ello se debe a que la naturaleza demanial del terreno en el que se asientan las edificaciones afectadas se determina directamente por el artículo 132.2 de la Constitución Española, en cuya virtud: 'son bienes de dominio
público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental'.
A consecuencia de esta Sentencia, se ha producido un cambio de criterio en el Registro de la Propiedad, que, avalado por la Abogacía del Estado, no registra las viviendas afectadas desde el año 2019, provocando numerosos perjuicios a sus
propietarios, como son la imposibilidad de inscribir los inmuebles adquiridos por negocios ínter vivos o mortis causa. Asimismo, determina la imposibilidad de que los inmuebles sean gravados con hipoteca. Todo ello ha generado una gran inseguridad
jurídica que, adicionalmente, devalúa las propiedades afectadas -en caso de ser enajenadas, deben venderse a un precio muy inferior al del mercado 35-.
Además, el Consistorio presentó en 2023 un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional -actualmente pendiente de sentencia- en respuesta al silencio administrativo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico frente a los requerimientos en los que se reclamaba la exclusión del término municipal del dominio público marítimo-terrestre 36.
Cuarto. Conclusiones
Son numerosos los problemas que se están originando a los vecinos de Playa de Aro, derivadas del retraso en la ejecución de las obras de prolongación del paseo marítimo y, con carácter general, de la inacción de una Administración estatal
que no atiende la problemática del avance del mar en la playa. Es perentorio, por ende, acometer dichas obras.
Igualmente, resulta necesario revertir la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, que afecta en el municipio a miles de familias, en aras de mantener la seguridad jurídica sobre los bienes privados.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Adoptar las medidas estructurales que resulten necesarias para proteger Playa de Aro de la acción de la dinámica litoral, así como de las inclemencias meteorológicas.
2. Ejecutar con urgencia el Proyecto de prolongación del paseo marítimo de Platja d'Aro, T.M. Castell-Platja d'Aro (Girona) para que esté ejecutado en un plazo máximo de dos años.
3. Excluir del dominio público marítimo el término municipal de Playa de Aro en Gerona, instando a la desafectación de las fincas sitas en el paseo marítimo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, Patricia Rueda Perelló y Carina Mejías Sánchez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
35 https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20230224/8780258/ley-costas-deja-limbo-mil-doscientos-propietarios-platja-d-aro.html
36 https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20240428/9604817/platia-d-aro-abre-l-20Q-afectados-ley-costas.html
161/001369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las ayudas de
funcionamiento para las empresas de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel autorizadas por la Comisión Europea a través del Mapa de Ayudas de Finalidad Regional, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La despoblación constituye una lacra y mal endémico que afecta a gran parte de la España interior y que se ejemplifica perfectamente en el caso de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, cuya densidad poblacional se encuentra por debajo
del umbral de 12,5 habitantes por km2.
Ello dio origen a que en 2021 la Comisión Europea incluyera a las tres provincias anteriores entre los territorios susceptibles de beneficiarse de ayudas para detener el retroceso demográfico y fijar población, compensar los costes del
tejido productivo de dichas provincias y frenar así la pérdida de competitividad, a la vez que estimular la inversión hacia los mismos.
En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez contempló estas nuevas ayudas en las disposiciones adicionales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, pero incomprensiblemente en cuantía muy limitada desde su máximo legal permitido.
Así, según se desprenden de los datos aportados por las organizaciones empresariales locales, los umbrales de estas bonificaciones ascienden a un montante global de 25 millones de euros anuales, que de manera desglosada se distribuirían entre 6'25
millones a Soria; 10'5 millones a Cuenca; y finalmente, 8'5 millones a Teruel.
En este punto se hace necesario recalcar que hasta ahora las cuantías definitivas de estas ayudas al funcionamiento de las empresas de estas tres provincias se han quedado muy por debajo de las expectativas de las organizaciones
empresariales que aspiraban a acceder de manera lógica a la máxima bonificación admitida por las instituciones comunitarias, -20% de los costes laborales- y no obstante, se tienen que conformar con un ahorro equivalente a cerca del 1 % de los costes
laborales. Tampoco se incluyó la retroactividad de las ayudas al 1 de enero de 2022 según había comprometido la Ministra Teresa Ribera durante una visita a Soria, como la exclusión de los trabajadores autónomos en las ayudas, unas de las
principales demandas y quejas de las organizaciones empresariales turolenses por ejemplo.
Sin embargo, a pesar del modestísimo alcance e insatisfacción empresarial de las medidas implementadas hasta el día de hoy por parte del Gobierno liderado por Pedro Sánchez para convertir según sus propias palabras a 'nuestros pueblos en
territorios de esperanza', el pasado 3 de septiembre en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la Ministra aragonesa portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría se empleó a fondo en la justificación de la necesidad de establecer una
financiación singular y preferente para Cataluña, equiparándolo al precedente de las ayudas autorizadas por parte de la Comisión Europea que en su momento tuvo a bien equiparar las tres referidas provincias españolas con las regiones más despobladas
de Suecia, Finlandia o Noruega.
En este sentido, desde el Complejo de La Moncloa la Ministra Pilar Alegría respaldó con fervor el establecimiento de una financiación privilegiada para Cataluña, unas de las regiones más ricas y prósperas de nuestro país, igualándolo con la
situación de las tres provincias que reciben estas ayudas especiales de funcionamiento y autorizadas no hay que olvidar no hace mucho tiempo por la Comisión Europea.
Textualmente, la Ministra portavoz del Gobierno afirmó que 'Siempre hemos trabajado teniendo en cuenta las singularidades de todos los territorios, en el caso de Cataluña, pero también en Baleares, Canarias o también esas singularidades
fiscales para Teruel, Soria y
Cuenca', poniendo de manifiesto bien un absoluto desconocimiento e ignorancia imperdonables en el desempeño de sus actuales responsabilidades, o bien mala fe sobre la razón de ser de las singularidades fiscales de nuestros archipiélagos o en
el de las tres provincias afectadas por serios y preocupantes problemas de despoblación.
Así las cosas, acto seguido a las declaraciones de la Ministra portavoz Alegría, las reacciones desde las provincias aludidas, como las procedentes desde la mayoría del espectro político y social de nuestro país no se hicieron esperar,
exigiendo una rectificación clara e inmediata por su parte que lamentablemente continúa sin producirse a día de hoy.
En primer lugar, tanto el actual Presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, como su predecesor en el cargo y compañero de partido de Alegría, Javier Lambón censuraron inmediatamente las declaraciones realizadas por su paisana aragonesa.
Tampoco han permanecido impasibles los dos máximos responsables políticos de las otras Comunidades Autónomas afectadas, caso de Castilla y León y Castilla-La Mancha; en concreto, Alfonso Fernández Mañueco tildó la ocurrencia de la Ministra Alegría
como de 'indignante', 'una ruindad', y un 'insulto a la inteligencia de los españoles'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reanudar la senda de la cohesión social, igualdad de trato entre españoles y vertebración entre territorios, garantizando la realización efectiva del principio de solidaridad, de conformidad con lo estipulado en la Constitución Española.
2. Aplicar de manera efectiva hasta el máximo permitido por la Comisión Europea las bonificaciones de las cotizaciones de la Seguridad Social aplicables a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, dado su carácter imprescindible para
mejorar la competitividad de las empresas de estos territorios, procurando atraer inversiones, generación de empleo y fijación de población en los mismos.
3. Retractarse del pronunciamiento efectuado por parte de la Ministra portavoz del Ejecutivo el pasado 3 de septiembre, así como a disculparse públicamente ante los vecinos de Teruel, Cuenca y Soria por la desafortunada e ilógica
comparación llevada a cabo, sin que conste a la fecha presente rectificación alguna respecto a tal planteamiento expresado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Raquel Clemente Muñoz, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, Joaquín Melgarejo Moreno, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, Tomás Cabezón Casas,
Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez Torregrosa, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya, Bella Verano Domínguez, Daniel Pérez Osma, Beatriz Jiménez Linuesa, Ana Isabel Alós
López y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los refugios climáticos y renaturalización de los espacios públicos, para su
debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Nuestro país se enfrenta a diferentes retos de presente y futuro, siendo el mayor de ellos, por su afección global y mayor envergadura, el cambio climático.
El cambio climático ha desencadenado una serie de impactos en nuestro planeta y las olas de calor, cada vez más intensas y frecuentes, son solo una de las muchas consecuencias alarmantes que produce.
Este verano, hemos sido testigos de fuertes olas de calor que han azotado nuestro territorio y no podemos obviar, que estos eventos extremos están relacionados con el cambio climático.
Los científicos llevan décadas poniendo el foco sobre el cambio climático y sobre el aumento de la frecuencia con la que se producen y afectan los impactos del cambio climático en nuestro día a día.
Este verano tuvo un carácter extremadamente cálido en amplias zonas del tercio sur de la península ibérica y en el Cantábrico occidental, mientras que resultó muy cálido en el resto de la España peninsular.
En Baleares fue muy cálido, y en Canarias tuvo carácter muy cálido o extremadamente cálido. Las temperaturas máximas diarias quedaron en promedio 1,2 °C por encima del valor normal, mientras que las mínimas se situaron 1,4 °C por encima de
la media. Por lo tanto, la temperatura media del verano fue 1,3 °C superior al promedio normal.
Durante el verano fueron frecuentes los episodios de altas temperaturas, observándose cuatro olas de calor en el ámbito geográfico de la Península y Baleares.
Las dos primeras se extendieron entre los días 9 a 12 de julio y 17 a 20 de julio, con 14 y 20 provincias afectadas, respectivamente.
Las dos siguientes, que se extendieron entre los días 6 a 13 de agosto (con 19 provincias afectadas) y 18 a 25 de agosto (35 provincias afectadas), fueron las más prolongadas e intensas, con temperaturas máximas por encima de los 40,0 °C en
gran parte del territorio, llegando a superarse los 45,0 °C en algunos puntos de la provincia de Valencia y de Andalucía los días 10 y 11 de agosto.
En el aeropuerto de Valencia se registró el día 10 una temperatura máxima de 46,8 °C, la más alta registrada este verano en España y que batió el récord de la estación por más de 3 °C de diferencia.
Con los datos actualmente disponibles, hubo un total de 24 días bajo ola de calor en el ámbito de la Península y Baleares, por lo que se trataría del cuarto verano con mayor número de días en esa situación, tras los de 2022, 2015 y 2017.
Las sucesivas olas de calor deben ser una llamada de atención para poner en marcha medidas de adaptación al cambio climático en nuestro país, con el objetivo de preservar y conservar nuestra biodiversidad, tal y como la conocemos,
salvaguardar y proteger la salud de nuestros ciudadanos y nuestra economía.
Además de ser un reto de gran magnitud, la lucha contra el cambio climático y la adaptación al mismo, deben servirnos como una oportunidad para crear un país y municipios más resilientes y saludables.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar, en colaboración con las CC.AA. y Ayuntamientos, la creación de un mapa de refugios climáticos en nuestro país con el objetivo de preservar la salud de las personas de los efectos de las temperaturas extremas.
2. Consolidar, en colaboración con la Fundación Biodiversidad, una línea de ayudas para que los municipios puedan potenciar la renaturalización y la resiliencia en entornos urbanos, y, en particular, la atenuación de las temperaturas
extremas en los espacios
públicos, como medida de adaptación de nuestras ciudades al cambio climático y la protección de la salud de nuestros ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2024.-Daniel Senderos Oraá y María de las Nieves Ramírez Moreno, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento del modelo de slow cities, para su debate en la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales se encuentra eODS 11 sobre Comunidades y Ciudades Sostenibles.
El compromiso de España con la Agenda 2030 se vio refrendado por la aprobación por parte del Consejo de Ministros en el año 2021 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que entre otras muchas áreas prioritarias de actuación incluía
la aprobación y puesta en marcha de una Estrategia de Movilidad Segura y Sostenible y Conectada 2020-2030. Tal y como se refleja en el en Examen Nacional Voluntario 2024 sobre la Implementación de la Agenda 2030, para encauzar su desarrollo se han
fijado ocho ejes -más uno interno para la transformación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible-, que cuentan con 41 líneas de actuación y 147 medidas, siendo su herramienta legal el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que fue
aprobado por el Consejo de Ministros en su sesión del 13 de febrero de 2024 y que representa el compromiso del Gobierno con la promoción de la movilidad sostenible.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, en el año 2050, dos terceras partes de la población residirán en áreas urbanas, con el consiguiente reto medioambiental que ello plantea, y según el último informe emitido por esta entidad sobre
asentamientos urbanos, la gestión sostenible de las ciudades se ha convertido ya en un desafío extremadamente complejo para nuestras instituciones.
Las urbes del siglo XXI devoran recursos insaciablemente y actúan como grandes generadores de residuos. Las ciudades representan el mayor foco de emisiones y son entornos de inmensos consumos de energía. En 2050 seremos 2 mil millones de
personas más, y se incrementarán las emisiones de CO2 un 70%, por ello, es necesario encaminarnos hacia un modelo de ciudad sostenible.
Este nuevo modelo ha de poner su objetivo, no ya en crear un crecimiento de los entornos urbanos, sino en transformar y hacer evolucionar la ciudad ya construida impulsando la mejora de las políticas ambientales urbanas y la implementación
de acciones de renaturalización que mejoren la calidad de vida y la salud de sus ciudadanos, y que contribuyan a ganar biodiversidad, a restaurar y recuperar espacios para la conexión de la naturaleza e incremente la resiliencia frente a potenciales
impactos derivados del cambio climático.
Por ello, debemos replantear nuestro modelo de ciudad, no cometiendo los errores del pasado donde generalmente se apostaba por modelos de ciudad de baja densidad, haciendo un uso insostenible de los recursos y favoreciendo la contaminación,
incitando al uso del vehículo privado en detrimento del transporte público y fomentando el estrés.
Atendiendo a esa idea, surge el concepto de Slow Cities o 'ciudades lentas'. Ciudades de menos de 50.000 habitantes, ubicadas en cualquier parte del mundo, muy diferentes entre sí, pero unidas por un objetivo común: mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos a partir de propuestas vinculadas con el territorio, el medio ambiente o las nuevas tecnologías.
Las Slow Cities buscan soluciones que den la posibilidad a sus ciudadanos de usar y disfrutar de su propia ciudad simple y fácilmente, imperando en ellas, el equilibrio entre modernidad y tradición, de forma que conviva la sabiduría del
pasado con las oportunidades tecnológicas y las soluciones de vanguardia. Además, las Slow Cities cumplen con los objetivos de la Agenda 2030 como el ODS3, ODS11 y ODS13.
En el marco de la Agenda Urbana Española y el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, la visión de las 'ciudades lentas' que no es otro que el que define el modelo de ciudad mediterránea propio del urbanismo español, pasa
por planificar las ciudades de manera consciente, integrada y desde la reflexión que la planificación estratégica conlleva para conseguir ciudades a la medida humana.
En este sentido, el planteamiento se articula como un principio transversal e inspirador que se articula en torno a los 10 Objetivos Estratégicos de la AUE que hacen hincapié en los aspectos medioambientales, sociales, económicos y que pone
en el centro la calidad de vida de los ciudadanos desde la perspectiva de ciudades más saludables, confortables, resilientes y sostenibles.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar, a través de la agenda urbana y en colaboración con todas las instituciones, el fomento de las Slow Cities con el objetivo de impulsar municipios y ciudades más sostenibles y
saludables para los ciudadanos/as.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2024.-Daniel Senderos Oraá, Ana Cobo Carmona, María Luisa García Gurrutxaga, Andreu Martín Martínez, Carmen Martínez Ramírez, Álvaro Morales Álvarez y Gonzalo Redondo Cárdenas,
Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el compromiso de España en la lucha contra el cambio climático en la COP 29,
para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El cambio climático es la mayor amenaza global que tenemos, tanto por sus causas, como por sus consecuencias, y requiere de una respuesta multilateral basada en la colaboración entre todos los países.
Un grupo de 30 científicos publicó hace semanas en la revista Nature un artículo en el que advertían de los riesgos de rebasar el límite de calentamiento de los 1,5 grados, aunque luego se logre volver a bajar de esa barrera. Y apuntan a
que, aunque se lograra bajar de los 1,5 grados tras una superación puntual, eso tendría impactos irreversibles en el planeta (como el incremento del nivel del mar) y daños socioeconómicos sobre todo en las poblaciones con menos recursos que tampoco
se podrían revertir. Uno de los países que según los expertos serán de los más afectados en Europa es España por nuestra
extensa zona costera, por nuestras grandes extensiones del territorio con riesgo de desertificación y por las temperaturas tan extremas que alcanzamos en la mayor parte de nuestro país en veranos que cada vez son más largos. Estos efectos
son especialmente graves, como es conocido, en las ciudades por el efecto isla de calor que debe ser combatido por sus perjudiciales efectos sobre la salud de sus habitantes.
La respuesta multilateral, en el contexto de Naciones Unidas, es la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC). Desde 1992, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) es
el foro más importante para la acción climática.
En pocos días, del 11 al 22 de noviembre, se celebrará en Bakú, Azerbaiyán, la vigésimo novena Conferencia de las Partes. Reunirá a líderes mundiales, gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para seguir negociando medidas
para combatir el cambio climático. Su objetivo principal es revisar los compromisos internacionales en la lucha contra la crisis climática.
Este año la COP29 será esencial para evaluar y fortalecer la acción climática y debe concretar la financiación necesaria para mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático.
En el contexto de la Unión Europea, el Pacto Verde Europeo, es el principal instrumento para alcanzar la neutralidad de carbono de aquí a 2050. Es necesario lograr un sistema energético más seguro, sostenible y asequible a escala de la
Unión Europea. La transición ecológica es la base para la transformación de nuestro modelo productivo y energético, nuestro continente ambiciona ser una sociedad más equitativa y próspera con una economía moderna y competitiva.
España viene abordando en los últimos años una intensa agenda de transición ecológica y uno de los líderes en la transformación del sistema energético.
En España llevamos 12 meses consecutivos superando el 50% de electricidad renovable de aportación al mix de generación, somos el primer gran país de la Unión Europea que en un año ha tenido un mix energético que en más de un 50% se ha
abastecido de energías renovables.
Los datos indican que en España hay un gran nivel de concienciación sobre el cambio climático y sus efectos, en un barómetro publicado en junio constatamos que el 78 % de la población española se siente expuesta a las consecuencias del
calentamiento global, 13 puntos por encima de la media mundial y 13 puntos por encima de la media europea.
El apoyo de la ciudadanía a la agenda transformadora que ha liderado el gobierno de España es por tanto mayoritario, además estas actuaciones han demostrado ser una palanca para la modernización y el crecimiento económico, el desarrollo de
ecosistemas industriales, la creación de empleo sostenible, el refuerzo de la competitividad y la reducción de la dependencia energética exterior.
Esta transformación conlleva impactos socioeconómicos directos muy positivos. En 2022, el sector de las renovables dio empleo a más de 130.000 personas, un 54% más que en 2018 en España, según el sector, mientras que nuestro país se sigue
posicionando como una de las principales potencias industriales en las energías renovables a nivel europeo y mundial.
Así, España es fabricante y exportador neto en tecnologías como la eólica, donde se posiciona como el 5o exportador a nivel mundial en aerogeneradores, o la solar fotovoltaica, donde es referente en varios segmentos clave de su cadena de
valor.
Todo lo anterior no habría sido posible sin el trabajo realizado por el Ministerio para la Transición ecológica y el reto demográfico y por un gobierno, que entendió que la apuesta por el cambio de modelo energético debía hacerse con
ambición, con rapidez y sin dejar a nadie por el camino, repartiendo los beneficios y compartiendo los esfuerzos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener la ambición y el compromiso demostrado por nuestro país en el seno de la Unión Europea y en la próxima conferencia de las partes de naciones unidas, que se celebra en Bakú, en la lucha contra el cambio climático.
2. Seguir siendo un ejemplo a nivel mundial que anime a seguir nuestros pasos a otros países desarrollados y que sirva de modelo para los países en vías de desarrollo, dando a conocer los resultados obtenidos por nuestro país.
3. Continuar aportando recursos y asesoramiento a países con menores capacidades económicas o tecnológicas para que puedan continuar avanzando en su transición a las energías limpias o en su adaptación a las consecuencias del cambio
climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Isabel María Pérez Ortiz, María de las Nieves Ramírez Moreno, Arnau Ramírez Carner y Luis Alfonso Rey de las Heras, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a establecer los procedimientos de intermediación y conciliación por las
administraciones competentes en materia de vivienda, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda digna, trasladando a los poderes públicos el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizarlo.
La vivienda constituye, por tanto, un pilar central del bienestar social como lugar de desarrollo de la vida privada y familiar, y resulta fundamental en el desarrollo de todo proyecto vital. La intervención de todas las administraciones
públicas es fundamental para corregir la falta de vivienda y garantizar que todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico y su lugar de residencia, puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Por ello, la política de vivienda ha sido una prioridad para el Gobierno de España desde que el año 2018 y ha formado parte destacada en las medidas de acción llevadas a cabo por el gobierno progresista en los últimos años. Siendo una de
las más relevantes la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, aprobada en la pasada legislatura como las primeras leyes de la democracia para avanzar en garantizar el derecho reconocido en la Constitución Española.
A través de la disposición final quinta de la Ley se introducen importantes mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad, a través de una modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
Entre otros aspectos que se recogen en esta disposición final quinta, se puede destacar la eliminación de la necesidad de consentimiento del interesado en el traslado a las Administraciones públicas competentes para comprobar su situación de
vulnerabilidad
en procedimientos de desahucio, se amplía el ámbito de protección cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad, se introducen diferentes mejoras técnicas en la redacción.
Se incluyen determinadas modificaciones con objeto de establecer, con carácter previo a que un gran tenedor de vivienda interponga una demanda declarativa o de ejecución hipotecaria, o inste la continuación de la vía de apremio, que implique
el lanzamiento de la parte demandada de la vivienda habitual, la comprobación de la posible situación de vulnerabilidad económica de la parte demandada y, en su caso, el sometimiento a un procedimiento de conciliación o intermediación.
Así se recogen determinadas modificaciones en el artículo 439 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), con la inclusión de dos nuevos apartados 6 y 7 al objeto de incluir un nuevo requisito de admisibilidad aplicable a
las demandas de desahucio arrendaticio, desahucio de precario, tutela sumaria de la posesión y protección de derechos reales inscritos (apartados recogidos en los números 1.º, 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la LEC).
Así como establecer el sometimiento a un procedimiento de conciliación o intermediación, en los casos en los que se dé la concurrencia de tres circunstancias, que la parte actora tenga la condición de gran tenedor de vivienda, que el
inmueble objeto de demanda constituya vivienda habitual de la persona ocupante y que la misma se encuentre en situación de vulnerabilidad económica. La aplicación de este procedimiento facilitará a las Administraciones competentes dar adecuada
atención a las personas y hogares afectados, ofreciendo respuesta a través de diferentes instrumentos de protección social y de los programas de política de vivienda.
En el supuesto de que se cumplan estas tres circunstancias - inmueble que constituya vivienda habitual, ocupante en situación de vulnerabilidad económica y demandante que sea gran tenedor de vivienda-, no se admitirán las demandas en las que
no se acredite que la parte actora se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y
subvenciones existentes conforme a la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda.
La concurrencia de los requisitos de gran tenedor y la existencia de una situación de vulnerabilidad económica debe producirse según lo recogido en la Ley de vivienda.
Desde la aprobación de la Ley por el derecho a la vivienda solo se conoce el establecimiento de este procedimiento por Castilla La Mancha e Islas Baleares.
Es necesario el establecimiento de estos procedimientos para poder avanzar en dar una respuesta adecuada a casos en los que concurren circunstancias de especial vulnerabilidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a las administraciones competentes a:
1. Establecer los oportunos procedimientos de intermediación y conciliación a que se refiere el apartado 7 del artículo 439 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidos a través de la disposición final quinta de la
Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
2. Crear y dotar los mencionados servicios de mediación y conciliación.
3. Ofrecer los servicios de mediación y conciliación a los propietarios que, no siendo grandes tenedores, quieran hacer uso del mismo con carácter previo a la vía judicial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2024.-Ignasi Conesa Coma, Rafaela Romero Pozo, Álvaro Morales Álvarez, Javier Rodríguez Palacios, Vicent Manuel Sarrià Morell, Paula Fernández Pena, Víctor Camino Miñana, Gabriel Cruz
Santana, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Isabel María Pérez Ortiz, Arnau Ramírez Carner y Alberto Rojo Blas, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias de la diputada Marta Madreñas i Mir, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Vivienda y
Agenda Urbana, una Proposición no de Ley para la cesión inmediata a Catalunya de la totalidad de los suelos residenciales, solares y viviendas de titularidad de la SAREB en Catalunya, así como de la financiación suficiente para proceder a la
rehabilitación de dichas viviendas.
Exposición de motivos
Uno de los pilares del estado del bienestar es el derecho a tener una vivienda digna, realidad que se ha visto muy afectada por diversos factores -globales y locales-. Hoy el precio de las viviendas, de alquiler y de compra, ha alcanzado
unos valores realmente inaccesibles por gran parte de la población de Catalunya.
El derecho a la vivienda está recogido en numerosos textos legales, como en el artículo 26 de derechos en el ámbito de la vivienda, de l'Estatut d'Autonomía de Catalunya vigente, así como en otras disposiciones que inspiran, guían y forman
parte del ordenamiento vigente, en tanto que disposiciones ratificadas por el Estado español, como puede ser el derecho a la vivienda adecuada reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o el artículo 11.1
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996.
Este derecho, a acceder a una vivienda digna, para muchos ciudadanos de Catalunya, es, como mínimo, una aspiración lejana e inalcanzable. Según datos recogidos en el Marc d'Acció per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya 2022-2025,
58.930 personas sufren una situación de sinhogarismo y/o exclusión residencial en Catalunya. Es más, según la fundación FOESSA, unas 915.000 persones viven en una vivienda insegura y 1,3 millones de personas viven en una vivienda inadecuada.
Muchas familias están afectadas con cláusulas abusivas y ejecutadas con una legislación contraria a los estándares europeos, sin importar la inexistencia de menores o personas mayores dependientes. En este sentido, es necesario impulsar un plan
para aumentar el número de viviendas destinadas a la emancipación juvenil y a un uso social que hoy en día siguen en manos de entidades financieras, cosa que se debe corregir, razón por la que exigimos el traspaso del patrimonio que tiene la SAREB
en Catalunya.
Se estima que la SAREB -la sociedad creada en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca ¡ participada al 50,1% por el Estado- dispone de más de 13.000 viviendas, más de 1700 obras en curso y casi 3000 solares en Catalunya como
fruto del rescate de varias entidades bancadas con recursos públicos, la cifra de las cuales nunca fue inferior a los 60.000 millones de euros.
Este mes de julio, la SAREB anunció la cesión de 12 de estos casi 3000 solares a Catalunya para construir 668 pisos de alquiler asequible. Se calcula, que si la SAREB cede 12 viviendas cada año, Catalunya necesitaría unos 240 años para
obtener la totalidad de los solares. Son demasiados. Apliquemos el sentido común: la población de Catalunya no puede esperar más. Se trata de unas viviendas que la ciudadanía -a través del estado- ya pagó, y ahora tienen que ser útiles. Por
esta razón, el debate legal sobre la titularidad de estos inmuebles debe resolverse de forma rápida, inteligente y pensando especialmente en los jóvenes y los colectivos sin vivienda.
Argumentamos, como hicimos en diferentes ocasiones, a través de distintos mecanismos y des de las dos cámaras, que una importante aportación para reducir el déficit de vivienda pública pasa por transferir a las comunidades autónomas, con la
fórmula que se acuerde, el patrimonio de la SAREB y que este pueda destinarse, especialmente, a paliar el problema de acceso de los jóvenes a una vivienda, y a urgencia sociales.
Desde la Generalitat de Catalunya se ha planteado, por carta y en conferencias bilaterales con el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, la necesidad y
urgencia de estudiar mecanismos que conduzcan a la cesión a las comunidades autónomas de la totalidad del patrimonio inmobiliario de la SAREB que, por sus características, pueda tener una utilidad colectiva inmediata.
De hecho, el 10 de octubre de 2024, en el marco del Debate de Política General, el Parlament de Catalunya, aprobó una propuesta de resolución presentada por Junts que reclamaba al Estado que pusiera a disposición de los municipios y de la
Generalitat de Catalunya de forma inmediata la totalidad de los suelos residenciales, solares y viviendas de titularidad de la SAREB con la financiación suficiente para proceder a la rehabilitación de las viviendas.
Sin embargo, y a pesar de la insistencia y la ingente cantidad de iniciativas legislativas impulsadas desde diferentes órganos parlamentarios, la cuestión planteada no ha tenido la respuesta que esperábamos por parte del Ministerio
competente en materia de políticas de vivienda.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Poner a disposición de los municipios, consejos comarcales y de la Generalitat de Catalunya, de forma inmediata, la totalidad de los suelos residenciales, solares y viviendas de titularidad de la SAREB en Catalunya, así como asignar la
financiación suficiente para su rehabilitación -si es el caso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2024.-Marta Madrenas i Mir, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancia de la diputada Marta Madreñas i Mir, d'acord amb l'establert a l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta per al seu debat a la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana,
una Proposició no de Llei per a la cessió immediata a Catalunya de la totalitat dels sòls residencial solars i habitatges de titularitat de la SAREB a Catalunya, així com el finançament suficient per a procedir a la rehabilitació dels habitatges
esmentats.
Exposició de motius
Un dels pilars de l'estat del benestar és el dret a tenir un habitatge digne, realitat que s'ha vist molt penalitzada per diversos factors -globals i locals-, Avui el preu dels habitatges, de lloguer i de compra, ha aconseguit uns preus
realment inaccessibles per a un majoria de la població de Catalunya.
El dret a l'habitatge està recollit en nombrosos textos legals, com és l'article 26 de drets a l'àmbit de l'habitatge, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya vigent, així com en altres disposicions que inspiren, guien i formen part de
l'ordenament vigent, en tant que disposicions ratificades per l'Estat espanyol, com pot ser el dret a l'habitatge adequat reconegut a l'article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 o l'article 11.1 del Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals de 1996.
Aquest dret, accedir a un habitatge digne, per a molts ciutadans de Catalunya, és, com a mínim, una aspiració llunyana i inabastable. Segons dades recollides al Marc d'Acció per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya 2022-2025, 58.930
persones pateixen una situació de sensellarisme i/o exclusió residencial a Catalunya. És més, segons la fundació FOESSA, unes 915.000 persones viuen en un habitatge insegur i 1,3 milions de persones viuen en un habitatge inadequat. Moltes famílies
estan afectades amb clàusules abusives i executades amb una legislació contraria ais estàndards europeus, sense importar l'existència de menors o persones grans dependents. En aquest sentit, cal impulsar un pla
per augmentar el nombre d'habitatges destinats a l'emancipació juvenil i a un ús social, habitatges que avui segueixen en mans d'entitats financeres, cosa que cal corregir, raó per la qual exigim el traspàs del patrimoni que la SAREB té a
Catalunya.
S'estima que la SAREB -la societat creada el 2012 per donar sortida ais actius tòxics de la banca i participada al 50,1% per l'Estat- disposa de més de 13.000 habitatges, més de 1700 obres en curs i gairebé 3000 solars a Catalunya, fruit del
rescat de diverses entitats bancàries amb recursos públics, la xifra dels quals mai va ser inferior ais 60.000 milions d'euros.
Aquest darrer mes de juliol, la SAREB va anunciar la cessió de 12 d'aquests gairebé 3000 solars a Catalunya per construir 668 pisos de lloguer assequible. Es calcula que, si la SAREB cedeix 12 solars cada any, Catalunya necessitaria uns 240
anys a obtenir-ne la totalitat. Son massa.
Apliquem el sentit comú: la població de Catalunya no pot esperar més. Es tracta d'uns habitatges que els ciutadans -a través de l'estat- ja van pagar, i ara han de ser útils. Per aquesta raó, el debat legal sobre la titularitat d'aquests
immobles s'ha de resoldre de manera ràpida, intel·ligent i pensant especialment en els joves i els col-lectius sense habitatge.
Argumentem, com ha vam fer en diferents ocasions, a través de diferents mecanismes i des de les dues cambres, que una important aportació per reduir el dèficit d'habitatge públic passa per transferir a les comunitats autònomes, amb la
formula que s'acordi, el patrimoni de la SAREB i que aquest pugui destinar-se, especialment, a pal·liar el problema d'accés dels joves a un habitatge i a urgències socials.
Des de la Generalitat de Catalunya ja s'ha plantejat diverses vegades, per carta i en conferencies bilaterals amb el Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana, la necessitat i la urgència d'estudiar mecanismes que condueixin a la
cessió a les comunitats autònomes de la totalitat del patrimoni immobiliari de la SAREB que, per les seves característiques, pugui tenir una utilitat col·lectiva immediata.
De fet, el 10 d'octubre de 2024, en el marc del Debat de Política General, el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució presentada per Junts que reclamava a l'Estat que posés a disposició dels municipis i de la Generalitat
de Catalunya de manera immediata la totalitat dels sols residencials, solars i habitatges de titularitat de la SAREB amb el finançament suficient per procedir a la rehabilitació dels habitatges.
Tot i això, i malgrat la insistència i la ingent quantitat d'iniciatives legislatives impulsades des dels diferents òrgans parlamentaris, la qüestió plantejada no ha tingut la resposta que esperàvem per part del Ministeri competent en
matèria de polítiques d'habitatge.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
Posar a disposició dels municipis, consells comarcals i de la Generalitat de Catalunya, de manera immediata, la totalitat dels sols residencials, solars i habitatges de titularitat de la SAREB a Catalunya, així com assignar-ne el finançament
suficient per a la seva rehabilitació -si és el cas.'
Palacio del Congreso, 16 d'octubre de 2024.-Marta Madrenas i Mir, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
Comisión de Economía, Comercio y Trasformación Digital
161/001366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación
Digital, sobre la adopción de medidas normativas para el desarrollo de una hipoteca a tipo fijo regulada para la adquisición de vivienda habitual.
Exposición de motivos
El objetivo de esta proposición es terminar con el traslado espurio de la gestión del riesgo hipotecario de los bancos a los hogares. Este traslado es posible gracias a una deficiente regulación hipotecaria que permite una política de
comercialización de créditos para la compra de viviendas que hace prevalecer la hipoteca a tipo variable sobre la hipoteca a tipo fijo, lo que se traduce en un mayor coste e inestabilidad financiera para los hogares, así como en una mayor
repercusión negativa de las políticas monetarias restrictivas sobre las familias españolas durante los períodos inflacionistas, como el que acabamos de padecer. Las consecuencias negativas se extienden también a las entidades de crédito que pierden
reputación con esta política y pueden aumentar su tasa de mora.
Esta realidad se comprueba en el predominio de las hipotecas a tipo de interés variable en el mercado hipotecario español a diferencia de otras grandes economías europeas. Hasta 2015 el 90% de los contratos hipotecarios se constituían a
tipo variable, una cifra significativamente superior a la registrada en países como Alemania (20%) o Francia (30%). En años recientes la contratación de créditos hipotecarios a tipo fijo o mixto ha ido ganando protagonismo hasta representar en
torno al 70% en 2022, aunque desde entonces ha caído nuevamente hasta el 60% actual y la previsible y progresiva rebaja del Euribor en los próximos meses promete hacer nuevamente prevalente la hipoteca a tipo variable.
A pesar de esta mejora del tipo fijo en el flujo de nuevas hipotecas de los últimos años, los datos del Banco de España y de la Asociación Hipotecaria Española revelan que, en junio de 2022, antes del inicio de la subida de tipos de interés
por parte del Banco Central Europeo, más del 70% de los 626.680 millones de euros del saldo vivo total en créditos hipotecarios (50% del PIB) estaba sujeto a un tipo de interés variable, lo que coloca a España en una posición anómala y vulnerable
ante cualquier proceso inflacionista generalizado que se traduzca en una respuesta de política monetaria restrictiva, como la implementada por el BCE desde la segunda mitad de 2022, o la que se podría producir si se generaliza la guerra en oriente
próximo y esta empuja al alza el precio de los hidrocarburos.
La diferencia en el peso de las hipotecas a tipo fijo y variable en el mercado hipotecaria español con respecto al europeo señalan, como se apuntaba, a un problema de regulación que produce una translación espuria de la gestión del riesgo
financiero a largo plazo de los bancos a los hogares. En efecto, la institución económica pensada para gestionar este tipo de riesgos a largo plazo son las entidades de crédito y no los hogares, pero la deficiente regulación hipotecaria permite que
estas acaben trasladando a las familias una parte no desdeñable de su responsabilidad empresarial y social. Esto se consigue mediante una comercialización abusiva de las hipotecas que se lleva a cabo por dos vías.
La primera es la comercialización preferente de las hipotecas a tipo variable por los bancos durante los períodos sin tensiones de precios o deflacionistas, cuando estos son artificialmente bajos y que son más comunes que los períodos
inflacionarios. Las entidades de crédito se aprovechan de la 'ilusión monetaria' que generan los tipos de interés bajos a corto plazo en los hogares que, a diferencia de los bancos, no cuentan con un
departamento de riesgos para ponderarlos a largo plazo. Precisamente esta incapacidad intrínseca de las familias para gestionar riesgo a largo plazo es lo que llevó en el siglo XX a crear los sistemas de protección universales para la
vejez.
La segunda vía es la limitación de los productos hipotecarios a un conjunto de opciones limitada y poco transparente, pues se desconoce el perfil de riesgo exigido para cada oferta hipotecaria, lo que hace que el prestatario no pueda elegir
o negociar, sino que simplemente acepta unas condiciones que le vienen dadas, e incluso 'padece' hasta que se le concede el crédito dada la falta de transparencia del proceso y la urgencia del hogar por perfeccionar el contrato de compraventa de una
vivienda tras el depósito de unas arras. Esta manera de operar es ciertamente oportunista si se considera que los bancos operan bajo la concesión pública de 'poder crear dinero de la nada'. En efecto, los bancos privados no necesitan que nadie
haya depositado previamente sus ahorros en el banco para conceder un crédito, sino que tienen delegado por el sector público la capacidad de crear crédito, aunque en el proceso deben cumplir con una serie de requisitos regulatorios relacionados con
la solvencia, liquidez y nivel de reservas.
En consecuencia, los perfiles de riesgo asociados a las ofertas hipotecarias deberían transparentarse y sus tipos de interés ser menos homogéneos entre entidades, reflejando la posición de cada banco en el cumplimiento de esos requisitos.
Ahora ocurre lo opuesto, los tipos de interés hipotecarios son muy parecidos entre entidades y los requisitos regulatorios se cumplen ajustando la oferta de crédito. Todo esto produce un incremento extraordinario de los ingresos que obtienen los
bancos vía intereses hipotecarios y un aumento de la inestabilidad financiera de los hogares.
La solución de estas disfuncionalidades pasa por copiar la experiencia del mercado eléctrico, donde los consumidores pueden elegir entre tarifas de mercado, sujetas a variaciones, y tarifas reguladas que ofrecen mayor estabilidad y
previsibilidad. La propuesta de crear una hipoteca a tipo fijo regulada para la compra de vivienda habitual pretende ofrecer a los ciudadanos una alternativa sólida y transparente para acceder a una vivienda, mitigando el impacto de la
incertidumbre económica y garantizando un tipo de interés estable y predecible a largo plazo, desvinculado del interés de las entidades financieras por maximizar su beneficio.
Esta hipoteca regulada se acompañaría, asimismo, de un perfil de riesgo asociado mínimo que debería cumplir el prestatario para acceder a la misma y que aseguraría su solvencia para hacer frente al pago de la hipoteca. Obviamente, esta
hipoteca regulada no limita el resto de ofertas hipotecarias que quieran ofertar las entidades de crédito, pero si fija una referencia que estarían obligadas a ofertar en cualquier operación de endeudamiento para la compra de una vivienda habitual.
Adicionalmente, Los actuales hipotecados tendrán la posibilidad de novar su préstamo hipotecario en la nueva hipoteca regulada.
El perfil de riesgo asociado a la hipoteca regulada se cumpliría con al menos estos dos requisitos:
- Relación laboral estable.
- Límite máximo de la cuota hipotecaria más resto de intereses por deudas respecto a los ingresos del hipotecado: 40%.
El tipo fijo de la hipoteca regulada sería el de los bonos del Tesoro a 10 años. Esta equivalencia obedece a que el riesgo que asume una entidad cuando concede un crédito hipotecario es nulo, en tanto, que éste tiene una doble garantía:
(1) el valor de la garantía que se entrega supera en un 20% a la cuantía del crédito hipotecario; y (2) la garantía hipotecaria es personal en España, es decir, el hipotecado responde con toda su renta y patrimonio para responder al pago de la
deuda y no solo con el valor de la vivienda hipotecada no habiendo dación en pago salvo en casos de extrema vulnerabilidad.
La remuneración del bono a 10 años estuvo apreciablemente por encima del interés pagado por las nuevas hipotecas a tipo variable durante la crisis del Euro, cuando el BCE -extralimitándose de su mandato-, utilizó las primas de riesgo de la
deuda pública para imponer políticas de ajuste a los países miembro. Esta situación parece muy difícil que se
repita. A partir de 2024, sin embargo, con el cambio del signo de la política monetaria, el bono se sitúa sostenidamente por debajo del interés de las hipotecas variables hasta el primer trimestre de 2022, cuando el aumento del
endeudamiento público para combatir la pandemia eleva su coste por encima del de las hipotecas a tipo variable. No obstante, la remuneración del bono converge con el de las hipotecas a partir de 2024.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Diseñar y aprobar las medidas normativas necesarias para el desarrollo de una hipoteca a tipo fijo regulada para la adquisición de vivienda habitual, que tengan que ofertar todas las entidades de crédito, como medida para mitigar la
exposición de las familias a las fluctuaciones en los tipos de interés.
Esta hipoteca regulada tendrá las siguientes características:
- Destino del préstamo: adquisición de vivienda habitual.
- Tipo de interés: el equivalente al tipo de emisión de los Bonos del Tesoro a 10 años, con un TAE mínimo del 1%.
- Plazo máximo: 360 meses (30 años).
- Sistema de amortización: francés o alemán.
- Máximo de servicios vinculados al préstamo hipotecario: domiciliación de nómina en la cuenta donde se giran las cuotas hipotecarias.
- Comisiones de apertura o cancelación anticipada: sin comisiones.
- Límite máximo de crédito respecto al valor de la vivienda: 80%.
El perfil de riesgo asociado a la hipoteca regulada:
- Relación laboral estable.
- Límite máximo de la cuota hipotecaria más resto de intereses por deudas respecto a los ingresos del hipotecado: 40%.'
Palacio del Congreso, 17 de octubre de 2024.-Carlos Martín Urriza y Alberto Ibáñez Mezquita, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001390
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre el impulso de actuaciones contra la morosidad.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de errores presentada mediante escrito número de registro 45544, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Proposición no de Ley sobre el impulso de actuaciones contra la morosidad. Para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La morosidad es una de las principales lacras que sufren miles de pymes y trabajadores autónomos, que ven cómo las grandes empresas se benefician de una posición dominante y de la falta de un régimen sancionador que desincentive esta
práctica abusiva.
La legislatura pasada el Grupo Parlamentario Republicano estuvo trabajando, en el marco de la ley de creación y crecimiento de empresas, para garantizar que estar al corriente del pago a proveedores fuera un requisito para poder recibir
subvenciones de más de 30.000. De hecho con la aprobación en setiembre del 2022 de la Ley 18/2022 de crecimiento creación y crecimiento de empresas se aprobaron a instancia y negociación de Esquerra Republicana medidas tan relevantes como crear el
Observatorio Estatal de la morosidad privada. Sin embargo, el gobierno incumplió los plazos de creación de ese organismo fijados por ley y, desde que lo crearon formalmente hace más de 5 meses, no se ha constituido ni ha celebrado ninguna reunión.
Por otra parte, y pese a lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la morosidad sigue
siendo un problema de primer orden. Según el Informe sobre la Morosidad de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad para el ejercicio 2023 la morosidad continúa siendo un grave problema para las empresas, especialmente para las pymes y
autónomos. Así según este informe, aunque el plazo de pago legal máximo para el sector privado es de sesenta días, el plazo medio de pago es de setenta días. Los subcontratistas, la mayoría pymes, cobran de los contratistas principales, la mayoría
grandes empresas, a 99 días. También según el mencionado informe, la mayoría de las empresas que pagan con retraso, el 59%, son las grandes empresas. Y de estas, solo el 26% por ciento pagan dentro de plazo. Según constata la Plataforma
Multisectoriual contra la Morosidad, el 62% de las empresas encuestadas manifiestan tener contratos o acuerdos comerciales con clientes que exigen pagos superiores a los 60 días. Del mismo modo, el plazo de pago legal máximo en el sector público es
de treinta días, mientras que el plazo medio de pago estaba en 2023 según el mismo informe en 55 días. Finalmente, según este mismo informe, en el ejercicio 2023, el 83% de las empresas que han solicitado alguna subvención de un importe superior a
30.000 euros manifiestan que no han tenido que aportar ninguna certificación respecto a sus plazos medios de pago.
Aunque, ciertamente, la situación ha mejorado desde los peores años de la crisis, el Estado español sigue siendo el país con los plazos de pago más largos de la Unión Europea.
Hay que recordar que en el Estado español más del 90% de las empresas son pequeñas, que representan un 60% del PIB, y que generan un 70% del empleo. Las pequeñas y medianas empresas son las grandes marginadas de una contratación pública que
está diseñada para beneficiar a las grandes empresas mediante la licitación de grandes lotes. Sin embargo, una vez ganados estos grandes lotes, las grandes empresas subcontratan a precios de explotación a las pymes, que son las que verdaderamente
terminan implementando las obras, pero sin tener una justa correlación en los beneficios. Y peor aún, las pymes son las que acaban financiando la obra, asumiendo los riesgos y sufriendo la escandalosa y legalmente aceptada morosidad en el pago de
las grandes empresas.
La morosidad de las grandes empresas con las pymes es un problema persistente que lastra la competitividad, dispara la asfixia financiera de las pequeñas y medianas empresas, y limita gravemente su capacidad de crecimiento. Y por supuesto,
este proceso de precarización en la subcontratación de las pymes supone también un proceso de precarización de las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y los trabajadores. Ambos son víctimas de un juego perverso en el que los que
menos ganan son los que verdaderamente ponen el dinero y el esfuerzo productivo. Un juego en perfecta sintonía con el hecho de que la economía productiva soporte mayor carga impositiva que las grandes empresas.
El proceso regresivo que están sufriendo las pequeñas y medianas empresas en el Estado español está claramente vinculado a una legislación que perjudica su competitividad y compromete su futuro. La morosidad no puede ser una herramienta
financiera al margen de la libre competencia que aqueja económicamente a las pymes, impide su crecimiento y llegue a poner en peligro su viabilidad.
Las consecuencias son especialmente alarmantes en épocas de restricción del crédito. La morosidad es económicamente provechosa para los deudores, que se benefician de una financiación gratuita a costa de sus proveedores y suministradores.
El alto coste y la lentitud de los procedimientos judiciales suponen también un incentivo para continuar infringiendo la ley en esta materia.
En general son las Administraciones Públicas y las empresas de mayor tamaño -que gozan de la capacidad para imponer condiciones abusivas- las grandes beneficiadas de los largos plazos de pago al Estado español. Es por ello necesario
establecer incentivos para que los pagos se realicen sin demora.
En ausencia de una solución efectiva que permita incrementar la competitividad y viabilidad de nuestras pymes, así como eliminar el riesgo sistémico de una eventual crisis de liquidez, es necesario establecer medidas que reduzcan los plazos
de pago: la implantación de un régimen sancionador y otras propuestas de lucha contra la morosidad para combatir el retraso de los pagos a proveedores de la Administración y de las empresas privadas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Convocar en el plazo máximo de un mes la primera reunión del observatorio estatal de la morosidad, a los efectos que pueda iniciar sus trabajos, así como la elaboración del informe anual correspondiente al ejercicio 2024.
2. Que en el plazo máximo de dos meses proceda a elaborar un informe, que remitirá, a la comisión de Economía del Congreso de los Diputados, respecto cuantos requerimientos de los contemplados en el artículo 217 de la ley de contratos
públicos han realizado la administración general del estado y sus entes y empresas dependientes desde octubre del 2022 hasta octubre del 2024. Este informe también deberá incluir el número de comprobaciones realizadas de acuerdo con el artículo
217.2 y el número de penalidades establecidas.
3. Que en el plazo máximo de dos meses proceda a elaborar un informe que remitirá a la comisión de economía del congreso respecto al cumplimento respecto la administración general del estado y sus entes dependientes, del nuevo apartado 3
bis del artículo 13 de la ley general de subvenciones. En dicho informe deberá constar, entre otros aspectos, cuántos certificados emitidos por auditor, se han aportado en las convocatorias estatales hasta octubre del 2024.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Exposició de motius
La morositat és una de les principals xacres que pateixen milers de pimes i treballadors autònoms, que veuen com les grans empreses es beneficien d'una posició dominant i de la manca d'un règim sancionador que desincentivi aquesta pràctica
abusiva.
La legislatura passada, el Grup Parlamentari República va estar treballant, en el marc de la llei de creació i creixement d'empreses, per garantir que estar al corrent del pagament ais proveïdors fos un requisit per poder rebre subvencions
de més de 30.000. De fet, amb l'aprovació al setembre del 2022 de la Llei 18/2022 de creació i creixement d'empreses, es van aprovar a instàncies i negociació d'Esquerra Republicana mesures tan rellevants com crear l'Observatori Estatal de la
morositat privada. No obstant això, el govern va incomplir els terminis de creació d'aquest organisme fixats per llei i, des que el van crear formalment fa més de 5 mesos, no s'ha constituït ni ha celebrat cap reunió.
D'altra banda, malgrat el que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la morositat segueix
sent un problema de primer ordre. Segons l'informe sobre la Morositat de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat per a l'exercici 2023, la morositat continua sent un greu problema per a les empreses, especialment per a les pimes i
autònoms. Així, segons aquest informe, tot i que el termini màxim legal de pagament per al sector privat és de seixanta dies, el termini mitjà de pagament és de setanta dies. Els subcontractistes, la majoria pimes, cobren dels contractistes
principals, la majoria grans empreses, a 99 dies. També segons l'esmentat informe, la majoria de les empreses que paguen amb retard, el 59%, són les grans empreses. I d'aquestes, només el 26% paguen dins del termini. Segons constata la Plataforma
Multisectorial contra la Morositat, el 62% de les empreses enquestades manifesten tenir contractes o acords comercials amb clients que exigeixen pagaments superiors ais 60 dies. De la mateixa manera, el termini màxim legal de pagament en el sector
públic és de trenta dies, mentre que el termini mitjà de pagament el 2023, segons el mateix informe, era de 55 dies. Finalment, segons aquest mateix informe, en l'exercici 2023, el 83% de les empreses que han sol licitat alguna subvenció d'un
import superior a 30.000 euros manifesten que no han hagut d'aportar cap certificació respecte ais seus terminis mitjans de pagament.
Tot i que, certament, la situació ha millorat des dels pitjors anys de la crisi, l'Estat espanyol continua sent el país amb els terminis de pagament més llargs de la Unió Europea.
Cal recordar que a l'Estat espanyol més del 90% de les empreses són petites, que representen un 60% del PIB, i que generen un 70% de l'ocupació. Les petites i mitjanes empreses són les grans marginades d'una contractació pública que està
dissenyada per beneficiar les grans empreses mitjançant la licitació de grans lots. No obstant això, un cop guanyats aquests grans lots, les grans empreses subcontracten a preus d'explotació a les pimes, que són les que veritablement acaben
implementant les obres, però sense tenir una justa correlació en els beneficis. I pitjor encara, les pimes són les que acaben finançant l'obra, assumint els riscos i patint la escandalosa i legalment acceptada morositat en el pagament de les grans
empreses.
La morositat de les grans empreses amb les pimes és un problema persistent que llasta la competitivitat, dispara l'asfíxia financera de les petites i mitjanes empreses i limita greument la seva capacitat de creixement. I, per descomptat,
aquest procés de precarització en la subcontratació de les pimes suposa també un procés de precarització de les condicions laborals i salarials de les treballadores i treballadors. Tots dos són víctimes d'un joc pervers en què els que menys guanyen
són els que veritablement posen els diners i l'esforç productiu. Un joc en perfecta sintonia amb el fet que l'economia productiva suporta més càrrega impositiva que les grans empreses.
El procés regressiu que estan patint les petites i mitjanes empreses a l'Estat espanyol esta clarament vinculat a una legislació que perjudica la seva competitivitat i compromet el seu futur. La morositat no pot ser una eina financera al
marge de la lliure competència que afecti econòmicament les pimes, impedeixi el seu creixement i posi en perill la seva viabilitat.
Les conseqüències són especialment alarmants en èpoques de restricció del crèdit. La morositat és econòmicament avantatjosa per ais deutors, que es beneficien d'un finançament gratuït a costa dels seus proveïdors i subministrados. El cost
elevat i la lentitud dels procediments judicials suposen també un incentiu per continuar infringint la llei en aquesta matèria.
En general, són les Administracions Públiques i les empreses de major grandària -que gaudeixen de la capacitat d'imposar condicions abusives- les grans beneficiades dels llargs terminis de pagament a l'Estat espanyol. És per això que cal
establir incentius perquè els pagaments es realitzin sense demora.
En absència d'una solució efectiva que permeti incrementar la competitivitat i viabilitat de les nostres pimes, així com eliminar el risc sistèmic d'una eventual crisi de liquiditat, és necessari establir mesures que redueixin els terminis
de pagament: la implantació d'un règim sancionador i altres propostes de lluita contra la morositat per combatre el retard dels pagaments ais proveïdors de l'Administració i de les empreses privades.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el govern espanyol a:
1. Convocar en el termini màxim d'un mes la primera reunió de l'Observatori Estatal de la Morositat, a l'efecte que pugui iniciar els seus treballs, així com l'elaboració de l'informe anual corresponent a l'exercici 2024.
2. Que en el termini màxim de dos mesos procedeixi a elaborar un informe, que remetrà a la comissió d'Economia del Congrés dels Diputats, respecte de quants requeriments dels contemplats a l'article 217 de la llei de contractes públics han
realitzat l'administració general de l'Estat i els seus ens i empreses dependents des de l'octubre del 2022 fins a l'octubre del 2024. Aquest informe també haurà d'incloure el nombre de comprovacions realitzades d'acord amb l'article 217.2 i el
nombre de penalitats establertes.
3. Que en el termini màxim de dos mesos procedeixi a elaborar un informe que remetrà a la comissió d'economia del Congrés respecte al compliment per part de l'administració general de l'Estat i els seus ens dependents, del nou apartat 3 bis
de l'article 13 de la Llei General de Subvencions. En aquest informe haurà de constar, entre altres aspectes, quants certificats emesos per auditor s'han aportat en les convocatòries estatals fins a l'octubre del 2024.'
Palacio del Congreso, 18 d'octubre de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Sanidad
161/001351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre fomentar la utilización de medicamentos reguladores del mercado en el SNS:
genéricos y biosimilares, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
España cuenta con una importante industria farmacéutica de medicamentos genéricos, comprometida con la l+D+i además de los más de 40.000 empleos directos e indirectos y con una salida de precios al mercado un 40% más económico, que regula,
libera y reduce la factura pública de medicamentos.
Porque el gasto sanitario público consolidado en farmacia en España aumenta año tras año y supone ya aproximadamente un 30% del total del gasto sanitario público. En este contexto, en el que nos enfrentamos a una situación marcada por la
necesidad de contener el gasto en farmacia, los medicamentos genéricos y biosimilares suponen una importante ventaja. Son reguladores del mercado, suponen un ahorro directo para la ciudadanía, que abona un precio menor por el medicamento, y un
ahorro sobre el gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Los medicamentos genéricos y los biosimilares son medicamentos equivalentes en su composición o estructura molecular, actividad farmacológica, eficacia y seguridad al medicamento de marca de referencia. Estos medicamentos se autorizan
después de finalizar el periodo de exclusividad otorgado por la patente del medicamento de referencia y han demostrado ser una herramienta fundamental para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, proporcionando tratamientos eficaces y seguros
a un coste considerablemente menor que a sus equivalentes de marca, ya que sobre ellos no repercuten las inversiones de investigación y desarrollo del medicamento. Su aparición mejora el acceso a la innovación a los pacientes, garantiza la
competencia en el mercado y fomenta la innovación, ya que son claves para que los laboratorios originales orienten sus inversiones a l+D de nuevas moléculas.
Pese a todo lo descrito anteriormente, la adopción de los medicamentos genéricos en España está estancada desde el año 2015, con una cuota de mercado de un 41% (unidades), frente al 65% de la media europea, según datos de la Asociación
Española de medicamentos genéricos (Aeseg), lo cual supone una oportunidad perdida para mejorar la eficiencia del gasto sanitario. En el caso de los medicamentos biosimilares, la cuota de mercado asciende al 73% de media en hospitales, mientras que
desciende al 30% entre los de venta en oficina de farmacia, según datos de la Asociación Española de Biosimilares (Biosim). También son muy grandes las diferencias de penetración de biosimilares entre comunidades autónomas, datos que dejan entrever
un amplio margen de mejora en su uso en nuestro país.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a incluir en la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios medidas encaminadas a:
1. Apostar por la producción de medicamentos genéricos y biosimilares en España desarrollando incentivos para promover el interés de la industria en nuestro país y reduciendo la dependencia de terceros países.
2. Desarrollar actuaciones informativas y formativas a los agentes implicados y a la ciudadanía de la utilización de los medicamentos genéricos y biosimilares y de la eficiencia que suponen para el SNS.
3. Priorizar la evaluación de los expedientes de los medicamentos genéricos y biosimilares y el posicionamiento de estos en los catálogos hospitalarios.
4. Definir criterios de fijación de precios que determinen un precio menor para los medicamentos genéricos y biosimilares con respecto a los correspondientes medicamentos de las marcas de referencia, apostando por la libre competencia de
precios, tal y como ocurre en la mayoría de los países europeos, y permitiendo que los pacientes puedan cubrir la diferencia de precio si prefiere adquirir el medicamento de la marca de referencia.
5. Utilizar la prescripción por principio activo (DOE), exceptuando los medicamentos considerados como no sustituibles.
6. Fomentar la intercambiabilidad de medicamentos biosimilares bajo la aceptación del paciente en el SNS.
7. Fomentar la prescripción del medicamento más coste-efectiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2024.-Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Víctor Camino Miñana, María Luisa Faneca López, Margarita Martín Rodríguez, Carmen Martínez Ramírez, María Isabel Moreno Fernández,
Modesto Pose Mesura, Caridad Rives Arcayna, Emilio Sáez Cruz, María Sainz Martín y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la necesidad de adoptar medidas que faciliten la viabilidad laboral de las personas investigadoras perceptoras de las Ayudas María Zambrano, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
En enero de 2021 el Ministerio de Universidades presentaba los nuevos programas de ayudas para la recalificación, la movilidad internacional y la atracción de talento en el sistema universitario.
A tal fin fue aprobado el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la recalificación del sistema universitario y, posteriormente, fue publicada la Orden
UNI/551/2021, de 26 de mayo, por la que se conceden las subvenciones previstas en el citado Real Decreto.
Entre estas ayudas el Ministerio aprobó las Ayudas María Zambrano dirigidas a personal investigador con una trayectoria posdoctoral no inferior a 24 meses en universidades o centros I+D del Estado o extranjeros. Las ayudas se estipulaban
para un período comprendido entre 1 y 3 años.
Sin embargo, estas ayudas no están sirviendo o permitiendo la estabilización y consolidación laboral. No garantizan el futuro laboral y se quedan en programas temporales, sin proyección, por lo que sumen en una gran inquietud a la comunidad
científica perceptora.
Las María Zambrano para la atracción de talento internacional supusieron la incorporación a las Universidades de muchas personas que confiaron en el compromiso establecido por el Gobierno y que, en muchos casos, implicó que abandonaran sus
puestos de trabajo como investigadores e investigadoras en países extranjeros. De hecho, tal y como explican muchos de ellos, la convocatoria pública exigía una trayectoria consolidada en centros internacionales, un requisito fijado para recuperar
talento y mejorar la calidad del sistema universitario del Estado.
Las personas investigadoras becarias de las María Zambrano explican que desde que se incorporaron a las Universidades, abrieron nuevas líneas de investigación, promovieron nuevas sensibilidades epistémicas, ensayaron metodologías
innovadoras, acercaron nueva producción científica, atrajeron estudiantes de posgrado y la reordenación de equipos. Además, pusieron en marcha proyectos de investigación (actualmente en curso) y solicitaron fuentes de financiación estatal e
internacional que aún están a la espera de resolución.
La inminente extinción de los contratos supondrá la interrupción de todo este trabajo científico y paralizará el impulso investigador iniciado. En palabras de ellos mismos, nacer y morir con ellos. Consideran que la pérdida de este empuje
científico será una regresión para las Universidades, para la comunidad científica, para los territorios donde se ha desarrollado y para las personas investigadoras que vieron, no solo una oportunidad laboral- científica, sino la ilusión de poder
volver a vivir y trabajar dónde nacieron.
Consideran que sus trayectorias en el extranjero, exigidas como criterio, no facilitaron su entrada en el sistema universitario en igualdad de condiciones. Tuvieron que impulsar todas las redes de trabajo y desarrollar los proyectos de
investigación, al tiempo que atendían otras responsabilidades de la vida académica como la docencia y la formación. A pesar de eso, muchas de estas personas están aún inmersas en procesos burocráticos imprescindibles para adaptar sus perfiles
académicos al marco normativo del sistema universitario: equiparación de títulos, acreditaciones y certificados nacionales (ANECA y R3).
Pasa lo mismo con los procedimientos para las solicitudes de contratos de investigación estatales y europeos competitivos, como las Ramón y Cajal.
En definitiva, estas personas investigadoras tienen muchos problemas para acceder a las vías convencionales de estabilización como el Programa ATRAE porque no están funcionando como plataformas viabilizadoras de su trabajo. Por distintas
cuestiones no se les considera candidatos/as aptos. La paradoja es que el Ministerio considera que esas mismas personas son aptas para el Programa María Zambrano pero no les abre la vía a que puedan desarrollar su labor científica en el Estado
español.
Por todo esto, el colectivo de investigadores e investigadoras considera necesario establecer una prórroga mínima de un año de vigencia de las Ayudas María Zambrano en las Universidades del Estado para poder disponer de un tiempo prudencial
que permita resolver los proyectos de investigación iniciados, así como otras equiparaciones, acreditaciones y certificados (R3) solicitados. Necesitan este tiempo para trabajar en el diseño del programa de retención propuesto y terminar de
normalizar los perfiles para poder competir en igualdad.
Demandan asimismo que, con la máxima celeridad, se creen plazas de Profesorado Permanente Laboral para el curso 2024/2025 y que se tenga en cuenta la experiencia en docencia y estancias en centros extranjeros. Proponen también, colaborar en
el diseño de una plataforma que permita retener el talento investigador mediante la realización de un Programa anual de Retención de Talento, a lo que pueda presentarse el personal investigador que no tiene posibilidad de presentarse a otras
convocatorias -por ejemplo las Ramón y Cajal-.
En conclusión, el BNG comparte y traslada la demanda del colectivo de investigadores e investigadoras de otorgar oportunidades de futuro para aquellas personas que apostaron por volver y contribuir al desarrollo científico. Es preciso
garantizar y promover la estabilización, no tiene sentido financiar programas de dos o tres años sin perspectiva de continuidad. El Gobierno tiene una deuda pendiente con las personas que se dedican a la ciencia y cumplir con sus compromisos de
inversión, incremento y fortalecimiento de la investigación en el Estado español.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a:
1. Establecer una prórroga mínima de un año de vigencia de las Ayudas María Zambrano en la Universidades del Estado para facilitar un intervalo de tiempo que permita a las personas investigadoras resolver los proyectos de investigación
solicitados, así como las equiparaciones, acreditaciones y certificados (R3) solicitados, trabajar en el diseño del programa de retención propuesto y terminar de normalizar los perfiles para poder competir en igualdad.
2. Aprobar, cuanto antes, la creación de plazas de Profesorado Permanente Laboral teniendo en cuenta la experiencia docente y las estancias en centros extranjeros.
3. Confeccionar, en colaboración con el personal investigador, una plataforma que permita retener el talento investigador con un Programa Anual de Retención del Talento al que pueda presentarse el personal investigador de los programas de
recursos humanos que no tienen posibilidad de presentarse a otras convocatorias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso de los Diputados
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei sobre
a necesidade de adoptar medidas que faciliten a viabilidade laboral das persoas investigadoras perceptoras das Axudas María Zambrano para o seu debate na Comisión de Ciencia, Innovación e Universidades.
Exposición de motivos
En xaneiro de 2021 o Ministerio de Universidades presentaba os novos programas de axudas para a recualificación, a mobilidade internacional e a atracción de talento no sistema universitario.
A tal fin foi aprobado o Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, polo que se regula a concesión directa de subvencións a universidades públicas para a recualificación do sistema universitario e, posteriormente, foi publicada a Orde
UNI/551/2021, de 26 de maio, pola que se conceden as subvencións previstas no citado Real Decreto.
Entre estas axudas o Ministerio aprobou as Bolsas María Zambrano dirixidas a persoal investigador cunha traxectoria pos-doutoral non inferior a 24 meses en universidades ou centros I+D do Estado ou estranxeiros. As axudas estipulábanse para
un período comprendido entre 1 e 3 anos.
Porén, estas axudas non están servindo ou permitindo a estabilización e consolidación laboral. Non garanten o futuro laboral e quedan en programas temporais, sen proxección, polo que sumen nunha grande inquietude á comunidades científica
perceptora.
As María Zambrano para a atracción de talento internacional supuxeron a incorporación ás Universidades de moitas persoas que confiaron no compromiso estabelecido polo Goberno e que, en moitos casos, supuxo que tiveran que abandonar os seus
postos de traballo como investigadores e investigadoras en países estranxeiros. De feito, tal e como explican moitos deles, a convocatoria pública esixía unha traxectoria consolidada en centros internacionais, un requisito estabelecido para
recuperar talento e mellorar a calidade do sistema universitario do Estado.
As persoas investigadoras bolseiras das María Zambrano explican que desde que se incorporaron ás Universidades, abriron novas liñas de investigación, promovéronse novas sensibilidades epistémicas, ensaiaron metodoloxías innovadoras,
achegaron nova produción científica, atraeron estudantes de pos-grao e a reordenación de equipos. Ademais, puxeron en marcha proxectos de investigación (actualmente en curso) e solicitaron fontes de financiamento estatal e internacional que aínda
están á espera de resolución.
A inminente extinción dos contratos suporá a interrupción de todo este traballo científico e paralizará o impulso investigador iniciado. En palabras deles mesmos, nacer e morrer con eles. Consideran que a perda deste impulso científico
será unha regresión para as Universidades, para a comunidade científica, para os territorios onde se desenvolveu e para as persoas investigadoras que viron non só unha oportunidade laboral-científica senón a ilusión de poder volver vivir e traballar
onde naceron.
Consideran que as súas traxectorias no estranxeiro, esixidas como criterio, non facilitaron a súa entrada no sistema universitario en igualdade de condicións. Tiveron que impulsar todas as redes de traballo e desenvolver os proxectos de
investigación, ao tempo que atendían outras responsabilidades da vida académica como a docencia e a formación. A pesar diso, moitas destas persoas están aínda inmersas en procesos burocráticos imprescindibles para adaptar os seus perfís académicos
ao marco normativo do sistema universitario: equiparación de títulos, acreditacións e certificados nacionais (ANECA e R3). Pasa o mesmo cos procedementos para as solicitudes de contratos de investigación estatais e europeos competitivos, como as
Ramón y Cajal.
En definitiva, estas persoas investigadoras teñen moitos problemas para acceder ás vías convencionais de estabilización como o Programa ATRAE porque non están a funcionar como plataformas viabilizadoras do seu traballo. Por distintas
cuestións non se lles considera candidatos/as aptos. O paradoxo é que o Ministerio considera que esas mesmas persoas son aptas para o Programa María Zambrano pero non lles abre a vía a que poidan desenvolver o seu labor científico no Estado
español.
Por todo isto, o colectivo de investigadores e investigadoras considera necesario estabelecer unha prórroga mínima dun ano de vixencia das Axudas María Zambrano nas Universidades do Estado para poder dispor dun tempo prudencial que permita
resolver os proxectos de investigación iniciados, así como outras equiparacións, acreditacións e certificados (R3) solicitados. Necesitan este tempo para traballar no deseño do programa de retención proposto e terminar de normalizar os perfís para
poder competir en igualdade.
Demandan así mesmo que, coa máxima celeridade, se creen prazas de Profesorado Permanente Laboral para o curso 2024/2025 e que se teña en conta a experiencia en docencia e estancias en centros estranxeiros. Propoñen tamén colaborar no deseño
dunha plataforma que permita reter o talento investigador mediante a realización dun Programa anual de Retención de Talento, ao que poida presentarse o persoal investigador que non ten posibilidade de presentarse a outras convocatorias -por exemplo
as Ramón y Cajal-.
En conclusión, o BNG comparte e traslada a demanda do colectivo de investigadores e investigadoras de outorgarlles oportunidades de futuro para aquelas persoas que apostaron por volver e contribuír ao desenvolvemento científico. É preciso
garantir e promover a estabilización, non fai sentido financiar programas de dous ou tres anos sen perspectiva. O Goberno ten unha débeda pendente coas persoas que se dedican á ciencia e cumprir cos seus compromisos de investimento, incremento e
fortalecemento da investigación no Estado español.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado, a través do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, a:
1. Estabelecer unha prórroga mínima dun ano de vixencia das Axudas María Zambrano ñas Universidades do Estado para facilitar un intervalo de tempo que permita ás persoas investigadoras resolver os proxectos de investigación solicitados, así
como as equiparacións, acreditacións e certificados (R3) solicitados, traballar no deseño do programa de retención proposto e terminar de normalizar os perfís para poder competir en igualdade.
2. Aprobar, canto antes, a creación de prazas de Profesorado Permanente Laboral tendo en conta a experiencia docente e as estancias en centros estranxeiros.
3. Confeccionar, en colaboración co persoal investigador, unha plataforma que permita reter o talento investigador cun Programa Anual de Retención do Talento ao que poida presentarse o persoal investigador dos programas de recursos humanos
que non teñen posibilidade de presentarse a outras convocatorias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de outubro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para ofrecer continuidad al personal investigador del Programa Margarita Salas para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
En enero de 2021 el Ministerio de Universidades presentaba los nuevos programas de ayudas para la recalificación, la movilidad internacional y la atracción de talento en el sistema universitario.
A tal fin aprobó el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la recalificación del sistema universitario. Posteriormente publicó la Orden UNI/551/2021, de
26 de mayo, por la que se conceden las subvenciones previstas en el citado Real Decreto.
Entre estas ayudas el Ministerio aprobó las bolsas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores y doctoras. Un Programa paralelo al María Zambrano pero a la inversa. Es decir, para que investigadoras e investigadores del Estado
español que bajo la fórmula 2+1 salgan dos años a centros extranjeros de excelencia para retornar en el último año de contrato a sus centros de origen.
En la actualidad, las personas investigadoras de las Margarita Salas se encuentran sin seguridad de futuro investigador o la certeza de una continuidad laboral. Son, por lo tanto, unas ayudas que empiezan y se extinguen sin asegurar una
estabilidad a las personas investigadoras.
La creación del paquete de ayudas para la Recualificación del Sistema Universitario del Estado español coincide en el tiempo con la modificación de la línea de ayudas ministeriales de postdoc como son las Juan de la Cierva-formación, Juan de
la Cierva-incorporación, Ramón y Cajal, dejando sin opción viable y de continuidad al personal investigador que acaba este año los contratos de las Margarita Salas, ya que el programa de salida natural Juan de la Cierva-incorporación ha sido
suprimido.
Así las cosas, la única opción para estas personas investigadoras sería el Programa Ramón y Cajal. Sin embargo, el colectivo considera que no es un objetivo realista por el colapso que se producirá en esta convocatoria debido a la
eliminación también de la modalidad Ramón y Cajal Junior.
Desde el colectivo de perceptores y perceptoras de estas ayudas demandan al Ministerio que realice una prórroga de los contratos Margarita Salas hasta que se produzca la implantación efectiva del 'Programa de Incorporación de Talento Docente
e Investigador a las Universidades Públicas del Estado'. Reclaman que se adopten medidas como la inmediata creación de los puestos de Ayudante Doctor teniendo en cuenta en las convocatorias la experiencia en centros extranjeros y fomentando el
relevo generacional.
Demandan también que se evalúe la experiencia internacional como mérito preferente en las convocatorias postdoctorales de las diferentes CC.AA, haciéndolas más abiertas e integradoras en los requisitos de solicitud.
Y proponen, asimismo, que se cuente con los diferentes colectivos de personal investigador para diseñar un Plan Permanente de la carrera investigadora en el Estado, teniendo como marco el Pacto por la Ciencia firmado por todas las
formaciones políticas del Estado. Establecer un calendario de convocatorias estable, contando con suficiente financiación y con recursos humanos adecuados para llevarlo a cabo y que cubra todas las fases de la trayectoria investigadora, desde las
etapas predoctorales hasta la fase de perfiles consolidados.
En conclusión, el BNG considera que el Gobierno debe ofrecer una garantía de futuro, estabilidad y posibilidades de consolidación laboral al colectivo de personas investigadoras.
No tiene sentido aprobar programas temporales sin proyección y sin garantizar la continuidad de las labores de investigación científica.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a:
1. Realizar una prórroga de los contratos del Programa Margarita Salas hasta la implantación efectiva del 'Program a de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas del Estado' previstas para el curso
2024/2025.
2. Impulsar la creación de puestos de Ayudante Doctor/a teniendo en cuenta la experiencia en centros extranjeros y fomentando así el relevo generacional.
3. Evaluar la experiencia internacional como mérito preferente en las convocatorias postdoctorales para que cuenten con requisitos más inclusivos.
4. Implantar un Plan Permanente para la carrera investigadora, partiendo del marco del Pacto por la Ciencia, estableciendo un calendario de convocatorias estable, con suficiente financiamiento, recursos humanos y que cubra todas las fases
de la trayectoria investigadora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso de los Diputados
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de LEI
relativa á adopción de medidas para ofrecer continuidade ao persoal investigador do Programa Margarita Salas para o seu debate na Comisión de Ciencia, Innovación e Universidades.
Exposición de motivos
En xaneiro de 2021 o Ministerio de Universidades presentaba os novos programas de axudas para a recualificación, a mobilidade internacional e a atracción de talento no sistema universitario.
A tal fin aprobou o Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, polo que se regula a concesión directa de subvencións a universidades públicas para a recualificación do sistema universitario. Posteriormente publicou a Orde UNI/551/2021, de 26 de
maio, pola que se conceden as subvencións previstas no citado Real Decreto.
Entre estas axudas o Ministerio aprobou as bolsas Margarita Salas para a formación de mozos e mozas doutores. Un Programa parello ao María Zambrano mais á inversa. É dicir, para que investigadoras e investigadores do Estado español que
baixo a fórmula 2+1 saían dous anos a centros estranxeiros de excelencia para retornar no último ano de contrato aos seus centros de orixe.
Na actualidade, as persoas investigadoras das Margarita Salas atópanse sen unha seguridade de futuro investigador ou a certeza dunha continuidade laboral. Son, polo tanto, unhas axudas que empezan e se extinguen sen asegurar unha
estabilidade das persoas investigadoras.
A creación do paquete de axudas para a Recualificación do Sistema Universitario do Estado español coincide no tempo coa modificación da liña de axudas ministeriais de pos-doutorado como son as Juan de la Cierva-formación, Juan de la
Cierva-incorporación, Ramón y Cajal, deixando sen opción viábel e de continuidade ao persoal investigador que acaba este ano os contratos das Margarita Salas, xa que o programa de saída natural Juan de la Cierva-incorporación foi suprimido.
Así as cousas, a única opción para estas persoas investigadoras sería o Programa Ramón y Cajal. Porén, o colectivo considera que non é un obxectivo realista polo colapso que se producirá nesta convocatoria debido á eliminación tamén da
modalidade Ramón y Cajal Junior.
Desde o colectivo de perceptores e perceptoras destas axudas demandan ao Ministerio que realice unha prórroga dos contratos Margarita Salas até que se produza a implantación efectiva do 'Programa de Incorporación de Talento Docente e
Investigador ás Universidades Públicas do Estado'. Reclaman que se adopten medidas como a inmediata creación dos postos de Axudante Doutor tendo en conta nas convocatorias a experiencia en centros estranxeiros e fomentando o relevo xeracional.
Demandan tamén que se avalíe a experiencia internacional como mérito preferente nas convocatorias pos-doutorais das diferentes CC.AA, facéndoas máis abertas e integradoras nos requisitos de solicitude.
E propoñen así mesmo que se conte cos diferentes colectivos de persoal investigador para deseñar un plan continuado e permanente da carreira investigadora no estado, tendo como marco o Pacto pola Ciencia asinado por todas as formacións
políticas do Estado. Estabelecer un calendario de convocatorias estábel, contando con suficiente financiamento e con recursos humanos adecuados para levalo a cabo e que cubra todas as fases da traxectoria investigadora, desde as etapas
pre-doutorais até a fase de perfís consolidados.
En conclusión, o BNG considera que o Goberno debe ofrecer unha garantía de futuro, estabilidade e posibilidades de consolidación laboral ao colectivo de persoas investigadoras. Non fai sentido aprobar programas temporais sen proxección e
sen garantir a continuidade dos labores de investigación científica.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta ao Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades a:
1. Realizar unha prórroga dos contratos do Programa Margarita Salas ate a implantación efectiva do 'Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador ás Universidades Públicas do Estado' previstas para o curso 2024/2025.
2. Impulsar a creación de postos de Axudante Doutor/a tendo en conta a experiencia en centros estranxeiros e fomentando así o relevo xeracional.
3. Avaliar a experiencia internacional como mérito preferente nas convocatorias pos-doutorais para que conten con requisitos máis inclusivos.
4. Implantar un Plan Permanente para a carreira investigadora, partindo do marco do Pacto pola Ciencia, estabelecendo un calendario de convocatorias estábel, con suficiente financiamento, recursos humanos e que cubra todas as fases da
traxectoria investigadora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de outubro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la retención y el retorno del talento de los investigadores españoles, para su discusión en la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. La emigración del talento generado en España
España ha sido históricamente un semillero de talento en diversos campos, desde la investigación científica hasta la innovación tecnológica y el emprendimiento. Sin embargo, en las últimas décadas, hemos sido testigos del preocupante
fenómeno de la llamada 'fuga de cerebros'.
El talento generado en España a menudo se ve forzado a emigrar al extranjero por dos razones principales: la falta de oportunidades de desarrollo comparables a las de otros países, o la ausencia de condiciones adecuadas que permitan su
prosperidad en el territorio nacional.
Algunas de las causas por las que se produce la emigración son:
- Buena parte se enfrenta a una situación de precariedad laboral 37 que no se corresponde con el valor que aportan a la economía y a la sociedad española por su formación.
- Existe una falta de oportunidades para poder desarrollar una carrera investigadora estable y de largo plazo. Según los datos de la Encuesta de Población Activa, solo el 10,3 % de los ocupados en los sectores de actividades profesionales,
científicas y técnicas tienen contratos superiores a 3 años de duración 38.
- El actual sistema tributario es contrario a la creación de riqueza y de prosperidad para el conjunto de los españoles, resta capacidad adquisitiva y provoca la huida de aquellas personas que más valor generan en términos económicos.
- Las barreras burocráticas que impone el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 39, sumadas al resto de trámites de las diferentes administraciones públicas, son una carga para el despliegue de un entorno investigador y
científico, que además limita la contratación 40.
- La sucesiva retirada de beneficios fiscales para el I+D+i 41 y los reiterados cambios normativos dificultan en gran medida la contratación a largo plazo de personal investigador.
Esta emigración de talento no solo representa una pérdida de capital humano para España, sino que también socava nuestra capacidad de competir a nivel internacional y de impulsar la innovación y el progreso en sectores clave de la economía.
El Gobierno no ha sido capaz de adaptar la estructura productiva de la economía española para abarcar la elevada cualificación de los españoles, y así lo constatan los datos publicados al respecto:
- España tiene la tasa más alta de sobrecualificación de la Unión Europea, lo que no concuerda con la estructura productiva del país 42, que no es capaz de generar suficientes puestos de trabajo de alta cualificación. Según estudios en la
materia el 35,9 % de los ocupados de 20 a 64 años con educación superior estaba desempeñando tareas de baja cualificación en el año 2022 43.
- Con datos del Instituto Nacional de Estadística, se puede observar que desde el año 2018 al 2021 han emigrado 201.695 personas desde España al extranjero con un nivel de estudios alto o muy alto.
37 Medido en términos de riesgo para la salud por el factor de la inseguridad en el trabajo. España presenta un nivel superior al de la media de los países de la Unión Europea.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hsw_exp3__custom_11466993/default/table?lang=en
38 Elaboración propia a partir de los datos de la EPA del INE. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=65203
39 https://www.aenor.com/certificacion/idi/proyectos-idi
40 https://fedea.net/sobre-el-proyecto-de-reforma-de-la-ley-de-la-ciencia/
41 https://iplusf.com/cambio-de-criterio-recuperacion-de-la-deduccion-fiscal-por-idi-de-ejercicios-anteriores/
42 https://www.fundacioncyd.org/informe-cyd-2023-espana-lidera-la-tasa-de-sobrecualificacion-de-los-graduados-superiores-en-la-ue-y-su-insercion-laboral-depende-del-ambito-de-estudio/
43 Ibid.
Emigración con destino al extranjero de personas de 25 y más años por nivel de estudios 44 (INE)
;Grados universitarios de 240 créditos ECTS, diplomados, universitarios, títulos propios universitarios;Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciados y equivalentes;Másteres, especialidades en Ciencias de la Salud por el
sistema de residencia y similares;Doctorado Universitario;Total
2019;22.697;32.243;9.705;4.912;69.557
2020;18.014;24.704;7.867;3.787;54.372
2021;37.683;24.034;11.530;4.519;77.766
;;;;;201.695
- A pesar de que el INE aún no muestra datos de años más recientes, hay estudios del año 2023 que señalan que 'el valor del capital humano que pierde España por el efecto de la emigración superó los 150.000 millones de euros en 2022, un 40 %
más que antes de la COVID-19' 45. Dichos estudios recogen el total de población emigrada, pero cuantifica que un 30,1 % son personas con estudios superiores 46. De hecho, en el conjunto de población emigrada, los nacionales con estudios superiores
suponen el 48,7 % del total 47. A pesar de la menor proporción de personas con estudios superiores emigrados en comparación con otros niveles de estudios inferiores, el valor de capital humano perdido es muy superior a todo lo que destina el
Gobierno, de forma presuntamente eficiente, en atracción y retención del talento.
Valor del capital humano que emigra. España, 2019-2022 (miles de millones de euros, porcentaje) 48
44 Elaboración propia con datos del INE. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=49977
45 https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2023/12/Esenciales09_2023_CapitalHumanoEmigrado.pdf
46 Ibídem
47 Ibídem
48 Elaboración propia con datos de: https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2023/12/Esenciales09_2023_CapitalHumanoEmigrado.pdf
Segundo. Plan de atracción y retención de talento científico e innovador a España
En el año 2019 se aprobó el llamado Plan de Retorno a España, que integraba, entre otras, medidas para el fomento de la carrera investigadora de los españoles que emigraron, como mejorar el proceso de homologación de títulos académicos o
facilitar el proceso de acreditación académica desde el extranjero. Dicho plan, promovido por la Secretaría de Estado de Migraciones del Gobierno de España, contó con un proyecto piloto, finalizado en 2020, y se vio frustrado por la llegada de la
COVID-19. Posteriormente, desde el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación se puso en marcha el Plan de atracción y retención de talento científico e innovador a España con una dotación de unos 3.000 millones de euros 49. Se observan varias
deficiencias tanto en el contenido como en su gestión, entre ellas:
1. Las ayudas que incorpora no incluyen medidas de estabilización.
2. Son contratos de duración determinada.
3. El Gobierno ha reconocido recientemente que la cuantía global es estimativa.
4. No se está haciendo un análisis de evaluación de la política.
5. Carece de un enfoque específico en la retención y el retorno del talento de los investigadores españoles.
Estas carencias se justifican, en primer lugar, porque existe una falta de política concreta y centralizada para España. Como señala el propio Gobierno en su respuesta a una pregunta formulada por Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario VOX 50, 'son las universidades, en el ámbito de su autonomía, quienes diseñan su política de recursos humanos y de atracción y retención de talento en el marco de la normativa general vigente, por lo que el Gobierno no puede
inmiscuirse en el diseño y desarrollo de estas políticas' 51. Este tipo de afirmaciones hace necesario un plan de atracción y retención de talento real, en donde no se despejen responsabilidades hacia las universidades, sino que se asuma la parte
que corresponda al Gobierno, en colaboración con éstas.
Además, el Gobierno confirma 52 que los fondos presupuestados para el Plan de atracción y retención del talento 'son una estimación', confirmando la falta de concreción de las políticas de retención del talento por parte del Gobierno.
Asimismo, en esta última respuesta no se atiende a la pregunta formulada sobre el grado de ejecución de las políticas 53, lo que podría ser indicio de desconocimiento sobre la evaluación de la política o, por otro lado, de existir una muy
baja ejecución de los presupuestos anunciados 54.
En este sentido, sobre la efectividad de los programas llevados a cabo, recientemente hemos conocido que los beneficiarios del programa de ayudas María Zambrano -aprobado en el año 2021 por el entonces Ministerio de Universidades, para 'la
atracción a universidades públicas españolas de personal docente e investigador con trayectoria posdoctoral acumulada en universidades o centros de investigación extranjeros' para el periodo 2021-2023 55- podrían volver a marcharse de España por
falta de 'compromiso en su continuidad y sin la financiación necesaria para ella por parte del organismo financiador' 56. Este es un ejemplo de las numerosas medidas que se implementan con un
49 https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/El-Gobierno-aprueba-el-Plan-de-atraccion-y-retencion-de-talento-cientifico-e-innovador.html
50 Número de registro 26545.
51 https://www.congreso.es/entradap/l15p/e2/e_0026545_n_000.pdf
52 Número de registro 38341 https://app.congreso.es/inipar15/entradadiaria/viewPDF?entradadiaria=38341
53 https://www.congreso.es/entradap/l15p/e3/e_0030201_n_000.pdf
54 Ver nota al pie número 10.
55 Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-6391
56 https://www.europapress.es/ciencia/noticia-rectores-dicen-mayor-problema-programa-maria-zambrano-no-tiene-compromiso-continuidad-20240415204045.html
https://www.20minutos.es/noticia/5236767/0/no-nos-dejeis-marchar-grito-l-500-investigadores-universidad-espanola/
carácter temporal, lo cual impide su continuidad y dificultan la incorporación efectiva de investigadores en las universidades.
Tercero. Conclusiones
En definitiva, los científicos investigadores carecen de unas condiciones adecuadas para llevar a cabo sus proyectos profesionales y de vida. Por todo ello, se hace necesario establecer las bases para que el talento español permanezca en
nuestra Nación y que el emigrado retorne a través de un Plan vacío de ideología 57, estableciendo las bases de un marco tributario adecuado para los profesionales y las empresas 58, la agilización de trámites y la reducción de las cargas
administrativas, y el compromiso de mantener un marco regulatorio estable y predecible para el fomento de la inversión de capital privado y de la contratación a largo plazo.
La retención y atracción de talento son elementos cruciales para el futuro de España como sociedad próspera y competitiva en el ámbito internacional. Es responsabilidad del Gobierno adoptar medidas concretas y efectivas para garantizar que
nuestro país pueda aprovechar plenamente el potencial de su capital humano y convertirse en un referente mundial en innovación y desarrollo.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un verdadero Plan de retención y de retorno del talento español, que genere efectos permanentes en el entorno investigador, tanto en las universidades como en centros de I+D+i, así como en los sectores productivos
innovadores, para que este capital humano sea generador de riqueza y prosperidad para el conjunto de la Nación de manera estructural.
2. Acompañar el Plan de retención y retorno de talento español de un informe semestral de cumplimiento de objetivos en lo referente a centros de investigación de carácter académico y de otros organismos públicos de investigación, incluyendo
indicadores cuantitativos y cualitativos que reflejen la evolución en la retención y retorno del talento.
3. Poner en marcha medidas orientadas a facilitar el proceso de acreditación académica desde el extranjero y mejorar el proceso de homologación de títulos académicos adquiridos por los investigadores españoles en el extranjero.
4. Establecer un marco laboral que reduzca los costes que soportan los agentes económicos para la contratación, ampliando y facilitando aquellas establecidas en el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización
a la Seguridad Social del personal investigador.
5. Reducir al mínimo las trabas burocráticas relacionadas con la certificación de Proyectos de I+D+i por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
6. Agilizar los trámites administrativos en relación con las solicitudes para deducciones fiscales por actividades de I+D+i, y para bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social del personal que se dedica a dichas actividades.
7. Establecer un mecanismo de deducciones por actividades de I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades amplio y duradero para generar inversión de carácter estructural.
57 'La perspectiva de género se integra transversalmente, como principio rector del plan, así como en la implementación de las medidas previstas' (p. 6 del Plan de atracción y retención de talento científico innovador a España)
58 Pág. 48: https://www.ief.es/docs/investigacion/comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria_2022.pdf
8. Mejorar la eficiencia de programas de retención y atracción de talento para que sus resultados sean permanentes en el tiempo y permita que el talento retornado no tenga que volver a emigrar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2024.-Pedro Fernández Hernández, Jacobo González-Robatto Perote, José Ramírez del Río y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX
161/001363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación Currículum Vítae Normalizado, gestionado por el FECYT, como único currículum vitae válido para todos los integrantes
del 'Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación', para su discusión en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La creación por parte de los poderes públicos de un marco institucional adecuado que estimule la creación del conocimiento científico y tecnológico resulta de vital importancia para lograr la generación de crecimiento y empleo. La
intervención pública en el campo de la innovación parte de la previa concepción de la ciencia como sistema, esto es, del 'sistema de la ciencia', formado por diversos componentes tales como investigadores, instituciones financiadoras, instituciones
investigadoras y resultados 59.
En el 'Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Investigación 2021- 2023' (en adelante, el 'Plan Estatal') como a la 'Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Investigación 2021-2027 (en adelante, la 'Estrategia') podemos
observar objetivos específicos dedicados a la importancia de la atracción, recuperación y retención del talento investigador 60.
Resulta significativa la afirmación contenida en la Estrategia cuando señala que es esencial 'establecer una Carrera Investigadora bien definida con mecanismos eficaces de selección, evaluación y promoción, y en la que se contemple y
facilite la movilidad como elemento enriquecedor del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI)'. De esta manera, 'la disponibilidad de una carrera científica definida y estructurada será un elemento esencial y necesario para
estimular y retener el talento científico en nuestro país'.
En este mismo sentido, el texto incluye también un análisis D AFO del SECTI que contiene varias 'debilidades' y 'amenazas' que son particularmente relevantes en lo que respecta al sector conformado por los investigadores nacionales.
Por un lado, en lo que se refiere a 'debilidades', podemos destacar las siguientes:
'Marco jurídico y administrativo inadecuado para la ejecución eficaz y competitiva de la l+D+I.'
59 También puede verse al respecto la idea de la 'Network Science', que estudia 'la interacción de numerosos actores, sus patrones de proceso y las estructuras sociales dinámicas' [vid. HIERONYMI A. (2013): 'Understanding System Science:
A Visual and Interactive Approach' en Systems Research and Behavioral Science, nº 30, John Wiley & Sons, Ltd., pág. 588].
60 Véase el Objetivo 5 de la 'Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Investigación 2021- 2027' y los Objetivos Específicos 7,8 y 9 del 'Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Investigación 2021- 2023'.
'La fuga de talento y el bajo porcentaje de personal empleado en I+D+I respecto a la población ocupada.'
Por otro lado, en lo referido a las 'amenazas', se señalan las siguientes:
'Las barreras, en gran medida legislativas, a la movilidad de personal entre el sector público y el empresarial, incluso entre instituciones públicas.'
'Envejecimiento del personal investigador y condiciones precarias y con discontinuidades en el acceso al sistema para los jóvenes.'
Hablamos así de la existencia de trabas creadas por un Sector Público que, paradójicamente, lejos de dar facilidades a nuestros científicos en aras de una consolidación de sus carreras investigadoras, genera el denominado 'exilio
científico'. Entre estas barreras crónicas del SECTI podemos mencionar las siguientes: insuficientes contratos postdoctorales de investigación ofrecidos por el Estado, criterios de evaluación opacos, intemacionalización como forma de emigración
encubierta, salarios bajos, falta de continuidad y de oportunidades de estabilización laboral 61.
En vista de lo anterior, este Grupo Parlamentario considera que una de las primeras medidas de choque frente a la obstaculización burocrática al desarrollo de las carreras investigadoras consistiría en la extensión del uso obligado del
denominado Currículum Vítae Normalizado (CVN), gestionado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a todos los integrantes del SECTI.
Cabe recordar que el CVN, como señala FECYT, 'es una Norma estándar que define un mismo formato de presentación de los datos curriculares de los investigadores y que posibilita la interoperabilidad con las diferentes bases de datos de las
instituciones. Sirve para que los investigadores puedan presentar su currículo en un formato digital único y común que les permite actualizar de forma automática su información curricular, sin tener que volver a introducirla de nuevo. CVN facilita
la presentación del currículum vítae de una forma unificada en las convocatorias de ayudas públicas del Plan Estatal y autonómicas'.
Además, el CVN presenta una serie de ventajas para los investigadores, instituciones, gestores de convocatorias de ayudas y, por ende, a los evaluadores de dichas ayudas, destacando las siguientes:
1. 'Reduce la carga de trabajo que necesita un investigador para mantener actualizado su currículum vitae (CV).
2. Mejora las tareas administrativas de la gestión curricular de los solicitantes en las diferentes convocatorias de ayudas públicas.
3. Facilita y reduce el tiempo de los procesos de evaluación y acreditación del personal investigador, permitiendo n todo el sistema emplear un 'lenguaje común' para el intercambio de información curricular.
4. Simplifica la tramitación electrónica y contribuye el desarrollo dé la e-administración, lo que redunda en una disminución de los trámites presenciales'.
En definitiva, esta cuestión no es baladí, ya que la carrera del investigador, más que la de otros profesionales, se sustenta sobre su CV. Por tanto, de no existir una única base de datos desarrollada para una única versión de CV, ni es
posible explotar la información de modo conjunto, ni comunicar los datos entre el resto de los componentes del 'sistema' 62. Podemos afirmar de esta manera que la situación que viven nuestros investigadores roza lo absurdo, en tanto deben
acreditarse de manera diferente en virtud de cada institución 63.
61 Véase al respecto el Informe elaborado por la Federación de Jóvenes Investigadores - Precarios, 'Hacia una carrera investigadora en España. Medidas urgentes a corto y medio plazo' (2018).
62 AAW (2008): 'CVN: normalización de los currículos científicos' en El profesional de la información, v.17, n. 2, pág. 215.
63 Véase, por ejemplo, el caso de las convocatorias de 'Proyectos de I+D+I 'Programación Conjunta Internacional' 2021' de la Agencia Estatal de Investigación o la 'Convocatoria para la adjudicación de 17 plazas de personal investigador de
proyectos (PAI-I) para la realización de proyectos específicos de investigación' [PAII41/21] de la Universidad Complutense de Madrid.
En conclusión, el uso del CVN supone una auténtica oportunidad de avanzar en el apoyo efectivo por parte de los poderes públicos al talento investigador. Por tanto, resulta a todas luces necesario instar a la extensión de su uso.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el seno del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, como órgano de coordinación general de la investigación científica y técnica entre las distintas
administraciones públicas, la elaboración de una propuesta que tenga por objeto implantar el uso del CVN, gestionado por el FECYT, como único CV válido para todos los integrantes del 'Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2024.-Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río y Jacobo González-Robatto Perote, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/001354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de Igualdad sobre medidas a favor de las
mujeres del medio rural.
Exposición de motivos
En nuestro país, aproximadamente el 15 % de la población está censada en municipios rurales, que ocupan el 84 % de la superficie territorial. Las áreas rurales están un 9,2% más masculinizadas que las áreas urbanas, aumentando esa
diferencia cuando más pequeño es el municipio. La tasa de juventud es un 35 % inferior que la urbana y la tasa de actividad en los hombres es de un 62,1 % y en las mujeres un 51,6 %.
Las mujeres del medio rural son determinantes para su vertebración territorial y social, sin embargo, el grado de desigualdad entre hombres y mujeres es más acusado que en el medio urbano. Si hablamos de empleo nos encontramos con
temporalidad, precariedad y brecha salarial.
A la situación de desmantelamiento que están sufriendo los servicios públicos en algunos territorios, especialmente aquellos pertenecientes a la 'España vaciada', incluyendo servicios públicos esenciales como sanidad, educación o el
transporte público, se une la inexistencia de otros relacionados con la dependencia como los centros de día, por ejemplo, siendo las mujeres quienes mayoritariamente cargan con las tareas de cuidados y se ven perjudicadas por los déficits de los
servicios públicos. A ésto se suman otros problemas que también se sufren en el medio rural, como la falta de una conexión a internet decente, la falta de cobertura móvil o el continuo cierre de sucursales bancarias, que obligan a que cualquier
transacción sea online, hacen que la brecha digital sea cada vez mayor y la transformación digital para las mujeres una quimera.
La violencia machista adquiere características especiales en el mundo rural, poblaciones muy pequeñas y núcleos muy cerrados que dificultan las denuncias y tienen consecuencias para las mujeres (mientras la media nacional para denunciar
violencia es de 8 años y 8 meses, en las zonas rurales sube a más de 20 años) sin olvidar el débil
desarrollo de las medidas de protección a las mujeres en estos territorios. Sobre este aspecto ha alertado la Fiscalía General del Estado que advirtió en su memoria de 2022 que el 'enraizamiento de la cultura patriarcal' de la sociedad
rural propicia un 'mayor grado de normalización' entre sus habitantes, y dificulta el reconocimiento de 'conductas machistas abusivas y violentas' y la denuncia de dichos comportamientos.
Las mujeres constituyen una garantía de viabilidad, identidad, progreso y cohesión para toda la sociedad. Son esenciales para asentar la población, evitar la masculinización y envejecimiento del medio rural, e impulsar la diversificación
económica. Las limitaciones de oportunidades que subsisten en el ámbito rural dificultan el acercamiento en igualdad de las mujeres con respecto a los hombres. Resulta una paradoja que, teniendo una generación de mujeres jóvenes muy preparadas, no
dispongan de las condiciones necesarias para desarrollar personal y profesionalmente todas sus potencialidades, dada la falta de autonomía e independencia que tienen para iniciar su proyecto de vida, causadas principalmente por la precariedad
laboral, los roles y las brechas de género, los encasillamientos laborales, etc. Es necesario legislar en esta materia con perspectiva de género, y dotar al medio rural de opciones laborales dignas y de servicios públicos que permitan a las mujeres
crear proyectos de vida.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a desarrollar las siguientes actuaciones, en coordinación con las Administraciones públicas competentes:
1. Continuar adoptando las medidas necesarias para garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el entorno rural a través de campañas de concienciación.
2. Extender el conjunto de los servicios públicos del bienestar a toda la ciudadanía al margen del tamaño, la dispersión o el grado de envejecimiento de su población, desarrollando acciones que favorezcan el arraigo y asentamiento de la
población y que garanticen una igualdad de oportunidades efectiva. Especialmente respecto de servicios públicos relacionados con la prestación de Cuidados y apoyos a personas en situación de dependencia, favoreciendo la permanencia de la población
en sus hogares, servicios que tienen un impacto positivo especialmente en las mujeres, así como escuelas infantiles que permitan la llegada de nuevas generaciones.
3. Seguir desarrollando la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias y potenciar el acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias, tanto la titularidad conjunta como la
individual.
4. Apostar por el empleo femenino a través de las siguientes medidas:
- Seguir apoyando proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo en los municipios rurales en riesgo demográfico en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo.
- Creación, con perspectiva de género, de un Plan Estatal de Desarrollo de la Vida Rural para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural, mediante el impulso de las infraestructuras, la localización prioritaria de proyectos
productivos y la previsión de líneas de financiación prioritarias para los sectores productivos más relevantes.
- Continuar impulsando medidas de apoyo a la transformación digital, para el fomento de incorporación de jóvenes y mujeres, y acciones formativas de profesionales del mundo rural y medidas de diversificación económica.
- Facilitación del relevo generacional en las explotaciones agrarias, abordando especialmente el problema del acceso a la tierra de la juventud.
- Seguir desarrollando líneas de apoyo a mujeres emprendedoras en el medio rural, con especial hincapié en proyectos o modelos de economía cooperativa o de la economía social, solidaria e inclusiva.
- Simplificación de los trámites y requisitos necesarios para nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas sostenibles.
5. Potenciar las inspecciones laborales en el medio rural, incrementar el régimen sancionador y crear la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación en la Inspección de Trabajo, con especial atención a las que sufren las mujeres, y
especialmente las mujeres en el mundo rural, integrada en el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, para supervisar la igualdad en el acceso al empleo, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo,
especialmente las retributivas y en el acceso a la formación profesional, tanto del sistema educativo como para el empleo.
6. Reformar la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (LOEX) que prime los criterios de reconocimiento de derechos y que introduzca un procedimiento de regularización específico para
las trabajadoras del campo, de forma que con un precontrato relacionado con el campo se puedan regularizar sin necesidad de los 3 años de estancia que exígela regularización por arraigo social.
7. Construir nuevas infraestructuras de comunicación con el fin de garantizar la accesibilidad y conectividad territorial que facilite el arraigo de nuevas familias. En particular, todas las poblaciones, sea cual sea su tamaño, contarán
con servicio de transporte que comunique con la cabecera de la comarca.
8. Seguir impulsando iniciativas que desarrollen la cobertura de redes ultrarrápidas de 100 Mbps escalables a velocidades superiores en todo el territorio nacional, priorizando en el diseño de los programas e inversiones públicas facilitar
la igualdad de oportunidades de la población rural con respecto al resto de población, y la búsqueda de soluciones que faciliten la fijación y la atracción de población en las zonas de actuación.
9. Seguir llevando a cabo campañas de prevención y sensibilización que conciencien a la sociedad rural de que está en nuestra mano acabar con la violencia de género, generando redes de apoyo y mejorando la protección de las víctimas a
través de programas específicos para las mujeres en entornos rurales.
10. Continuar adoptando las medidas legislativas necesarias para garantizar ampliar la participación de las mujeres en los espacios de gestión y la toma de decisiones en las actividades productivas del sector primario del mundo rural y
marítimo, así como continuar fomentando e incrementando la presencia de mujeres en el tejido asociativo del mundo rural.'
Palacio del Congreso, 15 de octubre de 2024.-Esther Gil de Reboleño Lastortres, Engracia Rivera Arias y Júlia Boada Danés, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Juventud e Infancia
161/001353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reforzar el apoyo en los procesos de transición a la vida adulta, y la
emancipación de la juventud extutelada, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Las y los jóvenes extutelados son aquellas chicas y chicos que han vivido una parte, o gran parte de su infancia bajo la tutela de las entidades públicas de protección, y cumplen los 18 años.
En nuestro país, según el Boletín 25 de Datos Estadísticos de medidas de protección a la infancia, a 31 de diciembre de 2022 había 17.061 niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección infantil en acogimiento residencial, 10.971
niños y 6.090 niñas. El 58,22 % tienen entre 15 y 17 años (9.933).
Este informe señala además como el segundo motivo de baja en los centros de menores de edad es cumplir 18 años, por delante de la reintegración a la familia del menor y el paso al acogimiento familiar. Es cierto que las cifras de baja por
estas causas mencionadas han ido en aumento respecto del año anterior, y cumplir la mayoría de edad se ha reducido en un 8,31 %.
La llegada de estos jóvenes a la mayoría de edad supone que muchos de ellos y ellas, tengan que enfrentar este nuevo período sin contar con la madurez, los recursos sociales, económicos y el apoyo familiar necesario para enfrentar su
transición a la vida adulta con la suficiente garantía. Menores que al alcanzar la mayoría de edad, sufren la transición de su vida con una total protección y asistencia, para pasar a vivir en la comunidad, de forma independiente e inmediata sin un
proceso de transición.
Los procesos de emancipación de este colectivo se inician mucho antes que los del resto de jóvenes en el conjunto del Estado, en los que la media de emancipación se sitúa en los 30,4 años según el Consejo de la Juventud de España (12 años
más tarde).
Estos jóvenes extutelados se ven obligados y con la necesidad de emanciparse de manera rápida y satisfactoria cuando dejan de recibir el apoyo y la atención que han recibido hasta el momento en el que cumplen 18 años.
No se tiene en cuenta que la desinstitucionalización es un proceso complejo que debe ser gradual, y prever el tránsito del cuidado en entornos como los centros hacia modelos de prestación de apoyo y cuidado, que se centren en la persona,
respeten sus elecciones, voluntad, preferencias y promuevan la participación social y la inclusión en la comunidad.
'La Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización 2024-2030', que viene a ser un compromiso y elemento central en el Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Gobierno, y está orientada a la modernización de los servicios sociales y del modelo de cuidado de larga duración, propone impulsar cambios en los modelos de apoyo y cuidados de larga duración, promoviendo una Estrategia de
desinstitucionalización, y la implantación de un modelo de atención centrada en la persona, va dirigido específicamente a personas con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia, personas sin hogar, niños, niñas, adolescentes en el
sistema de protección y jóvenes que han pasado por el mismo; y es este último colectivo el de jóvenes extutelados objeto de esta iniciativa.
Se debe avanzar en los procesos de desinstitucionalización. El desarrollo de esta estrategia en lo que se refiere a estos jóvenes extutelados, es una apuesta por transformar el sistema de apoyos y cuidados para que este colectivo, que
tienen más necesidad de apoyo y cuidados y/o una situación de mayor complejidad, puedan desarrollar sus proyectos de vida elegidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás personas y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un
sistema de vida específico.
España está obligada a afrontar con carácter urgente la transición desde un modelo de atención basado en entornos institucionalizados, basados en la cultura asistencialista, a un modelo de apoyo con base en la comunidad y dentro de las
familias, es decir a servicios y apoyos prestados en el entorno próximo de la persona, centrados en su voluntad, decisiones y preferencias y, además, en el caso de la infancia y juventud, teniendo en cuenta su mejor interés.
Asimismo, la desinstitucionalización de los cuidados alternativos está incluida como área estratégica en la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia (2023-2030), así como entre sus líneas se encuentra 'Apoyar los
procesos de transición a la vida adulta y la emancipación'. En este documento se menciona que los programas de transición a la vida adulta para estos jóvenes que se encuentran bajo el sistema de protección han sido diseñados en la fecha de la
mayoría de edad sin garantizar un acompañamiento flexible y evolutivo, relacionado con el proceso madurativo de cada chico o chica.
Es fundamental, además, mejorar el conocimiento social de las realidades y condiciones, muchas veces difíciles, que experimentan estos/as jóvenes al cumplir los 18 años de edad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a:
1. Reforzar los apoyos públicos en los procesos de transición a la vida adulta y la emancipación plena de la juventud extutelada, y que se adecúe al grado de madurez de cada persona.
2. Desarrollar alternativas para aumentar la disponibilidad de vivienda en la comunidad para las personas extuteladas que lo precisen.
3. Facilitar el acceso recursos formativos y laborales a estos/as jóvenes para mejorar su inclusión social y laboral'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2024.-Esther Rodríguez Suárez, Víctor Camino Miñana, Emilia Almodóvar Sánchez, Lázaro Azorín Salar, Oriol Almirón Ruiz, Ana Cobo Carmona, Paula Fernández Pena, Carmen Martínez Ramírez,
Pepe Mercadal Baquero, Inés Plaza García, Ada Santana Aguilera y Ferran Verdejo Vicente, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para combatir la situación de récord
histórico de pobreza Infantil en nuestro país, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Lejos quedó el compromiso del PSOE de erradicar la pobreza infantil en una única legislatura. El 3 de junio de 2016 el PSOE publicaba en sus redes sociales su compromiso de acabar en 4 años con la pobreza infantil y multiplicar por 6 la
actual prestación por hijo/a. El Gobierno volvía a reiterar su pretensión en 2019 donde señalaba que luchar contra la pobreza infantil era su objetivo prioritario de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. El 6 de marzo de 2023 el
Gobierno hacía un comunicado a través de la página oficial de la Moncloa donde presumían de haber evitado que 'casi 1 millón de niños, niñas y adolescentes, hayan caído en la pobreza' gracias a su autodenominado 'escudo social'.
La realidad es que, después de casi 6 años de Gobierno se evidencia que el ejecutivo se compromete a cosas que no cumple. A fecha de 28 de mayo de 2024, lo que sí que se cumple es el récord histórico de pobreza infantil en España. Casi el
11 % de niños, niñas y adolescentes (NNA) carecen de lo necesario para una vida digna. Lo cual supone 4,8 puntos más que los datos prepandemia de 2019.
Lo que está claro es que parece que el partido mayoritario del Gobierno, ha confundido el objetivo llevando la pobreza infantil a niveles realmente alarmantes que dejan en evidencia sus medidas sociales.
Así es que, mientras el Gobierno muestra un compromiso que ha resultado a todas luces inútil, la pobreza infantil en España ha alcanzado su máximo en 2023 con un récord histórico en carencia material severa en hogares con niños y
adolescentes (según revela el Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida 2024, que presentó este lunes 27 de mayo la Plataforma de Infancia).
Las cifras de la Plataforma de Infancia colocan a España como el segundo país de la UE con la tasa de pobreza infantil más alta, sólo superado por Rumania. Datos enormemente preocupantes ya que seguimos empeorando las cifras respecto a los
años anteriores.
La infancia y la adolescencia en España se enfrentan a un grave riesgo de pobreza y exclusión social, superando la media de la población general. Según el Análisis de la encuesta de condiciones de vida con enfoque de infancia 2024,
presentado por la Plataforma de Infancia, casi el 34 % de la infancia (33,9 %) aproximadamente 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA) en España (menores de 18 años), están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, en
comparación con el 26,5 % de la población general. Las diferencias por grupos de edad son notables, siendo los adolescentes de 13 a 17 años los más afectados, con un 37,1 % en riesgo de pobreza, frente al 31,8 % de los niños de cero a tres años y
el 32,6 % de los niños entre cuatro y 12 años.
El estudio destaca la situación crítica de los adolescentes, calificando esta etapa como 'la etapa olvidada'. Las familias con menores en edades comprendidas entre 13 a 17 años, están casi 10 puntos peor que el conjunto de la población. La
Plataforma de infancia ha puesto el foco en el indicador de carencia material y carencia material severa, es decir, no tener cubiertas las necesidades básicas diarias. La carencia material incrementó un 56 % desde 2019. Respecto a la carencia
material severa, este porcentaje alcanzó un récord histórico en 2023.
A nivel europeo, mientras que otros países del entorno logran reducir la pobreza infantil en 13,9 puntos mediante transferencias sociales, España la incrementa. Tanto es así que la propia Comisión Europea se ha pronunciado este mes de mayo,
poniendo el foco en España junto a otros seis países que presentan riesgo al alza en la convergencia social europea, y señalando que el ingreso mínimo vital y el nuevo complemento por hijo a cargo (CAPI) únicamente alcanza a un 20 % de la población
en riesgo de pobreza. En otras palabras, el escudo social del cual presume el Gobierno no está llegando a quienes más lo necesitan.
Comparativamente, la situación socioeconómica de los menores en España ha empeorado significativamente. Durante el gobierno de Rajoy, entre 2014 y 2018, la Tasa AROPE en hogares con niños y niñas se redujo casi cinco puntos porcentuales.
Sin embargo, en 2023, volvemos a niveles 2012, alcanzando el 31 %.
A mayores, el reciente informe del Estado de la Pobreza en España (EAPN) publicado este mes de junio es demoledor, revela que, actualmente, casi la mitad del país (el 48,7 % de la población española) tiene dificultades para llegar a fin de
mes. El 26,5 % de la población española, es decir, alrededor de 12,7 millones de personas, está en riesgo de pobreza o exclusión social y el 9 % de la población, unos 4,3 millones de personas, vive en condiciones de carencia material y social
severa, corroborando el dato de que es el nivel más alto registrado. Actualmente, 9,7 millones de personas viven con ingresos inferiores a 10.989 euros al año, y cerca de 2,5 millones de personas son pobres a pesar de tener un empleo, es decir, el
32 % de la población trabajadora también se encuentra en esta situación de pobreza, evidenciando que tener un empleo no garantiza salir de la pobreza y que el empleo que existe es precario.
Sin embargo, a pesar de todos estos datos, y la creación de un ministerio específico cuya gestión apenas conocemos y que el propio Sánchez ningunea en el ámbitos de sus competencias, seguimos sin ver un compromiso real con una cuestión de
tanta importancia como esta, ya que recordemos que la pobreza en la infancia acaba desembocando en pobreza en la edad adulta, dedicado su tiempo a cuestiones internacionales o cartas a la ciudadanía que le sirven de cortina de humo para tapar la
verdadera situación de deterioro social en España. Una vez más se comprueba que 'Dato mata relato' y la realidad es que, el Ministerio de Juventud e Infancia, no ha llevado a cabo ni una sola medida a este efecto desde que su ministra prometió el
cargo. Otro éxito de un gobierno que persiste en su dejación de funciones y prefiere seguir vendiendo motos y cohetes mientras da la espalda a los verdaderos problemas que sufre la ciudadanía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reactivar una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social como la que fue aprobada el 22 de marzo de 2019 y caducó en 2023, con el fin de combatir la pobreza, especialmente la infantil, y reducir la
desigualdad y la disparidad de los niveles de rentas.
2. Simplificar y desburocratizar las solicitudes de ayudas públicas estatales, especialmente para los colectivos más vulnerables, mediante la reducción de la documentación requerida y la implementación de formularios simplificados. Además,
proponemos la coordinación entre la Agencia Tributaria, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para compartir información y gestionar ayudas directas de manera eficiente, asegurando que estas lleguen oportunamente a quienes más las necesitan.
3. Implementar programas útiles de apoyo a la infancia y adolescencia, con especial atención a los adolescentes de 13 a 17 años, para asegurar que las familias puedan cubrirlas necesidades básicas de sus hijos.
4. Fortalecer las políticas de transferencias sociales para reducir la tasa de pobreza infantil, alineando los esfuerzos con las mejores prácticas europeas que han demostrado ser eficaces en la reducción de la pobreza.
5. Implementar programas específicos para combatir la carencia material severa, asegurando que todas las familias puedan acceder a alimentos nutritivos, mantener sus hogares a una temperatura adecuada y cubrir otros gastos esenciales.
6. Fomentar la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, para aprovechar su experiencia y conocimiento en la implementación de medidas efectivas para reducir la pobreza infantil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Ana Isabel Alós López, Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares y Juan Andrés Bayón Rolo, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001398
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley para crear una Subcomisión de estudio con la finalidad de abordar la pobreza infantil y exclusión social.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que las previsiones contenidas en los puntos 2 y 4 se harían, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Juventud e Infancia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para crear una Subcomisión de estudio
con la finalidad de abordar la pobreza infantil y exclusión social, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
España, es el segundo país de la UE27 con la tasa más alta de pobreza infantil, por detrás de Rumania (29,6%). Este cambio de posición (en el 2022 encabezábamos el ranking), se debe, no tanto a una mejora de España que no se ha producido,
como a un empeoramiento mayor de aquel país. Y todo ello, a pesar de los denominados 'escudos sociales' que el Gobierno prometió y que no han funcionado en lo que a infancia se refiere.
El XIV Informe sobre el Estado de la pobreza de la EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), presentado en el Congreso el pasado 4 de junio, en base a los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE,
refleja una fotografía de la situación social realmente preocupante.
El riesgo de pobreza y/o exclusión social en nuestro país alcanza ya a 12,7 millones de personas (26,5%), 400.000 personas más que hace un año, debido sobre todo al encarecimiento de la vida, como muestra el componente de privación material
y social severa de la tasa AROPE que se dispara. Los otros dos indicadores de la tasa, -riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo-, se han mantenido prácticamente estables.
La peor parte se la llevan las familias con menores, lo que se traduce en un aumento de la pobreza infantil que ha escalado, respecto al año anterior, del 27,8 % hasta el 28,9 %, lo que significa que unos 2,3 millones de niños, niñas y
adolescentes están en riesgo de pobreza, un dato alarmante ya que, recordemos que nacer en un hogar vulnerable, aumenta las posibilidades de ser pobre en la edad adulta.
Preocupa especialmente la situación de los hogares monoparentales en los que más de la mitad (52,7 %) está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, la gran mayoría (el 80,7 %), encabezados por una mujer, a los que encarecimiento de la vida
les ha afectado especialmente, hasta el punto de que el 26,5 % no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y más de la mitad (55,4 %) no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.
Los escudos sociales y el Ingreso mínimo vital, las dos medidas estrella de este gobierno, no están permitiendo que España abandone los puestos de cola de la UE en tasa AROPE, lo que exige abordar una profunda reflexión de qué es lo que
realmente está pasando.
El Consejo Económico y Social presentó el 26 de junio de 2024 en el Congreso de los Diputados un Informe sobre derechos, calidad de vida y atención a la infancia en España. Este informe analiza la situación de los niños y niñas en el país,
así como las políticas que impactan directamente en sus necesidades. Su objetivo es identificar deficiencias y áreas de mejora para avanzar en la protección integral y en la garantía de sus derechos, elevando su bienestar y oportunidades.
Dicho informe señala que 'la atención a la infancia en España presenta determinadas debilidades, la primera de las cuales son unas altas tasas de pobreza infantil: el 32,3 por 100 (en tasa AROPE) y el 27,5 por 100 (en tasa de pobreza
monetaria relativa) en la
infancia de 0 a 12 años, más elevadas que en otros países con nivel de renta similar o inferior, que se mantienen a lo largo del tiempo y se cronifican en un porcentaje de población infantil comparativamente alto'.
El informe detecta también el escaso efecto reductor de la pobreza que tienen las políticas de apoyo a las familias con menores, en algunos casos debido a su diseño y configuración. Y también pone el foco en la insuficiente atención que
reciben importantes colectivos de población infantil en situación de especial vulnerabilidad, como los pertenecientes a hogares monoparentales, a minorías étnicas o de origen migrante.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que las políticas del gobierno no están siendo eficaces para abordar los actuales niveles de pobreza y de vulnerabilidad en España, que hoy están peor que antes de la pandemia. Y es que no hay que
olvidar que, durante esta etapa, mientras España ha visto deteriorados sus indicadores sociales, hay países como Grecia, Portugal, Irlanda o Italia, que los han mejorado respecto de 2019. Incluso lo han hecho Rumania, Bulgaria o Letonia, nuestros
compañeros en los puestos de cola, lo que ha llevado a la Comisión Europea a poner el foco sobre España junto con otros seis países por los riesgos al alza en convergencia social tras haber perdido convergencia en renta per cápita en PPA (88,6%,
4,4pp por debajo de 2019) y a insistir en la necesidad de abordar estos problemas en sus recomendaciones del Semestre Europeo.
España, conviene recordarlo, es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en protección social a la infancia. Tiene un nivel de inversión en políticas familiares que es menos de la mitad del que dedican otros países con
menores tasas de riesgo de pobreza infantil. Es también el país donde menor efectividad tiene las prestaciones monetarias para reducir el riesgo de pobreza en los hogares con niños.
Según los datos que publica el Alto Comisionado contra la pobreza infantil (24.07.2023), el gasto en familias e infancia de España es inferior a la media de la Unión Europea en relación a su PIB: España invierte en infancia y familia un 1,6
% del PIB frente al 2,5 % de la media europea.
Los estudios vienen señalando reiteradamente que unas inversiones realizadas durante la infancia, con un coste financiero relativamente bajo, pueden producir toda una vida de beneficios, no solo para las personas sino también para la
sociedad y la economía.
Y como no hay inversión más rentable y con mayor retorno que aquella que se realiza en mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes precisamos un Plan de choque contra la pobreza infantil.
Hace falta un trabajo de fondo serio, especializado y multidisciplinar, como el que hicimos para abordar el problema de las pensiones con el pacto de Toledo, o con la violencia machista, con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
con aportaciones de todos en sede parlamentaria, como paso previo al diseño y puesta en marcha de una batería de propuestas y medidas.
Un pacto que aborde la pobreza infantil, con participación del tercer sector y de las administraciones con competencias en la materia que tengan objetivos, metas e indicadores claros y que nos permita evaluar a la luz de la experiencia de
otros países, políticas eficaces de lucha contra la pobreza y la cronificación de situaciones de vulnerabilidad.
Esa fue la petición que nos trasladaron las entidades sociales en su reciente visita al Congreso y a la que queremos dar respuesta a través de esta propuesta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados asume el compromiso de impulsar un Pacto de Estado contra la pobreza infantil y la exclusión en España.
2. A tal efecto, y como ocurrió con el Pacto de Toledo en relación con las pensiones, o con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, nos comprometemos a crear una Subcomisión de estudio en el seno de la Comisión de Juventud e
infancia, cuyas conclusiones sirvan de base para la aprobación de este Pacto de Estado con la finalidad de abordar de forma eficaz los elevados niveles de riesgo de pobreza infantil y exclusión
que existen en España, así como las brechas territoriales existentes en nuestro país y en relación con los países de la UE27.
3. Dicho Pacto, que abordará de forma especial el desafío de futuro que supone los actuales niveles de pobreza infantil, vinculará a todos los poderes públicos y nacerá con el compromiso de una dotación económica suficiente con cargo a los
PGE para la puesta en marcha de sus recomendaciones.
4. De igual forma se establecerá un procedimiento parlamentario de control y evaluación del grado de cumplimiento de sus medidas mediante la creación de una Comisión específica de seguimiento del Pacto de Estado contra la pobreza infantil y
la exclusión en España, así como el compromiso de su renovación cada cinco años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-Ana Isabel Alós López, Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, Juan Andrés Bayón Rolo, Beatriz Álvarez Fanjul, Mirian
Guardiola Salmerón, Beatriz Jiménez Linuesa, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Esperanza Reynal Reillo, Ana Belén Vázquez Blanco, María del Mar
Vázquez Jiménez y Daniel Pérez Osma, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Justicia
181/000665
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez.
Texto:
¿Cómo tienen pensado abordar el problema de la falta de conectividad en las zonas rurales al objeto de poder aplicar las reformas legales de organización y digitalización en materia de Justicia de forma que todos los ciudadanos, con las
mismas garantías, tengan acceso a un sistema judicial eficiente y moderno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000666
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Cree el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que el ciudadano va a tener garantizado su Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en cada una de las actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000667
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
Teniendo en cuenta que la Justicia es una competencia exclusiva del Estado, ¿tiene previsto el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes impulsar la regulación básica de obligado cumplimiento en todo el Estado del tele
trabajo, en situaciones de normalidad, lejos de las circunstancias excepcionales que supuso la pandemia de COVID-19, para ofrecer garantías suficientes para el correcto funcionamiento en igualdad del servicio público de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000668
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Considera el Gobierno que el método de trabajo que debe seguir en su proyecto de transformación organizativa de la Justicia es atender y escuchar a los representantes sindicales de los funcionarios de la Administración de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000669
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
Teniendo en cuenta las dificultades de aplicación del RD-ley 6/2023 de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de
justicia, función pública, régimen, local y mecenazgo:
- ¿Tiene previsto dar instrucciones para acabar con la dilación indebida y sin justificación alguna de los trabajos de la Ponencia del proyecto de ley derivado del RD-ley 6/2023 de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen, local y mecenazgo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000670
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno algún protocolo a seguir en el caso de que haya un problema de conexión durante un juicio para garantizar que no se vulneren los derechos de las partes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000671
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Cree el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el principio de inmediación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000672
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Considera el Gobierno realista que una reforma tan profunda de la organización de la Justicia pueda ejecutarse en los plazos tan ajustados que viene defendiendo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000673
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Cómo va a proteger el Gobierno a las personas especialmente vulnerables en las actuaciones judiciales en las que se utilicen medios telemáticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000674
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para adaptar el modelo de oficina judicial que se define en el proyecto de la Ley orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los
derechos e intereses de los consumidores y usuarios, a las peculiaridades de cada uno de los partidos judiciales y de las CCAA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000675
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Ha tenido en cuenta el Gobierno la experiencia llevada a cabo en la implementación de la que fue denominada nueva oficina judicial que ahora vuelve a modificarse, para la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia y del conjunto de la
nueva organización para la gestión procesal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000676
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Considera el Gobierno que la utilización preferente de medios telemáticos para la celebración del juicio oral es compatible con el art. 24 CE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000677
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Qué medidas económicas y presupuestarias tiene previstas el Gobierno para la ejecución de los cambios materiales y personales a los que obligaría el proyecto de la Ley orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones
colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000678
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Le importa al Gobierno la Justicia cuando acepta que la ley que aborda una radical reforma organizativa incorpore materias absolutamente heterogéneas que desvían la atención y generan confusión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000679
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Considera el Gobierno que el método de trabajo que debe seguir en su proyecto de transformación organizativa de la Justicia es atender y escuchar a los Letrados de la Administración de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000680
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Considera el Gobierno imprescindible la figura de los Jueces de Paz como figura más cercana y conocedora de los problemas de los ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000681
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Por qué el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes ha diferenciado entre funcionarios de su competencia a la hora de alcanzar acuerdos retributivos y de trascendencia normativa con algunas fuerzas sindicales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000682
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Cree el Gobierno que los fallos de conexión que se produzcan en una actuación judicial mediante videoconferencia pueden afectar al derecho a un juicio justo y a una defensa efectiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000683
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Ha adoptado el Gobierno medidas suficientes para garantizar la custodia de los datos especialmente sensibles obtenidos a partir de grabaciones de declaraciones a través de videoconferencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
181/000684
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez
Texto:
¿Considera el Gobierno que el método de trabajo que debe seguir en su proyecto de transformación organizativa de la Justicia es atender y escuchar a los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.
parte 1
parte 2